Sobre la aplicación de la Declaración de

las Naciones Unidas sobre los Principios

fundamentales de Justicia para las

Víctimas del delito y del abuso de poder.

Guía para 

El DISEÑO DE 

POLÍTICAS

ODCCP

UN

Centro Internacional para la Prevención del Delito

Oficina de las Naciones 

Unidas para el Control de 

Drogas y Prevención del Delito
i

Guía para 

El Diseño de Políticas 

Sobre la aplicación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 

Principios fundamentales de Justicia para las Víctimas del delito y del 

abuso de poder. 

UN 

ODCCP 

Oficina de las Naciones Unidas para el Control de Drogas y Prevención del Delito 

Centro Internacional para la Prevención del Delito 

Nueva York, 1999
ii

Esta Guía fue elaborada por un grupo de expertos de más de 40 países en 

una serie de reuniones auspiciadas por la Oficina para las Víctimas de 

Delito del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y el Ministerio 

de Justicia de Holanda. Se preparó el documento en colaboración con la 

Oficina de las Naciones Unidas de Viena, el Centro Internacional para la 

Prevención del Delito, la Oficina para el Control de Drogas y Prevención 

del Delito y se publicó con la generosa financiación de la Oficina para las 

Víctimas del Delito del Departamento de Justicia de los Estados Unidos 

de América. 
iii

Prefacio 

 Este documento ha sido diseñado para los diseñadores de 

políticas, incluyendo los funcionarios de los ministerios o departamentos 

de justicia, del interior y de bienestar social y salud y las autoridades 

locales de todos los países interesados en mejorar la situación de las 

víctimas del delito y del abuso de poder y en proporcionarles a dichas 

víctimas la asistencia necesaria y acceso a la justicia. Esta guía describe 

brevemente las líneas de trabajo que se pueden tomar; se podrá encontrar 

mayor información en el manual de justicia para víctimas sobre el uso y 

aplicación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Principios 

Fundamentales de Justicia para las Víctimas del delito y del abuso de 

poder. 

La Comisión de las Naciones Unidas sobre la Prevención del 

Delito y la Justicia Penal es el órgano principal responsable de promover 

en la comunidad internacional la aplicación de la Declaración de la 

Asamblea General de 1985 sobre Principios Fundamentales de Justicia 

para las Víctimas del delito y del abuso de poder (Resolución de la 

Asamblea General 40/34, Anexo, del 29 de noviembre de 1985). Los 

estados pueden recibir asistencia para su trabajo de la Red de Programas 

de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y la Justicia Penal, 

incluyendo el Centro Internacional para la Prevención del Delito, los 

asesores interregionales de las Naciones Unidas y la red de institutos 

asociados. 

 Es responsabilidad de los gobiernos desarrollar y auspiciar 

programas que brinden respuestas al problema de la victimización en la 

sociedad. Las víctimas merecen respeto por su dignidad, privacidad y 

seguridad. La asistencia a las víctimas impide que queden aisladas del 

sistema penal y de la comunidad. Los esfuerzos y recursos destinados a 

dichos programas, incluyendo un programa efectivo de prevención, 

habrán de mostrar significativos beneficios en el corto y en el largo plazo. 

Los costos originados por el delito se reducirán. Las víctimas estarán más 

dispuestas a proporcionar información sobre crímenes y delincuentes lo 

que resulta indispensable para el sistema de justicia penal. La respuesta 

deberá reunir a los gobiernos, a las organizaciones intergubernamentales y 

no gubernamentales y a la comunidad en general. Esta guía se propone 

mostrar el camino. 
iv
v 

ÍNDICE 

Página 

Prefacio ................................................................................................... iii 

INTRODUCCIÓN....................................................................................1 

DECLARACIÓN SOBRE LOS PRINCIPIOS 

FUNDAMENTALES DE JUSTICIA PARA LAS VÍCTIMAS 

DEL DELITO Y DEL ABUSO DE PODER ..........................................6 

Resolución .................................................................................................6 

Anexo 

DECLARACION SOBRE LOS PRINCIPIOS 

FUNDAMENTALES DE JUSTICIA 

PARA LAS VICTIMAS DEL DELITO 

Y DEL ABUSO DE PODER ...................................................19 
1 

INTRODUCCIÓN 

En los sistemas modernos de justicia penal, las víctimas del delito 

y del abuso de poder pueden legítimamente llamarse “personas 

olvidadas”. Se ha prestado considerable atención a garantizar el debido 

proceso al acusado. Habida cuenta de que es precisamente el demandado 

el que puede recibir el castigo impuesto por el estado, se le debe 

garantizar la posibilidad de probar su inocencia. No obstante, no se ha 

prestado la misma atención a los derechos e intereses de las víctimas; se 

ha dado por sentado que el estado representa el interés supremo de la 

sociedad, incluyendo los intereses de las víctimas. Así mismo, no pareció 

existir la necesidad de contar con disposiciones especiales sobre el rol de 

la víctima en procedimientos judiciales. 

 La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Principios 

Fundamentales de Justicia para las Víctimas del Delito y del Abuso de 

Poder (Resolución de la Asamblea General 40/34, Anexo, del 29 de 

noviembre de 1985) se aprobó por consenso en la Asamblea General de 

1985 y por lo tanto refleja la decisión colectiva de la comunidad 

internacional de restablecer el equilibrio entre los derechos fundamentales 

de los sospechosos y delincuentes y los derechos e intereses de las 

víctimas. 

 La Declaración se basa en la filosofía de que las víctimas deben 

recibir el debido reconocimiento y ser tratadas con respeto por su 

dignidad. Las víctimas tienen derecho a acceder a los mecanismos 

judiciales y recibir una pronta reparación del daño y las pérdidas sufridas. 

También tienen derecho a recibir la adecuada asistencia especializada para 

el tratamiento del trauma emocional y otros problemas causados por la 

victimización. 

 La aprobación de un instrumento internacional, si bien 

importante, es sólo un primer paso hacia los logros prácticos. Dicho 

instrumento se habrá de poner en práctica a nivel internacional, regional, 

nacional y local. La Declaración establece áreas en las cuales es necesario 

emprender acciones para asegurar un tratamiento igualitario para las 

víctimas; fija las normas básicas sobre las cuales las distintas 

jurisdicciones pueden evaluar sus propias prácticas e identificar qué 

cambios se deben introducir. También proporciona una guía para la 

cooperación y asistencia internacional en el tema. 
2 

 Los gobiernos y organizaciones de todo el mundo han respondido 

al desafío de la implementación de diversas maneras. Se ha logrado un 

verdadero avance en muchas jurisdicciones. Por otro lado, algunos 

gobiernos recién comienzan a reconocer la importancia de que los 

sistemas de justicia y contención resulten más accesibles a las víctimas. 

Probablemente no existe ninguna jurisdicción en la cual el tratamiento de 

las víctimas del delito y abuso de poder respete absolutamente el texto de 

la Declaración. 

 Desde la adopción de la Declaración, el problema de la 

victimización por el delito y abuso de poder no ha perdido el carácter de 

urgencia en ningún grado. Los conflictos armados, las luchas étnicas y los 

regímenes opresores han cobrado innumerables víctimas, en gran medida 

civiles, entre los cuales las mujeres y los niños son los que sufren las 

mayores consecuencias. Millones de mujeres y niños son víctimas de la 

explotación sexual. Las diversas formas de explotación del trabajo infantil 

crecen en forma desenfrenada y muchos inmigrantes son sometidos a la 

victimización. Muchos casos de delito y abusos de poder nunca se reflejan 

en los registros oficiales y son parte de los “números oscuros”. 

 Las encuestas sobre victimización continúan representando un 

método importante para estimar mejor la incidencia de la victimización a 

través del delito convencional. En más de 50 países se ha llevado a cabo la 

Encuesta Internacional de Victimización (ICVS)1

. 

 

1

 Los países/provincias y años de la encuesta en cada región son los siguientes: 

Europa Occidental: Austria (1996), Bélgica (1989 y 1992), Inglaterra y Gales (1989, 1992 y 

1996), Finlandia (1989, 1992 y 1996), Francia (1989 y 1992), Alemania (1989), Italia 

(1992), Malta (1997), Holanda (1989, 1992 y 1996), Irlanda del Norte (1989 y 1996), 

Noruega (1989), Escocia (1989 y 1996), España (1989 y 1995), Suecia (1992 y 1996) y 

Suiza (1989 y 1996); Norteamérica y Australasia: Australia (1989 y 1992), Canadá (1989, 

1992 y 1996), Nueva Zelanda (1992) y Estados Unidos (1989, 1992 y 1996); Europa Central 

y del Este: Albania (1996), Bielorrusia (1997), Bulgaria (1997), Croacia (1997), República 

Checa (1992 y 1996), Estonia (1993 y 1995), Georgia (1992 y 1996), Hungría (1992 y 

1996), Kyrgystan (1996), Latvia (1996), Lituania (1997), Polonia (1989, 1992 y 1996), 

Rumania (1996), Federación Rusa (1992 y 1996), Eslovaquia (1992 y 1996), Eslovenia 

(1992 y 1997), la ex-República Yugoslava de Macedonia (1996), Ucrania (1997) y 

Yugoslavia (1996); Asia: China (1994 y 1997), India (1992 y 1996), Indonesia (1989, 1992 y 

1996), Japón (1989 y 1992), Mongolia (1996), Papúa Nueva Guinea (1992) y Filipinas (1992 

y 1996); Africa: Botswana (1997), Egipto (1992), Sudáfrica (1992 y 1996), Túnez (1992), 

Uganda (1992 y 1996), República de Tanzania (1992) y Zimbabwe (1996); 

América Latina: Argentina (1992 y 1996), Bolivia (1996), Brasil (1992 y 1996), Costa Rica 

(1992 y 1996) y Paraguay (1997); 

Fuente: Institute of Criminology, Leiden University, Holanda y el Instituto Interregional de 

las Naciones Unidas para Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia (UNICRI). 
3 

 La Figura 1 muestra que la victimización por el delito 

convencional constituye un problema social que afecta a una gran parte de 

las poblaciones urbanas en todo el mundo. Si bien los habitantes de las 

megaciudades de África y América Latina constituyen la población más 

afectada, los habitantes de las ciudades en otras partes del mundo también 

se ven amenazados por el delito convencional. Más de un tercio de los 

habitantes urbanos no se sienten seguros en sus propios barrios por la 

noche, lo que se ve particularmente acentuado entre las mujeres y los 

ancianos. No se debe pasar por alto el efecto negativo de la victimización 

por el delito sobre el bienestar de los habitantes de las ciudades y sobre la 

cohesión de las comunidades urbanas. 

 La primera ronda de la Encuesta Internacional de Delito contra el 

Comercio llevada a cabo durante el período 1988-1994, reveló muy altas 

tasas de victimización entre los comerciantes minoristas y otras formas de 

comercio. Los comerciantes son los que llevan sobre sus espaldas una 

gran parte de la carga económica impuesta por el delito convencional. 

 Por otro lado, es difícil que los estudios sobre victimización 

identifiquen crímenes ocultos tales como la violencia doméstica contra 

cónyuges y niños y el maltrato a los ancianos. 

 

 Las estimaciones de estos “números oscuros” deberían sumarse a 

los costos totales del delito. Como se indica anteriormente, también 

deberían agregarse las innumerables víctimas de diversas formas de abuso 

de poder. 

 En vistas de la creciente gravedad del problema y considerando 

que la seguridad pública es uno de los derechos humanos fundamentales, 

los gobiernos y la comunidad internacional deberían incluir políticas 

efectivas para prevenir y reducir la victimización por el delito. 

Figura 1: 

 
4 

 REGIONES 

 Referencias (de izquierda a derecha) 

 1o barra: Todo tipo de delito en general 

 2o barra: Robo e intento de robo 

 3o barra: Delito de contacto 

 4o barra: Hurto de/desde automóviles 

Fuente: Encuesta Internacional de Victimización (1989, 1991 y 1996). 

El objetivo de esta breve guía es llamar la atención de los 

formuladores de políticas respecto de los pasos que se han dado y los que 

aún restan para incrementar el grado de efectividad y equidad de la 

justicia penal incluyendo formas relacionadas de contención, a fin de 

respetar los derechos fundamentales de los sospechosos y delincuentes y 

también los de las víctimas. Esta guía se puede utilizar para canalizar las 

iniciativas de cooperación internacional y de asistencia técnica en las 

áreas de gobernabilidad y fortalecimiento del imperio de la ley. 

 La estructura de la presente guía refleja la de la propia 

Declaración. Después de cada sección de la Declaración (en negrita), se 

hacen sugerencias de acciones que han resultado efectivas y útiles en 

diversas jurisdicciones. Esta guía les indica a los lectores lo que se puede 

hacer para lograr un nivel aceptable de cuidado de las víctimas en sus 

respectivos países. Varias de las medidas sugeridas pueden requerir una 

significativa inversión de tiempo, personal y recursos financieros y 

consecuentemente pueden parecer inaplicables en varias jurisdicciones. 

No obstante, estos programas han sido llevados a la práctica y han 

demostrado ser exitosos. La inversión requerida frecuentemente 

proporciona significativos beneficios de corto y largo plazo. Se pueden 

movilizar recursos humanos y financieros sin incurrir en costos 

adicionales para el estado mediante la utilización de servicios de 

voluntarios bajo supervisión profesional y la aplicación de planes de 

 Porcentaje 

50 

40 

30 

20 

10 

0 Europa Norteamérica/ Europa del Asia Africa América 

 Occidental Australasia Este Latina 
5 

tributos punitorios adicionales y otras medidas innovadoras.2 Los países 

donantes deberían considerar la importancia de poner a disposición fondos 

para el desarrollo de servicios a las víctimas a través de sus planes 

oficiales de asistencia. 

 Es posible que resulte necesario adaptar estas sugerencias a las 

circunstancias legales, culturales y políticas específicas de cada 

jurisdicción. 

 Diversas jurisdicciones han publicado detalladas descripciones de 

diferentes iniciativas y mecanismos para apoyar la protección de los 

derechos de las víctimas y para satisfacer sus necesidades. Se está 

preparando un manual sobre justicia para víctimas como complemento a 

esta guía, dirigido a profesionales y a todos aquellos que están interesados 

en poner en práctica servicios de apoyo para las víctimas.3

 El Anexo I 

contiene la bibliografía sobre políticas y servicios para las víctimas. 

 

2

 Se han aplicado con éxito planes de tributos punitorios adicionales en Bélgica, Canadá y los 

Estados Unidos de América. Ejemplos del uso creativo de voluntarios para ofrecer estos 

servicios se pueden encontrar en Francia, Israel, Ruanda y el Reino Unido. 

3

 También se pueden encontrar sugerencias valiosas en M. Cherif Bassiouni, ed., 

International Protection of Victims (Asociación Internacional de Derecho Penal, Siracusa, 

Italia 1988), que se ha tomado como referencia para la preparación de esta guía. 
6 

DECLARACIÓN SOBRE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

DE JUSTICIA PARA LAS VÍCTIMAS DEL DELITO Y DEL 

ABUSO DE PODER 

Resolución 

La Asamblea General,

Recordando que el VI Congreso de las Naciones Unidas sobre 

Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente recomendó que 

las Naciones Unidas continuaran su actual labor de elaboración de 

directrices y normas acerca del abuso del poder económico y político, 

Consciente de que millones de personas en el mundo sufren 

daños como resultado de delito y del abuso de poder y de que los 

derechos de esas víctimas no han sido reconocidos adecuadamente, 

Reconociendo que las víctimas de delito y las víctimas del 

abuso de poder, y frecuentemente también sus familias, los testigos y 

otras personas que les prestan ayuda, están expuestos injustamente a 

pérdidas, daños o perjuicios, y que además pueden sufrir dificultades 

cuando comparecen en el enjuiciamiento de los delincuentes, 

1. Afirma la necesidad de que se adopten medidas nacionales 

e internacionales a fin de garantizar el reconocimiento y el respeto 

universal y efectivo de los derechos de las víctimas de delito y del 

abuso de poder; 

2. Destaca la necesidad de promover el progreso de todos los 

estados en los esfuerzos que realicen en ese sentido, sin perjuicio de 

los derechos de los sospechosos o delincuentes; 

3. Aprueba la Declaración sobre los principios fundamentales 

de justicia para las víctimas del delito y del abuso de poder, incluida 

como anexo de la presente resolución, la que tiene por objeto ayudar a 

los gobiernos y a la comunidad internacional en sus esfuerzos por 

garantizar la justicia y la asistencia a las víctimas del delito y a las 

víctimas del abuso de poder; 
7 

4. Insta a los Estados Miembros a que tomen las medidas 

necesarias para poner en vigor las disposiciones contenidas en la 

Declaración [...] 

 Las políticas para aplicar la Declaración y mejorar el tratamiento 

de las víctimas deben basarse en una estrategia amplia. En países en los 

que no se han desarrollado este tipo de políticas, el primer paso es crear un 

comité o grupo de trabajo de alto nivel4

 con representantes de todos los 

organismos relevantes tales como ministerios o departamentos de justicia, 

del interior, de bienestar y salud, la policía, fiscales y tribunales, así como 

los legisladores y gobiernos municipales. Es importante contar con la 

representación de la comunidad académica, los profesionales de la salud y 

de la salud mental, diversas organizaciones de voluntarios como los 

grupos para mujeres y jóvenes y las organizaciones religiosas y 

empresarias. 

A los cuerpos asesores se les pueden asignar las siguientes tareas: 

(a) Realizar los estudios para la determinación de necesidades, 

incluyendo la participación en las encuestas internacionales de 

victimización y en los estudios de grupos especiales de víctimas tales 

como las víctimas de violencia doméstica o abuso de poder; 

(b) Evaluar la brecha entre las necesidades y la prestación de servicios, 

incluyendo la identificación de obstáculos para acceder a la justicia, 

(c) Elaborar propuestas de mejoramiento en el tratamiento de las víctimas 

en forma inmediata y a largo plazo, incluyendo las que requieren 

financiamiento internacional y/o reformas legislativas. 

En los países en que se han aplicado políticas de asistencia a las 

víctimas es esencial fortalecer las estructuras administrativas existentes y 

las organizaciones de voluntarios dedicadas a la atención de las víctimas a 

fin de promover la institucionalización de dichas políticas y de mantener 

la conciencia pública sobre su importancia. Los gobiernos pueden asumir 

mayor responsabilidad por sus políticas de protección a las víctimas 

designando un representante de alto nivel del gobierno como vocero de las 

víctimas. 

 

4

 Estos organismos asesores han desempeñado un rol muy importante en las primeras etapas 

de los movimientos de defensa de las víctimas en varios estados europeos y en los Estados 

Unidos. Un ejemplo más reciente es el comité intersectorial para el fortalecimiento de las 

víctimas creado en Sudáfrica y la Comisión Nacional de Seguridad Pública sobre Futuras 

Medidas para el Apoyo a las Víctimas del Crimen en Japón (enero 1996). 
8 

 Otros métodos ad hoc para la aplicación de la Declaración son: 

(a) Permitir la mayor difusión posible en todos los idiomas del texto 

de la Declaración; 

(b) Informar al público sobre las medidas que ha tomado el estado 

para aplicar la Declaración; 

(c) Promover iniciativas no gubernamentales, profesionales y 

públicas de todo tipo, diseñadas para fomentar la formulación de 

políticas, el desarrollo de programas, la capacitación, la 

investigación, el intercambio de información y las iniciativas de 

defensa de las víctimas y la prevención de la victimización; 

(d) Cooperar con los esfuerzos para responder a las necesidades de 

las víctimas a través del trabajo coordinado de las organizaciones 

intergubernamentales y no gubernamentales a nivel internacional 

y regional; 

(e) Proporcionar información al público sobre procedimientos 

internacionales y regionales para prevenir la victimización y 

proporcionar recursos y asistencia a las víctimas. 

Además, los estados deberían continuar desarrollando y ratificando 

convenciones internacionales y regionales dedicadas a prevenir la 

victimización y a ayudar a las víctimas para incorporar las disposiciones 

necesarias a la legislación nacional y a las normas y prácticas 

administrativas. Entre los ejemplos se incluyen convenciones tales como 

la Convención Europea sobre la Indemnización a las Víctimas de 

Crímenes Violentos5

 aprobada por el Consejo de Europa en 1988. Esta 

Convención establece las normas mínimas y trata de promover la 

cooperación internacional en la indemnización de víctimas mediante 

acuerdos recíprocos. La Convención también está abierta a países no 

miembros del Consejo de Europa. 

Se recomienda a los estados hacer el mayor uso posible de Internet 

para poner la información a disposición de las víctimas. 

[4] (a) Aplicar políticas sociales, de salud, incluyendo salud 

mental, educativas y económicas y de prevención del delito para 

reducir la victimización y fomentar la asistencia a las víctimas en 

peligro; 

 

5

 Organización de las Naciones Unidas, Serie de Tratados, Vol.1525, No. 26456. 
9 

El proceso de planificación del desarrollo económico y social o de 

planificación de las iniciativas de mantenimiento y construcción de la paz, 

habrán de incluir mecanismos diseñados para identificar los riesgos de 

victimización y ayudar a prevenirlos. Mediante la provisión de servicios y 

especialmente de información sobre prevención del delito y sobre los 

derechos cívicos y humanos a las víctimas del delito, las autoridades 

pueden realizar esfuerzos para prevenir la victimización y la revictimización. 

En el caso de crímenes como violencia doméstica y violencia sexual, 

se deberían incluir programas para los victimarios entre las medidas 

preventivas. 

Se pueden promover programas de capacitación para garantizar que 

los profesionales y otras personas que establecen contacto con las víctimas 

puedan identificar sus necesidades y preocupaciones. Entre los grupos que 

se pueden beneficiar con estos programas se encuentran los líderes 

espirituales y otros líderes comunitarios y el personal médico y de salud 

mental. Entre los abordajes que resultan de utilidad podemos mencionar 

los programas de estudios especializados, manuales y directrices y el 

desarrollo de procedimientos especiales, diseñados para generar la 

sensibilidad necesaria. 

Distintas jurisdicciones han adoptado medidas que alientan a los 

transeúntes a asistir a las personas que han sido victimizadas o que están 

en peligro de serlo. 

[4] (b) Promover los esfuerzos de la comunidad y la participación 

pública en la prevención del delito; 

En todo el mundo existe una creciente tendencia a crear consejos 

nacionales y municipales de prevención del delito así como otras 

iniciativas para ayudar a movilizar a la comunidad para emprender 

iniciativas de prevención, detección, publicidad, análisis y reparación de 

los casos de victimización. Se han llevado a cabo y evaluado en forma 

exitosa diversos proyectos dirigidos a crímenes específicos, grupos 

potenciales de victimarios y grupos potenciales de víctimas.6

 

6 Se pueden obtener ejemplos de mejores prácticas en prevención del crimen del Centro 

Internacional para la Prevención del Crimen de Canadá (Montreal). Se puede acceder a la 

base de datos de este centro a través de Internet (http://www.crime-prevention-intl.org). 
10 

[4] (c) Revisar periódicamente la legislación y prácticas en curso 

para garantizar la sensibilidad a las cambiantes circunstancias y 

para sancionar y aplicar legislación que proscriba aquellos actos 

que son violatorios de las normas internacionalmente aceptadas 

sobre derechos humanos, conducta empresaria y otras formas de 

abuso de poder; 

Si bien se pueden poner en práctica propuestas y políticas orientadas 

a las víctimas, la experiencia indica que en muchos casos es necesarios 

generar un cambio de legislación para garantizar servicios sistemáticos y 

equitativos. 

Se pueden institucionalizar los pasos necesarios para aplicar las 

disposiciones de la Declaración, incluyendo la incorporación de sus 

principios a las leyes, prácticas y regulaciones nacionales, mediante la 

creación de consejos de revisión permanente dentro de los órganos 

legislativos y administrativos con la participación de expertos 

independientes. Estas revisiones frecuentemente han conducido a la 

simplificación de las leyes y prácticas para garantizar su flexibilidad y su 

comprensión por parte de las víctimas y del público en general. Este 

proceso de revisión también puede colaborar en la creación de 

salvaguardas legales y administrativas diseñadas para impedir que los 

delincuentes transfieran el costo de sus violaciones a otros, tales como el 

estado, los consumidores, el público en general o las organizaciones 

internacionales. 

Varias jurisdicciones han promulgado “cartas de derechos de las 

víctimas” o han adoptado declaraciones explícitas de políticas que 

establecen los derechos de las víctimas y las correspondientes 

responsabilidades del gobierno.7

Diversos estados han cooperado con las organizaciones 

intergubernamentales y no gubernamentales a nivel internacional y 

regional para la sanción de legislación uniforme, reglamentaciones y 

 

7

 Es posible obtener una descripción de la Carta de Derechos de las Víctimas promulgada en 

los Estados Unidos en: Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Oficina del Fiscal 

General, Attorney General Guidelines for Victims and Witness Assistance (Washington D.C., 

Imprenta del Gobierno, 1991). En otros países como Australia se han publicado 

declaraciones sobre políticas de asistencia a las víctimas.
11 

prácticas administrativas y códigos de conducta pero aún se necesitan 

mayores esfuerzos para lograr el cumplimiento de las mismas. 

[4] (d) Crear y fortalecer mecanismos para detectar, enjuiciar y 

condenar a los culpables de dichos crímenes; 

Muchas jurisdicciones han creado limitaciones efectivas al ejercicio 

del poder público y económico para minimizar los abusos. Dichas 

limitaciones incluyen los requisitos de divulgación de información y la 

organización de equipos especializados y multidisciplinarios para 

colaborar en la detección, investigación y penalización de dichos abusos. 

En muchas jurisdicciones se han extendido las facultades de la justicia 

penal y de las autoridades económicas y de bienestar social para 

supervisar e investigar casos de posible o presunta victimización por parte 

de empresas de carácter económico. 

Una creciente cantidad de estados ha desarrollado instituciones tipo 

ombudsman, especialmente para proveer recursos a las víctimas. Estas 

instituciones colaboran, entre otras cosas, para que las autoridades 

competentes lleven a cabo prontamente una investigación imparcial toda 

vez que haya motivos razonables para creer que se ha producido un caso 

de victimización. Se ha prestado especial atención a la realización de 

investigaciones imparciales en el menor tiempo posible, de todas las 

muertes y lesiones físicas y mentales de gravedad causadas por personal 

de policía, militar, administrativo, médico o de otras profesiones y de 

todas las muertes o serios daños físicos o mentales, presuntamente 

causados a personas bajo custodia, incluyendo cárceles, prisiones, 

reformatorios, casas de guarda, hospitales e instituciones para enfermos 

mentales. 

En el caso de crímenes de dimensión internacional, una creciente 

cantidad de estados han suscripto convenciones bilaterales o multilaterales 

o han sancionado legislación orientada a garantizar que las personas que 

victimizan a otras mediante la comisión de crímenes graves sean 

enjuiciadas o extraditadas. 

A fin de prevenir el abuso de poder, diferentes jurisdicciones han 

tomado medidas para garantizar que las personas que alegan victimización 

así como los testigos, reciban protección contra malos tratos, intimidación, 

acoso o represalias por parte de funcionarios públicos, personal de 

empresas económicas u otras personas como resultado de su demanda o 
12 

por haber aportado pruebas. De modo similar, muchas jurisdicciones han 

tratado de asegurar que el personal de los servicios públicos o el personal 

militar no gocen de inmunidad para el enjuiciamiento o las sanciones 

disciplinarias por victimización causada de modo intencional y que en 

dichos juicios o procesamientos no se pueda interponer la defensa por 

obediencia debida a las órdenes de superiores en los casos en que dichas 

órdenes son manifiestamente ilegales. 

[4] (e) Promover la revelación de la información pertinente, a fin 

de someter la conducta oficial y las conductas de las empresas a 

examen público, y otros medios para incrementar la sensibilidad 

a las inquietudes de la población;

La mayor parte de las jurisdicciones están tratando de garantizar que 

la justicia penal, las autoridades de bienestar social y económico 

supervisen a las empresas de carácter económico e investiguen los casos 

de posible o presunta victimización, con el debido respeto a los derechos 

de privacidad y confidencialidad. Entre dichas medidas podemos 

mencionar: 

(a) Dar a publicidad las demandas por victimización y fomentar la 

toma de conciencia sobre los mecanismos nacionales y 

supranacionales existentes para presentar dichas demandas, los 

organismos ante los cuales se pueden presentar y las protecciones 

que les caben a los demandantes; 

(b) Dar a publicidad los casos de victimización aún en ausencia de 

demandas concretas, así como las iniciativas para eliminar la 

victimización y las medidas tomadas contra los victimarios, 

incluyendo las medidas disciplinarias o judiciales que se les 

hayan impuesto; 

(c) Alentar a las organizaciones privadas y a los medios a denunciar 

las violaciones a la ley y los casos de abuso de poder.8

[4] (f) Fomentar la observancia de códigos de conducta y 

principios éticos, en particular las normas internacionales, por los 

funcionarios públicos, inclusive el personal encargado de hacer 

cumplir la ley, el correccional, el médico, el de los servicios 

sociales y el militar, así como por los empleados de las empresas 

de carácter económico; 

 

8

 Se pueden citar a modo de ejemplo los trabajos de Amnistía Internacional, Human Rights 

Watch y Transparencia Internacional. 
13 

Entre los ejemplos de dichos códigos podemos citar los siguientes 

documentos de las Naciones Unidas: Código de Conducta para 

Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley9

, los Principios de 

Ética en Medicina aplicables al Rol del Personal de Salud, especialmente 

los Médicos, en la Protección de los Prisioneros y Detenidos contra la 

Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes10; el 

Código de Ética del Servicio Público; el Código Internacional de conducta 

de Funcionarios Públicos,11 y el Código de Conducta de Empresas 

Transnacionales. Otros ejemplos son las convenciones y recomendaciones 

del Consejo de Europa. 

Las jurisdicciones están tratando de garantizar que todos los 

funcionarios públicos, especialmente el personal responsable de la 

administración de justicia, de los servicios médicos, psicológicos y 

sociales, y cuando resulte aplicable, el personal de empresas de carácter 

económico, reciban capacitación sobre la observancia de las normas 

internacionales reconocidas de derechos humanos. En algunas 

jurisdicciones se han elaborado guías específicas para personal de policía 

y fiscales sobre el tratamiento de las víctimas que han resultado efectivas. 

[4] (g) Prohibir las prácticas y los procedimientos conducentes al 

abuso, como los lugares de detención secretos y la detención con 

incomunicación; [y] 

Diversas jurisdicciones están prestando atención a este problema 

mediante: (a) revisión de la legislación y prácticas de arresto, 

allanamientos, interrogación y detención a fin de garantizar la adhesión a 

las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos12 y otras normas 

relevantes; y (b) informar sobre dichas Reglas a los detenidos en forma 

comprensible, incluyendo información sobre el derecho a iniciar 

demandas. 

 

9

 Resolución 34/169 de la Asamblea General, Anexo, del 17 de diciembre de 1979. 

10 Resolución 37/194 de la Asamblea General, Anexo, del 18 de diciembre de 1982. 

11 Resolución 51/59 de la Asamblea General, Anexo, del 12 de diciembre de 1996. 

12 Human Rights: A Compilation of International Instruments (Publicaciones de las Naciones 

Unidas, Ventas No. E.88.XIV.1). 
14 

[4] (h) Cooperar con otros estados, mediante la asistencia 

judicial y administrativa mutua, en asuntos tales como la 

búsqueda y el enjuiciamiento de delincuentes, su extradición y la 

incautación de sus bienes, para destinarlos al resarcimientos de 

las víctimas;

 

Esta cooperación se ha visto facilitada por la creciente red de 

acuerdos internacionales. Además, diversos estados han promulgado 

legislación que hace posible la asistencia mutua y la extradición, aún en 

ausencia de acuerdos bilaterales o multilaterales y otros mecanismos 

prácticos. 

5. Recomienda que, en los planos internacional y regional, se 

adopten todas las medidas apropiadas tendientes a: 

(a) Promover las actividades de formación destinadas a 

fomentar el respeto de las normas y principios de las Naciones 

Unidas y reducir los posibles abusos;

Además de promover la formación dentro de la jurisdicción, una 

cantidad creciente de jurisdicciones están auspiciando actividades de 

formación.13 Dichas actividades pueden ser auspiciadas por ejemplo por el 

gobierno nacional o municipal o por organizaciones profesionales o de 

voluntarios. La capacitación se ofrece en colaboración con, por ejemplo, 

el Programa de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia 

Penal o con agencias especializadas de las Naciones Unidas y con otros 

organismos intergubernamentales, gubernamentales y no 

gubernamentales.14

[5] (b) Patrocinar las investigaciones prácticas de carácter 

cooperativo sobre los modos de reducir la victimización y ayudar 

a las víctimas y promover intercambios de información sobre los 

medios más eficaces para alcanzar esos fines; 

 

13 Por ejemplo, se ha creado una academia de asistencia a las víctimas en los Estados Unidos. 

14 El Instituto Europeo sobre Prevención y Control del Crimen, afiliado a las Naciones 

Unidas, ha ofrecido capacitación a los oficiales de policía en Lituania sobre el manejo de 

casos de violencia doméstica con el apoyo de Holanda y el Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD). El Instituto Latinoamericano de Prevención del Crimen y 

Tratamiento de los Delincuentes también ha impartido programas de capacitación en 

diversos países latinoamericanos. 
15 

Las investigaciones prácticas de carácter cooperativo en muchas 

jurisdicciones están dirigidas a la naturaleza y alcance de la victimización 

y a las reales necesidades de las víctimas. Otro objetivo de dichas 

investigaciones ha sido evaluar los méritos relativos de los enfoques de 

diferentes estados para la prevención de la victimización y asistencia a las 

víctimas. Se hace referencia a las políticas sociales, reproductivas, de 

salud, incluyendo salud mental, educativas y económicas, a los 

mecanismos de mediación y arbitraje y a las normas de derecho civil, 

administrativo y penal. 

Se están desarrollando y fomentando nuevos métodos para obtener 

información respecto de las distintas formas de victimización y de las 

necesidades de las víctimas tales como las Encuestas Internacionales sobre 

Victimización. Diversas jurisdicciones están colaborando para desarrollar 

bases de datos y programas de investigación y para promover la 

cooperación bilateral en la investigación e intercambio de datos, de 

expertos y experiencias. UNOJUST (United Nations On-Line Crime and 

Justice Clearinghouse) (http://www.unojust.org) ofrece mecanismos de 

enlace internacional para dicha cooperación. 

Muchas jurisdicciones están fomentando la puesta en práctica de 

diversos mecanismos, incluyendo la formación de grupos privados, para 

monitorear la efectividad de la legislación y de las regulaciones y 

prácticas administrativas y presentar propuestas de modificaciones de las 

mismas a fin de prevenir la victimización y asistir a las víctimas. Dichas 

organizaciones tienen cada vez mayor acceso a los funcionarios y a los 

registros de los organismos del estado y a las empresas de carácter 

económico, manteniendo el debido respeto de los principios de privacidad 

y confidencialidad. 

[5] (b) Prestar ayuda directa a los gobiernos que la soliciten con 

miras a ayudarlos a reducir la victimización y aliviar la situación 

de las víctimas; 

Desde la aprobación de la Declaración, las jurisdicciones han 

compartido sus experiencias con otros estados, administrando justicia y 

asistencia a las víctimas e introduciendo cambios para aplicar la 

Declaración y para apoyar a las organizaciones intergubernamentales y no 

gubernamentales en sus esfuerzos para prevenir la victimización y 

satisfacer las necesidades de las víctimas. Entre las formas específicas de 
16 

asistencia se incluye la prestación de servicios de asesoría y el apoyo para 

la creación de grupos de trabajo para planear nuevas medidas. 

Diversos estados ofrecen asistencia técnica bilateral para prevenir la 

victimización y mejorar la respuesta a las necesidades de las víctimas. Las 

organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales también 

ofrecen este tipo de asistencia, en particular el Programa de las Naciones 

Unidas en materia de Prevención del Delito y Justicia Penal y el Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

En algunas jurisdicciones podría resultar recomendable incorporar 

elementos de políticas en materia de víctimas en los planes de desarrollo 

nacional. Los países donantes podrían tomar la Declaración como criterio 

para evaluar los pedidos de asistencia para el desarrollo y para 

proporcionar la financiación necesaria. 

[5] (b) Establecer medios de proporcionar un recurso a las 

víctimas cuando los procedimientos nacionales resulten 

insuficientes; 

Los informes de diversas comisiones y misiones de investigación de 

las Naciones Unidas (llevadas a cabo por ejemplo por relatores o 

representantes especiales o en el marco de operaciones de mantenimiento 

de la paz o humanitarias) han proporcionado amplias evidencias de 

victimización masiva. Los procedimientos de presentación de denuncias 

por violaciones a derechos humanos de las Naciones Unidas prevén 

mecanismos para la obtención de recursos. Otros mecanismos han sido 

introducidos recientemente por el Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos (una línea de consulta permanente). 

Existen también otras propuestas como la designación de un ombusdman 

internacional y del derecho a peticionar. Las perspectivas de una 

jurisdicción penal internacional para ayudar a identificar a los 

transgresores dieron un paso adelante con la creación de tribunales ad-hoc 

para Ruanda y la ex Yugoslavia. Estos tribunales cuentan con unidades de 

protección a las víctimas/testigos aunque en la práctica han tropezado con 

dificultades. Los proyectos de estatutos para la Corte Penal Internacional 

contienen una sección dedicada a las víctimas. 

6. Pide al Secretario General que invite a los Estados Miembros 

a que informen periódicamente a la Asamblea General sobre la 
17 

aplicación de la Declaración, así como sobre las medidas que 

adopten a ese efecto; 

Dichos informes, según lo dispuesto en algunas jurisdicciones, se 

refieren a la incidencia de la victimización y al grado en el cual la 

legislación y prácticas actuales son fieles a la Declaración, a las medidas 

tomadas a nivel nacional para ponerlas en práctica y a la asistencia que 

puedan requerir de la comunidad internacional. El Secretario General 

presentó un informe a la Comisión de Prevención del Delito y Justicia 

Penal en 1996 y se insta a otros estados a responder a los pedidos de 

información del Secretario General. 

7. Pide también al Secretario General que aproveche las 

oportunidades que ofrecen todos los órganos y organizaciones 

pertinentes del sistema de las Naciones Unidas a fin de prestar 

asistencia a los Estados Miembros, cuando sea necesario, para 

mejorar los medios de proteger a las víctimas a nivel nacional y 

mediante la cooperación internacional; 

Además de invitar a los estados y organizaciones interesadas a crear y 

promover mecanismos internacionales y regionales para el intercambio de 

información y alentar la aplicación de la Declaración, el Secretario 

General tratará de promover la creación de un centro de información sobre 

este tema. A fin de coordinar diversas iniciativas que frecuentemente se 

toman en forma aislada, sería conveniente crear un mecanismo para 

ayudar a integrar las acciones y crear sinergia. 

8. Pide además al Secretario General que promueva los 

objetivos de la Declaración, procurando especialmente que la 

difusión de ésta sea lo más amplia posible; 

Se ha solicitado al Secretario General que incluya la Declaración y la 

resolución de la Asamblea General que la aprueba en todas las 

publicaciones sobre derechos humanos. El texto de la Declaración se 

encuentra traducido a varios idiomas además de los seis idiomas oficiales 

de las Naciones Unidas, pero es necesario intensificar los esfuerzos de 

difusión. 

9. Insta a los organismos especializados, otras entidades y 

órganos del sistema de las Naciones Unidas, y a otras 

organizaciones pertinentes, intergubernamentales y no 
18 

gubernamentales, así como a la población en general, a que 

cooperen en la aplicación de las disposiciones de la Declaración. 

Se han logrado considerables avances en algunas regiones para crear 

mecanismos de colaboración o para crear nuevos mecanismos. Por 

ejemplo, la Convención Europea sobre Indemnización a las Víctimas de 

Crímenes Violentos y la recomendación del Consejo de Europa sobre las 

Directrices sobre Asistencia a las Víctimas del Delito que se aprobaron en 

el marco de las actividades del Consejo de Europa. El Foro Europeo sobre 

Servicios a las Víctimas complementa estas iniciativas 

intergubernamentales estatutarias con colaboraciones prácticas entre 

proveedores de servicios a las víctimas. Esta colaboración está diseñada 

para monitorear los avances, permitir el debate y la retroalimentación y 

alentar un diálogo significativo y un cambio constructivo. 

Se podrían invitar a diversas organizaciones internacionales y 

regionales como el Consejo Consultivo Internacional Científico y 

Profesional (ISPAC) y la Sociedad Mundial de Victimología (WSV) a 

prestar asistencia en la aplicación de la Declaración. Estas organizaciones 

pueden elaborar recomendaciones apropiadas para la acción, para la 

recaudación de fondos y para promover el desarrollo de modelos de 

legislación y programas de formación y asistencia técnica, así como sobre 

la celebración de convenciones internacionales dedicadas a la consecución 

de los objetivos de la Declaración. 

Otro medio importante para promover la aplicación de la Declaración 

es la elaboración de un manual para profesionales [sobre la aplicación de 

la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Principios fundamentales 

de Justicia para las Víctimas de Crímenes y del Abuso de Poder] y la 

creación de una base de datos a la que se pueda acceder a través de 

Internet, tomando como punto de partida la base de datos desarrollada por 

UNOJUST. 
19 

Anexo 

DECLARACION SOBRE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

DE JUSTICIA PARA LAS VICTIMAS DE DELITOS Y DEL 

ABUSO DE PODER 

A. Las víctimas de Crímenes 

1. Se entenderá por "víctimas" a las personas que, individual o 

colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o 

mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo 

sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de 

acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los 

Estados Miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder. 

Diversas jurisdicciones han revisado su legislación y sus prácticas a 

fin de garantizar que la definición de “víctima” sea apropiada y en virtud 

de la misma se otorgue la posibilidad de solicitar justicia y resarcimiento a 

quienes les corresponda.15 Muchas jurisdicciones permiten que aquellos 

que han sufrido daños no sólo físicos sino mentales como resultado de un 

delito, procuren una reparación.16

En casos de daños a grandes grupos de víctimas, muchas 

jurisdicciones permiten la presentación de acciones colectivas (como en el 

caso de daño ambiental) o permiten que una asociación represente a la 

víctima y procure la reparación.17

2. Podrá considerarse "víctima" a una persona, con arreglo a la 

presente Declaración, independientemente de que se identifique, 

aprehenda, enjuicie o condene al perpetrador e 

independientemente de la relación familiar entre el perpetrador y 

la víctima. En la expresión "víctima" se incluye además, en su 

caso, a los familiares o personas a cargo que tengan relación 

inmediata con la víctima directa y a las personas que hayan 

sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o 

para prevenir la victimización. 

 

15 Por ejemplo, en Brasil y en los Estados Unidos. 

16 Por ejemplo, en Finlandia. 

17 Por ejemplo,en Francia. 
20 

Las investigaciones indican que la victimización afecta no sólo a la 

víctima sino también a su familia inmediata y a sus parientes más 

cercanos, vecinos y conocidos. Esto se aplica no sólo a las consecuencias 

emocionales sino también a las consecuencias financieras y los efectos 

pueden durar años o toda una vida. En el caso de maltrato de niños y 

exposición a la violencia, los efectos pueden pasar de una generación a 

otra. Si bien esto se aplica a crímenes tales como homicidios, tortura y 

violación, los crímenes de agresión física, violencia doméstica, asalto y 

robo también puede dejar marcas indelebles de impotencia, inseguridad, 

ira y temor. Todos los que han sufrido la pérdida de un amigo cercano o 

pariente pueden verse afectados en forma trágica y duradera. El 

sufrimiento experimentado por las familias de “personas desaparecidas” 

se profundiza con su aislamiento social y la incertidumbre en la que deben 

vivir. 

La Declaración se aplica a víctimas, aún si no ha existido una 

determinación fehaciente de la culpa del perpetrador. Esto permite, entre 

otras cosas, la aplicación de la Declaración a los procedimientos civiles e 

informales. 

Algunas jurisdicciones tienen mayores derechos tales como el 

derecho a la compensación por parte del estado, permitiendo las denuncias 

aún si no se ha identificado al perpetrador o independientemente de si 

existe una estrecha relación familiar entre el perpetrador y la víctima. 

Diversas jurisdicciones que representan a distintos sistemas legales, 

permiten que un familiar directo procure reparación en el caso de muerte 

originada en delitos, ya sea en forma de indemnización por parte del 

estado18 o directamente por parte del perpetrador. 

Varias jurisdicciones han adoptado lo que se ha denominado “leyes 

del buen samaritano”, que apuntan a proteger a las personas que han 

intervenido de buena fe para asistir a las víctimas.19 Bajo este tipo de 

legislación, estas personas normalmente estarían protegidas contra 

 

18 Esto se aplica, por ejemplo, a los programas de indemnización por parte del Estado en 

Austria, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Japón, Holanda, Noruega, 

Portugal, Suecia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los Estados Unidos de 

América. 

19 Por ejemplo, en los Estados Unidos de América. 
21 

acciones legales si su intervención hubiera provocado algún daño no 

intencional. Si estas personas sufrieran algún daño en el curso de prestar 

asistencia, también pueden tener derecho a compensación por parte del 

estado.20

3. Las disposiciones de la presente Declaración serán aplicables a 

todas las personas sin distinción alguna, ya sea de raza, color, 

sexo, edad, idioma, religión, nacionalidad, opinión política o de 

otra índole, creencias o prácticas culturales, situación económica, 

nacimiento o situación familiar, origen étnico o social, o 

impedimento físico. 

Muchas jurisdicciones han observado que ciertas categorías 

especiales de víctimas merecen especial atención debido a los problemas 

que representa hacer frente a la victimización y/o a su limitado acceso a la 

justicia. Entre los ejemplos de estas categorías se cuentan a las mujeres, 

niños, ancianos, personas con discapacidades, víctimas de acoso sexual, 

víctimas de violencia doméstica, sobrevivientes de intentos de homicidio, 

víctimas de accidentes automovilísticos causados por conductores ebrios o 

drogados, víctimas de odios, refugiados y víctimas de delitos de gran 

escala. Para todas estas categorías, puede ser necesario contar con 

medidas especiales para garantizar un tratamiento adecuado y/o 

igualitario.21 

Acceso a la justicia y trato justo 

4. Las víctimas serán tratadas con compasión y respeto por su 

dignidad. Tendrán derecho al acceso a los mecanismos de la 

justicia y a una pronta reparación del daño que hayan sufrido, 

según lo dispuesto en la legislación nacional.

Para la mayor parte de las víctimas y sus familias, los primeros 

contactos con las autoridades son con la policía. Si no se puede 

aprehender al perpetrador del delito (como ocurre con la mayoría de los 

 

20 Por ejemplo, en Finlandia. 

21 Muchos ejemplos relacionados con violencia doméstica se citan en la publicación del 

Centro de Desarrollo Social y Asuntos Humanitarios, Strategies for Confronting Domestic 

Violence: A Resource Manual(ST/CSDHA/20) (Nueva York, ONU 1993). En Brasil se han 

creado comisarías especiales para temas de mujeres. En México, el Reino Unidos y los 

Estados Unidos existen unidades especiales para casos de ataques sexuales. 
22 

casos denunciados a la policía), la entrevista con la policía es el único 

contacto que establecen con las autoridades. La satisfacción de las 

víctimas con el trato que reciben de la policía es una medida importante de 

satisfacción con el sistema. 

 En la Encuesta Internacional de Victimización, a las víctimas 

que habían denunciado el incidente a la policía se les preguntó si estaban o 

no satisfechas con el tratamiento que habían recibido. La Figura 2 muestra 

los resultados obtenidos en seis regiones. 

Figura 2: Porcentajes de víctimas en áreas urbanas satisfechas con la 

policía después de denunciar un delito en seis regiones; resultados de 

las Encuestas Internacionales de Victimización de 1992 y 1996. 
23 

 REGIONES 

 Referencias (de izquierda a derecha) 

 1o barra: Hurtos desde automóviles 

 2o barra: Robos 

 3o barra: Asaltos 

 4o barra: Crímenes sexuales 

 5o barra: amenazas/ataques 

 6o barra: Crímenes restantes. 

Las conclusiones indican que a nivel mundial, más de un tercio de las 

víctimas están insatisfechas con la forma como la policía procesó su 

denuncia. El grado de satisfacción más bajo se encontró en América 

Latina y en África. Se esgrimieron diversas razones por la insatisfacción. 

En América Latina, África y Europa Central y del Este, la razón más 

importante fue que la policía no recuperó los bienes. Las consideraciones 

financieras parecen ser más pertinentes para las víctimas en estos países 

que en los países más favorecidos donde los ciudadanos tienen coberturas 

de seguros. 

En todas las regiones, una gran proporción de las víctimas 

insatisfechas manifestó que la policía parecía no tener interés en el caso 

(en promedio un 33%), no mantuvo a la víctima informada (10%) o no 

trató a la víctima en forma apropiada (8%). 

Los resultados de la encuesta también indican que en las 

jurisdicciones en las que el grado de satisfacción de las víctimas es bajo, 

el índice de denuncias a la policía resulta más bajo. El porcentaje general 

de denuncias de víctimas es de 30-40% y, en el caso de ataques sexuales, 

baja hasta el 10%. Las tasas de denuncia más bajas se registran en las 

jurisdicciones menos desarrolladas, una explicación parcial de esto puede 

ser que muchos crímenes se denuncian a organizaciones informales. 

80 

60 

40 

20 

0 Europa Norteamérica/ Europa del Asia África América 

 Occidental Australasia Este Latina 
24 

Estas conclusiones subrayan la urgente necesidad de mejorar el 

tratamiento a las víctimas por parte de la policía y otras dependencias de 

la justicia penal en muchas jurisdicciones. 

Según la Declaración, se debe tratar a las víctimas con dignidad y 

respeto en todas las fases del proceso de justicia penal. Algunas 

jurisdicciones han desarrollado directrices para la policía y las autoridades 

judiciales que establecen pautas para el tratamiento apropiado de las 

víctimas.22 Otras han introducido cartas de derechos de las víctimas.23

Muchas jurisdicciones procuran simplificar el procedimiento de 

administración de justicia y promover la conciencia general de 

disponibilidad de mecanismos para obtener justicia y reparación. Diversas 

jurisdicciones han designado funcionarios de policía, fiscales y jueces 

especiales para tratar con los problemas de las víctimas en general o para 

cuestiones relativas a ciertas víctimas.24 En algunas jurisdicciones, las 

asociaciones de abogados han creado secciones especiales dedicadas a los 

problemas de las víctimas.25 Algunas jurisdicciones han abierto oficinas 

especiales para víctimas, por ejemplo en estaciones de policía o 

comisarías o en los tribunales.26

Además, diversas jurisdicciones están examinando los 

procedimientos legales para garantizar la disponibilidad de revisión 

judicial, cuando resulte apropiado, o la utilización de un ombudsman para 

establecer correctamente los distintos grados de responsabilidad. Por 

ejemplo, cuando el fiscal puede decidir (cuando lo permite el sistema legal 

pertinente), que no existe interés público en actuar contra un sospechoso o 

que no existe suficiente evidencia para hacerlo, diferentes jurisdicciones 

tienen diversos mecanismos de reparación para la víctima. Entre los 

ejemplos se incluye permitir a la víctima solicitar que un fiscal superior o 

 

22 Por ejemplo, en Holanda y el Reino Unido. 

23 Por ejemplo, en Australia del Sur y los Estados Unidos. 

24 Por ejemplo, en México. 

25 Por ejemplo, en Brasil. 

26 Por ejemplo, en Francia, Suecia y los Estados Unidos. 
25 

un tribunal revisen la decisión27 o aún permitir a la víctima acusar 

directamente.28

Muchas jurisdicciones están considerando diferentes opciones para 

ofrecer reparación a las víctimas. La reparación puede incluir no sólo 

resarcimiento financiero sino también el reconocimiento público o formal 

(primariamente a través del sistema de justicia penal), del daño causado 

por el victimario a la víctima y un pedido de perdón (generalmente a 

través de mecanismos oficiosos) por parte del victimario a la víctima. 

5. Se establecerán y reforzarán, cuando sea necesario, los 

mecanismos judiciales y administrativos que permitan a las 

víctimas obtener reparación mediante procedimientos oficiales u 

oficiosos que sean expeditos, justos, poco costosos y accesibles. Se 

informará a las víctimas de sus derechos para obtener reparación 

mediante estos mecanismos. 

Es creciente la tendencia a ofrecerles a las víctimas, cuando resulte 

pertinente, la opción de procedimientos con medidas penales, 

administrativas, civiles u oficiosas. En muchas jurisdicciones se está 

considerando la posibilidad de extender los derechos o de presentar 

demandas civiles en conexión con los procedimientos penales. Esta 

posibilidad ya existe en una gran cantidad de jurisdicciones, por ejemplo 

como “partie civile” (en los sistemas tipo francés), o los procedimientos 

accesorios o de “adhesión” (en muchas jurisdicciones con el sistema 

germánico). 

En algunas jurisdicciones, la negligencia del fiscal o del tribunal en la 

consideración del derecho de la víctima a pedir resarcimiento en los 

procesos penales puede ser pasible de una sanción administrativa.29

6. Se facilitará la adecuación de los procedimientos judiciales y 

administrativos a las necesidades de las víctimas:

(a) Informando a las víctimas de su papel y del alcance, el desarrollo 

cronológico y la marcha de las actuaciones, así como de la 

 

27 Por ejemplo, en Alemania y México. 

28 Por ejemplo, en Austria y Finlandia. 

29 Por ejemplo, en México. 
26 

decisión de sus causas, especialmente cuando se trate de crímenes 

graves y cuando hayan solicitado esa información; 

Muchas jurisdicciones y organizaciones de voluntarios están 

difundiendo información explicando los procesos judiciales y 

administrativos. Esto incluye la publicación de libros o folletos reseñando 

los procedimientos y describiendo los derechos y obligaciones de las 

víctimas.30

Varias jurisdicciones han tratado de garantizar que los funcionarios 

judiciales y administrativos proporcionen a las víctimas información 

oportuna sobre los aspectos procesales y prácticos de su caso, así como 

sobre el alcance y relevancia de cualquier decisión que se tome. Se está 

considerando la posibilidad de designar un organismo específico o un 

funcionario que sea responsable de mantener a la víctima informada sobre 

el avance de su caso.31

En algunas jurisdicciones, en el caso de crímenes graves, como 

ataque sexual y homicidio, el fiscal puede invitar a la víctima o a la 

familia de la víctima a una reunión, durante la cual se les explicarán las 

decisiones a tomar.32

[6] (b) Permitiendo que las opiniones y preocupaciones de las 

víctimas sean presentadas y examinadas en etapas apropiadas 

de las actuaciones siempre que estén en juego sus intereses, sin 

perjuicio del acusado y de acuerdo con el sistema nacional de 

justicia penal correspondiente; 

 

Existen diversas opciones para mejorar, cuando resulte necesario, las 

actuaciones policiales y de las fiscalías, a fin de garantizar que la 

autoridad judicial o administrativa responsable de las decisiones, cuente 

con información sobre todos los factores relevantes relacionados con el 

crime y con su efecto sobre la víctima. 

El enfoque generalizado en muchas jurisdicciones ha sido asumir que 

el fiscal también representa la perspectiva e inquietudes de la víctima. En 

 

30 Por ejemplo, en Brasil, Francia, Nigeria y el Reino Unido. 

31 Por ejemplo, en el Reino Unido. 

32 Por ejemplo, en Holanda y el Reino Unido. 
27 

estas jurisdicciones a la víctima se le ha asignado, como máximo, el 

carácter de testigo. 

Ha existido creciente preocupación en diversas jurisdicciones, por 

que este enfoque no sólo no garantiza que la autoridad responsable de la 

toma de decisiones cuente con toda la información relevante, sino que no 

brinda a la propia víctima la oportunidad de hacer oír su voz en forma 

directa. La información sobre el efecto del delito sobre la víctima, sería 

particularmente relevante para evaluar la gravedad de la falta y para 

decidir, cuando corresponda, el resarcimiento. 

Entre los enfoques aplicados en diferentes jurisdicciones para permitir 

que se presenten y tomen en consideración los puntos de vista e 

inquietudes de la víctima, podemos mencionar la presentación de 

“informes de efectos sufridos por las víctimas”, en forma escrita u oral, o 

“declaraciones de opiniones de las víctimas”, a la autoridad en cuestión.33

Algunas jurisdicciones otorgan a las víctimas el derecho de actuar como 

“fiscal subsidiario”. En este carácter las víctimas pueden presentar 

pruebas, sugerir preguntas para el acusado o los testigos y hacer 

comentarios sobre declaraciones o pruebas presentadas al tribunal.34

Además, otorgar a la víctima el derecho de presentar demandas civiles en 

conexión con causas penales, brinda algún grado de garantía de que se 

puedan presentar y tomar en consideración tanto el punto de vista de la 

víctima como sus inquietudes. 

En muchas jurisdicciones, se han revisado los procedimientos 

administrativos y judiciales a fin de determinar en qué etapa resultaría 

apropiado presentar los puntos de vista e inquietudes de la víctima, cuáles 

serían los mecanismos para hacerlo, si la víctima debería presentarse 

personalmente o si debe estar representada. Entre las etapas bajo 

consideración se encuentra la decisión sobre la liberación del sospechoso 

bajo fianza, decisiones sobre la iniciación de la acción penal y decisiones 

respecto del resarcimiento. Algunas jurisdicciones otorgan a la víctima el 

derecho de estar representada en la toma de decisión sobre la sentencia del 

acusado y sobre su liberación de prisión bajo libertad condicional.35

 

33 Por ejemplo, en Australia, Nueva Zelanda y los Estados Unidos de América. 

34 Por ejemplo, en Austria. 

35 Por ejemplo, en los Estados Unidos de América. 
28 

[6] (c) Prestando asistencia apropiada a las víctimas durante el 

proceso judicial; 

En muchas jurisdicciones, la legislación sobre litigar sin gastos 

también se aplica a las víctimas en caso de necesidad.36 Otras 

jurisdicciones están considerando si se debería ampliar el alcance de 

dichos servicios de litigar sin gastos. Esto se aplica en general sólo a 

tramites judiciales y a las partes del caso y no, por ejemplo, a la etapa 

previa a las audiencias principales o a las víctimas actuando en carácter de 

testigos. 

Como se ha señalado anteriormente, muchas jurisdicciones están 

considerando la creación de programas especiales de apoyo a las víctimas. 

Muchas los han puesto en práctica en colaboración con los organismos de 

seguridad, que frecuentemente constituyen el primer contacto de la 

víctima con las autoridades.37 Algunas jurisdicciones han dispuesto que un 

asistente social o un voluntario especialmente capacitado acompañe al 

oficial de policía cuando asista en respuesta a, por ejemplo, llamados por 

disturbios domésticos o cuando deba informar a los miembros de la 

familia sobre un delito violento.38

Otras jurisdicciones han experimentado con programas de 

víctimas/testigos que funcionan en las oficinas de los fiscales o en los 

servicios de libertad condicional, ya que frecuentemente se cuenta con la 

presencia de asistentes sociales en los tribunales y estos están en contacto 

con todas las partes que solicitan ayuda.39

Las mismas jurisdicciones han tratado de garantizar la cooperación 

efectiva entre los servicios de justicia, salud, salud mental, bienestar y 

otros, a fin de concentrar la atención en las necesidades de las víctimas 

durante el curso de la acción legal, particularmente en la necesidad de la 

víctima de contar con apoyo emocional. Algunas jurisdicciones han 

 

36 Por ejemplo, en Finlandia e India. 

37 Este es el caso, por ejemplo, en la mayor parte de los países de Europa Occidental, 

Australia, Canadá, Hungría, Polonia y los Estados Unidos de América. 

38 Por ejemplo, en Finlandia y en los Estados Unidos de América. 

39 Por ejemplo, en Portugal y en los Estados Unidos de América. 
29 

creado el cargo de “personas de apoyo”, cuyos servicios son pagados por 

el estado y, quienes, en casos graves como ataque sexual, acompañan a la 

víctima durante todo el proceso, desde los primeros contactos con las 

autoridades hasta la ejecución de la sentencia.40

[6] (d) Adoptando medidas para minimizar las molestias causadas a 

las víctimas, proteger su intimidad, en caso necesario, y 

garantizar su seguridad, así como la de sus familiares y la de los 

testigos en su favor, contra todo acto de intimidación y represalia; 

Una gran cantidad de jurisdicciones han elaborado directrices para el 

personal judicial y administrativos, en las cuales se presta debida 

consideración a equilibrar las prioridades y necesidades del estado y del 

acusado con las molestias y la interferencia con los intereses personales de 

la víctima. Estas directrices se refieren especialmente a los interrogatorios 

policiales, los horarios y cronogramas de audiencias y el otorgamiento de 

aplazamientos o suspensiones. 

Entre las medidas que se han tomado en diferentes jurisdicciones se 

encuentran: 

(a) Si se requieren elementos personales de la víctima (tales como 

bienes robados o prendas manchadas) como prueba, se pueden tomar 

fotografías o el oficial de investigación puede preparar declaraciones 

juradas. Luego se pueden restablecer los bienes a la víctima, a menos que 

se eleve una objeción formal. 

(b) Reintegro inmediato a la víctima de los gastos incurridos por su 

participación en la instrucción policial y en los procedimientos llevados a 

cabo hasta tanto se determine la culpabilidad y se impongan los costos; 

(c) Consideración especial a si se requiere el testimonio de un testigo 

en una sesión en tribunales y, en caso afirmativo, si la citación puede 

indicar con la mayor certeza posible la hora en la cual se realizará 

efectivamente la audiencia;

(d) Disponer de alimentos, servicios de cuidado de niños y otras 

comodidades para el tiempo de espera en los tribunales y brindar la 

 

40 Este cargo existe en Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia. 
30 

posibilidad de salas de espera independientes para evitar el contacto con el 

sospechoso o con los parientes o personas allegadas al sospechoso;

(e) Analizar la posibilidad de un procedimiento in camera o, por 

ejemplo, la provisión de un testimonio filmado o el uso de espejos, cuando 

esto ayude a la víctima a hablar con mayor libertad, como en el caso de 

víctimas de ataques sexuales o cuando las víctimas son niños; 

(f) La designación de voluntarios dedicados a la defensa de los niños 

(child advocates), con el mandato del tribunal para representar los 

intereses de la víctima cuando se trata de un menor;

(g) Disponer que un investigador especial escuche el testimonio 

prestado por un niño, y luego dicho investigador relate el testimonio al 

tribunal.

Una fuente especial de victimización secundaria son las 

consecuencias negativas que pueda tener la publicidad del caso sobre la 

víctima. En muchas jurisdicciones se presta especial atención al interés 

que pueda asistir a la víctima en evitar la publicación de su nombre y 

domicilio, detalles íntimos del caso o su relación con el perpetrador. Por 

ejemplo, en algunas jurisdicciones se ha prohibido la publicación de datos 

que puedan permitir la identificación de la víctima de una violación. Del 

mismo modo, algunas jurisdicciones no exigen que las víctimas consignen 

sus domicilios cuando se les toma juramento como testigos en tribunales. 

En algunas jurisdicciones los medios han creado códigos de ética con 

consideración especial hacia las víctimas.41

Algunas jurisdicciones han revisado sus leyes y prácticas a fin de 

asegurar su respuesta a denuncias de amenazas, intimidación o acoso de 

víctimas y testigos. Muchas jurisdicciones otorgan una protección especial 

a víctimas y testigos a través de la policía y de la legislación penal. Entre 

los ejemplos se incluye la “legislación contra el acecho” que penaliza el 

acecho o acoso de una persona o prevé la posibilidad de impartir órdenes 

judiciales para que ciertas personas se abstengan de establecer contacto 

con la persona en cuestión.42

 

41 Por ejemplo, en el Reino Unido. 

42 Por ejemplo, en Austria y en los Estados Unidos de América. 
31 

[6] (e) Evitando demoras innecesarias en la resolución de las causas y 

en la ejecución de los mandamientos o decretos que concedan 

indemnizaciones a las víctimas. 

Diversas jurisdicciones han elaborado directrices sobre el manejo 

expeditivo de casos por parte del personal judicial y administrativo, sin 

perjuicio de los derechos del acusado. 

Muchas jurisdicciones también han revisado sus leyes y prácticas a 

fin de facilitar el cobro de indemnizaciones adjudicadas a las víctimas. 

Entre los ejemplos figuran asistir a las víctimas en la ejecución de órdenes 

o decretos que otorguen dichas indemnizaciones y en la asignación de 

prioridad a las mismas por sobre las multas y otros pagos de carácter 

punitorio que el victimario deba efectuar al estado. 

7. Se utilizarán, cuando proceda, mecanismos oficiosos para la 

solución de las controversias, incluidos la mediación, el arbitraje 

y las prácticas de justicia consuetudinaria o autóctonas, a fin de 

facilitar la conciliación y la reparación en favor de las víctimas. 

Varias jurisdicciones han creado o fortalecido los procedimientos 

oficiosos de resolución de controversias como la mediación o la 

reconciliación, donde las dos partes involucradas y en algunos casos, la 

comunidad, pueden tener una participación activa en la decisión a tomar.43

La comunidad internacional presta cada vez mayor atención a los 

beneficios de este enfoque para las partes involucradas, para la comunidad 

y para el estado. En este sentido, se ha puesto de manifiesto el valor de 

recurrir a prácticas autóctonas arraigadas y a las tradiciones, que en 

muchos casos se han puesto de lado en aras de la “modernización”, 

tomando modelos foráneos, en detrimento de los enfoques orientados a la 

víctima. 

Los mecanismos extrajudiciales de resolución de conflictos, 

incluyendo la mediación y el arbitraje, se han utilizado tradicionalmente y 

aún se utilizan en muchas partes del mundo, incluyendo África, Asia y 

América Latina. Varios Países de Europa Occidental, Australia del Sur y 

algunas jurisdicciones norteamericanas han puesto de manifiesto 

 

43 Por ejemplo, en Austria, Finlandia, Alemania, Noruega, Suecia y los Estados Unidos de 

América. 
32 

considerable interés en los programas de mediación y conciliación y se 

han puesto en práctica numerosos programas experimentales. 

Resarcimiento 

8. Los delincuentes o los terceros responsables de su conducta 

resarcirán equitativamente, cuando proceda, a las víctimas, sus 

familiares o las personas a su cargo. Ese resarcimiento 

comprenderá la devolución de los bienes o el pago por los daños o 

pérdidas sufridas, el reembolso de los gastos realizados como 

consecuencia de la victimización, la prestación de servicios y la 

restitución de derechos.

Distintas jurisdicciones difieren en el alcance del “daño o pérdida 

sufridos” por los cuales el delincuente es responsable. Muchos sistemas 

contemplan la demanda de gastos desembolsados, tales como gastos en 

atención médica, compensación por la propiedad robada o reparaciones 

inmediatas a los bienes dañados. Además, varias jurisdicciones dan lugar 

a los reclamos por el dolor y sufrimiento y por otros daños intangibles.44

Diversas jurisdicciones han adoptado una variedad de métodos para 

alentar el pronto y justo resarcimiento del daño a las víctimas por parte de 

los victimarios. Estos incluyen: 

a) Disponer que el pago o restitución se considere un factor 

mitigante para la sentencia;

b) Imponer una multa que resulte más alta que el monto del 

resarcimiento, pudiendo quedar la multa sin efecto si el delincuente 

resarce a la víctima;

c) Imponer una sentencia condicional, suspendiendo la sentencia a 

condición de que el delincuente proporcione resarcimiento a la víctima;

d) Confiscación de los bienes de las personas halladas responsables 

de la victimización con el objeto de resarcir a la víctima;

e) Permitir la posibilidad de “resarcimiento creativo”, en el cual el 

delincuente, con el consentimiento de la víctima, pueda brindar servicios 

directamente a la víctima, por ejemplo, reparando el daño o trabajando 

para la víctima.

Diversas jurisdicciones han puesto en práctica medidas para el 

resarcimiento temprano por parte del victimario, por ejemplo, dejando sin 

 

44 Por ejemplo, en Suecia y el Reino Unido. 
33 

efecto toda otra medida que pudiera corresponder una vez pagado el 

resarcimiento. 

9. Los gobiernos revisarán sus prácticas, reglamentaciones y leyes 

de modo que se considere el resarcimiento como una sentencia 

posible en los casos penales, además de otras sanciones penales. 

Diversas jurisdicciones permiten el uso de una orden de resarcimiento 

como principal sanción, disponiendo que el delincuente pague el 

resarcimiento. En algunas jurisdicciones se impone tanto una orden de 

resarcimiento como una sentencia y se otorga prioridad a la ejecución de 

la orden de resarcimiento. 

 Algunas jurisdicciones han introducido sanciones estrechamente 

relacionadas con el resarcimiento a la víctima: 

a) El “Resarcimiento de la comunidad financiera” (conocido en 

algunas jurisdicciones como “transacciones”) implica el pago de sumas de 

dinero por parte del delincuente a alguna otra entidad, como un programa 

comunitario o una entidad de beneficencia; 

b) El “Servicio comunitario”, en el cual el delincuente presta algún 

servicio a la comunidad, en general considerado como una sanción. No 

obstante, en este tipo de resarcimiento, la sociedad aparece como “víctima 

simbólica” y por lo tanto se suele denominar a esta práctica como 

“resarcimiento simbólico”; 

c) Las “Multas a modo de resarcimiento” que se diferencian del 

resarcimiento real en que son impuestas y cobradas con el objeto de 

depositar sumas de dinero en un fondo del estado para indemnización y/o 

servicios a las víctimas. Una vez depositadas, las sumas de dinero se 

destinan a rembolsar a las víctimas por las pérdidas financieras producidas 

en el curso del pago del plan de indemnización del estado o para financiar 

los servicios de asistencia a las víctimas. 

10. En los casos en que se causen daños considerables al medio 

ambiente, el resarcimiento que se exija comprenderá, en la 

medida de lo posible, la rehabilitación del medio ambiente, la 

reconstrucción de la infraestructura, la reposición de las 

instalaciones comunitarias y el reembolso de los gastos de 

reubicación cuando esos daños causen la disgregación de una 

comunidad. 
34 

Diversas jurisdicciones exigen que las personas o empresas que llevan 

a cabo proyectos que implican un riesgo considerable al medio ambiente, 

contraten un seguro que cubra posibles pérdidas o bien que depositen una 

suma de dinero que podría utilizarse para cubrir posibles pérdidas. Se han 

hecho propuestas de resarcimiento de daños por parte de organizaciones 

empresarias, incluyendo daños ambientales causados por conductas 

delictivas o un impuesto o carga especial por el daño infligido (“el que 

contamina paga”). 

11. Cuando funcionarios públicos u otros agentes que actúen a título 

oficial o cuasioficial hayan violado la legislación penal nacional, 

las víctimas serán resarcidas por el estado cuyos funcionarios o 

agentes hayan sido responsables de los daños causados. En los 

casos en que ya no exista el gobierno bajo cuya autoridad se 

produjo la acción u omisión victimizadora, el estado o gobierno 

sucesor deberá proveer al resarcimiento de las víctimas. 

Como resultado del mayor grado de atención que está recibiendo el 

abuso de poder por parte de funcionarios públicos, muchas jurisdicciones 

han realizado esfuerzos para garantizar que, cuando haya suficientes 

causas para creer que un funcionario público u otra persona, actuando en 

un carácter oficial o cuasioficial, ha violado la legislación penal nacional y 

ha causado daños a una víctima, las autoridades competentes inicien una 

investigación pronta e imparcial como base para la decisión o 

resarcimiento. Muchas jurisdicciones también han revisado sus 

disposiciones sobre responsabilidad por los actos de funcionarios o 

agentes del gobierno.45 En relación con las amnistías o medidas similares 

que han beneficiado a los delincuentes, algunas jurisdicciones han tratado 

de asegurar que esto no limite el derecho de las víctimas de acceder a la 

justicia, resarcimiento, compensación y asistencia. Tomando en 

consideración la constante transformación y cambios tendientes a un 

sistema democrático de gobierno, algunas jurisdicciones ya han abordado 

la cuestión de sucesión del estado y las disposiciones sobre medidas 

apropiadas para asistencia a las víctimas. 

 

45 Ver, por ejemplo, El Código Internacional de Conducta de Funcionarios Públicos y el 

código de Conducta para Funcionarios Responsables de hacer cumplir la ley. 
35 

Indemnización 

12. Cuando no sea suficiente la indemnización procedente del 

delincuente o de otras fuentes, los estados procurarán indemnizar 

financieramente: 

(a) A las víctimas del delito que hayan sufrido importantes lesiones 

corporales o menoscabo de su salud física o mental como 

consecuencia de crímenes graves; 

(b) A la familia, en particular a las personas a cargo, de las víctimas 

que hayan muerto o hayan quedado física o mentalmente 

incapacitadas como consecuencia de la victimización.

La cantidad de jurisdicciones que permiten indemnización a las 

víctimas de crímenes por parte del estado está aumentando, ésta es una 

tendencia promovida por las convenciones internacionales tales como la 

Convención Europea sobre la Compensación a las Víctimas de Crímenes 

Violentos. La indemnización, que se paga en los casos en que no es 

posible lograr un resarcimiento por parte del delincuente u otras fuentes 

(como un seguro privado), se presta dentro del marco de los programas 

generales de seguros nacionales y sistemas de bienestar social o a través 

de programas especiales de indemnización a las víctimas de crímenes. 

Uno de los primeros programas nacionales se cita a menudo a modo de 

ejemplo que podrían seguir otros estados.46 Este programa ofrece a las 

víctimas de crímenes el mismo nivel de compensación que a las víctimas 

de accidentes industriales y automovilísticos. Algunos programas 

establecen la posibilidad de pagos de emergencia mientras esté pendiente 

la determinación final del monto de la indemnización. 

Diversas jurisdicciones están considerando extender el alcance de la 

cobertura respecto de los crímenes y tipos de pérdidas que cubren47 y 

respecto de la cobertura territorial. En cuanto al último punto, algunas 

jurisdicciones cubren todos los incidentes que ocurren en su territorio 

(independientemente de la nacionalidad de la víctima) y todos los 

 

46 El esquema de indemnización por parte del Estado puesto en práctica en Nueva Zelanda. 

47 Los programas de Finlandia y Francia, por ejemplo, también cubren a las víctimas de 

Crimenes contra la propiedad en función de la necesidad. 
36 

incidentes en los cuales un ciudadano de dicha jurisdicción es víctima 

(independientemente del lugar en el que ocurrió el incidente). 

Numerosas jurisdicciones han prestado especial atención a informar a 

las víctimas sobre los programas de indemnización, preferentemente a la 

mayor brevedad posible después del incidente. 

13. Se fomentará el establecimiento, el reforzamiento y la ampliación 

de fondos nacionales para indemnizar a las víctimas. Cuando 

proceda, también podrán establecerse otros fondos con ese 

propósito, incluidos los casos en los que el estado de nacionalidad 

de la víctima no esté en condiciones de indemnizarla por el daño 

sufrido. 

Algunas jurisdicciones financian los planes de indemnización del 

estado con los fondos recaudados a través de multas, cargos adicionales en 

el fuero civil, activos confiscados a los delincuentes o una sobretasa a los 

planes de seguros privados. Algunas jurisdicciones ofrecen exenciones 

fiscales a los donantes a fin de alentar las contribuciones a dichos fondos. 

Se han creado diversos fondos intergubernamentales y no 

gubernamentales de nivel regional e internacional para la indemnización y 

asistencia a las víctimas y algunas jurisdicciones han brindado apoyo a 

dichos fondos. Otras jurisdicciones han comenzado a poner en práctica 

una campaña especialmente dirigida a la integración y coordinación de 

iniciativas.48

Asistencia 

14. Las víctimas recibirán la asistencia material, médica, psicológica y 

social que sea necesaria, por conducto de los medios 

gubernamentales, voluntarios, comunitarios y autóctonos. 

En la Encuesta Internacional sobre Victimización, se le preguntó a las 

víctimas si habían recibido asistencia de un organismo especializado. En 

la mayoría de los países, muy pocas víctimas habían recibido este tipo de 

ayuda. En ninguno de los países el porcentaje de víctimas que había 

recibido este tipo de asistencia superaba el 10%. 

 

48 Ver por ejemplo el Comité de Protección de Menores de Portugal (Comissão de Proteccão 

de Menores).
37 

A las víctimas que no habían recibido ayuda de un organismo 

especializado se les preguntó si hubieran apreciado recibir ayuda en 

términos de información o apoyo práctico o emocional. La Figura 3 

muestra las conclusiones sobre seis regiones. Estas cifras indican que en 

promedio el 40% de las víctimas hubiera apreciado un mayor nivel de 

ayuda que el que en realidad recibió. La demanda de dichos servicios es 

mayor en América Latina, África, Europa Central y del Este y Asia. Estas 

son las regiones en donde dichos servicios han alcanzado el menor nivel 

de desarrollo. 

Figura 3. Porcentajes de víctimas en áreas urbanas de seis 

regiones quienes manifestaron que les hubiera resultado útil contar 

con los servicios de un organismo especializado 

 REGIONES

0 Europa Norteamérica/ Europa del Asia África América 

 Occidental Australasia Este Latina 
38 

 Referencias: 

 1o barra: Robo 

 2o barra: Asalto 

 3o barra: Crímenes sexuales 

 4o barra: amenazas/ataques 

 5o barra: Otros Crímenes 

Fuente: Encuestas Internacionales sobre Victimización (1989, 1992 y 1996). 

Muchas jurisdicciones han revisado sus servicios médicos, 

psicológicos y sociales básicos a fin de garantizar que se de respuesta a las 

necesidades de las víctimas. Se han elaborado directrices sobre el 

tratamiento que dichos servicios deben ofrecer a las víctimas, por ejemplo 

en cuanto la estructuración de sus respuestas y sus derivaciones a otros 

servicios. El apoyo y fomento de las redes comunitarias y sociales por 

parte de los gobiernos, como parte del apoyo y fortalecimiento de las 

víctimas, es de gran importancia. 

Para garantizar acceso de las víctimas a los mecanismos de justicia y 

para posibilitar un pronto resarcimiento, muchas jurisdicciones han creado 

programas de servicios a las víctimas que ofrecen apoyo e intervienen en 

su nombre, cuando resulta necesario, ante las instituciones de justicia 

penal y bienestar social. Dichos programas han asumido diversas formas, 

tales como centros de crisis, hogares para mujeres golpeadas y servicios 

generales para las víctimas del Delito. En los casos de violencia 

doméstica, cuando el delincuente está en prisión, se debe prestar especial 

atención al apoyo financiero a la familia. 

En base a la experiencia en dichas jurisdicciones, se han debido 

observar algunos principios en el diseño de los programas. El punto de 

partida ha sido una evaluación de si existe una brecha entre la 

disponibilidad de servicios y la necesidad. No es posible evaluar la 

incidencia y ocurrencia de victimización en base a los datos aportados por 

la policía solamente ya que, como se ha dicho anteriormente, aún en los 

países industrializados, la tasa de denuncias de parte de las víctimas es de 

sólo el 30-40%. Los datos de las policía deben ser suplementados con, por 

ejemplo, encuestas sobre victimización, así como estudios especiales 

sobre incidentes poco denunciados, tales como abuso de poder, violencia 

doméstica y ataques de tipo sexual. 
39 

Una vez que se han identificado las necesidades generales de 

programas de servicios a las víctimas, el próximo paso consiste en definir 

los objetivos de este tipo de programas claramente y asegurarse que estén 

bien organizados, que cuenten con el personal apropiado y que tengan el 

apoyo de organismos patrocinadores o autoridades gubernamentales. Los 

programas también deberían proporcionar un sistema amplio de servicio a 

las víctimas y, si su capacidad es capacidad limitada, crear mecanismos de 

coordinación con otros servicios para asegurar la continuidad. 

En la planificación del programa se deberían tener en cuenta las 

perspectivas y experiencias de representantes de diversas profesiones y 

sectores de la sociedad. Como mínimo, esto debería incluir representante 

de las fuerzas del orden, fiscales, médicos, el gobierno municipal y los 

profesionales de salud mental. Del mismo modo, debería haber igualdad 

de representación de hombres y mujeres de diversas edades y de las 

distintas razas, religiones, culturas, áreas geográficas y condiciones 

económicas. 

 El objetivo general debería ser el desarrollo de un programa de 

servicio a las víctimas que ofrezca los nueve tipos de servicios que se 

mencionan a continuación: 

• Intervención en la crisis 

• Consultoría psicológica (Counselling) 

• Defensa (Advocacy) 

• Apoyo durante la investigación de un delito 

• Apoyo durante la acusación y el juicio penal 

• Apoyo una vez decidido el caso 

• Formación a los profesionales de disciplinas aliadas sobre 

problemas de las víctimas 

• Prevención de la violencia y otros servicios de prevención 

• Educación pública (incluyendo campañas de concienciación) 

sobre los problemas de las víctimas. 

Sobre la base de los recursos, experiencia del personal del programa, 

instituciones de servicio existentes, y de un análisis de las necesidades en 

cada jurisdicción, se insta a los responsables de desarrollo de programas 

que asignen prioridad a la puesta en marcha de servicios y que incorporen 

gradualmente los servicios a las víctimas. Al fijar prioridades, se debería 

tener un enfoque sistemático para tomar en cuenta la gravedad del evento 

y su efecto sobre la víctima. 
40 

En diversas jurisdicciones europeas, trabajadores voluntarios visitan a 

las víctimas, ofreciendo apoyo emocional y ayuda práctica, así como 

asesoramiento inmediato, además de derivar a las víctimas a los 

organismos profesionales cuando resulta necesario.49 En otras 

jurisdicciones todo el trabajo está en manos de profesionales. Es 

importante realizar una cuidadosa selección de todas las personas que 

trabajan en asistencia a las víctimas y ofrecerles un mínimo de 

capacitación sobre trauma mental y prevención, especialmente prevención 

de la violencia, antes de prestar servicios. Se debe prestar especial 

atención al síndrome de agotamiento (“burn out”) en los profesionales y 

voluntarios. 

Cuando resulte apropiado y posible, se debería ofrecer un servicio de 

crisis durante 24 horas para todas las víctimas de crímenes graves. Las 

respuestas se pueden prestar en forma telefónica, a través de visitas en el 

lugar del incidente, visitas domiciliarias o consultorios gratuitos.50

Se deben disponer medidas especiales para la protección de las 

víctimas de violencia doméstica, cuando resulte necesario, mediante la 

instalación de hogares o refugios seguros y asesoramiento legal 

especializado. 

Se elaboraron comentarios sobre al apoyo a las víctimas en su 

contacto con el sistema de justicia penal (en conexión con el párrafo 6 (c) 

de la Declaración que antecede. En diversas jurisdicciones, los centros de 

asistencia a las víctimas ofrecen un amplio rango de servicios paralegales, 

incluyendo apoyo durante las audiencias, entrevistas y juicio y para la 

ejecución de las órdenes de resarcimiento o acuerdos basados en la 

mediación. 

 

49 Las organizaciones nacionales de asistencia a las víctimas en Holanda y el Reino Unido, 

por ejemplo, ofrecen servicios en todo el país a través de una red de centros locales que 

cuentan con equipos de profesionales y de voluntarios. 

50 Según una definición (que se aplica en los Estados Unidos de América), los objetivos de 

la intervención en la crisis son: (a) la seguridad (identificar y responder a las necesidades de 

emergencia: proporcionar un lugar seguro para las víctimas); (b) ventilación y validación 

(proporcionar alivio y calma a las víctimas mediante el relato de su experiencia; 

comunicándoles que sus reacciones no son infrecuentes; asistiendo a las víctimas a 

reestructurar cognitivamente la situación de crisis); y la predicción y preparación (resolución 

de problemas y manejo de conflictos). 
41 

Para diversos crímenes, prevenir la reincidencia de la victimización 

puede ser un poderoso mecanismo para reducir la victimización en 

general. Las investigaciones muestran que las víctimas de cualquier Delito 

están en mayor riesgo que quienes no han sido víctimas de volver a ser 

víctimas del mismo tipo de delito o de otro. Los responsables de 

desarrollar programas de asistencia a las víctimas deben tener en cuenta 

que su misión consta de dos partes: restablecer la integridad de la víctima 

luego de la victimización y servir de guía para reducir el riesgo de 

victimización. 

15. Se informará a las víctimas de la disponibilidad de servicios 

sanitarios y sociales y demás asistencia pertinente, y se facilitará su 

acceso a ellos. 

A fin de asistir a las víctimas que no solicitan asistencia de inmediato, 

que no son derivadas de inmediato a los servicios existentes o no se 

encuentran dentro del grupo que recibe prioridad, se han utilizado diversos 

métodos de contacto, por ejemplo la distribución de folletos explicando 

qué tipos de servicios hay disponibles para las víctimas. Otros ejemplos 

son los estudios de las denuncias policiales por los expertos en crisis 

quienes seleccionan los casos que deben ser derivados. Los funcionarios 

del orden derivan las víctimas a los servicios de apoyo. Algunos 

programas de servicio a las víctimas alientan al personal de seguridad que 

informen a las víctimas sobre la existencia del programa y les pregunten si 

tienen alguna objeción a que se informe su nombre al programa para que 

reciban asistencia y si no hay objeción, se realiza la derivación. 

Independientemente del método que se utilice, se debe contactar a las 

víctimas e informarles sobre la existencia de los servicios a la mayor 

brevedad posible. 

16. Se proporcionará al personal de policía, de justicia, de salud, de 

servicios sociales y demás personal interesado capacitación que lo 

haga receptivo a las necesidades de las víctimas y directrices que 

garanticen una ayuda apropiada y rápida. 

Varias jurisdicciones han dedicado atención al rol de la policía en el 

tratamiento de dichas víctimas en vistas de que la policía es el primer 

punto de contacto que tiene la víctima con el sistema de justicia penal. 

Uno de los puntos que se enfatizan en los programas de capacitación 

policial, es que se debe tratar a la víctima como un ser humano, no sólo 

como una fuente para la obtención de pruebas. Se debe transmitir a la 
42 

víctima la certeza de que lo que ocurrió es condenado por la sociedad y 

que cuenta con el apoyo de la comunidad. El oficial de policía a cargo 

deberá asegurar a la víctima de que ahora se encuentra seguro/a, que el 

oficial lamenta lo que le ocurrió y, cuando corresponda, que el incidente 

no se produjo por su culpa. 

Además de capacitación en intervención en el lugar del incidente en 

casos de crisis y en la forma de garantizar la asistencia médica de 

emergencia, se está capacitando a la policía para proporcionar a las 

víctimas información sobre sus derechos y para realizar las derivaciones a 

los servicios y recursos que posibiliten la asistencia a la víctima. Entre los 

servicios esenciales se incluye, en forma no taxativa: 

(a) Explicar los procedimientos e investigaciones policiales; 

(b) Proporcionar información a las víctimas sobre cómo proteger las 

pruebas; 

(c) Acompañar a las víctimas a los servicios médicos de emergencia 

cuando resulte necesario; 

(d) Ofrecer información a las víctimas del Delito sobre sus derechos, 

así como sobre la existencia de programas de resarcimiento e 

indemnización a las víctimas del delito; 

(e) Realizar las derivaciones de inmediato (verbalmente o por 

escrito) a los servicios de intervención en casos de crisis y a los 

organismos de la comunidad que ofrecen servicios de emergencia 

a las víctimas, así como información sobre ayuda financiera; 

(f) Proporcionar confirmación de que se ha establecido contacto 

personal con la víctima en forma telefónica o en persona dentro 

de las 24-48 horas de la respuesta inicial para determinar si ha 

procurado y/o recibido ayuda; 

(g) Garantizar que la propiedad de la víctimas se encuentre segura de 

modo de no poner en riesgo la seguridad personal como resultado 

del incidente; 

(h) Poner en práctica procedimientos para garantizar que por lo 

menos las víctimas de crímenes violentos reciban información 

periódicamente sobre el estado y cierre de las investigaciones; 

(i) Contactarse con un profesional de servicios a las víctimas para 

proporcionar asistencia en el lugar del incidente cuando resulte 

necesario; 

(j) Crear y aplicar estrictos protocolos y procedimientos de 

restitución de la propiedad (en coordinación con las fiscalías y 

tribunales). 
43 

Algunas jurisdicciones han elaborado protocolos que especifican de 

qué manera los distintos profesionales pueden equilibrar sus otras 

responsabilidades con la necesidad de brindar respuesta a las víctimas. 

Además, un creciente número de organismos gubernamentales y 

organizaciones profesionales están colaborando en el desarrollo de planes 

de estudio centrados en la respuesta inicial a las víctimas y a brindar 

respuestas a sus necesidades de largo plazo. Diversas organizaciones 

profesionales han organizado seminarios para fiscales, jueces, personal 

policial de alto rango, personal de las cárceles y personal responsable de 

las personas bajo libertad condicional, en los cuales se analizan estos 

temas y se informa a los participantes sobre los beneficios ofrecidos por 

los diversos servicios orientados a las víctimas. También se puede recurrir 

a los sistemas de revisión de pares para crear sensibilidad en las fuerzas 

policiales.51

17. Al proporcionar servicios y asistencia a las víctimas, se prestará 

atención a las que tengan necesidades especiales por la índole de 

los daños sufridos o debido a factores como los mencionados en el 

párrafo 3 supra. 

Diversas jurisdicciones han creado programas especiales para grupos 

de víctimas más vulnerables. Entre los ejemplos podemos citar los centros 

para víctimas de ataques sexuales, hogares para mujeres golpeadas y 

líneas de consulta para asistir a las víctimas de "crímenes de odio". En 

algunas jurisdicciones, los organismos y organizaciones que atienen a los 

ancianos están desarrollando programas especiales para los destinatarios 

de sus servicios. Las víctimas infantiles requieren no sólo asistencia 

médica y emocional especial sino también especial atención en su 

contacto con el sistema de justicia penal. Algunas jurisdicciones han 

creado unidades especiales para realizar investigaciones policiales y para 

llevar este tipo de casos a la justicia y permiten presentar testimonios 

grabados en video o el uso de un circuito cerrado de televisión para la 

presentación de testimonios de menores en los tribunales. 

Otras jurisdicciones han creado centros de defensa de los niños, 

donde se dispone de numerosos servicios para las víctimas en un sitio. 

 

51 En Utrecht, Holanda, se ha creado un sistema de revisión de pares en el cual, una vez que 

la víctima ha sido interrogada por un detective policial, un segundo detective le pregunta a la 

víctima cómo se sintió tratada por el primer detective. Se tomas estas respuestas como base 

para futuros programas de capacitación. 
44 

B. Las víctimas del abuso de poder 

18. Se entenderá por "víctimas" a las personas que, individual o 

colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o 

mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo 

sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de 

acciones u omisiones que no lleguen a constituir violaciones del 

derecho penal nacional, pero violen normas internacionalmente 

reconocidas relativas a los derechos humanos. 

En los últimos años los conflictos armados han cobrado numerosas 

víctimas, en gran medida entre la población civil. Los grupos más 

afectados han sido las mujeres y niños. Estos conflictos se han 

manifestado en luchas tribales, étnicas y otros conflictos fraticidas, 

violaciones masivas, tráfico de mujeres y niños, victimización de 

inmigrantes, raptos y expulsiones, “limpiezas étnicas”, tortura, 

detenciones y homicidios arbitrarios. La Oficina del Alto Comisionado de 

las Naciones Unidas para los Refugiados estima que al comienzo de 1996, 

existían aproximadamente 13,2 millones de refugiados, 3,4 millones de 

personas retornadas, 4,6 millones de personas desplazadas internamente y 

4,8 millones de víctimas de conflictos armados, la mayoría de ellos 

mujeres y niños. 

Muchas jurisdicciones han revisado su legislación y sus prácticas con 

miras a mejorar la situación de la víctimas de violaciones a las normas 

internacionalmente reconocidas sobre derechos humanos, incluyendo 

normas de legislación internacional para la protección de la vida, la 

libertad, la seguridad personal y el bienestar de individuos y grupos, según 

el texto del artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. 

Algunas jurisdicciones han procurado proporcionar asistencia a las 

víctimas de violaciones de los siguientes instrumentos, entre otros: 

 La Declaración Universal de Derechos Humanos52

 El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos53

 

52 Resolución de la Asamblea General 217 A (III) del 10 de diciembre de 1948 

53 Resolución de la Asamblea General 2200 A (XXI), anexo, del 16 de diciembre de 1966. 
45 

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales53

La Convención para la Prevención y Castigo del Genocidio54

La Convención sobre los Derechos del Niño55

La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer56

La Declaración sobre la eliminación de la Violencia contra la Mujer57

Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Delito 

de Apartheid58

Las convenciones sobre esclavitud y prácticas conexas 

Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos La Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra la 

Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes59

El Código de Conducta para Funcionarios Encargados de 

Hacer Cumplir la Ley 

Los Principios de Ética médica aplicables a la función del personal de 

salud, especialmente los médicos, en la protección de personas presas y 

detenidas, contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes 

Las Convenciones sobre la Captura de Diplomáticos y la Toma de 

Rehenes 

Instrumentos Relevantes sobre crímenes de Lesa Humanidad, 

Crímenes contra la Paz y Crímenes de Guerra 

Cuando estas jurisdicciones han sancionado legislación que 

criminaliza las conductas tipificadas por las Convenciones o Instrumentos 

que anteceden, corresponde aplicar la Parte A de la Declaración. 

19. Los estados considerarán la posibilidad de incorporar a la 

legislación nacional normas que proscriban los abusos de poder y 

proporcionen remedios a las víctimas de esos abusos. En 

particular, esos remedios incluirán el resarcimiento y la 

 

54 Resolución de la Asamblea General 44/25, Anexo, del 20 de noviembre de 1989. 

55 Resolución de la Asamblea General 34/180, Anexo, del 18 de diciembre de 1979. 

56 Resolución de la Asamblea General 48/104 del 20 de diciembre de 1993. 

58 Resolución de la Asamblea General 3068 (XXVIII), Anexo, del 30 de noviembre de 1973. 

59 Resolución de la Asamblea General 3452 (XXX), Anexo, del 9 de diciembre de 1975. 
46 

indemnización, así como la asistencia y el apoyo materiales, 

médicos, psicológicos y sociales necesarios. 

La Parte A de la Declaración exige una garantía de que las víctimas 

del abuso de poder gocen de los mismos derechos que los que se confieren 

a las víctimas de crímenes, en particular los derechos relativos al acceso a 

la justicia, al tratamiento justo, el resarcimiento, la indemnización y la 

asistencia. Muchas jurisdicciones han promulgado legislación 

criminalizando o proscribiendo las violaciones a las normas 

internacionalmente reconocidas sobre los derechos humanos y las leyes 

humanitarias o han sancionado legislación garantizando estos derecho a 

las víctimas del abuso de poder. 

Existe una mayor tendencia hacia la reparación para las víctimas 

colectivas. Algunas jurisdicciones han introducido el recurso de acciones 

grupales o de clase. Entre otros ejemplos podemos citar las jurisdicciones 

que han introducido esquemas de reparación para las víctimas de 

genocidios y otras graves violaciones masivas de los derechos humanos.60

En otros países la indemnización, aún cuando haya sido sólo simbólica, 

ha sido parte de los esfuerzos para esclarecer la verdad y garantizar la 

justicia como base para la reconciliación nacional.61

La condición de víctimas en países que están sufriendo profundos 

cambios sociales, económicos y políticos, incluyendo los países destruidos 

por la guerra, es particularmente compleja y precaria y será necesario 

contar con programas especializados en dichos países para proporcionar 

asistencia efectiva y oportuna. 

Varias jurisdicciones ofrecen indemnizaciones a personas que se han 

visto ilegítimamente privadas de su libertad o a las víctimas de la 

administración errónea de la justicia. 

 

60 Entre los ejemplos se incluyen los planes para las víctimas de la Alemania Nazi en Austria, 

Alemania y Hungría; el plan de indemnización de los Estados Unidos a los JaponesesNorteamericanos internados durante la Segunda Guerra Mundial; la indemnización en 

Canadá a los aborígenes desposeídos de sus tierras; la indemnización en Ruanda a las 

víctimas del genocidio; la indemnización en Brasil a los parientes de las personas 

"desaparecidas" y víctimas de torturas; y la reparación mediante un fondo especial creado en 

Japón para las mujeres en países como Indonesia, Corea y Filipinas que se vieron forzadas a 

la prostitución durante la Segunda Guerra Mundial. 

61 Por ejemplo, en Argentina, Chile, El Salvador y Sudáfrica. 
47 

Numerosas jurisdicciones han ratificado los tratados internacionales 

sobre derechos humanos, las normas y principios de las convenciones de 

derecho penal que materializan la protección de los derechos humanos 

tanto individuales como colectivos y los incorporan a la legislación 

nacional y a la gestión del estado. 

Además, muchas jurisdicciones han tratado de garantizar que se 

apliquen medidas legales o disciplinarias contra las personas que no 

cumplen con la legislación o con las regulaciones sobre el arresto, los 

allanamientos, los interrogatorios y la detención. 

A fin de proporcionar asistencia y apoyo médico, psicológico y 

social, diversos organismos nacionales y de las Naciones Unidas, así 

como las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, han 

desarrollado programas apropiados para prestar dichos servicios. 

20. Los estados considerarán la posibilidad de negociar tratados 

internacionales multilaterales relativos a las víctimas, definidas en el 

párrafo 18. 

Diversas convenciones establecen mecanismos para monitorear el 

cumplimiento con estos instrumentos. Entre los ejemplos se incluyen el 

Comité de los Derechos del Niño, el Comité contra la Tortura y el Comité 

para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Se deberá 

alentar a estos Comités a prestar mayor atención a prevenir la 

victimización y a proporcionar asistencia a las víctimas. 

Las cortes regionales de derechos humanos de Europa y América 

Latina han tratado casos sobre problemas de las víctimas. La Corte 

Europea y la Comisión de Derechos Humanos han decidido casos de 

maltrato de prisioneros con un fallo que marcó un hito, la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos reconoció daños a los familiares 

supervivientes de personas desaparecidas responsabilizando a un gobierno 

por la violación de sus deberes y de las garantías fundamentales 

reconocidas por la Convención Interamericana de Derechos Humanos que 

había sido ratificada por dicho gobierno. La Comisión Africana de 

Derechos Humanos y de los Pueblos tiene, entre otras, una misión de 

promoción: recabar información, realizar investigaciones y formular 

principios, así como colaborar con otras instituciones africanas e 

internacionales en el fomento del respeto de los derechos fundamentales y 

en la reducción de la victimización. En su nuevo rol relativo a la 
48 

resolución de conflictos, se encarga de la presentación de 

"comunicaciones sobre negociación" y "comunicaciones sobre demandas" 

como lo establece la Carta Africana sobre Derechos Humanos y de los 

Pueblos62. Esto incluye presentaciones de las partes que no son estados, 

tales como individuos u organizaciones no gubernamentales, nacionales o 

internacionales. 

Varias jurisdicciones han creado comisiones o comités nacionales a 

los que se les ha asignado la responsabilidad de revisar la implementación 

de algunos de los instrumentos o mecanismos mencionados 

anteriormente.63 Estas comisiones nacionales o comités deberían prestar 

especial consideración a los problemas de las víctimas. 

21. Los estados revisarán periódicamente la legislación y la práctica 

vigentes para asegurar su adaptación a las circunstancias 

cambiantes, promulgarán y aplicarán, en su caso, leyes que 

prohíban los actos y que constituyan graves abusos de poder 

político o económico y que fomenten medidas y mecanismos para 

prevenir esos actos y establecerán derechos y recursos adecuados 

para las víctimas de tales actos, facilitándoles su ejercicio. 

Los estados deben instituir mecanismos de información sobre las 

víctimas de abuso de poder de acuerdo con las obligaciones emanadas de 

los tratados o de lo requerido por los organismos de las Naciones Unidas. 

Es importante dar debida cuenta del trabajo recientemente 

completado del Relator Especial sobre el derecho al resarcimiento, 

indemnización y rehabilitación de las víctimas de graves violaciones de 

derechos humanos y libertades fundamentales 64, incluyendo el grado en el 

cual los principios formulados en este sentido pueden ser incluidos en la 

legislación nacional. También podría resultar útil clarificar las 

implicancias de la responsabilidad del estado en la reparación, es decir, 

qué entidades tienen la obligación de proporcionar reparación y quién 

tiene derecho a recibirla, incluyendo a los individuos, grupos o 

comunidades. 

 

62 Naciones Unidas, Serie de Tratados, vol. 1520, No. 26363. 

63 Por ejemplo, en Brasil, Indonesia y México. 

64 La cuestión de los derechos humanos de todas las personas sometidas a alguna forma de 

detención o reclusión: nota del Secretario-General. (E/CN.4/1997/104), Anexo.
49 

La revisión periódica de la legislación y de su aplicación contribuirá a 

profundizar el concepto de abuso de poder más allá de los asuntos 

incluidos en los tratados sobre derechos humanos. Esto incluye dar debida 

cuenta del daño causado, por ejemplo, por las prácticas económicas, 

ambientales y tecnológicas que no se pueden penalizar en algunas 

jurisdicciones y que sin embargo infligen un considerable daño a nivel 

colectivo o individual. La víctima puede no tener conciencia del daño, que 

probablemente se ponga en evidencia en el largo plazo. Es importante 

contemplar formas de reparación comunitaria en este sentido y medidas 

específicas de control (ej. el principio "el que contamina paga"). 

Se habrán de desarrollar mecanismos internacionales de reparación y 

resarcimiento en los países en los que los canales nacionales resulten 

insuficientes, incluyendo el derecho de peticionar individual o 

colectivamente por daños sufridos o inminentes. Según las 

recomendaciones del Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre 

Prevención del Delito y Tratamiento de los Delincuentes, se deberá crear 

un fondo internacional para víctimas a ser utilizado por las víctimas de 

crímenes transnacionales cuando haya conflictos de jurisdicciones o 

cuando no se cuente con acceso a los recursos. Se deberá prestar asistencia 

internacional coordinada para prevenir la victimización y proporcionar 

reparación a las víctimas como principio fundamental de justicia y 

responsabilidad, especialmente en las situaciones de reconstrucción postconflicto y en la de transición hacia la democracia. 
50 

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