Número Identificador

SEN2024____________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL III

KARLA NICOLE VÉLEZ 

SANTANA

Demandante-Recurrida

v.

JOSÉ ANTONIO ROCHE 

NEGRÓN

Demandado-Recurrente

KLCE202400093

Certiorari 

procedente del 

Tribunal de 

Primera Instancia, 

Sala de Ponce 

Sobre: 

Alimentos

Caso Número:

J AL2017-0286

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, el Juez 

Bonilla Ortiz, la Jueza Mateu Meléndez y la Jueza Prats Palerm.

Prats Palerm, Jueza Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de febrero de 2024.

Comparece la parte demandada-recurrente, José Antonio 

Roche Negrón ( ̈recurrente ̈ o  ̈Sr. Roche Negrón) mediante recurso 

de Certiorari. Solicita que revoquemos dos (2) órdenes dictadas por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce ( ̈TPI ̈). 

Mediante la primera Orden, dictada el 18 de diciembre y archivada 

en autos y notificada el 22 de diciembre de 2023, el TPI le impuso al 

demandado una sanción económica de $500.00 por incomparecer a 

una Vista de Desacato y $200.00 por concepto de honorarios de 

abogado. En el segundo dictamen, Orden Para Mostrar Causa, 

dictada el 28 de diciembre de 2023 y notificada el 8 de enero de 

2024, el TPI señaló una Vista de Desacato para el 30 de enero de 

2024.

El Sr. Roche Negrón argumenta que las notificaciones de las 

órdenes no fueron adecuadas, ya que no se le notificaron

personalmente. Ambas órdenes recurridas fueron notificadas 

mediante correo electrónico a los abogados de las partes.

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

deniega la expedición del recurso de Certiorari. 
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I.

Los hechos del caso se remontan a la presentación de una 

demanda ante el TPI sobre alimentos incoada por Karla Nicole Vélez 

Santana ( ̈recurrida ̈ o  ̈Sra. Vélez Santana ̈) en contra del Sr. Roche 

Negrón.

Luego de varios trámites procesales, que no son necesarios 

pormenorizar, el TPI dictó una Orden el 10 de noviembre de 2023, 

notificada el 21 de noviembre de 2023. Mediante la referida Orden, 

el TPI señaló una Vista de Desacato para el 5 de diciembre de 2023.

Llegado el 5 de diciembre de 2023, el Sr. Roche Negrón no 

compareció a la Vista de Desacato. Alega, como excusa, que no fue 

notificado conforme a la Regla 40 de Procedimiento Civil de la Orden 

emitida el 10 de noviembre de 2023.

Según surge del expediente, las partes fueron notificadas de 

la Orden mediante correo electrónico enviado el 21 de noviembre de 

2023 a sus abogados, Lcda. Adamarys Feliciano Matos, 

representante legal del Sr. Roche Negrón, y Lcdo. Iván R. Ayala Cruz, 

representante legal de la Sra. Vélez Santana. Las partes fueron 

notificadas a los siguientes correos electrónicos: 

afm@lcdafeliciano.com, correspondiente a la Lcda. Feliciano, y;

bufeteayalacadiz@gmail.com, correspondiente al Lcdo. Ayala.

Como consecuencia, el 18 de diciembre de 2023, el TPI dictó 

una Orden, notificada el 22 de diciembre de 2023. Mediante el 

referido dictamen, el TPI le impuso al demandado una sanción 

económica de $500.00, adicionales a otra cantidad previamente 

impuesta, para un total de $1,000.00, más $200.00 por concepto de 

honorarios a ser pagados dentro de treinta (30) días.

Posteriormente, el 18 de diciembre de 2023, la Sra. Vélez 

Santana presentó una Moción de Desacato. Alegó que el Sr. Roche 

Negrón había incumplido con el pago de las sanciones económicas
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impuestas mediante Orden. A su vez, solicitó la imposición de 

honorarios y que encontraran al demandado incurso en desacato.

El 28 de diciembre de 2023, el TPI emitió una Orden Para 

Mostrar Causa, notificada el 8 de enero de 2024, donde señaló una 

Vista de Desacato para el 30 de enero de 2024. Nuevamente, el 

referido dictamen fue notificado el 8 de enero de 2024 mediante 

correo electrónico a los abogados de las partes.

Así las cosas, el 23 de enero de 2024, el Sr. Roche Negrón 

presentó un recurso de Certiorari. Solicita que revoquemos las 

órdenes dictadas por el TPI el 18 de diciembre y 28 de diciembre de 

2023. Alega que el TPI incurrió en los siguientes errores:

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al celebrar 

Vista de Desacato el 5 de diciembre de 2023 e imponer 

sanciones al recurrente por su incomparecencia a pesar de 

que no realizó una oportuna y adecuada notificación, violando 

el debido proceso de ley.

Erró el Tribunal de Primera Instancia, al imponer sanciones 

adicionales que le fueron notificadas el 22 de diciembre de 

2023 por el incumplimiento de sanciones previas impuestas 

por su incomparecencia sin la oportuna y adecuada 

notificación que garantizara el debido proceso de ley.

El 24 de enero de 2024 emitimos una Resolución en donde le 

concedimos a la parte recurrida hasta el 5 de febrero de 2024 para 

presentar su oposición a la expedición del recurso.

Luego, el 29 de enero de 2024, el Sr. Roche Negrón presentó 

una Urgentísima Moción en Auxilio de Jurisdicción y Solicitud de 

Paralización de los Procedimientos. Solicitó de este Tribunal que 

paralizáramos los procedimientos ante el TPI, ya que, la celebración 

de la Vista de Mostrar Causa tornaría académico el caso ante el 

Tribunal de Apelaciones. Ese mismo día, el 29 de enero de 2024, 

emitimos una Resolución dictando No Ha Lugar la moción 

presentada por el recurrente.

Transcurrido el término concedido a la parte recurrida para 

expresar su oposición, se da por sometido el recurso y procedemos 

a resolver.
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II.

A. El certiorari

El auto de certiorari es un vehículo procesal que permite a un 

tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones de un 

tribunal inferior. En esencia, se trata de un recurso extraordinario 

mediante el cual se solicita al tribunal de superior jerarquía la 

corrección de un error cometido por el tribunal inferior. 800 Ponce de 

León Corp. v. American International Insurance, 205 DPR 163 (2020); 

Medina Nazario v. McNeil Healthcare, LLC, 194 DPR 723, 728-729 

(2016); véase, además, Art. 670 del Código de Enjuiciamiento Civil, 

32 LPRA sec. 3491. Por tanto, la expedición del auto de certiorari 

descansa en la sana discreción del tribunal revisor. Íd.; IG Builders 

et al v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012). 

 La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, delimita 

expresamente las instancias en las que este Tribunal de Apelaciones 

puede expedir los recursos de certiorari para revisar resoluciones y 

órdenes interlocutorias del foro de Instancia. 800 Ponce de León 

Corp. v. American International Insurance, supra; Scotiabank de 

Puerto Rico v. ZAF Corporation, 202 DPR 478, 487 (2019). En lo 

pertinente, la referida regla dispone lo siguiente: 

[e]l recurso de certiorari para revisar resoluciones 

u órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal 

de Primera Instancia, solamente será expedido 

por el Tribunal de Apelaciones cuando se recurra 

de una resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 

o de la denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo. No obstante, y por excepción a lo 

dispuesto anteriormente, el Tribunal de 

Apelaciones podrá revisar órdenes o resoluciones 

interlocutorias dictadas por el Tribunal de 

Primera Instancia cuando se recurra de 

decisiones sobre la admisibilidad de testigos de 

hechos o peritos esenciales, asuntos relativos a 

privilegios evidenciarios, anotaciones de rebeldía 

o en casos de relaciones de familia, en casos que 

revistan interés público o en cualquier otra 

situación en la cual esperar a la apelación 

constituiría un fracaso irremediable de la justicia. 

Al denegar la expedición de un recurso de 

certiorari, en estos casos, el Tribunal de 
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Apelaciones no tiene que fundamentar su 

decisión. 32 LPRA Ap. V, R. 52.1. 

Aun cuando al amparo del precitado estatuto adquirimos 

jurisdicción sobre un recurso de certiorari, la expedición del auto y 

la adjudicación en sus méritos es un asunto discrecional. No 

obstante, tal discreción no opera en el abstracto. Torres Martínez v. 

Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 96 (2008). La Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones establece los criterios que 

este foro tomará en consideración para ejercer prudentemente su 

discreción para expedir o no un recurso de certiorari, a saber: 

A. Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos 

son contrarios a derecho.

B. Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para analizar el problema. 

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad, o error 

craso y manifiesto de la apreciación de la 

prueba por el Tribunal de Primera Instancia.

D. Si el asunto planteado exige consideración, 

más detenida a la luz de los autos originales, 

por los cuales deberán ser elevados, o de 

alegatos más elaborados. 

E. Si la etapa del procedimiento en que se 

presenta el caso es la más propicia para su 

consideración.

F. Si la expedición del auto o de la orden de 

mostrar causa no causan un fraccionamiento 

indebido del pleito y una dilación indeseable 

en la solución final del litigio. 

G. Si la expedición del auto o de la orden de 

mostrar causa evita un fracaso de la justicia. 

4 LPRA Ap. XXII-B.

De otra parte, este Tribunal solo intervendrá con las 

determinaciones discrecionales del Tribunal de Primera Instancia, 

cuando se demuestre que hubo un craso abuso de discreción, 

prejuicio, parcialidad o error manifiesto. Trans-Oceanic Life Ins. v. 

Oracle Corp., 184 DPR 689, 709 (2012), citando a Lluch v. España 

Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986). En el ámbito jurídico la 

discreción ha sido definida como una forma de razonabilidad 

aplicada al discernimiento judicial para llegar a una conclusión 

justiciera. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 434-

435 (2013). La discreción se nutre de un juicio racional apoyado en 
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la razonabilidad y fundamentado en un sentido llano de justicia. Íd.

Por lo anterior, un adecuado ejercicio de discreción judicial está 

estrechamente relacionado con el concepto de razonabilidad. 

Umpierre Matos v. Juelle Albello, 203 DPR 254, 275 (2019); Rivera y 

otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 155 (2000).

B. Notificaciones a las partes representadas por abogado

La Regla 67 de Procedimiento Civil, regula lo correspondiente 

a la notificación y a la presentación de los escritos. Establece en su 

inciso 1 y 2 cuándo se requiere la notificación y la forma de 

hacerla. En lo que aquí nos concierne, esta regla dispone lo 

siguiente:

Regla 67.1. Notificación; cuándo se requiere 

Toda orden emitida por el tribunal y todo escrito presentado 

por las partes será notificado a todas las partes. La 

notificación se efectuará el mismo día en que se emita la 

orden o se presente el escrito.

[...].

Regla 67.2. Forma de hacer la notificación 

Siempre que una parte haya comparecido 

representada por abogado o abogada, la notificación será 

efectuada al abogado o abogada, a menos que el tribunal 

ordene que la notificación se efectúe a la parte misma. La 

notificación al abogado o abogada, o a la parte se efectuará 

entregándole copia o remitiéndola por correo, fax o medio 

electrónico a la última dirección que se haya consignado en 

el expediente por la parte que se autorrepresenta o a la 

dirección del abogado o abogada que surge del registro del 

Tribunal Supremo para recibir notificaciones, en 

cumplimiento con la Regla 9. Si la dirección se desconoce, se 

notificará de ello al tribunal con copia del escrito de que se 

trate. [...]. (Énfasis suplido). 32 LPRA Ap. V.

Conforme surge de la citada normativa legal, toda orden 

emitida por el tribunal será notificada a todas las partes y siempre 

que una parte haya comparecido representada por abogado, 

la notificación será efectuada al abogado, salvo que el tribunal 

ordene que la notificación se efectúe a la parte misma. 

La notificación al abogado se efectuará entregándole copia o 

remitiéndola por correo, fax o medio electrónico a la dirección del 

abogado que surge del registro del Tribunal Supremo para recibir 

notificaciones.
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III.

El Sr. Roche Negrón solicita que dejemos sin efecto dos (2) 

órdenes emitidas por el TPI bajo la premisa de que no fueron 

notificadas adecuadamente. Alega, en ambos señalamientos de 

error, que el TPI violó su debido proceso de ley al no realizar una 

oportuna y adecuada notificación y/o citación bajo la Regla 40 de

las de Procedimiento Civil.

Ambas órdenes fueron adecuadamente notificadas mediante 

correo electrónico a los abogados de las partes, conforme dispone la 

Regla 67 de Procedimiento Civil, supra.

Según surge de los documentos ante nuestra consideración, 

la Secretaría del TPI notificó ambas órdenes al correo electrónico de 

la Lcda. Feliciano Matos, afm@lcdafeliciano.com, representante 

legal del Sr. Roche. Así, cumpliendo con el requisito de notificación 

adecuada esbozado en las Reglas de Procedimiento Civil. Bajo 

ninguna circunstancia habría que citarlo personalmente conforme 

la Regla 40 de Procedimiento Civil, si el TPI notificó correcta y 

oportunamente a su representante legal.

Las Reglas de Procedimiento Civil establecen que cuando la 

parte en un pleito haya comparecido representada por un abogado, 

como sucede en el presente caso, la notificación será efectuada 

al abogado salvo que el TPI ordene que la notificación se efectúe a la 

misma parte, cosa que aquí no se demuestra. Por tanto, la 

notificación de las órdenes recurridas al correo electrónico de la 

abogada del recurrente es suficiente. No existe razón para que el 

demandado fuera notificado o citado de manera distinta.

IV.

Por todo lo anterior, se deniega la expedición del recurso de 

Certiorari. 
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Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones