Número Identificador

RES2023 ________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

REGIÓN JUDICIAL DE CAGUAS

PANEL XI-ESPECIAL

KHETAM ODEH

EX PARTE

Peticionaria

KLCE202301287

Certiorari 

procedente del 

Tribunal de 

Primera Instancia, 

Sala Superior de 

Caguas

Caso Núm.:

CG2022CV03421

Sobre:

Nombramiento de 

Administrador de 

los Bienes del 

Finado (Causante)

Panel integrado por su presidenta; la Juez Lebrón Nieves, el Juez 

Adames Soto y la Jueza Martínez Cordero

Lebrón Nieves, Juez Ponente

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2023.

El 16 de noviembre de 2023, compareció ante este Tribunal 

de Apelaciones, Khetam Odeh, Anuar, Manal, Nura y Mistafa 

Sammy Odeh, Akram Odeh e Ibrahim Odeh, (en adelante, parte 

peticionaria) mediante recurso de Certiorari. Por medio del recurso, 

la parte peticionaria nos solicita que atendiéramos una paralización 

incoada mediante otro recurso de Certiorari presentado ante este 

Foro el pasado 3 de octubre de 2023.

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

desestima el recurso de epígrafe por falta de jurisdicción.

I

Habida cuenta que se han presentado varios recursos 

respecto a la controversia que nos ocupa en adelante, resumiremos 

los hechos e incidencias procesales pertinentes a la controversia de 

autos. 
KLCE202301287 2

 Conforme surge del expediente, el 12 de octubre de 2022, la 

señora Khetam Odeh, presentó la Petición de Nombramiento de 

Administrador Judicial, mediante procedimiento Ex Parte, a los fines 

de que el Tribunal de Primera Instancia la designara como 

administradora judicial de los bienes del señor Sammy Odeh. Surge 

de la aludida petición que, la señora Khetam Odeh era la cónyuge 

supérstite del señor Sammy Odeh, con quien procreó siete (7) hijos: 

el señor Ibrahim Sammy Odeh; el señor Akram Sammy Odeh; la 

señora Manal Sammy Odeh; el señor Mustafa Sammy Odeh; la 

señora Anuar Sammy Odeh; la señora Nura Sammy Odeh, y el señor 

Awadallah Sammy Odeh. La parte peticionaria, alegó que, el señor 

Sammy Odeh había dejado bienes en Puerto Rico y en el extranjero, 

que incluían bienes inmuebles, efectivo, acciones y unidades de 

membresía. De igual forma, adujo que, todos sus hijos, con 

excepción del señor Awadallah Odeh, habían acordado designar a la 

señora Khetam Odeh como administradora de los bienes y el caudal 

del señor Sammy Odeh. Así lo hizo constar mediante declaraciones 

juradas firmadas por estos, anejadas a su petición. 

En el ínterin del desarrollo de este caso, el Sr. Awadalla Odeh 

compareció ante el Foro Primario mediante una Urgente Moción 

Informando Solicitud de Consolidación y Solicitud de Paralización de 

Vista. Solicitó la consolidación del caso de epígrafe con el caso 

CG2022CV03286, que se encontraba pendiente en otra sala. A tales 

efectos, solicitó que se paralizaran los procedimientos del caso 

CG2022CV03421, hasta tanto se resolviera la solicitud de 

consolidación. 

Subsiguientemente, la parte peticionaria presentó la Moción 

en Oposición a Solicitud de Paralización de los Procedimientos y de 

Alegada Consolidación. En esencia, la parte peticionaria sostuvo 

que, no procedía la consolidación de los casos, debido a que el caso 

CG2022CV03286 se trataba de un caso de carácter contencioso. 
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Asimismo, adujo que, conforme al Art. 1745 del Código Civil de 

2020,1 en la designación del administrador de la herencia, el 

tribunal debía considerar, entre otros factores, el orden de prelación, 

siendo el cónyuge supérstite el primero en la lista. Por lo anterior, 

le solicitó al foro de primera instancia que declarara No Ha Lugar la 

solicitud del señor Awadallah Odeh. 

El 9 de diciembre de 2023, el señor Awadallah Odeh presentó 

la Oposición a Nombramiento de Administrador Judicial. Se 

desprende de la referida moción, que el señor Awadallah Odeh se 

opuso al nombramiento de la señora Khetam Odeh como 

administradora judicial, y solicitó que se nombrara a un 

administrador judicial que no estuviera relacionado a la familia de 

forma alguna. Expresó que, la señora Khetam Odeh nunca estuvo 

a cargo o al tanto de los asuntos del caudal, y que era el señor 

Ibrahim Odeh quien controlaba todo lo relacionado a las finanzas de 

la familia, así como del caudal del señor Sammy Odeh. 

Acaecidas varias incidencias procesales, innecesarias 

pormenorizar, el 10 de enero de 2023, el Tribunal de Primera 

Instancia celebró una Vista Argumentativa con el propósito de 

evaluar la capacidad de la parte peticionaria para desempeñar el 

cargo de administradora de los bienes y del caudal del señor Sammy 

Odeh. En la vista, fueron presentados los testimonios de la señora 

Khetam Odeh, del señor Akram Odeh y del señor Awadallah Odeh. 

El 28 de febrero de 2023, el foro recurrido emitió una 

Resolución. En virtud de esta, luego de evaluar los planteamientos 

y testimonios esbozados en la Vista Argumentativa, concluyó que, la 

señora Khetam Odeh no tenía el conocimiento necesario para 

determinar cómo manejar los bienes del caudal, en especial el 

negocio de Sammy Odeh & Sons, LLC, por no entender los conceptos 

1 31 LPRA Sec. 11524. 
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básicos de la administración del negocio y su manejo. El foro 

primario añadió que, la señora Khetam Odeh desconocía los efectos 

de una mala administración, y la necesidad del negocio de rendir y 

pagar contribuciones. De igual forma, se desprende de la 

Resolución, que la parte peticionaria no conocía el nombre completo 

del CPA que alegadamente contrataron con relación a los asuntos 

del caudal ni cuánto se le iba a pagar. Conforme a lo anterior, el 

Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la Petición de 

Nombramiento de Administrador Judicial incoada por la señora 

Khetam Odeh. Asimismo, les ordenó a las partes que, en el periodo 

de siete (7) días perentorios, sometieran al foro de primera instancia 

tres (3) nombres en conjunto, para la asignación del administrador 

judicial. Les apercibió que, el incumplimiento de la orden 

conllevaría que el foro primario designara, como correspondiese en 

derecho.

La parte peticionaria presentó la Moción en Cumplimiento de 

Orden el 7 de marzo de 2023. Sugirió como candidatos a 

administrador judicial al señor Akram Sammy Odeh y a la señora 

Nura Sammy Odeh. Arguyó que, con el propósito de elegir a un 

tercer candidato intentó comunicarse con la representación legal del 

señor Awadallah Sammy Odeh y con este pero que tal intento fue 

infructuoso. 

No obstante, el 8 de marzo de 2023, el señor Awadallah 

Sammy Odeh, presentó la Moción en Cumplimiento de Orden. Adujo 

que, una persona imparcial independiente de la familia y sus 

abogados debía ser la persona que ejerciera las funciones de 

administrador judicial del caudal del señor Sammy Odeh. De 

acuerdo con lo anterior, sugirió al licenciado Juan Lorenzo Martínez, 

CPA, para que ejerciera como administrador judicial.

Luego de varios trámites procesales innecesarios 

pormenorizar, el 10 de marzo de 2023, el Tribunal de Primera 
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Instancia emitió una Orden en la cual les ordenó a las partes que en 

un término de cinco (5) días, sometieran tres (3) nombres alternos 

de candidatos a ocupar el puesto de Administrador Judicial. Les 

advirtió que, de no cumplir con lo ordenado el tribunal realizaría el 

nombramiento. Así las cosas, y ante la incapacidad de las partes en 

llegar a un acuerdo sobre la designación del administrador judicial, 

el foro a quo, mediante la Orden Sobre Designación de Administrador 

Judicial, nombró al licenciado Jorge M. Azize (CPA) como 

administrador judicial del caudal del señor Sammy Odeh. 

Surge de la orden recurrida que, la primera instancia judicial 

señaló una vista urgente para el 17 de abril de 2023, para que el 

licenciado Jorge M. Azize y las partes comparecieran con sus 

representantes legales. El 31 de marzo de 2023,2 la parte 

peticionaria presentó la Moción de Reconsideración. Le solicitó al 

foro de primera instancia que reconsiderara la Orden Sobre 

Designación de Administrador Judicial, puesto que esta había sido 

dictada antes de que vencieran los cinco (5) días perentorios 

concedidos a las partes por el Tribunal de Primera Instancia. De 

igual forma, argumentó sobre el orden de prelación respecto a las 

personas que pudiesen ser nombradas administradoras del caudal. 

Reiteró que el foro primario debía considerar al señor Akram Sammy 

Odeh y a la señora Nura Sammy Odeh como posibles candidatos 

para ocupar el cargo de administrador judicial. 

Ante el incumplimiento de las partes en presentar posibles 

candidatos al puesto de Administrador Judicial, el Tribunal de 

Primera Instancia sostuvo su determinación de designar al Lcdo. 

Jorge M. Azize. Posteriormente, para allá para el 21 de abril de 2023, 

la parte peticionara presentó una nueva Solicitud de Petición 

enmendada.3 Mediante esta, le solicitó al Tribunal de Primera 

2 Entrada 31 en el expediente judicial en el SUMAC.

3 Entrada 81 en el expediente judicial en el SUMAC.
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Instancia que le permitiera enmendar la Petición con el fin de 

sustituir al señor Khetam Odeh, por su hijo, el señor Akram Sammy 

Odeh para ejercer el cargo de administrador judicial del caudal del 

señor Sammy Odeh. Además, le solicitó al foro de primera instancia 

que, señalara una vista evidenciaria para evaluar la capacidad del 

señor Akram Sammy Odeh para fungir como administrador judicial. 

Luego de varios trámites procesales, que son innecesarios 

mencionar en este momento, ante la denegatoria del Foro a quo, e 

inconforme con lo resuelto, el 25 de abril de 2023, la parte 

peticionaria acudió ante este foro revisor mediante Certiorari.

En igual fecha, junto a su recurso, presentó la Moción en 

Auxilio de Jurisdicción. Por medio de esta, nos solicitó que 

paralizáramos los procedimientos pendientes ante el Tribunal de 

Primera Instancia. El procedimiento continúo ventilándose 

referente a la incorporación de la representación de la Lcda. 

Margarita Ramos Rosado. No obstante, el planeamiento ser la 

adjudicación del administrador judicial, Lcdo. Jorge Azize no fue 

resuelto en ese momento, ya que el recurso fue desestimado por 

prematuro.4

Posteriormente y dentro del curso ordinario de los 

procedimientos, el licenciado Azize fue designado por el foro 

primario como administrador judicial. Sin embargo, este aún no ha 

podido ejercer sus funciones debido ante las objeciones de la parte 

peticionaria las cuales han generado distintas incidencias 

procesales. Inconforme con lo resuelto en la minuta resolución

emitida el 6 de septiembre de 2023 sobre vista celebrada el 22 de 

agosto de 2023 y notificada el 31 de agosto de 2023,5 la parte 

peticionaria acudió ante este foro revisor mediante el recurso de 

Certiorari. En aquel momento resolvimos que el Tribunal de 

4 Entrada 98 en el expediente judicial en el SUMAC.

5 Entrada 185 en el expediente judicial en el SUMAC.
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Instancia podía nombrar un administrador judicial en ausencia de 

un acuerdo entre las partes. Toda vez que el Código de 

Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA, provee discreción al juzgador en 

ausencia de acuerdo entre las partes.

Posteriormente la parte demandante presentó una solicitud 

de desistimiento al amparo de la Regla 39.1(b) que fue declarada No 

ha lugar por el Tribunal de Instancia.6

Así las cosas y luego de múltiples trámites procesales ante el 

foro primario sobre los mismos méritos, lo cual no son necesarios 

abundar, la parte peticionaria recurre nuevamente ante este foro 

planteando el siguiente señalamiento de error:

Primero: Erró el honorable Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Caguas al decretar sin lugar la 

solicitud de desistimiento presentada por los 

peticionarios-recurrentes.

Por no entender necesaria la comparecencia de la parte 

recurrida, prescindimos de esta.

7

II

A. El Certiorari

El certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un 

tribunal de jerarquía superior puede revisar discrecionalmente una 

decisión de un tribunal inferior. Caribbean Orthopedics v. Medshape 

et al., 207 DPR 994, 1004 (2021); Pueblo v. Rivera Montalvo, 205 

DPR 352, 372 (2020); Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 

DPR 723, 728-729 (2016); IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 

307, 337-338 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917 

(2009). Ahora bien, tal “discreción no opera en lo abstracto. A esos 

efectos, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 40, dispone los criterios que dicho foro deberá 

6 Entrada 221 en el expediente judicial en el SUMAC.

7 En virtud de la Regla 7 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B R.7, este tribunal tiene la facultad para prescindir de términos no 

jurisdiccionales, escritos, notificaciones o procedimientos específicos en cualquier 

caso ante su consideración, con el propósito de disponer el recurso de manera 

eficiente.
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considerar, de manera que pueda ejercer sabia y prudentemente su 

decisión de atender o no las controversias que le son planteadas”. 

Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008); Pueblo 

v. Rivera Montalvo, supra, pág. 372. La precitada Regla dispone lo 

siguiente:

El Tribunal tomará en consideración los siguientes 

criterios al determinar la expedición de un auto de 

certiorari o de una orden de mostrar causa:

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho.

(B) Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema.

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia.

(D) Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

(E) Si la etapa de los procedimientos en que se 

presenta el caso es la más propicia para su 

consideración.

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causa un fraccionamiento indebido del pleito 

y una dilación indeseable en la solución final del litigio.

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia. 4 LPRA Ap. XXIIB, R. 40.

No obstante, “ninguno de los criterios antes expuestos en la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, es 

determinante, por sí solo, para este ejercicio de jurisdicción, y no 

constituye una lista exhaustiva”. García v. Padró, 165 DPR 324, 327 

(2005). Por lo que, de los factores esbozados “se deduce que el foro 

apelativo intermedio evaluará tanto la corrección de la decisión 

recurrida, así como la etapa del procedimiento en que es presentada; 

esto, para determinar si es la más apropiada para intervenir y no 

ocasionar un fraccionamiento indebido o una dilación injustificada 

del litigio”. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, pág. 97.
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El certiorari, como recurso extraordinario discrecional, debe 

ser utilizado con cautela y solamente por razones de peso. Pérez v. 

Tribunal de Distrito, 69 DPR 4, 7 (1948). Este procede cuando no 

está disponible la apelación u otro recurso que proteja eficaz y 

rápidamente los derechos del peticionario. Pueblo v. Tribunal 

Superior, 81 DPR 763, 767 (1960). Nuestro Tribunal Supremo ha 

expresado también que “de ordinario, el tribunal apelativo no 

intervendrá con el ejercicio de la discreción de los tribunales de 

instancia, salvo que se demuestre que hubo un craso abuso de 

discreción, o que el tribunal actuó con prejuicio o parcialidad, o que 

se equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier norma 

procesal o de derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa 

etapa evitará un perjuicio sustancial”. Zorniak Air Servs. v. Cessna 

Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992); Rivera y otros v. Bco. Popular, 

152 DPR 140, 155 (2000).

B. Jurisdicción

Nuestro Tribunal Supremo, ha definido la jurisdicción como 

el poder que ostentan los tribunales para considerar y decidir los 

casos y las controversias que sean presentados a su atención. 

Miranda Corrada v. DDEC et al., 2023 TSPR 40, 211 DPR ___ (2023); 

Beltrán Cintrón et al. v. ELA et al., 204 DPR 89, 101 (2020); Torres 

Alvarado v. Madera Atiles, 202 DPR 495, 499-500 (2019). Es 

normativa reiterada que, los tribunales debemos ser celosos 

guardianes de nuestra jurisdicción, es por lo que, los asuntos 

relativos a la jurisdicción son privilegiados y deben ser atendidos 

con prontitud. Báez Figueroa v. Adm. Corrección, 209 DPR 288, 298 

(2022); Torres Alvarado v. Madera Atiles, supra, pág. 500. La 

ausencia de jurisdicción puede ser levantada motu proprio, ya que, 

esta incide de forma directa sobre el poder del tribunal para 

adjudicar una controversia. Allied Mgmt. Group v. Oriental Bank, 204 

DPR 374, 386 (2020); Torres Alvarado v. Madera Atiles, supra, pág. 
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500; Ruiz Camilo v. Trafon Group Inc., 200 DPR 254, 268 (2018); 

Suffront v. AAA, 164 DPR 663, 674 (2005). 

La Alta Curia ha dispuesto que, para que un recurso quede 

perfeccionado es necesaria su oportuna presentación y notificación 

del escrito a las partes apeladas. González Pagán v. Moret Guevara, 

202 DPR 1062, 1070-1071 (2019). Una de las instancias en que un 

tribunal carece de jurisdicción es cuando se presenta un recurso 

tardío o prematuro. Lo anterior, debido a que, una apelación o 

recurso prematuro, al igual que uno tardío adolece del grave e 

insubsanable defecto de falta de jurisdicción. Báez Figueroa v. Adm. 

Corrección, supra, pág. 299; AFI v. Carrión Marrero, 209 DPR 1 

(2022); Yumac Home Furniture v. Caguas Lumber Yard, 194 DPR 96, 

107 (2015). Su presentación carece de eficacia y como consecuencia 

no produce ningún efecto jurídico, pues no hay autoridad judicial 

para acogerlo. Báez Figueroa v. Adm. Corrección, supra, pág. 299; 

AFI v. Carrión Marrero, supra, pág. 4. 

Un recurso de revisión tardío es aquel que se presenta fuera 

del término disponible para ello, y que, consecuentemente, 

manifiesta la ausencia de jurisdicción. Desestimar un recurso por 

ser tardío priva fatalmente a la parte de presentarlo nuevamente, 

ante ese mismo foro, o ante cualquier otro. Yumac Home Furniture 

v. Caguas Lumber Yard, supra, pág. 107. En cambio, la 

desestimación de un recurso por prematuro le permite a la parte que 

recurre volver a presentarlo, una vez el foro apelado resuelve lo que 

estaba ante su consideración. Íd.

Por consiguiente, un tribunal no tiene discreción para asumir 

jurisdicción donde no la hay, si carece de jurisdicción, deberá así 

declararlo y desestimar la reclamación sin entrar en sus méritos, 

pues la falta de jurisdicción no es susceptible de ser subsanada. Íd.; 

Mun. De San Sebastián v. QMC Telecom, 190 DPR 652, 600 (2014); 
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Suffront v. AAA, supra, pág. 674; Cobra Acquisitions v. Mun. Yabucoa 

et al., 210 DPR 384, 394-395 (2022). 

Cónsono con lo anterior, la Regla 83 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones,

8 confiere facultad a este Tribunal para a 

iniciativa propia o a petición de parte desestimar un recurso de 

apelación o denegar un auto discrecional cuando este foro carece de 

jurisdicción.

C. La Minuta

La Regla 32(B) de las Reglas para la Administración del 

Tribunal de Primera Instancia del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico de 1999, (Reglas para la Administración del Tribunal de 

Primera Instancia), en su primer inciso, define las minutas como 

“[e]l registro oficial de las incidencias más importantes ocurridas 

durante la vista judicial en el salón de sesiones y en cámara.” Esta 

regla, además dispone que, de ordinario, “[l]a minuta no será 

notificada a las partes o a sus abogados, salvo que incluya una 

Resolución u Orden emitida por el juez o la jueza en corte abierta, 

en cuyo caso será firmada por el juez o la jueza y notificada a 

las partes”.

9 (Énfasis nuestro) Véase Sánchez et als. v. Hosp. Dr. Pila 

et als., 158 DPR 255, 262 (2002).

El Tribunal Supremo ha reiterado que, cuando una minuta 

incluya una resolución u orden emitida por el tribunal en corte 

abierta deberá contar con la firma del juez o jueza que la dictó. 

Pueblo v. Ríos Nieves, 209 DPR 264 (2022). Es por lo que la referida 

regla le impone un requisito de forma al juez que emitió la 

determinación en corte abierta para que, con su firma, le supla 

validez y certeza a la decisión recogida mediante la minuta. Íd. Para 

que la orden o resolución acogida dentro de la minuta tenga 

8 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83.

9 Regla 32(B) de las Reglas para la Administración del Tribunal de Primera 

Instancia. 
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legitimidad y eficacia, es necesario que esté firmada por la juez o la 

jueza que emitió el dictamen interlocutorio. Íd. Conforme lo antes 

dispuesto, la Minuta deberá ser firmada por el juez o la jueza para 

que pueda ser un dictamen revisable por los tribunales revisores.10 

Esbozada la normativa jurídica, procedemos a aplicarla a la 

controversia de epígrafe. 

III

Como tribunal apelativo, en primer lugar, estamos obligados 

a examinar si tenemos jurisdicción para atender el recurso 

presentado. 

La parte peticionaria nos solicita la revisión de una Minuta

emitida por el foro de primera instancia el 2 de noviembre de 2023, 

producto de una vista celebrada el 27 de octubre de 2023. En virtud 

de esta, la primera instancia judicial, en corte abierta, declaró No 

Ha Lugar la Solicitud de Desistimiento por la parte Demandante. Sin 

embargo, de un examen de la Minuta pudimos constatar que no 

contiene la firma de la juez que presidió la vista, por ende, esta no 

es revisable en estos momentos.

Según la normativa reseñada, para que la orden o resolución 

acogida dentro de la minuta tena legitimidad y eficacia, es necesario 

que esté firmada por la juez o la jueza que emitió el dictamen 

interlocutorio.

11 De lo contrario, no sería un dictamen revisable por 

este foro. 

Por motivo de que la Minuta recurrida no cumple con el 

requisito de incluir la firma de la juez que presidió la vista, nos 

encontramos impedidos de revisarla en esta etapa, por esta haber 

sido recurrida de forma prematura. Consecuentemente, carecemos 

10 Véase de manera persuasiva Cruz González v. Thermo King de Puerto Rico, 

(2006), KLCE200601305.

11 Pueblo v. Ríos Nieves, supra. 
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de jurisdicción para entrar en los méritos del recurso ante nuestra 

consideración. 

Aclaramos que, lo aquí resuelto no es óbice para que, una vez 

el juzgador de instancia le imprima su firma a la Minuta en cuestión, 

de así interesarlo las partes, recurran nuevamente ante este foro 

revisor. 

IV

Por los fundamentos que anteceden, se desestima el recurso 

de epígrafe por falta de jurisdicción.

Notifíquese.

Lo acordó y manda el Tribunal, y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones