Número Identificador

SEN2024 _____________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL ESPECIAL

OATA-2023-1651

CYNTHIA MÉNDEZ 

SEGARRA

Demandante-Recurrida

v.

CASA REALTY 

CORPORATION H/N/C 

FARMACIA GRITO DE 

LARES Y OTROS

Demandados

MAYBETH TORRES 

SIGURANI

Codemandada

Peticionaria

KLCE202300841

CERTIORARI

procedente del

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 

Superior de San 

Sebastián

Caso Núm.

LR2022CV00095

Sala: 0002 Distrito y 

Superior

Sobre: 

DESPIDO 

INJUSTIFICADO (LEY 

80), DISCRIMEN 

(LEY 100)

Panel integrado por su presidenta, la Juez Lebrón Nieves, la Jueza 

Santiago Calderón y el Juez Cruz Hiraldo.

Cruz Hiraldo, Juez Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de marzo de 2024.

Comparece la parte peticionaria, Maybeth Torres Sigurani, 

para solicitarnos que se revise y revoque la Orden emitida y 

notificada el 18 de mayo de 2023 y la Resolución emitida el 22 de 

junio de 2023 y notificada el 27 de junio de 2023 por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala Superior de San Sebastián donde, 

respectivamente, decretó No Ha Lugar a una solicitud de 

desestimación y declaró No Ha Lugar a la Moción de 

Reconsideración presentada por la peticionaria. El 21 de febrero de 

2024, el Tribunal de Primera Instancia emitió una Resolución 

Enmendada fundamentando y reafirmando su dictamen.

Por los fundamentos que exponemos a continuación, se 

expide el auto de certiorari. Se modifica la Resolución Enmendada,

1 Mediante la Orden Administrativa OATA-2023-165 se designa al Juez Joel A. 

Cruz Hiraldo en sustitución de la Jueza Eileen J. Barresi Ramos.
KLCE202300841 2

a fines de desestimar la causa de acción bajo la Ley Núm. 100, y 

así modificada, se confirma.

I

El 1 de abril de 2022, la Sra. Méndez Segarra instó una 

Demanda en contra de Casa Realty Corporation, haciendo negocios 

como Farmacia Grito de Lares, y Ludovina Sigurani, en su carácter 

personal, por discrimen bajo la Ley Núm. 100 de 30 de junio de 

19592 (en adelante, “Ley Núm. 100”), por hostigamiento y acoso 

laboral, por despido constructivo al amparo de la Ley Núm. 80 de 

30 de mayo de 19753 (en adelante, “Ley Núm. 80”) y por daños y 

perjuicios.

En apretada síntesis, la Sra. Méndez Segarra laboró por 

catorce (14) años y siete (7) meses como Técnica de Farmacia en la 

Farmacia Grito de Lares bajo la supervisión de la Sra. Ludovina 

Sigurani, dueña y presidenta de Casa Realty Corporation. Según 

las alegaciones de la Demanda, la Sra. Méndez fue sujeta a un 

ambiente hostil y humillante tras ser expuesta a constantes 

comentarios degradantes, burlas sobre su peso y condiciones de 

salud, conducta abusiva y actos ilegales, todo perpetrado por la 

Sra. Ludovina Sigurani. En fin, el 23 de septiembre de 2021, la 

Sra. Méndez Segarra alegó que se vio forzada a renunciar su 

empleo y, poco después, presentó la acción de epígrafe, 

reclamando por daños sufridos, daños punitivos, pérdida de 

ingreso, mesada e indemnización al amparo de la Ley Núm. 80, 

doble compensación al amparo de la Ley Núm. 100 y honorarios de 

abogado. Ante el fallecimiento de la Sra. Ludovina Sigurani, el 11 

de enero de 2023, la demandante presentó una Demanda 

Enmendada con el propósito de incluir como parte demandada a la 

2 Ley Antidiscrimen de Puerto Rico, Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959, según 

enmendada, 29 LPRA § 146 et seq.

3 Ley Sobre Despidos Injustificados, Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1975, según 

enmendada, 29 LPRA § 185a et seq.
KLCE202300841 3

Sucesión de Ludovina Sigurani, compuesta por Maybeth Torres 

Sigurani, Raymond Torres Sigurani y Stephanie Torres Muñiz.

Acaecidos diversos trámites procesales, el 8 de mayo de 

2023, la demandada Maybeth Torres Sigurani presentó una Moción 

de Desestimación al Amparo de la Regla 10.2(5) de Procedimiento 

Civil. Arguyó que, se debió desestimar con perjuicio la demanda

por los siguientes planteamientos: 1) la causa de acción bajo la Ley

Núm. 80 contra la Sucesión de la Sra. Ludovina Sigurani en su 

carácter personal, por ser una causa de acción exclusiva obrero 

patronal; 2) la causa de acción bajo la Ley Núm. 100, por no 

haberse establecido un caso prima facie de discrimen al no 

contener alegación alguna de discrimen y ser un remedio obrero 

patronal; 3) la demanda en su totalidad por constituir cosa juzgada

e impedimento colateral. por sentencia ante una resolución por el 

Departamento del Trabajo en el caso núm. M-04079-21AE; y 4) la 

demanda en su totalidad, por insuficiencia en las alegaciones y por 

no exponer una reclamación que justifique la concesión de un 

remedio.

El 11 de mayo de 2023, la demandante presentó su 

oposición a la solicitud de desestimación. En primer lugar, expresó 

que la demandada Maybeth Torres Sigurani fue incluida en el 

pleito para responder por las actuaciones de su madre, la Sra. 

Ludovina Sigurani, mediante las reclamaciones bajo los Artículos 

1536 y 1540 del Código Civil4. En segundo lugar, esgrimió que la 

doctrina de cosa juzgada e impedimento colateral por sentencia no 

era de aplicación debido a que en los procesos llevados por el 

Negociado de Seguridad de Empleo en el Departamento de Trabajo 

solo se atendió el seguro por desempleo y que no tienen 

jurisdicción para atender los reclamos de la demanda. Por último, 

4 Arts. 1536 y 1540 del Código Civil de Puerto Rico de 2020, Ley Núm. 55-2020, 

según enmendada, 31 LPRA § 10801 y 10804.
KLCE202300841 4

se arguyó que la solicitud de desestimación, esencialmente, se 

basa en la falta de justificación de la concesión de un remedio y 

que, al aplicarse la Regla 10.2 de Procedimiento Civil5 y las 

alegaciones tomadas como ciertas, se debió concluir que existe una 

controversia real y específica que justifica una concesión de un 

remedio.

El 11 de mayo de 2023, notificada el 18 de mayo de 2023, el 

Tribunal de Primera Instancia emitió una Orden en la cual declaró 

No Ha Lugar a la solicitud de desestimación. No obstante, el 1 de 

junio de 2023, la demandada Maybeth Torres Sigurani presentó 

una moción de reconsideración. El 6 de junio de 2023, el foro 

primario celebró una vista en la cual atendió la moción de 

reconsideración. El Tribunal de Primera Instancia señaló que 

existía una controversia sobre si nuestro ordenamiento jurídico 

permite una reclamación contra un funcionario de la empresa en 

su carácter personal por actuaciones de daños por discrimen y 

acoso laboral. Ante ello, el Foro de Instancia le concedió un 

término a la demandante para mostrar su posición sobre la 

reconsideración y permitió las correspondientes réplicas de las 

partes.

El 14 de junio de 2023, la demandante presentó una Moción 

en Cumplimiento de Orden en Oposición a Moción de 

Reconsideración. En cuanto a la controversia traída por el Tribunal 

de Primera Instancia, la demandante arguyó que la misma fue 

resuelta por el Tribunal Supremo en Cabeller Rivera v. Adriel 

Toyota et al.6, donde la demandante utilizó el análisis hecho por el 

Tribunal sobre que un autor de actos de hostigamiento sexual

podía responder en su carácter personal y, en apretada síntesis, 

esgrimió que ello era de igual aplicación al presente caso. Así las 

5 32 LPRA Ap. V, R. 10.2.

6 Cabeller Rivera v. Adriel Toyota et al., 200 DPR 120 (2018).
KLCE202300841 5

cosas, el 20 de junio de 2023, la demandada Maybeth Torres 

Sigurani presentó una réplica en la cual esgrimió que la 

jurisprudencia presentada por la demandante es exclusivamente 

sobre hostigamiento sexual, que no es de aplicación al presente 

caso por no ser de hostigamiento sexual y que la legislación 

aplicable solo concede remedios en contra de los patronos y no 

empleados en su carácter personal.

Luego de una dúplica presentada por la demandante, el 22 

de junio de 2023, notificada el 27 de junio de 2023, el Tribunal de 

Primera Instancia emitió una Resolución declarando No Ha Lugar a 

la solicitud de reconsideración amparándose en el caso de Cabeller 

Rivera v. Adriel Toyota et al.7. Inconforme, el 31 de julio de 2023, la

demandada-peticionaria, Maybeth Torres Sigurani, presentó el 

auto de certiorari ante nos con los siguientes señalamientos de 

error:

PRIMER ERROR

INCURRIÓ EN ERROR MANIFIESTO EL HONORABLE 

TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL NO 

DESESTIMAR LA CAUSA DE ACCIÓN BAJO LA LEY 

80 DE DESPIDO INJUSTIFICADO EN CONTRA DE UN 

AGENTE DEL PATRONO QUE ALEGADAMENTE 

INCURRIO [sic] EN CONDUCTA DE HOSTIGAMIENTO 

LABORAL POR LAS QUE LA AGRAVIADA TUVO QUE 

RENUNCIAR A SU EMPLEO.

SEGUNDO ERROR

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL NO DESESTIMAR LA CAUSA DE 

ACCIÓN AL AMPARO DE LA LEY 100 SOBRE 

DISCRIMEN LABORAL IMPONIENDO 

RESPONSABILIDAD PERSONAL AL AGENTE O 

EMPLEADO DEL PATRONO POR HECHOS QUE NO 

ACTIVAN ESTA PROTECCIÓN LABORAL.

TERCER ERROR

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL NO DESESTIMAR LA CASUSA [sic] DE 

ACCIÓN DE HOSTIGAMIENTO LABORAL AL AMPARO 

DEL ARTÍCULO 1536 DEL CÓDIGO CIVIL DE 

PUERTO RICO POR LOS MISMOS HECHOS EN LOS 

QUE SOLICITA UNA REPARACIÓN DE LOS AGRAVIOS 

7 Id.
KLCE202300841 6

BAJO LA LEY 80 SOBRE DESPIDO INJUSTIFICADO Y 

LA LEY 100 SOBRE DISCRIMEN PRODUCIENDO QUE 

SE DE UNA DOBLE COMPENSACIÓN.

El 9 de febrero de 2024, emitimos una Resolución donde le 

ordenamos al Tribunal de Primera Instancia a atender a cada uno 

de los planteamientos contenidos en la Moción de Desestimación, 

según nos permite la Regla 83.1 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones8. El 21 de febrero de 2024, el foro primario emitió una 

Resolución Enmendada en cumplimiento con nuestra orden. 

En la Resolución Enmendada, el foro a quo reafirmó su 

postura sobre la responsabilidad en el carácter personal de un 

empleado bajo la Ley Núm. 100 y resolvió que no procede la 

desestimación, ya que se desprende que puede existir una 

reclamación que justifique la concesión de un remedio a favor de la 

demandante. Añadió que, de probarse, las actuaciones de 

hostigamiento que se le imputan a la demandada pudieran 

conllevar al resarcimiento de daños y que su desestimación sería 

darle inmunidad a la autora del daño. En cuanto a la 

responsabilidad en el carácter personal al amparo de la Ley Núm. 

80, el foro de instancia indicó que fue presentada por la 

demandante en la alternativa de no probarse la reclamación por 

hostigamiento bajo la Ley Núm. 100 y que está dirigida hacia la 

corporación y no en el carácter personal de la Sucesión Ludovina 

Sigurani. Además, aclaró que no responderían en su carácter 

personal bajo la Ley Núm. 80. En fin, declaró nuevamente No Ha 

Lugar a la solicitud de reconsideración de la codemandada y aquí 

peticionaria, Maybeth Torres Sigurani.

Examinado el recurso en su totalidad y, con la 

comparecencia de ambas partes en aras de lograr el más justo y 

eficiente despacho, damos por perfeccionado el recurso y

procedemos a establecer el derecho aplicable y resolver. 

8 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83.1.
KLCE202300841 7

II

A. Certiorari

El recurso de certiorari es un mecanismo procesal de 

carácter discrecional que le permite a un tribunal de mayor 

jerarquía revisar las determinaciones del tribunal recurrido.9 La 

Regla 52.1 de Procedimiento Civil10 establece los preceptos que 

regulan la expedición discrecional que ejerce el Tribunal de 

Apelaciones sobre el referido recurso para la revisión de 

resoluciones y órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de 

Primera Instancia.11 En lo pertinente, la Regla 52.1 dispone lo 

siguiente:

El recurso de certiorari para revisar resoluciones 

u órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de 

Primera Instancia, solamente será expedido por el 

Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una 

resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la 

denegatoria de una moción de carácter dispositivo. No 

obstante, y por excepción a lo dispuesto 

anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá 

revisar órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas 

por el Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra 

de decisiones sobre la admisibilidad de testigos de 

hechos o peritos esenciales, asuntos relativos a 

privilegios evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en 

casos de relaciones de familia, en casos que revistan 

interés público o en cualquier otra situación en la cual 

esperar a la apelación constituiría un fracaso 

irremediable de la justicia. Al denegar la expedición de 

un recurso de certiorari en estos casos, el Tribunal de 

Apelaciones no tiene que fundamentar su decisión. 

Cualquier otra resolución u orden interlocutoria 

expedida por el Tribunal de Primera Instancia podrá 

ser revisada en el recurso de apelación que se 

interponga contra la sentencia sujeto a lo dispuesto en 

la Regla 50 sobre los errores no perjudiciales.12

La discreción del tribunal revisor no debe abstraerse del 

resto del Derecho, y por lo tanto, es una forma de razonabilidad 

aplicada al discernimiento judicial para así llegar a una conclusión 

9 Rivera Gómez v. Arcos Dorados Puerto Rico, Inc., 2023 TSPR 65, 212 DPR ___ 

(2023); McNeil Healthcare v. Mun. Las Piedras I, 206 DPR 391, 403 (2021); IG 

Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012).

10 32 LPRA Ap. V, R. 52.1.

11 Id.; Mun. de Caguas v. JRO Construction, 201 DPR 703, 709 (2019).

12 32 LPRA Ap. V, R. 52.1.
KLCE202300841 8

justiciera. 13 Así pues, la discreción judicial para expedir o no el 

auto de certiorari no ocurre en un vacío ni en ausencia de 

parámetros.14 Cónsono con lo anterior, la Regla 40 del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones15 orienta la función del tribunal 

intermedio para ejercer sabiamente su facultad discrecional y 

establece los criterios que debe considerar al determinar si procede 

o no expedir un auto de certiorari.

16 La referida regla dispone lo 

siguiente:

El tribunal tomará en consideración los siguientes 

criterios al determinar la expedición de un auto de 

certiorari o de una orden de mostrar causa:

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho.

(B) Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema.

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia.

(D) Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 

caso es la más propicia para su consideración.

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causan un fraccionamiento indebido del 

pleito y una dilación indeseable en la solución final del 

litigio.

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia.

Cabe precisar que el recurso de certiorari es un recurso 

extraordinario discrecional que debe ser utilizado con cautela y 

13 Torres González v. Zaragoza Meléndez, 2023 TSPR 46, 211 DPR ___ (2023); 

Mun. Caguas v. JRO Construction, supra, 712; IG Builders et al. v. BBVAPR, 

supra, 338.

14 Id.

15 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.

16 Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra; Rivera Gómez v. Arcos Dorados 

Puerto Rico, Inc., supra; Mun. Caguas v. JRO Construction, supra; McNeil 

Healthcare v. Mun. Las Piedras I, supra, págs. 404-405; IG Builders et al. v. 

BBVAPR, supra, págs. 338-339.
KLCE202300841 9

solamente por razones de peso.17 Es por ello que los tribunales 

revisores deben limitarse a aquellos casos en que la ley no provee 

un remedio adecuado para corregir el error señalado.18 Nuestro 

ordenamiento jurídico ha establecido que el tribunal revisor sólo 

intervendrá con las facultades discrecionales de los foros primarios 

en circunstancias extremas y en donde se demuestre que éstos: (1) 

actuaron con prejuicio o parcialidad; (2) incurrieron en un craso 

abuso de discreción, o (3) se equivocaron en la interpretación o 

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo.19

B. La Regla 10.2(5) de Procedimiento Civil

Nuestro ordenamiento procesal civil permite que una parte 

demandada solicite la desestimación de una causa de acción 

presentada en su contra si resulta evidente que de las alegaciones 

de la demanda prosperará alguna de las defensas afirmativas que 

establece la Regla 10.2 de Procedimiento Civil.20 Particularmente, 

en su inciso (5), dicha regla establece que la parte demandada 

puede fundamentar su solicitud de desestimación bajo la defensa 

de que la demanda deja de exponer una reclamación que justifique 

la concesión de un remedio.21 Este tipo de solicitud de

desestimación se dirige a los méritos de la controversia y no a los 

aspectos procesales del caso.22

Al considerarse una moción de desestimación al amparo de 

esta regla, los tribunales tienen que tomar como cierto y de la 

forma más favorable para la parte demandante todos los hechos 

bien alegados en la demanda y que hayan sido aseverados de 

17 Pueblo v. Díaz De León, 176 DPR 913, 918 (2009).

18 Id.

19 Rivera Gómez v. Arcos Dorados Puerto Rico, Inc., supra; Cruz Flores et al. v. 

Hosp. Ryder et al., 210 DPR 465, 497 (2022); Rivera y otros v. Banco Popular, 

152 DPR 140, 155 (2000).

20 32 LPRA Ap. V, R. 10.2; La Comisión de los Puertos de Mayagüez v. González 

Freyre, 211 DPR 579, 614 (2023).

21 32 LPRA Ap. V, R. 10.2(5).

22 Eagle Security Police, Inc. v. Dorado, 211 DPR 70, 83 (2023).
KLCE202300841 10

manera clara y concluyente.

23 Cónsono con lo anterior, los foros 

adjudicativos tienen el deber de interpretar las alegaciones de una 

demanda de manera conjunta y liberalmente a favor de la parte 

demandante para facilitar el amparo judicial.24

Para que prevalezca una solicitud de desestimación, el 

tribunal debe convencerse con certeza que el demandante no tiene 

derecho a remedio alguno bajo cualquier estado de derecho que se 

pudiere probar en apoyo a su reclamación, aun interpretando la 

demanda lo más liberalmente a su favor.25 Así pues, los foros 

judiciales deben ponderar si, a la luz de la situación más favorable 

al demandante y resolviendo toda duda a su favor, la demanda es 

suficiente para establecer una reclamación válida.26 Asimismo, el 

Tribunal Supremo resolvió que el estándar de revisión de la moción 

de desestimación se extiende a la solicitud de remedios 

alternativos.27

C. Ley Núm. 80

La Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 197628 (en adelante, “Ley 

Núm. 80”) cumple el fin de proteger a los empleados de 

actuaciones arbitrarias del patrono al disponer de remedios 

económicos que desalienten los despidos injustificados.29 Según 

establecido por el Tribunal Supremo, esta legislación tiene dos 

propósitos principales: 1) desalentar la práctica de despedir a 

empleados sin que medie justa causa; y 2) proveer a los empleados 

23 Id., pág. 84; Cobra Acquisitions, LLC v. Municipio de Yabucoa, 210 DPR 384, 

396 (2022).

24 Eagle Security Police, Inc. v. Dorado, supra; González Méndez v. Acción Social 

et al., 196 DPR 213, 234 (2016).

25 Rivera Sanfeliz et al. V. Jta. Dir. Firstbank, 193 DPR 38, 49 (2015).

26 Eagle Security Police, Inc. v. Dorado, supra.

27 La Comisión de los Puertos de Mayagüez v. González Freyre, supra; Cobra 

Acquisitions, LLC v. Municipio de Yabucoa, supra, págs. 400-400.

28 Ley Sobre Despidos Injustificados, Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, 

según enmendada, 29 LPRA § 185a et seq.

29 Ortiz Ortiz v. Medtronic Puerto Rico Operations, Co., 209 DPR 759, 770 (2022); 

SLG Torres-Matundan v. Centro Patología, 193 DPR 920, 929 (2015).
KLCE202300841 11

remedios consustanciales a los daños causados por los despidos 

injustificados.30

El estatuto dispone que todo empleado contratado sin 

tiempo determinado que trabaja para un patrono mediante 

remuneración y que fuere despedido sin que haya mediado una 

justa causa tendrá derecho a recibir de su patrono una

indemnización, comúnmente conocida como “la mesada”.

31 Este 

resarcimiento constituye un remedio exclusivo disponible para 

aquellos empleados que fueron despedidos injustificadamente, en 

tanto no existan otras causas de acción independientes al 

despido.32 Cabe destacar que nuestro ordenamiento laboral no 

prohíbe el despido de un empleado ya que un empleado puede ser 

despedido mediante justa causa, pero cuando no exista justa 

causa, se configurará la repercusión de que el patrono deberá 

asumir el pago de la mesada a favor del empleado.33

Ahora bien, el esquema estatutario de la Ley Núm. 80 

establece una presunción de que todo despido es injustificado y le 

impone al patrono el deber de demostrar, mediante preponderancia 

de la prueba, que hubo justa causa para el mismo.34 No obstante, 

para disfrutar de dicha presunción, el demandante tiene la 

obligación de aportar prueba que establezca los hechos básicos 

que den lugar a la presunción, estos siendo, que fue empleado por 

tiempo indeterminado del patrono, que recibía remuneración por 

su trabajo y que fue despedido de su puesto.35

30 González Méndez v. Acción Social et al., 196 DPR 213, 229-230 (2016).

31 Art. 1 de la Ley Sobre Despidos Injustificados, Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 

1976, según enmendada, 29 LPRA 185a; Ortiz Ortiz v. Medtronic Puerto Rico 

Operations, Co., supra, pág. 771.

32 Indulac v. Central General de Trabajadores, 207 DPR 279, 298 (2021); León 

Torres v. Rivera Lebrón, 204 DPR 20, 36-37 (2020).

33 Ortiz v. Medtronic Puerto Rico Operations, Co., supra; Segarra Rivera v. 

International Shipping Agency, Inc., 208 DPR 964, 983 (2022).

34 Ortiz v. Medtronic Puerto Rico Operations, Co., supra, pág. 774; Rivera Figueroa 

v. The Fuller Brush Co., 180 DPR 894, 906-907 (2011).

35 Ortiz v. Medtronic Puerto Rico Operations, Co., supra, pág. 775.
KLCE202300841 12

Por último y pertinente al caso ante nos, el Artículo 14(g) de 

la Ley Núm. 8036 define “patrono” como “toda persona natural o 

jurídica que emplee o permita trabajar a cualquier empleado 

mediante compensación”.

D. Ley Núm. 100

Nuestra Constitución establece como derecho fundamental 

la protección de toda persona contra ataques abusivos a su honra, 

reputación y vida privada o familiar.37 De igual forma, prohíbe el 

discrimen por razón de raza, color, sexo, nacimiento, origen, 

condición social e ideas políticas o religiosas.38 Por ello, nuestro 

Tribunal Supremo ha indicado que la inviolabilidad de la dignidad 

del ser humano es el principio cardinal sobre el cual se cimentan 

los derechos fundamentales de toda persona.39 La Ley Núm. 100

de 30 de junio de 1959, conocida como la “Ley Antidiscrimen de 

Puerto Rico”40 (en adelante, “Ley Núm. 100”), se aprobó con el 

propósito de instrumentar el mandato constitucional de esencial 

igualdad humana en el contexto obrero-patronal.41

Este estatuto sirve de protección para los empleados y 

candidatos a empleo contra el discrimen por parte de patronos u 

organizaciones obreras.42 La Ley Núm. 100 establece una causa de 

acción civil por daños a favor de toda persona que sea despedida, 

privada de oportunidad de empleo o de otro modo afectada 

negativamente en su empleo por motivo de edad, raza, color, sexo, 

orientación sexual, identidad de género, origen social o nacional, 

condición social, afiliación política, ideas políticas o religiosas, o 

por ser víctima o ser percibida como víctima de violencia 

36 Art. 14(g) de la Ley Sobre Despidos Injustificados, Ley Núm. 80 de 30 de mayo 

de 1976, según enmendada, 29 LPRA § 185n(g).

37 Art. II, Sec. 8, Const. ELA [Const. PR] LPRA, Tomo 1, ed. 2016.

38 Art. II, Sec. 1, Const. ELA [Const. PR], supra.

39 UPR Aguadilla v. Lorenzo Hernández, 184 DPR 1001, 1014 (2013).

40 Ley Antidiscrimen de Puerto Rico, Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959, 

según enmendada, 29 LPRA § 146 et seq.

41 Torres Rivera v. Econo Rial, Inc., 208 DPR 346, 355 (2021); Mestres Dosal v. 

Dosal Escandón, 173 DPR 62, 69 (2008).

42 Torres Rivera v. Econo Rial, Inc., supra.
KLCE202300841 13

doméstica, agresión sexual o acecho, por ser militar, ex-militar, 

servir o haber servido en las Fuerzas Armadas de los Estados 

Unidos o por ostentar la condición de veterano.43 En fin, la Ley 

Núm. 100 prohíbe y penaliza el discrimen en el empleo.44 Su 

propósito es erradicar las prácticas discriminatorias en el empleo y 

propiciar mayor igualdad de oportunidades en el empleo.45

En cuanto a la indemnización, el patrono que violente dicha 

ley incurrirá en responsabilidad civil por una suma igual al doble 

del importe de los daños que el acto haya causado al empleado o 

solicitante de empleo o, de no poderse determinar daños

pecuniarios, una suma no menor de quinientos dólares ($500.00)

ni mayor de dos mil dólares ($2,000.00), según la discreción del 

tribunal.46 A la primera partida se le conoce como “la doble 

penalidad” y abarca tanto los daños económicos como los 

sufrimientos y las angustias mentales que pruebe el promovente.47

En adición, el patrono incurrirá en un delito menos grave y sería 

castigado con multa de hasta cinco mil dólares ($5,000.00) o cárcel 

por un término no mayor de noventa (90) días, o ambas penas, a 

discreción del tribunal sentenciador.48 Por último, la ley permite la 

restitución del obrero en su empleo y la orden de cese y desista del 

acto discriminatorio.49 Cabe destacar que cuando existe 

concurrencia de acciones entre la Ley Núm. 80 y la Ley Núm. 100, 

solo procederá la indemnización estatutaria que ofrezca la mayor 

compensación al obrero.50

43 Art. 1 de la Ley Antidiscrimen de Puerto Rico, Ley Núm. 100 de 30 de junio de 

1959, según enmendada, 29 LPRA § 146.

44 Segarra Rivera v. International Shipping Agency, Inc., supra, pág. 988.

45 Mestres Dosal v. Dosal Escandon, supra, pág. 69.

46 Art. 1 de la Ley Antidiscrimen de Puerto Rico, Ley Núm. 100 de 30 de junio de 

1959, según enmendada, supra.

47 Santiago Ortiz v. Real Legacy et al., 206 DPR 194, 209 (2021).

48 Art. 1 de la Ley Antidiscrimen de Puerto Rico, Ley Núm. 100 de 30 de junio de 

1959, según enmendada, supra.

49 Id.; Torres Rivera v. Econo Rial, Inc., supra, pág. 356.

50 Segarra Rivera v. International Shipping Agency, Inc., supra, pág. 991.
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Ahora bien, previo a la reforma laboral introducida por la Ley 

Núm. 4-201751, el lenguaje original del Art. 3 de la Ley Núm. 10052

establecía una presunción de discrimen de carácter controvertible

cuando los actos antes referidos se hayan cometido sin justa 

causa.53 En toda causa de acción instada simultáneamente al 

amparo de la Ley Núm. 80 y la Ley Núm. 100, el demandante debe 

primero alegar en su demanda que su despido fue injustificado y 

luego establecer su caso prima facie por discrimen.

54 Los elementos 

que debe el promovente establecer son: 1) que fue despedido, 2) sin 

justa causa y 3) que está ubicado dentro de la modalidad de 

discrimen bajo la cual reclama.55 Una vez establecido el caso prima

facie por discrimen, la presunción se activa y el patrono puede 

atacarla al derrotar el hecho básico de ausencia de justa causa, 

destruir el hecho presumido de causa por motivos discriminatorios 

o destruir el hecho básico y presumido a la vez.56 De atacarse la 

presunción exitosamente, el demandante deberá presentar prueba 

dirigida a establecer la existencia del discrimen, sin contar con el 

beneficio de la presunción.57

En lo pertinente al caso ante nos, el estatuto define 

“patrono” como “toda persona natural o jurídica que emplee 

obreros, trabajadores o empleados, y al jefe, funcionario, gerente, 

oficial, gestor, administrador, superintendente, capataz, 

mayordomo, agente o representante de dicha persona natural o 

jurídica”.

58

51 Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral, Ley Núm. 4-2017, 29 LPRA § 

121 et seq.

52 Art. 3 de la Ley Antidiscrimen de Puerto Rico, Ley Núm. 100 de 30 de junio de 

1959, según enmendada, 29 LPRA ant. § 148. Hacemos constar que este 

artículo ha sido enmendado y su lenguaje actual no establece una presunción 

completamente distinta a la original.

53 Segarra Rivera v. International Shipping Agency, Inc., supra, pág. 988.

54 Segarra Rivera v. International Shipping Agency, Inc., supra, pág. 989 citando 

a López Fantauzzi v. 100% Natural, 181 DPR 92, 124 (2011).

55 Id.

56 Id.

57 Id.

58 Art. 6(2) de la Ley Antidiscrimen de Puerto Rico, Ley Núm. 100 de 30 de junio 

de 1959, según enmendada, 29 LPRA § 151(2).
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III

Como primer señalamiento de error, la peticionaria indicó

que el foro primario incidió al no desestimar la causa de acción 

bajo la Ley Núm. 80 por ser en contra de un agente del patrono en 

su carácter personal. En esencia, la peticionaria arguye que los 

remedios solicitados y las reclamaciones laborales bajo la Ley 

Núm. 80 son exclusivamente atribuibles a patrono y no pueden ser 

impuestas a empleados en su carácter personal. Por otro lado, la 

recurrida arguyó que este señalamiento de error no debe ser 

considerado por este foro revisor debido a que no existe 

reclamación de despido constructivo en contra de la Sra. Ludovina 

Sigurani. Igualmente, en su Resolución Enmendada, el Tribunal de 

Primera Instancia concurrió con la demandante y resolvió que la 

causa de acción bajo la Ley Núm. 80 está dirigida hacia patrono, 

Casa Realty Corporation. Coincidimos con el raciocinio del foro de 

instancia.

Aunque la redacción de las reclamaciones de la Demanda 

Enmendada resulta ser relativamente confusa, concluimos que la

causa de acción al palio de la Ley Núm. 80 sólo se dirige contra 

patrono, Casa Realty Corporation, según se desprende de la 

alegación treinta y uno (31) de la Demanda Enmendada. Así lo 

afirmó la demandante en su escrito e igualmente lo resolvió el 

Tribunal de Primera Instancia en su Resolución Enmendada. Por 

tanto, no existe una causa de acción en el carácter personal de la 

Sucesión Ludovina Sigurani al amparo de la Ley Núm. 80, por lo 

que solo resta confirmar al foro primario en cuanto a este 

señalamiento de error.

En cuanto al segundo señalamiento de error, la peticionaria 

igualmente indicó que el Tribunal de Primera Instancia que incidió 

al no desestimar la causa de acción bajo la Ley Núm. 100. La 

peticionaria arguyó que dicha causa de acción es de índole obrero-
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patronal y que las alegaciones de la demanda no contienen acto 

discriminatorio alguno que se encuentre bajo la protección de la 

Ley Núm. 100. Por otro lado, la recurrida argumentó que la 

controversia sobre si se puede demandar en carácter personal a un 

funcionario de la empresa por actuaciones de daños por discrimen 

y acoso laboral fue resuelta por el Tribunal Supremo en el caso 

Cabeller Rivera v. Adriel Toyota59. Luego de un concienzudo estudio 

del expediente del presente caso, resulta forzoso concluir que

estamos ante una controversia quimérica y que la causa de acción 

por discrimen al amparo de la Ley Núm. 100 es improcedente.

Ciertamente, en circunstancias particulares tales como los 

casos sobre hostigamiento sexual, se puede demandar a un 

funcionario de una empresa en su carácter personal según fue 

resuelto por el Tribunal Supremo en Cabeller Rivera v. Adriel 

Toyota60 y en Rosario Toledo v. Dist. Kikuet, Inc.61. No obstante,

dicha polémica es irrelevante cuando de la misma Demanda 

Enmendada surge que no existe alegación alguna que sostenga 

una reclamación al palio de la Ley Núm. 100. Es decir, al tomar 

como cierto y de la forma más favorable para la demandanterecurrida todos los hechos bien alegados en la Demanda 

Enmendada, no existe reclamación válida bajo la Ley Núm. 100, 

pues, no se alega discrimen alguno que se contemple bajo dicho 

estatuto. Veamos.

En la Demanda Enmendada, la demandante-recurrida alude 

a actos de discrimen en numerosas ocasiones, sin especificar la 

modalidad de discrimen cometido. No obstante, de las 

alegaciones número quince (15) y veintiuno (21), se desprende 

que el alegado discrimen es por razón del “peso y condición de 

salud” de la demandante-recurrida. La Ley Núm. 100 es clara en 

59 Id.

60 Id.

61 Rosario Toledo v. Dist. Kikuet, Inc., 151 DPR 634 (2000)
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cuanto a las distintas categorías de discrimen que se prohíben, 

estas siendo: por razón de edad, raza, color, sexo, orientación 

sexual, identidad de género, origen social o nacional, condición 

social, afiliación política, ideas políticas o religiosas, o por ser 

víctima o ser percibida como víctima de violencia doméstica, 

agresión sexual o acecho, por ser militar, ex-militar, servir o haber 

servido en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos o por 

ostentar la condición de veterano.62 Evidentemente, la Ley Núm. 

100 no contempla un discrimen por razón de peso o condición 

de salud, por lo que tampoco provee un remedio para ello.

La realidad del caso es que la demandante-recurrida no 

alegó una indicativa de cualquier modalidad de discrimen bajo la 

Ley Núm. 100, por lo que es insostenible e improcedente la causa 

de acción por discrimen bajo la referida ley. Resolver al contrario 

permitiría que se sostengan causas de acción sin alegaciones que 

la apoyen, sometiendo a las partes adversarias a una litigación 

sobre controversias inexistentes, según ocurrió en el presente caso.

El Tribunal de Primera Instancia negó desestimar esta causa 

de acción basándose en las alegadas actuaciones de hostigamiento 

porque, de probarse éstas, podrían conllevar una indemnización 

por daños sufridos. Además, el foro a quo cita la jurisprudencia de 

Cabeller Rivera v. Adriel Toyota63 y en Rosario Toledo v. Dist. 

Kikuet, Inc.64 en apoyo a su conclusión. Le recordamos al foro de 

instancia que la Ley Núm. 100 es una ley que atiende asuntos de 

discrimen y se utilizó, en conjunto con otras leyes, en la precitada 

jurisprudencia bajo el contexto de discrimen por razón de sexo, 

entre otras. El presente caso trata sobre un despido 

constructivo mediante hostigamiento y acoso laboral, sin 

pretexto alguno de discrimen. Las alegaciones de hostigamiento 

62 Art. 1 de la Ley Antidiscrimen de Puerto Rico, Ley Núm. 100 de 30 de junio de 

1959, según enmendada, supra.

63 Id.

64 Rosario Toledo v. Dist. Kikuet, Inc., 151 DPR 634 (2000)
KLCE202300841 18

y acoso laboral, por sí solas y sin algún acto discriminatorio, no 

pueden sustentar una causa de acción bajo la Ley Núm. 100. Por 

tanto, procede la desestimación de la causa de acción por 

discrimen bajo la Ley Núm. 100 en contra de Casa Realty 

Corporation y la Sra. Ludovina Sigurani, ahora sustituida por la 

Sucesión, en su carácter personal.

Como tercer y último señalamiento de error, la peticionaria 

indicó que el Tribunal de Primera Instancia incidió al no 

desestimar la causa de acción en daños y perjuicios por 

hostigamiento y acoso laboral al amparo del Artículo 1536 del 

Código Civil de Puerto Rico65. En esencia, la peticionaria arguyó

que el remedio aplicable de la Ley Núm. 80 es exclusivo por lo que 

no procede una acción de daños y perjuicios y aún menos a un 

empleado en su carácter personal. No le asiste la razón.

Una parte demandada puede presentar una moción de 

desestimación sobre una causa de acción presentada en su contra 

si resulta evidente que de las alegaciones de la demanda 

prosperará alguna de las defensas esbozada en la Regla 10.2 de 

Procedimiento Civil66, entre ellas la defensa de que la demanda 

deja de exponer una reclamación que justifique la concesión de un 

remedio.67 Empero, para que la parte promovente prevalezca es 

necesario que el tribunal se convenza con certeza de que no existe 

derecho a algún remedio bajo cualquier estado de derecho que se 

pudiera probar en apoyo a su reclamación e interpretada de la 

forma más liberal y favorable para la demandante.

Tras un prolijo estudio de las alegaciones de la Demanda 

Enmendada junto al expediente del caso de autos, no podemos, en 

buena conciencia, desestimar la acción judicial en esta etapa de 

los procedimientos. Las alegaciones de hostigamiento y acoso 

65 Art. 1536 del Código Civil de Puerto Rico de 2020, Ley Núm. 55-2020, según 

enmendada, 31 LPRA § 10801.

66 32 LPRA Ap. V, R. 10.2.

67 Id., R. 10.2(5).
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laboral, tomadas de la forma más favorable a la demandante y 

resolviendo toda duda a su favor, pudieran, de probarse, encontrar 

un remedio bajo algún estado de derecho aplicable, siendo esta 

suficiente para establecer una reclamación válida. Por ende, 

concluimos que el Tribunal de Primera Instancia actuó 

correctamente en derecho y no cometió el señalado error.

IV

Por los fundamentos antes expresados, las cuales hacemos 

formar parte de este dictamen, se expide el auto de certiorari. Se 

modifica la Resolución Enmendada emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de San Sebastián, a fines de 

desestimar la causa de acción bajo la Ley Núm. 100, y así 

modificada, se confirma.

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

 Secretaria del Tribunal de Apelaciones