Número Identificador

SEN2024 ______________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL ESPECIAL

ALFREDO ARES RUIZ

Recurrente

v.

DEPARTAMENTO DE 

EDUCACIÓN

Recurrido

KLRA202300547

Revisión Judicial

procedente del 

Departamento de 

Educación

Caso Núm.:

2009-08-0270

Sobre: 

Retención

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Lebrón Nieves, la

Jueza Santiago Calderón y el Juez Campos Pérez1

Campos Pérez, Juez Ponente

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de marzo de 2024.

Comparece el Sr. Alfredo Ares Ruiz (en adelante, señor Ares 

Ruiz), por medio de un recurso de Revisión Judicial. Solicita que 

revoquemos una Resolución en reconsideración emitida por la 

Oficina de Apelaciones del Sistema de Educación (en adelante, 

OASE) el 21 de septiembre de 2023. En su resolución la OASE deja 

sin efecto una Resolución emitida el 30 de junio de 2023 por falta 

de jurisdicción para continuar los procedimientos al amparo del

Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act, 48 

U.S.C. sec. 2101 (2016) (en adelante, PROMESA).

Por los fundamentos que expondremos a continuación,

confirmamos la Resolución en reconsideración emitida por la 

Oficina de Apelaciones del Sistema de Educación.

I.

El 12 de agosto de 2009, el señor Ares Ruiz presentó ante la 

Comisión Apelativa del Sistema de Administración de Recursos 

Humanos del Servicio Público (en adelante, CASP) un Escrito en 

1 Mediante Orden Administrativa TA-2023-212 de 6 de diciembre de 2023, se designó al 

Hon. José I. Campos Pérez en sustitución de la Hon. Eileen J. Barresi Ramos.
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Apelación.

2 Dicho escrito buscaba que se revocara la decisión

tomada por el Departamento de Educación del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico (en adelante, DE) en cuanto a la 

destitución del señor Ares Ruiz como Maestro de Música de la 

Escuela Libre de Música Juan Morel Campos del Distrito Escolar 

de Ponce II, por alegada conducta indebida e inmoral contra un 

estudiante.3

Luego de varios incidentes procesales, el 31 de mayo 

de 2013 la CASP emitió una Orden resumiendo los procedimientos 

y pautando la fecha de su vista pública para el 8 de agosto 

de 2013.4 Así las cosas, se celebró la vista pública ante la CASP el 

8 de agosto de 2013. En la misma se presentaron los testimonios 

de diferentes partes y se pautó la continuación de la vista para el 

16 de noviembre 2013.5 No obstante, y a pesar de haber sido 

pautada para el 16 de noviembre de 2013, la vista fue transferida 

para el 21 de noviembre de 2013.6

Así las cosas, y luego de culminada la vista, el señor Ares 

Ruiz presentó varios escritos ante la CASP. En síntesis, el señor

Ares Ruiz presentó cinco escritos solicitando se sometiera el caso, 

cursando desde el 20 de diciembre de 2013 hasta el 22 de mayo 

de 2017.7

Inconforme tras no recibir algún tipo de acción por la CASP, 

el señor Ares Ruiz presentó un recurso de Mandamus ante el 

Tribunal de Primera Instancia sala de San Juan (en adelante, TPI)

el 27 de junio de 2017.

8 En síntesis, el señor Ares Ruiz solicitó al

2 Apéndice de la parte recurrente, en el Anejo III págs. 37-44. 

3 Apéndice de la parte recurrente, en el Anejo III págs. 37-44. 

4 Apéndice de la parte recurrente, en el Anejo III págs. 61-63. 

5 Apéndice de la parte recurrente, en el Anejo III págs. 64-65. 

6 Apéndice de la parte recurrente, en el Anejo III págs. 66-67.

7 Apéndice de la parte recurrente, en el Anejo III págs. 68-106.

8 Apéndice de la parte recurrente, en el Anejo III págs. 21-34.
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TPI que le ordenara a la CASP a emitir resolución sobre el caso

ante su consideración.9

El 24 de julio de 2017, la CASP compareció ante el TPI 

mediante una Moción en cumplimiento de orden.

10 En resumen, la 

CASP solicitó que se desestimara el recurso de Mandamus, pues la 

CASP había emitido una Orden el 29 de junio de 2017 solicitando

la celebración de nuevas vistas, ya que no contaba con las

regrabaciones de las vistas celebradas para poder adjudicar el 

caso.11 El 24 de agosto de 2017 el TPI emitió una Sentencia

desestimando la causa de acción, pues el remedio solicitado no era 

justiciable, ya que al CASP no contar con las grabaciones de las 

vistas celebradas, no podría adjudicar la controversia.12

Así las cosas, el DE presentó ante la CASP una Moción 

urgente en oposición a vista y/o solicitando la paralización de los 

procedimientos ante el foro por la radicación de la quiebra del 

Gobierno de Puerto Rico bajo el Título III de la Ley PROMESA.

13 En 

dicho escrito, solicitó que se dejaran sin efecto la celebración de 

unas vistas pautadas por la CASP, pues a la luz de la Ley

PROMESA todos los procedimientos contra el Estado estaban 

paralizados.

14 La CASP emitió una Orden el 22 de enero 2018

donde suspendió las vistas pautadas y le requirió al señor Ares 

Ruiz expresarse sobre el asunto.15 El 20 de febrero de 2018, el 

señor Ares Ruiz presentó su Replica en la cual se opuso a la 

solicitud de paralización pues, a su entender, la paralización de la 

Ley PROMESA solo aplicaba a los Tribunales y no a los 

9 Apéndice de la parte recurrente, en el Anejo III págs. 21-34.

10 Apéndice de la parte recurrente, en el Anejo IV págs. 107-118.

11 Apéndice de la parte recurrente, en el Anejo IV págs. 107-124.

12 Apéndice de la parte recurrente, en el Anejo V págs. 126-129.

13 Apéndice de la parte recurrida, en el Anejo 1 págs. 1-7.

14 Apéndice de la parte recurrida, en el Anejo 1 págs. 1-7.

15 Apéndice de la parte recurrida, en el Anejo 1 pág. 8.
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procedimientos administrativos, además, añadió que el Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico no era parte del mismo.16

Pese a lo anterior, la CASP le notificó a las partes el Traslado 

a la Oficina de Apelaciones del Sistema de Educación.

17 Luego de 

varios incidentes procesales ante la OASE y la celebración de las 

vistas, la OASE emitió una Resolución final el 30 de junio 

de 2023.18 En tal resolución la OASE declaró Ha Lugar la 

apelación presentada por el señor Ares Ruiz, pues entendió que los 

hechos alegados por el exestudiante no ocurrieron, por lo que 

restituyó al señor Ares Ruiz a su antiguo puesto, requirió que se 

activara nuevamente su licencia de maestro y se le pagara la 

totalidad de los ingresos dejados de percibir desde su despido.19

Inconforme con tal resolución, el DE presentó el 19 de julio 

de 2023 una Moción en reconsideración.

20 En su escrito, arguyó, 

entre otras cosas, que se debió declarar No Ha Lugar la apelación 

pues conforme a la Ley PROMESA los procedimientos contra el

Estado estaban paralizados.

21 El 3 de agosto 2023, el señor Ares 

Ruiz presentó su Moción en oposición a moción de reconsideración y 

solicitando se sostenga resolución emitida.

22 En su escrito

argumentó que procedía que se sostuviera la resolución emitida y 

se declarara No Ha Lugar la moción presentada por el DE, pues 

luego de dos años estando el asunto ante la OASE, nunca se ha 

levantado la paralización.

23

Finalmente, el 21 de septiembre de 2023, la OASE emitió 

una Resolución en Reconsideración.

24 En síntesis, la OASE 

concluyó que carecía de jurisdicción para atender el asunto 

16 Apéndice de la parte recurrida, en el Anejo 1 págs. 9-13.

17 Apéndice de la parte recurrente, en el Anejo VI págs. 130-131.

18 Apéndice de la parte recurrente, en el Anejo II págs. 11-20.

19 Apéndice de la parte recurrente, en el Anejo II págs. 11-20.

20 Apéndice de la parte recurrente, en el Anejo XVIII págs. 187-193.

21 Apéndice de la parte recurrente, en el Anejo XVIII págs. 187-193.

22 Apéndice de la parte recurrente, en el Anejo XIX págs. 194-202.

23 Apéndice de la parte recurrente, en el Anejo XIX págs. 194-202.

24 Apéndice de la parte recurrente, en el Anejo I págs. 1-10.
KLRA202300547 5

plasmado en la apelación por la paralización de los procedimientos 

que conlleva la Ley PROMESA, por lo que procedía paralizar el 

pleito y archivar el caso hasta tanto el foro federal que atiende el 

asunto de la quiebra en Puerto Rico dispusiera lo contrario. De 

igual forma, la OASE también arguyó que el señor Ares Ruiz no 

presentó un “proof of claim” y no estaba eximido de presentarla

conforme a la Orden de Confirmación, por lo que procedió a dejar 

sin efecto la Resolución final emitida el 30 de junio de 2023 y se 

decretó el cierre del caso.25

Inconforme con tal resolución, el 24 de octubre de 2023 el

señor Ares Ruiz acudió ante nos mediante un Recurso de revisión. 

En su escrito, esboza los siguientes señalamientos de error:

Primer Error: Erró la Honorable Oficina de 

Apelaciones Sistema de Educación al declararse sin 

jurisdicción para continuar los procedimientos al 

amparo de la Ley PROMESA y en su consecuencia 

decretar el archivo administrativo del caso.

Segundo Error: Actuó de mala fe y cometió incuria el 

apelado-recurrido a través de su representante legal la 

Lcda. Arlene López Rodríguez al litigar activamente el 

caso de epígrafe y esperar hasta la emisión de la 

resolución final para levantar la defensa de falta de 

jurisdicción. 

El 27 de noviembre de 2023, el Gobierno de Puerto Rico, sin 

someterse a la jurisdicción, presentó un Escrito en cumplimiento de 

resolución. Contando con la comparecencia de ambas partes, 

procedemos a resolver.

II.

Jurisdicción 

La jurisdicción se refiere al “...poder o la autoridad que tiene 

un tribunal para considerar y decidir casos o controversias”. 

Pueblo v. Rios Nieves, 209 DPR 264, 273 (2022); Pérez et al. v. 

Lares Medical et al., 207 DPR 965 (2021). El Tribunal Supremo ha 

expresado que los tribunales deben ser guardianes de su 

25 Apéndice de la parte recurrente, en el Anejo I págs. 1-10.
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jurisdicción y no poseen discreción para atribuirse o asumir 

jurisdicción donde no la tienen. Pueblo v. Rios Nieves, supra; Pérez 

Soto v. Cantera Pérez, Inc. et al., 188 DPR 98, 104–105 (2013). De 

igual forma, la falta de jurisdicción no puede ser subsanada por 

acuerdo entre las partes. Pueblo v. Rios Nieves, supra; Pérez Soto v. 

Cantera Pérez, Inc. et al., supra. Si un tribunal carece de 

jurisdicción sobre el asunto ante su consideración, “solo resta 

declararlo así y desestimar la reclamación sin entrar en los méritos 

de la controversia”. Mun. de San Sebastián v. QMC Telecom, 190 

DPR 652 (2014). De lo contrario, si un tribunal dicta una sentencia 

cuando carece jurisdicción sobre las partes o sobre la materia, 

emite un dictamen ultra vires. Pueblo v. Rios Nieves, supra;

Maldonado v. Junta Planificación, 171 DPR 46, 55 (2007).

Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability 

Act

El Artículo IV, Sección 3 de la Constitución de Estados 

Unidos de América le otorga al Congreso de Estados Unidos la 

autoridad para, entre otras cosas, poder adoptar cualquier ley o 

reglamento necesario con relación a los territorios y propiedades de 

Estados Unidos. A la luz de esta facultad y con el fin de crear un 

“Financial Oversight and Management Board” para la restauración 

de la deuda de Puerto Rico, el Congreso de Estados Unidos aprobó 

el Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act, 

48 U.S.C. sec. 2101 (2016) (en adelante, PROMESA).

La paralización automática de los procedimientos contra el 

deudor queda consignada en la sección 301 (a) de la Ley 

PROMESA, incorporando las secciones 362 y 392 de Código 

Federal de Quiebras. 48 U.S.C. sec. 2161(a) (2016); Lab. Clínico et 

al. v. Depto. Salud et al., 198 DPR 790 (2017). La implementación 

de la Ley PROMESA trajo consigo la paralización automática de

todo pleito, instado en el pasado o presente, donde se reclama un 
KLRA202300547 7

remedio monetario contra el Gobierno de Puerto Rico. Requena 

Mercado et als. v. Policía de PR, 205 DPR 285, 290 (2020); Depto. 

de Hacienda v. COTIARI, 203 DPR 1049 (2020). El propósito detrás

de la paralización automática, entre otras cosas, es impedir:

...el comienzo o la continuación de cualquier proceso 

judicial, administrativo o de otra índole que fue o pudo 

haber sido interpuesto en contra del deudor, o para 

ejercitar cualquier acción cuyo derecho nació antes de 

que se iniciara la quiebra...26

Los efectos de la paralización se manifiestan “desde que se 

presenta la petición de quiebra hasta que recae la sentencia final y 

no se requiere una notificación formal para que surta efecto”.

Marrero Rosado v. Marrero Rosado, 178 DPR 476, 491 (2010). De 

igual forma, la paralización afecta a los tribunales estatales 

despojándolos de jurisdicción automáticamente sobre todo litigio 

que afecte los asuntos financieros del deudor. Marrero Rosado v. 

Marrero Rosado, supra. En el caso de Puerto Rico, conforme ha 

resuelto el Tribunal Supremo, “...tanto los tribunales federales 

como los estatales tenemos la facultad inicial de interpretar la 

paralización y su aplicabilidad a los casos ante nos...”. Lab. Clínico 

v. Depto. Salud, supra en la pág. 792.

El 18 de enero de 2022, el foro federal confirmó el Plan de 

Ajuste presentado por el Gobierno del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, el Sistema de Retiro de los Empleados de Puerto Rico

y la Autoridad de Edificios Públicos de Puerto Rico por vía de la 

Junta de Control Fiscal, mediante el Order and judgment 

confirming modified eight amended title III joint plan of adjustment 

of the commonwealth of Puerto Rico, the employees retirement 

system of the Government of the Commonwealth Of Puerto Rico, and 

the Puerto Rico Public Buildings Authority (en adelante, Orden de 

26 Marrero Rosado v. Marrero Rosado, 178 DPR 476, 491 (2010) (discutiendo la 

paralización conforme el Código Federal de Quiebras). 
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Confirmación).

27 En el párrafo 59 de la Orden de Confirmación se 

discute el asunto referente al injunction permanente, en lo 

pertinente, establece:

59. Injunction on Claims. Except as otherwise 

expressly provided in section 92.11 of the Plan, this 

Confirmation Order, or such other Final Order of the 

Title III Court that is applicable, all Entities who have 

held, hold, or in the future hold Claims or any other 

debt or liability that is discharged or released 

pursuant to section 92.2 of the Plan or who have held, 

hold, or in the future hold Claims or any other debt or 

liability discharged or released pursuant to section 

92.2 of the Plan are permanently enjoined, from and 

after the Effective Date, from (a) commencing or 

continuing, directly or indirectly, in any manner, any 

action or other proceeding (including, without 

limitation, any judicial, arbitral, administrative, or 

other proceeding) of any kind on any such Claim or 

other debt or liability discharged pursuant to the Plan 

against any of the Released Parties or any of their 

respective assets or property, (b) the enforcement, 

attachment, collection or recovery by any manner or 

means of any judgment, award, decree, or order 

against any of the Released Parties or any of their 

respective assets or property on account of any Claim 

or other debt or liability discharged pursuant to the 

Plan, (c) creating, perfecting, or enforcing any 

encumbrance of any kind against any of the Released 

Parties or any of their respective assets or property on 

account of any Claim or other debt or liability 

discharged pursuant to the Plan, and (d) except to the 

extent provided, permitted or preserved by sections 

553, 555, 556, 559, or 560 of the Bankruptcy Code or 

pursuant to the common law right of recoupment, 

asserting any right of setoff, subrogation, or 

recoupment of any kind against any obligation due 

from any of the Released Parties or any of their 

respective assets or property, with respect to any such 

Claim or other debt or liability discharged pursuant to 

the Plan. Such injunction shall extend to all 

successors and assigns of the Released Parties and 

their respective assets and property. Notwithstanding

the foregoing, without prejudice to the exculpation 

rights set forth in section 92.7 of the Plan and decretal 

paragraph 61 hereof, nothing contained in the Plan or 

this Confirmation Order is intended, nor shall it be 

construed, to be a non-consensual third-party release 

of the PSA Creditors, AFSCME, and of their respective 

Related Persons by Creditors of the Debtors.28

En otras palabras, la Orden de Confirmación establece un 

injunction permanente que mantiene paralizadas todas las

27 In re: THE FINANCIAL OVERSIGHT AND MANAGEMENT BOARD FOR PUERTO 

RICO, No. 17 BK 3283-LTS, Doc#:19813 (2022).

28 In re: THE FINANCIAL OVERSIGHT AND MANAGEMENT BOARD FOR PUERTO 

RICO, No. 17 BK 3283-LTS, Doc#:19813, párrafo 59 (2022).
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reclamaciones, presentes, pasadas y futuras contra el Gobierno de 

Puerto Rico y de igual forma, los acreedores quedan impedidos de 

empezar cualquier procedimiento en contra del Gobierno de Puerto 

Rico. 

Respecto a las descargas, la Orden de Confirmación en su 

párrafo 56, incisos (a) y (b) expone lo siguiente:

56. Discharge and Release of Claims and Causes 

of Action. 

(a) Except as expressly provided in the Plan or herein, 

all distributions and rights afforded under the Plan 

shall be, and shall be deemed to be, in exchange 

for, and in complete satisfaction, settlement, 

discharge, and release of, all Claims or Causes of 

Action against the Debtors and Reorganized 

Debtors that arose, in whole or in part, prior to the 

Effective Date, relating to the Title III Cases, the 

Debtors or Reorganized Debtors or any of their 

respective Assets, property, or interests of any 

nature whatsoever, including any interest accrued 

on such Claims from and after the Petition Date, 

and regardless of whether any property will have 

been distributed or retained pursuant to the Plan 

on account of each of the Claims or Causes of 

Action; provided, however, that, without prejudice to 

the exculpation rights set forth in section 92.7 of the 

Plan and decretal paragraph 61 hereof, nothing 

contained in the Plan or this Confirmation Order is 

intended, nor shall it be construed, to be a grant of a 

non-consensual third-party release of the PSA 

Creditors, AFSCME, and each of their respective 

Related Persons by any Creditors of the Debtors. Upon 

the Effective Date and independent of the 

distributions provided for under the Plan, the 

Debtors and Reorganized Debtors shall be 

discharged and released from any and all Claims, 

Causes of Action, and any other debts that arose, 

in whole or in part, prior to the Effective Date 

(including prior to the Petition Date), and Claims of 

the kind specified in sections 502(g), 502(h), or 

502(i) of the Bankruptcy Code and section 407 of 

PROMESA, whether or not (a) a proof of claim 

based upon such Claim is filed or deemed filed 

under section 501 of the Bankruptcy Code, (b) such 

Claim is allowed under section 502 of the 

Bankruptcy Code and section 407 of PROMESA (or 

is otherwise resolved), or (c) the holder of a Claim 

based upon such debt voted to accept the Plan. For 

the avoidance of doubt, nothing contained in the 

Plan or herein shall release, discharge, or enjoin 

any claims or causes of action against PREPA 

arising from or related to PREPA-issued bonds, 

including, without limitation, Monoline-issued 

insurance pertaining thereto, and PREPA is not 

releasing any claims or causes of action against any 

non-Debtor Entity. Claims and causes of action 
KLRA202300547 10

against PREPA arising from or related to PREPA-issued 

bonds, and releases against PREPA and its assets 

shall be addressed in PREPA’s Title III case, including, 

without limitation, any plan of adjustment therein. 

(b) Except as expressly provided in the Plan or herein, 

all Entities shall be precluded from asserting any 

and all Claims against the Debtors and Reorganized

Debtors, and each of their respective employees, 

officials, Assets, property, rights, remedies, Claims,

or Causes of Action of any nature whatsoever, 

relating to the Title III Cases, the Debtors or 

Reorganized Debtors or any of their respective 

Assets and property, including any and all interest 

accrued on such Claims, and regardless of whether 

any property will have been distributed or retained

pursuant to the Plan on account of each of the 

Claims or other obligations, suits, judgments,

damages, debts, rights, remedies, causes of action, 

or liabilities. In accordance with the foregoing, except 

as expressly provided in the Plan or herein, this 

Confirmation Order shall constitute a judicial 

determination, as of the Effective Date, of the 

discharge and release of all such Claims, Causes of 

Action or debt of or against the Debtors and the 

Reorganized Debtors pursuant to sections 524 and 

944 of the Bankruptcy Code, applicable to the Title 

III Case pursuant to section 301 of PROMESA, and 

such discharge shall void and extinguish any

judgment obtained against the Debtors or 

Reorganized Debtors and their respective Assets, 

and property at any time, to the extent such 

judgment is related to a discharged Claim, debt, or

liability. As of the Effective Date, and in consideration 

for the distributions or other value provided pursuant 

to the Plan, each holder of a Claim in any Class under 

the Plan shall be and hereby is deemed to release and 

forever waive and discharge as against the Debtors 

and Reorganized Debtors, and their respective Assets 

and property, all such Claims.29 (Énfasis suplido)

Los párrafos anteriores expresan que el Gobierno de Puerto 

Rico queda liberado de todo reclamo o causa de acción anteriores a

la vigencia del Plan de Ajuste adoptado.

III.

En su Recurso de Revisión, la parte recurrente señala que 

erró la OASE al declararse sin jurisdicción para continuar los 

procedimientos al amparo de la Ley PROMESA y al decretar el 

archivo administrativo del caso. De igual forma, señala que actuó 

de mala fe y cometió incuria el DE a través de su representante 

29 In re: THE FINANCIAL OVERSIGHT AND MANAGEMENT BOARD FOR PUERTO 

RICO, No. 17 BK 3283-LTS, Doc#:19813, parrafo 56 (2022).
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legal, la Lcda. Arlene López Rodríguez al litigar activamente el caso 

de epígrafe y esperar hasta la emisión de la resolución final para 

levantar la defensa de falta de jurisdicción. No le asiste razón a la 

parte recurrente, veamos.

Según surge de la Orden de confirmación emitida el 18 de 

enero de 2022 por el United States District Court for the District of

Puerto Rico en su párrafo 56, anteriormente citado, el Gobierno de 

Puerto Rico queda liberado de todo reclamo o causa de acción

anteriores a la vigencia del Plan de Ajuste adoptado.

30 Además, 

según el párrafo 59 de la Orden de Confirmación, anteriormente

citado, existe un injunction permanente que mantiene paralizadas

todas las reclamaciones, presentes, pasadas y futuras contra el

Gobierno de Puerto Rico y de igual forma, los acreedores quedan 

impedidos de empezar cualquier procedimiento en contra del 

Gobierno de Puerto Rico.

31

En el caso ante nuestra consideración la apelación 

presentada por el recurrente contra el DE es anterior a la vigencia 

de la Orden de Confirmación, data del año 2009.

32 Conforme con

los párrafos anteriormente aludidos de la Orden de Confirmación, la 

parte recurrente tiene una acción contra el Gobierno de Puerto

Rico que ha sido descargada.

33 Al no existir un “proof of claim” y al 

estar descargada la reclamación de la parte recurrente contra el 

Estado, actuó correctamente la OASE al concluir que carecía de 

jurisdicción sobre el asunto.

Así las cosas, toda vez que la OASE carecía de jurisdicción

para atender el asunto y, la falta de jurisdicción se puede plantear 

30 In re: THE FINANCIAL OVERSIGHT AND MANAGEMENT BOARD FOR PUERTO 

RICO, No. 17 BK 3283-LTS, Doc#:19813, párrafo 56 (2022).

31 In re: THE FINANCIAL OVERSIGHT AND MANAGEMENT BOARD FOR PUERTO 

RICO, No. 17 BK 3283-LTS, Doc#:19813, párrafo 59 (2022).

32 Apéndice de la parte recurrente, en el Anejo III págs. 37-44. 

33 Véase In re: THE FINANCIAL OVERSIGHT AND MANAGEMENT BOARD FOR 

PUERTO RICO, No. 17 BK 3283-LTS, Doc#:19813 (2022).
KLRA202300547 12

en cualquier momento, nos parece inmeritorio entrar en la 

discusión sobre el segundo señalamiento de error.

IV. 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, confirmamos 

la Resolución en reconsideración emitida por la Oficina de 

Apelaciones del Sistema de Educación.

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones