Número Identificador

RES2024______________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL ESPECIAL

CRUZ OFELIA MORALES 

ALVERIO, Y OTROS

Parte Recurrida

v.

AAA CAR RENTAL, INC. 

H/N/C ALLIED CAR AND 

TRUCK RENTAL & EZ 

CAR RENTAL, 

COMPAÑÍAS 

ASEGURADORAS

“A,” “B” Y “C”

Parte Peticionaria

KLCE202301442

Certiorari,

procedente del Tribunal 

de Primera Instancia, 

Sala Superior de 

Carolina

Caso Núm.: 

SJ2021CV01676

Sobre: 

Bono de Navidad y otros

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, la Jueza Grana 

Martínez, el Juez Rodríguez Flores y el Juez Monge Gómez.

Monge Gómez, Juez Ponente

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de enero de 2024.

Compareció ante este Tribunal la parte peticionaria, AAA Car Rental, 

Inc. h/n/c Allied Car & Truck Rental (en adelante, “Allied” o “Peticionario”),

mediante recurso de certiorari presentado el 19 de diciembre de 2023. Nos 

solicitó la revocación de la Orden dictada por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Carolina (en adelante, “TPI”), el 5 de diciembre 

de 2023, notificada y archivada en autos ese mismo día. Mediante el 

referido dictamen, el TPI no autorizó la presentación de ciertas mociones 

de sentencia sumaria presentadas por Allied. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se deniega

la expedición del auto de certiorari ante nuestra consideración.

I.

Esta es la tercera ocasión que nos corresponde adjudicar la 

procedencia de una serie de controversias que se suscitaron posterior a la 
KLCE202301442 2

culminación del descubrimiento de prueba en el caso y tras la celebración 

de la Conferencia con Antelación al Juicio. Veamos.

El presente caso se inició el 15 de marzo de 2021, cuando la Sra.

Cruz Ofelia Morales Alverio y su esposo, José López Merced; el Sr. Carlos 

Ramos Berríos y su esposa, Rachelle Monfrino; el Sr. Juan Robles Anciani 

y su esposa, Diana Gerardino, y sus respectivas sociedades legales de 

gananciales compuestas por ellos (en adelante, “Demandantes” o 

“Recurridos”), presentaron una “Demanda” sobre despido injustificado, 

discrimen por impedimento y edad, ambiente hostil y represalias, entre 

otras reclamaciones, en contra del Peticionario y otras compañías 

aseguradoras.

Culminado el descubrimiento de prueba, el 8 de agosto de 2022 las 

partes presentaron el Informe Preliminar entre Abogados y Abogadas, en 

preparación para la celebración de la Conferencia con Antelación al Juicio. 

Como parte de las controversias suscitadas figuró la utilización de cierta 

grabación tomada por el codemandante, Juan Robles Anciani, que provocó 

que Allied solicitara la exclusión de dicha prueba mediante la presentación 

de una “Moción In Limine para excluir grabación” el mismo 8 de agosto 

de 2022.

En el ínterin, se celebró la Conferencia con Antelación al Juicio y 

luego de la discusión pertinente del Informe Preliminar entre Abogados y 

Abogadas, el foro primario le impartió su aprobación como el acta que 

regirá los procedimientos durante la vista en su fondo, la cual, quedó 

pautada para el 28 de agosto de 2023 al 1 de septiembre de 2023. Así las 

cosas, el 22 de noviembre de 2022, el TPI emitió Resolución y Orden

mediante la cual declaró Con Lugar la solicitud in limine y determinó que la 

grabación tomada era inadmisible en evidencia. Dicha determinación fue 

objeto de una moción de reconsideración que fue denegada por el foro a 

quo por vía de la Orden notificada el 9 de enero de 2023. Ello provocó que 

la codemandante, Cruz Ofelia Morales Alverio, compareciera mediante 

recurso de certiorari bajo el caso núm. KLCE202300124. Tras la evaluación 

de las posturas de las partes, el 28 de febrero de 2023, emitimos 
KLCE202301442 3

Resolución mediante la cual denegamos la expedición del auto. El 3 de 

mayo de 2023, se notificó la Carta de Trámite sobre Mandato en el caso

por parte de la Secretaría de este Tribunal.

Culminado el trámite apelativo, el 21 de junio de 2023, Allied 

presentó tres (3) mociones de sentencia sumaria, en las que solicitó la 

desestimación del pleito de epígrafe. Al día siguiente, el TPI emitió tres (3) 

Órdenes concediéndole a los Demandantes un término de veinte (20) días 

para presentar sus correspondientes réplicas. Estando vigente al referido 

plazo, el 10 de julio de 2023, los Recurridos presentaron “Urgente 

Solicitud de Término Adicional para Oponernos a las tres (3) Mociones 

Solicitando Sentencia Sumaria [y] para que se deje sin efecto el Juicio 

Pautado hasta tanto el Ilustre Foro Emita Decisión Respecto a las tres 

(3) Mociones de Sentencia Sumaria”. 

Ese mismo día, el foro recurrido emitió Orden en la cual expuso lo 

siguiente:

Surge del expediente que el descubrimiento de prueba 

finaliz[ó] el 25 de mayo de 2022, (Véase entrada número 

42[)].

El 9 de agosto de 2022 se discutió el informe de conferencia 

con antelación a juicio y se emitió una minuta-resolución que 

constituye la orden que establece la Regla 37.5 de 

Procedimiento Civil, y como consecuencia el Juicio en su 

Fondo est[á] señalado para la semana del 28 de agosto al 1ro 

de septiembre de 2023.

El 21 de junio de 2023, m[á]s de un año de haber culminado 

el descubrimiento de prueba y a menos de 60 d[í]as para 

comenzar el juicio, y sin la autorizaci[ó]n del Tribunal, los 

querellados-demandados han presentado varias solicitudes 

de sentencia sumaria.

La Regla 36.1 de Procedimiento Civil, dispone que una 

sentencia sumaria tiene que presentarse no más tarde de 

los treinta (30) días siguientes a la fecha límite 

establecida por el tribunal para concluir el 

descubrimiento de prueba. 

En vista de que el descubrimiento de prueba finaliz[ó] el 25 

de mayo del 2022, que el juicio del presente caso es uno 

laboral y est[á] pautado para comenzar el 28 de agosto al 

1ro de septiembre de 2023 y que los demandados 

presentaron las solicitudes [de] sentencia sumaria sin la 

autorización previa, este Tribunal no autoriza la presentación 

de las solicitudes de sentencia sumaria, por ser tardía y 

porque retrasaría los procedimientos. 
KLCE202301442 4

No ha lugar, a la suspensión del juicio.1

El 18 de julio de 2023, Allied presentó “Moción de 

Reconsideración”. Allí argumentó que desde la presentación del Informe 

Preliminar entre Abogados y Abogadas anunció su intención de presentar 

mociones dispositivas y que, debido a las particularidades del caso, el 

término para presentar mociones dispositivas no debió comenzar en la 

fecha en que terminó el descubrimiento de prueba, sino a partir de la fecha 

en que se resolvió de manera definitiva la controversia relacionada con la 

inadmisibilidad de las grabaciones. Adicionalmente, expresó que los 

argumentos en los que estarían fundamentadas las mociones dispositivas 

dependían de la adjudicación de la aludida controversia. 

Asimismo, el Peticionario arguyó que la consideración de dichas 

solicitudes facilitaría la dilucidación de las controversias, pues podrían 

resolverse todos los asuntos que tenía ante sí el TPI, de manera total o, 

cuanto menos, sustancialmente. Abonó que ello representaría un ahorro 

significativo de tiempo y dinero para las partes y el tribunal, tras esgrimir

que las mociones se fundamentaban en admisiones de los Recurridos y en 

asuntos de derecho. A la luz de lo anterior, solicitó que se reinstalara su 

dictamen previo en el que había requerido a los Recurridos presentar su 

oposición a las solicitudes de sentencia sumaria y, como consecuencia,

que se dejara sin efecto el señalamiento del juicio.

Al día siguiente, el foro recurrido dictó Resolución mediante la cual 

declaró “No Ha Lugar” la solicitud de reconsideración presentada por Allied. 

Cual fuera adelantado, dicha determinación provocó que el Peticionario 

presentara un recurso de certiorari bajo el alfanumérico KLCE202300835. 

Habiendo atendido las comparecencias de las partes, emitimos una 

segunda Resolución el 25 de agosto de 2023. Allí, entendimos innecesario 

intervenir con la Orden de 10 de julio de 2023. Posteriormente, Allied 

presentó una solicitud de reconsideración ante este Tribunal. Analizados 

los planteamientos esbozados, el 27 de septiembre de 2023, emitimos 

Resolución denegando la reconsideración y expresamos que “[s]u 

1 Véase, Apéndice del recurso, págs. 1,188-1190 (énfasis en el original).
KLCE202301442 5

planteamiento tiene que dirigirlo en primer lugar al Tribunal de Primera 

Instancia”.2

El 2 de octubre de 2023, el Peticionario presentó “Moción en 

Cumplimiento con Resolución del Tribunal de Apelaciones para 

solicitar que se consideren las Mociones de Sentencia Sumaria 

presentadas por Allied”. Expuso que según surgía de la Orden emitida 

por el TPI el 10 de julio de 2023, la cercanía del juicio, en aquel entonces, 

fue una razón o impedimento para la consideración de las mociones de 

sentencia sumaria. Es decir, que las mismas se denegaron por tardías por 

éstas haberse presentado a menos de 60 días de comenzar el Juicio que 

se encontraba pautado para comenzar el 28 de agosto de 2023. Por 

consiguiente, argumentó que desde dicha fecha hasta el señalamiento del 

juicio, existían sobre cuatro (4) meses que, respetuosamente entendemos, 

constituían tiempo suficiente para la consideración y resolución de las 

mociones dispositivas. Por tanto, expuso que la cercanía del juicio ya no 

podía considerarse una justificación razonable para denegarlas o un 

impedimento a la consideración y resolución de éstas.

Asimismo, reiteró el argumento a los efectos de que un examen de 

las mociones dispositivas presentadas por Allied, surgía que las mismas 

están basadas, principalmente, en las propias admisiones bajo juramento 

de los Recurridos, o en claros asuntos de derecho, y que servirán el útil 

propósito de facilitar el trámite del presente caso mediante la resolución 

total o sustancial de las controversias que el TPI tiene ante sí e implicaría

un ahorro significativo en la inversión de tiempo y dinero para las partes y

el foro de instancia. El 3 de octubre de 2023, el TPI emitió Orden mediante 

la cual expresó que una vez recibiera el mandato de este Tribunal, 

atendería esta última moción.

El 10 de noviembre de 2023, se registró y notificó la Carta de Trámite 

sobre Mandato. Así el trámite, el 5 de diciembre de 2023, el foro a quo

emitió Orden mediante la cual expuso lo siguiente:

2

Íd., págs. 1,265-1,266.
KLCE202301442 6

El presente caso trata de varias reclamaciones laborales y el 

juicio en su fondo est[á] pautado comenzar para la semana 

del 22 al 25 de enero del 2024.

En atenci[ó]n de la solicitud de la parte querellada, para que 

este Tribunal consideren [sic] las mociones de sentencia 

sumaria presentadas por el querellado, el Tribunal reitera la 

Orden emitida y notificada el 10 de julio del 2023 (Entrada 84) 

y no autoriza la presentanci[ó]n de dichas mociones. 

Conceder la solicitud de la parte querellada, retrasaría los 

procedimientos y conllevar[í]a la suspensi[ó]n del juicio.3

Inconforme con el aludido dictamen, Allied presentó “Moción en 

Solicitud de Orden en Auxilio de Jurisdicción” y el recurso de certiorari

que nos ocupa. Mediante Resolución de 20 de diciembre de 2023 

declaramos “No Ha Lugar” la solicitud de paralización de los procedimiento 

y le concedimos un término a los Recurridos para que expusieran su 

posición. A través de su recurso, el Peticionario le imputó al TPI la comisión 

de los siguientes errores:

PRIMERO: ERRÓ EL TPI E INCURRIÓ EN ABUSO DE 

DISCRECIÓN AL NO AUTORIZAR O CONSIDERAR LAS 

MOCIONES DE SENTENCIA SUMARIA CUANDO LA 

CERCANÍA AL JUICIO A LA CUAL ALUDE EN LA 

RESOLUCIÓN CUYA REVISIÓN SE SOLICITA FUE 

PROVOCADA POR EL PROPIO TRIBUNAL AL 

AGUARDAR, CONTRARIO A DERECHO, POR EL 

MANDATO DEL TRIBUNAL EN EL ASUNTO 

KLCE202300835.

SEGUNDO: ERRÓ EL TPI E INCURRIÓ EN ABUSO DE 

DISCRECIÓN AL NO AUTORIZAR O CONSIDERAR POR 

TARDÍAS LAS MOCIONES DE SENTENCIA SUMARIA 

PRESENTADAS POR ALLIED.

TERCERO: ERRÓ EL TPI E INCURRIÓ EN ABUSO DE 

DISCRECIÓN AL NO AUTORIZAR O CONSIDERAR POR 

TARDÍAS LAS MOCIONES DE SENTENCIA SUMARIA 

PRESENTADAS POR ALLIED CUANDO, ANTE LAS 

CIRCUNSTANCIAS PRESENTES EN ESTE CASO, LA 

CONSIDERACIÓN DE LAS MOCIONES DE SENTENCIA 

SUMARIA SERVIRÁN EL ÚTIL PROPÓSITO DE 

AHORRARLE A LAS PARTES Y AL TRIBUNAL INVERSIÓN 

DE TIEMPO Y DINERO, MÁS CUANDO, LAS MOCIONES 

SE BASAN, PRINCIPALMENTE, EN ADMISIONES DE LAS 

PARTES DEMANDANTES-RECURRIDAS Y/O EN CLAROS 

ASUNTOS DE DERECHO. 

El 11 de enero de 2024, los Recurridos presentaron “Oposición a 

la Expedición del Recurso”. 

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, procedemos 

a resolver.

3

Íd., págs. 1,286-1,287.
KLCE202301442 7

II.

A.

El auto de certiorari es el recurso extraordinario mediante el cual un 

tribunal de jerarquía superior puede revisar, a su discreción, una decisión 

de un tribunal inferior. McNeil Healthcare v. Mun. Las Piedras I, 206 DPR 

391, 403 (2021). La característica distintiva de este recurso se asienta en 

la discreción encomendada al tribunal revisor para autorizar su expedición 

y adjudicar sus méritos. Rivera Gómez v. Arcos Dorados Puerto Rico, Inc., 

2023 TSPR 65, 212 DPR __ (2023). Así, este solo se expedirá luego de 

justipreciar los criterios establecidos en la Regla 40 de nuestro Reglamento, 

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, y en aquellas instancias específicas que delimita 

la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1. A esos 

efectos, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, limita la 

autoridad de este Tribunal de Apelaciones para revisar las órdenes y 

resoluciones interlocutorias que dictan los tribunales de instancia por medio 

del recurso discrecional del certiorari. En lo pertinente, la precitada 

disposición reglamentaria, supra, dispone que:

El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes 

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, 

solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones 

cuando se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 

56 y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo. No obstante, y por excepción a lo dispuesto 

anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá revisar 

órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el 

Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de 

decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o 

peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios 

evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de 

relaciones de familia, en casos que revistan interés público o 

en cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación 

constituiría un fracaso irremediable la justicia, al denegar la 

expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el 

Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su 

decisión. Íd. 

Con el fin de que podamos ejercer de una manera sensata nuestra 

facultad discrecional de entender o no en los méritos de los asuntos que 

son planteados mediante el recurso, la Regla 40 de nuestro Reglamento, 4 

LPRA Ap. XXII-B, señala los criterios que debemos considerar al atender 

una solicitud de expedición de un auto de certiorari. En lo pertinente, la 

precitada disposición reglamentaria dispone lo siguiente: 
KLCE202301442 8

El Tribunal tomará en consideración los siguientes criterios al 

determinar la expedición de un auto de certiorari, o de una 

orden de mostrar causa:

 

A. Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida a diferencia de sus fundamentos son 

contrarios a derecho. 

B. Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema. 

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error 

craso y manifiesto en la apreciación de la prueba 

por el Tribunal de Primera Instancia. 

D. Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos más 

elaborados. 

E. Si la etapa del procedimiento en que se 

presenta el caso es la más propicia para su 

consideración. 

F. Si la expedición del auto o de la orden de 

mostrar causa no causa un fraccionamiento 

indebido del pleito y una dilación indeseable en la 

solución final del litigio.

G. Si la expedición del auto o de la orden de 

mostrar causa evita un fracaso de la justicia. Íd.

Dentro de este marco, el análisis del foro apelativo intermedio -al 

momento de considerar los asuntos planteados mediante el recurso 

de certiorari- no se efectúa en el vacío ni se aparta de otros parámetros. 

Rivera Gómez v. Arcos Dorados Puerto Rico, Inc., supra; 800 Ponce de 

León v. AIG, 205 DPR 163, 176 (2020). Las delimitaciones que imponen 

estas disposiciones reglamentarias tienen como objetivo intrínseco 

prevenir la “dilación que causaría la revisión judicial de controversias que 

pueden esperar a ser planteadas a través del recurso de apelación”. Mun. 

Aut. De Caguas v. JRO Construction, Inc. et al., 201 DPR 703, 712 

(2019). Nótese que, distinto al recurso de apelación, el auto de certiorari, 

por ser un recurso discrecional, debe ser utilizado con cautela y por razones 

de peso. 

En ese sentido, el Tribunal Supremo de Puerto Rico reiteradamente 

ha indicado que la discreción significa tener poder para decidir en una u 

otra forma, esto es, para escoger entre uno o varios cursos de acción. 

García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). El adecuado ejercicio de la 

discreción judicial está “inexorable e indefectiblemente atado al concepto 

de la razonabilidad”. Pueblo v. Ortega Santiago, 125 DPR 203, 211 (1990).

Así pues, un tribunal apelativo no intervendrá con las determinaciones 
KLCE202301442 9

discrecionales de un tribunal sentenciador, a no ser que las decisiones 

emitidas por este último sean arbitrarias o en abuso de su discreción. 

S.L.G. Flores, Jiménez v. Colberg, 173 DPR 843 (2008).

B.

El propósito de las Reglas de Procedimiento Civil es proveerles a las 

partes que acuden a un tribunal una “solución justa, rápida y económica de 

todo procedimiento”. 32 LPRA Ap. V, R.1. Así, la Regla 36 del mencionado 

cuerpo procesal atiende lo referente al mecanismo de sentencia sumaria. 

A esos fines, la Regla 36.1 de Procedimiento Civil establece lo siguiente:

Una parte que solicite un remedio podrá, en cualquier 

momento después de haber transcurrido veinte (20) días a 

partir de la fecha en que se emplaza a la parte demandada, 

o después que la parte contraria le haya notificado una 

moción de sentencia sumaria, pero no más tarde de los 

treinta (30) días siguientes a la fecha límite establecida 

por el tribunal para concluir el descubrimiento de prueba, 

presentar una moción fundada en declaraciones juradas o en 

aquella evidencia que demuestre la inexistencia de una 

controversia sustancial de hechos esenciales y pertinentes, 

para que el tribunal dicte sentencia sumariamente a su favor 

sobre la totalidad o cualquier parte de la reclamación 

solicitada. 32 LPRA Ap. V, R. 36.1 (énfasis suplido).

Claro está, los tribunales de instancia tienen discreción para 

prorrogar los términos para presentar una moción de sentencia sumaria, 

siempre y cuando medie una justa causa para ello. Véase, 32 LPRA Ap. V, 

R. 68.2.

III.

Tras la evaluación del expediente ante nuestra consideración, 

encontramos que el foro a quo no indició ni se desprende del expediente 

ante nos que haya actuado de forma arbitraria, caprichosa, haya abusado 

al ejercer su discreción o cometido algún error de derecho. 

Del estudio de las incidencias suscitadas posterior a la celebración 

de la Conferencia con Antelación al Juicio, no identificamos fundamentos 

jurídicos que nos motiven a expedir el auto de certiorari solicitado, conforme 

a los criterios que guían nuestra discreción para ejercer nuestra facultad 

revisora a estas alturas del litigio y dada la naturaleza de la controversia 

traída ante nuestra consideración. Véase, Luan Invest. Corp. v. Rexach 

Const. Co., 152 DPR 652, 667-668 (2000). Sostenemos, por tanto, que la 
KLCE202301442 10

determinación impugnada resulta razonable y no denota un abuso de 

discreción por parte del TPI. El Peticionario no demostró que el TPI abusara 

de su discreción, actuara con perjuicio o cometiera un error manifiesto en 

su determinación.

IV.

Por los fundamentos que anteceden, denegamos la expedición del 

auto de certiorari presentado ante nuestra consideración.

Notifíquese inmediatamente a las partes y al Hon. Ismael 

Álvarez Burgos, Juez Superior del Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Carolina.

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones