Número Identificador

SEN2024 _______________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL II

DIOSDADO GONZÁLEZ 

RIVERA

Recurrente

v.

DEPARTAMENTO DE 

CORRECCIÓN Y 

REHABILITACIÓN

Recurrido

KLRA202400191

REVISIÓN 

ADMINISTRATIVA 

procedente de la 

División de Remedios 

Administrativos del 

Departamento de 

Corrección y 

Rehabilitación

Caso núm.:

PA-535-23

Sobre:

Revisión y petición 

de bonificaciones 

perdidas y por 

daños y perjuicios

Panel integrado por su presidente, el juez Bermúdez Torres, el juez 

Adames Soto y la juez Aldebol Mora.

Aldebol Mora, Juez Ponente

S E N T E N C I A

En San Juan, Puerto Rico, a 11 de julio de 2024.

Comparece ante nos, por derecho propio, la parte recurrente, 

Diosdado González Rivera, mediante un recurso intitulado 

Mandamus en Auxilio por Daños y Perjuicio en Petición de Restitución 

de Bonificaciones, el cual calificamos como una revisión judicial, y 

solicita que revisemos la determinación emitida por la División de 

Remedios Administrativos del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación el 7 de marzo de 2024, notificada el 12 del mismo 

mes y año. Mediante el referido dictamen, en esencia, la agencia 

denegó la solicitud de remedio administrativo promovida por el 

recurrente.

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la determinación administrativa recurrida. Veamos.

I

El 23 de mayo de 2023, recibida el 5 de junio del mismo año, 

Diosdado González Rivera (González Rivera o recurrente) instó una 
KLRA202400191 2

Solicitud de Remedio Administrativo ante la División de Remedios 

Administrativos del Departamento de Corrección y Rehabilitación

(DCR o recurrido).

1 En la misma, González Rivera indicó que, el 27 

de enero de 2023, fue trasladado de la Institución Correccional 

Ponce Principal a la Institución Correccional Ponce Adultos 1000. 

Alegó que, debido a dicho traslado, se interrumpió su plan 

institucional y se afectaron sus bonificaciones, ajustes, trabajo 

como barbero y progreso académico como estudiante becado en el 

programa de ingeniería electrónica de Caribbean University. Según 

adujo, la institución a la cual lo trasladaron estaba destinada para 

reclusos de custodia mediana y no albergaba a confinados 

clasificados con custodia mínima, a la cual pertenecía en ese 

momento. Arguyó que la administración de la mencionada 

institución no quería mezclar en los salones de clase a los 

confinados de custodia mínima con los de custodia mediana –los

cuales representaban un noventa y cinco por ciento (95%) de la 

población correccional–, razón por la cual no pudo comenzar a 

cursar su segundo trimestre universitario. Sostuvo que nunca se 

negó a recibir los servicios académicos y que perdió dicho trimestre 

por razones ajenas a su voluntad. Describió ser un estudiante 

comprometido con su plan institucional y afirmó mantener una 

excelente conducta, con un excelente ajuste y progreso en el área 

académica, así como laboral.

En su petitorio, González Rivera reiteró que no fue el culpable 

de perder su segundo trimestre universitario, por lo cual solicitó que 

se impartieran instrucciones al área de sociales para que se le 

otorgara la correspondiente bonificación por el tiempo de estudio 

perdido. Asimismo, solicitó que se le instruyera a la administración 

de la Institución Correccional Ponce Adultos 1000 en miras de 

1 Expediente administrativo, págs. 2-3.
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buscar una alternativa o solución para poder recibir, en el trimestre 

de agosto de 2023, todos los servicios educativos que, por derecho, 

como confinado de custodia mínima para aquel entonces, le 

correspondían. Por último, le pidió ayuda a la Secretaria del DCR, 

Ana Escobar Pabón, para que su plan institucional no se viera 

afectado y solicitó que interviniera para que su derecho a la 

educación, brindada por Caribbean University, tampoco se afectara.

Luego de varios trámites procesales, el 7 de marzo de 2024, 

notificada el 12 del mismo mes y año, la División de Remedios 

Administrativos del DCR emitió la Resolución que nos ocupa, 

mediante la cual atendió todos los reclamos presentados por 

González Rivera y, en esencia, denegó la solicitud de remedio 

administrativo promovida por este.

2 En particular, la agencia 

recurrida desglosó las siguientes determinaciones de hecho:

1. El recurrente present[ó] [una] Solicitud de Remedios 

Administrativos el 5 de junio de 2023 ante el 

Evaluador de Remedios Administrativos, Limarys 

Lugo Pag[á]n[,] de la Oficina de Ponce. En su 

escrito[,] solicit[ó] que se continúe[n] sus estudios 

otorgados por Caribbean University y trabajo de 

barbería[,] los cuales realizaba antes de ser 

trasladado a la Institución Correccional Adultos 

Ponce 1000.

2. El 6 de junio de 2023[,] se hizo [una] Notificación 

dirigida al Sr. Elvin Alicea y/o V[í]ctor Torres, 

Superintendentes [de la] Institución Correccional 

Adultos Ponce 1000.

3. El 9 de noviembre de 2023[,] se recib[ió] la respuesta 

de la Sra. Marline Torres Santiago, Técnico 

Sociopenal Principal [de la] Institución Correccional 

Adulto Ponce 1000.

4. El 9 de noviembre de 2023[,] se h[izo] la entrega al 

recurrente del Recibo de Respuesta.

5. El 26 de diciembre de 2023, el recurrente[,] 

inconforme con la respuesta emitida, presentó [una] 

Solicitud de Reconsideración ante el Coordinador 

Regional de Remedios Administrativos. En síntesis, 

arguy[ó] que no est[aba] de acuerdo con la respuesta 

recibida[;] que la solicitud de remedios 

administrativos no fue referido a la Sra. Marlene 

Torres[;] la dilación de la contestación[;] el no ser 

2 Expediente administrativo, págs. 11-13.
KLRA202400191 4

integrado al curso [de] Ingeniería Electrónica[;] y no 

ser asignado a realizar labores.3

Evaluados los reclamos de González Rivera, el organismo 

administrativo concluyó que: (1) González Rivera no pudo ser 

asignado al área laboral de la institución penal a la que fue 

trasladado porque no había plazas disponibles y todavía no ha 

surgido una; (2) el Comité de Clasificación y Tratamiento acordó 

reclasificar a González Rivera de custodia mínima a mediana; (3) 

González Rivera no contaba con los prerrequisitos necesarios para 

ser matriculado en el curso de Ingeniería Electrónica; (4) del área 

escolar se informó que, ante la actualización de matrícula para el 

año académico 2024-25, González Rivera sería matriculado en 

agosto del año corriente para que se beneficiara de la totalidad de 

los cursos; (5) González Rivera fue orientado sobre lo anterior; (6) 

González Rivera participaba en el curso de Jardinería Comercial y 

Residencial. Específicamente, la agencia determinó lo siguiente:

[...]

Al llegar a la Institución Correccional Adultos Ponce 

1000[,] no pudo ser asignado en el área laboral ya que 

no había plazas disponibles[.] [S]obre el área de 

estudio[,] este no contaba con los pre requisitos 

necesarios para ser añadido en el grupo del curso de 

Ingeniería Electrónica. Por esta razón[,] no pudo ser 

matriculado para continuar el curso.

El 9 de febrero de 2024[,] el Comité de Clasificación y 

Tratamiento se reunió en Evaluación Plan Institucional 

y acordó reclasificar al recurrente de custodia mínima a 

mediana, por salir incurso e[l] 11 de enero de 2024 en 

la querella disciplinaria número 311-23-0184, código 

129 (posesión de sustancias controladas, se prohíbe la 

posesión, uso, venta o distribución de sustancias 

controladas[)] y código 139 (estar bajo los efectos de 

alcohol o cualquier tipo de bebida embriagante, 

sustancia[s] controladas o medicamento no 

autorizado[)]. El 6 de enero de 2024[,] finaliz[ó] las 

terapias de Transformación de Patrones Adictivos. 

Sobre el aspecto laboral[,] todavía no ha surgido una 

plaza en la cual se le pueda ubicar.

Recibimos comunicación del área escolar[,] la cual nos 

indic[a] que[,] para el año académico 2024-2025[,] se 

actualizan las matrículas con los nuevos estudiantes 

3 Expediente administrativo, pág. 11.
KLRA202400191 5

para el fiel cumplimiento de los cursos ocupacionales y 

académicos. Se nos informó que será matriculado en 

agosto para que comience el año académico como 

corresponde para que se pueda beneficiar de la 

totalidad del curso. Sobre este particular[,] el 12 de 

febrero de 2024[,] se le orient[ó] al recurrente. 

Actualmente[,] participa en el Curso de Jardinería 

Comercial y Residencial.

En cuanto a la dilación de la respuesta del área 

concernida, se realizó el seguimiento debido por parte 

de la Oficina de Remedios Administrativos de Ponce 

para que cursaran la contestación y[,] así[,] poder 

continuar el proceso.4

Inconforme, el 1 de abril de 2024, recibida en la Secretaría de 

este Foro el 5 del mismo mes y año, la parte recurrente presentó el 

presente recurso de revisión judicial. En su escrito, el recurrente 

impugna la determinación administrativa antes indicada y, entre 

otros, nos solicita que la dejemos sin efecto.

Después de varias incidencias procesales, en cumplimiento 

con nuestra Resolución del 29 de abril de 2024, la parte recurrida 

compareció, en lo pertinente, mediante Escrito en Cumplimiento de 

Resolución el 30 de mayo de 2024.

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, así como 

la copia certificada del expediente administrativo, procedemos a 

resolver.

II

A

Sabido es que los tribunales apelativos debemos otorgar 

amplia deferencia a las decisiones emitidas por las agencias 

administrativas, puesto que estas cuentan con vasta experiencia y 

pericia para atender aquellos asuntos que se les han sido delegados 

por la Asamblea Legislativa. Otero Rivera v. Bella Retail Group, Inc. y 

otros, 2024 TSPR 70, resuelto el 24 de junio de 2024; Hernández 

Feliciano v. Mun. Quebradillas, 211 DPR 99 (2023); OEG v. Martínez 

Giraud, 210 DPR 79 (2022); Super Asphalt v. AFI y otro, 206 DPR 

4 Expediente administrativo, pág. 12.
KLRA202400191 6

803, 819 (2021); Graciani Rodríguez v. Garaje Isla Verde, 202 DPR 

117, 126 (2019); Rolón Martínez v. Supte. Policía, 201 DPR 26, 35 

(2018). Es por ello, que, tales determinaciones suponen una 

presunción de legalidad y corrección que a los tribunales nos 

corresponde respetar, mientras la parte que las impugne no 

presente prueba suficiente para derrotarlas. Íd.; Batista, Nobbe v. 

Jta. Directores, 185 DPR 206, 216 (2012). No obstante, tal norma no 

es absoluta. Es por ello que nuestro Máximo Foro ha enfatizado que 

no podemos imprimirle un sello de corrección, so pretexto de 

deferencia a las determinaciones administrativas que sean 

irrazonables, ilegales o contrarias a derecho. Voilí Voilá Corp. et al. 

v. Mun. Guaynabo, 2024 TSPR 29, 213 DPR ___ (2023).

En Torres Rivera v. Policía de PR, 196 DPR 606, 628 (2016), 

nuestro Tribunal Supremo resumió las normas básicas en torno al 

alcance de la revisión judicial de la siguiente forma:

[L]os tribunales deben deferencia a las decisiones de 

una agencia administrativa, pero ésta cederá cuando: 

(1) la determinación administrativa no está basada en 

evidencia sustancial; (2) el ente administrativo erró en 

la aplicación o interpretación de las leyes o reglamentos 

que se le ha encomendado administrar; (3) el organismo 

administrativo actuó arbitraria, irrazonable o 

ilegalmente, realizando determinaciones carentes de 

una base racional, o (4) la actuación administrativa 

lesionó derechos constitucionales fundamentales. Es 

importante destacar que si el tribunal no se encuentra 

frente a alguna de esas situaciones, aunque exista más 

de una interpretación razonable de los hechos, procede 

que se valide la interpretación que realizó la agencia 

administrativa recurrida. Íd. Véase, además, Voilí Voilá 

Corp. et al. v. Mun. Guaynabo, supra, y Super Asphalt v. 

AFI y otro, supra, pág. 819.

El criterio rector bajo el cual los tribunales deben revisar las 

decisiones administrativas es el criterio de razonabilidad. OEG v. 

Martínez Giraud, supra; Super Asphalt v. AFI y otro, supra, pág. 820; 

Graciani Rodríguez v. Garaje Isla Verde, supra, pág. 127; Torres 

Rivera v. Policía de PR, supra, pág. 626. Bajo este criterio, se limita 

la revisión judicial a dirimir si la agencia actuó de forma arbitraria 
KLRA202400191 7

o ilegal, o de manera tan irrazonable que su actuación constituya 

un abuso de discreción. Íd.

Bajo este supuesto, la Sección 4.5 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, Ley Núm. 38-

2017, 3 LPRA sec. 9675 (LPAU), estableció “el marco de revisión 

judicial de las determinaciones de las agencias administrativas”. 

Otero Rivera v. Bella Retail Group, Inc. y otros, supra; Rolón Martínez 

v. Supte. Policía, supra, pág. 35. La intervención del tribunal se 

limita a tres áreas, a saber: (1) si el remedio concedido por la agencia 

fue apropiado; (2) si las determinaciones de hecho que realizó la 

agencia están sostenidas por evidencia sustancial que obra en el 

expediente administrativo visto en su totalidad, y (3) si las 

conclusiones de derecho del ente administrativo fueron correctas.

Íd., págs. 35-36; OEG v. Martínez Giraud, supra; Torres Rivera v. 

Policía de PR, supra, págs. 626-627; Batista, Nobbe v. Jta. Directores, 

supra, pág. 217. Nuestro Máximo Foro ha expresado que esta 

intervención “debe ocurrir cuando la decisión administrativa no se 

fundamente en evidencia sustancial o cuando la agencia se 

equivoque en la aplicación de la ley”. Rolón Martínez v. Supte. Policía, 

supra, pág. 36. Siendo así, aquellas determinaciones de hechos 

formuladas por el ente administrativo deberán sostenerse cuando 

estén basadas en evidencia sustancial que surja del expediente 

administrativo considerado en su totalidad. Íd.; OEG v. Martínez 

Giraud, supra; Super Asphalt v. AFI y otro, supra.

Por otro lado, las determinaciones de derecho pueden ser 

revisadas en su totalidad. Sec. 4.5 de la LPAU, 3 LPRA sec. 9675; 

Rolón Martínez v. Supte. Policía, supra, pág. 36; Torres Rivera v. 

Policía de PR, supra, pág. 627. No obstante, los tribunales deberán 

darles peso y deferencia a las interpretaciones que la agencia realice 

de aquellas leyes particulares que administra. Íd. 
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El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha dispuesto que la 

deferencia que le deben los tribunales a la interpretación que haga 

el ente administrativo sobre aquellas leyes y reglamentos que le 

corresponde poner en vigor, cede si la agencia: “(1) erró al aplicar la 

ley; (2) actuó arbitraria, irrazonable o ilegalmente, o (3) lesionó 

derechos constitucionales fundamentales”. Torres Rivera v. Policía 

de PR, supra, págs. 627-628; OEG v. Martínez Giraud, supra. 

Finalmente, nuestra más Alta Curia ha expresado que, conforme a 

lo anterior, el criterio administrativo no podrá prevalecer en aquellas 

instancias donde la interpretación estatutaria realizada por una 

agencia provoque un resultado incompatible o contrario al propósito 

para el cual fue aprobada la legislación y la política pública que 

promueve. Así, “la deferencia judicial al expertise administrativo, 

concedido cuando las agencias interpretan la ley, tiene que ceder 

ante actuaciones que resulten irrazonables, ilegales o que 

conduzcan a la comisión de una injusticia”. OEG v. Martínez Giraud, 

supra, pág. 11.

B

La Sección 19 del Artículo VI de nuestra Constitución 

establece que será política pública “reglamentar las instituciones 

penales para que sirvan a sus propósitos en forma efectiva y 

propender, dentro de los recursos disponibles, al tratamiento 

adecuado de l[a]s [personas] delincuentes para hacer posible su 

rehabilitación moral y social”. Art. VI, Sec. 19, Const. ELA, LPRA, 

Tomo I. A raíz de ello, el Artículo 5, inciso f, del Plan de 

Reorganización Núm. 2 de 21 de noviembre de 2011, según 

enmendado, conocido como el Plan de Reorganización del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011, 3 LPRA Ap. 

XVIII, Art. 5(f) (Plan de Reorganización Núm. 2-2011), le reconoce al 

DCR la facultad y deber de “ampliar los programas de educación y 

trabajo para que impacten a toda la población correccional que 
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interese participar y asegure la aplicación correcta de los sistemas 

de bonificación por trabajo y estudio que permitan las leyes 

aplicables”.

Conforme a ello, los Artículos 11 y 12 del Plan de 

Reorganización Núm. 2-2011, 3 LPRA Ap. XVIII, Arts. 11 y 12, 

establecen el modo en que se deben computar las bonificaciones, ya 

sea por buena conducta y asiduidad o por estudio, trabajo y 

servicios. En lo aquí atiente, el Artículo 12 del mencionado estatuto 

dispone, en esencia, que a toda persona sentenciada a cumplir una 

pena de reclusión se le podrán conceder bonificaciones a razón de 

no más de cinco (5) días por cada mes en que esté empleada en 

alguna industria o que esté realizando estudios como parte de un 

plan institucional, bien sea en la libre comunidad o en el 

establecimiento penal donde cumple su sentencia, y preste servicio 

a la institución correccional durante el primer año de reclusión. 

Asimismo, por cada año subsiguiente, podrá abonarse hasta siete 

(7) días por cada mes. Ahora bien, si la prestación de trabajo o 

servicios por la persona integrante de la población correccional o 

liberada por la Junta de Libertad Bajo Palabra fuere de labores 

agropecuarias, el Secretario o Secretaria del DCR deberá conceder 

bonificaciones mensuales hasta un monto no mayor de siete (7) días 

durante el primer año de cumplimiento de su sentencia y hasta un 

monto no mayor de diez (10) días mensuales durante los periodos 

de cumplimiento de su sentencia subsiguientes al primer año. Dicho 

articulado aclara que las bonificaciones antes mencionadas podrán 

efectuarse durante el tiempo en que cualquier persona acusada de 

cometer cualquier delito hubiere permanecido privada de su 

libertad, sujeto a lo dispuesto en dicho artículo. 

De otro lado, el Artículo 13 del Plan de Reorganización Núm. 

2-2011, 3 LPRA Ap. XVIII, Art. 13, establece que el comportamiento 

de la persona integrante de la población correccional constitutivo de 
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buena conducta dará lugar a la concesión y disfrute de 

bonificaciones, conforme al Artículo 11 del precitado estatuto. Sin 

embargo, todo acto de indisciplina de carácter recurrente, constante 

y reincidente será castigado con la rebaja o la cancelación de las 

bonificaciones por buena conducta. Véase, Reglamento Interno de 

Bonificación por Buena Conducta, Trabajo, Estudio y Servicios 

Excepcionales Meritorios del 3 de junio de 2015.

Esbozada la norma jurídica, procedemos a aplicarla al recurso 

ante nos.

III

En síntesis, el recurrente sostiene en su recurso que la 

agencia recurrida incidió al no atender todo lo reclamado por este 

en su petitorio de remedio administrativo. Plantea que la 

información o los fundamentos que el organismo administrativo

utilizó en el dictamen recurrido erran incorrectos. 

De una lectura de la Solicitud de Remedio Administrativo, así 

como del recurso ante nos, se desprende que fueron varios los 

reclamos presentados por el recurrente ante la agencia concerniente.

Específicamente, la parte recurrente solicitó: (1) el cumplimiento con 

su plan institucional como confinado de custodia mínima, en ese 

momento; (2) la reinstalación de sus bonificaciones y ajustes que se 

vieron interrumpidos por su traslado; (3) los beneficios, privilegios y 

servicios que le corresponden por ser, en ese momento, de custodia 

mínima; (4) una solución a la pérdida de su trabajo como barbero 

en la institución pasada; (5) una solución o alternativa concreta para 

reanudar los cursos conducentes a su grado asociado en ciencias 

en tecnología en ingeniería electrónica del trimestre académico; (6) 

una bonificación por haber perdido los cursos del trimestre de enero 

2023 a causa de su traslado y porque, según alegó, en la institución 

no querían mezclar a los confinados de custodia mínima con los de 

custodia mediana en los salones de clase.
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Según esbozamos, luego de evaluar la solicitud de remedios

administrativos instada por el recurrente, el DCR concluyó que: (1) 

González Rivera no pudo ser asignado al área laboral de la 

institución penal a la que fue trasladado porque no había plazas 

disponibles y todavía no ha surgido una; (2) el Comité de 

Clasificación y Tratamiento acordó reclasificar a González Rivera de 

custodia mínima a mediana; (3) González Rivera no contaba con los 

prerrequisitos necesarios para ser matriculado en el curso de 

Ingeniería Electrónica; (4) del área escolar se informó que, ante la 

actualización de matrícula para el año académico 2024-25, 

González Rivera sería matriculado en agosto del año corriente para 

que se beneficiara de la totalidad de los cursos; (5) González Rivera 

fue orientado sobre lo anterior; (6) González Rivera participaba en el 

curso de Jardinería Comercial y Residencial.

La parte recurrente argumenta que, cuando fue trasladado a 

la institución correccional en la que se encuentra actualmente, 

había plazas de trabajo disponibles, toda vez que el módulo de 

vivienda asignado estaba vacío, lo cual significaba que había 

vacantes en el área laboral. Sobre el área educativa, arguye que fue 

confirmado por gerenciales de Caribbean University para continuar 

en el curso de Ingeniería Electrónica; adicionalmente, había 

obtenido buenas calificaciones en su primer semestre en dicho 

curso. Además, afirma que le informaron sobre el curso que tomaría 

en el semestre académico que comenzará en el mes de agosto. En 

cuanto al curso de Jardinería Comercial y Residencial, aclara que 

este únicamente tuvo una duración de diez (10) días y ya había 

culminado. 

Asimismo, el recurrente enfatiza que la agencia no resolvió 

sus reclamos porque, actualmente, su plan institucional se 

encuentra totalmente detenido, específicamente lo relacionado al 

área educativa y laboral, así como sus bonificaciones. Por otro lado, 
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desiste de los reclamos dirigidos a los privilegios que obtenía por 

encontrarse en custodia mínima, toda vez que ahora se encuentra 

en custodia mediana. No obstante, exige que se le restituya la 

bonificación perdida de estudio y trabajo desde el 27 de enero de 

2023, a raíz de su traslado de institución carcelaria. A su vez, 

solicita que el DCR le otorgue una plaza de trabajo, fuera o dentro 

del área de vivienda, en labores de cocina, mantenimiento, barbería 

o lo que esté disponible, ya que asegura que hay puestos vacantes. 

También desea ser matriculado nuevamente en la Caribbean 

University.

Sabido es que el DCR regula los programas de bonificación en 

virtud de los poderes que le fueron delegados. Plan de 

Reorganización de Núm. 2-2011, supra. Consecuentemente, 

nuestra función apelativa queda reducida a revisar que la parte 

recurrida actuara dentro del marco de la facultad delegada por las 

leyes y reglamentos que administra. En otras palabras, la revisión 

judicial de decisiones administrativas se debe limitar a determinar 

si la agencia actuó arbitraria o ilegalmente, o en forma tan 

irrazonable que su actuación constituye un abuso de discreción. De 

igual forma, este Foro apelativo, confrontado con más de una 

interpretación razonable de hechos, adoptaremos la interpretación 

del organismo administrativo, conforme a la deferencia que estos 

merecen por su pericia y experiencia especializada de los asuntos 

que les son encomendados. López Echevarría v. Adm. Sist. Retiro, 

168 DPR 749, 752 (2006); Asoc. Vec. H. San Jorge v. U. Med. Corp., 

150 DPR 70 (2000).

En esencia, en el caso de autos, nos encontramos ante dos 

posturas contradictorias. Por un lado, la agencia recurrida sostiene

que todos los reclamos del recurrente se atendieron. En específico, 

alega que este no contaba con los prerrequisitos para ser 

matriculado en el curso de Ingeniería Electrónica, pero que será 
KLRA202400191 13

matriculado en Caribbean University en agosto de este año para 

continuar con sus bonificaciones en el área educativa. Sobre las 

bonificaciones en el ámbito laboral, el organismo administrativo 

afirma que, actualmente, no tiene plazas disponibles para ello. Por 

otro lado, el recurrente insiste en que cumplía con los prerrequisitos

para ser partícipe del mencionado curso y deseaba ser matriculado

en él. Igualmente, asegura que hay plazas de trabajo disponibles.

Examinada con detenimiento la totalidad de la copia 

certificada del expediente administrativo, así como los documentos 

que obran en el expediente ante nos, colegimos que la parte 

recurrente no señala evidencia en el expediente administrativo que 

nos permita variar la determinación de la agencia. Ante ese 

escenario, debido a la amplia discreción que poseen las autoridades 

carcelarias para implementar los reglamentos que administran, y 

ante la falta de evidencia sustancial que nos permita concluir 

contrario a las determinaciones de hecho consignadas en la 

Resolución recurrida, procede que confirmemos.

En mérito de lo antes expuesto, sostenemos la determinación 

agencial recurrida. Nada en el expediente de autos sugiere que el 

pronunciamiento que atendemos haya resultado de un ejercicio 

arbitrario atribuible al DCR. Por tanto, toda vez que el recurrente no 

derrotó la presunción de corrección de la Resolución que nos ocupa, 

confirmamos la determinación administrativa recurrida.

IV

Por los fundamentos que anteceden, confirmamos la 

determinación administrativa recurrida.

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones