Número Identificador: 

SEN2024________________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL X

SOCIEDAD ESPELEOLÓGICA

DE PUERTO RICO,INC.

RECURRENTE(S)

V.

DEPARTAMENTO DE 

RECURSOS NATURALES Y 

AMBIENTALES

RECURRIDA(S)

PARA LA NATURALEZA,INC.

LICITADORA AGRACIADA

KLRA202400234

Revisión de Decisión 

Administrativa

procedente del 

Departamento de 

Recursos Naturales y 

Ambientales

Civil Núm.: 

RFP#2023-0901PN

Sobre: 

Adjudicación

“Request for Proposal The

Rio Camuy Cave Park 

Project”

Panel integrado por su presidenta, la Juez Lebrón Nieves, la Juez Barresi 

Ramos y la Jueza Santiago Calderón.

Barresi Ramos, juez ponente.

S E N T E N C I A

En San Juan, Puerto Rico, hoy día 30 de julio de 2024.

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, la SOCIEDAD 

ESPELEOLÓGICA DE PUERTO RICO, INC. (SEPRI) mediante una Petición de 

Revisión Administrativa interpuesta el 8 de mayo de 2024. En su recurso, nos 

solicita que revisemos la Notificación de Adjudicación de Propuesta: “The Rio 

Camuy Cave Park Project” decretada el 31 de enero de 2024 por el

DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTALES (DRNA).

1 Mediante

esta decisión, se determinó y adjudicó la propuesta sobre la coadministración

de Las Cavernas del Río Camuy a PARA LA NATURALEZA, INC. (PARA LA 

NATURALEZA).

Exponemos el trasfondo fáctico y procesal que acompaña a la presente 

controversia.

1 Este dictamen administrativo fue notificado y archivado en autos el 31 de enero de 2024.

Apéndice de la Petición de Revisión Administrativa, págs. 1- 2.
KLRA202400234 Página 2 de 9

- I -

El 1 de septiembre de 2023, el DRNA publicó en su página web una 

Solicitud de Propuesta RFP#2023-0901-PN, Request for Proposals for the Rio 

Camuy Cave Park Project. Ello con el objetivo de obtener proposiciones para 

la coadministración, operación y mantenimiento del Parque Las Cavernas de 

Camuy. 

En el mes de octubre de 2023, el DRNA recibió cuatro (4) propuestas 

de las siguientes entidades: (1) PARA LA NATURALEZA; (2) SEPRI; (3) Norden 

Construction; y (4) Oro Verde. Así las cosas, el DRNA nombró un Comité 

Evaluador, que luego de realizar un cuidadoso estudio de todas las 

propuestas, debía recomendar aquella que cumpliera con los objetivos 

esbozados en el requerimiento y con una visión de coadministración alineada 

al fin público de sostenibilidad. Entre las condiciones del DRNA para 

participar en el proceso, se informó que la adjudicación se realizaría no más 

tarde del 17 de noviembre de 2023. 

SEPRI elaboró y preparó una propuesta, la cual fue entregada el 27 de 

octubre de 2023.2 Es importante señalar que la comunicación entre el DRNA

y SEPRI fue, en su mayoría, mediante correos electrónicos. Llegada la fecha 

de la adjudicación de la propuesta, el DRNA extendió el término dos (2) 

semanas adicionales. 

Luego de transcurrido el término adicional, y al no haber recibido una 

determinación, el 15 de enero de 2024, mediante correo electrónico, SEPRI

cursó misiva al DRNA requiriendo conocer el estatus de la adjudicación de la 

propuesta.3 Meses después, el 18 de marzo de 2024, vía correo electrónico,

SEPRI envió una Segunda Solicitud de Informe.

4 El DRNA no se expresó a 

pesar de que SEPRI, como participante y licitadora, tenía el derecho a 

conocer la información sobre la adjudicación de la propuesta. 

2 Dicha propuesta se presentó dentro del término dispuesto por el DRNA.

3 Apéndice de la Petición de Revisión Administrativa, pág. 3.

4

Íd., págs. 4- 5.
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El 22 de marzo de 2024, por correo electrónico, SEPRI cursó una 

Tercera Solicitud de Culminación del Proceso del RFI.

5 El 4 de abril de 2024, 

por medio de correo electrónico, el DRNA se pronunció sobre los 

requerimientos de SEPRI e incluyó como anejo la Notificación de 

Adjudicación de Propuesta: “The Rio Camuy Cave Park Project”

(Notificación).

6 Tal correo electrónico estuvo acompañado de una Solicitud 

de Franqueo para Correspondencia Oficial y surge que la Notificación fue 

remitida mediante correo certificado con acuse de recibo número 7003-0500-

0001-3076-5092.

7

 

El 15 de abril de 2024, SEPRI presentó su Solicitud de Reconsideración.

8

A los pocos días, el 17 de abril de 2024, SEPRI presentó otro escrito intitulado

Solicitud de Notificación Conforme a Derecho y/o Solicitud de 

Reconsideración.

9 Pese a ello, el DRNA no ha contestado ni ha tomado acción

alguna sobre los referidos escritos.

Inconforme con ese tracto procesal del DRNA, el 8 de mayo de 2024,

SEPRI entabló ante este Tribunal de Apelaciones una Petición de Revisión

Administrativa. En la misma, señala el(los) siguiente(s) error(es):

Erró el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales 

(DRNA) al notificar la adjudicación del RFP#2023-0901-PN, para 

la coadministración del Parque de las Cavernas del Río Camuy, 

contraria a derecho.

El 10 de mayo de 2024, determinamos Resolución en la cual, entre otras 

cosas, concedimos un plazo de treinta (30) días al DRNA y PARA LA 

NATURALEZA para presentar su(s) alegato(s) en oposición. De este modo, el 2 

de julio de 2024, el DRNA presentó su escrito intitulado Alegato. En pocas 

palabras, arguyó que: SEPRI nunca fue debidamente notificada dado que la 

correspondencia fue devuelta por el servicio postal; y al 4 de abril de 2024, 

5 Apéndice de la Petición de Revisión Administrativa, págs. 6- 7.

6

Íd., págs. 8- 11.

7 Según el sistema de rastreo del Servicio Postal de los Estados Unidos, el 25 de marzo de 

2024, el correo certificado número 7003-0500-0001-3076-5092 fue devuelto al remitente 

(“delivered to the original sender”).

8 Apéndice de la Petición de Revisión Administrativa, págs. 13- 33.

9

Íd., págs. 34- 52.
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cuando se remitió la Notificación suscrita el 31 de enero de 2024 no se 

incluyeron las advertencias correctas sobre los términos para presentar 

reconsideración y acudir en revisión judicial vigentes al momento de la 

notificación. Ello conforme a la enmienda de la sección 3.19 de la Ley de 

Procedimientos Administrativos Uniformes (LPAU) mediante la Ley Núm. 

48 de 19 de febrero de 2020 (Ley Núm. 48-2024).

10

Evaluado concienzudamente el expediente del caso y contando con el 

beneficio de la comparecencia de todas las partes, nos encontramos en 

posición de adjudicar. Puntualizamos las normas de derecho pertinentes a 

la(s) controversia(s) planteada(s).

- II -

- A - Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme

La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de 

Puerto Rico (LPAU) provee un cuerpo de reglas mínimas para gobernar los 

procesos de adjudicación y reglamentación en la administración pública.11 Su 

sección 4.1 instituye la revisión judicial de las determinaciones finales de las 

agencias por este Tribunal de Apelaciones.12 

La revisión judicial tiene como propósito limitar la discreción de las 

agencias y asegurarse de que estas desempeñen sus funciones conforme a la 

ley.13 El criterio rector al momento de pasar juicio sobre una decisión de un 

foro administrativo es la razonabilidad de la actuación de la agencia.14

Nuestra evaluación de la decisión de una agencia se circunscribe, entonces, a 

determinar si esta actuó de forma arbitraria, ilegal o irrazonable, o si sus 

acciones constituyen un abuso de discreción.15 

Empero, las decisiones de los organismos administrativos 

especializados gozan de una presunción de legalidad y corrección, por lo que, 

10 Ley Núm. 38 de 30 de junio de 2017, según enmendada. 3 LPRA § 9601. 

11 Conocida como la Ley Núm. 38 de 30 de junio de 2017, según enmendada, 3 LPRA § 9601-

9713; SLG Saldaña-Saldaña v. Junta, 201 DPR 615, 621 (2018). 

12 3 LPRA § 9671. 

13 Torres v. Junta Ingenieros, 161 DPR 696, 707 (2004). 

14 Otero v. Toyota, 163 DPR 716 (2005). 

15 JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 DPR 177, 187 (2009). 
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sus conclusiones e interpretaciones merecen gran consideración y respeto.16

Por ello, al ejecutar nuestra función revisora, este Tribunal está obligado a 

considerar la especialización y experiencia de la agencia, distinguiendo entre 

cuestiones de interpretación estatutaria —sobre las que los tribunales son 

especialistas— y cuestiones propias de la discreción o pericia 

administrativa.17 Ello implica que los dictámenes de los entes administrativos 

merecen deferencia judicial.18

Ahora bien, tal norma no es absoluta. Nuestro más alto foro ha 

instaurado que no podemos dar deferencia a las determinaciones 

administrativas que sean irrazonables, ilegales o contrarias a derecho.19

Particularmente, concretó las normas básicas sobre el alcance de la revisión 

judicial al expresar: 

[L]os tribunales deben dar deferencia a las decisiones de una 

agencia administrativa, pero ésta cederá cuando: (1) la 

determinación administrativa no está basada en evidencia 

sustancial; (2) el ente administrativo erró en la aplicación o 

interpretación de las leyes o reglamentos que se le ha 

encomendado administrar; (3) el organismo administrativo actuó 

arbitraria, irrazonable o ilegalmente, realizando determinaciones 

carentes de una base racional, o (4) la actuación administrativa 

lesionó derechos constitucionales fundamentales. Es importante 

destacar que, si el tribunal no se encuentra frente a alguna de esas 

situaciones, aunque exista más de una interpretación razonable 

de los hechos procede que se valide la interpretación que realizó 

la agencia administrativa recurrida.

El alcance de la revisión judicial de las determinaciones 

administrativas se ciñe a determinar lo siguiente: (1) si el remedio concedido 

por la agencia fue el apropiado; (2) si las determinaciones de hecho de la 

agencia están basadas en evidencia sustancial que obra en el expediente 

administrativo, y (3) si las conclusiones de derecho fueron las correctas.20 

En cuanto a las determinaciones de hechos, estas serán sostenidas por 

los tribunales si están respaldadas por evidencia sustancial que surja del 

16 Torres Rivera v. Policía de PR, 196 DPR 606, 625- 626 (2016); García Reyes v. Cruz Auto 

Corp., 173 DPR 870, 891 (2008).

17 OCS v. Point Guard Ins., 205 DPR 1005, 1028 (2020). 

18 DACo v. Toys “R” Us, 191 DPR 760, 765 (2014). 

19 Torres Rivera v. Policía de PR, supra. 

20 Sección 4.5 de la LPAU, 3 LPRA § 9675; OEG v. Martínez Giraud, 210 DPR 79 (2022). 
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expediente administrativo considerado en su totalidad.21 La evidencia 

sustancial es aquella relevante que una mente razonable puede aceptar como 

adecuada para sostener una conclusión.22 Debido a la presunción de legalidad 

y corrección que cobija a las decisiones de las agencias administrativas, quien 

alegue ausencia de evidencia sustancial debe presentar prueba suficiente para 

derrotar dicha presunción.23 Para ello “tiene que demostrar que existe otra 

prueba en el expediente que reduzca o menoscabe el valor probatorio de la 

evidencia impugnada, hasta el punto de que no se pueda concluir que la 

determinación de la agencia fue razonable de acuerdo con la totalidad de la 

prueba que tuvo ante su consideración”.

24 De modo que no podrá basarse 

únicamente en simple alegaciones. A esto se le conoce como la norma de la 

evidencia sustancial, con la cual se persigue evitar sustituir el criterio del 

organismo administrativo en materia especializada por el criterio del tribunal 

revisor.25 Aun cuando exista más de una interpretación razonable de los 

hechos, el tribunal debe dar deferencia a la agencia, y no sustituir su criterio 

por el de esta.26 

Por otro lado, las conclusiones de derecho de la agencia son revisables 

en todos sus aspectos, sin sujeción a norma o criterio alguno.27 Así, debemos 

dar deferencia a las interpretaciones que los organismos administrativos 

hacen de las leyes y reglamentos que administran. Es por ello que, ante casos 

dudosos, donde pueda concebirse una interpretación distinta de estas leyes 

y reglamentos, la determinación de la agencia merece deferencia sustancial.28 

En resumen, si la decisión recurrida es razonable y se sostiene en la 

evidencia sustancial que obra en el expediente administrativo, procede su 

confirmación.29 Por el contrario, los tribunales revisores podemos intervenir 

21 Rolón Martínez v. Supte. Policía, 201 DPR 26, 36 (2018).

22 Otero v. Toyota, supra, pág. 728. 

23 Graciani Rodríguez v. Garaje Isla Verde, 202 DPR 117, 128 (2019). 

24 Gutiérrez Vázquez v. Hernández y otros, 172 DPR 232, 244 (2007).

25 Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409, 432 (2003). 

26 Íd. 

27 Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 77 (2004).

28 Torres Santiago v. Depto. Justicia, 181 DPR 969, 1002 (2011). 

29 García Reyes v. Cruz Auto Corp., supra, pág. 893. 
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con la decisión recurrida cuando no está basada en evidencia sustancial, o 

cuando la actuación es arbitraria, irrazonable o ilegal, o cuando afecta 

derechos fundamentales.30 Del mismo modo, el Prof. Echevarría Vargas ha 

puntualizado que las decisiones de las agencias gubernamentales no deben 

ser “revocadas o modificadas salvo que conste una actuación arbitraria, ilegal 

o irrazonable”.31

- B -

La sección 3.14 de la precitada Ley aborda la carta de derechos en los 

procedimientos adjudicativos. Sustancialmente preceptúa que en todo 

procedimiento adjudicativo formal ante una agencia se salvaguardará lo 

siguiente: (1) el derecho a notificación oportuna de los cargos o querellas o 

reclamos en contra de una parte; (2) el derecho a presentar evidencia; (3) el 

derecho a una adjudicación imparcial; y (4) el derecho a que la decisión sea 

basada en el expediente. En lo pertinente, esta sección expresa:

Órdenes o resoluciones finales. 

[...] 

La orden o resolución advertirá el derecho de solicitar la 

reconsideración ante la agencia o de instar el recurso de revisión 

como cuestión de derecho ante el Tribunal de Apelaciones, así 

como las partes que deberán ser notificadas del recurso de 

revisión, con expresión de los términos correspondientes. 

Cumplido este requisito comenzarán a correr dichos términos. 

La agencia deberá especificar en la certificación de sus órdenes o 

resoluciones los nombres y direcciones de las personas naturales 

o jurídicas a quienes, en calidad de partes, les fue notificado el 

dictamen, a los fines de que estas puedan ejercer efectivamente el 

derecho a la revisión judicial conferido por ley. 

La agencia deberá notificar por correo a las partes, y a sus 

abogados de tenerlos, la orden o resolución a la brevedad posible, 

y deberá archivar en autos copia de la orden o resolución final y 

de la constancia de la notificación. Una parte no podrá ser 

requerida a cumplir con una orden final a menos que dicha parte 

haya sido notificada de la misma.32 

Conforme a la jurisprudencia, la notificación adecuada de un proceso 

adversativo es uno de los requisitos que todo procedimiento debe satisfacer 

30 Capó Cruz v. Jta. Planificación et al., 204 DPR 581 (2020); JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero 

Badillo, supra. 

31 Echevarría Vargas, J. A., Derecho Administrativo Puertorriqueño, 5ta. ed. Rev., San Juan, Ed. 

Situm, 2023, pág. 340.

32 3 LPRA § 9654. 
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para garantizar las exigencias mínimas del debido proceso de ley. Su 

incumplimiento violenta el derecho a ser oído. 

Así, la notificación es un requisito indispensable para la validez 

del procedimiento administrativo de carácter adjudicativo en sus distintas 

etapas. Por lo tanto, nuestro Tribunal Supremo ha reiterado en numerosas 

ocasiones la necesidad de una notificación adecuada. Necesariamente, la 

garantía del debido proceso de ley presupone una notificación "real y 

efectiva".33 La notificación de órdenes, resoluciones y sentencias ha sido 

protegida reiteradamente por el ordenamiento jurídico puertorriqueño, 

debido a que concede a las partes la oportunidad de tomar conocimiento real 

de la acción tomada en su contra. Así como, garantiza a la parte afectada la 

oportunidad de defenderse de cualquier reclamación que se ventile en un 

foro adjudicativo. La notificación también otorga a las personas cuyos 

derechos pudieran verse transgredidos, una mayor oportunidad de 

determinar si ejercen o no los remedios que le han sido concedidos por ley.34

Esto anterior, está predicado en que nuestro ordenamiento jurídico dispone 

que las garantías del debido proceso de ley le aplican a toda resolución final. 

Una deficiencia en estas garantías hace que la resolución no surta efecto 

alguno sobre las partes, hasta tanto sea subsanado.

- III -

En este caso, el 31 de enero de 2024, el DRNA suscribió la Notificación 

de Adjudicación de Propuesta: “The Rio Camuy Cave Park Project”. La 

Notificación dirigida a SEPRI fue remitida por correo certificado con acuse 

de recibo número 7003-0500-0001-3076-5092. El 25 de marzo de 2024, la 

aludida Notificación fue devuelta al remitente (“delivered to the original 

sender”). A pesar de eso, la agencia no realizó gestión alguna para corregir 

esta deficiencia de la notificación. Concretamente, el ente administrativo no

le notificó adecuada y oportunamente a SEPRI sobre el resultado de la 

33 Román Ortiz v. Oficina de Gerencia de Permisos, 203 DPR 947 (2020). 

34 Asoc. Vec. Altamesa Este v. Mun. San Juan, 140 DPR 24, 34 (1996). 
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adjudicación de la propuesta. En abril de 2024, DRNA replicó a las 

comunicaciones de SEPRI exponiendo que examinado el expediente se 

desprende que la adjudicación se remitió por correo certificado el 7 de 

febrero de 2024 y se le incluyó copia de esta. Por lo que, incidió el DRNA. No 

existiendo la más mínima duda de que la Notificación del foro administrativo 

es defectuosa, procede que se emita una nueva Notificación en cumplimiento 

con las disposiciones legales aplicables.

En conformidad con el marco jurídico antes enunciado, desestimamos 

la Petición de Revisión Administrativa por tratarse de un recurso prematuro

sobre el cual no podemos asumir jurisdicción. Este defecto en la notificación 

provoca que los términos para acudir ante este foro revisor no hayan 

comenzado a transcurrir.

- IV -

Por los fundamentos antes expuestos, desestimamos, por ausencia 

de jurisdicción, la Petición de Revisión Administrativa instada el 8 de mayo de 

2024 por SEPRI; y se le requiere al DRNA efectuar la notificación adecuada 

de la Notificación de Adjudicación de Propuesta: “The Rio Camuy Cave Park 

Project” dictaminada el 31 de enero de 2024. 

A tenor con la Regla 83 (E) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, se le requiere a la Secretaría del Tribunal de Apelaciones 

proceder con el desglose de los apéndices del caso.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaría del Tribunal de 

Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones