Número Identificador : SEN 20 2 4

________________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA T RIBUNAL DE APELACIONES

PANEL X

S OCIEDAD E SPELEOLÓGICA DE P UERTO R ICO , I NC . RECURRENTE ( S )

V
. D EPARTAMENTO DE R ECURSOS N ATURALES Y A MBIENTALES RECURRIDA ( S ) P ARA L A N ATURALEZA , I NC . LICITADORA AGRACIADA KL RA202 400 234 Revisión de Decisión Administrativa procedente de l Departamento de Recursos Naturales y Ambientales
Civil Núm.: RFP#2023

- 0901 PN
Sobre: Adjudicación “Request for Proposal The Rio Camuy Cave Park Project” Panel integrado por su president a , la Juez Lebrón Nieves, la Juez Barresi Ramos y la Jueza Santiago Calderón

. Barresi Ramos , juez ponente.
S E N T E N C I A En San Juan, Puerto Rico , hoy día 30 de julio de 20 2 4 . Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, la S OCIEDAD
E SPELEOLÓGICA DE P UERTO R ICO , I NC . ( SEPRI ) mediante un a Petición de
Revisión Administrativa in terpuesta el 8 de mayo de 2024

. En su recurso , nos solicita que revisemos la Notificación de Adjudicación de Propuesta: “The R i o Camuy Cave Park Project” d ecreta da el 31 de enero de 2024 por el
D EPARTAMENTO DE R ECURSOS N ATURALES Y A MBIENTALES ( DRNA )

. 1 Mediante

est a de cisión , se determinó y adjudicó la propuesta sobre la coadministración de Las Cavernas del Río Camuy a P ARA LA N ATURALEZA , I NC . ( P ARA LA
N ATURALEZA )

. Exponemos el trasfondo fáctico y procesal que acompaña a la presente
controversia.

1 Est e dictamen administrativo fue notificad o y archivad o en autos el 31 de e nero de 2024

. Apéndice de la Petición de Revisión Administrativa , pág s . 1 - 2 .KL RA 202 4 00 234 Página 2 de 9

- I

- El 1 de septiembre de 2023, el DRNA p u blic ó en su página web una
S olicitud de P ropuesta RFP#2023

- 0901 - PN, Request for Proposal s for the Rio Camuy Cave Park Project . Ello con el objetivo de obtener pro posicione s para la coadministración, operación y mantenimiento del Parque Las Cavernas de Camuy.
E n el mes de octubre de 2023, el DRNA recibió cuatro (4) propuestas
de las siguientes entidades : (1) P ARA LA N ATURALEZA ; (2) SEPRI ; (3) Norden Construction; y (4) Oro Verde. A sí las cosas , el DRNA nombró un Comité
Evaluador , que luego de realizar un cuidado so estudio de todas las
propuestas, debía recomendar aquella que cumpliera con los objetivos esbozados en el requerimiento y con una visión de coadministración alineada al fin público de sostenibilidad. Entre las condiciones del DRNA para participar en el proceso, se informó que la adjudicación se realizaría no más tarde del 17 de noviembre de 2023.
SEPRI elaboró y preparó una propuesta, la cual fue entregada el 27 de octubre de 2023. 2 Es importante señalar que la com unicación entre el DRNA

y SEPRI fue , en su mayoría , mediante correos electrónicos. Llegada la fecha de la adjudicación de la propuesta, el DRNA extendió el término dos (2)
semanas adicionales. Luego de transcurrido e l t érmino adicional, y al no haber recibido una
determinación , el 15 de enero de 2024, mediante correo electrónico , SEPRI
cursó misiva al DRNA requiriendo conocer el estatus de la adjudicación de la
propuesta. 3 Meses después, el 18 de marzo de 2024, vía correo electrónico , SEPRI envió una Segunda Solicitud de Informe

. 4 E l DRNA n o se expresó a pesar de que SEPRI , como participante y licitadora, tenía el derecho a

conocer la información sobre la adjudicación de la propuesta.

2 Dicha propuesta se presentó dentro del término dispuesto por el DRNA

. 3 Apéndice de la Petición de Revisión Administrativa , pág. 3 . 4 Íd ., págs. 4

- 5.KL RA 202 4 00 234 Página 3 de 9 El 22 de marzo de 2024, por correo electrónico, SEPRI curs ó una
Tercera S olicitud de C ulminación del P roceso del RFI

. 5 E l 4 de abril de 2024 , por medio de correo electrónico, el DRNA se pronunció sobre los requerimientos de SEPRI e incluy ó como anejo la Notificación de Adjudicación de Propuesta: “The Rio Camuy Cave Park Project” ( Notificación )

. 6 Tal correo electrónico est uvo acompañad o de una Solicitud de Franqueo para Correspondencia Oficial y surge que la Notificación fue
remitida mediante correo certificado con acuse de recibo número 7003 - 0500 -

0001 - 3076

- 5092 . 7 El 15 de abril de 2024 , SEPRI presentó su Solicitud de Reconsideración

. 8 A los pocos días, el 17 de abril de 2024, SEPRI present ó otro escrito intitulado Solicitud de Notificación Conforme a Derecho y/o Solicitud de
Reconsideración

. 9 P es e a ello , el DRNA no ha contestado ni ha tomado acción alguna sobre los referidos escritos

. I n conforme con ese tracto procesal del DRNA , el 8 de mayo de 2024 , SEPRI entabl ó ante este Tribunal de Apelaciones una Petición de R e visión
Administrativa

. En la mism a , señala el (los) siguiente (s) error (es) :

Erró el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) al notificar la adjudicación del RFP# 2023 - 0901 - PN, para la coadministración del Parque de las Cavernas del R í o Camuy, contraria a derecho.
El 10 de mayo de 2024 , de termina mos Resolución en la cual, entre otras cosas, concedimos un plazo de treinta (30) días a l DRNA y P ARA LA
N ATURALEZA para presentar su(s) alegato ( s ) en oposición

. De este modo , e l 2 de julio de 2024, el DRNA presentó su escrito intitulado Alegato . En pocas palabras , arguyó que : SEPRI nunca fue debidamente notificada dado que la correspondencia fue devuelta por el servicio postal ; y al 4 de abril de 2024,

5 Apéndice de la Petición de Revisión Administrativa , págs. 6

- 7 . 6 Íd ., págs. 8

- 11. 7 Según el s istema de rastreo del Servicio Postal de los Estados Unidos , el 25 de marzo de 2024, el correo certificado número 7003 - 0500 - 0001 - 3076

- 5092 fue devuelt o al remitente ( “delivered to the original sender” )

. 8 Apéndice de la Petición de Revisión Administrativa , págs. 13 - 33 . 9 Íd ., págs. 34

- 52.KL RA 202 4 00 234 Página 4 de 9

cuando se remitió la Notificación suscrita el 31 de enero de 2024 no se incluy eron las advertencias correctas sobre los términos para presentar reconsideración y acudir en revisión judicial vigentes al momento de la
notificación . Ello conforme a la enmienda de la sección 3.19 de la Ley de
Procedimien tos Administrativos Uniformes (LPAU) mediante la Ley Núm. 48 de 19 de febrero de 2020 (Ley Núm. 48

- 2024)

. 10 Evaluado concienzudamente el expediente del caso y contando con el beneficio de la comparecencia de todas las partes , nos encontramos en posición de adjudicar. Puntualizamos las normas de derecho pertinentes a la(s) controversia(s) planteada(s).

- II

-

- A

- Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme
La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de
Puerto Rico (LPAU) provee un cuerpo de reglas mínimas para gobernar los procesos de adjudicación y reglamentación en la administración pública. 11 Su sección 4.1 instituye la revisión judicial de las determinaciones finales de las agencias por este Tribunal de Apelaci ones. 12
La revisión judicial tiene como propósito limitar la discreción de las agencias y asegurarse de que estas desempeñen sus funciones conforme a la ley. 13 El criterio rector al momento de pasar juicio sobre una decisión de un
foro administrativo es la razonabilidad de la actuación de la agencia. 14 Nuestra evaluación de la decisión de una agencia se circunscribe, entonces, a determinar si esta actuó de forma arbitraria, ilegal o irrazonable, o si sus acciones constituyen un abuso de discreción. 15 Empero, las decisiones de los organismos administra tivos especializados gozan de una presunción de legalidad y corrección, por lo que,

10 Ley Núm. 38 de 30 de junio de 2017, según enmendada. 3 LPRA § 9601.

11 Conocida como la Ley Núm. 38 de 30 de junio de 2017, según enmendada, 3 LPRA § 9601

- 9713; SLG Saldaña

- Saldaña v. Junta , 201 DPR 615, 621 (2018).

12 3 LPRA § 9671. 13 Torres v. Junta In genieros , 161 DPR 696, 707 (2004). 14 Otero v. Toyota , 163 DPR 716 (2005). 15 JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo , 177 DPR 177, 187 (2009).KL RA 202 4 00 234 Página 5 de 9

sus conclusiones e interpretaciones merecen gran consideración y respeto. 16 Por ello, al ejecutar nuestra función revisora, este Tribunal está obligado a considerar la espe cialización y experiencia de la agencia, distinguiendo entre cuestiones de interpretación estatutaria

— sobre las que los tribunales son especialistas

— y cuestiones propias de la discreción o pericia
administrativa. 17 El lo implica que los dictámenes de los entes administrativos merecen deferencia judicial. 18 Ahora bien, tal norma no es absoluta. Nuestro más alto foro ha instaurado que no podemos dar deferencia a las determinaciones administrativas que sean irrazonables, ilegales o contrarias a derecho. 19
Par ticularmente, concretó las normas básicas sobre el alcance de la revisión judicial al expresar: [L]os tribunales deben dar deferencia a las decisiones de una agencia administrativa, pero ésta cederá cuando: (1) la determinación administrativa no está basa da en evidencia sustancial; (2) el ente administrativo erró en la aplicación o interpretación de las leyes o reglamentos que se le ha encomendado administrar; (3) el organismo administrativo actuó arbitraria, irrazonable o ilegalmente, realizando determina ciones carentes de una base racional, o (4) la actuación administrativa lesionó derechos constitucionales fundamentales. Es importante destacar que, si el tribunal no se encuentra frente a alguna de esas situaciones, aunque exista más de una interpretación razonable de los hechos procede que se valide la interpretación que realizó la agencia administrativa recurrida.

El alcance de la revisión judicial de las determinaciones administrativas se ciñe a determinar lo siguiente: (1) si el remedio concedido

por la agencia fue el apropiado; (2) si las determinaciones de hecho de la agencia están basadas en evidencia sustancial que obra en el expediente administrativo, y (3) si las conclusiones de derecho fueron las correctas. 20 En cuanto a las determinaciones de hechos, estas serán sostenidas por los tribunales si están respaldadas por evidencia sustancial que surja del

16 Torres Rivera v. Policía de PR, 196 DPR 606, 625

- 626 (2016) ; García Reyes v. Cruz Auto Corp. , 173 DPR 870 , 891 (2008). 17 OCS v. Point Guard Ins ., 205 DPR 1005, 1028 (2020). 18 DAC o v. Toys “R” Us , 191 DPR 760, 765 (2014). 19 Torres Rivera v. Policía de PR , supra . 20 Sección 4.5 de la LPAU, 3 LPRA § 9675; OEG v. Martínez Giraud , 210 DPR 79 (2022).KL RA 202 4 00 234 Página 6 de 9

expediente administrativo considerado en su totalidad. 21 La evidencia
sustancial es aquella relevante que una mente razonable puede aceptar como adecuada para sostener una conclusión. 22 Debido a la presunción de legal idad y corrección que cobija a las decisiones de las agencias administrativas, quien alegue ausencia de evidencia sustancial debe presentar prueba suficiente para derrotar dicha presunción. 23 Para ello “tiene que demostrar que existe otra prueba en el expe diente que reduzca o menoscabe el valor probatorio de la evidencia impugnada, hasta el punto de que no se pueda concluir que la determinación de la agencia fue razonable de acuerdo con la totalidad de la prueba que tuvo ante su consideración ”

. 24 De modo qu e no podrá basarse únicamente en simple alegaciones. A esto se le conoce como la norma de la
evidencia sustancial , con la cual se persigue evitar sustituir el criterio del organismo administrativo en materia especializada por el criterio del tribunal
revis or. 25 A un cuando exista más de una interpretación razonable de los hechos, el tribunal debe dar deferencia a la agencia, y no sustituir su criterio por el de esta. 26 Por otro lado, las conclusiones de derecho de la agencia son revisables
en todos sus aspectos, sin sujeción a norma o criterio alguno. 27 Así, debemos dar deferencia a las interpretaciones que los organismos administrativos hacen de las leyes y reglamentos que administran. Es por ello que, ante casos dudosos, donde pueda concebirse una inte rpretación distinta de estas leyes y reglamentos, la determinación de la agencia merece deferencia sustancial. 28
En resumen , si la decisión recurrida es razonable y se sostiene en la
evidencia sustancial que obra en el expediente administrativo, procede su confirmación. 29 Por el contrario, los tribunales revisores podemos intervenir

21 Rolón Martínez v. Supte. Policía , 201 DPR 26, 36 (2018)

. 22 Otero v. Toyota , supra , pág. 728. 23 Graciani Rodríguez v. Garaje Isla Verde , 202 DPR 117, 128 (2019). 24 Gutiérrez Vázquez v. Hernández y otros , 172 DPR 232, 244 (2007). 25 Pacheco v. Estancias , 160 DPR 409, 432 (2003)

. 26 Íd

. 27 Rebollo v. Yiyi Motors , 161 DPR 69, 77 (2004). 28 Torres Santiago v. Depto. Justicia , 181 DPR 969, 1002 (2011). 29 García Reyes v. Cruz Auto Corp ., supra , pág. 893.KL RA 202 4 00 234 Página 7 de 9

con la decisión recurrida cuando no está basada en evidencia sustancial , o cuando la actuación es arbitraria, irrazonable o ilegal, o cuando afecta
derechos fundamentales. 30 D el mismo modo, el Prof. Echevarría Vargas ha puntualizado que l as decisiones de las agencias gubernamentales no deben
ser “revocadas o modificada s salvo que conste una actuación arbitraria, ilegal
o irrazonable”. 31

- B

- La sección 3.14 de la pre citada Ley aborda la carta de derechos en los procedimientos adjudicativos. Sustancialmente preceptúa que en todo procedimiento adjudicativo formal ante una agencia se salvaguardará lo siguien te : (1) el derecho a notificación oportuna de los cargos o quere llas o reclamos en contra de una parte; (2) el derecho a presentar evidencia; (3) el derecho a una adjudicación imparcial; y (4) el derecho a que la decisión sea basada en el expediente. En lo pertinente, esta sección expresa : Órdenes o resoluciones finales

. [...] La orden o resolución advertirá el derecho de solicitar la reconsideración ante la agencia o de instar el recurso de revisión como cuestión de derecho ante el Tribunal de Apelaciones, así como las partes que deberán ser notifi cadas del recurso de revisión, con expresión de los términos correspondientes. Cumplido este requisito comenzarán a correr dichos términos. La agencia deberá especificar en la certificación de sus órdenes o resoluciones los nombres y direcciones de las personas naturales o jurídicas a quienes, en calidad de partes, les fue notificado el dictamen, a los fines de que estas puedan ejercer efectivamente el derecho a la revisión judicial conferido por ley. La agencia deberá notificar por correo a las parte s, y a sus abogados de tenerlos, la orden o resolución a la brevedad posible, y deberá archivar en autos copia de la orden o resolución final y de la constancia de la notificación. Una parte no podrá ser requerida a cumplir con una orden final a menos que dicha parte haya sido notificada de la misma. 32 Conforme a la jurisprudencia, la notificación adecuada de un proceso adversativo es uno de los requisitos que todo procedimiento debe satisfacer

30 Capó Cruz v. Jta. Planificación et al. , 204 DPR 581 (2020); JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo , supra . 31 Echevarría Vargas , J. A. , Derecho Administrativo Puertorriqueño, 5 ta. e d. Rev., San Juan, Ed. Situm, 2023, pág. 340. 32 3 LPRA § 9654.KL RA 202 4 00 234 Página 8 de 9

para garantizar las exigencias mínimas del debido proceso d e ley. Su incumplimiento violenta el derecho a ser oído

. Así, la notificación es un requisito indispensable para la validez del procedimiento administrativo de carácter adjudicativo en sus distintas etapas. Por lo tanto, nuestro Tribunal Supremo ha reiterado en numerosas
ocasiones la necesidad de una notificación adecuada. Necesariamente , la garantía del debido proceso de ley presupone una notificación "real y
efectiva". 33 La notificación de órdenes, resoluciones y sentencias ha sido protegida reiteradamente por el ordenamiento jurídico puertorriqueño, debido a que concede a las partes la oportunidad de tomar co nocimiento real
de la acción tomada en su contra. Así como, garantiza a la parte afectada la oportunidad de defenderse de cualquier reclamación que se ventile en un foro adjudicativo. La notificación también otorga a las personas cuyos derechos pudieran ve rse transgredidos, una mayor oportunidad de determinar si ejercen o no los remedios que le han sido concedidos por ley. 34
Esto anterior , está predicado en que nuestro ordenamiento jurídico dispone que las garantías del debido proceso de ley le aplican a to da resolución final. Una deficiencia en estas garantías hace que la resolución no surta efecto alguno sobre las partes, hasta tanto sea subsanado.

- III

- E n este caso, el 31 de enero de 2024 , el DRNA suscribió la Notificación de Adjudicación de Propuesta: “The Rio Camuy Cave Park Project”

. L a Notificación dirigida a SEPRI fue remitida por correo certificado con acuse de recibo número 7003

- 0500 - 0001 - 3076

- 5092 . El 25 de marzo de 2024, la
aludida Notificación fue devuelta al remitente ( “delivered to the original
sender” )

. A pesar de eso , la agencia no realizó gestión alguna para corregir
esta deficiencia de la notificación. Concretamente, el ente administrativo no
le notificó adecuada y oportunamente a SEPRI s obre el resultado de la

33 Román Ortiz v. Oficina de Gerencia de Permisos, 203 DPR 947 (2020). 34 Asoc. Vec. Altamesa Este v. Mun. San Juan , 140 DPR 24, 34 (1996).KL RA 202 4 00 234 Página 9 de 9

adjudicación de la propuesta. En abril de 2024, DRNA replicó a las
comunicaciones de SEPRI exponiendo que examinado el expediente se desprende que la adjudicación se remitió por correo certificado el 7 de febrero de 2024 y se le incluyó copia de esta

. Por lo que, incidió el DRNA
. No existiendo la más mínima duda de que la Notificación del foro administrativo es defectuosa, procede que se emita una nueva Notificación en cumplimiento con las disposiciones legales aplicables.
En conformidad con e l marco jurídico antes enunciado, desestimamos
la Petición de Revisión Administrativa por tratarse de un recurso prematuro sobre el cual no podemos asumir jurisdicción . Este defecto en la notificación provoca que los términos para acudir a nte este foro revisor no hayan
comenzado a transcurrir.

- IV

- Por los fundamentos antes expuestos, desestima mos, por ausencia de jurisdicción , la Petición de Revisión Administrativa instada el 8 de mayo de

2024 por SEPRI ; y se le requiere al DRNA efectuar la notificación adecuada
de la Notificación de Adjudicación de Propuesta: “The Rio Camuy Cave Park Project” dictaminada el 31 de enero de 2024. A tenor con la Regla 83 (E) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, se le requiere a l a Secretaría del Tribunal de Apelaciones proceder con el desglose de los apéndices del caso

. Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaría del Tribunal de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones