Número Identificador

SEN2024 _____________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL V

ENRIQUE VÁZQUEZ 

QUINTANA

Apelante

V. 

SUNC. 

HERMENEGILDO 

MARTÍNEZ 

REMIGIO/TCC 

HERMENEGILDO 

MARTÍNEZ

Apelado

KLAN202301057

APELACIÓN

procedente del

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 

Superior de

Bayamón

Civil. Núm.

BY2023CV04533

Sobre:

Nulidad de Sentencia

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la

Jueza Romero García y la Jueza Martínez Cordero.

Hernández Sánchez, Juez Ponente 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de enero de 2024.

El 27 de noviembre de 2023, el Sr. Enrique Vázquez 

Quintana (señor Vázquez o apelante) compareció ante nos 

mediante un recurso de Apelación y solicitó la revisión de una 

Resolución y Sentencia que se dictó y notificó el 25 de octubre de 

2023 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Bayamón (TPI). Mediante el aludido dictamen, el TPI, motu 

proprio, desestimó con perjuicio la Demanda de Relevo de 

Sentencia que presentó el peticionario al amparo de la Regla 49.2 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., R. 49.2. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación,

confirmamos el dictamen recurrido.
KLAN202301057 2

I.

El 15 de agosto de 2023, el señor Vázquez presentó una 

Demanda de Relevo de Sentencia.

1 En esta, indicó que el 28 de 

octubre de 2011, el TPI dictó una Sentencia en el Caso Núm. 

KDP2001-1213 en su contra ordenándole a indemnizarle a la Sra. 

Isabel Montañez Ortiz (señora Montañez) y al Sr. Hermenegildo 

Martínez Remigio (en conjunto, matrimonio Martínez-Montañez) la 

cantidad de $284,000.00 por daños sufridos a raíz de una presunta 

impericia médica. Explicó que, en el referido caso, el matrimonio 

Martinez- Montañez contrató a un perito médico que testificó que la 

operación de tiroides y paratiroides que le efectuó el peticionario a 

la señora Montañez había sido la causa próxima para que esta 

última padeciera de pérdida de memoria y demencia. 

A tenor con lo antes expuesto, sostuvo que hace tres (3) meses 

surgió una nueva evidencia que establecía que era imposible que 

una operación de tiroides y paratiroides ocasionara demencia y/o la 

enfermedad de “Alzheimer”. Así pues, afirmó que la Junta de 

Licenciatura y Disciplinas Médicas emitió una Resolución 

exonerándolo de toda la culpa por no existir ningún tipo de relación 

causal entre la hipocalcemia y la demencia incluyendo la 

enfermedad de “Alzheimer”. A tales efectos, solicitó que se declarara 

Ha Lugar la Demanda y se dejara sin efecto la Sentencia que se dictó 

el 28 de octubre de 2011 en el Caso Núm. KDP2001-1213 al amparo 

de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra, para poder 

reivindicar su buen nombre, prestigio y credibilidad. 

En respuesta, el 5 de septiembre de 2023, el TPI emitió una 

Orden que se notificó el 6 de septiembre de 2023 en la cual le 

concedió un término de diez (10) días al apelante para que mostrara 

causa por la cual no se debía desestimar la Demanda presentada a 

1 Véase, págs. 3-5 del apéndice del recurso.
KLAN202301057 3

tenor con la Regla 10.2 (5) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R 

10.2(5).2 Puntualizó que el apelante conocía que la prueba sometida, 

a saber, la Resolución Administrativa de la Junta de Licenciatura y 

Disciplinas Médicas, no era suficiente para dejar sin efecto la 

adjudicación judicial efectuada en el Caso Núm. KDP2001-1213. 

Así las cosas, el 18 de septiembre de 2023, el señor Vázquez 

presentó una Moción en Cumplimiento de Orden en la que reiteró los 

planteamientos que expuso en su Demanda de Relevo de Sentencia.

3

Además, argumentó que la Sentencia que se dictó en el Caso Núm.

KDP2001-1213 era contrario a lo que resolvió la Junta de 

Licenciatura y Disciplinas Médicas y, por ende, constituía un 

fracaso a la justicia. Ello ya que, según él, se estaría acreditando la 

causa de una enfermedad que hoy en día no tenía una causa cierta 

por los facultativos médicos peritos en la materia. Reiteró que 

científicamente era imposible que una cirugía de tiroides y 

paratiroides cause Alzheimer a un paciente. En vista de lo anterior, 

solicitó que no se desestimara la Demanda al amparo de la Regla 

10.2(5) de Procedimiento Civil, supra, y reafirmó en solicitar el relevo 

de sentencia al amparo de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 

supra. 

Evaluado los argumentos de la parte apelante, el 25 de 

octubre de 2023, el TPI dictó y notificó una Sentencia y Resolución 

en la cual resolvió lo siguiente4: 

El Tribunal, motu propio, procede a desestimar con 

perjuicio recurso presentado por el demandante de 

epígrafe, basado en la Regla 49.2 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 49.2, dado que la antes 

mencionada regla no provee entre sus acápites, para 

que un parte, dentro de un caso cerrado con la 

sentencia final y firme, confirmada por el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico (CC-12-982), pueda proceder a 

solicitar la sustitución de la adjudicación (fallo) hecha 

por el Tribunal de Primera Instancia, con prueba 

pericial favorecedora de su posición, adicional a la 

2 Íd., pág. 9. 

3 Íd., págs. 10-13. 

4 Íd., págs. 1-2. 
KLAN202301057 4

utilizada durante el juicio por el demandante, en la 

manera de una opinión de una instrumentalidad del 

cauce administrativo (Junta de Licenciamiento y 

Disciplina Médica de Puerto Rico). No estamos en autos 

ante una situación de prueba nueva no disponible al 

momento que se vio el juicio en sus méritos, si quiera. 

El demandante solicita que se deje sin efecto el fallo 

emitido en el KDP2001-1213 por la Resolución 

exculpatoria emitida en el cauce administrativo y se 

sustituya por el llegado por el Tribunal. Tal reclamo no 

es cónsono a derecho y no es posible bajo la Regla 49.2 

de Procedimiento Civil. Ello implica inoxerablemente la 

apertura nuevamente de la controversia que se ventilo 

en aquel entonces ante el Tribunal de Primera 

Instancia, García Colón, et al. v. Sucn. González, 178 

DPR 527 (2010), Olmeda Nazario v. Suero Jiménez, 123 

DPR 294 (1989). 

Inconforme con este dictamen, el 27 de noviembre de 2023, el 

señor Vázquez presentó el recurso de epígrafe y formuló el siguiente 

señalamiento de error: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 

desestimar la demanda con perjuicio por entender 

que el Relevo de Sentencia presentado es cosa 

juzgada; sin haberle garantizado de un debido 

proceso de ley a la parte demandante. 

Atendido el recurso, emitimos una Resolución concediéndole 

a la parte apelada hasta el 27 de diciembre de 2023 para presentar 

su oposición al recurso. Vencido el término para ello, la parte

apelada no presentó su respuesta al recurso de epígrafe. Por 

consiguiente, declaramos perfeccionado el presente recurso y 

estando en posición de resolver, procedemos a así hacerlo. 

II.

La Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra, establece el 

mecanismo procesal disponible para solicitar al Tribunal de 

Instancia el relevo de los efectos de una sentencia. García Colón et 

al. v. Sucn. González, 178 DPR 527, 539 (2010). Específicamente, la 

aludida Regla dispone lo siguiente:

Mediante una moción y bajo aquellas condiciones 

que sean justas, el tribunal podrá relevar a una parte o 

a su representante legal de una sentencia, orden o 

procedimiento por las razones siguientes:

(a) error, inadvertencia, sorpresa o negligencia excusable;
KLAN202301057 5

(b) descubrimiento de evidencia esencial que, a pesar de 

una debida diligencia, no pudo haber sido descubierta 

a tiempo para solicitar un nuevo juicio de acuerdo con 

la Regla 48;

(c) fraude (incluso el que hasta ahora se ha denominado 

“intrínseco” y el también llamado “extrínseco”), falsa 

representación u otra conducta impropia de una parte 

adversa;

(d) nulidad de la sentencia;

(e) la sentencia ha sido satisfecha, renunciada o se ha 

cumplido con ella, o la sentencia anterior en que se 

fundaba ha sido revocada o de otro modo dejada sin 

efecto, o no sería equitativo que la sentencia continúe 

en vigor, o

(f) cualquier otra razón que justifique la concesión de un 

remedio contra los efectos de una sentencia. (Énfasis 

suplido). 

[...]

Para que proceda el relevo de sentencia bajo la referida regla,

“es necesario que el peticionario aduzca, al menos, una de las 

razones enumeradas en esa regla para tal relevo”. Íd., pág. 540. 

Además, una moción basada en la aludida Regla debe estar bien 

fundamentada, pues sabido es que los dictámenes emitidos por 

nuestros tribunales gozan de una presunción de validez y 

corrección. (Énfasis nuestro) Cortés Piñeiro v. Sucesión A. Cortés, 83 

DPR 685, 690 (1961). Cabe precisar, que, como regla general, dicha 

acción tiene que ejercitarse dentro los seis (6) meses siguientes al 

archivo y notificación de la sentencia. HRS Erase, Inc. v. Centro 

Médico del Turabo, Inc., 205 DPR 689, 698 (2020). Sin embargo, a 

modo de excepción, tal norma cede cuando se trata de una sentencia 

que adolece de nulidad. Íd. Entiéndase, “si una sentencia es nula, 

la parte promovedora de una moción de relevo de sentencia no está 

limitada por el término de seis meses expuesto.” Íd., pág. 699. 

A tenor con lo antes expuesto, cabe precisar que, 

independientemente de la existencia de uno de los fundamentos 

expuestos en la regla, relevar a una parte de los efectos de una 
KLAN202301057 6

sentencia es una decisión discrecional, salvo en los casos de nulidad 

o cuando la sentencia ha sido satisfecha. Rivera v. Algarín, 159 DPR 

482, 490 (2003). A tales efectos, si una sentencia es nula, no hay 

margen de discreción y es obligatorio dejar sin efecto la sentencia. 

García Colón et al. v. Sucn. González, supra, pág. 543. Ello, 

“independientemente de los méritos que pueda tener la defensa o la 

reclamación del perjudicado”. Íd., págs. 543-544. Se considera que 

una sentencia es nula cuando al dictarla se quebrantó el debido 

proceso de ley. Íd., pág. 543. 

III.

En su único señalamiento de error, el señor Vázquez 

argumentó que el TPI erró al desestimar su Demanda de Relevo de 

Sentencia con perjuicio por entender que el relevo de sentencia 

constituía cosa juzgada y sin haberle garantizado un debido proceso 

de ley. No le asiste la razón. Veamos. 

En su Demanda de Relevo de Sentencia, el apelante adujo que 

el TPI dictó una Sentencia en su contra el 28 de octubre de 2011

en el caso núm. KDP2001-1213 en la cual determinó que la 

operación de la tiroides y paratiroides que le efectuó a la señora 

Montañez fue la causa próxima para que esta última padeciera de 

pérdida de memoria y demencia. Así pues, planteó que, por la razón 

antes expuesta, el TPI le ordenó a indemnizarle al matrimonio 

Martínez- Montañez la cantidad de $284,000.00 por concepto de 

daños económicos y morales por dicha impericia médica. Sin 

embargo, argumentó que se debía dejar sin efecto la referida 

Sentencia al amparo de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra,

ya que la Junta de Licenciaturas y Disciplinas Médicas había 

emitido una Resolución exonerándolo de toda culpa. Finalmente, 

expresó que su intención no era utilizar el mecanismo de relevo de 

sentencia para que el matrimonio Martínez- Montañez le devolviera 
KLAN202301057 7

el dinero que tuvo que indemnizarles, sino que quería reivindicar su 

buen nombre, prestigio y credibilidad. 

Conforme al derecho que antecede, para que proceda el relevo 

de sentencia bajo la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra, es 

necesario que el peticionario aduzca, al menos, una de las razones 

enumeradas en la regla para tal relevo y, además, debe presentar 

una moción bien fundamentada. García Colón et al. v. Sucn. 

González, supra, pág. 540; Cortés Piñeiro v. Sucesión A. Cortés, 

supra, pág. 690. Como podemos observar, el apelante en su 

Demanda de Relevo de Sentencia no especificó bajo cuál elemento 

invocaba el relevo de sentencia. Además, cabe resaltar que dicha 

Demanda de Relevo de Sentencia se presentó doce (12) años luego 

de que se archivó y notificó la Sentencia. Dicho esto, es evidente que 

ya había transcurrido el término de seis (6) meses que dispone la ley 

para presentar el relevo de sentencia. 

Estamos conscientes que, si una sentencia es nula, la parte 

promovedora de la moción de relevo de sentencia no está limitada 

por el aludido término. Sin embargo, como mencionamos 

anteriormente en el presente caso ni tan siquiera se especificó bajo 

cuál elemento se invocaba dicho relevo. La parte apelante se limitó 

a expresar que se debía dejar sin efecto la Sentencia que se dictó el 

28 de octubre de 2011 ya que quería reivindicar su buen nombre, 

prestigio y credibilidad conforme a la Resolución que emitió la Junta 

Licenciaturas y Disciplinas Médicas presuntamente exonerándolo 

de toda culpa.

Como muy bien resolvió el TPI, procede desestimar con 

perjuicio la Demanda de Relevo de Sentencia que presentó el 

apelante bajo la Regla 10.2 (5) de Procedimiento Civil, supra, toda 

vez que la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra, no provee entre 

sus acápites para que una parte, dentro de un caso que ya contiene 

una Sentencia final y firme que se confirmó por el Tribunal Supremo 
KLAN202301057 8

de Puerto Rico, pueda solicitar la sustitución de la adjudicación bajo 

el fundamento de poder reivindicar su buen nombre, prestigio y 

credibilidad conforme a una Resolución que emitió la Junta 

Licenciaturas y Disciplinas Médicas. 

IV.

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos el 

dictamen recurrido. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

 Secretaria del Tribunal de Apelaciones