N ÚMERO IDENTIFICADOR
SEN 2 02 4

______________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico TRIBUNAL DE APELACIONES Panel Especial

JUAN MIGUEL ROMÁN ROM Á N

Recurrente

v.

JUNTA DE LIBERTAD BAJO PALABRA Recurrida KLRA202400065 Revisión Judicial procedente de la Junta de Libertad Bajo Palabra

Caso Núm. 146689

Sobre: No concesión del privilegio de Libertad Bajo Palabra

– volver a considerar Panel integrado por su presidenta, la Juez Lebrón Nieves, el Juez Adames Soto y la Jueza Martínez Cordero
Adames Soto, Juez Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de abril de 20 2 4

. Comparece el señor Juan Mig uel Román Román (señor Román Román o recurrente), miembro de la pob lación correccional, a través de

un recurso de revisión judicial, solicitando que revoquemos una

Resolución emitida por la Jun ta de Libertad Bajo Palabra (JLBP o

recu rrida), el 15 de diciembre de 2023. 1 Mediante la referida
determinación, la JLBP decidió no conceder le el privilegio de libe rtad bajo palabra al recurrente porque, en tre otr a s r azones , tenía que ser sometido a una evaluación siquiátrica. Sin embargo, entre los señalamientos de error que el recurrente
alzó ante nosotros, asever ó que la JL BP contaba con la referida evaluación siqui átrica en su expediente administrativo al momento de la denegatoria de la libertad condicional, y este Tribunal de Apelaciones ya

1 Noti ficada el 9 d e enero de 202 4.KLRA202 400065 2

había intervenido anteriormente en el mismo asunto , ordenando precisamente que e l foro administrativo sopesar a tal evaluación

. Respecto a lo cual, la Oficina del Procurado r General , en representa c ión de la JLBP, reconoce que tal er ror f ue cometido por el foro

admi nistrativo, por lo que nos solicita que ordenemos la devolución del

caso para que se ponder e la evaluación siquiátri ca
. Adelantamos que hemos decidido revoca r la Resolució n recurrida , a
los fines de devolve r nuevamente el asunto a la JL BP para qu e , sin

dilació n, evalúe nuevamente al señor Rom án Román , tomando en

consideración el informe siquiátrico aludido

. I. Resu men del tracto procesal Según in t imamos en el párrafo intro ductorio, este Tribunal de Apelaciones previamente inte rv ino en este caso, e n una controv e rsia ca si
idéntica, KLRA202300244, por lo que para fines del tracto procesal , nos
referiremos solo a los asuntos estrictamente necesarios que sirvan para dilucidar la controversia presente.

El señor Román Romá n tiene sesenta y dos (6 2 ) años y el 1 8 de

diciembre de 1997 fue sentenciado a cumplir una pena de reclusi ón de
noventa y nueve años , tras ser encontrado cu lpable por el delito de

asesinato , por hechos ocurridos el 20 de abril de 1996

. C omo parte de los procesos ordinarios a los que s on sometidos los

confin ados, el 7 de diciembre de 2022 se cele b ró u na Vista de

Consideración ante la Oficial Examinadora de la JLBP , para evaluar l a posible concesión de libertad bajo palabra al señor Román Román

. En

consecuencia , el 21 de febrero de 2023, dich a Oficial Examinadora rindió

un Inf orme de Oficial Examinadora 2 , en el que no recomen dó conceder el privil egio de libertad bajo palabra al recurr ente , y que el caso vol v iera a

ser considerado en diciembre de 2023

.

2 Seg ún consta en la Sentencia emitida e n el caso KLRA202300 244

. Apéndice 6 del
recur so de revisión , pág. 13 0.K LRA202400065 3

De conformid ad con la recomendación aludida , e l 3 de marzo de
2023, la JLBP emitió una Resolución denegándole al señor Román Román el privilegio de libertad bajo palabra y disponiendo que el caso

fuera nuevamente considerado para diciembre de 2023

. Dispuso , además, que para esta última fecha se contase con un Informe de Ajuste
y Progre s o actualizado, un plan de salida corroborado por el Negociado

de C o munidad de l DCR, así como evidencia de finalización de terapias

c ontra adicción a sustancias controladas

. Posteriorm ente, el 1 5 de ma yo de 2 023, 3 l a JLBP emitió una

Resolución Enmendada a los efecto s de consignar lo siguiente: “ P ara
diciembre de 2023 se or dena evaluación p siquiátrica por facultativo (ps iquiatra ) de Salud Correccional ” . ( Énfasis en el original )

.
E l señor Román Román no estuvo conforme con tal determinación

y por e so presentó , el 26 de mayo de 2 023 , u n r ecurso de revisión judicial ant e este Foro Apelativo , que fue identificad o con el alfanuméric o
KLRA202300244. E n esencia, adujo que la JLBP deb i ó posp o ner por

se senta días s u determinación de denegar el privile gio de libertad bajo palabra, hasta tanto se le realizara la evaluación ps iquiátrica

mencionada

. Más adelante, el 22 de junio de 2022, e sta misma parte

instó una Moción sometiendo evaluación psiquiátri[c]a ordenada por la

Junta de Libertad Bajo Palabra

. 4
En respuesta , el 26 de jun io de 2023, la JLBP , representada por la

Oficina del Pr ocurado r General de Puerto Rico, presentó Escrito en Cumplimiento de Resolución 5 , solicit a ndo que se confirmara e l dictamen

recurrid o, o en la alternativa, se devolviera el caso a la JL BP para que

3 Notificada el 17 de mayo de 2023.
4 Seg ún consta en la Sentencia emitida e n el caso KLRA202300 244

. Apéndice 6 del
recur so de revisión, pág

. 139. 5 Íd

.KLRA202 400065 4

el recurrente fuera reevaluad o, de acuerdo c on la evaluación

ps iquiátrica

. 6

Es así como , el 21 de julio de 2023, emitimos la Sentencia

identificada con el alfanumérico KLRA202300244 , revocando la

Resolución Enmendada de la JLBP , y ordenando la devol ución d el ca so al

foro administrativo “ para que tomando en consideració n la evaluación psiqui á t rica , eval úe nuevamente al recurrente de forma integral e
inmediata, sin tener que esperar al mes de diciembre de 2023 ”

. 7 Entonces, ahora atendiendo los asuntos proces ales acontecidos luego de emitida nuestra Sentencia de 21 juli o de 2023, por causa de lo que allí decidimos, el 26 d e septiembre de 2023 la Oficial Examinadora a

car go de la eval uación del recurrente rindió otro In forme de Oficial

Exam i nado ra

, pero esta vez , recomend a ndo que se le concedi era el privilegio de libertad bajo palabra , su jeto al cumplimien to estricto de las

condi ci ones establecidas en su Mandato de l ib ertad bajo palabra

. Asimismo, el T écnico de Servi cios Socio penales asignado al

re curre nte tamb ién somet ió el co rre s pondiente Informe de A juste y
Progreso a la JLBP

. En resume n, allí se indicó que el se ñor Román

Román : (1 ) no c ontaba co n casos pendientes de resolver; ( 2) no cumpl ía por fuga ni delitos relacionados; (3) cu lminó las terapias de Negociado de Evaluación y Asesoramiento el 13 de septiembre de 2022; (4) no ha bía sido objeto de querellas durante su pe riodo de reclusión; (5) se le r ealizó

prue b a toxicológica el d ía 24 de enero de 2023, la cual ar rojó resultados negativos; ( 6) c ontaba con el apoyo total de su hija Tatiana Román

Barreto , quien reside en el esta do de la Florida y quien lo acoger ía en su
h ogar pues el plan de salida prese ntado e s con ella; y (7) completó

6 Íd.
7 Í d ., en la pág. 153

. Llamamos la atención al hecho de que la Juez presidente de Panel , Hon

. G. Lebró n Nieves, emitió voto concurrente, por estar en desacuerdo con requer irle a la agencia que realizar a la evalu a ción , previo a la fecha pautada para ello.K LRA202400065 5

terapias del programa de trastornos adictivos en noviembre de 2005. 8

Adem ás, el té cnico de servicios sociopenales ex presó que el señor Ro má n
Román ha bía demostrado interés genuino en su proceso de

rehabilitación , m ostraba acti tud pos itiva hacia su proceso de confinamiento, su plan de salida est aba estructur ado en el área de hogar
a residir, la o ferta de empleo no e ra aplicable por este estar i ncapacita do

y c ontar con 62 años de ed ad. 9 A lo q ue se une que , el 6 de oc tubre de
2023, se recomendó la concesión de libertad bajo pa labra por medio de pacto interestatal de reci procidad con supervisión electrónica en el estado de Florida por un periodo de tres años. 10
Luego , el 19 de octubr e de 2023, el Técnico de Servicios Sociopenales presen tó a la JLBP otro infor me, identificado como Informe

P revio al M

andato , en el que hizo constar lo siguiente:

El confinado en referencia continúa clasificado en custodia mínima desde el día 29 de marzo de 2002 por presen tar bu enos ajustes institucionales

. Cumple satisfactoriamente con el plan institucional previamente asignado. Complet [ó ] las Terapias el negociado de evaluación y asesoramiento el día 13 de septiembre de 2022. No cuenta con querellas adm inistrativas pendie ntes ni caso s pendientes. Se muestra educado, cooperador en y durante los procesos de entrevista en el área socio penal. El día 24 de enero de 2023 se le p racticó prueba toxicológica la cual arroj [ ó] resultados negativos además el día 17 de octubre de 2023 se le practicó nuevamente prueba toxicológica arrojando nuevamente resultados negativos (muestra de que no hace uso de sustancias controladas). Cuenta con el apoyo to tal de su hija Tati a na Román Barreto quien reside en el Est ado de la Florida y es l a perso na que lo acogerá en su hogar. 11
Entonces, el 15 de diciembre de 2023 , 12 luego de la J LBP sopesar lo anterior, emitió Resolución en la que determinó no concederle el privilegio de libertad bajo palab r a al recurrente

. En la referida Resolución

la JLBP enumeró las siguientes determinaciones de he chos:

8 Anejo 8 del re curso de revisión, pág. 159

- 160. 9 Íd., en la pág. 160. 10 A nejo 10 del recurso de revisión, pág. 166.
11 Anejo 11 del recurso de revisión, p ág. 167. 12 Notificada el 22 de diciembre de 2023.KLRA202 400065 6

1. Al momento de la evaluación del expediente, surge que la parte de epígra fe n o cuen ta casos ante los tribunales, denuncia s o querellas institucionales pendientes. 2. El peticionario se encuentra clasificado en custodia mínima desde el 28 de marzo de 20 18, conforme se desprende de su expediente

. 3. Al peticio nario l e f ue realizada l a to ma de muestra de ADN el 8 de junio de 2015, conforme a la Ley 175

- 1998. 4. E l peticionario es primer ofensor. 5. Culminó terapias de Trastornos Adictivos en el 2005, Taller de Cr ecimiento el 18 de noviembre de 2005, Crecimiento Psicosocial y Espiritual el 8 de marzo de 20 12 y Salud Vital el 2 5 de febrero de 2013. 6. El peticionario culminó las terapias psicológicas de la Sección del Prog rama de Evaluación y Asesoramiento (SPEA) el 1 3 de septiembre de 2022 . Sin embargo, en consideración a que el delito cometido fue producto de un patrón abusivo de violencia domést ica contra la occisa, exacerbado por el abuso de bebidas alcohólicas, solicitamos le sea realizada evaluación psiquiátrica en Salud Correccional del DCR. 7. Del expediente del peticionario no surgió evide ncia de q ue éste haya mostrado arrepen timiento del asesinato cometido. Este acto conlleva una introspección profunda sobre los hechos cometidos y nos muestra si el peticion ario ha i nternalizado las consecuencias de su conducta delictiva, lo cual no se evid enci a en este c aso. 8. El peticionario cuenta con Informe de Ajuste emitido por el SPEA emit ido el 12 de octubre de 2022. 9. La parte peticionar ia propuso su libertad bajo palab ra p ara el estado de Florida. Cuenta con carta de aceptación de dicho estado. El pe tici onario propone residir con su hija Tatiana Román. 10. El peticionario no propuso plan de salida en el área de oferta de empleo. Este no tiene que someter amigo consejero d ebido a que cuenta con más de sesenta (60) años. 11. Para efectos de un análisis de la tota lidad del expediente, se evaluó la opinión de los perjudicados y víctimas, así como, la naturaleza y circunstancias de los delitos por los cuales cumple se ntencia el peticio nario. 12. El peticionario demuestra poca intro spección por los hechos cometidos e n pr esencia de su hija meno r de edad que causaron la muerte de su esposa. 13. Surge del expediente que éste nunca cumplió con su deber de proveer alimento s cuando su hija era menor de edad. ( Énfa sis provisto )

. Hab iendo así decidi d o , el foro administrativo dispuso que el caso

se volvería a considera r en diciembre de 2024, fecha para la cual requirió lo siguiente : (1) Informe de Ajuste y progreso actuali zado; (2 ) Plan de

salida corr oborado por el Negociado de Comunidad del DCR; (3) evidenciaK LRA202400065 7

de finalización de terapias contra adicción a sus tancias controladas; (4) evaluación psiquiátrica; y (5) eviden cia que demuestre servicios de terapias o tratamiento psicológico o psiquiát rico para fortalecer y someter

el c ontrol de impulsos hostiles y agresivos.

Es sobre este último dictamen del foro recurrido que el señor

Román Román acude ante nosotros en el present e recurso de revisión judicial, se ñalando la comisión de los siguientes errores:

P ri mer error : Erró nuevamente l a Junta al denegar la l b p del recurrente, no basándose su determinación final en prueba real y fehacie nte y n o hacer un análisis ponderado de to da la documentación y recomendaciones de funcionarios del DCR que obr a en s u expediente, documentos, informes y evaluaciones y los testimo nios durante la vista, por l o que no existe evidencia sustancial que la sost enga y la misma fue arbitraria ilegal e irrazonable y procede su revocación. Segundo error: Erró nuevamente la Jun ta al concluir en su determinación de hechos seis (6) que el de lito cometido por el
recurre nte fue producto de un patrón de abuso y violenc ia domé sti ca contra la occisa que no se basó en prueba real y fehaciente y de un análisis ponderado de toda la docume ntación que obra en su expediente, en tiéndase documentos, infor mes, evaluaciones, de los te stimonios durante la vista y recomendaciones de funcion arios del D C R, por lo que no existe evidencia sustancial que la sost enga y la determinación tomada fue arbitra ria ilegal e irrazonable, constituye un cr aso error de derecho y procede su revocación.

Tercer error: Erró nuevamente l a Junta al conclu ir en s u determinación de hecho s n úmero siet e (7) que el recurrente no mostró arrepenti miento, cuando de un aná lisis ponderado de toda la documentación qu e obra en su expediente, e ntiéndase documentos, inform es, evaluaciones, los testimonio s durante la vis ta y re co mendaciones de funci onarios del DCR que demostró que “ estaba sumamente
arr epentido de todo lo sucedido ya qu e quien sufrió por todos estos suceso s fueron ambas familias ” p or lo que existe en el exped iente evidencia sustancial que contradice dicha determi nación de la Ju nta, que consideró la opinión de los perjudicados y no se basó en prueba real y fehacient e sien do arbitraria, ilegal e irrazo nable y constituye un craso error de derecho que amerita su r evocación.

Cuarto error: Erró nuevamente la J unta al emi tir una Resolución que determinó que el recurrente no cumpl ía los criterios requeridos para beneficiarse d e lbp fundamentándose en que n o somet ió oferta de empleo aun cu ando su plan de salida es pa ra residir en el Estado de Florida y que incumpl ió su d eber de proveer alimentos a su hija menor de edad, lo que constituyó un error de derecho yKLRA202 400065 8

un claro abus o de d iscreción que amerita la revocación d e la Resolución impugnada. Quinto error: Erró nuevam ente la Junta al emi tir un a Resolución que deter minó qu e el recurrente no cumplía los criterios requeridos para beneficia r se de lbp al determinar que nuevamente d ebía finalizar unas terapias de sustancia s controladas que ya habí a finalizado y requerirle nue vamente
una evaluación psiquiátrica que consta e n su ex pediente por lo que existe evidencia real y fehaciente de que ya las había tomado, lo que constituyó un er r or de derecho y un claro abuso de discre ción que amerita la revoc ación de la Resolu ción impugn ada.

Sexto error: Erró nuevamente la Junta al no conc eder lbp al recurrente negándose a acoger la recomendación de la Oficial Examinadora designada que recomendó s u lbp ., lo que constituyó un error de derecho y un claro abuso de discreción que amerita la revocación de la Resolución impugnada.
Sé ptim o error : Erró la Junta al no conceder lbp al recurrente negándose a acoger la recomendación de la Oficial Exam inadora designada que recomendó su lbp por
e ntender que el recurrente cumple cabalmente los criter ios establecidos en las Secciones 10.1 y 10.2 de l Regla mento 9232

- 2020, lo que constituyó un error de derecho y un claro abuso de discreción que amerita la revocació n de la Resolución impugnada.

Octav o error: Erró la Jun ta al emi tir una Resolución que de negó lbp al recurrente determinado que no cumplí a los
c riterios requeridos para beneficiarse de lbp, incumpliendo su obligación de considerar la totalidad del e x pedi ente administrativo y las recomendaci one s de funcionarios del DCR de la cual surge que éste cumple todos los requisitos establecidos en las Seccio nes 10.1 y 10.2 del Reglamento 9232

- 2020 lo que constituyó un error de derecho y un claro abuso de discreción que amerita la revocación de la Resol uci ón impugnada.

Vist o lo cual, el 12 de febrero de 2024, emit i mos Resolución

concediéndole a la recurrid a treinta días para exponer su posición.
En respuesta, y como adelantamos, el 8 de marzo de 2024 , l a
Oficina del Procurador Gener al de Puerto Rico ( el Procu rador ) , en representación de la JLBP, presentó un a Moc ión en Cumplimiento de

Resolución. En s u m uy breve escrito , el Procur ador indicó que la JLBP admitió que, por inadvertenci a, no conside ró la evaluación psiqui átrica que formaba parte del expediente administrativo al momento de denegarle el privilegio de libertad bajo palabra al recurrente

. Por estaK LRA202400065 9

razón , nuevamente s olicitó que se le devolviera el caso a la JLBP para

que eval úe inmediatamente al se ñor Román Román , a la lu z de la totalidad del expediente administrativ o , cónsono con lo ordenado por

este Tribunal en el caso KLRA202300244

.
E l 18 de marzo de 2024 , el recurrente presentó Moción solicitando

orden de carácter urgente para que se noti fique moci

[ ó]n en c umplimiento de resoluci[ó]n radica do el 8 de marzo de 2024, acceso a documento sellado y t é rmino para replicar escrito radicado por el P rocurador G eneral

. Alegó que no había recibido la totalidad del docu mento presentado por la

recu rrida.

El 2 0 de marzo de 2024, la recurrida compareció y sostuvo que , a
solicitud del recurrente , se le remitió el 11 de marzo de 2024 nuevamente

la Moción en Cumplimie nto de Resolución

. Visto lo anterior, el 21 de marzo de 2024, emitimos Resolución

concediéndole cinco días al señor Román Román para q ue se expresar a
en torno a l a petición de la recurrida para que se le devolviera el caso y pudiera evaluar el informe si quiátrico

. A raíz de lo cual, e l 2 de abril de 2024, el recurrente presentó

Moci [ ó ] n urge nt e en cumplimiento de resoluci [ ó] y solicitud para que se ponga en vigor concesi [ó] de libertad bajo pal abra

. En lo pertinente , el

señor Román Román ob jet ó que el caso fuera devuelto por segunda

ocasión a la JLBP , pues debía acog erse l a recomendación de la Oficial

Examinadora orden ando su liberta d bajo palabra

. Con el beneficio de la comparecencia de las partes, estamos en posición de resolve r.

II. Exposición de Derecho

A. Rev isión Judi cial La Ley de Procedimiento Administrativo Uni forme del Gobierno de

Puerto Rico (LPAU), Ley Núm. 3 8

- 2017, según enmendada, 3 LPRA sec.KLRA202 400065 10

9601 et seq. , dispone el alcance de la revisión judicial sobre las determinaciones de las agencias. Tanto la referida ley, como la jurisprudencia aplicable, establecen qu e la función revisora de las

decisiones administrati vas concedida a los tribunales apelativos consiste esencialmente en determinar si la actuación de la agencia fue dictada dentro de las facultades que le fueron co nferidas por ley y si la misma es legal y razonable. T

– JAC v. Cagua s Centrum Limited , 148 DPR 70, 80 (1999). Al respecto, es norma de derecho claramente establecida que los tribunales apelativos han de conceder gran deferencia y consideraciones

a las decis iones de los organismos administrativos en vista de la vasta experiencia y conocimiento especi alizado. Graciani Rodríguez v. Garage
Isla Verde, LLC; Mercedes Benz USA, LLM; Mercedes Benz Financial
Services US, LLC , 202 DPR 117, 126 (2019); Mun. de San Juan v. Plaza

Las Américas , 169 DPR 310, 323 ( 2006); Hernández Álvarez v. Centro

Unido , 168 DPR 59 2, 615

– 616 (2006). Por lo tanto, los tribunales deben

ser cautelosos al intervenir con las decisiones

administrativas. Metropolitana, S.E. v. A.R.P.E. , 138 DPR 20 0, 213
(1995); Viajes Gallardo v. Clavell , 131 DPR 275, 289

– 290 (1992).
Es por las razones expuestas que las decisiones de los foros administrativos están investidas de una presunción de regularidad y

corrección. García v. Cruz Auto Corp. , 173 DPR 870, 892 (2008); Vélez v.

A.R.P.E. , 167 DPR 68 4, 693 (2006); Rivera Con cepción v. A.R.P.E. , 152

DP R 116, 123 (2000). La presunción de corrección que acarrea una decisión administrativa deberá sostenerse por los tribunales, a menos que la misma logre ser derrot ada mediante la identificación de evidenci a en contrario que obre en el expediente administrat ivo. E.L.A. v. P.M.C. , 163 DPR 478, 488

- 490 (2004); Misión Ind. P.R. v. J.P. , 146 DPR 64, 130
(1998).K LRA202400065 11

Al momento de revisar una decisión administrativa el cr iterio rector para los tribunales será la razonabilidad en la actua ción de la agencia. Rebollo Vda. de Liceaga v. Yiyi Motors, Motor Ambar, Inc. , 161 DPR 69, 76 (2004). Conforme a la cual, habrá que determinar si la actuación de la agencia fue arbitraria, ilegal, caprichosa o tan irrazonable que c onstituyó un abuso de discreción. Mun. De San Juan v

. CRIM , 178 DPR 164, 175 (2010); Asociación de Vecinos Tulip/Monteverde, Inc. v. Junta de Planificación , 171 DPR 863, 873 (2007) (Sentencia); Costa

Azul v. Comisi ón , 170 DPR 847, 852 (2007). Por tanto, la revisión judicial

de una determinación administrati va se circunscribe a determinar si: (1) el remedio concedido por la agencia fue apropiado; (2) las determinaciones de hechos realizadas por la agencia están soste nidas por evidencia sustancial que obra en el expediente administrativo, y (3)

las conclusione s de derecho fueron correctas. Sec. 4.5 de la Ley Núm.

38

- 2017, conocida como la Ley de Procedimiento Administrativo
Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, 3 LPRA sec. 9675; Torres Rivera v.

Policía de PR , 196 DPR 606, 626

- 627 (20 16).
Por otra parte, nu estro Tribunal Supremo ha identificado circunstancias en que corresponde no observar tal deferencia. En específico, dicho alto foro ha reconocido que la referida deferencia a las

determinaciones administr ativas cederá cuando: (1) la decis ión no está

basada en evidencia sustancia l ; (2) el organismo administrativo ha errado en la aplicación de la ley, y (3) ha mediado una actuación irrazonable o ilega l

. Acarón, et al v. D.R.N.A., 186 DPR 564, 584 (2012 ) ;
Mar ina Costa Azul v. Comisió n , 170 DP R 847, 852 (2007). (Énfasis
nuestro).

B. Junta de Libertad Bajo Pal abra El sistema de libertad bajo palabra es dictaminado por la Ley 118

- 1974 (Ley Núm. 118), según enmendada, 4 LPRA secs. 1501 etKLRA202 400065 12

seq., conocida como la L ey orgánica de la JLBP . De su articulado surge

que, se permite que una persona que haya sido convicta y sen tenciada a un término de reclusión cumpla la última parte de su sentencia fuera de la institución penal, sujeto a las condiciones que se impongan par a conceder

la libertad. R ivera Beltrán v. J.L.B.P., 169 DPR 903, 918 (2007). El propósito de esto es hacer viable la consecución de la política pública
enunciada en la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a los efectos de que se propender á al tratamiento adecuado de los convictos para hace r posible su rehabilitación moral, social y

económica. Véase, sección 19 del Artículo VI de la Constitución del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
La libertad condicionada se considera como un privilegio concedido para ayuda r a los convictos en su proceso de rehabilitación, pu esto que se razona que mientras disfrutan de estos bene ficios están técnicamente

en reclusión. Pueblo v. Negrón Caldero, 157 DPR 413, 420 (2002).
La Junta de Libertad Bajo Palabra es una agencia adminis trativa adscrita al Departamento de Corrección y Reh abilitación , según cre ada mediante la Ley Núm. 118, su pra
. N uestro Tribunal Supremo ha

ma nifestado que dicho organismo administrativo tiene la facultad de conceder a cualquiera de las personas recluidas en una insti tución carcelaria de Puerto Rico, el privilegio de c umplir la última parte de su condena en libertad bajo p alabra. Benítez Nieves v. Estado Libre
Asociado, 202 DPR 818, 925 (2019).
Cónsono con lo anterior, para implantar las disposiciones de su ley

hab ilitadora, la JLBP adoptó el 18 de noviembre de 2020 , el Reglamento
9232, Reglamento de la Junta de Liberta d Bajo Palabra (Reglamento Núm. 9232). La sección 10.1 de dicho Reglamento dispone los criterios que la JLBP deberá considerar al evaluar una solicit ud de libertad bajo palabra. Entre los criterios a c onsiderar se encuentran los siguientes:K LRA202400065 13

A. La Junta evaluará las solicitudes del privile gio caso a caso, conforme al grado de rehabilitación y ajuste que presente el peticionario durante el término que ha e stado en reclusión. B. Al evaluar los casos, la Junta tomará en considera ción los siguientes cri ter ios con relación al peticionario: (1) Historial delictivo; (2) Una relación de liquidación de la(s) sentencia(s) que cumple el peticionario; (3) La clasificació n de custodia, el tiempo que lleva en dicha clasificación y si hubo cambio de clasificación y las razones para ello; (4) La edad del peti ciona rio; (5) La opinión de la víctima; (6) El Historial Social; (7) Si cuenta con un plan de salida estructura do y viable en las áreas de oferta de empleo y/o estudio, residencia y amigo consejero; (8) Historial de Salud; (a) Se tomarán en consideración todos los informes emitidos por cualquier profesional de l a salud mental, que formen parte del h istorial psi cológico prepara do por el Depar tamento de Corrección y Rehabilitación y/o el historial psiquiátrico p reparado por Salud Correccional, según apli que. (b) Historial médico del peticionario

. (c) Tratamientos para condiciones de salud que haya recibido o r eciba el peticionario. (9) Si se registró en el Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales y Abuso contra Me nores, en aquellos casos en que el peticionario cumpla sentencia por alguno de los delitos identificados en el Artículo 3 de la Ley Núm. 26 6 de 9 de septi embre de 2004, según enmendada; (10) Si se registró en el Registro de Personas Convictas por Delitos de Violencia Doméstica, en aquellos casos en que el peticionario cumpla sentencia por alguno de los delitos identificados en la Ley Núm. 5 9 de 1 de agost o de 2017, según enmendada; (11) Cumplimiento con la toma de muestra de ADN, en aquellos casos en qu e el peticionario extingue sentencia por alguno de los delitos identificados en el Artículo 8 de la Ley Núm. 175 de 24 de julio de 1998,
se gún enmendada; (12) La Junta tendrá discreción para considerar los mencionados criterios según considere convenient e y cualquier otro meritorio con relación a la rehabilitación del peticionario y al mejor interés de la sociedad.

Sección 10.1 del Art. X del Reglamen to Núm. 9232. (Información omitida del texto original).

Por últi mo, el Artículo XIV, sección 14.1 del Reglamento 9232 establece que la JLBP “ tomara su determinación a base de laKLRA202 400065 14

preponderancia de prueba, a la luz de la prueba p resentada du rante la vista y la totalidad del expediente del caso ”

. C. Ley del caso En nuestro ordenamiento jurídico rige la doctrina de la ley del

caso , la cual establece que los derechos y obligaciones que han sido adjudicados medi ante una determinación judicial q ue adviene final y firme no pueden ser reexaminados. Pueblo v. Serrano Chang , 201 DPR 643, 653 (2018); Cacho Pérez v. Hatton Gotay , 195 DPR 1, 8 (2016); Félix

v. Las Haciendas , 165 DPR 832, 843 (2005); Mgmt. Adm. Servs, Cor p. V.

E.L.A. , 152 DPR 599, 606 (2 000). (Énfasis suplido). Esta norma jurídica tiene el propósito de que las partes en un pleito puedan proseguir sobre “unas directrices judiciales confiables y certeras”. Mgmt. Adm.
Servs, Corp. v. E.L.A. , supra, págs. 607

- 608. (Énfasis nuestro ). Igualmen te, esta doctrina resulta fundamental para poner en vigor el respeto debido a los dictámenes del tribunal, así como para procurar la

estabilidad del Derecho. Pueblo v. Serrano Chang , supra, a la pág. 653.
Por tanto, la ley del caso opera como una limitac ión a auscultar nuevamente cuestiones adjudicadas sobre las cuales las partes descansan y conducen su proceder en la tramitación de sus reclamos. Por medio de este principio se avala la reiterada práctica de los

tribunales de evitar r econsiderar asuntos ya evaluados en determinado pleito. Cabe resaltar, no obstante, que la ley del caso guía la discreción del tribunal, pero no coarta su facultad de manejar las controversias

ante su consideración. Cacho Pérez v. Hatton Gotay , supra, a la pág. 9.

De esta for ma, el foro puede ejercer su prerrogativa de alterar dictámenes que constituyen la ley del caso en situaciones excepcionales. Dicho de otro modo, si en un mismo pleito, cierto asunto vuelve ante la consideración del tribunal y, al rev aluar el mismo, éste c oncluye que su determinación previa atenta contra la resolución justa de la controversia,K LRA202400065 15

el foro no viene obligado a aplicar la ley del ca so
. Félix v. Las Haciendas , 165 DPR, a la pág. 844; Rodríguez Ocasio v. ACAA , 197 DPR 852, 864 (2017). Em pero, los tr ibunales pueden descartar la aplicación de esta doctrina únicamente cuando el atentado contra los principios básicos de la justicia es patente. Noriega v. Gobernador , 130 DPR 919, 931 (1992).
Examinado de otra manera, la le y del caso no puede ser descartad a si, al hacerlo, se producen resultados manifiestamente injustos a una de las
partes. Para que un reclamo al amparo de esta doctrina prospere, es requisito de umbral que se trata de un dictamen revestido de certeza, lo que incluye todas las cuestiones f inales consideradas y decididas por el

tribunal. Félix v. Las Haciendas , 165 DPR, a la pág. 843. Es menester destacar que dicho dictamen no tiene que estar comprendido en una

sentencia. La doctrina de la ley del caso aplica igualmente a lo dirimido

en órde nes y resoluciones, una vez éstas advienen finales y

firmes. Secretario del Trabajo v. Tribunal Superior , 95 DPR 136, 140 (1967). De este modo, la ley del caso integra la máxima jurídica de que “las adjudicaciones deben tener fin”. Íd . a la pág . 141; véase , además, Pueblo v. Serrano Chang , 201 DPR, a la pág. 654.
Por último, como regla general, las determinaciones judiciales que constituyen la ley del caso obligan tanto al tribunal de instancia como al que las dictó, si el caso vuelve ante su consideració n. Cacho
Pérez v. Hatton Gotay, supra, en la pág. 9. (Énfasis provisto ).

III. A plicación del Derecho a los hechos

a.

L a dis cusión del quin to señalamiento de error dispone del recurso presentado, por lo que nos limitare mo s a su dilucidación

. Sin q ue r esult e necesa rio re iterar sobre lo señalad o , el recurrente

aduce que incidió la JLBP al d eneg ar le la concesión de la libertad bajoKLRA202 400065 16

palabra , y requerirle una e valuación psiquiátrica , aun cuando esta
última ya obra ba en el expediente administrativo. Más aún, por virtud

de l Informe de la Oficial Examin a dora de la JLBP de 26 de septiembre de
2023, donde se recomendó la concesión de la libertad a pru eba del

recurrente bajo un pro gram a de super visión electrónica en el Est ado de
la Florida, e ste juzg a que debe ríamos ordenar tal curso de acción , sin

considerac iones ulteriores

. Sobre lo cual, el Procurador General a dmite que la JLBP no
consideró la evaluación p siquiátrica del recurrente para fines de

determinar la concesión de libertad bajo pala bra , au nque sí formaba parte del expediente administrativo al momento en que se determin ó denegar dicho p rivilegio , pero aduce que esto fue p roducto de una

inadvertencia de dicho órgano administrativo

. Re conoce d e igual forma

que , por vi rtu d de nuestra Sentencia de 21 de ju lio de 2023,
KLRA202300244, ya habíamos ordenado la devolución de este caso a la
JLBP para que , tomando en consideración la evaluación psiquiátrica, e l

recurrente fuera eva luado nuevamente , de forma inte gral e inmediata, sin tener que esperar al mes de diciembre de 2023. Como remedio , nos
solicita que ordenemos la d e vol ución d el caso a la JLBP , para que de

inmediato eval úe al señor Rom án Rom án , a la luz de la totalidad del

expe diente administrativo, cónsono con lo ordenado por este Tribunal

mediante Sen tenc ia de 21 de julio de 2023

. b.

Hab ie ndo sido admitido por la propi a JLBP , a través del Procurador, que no tomó en consideración la evaluación siquiátrica del

recurrente al dene gar la concesión de libe rtad a prueba, dictamen aquí
recurrido, queda establecido que incumplió con la Orden que a esos

pre cisos efectos emitimos en la Sentencia de 21 de julio de 2023,

KLRA202300244 , y constituye la ley del caso. En este sentido, noK LRA202400065 17

podemos variar el dictamen anterior de est e Tribunal de Apelac i ones
donde fue orden ado a la JL BP inclu ir la evaluación siquiátrica , como parte de l a evaluación integral de l expediente admin ist rativo que debe preceder la decisión que se tome. Este curso de acción está respaldado ,

a demás, por la clara letra del Regl amento 9232 , que requie re que la

JLBP to me su determinación a base de la prueba presentada y la totalidad del expediente del caso

. ( Énfasis provisto )

. Artículo XIV,

sección 14.4 del Reglame n to 9232. Examinado lo anterior, sin embargo , queda por determinar si el remedio que procede en el caso ante nosotros es : concederle una segunda oportunidad a la JLBP para que eval úe nuevamente el caso del

recurrente , pero tomando en consideración la referida evaluación psiquiátrica , según lo s ugiere el Procurador en su escrito ; o si debemos

ordenar la concesión de la libertad a prueba al recurrente, sin

consideraciones ulteriores , de acuerdo a la recomendación d el Informe de

la Oficial Examin a dora de la JLBP de 26 de septiembre de 2023

. Atendid as t ales propuestas de remedio , no s decantamos en favo r
de ordenar devolver a la JL BP el asunto, para que esta ve z sí reali ce la

evaluación del recurrente par a tal privilegio , considera ndo la totalidad del expediente, lo que necesariamente inclu ye la evaluación siquiátrica,
sin dilación alguna
. Al así decidir reco nocemos como ine x cusable que , por una llamada

i nadvertencia

, la JLBP no h ubiese considera do la evaluación siquiátrica

del recurrente al determinar sobr e la conces ión de l privilegio ba jo

examen, a pes ar de que con claridad así l e ordenamos que actuara
mediante la Sentencia de 26 de septiembre de 2023 , y tal omisión

re trasara tan delicado proceso. Sin embargo, también rec ono cemos que corresponde a la JLBP , como ente administrativo espec i alizado, la labor de sopesar toda la información pertinente al momento de em itir unaKLRA202 400065 18

determinación sobre la concesión o denegatoria del privilegio de libertad

a prue ba. Ub ica así este curso decisorio nuestro den tro del principio de

de ferencia qu e rige la labor revisora a l sopesar las actuaciones

administrativas , lo que in cluye el reconocimiento a la pericia de l as agencias en las lab ores que le son delegadas. Atendiendo específicamente e l pl anteamiento del recurrente , dirigido a solicitarn os que acojamos la s recomendaciones dimanantes del

Informe de la Oficial Examin a dora de 26 de septiembre de 2023 par a determinar, sin más, conceder la libe rtad a prueba , se debe conocer que
las concl usiones y recomendaciones contenidas en un informe de un oficial examinador no obligan al o rganis mo administrativo

. Misión

Industrial P

. R . v. J

. C

. A

. , 145 DPR 908, 933 ( 1998 ) ; Henríquez v. Consejo de Educación Superior , 120 DPR 194, 208 ( 1987 ) . Es decir, una vez la

JL B P eval úe la totalidad del expediente administrativo, junto a la s
recomendaciones de la referida Oficial Examinadora, no n ecesariamente tiene que acoge r las recomen daciones que d e dicho Inform e sur jan.

En definitiva , la JL BP no evaluó la totalidad del expediente
administrativo del recurrente, en tanto que , para alcanzar su determinación de denegar la libertad a pru eba , pre tirió sop esar el informe siquiát rico , a pesar de tenerlo dispon ible, y este foro intermedio

habérs elo ordenado aquilatar, mediante la Sentencia dictada en el caso
KLRA202300244

. B ajo tales términos , el dictamen recurrido fue
irrazonable, procede su revocación

. No obstante, como remedio ordenamos que , sin dilación alguna, de manera inmediata , la JL BP

reev a lúe al recurrente, de conformidad con lo aquí expuesto

. IV. Parte dispositiva

Por l o explicado , revocamos la d eterminación recurrida y

devolvemos el caso a la JLBP p ara que , tomando en con sideración laK LRA202400065 19

evaluación psiquiátrica , eval úe nuevamente al recurr ente confor me a
derecho.
Lo pro nunció y manda el Tribunal y lo cer tifica su Secretaria.

Lcda. Lilia M. Oqu endo Solís Secretaria del Tribunal de Apela c ione s