Número Identificador

SEN2023________________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL VI

EL PUEBLO DE 

PUERTO RICO

Recurrido

v.

JORSH ANTHONY 

TORRES DEL VALLE

Peticionario

KLCE202301369

CERTIORARI

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 

Superior de Caguas

Caso núm.:

EVI2023G0023 

(304)

Sobre: A93/ Grado 

de Asesinato 1er 

Gdo Inciso A 

Panel integrado por su presidenta la jueza Ortiz Flores, el juez Rivera 

Torres y la jueza Rivera Pérez.

Rivera Torres, Juez Ponente 

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de diciembre de 2023.

Comparece ante este foro apelativo la representación legal del 

Sr. Jorsh Anthony Torres Del Valle, la Licenciada Laura M. Coss 

Guzmán (licenciada Coss Guzmán o la peticionaria) mediante el 

recurso de Certiorari de epígrafe, solicitándonos la revisión de una

Orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior 

de Caguas (el TPI), el 17 de octubre de 2023, notificada al día

siguiente. Mediante este dictamen, el foro primario declaró No Ha 

Lugar a la Moción de Relevo de Representación Legal instada por la 

peticionaria. 

Por los fundamentos que exponemos a continuación, se 

expide el auto de certiorari solicitado y se revoca el dictamen 

recurrido. 

I.

Surge del recurso ante nuestra consideración que el 7 de 

febrero de 2023, la peticionaria fue designada como abogada de 

oficio en el caso de autos. Esta señaló que, previo a ser asignada 

como representante legal del Sr. Jorsh Anthony Torres Del Valle (el 
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acusado), este ya había firmado un convenio con el Ministerio 

Público. Cónsono con dicho acuerdo el 13 de junio de 2023, el 

acusado renunció a la vista preliminar con el propósito de alcanzar 

posteriormente una alegación pre-acordada. Incluso, y en 

concordancia con el mismo, la licenciada Coss Guzmán no solicitó

el descubrimiento de prueba dispuesto en la Regla 95 de las de 

Procedimiento Criminal. Relató en el recurso que el acusado se negó 

a servir como testigo del Ministerio Público conforme a lo acordado. 

A petición del tribunal, el 18 de septiembre de 2023 se reunió 

con su representado y este “... nos manifestó una serie de 

situaciones, las cuales están protegidas por el privilegio de 

comunicación confidencial entre abogado y cliente. No obstante, a 

fin de cuentas, él mismo manifiesta que desea un abogado que 

no sea la suscribiente, con la cual estamos de acuerdo tomando

en consideración la información que nos transmitió.”

1

El 21 de septiembre siguiente, en corte abierta y a preguntas 

del Magistrado, el acusado manifestó que quería otra representación 

legal. Incluso, surge de la Minuta de la vista que el Ministerio Público 

informó que el acusado incumplió con el convenio y que se verían 

los cargos en su contra.2

Por tanto, el 16 de octubre de 2023, la licenciada Coss 

Guzmán presentó una Moción Solicitando Relevo de Representación

Legal en la cual explicó que existe un conflicto insalvable que lacera 

irreparablemente la relación abogado-cliente. Al día siguiente, el foro 

recurrido declaró NO HA LUGAR el petitorio e indicó “VEASE 

PUEBLO V. DURECORT, 106 D.P.R. 684.”3 Inconforme con la 

determinación, la peticionaria solicitó reconsideración, en la cual 

argumentó que el caso citado por el TPI se distingue del caso de 

1 Véase la Petición de Certiorari, a la pág. 2. [Énfasis en el original]

2 Véase el Apéndice del Recurso, a la pág. 29.

3 Íd., a la pág. 17. 
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autos, y que luego de varias conversaciones con el acusado ambos 

entendieron que existe un conflicto de interés perenne sobre el cual 

este merece una nueva representación legal que vele adecuadamente 

por los derechos que le asisten.

4 El 6 de noviembre de 2023, 

notificada ese mismo día, se declaró no ha lugar a la reconsideración 

solicitada.5

Aun insatisfecha con la determinación, la peticionaria acude 

ante este foro intermedio imputándole al Tribunal de Primera 

Instancia haber incurrido en los siguientes errores: 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL DETERMINAR NO HA LUGAR NUESTRA 

SOLICITUD DE RELEVO DE REPRESENTACIÓN 

LEGAL PRESENTADA PARA CONCEDER UNA NUEVA 

REPRESENTACIÓN LEGAL Y SU APLICACIÓN DEL 

CASO PUEBLO V. DURECORT, 106 DPR 7684 (1978).

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL NO 

RELEVARNOS DE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DEL 

ACUSADO DECLARANDO “NO HA LUGAR” NUESTRA 

SOLICITUD URGENTE DE RECONSIDERACIÓN. 

El 7 de diciembre de 2023, dictamos una Resolución

concediendo a la parte recurrida hasta el viernes 15 de diciembre, a 

las 12 del mediodía, para expresarse. La parte recurrida compareció 

representada por la Oficina del Procurador General, por lo cual nos 

damos por cumplidos y a su vez, decretamos perfeccionado el 

recurso. 

Analizados los escritos de las partes, el expediente apelativo y 

estudiado el derecho aplicable, procedemos a resolver. 

II. 

El auto de certiorari

El auto de certiorari constituye un vehículo procesal 

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar 

las determinaciones de un tribunal inferior. IG Builders at al. v. 

BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012); García v. Padró, 165 DPR 

4 Íd., a la pág. 17.

5 Íd., a la págs. 23-24.
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324, 334-335 (2005); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 90-92 

(2001). Esta discreción ha sido definida en nuestro ordenamiento 

jurídico como una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento 

judicial para llegar a una conclusión justiciera. No significa poder 

actuar en una forma u otra, haciendo abstracción del resto del 

derecho, porque, ciertamente, eso constituiría un abuso de 

discreción. Negrón v. Srio. de Justicia, supra, pág. 91. 

Asimismo, para determinar si procede la expedición de un 

recurso de certiorari en el que se recurre de una resolución 

interlocutoria, debemos acudir a lo dispuesto en la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, 

la cual lee como sigue:

El tribunal tomará en consideración los siguientes 

criterios al determinar la expedición de un auto de 

certiorari:

A) Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho.

B) Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema.

C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia.

D) Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 

caso es la más propicia para su consideración.

F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito

y una dilación indeseable en la solución final del litigio. 

G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia.

Los criterios antes transcritos nos sirven de guía para, de 

manera sabia y prudente, tomar la determinación de si procede o no 

intervenir en el caso en la etapa del procedimiento en que se 

encuentra. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 
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(2008). De no encontrarse presente alguno de los criterios 

anteriormente enumerados en un caso que se nos presenta, no 

procede nuestra intervención.

La Representación Legal

La Sección 11 del Artículo II de la Constitución del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico, garantiza que “[e]n todos los procesos 

criminales, el acusado disfrutará del derecho [...] a tener asistencia 

de abogado”. El derecho a tener representación legal en casos 

criminales, el cual debe ser uno adecuado y efectivo, ha sido 

consagrado como parte fundamental de la cláusula del debido 

proceso de ley. Ramos Acevedo v. Tribunal Superior, 133 DPR 599, 

609 (1993). Esto naturalmente implica una representación legal 

libre de conflictos e intereses encontrados. Pueblo v. Padilla Flores, 

127 DPR 638, 701 (1991).

A los fines de implementar este mandato constitucional, el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico adoptó un Reglamento para la 

Asignación de Abogados y Abogadas de Oficio.

6 En lo aquí 

pertinente, el referido reglamento establece en la Regla 8 inciso (h) 

los Criterios para autorizar el relevo de representación legal. El 

mismo lee como sigue: 

 Realizada la asignación de oficio, solo podrá 

relevarse al abogado o la abogada que presente una 

moción al tribunal y demuestre una causa justificada 

conforme con lo dispuesto en el ordenamiento 

ético. El tribunal deberá evaluar si, conforme dispone 

la Regla 9 (b) de este Reglamento, existe justa causa 

para conceder el relevo de la representación legal y 

el diferimiento. Si procede el relevo de representación 

legal, el tribunal asignará el caso a la siguiente persona 

en turno del banco de abogados y abogadas de oficio. 

 La indigencia sobrevenida por parte de una persona 

con representación legal privada no constituirá justa 

causa para conceder el relevo, salvo lo dispuesto en el 

inciso (i) de esta regla. Como regla general, los 

conflictos en calendario tampoco serán fundamento 

para autorizar el relevo de representación legal y 

diferimiento del caso particular. Sin embargo, de 

manera excepcional, el tribunal podrá tomar en 

6 Reglamento para la Asignación de Abogados y Abogadas de Oficio, Secretariado 

de la Conferencia Judicial y Notarial, 1 de enero de 2020, pág. 13, en 

https://poderjudicial.pr/documentos/info-para/Reglamento-AsignacionAbogOfic.pdf
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consideración el calendario de señalamientos cercanos 

del abogado o de la abogada y la necesidad de evitar 

una dilación irrazonable en el trámite del 

procedimiento particular para determinar si procede el 

relevo y diferimiento solicitados. 

 El tribunal deberá considerar la oposición que 

pueda argüir la persona indigente que recibirá 

representación legal de oficio. En este caso, el 

tribunal celebrará una vista para evaluar la prueba en 

apoyo a la oposición. Cuando la intimidad de la persona 

indigente u otras razones de justicia así lo requieran, 

podrá celebrarse una vista confidencial ex parte. 

 El relevo y diferimiento autorizado al inicio de la 

representación legal no alterará el orden de 

asignaciones posteriores ni afectará el turno 

correspondiente del abogado o de la abogada. No 

obstante, si se autorizara el relevo de representación 

legal durante el curso del procedimiento judicial, el 

tribunal podrá diferir al abogado o a la abogada, 

quien tendrá la obligación de asumir la próxima 

asignación de oficio que sugiera el Módulo de 

Asignación de Oficio. Si el tribunal concluye que los 

servicios prestados por el abogado o la abogada de 

oficio en esta etapa resultaron suficientes y que 

cumplió con su obligación de representación al amparo 

de este Reglamento, podrá conceder el relevo sin 

ordenar su diferimiento. Se permitirán los 

diferimientos por periodos de duración específica, 

debidamente acreditados por el abogado o la abogada a 

satisfacción del tribunal y autorizados por el Juez 

Administrador o la Jueza Administradora conforme el 

inciso (k) de esta Regla. [Énfasis nuestro]

Previo a la aprobación del Reglamento antes citado, nuestro 

alto foro resolvió Pueblo v. Durecort, 106 DPR 768 (1978). En lo que

nos concierne dispuso que:

...

 Al renunciar la representación profesional de un 

acusado, el abogado deberá tener presente y cumplir 

con lo dispuesto en el Canon 20 de Ética Profesional. 

Salvo casos excepcionales, no deberá aprobarse una 

renuncia de representación profesional presentada en 

fecha tan cercana al señalamiento de la causa para 

juicio que pudiera tener el efecto de provocar la 

suspensión. Tampoco deberá relevarse a un abogado 

de representar a un acusado contratado por él sin que 

se acredite satisfactoriamente que dicho abogado ha 

devuelto a su cliente el importe de honorarios cobrados 

por él o parte sustancial de éstos, dependiendo de la 

labor hasta entonces realizada por el abogado. [Énfasis 

nuestro]. Íd., a las págs. 687-688. 

Por último, puntualizamos que la relación de abogado y 

cliente debe fundamentarse en la absoluta confianza. Pueblo v. 

Fernández Rodríguez, 183 DPR 770, 792 (2011). Esta relación es 

una sui generis y de naturaleza fiduciaria, basada en la honestidad, 

lealtad y fidelidad absoluta. Ello responde, en gran medida, a las 
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inexorables exigencias éticas muy particulares de la profesión legal.

Íd., citando a López de Victoria v. Rodríguez, 113 DPR 265 (1982).

III.

Analizado el recurso ante nuestra consideración al palio de la 

Regla 40, antes citada, consideramos que la etapa del procedimiento 

en que se presenta la controversia es la más propicia para su 

consideración. Del recurso surge que una vez la peticionaria conoció 

que su representado laceró su confianza, al no cumplir con el 

acuerdo, que él mismo alcanzó con el Ministerio Público, esta

presentó oportunamente su solicitud de relevo de representación 

legal. 

Por otro lado, la licenciada Coss Guzmán nos expresa que, en 

la vista señalada para el 21 de septiembre de 2023, le informó al 

tribunal que había surgido un “insalvable conflicto de intereses que 

afectaba irremediablemente la confianza entre abogado y cliente.”

Incluso, según esta nos relata que el Juez se dirigió al acusado y le 

preguntó si era su deseo tener una nueva representación legal, a lo 

que este contestó en la afirmativa. 

No obstante lo antedicho, el TPI declaró no ha lugar a la 

solicitud presentada por la peticionaria haciendo referencia 

únicamente a lo resuelto por nuestro alto foro en Pueblo v. Durecort, 

supra, el cual consideramos no es aplicable al caso de autos. 

Conforme surge del alegato y del Apéndice apelativo, el aquí acusado 

tenía un acuerdo con el Ministerio Público y conforme al mismo se 

llevaron a cabo todos los procedimientos. Incluso, la representación 

legal del acusado estaba dirigida en atención a dicho pacto. 

Destacamos que, de la Minuta del 21 de septiembre de 2023, surge 

que el Lcdo. Luis F. Mangual Acevedo, también representante legal 

del acusado, informó al foro recurrido “... que no le había dado 

seguimiento a la Regla 95 porque estaban en los acuerdos 
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transaccionales. Indica que luego de conversar con el acusado 

presentará moción.” 7

Ciertamente, el foro de primera instancia tiene plena 

autoridad para promover el manejo diligente y expedito de los casos 

ante sí para evitar dilaciones innecesarias que puedan perjudicar o 

afectar los derechos, y reclamaciones de las partes. Sin embargo, 

cuando un cliente pierde la confianza en su abogado y las 

diferencias en el manejo del caso no pueden conciliarse, obligar al 

abogado a permanecer en el caso significaría una pérdida 

irreversible para todas las partes. Como indicamos, la relación 

abogado-cliente debe fundamentarse en la absoluta confianza. 

En consecuencia, examinado el expediente apelativo y, dado 

que el Ministerio Público no tiene objeción al relevo de 

representación legal,

8 procede conceder lo solicitado por la 

peticionaria. Sin duda, de los argumentos esbozados por la 

licenciada Coss Guzmán surge la justa causa de su petitorio. El 

hecho de que el acusado incumpliera su acuerdo, sin el consejo o 

asesoría de su representación legal, quien llevó el trámite procesal 

del caso y su estrategia legal confiando en dicho concierto, laceró 

sin duda la confianza en la relación abogado-cliente. Puntualizamos,

además, que la etapa procesal en la cual se encuentra el caso no es 

una avanzada debido a que aún está pendiente una Regla 95 y para 

mañana, 19 de diciembre de 2023, está señalada una Vista sobre el 

Estado de los Procedimientos. 

En resumen, el reclamo de la abogada aquí peticionaria es 

oportuno y no uno arbitrario ni caprichoso. Más bien, es un 

pedimento, en cumplimiento con los Cánones de Ética que rigen la 

profesión legal.

7 Íd., a la pág. 29.

8 Véase el Escrito en cumplimiento de orden presentado el 15 de diciembre de 2023 

a las 10:43 am por la Oficina del Procurador General. 
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IV.

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto de 

certiorari solicitado, se revoca el dictamen recurrido y se le ordena 

al foro primario tomar las medidas necesarias para que al acusado 

se le asigne una representación legal adecuada. Se devuelve al 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Caguas, para que 

provea conforme a lo aquí dispuesto. 

Notifíquese inmediatamente.

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

 LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS

 Secretaria del Tribunal de Apelaciones