# Diario Oficial C 279/2011

| | ISSN 1725-244X
  doi:10.3000/1725244X.C_2011.279.spa |
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| Diario Oficial
  de la Unión Europea | C 279 |
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| Edición en lengua española | Comunicaciones e informaciones | 54o año23 de septiembre de 2011 |

ISSN 1725-244X

doi:10.3000/1725244X.C_2011.279.spa

Diario Oficial

de la Unión Europea

C 279

Edición en lengua española

Comunicaciones e informaciones

54o año23 de septiembre de 2011

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| Número de información | Sumario | Página |
| --- | --- | --- |
| | I   Resoluciones, recomendaciones y dictámenes |
| | DICTÁMENES |
| | Supervisor Europeo de Protección de Datos |
| 2011/C 279/01 | Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos relativo al Informe de evaluación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la Directiva de conservación de datos (Directiva 2006/24/CE) | 1 |
| 2011/C 279/02 | Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1073/1999 relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y por el que se deroga el Reglamento (Euratom) no 1074/1999 | 11 |
| 2011/C 279/03 | Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos relativo a la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la integridad y la transparencia del mercado de la energía | 20 |

Número de información

Sumario

Página

I   Resoluciones, recomendaciones y dictámenes

DICTÁMENES

Supervisor Europeo de Protección de Datos

2011/C 279/01

Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos relativo al Informe de evaluación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la Directiva de conservación de datos (Directiva 2006/24/CE)

1

2011/C 279/02

Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1073/1999 relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y por el que se deroga el Reglamento (Euratom) no 1074/1999

o

o

11

2011/C 279/03

Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos relativo a la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la integridad y la transparencia del mercado de la energía

20

| | II   Comunicaciones |
| --- | --- |
| | COMUNICACIONES PROCEDENTES DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA |
| | Comisión Europea |
| 2011/C 279/04 | No oposición a una concentración notificada (Asunto COMP/M.6349 — Motherson/Cross Industries/Peguform/Wethje) (
  1
  ) | 28 |
| 2011/C 279/05 | No oposición a una concentración notificada (Asunto COMP/M.6218 — Ineos/Tessenderlo Group S-PVC Assets) (
  1
  ) | 28 |

II   Comunicaciones

COMUNICACIONES PROCEDENTES DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

Comisión Europea

2011/C 279/04

No oposición a una concentración notificada (Asunto COMP/M.6349 — Motherson/Cross Industries/Peguform/Wethje) (
  1
  )

1

28

2011/C 279/05

No oposición a una concentración notificada (Asunto COMP/M.6218 — Ineos/Tessenderlo Group S-PVC Assets) (
  1
  )

1

28

| | IV   Información |
| --- | --- |
| | INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA |
| | Comisión Europea |
| 2011/C 279/06 | Tipo de cambio del euro | 29 |

IV   Información

INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

Comisión Europea

2011/C 279/06

Tipo de cambio del euro

29

| | V   Anuncios |
| --- | --- |
| | PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS |
| | Comisión Europea |
| 2011/C 279/07 | MEDIA 2007 — Desarrollo, distribución, promoción y formación — Convocatoria de propuestas — EACEA/21/11 — Apoyo al desarrollo de proyectos de producción — Ficción, documentales de creación y animación — Proyectos individuales, paquetes de proyectos (Slate Funding) y paquetes de proyectos 2nd stage | 30 |
| 2011/C 279/08 | MEDIA 2007 — Desarrollo, distribución, promoción y formación — Convocatoria de propuestas — EACEA/22/11 — Apoyo al desarrollo de obras interactivas sobre plataformas en línea o fuera de línea | 33 |
| | PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A LA APLICACIÓN DE LA POLÍTICA DE COMPETENCIA |
| | Comisión Europea |
| 2011/C 279/09 | Notificación previa de una operación de concentración (Asunto COMP/M.6348 — Arla Foods/Allgäuland) (
  1
  ) | 36 |
| 2011/C 279/10 | Notificación previa de una operación de concentración (Asunto COMP/M.6392 — Gores/Mexx) — Asunto que podría ser tramitado conforme al procedimiento simplificado (
  1
  ) | 37 |

V   Anuncios

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

Comisión Europea

2011/C 279/07

MEDIA 2007 — Desarrollo, distribución, promoción y formación — Convocatoria de propuestas — EACEA/21/11 — Apoyo al desarrollo de proyectos de producción — Ficción, documentales de creación y animación — Proyectos individuales, paquetes de proyectos (Slate Funding) y paquetes de proyectos 2nd stage

30

2011/C 279/08

MEDIA 2007 — Desarrollo, distribución, promoción y formación — Convocatoria de propuestas — EACEA/22/11 — Apoyo al desarrollo de obras interactivas sobre plataformas en línea o fuera de línea

33

PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A LA APLICACIÓN DE LA POLÍTICA DE COMPETENCIA

Comisión Europea

2011/C 279/09

Notificación previa de una operación de concentración (Asunto COMP/M.6348 — Arla Foods/Allgäuland) (
  1
  )

1

36

2011/C 279/10

Notificación previa de una operación de concentración (Asunto COMP/M.6392 — Gores/Mexx) — Asunto que podría ser tramitado conforme al procedimiento simplificado (
  1
  )

1

37

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| | (1)   Texto pertinente a efectos del EEE |

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(1)   Texto pertinente a efectos del EEE

1

| ES | |
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ES

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I Resoluciones, recomendaciones y dictámenes

DICTÁMENES

Supervisor Europeo de Protección de Datos

| 23.9.2011 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 279/1 |
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23.9.2011

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 279/1

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Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos relativo al Informe de evaluación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la Directiva de conservación de datos (Directiva 2006/24/CE)

2011/C 279/01

EL SUPERVISOR EUROPEO DE PROTECCIÓN DE DATOS,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, el artículo 16,

Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y, en particular, los artículos 7 y 8,

Vista la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (1),

Vista la Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (2),

Visto el Reglamento (CE) no 45/2001 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos (3), y en particular el artículo 41.

HA ADOPTADO EL SIGUIENTE DICTAMEN:

I.   INTRODUCCIÓN

I.1.   Publicación del informe

| 1. | El 18 de abril de 2011, la Comisión presentó su informe de evaluación sobre la Directiva de conservación de datos (en adelante, «el informe de evaluación») (4). Ese mismo día, el informe de evaluación se trasladó para su información al SEPD. Por los motivos que se establecen en el apartado I.2 infra, el SEPD emite el presente dictamen por iniciativa propia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 del Reglamento (CE) no 45/2001. |
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1.

El 18 de abril de 2011, la Comisión presentó su informe de evaluación sobre la Directiva de conservación de datos (en adelante, «el informe de evaluación») (4). Ese mismo día, el informe de evaluación se trasladó para su información al SEPD. Por los motivos que se establecen en el apartado I.2 infra, el SEPD emite el presente dictamen por iniciativa propia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 del Reglamento (CE) no 45/2001.

| 2. | Antes de que fuera adoptada la comunicación, el SEPD pudo proporcionar observaciones informales. Al SEPD le complace comprobar que la Comisión ha tenido en cuenta varias de esas observaciones en la elaboración de la versión final del documento. |
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2.

Antes de que fuera adoptada la comunicación, el SEPD pudo proporcionar observaciones informales. Al SEPD le complace comprobar que la Comisión ha tenido en cuenta varias de esas observaciones en la elaboración de la versión final del documento.

| 3. | La Comisión ha preparado el informe de evaluación en cumplimiento de la obligación que establece el artículo 14 de la Directiva de conservación de datos de evaluar la aplicación de la Directiva y su impacto en operadores económicos y consumidores, a fin de determinar si es necesario modificar las disposiciones de la presente Directiva (5). El SEPD comprueba con satisfacción que, aunque el artículo 14 no establece su obligatoriedad, la Comisión también ha considerado en el informe «la incidencia de la Directiva en los derechos fundamentales, teniendo en cuenta las críticas que se han dirigido en general a la conservación de datos.» (6). |
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3.

La Comisión ha preparado el informe de evaluación en cumplimiento de la obligación que establece el artículo 14 de la Directiva de conservación de datos de evaluar la aplicación de la Directiva y su impacto en operadores económicos y consumidores, a fin de determinar si es necesario modificar las disposiciones de la presente Directiva (5). El SEPD comprueba con satisfacción que, aunque el artículo 14 no establece su obligatoriedad, la Comisión también ha considerado en el informe «la incidencia de la Directiva en los derechos fundamentales, teniendo en cuenta las críticas que se han dirigido en general a la conservación de datos.» (6).

I.2.   Motivos y objetivo del presente dictamen del SEPD

| 4. | La Directiva de conservación de datos supuso una respuesta de la Unión Europea a los urgentes desafíos en materia de seguridad, a raíz de los importantes atentados terroristas de Madrid en 2004 y en Londres en 2005. A pesar del legítimo propósito que motivó el establecimiento de un régimen de conservación de datos, se alzaron críticas en relación con el gran impacto que la medida tenía sobre la intimidad de los ciudadanos. |
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4.

La Directiva de conservación de datos supuso una respuesta de la Unión Europea a los urgentes desafíos en materia de seguridad, a raíz de los importantes atentados terroristas de Madrid en 2004 y en Londres en 2005. A pesar del legítimo propósito que motivó el establecimiento de un régimen de conservación de datos, se alzaron críticas en relación con el gran impacto que la medida tenía sobre la intimidad de los ciudadanos.

| 5. | La obligación de conservar datos establecida en la Directiva de conservación de datos, permite a las autoridades nacionales competentes seguir el comportamiento en Internet y en sus comunicaciones telefónicas de todas las personas dentro de la UE, siempre que utilicen el teléfono o Internet, hasta un período de dos años. |
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5.

La obligación de conservar datos establecida en la Directiva de conservación de datos, permite a las autoridades nacionales competentes seguir el comportamiento en Internet y en sus comunicaciones telefónicas de todas las personas dentro de la UE, siempre que utilicen el teléfono o Internet, hasta un período de dos años.

| 6. | La conservación de datos de telecomunicaciones constituye claramente una injerencia en el derecho a la intimidad de las personas afectadas tal como está establecido en el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (en adelante, «CEDH») y el artículo 7 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. |
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6.

La conservación de datos de telecomunicaciones constituye claramente una injerencia en el derecho a la intimidad de las personas afectadas tal como está establecido en el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (en adelante, «CEDH») y el artículo 7 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

| 7. | El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en adelante, «TEDH») ha señalado en repetidas ocasiones que el «simple almacenamiento de datos relativos a la vida privada de las personas supone una injerencia en el sentido de lo dispuesto en el artículo 8 [CEDH]» (7). En relación con los datos telefónicos en particular, el TEDH ha señalado que «facilitar dicha información a la policía sin el consentimiento del abonado también supone [...] una injerencia del derecho garantizado en el artículo 8 [CEDH]» (8). |
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7.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en adelante, «TEDH») ha señalado en repetidas ocasiones que el «simple almacenamiento de datos relativos a la vida privada de las personas supone una injerencia en el sentido de lo dispuesto en el artículo 8 [CEDH]» (7). En relación con los datos telefónicos en particular, el TEDH ha señalado que «facilitar dicha información a la policía sin el consentimiento del abonado también supone [...] una injerencia del derecho garantizado en el artículo 8 [CEDH]» (8).

| 8. | Del artículo 8, apartado 2, del CEDH y del artículo 52, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea se deriva que una injerencia puede estar justificada si está prevista por la ley, sirve a un fin legítimo y es necesaria en una sociedad democrática para la obtención de dicho fin. |
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8.

Del artículo 8, apartado 2, del CEDH y del artículo 52, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea se deriva que una injerencia puede estar justificada si está prevista por la ley, sirve a un fin legítimo y es necesaria en una sociedad democrática para la obtención de dicho fin.

| 9. | El SEPD ha reconocido que la disponibilidad de determinados datos de tráfico y de localización pueden ser decisivos para los servicios policiales en la lucha contra el terrorismo y otros tipos de delincuencia grave. Sin embargo, al mismo tiempo, el SEPD ha expresado sus dudas en repetidas ocasiones en relación con la justificación para conservar datos a tal escala si se tienen en cuenta los derechos de protección de datos y de intimidad (9). Estas dudas son compartidas por muchas de las organizaciones de la sociedad civil (10). |
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9.

El SEPD ha reconocido que la disponibilidad de determinados datos de tráfico y de localización pueden ser decisivos para los servicios policiales en la lucha contra el terrorismo y otros tipos de delincuencia grave. Sin embargo, al mismo tiempo, el SEPD ha expresado sus dudas en repetidas ocasiones en relación con la justificación para conservar datos a tal escala si se tienen en cuenta los derechos de protección de datos y de intimidad (9). Estas dudas son compartidas por muchas de las organizaciones de la sociedad civil (10).

| 10. | Desde 2005, el SEPD ha seguido de cerca, y de distintos modos, la creación, implantación y evaluación de la Directiva. El SEPD emitió un dictamen crítico en 2005, después de que la Comisión publicara su propuesta de Directiva (11). Tras la adopción de la Directiva, el SEPD entró a formar parte del grupo de expertos de conservación de datos, al que hace referencia el considerando 14 de la Directiva de conservación de datos (12). Asimismo, el SEPD participa en el trabajo del Grupo de Trabajo del Artículo 29, el cual publicó diversos documentos sobre esta cuestión, siendo el más reciente de ellos el informe de julio de 2010 sobre cómo se ha aplicado la Directiva en la práctica (13). Por último, el SEPD actuó como coadyuvante en el asunto ante el Tribunal de Justicia Europeo en el que se cuestionaba la validez de la Directiva (14). |
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10.

Desde 2005, el SEPD ha seguido de cerca, y de distintos modos, la creación, implantación y evaluación de la Directiva. El SEPD emitió un dictamen crítico en 2005, después de que la Comisión publicara su propuesta de Directiva (11). Tras la adopción de la Directiva, el SEPD entró a formar parte del grupo de expertos de conservación de datos, al que hace referencia el considerando 14 de la Directiva de conservación de datos (12). Asimismo, el SEPD participa en el trabajo del Grupo de Trabajo del Artículo 29, el cual publicó diversos documentos sobre esta cuestión, siendo el más reciente de ellos el informe de julio de 2010 sobre cómo se ha aplicado la Directiva en la práctica (13). Por último, el SEPD actuó como coadyuvante en el asunto ante el Tribunal de Justicia Europeo en el que se cuestionaba la validez de la Directiva (14).

| 11. | La importancia del informe de evaluación y del procedimiento de evaluación no puede ser subestimada (15). La Directiva de conservación de datos constituye un ejemplo destacado de una medida europea que tiene como fin garantizar la disponibilidad de los datos generados y procesarlos en el contexto de las comunicaciones electrónicas para las actividades dirigidas al cumplimiento de la ley. Ahora que la medida ya cuenta con varios años, la evaluación de su aplicación práctica debería realmente demostrar la necesidad y la proporcionalidad de la medida a la luz de los derechos de intimidad y la protección de los datos. En este sentido, el SEPD ha denominado a esta evaluación el «momento de la verdad» para la Directiva de conservación de datos (16). |
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11.

La importancia del informe de evaluación y del procedimiento de evaluación no puede ser subestimada (15). La Directiva de conservación de datos constituye un ejemplo destacado de una medida europea que tiene como fin garantizar la disponibilidad de los datos generados y procesarlos en el contexto de las comunicaciones electrónicas para las actividades dirigidas al cumplimiento de la ley. Ahora que la medida ya cuenta con varios años, la evaluación de su aplicación práctica debería realmente demostrar la necesidad y la proporcionalidad de la medida a la luz de los derechos de intimidad y la protección de los datos. En este sentido, el SEPD ha denominado a esta evaluación el «momento de la verdad» para la Directiva de conservación de datos (16).

| 12. | El proceso de evaluación actual también tiene implicaciones para otros instrumentos que regulan la gestión de la información, incluido el tratamiento de grandes cantidades de datos personales en el espacio de libertad, seguridad y justicia. En una comunicación de 2010, la Comisión llegó a la conclusión de que los mecanismos de evaluación muestran una amplia variedad (17). El SEPD opina que el procedimiento de evaluación actual debería emplearse para establecer una norma para la evaluación de otros instrumentos europeos y garantizar que únicamente las medidas que siguen siendo aplicables están realmente justificadas. |
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12.

El proceso de evaluación actual también tiene implicaciones para otros instrumentos que regulan la gestión de la información, incluido el tratamiento de grandes cantidades de datos personales en el espacio de libertad, seguridad y justicia. En una comunicación de 2010, la Comisión llegó a la conclusión de que los mecanismos de evaluación muestran una amplia variedad (17). El SEPD opina que el procedimiento de evaluación actual debería emplearse para establecer una norma para la evaluación de otros instrumentos europeos y garantizar que únicamente las medidas que siguen siendo aplicables están realmente justificadas.

| 13. | A pesar de estos antecedentes, el SEPD desea compartir su reflexión sobre las conclusiones presentadas en el informe de evaluación mediante un dictamen público. Esto se lleva a cabo en una fase temprana del proceso con el fin de proporcionar una contribución eficaz y constructiva a los debates que seguirán, posiblemente en el contexto de una nueva propuesta legislativa, mencionados por la Comisión en el informe de evaluación (18). |
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13.

A pesar de estos antecedentes, el SEPD desea compartir su reflexión sobre las conclusiones presentadas en el informe de evaluación mediante un dictamen público. Esto se lleva a cabo en una fase temprana del proceso con el fin de proporcionar una contribución eficaz y constructiva a los debates que seguirán, posiblemente en el contexto de una nueva propuesta legislativa, mencionados por la Comisión en el informe de evaluación (18).

I.3.   Estructura del dictamen

| 14. | El presente dictamen analizará y debatirá el contenido del informe de evaluación desde el punto de vista de la intimidad y la protección de datos. El análisis estará centrado en la cuestión de si la Directiva de conservación de datos actual cumple los requisitos establecidos por estos dos derechos fundamentales, lo cual incluye un análisis de si la necesidad de la conservación de datos queda suficientemente demostrada tal como está regulada en la Directiva. |
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14.

El presente dictamen analizará y debatirá el contenido del informe de evaluación desde el punto de vista de la intimidad y la protección de datos. El análisis estará centrado en la cuestión de si la Directiva de conservación de datos actual cumple los requisitos establecidos por estos dos derechos fundamentales, lo cual incluye un análisis de si la necesidad de la conservación de datos queda suficientemente demostrada tal como está regulada en la Directiva.

| 15. | El presente dictamen está organizado de la siguiente manera. El apartado II presentará el contenido principal de la Directiva de conservación de datos y su relación con la Directiva 2002/58/CE relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (en adelante, la «Directiva sobre privacidad en las comunicaciones electrónicas») (19). El apartado III establecerá brevemente los cambios producidos por el Tratado de Lisboa, ya que estos son especialmente importantes para la cuestión actual y tienen consecuencias directas sobre el modo en que las normas europeas sobre conservación de datos deben ser percibidas, evaluadas y posiblemente revisadas. El apartado más extenso del dictamen, el apartado IV, incluye el análisis relativo a la validez de la Directiva de conservación de datos a la luz de los derechos de intimidad y protección de datos y a la vista de las conclusiones presentadas en el informe de evaluación. El apartado V tratará las posibles formas de mejora. El dictamen finaliza, en el apartado VI, con una conclusión. |
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15.

El presente dictamen está organizado de la siguiente manera. El apartado II presentará el contenido principal de la Directiva de conservación de datos y su relación con la Directiva 2002/58/CE relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (en adelante, la «Directiva sobre privacidad en las comunicaciones electrónicas») (19). El apartado III establecerá brevemente los cambios producidos por el Tratado de Lisboa, ya que estos son especialmente importantes para la cuestión actual y tienen consecuencias directas sobre el modo en que las normas europeas sobre conservación de datos deben ser percibidas, evaluadas y posiblemente revisadas. El apartado más extenso del dictamen, el apartado IV, incluye el análisis relativo a la validez de la Directiva de conservación de datos a la luz de los derechos de intimidad y protección de datos y a la vista de las conclusiones presentadas en el informe de evaluación. El apartado V tratará las posibles formas de mejora. El dictamen finaliza, en el apartado VI, con una conclusión.

II.   NORMAS DE LA UE SOBRE CONSERVACIÓN DE DATOS

| 16. | En el contexto del presente dictamen, se entiende por «conservación de datos» a las obligaciones de los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas de acceso público o de una red pública de comunicaciones de conservar durante un determinado período datos de tráfico y de localización así como los datos relacionados necesarios para identificar al abonado o al usuario. Esta obligación se establece en la Directiva de conservación de datos, en cuyo artículo 5, apartado 1, se especifican asimismo las categorías de datos que deben conservarse. De acuerdo con el artículo 6 de la Directiva, los Estados miembros garantizarán que estos datos se conserven por un período que no sea inferior a seis meses ni superior a dos años a partir de la fecha de la comunicación. |
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16.

En el contexto del presente dictamen, se entiende por «conservación de datos» a las obligaciones de los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas de acceso público o de una red pública de comunicaciones de conservar durante un determinado período datos de tráfico y de localización así como los datos relacionados necesarios para identificar al abonado o al usuario. Esta obligación se establece en la Directiva de conservación de datos, en cuyo artículo 5, apartado 1, se especifican asimismo las categorías de datos que deben conservarse. De acuerdo con el artículo 6 de la Directiva, los Estados miembros garantizarán que estos datos se conserven por un período que no sea inferior a seis meses ni superior a dos años a partir de la fecha de la comunicación.

| 17. | Los datos deben conservarse en la medida en que son generados o tratados por los proveedores en el marco de la prestación de los servicios de comunicaciones de que se trate (art. 3). Esto también incluye los datos relativos a las llamadas telefónicas infructuosas. De conformidad con la Directiva, no podrá conservarse ningún dato que revele el contenido de la comunicación (artículo 5, apartado 1) |
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17.

Los datos deben conservarse en la medida en que son generados o tratados por los proveedores en el marco de la prestación de los servicios de comunicaciones de que se trate (art. 3). Esto también incluye los datos relativos a las llamadas telefónicas infructuosas. De conformidad con la Directiva, no podrá conservarse ningún dato que revele el contenido de la comunicación (artículo 5, apartado 1)

| 18. | Los datos se conservan para garantizar que los datos estén disponibles con fines de «investigación, detección y enjuiciamiento de delitos graves, tal como se definen en la legislación nacional de cada Estado miembro» (artículo 1, apartado 1). |
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18.

Los datos se conservan para garantizar que los datos estén disponibles con fines de «investigación, detección y enjuiciamiento de delitos graves, tal como se definen en la legislación nacional de cada Estado miembro» (artículo 1, apartado 1).

| 19. | La Directiva de conservación de datos no incluye más normas sobre las condiciones en que las autoridades nacionales competentes pueden acceder a los datos conservados, sino que esto se deja a la discreción de los Estados miembros y queda fuera del ámbito de aplicación de la Directiva. El artículo 4 de la Directiva subraya que dichas normas nacionales deben ser conformes a los requisitos de necesidad y proporcionalidad, según lo dispuesto, en particular, en el CEDH. |
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19.

La Directiva de conservación de datos no incluye más normas sobre las condiciones en que las autoridades nacionales competentes pueden acceder a los datos conservados, sino que esto se deja a la discreción de los Estados miembros y queda fuera del ámbito de aplicación de la Directiva. El artículo 4 de la Directiva subraya que dichas normas nacionales deben ser conformes a los requisitos de necesidad y proporcionalidad, según lo dispuesto, en particular, en el CEDH.

| 20. | La Directiva de conservación de datos está estrechamente relacionada con la Directiva sobre privacidad en las comunicaciones electrónicas. Dicha Directiva, que especifica y complementa a la Directiva general de protección de datos 95/46/CE, establece que los Estados miembros garantizarán la confidencialidad de las comunicaciones y de los datos de tráfico asociados con ellas (20). La Directiva sobre privacidad en las comunicaciones electrónicas exige que los datos de tráfico y de localización generados utilizando servicios de comunicaciones electrónicas deberán eliminarse o hacerse anónimos cuando ya no sean necesarios a los efectos de la transmisión de una comunicación, salvo en los casos y en la medida en que sean necesarios a efectos de facturación (21). Previo consentimiento, determinados datos pueden tratarse mientras sea necesario para la prestación de un servicio de valor añadido. |
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20.

La Directiva de conservación de datos está estrechamente relacionada con la Directiva sobre privacidad en las comunicaciones electrónicas. Dicha Directiva, que especifica y complementa a la Directiva general de protección de datos 95/46/CE, establece que los Estados miembros garantizarán la confidencialidad de las comunicaciones y de los datos de tráfico asociados con ellas (20). La Directiva sobre privacidad en las comunicaciones electrónicas exige que los datos de tráfico y de localización generados utilizando servicios de comunicaciones electrónicas deberán eliminarse o hacerse anónimos cuando ya no sean necesarios a los efectos de la transmisión de una comunicación, salvo en los casos y en la medida en que sean necesarios a efectos de facturación (21). Previo consentimiento, determinados datos pueden tratarse mientras sea necesario para la prestación de un servicio de valor añadido.

| 21. | Sobre la base del artículo 15, apartado 1, de la Directiva sobre privacidad en las comunicaciones electrónicas, los Estados miembros pueden adoptar medidas legales para limitar el alcance de los derechos y las obligaciones arriba mencionadas cuando dicha limitación «constituya una medida necesaria, proporcionada y apropiada en una sociedad democrática para proteger la seguridad nacional (es decir, la seguridad del Estado), la defensa, la seguridad pública, o la prevención, investigación, descubrimiento y persecución de delitos [...]». En el artículo 15, apartado 1, de la Directiva sobre privacidad en las comunicaciones electrónicas se hace referencia explícitamente a la cuestión de la conservación de datos. Los Estados miembros podrán «adoptar medidas legales en virtud de las cuales los datos se conserven durante un plazo limitado» justificado por los motivos mencionados. |
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21.

Sobre la base del artículo 15, apartado 1, de la Directiva sobre privacidad en las comunicaciones electrónicas, los Estados miembros pueden adoptar medidas legales para limitar el alcance de los derechos y las obligaciones arriba mencionadas cuando dicha limitación «constituya una medida necesaria, proporcionada y apropiada en una sociedad democrática para proteger la seguridad nacional (es decir, la seguridad del Estado), la defensa, la seguridad pública, o la prevención, investigación, descubrimiento y persecución de delitos [...]». En el artículo 15, apartado 1, de la Directiva sobre privacidad en las comunicaciones electrónicas se hace referencia explícitamente a la cuestión de la conservación de datos. Los Estados miembros podrán «adoptar medidas legales en virtud de las cuales los datos se conserven durante un plazo limitado» justificado por los motivos mencionados.

| 22. | La Directiva de conservación de datos pretende aproximar las iniciativas de los Estados miembros en virtud del artículo 15, apartado 1, en la medida en que afecten a la conservación de datos para la investigación, detección y enjuiciamiento de delitos graves. Debe resaltarse que dicha Directiva constituye una excepción a la obligación general consagrada en la Directiva sobre privacidad en las comunicaciones electrónicas de eliminación de los datos cuando ya no son necesarios (22). |
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22.

La Directiva de conservación de datos pretende aproximar las iniciativas de los Estados miembros en virtud del artículo 15, apartado 1, en la medida en que afecten a la conservación de datos para la investigación, detección y enjuiciamiento de delitos graves. Debe resaltarse que dicha Directiva constituye una excepción a la obligación general consagrada en la Directiva sobre privacidad en las comunicaciones electrónicas de eliminación de los datos cuando ya no son necesarios (22).

| 23. | Con la adopción de la Directiva de conservación de datos se introdujo un apartado 1 bis adicional en el Artículo 15 de la Directiva de privacidad en las comunicaciones electrónicas en el que se establecía que el apartado 1 del artículo 15 no se aplicará a los datos que deben conservarse específicamente de conformidad con la Directiva de conservación de datos para los fines recogidos en el artículo 1, apartado 1, de dicha Directiva. |
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23.

Con la adopción de la Directiva de conservación de datos se introdujo un apartado 1 bis adicional en el Artículo 15 de la Directiva de privacidad en las comunicaciones electrónicas en el que se establecía que el apartado 1 del artículo 15 no se aplicará a los datos que deben conservarse específicamente de conformidad con la Directiva de conservación de datos para los fines recogidos en el artículo 1, apartado 1, de dicha Directiva.

| 24. | En el informe de evaluación se indica —esto se debatirá con más detalle en el apartado IV.3 infra— que el artículo 15, apartado 1, y el artículo 15, apartado 1 bis, han sido empleados por diversos Estados miembros para utilizar los datos conservados en virtud de lo dispuesto en la Directiva de conservación de datos para otros fines (23). El SEPD ha denominado a esta situación un «vacío legal» del marco jurídico, que impide el propósito de la Directiva de conservación de datos, en especial, crear unas condiciones equitativas para la industria (24). |
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24.

En el informe de evaluación se indica —esto se debatirá con más detalle en el apartado IV.3 infra— que el artículo 15, apartado 1, y el artículo 15, apartado 1 bis, han sido empleados por diversos Estados miembros para utilizar los datos conservados en virtud de lo dispuesto en la Directiva de conservación de datos para otros fines (23). El SEPD ha denominado a esta situación un «vacío legal» del marco jurídico, que impide el propósito de la Directiva de conservación de datos, en especial, crear unas condiciones equitativas para la industria (24).

III.   EL CONTEXTO JURÍDICO GENERAL DE LA UE HA CAMBIADO TRAS EL TRATADO DE LISBOA

| 25. | El contexto jurídico general de la UE que tiene relevancia para la Directiva de conservación de datos ha cambiado considerablemente desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. Un cambio importante fue la supresión de la estructura de pilares, la cual había establecido diferentes procedimientos legislativos y mecanismos de revisión para los distintos ámbitos de competencia de la UE. |
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25.

El contexto jurídico general de la UE que tiene relevancia para la Directiva de conservación de datos ha cambiado considerablemente desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. Un cambio importante fue la supresión de la estructura de pilares, la cual había establecido diferentes procedimientos legislativos y mecanismos de revisión para los distintos ámbitos de competencia de la UE.

| 26. | La anterior estructura de pilares planteaba con frecuencia debates sobre la base jurídica correcta de un instrumento europeo en caso de que una cuestión implicara la competencia europea en distintos pilares. Elegir una base jurídica no era una cuestión baladí ya que esto daba lugar a procedimientos legislativos distintos respecto de, por ejemplo, los requisitos de voto en el Consejo (mayoría cualificada o unanimidad) o la participación del Parlamento Europeo. |
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26.

La anterior estructura de pilares planteaba con frecuencia debates sobre la base jurídica correcta de un instrumento europeo en caso de que una cuestión implicara la competencia europea en distintos pilares. Elegir una base jurídica no era una cuestión baladí ya que esto daba lugar a procedimientos legislativos distintos respecto de, por ejemplo, los requisitos de voto en el Consejo (mayoría cualificada o unanimidad) o la participación del Parlamento Europeo.

| 27. | Estos debates resultaban muy relevantes en relación con la conservación de datos. Teniendo en cuenta que la Directiva de conservación de datos tenía como fin armonizar la obligación para los operadores y, de este modo, eliminar los obstáculos para el mercado interior, el artículo 95 del anterior Tratado CE (el anterior primer pilar) podría haber sido dicha base jurídica. Sin embargo, la cuestión también podría haber sido tratada desde el punto de vista del cumplimiento de la ley, argumentando que el fin de almacenar los datos era luchar contra los delitos graves, en el marco de la cooperación policial y judicial en materia penal en el anterior Tratado de la UE (el anterior tercer pilar) (25). |
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27.

Estos debates resultaban muy relevantes en relación con la conservación de datos. Teniendo en cuenta que la Directiva de conservación de datos tenía como fin armonizar la obligación para los operadores y, de este modo, eliminar los obstáculos para el mercado interior, el artículo 95 del anterior Tratado CE (el anterior primer pilar) podría haber sido dicha base jurídica. Sin embargo, la cuestión también podría haber sido tratada desde el punto de vista del cumplimiento de la ley, argumentando que el fin de almacenar los datos era luchar contra los delitos graves, en el marco de la cooperación policial y judicial en materia penal en el anterior Tratado de la UE (el anterior tercer pilar) (25).

| 28. | En ese momento, se adoptó la Directiva de conservación de datos sobre la base del artículo 95, que regulaba únicamente las obligaciones de los operadores. La Directiva no incluía normas relativas al acceso y al uso de los datos conservados por parte de las autoridades policiales. |
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28.

En ese momento, se adoptó la Directiva de conservación de datos sobre la base del artículo 95, que regulaba únicamente las obligaciones de los operadores. La Directiva no incluía normas relativas al acceso y al uso de los datos conservados por parte de las autoridades policiales.

| 29. | Tras su adopción, se cuestionó la validez de la Directiva ante el Tribunal de Justicia. Se alegó que la Directiva debería estar basada en el tercer pilar en lugar de en el primer pilar, ya que el fin para el que los datos debían conservarse (la investigación, detección y enjuiciamiento de delitos graves) entraban dentro de la competencia europea del tercer pilar (26). Sin embargo, dado que la conducta de las autoridades competentes estaba explícitamente fuera del ámbito de aplicación de la Directiva, el Tribunal de Justicia llegó a la conclusión de que la Directiva estaba correctamente basada en el Tratado CE (27). |
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29.

Tras su adopción, se cuestionó la validez de la Directiva ante el Tribunal de Justicia. Se alegó que la Directiva debería estar basada en el tercer pilar en lugar de en el primer pilar, ya que el fin para el que los datos debían conservarse (la investigación, detección y enjuiciamiento de delitos graves) entraban dentro de la competencia europea del tercer pilar (26). Sin embargo, dado que la conducta de las autoridades competentes estaba explícitamente fuera del ámbito de aplicación de la Directiva, el Tribunal de Justicia llegó a la conclusión de que la Directiva estaba correctamente basada en el Tratado CE (27).

| 30. | Desde el principio, el SEPD ha explicado que si la UE adoptara un instrumento relativo a la conservación de datos, éste debería regular tanto la obligación para los operadores como el acceso y el uso posterior por parte de las autoridades policiales. En su dictamen de 2005 sobre la propuesta de la Comisión, el SEPD subrayó que el acceso y el uso posterior por parte de las autoridades nacionales competentes constituía una parte esencial e inseparable del asunto (28). |
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30.

Desde el principio, el SEPD ha explicado que si la UE adoptara un instrumento relativo a la conservación de datos, éste debería regular tanto la obligación para los operadores como el acceso y el uso posterior por parte de las autoridades policiales. En su dictamen de 2005 sobre la propuesta de la Comisión, el SEPD subrayó que el acceso y el uso posterior por parte de las autoridades nacionales competentes constituía una parte esencial e inseparable del asunto (28).

| 31. | Como se desarrollará más adelante, los efectos negativos de que la UE regule únicamente la mitad de la cuestión han sido confirmados por el informe de evaluación. La Comisión concluye que las diferencias en la legislación de los Estados miembros sobre el acceso y el uso posterior de los datos por parte de las autoridades nacionales competentes han generado «considerables dificultades» para los operadores (29). |
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31.

Como se desarrollará más adelante, los efectos negativos de que la UE regule únicamente la mitad de la cuestión han sido confirmados por el informe de evaluación. La Comisión concluye que las diferencias en la legislación de los Estados miembros sobre el acceso y el uso posterior de los datos por parte de las autoridades nacionales competentes han generado «considerables dificultades» para los operadores (29).

| 32. | Con la supresión de la estructura de pilares tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, los dos ámbitos relevantes de las competencias europeas se unieron en el TFUE, permitiendo adoptar legislación europea mediante un mismo procedimiento legislativo. Este nuevo contexto permitiría adoptar un nuevo y único instrumento sobre conservación de datos que regulase tanto las obligaciones de los operadores como las condiciones de acceso y el uso posterior por parte de las autoridades policiales. Como se explicará en el apartado IV.3 infra, los derechos de intimidad y protección de datos exigen que si se considera una medida europea revisada relativa a la conservación de datos, ésta deberá al menos regular totalmente la materia. |
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32.

Con la supresión de la estructura de pilares tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, los dos ámbitos relevantes de las competencias europeas se unieron en el TFUE, permitiendo adoptar legislación europea mediante un mismo procedimiento legislativo. Este nuevo contexto permitiría adoptar un nuevo y único instrumento sobre conservación de datos que regulase tanto las obligaciones de los operadores como las condiciones de acceso y el uso posterior por parte de las autoridades policiales. Como se explicará en el apartado IV.3 infra, los derechos de intimidad y protección de datos exigen que si se considera una medida europea revisada relativa a la conservación de datos, ésta deberá al menos regular totalmente la materia.

| 33. | El Tratado de Lisboa no solo suprimió la estructura de pilares sino que también concedió a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que antes era un documento no vinculante y que incluía los derechos de intimidad y protección de datos en los artículos 7 y 8, el mismo valor jurídico que el de los Tratados (30). El artículo 16 del TFUE incluyó además un derecho subjetivo da la protección de datos, creando un fundamento jurídico separado para los instrumentos europeos relativos a la protección de datos personales. |
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33.

El Tratado de Lisboa no solo suprimió la estructura de pilares sino que también concedió a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que antes era un documento no vinculante y que incluía los derechos de intimidad y protección de datos en los artículos 7 y 8, el mismo valor jurídico que el de los Tratados (30). El artículo 16 del TFUE incluyó además un derecho subjetivo da la protección de datos, creando un fundamento jurídico separado para los instrumentos europeos relativos a la protección de datos personales.

| 34. | La protección de los derechos fundamentales ha sido desde hace tiempo la piedra angular de la política de la Unión Europea y el Tratado de Lisboa ha supuesto un compromiso aún mayor para estos derechos en el contexto de la Unión Europea. Estos cambios introducidos por el Tratado de Lisboa inspiraron a la Comisión en octubre de 2010 a fomentar una «cultura de los derechos fundamentales» en todas las etapas del proceso legislativo y a afirmar que la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea debe «ser una guía para la política de la Unión» (31). El SEPD opina que el actual proceso de evaluación ofrece a la Comisión una buena oportunidad para que demuestre este compromiso. |
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34.

La protección de los derechos fundamentales ha sido desde hace tiempo la piedra angular de la política de la Unión Europea y el Tratado de Lisboa ha supuesto un compromiso aún mayor para estos derechos en el contexto de la Unión Europea. Estos cambios introducidos por el Tratado de Lisboa inspiraron a la Comisión en octubre de 2010 a fomentar una «cultura de los derechos fundamentales» en todas las etapas del proceso legislativo y a afirmar que la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea debe «ser una guía para la política de la Unión» (31). El SEPD opina que el actual proceso de evaluación ofrece a la Comisión una buena oportunidad para que demuestre este compromiso.

IV.   ¿LA DIRECTIVA DE CONSERVACIÓN DE DATOS CUMPLE LOS REQUERIMIENTOS RELACIONADOS CON LA INTIMIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS?

| 35. | El informe de evaluación pone de relieve diversos puntos débiles de la Directiva de conservación de datos actual. La información que proporciona el informe muestra que la Directiva no ha logrado cumplir su principal objetivo, que consiste en armonizar la legislación nacional relativa a la conservación de datos. La Comisión observa que existen «considerables» diferencias entre la legislación de transposición en los ámbitos de la limitación de la finalidad, el acceso a los datos, los períodos de conservación, la protección de datos y la seguridad de los datos y las estadísticas (32). En opinión de la Comisión, las diferencias son parcialmente debidas a la variación prevista expresamente por la Directiva. La Comisión afirma, sin embargo, que incluso más allá de esto, «las diferencias en la aplicación nacional de la conservación de datos han presentado considerables dificultades para los operadores» y que «sigue existiendo una falta de seguridad jurídica para el sector» (33). Ni que decir tiene que dicha falta de armonización resulta perjudicial para todas las partes implicadas, ciudadanos, operadores del sector y autoridades policiales. |
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35.

El informe de evaluación pone de relieve diversos puntos débiles de la Directiva de conservación de datos actual. La información que proporciona el informe muestra que la Directiva no ha logrado cumplir su principal objetivo, que consiste en armonizar la legislación nacional relativa a la conservación de datos. La Comisión observa que existen «considerables» diferencias entre la legislación de transposición en los ámbitos de la limitación de la finalidad, el acceso a los datos, los períodos de conservación, la protección de datos y la seguridad de los datos y las estadísticas (32). En opinión de la Comisión, las diferencias son parcialmente debidas a la variación prevista expresamente por la Directiva. La Comisión afirma, sin embargo, que incluso más allá de esto, «las diferencias en la aplicación nacional de la conservación de datos han presentado considerables dificultades para los operadores» y que «sigue existiendo una falta de seguridad jurídica para el sector» (33). Ni que decir tiene que dicha falta de armonización resulta perjudicial para todas las partes implicadas, ciudadanos, operadores del sector y autoridades policiales.

| 36. | Desde el punto de vista de la intimidad y la protección de datos, el informe de evaluación también justifica la conclusión de que la Directiva de conservación de datos no cumple los requisitos impuestos por los derechos de intimidad y protección de datos. Existen diversas deficiencias. La necesidad de la conservación de datos tal como se indica en la Directiva de conservación de datos no ha quedado suficientemente demostrada; en cualquier caso, la conservación de datos se podría haber regulado de un modo que atentase menos a la intimidad; y a la Directiva de conservación de datos le falta «previsibilidad». Estos tres puntos se desarrollarán más abajo. |
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36.

Desde el punto de vista de la intimidad y la protección de datos, el informe de evaluación también justifica la conclusión de que la Directiva de conservación de datos no cumple los requisitos impuestos por los derechos de intimidad y protección de datos. Existen diversas deficiencias. La necesidad de la conservación de datos tal como se indica en la Directiva de conservación de datos no ha quedado suficientemente demostrada; en cualquier caso, la conservación de datos se podría haber regulado de un modo que atentase menos a la intimidad; y a la Directiva de conservación de datos le falta «previsibilidad». Estos tres puntos se desarrollarán más abajo.

IV.1.   La necesidad de conservación de datos prevista en la Directiva de conservación de datos no ha quedado suficientemente demostrada

| 37. | La injerencia en los derechos a la intimidad y la protección de datos está permitida únicamente si la medida es necesaria para lograr un fin legítimo. La necesidad de la conservación de datos como medida represiva ha sido constantemente uno de los principales puntos de debate (34). En la propuesta de Directiva se afirmó que las limitaciones de los derechos de intimidad y de protección de datos eran «necesarias para alcanzar los objetivos generalmente reconocidos de prevenir y combatir la delincuencia y el terrorismo» (35). Sin embargo, en el dictamen de 2005, el SEPD indicó que no le convencía esta declaración, ya que requería más pruebas (36). Aun así, el considerando 9 de la Directiva de conservación de datos establecía que la «conservación de datos se ha acreditado [...] una herramienta de investigación necesaria y eficaz para aplicar la ley en diferentes Estados miembros», sin proporcionar ninguna otra prueba. |
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37.

La injerencia en los derechos a la intimidad y la protección de datos está permitida únicamente si la medida es necesaria para lograr un fin legítimo. La necesidad de la conservación de datos como medida represiva ha sido constantemente uno de los principales puntos de debate (34). En la propuesta de Directiva se afirmó que las limitaciones de los derechos de intimidad y de protección de datos eran «necesarias para alcanzar los objetivos generalmente reconocidos de prevenir y combatir la delincuencia y el terrorismo» (35). Sin embargo, en el dictamen de 2005, el SEPD indicó que no le convencía esta declaración, ya que requería más pruebas (36). Aun así, el considerando 9 de la Directiva de conservación de datos establecía que la «conservación de datos se ha acreditado [...] una herramienta de investigación necesaria y eficaz para aplicar la ley en diferentes Estados miembros», sin proporcionar ninguna otra prueba.

| 38. | Debido a la falta de pruebas suficientes, el SEPD explicó que la Directiva de conservación de datos estaba basada únicamente en la suposición de que la conservación de datos desarrollada en dicha Directiva constituía una medida necesaria (37). Por ello, el SEPD hizo un llamamiento a la Comisión y a los Estados miembros para que aprovechasen la ocasión del informe de evaluación para proporcionar más pruebas que confirmaran que la suposición de la necesidad de una medida de conservación de datos y el modo que está regulada en la Directiva de conservación de datos era en efecto correcta. |
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38.

Debido a la falta de pruebas suficientes, el SEPD explicó que la Directiva de conservación de datos estaba basada únicamente en la suposición de que la conservación de datos desarrollada en dicha Directiva constituía una medida necesaria (37). Por ello, el SEPD hizo un llamamiento a la Comisión y a los Estados miembros para que aprovechasen la ocasión del informe de evaluación para proporcionar más pruebas que confirmaran que la suposición de la necesidad de una medida de conservación de datos y el modo que está regulada en la Directiva de conservación de datos era en efecto correcta.

| 39. | Sobre este punto, la Comisión afirma en el informe de evaluación que «[l]a mayoría de los Estados miembros consideran que las normas de la UE sobre conservación de datos siguen siendo necesarias como herramienta para la aplicación de la ley, la protección de las víctimas y los sistemas de justicia penal.». Asimismo, considera que la conservación de datos desempeña un «importante papel» en la investigación penal, al ser «valiosa cuanto menos, y en algunos casos indispensable» y se afirma que sin la conservación de datos determinadas condenas por delitos «nunca podrían haberse resuelto» (38). La Comisión concluye que la UE deberá, por tanto, «apoyar y regular la conservación de datos como medida de seguridad» (39). |
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39.

Sobre este punto, la Comisión afirma en el informe de evaluación que «[l]a mayoría de los Estados miembros consideran que las normas de la UE sobre conservación de datos siguen siendo necesarias como herramienta para la aplicación de la ley, la protección de las víctimas y los sistemas de justicia penal.». Asimismo, considera que la conservación de datos desempeña un «importante papel» en la investigación penal, al ser «valiosa cuanto menos, y en algunos casos indispensable» y se afirma que sin la conservación de datos determinadas condenas por delitos «nunca podrían haberse resuelto» (38). La Comisión concluye que la UE deberá, por tanto, «apoyar y regular la conservación de datos como medida de seguridad» (39).

| 40. | Sin embargo, es dudoso que la Comisión pueda llegar a la conclusión de que la mayoría de los Estados miembros consideran la conservación de datos como una herramienta necesaria. No se indica cuáles son los Estados miembros que constituyen la mayoría, la cual en una UE con veintisiete Estados miembros debería ser, como mínimo, de catorce. El número de Estados miembros al que se hace una referencia concreta en el capítulo 5, sobre el que están basadas las conclusiones, es de nuevo como máximo (40). |
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40.

Sin embargo, es dudoso que la Comisión pueda llegar a la conclusión de que la mayoría de los Estados miembros consideran la conservación de datos como una herramienta necesaria. No se indica cuáles son los Estados miembros que constituyen la mayoría, la cual en una UE con veintisiete Estados miembros debería ser, como mínimo, de catorce. El número de Estados miembros al que se hace una referencia concreta en el capítulo 5, sobre el que están basadas las conclusiones, es de nuevo como máximo (40).

| 41. | Además, parece que la Comisión se basa principalmente en las declaraciones de los Estados miembros sobre si consideran la conservación de datos una herramienta necesaria para fines represivos. Sin embargo, estas declaraciones indican más bien que los Estados miembros afectados desean disponer de normas europeas relativas a la conservación de datos, sin establecer como tal la necesidad de que la conservación de datos sea una medida policial, apoyada y regulada por la UE. Estas declaraciones sobre la necesidad deberían ser apoyadas por pruebas suficientes. |
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41.

Además, parece que la Comisión se basa principalmente en las declaraciones de los Estados miembros sobre si consideran la conservación de datos una herramienta necesaria para fines represivos. Sin embargo, estas declaraciones indican más bien que los Estados miembros afectados desean disponer de normas europeas relativas a la conservación de datos, sin establecer como tal la necesidad de que la conservación de datos sea una medida policial, apoyada y regulada por la UE. Estas declaraciones sobre la necesidad deberían ser apoyadas por pruebas suficientes.

| 42. | Es cierto que demostrar la necesidad de una medida que vulnere la intimidad no es tarea fácil, especialmente para la Comisión, quien depende en gran medida de la información que los Estados miembros le proporcionen. |
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42.

Es cierto que demostrar la necesidad de una medida que vulnere la intimidad no es tarea fácil, especialmente para la Comisión, quien depende en gran medida de la información que los Estados miembros le proporcionen.

| 43. | Sin embargo, si la medida ya se aplica, como ocurre con la Directiva de conservación de datos, y se ha obtenido experiencia práctica, se debería disponer de suficiente información cuantitativa y cualitativa que permitiese una declaración sobre si la medida es en realidad efectiva y si podrían haberse obtenido resultados comparables sin este instrumento o a través de medidas alternativos menos invasivos. Dicha información deberá constituir una prueba fehaciente y mostrar la relación entre el uso y el resultado
   (41). En lo que a la Directiva europea se refiere, la información deberá asimismo representar la práctica de al menos la mayoría de los Estados miembros de la Unión. |
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43.

Sin embargo, si la medida ya se aplica, como ocurre con la Directiva de conservación de datos, y se ha obtenido experiencia práctica, se debería disponer de suficiente información cuantitativa y cualitativa que permitiese una declaración sobre si la medida es en realidad efectiva y si podrían haberse obtenido resultados comparables sin este instrumento o a través de medidas alternativos menos invasivos. Dicha información deberá constituir una prueba fehaciente y mostrar la relación entre el uso y el resultado
   (41). En lo que a la Directiva europea se refiere, la información deberá asimismo representar la práctica de al menos la mayoría de los Estados miembros de la Unión.

| 44. | Tras un cuidadoso análisis, el SEPD considera que, aunque la Comisión se ha esforzado claramente en obtener información de los gobiernos de los Estados miembros, la información cuantitativa y cualitativa proporcionada por los Estados miembros no resulta suficiente para confirmar la necesidad de la conservación de datos, tal como está desarrollada en la Directiva de conservación de datos. Aunque se han proporcionado algunos ejemplos interesantes, la información presentada en el informe presenta demasiadas deficiencias como para permitir extraer conclusiones generales sobre la necesidad del instrumento. Además, todavía debe llevarse a cabo una mayor investigación sobre medidas alternativas. Estos dos puntos se desarrollarán a continuación. |
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44.

Tras un cuidadoso análisis, el SEPD considera que, aunque la Comisión se ha esforzado claramente en obtener información de los gobiernos de los Estados miembros, la información cuantitativa y cualitativa proporcionada por los Estados miembros no resulta suficiente para confirmar la necesidad de la conservación de datos, tal como está desarrollada en la Directiva de conservación de datos. Aunque se han proporcionado algunos ejemplos interesantes, la información presentada en el informe presenta demasiadas deficiencias como para permitir extraer conclusiones generales sobre la necesidad del instrumento. Además, todavía debe llevarse a cabo una mayor investigación sobre medidas alternativas. Estos dos puntos se desarrollarán a continuación.

La información cuantitativa y cualitativa proporcionada en el informe de evaluación

| 45. | En lo que se refiere a la información estadística cuantitativa que se presenta principalmente en el capítulo 5 y en el anexo del informe de evaluación, falta información que resulta crucial. Por ejemplo, las estadísticas no indican los fines para los que se obtienen los datos. Asimismo, los números no revelan si todos los datos a los que se ha tenido acceso han sido datos que estaban almacenados como consecuencia de la obligación legal de conservar los datos o para fines profesionales. Asimismo, no se proporciona información sobre los resultados del uso de los datos. Para la extracción de conclusiones, resulta además problemático que la información de los distintos Estados miembros no sea siempre totalmente comparable y que, en muchos casos, los gráficos sean representativos sólo de nueve Estados miembros. |
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45.

En lo que se refiere a la información estadística cuantitativa que se presenta principalmente en el capítulo 5 y en el anexo del informe de evaluación, falta información que resulta crucial. Por ejemplo, las estadísticas no indican los fines para los que se obtienen los datos. Asimismo, los números no revelan si todos los datos a los que se ha tenido acceso han sido datos que estaban almacenados como consecuencia de la obligación legal de conservar los datos o para fines profesionales. Asimismo, no se proporciona información sobre los resultados del uso de los datos. Para la extracción de conclusiones, resulta además problemático que la información de los distintos Estados miembros no sea siempre totalmente comparable y que, en muchos casos, los gráficos sean representativos sólo de nueve Estados miembros.

| 46. | Los ejemplos cualitativos incluidos en el informe sirven para ilustrar mejor el importante papel que los datos conservados han desempeñado en determinadas situaciones específicas y los beneficios potenciales de un sistema de conservación de datos. Sin embargo, no está claro en todos los casos si el uso de los datos conservados fue el único medio para resolver el delito. |
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46.

Los ejemplos cualitativos incluidos en el informe sirven para ilustrar mejor el importante papel que los datos conservados han desempeñado en determinadas situaciones específicas y los beneficios potenciales de un sistema de conservación de datos. Sin embargo, no está claro en todos los casos si el uso de los datos conservados fue el único medio para resolver el delito.

| 47. | Algunos ejemplos ilustran el carácter indispensable de la medida de conservación de datos para luchar contra la ciberdelincuencia. En este sentido, cabe destacar que el principal instrumento internacional en este ámbito, el Convenio del Consejo de Europa sobre ciberdelincuencia, no prevé la conservación de datos como medida para luchar contra la ciberdelincuencia sino que sólo se refiere a ella como herramienta de investigación (42). |
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47.

Algunos ejemplos ilustran el carácter indispensable de la medida de conservación de datos para luchar contra la ciberdelincuencia. En este sentido, cabe destacar que el principal instrumento internacional en este ámbito, el Convenio del Consejo de Europa sobre ciberdelincuencia, no prevé la conservación de datos como medida para luchar contra la ciberdelincuencia sino que sólo se refiere a ella como herramienta de investigación (42).

| 48. | La Comisión parece atribuir una importancia considerable a los ejemplos proporcionados por los Estados miembros en los cuales los datos conservados se utilizaron para excluir a sospechosos de escenas del delito y verificar coartadas (43). A pesar de que son ejemplos interesantes sobre el modo en que las autoridades policiales utilizan los datos, no pueden utilizarse para demostrar la necesidad de la conservación de datos. Este argumento debe ser empleado con precaución ya que podría ser malinterpretado para implicar que la conservación de datos es necesaria para probar la inocencia de los ciudadanos, lo cual puede ser difícil de conciliar con la presunción de inocencia. |
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48.

La Comisión parece atribuir una importancia considerable a los ejemplos proporcionados por los Estados miembros en los cuales los datos conservados se utilizaron para excluir a sospechosos de escenas del delito y verificar coartadas (43). A pesar de que son ejemplos interesantes sobre el modo en que las autoridades policiales utilizan los datos, no pueden utilizarse para demostrar la necesidad de la conservación de datos. Este argumento debe ser empleado con precaución ya que podría ser malinterpretado para implicar que la conservación de datos es necesaria para probar la inocencia de los ciudadanos, lo cual puede ser difícil de conciliar con la presunción de inocencia.

| 49. | El informe de evaluación sólo discute brevemente el valor de la conservación de datos respecto de la evolución tecnológica y, de forma más específica, el uso de tarjetas SIM de prepago (44). El SEPD subraya que más información cualitativa y cuantitativa sobre el uso de nuevas tecnologías no cubiertas por la Directiva (como sería el caso de los servicios de VoIP y las redes sociales) hubiera resultado instructivo para valorar la eficacia de la Directiva. |
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49.

El informe de evaluación sólo discute brevemente el valor de la conservación de datos respecto de la evolución tecnológica y, de forma más específica, el uso de tarjetas SIM de prepago (44). El SEPD subraya que más información cualitativa y cuantitativa sobre el uso de nuevas tecnologías no cubiertas por la Directiva (como sería el caso de los servicios de VoIP y las redes sociales) hubiera resultado instructivo para valorar la eficacia de la Directiva.

| 50. | El informe de evaluación es limitado, ya que se centra principalmente en la información cuantitativa y cualitativa proporcionada por los Estados miembros que han aplicado la Directiva de conservación de datos. Sin embargo, hubiera sido interesante observar si existe alguna diferencia considerable entre dichos Estados miembros y los Estados miembros que no han aplicado la Directiva. Especialmente para aquellos Estados miembros en los que la legislación de aplicación ha sido anulada (Alemania, Rumanía y la República Checa), habría resultado interesante observar si existe alguna prueba del aumento o el descenso de las investigaciones con éxito, antes o después de dichas anulaciones. |
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50.

El informe de evaluación es limitado, ya que se centra principalmente en la información cuantitativa y cualitativa proporcionada por los Estados miembros que han aplicado la Directiva de conservación de datos. Sin embargo, hubiera sido interesante observar si existe alguna diferencia considerable entre dichos Estados miembros y los Estados miembros que no han aplicado la Directiva. Especialmente para aquellos Estados miembros en los que la legislación de aplicación ha sido anulada (Alemania, Rumanía y la República Checa), habría resultado interesante observar si existe alguna prueba del aumento o el descenso de las investigaciones con éxito, antes o después de dichas anulaciones.

| 51. | La Comisión reconoce que las estadísticas y los ejemplos facilitados en el informe de evaluación son «limitados en algunos aspectos» pero no obstante concluye que las pruebas son muestra del «importante papel que desempeñan los datos conservados en la investigación penal» (45). |
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51.

La Comisión reconoce que las estadísticas y los ejemplos facilitados en el informe de evaluación son «limitados en algunos aspectos» pero no obstante concluye que las pruebas son muestra del «importante papel que desempeñan los datos conservados en la investigación penal» (45).

| 52. | El SEPD cree que la Comisión debería haber sido más crítica con los Estados miembros. Como se ha explicado, las declaraciones políticas realizadas por algunos Estados miembros sobre la necesidad de tal medida no pueden justificar por sí solas una acción de la Unión Europea. La Comisión debería haber insistido a los Estados miembros para que estos proporcionasen una prueba suficiente que demostrara la necesidad de la medida. En opinión del SEPD, la Comisión debería como mínimo haber condicionado su apoyo a la conservación de datos como medida de seguridad (véase la p. 31 del informe de evaluación) al hecho de que los Estados miembros proporcionasen más pruebas durante la evaluación de impacto. |
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52.

El SEPD cree que la Comisión debería haber sido más crítica con los Estados miembros. Como se ha explicado, las declaraciones políticas realizadas por algunos Estados miembros sobre la necesidad de tal medida no pueden justificar por sí solas una acción de la Unión Europea. La Comisión debería haber insistido a los Estados miembros para que estos proporcionasen una prueba suficiente que demostrara la necesidad de la medida. En opinión del SEPD, la Comisión debería como mínimo haber condicionado su apoyo a la conservación de datos como medida de seguridad (véase la p. 31 del informe de evaluación) al hecho de que los Estados miembros proporcionasen más pruebas durante la evaluación de impacto.

Medios alternativos

| 53. | La necesidad de conservación de datos establecida en la Directiva de conservación de datos también depende del hecho de si existen medios alternativos que atenten menos contra la intimidad y que hubieran conducido a resultados comparables. Esto ha sido confirmado por el Tribunal de Justicia en la sentencia Schecke de noviembre de 2010, en la que se anuló la legislación europea relativa a la publicación de los nombres de los beneficiarios de los fondos (46). Uno de los motivos de la anulación fue que ni el Consejo ni la Comisión habían considerado medidas alternativas que respetasen el objetivo perseguido por dicha publicación y, al mismo tiempo, fueran menos lesivas para el derecho a la intimidad y a la protección de datos de las personas en cuestión (47). |
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53.

La necesidad de conservación de datos establecida en la Directiva de conservación de datos también depende del hecho de si existen medios alternativos que atenten menos contra la intimidad y que hubieran conducido a resultados comparables. Esto ha sido confirmado por el Tribunal de Justicia en la sentencia Schecke de noviembre de 2010, en la que se anuló la legislación europea relativa a la publicación de los nombres de los beneficiarios de los fondos (46). Uno de los motivos de la anulación fue que ni el Consejo ni la Comisión habían considerado medidas alternativas que respetasen el objetivo perseguido por dicha publicación y, al mismo tiempo, fueran menos lesivas para el derecho a la intimidad y a la protección de datos de las personas en cuestión (47).

| 54. | La alternativa principal expuesta en los debates alrededor de la Directiva de conservación de datos es el método de la preservación de datos («congelación rápida» y «congelación rápida plus») (48), que consiste en asegurar o «congelar» temporalmente determinados datos sobre telecomunicaciones y de localización relativos únicamente a determinados sospechosos de actividad delictiva, que se pondrán posteriormente a disposición de las autoridades policiales mediante autorización judicial. |
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54.

La alternativa principal expuesta en los debates alrededor de la Directiva de conservación de datos es el método de la preservación de datos («congelación rápida» y «congelación rápida plus») (48), que consiste en asegurar o «congelar» temporalmente determinados datos sobre telecomunicaciones y de localización relativos únicamente a determinados sospechosos de actividad delictiva, que se pondrán posteriormente a disposición de las autoridades policiales mediante autorización judicial.

| 55. | La preservación de datos se menciona en el informe de evaluación en el contexto del citado Convenio sobre ciberdelincuencia, aunque no se considera adecuada porque «no garantiza la capacidad para establecer pistas de pruebas antes de la orden de preservación, no permite realizar investigaciones si el objetivo es desconocido y no permite obtener pruebas sobre los movimientos de, por ejemplo, las víctimas o testigos de un delito» (49). |
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55.

La preservación de datos se menciona en el informe de evaluación en el contexto del citado Convenio sobre ciberdelincuencia, aunque no se considera adecuada porque «no garantiza la capacidad para establecer pistas de pruebas antes de la orden de preservación, no permite realizar investigaciones si el objetivo es desconocido y no permite obtener pruebas sobre los movimientos de, por ejemplo, las víctimas o testigos de un delito» (49).

| 56. | El SEPD reconoce que hay menos información disponible cuando se utiliza un sistema de preservación de datos en lugar de un sistema amplio de conservación de datos. Sin embargo, es precisamente por este carácter más definido que la preservación de datos constituye un instrumento que vulnera menos la intimidad, respecto de la escala y el número de personas a las que afecta. La evaluación no solo debería centrarse en los datos disponibles sino también en los distintos resultados obtenidos por ambos sistemas. El SEPD considera que una investigación en profundidad de esta medida está justificada y es indispensable. Esto podría llevarse a cabo durante la evaluación de impacto en los meses venideros. |
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56.

El SEPD reconoce que hay menos información disponible cuando se utiliza un sistema de preservación de datos en lugar de un sistema amplio de conservación de datos. Sin embargo, es precisamente por este carácter más definido que la preservación de datos constituye un instrumento que vulnera menos la intimidad, respecto de la escala y el número de personas a las que afecta. La evaluación no solo debería centrarse en los datos disponibles sino también en los distintos resultados obtenidos por ambos sistemas. El SEPD considera que una investigación en profundidad de esta medida está justificada y es indispensable. Esto podría llevarse a cabo durante la evaluación de impacto en los meses venideros.

| 57. | En ese sentido, no es oportuno que, en las conclusiones del informe, la Comisión se comprometa a examinar si un enfoque europeo sobre la preservación de datos puede complementar (es decir, no sustituir) la conservación de datos y de qué manera (50). La posibilidad de combinar cualquier tipo de sistema de conservación con salvaguardias procedimentales ligadas a los distintos modos de preservación de datos merece en efecto una mayor investigación. Sin embargo, el SEPD recomienda a la Comisión durante la evaluación de impacto que considere asimismo si un sistema de preservación de datos u otros medios alternativos podrían sustituir total o parcialmente el sistema de conservación de datos actual. |
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57.

En ese sentido, no es oportuno que, en las conclusiones del informe, la Comisión se comprometa a examinar si un enfoque europeo sobre la preservación de datos puede complementar (es decir, no sustituir) la conservación de datos y de qué manera (50). La posibilidad de combinar cualquier tipo de sistema de conservación con salvaguardias procedimentales ligadas a los distintos modos de preservación de datos merece en efecto una mayor investigación. Sin embargo, el SEPD recomienda a la Comisión durante la evaluación de impacto que considere asimismo si un sistema de preservación de datos u otros medios alternativos podrían sustituir total o parcialmente el sistema de conservación de datos actual.

IV.2.   La conservación de datos tal como está regulada en la Directiva de conservación de datos va, en cualquier caso, más allá de lo que es necesario

| 58. | En opinión del SEPD, la información del informe de evaluación no incluye pruebas suficientes que demuestren la necesidad de una medida de conservación de datos tal como queda establecida en la Directiva de conservación de datos. En cambio, dicho informe sí permite llegar a la conclusión de que la Directiva de conservación de datos ha regulado la conservación de datos de un modo que va más allá de lo que es necesario o, como mínimo, no ha garantizado que dicha conservación no se haya aplicado de este modo. En este sentido, deben resaltarse cuatro elementos. |
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58.

En opinión del SEPD, la información del informe de evaluación no incluye pruebas suficientes que demuestren la necesidad de una medida de conservación de datos tal como queda establecida en la Directiva de conservación de datos. En cambio, dicho informe sí permite llegar a la conclusión de que la Directiva de conservación de datos ha regulado la conservación de datos de un modo que va más allá de lo que es necesario o, como mínimo, no ha garantizado que dicha conservación no se haya aplicado de este modo. En este sentido, deben resaltarse cuatro elementos.

| 59. | En primer lugar, el fin poco claro de la medida y el concepto amplio de «autoridades nacionales competentes» ha llevado a que los datos conservados sean utilizados para una gama de fines demasiado amplia y por demasiadas autoridades. Además, no existe una coherencia entre las salvaguardias y las condiciones de acceso a los datos. Por ejemplo, el acceso no se realiza con sujeción a una autorización previa por parte de una autoridad independiente o judicial en todos los Estados miembros. |
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59.

En primer lugar, el fin poco claro de la medida y el concepto amplio de «autoridades nacionales competentes» ha llevado a que los datos conservados sean utilizados para una gama de fines demasiado amplia y por demasiadas autoridades. Además, no existe una coherencia entre las salvaguardias y las condiciones de acceso a los datos. Por ejemplo, el acceso no se realiza con sujeción a una autorización previa por parte de una autoridad independiente o judicial en todos los Estados miembros.

| 60. | En segundo lugar, el período máximo de conservación de dos años parece que excede lo que se considera necesario. La información estadística de una serie de Estados miembros en el informe de evaluación muestra que la gran mayoría de las solicitudes de acceso se refieren a datos de hasta seis meses, en concreto el 86 % (51). Asimismo, dieciséis de los Estados miembros han elegido un período de un año o menos en sus legislaciones (52). Esto sugiere firmemente que un período máximo de dos años excede lo que la mayoría de los Estados miembros considera necesario. |
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60.

En segundo lugar, el período máximo de conservación de dos años parece que excede lo que se considera necesario. La información estadística de una serie de Estados miembros en el informe de evaluación muestra que la gran mayoría de las solicitudes de acceso se refieren a datos de hasta seis meses, en concreto el 86 % (51). Asimismo, dieciséis de los Estados miembros han elegido un período de un año o menos en sus legislaciones (52). Esto sugiere firmemente que un período máximo de dos años excede lo que la mayoría de los Estados miembros considera necesario.

| 61. | Asimismo, la falta de un único período de conservación fijo para todos los Estados miembros, ha creado una variedad de legislaciones nacionales divergentes, lo cual puede generar complicaciones porque no siempre es evidente cuál es la legislación nacional —relativa a la conservación de datos y también a la protección de datos— que es aplicable cuando los operadores almacenan datos en un Estado miembro distinto del Estado en que se han obtenido los datos. |
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61.

Asimismo, la falta de un único período de conservación fijo para todos los Estados miembros, ha creado una variedad de legislaciones nacionales divergentes, lo cual puede generar complicaciones porque no siempre es evidente cuál es la legislación nacional —relativa a la conservación de datos y también a la protección de datos— que es aplicable cuando los operadores almacenan datos en un Estado miembro distinto del Estado en que se han obtenido los datos.

| 62. | En tercer lugar, el nivel de seguridad no está lo suficientemente armonizado. Una de las principales conclusiones del informe de julio de 2010 del Grupo de Trabajo del Artículo 29 es que existe un mosaico de medidas de seguridad aplicables en los distintos Estados miembros. Parece que la Comisión considera suficientes las medidas de seguridad de la actual Directiva, ya que «no hay ejemplos concretos de casos graves de vulneración de la intimidad» (53). Parece, sin embargo, que la Comisión sólo ha pedido a los gobiernos de los Estados miembros que informen sobre esta cuestión. Con el fin de evaluar la idoneidad de las normas y medidas de seguridad actuales, es precisa una consulta más amplia y una investigación más concreta sobre los casos de abuso. Incluso si no se mencionan casos específicos de violaciones de la seguridad en el contexto del informe, las violaciones de la seguridad de los datos y los escándalos en el ámbito de los datos de tráfico y comunicaciones electrónicas en algunos Estados miembros también sirven como alertas ilustrativas. Esta cuestión no puede tomarse a la ligera ya que la seguridad de los datos conservados es de vital importancia para un sistema de conservación de datos, pues garantiza el respeto del resto de salvaguardias (54). |
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62.

En tercer lugar, el nivel de seguridad no está lo suficientemente armonizado. Una de las principales conclusiones del informe de julio de 2010 del Grupo de Trabajo del Artículo 29 es que existe un mosaico de medidas de seguridad aplicables en los distintos Estados miembros. Parece que la Comisión considera suficientes las medidas de seguridad de la actual Directiva, ya que «no hay ejemplos concretos de casos graves de vulneración de la intimidad» (53). Parece, sin embargo, que la Comisión sólo ha pedido a los gobiernos de los Estados miembros que informen sobre esta cuestión. Con el fin de evaluar la idoneidad de las normas y medidas de seguridad actuales, es precisa una consulta más amplia y una investigación más concreta sobre los casos de abuso. Incluso si no se mencionan casos específicos de violaciones de la seguridad en el contexto del informe, las violaciones de la seguridad de los datos y los escándalos en el ámbito de los datos de tráfico y comunicaciones electrónicas en algunos Estados miembros también sirven como alertas ilustrativas. Esta cuestión no puede tomarse a la ligera ya que la seguridad de los datos conservados es de vital importancia para un sistema de conservación de datos, pues garantiza el respeto del resto de salvaguardias (54).

| 63. | En cuarto lugar, en el informe no queda claro si se demuestra que todas las categorías de datos conservados son necesarias. Únicamente se han hecho algunas distinciones generales entre los datos telefónicos y los datos de Internet. Algunos Estados miembros han optado por imponer un período más corto de conservación para los datos de Internet (55). Sin embargo, no pueden extraerse conclusiones generales de este hecho. |
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63.

En cuarto lugar, en el informe no queda claro si se demuestra que todas las categorías de datos conservados son necesarias. Únicamente se han hecho algunas distinciones generales entre los datos telefónicos y los datos de Internet. Algunos Estados miembros han optado por imponer un período más corto de conservación para los datos de Internet (55). Sin embargo, no pueden extraerse conclusiones generales de este hecho.

IV.3.   A la Directiva de conservación de datos le falta previsibilidad

| 64. | Otra deficiencia de la Directiva de conservación de datos afecta a su falta de previsibilidad. El requisito de previsibilidad deriva del requisito general del artículo 8, apartado 2, del CEDH y del artículo 52, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que establecen que cualquier injerencia debe estar prevista por la ley. En opinión del TEDH, esto significa que la medida en cuestión debe tener como fundamento jurídico una ley y que debe ser compatible con el Estado de derecho, lo cual implica que la ley es accesible y previsible (56). El Tribunal de Justicia también ha subrayado en su sentencia Österreichischer Rundfunk que la ley debe estar redactada con la suficiente precisión para permitir que los destinatarios adapten su conducta (57). La ley debe indicar con la suficiente claridad el ámbito de discreción conferido a las autoridades competentes y su modo de ejercicio (58). |
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64.

Otra deficiencia de la Directiva de conservación de datos afecta a su falta de previsibilidad. El requisito de previsibilidad deriva del requisito general del artículo 8, apartado 2, del CEDH y del artículo 52, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que establecen que cualquier injerencia debe estar prevista por la ley. En opinión del TEDH, esto significa que la medida en cuestión debe tener como fundamento jurídico una ley y que debe ser compatible con el Estado de derecho, lo cual implica que la ley es accesible y previsible (56). El Tribunal de Justicia también ha subrayado en su sentencia Österreichischer Rundfunk que la ley debe estar redactada con la suficiente precisión para permitir que los destinatarios adapten su conducta (57). La ley debe indicar con la suficiente claridad el ámbito de discreción conferido a las autoridades competentes y su modo de ejercicio (58).

| 65. | Asimismo, en la lista de control establecida en la Comunicación de la Comisión sobre la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, una de las cuestiones que deben responderse es si cualquier limitación de los derechos fundamentales se ha expresado de «una manera precisa y previsible» (59). En su comunicación sobre el panorama general de la gestión de la información en el espacio de libertad, seguridad y justicia, la Comisión también ha afirmado que los ciudadanos «tienen derecho a saber qué datos personales relacionados con ellosse tratan e intercambian, quiénes lo hacen y con qué finalidad» (60). |
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65.

Asimismo, en la lista de control establecida en la Comunicación de la Comisión sobre la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, una de las cuestiones que deben responderse es si cualquier limitación de los derechos fundamentales se ha expresado de «una manera precisa y previsible» (59). En su comunicación sobre el panorama general de la gestión de la información en el espacio de libertad, seguridad y justicia, la Comisión también ha afirmado que los ciudadanos «tienen derecho a saber qué datos personales relacionados con ellosse tratan e intercambian, quiénes lo hacen y con qué finalidad» (60).

| 66. | En el caso de una Directiva europea, la responsabilidad del cumplimiento de los derechos fundamentales, incluido el requisito de previsibilidad, recae principalmente en los Estados miembros que transponen la Directiva en su legislación nacional. Es un requisito bien conocido que dicha aplicación debe respetar los derechos fundamentales (61). |
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66.

En el caso de una Directiva europea, la responsabilidad del cumplimiento de los derechos fundamentales, incluido el requisito de previsibilidad, recae principalmente en los Estados miembros que transponen la Directiva en su legislación nacional. Es un requisito bien conocido que dicha aplicación debe respetar los derechos fundamentales (61).

| 67. | Asimismo, en el informe de evaluación, la Comisión subraya que la Directiva «no garantiza por sí misma que los datos conservados se almacenen, recuperen y utilicen en el pleno respeto del derecho a la intimidad y la protección de los datos personales.». Recuerda que la «responsabilidad de garantizar estos derechos corresponde a los Estados miembros» (62). |
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67.

Asimismo, en el informe de evaluación, la Comisión subraya que la Directiva «no garantiza por sí misma que los datos conservados se almacenen, recuperen y utilicen en el pleno respeto del derecho a la intimidad y la protección de los datos personales.». Recuerda que la «responsabilidad de garantizar estos derechos corresponde a los Estados miembros» (62).

| 68. | Sin embargo, el SEPD opina que una Directiva europea por sí misma debería, en cierta medida, cumplir asimismo con el requisito de previsibilidad. O, parafraseando al Tribunal de Justicia en el asunto Lindqvist, al régimen que una Directiva proporciona no puede «faltarle previsibilidad» (63). Este es especialmente el caso de una medida europea que exige a los Estados miembros organizar injerencias a gran escala en los derechos a la intimidad y a la protección de datos de los ciudadanos. El SEPD considera que la UE tiene la responsabilidad de garantizar al menos un fin claramente definido y una indicación clara de las personas que pueden acceder a los datos y en qué condiciones. |
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68.

Sin embargo, el SEPD opina que una Directiva europea por sí misma debería, en cierta medida, cumplir asimismo con el requisito de previsibilidad. O, parafraseando al Tribunal de Justicia en el asunto Lindqvist, al régimen que una Directiva proporciona no puede «faltarle previsibilidad» (63). Este es especialmente el caso de una medida europea que exige a los Estados miembros organizar injerencias a gran escala en los derechos a la intimidad y a la protección de datos de los ciudadanos. El SEPD considera que la UE tiene la responsabilidad de garantizar al menos un fin claramente definido y una indicación clara de las personas que pueden acceder a los datos y en qué condiciones.

| 69. | Esta postura es la que ha adoptado el nuevo contexto jurídico creado por el Tratado de Lisboa, el cual, como ya se ha explicado, mejora la competencia europea en el marco de la cooperación policial y judicial en materia penal y establece un mayor compromiso de la UE de respetar los derechos fundamentales. |
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69.

Esta postura es la que ha adoptado el nuevo contexto jurídico creado por el Tratado de Lisboa, el cual, como ya se ha explicado, mejora la competencia europea en el marco de la cooperación policial y judicial en materia penal y establece un mayor compromiso de la UE de respetar los derechos fundamentales.

| 70. | El SEPD desea recordar que el requisito de un fin determinado y la posterior prohibición de procesar datos de un modo incompatible con este fin («principio de limitación a una finalidad específica») son de vital importancia para la protección de los datos personales, tal como confirma el artículo 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (64). |
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70.

El SEPD desea recordar que el requisito de un fin determinado y la posterior prohibición de procesar datos de un modo incompatible con este fin («principio de limitación a una finalidad específica») son de vital importancia para la protección de los datos personales, tal como confirma el artículo 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (64).

| 71. | El informe de evaluación muestra que la opción de dejar la definición precisa de lo que constituye un «delito grave» y posteriormente lo que debe considerarse como «autoridades competentes» a juicio de los Estados miembros, ha derivado en una gran variedad de fines para los que se han utilizado los datos (65). |
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71.

El informe de evaluación muestra que la opción de dejar la definición precisa de lo que constituye un «delito grave» y posteriormente lo que debe considerarse como «autoridades competentes» a juicio de los Estados miembros, ha derivado en una gran variedad de fines para los que se han utilizado los datos (65).

| 72. | La Comisión establece que «[l]a mayoría de los Estados miembros que han transpuesto la Directiva, de conformidad con su legislación, permiten el acceso y uso de los datos conservados con fines que van más allá de los cubiertos por la Directiva, incluida la prevención y la lucha contra la delincuencia en general y el riesgo para la vida y la integridad física» (66). Los Estados miembros utilizan el «vacío legal» del artículo 15, apartado 1, de la Directiva sobre privacidad en las comunicaciones electrónicas (67). La Comisión considera que esta situación podría no ofrecer la «previsibilidad suficiente, que constituye un requisito para cualquier medida legislativa que restrinja el derecho a la intimidad» (68). |
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72.

La Comisión establece que «[l]a mayoría de los Estados miembros que han transpuesto la Directiva, de conformidad con su legislación, permiten el acceso y uso de los datos conservados con fines que van más allá de los cubiertos por la Directiva, incluida la prevención y la lucha contra la delincuencia en general y el riesgo para la vida y la integridad física» (66). Los Estados miembros utilizan el «vacío legal» del artículo 15, apartado 1, de la Directiva sobre privacidad en las comunicaciones electrónicas (67). La Comisión considera que esta situación podría no ofrecer la «previsibilidad suficiente, que constituye un requisito para cualquier medida legislativa que restrinja el derecho a la intimidad» (68).

| 73. | En estas circunstancias, no puede decirse que la Directiva de conservación de datos por sí misma, considerada en especial junto a la Directiva sobre la privacidad en las comunicaciones electrónicas, ofrezca la claridad necesaria para cumplir el principio de previsibilidad a nivel europeo. |
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73.

En estas circunstancias, no puede decirse que la Directiva de conservación de datos por sí misma, considerada en especial junto a la Directiva sobre la privacidad en las comunicaciones electrónicas, ofrezca la claridad necesaria para cumplir el principio de previsibilidad a nivel europeo.

V.   EL CAMINO A SEGUIR: DEBEN SER CONSIDERADAS TODAS LAS OPCIONES

| 74. | El análisis del apartado anterior justifica la conclusión de que la Directiva de conservación de datos no cumple los requisitos establecidos por los derechos a la intimidad y a la protección de datos. Queda claro, por tanto, que dicha Directiva no puede seguir existiendo bajo su forma actual. En este sentido, la Comisión propone con acierto una revisión del marco actual de conservación de datos (69). |
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74.

El análisis del apartado anterior justifica la conclusión de que la Directiva de conservación de datos no cumple los requisitos establecidos por los derechos a la intimidad y a la protección de datos. Queda claro, por tanto, que dicha Directiva no puede seguir existiendo bajo su forma actual. En este sentido, la Comisión propone con acierto una revisión del marco actual de conservación de datos (69).

| 75. | Sin embargo, antes de proponer una versión revisada de la Directiva:






  a) | la Comisión debería, durante la evaluación de impacto, dedicar tiempo en obtener más pruebas prácticas de los Estados miembros para demostrar la necesidad de la conservación de datos como medida conforme a la legislación europea; |
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75.

Sin embargo, antes de proponer una versión revisada de la Directiva:

a)

la Comisión debería, durante la evaluación de impacto, dedicar tiempo en obtener más pruebas prácticas de los Estados miembros para demostrar la necesidad de la conservación de datos como medida conforme a la legislación europea;

| b) | si la mayoría de los Estados miembros considera que es necesaria la conservación de datos, estos Estados miembros deberán facilitar a la Comisión pruebas cuantitativas y cualitativas que así lo demuestren; |
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b)

si la mayoría de los Estados miembros considera que es necesaria la conservación de datos, estos Estados miembros deberán facilitar a la Comisión pruebas cuantitativas y cualitativas que así lo demuestren;

| c) | los Estados miembros que se opongan a dicha medida de conservación de datos deberán proporcionar a la Comisión información que facilite una valoración más amplia de la cuestión. |
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c)

los Estados miembros que se opongan a dicha medida de conservación de datos deberán proporcionar a la Comisión información que facilite una valoración más amplia de la cuestión.

| 76. | En la evaluación de impacto deberá también examinarse si un medida alternativa menos invasiva podría haber conducido o todavía puede conducir a resultados comparables. La Comisión deberá tomar la iniciativa a este respecto, apoyada, en su caso, por expertos externos. |
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76.

En la evaluación de impacto deberá también examinarse si un medida alternativa menos invasiva podría haber conducido o todavía puede conducir a resultados comparables. La Comisión deberá tomar la iniciativa a este respecto, apoyada, en su caso, por expertos externos.

| 77. | Al SEPD le complace comprobar que la Comisión ha anunciado una consulta con todas las partes involucradas durante la evaluación de impacto (70). En este sentido, el SEPD anima a la Comisión a que encuentre modos de implicar directamente a los ciudadanos en este ejercicio. |
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77.

Al SEPD le complace comprobar que la Comisión ha anunciado una consulta con todas las partes involucradas durante la evaluación de impacto (70). En este sentido, el SEPD anima a la Comisión a que encuentre modos de implicar directamente a los ciudadanos en este ejercicio.

| 78. | Debe subrayarse que la evaluación de la necesidad y el examen de medidas alternativas menos invasivas únicamente podrán realizarse de un modo justo si se dejan abiertas todas las opciones respecto al futuro de la Directiva. En este sentido, la Comisión parece excluir la posibilidad de derogar la Directiva ya sea por sí misma o en combinación con la propuesta de una medida europea alternativa más específica. Por tanto, el SEPD hace un llamamiento a la Comisión para que en la evaluación de impacto también considere estas opciones. |
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78.

Debe subrayarse que la evaluación de la necesidad y el examen de medidas alternativas menos invasivas únicamente podrán realizarse de un modo justo si se dejan abiertas todas las opciones respecto al futuro de la Directiva. En este sentido, la Comisión parece excluir la posibilidad de derogar la Directiva ya sea por sí misma o en combinación con la propuesta de una medida europea alternativa más específica. Por tanto, el SEPD hace un llamamiento a la Comisión para que en la evaluación de impacto también considere estas opciones.

| 79. | Solo si existe un acuerdo sobre la necesidad de normas europeas desde la perspectiva del mercado interior y de la cooperación policial y judicial en materia penal, y si puede demostrarse de manera suficiente, durante la evaluación de impacto, la necesidad de la conservación de datos apoyada y regulada por la UE, lo cual implica una cuidadosa consideración de las medidas alternativas, podrá considerarse una futura Directiva de conservación de datos. |
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79.

Solo si existe un acuerdo sobre la necesidad de normas europeas desde la perspectiva del mercado interior y de la cooperación policial y judicial en materia penal, y si puede demostrarse de manera suficiente, durante la evaluación de impacto, la necesidad de la conservación de datos apoyada y regulada por la UE, lo cual implica una cuidadosa consideración de las medidas alternativas, podrá considerarse una futura Directiva de conservación de datos.

| 80. | El SEPD no niega el importante valor de los datos conservados para fines policiales y el papel crucial que puede desempeñar en casos específicos. Al igual que ha expresado el Bundesverfassungsgericht alemán, el SEPD no excluye que, en determinadas condiciones muy estrictas, pueda justificarse una obligación bien definida de conservar datos de telecomunicaciones (71). |
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80.

El SEPD no niega el importante valor de los datos conservados para fines policiales y el papel crucial que puede desempeñar en casos específicos. Al igual que ha expresado el Bundesverfassungsgericht alemán, el SEPD no excluye que, en determinadas condiciones muy estrictas, pueda justificarse una obligación bien definida de conservar datos de telecomunicaciones (71).

| 81. | Cualquier instrumento europeo futuro sobre la conservación de datos deberá por tanto cumplir los siguientes requisitos básicos:






  — | deberá ser general y armonizar realmente las normas relativas a la obligación de conservar los datos, así como al acceso y uso posterior de los datos por las autoridades competentes, |
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81.

Cualquier instrumento europeo futuro sobre la conservación de datos deberá por tanto cumplir los siguientes requisitos básicos:

—

deberá ser general y armonizar realmente las normas relativas a la obligación de conservar los datos, así como al acceso y uso posterior de los datos por las autoridades competentes,

| — | deberá ser exhaustivo, lo cual significa que tendrá un fin claro y preciso y que se eliminará el vacío legal que existe en el artículo 15, apartado 1, de la Directiva sobre privacidad en las comunicaciones electrónicas, |
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—

deberá ser exhaustivo, lo cual significa que tendrá un fin claro y preciso y que se eliminará el vacío legal que existe en el artículo 15, apartado 1, de la Directiva sobre privacidad en las comunicaciones electrónicas,

| — | deberá ser proporcional y no ir más allá de lo que es necesario (véase en este sentido las observaciones realizadas en el apartado IV.2 supra). |
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—

deberá ser proporcional y no ir más allá de lo que es necesario (véase en este sentido las observaciones realizadas en el apartado IV.2 supra).

| 82. | Obviamente, el SEPD supervisará cuidadosamente cualquier propuesta futura relativa a la conservación de datos a la luz de estas condiciones básicas. |
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82.

Obviamente, el SEPD supervisará cuidadosamente cualquier propuesta futura relativa a la conservación de datos a la luz de estas condiciones básicas.

VI.   CONCLUSIÓN

| 83. | El SEPD comprueba con satisfacción que, a pesar de que el artículo 14 de la Directiva de conservación de datos no lo exige de manera estricta, la Comisión también ha tenido en cuenta en el informe de evaluación las implicaciones que la Directiva tiene sobre los derechos fundamentales. |
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83.

El SEPD comprueba con satisfacción que, a pesar de que el artículo 14 de la Directiva de conservación de datos no lo exige de manera estricta, la Comisión también ha tenido en cuenta en el informe de evaluación las implicaciones que la Directiva tiene sobre los derechos fundamentales.

| 84. | El informe de evaluación muestra que la Directiva no ha logrado cumplir su principal objetivo, esto es, armonizar la legislación nacional relativa a la conservación de datos. Dicha falta de armonización resulta perjudicial para todas las partes implicadas, ciudadanos, operadores del sector y autoridades policiales. |
| --- | --- |

84.

El informe de evaluación muestra que la Directiva no ha logrado cumplir su principal objetivo, esto es, armonizar la legislación nacional relativa a la conservación de datos. Dicha falta de armonización resulta perjudicial para todas las partes implicadas, ciudadanos, operadores del sector y autoridades policiales.

| 85. | Sobre la base del informe de evaluación puede concluirse que la Directiva de conservación de datos no cumple con los requisitos establecidos por los derechos a la intimidad y a la protección de datos, por los siguientes motivos:






  — | la necesidad de la conservación de datos prevista en la Directiva de conservación de datos no ha quedado suficientemente demostrada, |
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85.

Sobre la base del informe de evaluación puede concluirse que la Directiva de conservación de datos no cumple con los requisitos establecidos por los derechos a la intimidad y a la protección de datos, por los siguientes motivos:

—

la necesidad de la conservación de datos prevista en la Directiva de conservación de datos no ha quedado suficientemente demostrada,

| — | la conservación de datos podría haberse regulado de un modo menos invasivo para la intimidad, |
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—

la conservación de datos podría haberse regulado de un modo menos invasivo para la intimidad,

| — | a la Directiva de conservación de datos le falta previsibilidad. |
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—

a la Directiva de conservación de datos le falta previsibilidad.

| 86. | El SEPD hace un llamamiento a la Comisión para que considere seriamente todas las opciones en la evaluación de impacto, incluida la posibilidad de derogar la Directiva, ya sea por sí misma o en combinación con una propuesta de una medida alternativa europea más específica. |
| --- | --- |

86.

El SEPD hace un llamamiento a la Comisión para que considere seriamente todas las opciones en la evaluación de impacto, incluida la posibilidad de derogar la Directiva, ya sea por sí misma o en combinación con una propuesta de una medida alternativa europea más específica.

| 87. | Una futura Directiva de conservación de datos podrá ser considerada solo si existe un acuerdo sobre la necesidad de normas europeas desde la perspectiva del mercado interior y de la cooperación policial y judicial en materia penal, y si puede demostrarse de manera suficiente durante la evaluación de impacto la necesidad de la conservación de datos apoyada y regulada por la UE, lo cual implica una cuidadosa consideración de las medidas alternativas. Dicho instrumento deberá cumplir los siguientes requisitos básicos:






  — | deberá ser general y armonizar realmente las normas relativas a la obligación de conservar los datos, así como al acceso y uso posterior de los datos por las autoridades competentes, |
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87.

Una futura Directiva de conservación de datos podrá ser considerada solo si existe un acuerdo sobre la necesidad de normas europeas desde la perspectiva del mercado interior y de la cooperación policial y judicial en materia penal, y si puede demostrarse de manera suficiente durante la evaluación de impacto la necesidad de la conservación de datos apoyada y regulada por la UE, lo cual implica una cuidadosa consideración de las medidas alternativas. Dicho instrumento deberá cumplir los siguientes requisitos básicos:

—

deberá ser general y armonizar realmente las normas relativas a la obligación de conservar los datos, así como al acceso y uso posterior de los datos por las autoridades competentes,

| — | deberá ser exhaustivo, lo cual significa que tendrá un fin claro y preciso y que eliminará el vacío legal que existe en el artículo 15, apartado 1, de la Directiva sobre privacidad en las comunicaciones electrónicas, |
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deberá ser exhaustivo, lo cual significa que tendrá un fin claro y preciso y que eliminará el vacío legal que existe en el artículo 15, apartado 1, de la Directiva sobre privacidad en las comunicaciones electrónicas,

| — | deberá ser proporcional y no ir más allá de lo que lo que sea necesario. |
| --- | --- |

—

deberá ser proporcional y no ir más allá de lo que lo que sea necesario.

Hecho en Bruselas, el 31 de mayo de 2011.

Peter HUSTINX

Supervisor Europeo de Protección de Datos

---

(1)  DO L 281 de 23.11.1995, p. 31.

1

(2)  DO L 201 de 31.7.2002, p. 37 modificada por la Directiva 2009/136/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, DO L 337 de 18.12.2009, p. 11.

2

(3)  DO L 8 de 12.1.2001, p. 1.

3

(4)  COM(2011) 225 final.

4

(5)  La Directiva de conservación de datos (Directiva 2006/24/CE) fue adoptada el 15 de marzo de 2006 y se publicó en el DO L 105 13.4.2006, p. 54. La fecha límite de emisión del informe se estableció para el 15 de septiembre de 2010; véase el artículo 14, apartado 1, de la Directiva de conservación de datos.

5

(6)  Véase la p. 1 del informe de evaluación.

6

(7)  Véase para más información la sentencia del TEDH de 4 de diciembre de 2008, S. and Marper contra Reino Unido, demandas 30562/04 y 30566/04, ap. 67.

7

S. and Marper

Reino Unido

(8)  Véase la sentencia del TEDH de 2 de agosto de 1984, Malone contra Reino Unido, A-82, ap. 84.

8

Malone

Reino Unido

(9)  Véase el Dictamen del SEPD de 26 de septiembre de 2005, DO C 298 29.11.2005, p. 1. Durante una conferencia organizada por la Comisión en diciembre de 2010, el SEPD se refirió a este instrumento como «el instrumento más invasivo que ha adoptado nunca la UE en lo que a su alcance y al número de personas que afecta se refiere». Véase el Discurso de 3 de diciembre de 2010, que puede encontrarse en el sitio web del SEPD (http://www.edps.europa.eu) en «Publications (Publicaciones)» >> «Speeches & Articles (Discursos y artículos)» >> «2010».

9

(10)  Véase a este respecto la carta de 22 de junio de 2010 de un gran grupo de organizaciones de la sociedad civil dirigida a los Comisarios Malmström, Reding y Kroes (http://www.vorratsdatenspeicherung.de/images/DRletter_Malmstroem.pdf).

10

(11)  Véase el dictamen del SEPD mencionado en la nota a pie de página no 9.

11

o

(12)  Véase además la Decisión de la Comisión de 25 de marzo de 2008, DO L 111 23.4.2008, p. 11.

12

(13)  Véase el documento WP 172 de 13 julio de 2010, Informe 1/2010 sobre la segunda acción conjunta de ejecución.

13

(14)  Véase la sentencia del TJE de 10 de febrero de 2009, Irlanda contra Parlamento y Consejo, C-301/06. Véase también sobre este el asunto el p. 29 infra.

14

Irlanda

Parlamento y Consejo

infra

(15)  En su dictamen de 2005, el SEPD ya destacó la importancia de la obligación de evaluar este instrumento (véase la nota al pie de página no 9, ptos. 72-73).

15

o

(16)  Véase el discurso de 3 de diciembre de 2010 mencionado en la nota a pie de página no 9.

16

o

(17)  COM(2010) 385 de 20 de julio de 2010, Panorama general de la gestión de la información en el espacio de libertad, seguridad y justicia, p. 24. Véase el dictamen del SEPD sobre esta Comunicación de 30 de septiembre de 2010, que puede encontrarse en el sitio web del SEPD (http://www.edps.europa.eu) en «Consultation (Consulta)» >> «Opinions (Dictámenes)» >> «2010».

17

Panorama general de la gestión de la información en el espacio de libertad, seguridad y justicia

(18)  Véase la p. 32 del informe de evaluación.

18

(19)  Véase la nota a pie de página 2.

19

(20)  Véase el artículo 5 de la Directiva sobre privacidad en las comunicaciones electrónicas.

20

(21)  Véanse los artículos 6 y 9 de la Directiva sobre privacidad en las comunicaciones electrónicas.

21

(22)  Véase asimismo la opinión del Grupo de Trabajo del Artículo 29 en el informe de 13 de julio de 2010, mencionado en la nota al pie de página no 13, p. 1.

22

o

(23)  Véase la p. 4 del informe de evaluación. Véase también en este sentido el considerando 12 de la Directiva de conservación de datos.

23

(24)  Véase el discurso de 3 de diciembre de 2010 mencionado en la nota a pie de página no 9, p. 4

24

o

(25)  Una primera propuesta de normas europeas sobre conservación de datos (una decisión marco) estaba basada en el anterior Tratado UE, presentada por Francia, Irlanda, Suecia y el Reino Unido. Véase el Documento del Consejo 8958/04 de 28 de abril de 2004. Esta propuesta fue seguida por una propuesta de la Comisión basada en el Tratado CE. Véase el documento COM(2005) 438 de 21 de septiembre de 2005.

25

(26)  Este argumento está basado en la sentencia del Tribunal de Justicia en los «casos PNR», véase la sentencia TJE de 30 de mayo de 2006, Parlamento contra Consejo y Comisión, asuntos C-317/05 y C-318/04.

26

Parlamento

Consejo y Comisión

(27)  Véase la sentencia del TJE de 10 de febrero de 2009, Irlanda contra Parlamento y Consejo, C-301/06, ap. 82-83.

27

Irlanda

Parlamento y Consejo

(28)  Véase el dictamen de 2005, p. 80. Véase asimismo sobre esta cuestión el apartado IV.3 del presente dictamen.

28

(29)  Véase la p. 31 del informe de evaluación.

29

(30)  Véase el artículo 6, apartado 1, del TUE.

30

(31)  COM(2010) 573 de 19 de octubre de 2010, Estrategia para la aplicación efectiva de la Carta de los Derechos Fundamentales por la Unión Europea, p. 4.

31

(32)  Véase la p. 31 del informe de evaluación.

32

(33)  Véase la p. 31 del informe de evaluación.

33

(34)  Véase el dictamen de SEPD de 2005. Véase asimismo la carta de 22 de junio de 2010 de un gran grupo de organizaciones de la sociedad civil, a la que se hace referencia en la nota a pie de página no 10.

34

o

(35)  COM(2005) 438 de 21 de septiembre de 2005, p. 3.

35

(36)  Véase el dictamen de 2005, ptos. 17-22.

36

(37)  Véase el discurso de 3 de diciembre de 2010 mencionado en la nota a pie de página no 9.

37

o

(38)  Todas las citas son de la p. 23 o de la p. 31 del informe de evaluación.

38

(39)  Véase la p. 31 del informe de evaluación.

39

(40)  República Checa, Eslovenia, Reino Unido, Alemania, Polonia, Finlandia, Países Bajos, Irlanda y Hungría.

40

(41)  Sobre el principio de necesidad y proporcionalidad véase el dictamen del SEPD de 25 de marzo de 2011 relativo a la propuesta PNR de la UE, que puede encontrarse en el sitio web del SEPD (http://www.edps.europa.eu) en «Consultation (Consulta)» >> «Opinions (Dictámenes)» >> «2011».

41

(42)  Véase la p. 5 del informe de evaluación.

42

(43)  Véase la p. 24 del informe de evaluación.

43

(44)  Véase la p. 25 del informe de evaluación.

44

(45)  Véase la p. 31 del informe de evaluación.

45

(46)  Sentencia del TJE de 9 de noviembre de 2010, Volker und Markus Schecke, asuntos C-92/09 y C-93/09.

46

Volker und Markus Schecke

(47)  TJE, Schecke, ap. 81.

47

Schecke

(48)  «La congelación rápida» se refiere a la «congelación» de datos del tráfico y de localización relativos a determinados sospechosos a partir de la fecha de la autorización judicial. «La congelación rápida plus» también incluye la «congelación» de datos ya conservados por los operadores para fines de facturación y transmisión.

48

(49)  Véase la p. 5 del informe de evaluación.

49

(50)  Véase la p. 32 del informe de evaluación.

50

(51)  Véase la p. 22 del informe de evaluación. El 12 % se refiere a los datos entre los seis y los doce meses y el 2 % se refiere a los datos con más de un año.

51

(52)  Véase la p. 14 del informe de evaluación.

52

(53)  Véase la p. 30 del informe de evaluación.

53

(54)  Véase asimismo sobre esta cuestión el dictamen del SEPD de 2005, ptos. 29-37. Véase también el discurso del Asistente del Supervisor de 4 de mayo de 2011 que puede encontrarse en el sitio web del SEPD (http://www.edps.europa.eu) en «Publications (Publicaciones)» >> «Speeches & Articles (Discursos y artículos)» >> «2011».

54

(55)  Véase la p. 14 del informe de evaluación.

55

(56)  Véase la sentencia del TEDH, S. and Marper, mencionada en la nota a pie de página no 7, ap.151.

56

S. and Marper

o

(57)  TJE de 20 de mayo 2003, Österreichischer Rundfunk, C-465/00, ap. 77, y TEDH, S. and Marper, mencionada en la nota a pie de página no 7, ap. 95.

57

Österreichischer Rundfunk

S. and Marper

o

(58)  Véase la sentencia del TEDH, Malone, mencionada en la nota a pie de página no 8, ap. 66-68.

58

Malone

o

(59)  COM(2010) 573, mencionada en la nota a pie de página no 31, p. 5.

59

o

(60)  COM(2010) 385, mencionada en la nota a pie de página no 17, p. 3.

60

o

(61)  Véase, por ejemplo, la sentencia del TJE de 6 de noviembre de 2003, Lindqvist, ap. 87.

61

Lindqvist

(62)  Véase la p. 31 del informe de evaluación.

62

(63)  TJE, Lindqvist, ap. 84.

63

(64)  Véase asimismo el artículo 6 de la Directiva 95/46/CE.

64

(65)  Véase la p. 8 del informe de evaluación.

65

(66)  Véase la p. 8 del informe de evaluación.

66

(67)  Como se ha comentado en el p. 24 supra.

67

supra

(68)  Véanse las pp. 9 y 15 del informe de evaluación.

68

(69)  Véanse las pp. 32-33 del informe de evaluación.

69

(70)  Véanse las pp. 32-33 del informe de evaluación.

70

(71)  Véase el Bundesverfasssungsgericht, 1 BvR 256/08.

71

Bundesverfasssungsgericht

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| 23.9.2011 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 279/11 |
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23.9.2011

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 279/11

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Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1073/1999 relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y por el que se deroga el Reglamento (Euratom) no 1074/1999

2011/C 279/02

EL SUPERVISOR EUROPEO DE PROTECCIÓN DE DATOS,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, el artículo 16,

Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y, en particular, sus artículos 7 y 8,

Vista la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (1),

Visto el Reglamento (CE) no 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos (2), y en particular el artículo 28, apartado 2,

HA ADOPTADO EL SIGUIENTE DICTAMEN:

1.   INTRODUCCIÓN

| 1. | El 17 de marzo de 2011, la Comisión adoptó una propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1073/1999 relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y por el que se deroga el Reglamento (Euratom) no 1074/1999 (en adelante, «la propuesta»). |
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1.

El 17 de marzo de 2011, la Comisión adoptó una propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1073/1999 relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y por el que se deroga el Reglamento (Euratom) no 1074/1999 (en adelante, «la propuesta»).

1.1.   Consulta al SEPD

| 2. | La propuesta fue enviada por el Consejo al SEPD el 8 de abril de 2011. El SEPD entiende esta comunicación como una solicitud de asesorar a las instituciones y organismos comunitarios, según lo previsto en el artículo 28, apartado 2, del Reglamento (CE) no 45/2001, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos [en adelante, el «Reglamento (CE) no 45/2001»]. El SEPD acoge con satisfacción la referencia explícita a esta consulta en el preámbulo de la propuesta. |
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2.

La propuesta fue enviada por el Consejo al SEPD el 8 de abril de 2011. El SEPD entiende esta comunicación como una solicitud de asesorar a las instituciones y organismos comunitarios, según lo previsto en el artículo 28, apartado 2, del Reglamento (CE) no 45/2001, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos [en adelante, el «Reglamento (CE) no 45/2001»]. El SEPD acoge con satisfacción la referencia explícita a esta consulta en el preámbulo de la propuesta.

| 3. | La propuesta tiene por objeto modificar los artículos 1 a 14 y suprimir el artículo 15 del Reglamento (CE) no 1073/1999. Se prevé la derogación del Reglamento (Euratom) no 1074/1999 del Consejo, de 25 de mayo de 1999, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF). |
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3.

La propuesta tiene por objeto modificar los artículos 1 a 14 y suprimir el artículo 15 del Reglamento (CE) no 1073/1999. Se prevé la derogación del Reglamento (Euratom) no 1074/1999 del Consejo, de 25 de mayo de 1999, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).

| 4. | De manera previa (3), antes de que fuera adoptada la propuesta, el SEPD pudo proporcionar observaciones informales a la Comisión. El SEPD recibe con agrado la apertura del proceso, el cual ha ayudado a mejorar el texto desde el punto de vista de la protección de datos ya desde una fase temprana. De hecho, algunas de aquellas observaciones se han tenido en cuenta en la propuesta. |
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4.

De manera previa (3), antes de que fuera adoptada la propuesta, el SEPD pudo proporcionar observaciones informales a la Comisión. El SEPD recibe con agrado la apertura del proceso, el cual ha ayudado a mejorar el texto desde el punto de vista de la protección de datos ya desde una fase temprana. De hecho, algunas de aquellas observaciones se han tenido en cuenta en la propuesta.

| 5. | Este nuevo texto es el resultado de un largo proceso de revisión. En 2006, la Comisión presentó una propuesta de modificación del Reglamento (CE) no 1073/1999 que pretendía esencialmente «lograr una mayor eficiencia operativa y una mejor gobernanza de la Oficina». |
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5.

Este nuevo texto es el resultado de un largo proceso de revisión. En 2006, la Comisión presentó una propuesta de modificación del Reglamento (CE) no 1073/1999 que pretendía esencialmente «lograr una mayor eficiencia operativa y una mejor gobernanza de la Oficina».

| 6. | Dicha propuesta previa se debatió tanto en el Consejo como en el Parlamento Europeo en virtud del procedimiento de codecisión. El SEPD emitió un dictamen en abril de 2007, en el que se incluían muchos comentarios destinados a hacer que el texto de la propuesta fuera más coherente con las normas de protección de datos consagradas en el Reglamento (CE) no 45/20 (4). El Parlamento aprobó el 20 de noviembre de 2008 (5) una resolución en primera lectura que incluía aproximadamente unas cien enmiendas a la propuesta. |
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6.

Dicha propuesta previa se debatió tanto en el Consejo como en el Parlamento Europeo en virtud del procedimiento de codecisión. El SEPD emitió un dictamen en abril de 2007, en el que se incluían muchos comentarios destinados a hacer que el texto de la propuesta fuera más coherente con las normas de protección de datos consagradas en el Reglamento (CE) no 45/20 (4). El Parlamento aprobó el 20 de noviembre de 2008 (5) una resolución en primera lectura que incluía aproximadamente unas cien enmiendas a la propuesta.

| 7. | A petición de la Presidencia checa del Consejo (enero-junio de 2009), en julio de 2010 la Comisión presentó al Parlamento Europeo y al Consejo un Documento de reflexión sobre la reforma de la Oficina. En octubre de 2010, el Parlamento Europeo acogió favorablemente el documento de reflexión y solicitó a la Comisión que reiniciase el procedimiento legislativo. El 6 de diciembre de 2010, el Consejo adoptó sus conclusiones sobre el documento de reflexión presentado por la Comisión. El Comité de Vigilancia de la OLAF contribuyó al debate con sus opiniones a propósito del documento de reflexión y del respeto de los derechos fundamentales y las garantías procesales en las investigaciones llevadas a cabo por la OLAF. Posteriormente, la Comisión presentó la nueva propuesta. |
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7.

A petición de la Presidencia checa del Consejo (enero-junio de 2009), en julio de 2010 la Comisión presentó al Parlamento Europeo y al Consejo un Documento de reflexión sobre la reforma de la Oficina. En octubre de 2010, el Parlamento Europeo acogió favorablemente el documento de reflexión y solicitó a la Comisión que reiniciase el procedimiento legislativo. El 6 de diciembre de 2010, el Consejo adoptó sus conclusiones sobre el documento de reflexión presentado por la Comisión. El Comité de Vigilancia de la OLAF contribuyó al debate con sus opiniones a propósito del documento de reflexión y del respeto de los derechos fundamentales y las garantías procesales en las investigaciones llevadas a cabo por la OLAF. Posteriormente, la Comisión presentó la nueva propuesta.

1.2.   Importancia de la propuesta y de la asesoría del SEPD

| 8. | La propuesta incluye disposiciones que tienen una fuerte repercusión en los derechos de las personas. La OLAF seguirá recogiendo y posteriormente tratando datos sensibles relativos a sospechas, infracciones, condenas penales, así como información destinada a excluir a personas de un derecho, una prestación o un contrato en la medida en que dicha información representa un riesgo particular para los derechos y las libertades de los interesados. El derecho fundamental de la protección de datos personales no solo es relevante por sí mismo sino que también está fuertemente vinculado con otros derechos fundamentales, como la no discriminación y el derecho a un juicio justo, incluido el derecho de defensa en las investigaciones de la OLAF. El respeto del derecho a un juicio justo tiene repercusiones sobre la validez de la prueba y debe ser considerado una prioridad por la OLAF con el fin de reforzar su responsabilidad. Por tanto, resulta fundamental asegurarse de que, al llevar a cabo las investigaciones, estén correctamente garantizados los derechos a la protección de datos y a la intimidad de las personas implicadas en tales investigaciones. |
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8.

La propuesta incluye disposiciones que tienen una fuerte repercusión en los derechos de las personas. La OLAF seguirá recogiendo y posteriormente tratando datos sensibles relativos a sospechas, infracciones, condenas penales, así como información destinada a excluir a personas de un derecho, una prestación o un contrato en la medida en que dicha información representa un riesgo particular para los derechos y las libertades de los interesados. El derecho fundamental de la protección de datos personales no solo es relevante por sí mismo sino que también está fuertemente vinculado con otros derechos fundamentales, como la no discriminación y el derecho a un juicio justo, incluido el derecho de defensa en las investigaciones de la OLAF. El respeto del derecho a un juicio justo tiene repercusiones sobre la validez de la prueba y debe ser considerado una prioridad por la OLAF con el fin de reforzar su responsabilidad. Por tanto, resulta fundamental asegurarse de que, al llevar a cabo las investigaciones, estén correctamente garantizados los derechos a la protección de datos y a la intimidad de las personas implicadas en tales investigaciones.

1.3.   Principales elementos de la propuesta

| 9. | El objetivo declarado de la propuesta es aumentar la eficiencia, la eficacia y la responsabilidad de la OLAF al tiempo que se salvaguarda la independencia en sus investigaciones. Este objetivo podría alcanzarse principalmente: i) aumentando la cooperación y el intercambio de información con otras instituciones, oficinas, organismos y agencias de la Unión, así como con los Estados miembros, ii) ajustando el enfoque de minimis
   (6) a las investigaciones, iii) reforzando las garantías procedimentales para las personas que estén siendo investigadas por la OLAF, iv) incluyendo la posibilidad de que la OLAF celebre acuerdos administrativos que faciliten el intercambio de información con Europol, Eurojust, las autoridades competentes de terceros países, así como con organizaciones internacionales, y v) aclarando la función de control del Comité de Vigilancia. |
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9.

El objetivo declarado de la propuesta es aumentar la eficiencia, la eficacia y la responsabilidad de la OLAF al tiempo que se salvaguarda la independencia en sus investigaciones. Este objetivo podría alcanzarse principalmente: i) aumentando la cooperación y el intercambio de información con otras instituciones, oficinas, organismos y agencias de la Unión, así como con los Estados miembros, ii) ajustando el enfoque de minimis
   (6) a las investigaciones, iii) reforzando las garantías procedimentales para las personas que estén siendo investigadas por la OLAF, iv) incluyendo la posibilidad de que la OLAF celebre acuerdos administrativos que faciliten el intercambio de información con Europol, Eurojust, las autoridades competentes de terceros países, así como con organizaciones internacionales, y v) aclarando la función de control del Comité de Vigilancia.

| 10. | El SEPD apoya los objetivos de las modificaciones propuestas y, en este sentido, recibe con agrado la propuesta. El SEPD aprecia especialmente la introducción del nuevo artículo 7 bis, que está dedicado a las garantías procedimentales reconocidas a las personas físicas. Respecto de los derechos de las personas físicas a la protección de sus datos personales y de la intimidad, el SEPD considera que, en general, la propuesta incluye mejoras en relación con la situación actual. En particular, el SEPD recibe con agrado el reconocimiento expreso de la importancia de los derechos de los interesados en virtud de los artículos 11 y 12 del Reglamento (CE) no 45/2001 (7). |
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10.

El SEPD apoya los objetivos de las modificaciones propuestas y, en este sentido, recibe con agrado la propuesta. El SEPD aprecia especialmente la introducción del nuevo artículo 7 bis, que está dedicado a las garantías procedimentales reconocidas a las personas físicas. Respecto de los derechos de las personas físicas a la protección de sus datos personales y de la intimidad, el SEPD considera que, en general, la propuesta incluye mejoras en relación con la situación actual. En particular, el SEPD recibe con agrado el reconocimiento expreso de la importancia de los derechos de los interesados en virtud de los artículos 11 y 12 del Reglamento (CE) no 45/2001 (7).

| 11. | Sin embargo, a pesar de la impresión general positiva, el SEPD considera que, desde el punto de vista de la protección de los datos personales, la propuesta todavía podría ser mejorada, sin que ello comprometa el objetivo perseguido por la misma. En especial, el SEPD ve con preocupación, dada la falta de coherencia en determinados aspectos, que la propuesta pueda considerarse como una lex specialis que regula el tratamiento de datos personales recogidos en el ámbito de las investigaciones de la OLAF, que estaría por encima de la aplicación del marco general de protección de datos contenido en el Reglamento (CE) no 45/2001. De este modo, existe el riesgo de que las normas relativas a la protección de datos incluidas en la propuesta pudieran ser interpretadas, por el contrario, como menos exigentes que las contenidas en el Reglamento, sin que ello quede aparentemente justificado ni en la propuesta ni en la exposición de motivos. |
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11.

Sin embargo, a pesar de la impresión general positiva, el SEPD considera que, desde el punto de vista de la protección de los datos personales, la propuesta todavía podría ser mejorada, sin que ello comprometa el objetivo perseguido por la misma. En especial, el SEPD ve con preocupación, dada la falta de coherencia en determinados aspectos, que la propuesta pueda considerarse como una lex specialis que regula el tratamiento de datos personales recogidos en el ámbito de las investigaciones de la OLAF, que estaría por encima de la aplicación del marco general de protección de datos contenido en el Reglamento (CE) no 45/2001. De este modo, existe el riesgo de que las normas relativas a la protección de datos incluidas en la propuesta pudieran ser interpretadas, por el contrario, como menos exigentes que las contenidas en el Reglamento, sin que ello quede aparentemente justificado ni en la propuesta ni en la exposición de motivos.

| 12. | Para evitar esto, los apartados siguientes ofrecen un análisis de la propuesta en el que, por una parte, se describen sus deficiencias y, por otra, se sugieren maneras específicas de subsanarlas. El alcance de este análisis se limita a las disposiciones que tienen repercusiones en la protección de los datos personales, en concreto el artículo 1, apartados 8, 9, 10, 11 y 12, con arreglo al cual se modifican o añaden los artículos 7 bis, 7 ter, 8, 9, 10 y 10 bis. |
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12.

Para evitar esto, los apartados siguientes ofrecen un análisis de la propuesta en el que, por una parte, se describen sus deficiencias y, por otra, se sugieren maneras específicas de subsanarlas. El alcance de este análisis se limita a las disposiciones que tienen repercusiones en la protección de los datos personales, en concreto el artículo 1, apartados 8, 9, 10, 11 y 12, con arreglo al cual se modifican o añaden los artículos 7 bis, 7 ter, 8, 9, 10 y 10 bis.

2.   ANÁLISIS DE LA PROPUESTA

2.1.   Contexto general

| 13. | La OLAF fue creada en 1999 (8) para proteger los intereses financieros de la Unión Europea y el dinero de los contribuyentes frente al fraude, la corrupción y cualquier otra actividad ilegal. La Oficina está vinculada a la Comisión pero es independiente de la misma. La OLAF efectúa investigaciones que pueden ser externas (9) (en concreto, investigaciones que pueden tener lugar en los Estados miembros o en terceros países) e internas (10) (investigaciones dentro de las instituciones, órganos y organismos de la Unión Europea) con el fin de luchar contra el fraude y cualquier otra actividad ilegal que pueda dañar los intereses financieros de la Unión. |
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13.

La OLAF fue creada en 1999 (8) para proteger los intereses financieros de la Unión Europea y el dinero de los contribuyentes frente al fraude, la corrupción y cualquier otra actividad ilegal. La Oficina está vinculada a la Comisión pero es independiente de la misma. La OLAF efectúa investigaciones que pueden ser externas (9) (en concreto, investigaciones que pueden tener lugar en los Estados miembros o en terceros países) e internas (10) (investigaciones dentro de las instituciones, órganos y organismos de la Unión Europea) con el fin de luchar contra el fraude y cualquier otra actividad ilegal que pueda dañar los intereses financieros de la Unión.

| 14. | Además, la OLAF también podrá i) transmitir a las autoridades nacionales competentes la información descubierta durante las investigaciones externas, ii) transmitir a los organismos judiciales nacionales la información encontrada con ocasión de investigaciones internas sobre hechos que puedan dar lugar a acciones penales, y iii) transmitir a la institución, órgano u organismo interesado la información obtenida durante las investigaciones internas (11). |
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14.

Además, la OLAF también podrá i) transmitir a las autoridades nacionales competentes la información descubierta durante las investigaciones externas, ii) transmitir a los organismos judiciales nacionales la información encontrada con ocasión de investigaciones internas sobre hechos que puedan dar lugar a acciones penales, y iii) transmitir a la institución, órgano u organismo interesado la información obtenida durante las investigaciones internas (11).

| 15. | La OLAF también podrá cooperar estrechamente con Eurojust (12) y Europol (13) para dar cumplimiento a su obligación legal de lucha contra el fraude, la corrupción y cualquier otra actividad que pueda afectar a los intereses financieros de la Unión. En este contexto, Europol (14) y Eurojust (15) podrán intercambiar información operativa, estratégica o técnica con la OLAF, incluidos datos personales. |
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15.

La OLAF también podrá cooperar estrechamente con Eurojust (12) y Europol (13) para dar cumplimiento a su obligación legal de lucha contra el fraude, la corrupción y cualquier otra actividad que pueda afectar a los intereses financieros de la Unión. En este contexto, Europol (14) y Eurojust (15) podrán intercambiar información operativa, estratégica o técnica con la OLAF, incluidos datos personales.

| 16. | Sobre la base del Reglamento (CE) no 1073/1999, la Oficina también podrá investigar en terceros países, de conformidad con los diversos acuerdos de cooperación vigentes entre la Unión Europea y dichos terceros países. Las actividades fraudulentas que atenten contra el presupuesto de la Unión también podrán tener lugar fuera del territorio de la Unión Europea, por ejemplo, en relación con la ayuda externa concedida por la Unión Europea a los países en vías de desarrollo, los países candidatos u otros países beneficiarios, o en relación con violaciones de la legislación de aduanas. Para detectar eficazmente y hacer frente a estas infracciones la OLAF precisa, por tanto, llevar a cabo inspecciones y controles in situ también en los terceros países. Para ilustrar la importancia de la cooperación internacional y, por tanto, también del intercambio de datos, la Unión Europea tiene actualmente más de 50 acuerdos sobre asistencia administrativa mutua en materia de aduanas, incluidos con grandes socios comerciales como China, los Estados Unidos de América, Japón, Turquía, la Federación de Rusia y la India. |
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16.

Sobre la base del Reglamento (CE) no 1073/1999, la Oficina también podrá investigar en terceros países, de conformidad con los diversos acuerdos de cooperación vigentes entre la Unión Europea y dichos terceros países. Las actividades fraudulentas que atenten contra el presupuesto de la Unión también podrán tener lugar fuera del territorio de la Unión Europea, por ejemplo, en relación con la ayuda externa concedida por la Unión Europea a los países en vías de desarrollo, los países candidatos u otros países beneficiarios, o en relación con violaciones de la legislación de aduanas. Para detectar eficazmente y hacer frente a estas infracciones la OLAF precisa, por tanto, llevar a cabo inspecciones y controles in situ también en los terceros países. Para ilustrar la importancia de la cooperación internacional y, por tanto, también del intercambio de datos, la Unión Europea tiene actualmente más de 50 acuerdos sobre asistencia administrativa mutua en materia de aduanas, incluidos con grandes socios comerciales como China, los Estados Unidos de América, Japón, Turquía, la Federación de Rusia y la India.

| 17. | La aplicación del Reglamento (CE) no 45/2001 en las actividades de la OLAF ha sido objeto de una serie de intervenciones por parte del SEPD en los últimos años. En relación con el punto central de la propuesta (las investigaciones de la OLAF), cabe destacar el Dictamen de 23 de junio de 2006 sobre la notificación de control previo relativo a las investigaciones internas de la OLAF (16); el Dictamen de 4 de octubre de 2007 sobre cinco notificaciones de control previo relativo a las investigaciones externas (17) y el Dictamen de 19 de julio de 2007 sobre la notificación de control previo relativo al control regular de la implantación de la función de investigación (18), que se refiere a las actividades del Comité de Supervisión. |
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17.

La aplicación del Reglamento (CE) no 45/2001 en las actividades de la OLAF ha sido objeto de una serie de intervenciones por parte del SEPD en los últimos años. En relación con el punto central de la propuesta (las investigaciones de la OLAF), cabe destacar el Dictamen de 23 de junio de 2006 sobre la notificación de control previo relativo a las investigaciones internas de la OLAF (16); el Dictamen de 4 de octubre de 2007 sobre cinco notificaciones de control previo relativo a las investigaciones externas (17) y el Dictamen de 19 de julio de 2007 sobre la notificación de control previo relativo al control regular de la implantación de la función de investigación (18), que se refiere a las actividades del Comité de Supervisión.

2.2.   Intimidad y evaluación de impacto

| 18. | Ni la propuesta ni la exposición de motivos adjunta a la misma hacen referencia a las repercusiones de la propuesta sobre las normas en materia de protección de datos, ni tampoco hacen referencia a una evaluación de impacto sobre la protección de datos y la intimidad. La evaluación general de la propuesta vería aumentada su transparencia si incluyera una explicación sobre el modo en que se han tratado las repercusiones en materia de protección de datos en la misma. El SEPD expresa su sorpresa por el hecho de que en la exposición de motivos falte un capítulo relativo a los «Resultados de las consultas con las partes interesadas y evaluaciones de impacto». |
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18.

Ni la propuesta ni la exposición de motivos adjunta a la misma hacen referencia a las repercusiones de la propuesta sobre las normas en materia de protección de datos, ni tampoco hacen referencia a una evaluación de impacto sobre la protección de datos y la intimidad. La evaluación general de la propuesta vería aumentada su transparencia si incluyera una explicación sobre el modo en que se han tratado las repercusiones en materia de protección de datos en la misma. El SEPD expresa su sorpresa por el hecho de que en la exposición de motivos falte un capítulo relativo a los «Resultados de las consultas con las partes interesadas y evaluaciones de impacto».

2.3.   Aplicación del Reglamento (CE) no 45/2001

| 19. | Como se mencionó en el anterior dictamen sobre la propuesta de 2006 (19), el SEPD acoge con satisfacción que la propuesta reconozca que el Reglamento (CE) no 45/2001 se aplica a todas las actividades de tratamiento de datos llevadas a cabo por la OLAF. En concreto, la nueva redacción del artículo 8, apartado 4 (20), menciona claramente el papel del Reglamento en el contexto de las diversas actividades de la OLAF. Esto constituye una actualización del texto del Reglamento (CE) no 1073/1999, el cual solo mencionaba la Directiva 95/46/CE como referencia para las obligaciones en materia de protección de datos. |
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19.

Como se mencionó en el anterior dictamen sobre la propuesta de 2006 (19), el SEPD acoge con satisfacción que la propuesta reconozca que el Reglamento (CE) no 45/2001 se aplica a todas las actividades de tratamiento de datos llevadas a cabo por la OLAF. En concreto, la nueva redacción del artículo 8, apartado 4 (20), menciona claramente el papel del Reglamento en el contexto de las diversas actividades de la OLAF. Esto constituye una actualización del texto del Reglamento (CE) no 1073/1999, el cual solo mencionaba la Directiva 95/46/CE como referencia para las obligaciones en materia de protección de datos.

| 20. | La última frase del artículo 8, apartado 4, introduce la aplicación del requisito de designar un responsable de la protección de datos: «La Oficina designará un responsable de la protección de datos, de conformidad con el artículo 24 del Reglamento (CE) no 45/2001.». El SEPD también recibe con agrado esta inserción, que formaliza la actual designación del responsable de la protección de datos de la OLAF. |
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20.

La última frase del artículo 8, apartado 4, introduce la aplicación del requisito de designar un responsable de la protección de datos: «La Oficina designará un responsable de la protección de datos, de conformidad con el artículo 24 del Reglamento (CE) no 45/2001.». El SEPD también recibe con agrado esta inserción, que formaliza la actual designación del responsable de la protección de datos de la OLAF.

| 21. | Sin embargo, el SEPD expresa su preocupación por el hecho de que la aplicación de las normas de protección de datos en el texto propuesto no es completamente conforme con los requisitos del Reglamento, lo cual podría ser fuente de preocupaciones en lo que a la coherencia se refiere. Este aspecto se analizará detalladamente a continuación. |
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21.

Sin embargo, el SEPD expresa su preocupación por el hecho de que la aplicación de las normas de protección de datos en el texto propuesto no es completamente conforme con los requisitos del Reglamento, lo cual podría ser fuente de preocupaciones en lo que a la coherencia se refiere. Este aspecto se analizará detalladamente a continuación.

3.   OBSERVACIONES ESPECÍFICAS

3.1.   OLAF y el respecto de los derechos fundamentales, incluidos los principios de la protección de datos

| 22. | Las investigaciones de la OLAF pueden tener graves repercusiones sobre los derechos fundamentales de las personas físicas. Como indicó el Tribunal de Justicia en la sentencia Kadi
   (21), estos derechos están protegidos por el ordenamiento jurídico comunitario. De manera más precisa, en la sentencia Schecke
   (22), el Tribunal haciendo referencia a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (la «Carta») (23), y en particular a los artículos 8 y 52, destaca que las limitaciones al derecho de protección de los datos de carácter personal solo podrán estar justificadas si están previstas por ley, si respetan la esencia del derecho y si son proporcionadas y cumplen los objetivos del interés general de la Unión Europea. El SEPD concede un peso considerable al respeto de los derechos fundamentales en el ámbito de actividad de la OLAF. |
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22.

Las investigaciones de la OLAF pueden tener graves repercusiones sobre los derechos fundamentales de las personas físicas. Como indicó el Tribunal de Justicia en la sentencia Kadi
   (21), estos derechos están protegidos por el ordenamiento jurídico comunitario. De manera más precisa, en la sentencia Schecke
   (22), el Tribunal haciendo referencia a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (la «Carta») (23), y en particular a los artículos 8 y 52, destaca que las limitaciones al derecho de protección de los datos de carácter personal solo podrán estar justificadas si están previstas por ley, si respetan la esencia del derecho y si son proporcionadas y cumplen los objetivos del interés general de la Unión Europea. El SEPD concede un peso considerable al respeto de los derechos fundamentales en el ámbito de actividad de la OLAF.

| 23. | El considerando 13 de la propuesta aclara que deberá garantizarse en todo momento, en particular durante la transmisión de información sobre investigaciones en curso, el respeto de los derechos fundamentales de las personas afectadas por las investigaciones. El considerando destaca la necesidad de respetar la confidencialidad de las investigaciones, los derechos legítimos de las personas afectadas, las disposiciones nacionales aplicables a los procedimientos judiciales y, en última instancia, las disposiciones de la Unión en materia de protección de datos. Se especifica que el intercambio de información deberá regirse por los principios de proporcionalidad y de «necesidad de conocer». |
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23.

El considerando 13 de la propuesta aclara que deberá garantizarse en todo momento, en particular durante la transmisión de información sobre investigaciones en curso, el respeto de los derechos fundamentales de las personas afectadas por las investigaciones. El considerando destaca la necesidad de respetar la confidencialidad de las investigaciones, los derechos legítimos de las personas afectadas, las disposiciones nacionales aplicables a los procedimientos judiciales y, en última instancia, las disposiciones de la Unión en materia de protección de datos. Se especifica que el intercambio de información deberá regirse por los principios de proporcionalidad y de «necesidad de conocer».

| 24. | Este considerando parece introducir una limitación a la aplicabilidad de los derechos fundamentales tanto ratione personae (limitada a las personas afectadas por la investigación) como ratione materiae (limitada al intercambio de información), lo que podría conducir a una interpretación incorrecta del texto con arreglo a la cual los derechos fundamentales en el ámbito de las actividades de la OLAF se aplicarían de un modo «restrictivo» (24). |
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24.

Este considerando parece introducir una limitación a la aplicabilidad de los derechos fundamentales tanto ratione personae (limitada a las personas afectadas por la investigación) como ratione materiae (limitada al intercambio de información), lo que podría conducir a una interpretación incorrecta del texto con arreglo a la cual los derechos fundamentales en el ámbito de las actividades de la OLAF se aplicarían de un modo «restrictivo» (24).

| 25. | El SEPD sugiere, por tanto, que se modifique el texto del considerando a fin de evitar que sea malinterpretado, ya que en el mismo se menciona que deberá garantizarse en todo momento los derechos fundamentales de las «personas afectadas por una investigación». Como la OLAF no solo trata con las personas afectadas por una investigación («sospechosos») sino que también trata con informadores (personas que facilitan información sobre el hecho de un caso posible o real), denunciantes (25) (personas de las instituciones de la UE que informan a la OLAF sobre hechos relacionados con un caso posible o real), y testigos, la disposición debería definir de manera más amplia las categorías de «personas» a las que se deben garantizar los derechos fundamentales. |
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25.

El SEPD sugiere, por tanto, que se modifique el texto del considerando a fin de evitar que sea malinterpretado, ya que en el mismo se menciona que deberá garantizarse en todo momento los derechos fundamentales de las «personas afectadas por una investigación». Como la OLAF no solo trata con las personas afectadas por una investigación («sospechosos») sino que también trata con informadores (personas que facilitan información sobre el hecho de un caso posible o real), denunciantes (25) (personas de las instituciones de la UE que informan a la OLAF sobre hechos relacionados con un caso posible o real), y testigos, la disposición debería definir de manera más amplia las categorías de «personas» a las que se deben garantizar los derechos fundamentales.

| 26. | Asimismo, el considerando 13 se refiere al respeto de los derechos fundamentales en especial en el contexto del «intercambio de información». El considerando menciona, además de los derechos fundamentales y la confidencialidad, que «la información transmitida u obtenida durante las investigaciones será tratada de conformidad con las disposiciones de la Unión en materia de protección de datos». La ubicación de esta frase podría resultar confusa, por lo que debería colocarse en un considerando separado que aclarase que el respeto de la legislación en materia de protección de datos es un elemento autónomo e independiente, que no solo guarda relación con el intercambio de información. |
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26.

Asimismo, el considerando 13 se refiere al respeto de los derechos fundamentales en especial en el contexto del «intercambio de información». El considerando menciona, además de los derechos fundamentales y la confidencialidad, que «la información transmitida u obtenida durante las investigaciones será tratada de conformidad con las disposiciones de la Unión en materia de protección de datos». La ubicación de esta frase podría resultar confusa, por lo que debería colocarse en un considerando separado que aclarase que el respeto de la legislación en materia de protección de datos es un elemento autónomo e independiente, que no solo guarda relación con el intercambio de información.

| 27. | El SEPD recibe con agrado el hecho de que el artículo 7 bis esté especialmente dedicado a las garantías procedimentales durante las investigaciones. Esta nueva disposición está en consonancia con el objetivo descrito en la propuesta de reforzar la responsabilidad de la OLAF. El artículo también hace referencia a la Carta, que incluye disposiciones que son pertinentes para las investigaciones de la OLAF, en concreto el artículo 8 («Protección de los datos personales») y todo el Capítulo VI («Justicia»). |
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27.

El SEPD recibe con agrado el hecho de que el artículo 7 bis esté especialmente dedicado a las garantías procedimentales durante las investigaciones. Esta nueva disposición está en consonancia con el objetivo descrito en la propuesta de reforzar la responsabilidad de la OLAF. El artículo también hace referencia a la Carta, que incluye disposiciones que son pertinentes para las investigaciones de la OLAF, en concreto el artículo 8 («Protección de los datos personales») y todo el Capítulo VI («Justicia»).

| 28. | El artículo 7 bis, apartado 1, de la propuesta exige que la Oficina investigue a cargo y descargo y recuerda el deber de que las investigaciones se lleven a cabo de manera objetiva e imparcial. Estos principios tienen un impacto positivo en el principio de «calidad de los datos» (26) establecido en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 45/2001, en la medida en que el criterio exige que los datos sean precisos, conformes con la realidad objetiva, completos y actualizados. Por ello, el SEPD recibe con agrado la inserción de este apartado. |
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28.

El artículo 7 bis, apartado 1, de la propuesta exige que la Oficina investigue a cargo y descargo y recuerda el deber de que las investigaciones se lleven a cabo de manera objetiva e imparcial. Estos principios tienen un impacto positivo en el principio de «calidad de los datos» (26) establecido en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 45/2001, en la medida en que el criterio exige que los datos sean precisos, conformes con la realidad objetiva, completos y actualizados. Por ello, el SEPD recibe con agrado la inserción de este apartado.

Derecho a la información, de acceso y de rectificación

| 29. | Los apartados siguientes del artículo 7 bis se refieren a las distintas fases de las investigaciones de la OLAF. Dichas fases pueden resumirse de la siguiente manera: i) entrevistas con los testigos o con las personas implicadas (apartado 2 del artículo 7 bis), ii) la persona está implicada en una investigación (apartado 3 del artículo 7 bis), iii) conclusiones de la investigación en las que se mencione el nombre de una persona (apartado 4 del artículo 7 bis). |
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29.

Los apartados siguientes del artículo 7 bis se refieren a las distintas fases de las investigaciones de la OLAF. Dichas fases pueden resumirse de la siguiente manera: i) entrevistas con los testigos o con las personas implicadas (apartado 2 del artículo 7 bis), ii) la persona está implicada en una investigación (apartado 3 del artículo 7 bis), iii) conclusiones de la investigación en las que se mencione el nombre de una persona (apartado 4 del artículo 7 bis).

| 30. | El SEPD señala que la obligación de proporcionar información con arreglo a lo dispuesto en los artículos 11 y 12 del Reglamento (CE) no 45/2001 se menciona (únicamente) en relación con la fase iii) indicada anteriormente. El SEPD comprueba con satisfacción que la propuesta ha incorporado las recomendaciones que el SEPD estableció en su dictamen legislativo de 2006 (27). |
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30.

El SEPD señala que la obligación de proporcionar información con arreglo a lo dispuesto en los artículos 11 y 12 del Reglamento (CE) no 45/2001 se menciona (únicamente) en relación con la fase iii) indicada anteriormente. El SEPD comprueba con satisfacción que la propuesta ha incorporado las recomendaciones que el SEPD estableció en su dictamen legislativo de 2006 (27).

| 31. | Sin embargo, esta mención selectiva de los derechos de los interesados respecto de una única fase procedimental podría interpretarse de un modo que no garantizara que se facilita la misma información al interesado (testigo o persona implicada) cuando se le convoca a una entrevista que cuando se informa al miembro del personal de que está implicado en la investigación. Por razones de seguridad jurídica, el SEPD sugiere por tanto que se incluya la referencia a los artículos pertinentes en relación con las tres situaciones mencionadas en los incisos i), ii) y iii). Sin embargo, una vez que se haya proporcionado al interesado la información a la que se refieren los artículos 11 y 12 del Reglamento (CE) no 45/2001, no será necesario facilitar la misma información en las fases siguientes. |
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31.

Sin embargo, esta mención selectiva de los derechos de los interesados respecto de una única fase procedimental podría interpretarse de un modo que no garantizara que se facilita la misma información al interesado (testigo o persona implicada) cuando se le convoca a una entrevista que cuando se informa al miembro del personal de que está implicado en la investigación. Por razones de seguridad jurídica, el SEPD sugiere por tanto que se incluya la referencia a los artículos pertinentes en relación con las tres situaciones mencionadas en los incisos i), ii) y iii). Sin embargo, una vez que se haya proporcionado al interesado la información a la que se refieren los artículos 11 y 12 del Reglamento (CE) no 45/2001, no será necesario facilitar la misma información en las fases siguientes.

| 32. | Asimismo, el texto no introduce ninguna especificación en relación con los derechos de acceso y de rectificación de los datos de los interesados, según lo dispuesto en el artículo 13 y 14 del Reglamento (CE) no 45/2001. Estos derechos están protegidos por el artículo 8, apartado 2, de la Carta y, por tanto, ocupan un lugar destacado entre los derechos de los interesados. El SEPD ya había solicitado (28) que se introdujera una especificación más clara de los derechos de acceso y de rectificación del interesado con el fin de evitar el riesgo de que se interprete que el texto introduce un «nivel menos exigente» de protección de datos para las personas implicadas en las investigaciones de la OLAF. El SEPD lamenta que no hayan sido tratados estos aspectos en la propuesta. |
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32.

Asimismo, el texto no introduce ninguna especificación en relación con los derechos de acceso y de rectificación de los datos de los interesados, según lo dispuesto en el artículo 13 y 14 del Reglamento (CE) no 45/2001. Estos derechos están protegidos por el artículo 8, apartado 2, de la Carta y, por tanto, ocupan un lugar destacado entre los derechos de los interesados. El SEPD ya había solicitado (28) que se introdujera una especificación más clara de los derechos de acceso y de rectificación del interesado con el fin de evitar el riesgo de que se interprete que el texto introduce un «nivel menos exigente» de protección de datos para las personas implicadas en las investigaciones de la OLAF. El SEPD lamenta que no hayan sido tratados estos aspectos en la propuesta.

| 33. | El SEPD también desea señalar la posibilidad de limitar los derechos a la información, de acceso y de rectificación en casos específicos, tal como establece el artículo 20 del Reglamento (CE) no 45/2001. Por tanto, el cumplimiento de las normas en materia de protección de datos por parte de la OLAF puede coexistir con la necesidad de preservar la confidencialidad de sus investigaciones. Este aspecto se analizará en detalle en los siguientes apartados. |
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33.

El SEPD también desea señalar la posibilidad de limitar los derechos a la información, de acceso y de rectificación en casos específicos, tal como establece el artículo 20 del Reglamento (CE) no 45/2001. Por tanto, el cumplimiento de las normas en materia de protección de datos por parte de la OLAF puede coexistir con la necesidad de preservar la confidencialidad de sus investigaciones. Este aspecto se analizará en detalle en los siguientes apartados.

Confidencialidad de la investigación y derechos del interesado

| 34. | Como observación general, el SEPD reconoce que la función de investigación de la OLAF requiere la capacidad de proteger la confidencialidad de sus investigaciones a fin de hacer frente a las actividades fraudulentas e ilícitas que debe perseguir. Sin embargo, el SEPD destaca que esta capacidad tiene repercusiones sobre determinados derechos de los interesados, y que el Reglamento (CE) no 45/2001 establece las condiciones específicas en que dichos derechos podrán limitarse en este contexto (artículo 20). |
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34.

Como observación general, el SEPD reconoce que la función de investigación de la OLAF requiere la capacidad de proteger la confidencialidad de sus investigaciones a fin de hacer frente a las actividades fraudulentas e ilícitas que debe perseguir. Sin embargo, el SEPD destaca que esta capacidad tiene repercusiones sobre determinados derechos de los interesados, y que el Reglamento (CE) no 45/2001 establece las condiciones específicas en que dichos derechos podrán limitarse en este contexto (artículo 20).

| 35. | De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del Reglamento (CE) no 45/2001, los derechos establecidos en los artículos 4 (calidad de los datos) y 11 a 17 (información que se debe proporcionar, derecho de acceso, rectificación, bloqueo, supresión, derecho de notificación a terceros) podrá limitarse en la medida en que sea necesaria para, entre otros: «a) la prevención, investigación, detección y represión de infracciones penales» o «b) la salvaguardia de un interés económico o financiero importante de un Estado miembro o de las Comunidades Europeas» y «e) una misión de seguimiento, inspección [...] relacionada con el ejercicio de los poderes públicos en los casos contemplados en las letras a) y b)». El mismo artículo establece que se comunicará al interesado las razones principales que justifican una limitación y que dicho interesado debe ser consciente de la posibilidad de recurrir al SEPD (artículo 20, apartado 3). Asimismo, el apartado 5 del artículo 20 establece que podrá aplazarse dicha comunicación mientras deje sin efecto la limitación impuesta. |
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35.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del Reglamento (CE) no 45/2001, los derechos establecidos en los artículos 4 (calidad de los datos) y 11 a 17 (información que se debe proporcionar, derecho de acceso, rectificación, bloqueo, supresión, derecho de notificación a terceros) podrá limitarse en la medida en que sea necesaria para, entre otros: «a) la prevención, investigación, detección y represión de infracciones penales» o «b) la salvaguardia de un interés económico o financiero importante de un Estado miembro o de las Comunidades Europeas» y «e) una misión de seguimiento, inspección [...] relacionada con el ejercicio de los poderes públicos en los casos contemplados en las letras a) y b)». El mismo artículo establece que se comunicará al interesado las razones principales que justifican una limitación y que dicho interesado debe ser consciente de la posibilidad de recurrir al SEPD (artículo 20, apartado 3). Asimismo, el apartado 5 del artículo 20 establece que podrá aplazarse dicha comunicación mientras deje sin efecto la limitación impuesta.

| 36. | El texto de la propuesta introduce esencialmente excepciones a los derechos de los interesados por razones de confidencialidad de las investigaciones. El artículo 7, apartado 4, establece que «sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4, apartado 6, y en el artículo 6, apartado 5» (29), no se podrán extraer conclusiones en las que se mencione por el nombre a una persona implicada «una vez finalizada la investigación sin que se ofrezca a dicha persona la oportunidad de presentar, por escrito o en una entrevista [...] y sin que se le facilite la información que establecen los artículos 11 y 12 del Reglamento (CE) no 45/2001». El texto parece sugerir, por tanto, que en los casos establecidos en el artículo 4, apartado 6, podrían limitarse el derecho a ser oído y el derecho a la información del interesado. |
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36.

El texto de la propuesta introduce esencialmente excepciones a los derechos de los interesados por razones de confidencialidad de las investigaciones. El artículo 7, apartado 4, establece que «sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4, apartado 6, y en el artículo 6, apartado 5» (29), no se podrán extraer conclusiones en las que se mencione por el nombre a una persona implicada «una vez finalizada la investigación sin que se ofrezca a dicha persona la oportunidad de presentar, por escrito o en una entrevista [...] y sin que se le facilite la información que establecen los artículos 11 y 12 del Reglamento (CE) no 45/2001». El texto parece sugerir, por tanto, que en los casos establecidos en el artículo 4, apartado 6, podrían limitarse el derecho a ser oído y el derecho a la información del interesado.

| 37. | La propuesta también establece que, si es necesario para preservar la confidencialidad de la investigación y en los casos que comporten el recurso a investigaciones que sean de la competencia de una autoridad judicial nacional, el Director General de la OLAF podrá decidir que se difiera la posibilidad de que la persona implicada exprese su punto de vista. El texto no especifica si en este contexto también debe diferirse la información requerida por los artículos 11 y 12 del Reglamento (CE) no 45/2001. |
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37.

La propuesta también establece que, si es necesario para preservar la confidencialidad de la investigación y en los casos que comporten el recurso a investigaciones que sean de la competencia de una autoridad judicial nacional, el Director General de la OLAF podrá decidir que se difiera la posibilidad de que la persona implicada exprese su punto de vista. El texto no especifica si en este contexto también debe diferirse la información requerida por los artículos 11 y 12 del Reglamento (CE) no 45/2001.

| 38. | El texto no está redactado de una manera clara. En primer lugar, no queda nada clara la conexión entre las posibles limitaciones de los derechos de la persona que está siendo investigada en relación con las conclusiones vinculadas al nombre de la misma y el tipo de información que la OLAF deberá comunicar a la correspondiente entidad de la UE en la investigación real. En segundo lugar, no están claras las categorías de derechos del interesado que son objeto de una potencial limitación. En tercer lugar, el artículo no consigue introducir la garantía necesaria contemplada en el artículo 20, apartado 3, del Reglamento (CE) no 45/2001. |
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38.

El texto no está redactado de una manera clara. En primer lugar, no queda nada clara la conexión entre las posibles limitaciones de los derechos de la persona que está siendo investigada en relación con las conclusiones vinculadas al nombre de la misma y el tipo de información que la OLAF deberá comunicar a la correspondiente entidad de la UE en la investigación real. En segundo lugar, no están claras las categorías de derechos del interesado que son objeto de una potencial limitación. En tercer lugar, el artículo no consigue introducir la garantía necesaria contemplada en el artículo 20, apartado 3, del Reglamento (CE) no 45/2001.

| 39. | La consecuencia podría ser que, en algunos casos, las personas podrían enfrentarse a las conclusiones de la investigación sin haber sido conscientes de que estaban siendo investigadas y sin haber recibido información alguna respecto de las razones por las que se les ha limitado su derecho a ser oídos y su derecho a la información, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 11 y 12 del Reglamento (CE) no 45/2001. |
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39.

La consecuencia podría ser que, en algunos casos, las personas podrían enfrentarse a las conclusiones de la investigación sin haber sido conscientes de que estaban siendo investigadas y sin haber recibido información alguna respecto de las razones por las que se les ha limitado su derecho a ser oídos y su derecho a la información, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 11 y 12 del Reglamento (CE) no 45/2001.

| 40. | Si se respeta lo dispuesto en el artículo 20, apartados 3 y 5, del Reglamento (CE) no 45/2001, este escenario no entraría en conflicto con el Reglamento. Sin embargo, la falta de una referencia clara a los artículos del Reglamento en el texto no parece ser coherente con el fin de la propuesta de reforzar las garantías procedimentales de las personas implicadas en las investigaciones de la OLAF y aumentar la responsabilidad de la OLAF. |
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40.

Si se respeta lo dispuesto en el artículo 20, apartados 3 y 5, del Reglamento (CE) no 45/2001, este escenario no entraría en conflicto con el Reglamento. Sin embargo, la falta de una referencia clara a los artículos del Reglamento en el texto no parece ser coherente con el fin de la propuesta de reforzar las garantías procedimentales de las personas implicadas en las investigaciones de la OLAF y aumentar la responsabilidad de la OLAF.

| 41. | El SEPD sugiere, por tanto, que debería introducirse explícitamente la posible limitación del derecho del interesado con arreglo a lo dispuesto en el artículo 20 del Reglamento (CE) no 45/2001. Asimismo, las garantías procedimentales del artículo 20, apartado 3, deberán ser mencionadas en el texto, así como la posible excepción incluida en el apartado 5 del mismo artículo. Una disposición así de clara aumentaría la seguridad jurídica para el interesado así como la responsabilidad de la OLAF. |
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41.

El SEPD sugiere, por tanto, que debería introducirse explícitamente la posible limitación del derecho del interesado con arreglo a lo dispuesto en el artículo 20 del Reglamento (CE) no 45/2001. Asimismo, las garantías procedimentales del artículo 20, apartado 3, deberán ser mencionadas en el texto, así como la posible excepción incluida en el apartado 5 del mismo artículo. Una disposición así de clara aumentaría la seguridad jurídica para el interesado así como la responsabilidad de la OLAF.

| 42. | Como conclusión, para establecer un conjunto claro de derechos de los interesados e introducir posibles excepciones debido a la confidencialidad de la investigación, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 20 del Reglamento (CE) no 45/2001, el SEPD sugiere que el texto indique de manera clara:






  — | la información que debe facilitarse a los interesados para cumplir con la legislación en materia de protección de datos [los artículos 11 y 12 del Reglamento (CE) no 45/2001] en el contexto de las diversas fases de la investigación de la OLAF (30): i) en las entrevistas (apartado 2 del artículo 7 bis), ii) al proporcionar información cuando la persona pueda resultar implicada en una investigación (apartado 3 del artículo 7 bis) y iii) al final de la investigación (apartado 4 del artículo 7 bis), |
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42.

Como conclusión, para establecer un conjunto claro de derechos de los interesados e introducir posibles excepciones debido a la confidencialidad de la investigación, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 20 del Reglamento (CE) no 45/2001, el SEPD sugiere que el texto indique de manera clara:

—

la información que debe facilitarse a los interesados para cumplir con la legislación en materia de protección de datos [los artículos 11 y 12 del Reglamento (CE) no 45/2001] en el contexto de las diversas fases de la investigación de la OLAF (30): i) en las entrevistas (apartado 2 del artículo 7 bis), ii) al proporcionar información cuando la persona pueda resultar implicada en una investigación (apartado 3 del artículo 7 bis) y iii) al final de la investigación (apartado 4 del artículo 7 bis),

| — | el tipo de información que la OLAF podrá diferir por razones de confidencialidad de la investigación, estableciendo de manera clara las condiciones y las categorías de interesados afectados por dicho aplazamiento, |
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el tipo de información que la OLAF podrá diferir por razones de confidencialidad de la investigación, estableciendo de manera clara las condiciones y las categorías de interesados afectados por dicho aplazamiento,

| — | la información que deberá facilitarse al interesado para cumplir con la legislación en materia de protección de datos en caso de que se difiera la comunicación con arreglo a lo dispuesto en los artículos 11 y 12, o si se limitan los derechos de acceso y rectificación [en concreto, la información en virtud de lo establecido en el artículo 20, apartado 3, del Reglamento (CE) no 45/2001], incluida la excepción relativa a la posibilidad de un mayor aplazamiento de la información, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 20, apartado 5, del Reglamento (CE) no 45/2001. |
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la información que deberá facilitarse al interesado para cumplir con la legislación en materia de protección de datos en caso de que se difiera la comunicación con arreglo a lo dispuesto en los artículos 11 y 12, o si se limitan los derechos de acceso y rectificación [en concreto, la información en virtud de lo establecido en el artículo 20, apartado 3, del Reglamento (CE) no 45/2001], incluida la excepción relativa a la posibilidad de un mayor aplazamiento de la información, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 20, apartado 5, del Reglamento (CE) no 45/2001.

3.2.   Política de información

| 43. | El SEPD destaca que cualquier información relativa a las investigaciones que la OLAF pueda publicar puede implicar datos personales sensibles, y que es necesario que dicha publicación deba evaluarse de manera cuidadosa. El Tribunal de Primera Instancia (actualmente el Tribunal General), en su sentencia en el asunto Nikolaou de 2007 (31), estableció que la OLAF había violado lo dispuesto en el artículo 8, apartado 3, del Reglamento (CE) no 1073/1999 (32) y el Reglamento (CE) no 45/2001 al no aplicar correctamente su obligación de garantizar la protección de los datos personales en el contexto de una «filtración» (33) y de la publicación de una nota de prensa (34). |
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43.

El SEPD destaca que cualquier información relativa a las investigaciones que la OLAF pueda publicar puede implicar datos personales sensibles, y que es necesario que dicha publicación deba evaluarse de manera cuidadosa. El Tribunal de Primera Instancia (actualmente el Tribunal General), en su sentencia en el asunto Nikolaou de 2007 (31), estableció que la OLAF había violado lo dispuesto en el artículo 8, apartado 3, del Reglamento (CE) no 1073/1999 (32) y el Reglamento (CE) no 45/2001 al no aplicar correctamente su obligación de garantizar la protección de los datos personales en el contexto de una «filtración» (33) y de la publicación de una nota de prensa (34).

| 44. | Por ello, el SEPD recibe con satisfacción la introducción del apartado 5 en el artículo 8, el cual establece de manera explícita que el Director General velará por que toda información pública se ofrezca «de manera neutra e imparcial» y respetando los principios establecidos en el artículo 8 y en el artículo 7 bis. A la luz de las observaciones realizadas anteriormente sobre el artículo 7 bis respecto de su enfoque restrictivo de las normas del Reglamento (CE) no 45/2001, el SEPD recibe con especial agrado la referencia del artículo 8, apartado 5, a una disposición más general del artículo 8, lo cual implica que cualquier tratamiento de datos personales en el contexto de la información al público deberá realizarse de conformidad con los principios establecidos en dicho Reglamento. |
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44.

Por ello, el SEPD recibe con satisfacción la introducción del apartado 5 en el artículo 8, el cual establece de manera explícita que el Director General velará por que toda información pública se ofrezca «de manera neutra e imparcial» y respetando los principios establecidos en el artículo 8 y en el artículo 7 bis. A la luz de las observaciones realizadas anteriormente sobre el artículo 7 bis respecto de su enfoque restrictivo de las normas del Reglamento (CE) no 45/2001, el SEPD recibe con especial agrado la referencia del artículo 8, apartado 5, a una disposición más general del artículo 8, lo cual implica que cualquier tratamiento de datos personales en el contexto de la información al público deberá realizarse de conformidad con los principios establecidos en dicho Reglamento.

3.3.   Confidencialidad de la identidad de los denunciantes y de los informadores

| 45. | El SEPD desea insistir, en el contexto de la presente revisión, en la necesidad de introducir una disposición específica que garantice la confidencialidad de la identidad de los denunciantes y de los informadores. El SEPD subraya el hecho de que los denunciantes están en una posición delicada. A las personas que facilitan la información se les debe garantizar que se mantendrá la confidencialidad de su identidad, en particular respecto de la persona a quien se imputa la irregularidad (35). Las actuales garantías (Comunicación SEC/2004/151/2 de la Comisión) no parecen suficientes desde un punto de vista jurídico). El SEPD señala que tal disposición estaría en consonancia con lo dispuesto en el Dictamen del Grupo de Trabajo sobre protección de datos del artículo 29 relativo a los sistemas internos de denuncia de irregularidades (36). |
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45.

El SEPD desea insistir, en el contexto de la presente revisión, en la necesidad de introducir una disposición específica que garantice la confidencialidad de la identidad de los denunciantes y de los informadores. El SEPD subraya el hecho de que los denunciantes están en una posición delicada. A las personas que facilitan la información se les debe garantizar que se mantendrá la confidencialidad de su identidad, en particular respecto de la persona a quien se imputa la irregularidad (35). Las actuales garantías (Comunicación SEC/2004/151/2 de la Comisión) no parecen suficientes desde un punto de vista jurídico). El SEPD señala que tal disposición estaría en consonancia con lo dispuesto en el Dictamen del Grupo de Trabajo sobre protección de datos del artículo 29 relativo a los sistemas internos de denuncia de irregularidades (36).

| 46. | El SEPD recomienda modificar la actual propuesta y garantizar que se mantiene la confidencialidad de la identidad de los denunciantes e informadores durante la investigación, siempre que esto no sea contrario a las normas nacionales que regulan los procedimientos judiciales. En concreto, la persona objeto de las alegaciones que se investigan podría estar facultado para conocer la identidad del denunciante y/o informador para iniciar acciones legales contra el mismo, si ha quedado acreditado que presentó maliciosamente una declaración falsa contra la persona denunciada (37). |
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46.

El SEPD recomienda modificar la actual propuesta y garantizar que se mantiene la confidencialidad de la identidad de los denunciantes e informadores durante la investigación, siempre que esto no sea contrario a las normas nacionales que regulan los procedimientos judiciales. En concreto, la persona objeto de las alegaciones que se investigan podría estar facultado para conocer la identidad del denunciante y/o informador para iniciar acciones legales contra el mismo, si ha quedado acreditado que presentó maliciosamente una declaración falsa contra la persona denunciada (37).

3.4.   Transmisión de datos personales por parte de la OLAF

Cooperación con Eurojust y Europol

| 47. | El SEPD recibe con satisfacción las especificaciones realizadas en el considerando 6 y en el artículo 10 bis, apartado 6, y en particular, la introducción del requisito de una base jurídica clara que rija la cooperación con Eurojust y Europol, la cual está totalmente en consonancia con lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 45/2001. Sin embargo, la propuesta debería ser más detallada a fin de reflejar los distintos sistemas de protección de datos para Eurojust y Europol. |
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47.

El SEPD recibe con satisfacción las especificaciones realizadas en el considerando 6 y en el artículo 10 bis, apartado 6, y en particular, la introducción del requisito de una base jurídica clara que rija la cooperación con Eurojust y Europol, la cual está totalmente en consonancia con lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 45/2001. Sin embargo, la propuesta debería ser más detallada a fin de reflejar los distintos sistemas de protección de datos para Eurojust y Europol.

| 48. | Hasta la fecha, la OLAF aplica un acuerdo práctico con Eurojust (38) en el que se establecen las condiciones en que pueden tener lugar las transmisiones de datos personales. La cooperación entre la OLAF y Eurojust incluye, en especial, el intercambio de pliegos de cargos, de información estratégica y operativa relacionada con los asuntos, la participación en reuniones y la asistencia mutua, lo cual puede ser útil para el cumplimiento efectivo y eficaz de sus respectivas funciones. El Acuerdo práctico (39) define principalmente las modalidades de funcionamiento para el intercambio de información, incluidos los datos personales y, en algunos casos, también destaca determinados elementos del marco jurídico existente. |
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48.

Hasta la fecha, la OLAF aplica un acuerdo práctico con Eurojust (38) en el que se establecen las condiciones en que pueden tener lugar las transmisiones de datos personales. La cooperación entre la OLAF y Eurojust incluye, en especial, el intercambio de pliegos de cargos, de información estratégica y operativa relacionada con los asuntos, la participación en reuniones y la asistencia mutua, lo cual puede ser útil para el cumplimiento efectivo y eficaz de sus respectivas funciones. El Acuerdo práctico (39) define principalmente las modalidades de funcionamiento para el intercambio de información, incluidos los datos personales y, en algunos casos, también destaca determinados elementos del marco jurídico existente.

| 49. | En lo que a Europol se refiere, no existe un acuerdo similar con la OLAF (40), aunque la Decisión de Europol permite a ésta recibir, utilizar y transmitir información, incluidos los datos personales de, entre otros, la OLAF, también antes de la celebración de un acuerdo formal de intercambio, siempre que ello sea necesario para el legítimo ejercicio de las funciones de Europol y la OLAF (41). El intercambio también queda sujeto a la existencia de un acuerdo de confidencialidad entre las dos entidades. El artículo 24 de la Decisión de Europol especifica algunas garantías que Europol deberá respetar en relación con cualquier transmisión de datos que tenga lugar antes de la celebración de un acuerdo formal de intercambio: «la responsabilidad de que la transmisión de datos sea lícita recaerá en Europol. Europol deberá dejar constancia de todas las transmisiones realizadas en virtud del presente artículo y de los motivos que las justifican. La transmisión solo se realizará si el destinatario se compromete a utilizar los datos únicamente para el fin que ha motivado la transmisión.». El artículo 29 de la misma decisión también especifica los casos en que Europol asume la responsabilidad de los datos transmitidos por parte de terceros. |
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49.

En lo que a Europol se refiere, no existe un acuerdo similar con la OLAF (40), aunque la Decisión de Europol permite a ésta recibir, utilizar y transmitir información, incluidos los datos personales de, entre otros, la OLAF, también antes de la celebración de un acuerdo formal de intercambio, siempre que ello sea necesario para el legítimo ejercicio de las funciones de Europol y la OLAF (41). El intercambio también queda sujeto a la existencia de un acuerdo de confidencialidad entre las dos entidades. El artículo 24 de la Decisión de Europol especifica algunas garantías que Europol deberá respetar en relación con cualquier transmisión de datos que tenga lugar antes de la celebración de un acuerdo formal de intercambio: «la responsabilidad de que la transmisión de datos sea lícita recaerá en Europol. Europol deberá dejar constancia de todas las transmisiones realizadas en virtud del presente artículo y de los motivos que las justifican. La transmisión solo se realizará si el destinatario se compromete a utilizar los datos únicamente para el fin que ha motivado la transmisión.». El artículo 29 de la misma decisión también especifica los casos en que Europol asume la responsabilidad de los datos transmitidos por parte de terceros.

| 50. | El SEPD apoya firmemente la celebración de un acuerdo específico con Europol sobre transmisión de datos y, el hecho de que todavía no se haya celebrado, refuerza la necesidad de establecer garantías específicas en el texto de la propuesta. Dada la existencia de distintos sistemas de protección de datos relacionados con la transmisión de datos personales desde la OLAF a Eurojust y Europol y viceversa, el SEPD considera que la propuesta debería tratar de forma más clara las garantías y las normas necesarias que deberían regular la cooperación entre OLAF y dichos organismos y tenerse en cuenta en los arreglos de trabajo actuales y futuros entre ellos. |
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50.

El SEPD apoya firmemente la celebración de un acuerdo específico con Europol sobre transmisión de datos y, el hecho de que todavía no se haya celebrado, refuerza la necesidad de establecer garantías específicas en el texto de la propuesta. Dada la existencia de distintos sistemas de protección de datos relacionados con la transmisión de datos personales desde la OLAF a Eurojust y Europol y viceversa, el SEPD considera que la propuesta debería tratar de forma más clara las garantías y las normas necesarias que deberían regular la cooperación entre OLAF y dichos organismos y tenerse en cuenta en los arreglos de trabajo actuales y futuros entre ellos.

| 51. | Para reforzar la necesidad de la celebración de un acuerdo administrativo, la disposición del artículo 10 bis, apartado 2, debe modificarse y tener la siguiente redacción «La Oficina podrá celebrar acuerdos administrativos [...]». De este modo, sería un reflejo de la disposición similar de la Decisión de Europol (42), que establece que Europol podrá celebrar acuerdos o arreglos de trabajo con otras instituciones, órganos y agencias de la Unión. Asimismo, la propuesta podría aclarar en el artículo 10 bis que, como principio general, el intercambio de datos personales con Eurojust y Europol deberá limitarse y no superar lo que sea necesario para el legítimo ejercicio de las funciones confiadas a la OLAF, Europol y Eurojust. La propuesta también deberá introducir la obligación para la OLAF de conservar un registro de todas las transmisiones de datos y de los motivos de dichas transmisiones, con el fin de reforzar la responsabilidad de la OLAF respecto de la aplicación de las obligaciones impuestas por el Reglamento (CE) no 45/2001 relativas a las transmisiones de datos personales. |
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51.

Para reforzar la necesidad de la celebración de un acuerdo administrativo, la disposición del artículo 10 bis, apartado 2, debe modificarse y tener la siguiente redacción «La Oficina podrá celebrar acuerdos administrativos [...]». De este modo, sería un reflejo de la disposición similar de la Decisión de Europol (42), que establece que Europol podrá celebrar acuerdos o arreglos de trabajo con otras instituciones, órganos y agencias de la Unión. Asimismo, la propuesta podría aclarar en el artículo 10 bis que, como principio general, el intercambio de datos personales con Eurojust y Europol deberá limitarse y no superar lo que sea necesario para el legítimo ejercicio de las funciones confiadas a la OLAF, Europol y Eurojust. La propuesta también deberá introducir la obligación para la OLAF de conservar un registro de todas las transmisiones de datos y de los motivos de dichas transmisiones, con el fin de reforzar la responsabilidad de la OLAF respecto de la aplicación de las obligaciones impuestas por el Reglamento (CE) no 45/2001 relativas a las transmisiones de datos personales.

Cooperación con terceros países y organizaciones internacionales

| 52. | El apartado 3 del artículo 10 bis menciona que «la Oficina [también] podrá celebrar, cuando proceda, acuerdos administrativos con los servicios competentes de los terceros países y organizaciones internacionales. La Oficina se coordinará con los servicios competentes de la Comisión y el Servicio Europeo de Acción Exterior.». |
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52.

El apartado 3 del artículo 10 bis menciona que «la Oficina [también] podrá celebrar, cuando proceda, acuerdos administrativos con los servicios competentes de los terceros países y organizaciones internacionales. La Oficina se coordinará con los servicios competentes de la Comisión y el Servicio Europeo de Acción Exterior.».

| 53. | El SEPD recibe con agrado el hecho de que se vincule la cooperación de la OLAF con terceros países con la celebración de acuerdos administrativos. Sin embargo, la propuesta debe tratar de manera más específica las repercusiones en materia de protección de datos derivadas del posible intercambio de datos con terceros países. |
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53.

El SEPD recibe con agrado el hecho de que se vincule la cooperación de la OLAF con terceros países con la celebración de acuerdos administrativos. Sin embargo, la propuesta debe tratar de manera más específica las repercusiones en materia de protección de datos derivadas del posible intercambio de datos con terceros países.

| 54. | La propuesta debería ser más precisa en relación con los requisitos y las condiciones específicas de las posibles transmisiones de datos desde y a terceros países y organizaciones. El SEPD recomienda que el texto del artículo 10 bis, apartado 3, incluya también lo siguiente: «En la medida en que la cooperación con las organizaciones internacionales y los terceros países implique la transmisión de datos personales de la OLAF a otras entidades, dicha transmisión deberá realizarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento (CE) no 45/2001». |
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54.

La propuesta debería ser más precisa en relación con los requisitos y las condiciones específicas de las posibles transmisiones de datos desde y a terceros países y organizaciones. El SEPD recomienda que el texto del artículo 10 bis, apartado 3, incluya también lo siguiente: «En la medida en que la cooperación con las organizaciones internacionales y los terceros países implique la transmisión de datos personales de la OLAF a otras entidades, dicha transmisión deberá realizarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento (CE) no 45/2001».

Acceso a los datos personales por parte del Comité de Vigilancia

| 55. | El SEPD recibe con agrado la redacción del artículo 11 de la propuesta, de acuerdo con la cual «en situaciones debidamente justificadas, el Comité de Vigilancia podrá solicitar a la Oficina datos adicionales sobre las investigaciones, sin interferir, sin embargo, en su desarrollo», ya que tal redacción expresa el principio de necesidad en relación con cualquier transmisión de datos posible desde la OLAF al Comité de Vigilancia. |
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55.

El SEPD recibe con agrado la redacción del artículo 11 de la propuesta, de acuerdo con la cual «en situaciones debidamente justificadas, el Comité de Vigilancia podrá solicitar a la Oficina datos adicionales sobre las investigaciones, sin interferir, sin embargo, en su desarrollo», ya que tal redacción expresa el principio de necesidad en relación con cualquier transmisión de datos posible desde la OLAF al Comité de Vigilancia.

| 56. | La cuestión del acceso a los datos personales de las personas implicadas o posiblemente implicadas en una investigación por parte del Comité de Vigilancia también debería aclararse en el contexto del reglamento interno que el Comité deberá adoptar sobre la base del nuevo artículo 11, apartado 6. El SEPD agradecería que se le implicara en el proceso que conduzca a la adopción del reglamento interno del Comité. En el texto de la propuesta podría asimismo incluirse una referencia a la consulta del SEPD como requisito para la adopción del reglamento interno. |
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56.

La cuestión del acceso a los datos personales de las personas implicadas o posiblemente implicadas en una investigación por parte del Comité de Vigilancia también debería aclararse en el contexto del reglamento interno que el Comité deberá adoptar sobre la base del nuevo artículo 11, apartado 6. El SEPD agradecería que se le implicara en el proceso que conduzca a la adopción del reglamento interno del Comité. En el texto de la propuesta podría asimismo incluirse una referencia a la consulta del SEPD como requisito para la adopción del reglamento interno.

4.   PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

| 57. | Además de todos los puntos específicos mencionados anteriormente, el SEPD desea animar a la Comisión a que proponga un enfoque más abierto para el sistema de protección de datos de la Unión por parte de la OLAF. Este sería el momento oportuno para que la OLAF desarrollase una planificación estratégica de su cumplimiento en materia de protección de datos, aclarando de forma voluntaria cuál es el enfoque práctico del tratamiento de los numerosos expedientes que incluyen datos personales. La OLAF podría explicar de manera pública y proactiva el modo en que trata los datos personales durante sus distintas actividades. El SEPD considera que un enfoque tan global y explícito reforzaría la transparencia del tratamiento de los datos personales por parte de la OLAF y facilitaría el uso de sus procesos de investigación. |
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57.

Además de todos los puntos específicos mencionados anteriormente, el SEPD desea animar a la Comisión a que proponga un enfoque más abierto para el sistema de protección de datos de la Unión por parte de la OLAF. Este sería el momento oportuno para que la OLAF desarrollase una planificación estratégica de su cumplimiento en materia de protección de datos, aclarando de forma voluntaria cuál es el enfoque práctico del tratamiento de los numerosos expedientes que incluyen datos personales. La OLAF podría explicar de manera pública y proactiva el modo en que trata los datos personales durante sus distintas actividades. El SEPD considera que un enfoque tan global y explícito reforzaría la transparencia del tratamiento de los datos personales por parte de la OLAF y facilitaría el uso de sus procesos de investigación.

| 58. | Por tanto, el SEPD sugiere que las disposiciones de la propuesta atribuyan al Director General la función de garantizar que se elabore una exposición general de las distintas operaciones de tratamiento de la OLAF, que deberá mantenerse actualizada, o al menos que se incluya una explicación sobre la necesidad de la misma en un considerando. Dicha exposición general —cuyos resultados deberán ser transparentes mediante, por ejemplo, un informe anual o a través de otras opciones— no solo mejoraría la eficacia de las distintas actividades de la OLAF y la interacción de las mismas, si no que además animaría a la OLAF a adoptar un enfoque más global sobre la necesidad y la proporcionalidad de las operaciones de tratamiento. Asimismo, también sería útil para la OLAF que demostrase mejor el hecho de que aplica de manera adecuada los principios de intimidad mediante el diseño y de responsabilidad. |
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58.

Por tanto, el SEPD sugiere que las disposiciones de la propuesta atribuyan al Director General la función de garantizar que se elabore una exposición general de las distintas operaciones de tratamiento de la OLAF, que deberá mantenerse actualizada, o al menos que se incluya una explicación sobre la necesidad de la misma en un considerando. Dicha exposición general —cuyos resultados deberán ser transparentes mediante, por ejemplo, un informe anual o a través de otras opciones— no solo mejoraría la eficacia de las distintas actividades de la OLAF y la interacción de las mismas, si no que además animaría a la OLAF a adoptar un enfoque más global sobre la necesidad y la proporcionalidad de las operaciones de tratamiento. Asimismo, también sería útil para la OLAF que demostrase mejor el hecho de que aplica de manera adecuada los principios de intimidad mediante el diseño y de responsabilidad.

5.   CONCLUSIÓN

| 59. | En conclusión, el SEPD recibe con agrado las modificaciones introducidas en el texto que mejoran el cumplimiento del sistema en materia de protección de datos de la Unión por parte de la propuesta. |
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59.

En conclusión, el SEPD recibe con agrado las modificaciones introducidas en el texto que mejoran el cumplimiento del sistema en materia de protección de datos de la Unión por parte de la propuesta.

| 60. | Sin embargo, el SEPD también desea destacar una serie de deficiencias que deberán resolverse mediante la modificación del texto y, lo que es más importante:






  — | la propuesta debería mencionar de forma clara el derecho a la información de las distintas categorías de interesados, así como el derecho de acceso y de rectificación en relación con todas las fases de la investigación llevada a cabo por la OLAF, |
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60.

Sin embargo, el SEPD también desea destacar una serie de deficiencias que deberán resolverse mediante la modificación del texto y, lo que es más importante:

—

la propuesta debería mencionar de forma clara el derecho a la información de las distintas categorías de interesados, así como el derecho de acceso y de rectificación en relación con todas las fases de la investigación llevada a cabo por la OLAF,

| — | la propuesta debería aclarar la relación entre la necesidad de confidencialidad de la investigación y el sistema de protección de datos aplicable durante la misma. El SEPD sugiere que tanto los derechos de los interesados como las posibles excepciones debidas a los requisitos de confidencialidad, se definan de manera clara y por separado, y que se introduzca de manera explícita las garantías establecidas en el artículo 20 del Reglamento (CE) no 45/2001, |
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la propuesta debería aclarar la relación entre la necesidad de confidencialidad de la investigación y el sistema de protección de datos aplicable durante la misma. El SEPD sugiere que tanto los derechos de los interesados como las posibles excepciones debidas a los requisitos de confidencialidad, se definan de manera clara y por separado, y que se introduzca de manera explícita las garantías establecidas en el artículo 20 del Reglamento (CE) no 45/2001,

| — | la propuesta debería aclarar la política de información al público de la OLAF en relación con la protección de datos, |
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la propuesta debería aclarar la política de información al público de la OLAF en relación con la protección de datos,

| — | la propuesta debería introducir disposiciones específicas relacionadas con la confidencialidad de los denunciantes y los informadores, |
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la propuesta debería introducir disposiciones específicas relacionadas con la confidencialidad de los denunciantes y los informadores,

| — | la propuesta debería aclarar los principios generales en materia de protección de datos sobre la base de los cuales la OLAF podrá transmitir y recibir información, incluidos los datos personales, de otros organismos y agencias de la Unión, terceros países y organizaciones internacionales, |
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la propuesta debería aclarar los principios generales en materia de protección de datos sobre la base de los cuales la OLAF podrá transmitir y recibir información, incluidos los datos personales, de otros organismos y agencias de la Unión, terceros países y organizaciones internacionales,

| — | las disposiciones de la propuesta deberán atribuir al Director General la función de garantizar que se elabore una exposición general de las distintas operaciones de tratamiento de la OLAF, que deberá mantenerse actualizada, o al menos que se explique la necesidad de la misma en un considerando. |
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las disposiciones de la propuesta deberán atribuir al Director General la función de garantizar que se elabore una exposición general de las distintas operaciones de tratamiento de la OLAF, que deberá mantenerse actualizada, o al menos que se explique la necesidad de la misma en un considerando.

Hecho en Bruselas, el 1 de junio de 2011.

Giovanni BUTTARELLI

Asistente del Supervisor Europeo de Protección de Datos

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(1)  DO L 281 de 23.11.1995, p. 31.

1

(2)  DO L 8 de 12.1.2001, p. 1.

2

(3)  En enero de 2011.

3

(4)  Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1073/1999 relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), DO C 91 de 26.4.2007, p. 1.

4

o

(5)  Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 20 de noviembre de 2008, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1073/1999 relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), P6_TA(2008) 553.

5

o

(6)  Es decir, la OLAF debería definir sus prioridades de investigación y centrarse en las mismas para utilizar eficientemente sus recursos.

6

(7)  Véanse en la propuesta el nuevo artículo 7 bis y el artículo 8, apartado 4.

7

bis

(8)  Decisión 1999/352/CE de la Comisión, de 28 de abril de 1999, por la que se crea la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), DO L 136 de 31.5.1999, p. 20. Véase también el Reglamento (CE) no 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 1999, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), DO L 136 de 31.5.1999, p. 1

8

o

(9)  Véase el artículo 3 del Reglamento (CE) no 1073/1999.

9

o

(10)  Véanse el artículo 1 y 4 del Reglamento (CE) no 1073/1999.

10

o

(11)  Véase el artículo 10 del Reglamento (CE) no 1073/1999.

11

o

(12)  Eurojust se creó por la Decisión 2002/187/JAI del Consejo (modificada posteriormente por la Decisión 2003/659/JAI del Consejo y la Decisión 2009/426/JAI del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, por la que se refuerza Eurojust) como órgano de la Unión, con personalidad jurídica propia, para fomentar y mejorar la coordinación entre las autoridades judiciales competentes de los Estados miembros. En concreto, el artículo 26, apartado 4, de esta última Decisión establecía que «la OLAF podrá contribuir a los trabajos de Eurojust que tengan por objeto coordinar las investigaciones y actuaciones judiciales sobre protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, bien a iniciativa de Eurojust, bien a su propia iniciativa, siempre que no se opongan las autoridades competentes de los Estados miembros.». En 2008, Eurojust y la OLAF firmaron un acuerdo administrativo de cooperación (Acuerdo práctico sobre las modalidades relativas a los acuerdos de cooperación entre Eurojust y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude de 24 de septiembre de 2008) con el fin de fomentar la cooperación entre las dos entidades, el cual incluye una disposición específica sobre la transferencia de datos personales.

12

(13)  Europol es la Agencia Europea de Policía que tiene como fin mejorar la eficacia y la cooperación de las autoridades competentes de prevenir y luchar con el terrorismo, el tráfico ilegal de estupefacientes y otras formas graves de delincuencia organizada. El artículo 22 de la Decisión del Consejo, de 6 de abril de 2009, por la que se crea la Oficina Europea de Policía (Europol) (2009/371/JAI) establece que «En la medida en que ello sea útil para el ejercicio de sus funciones, Europol podrá establecer y mantener relaciones de cooperación con [...] la OLAF». El artículo también establece que Europol podrá, antes de la entrada en vigor de los acuerdos o arreglos de trabajo con diversas entidades de la Unión Europea con las que Europol está llamada a cooperar, «recibir y utilizar directamente información, incluidos los datos personales, de las entidades [...] en la medida en que ello sea necesario para el legítimo ejercicio de sus funciones, y podrá transmitir directamente [...] información, incluidos los datos personales, a dichas entidades, en la medida en que ello sea necesario para el legítimo ejercicio de las funciones de la entidad receptora.».

13

(14)  Véase el artículo 22 de la Decisión del Consejo, de 6 de abril de 2009, por la que se crea la Oficina Europea de Policía (Europol) (2009/371/JAI), DO L 121 de 15.5.2009, p. 37.

14

(15)  Véase el artículo 1, apartado 26, de la Decisión 2009/426/JAI del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, por la que se refuerza Eurojust y se modifica la Decisión 2002/187/JAI.

15

(16)  Expediente 2005-418, disponible en http://www.edps.europa.eu

16

(17)  Expedientes 2007-47, 2007-48, 2007-49, 2007-50, 2007-72, disponible en http://www.edps.europa.eu

17

(18)  Expediente 2007-73, disponible en http://www.edps.europa.eu

18

(19)  El Dictamen del SEPD sobre la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1073/1999 relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), DO C 91 de 26.4.2007, p. 1.

19

o

(20)  «La Oficina solo tratará los datos personales necesarios para desempeñar su misión conforme al presente Reglamento. Este tratamiento de los datos personales se hará de conformidad con el Reglamento (CE) no 45/2001, incluida la facilitación de información pertinente para el interesado exigida por los artículos 11 y 12 de dicho Reglamento. Dichos datos no podrán comunicarse a personas distintas de aquellas a las que, en las instituciones de la Unión o en los Estados miembros, les corresponde conocerlos en razón de sus funciones, ni utilizarse con fines distintos a los de la lucha contra el fraude, la corrupción y cualquier otra actividad ilegal. [...]».

20

o

(21)  Sentencia de 3 de septiembre de 2008, asuntos acumulados C-402/05 P y C-415/05 P, Kadi/Consejo de la Unión Europea y Comisión de las Comunidades Europeas, ap. 283: «[...] los derechos fundamentales forman parte de los principios generales del Derecho cuyo respeto garantiza el Tribunal de Justicia. A este respecto, el Tribunal de Justicia se inspira en las tradiciones constitucionales comunes de los Estados miembros, así como en las indicaciones proporcionadas por los instrumentos internacionales relativos a la protección de los derechos humanos, en los que los Estados miembros han cooperado o a los que se han adherido. El CEDH reviste en este contexto un significado particular.». Véase también el ap. 304.

21

(22)  Sentencia de 9 de noviembre de 2010 en asuntos acumulados C-92/09 y C-93/09, Volker und Markus Schecke, ap. 44 y ss.

22

Volker und Markus Schecke

(23)  Tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el CEDH es aplicable a todos los ámbitos de actividad de la Unión Europea.

23

(24)  Véase también el apartado 36 infra.

24

infra

(25)  Véase el Dictamen sobre la notificación de control previo recibido del responsable de protección de datos de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) sobre las investigaciones internas de la OLAF, de 23 de junio de 2006, expediente 2005/0418, disponible en http://www.edps.europa.eu

25

(26)  Véase la nota a pie de página 25.

26

(27)  Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1073/1999 relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), DO C 91 de 26.4.2007, p. 1, puntos 14 y ss.

27

o

(28)  En su dictamen de 2006, véase la nota a pie de página no 19 supra.

28

o

supra

(29)  El artículo 4, apartado 6 (Investigaciones internas) tiene la siguiente redacción: «Cuando las investigaciones revelen que un miembro o miembro del personal podría verse implicado personalmente en una investigación interna, se informará al respecto a la institución, órgano u organismo al que pertenezca. En casos excepcionales en los que se pueda garantizar la confidencialidad de la investigación, la Oficina utilizará los canales alternativos de información apropiados». El artículo 6, apartado 5 (Procedimiento de la investigación) tiene la siguiente redacción: «En caso de que las investigaciones pongan de manifiesto que podría ser oportuno adoptar medidas cautelares administrativas para proteger los intereses financieros de la Unión, la Oficina informará sin demora a la institución, órgano u organismo afectado de la investigación en curso. La información transmitida deberá incluir los siguientes elementos: a) la identidad del miembro o miembro del personal afectado así como un resumen de los hechos; b) cualquier información que pudiera ayudar a la institución, órgano u organismo a decidir si es oportuno adoptar medidas cautelares administrativas con el fin de proteger los intereses de la Unión; c) cualesquiera medidas especiales de confidencialidad recomendadas en casos específicos que impliquen el uso de medidas investigadoras bajo la competencia de una autoridad judicial nacional o, en el caso de una investigación externa, bajo la competencia de una autoridad nacional, de conformidad con las disposiciones aplicables a las investigaciones. [...]», el subrayado es nuestro.

29

(30)  Como se ha mencionado anteriormente, una vez que se facilita la información al interesado, no será necesario repetir la misma información en las siguientes fases.

30

(31)  Asunto T-259/03, Nikolaou/Comisión, 12 de julio de 2007, DO C 247 de 20.10.2007, p. 23.

31

Nikolaou/Comisión

(32)  El artículo se refiere específicamente a la legislación en materia de protección de datos.

32

(33)  Nikolaou, apartado 213.

33

Nikolaou

(34)  Nikolaou, apartado 232.

34

Nikolaou

(35)  El SEPD ya subrayó la importancia de conservar la confidencialidad de la identidad del denunciante en una carta enviada al Defensor del Pueblo Europeo el 30 de julio de 2010, en el expediente 2010-0458, que puede consultarse en el sitio web del SEPD (http://www.edps.europa.eu). Véanse también el Dictamen de Control Previo del SEPD, de 23 de junio de 2006, relativo a las investigaciones internas de la OLAF (expediente 2005-0418), y el Dictamen de Control Previo, de 4 de octubre de 2007, relativo a las investigaciones externas de la OLAF (expedientes 2007-47, 2007-48, 2007-49, 2007-50, 2007-72).

35

(36)  Véase el Dictamen 1/2006 del Grupo de Trabajo del Artículo 29, de 1 de febrero de 2006, relativo a la aplicación de las normas sobre protección de datos de la UE a los sistemas internos de denuncia de irregularidades en los ámbitos de la contabilidad, controles de auditoría internos, cuestiones de auditoría, lucha contra la corrupción y delitos financieros y bancarios, disponible en: http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/workinggroup/index_en.htm

36

(37)  Véase el dictamen relativo a las normas financieras aplicables al presupuesto anual de la Unión, de 15 de abril de 2011, disponible en http://www.edps.europa.eu

37

(38)  Acuerdo práctico sobre las modalidades relativas a los acuerdos de cooperación entre Eurojust y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, de 24 de septiembre de 2008. Véase la nota a pie de página no 12 supra.

38

o

supra

(39)  Acuerdo práctico Eurojust-OLAF, apartado 4.1.

39

(40)  El Acuerdo Administrativo de 8 de abril de 2004 se limita al intercambio de información estratégica y excluye expresamente el intercambio de datos personales, dejando que un futuro acuerdo entre Europol y la OLAF especifique esta cuestión.

40

(41)  Decisión de Europol, artículo 22, apartado 3; véase la nota a pie de página no 14 supra.

41

o

supra

(42)  Decisión de Europol, artículo 22, apartado 2; véase la nota a pie de página no 14 supra; «Europol podrá celebrar acuerdos o arreglos de trabajo con las entidades mencionadas en el apartado 1» (en concreto, Eurojust, OLAF, Frontex, CEPOL, el BCE y el OEDT).

42

o

supra

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| 23.9.2011 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 279/20 |
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23.9.2011

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 279/20

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Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos relativo a la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la integridad y la transparencia del mercado de la energía

2011/C 279/03

EL SUPERVISOR EUROPEO DE PROTECCIÓN DE DATOS,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 16,

Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y, en particular, sus artículos 7 y 8,

Vista la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (1),

Visto el Reglamento (CE) no 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos (2), y en particular el artículo 41.

HA ADOPTADO EL SIGUIENTE DICTAMEN:

I.   INTRODUCCIÓN

| 1. | El 8 de diciembre de 2010, la Comisión Europea adoptó una Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la integridad y la transparencia del mercado de la energía (3) (en adelante, la «propuesta»). |
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1.

El 8 de diciembre de 2010, la Comisión Europea adoptó una Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la integridad y la transparencia del mercado de la energía (3) (en adelante, la «propuesta»).

| 2. | La Comisión no efectuó consulta al SEPD, contrariamente a lo estipulado en el artículo 28, apartado 2, del Reglamento (CE) no 45/2001. El SEPD ha adoptado por iniciativa propia el presente dictamen, sobre la base del artículo 41, apartado 2, de dicho Reglamento. El SEPD es consciente de que la presente recomendación interviene en una fase tardía del proceso legislativo, pero considera adecuado y conveniente emitir el presente dictamen, en la medida en que la propuesta puede repercutir significativamente sobre el derecho a la intimidad y la protección de los datos personales. En el preámbulo de la propuesta deberá incluirse una referencia al presente dictamen. |
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2.

La Comisión no efectuó consulta al SEPD, contrariamente a lo estipulado en el artículo 28, apartado 2, del Reglamento (CE) no 45/2001. El SEPD ha adoptado por iniciativa propia el presente dictamen, sobre la base del artículo 41, apartado 2, de dicho Reglamento. El SEPD es consciente de que la presente recomendación interviene en una fase tardía del proceso legislativo, pero considera adecuado y conveniente emitir el presente dictamen, en la medida en que la propuesta puede repercutir significativamente sobre el derecho a la intimidad y la protección de los datos personales. En el preámbulo de la propuesta deberá incluirse una referencia al presente dictamen.

| 3. | El objetivo principal de la propuesta es evitar la manipulación del mercado y las operaciones de agentes que disponen de información privilegiada en los mercados mayoristas de la energía (gas y electricidad). La integridad y la transparencia de los mercados mayoristas en los que se negocian el gas y la electricidad entre las empresas productoras de energía y los agentes que la comercializan, influyen considerablemente en los precios que deben abonar finalmente los consumidores. |
| --- | --- |

3.

El objetivo principal de la propuesta es evitar la manipulación del mercado y las operaciones de agentes que disponen de información privilegiada en los mercados mayoristas de la energía (gas y electricidad). La integridad y la transparencia de los mercados mayoristas en los que se negocian el gas y la electricidad entre las empresas productoras de energía y los agentes que la comercializan, influyen considerablemente en los precios que deben abonar finalmente los consumidores.

| 4. | A este fin, la propuesta tiene por objeto establecer un marco normativo a nivel europeo destinado a evitar que los comercializadores utilicen información privilegiada en su propio beneficio y manipulen el mercado empujando a un alza artificial de los precios por encima de un nivel que no se justificaría ni por la disponibilidad, ni por los costes de producción, ni por la capacidad de transporte o almacenamiento de la energía. Las normas propuestas prohíben en particular:






  — | la utilización de información privilegiada en el marco de la compra o la venta de energía a nivel del mercado mayorista; la información exclusiva y susceptible de influir sobre los precios deberá divulgarse antes de proceder a la comercialización, |
| --- | --- | --- |

4.

A este fin, la propuesta tiene por objeto establecer un marco normativo a nivel europeo destinado a evitar que los comercializadores utilicen información privilegiada en su propio beneficio y manipulen el mercado empujando a un alza artificial de los precios por encima de un nivel que no se justificaría ni por la disponibilidad, ni por los costes de producción, ni por la capacidad de transporte o almacenamiento de la energía. Las normas propuestas prohíben en particular:

—

la utilización de información privilegiada en el marco de la compra o la venta de energía a nivel del mercado mayorista; la información exclusiva y susceptible de influir sobre los precios deberá divulgarse antes de proceder a la comercialización,

| — | las transacciones que proporcionen indicios falsos o engañosos en relación con la oferta, la demanda o el precio de los productos energéticos al por mayor, y |
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—

las transacciones que proporcionen indicios falsos o engañosos en relación con la oferta, la demanda o el precio de los productos energéticos al por mayor, y

| — | la divulgación de informaciones falsas o la propagación de rumores que proporcionen indicios engañosos sobre estos productos. |
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—

la divulgación de informaciones falsas o la propagación de rumores que proporcionen indicios engañosos sobre estos productos.

| 5. | Corresponderá a la Agencia Europea de Cooperación de los Reguladores de la Energía (la «ACER») (4) la supervisión del mercado a nivel europeo con el fin de detectar prácticas que puedan suponer una infracción de dichas prohibiciones. |
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5.

Corresponderá a la Agencia Europea de Cooperación de los Reguladores de la Energía (la «ACER») (4) la supervisión del mercado a nivel europeo con el fin de detectar prácticas que puedan suponer una infracción de dichas prohibiciones.

| 6. | En virtud de la propuesta, la ACER tendrá oportunamente acceso a la información sobre las transacciones efectuadas en los mercados mayoristas de la energía, y en particular las informaciones relativas al precio, el volumen de energía comercializada y las partes implicadas. Este corpus de información será compartido igualmente con los reguladores nacionales, que procederán a partir de ese momento a investigar los supuestos abusos. En aquellos casos que tengan una incidencia transfronteriza, la ACER estará facultada para coordinar las investigaciones. Las autoridades reguladoras nacionales tendrán capacidad sancionadora. |
| --- | --- |

6.

En virtud de la propuesta, la ACER tendrá oportunamente acceso a la información sobre las transacciones efectuadas en los mercados mayoristas de la energía, y en particular las informaciones relativas al precio, el volumen de energía comercializada y las partes implicadas. Este corpus de información será compartido igualmente con los reguladores nacionales, que procederán a partir de ese momento a investigar los supuestos abusos. En aquellos casos que tengan una incidencia transfronteriza, la ACER estará facultada para coordinar las investigaciones. Las autoridades reguladoras nacionales tendrán capacidad sancionadora.

| 7. | La propuesta se suma a un amplio número de propuestas legislativas adoptadas recientemente y que tienen por objeto apuntalar el dispositivo de supervisión financiera en vigor, así como mejorar la coordinación y la cooperación a nivel comunitario, en particular la Directiva sobre las operaciones con información privilegiada y la manipulación del mercado (la «MAD») (5), y la Directiva sobre mercados de instrumentos financieros (la «MiFID») (6). El SEPD ha formulado recientemente comentarios sobre varias de estas propuestas (7). |
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7.

La propuesta se suma a un amplio número de propuestas legislativas adoptadas recientemente y que tienen por objeto apuntalar el dispositivo de supervisión financiera en vigor, así como mejorar la coordinación y la cooperación a nivel comunitario, en particular la Directiva sobre las operaciones con información privilegiada y la manipulación del mercado (la «MAD») (5), y la Directiva sobre mercados de instrumentos financieros (la «MiFID») (6). El SEPD ha formulado recientemente comentarios sobre varias de estas propuestas (7).

II.   COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DEL SEPD

| 8. | La propuesta contempla una serie de disposiciones relativas a la protección de datos de carácter personal:






  — | los artículos 6 a 8 sobre control del mercado y comunicación, |
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8.

La propuesta contempla una serie de disposiciones relativas a la protección de datos de carácter personal:

—

los artículos 6 a 8 sobre control del mercado y comunicación,

| — | el artículo 9 sobre «protección de datos y fiabilidad operativa», |
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—

el artículo 9 sobre «protección de datos y fiabilidad operativa»,

| — | los artículos 10 y 11 sobre investigación y ejecución, y |
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—

los artículos 10 y 11 sobre investigación y ejecución, y

| — | el artículo 14 sobre «relaciones con terceros países». |
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—

el artículo 14 sobre «relaciones con terceros países».

II.1.   Control del mercado y comunicación (artículos 6 a 8)

Disposiciones pertinentes

| 9. | La propuesta parte como premisa de que, para detectar un abuso en el mercado (i), se precisa de un sistema eficaz de control del mercado que permita acceder oportunamente a toda la información relativa a la transacción y que (ii) este sistema debe incluir la supervisión a nivel de la UE. A la vez, el Reglamento propuesto prevé que la Agencia recopile, revise y comparta (con las autoridades nacionales y europeas pertinentes) un vasto corpus de información procedente de los mercados mayoristas de la energía. |
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9.

La propuesta parte como premisa de que, para detectar un abuso en el mercado (i), se precisa de un sistema eficaz de control del mercado que permita acceder oportunamente a toda la información relativa a la transacción y que (ii) este sistema debe incluir la supervisión a nivel de la UE. A la vez, el Reglamento propuesto prevé que la Agencia recopile, revise y comparta (con las autoridades nacionales y europeas pertinentes) un vasto corpus de información procedente de los mercados mayoristas de la energía.

| 10. | En particular, el Reglamento propuesto insta a los agentes que participan en el mercado a proporcionar a la ACER un «listado de sus transacciones» relativas a los productos energéticos al por mayor. Además del listado de transacciones, los agentes que participan en el mercado también estarán obligados a proporcionar a la ACER información relacionada con la «capacidad de las instalaciones de producción, almacenamiento, consumo o transporte de electricidad o gas natural». |
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10.

En particular, el Reglamento propuesto insta a los agentes que participan en el mercado a proporcionar a la ACER un «listado de sus transacciones» relativas a los productos energéticos al por mayor. Además del listado de transacciones, los agentes que participan en el mercado también estarán obligados a proporcionar a la ACER información relacionada con la «capacidad de las instalaciones de producción, almacenamiento, consumo o transporte de electricidad o gas natural».

| 11. | La forma y el contenido de la comunicación, así como el calendario para su presentación, serán precisados en los actos delegados de la Comisión. |
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11.

La forma y el contenido de la comunicación, así como el calendario para su presentación, serán precisados en los actos delegados de la Comisión.

Comentarios y recomendaciones del SEPD

| 12. | Considerando que la propuesta confía en los actos delegados la misión de definir el contenido de las informaciones que habrán de recopilarse en el marco de este ejercicio de control y de comunicación, no cabe excluir la posibilidad de que dicha comunicación implique los datos personales, es decir toda información sobre una persona física identificada o identificable (8): lo que, en virtud de la legislación comunitaria en vigor, solo estará permitido en los casos necesarios y cuando no resulte desproporcionado para el fin específico que se persiga (9). En consecuencia, el Reglamento deberá especificar claramente si los registros que a efectos de control deban llevarse de transacciones efectuadas y capacidades acumuladas podrán incluir los datos personales (10). |
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12.

Considerando que la propuesta confía en los actos delegados la misión de definir el contenido de las informaciones que habrán de recopilarse en el marco de este ejercicio de control y de comunicación, no cabe excluir la posibilidad de que dicha comunicación implique los datos personales, es decir toda información sobre una persona física identificada o identificable (8): lo que, en virtud de la legislación comunitaria en vigor, solo estará permitido en los casos necesarios y cuando no resulte desproporcionado para el fin específico que se persiga (9). En consecuencia, el Reglamento deberá especificar claramente si los registros que a efectos de control deban llevarse de transacciones efectuadas y capacidades acumuladas podrán incluir los datos personales (10).

| 13. | Si está previsto el tratamiento de datos de carácter personal, podrán exigirse salvaguardias específicas, por ejemplo en lo que se refiere a los usos autorizados, el período de conservación y la naturaleza de los posibles destinatarios. Teniendo en cuenta su carácter esencial, estas salvaguardias de protección de datos deberán quedar directamente definidas en el texto del Reglamento propuesto y no en actos delegados. |
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13.

Si está previsto el tratamiento de datos de carácter personal, podrán exigirse salvaguardias específicas, por ejemplo en lo que se refiere a los usos autorizados, el período de conservación y la naturaleza de los posibles destinatarios. Teniendo en cuenta su carácter esencial, estas salvaguardias de protección de datos deberán quedar directamente definidas en el texto del Reglamento propuesto y no en actos delegados.

| 14. | Si, por el contrario, no está previsto el tratamiento de datos personales (o si dicho tratamiento no se produjera sino a título excepcional y se limitara a ocasiones excepcionales, en las que quien comercializase al por mayor la energía fuese una persona física y no una persona jurídica), esto deberá quedar claramente establecido en la propuesta, o al menos en un considerando. |
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14.

Si, por el contrario, no está previsto el tratamiento de datos personales (o si dicho tratamiento no se produjera sino a título excepcional y se limitara a ocasiones excepcionales, en las que quien comercializase al por mayor la energía fuese una persona física y no una persona jurídica), esto deberá quedar claramente establecido en la propuesta, o al menos en un considerando.

II.2.   Protección de datos y fiabilidad operativa (artículo 9)

Disposiciones pertinentes

| 15. | El artículo 9, apartado 1, exige a la ACER que «garantice la confidencialidad, la integridad y la protección de la información recibida en virtud del artículo 7» (es decir, los registros de transacciones efectuadas y la información sobre capacidad acumulada y recopilada en el marco del ejercicio de control del mercado). El artículo 9 establece asimismo que, «si procede», la ACER «cumplirá» lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 45/2001 cuando proceda al tratamiento de datos personales en virtud del artículo 7. |
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15.

El artículo 9, apartado 1, exige a la ACER que «garantice la confidencialidad, la integridad y la protección de la información recibida en virtud del artículo 7» (es decir, los registros de transacciones efectuadas y la información sobre capacidad acumulada y recopilada en el marco del ejercicio de control del mercado). El artículo 9 establece asimismo que, «si procede», la ACER «cumplirá» lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 45/2001 cuando proceda al tratamiento de datos personales en virtud del artículo 7.

| 16. | Además, el artículo 9, apartado 1, establece que la ACER «determinará las fuentes de riesgo operativo y las reducirá al mínimo mediante el desarrollo de sistemas, controles y procedimientos adecuados». |
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16.

Además, el artículo 9, apartado 1, establece que la ACER «determinará las fuentes de riesgo operativo y las reducirá al mínimo mediante el desarrollo de sistemas, controles y procedimientos adecuados».

| 17. | Por último, el artículo 9, apartado 2, permite a la ACER publicar parte de la información que posea, «siempre que no se divulgue información comercial sensible sobre otros participantes en el mercado concreto o transacciones específicas.». |
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17.

Por último, el artículo 9, apartado 2, permite a la ACER publicar parte de la información que posea, «siempre que no se divulgue información comercial sensible sobre otros participantes en el mercado concreto o transacciones específicas.».

Comentarios y recomendaciones del SEPD

| 18. | El SEPD acoge con satisfacción el hecho de que el artículo 9 esté consagrado, en parte, a la protección de datos y de que el Reglamento propuesto obligue específicamente a la ACER a cumplir el Reglamento (CE) no 45/2001. |
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18.

El SEPD acoge con satisfacción el hecho de que el artículo 9 esté consagrado, en parte, a la protección de datos y de que el Reglamento propuesto obligue específicamente a la ACER a cumplir el Reglamento (CE) no 45/2001.

a)   Aplicabilidad del Reglamento (CE) no 45/2001 y de la Directiva 95/46/CE

| 19. | Constatado esto, el SEPD subraya el hecho de que, en virtud del presente reglamento, la Agencia está sometida al Reglamento (CE) no 45/2001 en su totalidad cada vez que proceda al tratamiento de datos personales. Por lo tanto, la propuesta debería mencionar que el Reglamento (CE) no 45/2001 será aplicable a la ACER no solo cuando proceda al tratamiento de los datos con arreglo al artículo 7 sino también en cualquier otro tipo de circunstancias: fundamentalmente, en aquellas situaciones no menos importantes en las que la ACER trate datos personales relativos a abusos del mercado o a presuntas infracciones en virtud del artículo 11. Además, para ser más precisos, el SEPD recomienda sustituir la expresión «si procede», para describir las situaciones que obligan a la ACER a cumplir el Reglamento (CE) no 45/2001, por la formulación «siempre que se traten datos personales». |
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19.

Constatado esto, el SEPD subraya el hecho de que, en virtud del presente reglamento, la Agencia está sometida al Reglamento (CE) no 45/2001 en su totalidad cada vez que proceda al tratamiento de datos personales. Por lo tanto, la propuesta debería mencionar que el Reglamento (CE) no 45/2001 será aplicable a la ACER no solo cuando proceda al tratamiento de los datos con arreglo al artículo 7 sino también en cualquier otro tipo de circunstancias: fundamentalmente, en aquellas situaciones no menos importantes en las que la ACER trate datos personales relativos a abusos del mercado o a presuntas infracciones en virtud del artículo 11. Además, para ser más precisos, el SEPD recomienda sustituir la expresión «si procede», para describir las situaciones que obligan a la ACER a cumplir el Reglamento (CE) no 45/2001, por la formulación «siempre que se traten datos personales».

| 20. | También debería hacerse mención a la Directiva 95/46/CE, en la medida en que esta Directiva es aplicable al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades reguladoras nacionales pertinentes. De hecho, en aras a la claridad, el SEPD recomienda que el Reglamento propuesto indique, de manera general (al menos en un considerando), que, si bien la ACER está sujeta a lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 45/2001, la Directiva 95/46/CE será aplicable a las autoridades reguladoras nacionales afectadas. |
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20.

También debería hacerse mención a la Directiva 95/46/CE, en la medida en que esta Directiva es aplicable al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades reguladoras nacionales pertinentes. De hecho, en aras a la claridad, el SEPD recomienda que el Reglamento propuesto indique, de manera general (al menos en un considerando), que, si bien la ACER está sujeta a lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 45/2001, la Directiva 95/46/CE será aplicable a las autoridades reguladoras nacionales afectadas.

b)   Responsabilidad

| 21. | El SEPD ve con agrado el requisito que obliga a la ACER a determinar y reducir al mínimo los riesgos operativos mediante la instauración de sistemas, medios de control y procedimientos adecuados. Para consolidar aún más el principio de rendición de cuentas (11), si lo que se ha previsto es que el tratamiento de datos personales juegue un papel estructural, el Reglamento propuesto habrá de exigir específicamente que la ACER defina un marco claro de responsabilidades con objeto de velar por el cumplimiento de la protección de datos y que aporte las pruebas de que así es. Este marco claramente definido por la ACER deberá comportar una serie de elementos, como por ejemplo:






  — | adoptar y actualizar, en su caso, una política de protección de datos sobre la base de una evaluación de impacto (que incluya igualmente una evaluación del riesgo en materia de seguridad). Esta política de protección de datos deberá incluir asimismo un plan de seguridad, |
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21.

El SEPD ve con agrado el requisito que obliga a la ACER a determinar y reducir al mínimo los riesgos operativos mediante la instauración de sistemas, medios de control y procedimientos adecuados. Para consolidar aún más el principio de rendición de cuentas (11), si lo que se ha previsto es que el tratamiento de datos personales juegue un papel estructural, el Reglamento propuesto habrá de exigir específicamente que la ACER defina un marco claro de responsabilidades con objeto de velar por el cumplimiento de la protección de datos y que aporte las pruebas de que así es. Este marco claramente definido por la ACER deberá comportar una serie de elementos, como por ejemplo:

—

adoptar y actualizar, en su caso, una política de protección de datos sobre la base de una evaluación de impacto (que incluya igualmente una evaluación del riesgo en materia de seguridad). Esta política de protección de datos deberá incluir asimismo un plan de seguridad,

| — | realizar auditorías periódicas con el fin de evaluar la adecuación y el respeto de la política de protección de datos (incluida una auditoría del plan de seguridad), |
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—

realizar auditorías periódicas con el fin de evaluar la adecuación y el respeto de la política de protección de datos (incluida una auditoría del plan de seguridad),

| — | publicar (al menos parcialmente) los resultados de dichas auditorías con el fin de garantizar a las partes interesadas el cumplimiento de la legislación sobre protección de datos, y |
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publicar (al menos parcialmente) los resultados de dichas auditorías con el fin de garantizar a las partes interesadas el cumplimiento de la legislación sobre protección de datos, y

| — | notificar al RPD de la Comisión, a los particulares afectados y, en su caso, a otras partes interesadas y autoridades las violaciones de datos y otros incidentes que afecten a la seguridad (12). |
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notificar al RPD de la Comisión, a los particulares afectados y, en su caso, a otras partes interesadas y autoridades las violaciones de datos y otros incidentes que afecten a la seguridad (12).

| 22. | Deberán aplicarse requisitos equivalentes a las autoridades reguladoras nacionales y a otras autoridades comunitarias afectadas. |
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22.

Deberán aplicarse requisitos equivalentes a las autoridades reguladoras nacionales y a otras autoridades comunitarias afectadas.

c)   Publicación de la información por parte de la ACER

| 23. | En relación con el requisito contemplado en el artículo 9, apartado 2, en el sentido de que la ACER debe publicar parte de la información que obre en su poder, el SEPD entiende que esta disposición tiene por objeto no autorizar a la ACER a publicar datos con fines de «estigmatización» y divulgar las infracciones cometidas por empresas o personas físicas. |
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23.

En relación con el requisito contemplado en el artículo 9, apartado 2, en el sentido de que la ACER debe publicar parte de la información que obre en su poder, el SEPD entiende que esta disposición tiene por objeto no autorizar a la ACER a publicar datos con fines de «estigmatización» y divulgar las infracciones cometidas por empresas o personas físicas.

| 24. | Dicho lo anterior, la propuesta no se pronuncia sobre si existe intención de divulgar públicamente algún tipo de dato personal. Por ello, y con el fin de despejar todo malentendido, el Reglamento propuesto deberá o bien estipular claramente que la información publicada no podrá incluir datos personales de ningún tipo o aclarar, en su caso, los datos personales que puedan divulgarse. |
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24.

Dicho lo anterior, la propuesta no se pronuncia sobre si existe intención de divulgar públicamente algún tipo de dato personal. Por ello, y con el fin de despejar todo malentendido, el Reglamento propuesto deberá o bien estipular claramente que la información publicada no podrá incluir datos personales de ningún tipo o aclarar, en su caso, los datos personales que puedan divulgarse.

| 25. | Si debieran publicarse datos personales, la necesidad de divulgarlos (por ejemplo, por motivos de transparencia) deberá ser examinada y ponderada cuidadosamente, teniendo en cuenta otros imperativos concurrentes, como la necesidad de proteger el derecho a la intimidad y a la protección de los datos personales de las personas físicas afectadas. |
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25.

Si debieran publicarse datos personales, la necesidad de divulgarlos (por ejemplo, por motivos de transparencia) deberá ser examinada y ponderada cuidadosamente, teniendo en cuenta otros imperativos concurrentes, como la necesidad de proteger el derecho a la intimidad y a la protección de los datos personales de las personas físicas afectadas.

| 26. | En consecuencia, toda divulgación deberá ir precedida de una evaluación de proporcionalidad, que tenga en cuenta los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia Europeo en el asunto Schecke
   (13). En este caso, el TJE subrayó que las excepciones y las limitaciones relativas a la protección de datos personales deben aplicarse únicamente en la medida en que sea estrictamente necesario. El TJE consideró igualmente que las instituciones deben explorar diferentes vías de publicación a fin de encontrar aquellas que fueran coherentes con el objetivo perseguido por una publicación de esta naturaleza y, a la vez, resulten menos lesivas para el derecho de los beneficiarios al respeto a la vida privada, en general, y a la protección de los datos de carácter personal, en particular. |
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26.

En consecuencia, toda divulgación deberá ir precedida de una evaluación de proporcionalidad, que tenga en cuenta los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia Europeo en el asunto Schecke
   (13). En este caso, el TJE subrayó que las excepciones y las limitaciones relativas a la protección de datos personales deben aplicarse únicamente en la medida en que sea estrictamente necesario. El TJE consideró igualmente que las instituciones deben explorar diferentes vías de publicación a fin de encontrar aquellas que fueran coherentes con el objetivo perseguido por una publicación de esta naturaleza y, a la vez, resulten menos lesivas para el derecho de los beneficiarios al respeto a la vida privada, en general, y a la protección de los datos de carácter personal, en particular.

II.3.   Poderes de investigación (artículo 10)

Disposiciones pertinentes

| 27. | La propuesta prevé que el control del mercado vaya seguido de una investigación cuando se sospeche de un abuso de mercado y ello pueda conducir a la aplicación de las sanciones adecuadas. El artículo 10, apartado 1, en particular, exige a los Estados miembros que otorguen a las autoridades reguladoras nacionales los poderes necesarios para garantizar que se aplican las disposiciones del Reglamento relativas a la información privilegiada y la manipulación del mercado (14). |
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27.

La propuesta prevé que el control del mercado vaya seguido de una investigación cuando se sospeche de un abuso de mercado y ello pueda conducir a la aplicación de las sanciones adecuadas. El artículo 10, apartado 1, en particular, exige a los Estados miembros que otorguen a las autoridades reguladoras nacionales los poderes necesarios para garantizar que se aplican las disposiciones del Reglamento relativas a la información privilegiada y la manipulación del mercado (14).

Comentarios y recomendaciones del SEPD

| 28. | El SEPD acoge con satisfacción las precisiones contempladas en el artículo 10, apartado 1, en el sentido de que (i) los poderes de investigación se ejercerán (únicamente) para garantizar que se apliquen las disposiciones del Reglamento relativas a la información privilegiada y a la manipulación del mercado (artículos 3 y 4), y que (ii) estos poderes se ejercerán de forma proporcionada. |
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28.

El SEPD acoge con satisfacción las precisiones contempladas en el artículo 10, apartado 1, en el sentido de que (i) los poderes de investigación se ejercerán (únicamente) para garantizar que se apliquen las disposiciones del Reglamento relativas a la información privilegiada y a la manipulación del mercado (artículos 3 y 4), y que (ii) estos poderes se ejercerán de forma proporcionada.

| 29. | Dicho lo anterior, la propuesta debería dar un paso más allá y garantizar la seguridad jurídica y un nivel adecuado de protección de los datos de carácter personal. Como se explicará a continuación, el texto del artículo 10 comporta dos problemas principales en los términos en los que ha sido propuesto. En primer lugar, el artículo 10 no especifica con la suficiente claridad el ámbito de aplicación de los poderes de investigación; por ejemplo, no queda claro si podrán requerirse los registros de datos telefónicos privados ni si podrá realizarse una inspección in situ en un domicilio particular. En segundo lugar, el artículo 10 no prevé tampoco las garantías procesales necesarias contra el riesgo de invasión injustificada de la intimidad o el uso indebido de los datos de carácter personal; por ejemplo, no exige un mandato judicial. |
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29.

Dicho lo anterior, la propuesta debería dar un paso más allá y garantizar la seguridad jurídica y un nivel adecuado de protección de los datos de carácter personal. Como se explicará a continuación, el texto del artículo 10 comporta dos problemas principales en los términos en los que ha sido propuesto. En primer lugar, el artículo 10 no especifica con la suficiente claridad el ámbito de aplicación de los poderes de investigación; por ejemplo, no queda claro si podrán requerirse los registros de datos telefónicos privados ni si podrá realizarse una inspección in situ en un domicilio particular. En segundo lugar, el artículo 10 no prevé tampoco las garantías procesales necesarias contra el riesgo de invasión injustificada de la intimidad o el uso indebido de los datos de carácter personal; por ejemplo, no exige un mandato judicial.

| 30. | Tanto la determinación del ámbito de aplicación de los poderes de investigación como de las garantías necesarias queda verosímilmente en manos de la legislación nacional. De hecho, el artículo 10, apartado 1, deja abiertas múltiples opciones a los Estados miembros al establecer que los poderes de investigación «podrán ejercerse (a) directamente, (b) en colaboración con otras autoridades u organismos de los mercados, o (c) mediante solicitud a las autoridades judiciales competentes». Esto parece refrendar la posibilidad de prácticas nacionales divergentes, por ejemplo, respecto de si se exigirá una orden de una autoridad judicial y en qué circunstancias. |
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30.

Tanto la determinación del ámbito de aplicación de los poderes de investigación como de las garantías necesarias queda verosímilmente en manos de la legislación nacional. De hecho, el artículo 10, apartado 1, deja abiertas múltiples opciones a los Estados miembros al establecer que los poderes de investigación «podrán ejercerse (a) directamente, (b) en colaboración con otras autoridades u organismos de los mercados, o (c) mediante solicitud a las autoridades judiciales competentes». Esto parece refrendar la posibilidad de prácticas nacionales divergentes, por ejemplo, respecto de si se exigirá una orden de una autoridad judicial y en qué circunstancias.

| 31. | Aunque las legislaciones nacionales pueden ya establecer garantías de protección de datos adecuadas, con el fin de asegurar la seguridad jurídica a los interesados, deben hacerse determinadas aclaraciones y establecerse ciertos requisitos mínimos a nivel europeo en relación con las garantías procesales y de protección de datos en el Reglamento propuesto, tal como se debatirá a continuación. |
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31.

Aunque las legislaciones nacionales pueden ya establecer garantías de protección de datos adecuadas, con el fin de asegurar la seguridad jurídica a los interesados, deben hacerse determinadas aclaraciones y establecerse ciertos requisitos mínimos a nivel europeo en relación con las garantías procesales y de protección de datos en el Reglamento propuesto, tal como se debatirá a continuación.

| 32. | Como principio general, el SEPD destaca que, cuando la legislación europea exija a los Estados miembros adoptar medidas a escala nacional que afecten a los derechos fundamentales (tales como los derechos a la intimidad y a la protección de datos personales), la legislación deberá asimismo exigir que se adopten junto a las medidas restrictivas, medidas efectivas que garanticen la protección de los derechos fundamentales en cuestión. En otras palabras, la armonización de medidas potencialmente intrusivas, como los poderes de investigación, deberá ir acompañada de la armonización de las garantías procesales y las relativas a la protección de datos fundadas en las mejores prácticas. |
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32.

Como principio general, el SEPD destaca que, cuando la legislación europea exija a los Estados miembros adoptar medidas a escala nacional que afecten a los derechos fundamentales (tales como los derechos a la intimidad y a la protección de datos personales), la legislación deberá asimismo exigir que se adopten junto a las medidas restrictivas, medidas efectivas que garanticen la protección de los derechos fundamentales en cuestión. En otras palabras, la armonización de medidas potencialmente intrusivas, como los poderes de investigación, deberá ir acompañada de la armonización de las garantías procesales y las relativas a la protección de datos fundadas en las mejores prácticas.

| 33. | Tal enfoque podría contribuir a evitar que las disparidades entre los diversos países fueran demasiado grandes a escala nacional y a garantizar un nivel mayor y más uniforme de protección de los datos personales en toda la Unión Europea. |
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33.

Tal enfoque podría contribuir a evitar que las disparidades entre los diversos países fueran demasiado grandes a escala nacional y a garantizar un nivel mayor y más uniforme de protección de los datos personales en toda la Unión Europea.

| 34. | Si no fuera factible la armonización de las garantías mínimas en esta fase, el SEPD recomienda, como mínimo, que el Reglamento propuesto exija específicamente a los Estados miembros que adopten medidas de transposición nacionales que aseguren las necesarias garantías procesales y de protección de datos. Esto es lo más importante ya que el tipo de acto jurídico elegido es la figura de un Reglamento, que es directamente aplicable y que, por norma general, no precisará sistemáticamente medidas de transposición suplementarias a nivel de los Estados miembros. |
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34.

Si no fuera factible la armonización de las garantías mínimas en esta fase, el SEPD recomienda, como mínimo, que el Reglamento propuesto exija específicamente a los Estados miembros que adopten medidas de transposición nacionales que aseguren las necesarias garantías procesales y de protección de datos. Esto es lo más importante ya que el tipo de acto jurídico elegido es la figura de un Reglamento, que es directamente aplicable y que, por norma general, no precisará sistemáticamente medidas de transposición suplementarias a nivel de los Estados miembros.

II.4.   Inspecciones in situ [artículo 10, apartado 2, letra c)]

Disposiciones pertinentes

| 35. | La propuesta exige que los poderes de investigación que deban conferirse a las autoridades reguladoras nacionales incluyan específicamente el derecho a de realizar inspecciones in situ [artículo 10, apartado 2, letra c)]. |
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35.

La propuesta exige que los poderes de investigación que deban conferirse a las autoridades reguladoras nacionales incluyan específicamente el derecho a de realizar inspecciones in situ [artículo 10, apartado 2, letra c)].

Comentarios y recomendaciones del SEPD

| 36. | No queda claro si estas inspecciones se limitarán a las propiedades comerciales (instalaciones, terrenos y vehículos) de un agente que participa en el mercado o si también podrán llevarse a cabo en propiedades privadas (instalaciones, terrenos y vehículos) de personas físicas. Se ignora también si las inspecciones podrán llevarse a cabo sin previo aviso («visitas no anunciadas»). |
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36.

No queda claro si estas inspecciones se limitarán a las propiedades comerciales (instalaciones, terrenos y vehículos) de un agente que participa en el mercado o si también podrán llevarse a cabo en propiedades privadas (instalaciones, terrenos y vehículos) de personas físicas. Se ignora también si las inspecciones podrán llevarse a cabo sin previo aviso («visitas no anunciadas»).

| 37. | Si la Comisión prevé exigir a los Estados miembros que autoricen a las autoridades reguladoras la realización de inspecciones in situ de las propiedades particulares de personas físicas, o realizar visitas no anunciadas, esto deberá, antes que nada, quedar claramente especificado. |
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37.

Si la Comisión prevé exigir a los Estados miembros que autoricen a las autoridades reguladoras la realización de inspecciones in situ de las propiedades particulares de personas físicas, o realizar visitas no anunciadas, esto deberá, antes que nada, quedar claramente especificado.

| 38. | En segundo lugar, el SEPD también destaca que la proporcionalidad de las inspecciones in situ en una propiedad particular (como los domicilios particulares de personas físicas) está lejos de ser obvia y que, en caso de estar prevista, deberá estar específicamente justificada. |
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38.

En segundo lugar, el SEPD también destaca que la proporcionalidad de las inspecciones in situ en una propiedad particular (como los domicilios particulares de personas físicas) está lejos de ser obvia y que, en caso de estar prevista, deberá estar específicamente justificada.

| 39. | En tercer lugar, en este caso también serán necesarias garantías adicionales, en especial relacionadas con las condiciones en que se llevarán a cabo dichas inspecciones. Por ejemplo, a título de ejemplo, la propuesta debería especificar que una inspección in situ únicamente puede realizarse en el domicilio de una persona física si existe una sospecha razonable y específica de que se guardan pruebas en el mismo, que sean pertinentes para demostrar una grave vulneración de lo dispuesto en los artículos 3 y 4 del Reglamento (es decir, las disposiciones relativas a la prohibición de información privilegiada y de manipulación del mercado). Es importante que la propuesta exija asimismo una orden judicial en todos los Estados miembros (15). |
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39.

En tercer lugar, en este caso también serán necesarias garantías adicionales, en especial relacionadas con las condiciones en que se llevarán a cabo dichas inspecciones. Por ejemplo, a título de ejemplo, la propuesta debería especificar que una inspección in situ únicamente puede realizarse en el domicilio de una persona física si existe una sospecha razonable y específica de que se guardan pruebas en el mismo, que sean pertinentes para demostrar una grave vulneración de lo dispuesto en los artículos 3 y 4 del Reglamento (es decir, las disposiciones relativas a la prohibición de información privilegiada y de manipulación del mercado). Es importante que la propuesta exija asimismo una orden judicial en todos los Estados miembros (15).

| 40. | En cuarto lugar, para garantizar la proporcionalidad y evitar una injerencia excesiva en la vida privada, las inspecciones sin previo aviso en los domicilios particulares deberán estar sujetas a una condición adicional de que, si se tratara de una visita previamente anunciada, podrían destruirse o manipularse las pruebas. Esto debería quedar claramente estipulado en el Reglamento propuesto. |
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40.

En cuarto lugar, para garantizar la proporcionalidad y evitar una injerencia excesiva en la vida privada, las inspecciones sin previo aviso en los domicilios particulares deberán estar sujetas a una condición adicional de que, si se tratara de una visita previamente anunciada, podrían destruirse o manipularse las pruebas. Esto debería quedar claramente estipulado en el Reglamento propuesto.

II.5.   Poderes para solicitar «registros existentes sobre tráfico de datos y sobre datos telefónicos» [artículo 10, apartado 2, letra d)]

Disposiciones pertinentes

| 41. | El artículo 10, apartado 2, letra d), obliga a que las competencias de las autoridades reguladoras nacionales incluyan específicamente el derecho a «solicitar registros existentes sobre tráfico de datos y sobre datos telefónicos». |
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41.

El artículo 10, apartado 2, letra d), obliga a que las competencias de las autoridades reguladoras nacionales incluyan específicamente el derecho a «solicitar registros existentes sobre tráfico de datos y sobre datos telefónicos».

Comentarios y recomendaciones del SEPD

| 42. | El SEPD reconoce la importancia que revisten los registros sobre tráfico de datos y sobre datos telefónicos en los casos de información privilegiada, en particular, con el fin de establecer un vínculo entre aquellos particulares que disponen de información privilegiada y los operadores. Dicho lo anterior, no se precisa suficientemente el ámbito de aplicación de este derecho ni se especifican tampoco garantías procesales y de protección de datos adecuadas. Por tanto, el SEPD recomienda clarificar la propuesta en los términos que se indican a continuación. En particular, deben aclararse las siguientes cuestiones: |
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42.

El SEPD reconoce la importancia que revisten los registros sobre tráfico de datos y sobre datos telefónicos en los casos de información privilegiada, en particular, con el fin de establecer un vínculo entre aquellos particulares que disponen de información privilegiada y los operadores. Dicho lo anterior, no se precisa suficientemente el ámbito de aplicación de este derecho ni se especifican tampoco garantías procesales y de protección de datos adecuadas. Por tanto, el SEPD recomienda clarificar la propuesta en los términos que se indican a continuación. En particular, deben aclararse las siguientes cuestiones:

a)   ¿Qué tipo de registros sobre tráfico de datos y sobre datos telefónicos podrán exigirse?

| 43. | En aras a la seguridad jurídica, la propuesta debería clarificar, antes que nada, los tipos de registros que, en su caso, podrán solicitar las autoridades. |
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43.

En aras a la seguridad jurídica, la propuesta debería clarificar, antes que nada, los tipos de registros que, en su caso, podrán solicitar las autoridades.

| 44. | La propuesta debería limitar de manera precisa el ámbito de aplicación de los poderes de investigación por lo que se refiere (i) al contenido de los registros de datos de tráfico, datos telefónicos y del correo electrónico que los operadores ya recopilan de manera rutinaria y legal por motivos comerciales para disponer de pruebas de las transacciones, y (ii) a los datos del tráfico (por ejemplo, quién ha realizado la llamada o ha enviado la información, a quién y cuándo) que ya están disponibles directamente de los agentes que participan en el mercado (operadores) afectados. |
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44.

La propuesta debería limitar de manera precisa el ámbito de aplicación de los poderes de investigación por lo que se refiere (i) al contenido de los registros de datos de tráfico, datos telefónicos y del correo electrónico que los operadores ya recopilan de manera rutinaria y legal por motivos comerciales para disponer de pruebas de las transacciones, y (ii) a los datos del tráfico (por ejemplo, quién ha realizado la llamada o ha enviado la información, a quién y cuándo) que ya están disponibles directamente de los agentes que participan en el mercado (operadores) afectados.

| 45. | Además, la propuesta deberá especificar asimismo que los registros deben recopilarse para un fin legítimo y conforme con la legislación aplicable en materia de protección de datos, incluso proporcionar información adecuada a los interesados con arreglo a lo dispuesto en los artículos 10 y 11 de la Directiva 95/46/CE. |
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45.

Además, la propuesta deberá especificar asimismo que los registros deben recopilarse para un fin legítimo y conforme con la legislación aplicable en materia de protección de datos, incluso proporcionar información adecuada a los interesados con arreglo a lo dispuesto en los artículos 10 y 11 de la Directiva 95/46/CE.

b)   ¿A qué hace referencia el adjetivo «existentes»?

| 46. | El SEPD se felicita de que la propuesta limite este poder a los registros «existentes» y, en consecuencia, no contemple un derecho de las autoridades reguladoras que obligue al operador o al tercero a interceptar, controlar, registrar el tráfico de datos y de datos telefónicos específicamente a efectos de la investigación. |
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46.

El SEPD se felicita de que la propuesta limite este poder a los registros «existentes» y, en consecuencia, no contemple un derecho de las autoridades reguladoras que obligue al operador o al tercero a interceptar, controlar, registrar el tráfico de datos y de datos telefónicos específicamente a efectos de la investigación.

| 47. | Sin embargo, con el fin de despejar cualquier duda, esta intención debería clarificarse, cuando menos, en un considerando. Habría de evitarse el dejar la menor posibilidad de que Reglamento propuesto se interprete como una base jurídica que habilita a las autoridades reguladoras nacionales a interceptar, control o registrar las comunicaciones telefónicas o de datos, ya sea abiertamente o no, con o sin mandato. |
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47.

Sin embargo, con el fin de despejar cualquier duda, esta intención debería clarificarse, cuando menos, en un considerando. Habría de evitarse el dejar la menor posibilidad de que Reglamento propuesto se interprete como una base jurídica que habilita a las autoridades reguladoras nacionales a interceptar, control o registrar las comunicaciones telefónicas o de datos, ya sea abiertamente o no, con o sin mandato.

c)   ¿Puede solicitarse el contenido del tráfico de datos tanto como el de las comunicaciones telefónicas o sólo los datos relativos al tráfico de datos?

| 48. | El texto de la propuesta hace referencia a los «registros existentes sobre tráfico de datos y sobre datos telefónicos». No queda lo suficientemente claro si podrán exigirse ambos contenidos de las comunicaciones telefónicas y de datos existentes o solo los datos del tráfico (por ejemplo, quién ha realizado la llamada o ha enviado la información, a quién y cuándo). |
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48.

El texto de la propuesta hace referencia a los «registros existentes sobre tráfico de datos y sobre datos telefónicos». No queda lo suficientemente claro si podrán exigirse ambos contenidos de las comunicaciones telefónicas y de datos existentes o solo los datos del tráfico (por ejemplo, quién ha realizado la llamada o ha enviado la información, a quién y cuándo).

| 49. | Las disposiciones del Reglamento propuesto deben aclarar más esta cuestión. Tal como se ha discutido en los puntos 43 a 45, debe especificarse claramente qué tipo de registros podrán solicitarse y deberá garantizarse que dichos registros se recopilen de conformidad con la legislación de protección de datos aplicable en primer lugar. |
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49.

Las disposiciones del Reglamento propuesto deben aclarar más esta cuestión. Tal como se ha discutido en los puntos 43 a 45, debe especificarse claramente qué tipo de registros podrán solicitarse y deberá garantizarse que dichos registros se recopilen de conformidad con la legislación de protección de datos aplicable en primer lugar.

d)   ¿Pueden solicitarse registros a los proveedores de servicios de Internet y a las empresas de telecomunicaciones?

| 50. | La propuesta debe especificar inequívocamente a qué entidades pueden solicitar registros las autoridades reguladoras nacionales. En este sentido, el SEPD considera que el artículo 10, apartado 2, letra d), no tiene por vocación permitir que las autoridades nacionales soliciten a los proveedores «servicios de comunicaciones electrónicas disponibles para el público» (16) (como las compañías telefónicas o los proveedores de acceso a Internet) o datos relativos al tráfico. |
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50.

La propuesta debe especificar inequívocamente a qué entidades pueden solicitar registros las autoridades reguladoras nacionales. En este sentido, el SEPD considera que el artículo 10, apartado 2, letra d), no tiene por vocación permitir que las autoridades nacionales soliciten a los proveedores «servicios de comunicaciones electrónicas disponibles para el público» (16) (como las compañías telefónicas o los proveedores de acceso a Internet) o datos relativos al tráfico.

| 51. | En efecto, la propuesta no hace ninguna alusión a tales proveedores y tampoco utiliza la expresión «datos de tráfico». Es importante señalar que tampoco se hace referencia, implícita ni explícitamente, al hecho de que se busque una excepción a los requisitos establecidos en la Directiva sobre privacidad (17), que establece el principio general de que los datos de tráfico solo podrán tratarse para fines de facturación y para los pagos por interconexión. |
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51.

En efecto, la propuesta no hace ninguna alusión a tales proveedores y tampoco utiliza la expresión «datos de tráfico». Es importante señalar que tampoco se hace referencia, implícita ni explícitamente, al hecho de que se busque una excepción a los requisitos establecidos en la Directiva sobre privacidad (17), que establece el principio general de que los datos de tráfico solo podrán tratarse para fines de facturación y para los pagos por interconexión.

| 52. | Para evitar todo malentendido, el SEPD recomienda mencionar explícitamente en el texto del reglamento propuesto, o al menos en un considerando, el hecho de que la propuesta no podrá constituir un fundamento jurídico que permita solicitar informaciones a los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas de acceso público. |
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52.

Para evitar todo malentendido, el SEPD recomienda mencionar explícitamente en el texto del reglamento propuesto, o al menos en un considerando, el hecho de que la propuesta no podrá constituir un fundamento jurídico que permita solicitar informaciones a los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas de acceso público.

e)   ¿Pueden solicitarse registros a terceros?

| 53. | Asimismo, la propuesta debe aclarar si las autoridades reguladoras nacionales sólo podrán solicitar registros de un agente en el mercado objeto de investigación o si también están facultadas para solicitar los registros de terceros (como una parte en una transacción efectuada por el agente que participa en el mercado y es objeto de investigación, o un hotel en el que se haya alojado una persona física sospechosa de tener información privilegiada). |
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53.

Asimismo, la propuesta debe aclarar si las autoridades reguladoras nacionales sólo podrán solicitar registros de un agente en el mercado objeto de investigación o si también están facultadas para solicitar los registros de terceros (como una parte en una transacción efectuada por el agente que participa en el mercado y es objeto de investigación, o un hotel en el que se haya alojado una persona física sospechosa de tener información privilegiada).

f)   ¿Pueden solicitarse registros privados?

| 54. | Por último, la propuesta también deberá indicar claramente si las autoridades estarán igualmente habilitadas para solicitar registros privados de particulares, como empleados o personal directivo del agente que participa en el mercado y es objeto de investigación (por ejemplo, mensajes de texto enviados desde dispositivos móviles personales o el historial de navegación en Internet guardado en su ordenador personal). |
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54.

Por último, la propuesta también deberá indicar claramente si las autoridades estarán igualmente habilitadas para solicitar registros privados de particulares, como empleados o personal directivo del agente que participa en el mercado y es objeto de investigación (por ejemplo, mensajes de texto enviados desde dispositivos móviles personales o el historial de navegación en Internet guardado en su ordenador personal).

| 55. | La proporcionalidad de la solicitud de registros privados es cuestionable y, de preverse tal eventualidad, deberá ser necesaria una justificación específica. |
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55.

La proporcionalidad de la solicitud de registros privados es cuestionable y, de preverse tal eventualidad, deberá ser necesaria una justificación específica.

| 56. | Como en el caso de las inspecciones in situ (véanse los apartado 35 a 40 precedentes), la propuesta debería exigir un mandato judicial así como otras garantías suplementarias específicas cuando las autoridades soliciten registros privados. |
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56.

Como en el caso de las inspecciones in situ (véanse los apartado 35 a 40 precedentes), la propuesta debería exigir un mandato judicial así como otras garantías suplementarias específicas cuando las autoridades soliciten registros privados.

II.6.   Comunicación de supuestos abusos del mercado (artículo 11): limitación a una finalidad específica y conservación de datos

Disposiciones pertinentes

| 57. | Por lo que se refiere a la cooperación transfronteriza, se confía a la Agencia el importante papel de alertar a las autoridades reguladoras nacionales sobre un posible abuso del mercado y de facilitar el intercambio de información. Para facilitar la cooperación, el artículo 11, apartado 2, también obliga específicamente a las autoridades reguladoras nacionales a informar a la ACER «de la manera más precisa posible» cuando tengan buenos motivos para sospechar de alguna infracción a lo dispuesto en el Reglamento propuesto. Para garantizar un enfoque coordinado, el artículo 11, apartado 3, exige igualmente el intercambio de información entre las autoridades reguladoras nacionales, las autoridades financieras competentes, la ACER, así como la Autoridad Europea de Valores y Mercados (la «AEVM») (18). |
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57.

Por lo que se refiere a la cooperación transfronteriza, se confía a la Agencia el importante papel de alertar a las autoridades reguladoras nacionales sobre un posible abuso del mercado y de facilitar el intercambio de información. Para facilitar la cooperación, el artículo 11, apartado 2, también obliga específicamente a las autoridades reguladoras nacionales a informar a la ACER «de la manera más precisa posible» cuando tengan buenos motivos para sospechar de alguna infracción a lo dispuesto en el Reglamento propuesto. Para garantizar un enfoque coordinado, el artículo 11, apartado 3, exige igualmente el intercambio de información entre las autoridades reguladoras nacionales, las autoridades financieras competentes, la ACER, así como la Autoridad Europea de Valores y Mercados (la «AEVM») (18).

Comentarios y recomendaciones del SEPD

| 58. | Conforme al principio de limitación a una finalidad específica (19), la propuesta deberá estipular explícitamente que los datos personales transmitidos sobre la base del artículo 11 del Reglamento propuesto (informes sobre supuestos abusos del mercado) solo podrán utilizarse con fines de investigación del supuesto abuso de mercado notificado. En ningún caso, la información se utilizará para fines incompatibles con dicha finalidad. |
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58.

Conforme al principio de limitación a una finalidad específica (19), la propuesta deberá estipular explícitamente que los datos personales transmitidos sobre la base del artículo 11 del Reglamento propuesto (informes sobre supuestos abusos del mercado) solo podrán utilizarse con fines de investigación del supuesto abuso de mercado notificado. En ningún caso, la información se utilizará para fines incompatibles con dicha finalidad.

| 59. | Los datos tampoco deben conservarse durante períodos prolongados, lo que aún será más pertinente en aquellos casos en los que pueda demostrarse que la sospecha inicial no tiene ningún fundamento. En estos casos, debe justificarse específicamente una conservación más prolongada (20). |
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59.

Los datos tampoco deben conservarse durante períodos prolongados, lo que aún será más pertinente en aquellos casos en los que pueda demostrarse que la sospecha inicial no tiene ningún fundamento. En estos casos, debe justificarse específicamente una conservación más prolongada (20).

| 60. | En este sentido, la propuesta debería fijar en primer lugar una duración máxima durante la cual la Agencia y otros destinatarios que hubieran recibido la información podrían conservar los datos, en lo relativo a los fines del almacenamiento de datos. Salvo en caso de que un supuesto abuso de mercado hubiese generado una investigación específica y dicha investigación estuviera todavía en curso, todos los datos de carácter personal relacionados con dicho abuso deberán ser eliminados de los registros de todos los destinatarios una vez concluido un plazo determinado. Salvo que estuviera justificado un período de conservación más prolongado, el SEPD considera que la supresión deberá llevarse a efecto, como máximo, dos años después de la fecha de notificación de la sospecha (21). |
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60.

En este sentido, la propuesta debería fijar en primer lugar una duración máxima durante la cual la Agencia y otros destinatarios que hubieran recibido la información podrían conservar los datos, en lo relativo a los fines del almacenamiento de datos. Salvo en caso de que un supuesto abuso de mercado hubiese generado una investigación específica y dicha investigación estuviera todavía en curso, todos los datos de carácter personal relacionados con dicho abuso deberán ser eliminados de los registros de todos los destinatarios una vez concluido un plazo determinado. Salvo que estuviera justificado un período de conservación más prolongado, el SEPD considera que la supresión deberá llevarse a efecto, como máximo, dos años después de la fecha de notificación de la sospecha (21).

| 61. | Si una sospecha se revelase infundada y/o se archivase una investigación sin adoptar ninguna acción ulterior, la propuesta deberá obligar a la autoridad reguladora en el origen de la notificación, a la ACER y a cualquier tercera parte que pudiera tener acceso a la información relativa a la sospecha de abuso del mercado, a que informen rápidamente a las partes con el fin de que puedan actualizar sus propios registros (y/o suprimir de sus registros la información relativa a la sospecha notificada con efecto inmediato o tras un período de conservación proporcionado, según el caso). (22) |
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61.

Si una sospecha se revelase infundada y/o se archivase una investigación sin adoptar ninguna acción ulterior, la propuesta deberá obligar a la autoridad reguladora en el origen de la notificación, a la ACER y a cualquier tercera parte que pudiera tener acceso a la información relativa a la sospecha de abuso del mercado, a que informen rápidamente a las partes con el fin de que puedan actualizar sus propios registros (y/o suprimir de sus registros la información relativa a la sospecha notificada con efecto inmediato o tras un período de conservación proporcionado, según el caso). (22)

| 62. | Estas disposiciones deberían ayudar a garantizar que, en los casos en que la sospecha no hubiera sido confirmada (o ni siquiera se hubiera investigado posteriormente), o cuando se hubiera demostrado que la sospecha carecía de fundamento, las personas físicas inocentes no deberán conservarse en una «lista negra» ni permanecer «bajo sospecha» durante un período excesivamente largo [véase el artículo 6, letra e), de la Directiva 95/46/CE y el correspondiente artículo 4, letra e), del Reglamento (CE) no 45/2001]. |
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62.

Estas disposiciones deberían ayudar a garantizar que, en los casos en que la sospecha no hubiera sido confirmada (o ni siquiera se hubiera investigado posteriormente), o cuando se hubiera demostrado que la sospecha carecía de fundamento, las personas físicas inocentes no deberán conservarse en una «lista negra» ni permanecer «bajo sospecha» durante un período excesivamente largo [véase el artículo 6, letra e), de la Directiva 95/46/CE y el correspondiente artículo 4, letra e), del Reglamento (CE) no 45/2001].

II.7.   Transmisiones de datos a terceros países (artículo 14)

Disposiciones pertinentes

| 63. | Los artículos 7, 8 y 11 del Reglamento propuesto establecen los intercambios de datos y de información entre la ACER, la AEVM y las autoridades de los Estados miembros. El artículo 14 («relaciones con terceros países») establece que la ACER «podrá celebrar acuerdos administrativos con organizaciones internacionales y con Administraciones de terceros países». Esto podrá conducir a la transferencia de datos personales desde la ACER, y posiblemente también desde la AEVM y/o las autoridades de los Estados miembros a organizaciones internacionales y autoridades de terceros países. |
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63.

Los artículos 7, 8 y 11 del Reglamento propuesto establecen los intercambios de datos y de información entre la ACER, la AEVM y las autoridades de los Estados miembros. El artículo 14 («relaciones con terceros países») establece que la ACER «podrá celebrar acuerdos administrativos con organizaciones internacionales y con Administraciones de terceros países». Esto podrá conducir a la transferencia de datos personales desde la ACER, y posiblemente también desde la AEVM y/o las autoridades de los Estados miembros a organizaciones internacionales y autoridades de terceros países.

Comentarios y recomendaciones del SEPD

| 64. | El SEPD recomienda que el artículo 14 de la propuesta precise claramente que las transmisiones de datos de carácter personal pueden efectuarse únicamente con arreglo a lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento (CE) no 45/2001 y los artículos 25 y 26 de la Directiva 95/46/CE. En particular, las transferencias internacionales podrán tener lugar únicamente si en el país tercero en cuestión se garantiza un nivel de protección adecuado, o si se trata de entidades o personas físicas de un país tercero que no ofrece una protección adecuada si el responsable del tratamiento alega las garantías adecuadas en relación con la protección de la privacidad y los derechos fundamentales, así como las libertades de las personas físicas y el ejercicio de los correspondientes derechos. |
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64.

El SEPD recomienda que el artículo 14 de la propuesta precise claramente que las transmisiones de datos de carácter personal pueden efectuarse únicamente con arreglo a lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento (CE) no 45/2001 y los artículos 25 y 26 de la Directiva 95/46/CE. En particular, las transferencias internacionales podrán tener lugar únicamente si en el país tercero en cuestión se garantiza un nivel de protección adecuado, o si se trata de entidades o personas físicas de un país tercero que no ofrece una protección adecuada si el responsable del tratamiento alega las garantías adecuadas en relación con la protección de la privacidad y los derechos fundamentales, así como las libertades de las personas físicas y el ejercicio de los correspondientes derechos.

| 65. | El SEPD destaca que las excepciones (tales como las que se mencionan en el artículo 9, apartado 6, del Reglamento (CE) no 45/2001 y el artículo 26, apartado 1, de la Directiva) no deben utilizarse, en principio, para justificar transferencias masivas, sistemáticas y/o estructurales de datos a terceros países. |
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65.

El SEPD destaca que las excepciones (tales como las que se mencionan en el artículo 9, apartado 6, del Reglamento (CE) no 45/2001 y el artículo 26, apartado 1, de la Directiva) no deben utilizarse, en principio, para justificar transferencias masivas, sistemáticas y/o estructurales de datos a terceros países.

II.8.   Control previo de las actividades de coordinación de la ACER en relación con las investigaciones

| 66. | Algunos de los datos compartidos entre la ACER, la AEVM y diversas autoridades en los Estados miembros respecto de las supuestas infracciones pueden incluir datos personales como la identidad de los supuestos autores o de otras personas físicas implicadas (por ejemplo, testigos, denunciantes, empleados u otras personas físicas que actúan en nombre de las empresas implicadas en la comercialización). |
| --- | --- |

66.

Algunos de los datos compartidos entre la ACER, la AEVM y diversas autoridades en los Estados miembros respecto de las supuestas infracciones pueden incluir datos personales como la identidad de los supuestos autores o de otras personas físicas implicadas (por ejemplo, testigos, denunciantes, empleados u otras personas físicas que actúan en nombre de las empresas implicadas en la comercialización).

| 67. | El artículo 27, apartado 1, del Reglamento (CE) no 45/2001 establece que «los tratamientos que puedan suponer riesgos específicos para los derechos y libertades de los interesados en razón de su naturaleza, alcance u objetivos estarán sujetos a control previo por parte del Supervisor Europeo de Protección de Datos». El artículo 27, apartado 2, confirma específicamente que «los tratamientos de datos relativos a “sospechas” e “infracciones”» presentan dichos riesgos y exigen un control previo. Considerando el papel previsto para la ACER en la coordinación de las investigaciones, parece probable que trate datos relativos a «sospechas» y, de este modo, sus actividades estarán sujetas a un control previo (23). |
| --- | --- |

67.

El artículo 27, apartado 1, del Reglamento (CE) no 45/2001 establece que «los tratamientos que puedan suponer riesgos específicos para los derechos y libertades de los interesados en razón de su naturaleza, alcance u objetivos estarán sujetos a control previo por parte del Supervisor Europeo de Protección de Datos». El artículo 27, apartado 2, confirma específicamente que «los tratamientos de datos relativos a “sospechas” e “infracciones”» presentan dichos riesgos y exigen un control previo. Considerando el papel previsto para la ACER en la coordinación de las investigaciones, parece probable que trate datos relativos a «sospechas» y, de este modo, sus actividades estarán sujetas a un control previo (23).

| 68. | En el marco de un procedimiento de control previo, el SEPD podrá proporcionar a la ACER otras directrices y recomendaciones específicas respecto del cumplimiento de las normas de protección de datos. El control previo de las actividades de la ACER podrá también aportar un valor añadido considerando el hecho de que el Reglamento (CE) no 713/2009, que establecía que la ACER no incluía ninguna referencia a la protección de datos personales, no se ha sometido a un dictamen legislativo del SEPD. |
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68.

En el marco de un procedimiento de control previo, el SEPD podrá proporcionar a la ACER otras directrices y recomendaciones específicas respecto del cumplimiento de las normas de protección de datos. El control previo de las actividades de la ACER podrá también aportar un valor añadido considerando el hecho de que el Reglamento (CE) no 713/2009, que establecía que la ACER no incluía ninguna referencia a la protección de datos personales, no se ha sometido a un dictamen legislativo del SEPD.

III.   CONCLUSIONES

| 69. | La propuesta debería clarificar si es posible el tratamiento de los datos de carácter personal en un contexto de supervisión del mercado y notificación y que garantías serán aplicables. Si, por el contrario, no está previsto tratamiento alguno de los datos de carácter personal (o si dicho tratamiento no se llevase a la práctica sino a título excepcional y limitado a aquellos casos infrecuentes en que el comercializador al por mayor de la energía fuera una persona física más que una persona jurídica), esto debería quedar establecido claramente en la propuesta, al menos en un considerando. |
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69.

La propuesta debería clarificar si es posible el tratamiento de los datos de carácter personal en un contexto de supervisión del mercado y notificación y que garantías serán aplicables. Si, por el contrario, no está previsto tratamiento alguno de los datos de carácter personal (o si dicho tratamiento no se llevase a la práctica sino a título excepcional y limitado a aquellos casos infrecuentes en que el comercializador al por mayor de la energía fuera una persona física más que una persona jurídica), esto debería quedar establecido claramente en la propuesta, al menos en un considerando.

| 70. | Las disposiciones relativas a la protección de datos, la seguridad de los datos y la responsabilidad deberán clarificarse y reforzarse, especialmente si el tratamiento de datos personales pudiera jugar un papel más estructural. La Comisión debe velar por la adopción de los controles adecuados que garanticen el cumplimiento de la protección de datos y acreditarlo mediante prueba («responsabilización»). |
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70.

Las disposiciones relativas a la protección de datos, la seguridad de los datos y la responsabilidad deberán clarificarse y reforzarse, especialmente si el tratamiento de datos personales pudiera jugar un papel más estructural. La Comisión debe velar por la adopción de los controles adecuados que garanticen el cumplimiento de la protección de datos y acreditarlo mediante prueba («responsabilización»).

| 71. | La propuesta debe precisar si las inspecciones in situ se limitarían a las instalaciones comerciales (locales y vehículos) del agente del mercado o si también se aplicarán a la propiedad particular (instalaciones o vehículos) de las personas físicas. En este último caso, la necesidad y la proporcionalidad de este poder debe justificarse claramente y deberá exigirse una orden judicial y otras garantías, lo cual deberá establecerse de manera explícita en el Reglamento propuesto. |
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71.

La propuesta debe precisar si las inspecciones in situ se limitarían a las instalaciones comerciales (locales y vehículos) del agente del mercado o si también se aplicarán a la propiedad particular (instalaciones o vehículos) de las personas físicas. En este último caso, la necesidad y la proporcionalidad de este poder debe justificarse claramente y deberá exigirse una orden judicial y otras garantías, lo cual deberá establecerse de manera explícita en el Reglamento propuesto.

| 72. | Debe aclararse el ámbito de aplicación del derecho de solicitar «registros telefónicos y sobre datos intercambiados». La propuesta debe especificar de manera inequívoca qué registros pueden solicitarse y ante quién. El hecho de que no puedan solicitarse datos de los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas de acceso público deberá ser mencionado explícitamente en el texto del Reglamento propuesto, al menos en un considerando. La propuesta también debe aclarar si las autoridades podrán asimismo solicitar registros privados de particulares, como empleados o personal ejecutivo de aquel agente en el mercado que sea objeto de investigación (por ejemplo, mensajes de texto enviados desde dispositivos móviles personales o historial de exploración del uso de Internet registrado en un ordenador personal). Si este es el caso, la necesidad y la proporcionalidad de este derecho deberán justificarse claramente, y la propuesta habrá de requerir igualmente de mandato judicial. |
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72.

Debe aclararse el ámbito de aplicación del derecho de solicitar «registros telefónicos y sobre datos intercambiados». La propuesta debe especificar de manera inequívoca qué registros pueden solicitarse y ante quién. El hecho de que no puedan solicitarse datos de los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas de acceso público deberá ser mencionado explícitamente en el texto del Reglamento propuesto, al menos en un considerando. La propuesta también debe aclarar si las autoridades podrán asimismo solicitar registros privados de particulares, como empleados o personal ejecutivo de aquel agente en el mercado que sea objeto de investigación (por ejemplo, mensajes de texto enviados desde dispositivos móviles personales o historial de exploración del uso de Internet registrado en un ordenador personal). Si este es el caso, la necesidad y la proporcionalidad de este derecho deberán justificarse claramente, y la propuesta habrá de requerir igualmente de mandato judicial.

| 73. | Por lo que se refiere a la notificación de un supuesto abuso del mercado, la propuesta deberá estipular explícitamente que los datos de carácter personal incluidos en estos informes se utilicen únicamente para los fines de investigación del supuesto abuso del mercado sobre el que se haya informado. Salvo que un supuesto abuso de mercado haya conducido a una investigación específica y dicha investigación esté todavía en curso (o si una sospecha se ha revelado plenamente fundada y ha conducido a una investigación fructuosa) todos los datos personales relacionados con dicho abuso deberán suprimirse de los registros de todos los destinatarios al cabo de un período de tiempo determinado (salvo excepción debidamente justificada, como máximo dos años después de la fecha en que haya se haya señalado la sospecha). Además, las partes en un intercambio de información deberán asimismo enviarse una información actualizada en caso de que la sospecha se demuestre infundada y/o se haya archivado una investigación sin ninguna otra ulterior. |
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73.

Por lo que se refiere a la notificación de un supuesto abuso del mercado, la propuesta deberá estipular explícitamente que los datos de carácter personal incluidos en estos informes se utilicen únicamente para los fines de investigación del supuesto abuso del mercado sobre el que se haya informado. Salvo que un supuesto abuso de mercado haya conducido a una investigación específica y dicha investigación esté todavía en curso (o si una sospecha se ha revelado plenamente fundada y ha conducido a una investigación fructuosa) todos los datos personales relacionados con dicho abuso deberán suprimirse de los registros de todos los destinatarios al cabo de un período de tiempo determinado (salvo excepción debidamente justificada, como máximo dos años después de la fecha en que haya se haya señalado la sospecha). Además, las partes en un intercambio de información deberán asimismo enviarse una información actualizada en caso de que la sospecha se demuestre infundada y/o se haya archivado una investigación sin ninguna otra ulterior.

| 74. | Por lo que se refiere a las transmisiones de datos personales a terceros países, la propuesta debe indicar claramente que, en principio, estas transmisiones podrán destinarse únicamente a entidades o personas físicas de un país tercero que no ofrece una protección adecuada si y solo si el responsable del tratamiento alega las garantías adecuadas en relación con la protección de la privacidad y los derechos fundamentales, así como con las libertades de las personas físicas y el ejercicio de los correspondientes derechos. |
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74.

Por lo que se refiere a las transmisiones de datos personales a terceros países, la propuesta debe indicar claramente que, en principio, estas transmisiones podrán destinarse únicamente a entidades o personas físicas de un país tercero que no ofrece una protección adecuada si y solo si el responsable del tratamiento alega las garantías adecuadas en relación con la protección de la privacidad y los derechos fundamentales, así como con las libertades de las personas físicas y el ejercicio de los correspondientes derechos.

| 75. | La ACER deberá presentar al SEPD para un control previo aquellas actividades de tratamiento de datos de carácter personal que se inscriban en el marco de la coordinación de las investigaciones con arreglo al artículo 11 del Reglamento propuesto. |
| --- | --- |

75.

La ACER deberá presentar al SEPD para un control previo aquellas actividades de tratamiento de datos de carácter personal que se inscriban en el marco de la coordinación de las investigaciones con arreglo al artículo 11 del Reglamento propuesto.

Hecho en Bruselas, el 21 de junio de 2011.

Giovanni BUTTARELLI

Asistente del Supervisor Europeo de Protección de Datos

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(1)  DO L 281 de 23.11.1995, p. 31 (en adelante, la «Directiva 95/46/CE»).

1

(2)  DO L 8 de 12.1.2001, p. 1 [en adelante, el «Reglamento (CE) no 45/2001»].

2

o

(3)  COM(2010) 726 final.

3

(4)  La ACER es un organismo de la Unión Europea creado en 2010. Su misión consiste en ayudar a las autoridades nacionales encargadas de la regulación de la energía en el ejercicio, a escala europea, de las funciones reguladoras desempeñadas por dichas autoridades en los Estados miembros y, de ser preciso, coordinar sus actuaciones.

4

(5)  Directiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, sobre las operaciones con información privilegiada y la manipulación del mercado (abuso del mercado), DO L 96 de 12.4.2003, p. 16.

5

(6)  Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los mercados de instrumentos financieros, por la que se modifican las Directivas 85/611/CEE y 93/6/CEE del Consejo y la Directiva 2000/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se deroga la Directiva 93/22/CEE del Consejo, DO L 145 de 30.4.2004, p. 1.

6

(7)  Para más información sobre el contexto más amplio de las propuestas legislativas relacionadas, véase el Dictamen del SEPD sobre una propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los derivados OTC, las contrapartes centrales y los registros de operaciones, emitido el 19 de abril de 2011; en particular los puntos 4, 5 y 17-20.

7

(8)  Véanse el artículo 2, letra a), de la Directiva 95/46/CE y el artículo 2, letra a), del Reglamento (CE) no 45/2001.

8

o

(9)  Véanse el artículo 6, apartado 1, letra c), y el artículo 7, letra c), de la Directiva 95/46/CE y el artículo 4, apartado 1, letra c), y el artículo 5, letra b), del Reglamento (CE) no 45/2001.

9

o

(10)  El artículo 9, apartado 1, de la propuesta — que hace referencia al Reglamento (CE) no 45/2001 — sugiere que esto podría darse aunque no ofrece más detalles. Sobre esta cuestión, véase el apartado II.2 del presente dictamen.

10

o

(11)  Véase el apartado 7 del Dictamen del SEPD sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones — «Un enfoque global de la protección de los datos personales en la Unión Europea», emitido el 14 de enero de 2011 (http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2011/11-01-14_Personal_Data_Protection_EN.pdf).

11

(12)  Véase el apartado 6.3 del Dictamen del SEPD de 14 de enero de 2011 mencionado anteriormente.

12

(13)  Sentencia del TJE de 9 de noviembre de 2010, asuntos acumulados C-92/09 y C-93/09 (Schecke y Eifert); véanse, en particular, los apartados 81, 65 y 86.

13

Schecke y Eifert

(14)  Es importante destacar que el Reglamento propuesto no otorga poderes de investigación similares a la ACER. Dichos poderes tampoco están previstos para la ACER en el Reglamento (CE) no 713/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por el que se crea la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía, DO L 211 de 14.8.2009, p. 1.

14

o

(15)  Véase, por ejemplo, la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Funke/Francia (asunto no 82/1991/334/407), de 25 de febrero 1993, apartados 55 a 57.

15

Funke/Francia

o

(16)  Véase el artículo 2, letra c), de la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas, DO L 108 de 24.4.2002, p. 33.

16

(17)  Véase el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas, DO L 201 de 31.7.2002, p. 37.

17

(18)  La AEVM es una autoridad europea independiente que contribuye a salvaguardar la estabilidad del sistema financiero de la Unión Europea garantizando la integridad, la transparencia, la eficiencia y el correcto funcionamiento de los mercados de valores, así como una mejor protección de los inversores.

18

(19)  Véanse el artículo 6, apartado 1, letra b), de la Directiva 95/46/CE y el artículo 4, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 45/2001.

19

o

(20)  A modo de ejemplo, el SEPD menciona en este contexto el fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el asunto S y Marper/Reino Unido (2008) (4 de diciembre de 2008) (Demandas no 30562/04 y 30566/04), según el cual la conservación de datos a largo plazo de personas no condenadas por un delito constituía una violación de su derecho a la intimidad, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

20

S y Marper/Reino Unido (2008)

o

(21)  Cuando se demuestra que una sospecha está bien fundada y conduce a una investigación finalizada con éxito, la propuesta deberá establecer un período de conservación específico — no excesivo — después del cierre de la investigación.

21

(22)  Esta información también deberá facilitarse a los interesados afectados.

22

(23)  Cabe destacar que el tratamiento de datos llevado a cabo por las autoridades nacionales podrá también estar sujeto a un control previo por parte de las autoridades de protección de datos nacionales o regionales en virtud de la legislación nacional de protección de datos adoptada con arreglo al artículo 20 de la Directiva 95/46/CE.

23

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II Comunicaciones

COMUNICACIONES PROCEDENTES DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

Comisión Europea

| 23.9.2011 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 279/28 |
| --- | --- | --- | --- |

23.9.2011

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 279/28

---

No oposición a una concentración notificada

(Asunto COMP/M.6349 — Motherson/Cross Industries/Peguform/Wethje)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

2011/C 279/04

El 16 de septiembre de 2011, la Comisión decidió no oponerse a la concentración notificada que se cita en el encabezamiento y declararla compatible con el mercado común. Esta decisión se basa en el artículo 6, apartado 1, letra b) del Reglamento (CE) no 139/2004 del Consejo. El texto íntegro de la decisión solo está disponible en inglés y se hará público una vez que se elimine cualquier secreto comercial que pueda contener. Estará disponible:

| — | en la sección de concentraciones del sitio web de competencia de la Comisión (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Este sitio web permite localizar las decisiones sobre concentraciones mediante criterios de búsqueda tales como el nombre de la empresa, el número de asunto, la fecha o el sector de actividad, |
| --- | --- |

—

en la sección de concentraciones del sitio web de competencia de la Comisión (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Este sitio web permite localizar las decisiones sobre concentraciones mediante criterios de búsqueda tales como el nombre de la empresa, el número de asunto, la fecha o el sector de actividad,

| — | en formato electrónico en el sitio web EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) con el número de documento 32011M6349. EUR-Lex da acceso al Derecho comunitario en línea. |
| --- | --- |

—

en formato electrónico en el sitio web EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) con el número de documento 32011M6349. EUR-Lex da acceso al Derecho comunitario en línea.

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| 23.9.2011 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 279/28 |
| --- | --- | --- | --- |

23.9.2011

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 279/28

---

No oposición a una concentración notificada

(Asunto COMP/M.6218 — Ineos/Tessenderlo Group S-PVC Assets)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

2011/C 279/05

El 26 de julio de 2011, la Comisión decidió no oponerse a la concentración notificada que se cita en el encabezamiento y declararla compatible con el mercado común. Esta decisión se basa en el artículo 6, apartado 1, letra b) del Reglamento (CE) no 139/2004 del Consejo. El texto íntegro de la decisión solo está disponible en inglés y se hará público una vez que se elimine cualquier secreto comercial que pueda contener. Estará disponible:

| — | en la sección de concentraciones del sitio web de competencia de la Comisión (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Este sitio web permite localizar las decisiones sobre concentraciones mediante criterios de búsqueda tales como el nombre de la empresa, el número de asunto, la fecha o el sector de actividad, |
| --- | --- |

—

en la sección de concentraciones del sitio web de competencia de la Comisión (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Este sitio web permite localizar las decisiones sobre concentraciones mediante criterios de búsqueda tales como el nombre de la empresa, el número de asunto, la fecha o el sector de actividad,

| — | en formato electrónico en el sitio web EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) con el número de documento 32011M6218. EUR-Lex da acceso al Derecho comunitario en línea. |
| --- | --- |

—

en formato electrónico en el sitio web EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) con el número de documento 32011M6218. EUR-Lex da acceso al Derecho comunitario en línea.

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IV Información

INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

Comisión Europea

| 23.9.2011 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 279/29 |
| --- | --- | --- | --- |

23.9.2011

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 279/29

---

Tipo de cambio del euro (1)

22 de septiembre de 2011

2011/C 279/06

1 euro =

| | Moneda | Tipo de cambio |
| --- | --- | --- |
| USD | dólar estadounidense | 1,3448 |
| JPY | yen japonés | 102,59 |
| DKK | corona danesa | 7,4458 |
| GBP | libra esterlina | 0,87325 |
| SEK | corona sueca | 9,2762 |
| CHF | franco suizo | 1,2275 |
| ISK | corona islandesa | |
| NOK | corona noruega | 7,8270 |
| BGN | lev búlgaro | 1,9558 |
| CZK | corona checa | 24,878 |
| HUF | forint húngaro | 293,06 |
| LTL | litas lituana | 3,4528 |
| LVL | lats letón | 0,7093 |
| PLN | zloty polaco | 4,4863 |
| RON | leu rumano | 4,3055 |
| TRY | lira turca | 2,4636 |
| AUD | dólar australiano | 1,3691 |
| CAD | dólar canadiense | 1,3894 |
| HKD | dólar de Hong Kong | 10,4904 |
| NZD | dólar neozelandés | 1,7185 |
| SGD | dólar de Singapur | 1,7547 |
| KRW | won de Corea del Sur | 1 605,66 |
| ZAR | rand sudafricano | 11,0754 |
| CNY | yuan renminbi | 8,6040 |
| HRK | kuna croata | 7,4845 |
| IDR | rupia indonesia | 12 246,50 |
| MYR | ringgit malayo | 4,2744 |
| PHP | peso filipino | 58,919 |
| RUB | rublo ruso | 43,2059 |
| THB | baht tailandés | 41,379 |
| BRL | real brasileño | 2,4887 |
| MXN | peso mexicano | 18,6738 |
| INR | rupia india | 66,6720 |

Moneda

Tipo de cambio

USD

dólar estadounidense

1,3448

JPY

yen japonés

102,59

DKK

corona danesa

7,4458

GBP

libra esterlina

0,87325

SEK

corona sueca

9,2762

CHF

franco suizo

1,2275

ISK

corona islandesa

NOK

corona noruega

7,8270

BGN

lev búlgaro

1,9558

CZK

corona checa

24,878

HUF

forint húngaro

293,06

LTL

litas lituana

3,4528

LVL

lats letón

0,7093

PLN

zloty polaco

4,4863

RON

leu rumano

4,3055

TRY

lira turca

2,4636

AUD

dólar australiano

1,3691

CAD

dólar canadiense

1,3894

HKD

dólar de Hong Kong

10,4904

NZD

dólar neozelandés

1,7185

SGD

dólar de Singapur

1,7547

KRW

won de Corea del Sur

1 605,66

ZAR

rand sudafricano

11,0754

CNY

yuan renminbi

8,6040

HRK

kuna croata

7,4845

IDR

rupia indonesia

12 246,50

MYR

ringgit malayo

4,2744

PHP

peso filipino

58,919

RUB

rublo ruso

43,2059

THB

baht tailandés

41,379

BRL

real brasileño

2,4887

MXN

peso mexicano

18,6738

INR

rupia india

66,6720

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(1)  Fuente: tipo de cambio de referencia publicado por el Banco Central Europeo.

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V Anuncios

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

Comisión Europea

| 23.9.2011 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 279/30 |
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23.9.2011

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 279/30

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MEDIA 2007 — DESARROLLO, DISTRIBUCIÓN, PROMOCIÓN Y FORMACIÓN

Convocatoria de propuestas — EACEA/21/11

Apoyo al desarrollo de proyectos de producción — Ficción, documentales de creación y animación — Proyectos individuales, paquetes de proyectos (Slate Funding) y paquetes de proyectos 2nd stage

2011/C 279/07

1.   Objetivos y descripción

El presente anuncio de convocatoria de propuestas se basa en la Decisión no 1718/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de noviembre de 2006, relativa a la aplicación de un programa de apoyo al sector audiovisual europeo (MEDIA 2007).

Uno de los objetivos del programa consiste en promover, mediante la adjudicación de ayuda financiera, el desarrollo de proyectos de producción destinados al mercado europeo e internacional y presentados por productoras europeas independientes dentro de los siguientes géneros: ficción, documental de creación y animación.

2.   Candidatos admisibles

La presente convocatoria de propuestas está dirigida a las sociedades europeas cuyas actividades contribuyan a la realización de los citados objetivos, en particular productoras independientes.

Los candidatos deberán estar establecidos en uno de los países siguientes:

| — | los 27 países de la Unión Europea, |
| --- | --- |

—

los 27 países de la Unión Europea,

| — | los países de la EEE, así como Suiza y Croacia. |
| --- | --- |

—

los países de la EEE, así como Suiza y Croacia.

3.   Actividades subvencionables

Se subvencionarán las actividades orientadas al desarrollo de las siguientes obras audiovisuales (proyectos únicos o series):

| — | proyectos de ficción con fines de explotación comercial y de duración no inferior a 50 minutos, |
| --- | --- |

—

proyectos de ficción con fines de explotación comercial y de duración no inferior a 50 minutos,

| — | documentales de creación con fines de explotación comercial y de duración no inferior a 25 minutos (duración por episodio en caso de series), |
| --- | --- |

—

documentales de creación con fines de explotación comercial y de duración no inferior a 25 minutos (duración por episodio en caso de series),

| — | proyectos de animación con fines de explotación comercial y de duración no inferior a 24 minutos. |
| --- | --- |

—

proyectos de animación con fines de explotación comercial y de duración no inferior a 24 minutos.

No se subvencionarán las actividades de desarrollo y producción relativas a obras que se inscriban en las siguientes categorías:

| — | grabaciones en directo, concursos televisivos, programas de entrevistas («talk shows»), «reality shows» o programas educativos, didácticos o de autoenseñanza («aprenda usted mismo»), |
| --- | --- |

—

grabaciones en directo, concursos televisivos, programas de entrevistas («talk shows»), «reality shows» o programas educativos, didácticos o de autoenseñanza («aprenda usted mismo»),

| — | documentales que fomenten el turismo, documentales sobre la realización de películas («making-of»), informes, reportajes sobre fauna, programas de información y documentales sobre la vida cotidiana («docu-soaps»), |
| --- | --- |

—

documentales que fomenten el turismo, documentales sobre la realización de películas («making-of»), informes, reportajes sobre fauna, programas de información y documentales sobre la vida cotidiana («docu-soaps»),

| — | proyectos que fomenten, directa o indirectamente, mensajes contrarios a las políticas de la Unión Europea. Por ejemplo, proyectos que puedan ser contrarios a los intereses de la salud pública (alcohol, tabaco, drogas), el respeto de los derechos humanos, la seguridad de las personas, la libertad de expresión, etc., |
| --- | --- |

—

proyectos que fomenten, directa o indirectamente, mensajes contrarios a las políticas de la Unión Europea. Por ejemplo, proyectos que puedan ser contrarios a los intereses de la salud pública (alcohol, tabaco, drogas), el respeto de los derechos humanos, la seguridad de las personas, la libertad de expresión, etc.,

| — | proyectos que fomenten la violencia y/o el racismo y/o que incluyan contenidos pornográficos, |
| --- | --- |

—

proyectos que fomenten la violencia y/o el racismo y/o que incluyan contenidos pornográficos,

| — | obras de índole promocional, |
| --- | --- |

—

obras de índole promocional,

| — | producciones institucionales que promuevan una organización concreta o sus actividades. |
| --- | --- |

—

producciones institucionales que promuevan una organización concreta o sus actividades.

La convocatoria de propuestas 21/11 cuenta con dos plazos límite. Para ser incluida en el primer plazo, la solicitud de apoyo debe ser enviada a la Agencia entre la fecha de publicación de la convocatoria de propuestas y el 25 de noviembre de 2011. Para ser incluida dentro del segundo plazo, la solicitud de apoyo debe ser enviada a la Agencia entre el 26 de noviembre de 2011 y el 13 de abril de 2012, fecha de cierre de la convocatoria de propuestas.

La duración máxima del proyecto se prolongará hasta el 30 de junio de 2014, en el caso de las solicitudes de apoyo presentadas dentro del primer plazo, y hasta el 30 de noviembre de 2014 en el caso de las candidaturas presentadas dentro del segundo plazo, o bien hasta la fecha de entrada en proceso de producción del proyecto, independientemente de cuál sea el primero.

4.   Criterios de adjudicación

Se asignará un baremo de 100 puntos sobre la base de los siguientes criterios de ponderación:

Proyectos individuales

| — | Criterios relativos a la empresa solicitante (40 puntos).






  — | Calidad de la estrategia de desarrollo (10); |
| --- | --- | --- |

—

Criterios relativos a la empresa solicitante (40 puntos).

—

Calidad de la estrategia de desarrollo (10);

| — | Coherencia del presupuesto de desarrollo (10); |
| --- | --- |

—

Coherencia del presupuesto de desarrollo (10);

| — | Calidad de la estrategia de financiación (10); |
| --- | --- |

—

Calidad de la estrategia de financiación (10);

| — | Calidad de la estrategia de distribución (10); |
| --- | --- |

—

Calidad de la estrategia de distribución (10);

| — | Criterios relativos al proyecto presentado (60 puntos).






  — | Calidad del proyecto (40); |
| --- | --- | --- |

—

Criterios relativos al proyecto presentado (60 puntos).

—

Calidad del proyecto (40);

| — | Potencial de producción y viabilidad del proyecto (10); |
| --- | --- |

—

Potencial de producción y viabilidad del proyecto (10);

| — | Potencial de distribución europea e internacional (10). |
| --- | --- |

—

Potencial de distribución europea e internacional (10).

Paquetes de proyectos y paquetes de proyectos 2nd stage

| — | Criterios relativos a la empresa solicitante (60 puntos).






  — | Capacidad de la empresa para desarrollar y producir a escala europea (15 puntos para paquetes de proyectos, 30 puntos para paquetes de proyectos 2nd stage); |
| --- | --- | --- |

—

Criterios relativos a la empresa solicitante (60 puntos).

—

Capacidad de la empresa para desarrollar y producir a escala europea (15 puntos para paquetes de proyectos, 30 puntos para paquetes de proyectos 2nd stage);

| — | Calidad de la estrategia de desarrollo y coherencia del presupuesto de desarrollo (15 puntos para paquetes de proyectos, 10 puntos para paquetes de proyectos 2nd stage); |
| --- | --- |

—

Calidad de la estrategia de desarrollo y coherencia del presupuesto de desarrollo (15 puntos para paquetes de proyectos, 10 puntos para paquetes de proyectos 2nd stage);

| — | Calidad de la estrategia de financiación (15 puntos para paquetes de proyectos, 10 puntos para paquetes de proyectos, 2nd stage); |
| --- | --- |

—

Calidad de la estrategia de financiación (15 puntos para paquetes de proyectos, 10 puntos para paquetes de proyectos, 2nd stage);

| — | Calidad de la estrategia de distribución (15 puntos para paquetes de proyectos, 10 puntos para paquetes de proyectos 2nd stage); |
| --- | --- |

—

Calidad de la estrategia de distribución (15 puntos para paquetes de proyectos, 10 puntos para paquetes de proyectos 2nd stage);

| — | Criterios relativos a los proyectos presentados (40 puntos).






  — | Calidad de los proyectos (10); |
| --- | --- | --- |

—

Criterios relativos a los proyectos presentados (40 puntos).

—

Calidad de los proyectos (10);

| — | Potencial del equipo creativo (10); |
| --- | --- |

—

Potencial del equipo creativo (10);

| — | Potencial de producción y viabilidad del proyecto (10); |
| --- | --- |

—

Potencial de producción y viabilidad del proyecto (10);

| — | Potencial de distribución europea e internacional (10). |
| --- | --- |

—

Potencial de distribución europea e internacional (10).

5.   Presupuesto

El presupuesto total disponible asciende a 17 millones de EUR. La contribución financiera se concederá en forma de subvención.

La máxima contribución financiera que podrá adjudicarse a un proyecto concreto se situará entre 10 000 y 60 000 EUR, salvo en el caso de largometrajes de animación destinados a su estreno en salas, que podrán recibir una subvención máxima de 80 000 EUR. La contribución financiera adjudicada no podrá superar en ningún caso el 50 % del total de los costes subvencionables (el 60 % para los proyectos individuales que demuestren un interés por la promoción de la diversidad cultural europea).

La máxima contribución financiera que podrá adjudicarse a paquetes de proyectos y paquetes de proyectos 2nd stage se situará entre 70 000 y 190 000 EUR. La contribución financiera adjudicada no podrá superar en ningún caso el 50 % del total de los gastos subvencionables presentados por la productora.

La Agencia se reserva la posibilidad de abstenerse de asignar la totalidad de los fondos disponibles.

6.   Plazo de presentación de candidaturas

Las candidaturas deben ser enviadas a la Agencia Ejecutiva (EACEA) usando el formulario electrónico y enviando por correo la solicitud imprimida no más tarde del 25 de noviembre de 2011 y el 13 de abril de 2012 (véase el apartado 3) a la siguiente dirección:

| Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural (EACEA) — MEDIA |
| --- |
| Constantin DASKALAKIS |
| BOUR 3/30 |
| Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1 |
| 1140 Bruxelles/Brussel |
| BELGIQUE/BELGIË |

Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural (EACEA) — MEDIA

Constantin DASKALAKIS

BOUR 3/30

Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1

1140 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Sólo se aceptarán las solicitudes presentadas mediante el formulario oficial de solicitud, debidamente firmadas por la persona capacitada para suscribir compromisos jurídicamente vinculantes en nombre de la organización solicitante.

No se aceptarán las solicitudes presentadas por fax o correo electrónico.

7.   Información completa

El texto completo de las líneas directrices y los formularios de candidatura pueden encontrarse en el sitio: http://www.ec.europa.eu/media

Las solicitudes deberán respetar obligatoriamente las disposiciones del texto completo y presentarse en los formularios previstos a tal fin.

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| 23.9.2011 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 279/33 |
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23.9.2011

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 279/33

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MEDIA 2007 — DESARROLLO, DISTRIBUCIÓN, PROMOCIÓN Y FORMACIÓN

Convocatoria de propuestas — EACEA/22/11

Apoyo al desarrollo de obras interactivas sobre plataformas en línea o fuera de línea

2011/C 279/08

1.   Objetivos y descripción

El presente anuncio de convocatoria de propuestas se basa en la Decisión no 1718/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de noviembre de 2006, relativa a la aplicación de un programa de apoyo al sector audiovisual europeo (MEDIA 2007).

Uno de los objetivos del programa consiste en promover, mediante la adjudicación de ayuda financiera, el desarrollo de proyectos de producción destinados al mercado europeo e internacional y presentados por productoras europeas independientes.

2.   Candidatos admisibles

La presente convocatoria de propuestas está dirigida a las sociedades europeas cuyas actividades contribuyan a la realización de los citados objetivos, en particular a productoras independientes.

Los candidatos deberán estar establecidos en uno de los países siguientes:

| — | los 27 países de la Unión Europea, |
| --- | --- |

—

los 27 países de la Unión Europea,

| — | los países de la EEE, así como Suiza y Croacia. |
| --- | --- |

—

los países de la EEE, así como Suiza y Croacia.

3.   Actividades subvencionables

Se subvencionarán las actividades relacionadas con los siguientes tipos de trabajos interactivos:

Desarrollo del concepto (hasta la primera aplicación ejecutable) del contenido digital interactivo complementario de un proyecto audiovisual (ficción, documental de creación o animación) desarrollado específicamente para, al menos, una de las plataformas siguientes:

| — | Internet, |
| --- | --- |

—

Internet,

| — | PC, |
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—

PC,

| — | consola, |
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—

consola,

| — | dispositivo portátil, |
| --- | --- |

—

dispositivo portátil,

| — | televisión interactiva. |
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—

televisión interactiva.

Este contenido digital debe tener las siguientes características:

| — | un nivel considerable de interactividad con un componente narrativo, |
| --- | --- |

—

un nivel considerable de interactividad con un componente narrativo,

| — | originalidad, creatividad e innovación en comparación con trabajos ya existentes, |
| --- | --- |

—

originalidad, creatividad e innovación en comparación con trabajos ya existentes,

| — | potencial comercial a escala europea. |
| --- | --- |

—

potencial comercial a escala europea.

El trabajo interactivo presentado podrá complementar únicamente los siguientes tipos de proyecto audiovisual destinados a la explotación comercial:

| — | ficción de al menos 50 minutos (duración total de la serie en el caso de una serie), |
| --- | --- |

—

ficción de al menos 50 minutos (duración total de la serie en el caso de una serie),

| — | documentales de creación de al menos 25 minutos (duración por episodio en el caso de una serie), |
| --- | --- |

—

documentales de creación de al menos 25 minutos (duración por episodio en el caso de una serie),

| — | animación de al menos 24 minutos (duración total de la serie en el caso de una serie). |
| --- | --- |

—

animación de al menos 24 minutos (duración total de la serie en el caso de una serie).

No se subvencionarán los siguientes tipos de actividades:

Las subvenciones no cubrirán las actividades de desarrollo y producción de trabajos englobados en las siguientes categorías:

| — | obras de referencia (enciclopedias, atlas, catálogos, bases de datos ...), |
| --- | --- |

—

obras de referencia (enciclopedias, atlas, catálogos, bases de datos ...),

| — | obras de autoaprendizaje («how-to») (programas educativos, manuales ...), |
| --- | --- |

—

obras de autoaprendizaje («how-to») (programas educativos, manuales ...),

| — | herramientas y servicios de software, |
| --- | --- |

—

herramientas y servicios de software,

| — | servicios de información o puramente de transacción, |
| --- | --- |

—

servicios de información o puramente de transacción,

| — | programas de información y revistas, |
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programas de información y revistas,

| — | proyectos de promoción turística, |
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proyectos de promoción turística,

| — | proyectos de arte multimedia, |
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proyectos de arte multimedia,

| — | páginas «web» que sean, o que estén específicamente dedicadas a plataformas sociales, redes sociales, foros en internet, «blogs» o actividades similares, |
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—

páginas «web» que sean, o que estén específicamente dedicadas a plataformas sociales, redes sociales, foros en internet, «blogs» o actividades similares,

| — | proyectos que fomenten, directa o indirectamente, mensajes contrarios a las políticas de la Unión Europea. Por ejemplo, proyectos que puedan ser contrarios a los intereses de la salud pública (alcohol, tabaco, drogas), el respeto de los derechos humanos, la seguridad de las personas, la libertad de expresión, etc., |
| --- | --- |

—

proyectos que fomenten, directa o indirectamente, mensajes contrarios a las políticas de la Unión Europea. Por ejemplo, proyectos que puedan ser contrarios a los intereses de la salud pública (alcohol, tabaco, drogas), el respeto de los derechos humanos, la seguridad de las personas, la libertad de expresión, etc.,

| — | proyectos que fomenten la violencia y/o el racismo y/o que incluyan contenidos pornográficos, |
| --- | --- |

—

proyectos que fomenten la violencia y/o el racismo y/o que incluyan contenidos pornográficos,

| — | obras de índole promocional (en particular de contenido registrado), |
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—

obras de índole promocional (en particular de contenido registrado),

| — | producciones institucionales que promuevan a una organización concreta o a sus actividades. |
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—

producciones institucionales que promuevan a una organización concreta o a sus actividades.

La convocatoria de propuestas 22/11 cuenta con dos plazos límite. Para ser incluida en el primer plazo, la solicitud de apoyo debe ser enviada a la Agencia entre la fecha de publicación de la convocatoria de propuestas y el 25 de noviembre de 2011. Para ser incluida dentro del segundo plazo, la solicitud de apoyo debe ser enviada a la Agencia entre el 26 de noviembre de 2011 y el 13 de abril de 2012, fecha de cierre de la convocatoria de propuestas.

La duración máxima del proyecto se prolongará hasta el 30 de junio de 2014, en el caso de las solicitudes de apoyo presentadas dentro del primer plazo, y hasta el 30 de noviembre de 2014 en el caso de las candidaturas presentadas dentro del segundo plazo, o bien hasta la fecha de entrada en proceso de producción del proyecto, independientemente de cuál sea el primero.

4.   Criterios de adjudicación

Se asignará un baremo de 100 puntos sobre la base de los siguientes criterios de ponderación:

| — | Criterios relativos a la empresa solicitante (40 puntos).






  — | Calidad de la estrategia de desarrollo (10); |
| --- | --- | --- |

—

Criterios relativos a la empresa solicitante (40 puntos).

—

Calidad de la estrategia de desarrollo (10);

| — | Coherencia del presupuesto de desarrollo (10); |
| --- | --- |

—

Coherencia del presupuesto de desarrollo (10);

| — | Calidad de la empresa para realizar el proyecto (10); |
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—

Calidad de la empresa para realizar el proyecto (10);

| — | Calidad de la estrategia de financiación (10); |
| --- | --- |

—

Calidad de la estrategia de financiación (10);

| — | Criterios relativos al proyecto presentado (60 puntos).






  — | Calidad del contenido y originalidad de la concepción por comparación con trabajos existentes (20); |
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—

Criterios relativos al proyecto presentado (60 puntos).

—

Calidad del contenido y originalidad de la concepción por comparación con trabajos existentes (20);

| — | Innovación, pertinencia de las técnicas utilizadas en el trabajo y calidad de la interactividad (20) |
| --- | --- |

—

Innovación, pertinencia de las técnicas utilizadas en el trabajo y calidad de la interactividad (20)

| — | Potencial de explotación a escala europea y adecuación al público objetivo (20). |
| --- | --- |

—

Potencial de explotación a escala europea y adecuación al público objetivo (20).

5.   Presupuesto

El presupuesto total disponible asciende a 2,5 millones de EUR. La contribución financiera se concederá en forma de subvención.

La máxima contribución financiera que podrá adjudicarse a un proyecto concreto se situará entre 10 000 y 150 000 EUR.

La contribución financiera adjudicada no podrá superar en ningún caso el 50 % del total de los costes subvencionables presentados por el productor (el 60 % para los proyectos individuales que demuestren un interés en la promoción de la diversidad cultural europea).

La Agencia se reserva la posibilidad de abstenerse de asignar la totalidad de los fondos disponibles.

6.   Plazo de presentación de candidaturas

Las candidaturas deben ser enviadas a la Agencia Ejecutiva (EACEA) usando el formulario electrónico y enviando por correo la solicitud imprimida no más tarde del 25 de noviembre de 2011 y el 13 de abril de 2012 (véase el apartado 3) a la siguiente dirección:

| Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural (EACEA) — MEDIA |
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| Constantin DASKALAKIS |
| BOUR 3/30 |
| Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1 |
| 1140 Bruxelles/Brussel |
| BELGIQUE/BELGIË |

Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural (EACEA) — MEDIA

Constantin DASKALAKIS

BOUR 3/30

Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1

1140 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Sólo se aceptarán las solicitudes presentadas mediante el formulario oficial de solicitud, debidamente firmadas por la persona capacitada para suscribir compromisos jurídicamente vinculantes en nombre de la organización solicitante.

No se aceptarán las solicitudes presentadas por fax o correo electrónico.

7.   Información completa

El texto completo de las líneas directrices y los formularios de candidatura pueden encontrarse en el sitio:

http://ec.europa.eu/media

Las solicitudes deberán respetar obligatoriamente las disposiciones del texto completo y presentarse en los formularios previstos a tal fin.

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PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A LA APLICACIÓN DE LA POLÍTICA DE COMPETENCIA

Comisión Europea

| 23.9.2011 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 279/36 |
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23.9.2011

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 279/36

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Notificación previa de una operación de concentración

(Asunto COMP/M.6348 — Arla Foods/Allgäuland)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

2011/C 279/09

| 1. | El 15 de septiembre de 2011, la Comisión recibió la notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 139/2004 del Consejo (1), de un proyecto de concentración por el cual la empresa Hansa-Milch AG («Hansa», Alemania) perteneciente a Arla Foods Amba («Arla», Dinamarca) adquiere el control, a tenor de lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, letra b), del Reglamento comunitario de concentraciones, de la totalidad de Allgäuland-Käsereien GmbH y AL Dienstleistungs-GmbH (denominadas conjuntamente «Allgäuland», Alemania) mediante adquisición de acciones. |
| --- | --- |

1.

El 15 de septiembre de 2011, la Comisión recibió la notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 139/2004 del Consejo (1), de un proyecto de concentración por el cual la empresa Hansa-Milch AG («Hansa», Alemania) perteneciente a Arla Foods Amba («Arla», Dinamarca) adquiere el control, a tenor de lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, letra b), del Reglamento comunitario de concentraciones, de la totalidad de Allgäuland-Käsereien GmbH y AL Dienstleistungs-GmbH (denominadas conjuntamente «Allgäuland», Alemania) mediante adquisición de acciones.

| 2. | Las actividades comerciales de las empresas en cuestión son las siguientes:






  — | Arla es una cooperativa lechera propiedad de productores lácteos. La empresa produce y vende una serie de productos lácteos. En Alemania Arla está presente principalmente a través de su filial Hansa, |
| --- | --- | --- |

2.

Las actividades comerciales de las empresas en cuestión son las siguientes:

—

Arla es una cooperativa lechera propiedad de productores lácteos. La empresa produce y vende una serie de productos lácteos. En Alemania Arla está presente principalmente a través de su filial Hansa,

| — | Allgäuland es una cooperativa lechera que produce una serie de quesos de calidad así como otros productos lácteos, principalmente en Alemania. |
| --- | --- |

—

Allgäuland es una cooperativa lechera que produce una serie de quesos de calidad así como otros productos lácteos, principalmente en Alemania.

| 3. | Tras un examen preliminar, la Comisión considera que la operación notificada podría entrar en el ámbito de aplicación del Reglamento comunitario de concentraciones. No obstante, se reserva su decisión definitiva al respecto. |
| --- | --- |

3.

Tras un examen preliminar, la Comisión considera que la operación notificada podría entrar en el ámbito de aplicación del Reglamento comunitario de concentraciones. No obstante, se reserva su decisión definitiva al respecto.

| 4. | La Comisión invita a los interesados a que le presenten sus posibles observaciones sobre la propuesta de concentración.
  Las observaciones deberán obrar en poder de la Comisión en un plazo máximo de diez días a partir de la fecha de la presente publicación. Podrán enviarse por fax (+32 22964301), por correo electrónico a COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o por correo, con indicación del número de referencia COMP/M.6348 — Arla Foods/Allgäuland, a la siguiente dirección:





  Comisión Europea |
| --- | --- |
| Dirección General de Competencia |
| Registro de Concentraciones |
| J-70 |
| 1049 Bruxelles/Brussel |
| BELGIQUE/BELGIË |

4.

La Comisión invita a los interesados a que le presenten sus posibles observaciones sobre la propuesta de concentración.

Las observaciones deberán obrar en poder de la Comisión en un plazo máximo de diez días a partir de la fecha de la presente publicación. Podrán enviarse por fax (+32 22964301), por correo electrónico a COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o por correo, con indicación del número de referencia COMP/M.6348 — Arla Foods/Allgäuland, a la siguiente dirección:

Comisión Europea

Dirección General de Competencia

Registro de Concentraciones

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

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(1)  DO L 24 de 29.1.2004, p. 1 («Reglamento comunitario de concentraciones»).

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| 23.9.2011 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 279/37 |
| --- | --- | --- | --- |

23.9.2011

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 279/37

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Notificación previa de una operación de concentración

(Asunto COMP/M.6392 — Gores/Mexx)

Asunto que podría ser tramitado conforme al procedimiento simplificado

(Texto pertinente a efectos del EEE)

2011/C 279/10

| 1. | El 15 de septiembre de 2011, la Comisión recibió la notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 139/2004 del Consejo (1), de un proyecto de concentración por el cual the Gores Group LLC («Gores», Estados Unidos) adquiere el control exclusivo, a tenor de lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, letra b), del Reglamento comunitario de concentraciones, de Mexx European Holding BV («Mexx», Países Bajos) mediante adquisición de acciones. |
| --- | --- |

1.

El 15 de septiembre de 2011, la Comisión recibió la notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 139/2004 del Consejo (1), de un proyecto de concentración por el cual the Gores Group LLC («Gores», Estados Unidos) adquiere el control exclusivo, a tenor de lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, letra b), del Reglamento comunitario de concentraciones, de Mexx European Holding BV («Mexx», Países Bajos) mediante adquisición de acciones.

| 2. | Las actividades comerciales de las empresas en cuestión son las siguientes:






  — | Gores: inversor de capital inversión en tecnología, telecomunicaciones, servicios a empresas, sectores industriales y de prendas de vestir principalmente en los Estados Unidos y Europa occidental, |
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2.

Las actividades comerciales de las empresas en cuestión son las siguientes:

—

Gores: inversor de capital inversión en tecnología, telecomunicaciones, servicios a empresas, sectores industriales y de prendas de vestir principalmente en los Estados Unidos y Europa occidental,

| — | Mexx: venta al por menor de prendas de vestir, venta al por menor de calzado y accesorios y venta mayorista de prendas de vestir y calzado en Europa y América del Norte. |
| --- | --- |

—

Mexx: venta al por menor de prendas de vestir, venta al por menor de calzado y accesorios y venta mayorista de prendas de vestir y calzado en Europa y América del Norte.

| 3. | Tras un examen preliminar, la Comisión considera que la operación notificada podría entrar en el ámbito de aplicación del Reglamento comunitario de concentraciones. No obstante, se reserva su decisión definitiva al respecto. En virtud de la Comunicación de la Comisión sobre el procedimiento simplificado para tramitar determinadas concentraciones en virtud del Reglamento comunitario de concentraciones (2), este asunto podría ser tramitado conforme al procedimiento simplificado establecido en dicha Comunicación. |
| --- | --- |

3.

Tras un examen preliminar, la Comisión considera que la operación notificada podría entrar en el ámbito de aplicación del Reglamento comunitario de concentraciones. No obstante, se reserva su decisión definitiva al respecto. En virtud de la Comunicación de la Comisión sobre el procedimiento simplificado para tramitar determinadas concentraciones en virtud del Reglamento comunitario de concentraciones (2), este asunto podría ser tramitado conforme al procedimiento simplificado establecido en dicha Comunicación.

| 4. | La Comisión invita a los interesados a que le presenten sus posibles observaciones sobre el proyecto de concentración.
  Las observaciones deberán obrar en poder de la Comisión en un plazo máximo de diez días a partir de la fecha de la presente publicación. Podrán enviarse por fax (+32 22964301), por correo electrónico a COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o por correo, con indicación del número de referencia COMP/M.6392 — Gores/Mexx, a la siguiente dirección:





  Comisión Europea |
| --- | --- |
| Dirección General de Competencia |
| Registro de Concentraciones |
| J-70 |
| 1049 Bruxelles/Brussel |
| BELGIQUE/BELGIË |

4.

La Comisión invita a los interesados a que le presenten sus posibles observaciones sobre el proyecto de concentración.

Las observaciones deberán obrar en poder de la Comisión en un plazo máximo de diez días a partir de la fecha de la presente publicación. Podrán enviarse por fax (+32 22964301), por correo electrónico a COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o por correo, con indicación del número de referencia COMP/M.6392 — Gores/Mexx, a la siguiente dirección:

Comisión Europea

Dirección General de Competencia

Registro de Concentraciones

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

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(1)  DO L 24 de 29.1.2004, p. 1 («Reglamento comunitario de concentraciones»).

(2)  DO C 56 de 5.3.2005, p. 32 («Comunicación sobre el procedimiento simplificado»).

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