Número Identificador

SEN2024________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL ESPECIAL

EL PUEBLO DE PUERTO

RICO

Peticionario

v.

CAROLA DEL MAR

ALVARADO VÁZQUEZ

Recurrida

KLCE202400294

Certiorari

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de 

Caguas

Crim. núm.:

E LE2022G0055

E LE2022G0056

E1TR202200007

Por: 

Infr. Art. 5.07, Art. 

7.02, Art. 7.06 de la 

Ley 22-2000

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, la Jueza 

Santiago Calderón y la Jueza Álvarez Esnard1.

Sánchez Ramos, Juez Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de marzo de 2024.

El Tribunal de Primera Instancia (“TPI”) ordenó la exclusión 

de los testimonios de una patóloga forense y del fotógrafo de la 

correspondiente autopsia, por considerar que se anunciaron de 

forma tardía. Según se explica a continuación, concluimos que erró 

el TPI pues el remedio adecuado, en estas circunstancias, no es

excluir el testimonio, sino conceder a la defensa el tiempo necesario 

para prepararse adecuadamente.

I.

Contra la Sa. Carola Del Mar Alvarado Vázquez (la 

“Imputada”) se presentaron varias denuncias penales; se le imputó, 

en esencia, causar la muerte de una persona (Ariel Muriel Cirino, o 

la “Víctima”), mientras conducía un “vehículo de motor marca 

1 El recurso fue asignado a este panel por virtud de lo dispuesto en la Orden 

Administrativa OAJP-2021-086, de 4 de noviembre de 2021, sobre Normas para 

la Asignación de Recursos Nuevos Previamente Presentados en el Tribunal de 

Apelaciones. Como consecuencia de la referida orden, este recurso, así como todo 

recurso futuro que surja del caso de referencia, pendiente ante el Tribunal de 

Primera Instancia, será atendido por los integrantes de este panel, quienes 

adjudicaron el correspondiente recurso anterior (KLCE202300767).
KLCE202400294 2

Mercedes Benz, modelo GLA 250, ... bajo los efectos de bebidas 

embriagantes”.

Luego de los trámites pertinentes, en marzo de 2022, se 

presentaron dos acusaciones contra la Imputada, por violación a los 

Artículos 5.06 y 5.07(C) de la Ley 22-2000, 9 LPRA secs. 5126 y 

5127(C) (sobre regateo, y causar muerte conduciendo de forma 

temeraria, respectivamente).

Con el juicio pautado para iniciar el 22 de enero de 2024, el 

17 de enero de 2024, el Ministerio Público presentó una Moción 

Urgente en Solicitud de Remedio y Anunciando la Inclusión de Testigo

(la “Moción”). Se explicó que, desde que se sometieron las 

acusaciones, se había anunciado como testigo a la Dra. Lorraine 

López Morell (la “Patóloga Anterior”), pues ella había realizado la 

autopsia de la Víctima. Se reseñó, no obstante, que, en abril de 

2022, la Patóloga Anterior había renunciado a su trabajo con el 

Instituto de Ciencias Forense (“ICF”), y que ella ha estado trabajando 

en el estado de la Florida (Office of the Medical Examiner, District 

One).

El Ministerio Público indicó que, ante la determinación del TPI 

de denegar la presentación del testimonio de la Patóloga Anterior 

“mediante el sistema de video conferencia de dos vías”, se habían 

realizado un número de diligencias para lograr que la Patóloga 

Anterior compareciera a declarar de forma presencial. No obstante, 

se informó que no era “legalmente viable que el [Estado Libre 

Asociado] de Puerto Rico perfeccione un contrato ... para lograr la 

comparecencia” de la Patóloga Anterior. Ello porque el patrono 

actual de la Patóloga Anterior requiere un contrato con dicha 

entidad y, a la misma vez, se negó a aceptar la inclusión de ciertas 

cláusulas que son necesarias de conformidad con las leyes y 

reglamentación aplicable en Puerto Rico.
KLCE202400294 3

Ante la referida situación, el Ministerio Público informó que le 

había solicitado al ICF, y dicha entidad había acordado producir, un 

“examen pericial forense independiente” que ilustrara al TPI sobre 

las “circunstancias de la muerte” de la Víctima. Expuso que dicho 

examen constaría en una Opinión Pericial preparada por la Dra. 

María Conte Miller.

Por tanto, el Ministerio Público solicitó que se permitiese la 

inclusión de la Dra. Conte como testigo con el fin de declarar sobre 

la “causa y manera de muerte de la víctima en este caso”. Como la 

Dra. Conte, para preparar su opinión, utilizaría las fotos de autopsia 

tomadas por el Sr. Rafael Olivo Goytia (el “Fotógrafo”), también se 

solicitó la inclusión de este como testigo.

El Ministerio Público explicó que el TPI tenía discreción para 

autorizar lo solicitado. Enfatizó que era un “hecho indubitado que 

[la Víctima] falleció como consecuencia de los traumas que recibió 

en el accidente de autos” y que, por tanto, la “causa y manera de 

muerte de la víctima no resulta sorpresiva para la defensa”.

Mediante un escrito presentado el 23 de enero, la defensa se 

opuso a la Moción. Resaltó que la misma se presentó en el último 

día de la desinsaculación del jurado. Arguyó que la explicación del 

Ministerio Público para la no disponibilidad de la Patóloga Anterior 

era “pobre” y que la Moción era “sorpresiva y tardía”. Indicó que las 

fotos de la autopsia no le habían sido entregadas. Adujo que, de 

concederse la Moción, la defensa se vería obligada a “buscar 

cuidadosamente y contratar un perito ... y solicitar un nuevo 

descubrimiento de prueba a esos fines”.

Por su parte, el 25 de enero, el Ministerio Público le informó 

al TPI que ya había producido a la defensa (el 22 de enero) un 

número de documentos y fotos relacionados con el récord médico de 

la Víctima, así como varios documentos relacionados con la Víctima, 

su identificación, y sobre el trámite de entrega del cuerpo y autopsia 
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realizada por el ICF, incluidas las fotos de la misma y la opinión 

pericial de la Dra. Conte. El Ministerio Público indicó que fue ese 

mismo día (22 de enero) cuando tuvo posesión de los documentos y 

fotos entregados.

Mediante una Resolución notificada el 14 de febrero (la 

“Resolución”), el TPI denegó la Moción. El TPI razonó que la solicitud 

del Ministerio Público resultaba tardía, en particular en atención a 

que el Ministerio Público sabía desde algún tiempo antes que la 

Patóloga Anterior no estaría disponible. Aseveró que el informe de 

autopsia era “importan[te]” en el caso y que el Ministerio Público no 

había “sido diligente en la tramitación de la comparecencia de la 

[Patóloga Anterior] ni justificó la razón por la cual no notificó antes 

a este Tribunal ni a la defensa sobre el nuevo informe pericial y los 

nuevos testigos”. Concluyó que la inclusión del “nuevo informe ... 

provocaría un perjuicio a la acusada quien tendría que incurrir en 

la contratación de un perito para evaluar el mismo”. El TPI señaló

el inicio del juicio para el 4 de marzo de 2024.

Oportunamente, el Ministerio Público solicitó la 

reconsideración de la Resolución. El Ministerio Público expuso que 

no había mediado mala fe de su parte. Además, arguyó que lo 

solicitado no causaría perjuicio a la defensa, pues, luego de que 

oportunamente se le proveyera la defensa el informe preparado por 

la Patóloga Anterior, la Imputada “no anunció la contratación de 

ningún perito para rebatir el mismo”. Resaltó que la Opinión de la 

Dra. Conte “en nada cambia[]” las conclusiones del informe de la 

Patóloga Anterior, y que, al “no exist[ir] nada distinto”, la defensa no 

se “afecta[ría] en nada”. El Ministerio Público también planteó que 

el TPI no debió aplicar la “sanción más severa”, sino que debió acudir 

a “otras alternativas menos punibles para atender” la situación.

La Imputada se opuso a la moción de reconsideración. Arguyó 

que el 7 de diciembre de 2023 había solicitado mediante moción 
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conocer qué testigo, si alguno, no estaría disponible, pero el 

Ministerio Público guardó silencio. Alegó que el Ministerio Público, 

conociendo que la Patóloga Anterior no estaría disponible, no lo 

informó y “orquest[ó] un plan para que la Dra. Conte Miller 

preparara otro informe”, lo cual demostraba su mala fe.

Mediante una Resolución notificada el 5 de marzo, el TPI 

denegó la referida moción de reconsideración.

Inconforme, el 8 de marzo (viernes), el Ministerio Público 

presentó el recurso que nos ocupa. Señaló que “es difícil 

comprender la repentina necesidad de la [Imputada] – en contratar 

un perito -para rebatir las conclusiones de una opinión pericial 

independiente que, en nada, discrepa del informe médico de 

autopsia.” Arguyó que ello “parece ser una estrategia acomodaticia 

para no permitir la inclusión de la doctora Conte Miller” y “privar[] 

así al Ministerio Público de una prueba esencial en su caso”. 

Planteó que “cualquier perjuicio” a la defensa, podía 

“subsanarse con la concesión de tiempo para prepararse sobre la 

opinión pericial, que ya se le entregó hace más de un mes”. 

Concluyó que “imponer la sanción más severa de excluir un 

testimonio esencial del Ministerio Público, cuando existe ese 

remedio alternativo no perjudicial, sin duda, es un claro abuso de 

discreción”. El Ministerio Público arguyó que no tenía pertinencia, 

en este contexto, la moción de la defensa del 7 de diciembre de 2023, 

ello porque la misma lo que solicitaba era conocer si el Ministerio 

Público utilizaría “testimonio anterior” de un testigo ahora no 

disponible, lo cual no es el caso aquí. 

Finalmente, el Ministerio Público resaltó que, de haberse 

concedido la Moción, el itinerario del juicio no se hubiese afectado

porque los testigos nuevos no se habrían presentado hasta la 

“primera semana de abril”.
KLCE202400294 6

Mediante una Resolución emitida el 11 de marzo, y a solicitud 

del Ministerio Público, paralizamos los procedimientos ante el TPI y 

le concedimos a la Imputada hasta el 18 de marzo para mostrar 

causa por la cual no debíamos expedir el auto solicitado y revocar la 

Resolución. La Imputada compareció y reprodujo lo planteado ante 

el TPI en cuanto a la supuesta mala fe del Ministerio Público al no 

ser diligente en obtener la comparecencia de la Patóloga Anterior y 

al informar de forma tardía que esta no sería testigo en el caso2. 

Resolvemos.

II.

La norma es que el TPI tiene discreción para permitir la 

inclusión de testigos no anunciados en el juicio. Pueblo v. Ramos 

Álvarez, 118 DPR 782, 789 (citando Pueblo v. Santiago, 56 DPR 109 

(1940)). Ahora bien, para determinar cómo ejercer dicha discreción, 

debe tomarse en cuenta si lo solicitado por el Ministerio Público 

causaría un perjuicio indebido a la defensa. Íd. 

Por ejemplo, en la jurisdicción federal, se toma en cuenta si el 

Ministerio Público actuó de mala fe y las razones que hubo para la 

tardanza en anunciar el testigo; el grado de perjuicio a la defensa; y 

2 En una moción de prórroga del 15 de marzo, la Imputada alegó que el Procurador 

General no le había notificado el recurso por correo electrónico, y que el mismo 

no fue recibido, por correo certificado, sino hasta el día antes (14 de marzo). 

Posteriormente, el Procurador General certificó que sí había notificado a la 

defensa, por correo electrónico enviado el mismo día de su presentación, el 

recurso junto con sus anejos y la moción en auxilio de jurisdicción. No obstante, 

el 25 de marzo, la Imputada replicó que no había recibido el referido correo 

electrónico y, además, solicitó la desestimación del recurso sobre la base de que 

los anejos del recurso no fueron incluidos junto con el recurso que recibió, el 14 

de marzo, por correo certificado. Hemos determinado denegar la referida moción 

de desestimación, pues el Procurador General demostró satisfactoriamente haber 

enviado oportunamente el recurso y sus anejos por correo electrónico a la defensa. 

De todas maneras, aun si el correo electrónico no se hubiese recibido, la defensa 

admitió que, desde el 14 de marzo, recibió el recurso oportunamente enviado 

por correo certificado y, aun si se hubiesen omitido los anejos en dicho envío, ello 

no conllevaría la desestimación del recurso. Véase Regla 12.1 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII–B, R. 12.1 (las “disposiciones sobre los 

requisitos de notificación a las partes ... deberán interpretarse de forma que se 

reduzcan al mínimo las desestimaciones de los recursos. ... el Tribunal de 

Apelaciones deberá proveer una oportunidad razonable para la corrección de 

defectos de forma o de notificación que no afecten los derechos de las partes”). 

Adviértase, además, que la defensa no ha planteado que sus derechos o capacidad 

para oponerse al recurso se haya afectado de forma alguna por la supuesta 

omisión de los anejos; de hecho, el mismo 25 de marzo, la Imputada presentó su 

oposición a los méritos de lo planteado en el recurso de referencia.
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la viabilidad de eliminar dicho perjuicio a través de una posposición 

del proceso. US v. Golyansky, 291 F.3d 1245, 1249 (10mo Cir. 

2002); véanse, además, US v Sandoval-Rodríguez, 452 F.3d 984, 989 

(8vo. Cir. 2006); US v. DeCoteau, 186 F.3d 1008 (8vo Cir. 1999). 

De ser necesario sancionar al Ministerio Público, lo 

“preferible” es posponer el proceso y, en ausencia de mala fe, es 

“raro” que se excluya la evidencia propuesta y se deniegue una

posposición. Golyansky, 291 F.3d a la pág. 1249. 

Para concluir que la defensa ha sufrido perjuicio, es necesario 

que se demuestre que se ha afectado adversamente la capacidad del 

acusado de defenderse adecuadamente. Golyansky, 291 F.3d a la 

pág. 1250. Al evaluar el curso de acción apropiado, el tribunal debe 

evaluar si una posposición le permitiría a la defensa prepararse 

adecuadamente ante la inclusión de nueva prueba. Íd. 

Ordinariamente, debe imponerse el remedio menos severo 

disponible para remediar cualquier perjuicio a la defensa. US v. 

Maples, 60 F.3d 244, 247 (6to Cir. 1995).

III.

Concluimos que erró el TPI al denegar la Moción. El récord 

no le permitía concluir al TPI que medió mala fe de parte del 

Ministerio Público. De hecho, el Ministerio Público suplió una 

relación cronológica detallada de sus múltiples esfuerzos para evitar 

tener que recurrir a testigos no anunciados anteriormente.

En cualquier caso, y como cuestión de derecho, el factor más 

importante a examinarse era el grado de perjuicio a la defensa y, de 

haber perjuicio, si había medidas menos drásticas que la exclusión 

de la prueba para remediar dicho perjuicio.

En este caso, la defensa aseveró que, supuestamente, 

necesitaría contratar un perito para examinar el informe de autopsia 

de la Dra. Conte y las fotos de la autopsia. No obstante, la defensa 
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no ha explicado por qué ello sería necesario en las circunstancias 

particulares de este caso. 

Adviértase que la defensa desde mucho antes de presentada 

la Moción contaba con el informe de la Patóloga Anterior, el cual el 

Ministerio Público ha representado que contiene las mismas 

conclusiones que el informe de la Dra. Conte. Por tanto, no estamos 

ante una situación de sorpresa para la defensa; tampoco la defensa 

ha aseverado que podría ser viable impugnar con éxito la prueba del 

Ministerio Público en cuanto a la causa de muerte de la Víctima3.

En cualquier caso, el TPI pudo haber continuado con el juicio 

según señalado y haber calendarizado el día del testimonio de la 

Dra. Conte y del Fotógrafo para una fecha posterior que le permitiese 

a la defensa contratar un perito, si así lo estimase conveniente.

En fin, ante las circunstancias particulares de este caso, 

concluimos que el TPI no sopesó adecuadamente los intereses en 

conflicto, por lo cual debió tomar las medidas de calendario 

necesarias que le permitiesen al Ministerio Público presentar los dos 

testigos anunciados en la Moción, mientras se le aseguraba a la 

Imputada su derecho a prepararse y defenderse adecuadamente.

IV.

Por los fundamentos que anteceden, se expide el auto de 

certiorari solicitado, se revoca la Resolución recurrida y se devuelve 

el caso al Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los 

procedimientos de forma compatible con lo aquí resuelto y 

dispuesto.

3 El caso en el cual descansa principalmente la defensa, US v. Davis, 244 F.3d 

666 (8vo Cir. 2001), es distinguible. Allí se trataba de evidencia nueva de 

naturaleza “altamente técnica”; en cambio, en este caso, se trata de un informe 

de autopsia cuyas conclusiones el Ministerio Público categóricamente ha afirmado 

que son iguales a las del informe entregado anteriormente a la defensa y sobre un 

asunto que usualmente no es contencioso en este tipo de caso (que la víctima de 

un accidente vehicular murió por causa del accidente, en vez de por “otras” 

causas).
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Al amparo de la Regla 211 de Procedimiento Criminal,4 Regla 

211 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II,R. 211, dejamos sin 

efecto la suspensión de los procedimientos; el Tribunal de Primera 

Instancia puede proceder de conformidad con lo aquí resuelto, sin 

que tenga que esperar por nuestro mandato.

Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

 Secretaria del Tribunal de Apelaciones

4 La Regla 211 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II,R. 211, dispone: 

En situaciones no previstas por la ley, estas reglas o las reglas que 

apruebe el Tribunal Supremo, tanto éste como el Tribunal de 

Circuito de Apelaciones, encauzarán el trámite en la forma que a su 

juicio sirva los mejores intereses de todas las partes. Queda 

reservada la facultad del Tribunal Supremo y del Tribunal de 

Circuito de Apelaciones para prescindir de términos, escritos o 

procedimientos específicos en cualquier caso ante su 

consideración, con el propósito de lograr su más justo y eficiente 

despacho.

Véase también: Pueblo v. Tribunal de Distrito, 97 DPR 241 (1969); Perez v. Corte, 

50 DPR 540 (1936).