Número Identificador

SEN2024________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL III

TAMARA I. RIVERA 

MARTÍNEZ

RECURRENTE

V.

JUNTA DE RETIRO DEL

GOBIERNO DE PUERTO

RICO

RECURRIDA

KLRA202400081

Revisión Judicial

procedente de la 

Junta de Retiro del 

Gobierno de Puerto 

Rico

Caso núm. 2022-0057

Sobre: 

COBRO PAGO 

INDEBIDO DE 

PENSIÓN

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, el Juez 

Bonilla Ortíz, la Jueza Mateu Meléndez y la Jueza Prats Palerm.

Prats Palerm, Jueza Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de abril de 2024.

Comparece la parte recurrente, Tamara I. Rivera Martínez (en 

adelante,  ̈Sra. Rivera Martínez ̈ o  ̈recurrente ̈) mediante Recurso de 

Revisión Judicial y solicita que revisemos la Resolución dictada el 18 de 

enero de 2024 y notificada el 23 de enero de 2024 por la Junta de Retiro 

del Gobierno de Puerto Rico (en adelante,  ̈Junta de Retiro ̈). Mediante el

referido dictamen, la Junta de Retiro ordenó el archivo con perjuicio de

una apelación incoada por la recurrente sobre cobro indebido de 

pensión.

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

Confirma la Resolución recurrida.

I.

La Sra. Rivera Martínez se desempeñó como Maestra de Biología 

en el Departamento de Educación hasta su jubilación en el 2013. Cotizó 

un total de 36 años, 4 meses, 2 semanas y .94 días en el Sistema de 

Retiro. El 23 de enero de 2013, la Sra. Rivera Martínez presentó una 

Solicitud de Retiro por Años de Servicio y Edad la cual fue aprobada y 
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efectiva desde el 27 de julio de 2013, con una renta mensual de 

$2,047.50.

El 31 de mayo de 2023, la División de Cobros de la Junta de Retiro 

le notificó a la recurrente una Factura al Cobro por la cantidad de 

$111,798.95, con la intención de recuperar el pago indebido de pensión 

efectuado a la Sra. Rivera Martínez, por razón de haber trabajado como 

Auxiliar en Relaciones Públicas en el Municipio Autónomo de Villalba (en 

adelante,  ̈Municipio ̈) desde el 16 de enero de 2017 hasta el 14 de julio 

de 2021.

Insatisfecha con la factura recibida, el 29 de junio de 2023, la Sra. 

Rivera presentó una Apelación ante la Junta de Retiro. Luego de varios 

trámites procesales, el 17 de agosto de 2023, se celebró una primera

Conferencia con Antelación a Vista a la cual compareció la Junta de 

Retiro. La Sra. Rivera Martínez no compareció. El 17 de agosto de 2023, 

el foro administrativo emitió una Orden a la parte recurrente para que 

demostrara justa causa que excusara su incomparecencia. Ese mismo 

día, la Sra. Rivera Martínez presentó una Moción Presentando Excusas 

por Incomparecencia, dando por cumplida la Orden de mostrar justa 

causa.

El 18 de agosto de 2023, pautó para el 28 de septiembre de 2023 

la celebración de una Conferencia con Antelación a Vista y para el 27 de 

octubre de 2023 la celebración de la Vista Administrativa. 

El 28 de septiembre de 2023, se celebró la segunda Conferencia

con Antelación a Vista a la cual compareció la Junta de Retiro. La Sra. 

Rivera Martínez no compareció. A tales efectos, ese mismo día, la Oficial 

Examinadora emitió una Orden de mostrar justa causa dirigida a la 

recurrente ante su incomparecencia.

Ante el incumplimiento de la Sra. Rivera Martínez con la Orden del 

28 de septiembre de 2023, el 12 de octubre de 2023, el foro recurrido 

dictaminó otra Orden otorgándole un término a la recurrente para que 

demostrara justa causa por el incumplimiento.
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El 27 de octubre de 2023, se celebró la Vista Administrativa

contando con la comparecencia de la Junta de Retiro. La Sra. Rivera 

Martínez tampoco compareció a la Vista Administrativa. Durante esa 

misma fecha, tras el reiterado incumplimiento con la órdenes y 

citaciones emitidas, la Oficial Examinadora emitió Orden en la cual se 

informó que el caso quedó sometido por falta de interés.

Posteriormente, el 1 de noviembre de 2023, la recurrente presentó 

una Moción de Reconsideración y sostuvo que por inadvertencia no había 

cumplido con las citaciones emitidas. Además, notificó que se 

encontraba en conversaciones avanzadas para lograr un acuerdo 

transaccional. Por tanto, solicitó reconsideración y que se le otorgara un 

término para informar el estado de las conversaciones transaccionales.

El 2 de noviembre de 2023, se emitió Orden mediante la cual la 

Junta de Retiro declaró Ha Lugar la reconsideración y otorgó un término

de diez (10) días para que informaran al foro sobre el acuerdo 

transaccional llegado entre las partes. Transcurrido el término, el 14 de 

noviembre de 2023, se emitió Orden en la que se informó que el caso 

quedó sometido por falta de interés.

El 21 de noviembre de 2023, la Sra. Rivera Martínez presentó una 

Moción Informativa en la cual adujo que el acuerdo transaccional con el 

Municipio había sido finiquitado el 3 de noviembre de 2023.

Luego, el 16 de enero de 2024, la recurrente presentó otra Moción 

Informativa y sostuvo que no habían recibido respuesta por parte del foro 

respecto a la moción notificando el acuerdo transaccional.

El 18 de enero de 2024, la Oficial Examinadora emitió una 

Resolución, notificada el 23 de enero de 2024. Mediante el referido 

dictamen, se archivó con perjuicio el recurso de Apelación presentado 

por la Sra. Rivera Martínez debido al reiterado incumplimiento con las 

órdenes y citaciones emitidas por el foro adjudicativo.

Inconforme, el 16 de febrero de 2024, la Sra. Rivera Martínez 

presentó un Recurso de Revisión Judicial en el cual solicitó la revisión de 
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la Resolución emitida. La recurrente realizó el siguiente señalamiento de 

error:

Erró el Honorable Foro Administrativo al desestimar el 

caso con perjuicio sin tomar en consideración la moción 

informativa donde se acredita la existencia de un 

acuerdo extrajudicial que disponía del caso.

El 18 de marzo de 2024, la Junta de Retiro presentó su alegato en 

oposición.

Examinado el expediente que obra ante nosotros y con el beneficio 

de la comparecencia de las partes, procedemos a resolver.

II.

-ALa Sección 4.1 de la Ley Núm. 38-2017, Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (LPAU), 3 LPRA sec. 

9671, dispone que las decisiones administrativas pueden ser revisadas 

por el Tribunal de Apelaciones. La finalidad de esta disposición es 

delimitar la discreción de los organismos administrativos para asegurar 

que estos ejerzan sus funciones conforme a la ley y de forma razonable. 

Andrea Hernández Feliciano v. Municipio de Quebradillas, 2023 TSPR 6, 

resuelto el 20 de enero de 2023. Es norma reiterada que, al revisar las 

determinaciones de los organismos administrativos, los tribunales 

apelativos le conceden gran consideración y deferencia, por la 

experiencia y el conocimiento especializado que estos poseen. Íd. 

Por su parte, la Sección 4.5 de la LPAU, 3 LPRA sec. 9675, 

establece que los tribunales deben sostener las determinaciones de 

hechos de las agencias si están basadas en "evidencia sustancial que 

obra en el expediente administrativo". Como vemos, la norma anterior 

nunca ha pretendido ser absoluta. Por eso, el Tribunal Supremo ha 

resuelto con igual firmeza que, los tribunales no podemos imprimirle un 

sello de corrección, so pretexto de deferencia, a las determinaciones o 

interpretaciones administrativas irrazonables, ilegales, o simplemente 

contrarias a derecho. Super Asphalt v. AFI y otro, 206 DPR 803 (2021); 

Graciani Rodríguez v. Garaje Isla Verde, 202 DPR 117 (2019). 
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Por otro lado, la citada Sección 4.5 de la LPAU, supra, dispone que 

"[l]as conclusiones de derecho serán revisables en todos sus aspectos por 

el tribunal". Aun así, se sustituirá el criterio de la agencia cuando no se 

pueda hallar fundamento racional que explique o justifique el dictamen 

administrativo. Rolón Martínez v. Superintendente, 201 DPR 26 (2018). 

Por ende, "los tribunales deben darle peso y deferencia a las 

interpretaciones que la agencia realice de aquellas leyes particulares que 

administra". Íd. Lo anterior responde a la vasta experiencia y al 

conocimiento especializado que tienen las agencias sobre los asuntos que 

le son encomendados. Capó Cruz v. Junta de Planificación, 204 DPR 581 

(2020). 

Por consiguiente, dada la presunción de corrección y regularidad 

que reviste a las determinaciones de hecho elaboradas por las agencias 

administrativas, éstas deben ser respetadas mientras la parte que las 

impugna no produzca evidencia suficiente para derrotarlas. Graciani 

Rodríguez v. Garaje Isla Verde, supra. Al revisar las decisiones de las 

agencias, el criterio rector que debe guiar a los tribunales es la 

razonabilidad de la actuación, aunque esta no tiene que ser la única o la 

más razonable. Andrea Hernández Feliciano v. Municipio de Quebradillas,

supra.

Por lo tanto, si al momento de examinar un dictamen 

administrativo se determina que: (1) la decisión administrativa no está 

basada en evidencia sustancial; (2) la agencia erró en la aplicación de la 

ley; (3) el organismo administrativo actuó de manera irrazonable, 

arbitraria o ilegalmente; o (4) su actuación lesiona derechos 

constitucionales fundamentales, entonces la deferencia hacia los 

procedimientos administrativos cede. Íd.

Acorde con lo antes expuesto, la revisión judicial de los dictámenes 

administrativos está limitada a determinar si hay evidencia sustancial 

en el expediente para sostener la conclusión de la agencia o si esta actuó 

de forma arbitraria, caprichosa o ilegal. Íd. Por tanto, si una parte 

afectada por un dictamen administrativo impugna las determinaciones 
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de hecho, esta tiene la obligación de derrotar, con suficiente evidencia, 

que la decisión del ente administrativo no está justificada por una 

evaluación justa del peso de la prueba que tuvo ante su 

consideración. Capó Cruz v. Junta de Planificación, supra; Rebollo v. Yiyi 

Motors, 161 DPR 69, 77 (2004). De no identificarse y demostrarse esa 

otra prueba en el expediente administrativo, las determinaciones de 

hechos deben sostenerse por el tribunal revisor, pues el recurrente no 

ha logrado rebatir la presunción de corrección o legalidad. O.E.G. v. 

Rodríguez, 159 DPR 98, 118 (2003).

-BEn nuestro ordenamiento, “la función del tribunal sentenciador es 

atender los casos y asuntos inmediatamente ante su consideración”. 

Vives Vázquez v. E.L.A., 142 DPR 117, 141 (1996). En ese sentido y de 

ordinario, los tribunales están obligados a intervenir oportuna y 

efectivamente para desalentar la falta de diligencia y el incumplimiento 

de sus órdenes. Mejías et. al. v. Carrasquillo et al., 185 DPR 288, 298 

(2012); Dávila v. Hosp. San Miguel, Inc., 117 DPR 807, 819 (1986).

Por ello, es necesario establecer un balance entre el deber de las 

partes de cumplir con las leyes y los reglamentos procesales, y el derecho 

estatutario de los ciudadanos de que su caso sea revisado. Para lograr 

tal balance, se ha establecido, como norma general, que el mecanismo 

procesal de la desestimación, como sanción, se debe utilizar como último 

recurso. Román et als. V. Román et als., 158 DPR 163 (2002). 

Ahora bien, en nuestra jurisdicción impera la política judicial de

que los casos se ventilen en sus méritos, a fin de cumplir con el interés 

de que todo litigante tenga su día en corte. Mejías et al. v. Carrasquillo et 

al., supra; Mun. de Arecibo v. Almac. Yakima, 154 DPR 217 (2001); Amaro 

González v. First Fed. Savs., 132 DPR 1042 (1993). Así pues, aunque las 

partes tienen el deber de ser diligentes y proactivos en el manejo procesal 

de sus casos, la desestimación de las causas de acciones es una medida 

extrema y drástica a la cual los tribunales no deben acudir 
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desmesuradamente. Sánchez Rodríguez v. Adm. de Corrección, 177 DPR 

714 (2009); Banco Popular v. S.L.G. Negrón, 164 DPR 855, 864 (2005).

Es por ello, que nuestro máximo foro ha establecido como norma 

general, que la desestimación de una demanda es la sanción más 

drástica que se puede imponer, por lo que los tribunales deben establecer 

un balance entre el interés de tramitar los casos rápidamente y que éstos 

sean resueltos en sus méritos. Banco Popular v. S.L.G. Negrón, supra. Por 

tal razón, la desestimación de un caso como sanción debe prevalecer 

únicamente en situaciones extremas en las cuales haya quedado 

demostrado, clara e inequívocamente, la desatención y el abandono total 

de la parte con interés, y luego que otras sanciones hayan probado ser 

ineficaces en la administración de la justicia. En todo caso, no se debe 

decretar la desestimación sin un previo apercibimiento. Pueblo v. Rivera 

Toro, 173 DPR 137, 145-146 (2008); Mun. de Arecibo v. Almac. Yakima, 

154 DPR 217, 221-223 (2001); Dávila v. Hosp. San Miguel, Inc., 117 DPR 

807, 814 (1986); Maldonado v. Srio. de Rec. Naturales, 113 DPR 494, 498 

(1982). 

Cónsono con lo anterior, la Sección 3.21 de la LPAU, 3 LPRA sec. 

9661, establece:

La agencia podrá imponer sanciones, en su función 

cuasijudicial, en los siguientes casos: 

(a) Si el promovente de una acción, o el promovido por 

ella, dejare de cumplir con las reglas y reglamentos o con 

cualquier orden del jefe de la agencia, del juez 

administrativo o del oficial examinador, la agencia a 

iniciativa propia o a instancia de parte podrá ordenarle 

que muestre causa por la cual no deba imponérsele una 

sanción. La orden informará de las reglas, reglamentos u 

órdenes con las cuales no se haya cumplido, y se 

concederá un término de veinte (20) días, contados a 

partir de la fecha de notificación de la orden, para la 

mostración de causa. De no cumplirse con esa orden, o 

de determinarse que no hubo causa que justificare el 

incumplimiento, entonces se podrá imponer una sanción 

económica a favor de la agencia o de cualquier parte, que 

no excederá de doscientos (200) dólares por cada 

imposición separada, a la parte o a su abogado, si este 

último es el responsable del incumplimiento.

(b) Ordenar la desestimación de la acción en el caso 

del promovente, o eliminar las alegaciones en el caso 

del promovido, si después de haber impuesto 

sanciones económicas y de haberlas notificado a la 
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parte correspondiente, dicha parte continúa en su 

incumplimiento de las órdenes de la agencia.

(c) Imponer costas y honorarios de abogados, en los 

mismos casos que dispone la Regla 44 de Procedimiento 

Civil, según enmendada. (Énfasis suplido).

Asimismo, el Reglamento Núm. 7053, conocido como Reglamento 

de Procedimiento Adjudicativo del Sistema de Retiro para Maestros, del 

15 de noviembre de 2005, regula el procedimiento de apelación aplicable 

a las determinaciones del Sistema de Retiro para Maestros ante la Junta 

de Retiro. El Artículo 6, Sección 5 del referido Artículo dispone:

Se podrá desestimar una apelación cuando: 

(a) El escrito de apelación tuviere defectos y el apelante 

no los subsanare dentro del plazo expuesto.

(b) Por abandono, cuando el apelante incumpla sin 

justa causa con las órdenes de la Junta de Síndicos.

(Énfasis suplido).

Además, la Sección 11 (c) del referido Artículo dispone que [l]a 

incomparecencia del apelante [a la Vista Administrativa] sin causa 

justificada podrá dar lugar a la desestimación de la querella y al 

cierre y archivo del caso [...]. (Énfasis suplido).

III.

En su recurso de revisión judicial, la recurrente cuestiona la 

determinación de la Junta de Retiro de desestimar con perjuicio su 

solicitud de apelación. Según establece el Artículo 6, Sección 5 del 

Reglamento Núm. 7053, la Junta de Retiro podrá desestimar una 

apelación por abandono, cuando el apelante incumpla sus órdenes sin 

justa causa. Aún más, la Sección 11 (c) faculta a la Junta de Retiro a 

desestimar y archivar el caso ante la incomparecencia del apelante a la 

Vista Administrativa.

Un examen de la relación procesal del caso revela que la Sra. 

Rivera Martínez incumplió reiteradamente con las órdenes y citaciones

que emitió la Junta de Retiro, la cual, a su vez, le concedió múltiples 

oportunidades para rectificar tales incumplimientos. 
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El 17 de agosto de 2023, se celebró la primera Conferencia con 

Antelación a Vista y la Sra. Rivera Martínez no compareció. Ante la 

incomparecencia, se emitió una Orden en la cual se le concedió a la 

recurrente un término de diez (10) días para que mostrara justa causa 

por la cual no se le debían imponer sanciones. Ese mismo día, la 

recurrente cumplió con lo ordenado por la Oficial Examinadora y 

presentó justa causa para su incomparecencia. Dado por cumplido lo 

ordenado, el foro recurrido debidamente procedió a señalar y notificar

las fechas para la celebración de la Conferencia con Antelación a Vista y 

la Vista Administrativa.

El 28 de septiembre de 2023, se celebró la segunda Conferencia 

con Antelación a Vista, nuevamente, sin la comparecencia de la Sra. 

Rivera Martínez, a pesar de haber sido debidamente citada. Ante la 

incomparecencia, el foro emitió una Orden concediéndole a la recurrente 

un primer término de diez (10) días para mostrar justa causa por la cual 

no se le debían imponer sanciones. La Sra. Rivera Martínez incumplió 

con lo ordenado. No obstante, la Oficial Examinadora dictaminó otra 

Orden otorgándole un segundo término de diez (10) días para que 

cumpliera con lo ordenado el 28 de septiembre de 2023. Una vez más, la 

peticionaria incumplió con las órdenes del foro administrativo.

Posteriormente, el 27 de octubre de 2023, se celebró la Vista 

Administrativa sin la comparecencia de la Sra. Rivera Martínez. Debido 

al reiterado incumplimiento de la recurrente con las órdenes y citaciones 

del foro recurrido, luego de celebrada la Vista, la Oficial Examinadora dio 

por sometido el recurso por falta de interés.

El 1 de noviembre de 2023, la parte recurrente solicitó 

reconsideración e informó que se encontraba en conversaciones 

avanzadas para lograr un acuerdo transaccional. Así las cosas, la Junta 

de Retiro declaró Con Lugar la reconsideración y concedió un término de 

diez (10) días para que informara al foro sobre el acuerdo transaccional 

llegado entre las partes. El término venció sin que la Sra. Rivera Martínez
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cumpliera con lo ordenado. Como consecuencia, el caso quedó sometido

por falta de interés mediante Orden del 14 de noviembre de 2023.

Inconforme, el 21 de noviembre de 2023, la Sra. Rivera Martínez

presentó una moción en la cual adujo que el acuerdo transaccional con 

el Municipio había sido finiquitado el 3 de noviembre de 2023, apenas 

dos (2) días luego de emitida la Orden del 1 de noviembre de 2023. A 

pesar de haberse finiquitado el acuerdo, la recurrente dejó transcurrir el 

término concedido para informar a la Junta de Retiro sobre el mismo. No 

fue hasta el 21 de noviembre de 2023, dieciocho (18) días luego de 

finiquitado el acuerdo, que la parte recurrente decidió informar al foro 

recurrido sobre el acuerdo alcanzado.

Debido a los reiterados incumplimientos de la Sra. Rivera 

Martínez, el 18 de enero de 2024, la Junta de Retiro emitió una 

Resolución, notificada el 23 de enero de 2024, archivando con perjuicio 

el caso de epígrafe. 

Al examinar el tracto procesal de este caso, a este Tribunal le 

queda claro que la Junta de Retiro le concedió a la Sra. Rivera Martínez

múltiples oportunidades para explicar sus incomparecencias e 

incumplimientos. Tales concesiones, no permiten acoger la postura de la 

Sra. Rivera Martínez de que la Junta de Retiro abusó de su discreción al 

archivar con perjuicio la apelación.

En efecto, la Sra. Rivera Martínez presentó ante la Junta de Retiro 

el acuerdo transaccional finiquitado. Sin embargo, fue presentado fuera 

del término otorgado por el foro administrativo, a pesar de este haber 

sido perfeccionado dentro del término, demostrando, una vez más, la 

desatención y el abandono total de la parte recurrente. La Junta de 

Retiro le concedió a la Sra. Rivera Martínez más de un término para que 

justificara sus incumplimientos y mostrara causa por sus 

incomparecencias, la cual incluyó la ausencia a la Vista Administrativa.

Resulta forzoso concluir que la Junta de Retiro de retiro no abusó de su 

discreción al desestimar con perjuicio el caso de epígrafe.
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IV.

Por los fundamentos expuestos, se Confirma la Resolución 

recurrida.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones