Número Identificador: SEN2024________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL X

LUIS D. VALDÉS MELÉNDEZ 

RECURRENTE(S)

V.

DEPARTAMENTO DE 

CORRECCIÓN Y 

REHABILITACIÓN

RECURRIDA(S)

KLRA202300624

Revisión de Decisión 

Administrativa

procedente del 

Departamento de 

Corrección y 

Rehabilitación 

Caso Núm. 

B705-45068

Sobre:

Clasificación de 

Custodia

Panel integrado por su presidenta, la Juez Lebrón Nieves, la Juez Barresi 

Ramos y la Jueza Santiago Calderón.

Barresi Ramos, juez ponente.

S E N T E N C I A

En San Juan, Puerto Rico, hoy día 31 de enero de 2024.

Comparece ante nos el señor LUIS D. VALDÉS MELÉNDEZ (señor

VALDÉS MELÉNDEZ), por derecho propio e in forma pauperis, mediante 

Solicitud de Revisión Administrativa sobre Clasificación de Custodia

instada el 15 de noviembre de 2023. En su recurso, nos solicita que 

revisemos la determinación contenida en la Resolución del Comité de 

Clasificación y Tratamiento (CCT) del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación (DCR) decretada el 25 de septiembre de 2023.

1 En su 

determinación, el CCT ratificó la custodia mediana.

A continuación, exponemos el trasfondo fáctico y procesal que 

acompaña a la presente controversia.

- I -

El 6 de marzo de 2012, el señor VALDÉS MELÉNDEZ fue sentenciado 

a ciento noventa y nueve (199) años de reclusión por los delitos de 

1 Véase Apéndice de la Moción en Cumplimiento de Resolución, págs. 1- 9.
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asesinato en primer grado; tentativa de asesinato en primer grado; 

conspiración; y violaciones a la Ley de Armas de Puerto Rico. 

Posteriormente, el 25 de septiembre de 2023, el señor VALDÉS 

MELÉNDEZ fue evaluado por CCT y se determinó ratificar la custodia 

mediana. El señor VALDÉS MELÉNDEZ presentó una Solicitud de 

Reconsideración sobre Clasificación de Custodia.

2 El 13 de octubre de 

2023, el DCR dispuso no acoger la solicitud de reconsideración.

3 El 14 de 

noviembre de 2023, la determinación administrativa fue notificada al señor 

VALDÉS MELÉNDEZ.

Insatisfecho, el 15 de noviembre de 2023, el señor VALDÉS 

MELÉNDEZ presentó Solicitud de Revisión Administrativa sobre Clasificación 

de Custodia ante este Tribunal de Apelaciones. En dicho escrito, esboza 

los siguientes señalamientos de error:

Erró el Comité de Clasificación y Tratamiento al ratificar la 

custodia mediana del Sr. Valdés Meléndez utilizando como 

único fundamento la Modificación Discrecional “Gravedad del 

Delito”. 

Erró el Comité de Clasificación y Tratamiento al mencionar y 

utilizar un Informe sobre Querella Disciplinaria como 

argumento para ratificar la custodia mediana que data de más 

de 9 años de antigüedad.

El 15 de diciembre de 2023, pronunciamos una Resolución

concediendo un plazo de treinta (30) días para exponer su posición sobre 

este recurso al DCR. El 17 de enero de 2024, el Departamento de 

Corrección y Rehabilitación, representado por el Procurador General de 

Puerto Rico, presentó su Escrito en Cumplimiento de Resolución.

Evaluado concienzudamente el expediente del caso, y contando con 

el beneficio de la comparecencia de ambas partes, nos encontramos en 

posición de adjudicar el error señalado. A continuación, exponemos las 

normas de derecho pertinentes a la controversia planteada. 

- II -

A. Revisión Administrativa

2 Véase Apéndice de la de la Moción en Cumplimiento de Resolución, págs. 10- 12.

3

Id., págs. 13- 15.
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La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de 

Puerto Rico (LPAU), provee un cuerpo de reglas mínimas para gobernar 

los procesos de adjudicación y reglamentación en la administración 

pública.4 Su sección 4.1 establece la revisión judicial por este Tribunal de 

Apelaciones de las determinaciones finales de las agencias.5

La revisión judicial tiene como propósito limitar la discreción de las 

agencias y asegurarse de que estas desempeñen sus funciones conforme 

a la ley.6 El criterio rector al momento de pasar juicio sobre una decisión de 

un foro administrativo es la razonabilidad de la actuación de la agencia.7

Nuestra evaluación de la decisión de una agencia se circunscribe, 

entonces, a determinar si esta actuó de forma arbitraria, ilegal o 

irrazonable, o si sus acciones constituyen un abuso de discreción.8 

Empero, las decisiones de los organismos administrativos 

especializados gozan de una presunción de legalidad y corrección, por lo 

que sus conclusiones e interpretaciones merecen gran consideración y 

respeto.9 Por ello, al ejecutar nuestra función revisora, este Tribunal está 

obligado a considerar la especialización y experiencia de la agencia, 

distinguiendo entre cuestiones de interpretación estatutaria —sobre las que 

los tribunales son especialistas— y cuestiones propias de la discreción o 

pericia administrativa.10

Ahora bien, tal norma no es absoluta. Nuestro más alto foro ha 

instaurado que no podemos dar deferencia a las determinaciones 

administrativas que sean irrazonables, ilegales o contrarias a derecho.11

Particularmente, concretó las normas básicas sobre el alcance de la 

revisión judicial al expresar: 

[L]os tribunales deben dar deferencia a las decisiones de una 

agencia administrativa, pero ésta cederá cuando: (1) la 

determinación administrativa no está basada en evidencia 

sustancial; (2) el ente administrativo erró en la aplicación o 

4 Conocida como la Ley Núm. 38 de 30 de junio de 2017, según enmendada, 3 LPRA §§ 

9601-9713. SLG Saldaña-Saldaña v. Junta, 201 DPR 615, 621 (2018).

5 3 LPRA § 9671.

6 Torres v. Junta Ingenieros, 161 DPR 696, 707 (2004).

7 Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 727 (2005).

8 JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 DPR 177, 187 (2009).

9 Torres Rivera v. Policía de PR, 196 DPR 606, 625- 626 (2016).

10 Adorno Quiles v. Hernández, 126 DPR 191, 195 (1990).

11 Torres Rivera v. Policía de PR, supra.
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interpretación de las leyes o reglamentos que se le ha 

encomendado administrar; (3) el organismo administrativo actuó 

arbitraria, irrazonable o ilegalmente, realizando determinaciones 

carentes de una base racional, o (4) la actuación administrativa 

lesionó derechos constitucionales fundamentales. Es importante 

destacar que, si el tribunal no se encuentra frente a alguna de esas 

situaciones, aunque exista más de una interpretación razonable de 

los hechos procede que se valide la interpretación que realizó la 

agencia administrativa recurrida.

El alcance de la revisión de las determinaciones administrativas se 

ciñe a determinar lo siguiente: (1) si el remedio concedido por la agencia 

fue el apropiado; (2) si las determinaciones de hecho de la agencia están 

basadas en evidencia sustancial que obra en el expediente administrativo;

y (3) si las conclusiones de derecho fueron las correctas.12

En cuanto a las determinaciones de hechos, estas serán sostenidas 

por los tribunales si están respaldadas por evidencia sustancial que surja 

del expediente administrativo considerado e su totalidad.13 Evidencia 

sustancial es aquella relevante que una mente razonable puede aceptar 

como adecuada para sostener una conclusión.14 Debido a la presunción de 

regularidad y corrección que cobija a las decisiones de las agencias 

administrativas, quien alegue ausencia de evidencia sustancial debe 

presentar prueba suficiente para derrotar dicha presunción.15 Para ello 

“tiene que demostrar que existe otra prueba en el expediente que reduzca 

o menoscabe el valor probatorio de la evidencia impugnada, hasta el punto 

de que no se pueda concluir que la determinación de la agencia fue 

razonable de acuerdo con la totalidad de la prueba que tuvo ante su 

consideración”.16 A esto se le conoce como la norma de la evidencia 

sustancial, con lo cual se persigue evitar sustituir el criterio del organismo 

administrativo en materia especializada por el criterio del tribunal revisor.17

Por lo tanto, aun cuando exista más de una interpretación razonable de los 

hechos, el tribunal debe dar deferencia a la agencia, y no sustituir su criterio 

por el de esta.18

12 Sección 4.5 de la LPAU, 3 LPRA § 9675; OEG v. Martínez Giraud, 210 DPR 79 (2022).

13 Rolón Martínez v. Supte. Policía, 201 DPR 26, 36 (2018).

14 Otero v. Toyota, supra, pág. 728. 

15 Graciani Rodríguez v. Garaje Isla Verde, 202 DPR 117, 128 (2019).

16 Gutiérrez Vázquez v. Hernández y otros, 172 DPR 232, 244 (2007).

17 Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409, 432 (2003).

18 Íd.
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Además, las conclusiones de derecho de la agencia son revisables 

en todos sus aspectos, sin sujeción a norma o criterio alguno.

19 Aun así, 

debemos dar deferencia a las interpretaciones que los organismos 

administrativos hacen de las leyes y reglamentos que administran. Es por 

ello que, ante casos dudosos, donde pueda concebirse una interpretación 

distinta de estas leyes y reglamentos, la determinación de la agencia 

merece deferencia sustancial.20

En suma, si la decisión recurrida es razonable y se sostiene en la 

evidencia sustancial que obra en el expediente administrativo, procede su 

confirmación.21 Por el contrario, los tribunales revisores podemos intervenir 

con la decisión recurrida cuando no está basada en evidencia sustancial, o 

cuando la actuación es arbitraria, irrazonable o ilegal, o cuando afecta 

derechos fundamentales.22

B. Reclasificación de Custodia

En nuestro estado de gobierno, se ha establecido como política 

pública la reglamentación de las instituciones penales, a los fines de que 

sirvan efectivamente a su propósito, y faciliten el tratamiento adecuado de 

su población, de modo que, haga posible su rehabilitación moral y social.23

Acorde a ello, se creó el Plan de Reorganización del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación.

24 En consonancia, se instituyó un sistema para 

ingresar, procesar y asignar a los reclusos a las distintas instituciones y 

programas de rehabilitación disponibles. A su vez, por conducto del Manual 

de Clasificación de Confinados (Manual), se creó una nueva herramienta 

reglamentaria que comenzó a regir a partir de 20 de febrero de 2020, que 

uniforma el trámite para determinar las clasificaciones de custodia de los 

recluidos.25

19 Rebollo v. Yiyi Motos, 161 DPR 69, 77 (2004).

20 Torres Santiago v. Depto. Justicia, 181 DPR 969, 1002 (2011).

21 García Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 DPR 870, 893 (2008).

22 Capó Cruz v. Jta. Planificación et al., 204 DPR 581 (2020); JP, Plaza Santa Isabel v. 

Cordero Badillo, supra.

23 Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Artículo VI, Sección 19.

24 Plan de Reorganización Núm. 2 de 21 de noviembre de 2011; 3 LPRA Ap. XVIII; Creado 

al amparo de la Ley de Reorganización y Modernización de la Rama Ejecutiva del 

Gobierno de Puerto Rico de 2009, Núm. 182–2009.

25 Manual para la Clasificación de los Confinados, Reglamento Núm. 9151 de 22 de enero 

de 2020.
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El Manual, define la clasificación de los reclusos como “la separación 

sistemática y evolutiva de éstos en subgrupos, en virtud de las necesidades 

de cada individuo, y las exigencias y necesidades de la sociedad...”.26 Su 

propósito es determinar cuán apropiada es la asignación de custodia de la 

persona en ese momento, según su proceso de adaptación.27 Para cumplir 

con ello, el Manual estableció un Comité de Clasificación y Tratamiento 

(CCT) en cada una de las instituciones del DCR. Dicho ente, tiene como 

función principal evaluar las necesidades, aptitudes, limitaciones y 

funcionamiento social de los reos sentenciados. Además, es el organismo 

encargado de evaluar, reevaluar, recomendar y asignar los niveles de 

custodia de cada miembro de la población penal. Para cumplir con ello, los 

Comités se encargan de llevar a cabo revisiones periódicas de los niveles 

actuales de cada confinado para determinar cuán apropiada es dicha 

clasificación.28 Ello se conoce como el proceso de reclasificación.

En concreto, el proceso de reclasificación es uno similar a la 

evaluación inicial de custodia, “pero recalca aún más la conducta 

institucional como reflejo del comportamiento real del confinado durante su 

reclusión”.29 En ese sentido, el Manual destaca la importancia de que los 

prisioneros que se encuentren cumpliendo sentencias prolongadas, 

“tengan la oportunidad de obtener una reducción en niveles de custodia 

mediante el cumplimiento con los requisitos de la institución.”30 Es 

menester puntualizar, que la reevaluación de custodia no necesariamente 

tiene como resultado un cambio de clasificación de custodia o vivienda 

asignada.31 Su objetivo principal es continuar “la adaptación del confinado 

y señalar los problemas que puedan surgir.”32

26 Íd, Acápite I.

27 Íd.; López Borges v. Adm. Corrección, 185 DPR 603 (2012).

28 La revisión del nivel de custodia de los encarcelados clasificados en custodia máxima 

se lleva a cabo cada seis (6) meses, luego de que hayan estado un (1) año en custodia 

máxima, mientras que el nivel de custodia de los confinados clasificados en custodia

mínima y mediana se lleva a cabo anualmente. Reglamento 9151, supra, Acápite I de la 

Sección.

29 Íd., Acápite II de la Sección 8.

30 Íd.

31 Íd., Acápite I de la Sección 7.

32 Íd., Apéndice K, Acápite I(A).
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Para llevar a cabo las reclasificaciones periódicas, el Manual adoptó 

como formato de evaluación el Formulario de Reclasificación de 

Custodia.33 Conforme al mismo, el proceso de reclasificación exige un 

análisis de criterios tanto objetivos como subjetivos que requieren del 

conocimiento especializado del DCR. Como parte del análisis subjetivo de 

la clasificación de custodia de los confinados se consideran, entre otros, 

los siguientes: el carácter y actitud del recluido; los ajustes institucionales; 

y la relación del recluido con la población penitenciaria y con el personal 

correccional. Por su parte, la evaluación objetiva de la clasificación del 

recluso deberá tomar en cuenta los siguientes factores, a los que se les ha 

asignado una puntuación fija: la gravedad de los cargos/sentencias 

actuales; el historial de delitos graves anteriores; el historial de fuga; el 

número de acciones disciplinarias; la acción disciplinaria más seria; las 

sentencias anteriores por delitos graves como adulto; la participación en 

los programas institucionales; y, la edad actual del reo.

En adición, el Manual contempla la posibilidad de aplicar unas 

modificaciones discrecionales y no discrecionales que permiten el aumento 

o la disminución del nivel de custodia. Las modificaciones discrecionales 

son un conjunto de factores específicos de clasificación que el personal del 

DCR puede usar para modificar la puntuación de clasificación de un 

recluso, siempre que esa modificación esté avalada por un supervisor de

clasificación. Asimismo, el Manual dispone como sigue:

Toda modificación discrecional debe estar basada en 

documentación escrita, proveniente de reportes 

disciplinarios, informes de querellas, informes de libros de 

novedades, documentos del expediente criminal o social y 

cualquier otra información o documento que evidencia ajustes 

o comportamiento del confinado contrario a las normas y 

seguridad institucional.34

El Manual reconoce como factores que permiten la modificación 

discrecional a un nivel de custodia más alto, los siguientes: la gravedad del 

delito; el historial de violencia excesiva; la afiliación prominente con gangas; 

33 Íd., Apéndice K. 

34 Íd., Sección III(D) del Apéndice K.
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si el confinado es de difícil manejo; los grados de reincidencia; el riesgo de 

fuga; el comportamiento sexual agresivo; los trastornos mentales o 

desajustes emocionales; si representa una amenaza o peligro; la 

desobediencia de las normas o si se rehúsa al plan de tratamiento y, el 

reingreso por violación de normas.35 Cabe mencionar que a estos factores 

también se les asigna una puntuación. De manera que, la sumatoria de 

todas las valoraciones dará una puntuación final, la cual deberá ser 

contrastada con la escala provista en Manual que determina el nivel de 

custodia que deberá asignarse.36

- III -

En este caso, el señor VALDÉS MELÉNDEZ cuestiona la determinación 

del Comité de Clasificación y Tratamiento (CCT) de ratificar su nivel de 

custodia mediana. En su escrito, el señor VALDÉS MELÉNDEZ alega, entre 

otras cosas, que “al recurrir a la utilización de la “Modificación Discrecional” 

“Gravedad del Delito” la agencia abusa de su discreción arbitrariamente, 

coartando de su propósito de rehabilitación según lo dispone el mandato 

constitucional en su sección 19 del Artículo VI”. Evaluado todos los 

documentos que acompañan el recurso, entendemos que no le asiste la

razón.

Surge del expediente, que el señor VALDÉS MELÉNDEZ fue 

sentenciado a ciento noventa y nueve (199) años de reclusión por los 

delitos de asesinato en primer grado; tentativa de asesinato en primer 

grado; conspiración; y violaciones a la Ley de Armas de Puerto Rico. Ello 

en los casos: D OP2011G0047; D VI2011G0076; D VI2011G0078; y D 

LA2011G0731-D LA2011G0733 ante el Tribunal Superior de Bayamón.

35 Íd.

36 La Escala dispone como sigue:

A. Nivel de Custodia Indicado por la Escala . . .

Mínima = 5 puntos o menos

Mediana = 5 puntos o menos si el confinado tiene una orden de detención, de arresto, 

u orden de detención por violar la libertad bajo palabra o probatoria.

Mediana = 6-10 puntos en los renglones 1-8

Máxima = 7 puntos o más en los renglones 1-3

Máxima = 11 puntos o más en los renglones 1-8

Véase, Sección III(A) del Apéndice K del Manual.
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Si bien es cierto que la suma total de los puntos en la escala de 

clasificación arrojó un resultado que ubica al señor VALDÉS MELÉNDEZ en el 

renglón de custodia mínima, colegimos que el CCT realizó un uso juicioso 

de su discreción, utilizando los criterios de valoración de clasificación 

autorizados por el propio Manual.

Tras un ponderado análisis del legajo ante nuestra consideración, 

no hallamos indicador alguno que vislumbre, mucho menos que evidencie, 

que el Comité de Clasificación y Tratamiento (CCT), al momento de aplicar 

las modificaciones discrecionales durante la evaluación de reclasificación 

del señor VALDÉS MELÉNDEZ, hubiese actuado de manera arbitraria, ilegal 

o irrazonable, o si sus acciones constituyen un abuso de discreción. 

Contrario a ello, notamos que del expediente apelativo emana la existencia 

de suficientes elementos que nos llevan a concluir que la determinación 

administrativa está sustentada y/o avalada por evidencia sustancial. 

No subsiste razón alguna, de hecho, o de derecho, que nos 

persuada a intervenir y variar el dictamen recurrido. Además, del recurso 

presentado tampoco se desprende alguna otra prueba que rebata la 

presunción de corrección que cobija el dictamen administrativo recurrido. 

Consecuentemente, somos del criterio de que la decisión de CCT de 

ratificar la custodia mediana fue una apropiada. Así pues, brindamos la 

deferencia al organismo administrativo y nos abstenemos de intervenir con 

la determinación recurrida.

IV.

Por los fundamentos que anteceden, confirmamos la Resolución 

emitida el 25 de septiembre de 2023 por el Comité de Clasificación y 

Tratamiento (CCT) del Departamento de Corrección y Rehabilitación sobre 

la clasificación del señor VALDÉS MELÉNDEZ.

Notifíquese inmediatamente.

Notifíquese al(a la) señor(a) LUIS D. VALDÉS MELÉNDEZ quien se 

encuentra bajo la custodia del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación: Institución Ponce Principal Fase 4-M-Amarilla 319 
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3699 Ponce By Pass Ponce, PR 00728-1500 o en cualquier institución 

en donde se encuentre.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaría del Tribunal de 

Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones