Número Identificador

SEN2024______________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL VIII

OLGA EVELYN 

OTERO SANTANA

Parte Recurrida

v.

CORPORACIÓN A, 

ASEGURADORA X, 

FULANA DE TAL, 

W TACOS, BURGERS, 

WINGS, SPORTS & ROCK 

CANTINA, CORPORACION 

B, ERIC ACOSTA, 

MENGANA DE TAL, 

SOCIEDAD LEGAL DE 

GANANCIALES 

COMPUESTA POR ERIC 

A, ASEGURADORA Y, 

MUNICIPIO DE SAN 

JUAN, ÓPTIMA 

SEGUROS, JUAN DEL 

PUEBLO, ASEGURADORA 

Z, BERMÚDEZ 

INVESTMENT 

CORPORATION

Parte Peticionaria

KLCE202400259

consolidado con

KLCE202400264

Certiorari,

procedente del Tribunal 

de Primera Instancia, 

Sala Superior de San 

Juan

Caso Núm.: 

SJ2021CV01489

Sala: 806

Sobre: 

Daños y Perjuicios

Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, el Juez Monge 

Gómez y el Juez Cruz Hiraldo.

Monge Gómez, Juez Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de marzo de 2024.

Compareció ante este Tribunal la parte peticionaria, el Municipio de 

San Juan (en adelante, “MSJ”) y Óptima Seguros/ QBE Seguros (en 

adelante, “Óptima”), mediante un recurso de certiorari presentado el 1 de 

marzo de 2024, bajo el alfanumérico KLCE202400259, y Bermúdez 

Investment Corporation (en adelante, “Bermúdez Investment”) (en conjunto, 

los “Peticionarios”) por vía de otro recurso de certiorari presentado el 4 de 

marzo de 2024, caso núm. KLCE202400264. Nos solicitaron la revocación 

de la Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior 
KLCE202400259 cons. KLCE202400264 2

de San Juan (en adelante, el “TPI”), el 2 de enero de 2024. Mediante el 

referido dictamen, el TPI declaró “No Ha Lugar” una solicitud de sentencia 

sumaria que presentaron los Peticionarios. Ante la realidad de que los 

Peticionarios impugnan el mismo dictamen, el 5 de marzo de 2024, 

ordenamos la consolidación de los recursos de certiorari ante nos, bajo los 

siguientes alfanuméricos: KLCE202400259 y KLCE202400264.

Por los fundamentos que expondremos a continuación, expedimos

los recursos de certiorari, modificamos el dictamen recurrido y así 

modificado, confirmamos. 

I.

El presente caso se remonta al 6 de marzo de 2021, fecha en que la 

Sra. Olga Evelyn Otero Santana (en adelante, “Otero Santana” o la 

“Recurrida”) presentó una “Demanda” sobre daños y perjuicios, luego de

una alegada caída que sufrió en una rampa en contra del Sr. Tomas 

Bermúdez, su esposa y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por 

ambos, W Tacos, Burgers, Wings, Sport & Rock Cantina (en adelante, “W 

Tacos”), el Sr. Eric Acosta Rodríguez junto a su esposa y la Sociedad Legal 

de Gananciales compuesta por ambos, MSJ, Óptima y varios 

codemandados de identidad desconocida.

A través de su escrito alegó que el 7 de marzo de 2020 comió en el 

restaurante W Tacos con su primo y que alrededor de las 3:00 a.m., se 

dirigió a un área provista por dicho establecimiento para fumar un cigarrillo. 

Añadió que el área de fumar se encontraba frente al edificio, al finalizar una

rampa que ocupaba parte de la acera municipal. Sostuvo que mientras 

descendía por la inclinada pendiente de la rampa, resbaló en su superficie 

mojada, perdió el equilibrio y sufrió una estrepitosa caída. Alegó que la 

ausencia de pasamanos le impidió sujetarse para evitar la caída y que, dado 

a que no podía caminar por los dolores que experimentaba en su tobillo 

izquierdo, su primo la levantó, la llevó a su vehículo y la trasladó a su hogar. 

Asimismo, expresó que la caída le provocó una fractura trimaleolar 

en su tobillo izquierdo y que, como consecuencia, tuvo que someterse a una 

intervención quirúrgica y a extensos tratamientos médicos. También indicó 
KLCE202400259 cons. KLCE202400264 3

que fue diagnosticada con el Síndrome de Dolor Complejo Regional (en 

adelante, “CRPS”), el cual le genera notables restricciones en la movilidad

de su tobillo, pierna y pie izquierdo. Sumado a eso, expresó que 

experimenta inflamaciones y variaciones en la temperatura y color del 

tobillo. Enunció que, a raíz de la caída, le resulta difícil caminar, por lo que 

depende de una silla de ruedas para desplazarse. Añadió que cierta cicatriz 

hiperpigmentada en su tobillo izquierdo afecta su estética personal. Por 

último, señaló que los daños físicos junto a los dolores crónicos le han 

ocasionado estrés postraumático, el cual requiere atención psiquiátrica.

En vista de lo anterior, la señora Otero Santana sostuvo que los 

Peticionarios fueron negligentes al construir o encargar la construcción de 

una rampa sobre una acera municipal y que la caída fue el resultado de la 

falta de cuidado, iluminación y de un pasamanos en dicha rampa. De igual 

manera, esbozó que el MSJ debió haber advertido sobre la construcción de 

una rampa peligrosa. Así pues, solicitó el pago de sumas no menores a 

$700,000.00 por los daños físicos y $300,000.00 por las angustias mentales. 

Más adelante, el 7 de junio de 2021 presentó una “Segunda Demanda 

Enmendada” para incluir como parte demandada a Bermúdez Investment, 

como dueña del edificio en cuya primera planta opera el negocio W Tacos.

Así las cosas, el 9 de agosto de 2021, Bermúdez Investment presentó 

su “Contestación a la Demanda” mediante la cual negó las alegaciones

expuestas en su contra, especificando que no construyó la rampa ni ordenó 

su construcción y que no tenía control sobre ésta. A su vez, negó que haya 

habido poca iluminación el día de los alegados hechos, así como la 

presencia de goteras o filtraciones en la zona. De esta manera, arguyó que 

no es responsable por los daños y perjuicios alegados por la Recurrida. 

Luego de varios trámites procesales, el 7 de agosto de 2023, los 

Peticionarios presentaron la “Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria 

al amparo de la Regla 36.3 de Procedimiento Civil” (en adelante, “Moción 

en Solicitud de Sentencia Sumaria”) mediante la cual alegaron que no existe 

controversia de hechos que impida la disposición del caso por la vía 

sumaria. Señalaron que la Recurrida carece de evidencia que demuestre 
KLCE202400259 cons. KLCE202400264 4

que la presunta caída ocurrió como consecuencia de un acto negligente de 

su parte. Asimismo, manifestaron que del descubrimiento de prueba se 

desprende que la causa próxima a la caída no fue la existencia de la rampa,

sino el hecho de que la señora Otero Santana había consumido alcohol y 

perdió el balance al saludar a otra persona. En esencia, los Peticionarios 

argumentaron que procedía dictar sentencia sumaria a su favor ya que: (1) 

la Recurrida no recuerda los pormenores de la alegada caída, (2) no tiene 

evidencia sobre la peligrosidad en la que basa su reclamo, (3) carece de 

prueba adicional aparte de su testimonio y (4) la señora Otero Santana

admitió que la caída ocurrió cuando vestía unos zapatos tipo plataforma y 

cuando una amiga la saludó perdió el balance. Ante ello, solicitaron la 

desestimación de la “Demanda” y la imposición de costas y honorarios de 

abogado por la suma de una cantidad no menor a $10,000.00.

Posteriormente, el 30 de agosto de 2023, la Recurrida presentó la

“Réplica a Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria al amparo de la 

Regla 36.3 de Procedimiento Civil” (en adelante, “Oposición”) mediante la 

cual reiteró sus alegaciones expuestas en la “Demanda”. Igualmente, 

argumentó que, a diferencia de lo afirmado por los Peticionarios, su caída 

fue ocasionada por la mencionada rampa, la cual, según los informes 

periciales y sus declaraciones en su deposición, carecía de pasamanos y 

se encontraba en estado de abandono. Así, afirmó que la relación causal 

entre su caída y las lesiones sufridas se deriva de la prueba y las opiniones 

médicas proporcionadas por los peritos de ambas partes. Agregó que, dado 

que el MSJ es el propietario de la acera y la tiene bajo su responsabilidad, 

supervisión y control es responsable por los daños causados. Asimismo,

expresó que Bermúdez Investment y W Tacos también responden por los 

daños sufridos por servirse de la aludida rampa. Así, la señora Otero 

Santana manifestó que, en contraposición a las aseveraciones de los 

Peticionarios, existen cuestiones fácticas en disputa que requieren ser 

dirimidas en un juicio, por lo que no es adecuado disponer del caso 

sumariamente. 
KLCE202400259 cons. KLCE202400264 5

Así las cosas, el 26 de septiembre de 2023, los Peticionarios 

presentaron su “Réplica a Oposición a Moción de Sentencia Sumaria” en 

la que reafirmaron la falta de evidencia suficiente para respaldar la 

reclamación de daños y perjuicios. Adujeron que la Oposición presentada 

por la Recurrida no cumplió con los requisitos formales establecidos por la 

Regla 36 de Procedimiento Civil, infra, ya que los hechos alegados carecían 

de la indicación de párrafos o páginas de declaraciones juradas u otra 

prueba admisible como evidencia que respalde dichas afirmaciones. 

Además, hicieron hincapié en que la prueba adjunta se componía de 

fotografías sin identificación, tomadas un año después del incidente en 

cuestión, lo que las hace irrelevantes o inapropiadas para los objetivos de 

la Oposición. Por último, alegaron que las transcripciones de las 

declaraciones y los informes no respaldan las afirmaciones de la Recurrida, 

al igual que no se especificaron las páginas y párrafos de donde se derivan 

sus premisas.

Más adelante, el 10 de octubre de 2023, la Recurrida presentó la 

“Dúplica a Oposición a Moción de Sentencia Sumaria al amparo de la 

Regla 36.3 de Procedimiento Civil”. En resumen, la señora Otero Santana 

enfatizó la existencia de controversias sobre hechos materiales que impiden 

la resolución del caso a través de un procedimiento sumario. En detalle, 

argumentó que existe controversia en cuanto a si resbaló debido al presunto 

limo en la rampa y si ésta contaba con pasamanos en la fecha de la alegada 

caída. Aseveró que su Oposición cumplió con los requisitos procesales al 

reconocer los hechos esenciales que no están en controversia a la vez que 

presentó prueba testifical y documental para respaldar los hechos 

materiales que sí lo están. También indicó que cierta declaración de rebeldía 

del señor Acosta Rodríguez llevó consigo la consecuencia de que se 

consideraran aceptadas todas y cada una de las materias que alegó en la 

“Demanda”.

Tras varios trámites procesales, el 2 de enero de 2024, el foro 

primario emitió una Resolución mediante la cual declaró “No Ha Lugar” la 

Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria por considerar que existía 
KLCE202400259 cons. KLCE202400264 6

controversia sobre los siguientes hechos: (1) la inclinación de la rampa 

frente a W Tacos, (2) la falta de mantenimiento de la rampa, (3) la pérdida

del balance al saludar a una tercera persona; (4) el alegado incumplimiento 

de la rampa con los códigos de construcción de Puerto Rico y el 

“Department of Justice Accesibility Guidelines” o (5) si a la fecha del 

accidente, la rampa frente a W Tacos estaba desprovista de pasamanos. 

Insatisfechos con esta determinación, el 17 de enero de 2024, los 

Peticionarios presentaron dos mociones intituladas “Moción de 

Reconsideración y Determinaciones de Hechos Adicionales”. 

Finalmente, el 2 de febrero de 2024, el TPI emitió una nueva Resolución 

mediante la cual declaró “No Ha Lugar” las referidas mociones.

Inconformes con lo anteriormente resuelto, el 1 de marzo de 2024 

MSJ y Óptima acudieron ante este Tribunal mediante recurso de certiorari,

bajo el alfanumérico KLCE202400259, en el que señalaron los siguientes 

errores:

PRIMER ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL DECLARAR NO HA LUGAR LA 

SOLICITUD DE SENTENCIA SUMAR[I]A POR 

INSUFICIENCIA DE PRUEBA DE LAS 

COMPARECIENTES, PUES LA DEMANDANTE ADMITIÓ 

LA CAUSA DE LA CAÍDA EN LA QUE SE BASA SU 

DEMANDA, Y ESTA NO PUEDE SER ATRIBUIDA A LAS 

COMPARECIENTES; ADEMÁS POR LA DEMANDANTE 

NO CONTAR CON LA PRUEBA SUFICIENTE PARA 

SOSTENER NINGUNA DE SUS ALEGACIONES DE 

NEGLIGENCIA CONTRA LAS COMPARECIENTES.

SEGUNDO ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL CONSIDERAR COMO CONTROVERSIAS 

HECHOS QUE NO CONSTITUYEN TAL COSA.

TERCER ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL NEGARSE A INCLUIR 

DETERMINACIONES DE HECHOS SOBRE LOS QUE NO 

EXISTE GENUINA CONTROVERSIA. 

Posteriormente, el 4 de marzo de 2024, Bermúdez Investment 

presentó el recurso de certiorari ante nos, bajó el alfanumérico

KLCE202400264, mediante el cual le imputó al foro primario la comisión de 

los siguientes errores: 

PRIMER ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL DECLARAR NO HA LUGAR LA 

SOLICITUD DE SENTENCIA SUMAR[I]A POR 

INSUFICIENCIA DE PRUEBA DE LAS PARTES 

CODEMANDADAS, LA PARTE DEMANDANTE ADMITIÓ
KLCE202400259 cons. KLCE202400264 7

QUE LA CAUSA PR[Ó]XIMA DE LA CAÍDA EN LA QUE SE 

BASA SU DEMANDA NO PUEDE SER ATRIBUIDA A LA 

PARTE COMPARECIENTE; ADEMÁS LA PARTE 

DEMANDANTE NO TIENE PRUEBA ALGUNA PARA 

SOSTENER NINGUNA DE SUS ALEGACIONES DE 

NEGLIGENCIA O NEXO CAUSAL CONTRA LA PARTE 

COMPARECIENTE.

SEGUNDO ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL DETERMINAR CONTROVERSIAS DE 

HECHOS QUE NO EXISTEN.

TERCER ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL NEGARSE A INCLUIR 

DETERMINACIONES DE HECHOS SOBRE LOS QUE NO 

EXISTE GENUINA CONTROVERSIA.

El 18 de marzo de 2024, compareció la Recurrida mediante 

“Oposición a Recursos de Certiorari”.

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, procedemos 

a resolver.

II.

A.

El propósito de las Reglas de Procedimiento Civil es proveerles a las 

partes que acuden a un tribunal una “solución justa, rápida y económica de 

todo procedimiento”. 32 LPRA Ap. V, R.1. Así, la Regla 36 del mencionado 

cuerpo procesal atiende lo referente al mecanismo de sentencia sumaria. A 

la luz de sus disposiciones, se dictará sentencia si de “las alegaciones, 

deposiciones, contestaciones a interrogatorios y admisiones ofrecidas, en 

unión a las declaraciones juradas si las hay, u otra evidencia demuestran 

que no hay controversia real sustancial en cuanto a algún hecho esencial y 

pertinente, y que como cuestión de derecho el tribunal debe dictar la 

sentencia sumaria a favor de la parte promovente”. Regla 36.3 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA, Ap. V, R. 36.3. 

En ese sentido, se considera un hecho material o esencial, “aquel 

que pueda afectar el resultado de la reclamación de acuerdo con el derecho 

sustantivo aplicable”. Oriental Bank v. Caballero García, 212 DPR ___

(2023); 2023 TSPR 103. Cabe señalar que el juzgador no está limitado a los 

hechos o documentos que se produzcan en la solicitud, sino que puede 

tomar en consideración todos los documentos que obren en el expediente 
KLCE202400259 cons. KLCE202400264 8

del tribunal. S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo Titulares, 184 DPR 133, 

167 (2011).

Solamente se dictará sentencia sumaria en casos en los cuales el 

tribunal cuente con la verdad de todos los hechos necesarios para resolver 

la controversia y surja claramente que la parte promovida por el recurso no 

prevalecerá. Oriental Bank v. Caballero García, supra, pág. 7. Sin embargo, 

el tribunal no podrá dictar sentencia sumaria cuando: (1) existan hechos 

materiales y esenciales controvertidos; (2) haya alegaciones afirmativas en 

la Demanda que no han sido refutadas; (3) surja de los propios documentos 

que acompañan la moción una controversia real sobre algún hecho material; 

o (4) la moción no procede como cuestión de derecho. S.L.G. SzendreyRamos v. Consejo de Titulares, supra, pág. 168. Para prevalecer, el 

promovente de este recurso debe presentar una moción fundamentada en 

declaraciones juradas o en cualquier evidencia que demuestre la 

inexistencia de una controversia sustancial de hechos materiales sobre la 

totalidad o parte de la reclamación. Oriental Bank v. Caballero García, supra, 

pág. 7.

Por su parte, la parte promovida por una moción de sentencia 

sumaria debe señalar y refutar los hechos materiales que entiende están en 

controversia y que son constitutivos de la causa de acción del demandante.

Rosado Reyes v. Global Healthcare, 205 DPR 796, 808 (2020); Oriental 

Bank v. Perapi et al., 192 DPR 7, 25-26 (2014). Así, la parte que se opone 

a que se dicte sentencia sumaria en su contra debe controvertir la prueba 

presentada y no cruzarse de brazos. ELA v. Cole, 164 DPR 608, 626 (2005). 

No puede descansar en meras afirmaciones contenidas en sus alegaciones 

ni tomar una actitud pasiva, sino que está obligada a presentar 

contradeclaraciones juradas y/o contradocumentos que pongan en 

controversia los hechos presentados por el promovente. Oriental Bank v. 

Caballero García, supra, pág. 8; Roldán Flores v. M. Cuebas et al., 199 DPR 

664, 677 (2018).

Adicionalmente, en León Torres v. Rivera Lebrón, 204 DPR 20, 47 

(2020), el Tribunal Supremo resolvió que ninguna de las partes en un 
KLCE202400259 cons. KLCE202400264 9

pleito puede enmendar sus alegaciones a través de la presentación de 

una solicitud de sentencia sumaria o su oposición. Así que, según lo 

expresa el propio tribunal, “la parte que se opone a una solicitud de 

sentencia sumaria no puede traer en su oposición, de manera colateral, 

defensas o reclamaciones nuevas ajenas a los hechos consignados en 

sus alegaciones, según consten en el expediente del tribunal al 

momento en que se sometió la moción dispositiva en cuestión”. Íd., 

pág. 54 (énfasis suplido).

Según las directrices pautadas por nuestro más alto foro, una vez se 

presenta la solicitud de sentencia sumaria y su oposición, el tribunal deberá: 

(1) analizar todos los documentos incluidos en ambas mociones y aquellos 

que obren en el expediente del tribunal; y (2) determinar si la parte opositora 

controvirtió algún hecho material o si hay alegaciones en la demanda que 

no han sido refutadas en forma alguna por los documentos. Abrams Rivera 

v. ELA, DTOP y otros, 178 DPR 914, 932 (2010). 

Al examinar la procedencia de una moción que solicita disponer de 

un caso sumariamente, el tribunal no tiene que sopesar la evidencia y 

determinar la veracidad de la materia, sino que su función estriba en 

determinar la existencia o no de una controversia genuina, la cual amerite 

ser dilucidada en un juicio plenario. JADM v. Centro Comercial Plaza 

Carolina, 132 DPR 785, 802-803 (1983). Además de que “[t]oda inferencia 

razonable que se realice a base de los hechos y documentos presentados, 

en apoyo y en oposición a la solicitud de que se dicte sentencia 

sumariamente, debe tomarse desde el punto de vista más favorable al que 

se opone a ésta”. ELA v. Cole, 164 DPR 608, 626 (2005).

Atinente a la controversia que nos ocupa, procede la resolución 

sumaria por insuficiencia de la prueba cuando, al concluir un descubrimiento 

de prueba, se desprende que la prueba que existe es insuficiente o 

inadecuada para sostener las alegaciones de la demanda y los elementos 

esenciales de la reclamación, por lo que corresponde desestimarla. 

Rodríguez Méndez et al. v. Laser Eye, 195 DPR 769, 787 (2016).
KLCE202400259 cons. KLCE202400264 10

En tal caso, el promovente debe demostrar que: (1) la vista es 

innecesaria; (2) el demandante no cuenta con evidencia suficiente para 

probar algún hecho esencial de su causa de acción; y (3) como cuestión de 

derecho, procede la desestimación de la reclamación. Para disponer de una 

solicitud bajo esta modalidad, es indispensable que la parte promovida haya 

tenido oportunidad amplia para efectuar un descubrimiento de prueba 

adecuado. Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 217-218 (2010).

Ahora bien, para derrotar una moción de sentencia sumaria bajo la 

modalidad de insuficiencia de la prueba, la parte promovida puede 

presentar: (a) prueba admisible en evidencia; (b) prueba que pudiera ser 

admisible, aunque al momento no lo sea; (c) prueba que demuestre que 

existe evidencia para probar los elementos esenciales de su caso; o (d) 

señale que hay prueba en el récord que pudiera ser admisible y derrotaría 

la contención de insuficiencia. A su vez, la parte promovida puede demostrar 

que la moción es prematura porque el descubrimiento es inadecuado, está 

a medias o no se ha realizado; o que, por su naturaleza, se trata de un caso 

en el que no es conveniente que se resuelva por el mecanismo de la 

sentencia sumaria. Medina v. M.S. & D. Química P.R., Inc., 135 DPR 716, 

734 (1994).

Esta normativa está cimentada en que el demandante tiene que 

probar su teoría y si no cuenta con prueba luego de culminar el 

descubrimiento de prueba, no se justifica llegar a etapa de juicio. Por ende, 

ante una moción de sentencia sumaria bajo la modalidad de insuficiencia de 

prueba, la parte promovida tiene que presentar su oposición de manera 

fundamentada. García Rivera et al. v. Enríquez, 153 DPR 323, 340 (2001); 

Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 219.

En el caso de revisar la determinación del TPI respecto a una 

sentencia sumaria, este foro apelativo se encuentra en la misma posición 

que el foro de instancia para evaluar su procedencia. Rivera Matos et al. v. 

Triple-S et al., 204 DPR 1010, 1025 (2020); Meléndez González et al. v. M. 

Cuebas, 193 DPR 100, 118 (2015). La revisión que realice el foro apelativo 

deberá ser de novo y estará limitada a solamente adjudicar los documentos 
KLCE202400259 cons. KLCE202400264 11

presentados en el foro apelado. Vera v. Bravo, 161 DPR 308, 335 (2004).

De modo que las partes que recurren a un foro apelativo no pueden litigar 

asuntos que no fueron traídos a la atención del foro de instancia. Íd. En 

adición a esta limitación, se ha aclarado que al foro apelativo le está vedado 

adjudicar los hechos materiales esenciales en disputa, porque dicha tarea 

le corresponde al foro de primera instancia. Vera v. Dr. Bravo, supra, págs. 

334-335. 

En Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, nuestro más Alto 

Foro delimitó los pasos del proceso a seguir para la revisión de la sentencia 

sumaria por parte de este foro revisor, el cual consiste de: (1) examinar de 

novo el expediente y aplicar los criterios que la Regla 36 de Procedimiento 

Civil, supra, y la jurisprudencia le exigen al foro primario; (2) revisar que 

tanto la moción de sentencia sumaria como su oposición cumplan con los 

requisitos de forma codificados en la referida Regla 36, supra; (3) revisar si 

en realidad existen hechos materiales en controversia y, de haberlos, 

cumplir con la exigencia de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 36.4, de exponer concretamente cuáles hechos materiales 

encontró que están en controversia y cuáles son incontrovertibles; (4) y, de 

encontrar que los hechos materiales realmente son incontrovertidos, debe 

proceder a revisar de novo si el Tribunal de Primera Instancia aplicó 

correctamente el derecho a la controversia. Íd., págs. 118-119.

Conviene desde ahora destacar que el Tribunal Supremo también ha

expresado que es desaconsejable utilizar la moción de sentencia sumaria

en casos en donde existe controversia sobre elementos subjetivos, de

intención, propósitos mentales o negligencia. Ramos Pérez v. Univisión de 

P.R, supra, pág. 219; Carpets & Rugs v. Tropical Reps, 175 DPR 615, 638

(2009). No obstante, “cuando de los documentos a ser considerados en la

solicitud de sentencia sumaria surge que no existe controversia en cuanto a

los hechos materiales” nada impide que se utilice la sentencia sumaria en

casos donde existen elementos subjetivos o de intención. Ramos Pérez v. 

Univisión de P.R, supra, pág. 219.
KLCE202400259 cons. KLCE202400264 12

B.1

El Artículo 1802 del Código Civil de 1930 dispone, en su parte 

pertinente, que “[e]l que por acción u omisión causa daño a otro, 

interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado.” 

31 LPRA sec. 5141. En cuanto a este precepto y su aplicación, se ha 

establecido que sólo procede la reparación de un daño cuando se 

demuestren los siguientes elementos indispensables: (1) el acto u omisión 

culposa o negligente; (2) la relación causal entre el acto u omisión culposa 

o negligente y el daño ocasionado; y (3) el daño real causado al reclamante. 

Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820, 843 (2010). 

En particular, el concepto de daños ha sido definido como “todo 

menoscabo material o moral causado contraviniendo una norma jurídica, 

que sufre una persona y del cual haya de responder otra”. López v. Porrata 

Doria, 169 DPR 135, 151 (2006). En esa misma línea doctrinal, se ha 

establecido que la culpa o negligencia es la falta del debido cuidado que 

consiste en no anticipar y prever las consecuencias racionales de un acto, 

o la omisión de un acto, que una persona prudente y razonable habría 

previsto en las mismas circunstancias. Nieves Díaz v. González Massas, 

supra, pág. 844; Rivera v. S.L.G. Díaz, 165 DPR 408, 421 (2005); Toro 

Aponte v. E.L.A., 142 DPR 464, 473 (1997); Ramos v. Carlo, 85 DPR 353, 

358 (1962). Respecto a la relación causal, ésta es un componente 

imprescindible en una reclamación en daños y perjuicios, ya que “es un 

elemento del acto ilícito que vincula al daño directamente con el hecho 

antijurídico.” Rivera v. S.L.G. Díaz, supra, pág. 422. Del daño culposo o 

negligente surge el deber de indemnizar que “presupone nexo causal entre 

el daño y el hecho que lo origina, pues sólo se han de indemnizar los daños 

que constituyen una consecuencia del hecho que obliga a la indemnización”. 

López v. Porrata Doria, supra, pág. 151.

1 Somos conscientes de que mediante la Ley Núm. 55-2020, según enmendada, se adoptó 

el “Código Civil de 2020” y se derogó el Código Civil de 1930. Sin embargo, el Artículo 1815 

del Código Civil de 2020 dispone que: “La responsabilidad extracontractual, tanto en su 

extensión como su naturaleza, se determina por la ley vigente en el momento en que ocurrió 

el acto u omisión que da lugar a dicha responsabilidad. Si unos actos u omisiones ocurrieron 

antes de la vigencia de este Código y otros ocurrieron después, la responsabilidad se rige 

por la legislación anterior”. 31 LPRA sec. 11720. Por tanto, para propósitos de adjudicación 

de la controversia que nos ocupa, utilizaremos las disposiciones del Código Civil derogado.
KLCE202400259 cons. KLCE202400264 13

Esto último se refiere a la teoría de causalidad adecuada que rige en 

nuestro ordenamiento. De acuerdo a ella, no es causa toda condición sin la 

cual no se hubiera producido el daño, sino la que ordinariamente lo produce 

según la experiencia general. Montalvo v. Cruz, 144 DPR 748, 756 (1998).

La jurisprudencia ha sostenido que un daño parece ser el resultado natural 

y probable de un acto negligente, si después del suceso y mirando 

retroactivamente dicho acto, tal daño aparece como la consecuencia 

razonable y ordinaria del acto. Torres Trumbull v. Pesquera, 97 DPR 338, 

343-344 (1969); Estremera v. Inmobiliaria RAC, Inc., 109 DPR 852, 856

(1980). El principio de causalidad adecuada requiere que en todo caso de 

daños y perjuicios el demandante pruebe que la negligencia del demandado 

fue la que con mayor probabilidad causó el daño sufrido. Parrilla Báez v. 

Airport Catering Services, y otros, 133 DPR 263, 270 (1993). De esta forma, 

un demandado responde en daños si su negligencia por su acción u omisión 

es la causa próxima o eficiente del daño, aun cuando no sea la única causa 

del daño. Velázquez v. Ponce, 113 DPR 39, 45 (1982). 

Por tanto, la cuestión se reduce a determinar si la ocurrencia del daño 

era de esperarse en el curso normal de los acontecimientos o si, por el 

contrario, queda fuera de ese posible cálculo. Siguiendo esta tónica, en caso 

de concurrencia de causas, el Tribunal Supremo ha resuelto que la cuestión 

a dilucidar es cuál de las causas fue la eficiente. Es decir, hay que estimar 

como decisiva la que por sus circunstancias determina el daño. Valle v. 

Amer. Inter. Ins. Co., 108 DPR 692, 697 (1979).

C.

En lo referente a los casos de caídas en establecimientos 

comerciales, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha sido contundente al 

establecer que:

No hay duda de que una persona o empresa que opera un 

establecimiento abierto al público con el objeto de llevar a cabo 

operaciones comerciales para su propio beneficio debe hacer lo 

posible por mantener dicho establecimiento en condiciones 

tales de seguridad que los clientes que patrocinen el mismo no 

sufran ningún daño; en otras palabras, corresponde al dueño 

de un negocio o al propietario del mismo mantener el área 

a la que tienen acceso sus clientes como un sitio seguro.

Cotto Guadalupe v. C.M. Ins., 116 DPR 644, 650 (1985) (énfasis 

suplido).
KLCE202400259 cons. KLCE202400264 14

No obstante, el dueño del establecimiento “no es un asegurador de 

la seguridad de los clientes del negocio, y su deber sólo se extiende al 

ejercicio del cuidado razonable para su protección”. Íd. Por ello, es 

imprescindible que el promovente de la causa de acción pruebe que el 

dueño del establecimiento no “ha ejercido el cuidado debido para que el 

local sea seguro para él”. Íd. Así pues, la responsabilidad de los dueños de 

establecimientos comerciales se circunscribe a determinar la existencia de 

condiciones peligrosas y si las mismas eran de conocimiento de los 

propietarios o su conocimiento podía imputárseles a éstos. Colón y otros v. 

K-Mart y otros, 154 DPR 510, 519 (2001).

Así pues, se desprende que, bajo este tipo de situaciones, el 

propietario o dueño tiene el deber de mantener el área a la que tienen 

acceso sus clientes como un sitio seguro. Goose v. Hilton Hotels, 79 DPR 

523, 528 (1956). Para poder prevalecer en su causa de acción, el 

demandante tiene que probar que su daño se debió a la existencia de una 

condición peligrosa, que esa condición fue la que con mayor probabilidad 

ocasionó el daño y que la misma era conocida por el demandado o que 

debió conocerla. Admor. F.S.E. v. Almacén Román Rosa, 151 DPR 711, 

725 (2000); Colón y otros v. K-Mart y otros, supra, pág. 519.

Dicho deber de cuidado incluye tanto la obligación de anticipar el 

riesgo, como la de evitar la ocurrencia de daños, cuya probabilidad es 

razonablemente previsible. En cuanto al deber de anticipar un riesgo, el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico ha señalado lo siguiente:

[La regla de anticipar el riesgo no se limita a que el riesgo o las 

consecuencias exactas debieron ser previstas. Lo esencial es 

que se tenga el deber de prever en forma general 

consecuencias de determinadas clases [...]. Ginés v. A.A.A.,

86 DPR 518, 524 (1962).

El deber de previsión se extiende a aquel peligro que llevaría a 

una persona prudente y razonable a anticiparlo. Hernández v. 

La Capital, 81 DPR 1031, 1038 (1960).

[L]a negligencia por omisión surge al no anticipar aquellos 

daños que una persona prudente y razonable podría 

racionalmente prever que resultarían de no cumplirse con el 

deber. Dicho de otro modo, “un daño no genera una causa de 

acción por negligencia, si dicho daño no fue previsto, ni pudo 

haber sido razonablemente anticipado por un hombre prudente 

y razonable.” Herminio Brau del Toro, Los Daños y Perjuicios 

Extracontractuales en Puerto Rico, Publicaciones JTS, 1989, 
KLCE202400259 cons. KLCE202400264 15

pág. 185; Miranda v. ELA, 137 DPR 700, 1994; Ocasio Juarbe 

v. Eastern Airlines, 125 DPR 410 (1990); Jiménez v. Pelegrina 

Espinet, 112 DPR 700, 705-706; Salvá Matos v. A. Díaz 

Construction Corp., 95 DPR 902, 906-908, (1968).

Reiteradamente, la jurisprudencia ha reconocido la falta de previsión 

como base para la responsabilidad civil extracontractual. En Santiago Colón 

v. Supermercados Grande, 166 DPR 796 (2006), el Tribunal Supremo 

reiteró lo siguiente:

Habida cuenta de lo anterior, la norma en estos casos establece 

que si la omisión del alegado causante del daño quebranta un 

deber impuesto o reconocido por ley de ejercer -- como haría 

un hombre prudente y razonable -- aquel grado de cuidado, 

diligencia, vigilancia, y precaución que las circunstancias le 

exigen y el daño causado se debió a dicho deber omitido cabrá 

imponer responsabilidad al causante. 

Entre los deberes de actuar se encuentra el de cuidado. Este 

deber incluye, “tanto la obligación de anticipar como la de evitar 

la ocurrencia de daños cuya probabilidad es razonablemente 

previsible. Pero la regla de anticipar el riesgo no se limita a que 

el riesgo preciso o las consecuencias exactas arrostradas 

debieron ser previstas. Lo esencial es que se tenga el deber de 

prever en forma general consecuencias de determinada clase.” 

Para poder determinar lo que constituye un daño 

razonablemente previsible debemos acudir a la conocida figura 

del hombre prudente y razonable según definida en nuestra 

jurisprudencia. Elba A.B.M. v. U.P.R., ante; Ortiz v. Levitt & 

Sons, 101 DPR 290 (1973). Como resultado de lo anterior, en 

el pasado hemos resuelto que “el deber de previsión no se 

extiende a todo peligro inimaginable que concebiblemente 

pueda amenazar la seguridad sino aquél que llevaría a una 

persona prudente a anticiparlo. Íd., pág. 808.

III.

Los señalamientos de error esgrimidos en ambos recursos están 

íntimamente relacionados, por lo tanto, se abordarán de forma conjunta en 

la discusión. En síntesis, los Peticionarios plantean que el TPI erró: (1) al 

declarar “No Ha Lugar” la solicitud de sentencia sumaria por insuficiencia de 

la prueba, a pesar de que la Recurrida admitió que la causa de la caída en 

la que basa su “Demanda” se debió a que al saludar a una amiga perdió el 

balance, (2) al determinar controversias de hechos que no existen y (3) al 

negarse a incluir determinaciones de hechos sobre los que no existe 

genuina controversia. 

Por su parte, la señora Otero Santana arguye que no procede la 

disposición sumaria del caso, puesto que la causa eficiente de la caída lo 

fue la pronunciada pendiente de la rampa, el deterioro de su superficie y el 
KLCE202400259 cons. KLCE202400264 16

estar desprovista de pasamanos. Sostiene, además, que existen hechos 

materiales que están en controversia que requieren que sean dirimidos en 

un juicio. Igualmente, sostiene que el TPI no erró al efectuar sus 

determinaciones de hechos que sí están en controversia que motivaron la 

denegatoria de la Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria. Veamos.

Al analizar los planteamientos de derecho que los Peticionarios 

esbozaron en su recurso, observamos que ninguno busca cuestionar los 

hechos que el foro primario estableció como incontrovertidos en la 

Resolución recurrida. Entiéndase, las controversias que venimos 

compelidos a adjudicar están cimentadas en determinar si, a esta etapa de 

los procedimientos, procede desestimar la “Demanda” en contra de los 

Peticionarios por insuficiencia de la prueba con la que cuenta la Recurrida 

para probar su causa de acción. Asimismo, MSJ y Óptima sostienen que el 

TPI incidió al no incorporar los siguientes hechos como incontrovertidos, a 

saber: (1) la demandante no tiene otro testigo que no sea ella misma. Es 

decir, no existe prueba testifical adicional a su testimonio; (2) la demandante 

admite en su deposición que no recuerda absolutamente nada sobre la 

caída a base de la cual reclama en este caso; (3) la demandante no vio limo 

en el área de la rampa el día de su alegada caída; y (4) la foto que la 

demandante proveyó del lugar de la caída la tomó un año después del 

accidente y no fue tomada por la demandante.

Por su parte, Bermúdez Investment alega que el TPI debió incluir los 

siguientes hechos como incontrovertidos: (1) la parte demandante no tomó 

fotos ni videos de la alegada caída o el área donde alegadamente ocurrieron 

los hechos la noche del 7 de marzo de 2021 ni en ningún otro momento; (2) 

la parte demandante no vio con qué se resbaló; y (3) la demandante no ha 

regresado al lugar de los hechos después del 7 de marzo de 2021. 

Conforme hemos adelantado, al momento de revisar una 

determinación del foro de instancia respecto a una solicitud de sentencia 

sumaria, estamos llamados a realizar una revisión de novo y limitarnos

únicamente a adjudicar las controversias con los documentos presentados 

ante el foro de instancia. Del análisis de novo de la prueba que se presentó 
KLCE202400259 cons. KLCE202400264 17

ante el TPI, se desprende que, en efecto, existe prueba para sustentar las 

determinaciones de hechos adicionales núms. 2 y 3 señaladas por MSJ y 

Óptima. Lo anterior surge específicamente del testimonio, bajo juramento, 

vertido por la señora Otero Santana durante su deposición, a saber: 

[...]

R Yo salí y cuando, cuando iba bajando la rampa para ir al 

banquito donde uno se sienta a fumar ahí, me caí. Yo lo que 

yo recuerdo es poco porque no re... O sea, yo salí, empecé a 

bajar y uno siente cuando uno siente que se va a caer y uno 

trata de no caerse, y el último recuerdo mío es que no pude 

incorporarme y perdonando el francés, pero dije me jodí, me 

voy a caer. Y no me acuerdo de nada. Yo pensé que con el 

tiempo yo iba a tener recuerdos, pero no recuerdo 

absolutamente nada. (énfasis suplido).2

[...]

P Mire, pero cuando usted... 

R Y eso era el limo. 

P ¿Cómo usted sabe que es limo? 

R Pues la cosa esa negra como... 

P ¿Pero usted lo vio cuando se cayó?

R No.

P No. ¿Lo vio al llegar? Cuando usted subió usted 

dice... 

R No, no, no. 

P ...que esa es la única entrada. 

R Si hubiera sabido... 

P Pero usted dice... 

R ...por qué me hubiera bajado por ahí pa’ caerme. 

P Pero usted dice que esa es la única entrada. 

¿Usted vio esa cosa negra... 

R No. 

P ...en los escalones...

R No.3(énfasis suplido.)

[...]

Así pues, dado a que las expresiones anteriores fueron realizadas 

bajo juramento, por parte de la propia Recurrida, concluimos que procedía 

que se incorporaran como hechos incontrovertidos. A la luz de lo anterior, 

acogemos las siguientes determinaciones de hechos como incontrovertidas, 

dentro del contexto de la Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria que nos 

ocupa: 

(1) La demandante admite en la deposición que no recuerda 

absolutamente nada sobre la caída a base de la cual 

reclama en este caso.

(2) La demandante no vio limo en el área de la rampa el día 

de su alegada caída.

2 Véase, Apéndice del recurso de certiorari, caso núm. KLCE202400264, págs. 129-130.

3

Íd., págs. 145-146.
KLCE202400259 cons. KLCE202400264 18

En lo que respecta a la toma de la fotografía, si bien se menciona en 

la Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria, al revisar la prueba 

documental se observa que no se sustenta la alegación de que la foto haya 

sido tomada un año después del accidente. Más bien, la Recurrida expresó

que la foto fue tomada “entre el accidente y un año”.4 Es decir, que fue 

tomada en algún momento dentro del transcurso de ese año desde que 

ocurrió la caída. Por tal razón, existe controversia real acerca del momento 

en que la foto fue tomada y, por tanto, no podemos acoger el hecho 

propuesto por MSJ y Óptima.

Con respecto al restante de los hechos que los Peticionarios 

sostienen que debieron ser acogidos por el TPI en su Resolución como 

incontrovertidos, no hemos encontrado prueba documental que así lo 

sustente. Tan es así que al examinar la Moción en Solicitud de Sentencia 

Sumaria notamos que dichos hechos no fueron si quiera propuestos por los 

Peticionarios. Por tanto, no se aportó evidencia documental que pudiera 

establecer los mismos.

Habiendo concluido lo anterior, cabe señalar que el hecho de que la 

señora Otero Santana no pueda recordar cómo ocurrió la caída o si existía 

presencia de limo en la rampa, no descarta totalmente la posibilidad de que 

los Peticionarios hayan contribuido a la misma y tampoco los exime 

necesariamente de la alegada responsabilidad que ella les atribuye. Más 

aún cuando del expediente del caso se desprende que el TPI recibirá prueba 

pericial en el presente caso. Es decir, que no aparenta ser que no sólo se 

presentará el testimonio de la Recurrida, sino que también el desfile de la 

evidencia contará con prueba de un presunto experto que brindará su 

opinión sobre la cuestión última que el foro primario vendrá obligado a 

adjudicar.

Además, el análisis de la prueba documental aportada por los 

Peticionarios apunta a que no estamos ante un caso de insuficiencia de la 

prueba. Fíjese que para que la señora Otero Santana pruebe la causa de 

acción en contra de Bermúdez Investment, el TPI tiene que recibir prueba 

4

Íd., pág. 156.
KLCE202400259 cons. KLCE202400264 19

de que su daño se debió a la existencia de una condición peligrosa, que esa 

condición fue la que con mayor probabilidad ocasionó el daño y que la 

misma era conocida por el demandado o que debió conocerla. Admor. 

F.S.E. v. Almacén Román Rosa, supra, pág. 725; Colón y otros v. K-Mart y 

otros, supra, pág. 519. En lo que respecta a la causa de acción en contra de 

MSJ y Óptima, la Recurrida tiene el peso de aportar prueba que establezca 

que alguno de dichos Peticionarios cometió un acto culposo o negligente, 

que existe una la relación causal entre el acto u omisión culposa o 

negligente y el daño ocasionado; y (3) que se le causó un daño real. Nieves 

Díaz v. González Massas, supra, pág. 843.

Analizada la prueba documental que obra en el expediente desde el 

ejercicio de novo que venimos compelidos a efectuar, acogemos como 

nuestros los hechos materiales incontrovertidos, según fueron incorporados 

por el TPI en la Resolución recurrida, y añadimos los dos (2) hechos que, a 

nuestro juicio, sí fueron establecidos por la prueba documental aportada por 

los Peticionarios y que el foro a quo descartó. Por tanto, para propósitos del 

cumplimiento con la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, supra, detallamos 

los hechos esenciales y pertinentes sobre los que no existe controversia:

1. El 6 de marzo de 2020, Olga Otero acudió a su trabajo 

en el Condominio Bristol como administradora.

2. El 6 de marzo de 2020, Olga Otero salió del trabajo a 

su casa a las 5:30 p.m.

3. El 7 de marzo de 2020 ocurrió la alegada caída objeto del 

caso.

4. El 7 de marzo de 2020, al momento de salir a fumar fuera 

del negocio de W Tacos, Olga Otero estaba en compañía 

de una mujer.

5. El 7 de marzo de 2020, al momento de salir a fumar fuera 

del negocio de W Tacos, Olga Otero estaba conversando 

con esta mujer, a quien se identifica por el nombre de 

Flavia.

6. En la madrugada del 7 de marzo de 2020 había llovido.

7. El día del alegado incidente, Olga Otero calzaba unas 

plataformas negras de tres pulgadas y media de alto.

8. Al momento de la caída, Olga Otero no llamó al servicio 

de 911.
KLCE202400259 cons. KLCE202400264 20

9. Al momento de la caída, Olga Otero no notificó a nadie en 

el negocio W Tacos.

10.Luego de la caída, Olga Otero fue a su casa.

11.El 8 de marzo de 2020 a las 8:55pm, Olga Otero fue a la 

Sala de Emergencias del Hospital Pavía de Hato Rey.

12.El 8 de marzo de 2020, Olga Otero reportó que la razón 

por la cual acudió ese día a la Sala de Emergencia fue por 

“un falling injury since days ago.

13.Olga Otero admitió en su deposición que le brindó toda la

información del incidente objeto de esta demanda al 

personal del Hospital Pavía en sala de emergencias el 8 

de marzo de 2020, al llenar todos los documentos.

14.Olga Otero admitió que la información provista al Hospital 

Pavía estaba correcta.

15.Del expediente médico surge que, para el 8 de marzo de 

2023, Olga Otero no tomaba nada para el dolor.

16.Olga Otero admitió que llenó a mano la página 22 del 

récord médico, específicamente la hoja de accidente del 

Hospital Pavía en Hato Rey, y que el día del incidente 

objeto de la Demanda de autos, esta “estaba caminando 

con unos zapatos de plataforma, una amiga me 

saludó...se recostó de mí y perdí el balance”.

17.Olga Otero no dejó de trabajar después de la caída.

18.Olga Otero le notificó a W Tacos sobre la alegada caída 

un año después.

19.Bermúdez Investment adquirió el edificio en la Calle 

Fernando Montilla #400 en San Juan el 15 de junio de 

1993.

20.Bermúdez Investment le arrendó a W Tacos un espacio 

comercial en la primera planta del edificio en la Calle 

Fernando Montilla.

21.Carlos Manuel Bermúdez, presidente de Bermúdez 

Investment declaró que W Tacos, como inquilino, tenía la 

responsabilidad de mantener la rampa.

22.Para la fecha del accidente de Olga Otero, Bermúdez 

Investment no tenía un seguro de responsabilidad pública 

sobre el inmueble donde ocurrió el accidente.

23.La única manera para acceder a W Tacos es mediante la 

rampa y unos escalones en el lado opuesto de dicha 

rampa.
KLCE202400259 cons. KLCE202400264 21

24.Según el Informe Pericial del agrimensor Luis Sousa 

Gallardo, la rampa:

Mide un metro cincuenta y seis (1.56mts) de ancho, 

Paralela y frente de la estructura de hormigón existente. 

Se puede apreciar que la diferencia de nivel entre la 

acera y el piso del local es de treinta y cuatro centímetros 

(34cms) equivalente a ‘1’3/8.

25.Según el Informe Pericial. “[l]a rampa no está dentro de la 

propiedad, está dentro del dominio público”.

26.Del Informe Pericial del agrimensor Luis Sousa Gallardo, 

se concluyó que:

Luego de un análisis de las escrituras de compraventa, el 

plano de inscripción, la mensura realizada y la situación 

actual del área, podemos determinar que a pesar de que 

el único uso de la rampa de acceso de la colindancia norte 

es servir al edificio enclavado en el solar, la misma se 

encuentra construida en el área de la acera peatonal sur 

de la calle Comercio.

27.Según la evaluación por el médico Rolando Colón Nebot 

con fecha del 18 de marzo de 2022, Olga Otero tiene un 

“impedimento de 38% de la extremidad inferior, (Class 3, 

Grade C, 38% de la extremidad inferior), se convierte a 

15% de impedimento parcial permanente del cuerpo total 

(WBI 15%, Class 3, Grade C) del cuerpo total).”

28.Según la opinión médica del médico José Suárez Castro, 

al tomar en cuenta la “6th ed Guides for Determination of 

Permament Impairment” el impedimento de Olga Otero 

representa “a 60% lower extremity impairment that 

converts to a 24% whole person impairment [...].”

29.La demandante admite en la deposición que no recuerda 

absolutamente nada sobre la caída en la que fundamenta 

su causa de acción.

30.La demandante no vio limo en el área de la rampa el día 

de su alegada caída.

Surge del expediente ante nuestra consideración que, el 7 de marzo

de 2020, la señora Otero Santana visitó el negocio W Tacos junto a su 

primo. Esta calzaba unas plataformas negras de tres pulgadas y medias de 

alto. En horas de la madrugada, decidió fumar fuera de dicho

establecimiento comercial en compañía de una mujer llamada Flavia. Así 

las cosas, la señora Otero Santana sufrió una caída al descender por la 

rampa del negocio ubicada fuera del establecimiento. Al día siguiente, luego 

de culminar su jornada laboral, acudió a sala de emergencia del Hospital 
KLCE202400259 cons. KLCE202400264 22

Pavía de Hato Rey. A causa de este incidente, la Recurrida presentó una 

“Demanda” contra los Peticionarios y les solicitó la indemnización de los 

daños y perjuicios sufridos. 

Es norma claramente establecida en nuestro ordenamiento jurídico 

que procede dictar sentencia sumaria si conforme a la evidencia 

presentada, no existe controversia real y sustancial en cuanto a algún hecho 

esencial y pertinente del caso. 32 LPRA, Ap. V, R. 36.3. Un hecho material 

es aquel que tiene el potencial de impactar el resultado de la reclamación.

Oriental Bank v. Caballero García, supra, pág. 7. La resolución sumaria 

también es factible si al concluir el descubrimiento de prueba, se constata

que la prueba que existe es insuficiente o inapropiada para respaldar las 

alegaciones presentadas en la demanda y los elementos esenciales de la 

reclamación. Rodríguez Méndez et al. v. Laser Eye, supra, pág. 787. Así 

pues, el Tribunal debe tener a su disposición todos los hechos 

necesarios para resolver la controversia. Oriental Bank v. Caballero 

García, supra, pág. 7. Esto es, un tribunal no puede disponer de un caso 

por la vía sumaria cuando existan hechos fundamentales 

controvertidos. SLG Szendrey-Ramos v. Consejo de Titulares, supra, pág. 

168. 

Por otra parte, aquel que por acción u omisión genere daño a otro 

debido a su negligencia o culpa, está compelido a reparar los perjuicios 

ocasionados. 31 LPRA sec. 5141. La culpa o negligencia se caracteriza por 

la ausencia del cuidado adecuado, que se traduce en la omisión de anticipar

y prever las consecuencias razonables de un acto. Nieves Díaz v. González 

Massas, supra, pág. 844. Así pues, la compensación por daños y perjuicios 

procede únicamente cuando se demuestra una conducta negligente o 

culposa, la relación causal entre dicha conducta y el daño efectivamente 

sufrido por quien reclama. Íd. pág. 843.

Luego de analizar minuciosamente los documentos que obran en el 

expediente, incluyendo la Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria, su 

Oposición, la Réplica, la Dúplica y la deposición realizada a la señora Otero 

Santana, reconocemos que existe controversia respecto a los siguientes 
KLCE202400259 cons. KLCE202400264 23

hechos materiales y sustanciales que impiden resolver este caso 

sumariamente. En específico, concordamos con la afirmación del TPI de

que carecemos de prueba que aclare si la caída se debió a diversos

elementos, tales como: 

(1) la inclinación de la rampa;

(2) la falta de mantenimiento de la rampa por parte de 

los Peticionarios o de alguno de los codemandados 

acumulados al pleito;

(3) si el accidente se debió a la pérdida de balance de 

la Recurrida cuando se dispuso a saludar a una amiga;

o 

(4) si el accidente se debió a que la rampa incumple con

los códigos de construcción de Puerto Rico.

De igual manera, tras efectuar nuestro análisis del expediente en 

unión con la prueba, concluimos que tampoco disponemos de prueba que 

indique si la rampa carecía de pasamanos a la fecha del accidente o quién 

construyó la misma y si dicha construcción se dio con el conocimiento del 

MSJ y Óptima y/o de Bermúdez Investment. Entiéndase, bajo estas 

particularidades, no podemos colegir irrefutablemente que no existía una 

condición peligrosa en el establecimiento en donde ocurrieron los hechos, 

si se le puede atribuir conocimiento al dueño del negocio o si hubo algún 

tipo de negligencia desplegada por alguno de los Peticionarios que 

desembocara en la ocurrencia de los daños alegados en la “Demanda”. 

Nótese que todas estas circunstancias son materiales a la 

determinación de daños y perjuicios que viene obligado el TPI a 

efectuar. Los aquí Peticionarios son el presunto dueño del edificio en 

donde alegadamente ocurrió la caída y el MSJ se alega es el titular de 

la acera en donde se construyó la rampa en controversia. No estamos 

ante un escenario en el que tenemos a nuestra disposición todos los 

hechos necesarios para resolver la controversia, pues existen hechos 

fundamentales controvertidos.
KLCE202400259 cons. KLCE202400264 24

En otras palabras, no contamos con evidencia que nos demuestre

cuál fue la causa próxima de la caída y si ésta se atribuye a la negligencia 

de los Peticionarios o de la Recurrida o si existe concurrencia de negligencia 

de las partes que requiera una determinación de cuál de todas las causas 

presentes fue la más eficiente a la ocurrencia del daño. La deposición 

realizada a la señora Otero Santana, por sí sola, no constituye prueba

suficiente para resolver sumariamente el caso, ya que no provee las 

respuestas a todos los hechos medulares del caso que son necesarios para 

establecer todos los elementos de la causa de acción incoada en la 

“Demanda”. Esto es, el referido testimonio, bajo juramento, no establece de 

manera concluyente que no existe una conexión directa entre el presunto 

daño causado por la caída y la conducta de los Peticionarios.

En suma, somos de la opinión de que éste es el típico caso en el que 

no es aconsejable disponer por la vía sumaria. Más aún cuando el Tribunal 

Supremo ha establecido que en casos en donde existe controversia sobre

elementos subjetivos, de intención, propósitos mentales o negligencia, la

utilización del mecanismo sumario no es el vehículo idóneo para disponer

del caso. Ramos Pérez v. Univisión de P.R, supra, pág. 219. Así pues, no 

se equivocó el TPI al declarar “No Ha Lugar” la Moción en Solicitud de 

Sentencia Sumaria y al considerar que existen controversia sobre hechos 

materiales. Procede que dichas controversias se diluciden en un juicio 

plenario.

IV.

Por los fundamentos que anteceden, los cuales hacemos formar 

parte integral de la presente Sentencia, expedimos los autos de certiorari

solicitados y modificamos la Resolución recurrida, a los fines de añadir las 

siguientes determinaciones de hechos incontrovertidos: (1) la demandante 

admite que en la deposición que no recuerda absolutamente nada sobre la 

caída en la que fundamenta su caso, y (2) la demandante no vio limo en el 

área de la rampa el día de su alegada caída. Así modificada, se confirma la 

Resolución recurrida.
KLCE202400259 cons. KLCE202400264 25

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones