NÚMERO IDENTIFICADOR

SEN2024______________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

Panel Especial

 JUAN MIGUEL ROMÁN ROMÁN

Recurrente

v.

JUNTA DE LIBERTAD BAJO 

PALABRA

Recurrida

KLRA202400065

Revisión Judicial 

procedente de la 

Junta de Libertad 

Bajo Palabra 

Caso Núm.

146689

Sobre: 

No concesión del 

privilegio de 

Libertad Bajo 

Palabra – volver a 

considerar

Panel integrado por su presidenta, la Juez Lebrón Nieves, el Juez 

Adames Soto y la Jueza Martínez Cordero

Adames Soto, Juez Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de abril de 2024.

Comparece el señor Juan Miguel Román Román (señor Román 

Román o recurrente), miembro de la población correccional, a través de 

un recurso de revisión judicial, solicitando que revoquemos una 

Resolución emitida por la Junta de Libertad Bajo Palabra (JLBP o 

recurrida), el 15 de diciembre de 2023.1 Mediante la referida 

determinación, la JLBP decidió no concederle el privilegio de libertad bajo 

palabra al recurrente porque, entre otras razones, tenía que ser sometido 

a una evaluación siquiátrica. 

Sin embargo, entre los señalamientos de error que el recurrente 

alzó ante nosotros, aseveró que la JLBP contaba con la referida

evaluación siquiátrica en su expediente administrativo al momento de la

denegatoria de la libertad condicional, y este Tribunal de Apelaciones ya 

1 Notificada el 9 de enero de 2024. 
KLRA202400065 2

había intervenido anteriormente en el mismo asunto, ordenando

precisamente que el foro administrativo sopesara tal evaluación.

Respecto a lo cual, la Oficina del Procurador General, en

representación de la JLBP, reconoce que tal error fue cometido por el foro 

administrativo, por lo que nos solicita que ordenemos la devolución del 

caso para que se pondere la evaluación siquiátrica.

Adelantamos que hemos decidido revocar la Resolución recurrida, a 

los fines de devolver nuevamente el asunto a la JLBP para que, sin 

dilación, evalúe nuevamente al señor Román Román, tomando en 

consideración el informe siquiátrico aludido. 

I. Resumen del tracto procesal 

Según intimamos en el párrafo introductorio, este Tribunal de 

Apelaciones previamente intervino en este caso, en una controversia casi 

idéntica, KLRA202300244, por lo que para fines del tracto procesal, nos 

referiremos solo a los asuntos estrictamente necesarios que sirvan para

dilucidar la controversia presente. 

El señor Román Román tiene sesenta y dos (62) años y el 18 de 

diciembre de 1997 fue sentenciado a cumplir una pena de reclusión de 

noventa y nueve años, tras ser encontrado culpable por el delito de 

asesinato, por hechos ocurridos el 20 de abril de 1996.

Como parte de los procesos ordinarios a los que son sometidos los 

confinados, el 7 de diciembre de 2022 se celebró una Vista de 

Consideración ante la Oficial Examinadora de la JLBP, para evaluar la

posible concesión de libertad bajo palabra al señor Román Román. En 

consecuencia, el 21 de febrero de 2023, dicha Oficial Examinadora rindió 

un Informe de Oficial Examinadora2, en el que no recomendó conceder el 

privilegio de libertad bajo palabra al recurrente, y que el caso volviera a 

ser considerado en diciembre de 2023. 

2 Según consta en la Sentencia emitida en el caso KLRA202300244. Apéndice 6 del 

recurso de revisión, pág. 130.
KLRA202400065 3

De conformidad con la recomendación aludida, el 3 de marzo de 

2023, la JLBP emitió una Resolución denegándole al señor Román 

Román el privilegio de libertad bajo palabra y disponiendo que el caso 

fuera nuevamente considerado para diciembre de 2023. Dispuso, 

además, que para esta última fecha se contase con un Informe de Ajuste 

y Progreso actualizado, un plan de salida corroborado por el Negociado 

de Comunidad del DCR, así como evidencia de finalización de terapias 

contra adicción a sustancias controladas. 

Posteriormente, el 15 de mayo de 2023,3 la JLBP emitió una 

Resolución Enmendada a los efectos de consignar lo siguiente: “Para 

diciembre de 2023 se ordena evaluación psiquiátrica por facultativo 

(psiquiatra) de Salud Correccional”. (Énfasis en el original). 

El señor Román Román no estuvo conforme con tal determinación 

y por eso presentó, el 26 de mayo de 2023, un recurso de revisión 

judicial ante este Foro Apelativo, que fue identificado con el alfanumérico 

KLRA202300244. En esencia, adujo que la JLBP debió posponer por 

sesenta días su determinación de denegar el privilegio de libertad bajo 

palabra, hasta tanto se le realizara la evaluación psiquiátrica

mencionada. Más adelante, el 22 de junio de 2022, esta misma parte 

instó una Moción sometiendo evaluación psiquiátri[c]a ordenada por la 

Junta de Libertad Bajo Palabra.

4

En respuesta, el 26 de junio de 2023, la JLBP, representada por la 

Oficina del Procurador General de Puerto Rico, presentó Escrito en 

Cumplimiento de Resolución5, solicitando que se confirmara el dictamen 

recurrido, o en la alternativa, se devolviera el caso a la JLBP para que 

3 Notificada el 17 de mayo de 2023. 

4 Según consta en la Sentencia emitida en el caso KLRA202300244. Apéndice 6 del 

recurso de revisión, pág. 139. 

5 Íd. 
KLRA202400065 4

el recurrente fuera reevaluado, de acuerdo con la evaluación 

psiquiátrica.

6

Es así como, el 21 de julio de 2023, emitimos la Sentencia

identificada con el alfanumérico KLRA202300244, revocando la 

Resolución Enmendada de la JLBP, y ordenando la devolución del caso al 

foro administrativo “para que tomando en consideración la evaluación 

psiquiátrica, evalúe nuevamente al recurrente de forma integral e 

inmediata, sin tener que esperar al mes de diciembre de 2023”.

7

Entonces, ahora atendiendo los asuntos procesales acontecidos 

luego de emitida nuestra Sentencia de 21 julio de 2023, por causa de lo 

que allí decidimos, el 26 de septiembre de 2023 la Oficial Examinadora a 

cargo de la evaluación del recurrente rindió otro Informe de Oficial 

Examinadora, pero esta vez, recomendando que se le concediera el 

privilegio de libertad bajo palabra, sujeto al cumplimiento estricto de las 

condiciones establecidas en su Mandato de libertad bajo palabra.

Asimismo, el Técnico de Servicios Sociopenales asignado al

recurrente también sometió el correspondiente Informe de Ajuste y 

Progreso a la JLBP. En resumen, allí se indicó que el señor Román 

Román: (1) no contaba con casos pendientes de resolver; (2) no cumplía

por fuga ni delitos relacionados; (3) culminó las terapias de Negociado de 

Evaluación y Asesoramiento el 13 de septiembre de 2022; (4) no había

sido objeto de querellas durante su periodo de reclusión; (5) se le realizó 

prueba toxicológica el día 24 de enero de 2023, la cual arrojó resultados 

negativos; (6) contaba con el apoyo total de su hija Tatiana Román 

Barreto, quien reside en el estado de la Florida y quien lo acogería en su 

hogar pues el plan de salida presentado es con ella; y (7) completó 

6 Íd.

7 Íd., en la pág. 153. Llamamos la atención al hecho de que la Juez presidente de Panel, 

Hon. G. Lebrón Nieves, emitió voto concurrente, por estar en desacuerdo con requerirle 

a la agencia que realizara la evaluación, previo a la fecha pautada para ello.
KLRA202400065 5

terapias del programa de trastornos adictivos en noviembre de 2005.8

Además, el técnico de servicios sociopenales expresó que el señor Román 

Román había demostrado interés genuino en su proceso de 

rehabilitación, mostraba actitud positiva hacia su proceso de 

confinamiento, su plan de salida estaba estructurado en el área de hogar 

a residir, la oferta de empleo no era aplicable por este estar incapacitado 

y contar con 62 años de edad.9 A lo que se une que, el 6 de octubre de 

2023, se recomendó la concesión de libertad bajo palabra por medio de 

pacto interestatal de reciprocidad con supervisión electrónica en el 

estado de Florida por un periodo de tres años.10

Luego, el 19 de octubre de 2023, el Técnico de Servicios 

Sociopenales presentó a la JLBP otro informe, identificado como Informe 

Previo al Mandato, en el que hizo constar lo siguiente: 

El confinado en referencia continúa clasificado en custodia 

mínima desde el día 29 de marzo de 2002 por presentar 

buenos ajustes institucionales. Cumple satisfactoriamente 

con el plan institucional previamente asignado. Complet[ó] 

las Terapias el negociado de evaluación y asesoramiento el 

día 13 de septiembre de 2022. No cuenta con querellas 

administrativas pendientes ni casos pendientes. Se muestra

educado, cooperador en y durante los procesos de entrevista 

en el área socio penal. El día 24 de enero de 2023 se le 

practicó prueba toxicológica la cual arroj[ó] resultados 

negativos además el día 17 de octubre de 2023 se le practicó 

nuevamente prueba toxicológica arrojando nuevamente 

resultados negativos (muestra de que no hace uso de 

sustancias controladas). Cuenta con el apoyo total de su hija 

Tatiana Román Barreto quien reside en el Estado de la 

Florida y es la persona que lo acogerá en su hogar.11

Entonces, el 15 de diciembre de 2023,

12 luego de la JLBP sopesar 

lo anterior, emitió Resolución en la que determinó no concederle el 

privilegio de libertad bajo palabra al recurrente. En la referida Resolución

la JLBP enumeró las siguientes determinaciones de hechos: 

8 Anejo 8 del recurso de revisión, pág. 159-160.

9 Íd., en la pág. 160.

10 Anejo 10 del recurso de revisión, pág. 166.

11 Anejo 11 del recurso de revisión, pág. 167.

12 Notificada el 22 de diciembre de 2023. 
KLRA202400065 6

1. Al momento de la evaluación del expediente, surge que la 

parte de epígrafe no cuenta casos ante los tribunales, 

denuncias o querellas institucionales pendientes. 

2. El peticionario se encuentra clasificado en custodia 

mínima desde el 28 de marzo de 2018, conforme se 

desprende de su expediente. 

3. Al peticionario le fue realizada la toma de muestra de 

ADN el 8 de junio de 2015, conforme a la Ley 175-1998.

4. El peticionario es primer ofensor. 

5. Culminó terapias de Trastornos Adictivos en el 2005, 

Taller de Crecimiento el 18 de noviembre de 2005, 

Crecimiento Psicosocial y Espiritual el 8 de marzo de 

2012 y Salud Vital el 25 de febrero de 2013. 

6. El peticionario culminó las terapias psicológicas de la 

Sección del Programa de Evaluación y Asesoramiento 

(SPEA) el 13 de septiembre de 2022. Sin embargo, en 

consideración a que el delito cometido fue producto de un

patrón abusivo de violencia doméstica contra la occisa, 

exacerbado por el abuso de bebidas alcohólicas, 

solicitamos le sea realizada evaluación psiquiátrica en 

Salud Correccional del DCR. 

7. Del expediente del peticionario no surgió evidencia de que 

éste haya mostrado arrepentimiento del asesinato 

cometido. Este acto conlleva una introspección profunda 

sobre los hechos cometidos y nos muestra si el 

peticionario ha internalizado las consecuencias de su 

conducta delictiva, lo cual no se evidencia en este caso. 

8. El peticionario cuenta con Informe de Ajuste emitido por 

el SPEA emitido el 12 de octubre de 2022. 

9. La parte peticionaria propuso su libertad bajo palabra 

para el estado de Florida. Cuenta con carta de aceptación 

de dicho estado. El peticionario propone residir con su 

hija Tatiana Román. 

10. El peticionario no propuso plan de salida en el área de 

oferta de empleo. Este no tiene que someter amigo 

consejero debido a que cuenta con más de sesenta (60) 

años. 

11. Para efectos de un análisis de la totalidad del 

expediente, se evaluó la opinión de los perjudicados y 

víctimas, así como, la naturaleza y circunstancias de los 

delitos por los cuales cumple sentencia el peticionario. 

12. El peticionario demuestra poca introspección por los 

hechos cometidos en presencia de su hija menor de edad 

que causaron la muerte de su esposa. 

13. Surge del expediente que éste nunca cumplió con su 

deber de proveer alimentos cuando su hija era menor de 

edad. 

(Énfasis provisto).

Habiendo así decidido, el foro administrativo dispuso que el caso

se volvería a considerar en diciembre de 2024, fecha para la cual requirió 

lo siguiente: (1) Informe de Ajuste y progreso actualizado; (2) Plan de 

salida corroborado por el Negociado de Comunidad del DCR; (3) evidencia 
KLRA202400065 7

de finalización de terapias contra adicción a sustancias controladas; (4) 

evaluación psiquiátrica; y (5) evidencia que demuestre servicios de 

terapias o tratamiento psicológico o psiquiátrico para fortalecer y someter 

el control de impulsos hostiles y agresivos. 

Es sobre este último dictamen del foro recurrido que el señor

Román Román acude ante nosotros en el presente recurso de revisión 

judicial, señalando la comisión de los siguientes errores: 

Primer error: Erró nuevamente la Junta al denegar la lbp 

del recurrente, no basándose su determinación final en 

prueba real y fehaciente y no hacer un análisis ponderado de 

toda la documentación y recomendaciones de funcionarios 

del DCR que obra en su expediente, documentos, informes y 

evaluaciones y los testimonios durante la vista, por lo que no 

existe evidencia sustancial que la sostenga y la misma fue 

arbitraria ilegal e irrazonable y procede su revocación. 

Segundo error: Erró nuevamente la Junta al concluir en su 

determinación de hechos seis (6) que el delito cometido por el 

recurrente fue producto de un patrón de abuso y violencia 

doméstica contra la occisa que no se basó en prueba real y 

fehaciente y de un análisis ponderado de toda la 

documentación que obra en su expediente, entiéndase 

documentos, informes, evaluaciones, de los testimonios 

durante la vista y recomendaciones de funcionarios del DCR, 

por lo que no existe evidencia sustancial que la sostenga y la 

determinación tomada fue arbitraria ilegal e irrazonable, 

constituye un craso error de derecho y procede su 

revocación. 

Tercer error: Erró nuevamente la Junta al concluir en su 

determinación de hechos número siete (7) que el recurrente 

no mostró arrepentimiento, cuando de un análisis 

ponderado de toda la documentación que obra en su 

expediente, entiéndase documentos, informes, evaluaciones, 

los testimonios durante la vista y recomendaciones de 

funcionarios del DCR que demostró que “estaba sumamente 

arrepentido de todo lo sucedido ya que quien sufrió por

todos estos sucesos fueron ambas familias” por lo que existe 

en el expediente evidencia sustancial que contradice dicha 

determinación de la Junta, que consideró la opinión de los 

perjudicados y no se basó en prueba real y fehaciente siendo 

arbitraria, ilegal e irrazonable y constituye un craso error de 

derecho que amerita su revocación. 

Cuarto error: Erró nuevamente la Junta al emitir una 

Resolución que determinó que el recurrente no cumplía los 

criterios requeridos para beneficiarse de lbp 

fundamentándose en que no sometió oferta de empleo aun 

cuando su plan de salida es para residir en el Estado de 

Florida y que incumplió su deber de proveer alimentos a su 

hija menor de edad, lo que constituyó un error de derecho y 
KLRA202400065 8

un claro abuso de discreción que amerita la revocación de la 

Resolución impugnada.

Quinto error: Erró nuevamente la Junta al emitir una 

Resolución que determinó que el recurrente no cumplía los 

criterios requeridos para beneficiarse de lbp al determinar 

que nuevamente debía finalizar unas terapias de sustancias 

controladas que ya había finalizado y requerirle nuevamente 

una evaluación psiquiátrica que consta en su expediente por 

lo que existe evidencia real y fehaciente de que ya las había 

tomado, lo que constituyó un error de derecho y un claro 

abuso de discreción que amerita la revocación de la 

Resolución impugnada. 

Sexto error: Erró nuevamente la Junta al no conceder lbp al 

recurrente negándose a acoger la recomendación de la 

Oficial Examinadora designada que recomendó su lbp., lo 

que constituyó un error de derecho y un claro abuso de 

discreción que amerita la revocación de la Resolución 

impugnada. 

Séptimo error: Erró la Junta al no conceder lbp al 

recurrente negándose a acoger la recomendación de la 

Oficial Examinadora designada que recomendó su lbp por 

entender que el recurrente cumple cabalmente los criterios 

establecidos en las Secciones 10.1 y 10.2 del Reglamento 

9232-2020, lo que constituyó un error de derecho y un claro 

abuso de discreción que amerita la revocación de la 

Resolución impugnada. 

Octavo error: Erró la Junta al emitir una Resolución que 

denegó lbp al recurrente determinado que no cumplía los 

criterios requeridos para beneficiarse de lbp, incumpliendo 

su obligación de considerar la totalidad del expediente 

administrativo y las recomendaciones de funcionarios del 

DCR de la cual surge que éste cumple todos los requisitos 

establecidos en las Secciones 10.1 y 10.2 del Reglamento 

9232-2020 lo que constituyó un error de derecho y un claro 

abuso de discreción que amerita la revocación de la 

Resolución impugnada. 

Visto lo cual, el 12 de febrero de 2024, emitimos Resolución 

concediéndole a la recurrida treinta días para exponer su posición. 

En respuesta, y como adelantamos, el 8 de marzo de 2024, la

Oficina del Procurador General de Puerto Rico (el Procurador), en 

representación de la JLBP, presentó una Moción en Cumplimiento de 

Resolución. En su muy breve escrito, el Procurador indicó que la JLBP 

admitió que, por inadvertencia, no consideró la evaluación psiquiátrica 

que formaba parte del expediente administrativo al momento de 

denegarle el privilegio de libertad bajo palabra al recurrente. Por esta 
KLRA202400065 9

razón, nuevamente solicitó que se le devolviera el caso a la JLBP para

que evalúe inmediatamente al señor Román Román, a la luz de la 

totalidad del expediente administrativo, cónsono con lo ordenado por 

este Tribunal en el caso KLRA202300244.

El 18 de marzo de 2024, el recurrente presentó Moción solicitando 

orden de carácter urgente para que se notifique moci[ó]n en cumplimiento 

de resoluci[ó]n radicado el 8 de marzo de 2024, acceso a documento 

sellado y término para replicar escrito radicado por el Procurador General.

Alegó que no había recibido la totalidad del documento presentado por la 

recurrida. 

El 20 de marzo de 2024, la recurrida compareció y sostuvo que, a 

solicitud del recurrente, se le remitió el 11 de marzo de 2024 nuevamente 

la Moción en Cumplimiento de Resolución. 

Visto lo anterior, el 21 de marzo de 2024, emitimos Resolución 

concediéndole cinco días al señor Román Román para que se expresara 

en torno a la petición de la recurrida para que se le devolviera el caso y 

pudiera evaluar el informe siquiátrico. 

A raíz de lo cual, el 2 de abril de 2024, el recurrente presentó 

Moci[ó]n urgente en cumplimiento de resoluci[ó] y solicitud para que se 

ponga en vigor concesi[ó] de libertad bajo palabra. En lo pertinente, el 

señor Román Román objetó que el caso fuera devuelto por segunda 

ocasión a la JLBP, pues debía acogerse la recomendación de la Oficial 

Examinadora ordenando su libertad bajo palabra. 

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, estamos en 

posición de resolver. 

II. Exposición de Derecho

A. Revisión Judicial 

La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de 

Puerto Rico (LPAU), Ley Núm. 38-2017, según enmendada, 3 LPRA sec. 
KLRA202400065 10

9601 et seq., dispone el alcance de la revisión judicial sobre las 

determinaciones de las agencias. Tanto la referida ley, como la 

jurisprudencia aplicable, establecen que la función revisora de las 

decisiones administrativas concedida a los tribunales apelativos consiste 

esencialmente en determinar si la actuación de la agencia fue dictada 

dentro de las facultades que le fueron conferidas por ley y si la misma es 

legal y razonable. T–JAC v. Caguas Centrum Limited, 148 DPR 70, 80 

(1999). Al respecto, es norma de derecho claramente establecida que los 

tribunales apelativos han de conceder gran deferencia y consideraciones 

a las decisiones de los organismos administrativos en vista de la vasta 

experiencia y conocimiento especializado. Graciani Rodríguez v. Garage 

Isla Verde, LLC; Mercedes Benz USA, LLM; Mercedes Benz Financial 

Services US, LLC, 202 DPR 117, 126 (2019); Mun. de San Juan v. Plaza 

Las Américas, 169 DPR 310, 323 (2006); Hernández Álvarez v. Centro 

Unido, 168 DPR 592, 615–616 (2006). Por lo tanto, los tribunales deben 

ser cautelosos al intervenir con las decisiones 

administrativas. Metropolitana, S.E. v. A.R.P.E., 138 DPR 200, 213 

(1995); Viajes Gallardo v. Clavell, 131 DPR 275, 289–290 (1992).

Es por las razones expuestas que las decisiones de los foros 

administrativos están investidas de una presunción de regularidad y 

corrección. García v. Cruz Auto Corp., 173 DPR 870, 892 (2008); Vélez v. 

A.R.P.E., 167 DPR 684, 693 (2006); Rivera Concepción v. A.R.P.E., 152 

DPR 116, 123 (2000). La presunción de corrección que acarrea una 

decisión administrativa deberá sostenerse por los tribunales, a menos 

que la misma logre ser derrotada mediante la identificación de evidencia 

en contrario que obre en el expediente administrativo. E.L.A. v. P.M.C., 

163 DPR 478, 488-490 (2004); Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 DPR 64, 130 

(1998). 
KLRA202400065 11

Al momento de revisar una decisión administrativa el criterio 

rector para los tribunales será la razonabilidad en la actuación de la 

agencia. Rebollo Vda. de Liceaga v. Yiyi Motors, Motor Ambar, Inc., 161 

DPR 69, 76 (2004). Conforme a la cual, habrá que determinar si la 

actuación de la agencia fue arbitraria, ilegal, caprichosa o tan 

irrazonable que constituyó un abuso de discreción. Mun. De San Juan v. 

CRIM, 178 DPR 164, 175 (2010); Asociación de Vecinos Tulip/Monteverde, 

Inc. v. Junta de Planificación, 171 DPR 863, 873 (2007) (Sentencia); Costa 

Azul v. Comisión, 170 DPR 847, 852 (2007). Por tanto, la revisión judicial

de una determinación administrativa se circunscribe a determinar si: (1) 

el remedio concedido por la agencia fue apropiado; (2) las 

determinaciones de hechos realizadas por la agencia están sostenidas 

por evidencia sustancial que obra en el expediente administrativo, y (3) 

las conclusiones de derecho fueron correctas. Sec. 4.5 de la Ley Núm. 

38-2017, conocida como la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, 3 LPRA sec. 9675; Torres Rivera v. 

Policía de PR, 196 DPR 606, 626-627 (2016).

Por otra parte, nuestro Tribunal Supremo ha identificado 

circunstancias en que corresponde no observar tal deferencia. En 

específico, dicho alto foro ha reconocido que la referida deferencia a las 

determinaciones administrativas cederá cuando: (1) la decisión no está 

basada en evidencia sustancial; (2) el organismo administrativo ha 

errado en la aplicación de la ley, y (3) ha mediado una actuación 

irrazonable o ilegal. Acarón, et al v. D.R.N.A., 186 DPR 564, 584 (2012); 

Marina Costa Azul v. Comisión, 170 DPR 847, 852 (2007). (Énfasis 

nuestro). 

B. Junta de Libertad Bajo Palabra

El sistema de libertad bajo palabra es dictaminado por la Ley 118-

1974 (Ley Núm. 118), según enmendada, 4 LPRA secs. 1501 et 
KLRA202400065 12

seq., conocida como la Ley orgánica de la JLBP. De su articulado surge 

que, se permite que una persona que haya sido convicta y sentenciada a 

un término de reclusión cumpla la última parte de su sentencia fuera de la 

institución penal, sujeto a las condiciones que se impongan para conceder 

la libertad. Rivera Beltrán v. J.L.B.P., 169 DPR 903, 918 (2007). El 

propósito de esto es hacer viable la consecución de la política pública 

enunciada en la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a 

los efectos de que se propenderá al tratamiento adecuado de los 

convictos para hacer posible su rehabilitación moral, social y 

económica. Véase, sección 19 del Artículo VI de la Constitución del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

La libertad condicionada se considera como un privilegio concedido 

para ayudar a los convictos en su proceso de rehabilitación, puesto que 

se razona que mientras disfrutan de estos beneficios están técnicamente 

en reclusión. Pueblo v. Negrón Caldero, 157 DPR 413, 420 (2002).

La Junta de Libertad Bajo Palabra es una agencia administrativa 

adscrita al Departamento de Corrección y Rehabilitación, según creada

mediante la Ley Núm. 118, supra. Nuestro Tribunal Supremo ha 

manifestado que dicho organismo administrativo tiene la facultad de 

conceder a cualquiera de las personas recluidas en una institución 

carcelaria de Puerto Rico, el privilegio de cumplir la última parte de su 

condena en libertad bajo palabra. Benítez Nieves v. Estado Libre 

Asociado, 202 DPR 818, 925 (2019). 

Cónsono con lo anterior, para implantar las disposiciones de su ley 

habilitadora, la JLBP adoptó el 18 de noviembre de 2020, el Reglamento 

9232, Reglamento de la Junta de Libertad Bajo Palabra (Reglamento 

Núm. 9232). La sección 10.1 de dicho Reglamento dispone los criterios 

que la JLBP deberá considerar al evaluar una solicitud de libertad bajo 

palabra. Entre los criterios a considerar se encuentran los siguientes:
KLRA202400065 13

A. La Junta evaluará las solicitudes del privilegio caso a caso, 

conforme al grado de rehabilitación y ajuste que presente el 

peticionario durante el término que ha estado en reclusión. 

B. Al evaluar los casos, la Junta tomará en consideración los 

siguientes criterios con relación al peticionario: 

(1) Historial delictivo;

(2) Una relación de liquidación de la(s) sentencia(s) que 

cumple el peticionario;

(3) La clasificación de custodia, el tiempo que lleva en 

dicha clasificación y si hubo cambio de clasificación y 

las razones para ello;

(4) La edad del peticionario;

(5) La opinión de la víctima;

(6) El Historial Social;

(7) Si cuenta con un plan de salida estructurado y 

viable en las áreas de oferta de empleo y/o estudio, 

residencia y amigo consejero;

(8) Historial de Salud;

(a) Se tomarán en consideración todos los 

informes emitidos por cualquier profesional de la 

salud mental, que formen parte del historial 

psicológico preparado por el Departamento de 

Corrección y Rehabilitación y/o el historial 

psiquiátrico preparado por Salud Correccional, 

según aplique. 

(b) Historial médico del peticionario. 

(c) Tratamientos para condiciones de salud que 

haya recibido o reciba el peticionario.

(9) Si se registró en el Registro de Personas Convictas 

por Delitos Sexuales y Abuso contra Menores, en 

aquellos casos en que el peticionario cumpla sentencia 

por alguno de los delitos identificados en el Artículo 3 

de la Ley Núm. 266 de 9 de septiembre de 2004, según 

enmendada;

(10) Si se registró en el Registro de Personas Convictas 

por Delitos de Violencia Doméstica, en aquellos casos 

en que el peticionario cumpla sentencia por alguno de 

los delitos identificados en la Ley Núm. 59 de 1 de 

agosto de 2017, según enmendada;

(11) Cumplimiento con la toma de muestra de ADN, en 

aquellos casos en que el peticionario extingue 

sentencia por alguno de los delitos identificados en el 

Artículo 8 de la Ley Núm. 175 de 24 de julio de 1998, 

según enmendada;

(12) La Junta tendrá discreción para considerar los 

mencionados criterios según considere conveniente y 

cualquier otro meritorio con relación a la 

rehabilitación del peticionario y al mejor interés de la 

sociedad.

Sección 10.1 del Art. X del Reglamento Núm. 9232. (Información 

omitida del texto original). 

Por último, el Artículo XIV, sección 14.1 del Reglamento 9232 

establece que la JLBP “tomara su determinación a base de la
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preponderancia de prueba, a la luz de la prueba presentada durante la 

vista y la totalidad del expediente del caso”. 

C. Ley del caso 

En nuestro ordenamiento jurídico rige la doctrina de la ley del 

caso, la cual establece que los derechos y obligaciones que han sido 

adjudicados mediante una determinación judicial que adviene final y 

firme no pueden ser reexaminados. Pueblo v. Serrano Chang, 201 DPR 

643, 653 (2018); Cacho Pérez v. Hatton Gotay, 195 DPR 1, 8 (2016); Félix 

v. Las Haciendas, 165 DPR 832, 843 (2005); Mgmt. Adm. Servs, Corp. V. 

E.L.A., 152 DPR 599, 606 (2000). (Énfasis suplido). Esta norma jurídica 

tiene el propósito de que las partes en un pleito puedan proseguir 

sobre “unas directrices judiciales confiables y certeras”. Mgmt. Adm. 

Servs, Corp. v. E.L.A., supra, págs. 607-608. (Énfasis nuestro).

Igualmente, esta doctrina resulta fundamental para poner en vigor el 

respeto debido a los dictámenes del tribunal, así como para procurar la 

estabilidad del Derecho. Pueblo v. Serrano Chang, supra, a la pág. 653.

Por tanto, la ley del caso opera como una limitación a auscultar 

nuevamente cuestiones adjudicadas sobre las cuales las partes 

descansan y conducen su proceder en la tramitación de sus reclamos. 

Por medio de este principio se avala la reiterada práctica de los 

tribunales de evitar reconsiderar asuntos ya evaluados en determinado 

pleito. Cabe resaltar, no obstante, que la ley del caso guía la discreción 

del tribunal, pero no coarta su facultad de manejar las controversias 

ante su consideración. Cacho Pérez v. Hatton Gotay, supra, a la pág. 9.

De esta forma, el foro puede ejercer su prerrogativa de alterar 

dictámenes que constituyen la ley del caso en situaciones excepcionales. 

Dicho de otro modo, si en un mismo pleito, cierto asunto vuelve ante la 

consideración del tribunal y, al revaluar el mismo, éste concluye que su 

determinación previa atenta contra la resolución justa de la controversia, 
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el foro no viene obligado a aplicar la ley del caso. Félix v. Las Haciendas, 

165 DPR, a la pág. 844; Rodríguez Ocasio v. ACAA, 197 DPR 852, 864 

(2017). Empero, los tribunales pueden descartar la aplicación de esta 

doctrina únicamente cuando el atentado contra los principios básicos de 

la justicia es patente. Noriega v. Gobernador, 130 DPR 919, 931 (1992). 

Examinado de otra manera, la ley del caso no puede ser descartada si, al 

hacerlo, se producen resultados manifiestamente injustos a una de las 

partes.

Para que un reclamo al amparo de esta doctrina prospere, es 

requisito de umbral que se trata de un dictamen revestido de certeza, lo 

que incluye todas las cuestiones finales consideradas y decididas por el 

tribunal. Félix v. Las Haciendas, 165 DPR, a la pág. 843. Es menester 

destacar que dicho dictamen no tiene que estar comprendido en una 

sentencia. La doctrina de la ley del caso aplica igualmente a lo dirimido 

en órdenes y resoluciones, una vez éstas advienen finales y 

firmes. Secretario del Trabajo v. Tribunal Superior, 95 DPR 136, 140 

(1967). De este modo, la ley del caso integra la máxima jurídica de que 

“las adjudicaciones deben tener fin”. Íd. a la pág. 141; véase, 

además, Pueblo v. Serrano Chang, 201 DPR, a la pág. 654.

Por último, como regla general, las determinaciones judiciales 

que constituyen la ley del caso obligan tanto al tribunal de instancia 

como al que las dictó, si el caso vuelve ante su consideración. Cacho 

Pérez v. Hatton Gotay, supra, en la pág. 9. (Énfasis provisto).

III. Aplicación del Derecho a los hechos

a.

La discusión del quinto señalamiento de error dispone del recurso 

presentado, por lo que nos limitaremos a su dilucidación.

Sin que resulte necesario reiterar sobre lo señalado, el recurrente

aduce que incidió la JLBP al denegarle la concesión de la libertad bajo 
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palabra, y requerirle una evaluación psiquiátrica, aun cuando esta

última ya obraba en el expediente administrativo. Más aún, por virtud 

del Informe de la Oficial Examinadora de la JLBP de 26 de septiembre de 

2023, donde se recomendó la concesión de la libertad a prueba del 

recurrente bajo un programa de supervisión electrónica en el Estado de 

la Florida, este juzga que deberíamos ordenar tal curso de acción, sin 

consideraciones ulteriores.

Sobre lo cual, el Procurador General admite que la JLBP no

consideró la evaluación psiquiátrica del recurrente para fines de 

determinar la concesión de libertad bajo palabra, aunque sí formaba 

parte del expediente administrativo al momento en que se determinó

denegar dicho privilegio, pero aduce que esto fue producto de una

inadvertencia de dicho órgano administrativo. Reconoce de igual forma

que, por virtud de nuestra Sentencia de 21 de julio de 2023, 

KLRA202300244, ya habíamos ordenado la devolución de este caso a la 

JLBP para que, tomando en consideración la evaluación psiquiátrica, el 

recurrente fuera evaluado nuevamente, de forma integral e inmediata, 

sin tener que esperar al mes de diciembre de 2023. Como remedio, nos 

solicita que ordenemos la devolución del caso a la JLBP, para que de 

inmediato evalúe al señor Román Román, a la luz de la totalidad del

expediente administrativo, cónsono con lo ordenado por este Tribunal

mediante Sentencia de 21 de julio de 2023.

b.

Habiendo sido admitido por la propia JLBP, a través del 

Procurador, que no tomó en consideración la evaluación siquiátrica del 

recurrente al denegar la concesión de libertad a prueba, dictamen aquí 

recurrido, queda establecido que incumplió con la Orden que a esos 

precisos efectos emitimos en la Sentencia de 21 de julio de 2023, 

KLRA202300244, y constituye la ley del caso. En este sentido, no 
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podemos variar el dictamen anterior de este Tribunal de Apelaciones

donde fue ordenado a la JLBP incluir la evaluación siquiátrica, como 

parte de la evaluación integral del expediente administrativo que debe 

preceder la decisión que se tome. Este curso de acción está respaldado, 

además, por la clara letra del Reglamento 9232, que requiere que la 

JLBP tome su determinación a base de la prueba presentada y la 

totalidad del expediente del caso. (Énfasis provisto). Artículo XIV, 

sección 14.4 del Reglamento 9232.

Examinado lo anterior, sin embargo, queda por determinar si el 

remedio que procede en el caso ante nosotros es: concederle una 

segunda oportunidad a la JLBP para que evalúe nuevamente el caso del 

recurrente, pero tomando en consideración la referida evaluación 

psiquiátrica, según lo sugiere el Procurador en su escrito; o si debemos 

ordenar la concesión de la libertad a prueba al recurrente, sin

consideraciones ulteriores, de acuerdo a la recomendación del Informe de 

la Oficial Examinadora de la JLBP de 26 de septiembre de 2023.

Atendidas tales propuestas de remedio, nos decantamos en favor 

de ordenar devolver a la JLBP el asunto, para que esta vez sí realice la 

evaluación del recurrente para tal privilegio, considerando la totalidad 

del expediente, lo que necesariamente incluye la evaluación siquiátrica,

sin dilación alguna.

Al así decidir reconocemos como inexcusable que, por una llamada

inadvertencia, la JLBP no hubiese considerado la evaluación siquiátrica 

del recurrente al determinar sobre la concesión del privilegio bajo 

examen, a pesar de que con claridad así le ordenamos que actuara 

mediante la Sentencia de 26 de septiembre de 2023, y tal omisión

retrasara tan delicado proceso. Sin embargo, también reconocemos que 

corresponde a la JLBP, como ente administrativo especializado, la labor 

de sopesar toda la información pertinente al momento de emitir una 
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determinación sobre la concesión o denegatoria del privilegio de libertad 

a prueba. Ubica así este curso decisorio nuestro dentro del principio de 

deferencia que rige la labor revisora al sopesar las actuaciones

administrativas, lo que incluye el reconocimiento a la pericia de las 

agencias en las labores que le son delegadas. 

Atendiendo específicamente el planteamiento del recurrente,

dirigido a solicitarnos que acojamos las recomendaciones dimanantes del 

Informe de la Oficial Examinadora de 26 de septiembre de 2023 para

determinar, sin más, conceder la libertad a prueba, se debe conocer que 

las conclusiones y recomendaciones contenidas en un informe de un 

oficial examinador no obligan al organismo administrativo. Misión 

Industrial P.R. v. J.C.A., 145 DPR 908, 933 (1998); Henríquez v. Consejo 

de Educación Superior, 120 DPR 194, 208 (1987). Es decir, una vez la 

JLBP evalúe la totalidad del expediente administrativo, junto a las 

recomendaciones de la referida Oficial Examinadora, no necesariamente 

tiene que acoger las recomendaciones que de dicho Informe surjan.

En definitiva, la JLBP no evaluó la totalidad del expediente 

administrativo del recurrente, en tanto que, para alcanzar su 

determinación de denegar la libertad a prueba, pretirió sopesar el

informe siquiátrico, a pesar de tenerlo disponible, y este foro intermedio

habérselo ordenado aquilatar, mediante la Sentencia dictada en el caso 

KLRA202300244. Bajo tales términos, el dictamen recurrido fue

irrazonable, procede su revocación. No obstante, como remedio 

ordenamos que, sin dilación alguna, de manera inmediata, la JLBP 

reevalúe al recurrente, de conformidad con lo aquí expuesto. 

IV. Parte dispositiva

Por lo explicado, revocamos la determinación recurrida y 

devolvemos el caso a la JLBP para que, tomando en consideración la 
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evaluación psiquiátrica, evalúe nuevamente al recurrente conforme a

derecho. 

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica su Secretaria.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones