Número Identificador

SEN2024 _______________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL II

JUAN ROMERO HERNÁNDEZ

Recurrente

v.

DEPARTAMENTO DE 

CORRECCIÓN Y 

REHABILITACIÓN

Recurrido

KLRA202300634

REVISIÓN 

ADMINISTRATIVA 

procedente de la 

División de 

Remedios 

Administrativos

Caso número:

GUE-11210

Panel integrado por su presidente, el juez Bermúdez Torres, el juez 

Adames Soto y la juez Aldebol Mora.

Aldebol Mora, Juez Ponente

S E N T E N C I A

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de enero de 2024.

Comparece ante nos, por derecho propio, la parte recurrente, Juan 

Romero Hernández, mediante revisión judicial y solicita que revoquemos 

las determinaciones emitidas por el Programa de Desvío del Departamento 

de Corrección y Rehabilitación el 26 de septiembre de 2023, notificadas el 

16 de octubre del mismo año. Mediante los referidos dictámenes, la 

agencia denegó al recurrente su participación en el Programa de Pase 

Extendido con Monitoreo Electrónico, así como en los Programas 

Religiosos y Hogar CREA.

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se confirman

las determinaciones administrativas recurridas. Veamos.

I

Surge del Informe para Evaluación del Plan Institucional que obra en 

autos que, Juan Romero Hernández (Romero Hernández o recurrente) fue 

sentenciado a ciento cincuenta y tres (153) años de reclusión por asesinato 

en primer grado, robo domiciliario, conspiración, entre otros delitos.1

Asimismo, se desprende que, el 14 de junio de 2023, notificado al día 

siguiente, el Comité de Clasificación y Tratamiento del Departamento de 

1 Véase, Informe para Evaluación del Plan Institucional en el expediente administrativo.
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Corrección y Rehabilitación (DCR) reclasificó la custodia de Romero 

Hernández de mediana a mínima. Igualmente, refirió su caso a la unidad 

de Programas de Desvío del mencionado organismo administrativo.

Posteriormente, el 26 de septiembre de 2023, notificada el 16 de 

octubre del mismo año, el Programa de Desvío del DCR emitió la 

Respuesta de la Planilla de Información Necesaria para Evaluar 

Candidatos para el Programa Pase Extendido con Monitoreo Electrónico, 

así como la Respuesta de la Planilla de Información Necesaria para Evaluar 

Candidatos para el Programa Religiosos [sic] y Hogar CREA, que nos 

ocupan.

2 En ambos dictámenes, el DCR denegó la participación de Romero 

Hernández en el Programa de Pase Extendido con Monitoreo Electrónico

y en los Programas Religiosos y Hogar CREA. En esencia, determinó que 

Romero Hernández no cumplía con los criterios de elegibilidad. 

Específicamente, el DCR fundamentó ambas decisiones en lo siguiente:

No cualifica en virtud de lo dispuesto en la Ley [Núm.] 49 del 

26 de mayo de 1995.

Delito Excluyente: Asesinato en 1er Grado

Inconforme, el 20 de octubre de 2023, recibida en la Secretaría de 

este Foro el 7 de diciembre de 2023, la parte recurrente presentó el recurso 

de epígrafe y señaló los siguientes errores:

Erró la Coordinadora [de] Programas de [D]esvío[,] Sra. 

Selma Ríos Calderón[,] al utilizar como fundamento para 

denegar la solicitud de programas de desvío la Ley [Núm.] 49 

del 26 de mayo de 1995.

Erró la Coordinadora [de] Programas de [D]esvío indicando 

que el Plan de [R]eorganización #2 del 21 de noviembre de 

2011, excluye de [los] [p]rogramas de desvío el [a]sesinato en 

[p]rimer [g]rado.

Erró la [C]oordinadora [de] [P]rograma[s] de [D]esvío al violar 

el mandato [c]onstitucional a la [r]ehabilitación como derecho 

fundamental de los confinados[,] independientemente sea 

asesinato en primer grado o no.

Erró la Coordinadora [de] Programa[s] de [D]esvío por actuar 

de forma arbitraria e injustificada[,] en violación al derecho [a]

2 Véase, Respuesta de la Planilla de Información Necesaria para Evaluar Candidatos para 

el Programa Pase Extendido con Monitoreo Electrónico y Respuesta de la Planilla de 

Información Necesaria para Evaluar Candidatos para el Programa Religiosos [sic] y Hogar 

CREA en el expediente administrativo.
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la rehabilitación del recurrente [y] a la igual protección de la[s]

leyes y reglamentos.

En cumplimiento con nuestra Resolución del 15 de diciembre de 

2023, la parte recurrida compareció mediante Escrito en Cumplimiento de 

Resolución el 11 de enero de 2024. Sostiene que, tanto el Plan de 

Reorganización Núm. 2-2011, infra, como el Reglamento Núm. 9488, infra, 

excluyen categóricamente a los miembros de la población correccional que, 

al igual que el recurrente, hayan sido sentenciados por delitos graves de 

primer grado. En ese sentido, arguye que, al denegar a la parte recurrente 

participar de los antedichos programas de desvío, la agencia aplicó 

correctamente la norma vigente a los hechos que surgen del expediente 

administrativo, sobre los cuales no hay controversia. Plantea que las

determinaciones recurridas merecen la mayor deferencia, toda vez que el 

recurrente estaba claramente excluido de beneficiarse de los programas de 

desvío a base de fe y los Hogares CREA. A su vez, alega que la parte 

recurrente no ha apuntado prueba tendiente a rebatir la presunción de 

corrección y legalidad que les cobija a dichas determinaciones.

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, así como con la 

copia certificada del expediente administrativo, nos disponemos a resolver 

el recurso que nos ocupa.

II

A

Sabido es que los tribunales apelativos debemos otorgar amplia 

deferencia a las decisiones emitidas por las agencias administrativas, 

puesto que estas cuentan con vasta experiencia y pericia para atender 

aquellos asuntos que se les han sido delegados por la Asamblea 

Legislativa. Hernández Feliciano v. Mun. Quebradillas, 211 DPR 99 (2023);

OEG v. Martínez Giraud, 210 DPR 79 (2022); Super Asphalt v. AFI y otro, 

206 DPR 803, 819 (2021); Graciani Rodríguez v. Garaje Isla Verde, 202 

DPR 117, 126 (2019); Rolón Martínez v. Supte. Policía, 201 DPR 26, 35 

(2018). Es por ello, que, tales determinaciones suponen una presunción de 

legalidad y corrección que a los tribunales nos corresponde respetar, 
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mientras la parte que las impugne no presente prueba suficiente para 

derrotarlas. Íd.; Batista, Nobbe v. Jta. Directores, 185 DPR 206, 216 (2012). 

No obstante, tal norma no es absoluta. Es por ello que nuestro Máximo 

Foro ha enfatizado que no podemos imprimirle un sello de corrección, so 

pretexto de deferencia a las determinaciones administrativas que sean 

irrazonables, ilegales o contrarias a derecho. 

En Torres Rivera v. Policía de PR, 196 DPR 606, 628 (2016), nuestro 

Tribunal Supremo resumió las normas básicas en torno al alcance de la 

revisión judicial de la siguiente forma:

[L]os tribunales deben deferencia a las decisiones de una 

agencia administrativa, pero ésta cederá cuando: (1) la 

determinación administrativa no está basada en evidencia 

sustancial; (2) el ente administrativo erró en la aplicación o 

interpretación de las leyes o reglamentos que se le ha 

encomendado administrar; (3) el organismo administrativo 

actuó arbitraria, irrazonable o ilegalmente, realizando 

determinaciones carentes de una base racional, o (4) la 

actuación administrativa lesionó derechos constitucionales 

fundamentales. Es importante destacar que si el tribunal no 

se encuentra frente a alguna de esas situaciones, aunque 

exista más de una interpretación razonable de los hechos, 

procede que se valide la interpretación que realizó la agencia 

administrativa recurrida. Íd. Véase, además, Super Asphalt v. 

AFI y otro, supra, pág. 819.

El criterio rector bajo el cual los tribunales deben revisar las 

decisiones administrativas es el criterio de razonabilidad. OEG v. Martínez 

Giraud, supra; Super Asphalt v. AFI y otro, supra, pág. 820; Graciani 

Rodríguez v. Garaje Isla Verde, supra, pág. 127; Torres Rivera v. Policía 

de PR, supra, pág. 626. Bajo este criterio, se limita la revisión judicial a 

dirimir si la agencia actuó de forma arbitraria o ilegal, o de manera tan 

irrazonable que su actuación constituya un abuso de discreción. Íd.

Bajo este supuesto, la Sección 4.5 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, Ley Núm. 38-2017, 

3 LPRA sec. 9675 (LPAU), “estableció el marco de revisión judicial de las 

determinaciones de las agencias administrativas”. Rolón Martínez v. Supte. 

Policía, supra, pág. 35. La intervención del tribunal se limita a tres áreas, a 

saber: (1) si el remedio concedido por la agencia fue apropiado; (2) si las 

determinaciones de hecho que realizó la agencia están sostenidas por 
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evidencia sustancial que obra en el expediente administrativo visto en su 

totalidad, y (3) si las conclusiones de derecho del ente administrativo fueron 

correctas. Íd., págs. 35-36; OEG v. Martínez Giraud, supra; Torres Rivera 

v. Policía de PR, supra, págs. 626-627; Batista, Nobbe v. Jta. Directores, 

supra, pág. 217. Nuestro Máximo Foro ha expresado que esta intervención 

“debe ocurrir cuando la decisión administrativa no se fundamente en 

evidencia sustancial o cuando la agencia se equivoque en la aplicación de 

la ley”. Rolón Martínez v. Supte. Policía, supra, pág. 36. Siendo así, 

aquellas determinaciones de hechos formuladas por el ente administrativo 

deberán sostenerse cuando estén basadas en evidencia sustancial que 

surja del expediente administrativo considerado en su totalidad. Íd.; OEG 

v. Martínez Giraud, supra; Super Asphalt v. AFI y otro, supra.

Por otro lado, las determinaciones de derecho pueden ser revisadas 

en su totalidad. Sec. 4.5 de la LPAU, 3 LPRA sec. 9675; Rolón Martínez v. 

Supte. Policía, supra, pág. 36; Torres Rivera v. Policía de PR, supra, pág. 

627. No obstante, los tribunales deberán darles peso y deferencia a las 

interpretaciones que la agencia realice de aquellas leyes particulares que 

administra. Íd. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha dispuesto que la deferencia 

que le deben los tribunales a la interpretación que haga el ente 

administrativo sobre aquellas leyes y reglamentos que le corresponde 

poner en vigor, cede si la agencia: “(1) erró al aplicar la ley; (2) actuó 

arbitraria, irrazonable o ilegalmente, o (3) lesionó derechos constitucionales 

fundamentales”. Torres Rivera v. Policía de PR, supra, págs. 627-628; OEG 

v. Martínez Giraud, supra. Finalmente, nuestra más Alta Curia ha 

expresado que, conforme a lo anterior, el criterio administrativo no podrá 

prevalecer en aquellas instancias donde la interpretación estatutaria 

realizada por una agencia provoque un resultado incompatible o contrario 

al propósito para el cual fue aprobada la legislación y la política pública que 

promueve. Así, “la deferencia judicial al expertise administrativo, concedido 

cuando las agencias interpretan la ley, tiene que ceder ante actuaciones 
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que resulten irrazonables, ilegales o que conduzcan a la comisión de una 

injusticia”. OEG v. Martínez Giraud, supra, pág. 11.

B

La Sección 19 del Artículo VI de nuestra Constitución establece que 

será política pública “reglamentar las instituciones penales para que sirvan

a sus propósitos en forma efectiva y propender, dentro de los recursos 

disponibles, al tratamiento adecuado de los delincuentes para hacer 

posible su rehabilitación moral y social”. Art. VI, Sec. 19, Const. ELA, LPRA, 

Tomo I. A raíz de ello, el Plan de Reorganización Núm. 2 de 21 de 

noviembre de 2011, según enmendado, conocido como el Plan de 

Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011, 

3 LPRA Ap. XVIII (Plan de Reorganización Núm. 2-2011), provee para un 

sistema de custodia de las personas que han sido encontradas incursas en 

la comisión de un delito o falta y para que establezcan procesos de 

rehabilitación moral y social del miembro de la población correccional o 

transgresor, a fin de fomentar su reincorporación a la sociedad. 3 LPRA Ap. 

XVIII, Art. 2. Asimismo, el citado Plan viabiliza los programas de desvío, 

mediante los cuales las personas convictas pueden cumplir parte de su 

sentencia fuera de la institución penal. 

A esos fines, el Artículo 16 del Plan de Reorganización Núm. 2-2011,

3 LPRA Ap. XVIII, Art. 16, regula lo concerniente a los programas de 

desvío. En particular, el referido articulado rezaba como sigue:

El Secretario establecerá mediante reglamento los objetivos 

de cada programa de desvío, cómo habrán de operar, los 

criterios y condiciones para la concesión de dicho privilegio, 

así como también los criterios, condiciones y proceso que 

habrá de seguirse para la revocación del privilegio y 

administrará los programas de desvío donde las personas 

convictas puedan cumplir parte de su sentencia fuera de la 

institución correccional. La opinión de la víctima habrá de 

tomarse en consideración como uno de los criterios para 

conceder el privilegio de ubicar a un miembro de la población 

correccional en un programa de desvío.

No serán elegibles para participar en los programas de desvío 

establecidos por el Departamento las siguientes personas:

(a) Toda persona convicta que esté cumpliendo 

sentencia por los siguientes delitos:
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(1) Escalamiento agravado, producción, 

posesión y distribución de pornografía y la 

utilización de un menor para la pornografía 

infantil;

(2) [T]oda persona convicta por delito grave de 

segundo grado o de un delito de mayor 

severidad;

(3) [V]iolaciones a las secs. 2101 et seq. del 

Título 24, conocidas como “Ley de 

Sustancias Controladas de Puerto Rico”, 

excepto las violaciones a la sec. 2404 del 

Título 24, y

(4) [V]iolaciones a las secs. 561 et seq. del 

Título 25, conocidas como la “Ley de 

Explosivos de Puerto Rico”;

(b) [T]oda persona convicta por la comisión de 

cualquier delito grave que no sea de los incluidos 

en el inciso (a) de este [A]rtículo, hasta que haya 

cumplido por lo menos un veinte (20) por ciento de 

la sentencia de reclusión en una institución 

correccional, excluyendo toda clase de 

bonificaciones y se determine por el Secretario que 

no representa una amenaza para la comunidad;

(c) [T]oda persona convicta por delito grave a la cual 

se le haya hecho una determinación de 

reincidencia agravada o reincidencia habitual de 

conformidad a las disposiciones del Código Penal 

de Puerto Rico de 2004; y

(d) [T]oda persona convicta mientras no haya 

satisfecho la pena especial dispuesta en la anterior

sec. 4695 del Título 33.

Se podrá excluir de la aplicación de las disposiciones de este 

[A]rtículo a los miembros de la población correccional bajo la 

custodia del Departamento que confronten problemas de 

salud con prognosis de vida corta y con condiciones 

fisiológicas limitantes. Para que proceda esta exclusión 

deberá mediar una recomendación del Departamento 

acompañada de una certificación médica sobre el miembro 

de la población correccional con la prognosis de vida. 

Además, los miembros de la población correccional no deben 

representar peligro para la comunidad.

Nada de lo dispuesto en este [A]rtículo menoscaba el deber 

del Secretario de proveer y establecer programas de 

tratamiento y rehabilitación conforme a lo dispuesto en este 

Plan. 3 LPRA Ap. XVIII, Art. 16.

Ahora bien, el precitado articulado fue recientemente enmendado 

mediante la Ley Núm. 79 de 27 de septiembre de 2022 (Ley Núm. 79-2022).

En la Exposición de Motivos de dicho estatuto, la Asamblea Legislativa

entendió que en la población penal se debía “reenfocar el sistema y 
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comenzar a proveerle a este sector de la sociedad posibilidades reales que 

propendan a su rehabilitación”. Además, sostuvo que no se justificaba que, 

en ciertos delitos graves, luego que la persona confinada haya completado 

una parte sustancial de su sentencia y exhibiera buena conducta, “se le 

niegue la oportunidad de brindarle un programa que propenda a su total 

rehabilitación y l[a] prepara para la libre comunidad”. Exposición de 

Motivos, Ley Núm. 79-2022.

Conforme a lo anterior, la Ley Núm. 79-2022 enmendó el Artículo 16 

del Plan de Reorganización Núm. 2-2011, supra, para que lea de la 

siguiente forma:

El Secretario establecerá mediante reglamento los objetivos 

de cada programa de desvío, cómo habrán de operar, los 

criterios y condiciones para la concesión de dicho privilegio, 

así como también los criterios, condiciones y procesos que 

habrá de seguirse para la revocación del privilegio y 

administrará los programas de desvío donde las personas 

convictas puedan cumplir parte de su sentencia fuera de la 

institución correccional. La opinión de la víctima habrá de 

tomarse en consideración como uno de los criterios para 

conceder el privilegio de ubicar a un miembro de la población 

correccional en un programa de desvío. No serán elegibles 

para participar en los programas de desvío establecidos 

por el Departamento las siguientes personas:

(a) Toda persona convicta que esté cumpliendo 

sentencia por los siguientes delitos:

(1) Producción, posesión y distribución de 

pornografía y la utilización de un menor para 

la pornografía infantil;

(2) [V]iolaciones a las secs. 2101 et seq. del 

Título 24, conocidas como “Ley de 

Sustancias Controladas de Puerto Rico”, 

excepto las violaciones a la sec. 2404 del 

Título 24;

(3) [V]iolaciones a las secs. 561 et seq. del 

Título 25, conocidas como la “Ley de 

Explosivos de Puerto Rico”;

(4) [T]oda persona convicta por delito grave 

de primer grado.

(b) Toda persona convicta por la comisión de cualquier 

delito grave que no sea de los incluidos en el inciso 

(a) de esta sección, hasta que haya cumplido por 

lo menos un veinte (20) por ciento de la sentencia 

de reclusión en una institución correccional, 

excluyendo toda clase de bonificaciones y se 
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determine por el Secretario que no representa una 

amenaza para la comunidad;

(c) [T]oda persona convicta por delito grave a la cual 

se le haya hecho una determinación de 

reincidencia agravada o reincidencia habitual de 

conformidad a las disposiciones del Código Penal 

de Puerto Rico de 2004, y

(d) [T]oda persona convicta mientras no haya 

satisfecho la pena especial dispuesta en el Artículo 

67 del Código Penal de Puerto Rico de 2004, antes 

citada.

Se podrá excluir de la aplicación de las disposiciones de esta

sección a los miembros de la población correccional bajo la 

custodia del Departamento que confronten problemas de 

salud con prognosis de vida corta y con condiciones 

fisiológicas limitantes. Para que proceda esta exclusión 

deberá mediar una recomendación del Departamento 

acompañada de una certificación m[é]dica sobre el miembro 

de la población correccional con la prognosis de vida. 

Además, los miembros de la población correccional no deben 

representar peligro para la comunidad.

Nada de lo dispuesto en esta sección menoscaba el deber del 

Secretario de proveer y establecer programas de tratamiento 

y rehabilitación conforme a lo dispuesto en este Plan. 3 LPRA 

Ap. XVIII, Art. 16. (Énfasis nuestro).

Por otro lado, a tenor con las facultades concedidas por el Plan de 

Reorganización Núm. 2-2011, supra, el DCR promulgó el Reglamento del 

Programa Integral de Reinserción Comunitaria, Reglamento Núm. 9242 del 

11 de diciembre de 2020 (Reglamento Núm. 9242). En lo aquí atinente, el 

Artículo VII de dicho cuerpo reglamentario establecía los criterios de 

elegibilidad específicos para los programas comunitarios de base religiosa 

y de Hogares CREA. De la misma forma, el Artículo VIII desglosaba las 

exclusiones a dichos beneficios. En específico, su inciso (1)(c) disponía que 

no serían elegibles para participar de los programas de desvío establecidos 

por el DCR toda persona convicta por delito grave de segundo grado o de 

un delito de mayor severidad.

Sin embargo, recientemente, el Reglamento Núm. 9242 quedó 

derogado por el Reglamento del Programa Integral de Reinserción 

Comunitaria, Reglamento Núm. 9488 de 9 de agosto de 2023 (Reglamento 

Núm. 9488), efectivo el 7 de septiembre de 2023. En armonía con la Ley

Núm. 79-2022, el Artículo VIII del Reglamento Núm. 9488 esboza las 
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siguientes exclusiones para participar en los programas de desvío 

establecidos por el DCR:

No serán elegibles para participar en los programas de 

desvío establecidos por el Departamento las siguientes 

personas:

1. Toda persona convicta que esté cumpliendo 

sentencia par los siguientes delitos: 

a. Producción, posesión y distribución de pornografía 

y la utilización de un menor para la pornografía 

infantil.

b. Violaciones a la Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971, 

según enmendada, conocida como Ley de 

Sustancias Controladas de Puerto Rico, excepto 

las violaciones al Artículo 404 de dicha Ley.

c. Violaciones a la Ley Núm. 134 de 28 de junio de 

1969, según enmendada, conocida como la Ley de 

Explosivos de Puerto Rico.

d. Toda persona convicta por delito grave de 

primer grado. (Énfasis nuestro).

[...]

A la luz de la normativa antes expuesta, procedemos a disponer de 

la controversia ante nuestra consideración.

III

Como primer señalamiento de error, la parte recurrente sostiene que 

la Coordinadora del Programa de Desvío del DCR incidió al utilizar como 

fundamento para denegar la solicitud de participación en los programas de 

desvío la Ley Núm. 49-1995. En su segundo señalamiento de error, alega 

que dicha Coordinadora erró al indicar que el Plan de Reorganización Núm. 

2-2011, supra, excluye de los programas de desvío a las personas 

convictas por asesinato en primer grado. Como tercer señalamiento de 

error, plantea que la referida Coordinadora violó el mandato constitucional 

a la rehabilitación como derecho fundamental de las personas confinadas, 

independientemente esta haya sido convicta por asesinato en primer grado 

o no. En su cuarto y último señalamiento de error, arguye que la 

Coordinadora del Programa de Desvío del DCR incidió al actuar de forma 

arbitraria e injustificada, ello en violación a su derecho a rehabilitarse y en 

contravención a la igual protección de las leyes y reglamentos.
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En síntesis, el recurrente fundamenta sus señalamientos de error en 

que la reglamentación que regula los programas de desvío no excluye a las 

personas convictas por asesinato en primer grado, sino que promueven la 

rehabilitación de esta y les brinda la oportunidad de beneficiarse de los 

mencionados programas como una segunda oportunidad para lograr 

reintegrarse a la libre comunidad. Sostiene que, según la reglamentación 

aplicable, cualifica para participar en los referidos programas de desvío.

Sobre ese particular, arguye que la Ley Núm. 49-1995, utilizada como 

fundamento en la determinación recurrida, fue derogada y, en su lugar, se 

creó el Plan de Reorganización Núm. 2-2011, supra. Asimismo, aduce que, 

aunque el DCR goza de cierta discreción, dicho organismo administrativo 

había actuado de forma arbitraria e irrazonable, por lo que procedía el 

recurso de revisión judicial. Por otro lado, señala que ha observado una 

conducta excelente durante los diecinueve (19) años que ha estado 

confinado y que cumple con todos los requisitos necesarios para estar en 

la libre comunidad mediante los programas de desvío. En virtud de ello, 

solicita que ordenemos al DCR a que le permita participar en el programa 

de desvío de libertad bajo supervisión electrónica o en el de hogar de 

adaptación. 

Luego de un examen sosegado del expediente ante nos, así como 

de la ley aplicable, entendemos que la interpretación planteada por la parte 

recurrente no refleja la intención de la Asamblea Legislativa en los estatutos 

y reglamentación citada por este. A los fines de atender el recurso de 

epígrafe, hemos evaluado con detenimiento la reglamentación aprobada 

sobre los programas de rehabilitación disponibles para los miembros de la 

población correccional. Constatamos que, durante los pasados años, el 

Plan de Reorganización Núm. 2-2011, supra, ha sido enmendado en varias 

ocasiones y se han aprobado y derogado múltiples reglamentos, los cuales 

excluyen a los convictos por asesinato en primer grado de su participación 

en dichos programas. Actualmente, el Artículo VIII del Reglamento Núm. 

9488 expresamente excluye de los programas de desvío a “[t]oda persona 
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convicta por delito grave de primer grado”. Igualmente, el Artículo 16 del 

Plan de Reorganización Núm. 2-2011, supra, según enmendado por la Ley 

Núm. 79-2022, expresamente excluye de los mencionados programas a las 

personas convictas por delito grave de primer grado.

En el presente caso, Romero Hernández fue sentenciado, entre 

otras cosas, por la comisión de asesinato en primer grado. En virtud de 

nuestro ordenamiento jurídico vigente, el recurrente no cumple con los 

requisitos legales para ser elegible al Programa de Pase Extendido con 

Monitoreo Electrónico y a los Programas Religiosos y Hogar CREA, toda 

vez que su convicción por asesinato en primer grado constituye una 

exclusión para participar de tales programas de desvío, conforme al 

Reglamento Núm. 9488 y al Plan de Reorganización Núm. 2-2011, supra, 

según enmendado por la Ley Núm. 79-2022. Así las cosas, de conformidad 

con los fundamentos expuestos, coincidimos con los dictámenes del DCR

de denegarle a la parte recurrente los referidos programas de desvío, no 

porque carecía de una expectativa de beneficiarse de ellos durante su 

proceso de rehabilitación, sino debido a que no cumple con los requisitos 

reglamentarios establecidos de elegibilidad. 

En mérito de lo antes expuesto, sostenemos las determinaciones

agenciales recurridas. Nada en el expediente de autos sugiere que los

pronunciamientos que atendemos hayan resultado de un ejercicio arbitrario 

atribuible al DCR. Por tanto, toda vez que el recurrente no derrotó la 

presunción de corrección de las resoluciones que nos ocupan, 

confirmamos las determinaciones administrativas recurridas.

IV

Por los fundamentos que anteceden, confirmamos las

determinaciones administrativas recurridas.

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones