Número Identificador

SEN2024________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL I

ERNESTO J. ROMÁN 

CORDERO, ET. ALS.

Recurridos

v.

HOSPITAL 

METROPOLITANO DR. 

TITO MATTEI, ET. ALS.

Peticionarios

KLCE202301433

CONS.

KLCE202301438

Recurso de Certiorari

procedente del Tribunal 

de Primera Instancia, 

Sala Superior de Ponce

Casos Núm.:

J DP2015-0448

Sobre: 

Daños y Perjuicios

ERNESTO J. ROMÁN 

CORDERO, LISSETTE 

GARCÍA CAMACHO, LA 

SOCIEDAD LEGAL DE 

GANANCIALES POR 

ELLOS COMPUESTA, 

ERNESTO J. ROMÁN 

GARCÍA Y KATHERIN 

ROMÁN GARCÍA

Recurridos

v.

HOSPITAL 

METROPOLITANO DR. 

TITO MATTEI, 

ASEGURADORA “ABC”, 

DR. YUSSEF GALIB, SU 

ESPOSA FULANA DE TAL, 

POR SÍ Y LA SOCIEDAD 

LEGAL DE GANANCIALES 

COMPUESTA POR ELLOS, 

ASEGURADORA “DEF”, 

METRO PAVÍA HEALTH 

SYSTEM, INC., 

ASEGURADORA “GHI”, DR. 

EVEN CEDEÑO, SU 

ESPOSA SUTANA DE TAL Y 

LA SOCIEDAD LEGAL DE 

GANANCIALES 

COMPUESTA, 

ASEGURADORA “JKL”, 

RICHARD ROE, JANE DOE 

Y LAS ASEGURADORAS 

“MNÑ” Y “OPQ”

Peticionarios

Recurso de Certiorari

procedente del Tribunal 

de Primera Instancia, 

Sala Superior de Ponce

Casos Núm.:

J DP2015-0448

Sobre: 

Daños y Perjuicios

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez

Pagán Ocasio, el Juez Marrero Guerrero y la Jueza Boria Vizcarrondo.

Marrero Guerrero, Juez Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de enero de 2024.
KLCE202301433 cons. KLCE202301438 2

-IComparecen el doctor Even Cedeño (doctor Cedeño) en el 

recurso KLCE202301433 y el doctor Yussef Galib Frangie Fiol (doctor 

Galib) en el recurso KLCE202301438. En sus respectivos recursos 

solicitaron que revocáramos una Resolución emitida el 7 de 

noviembre de 2023 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Ponce (TPI).1 Mediante esta, el TPI declaró Sin Lugar la 

solicitud del pago de costas y gastos que presentaron las partes

demandadas prevalecientes en la Demanda incoada por Ernesto J. 

Román Cordero, Lizette García Camacho, la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta por ellos, Ernesto J. Román García y 

Katherin Román García (la familia Román García o los recurridos).

Debido a la correlación de las partes y la controversia en los 

dos (2) recursos de certiorari, determinamos consolidarlos. Así 

consolidados los recursos y, por los fundamentos que expondremos

a continuación, expedimos el auto de certiorari y revocamos la 

determinación recurrida.

-IILa controversia ante nuestra tiene su origen en una demanda 

presentada el 14 de octubre de 2015 por la familia Román García en

contra del Hospital Metropolitano Dr. Tito Mattei, Aseguradora 

“ABC”, el doctor Galib, su esposa Fulana de Tal y la Sociedad Legal 

de Gananciales compuesta por ambos, Aseguradora “DEF”, Metro 

Pavía Health System, Inc. (Metro Pavía), Aseguradora “GHI”, el doctor 

Cedeño, su esposa Sutana de Tal y la Sociedad Legal de Gananciales 

compuesta por ambos, Aseguradora “JKL”, Richard Doe, Jane Doe, y 

las Aseguradoras “MNÑ” y “OPQ” por muerte negligente por impericia 

médico-hospitalaria.2 En dicha reclamación, adujeron que el 16 de 

1 Apéndice de Certiorari, Anejo I, págs. 1-2. Archivada y notificada en autos el 17 

de noviembre de 2023.

2 Íd., Anejo II, págs. 3-15.
KLCE202301433 cons. KLCE202301438 3

octubre de 2014 Gabriel Román García (Gabriel), de veintitrés (23) 

años de edad y quien padecía de distrofia muscular oculofaríngea,

fue llevado a la sala de emergencias del Hospital Tito Mattei de Yauco

siendo admitido a hospitalización el 16 de octubre de 2014 con un 

cuadro respiratorio. Arguyeron que Gabriel fue diagnosticado con 

Health Care Associated Pneumonia, pero no se consideró la 

posibilidad de que se infectara con bacterias multirresistentes, 

adquiridas en hospitales. Por ello, sostuvieron que a Gabriel se le 

administró antibióticos que no constituyeron una cubierta óptima 

para cepas de bacterias multirresistentes como las que surgieron en 

los cuadros de Health Care Associated Pneumonia. Afirmaron que el 

Hospital ni el doctor Galib no le suministraron inmediatamente al 

paciente Gabriel tres (3) tipos de antibióticos: penicilina 

pseudomonas, aminoglucósido o quinolona y Zyvox o vancomicina, 

sino al cuarto (4) día de admisión. Aseguraron que el retraso en la 

administración del tratamiento de antibióticos agresivos provocó el 

progreso de la pulmonía de Gabriel, sepsis, shock séptico y fallo 

respiratorio. Esgrimieron que, a pesar de que se diagnosticó 

correctamente a Gabriel, el tratamiento administrado no fue propio 

para tratar las bacterias asociadas con el Health Care Associated 

Pneumonia. Razonaron que el doctor Galib se apartó del estándar de 

conducta médica aceptado en el ejercicio de su profesión al omitir 

monitorear correctamente al paciente. Igualmente, el doctor Cedeño 

al no administrar prontamente el tratamiento. Expusieron que el 

Hospital tuvo un pobre y negligente manejo de los resultados de las 

pruebas de laboratorio realizadas a Gabriel y que responde por razón 

de la relación contractual y/o de patrono-empleado y/o vicaria 

existente entre ambos al Gabriel ser ingresado en la institución sin 

ser paciente previo del doctor Galib. Manifestaron que el Hospital 

responde por la negligencia de su personal de enfermería, laboratorio 

y de sus médicos internos. Plantearon que Metro Pavía es la única y 
KLCE202301433 cons. KLCE202301438 4

absoluta dueña del Hospital y que, en la alternativa, es la 

administradora y supervisora del desempeño del Hospital, por lo que 

es responsable vicariamente por las acciones u omisiones culposas 

y/o negligentes del Hospital y de los médicos que laboran en el 

mismo. Por ello, reclamaron el pago solidario de cuatrocientos 

cuarenta mil dólares ($440,000.00), referentes a una suma de cien 

mil dólares ($100,000.00) para el resarcimiento de los sufrimientos y 

las angustias mentales que experimentó Gabriel durante los quince 

(15) días previo a su fallecimiento, dos (2) pagos de noventa mil 

dólares ($90,000.00) por los respectivos daños sufridos por sus 

padres y dos (2) pagos de ochenta mil dólares ($80,000.00) por los 

respectivos daños sufridos por los dos (2) hermanos del causante.

En el transcurso, los recurridos solicitaron desistimiento 

voluntario con perjuicio a favor de Metro Pavía y del Hospital.

Tras el descubrimiento de prueba y la celebración del juicio en 

su fondo, el 22 de septiembre de 2023, TPI emitió una Sentencia en 

la que se pronunció No Ha Lugar a la Demanda presentada por la 

familia Román García, concluyendo que no se probó la presunta 

negligencia o impericia médica por parte de los doctores Cedeño y

Galib.

3

Posteriormente, el 5 de octubre de 2023, el doctor Cedeño 

radicó un memorando de costas y gastos al amparo de la Regla 44.1 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 44.1, solicitando catorce 

mil dólares ochocientos cuatro dólares con treinta centavos 

($14,804.30), correspondiente a gastos de sellos de radicación, de 

correo, de transcripción de deposiciones, de peritos, de citaciones y 

de fotocopias.

4 Por su parte, el 6 de octubre de 2023, el doctor Galib 

requirió la suma de veintitrés mil trescientos tres dólares con 

3 Íd., Anejo XVI, págs. 116-217. Enmendada Nunc Pro Tunc el 7 de noviembre de 

2023, archivada y notificada en autos el 17 de noviembre de 2023.

4 Íd., Anejo VI, págs. 74-75.
KLCE202301433 cons. KLCE202301438 5

cuarenta y nueve centavos ($23,303.49), perteneciente a sello de 

radicación, fotocopias, y honorarios de los peritos.5

En oposición, la familia Román García señaló que varios 

gastos solicitados por los doctores Cedeño y Galib fueron 

representados a través de su aseguradora, el Sindicato de 

Aseguradores para la Suscripción Conjunto de Responsabilidad 

Médico Hospitalaria (SIMED), que no figura como parte en el caso.6

Además, estableció que los honorarios de los peritos no son 

recobrables automáticamente, dado que el tribunal debe evaluarlos. 

En réplica, el doctor Cedeño indicó que los recurridos, con 

meras suposiciones que no puede sustentar, se opuso a su 

memorando de costas.7 Por otro lado, argumentó que una vez 

reclamadas, la imposición de costas es mandatorio y que dicha 

imposición tiene una función reparadora, con el objetivo de resarcir 

a la parte prevaleciente mediante el reembolso de los gastos que se 

estimen necesarios y razonables para su defensa. Por su parte, el 

doctor Galib expuso que la concesión de los honorarios de abogados 

no era discrecional y solicitó que se celebrase una vista judicial para 

que se presentase prueba sobre los honorarios de abogado y las

facturas de servicios sometidas para dicho pago a SIMED.8

En respuesta, el 7 de noviembre de 2023, el TPI declaró Sin 

Lugar las solicitudes de costas y gastos dado que no fueron 

incurridos por las partes.

9

En desacuerdo, el doctor Cedeño acudió ante nos mediante 

este auto de certiorari y le imputó al TPI el siguiente de error:

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL NO 

CONCEDER LAS COSTAS SOLICITADAS, POR EL 

CODEMANDADO, DR. EVEN CEDEÑO, BAJO EL 

FUNDAMENTO DE QUE NO FUERON SATISFECHAS 

POR LA PARTE.

5 Íd., Anejo VII, págs. 76-77. 

6 Íd., Anejo VIII, págs. 78-86.

7 Íd., Anejo XI, págs. 90-95.

8 Íd., Anejo XII, págs. 96-98.

9 Íd., Anejo I, págs. 1-2.
KLCE202301433 cons. KLCE202301438 6

Por su parte, el doctor Galib señaló el siguiente error al TPI:

INCURRIÓ EN ERROR MANIFIESTO Y CONTRARIO AL 

DERECHO VIGENTE EL HON. TPI AL DECLARAR NO 

HA LUGAR LA PETICIÓN DEL MEMORANDO DE 

COSTAS INCOADA POR LA PARTE AQUÍ VICTORIOSA A 

TENOR CON LA REGLA 44.1 DE PROCEDIMIENTO 

CIVIL [SUPRA, R. 44.1] POR SER DICHO DICTAMEN 

UNO CONTRARIO AL ESTADO DE DERECHO 

PROCESAL VIGENTE AVALADO POR LAS OPINIONES 

EMITIDAS POR NUESTRO HON. TRIBUNAL SUPREMO.

En vista de los errores imputados, procedemos a discutir las 

normas jurídicas aplicables a este recurso.

-III-

-AEl certiorari es un recurso extraordinario cuya característica se 

asienta en la sana discreción encomendada al tribunal revisor para 

autorizar su expedición y adjudicar sus méritos. Rivera et al. v. Arcos 

Dorados et al., 2023 TSPR 65, 212 DPR __ (2023); McNeil Healthcare v. 

Mun. Las Piedras I, 206 DPR 391 (2021); 800 Ponce de León v. AIG, 205 

DPR 163 (2020); IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307 (2012). 

Este Tribunal tiene la obligación de ejercer prudentemente su juicio al 

intervenir con el discernimiento del TPI. Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, 175 DPR 83 (2008). En los asuntos en los que se solicita la 

revisión de una determinación post sentencia, corresponde evaluar 

dicha solicitud al amparo de lo dispuesto en la Regla 40 del 

Reglamento de este Tribunal, la cual establece los criterios que 

debemos considerar al momento de ejercer nuestra facultad 

discrecional:

A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 

diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.

B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada para 

el análisis del problema.

 

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de 

Primera Instancia.

D. Si el asunto planteado exige consideración más detenida a 

la luz de los autos originales, los cuales deberán ser elevados, 

o de alegatos más elaborados.
KLCE202301433 cons. KLCE202301438 7

E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es 

la más propicia para su consideración.

F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no 

causan un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación 

indeseable en la solución final del litigio.

G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa evita 

un fracaso de la justicia. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.

De no estar presente algunos de estos criterios, corresponde 

abstenernos de expedir el auto de certiorari.

-BLa Regla 44.1 de Procedimiento Civil, supra, R. 44.1, versa 

sobre lo concerniente a la concesión de costas. La referida regla 

dispone lo siguiente:

Regla 44.1. Las costas y los honorarios de abogados 

(a) Su concesión. Las costas se concederán a la parte a 

cuyo favor se resuelva el pleito o se dicte sentencia en 

apelación o revisión, excepto en aquellos casos en que se 

disponga lo contrario por ley o por estas reglas. Las 

costas que podrá conceder el tribunal son los gastos en 

que se incurra necesariamente en la tramitación de un 

pleito o procedimiento que la ley ordena o que el 

tribunal, en su discreción, estima que una parte litigante 

debe reembolsar a otra. 

(b) Cómo se concederán. La parte que reclame el pago de 

costas presentará al tribunal y notificará a la parte contraria, 

dentro del término de diez (10) días contados a partir del 

archivo en autos de copia de la notificación de la sentencia, 

una relación o memorándum de todas las partidas de gastos 

y desembolsos necesarios en que se incurrió durante la 

tramitación del pleito o procedimiento. El memorándum de 

costas se presentará bajo juramento de parte o mediante una 

certificación del abogado o de la abogada, y consignará que, 

según el entender de la parte reclamante o de su abogado o 

abogada, las partidas de gastos incluidas son correctas y que 

todos los desembolsos eran necesarios para la tramitación 

del pleito o procedimiento. Si no hubiese impugnación, el 

tribunal aprobará el memorándum de costas y podrá 

eliminar cualquier partida que considere improcedente, 

luego de conceder a la parte solicitante la oportunidad de 

justificarlas. Cualquier parte que no esté conforme con las 

costas reclamadas podrá impugnarlas en todo o en parte, 

dentro del término de diez (10) días contados a partir de 

aquel en que se le notifique el memorándum de costas. El 

tribunal, luego de considerar la posición de las partes, 

resolverá la impugnación. La resolución del Tribunal de 

Primera Instancia podrá ser revisada por el Tribunal de 

Apelaciones mediante el recurso de certiorari. De haberse 

instado un recurso contra la sentencia, la revisión de la 

resolución sobre costas deberá consolidarse con dicho 

recurso. Íd. (Énfasis nuestro).

El Tribunal Supremo estableció que la concesión de costas 

“tiene una función reparadora, ya que permite el reembolso de los 
KLCE202301433 cons. KLCE202301438 8

gastos necesarios y razonables que tuvo que incurrir la parte 

prevaleciente del pleito en su tramitación”. Rosario Domínguez v. ELA, 

198 DPR 197, 211 (2017). Véase Semidey et al. v. Fcia. Belmonte et 

al., 2023 TSPR 15, 211 DPR __ (2023); ELA v. El Ojo de Agua 

Development, 205 DPR 502, 527 (2020); Maderas Tratadas v. Sun. 

Allience et al., 185 DPR 880, 934 (2012); JTP Dev. Corp. v. Majestic 

Realty Corp., 130 DPR 456, 460 (1992). Esto, con el objetivo de no 

mermar el derecho de la parte prevaleciente de recobrar los gastos 

razonables asociados a los trámites incurridos, sin su culpa. ELA v. 

El Ojo de Agua Development, supra; JTP Dev. Corp. v. Majestic Realty 

Corp., supra. El segundo objetivo de la aludida regla es tener el efecto 

disuasivo de desalentar la radicación de pleitos temerarios y 

superfluos. JTP Dev. Corp. v. Majestic Realty Corp., supra.

De esta forma, una vez la parte prevaleciente reclama su pago, 

la imposición de costas a la parte perdidosa es mandatorio. Semidey 

et al. v. Fcia. Belmonte et al., supra; ELA v. El Ojo de Agua 

Development, supra, pág. 528; Rosario Domínguez v. ELA, supra, pág. 

212. No obstante, la imposición de costas a la parte perdidosa no 

opera automáticamente, dado que la parte prevaleciente tiene que 

presentar oportunamente un memorando de costas en el que se 

precisen los gastos incurridos, a tenor con la Regla 44.1 (b) de 

Procedimiento Civil, supra, R. 44.1 (b). Íd. El tribunal tiene discreción 

de evaluar la razonabilidad y necesidad de los gastos detallados. 

Semidey et al. v. Fcia. Belmonte et al., supra; Maderas Tratadas v. 

Sun. Allience et al., supra, pág. 935. Empero, “[e]sta discreción se 

ejercerá con moderación, y se examinará cuidadosamente el 

memorando de costas en cada caso”. Semidey et al. v. Fcia. Belmonte 

et al., supra. Pues, no todos los gastos ocasionados por el pleito son 

costas. Andino Nieves v. AAA, 123 DPR 712, 716 (1989); Garriga, Jr. 

v. Tribunal Superior, 88 DPR 245, 252 (1963). Las costas son aquellos 

gastos razonables que sean causa inmediata o directa del pleito. R. 
KLCE202301433 cons. KLCE202301438 9

Hernández Colón, Práctica jurídica de Puerto Rico: Derecho procesal 

civil, 6ta ed., San Juan: Lexisnexis, 2017, pág. 427.

A su vez, no todos los gastos son recobrables, dado que sólo se 

recobran aquellos gastos necesarios y razonables para tramitar el 

pleito, más no así los gastos innecesarios, superfluos o extravagantes. 

Semidey et al. v. Fcia. Belmonte et al., supra; PR Fast Ferries et al. v. 

AAPP, 2023 TSPR 121, 213 DPR __ (2023). Además, no son 

recobrables como costas los honorarios de abogados, salvo una 

ley especial así lo disponga, ni los gastos ordinarios de oficina 

como los sellos postales, materiales de oficina, servicios 

telefónicos y de mensajería, las transcripciones de récords de las 

vistas cuando se soliciten por conveniencia, entre otros. Íd.

Por otro lado, en cuanto a los gastos de un perito, el derecho a 

recobrarlos depende de que se trate de un perito del tribunal o de la 

parte. Andino Nieves v. AAA, supra, pág. 716.

Expuesto el derecho aplicable a la controversia de marras, 

procedemos a atender la controversia planteada.

-IVEn el caso ante nuestra consideración, por esta relacionados 

ambos señalamientos de error, los discutiremos en conjunto. Ambos 

versan en torno a la Regla 44.1 de Procedimiento Civil, supra, R. 44.1, 

sobre memorando de costas y gastos a la parte prevaleciente. En 

esencia, los doctores Cedeño y Galib plantearon que erró el TPI al 

declarar No Ha Lugar a la concesión de costas y gastos bajo el 

fundamento de que no fueron satisfechos por la parte.

Tras un análisis minucioso de los autos, resolvemos que erró 

el TPI al denegar la solicitud de reembolsar las costas a los doctores 

Cedeño y Galib, basado en que las partes no satisficieron los gastos.

De una lectura a la Regla 44.1 de Procedimiento Civil, supra, R. 44.1, 

no nos parece que la misma condiciona la concesión de las costas. La 

Regla 44.1 de Procedimiento Civil, supra, R. 44.1, es clara en 
KLCE202301433 cons. KLCE202301438 10

establecer que se provee para la concesión de costas a la parte en

cuyo favor se resolvió el pleito. Resolver lo contrario, implicaría 

menoscabar el propósito de la referida regla de que la parte 

prevaleciente recobre los gastos que razonablemente se vio obligada

a incurrir, en relación con los trámites en el pleito. Resulta inmaterial 

que, en cumplimiento con sus obligaciones contractuales, la 

aseguradora de los demandados en este caso haya incurrido en los 

gastos necesarios del litigio.

10 En este caso, los doctores Cedeño y 

Galib, luego de prevalecer en los méritos, oportunamente presentaron 

sus respectivos memorando de costas y gastos, por lo que la 

concesión de los mismos era mandatorio. Ahora bien, le corresponde 

al TPI concederles a los aquí peticionarios las partidas que 

correspondan, a tenor con los gastos reclamados, basado en la 

razonabilidad y la necesidad para tramitar el pleito.

-VPor los fundamentos que anteceden, expedimos el auto de 

certiorari y revocamos la determinación el TPI. En consecuencia, se 

devuelve el caso al TPI para que evalúe los respectivos memorandos 

de costas presentados por los doctores Cedeño y Galib y conceda las 

partidas que en derecho correspondan.

Al amparo de la Regla 35 (A)(1) de nuestro Reglamento,11 el 

Tribunal de Primera Instancia puede proceder de conformidad con lo 

aquí resuelto, sin que tenga que esperar por nuestro mandato.

Lo acuerda el Tribunal, y lo certifica la Secretaría del Tribunal 

de Apelaciones.

 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones

10 Circunstancia que a su vez podría significar un incremento en el costo de las 

primas de la póliza.

11 Regla 35 (A)(1): “La presentación de una solicitud de certiorari no suspenderá 

los procedimientos ante el Tribunal de Primera Instancia, salvo una orden en 

contrario expedida por iniciativa propia o a solicitud de parte por el Tribunal de 

Apelaciones. La expedición del auto de certiorari suspenderá los procedimientos 

en el Tribunal de Primera Instancia, salvo que el Tribunal de Apelaciones 

disponga lo contrario.” 4 LPRA Ap. XXII-B R. 35.