Número Identificador

SEN2024 ________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL IX

MARIO ORTIZ MOLINA 

Apelado

V.

EL COMISIONADO DE LA 

POLICÍA DE PUERTO 

RICO Y EL ESTADO 

LIBRE ASOCIADO DE 

PUERTO RICO, 

REPRESENTADOS POR 

EL SECRETARIO DE 

JUSTICIA DOMINGO 

EMANUELLI HERNÁNDEZ 

Apelantes

KLAN202301116

APELACIÓN

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia Sala de 

Ponce

Caso Núm. 

PO2023CV00894

Sobre:

Impugnación de 

Confiscación

Panel integrado por su presidente, el Juez Rodríguez Casillas, el 

Juez Salgado Schwarz y el Juez Ronda Del Toro

Ronda Del Toro, Juez Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de febrero de 2024.

Comparece el Gobierno de Puerto Rico (Estado o parte 

apelante) mediante recurso de apelación y nos solicita que 

revoquemos la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Ponce (TPI), el 14 de septiembre de 2023 y 

notificada el 18 de septiembre. En su dictamen, el TPI declaró Ha 

Lugar la demanda sobre impugnación de confiscación presentada 

por el señor Mario Ortiz Molina. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la Sentencia apelada.

I.

El 30 de marzo de 2023 el señor Mario Ortiz Molina instó 

una demanda contra el Comisionado del Negociado de la Policía 
KLAN202301116 2

de Puerto Rico y el Gobierno de Puerto Rico. Alegó que el 21 de 

febrero de 2023, el agente Gabriel Rodríguez intervino con el 

joven Jan Carlos Colón Torres y, en el curso de dicha intervención, 

procedió a incautarse, para fines de confiscación, del vehículo 

Toyota Camry 2012. Adujo que la incautación fue ilegal, 

inconstitucional y contraria a derecho. Además, que el vehículo 

no fue utilizado en la comisión de la actividad delictiva. Mencionó 

que la confiscación del vehículo no fue notificada conforme a 

derecho, hecho que, por disposición de ley, la anula.

El 5 de mayo de 2023 el Estado contestó la demanda. Alegó 

que se presume la legalidad y corrección de la confiscación. 

El 11 de mayo de 2023 Ortiz Molina presentó una Moción en 

Solicitud de Sentencia Sumaria. Sostuvo que luego de presentar 

la demanda, recibió la notificación de la confiscación de su 

vehículo, la cual resultaba ser tardía. Adujo como hechos 

incontrovertidos que la ocupación del vehículo se llevó a cabo el 

21 de febrero de 2023 y que la notificación de la confiscación fue 

puesta en el correo el 14 de abril de 2023, habiendo transcurrido 

el término de 30 días para la notificación de la confiscación, a 

tenor con el Artículo 13 de la Ley Uniforme de Confiscaciones.

1

 

Unió a la moción una declaración jurada, la licencia del vehículo y 

el certificado de título.

El 7 de junio de 2023 el Estado presentó la Oposición a la 

Sentencia Sumaria. Allí sostuvo que el vehículo fue ocupado el 21 

de febrero de 2023 para una investigación por causa de la 

comisión de delitos de la Ley de Armas, la cual contiene estatutos 

confiscatorios. Afirmó que la Orden de Confiscación fue expedida 

por el Ministerio Público a los 24 días de la ocupación del vehículo 

1 34 LPRA sec. 1724j.
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de motor, por lo que conforme al Artículo 13 de la Ley Uniforme 

de Confiscaciones, se realizó dentro del término de los 90 días 

establecidos para culminar la investigación relacionada con 

cualquier acción penal y emitir la orden de confiscación 

correspondiente. Manifestó que la notificación de la confiscación 

fue depositada en el correo el 14 de abril de 2023, a los 28 días 

de la expedición de la Orden de Confiscación, al estar relacionado 

a una investigación de índole penal. Por lo que, la notificación

está dentro del término de los 30 días establecidos por la Ley 

Uniforme de Confiscaciones. Junto al escrito de oposición a la 

sentencia sumaria, el Estado incluyó el inventario del vehículo, la 

Orden de Confiscación emitida el 17 de marzo de 2023 y el 

Certificado de Inspección de Vehículo de Motor y Equipo Pesado 

del 8 de marzo de 2023 y las cartas de 13 de abril de 2023 

emitidas por el Departamento de Justicia a Jean Carlos Colón 

Torres y a Mario Ortiz Molina.2

Tras otros trámites, el 13 de julio de 2023 el Tribunal 

celebró una vista argumentativa y el 24 de agosto de 2023 la 

Conferencia con Antelación al Juicio. 

Trabada la controversia, el 14 de septiembre de 2023 el foro 

primario dictó sentencia mediante la cual declaró Ha Lugar la 

demanda de impugnación de confiscación. En esta, esbozó las 

siguientes Determinaciones de Hechos:

1. El 21 de febrero de 2023 se ocupó el vehículo marca 

Toyota, modelo Camry del año 2012 con tablilla JVP925, registrado a nombre de Mario Ortiz Molina, aquí 

demandante, en el Registro de Vehículos del 

Departamento de Transportación y Obras Públicas de 

Puerto Rico. 

2. Conforme el Certificación de Inspección de 

Vehículos de Motor y Equipo Pesado preparada por el 

Negociado de la Policía de Puerto Rico el 3 de marzo 

2 Apéndice págs. 56-90.
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de 2023 el vehículo objeto del presente caso tiene las 

siguientes piezas cambiadas: guardalodo izquierdo, 

bómper frontal y bonete. Se consignó que estas piezas 

son reemplazo. 

3. La Orden de Confiscación se emitió el 17 de marzo 

de 2023. De esta se desprende que se ordenó la 

confiscación “por considerarse que es producto, ha 

sido utilizado o está relacionado con la comisión de los 

hechos delictivos que se hacen constar en el epígrafe 

de esta Orden”. No surge imputación alguna de que el 

vehículo fue incautado por motivos investigativos. 

4. La notificación de la confiscación tiene fecha del 13 

de abril de 2023, pero fue depositada en el correo el 

14 de abril de 2023, siendo recibida por el Sr. Mario 

Cruz Molina, aquí demandante, el 17 de abril de 2023. 

5. En la notificación de la confiscación se alega que la 

ocupación obedeció a que el 21 de febrero de 2023 el 

vehículo fue utilizado en violación a los Artículos 6.22 

y 6.05 de la Ley de Armas de Puerto Rico. 

6. En la Certificación de Inspección de Vehículos de 

Motor y Equipo Pesado preparada por el Negociado de 

la Policía de Puerto Rico expedida el día 3 de marzo 

de 2023; a la cual se hace referencia en la notificación 

de la confiscación no se notificó señalamiento alguno 

sobre la Ley 8 de Protección de Propiedad Vehicular.

Luego de exponer el derecho, el foro primario determinó lo 

siguiente:

Como reseñamos, el 21 de febrero de 2023 se ocupó 

el vehículo Toyota Camry del cual el demandante es 

el titular registral. El Estado retuvo la propiedad 

incautada, no hay prueba que nos permita establecer 

que el Estado inició algún tipo de investigación de

naturaleza civil, penal o administrativa, la cual de 

alguna manera esté vinculada a la razón para ocupar 

la propiedad incautada. Tampoco se emitió una 

comunicación a los interesados sobre que cursaría una 

investigación ni cual fue la investigación realizada. 

Tampoco surge tal información de la Orden de 

Confiscación, por lo que no estamos en posición de 

concluir que procede aplicar el término excepcional de 

noventa (90) días de conformidad en el Artículo 13 de 

la Ley Uniforme de Confiscación, supra. Véase Reliable 

Financial v. ELA, supra. 

Este Tribunal concluye, que de la única forma en que 

el Estado puede aprovecharse de este plazo adicional 

es estableciendo que la propiedad fue incautada y 

retenida con el propósito de asistir en alguna 

investigación. Sin embargo, en este caso el Estado no

nos ha colocado en posición de concluir que hay 

controversia sobre si el vehículo fue ocupado para 

investigación. Por otro lado, la parte demandada no 
KLAN202301116 5

abundó sobre la naturaleza de la investigación, ni la 

necesidad de retener la propiedad para fines 

asociados a tal investigación. Véase Reliable Financial 

v. ELA, supra, págs. 302-303. 

El vehículo confiscado alegadamente se utilizó en 

violación de los Artículos 6.05 y 6.22 de la Ley de 

Armas de Puerto Rico 2020. Particularmente, el 

Artículo 6.05 de la Ley de Armas, supra, configura 

como delito el portar, transportar o usar armas de 

fuego sin licencia y el Artículo 6.22 de la Ley de 

Armas, se refiere a la fabricación, distribución, 

posesión y uso de municiones sin licencia. 25 LPRA 

Secs. 466d y 466u, respectivamente. No hay prueba 

que nos permita si quiera establecer que se inició una 

investigación sobre estos delitos señalados.

Por tanto, concluimos que en este caso aplica la 

norma general de que “[t]oda confiscación se 

notificará por correo certificado dentro de un término 

jurisdiccional de treinta (30) días, siguientes a la fecha 

de la ocupación física de los bienes”. Así pues, el 

término de los treinta (30) días con el que contaba el 

Estado para notificar la confiscación comenzó a 

transcurrir desde la fecha en que se ocupó el vehículo 

de motor, esto es, el 21 de febrero de 2023. En 

consecuencia, el Estado tenía hasta el jueves, 23 de 

marzo de 2023 para notificar a todas las partes con 

interés el hecho de la ocupación. No obstante, en el 

caso de autos, la notificación de la confiscación se 

llevó a cabo el 14 de abril de 2023, es decir, luego de 

transcurrido el término jurisdiccional de treinta (30) 

días para notificar la confiscación. En vista de que el 

Estado notificó la confiscación fuera del término 

provisto por Ley, la confiscación del vehículo resulta 

nula.

En desacuerdo, el 2 de octubre de 2023 el Estado solicitó 

reconsideración. En síntesis, solicitó la celebración de una vista 

evidenciaria. 

El 10 de octubre de 2023, notificada el día 13 de ese mes y 

año, el foro primario declinó reconsiderar. Inconforme, el 12 de 

diciembre de 2023 el Estado presentó el recurso que atendemos 

en el que señaló que incidió el Tribunal de Primera Instancia al:

Darle paso a la moción dispositiva presentada por la 

parte apelada cuando la prueba documental demostró 

la necesidad de retener el vehículo de motor para una 

investigación criminal paralela de conformidad con el 

Artículo 13 de la Ley Uniforme de Confiscaciones de 

2011 y al no tomar en cuenta que, como mínimo, 
KLAN202301116 6

existe controversia de hechos sobre si el vehículo fue 

ocupado para fines investigativos en cumplimiento 

con ese articulado.

El apelado Ortiz Molina presentó su alegato en oposición. 

Con el beneficio de ambas comparecencias, resolvemos.

II.

A.

La sentencia sumaria posibilita la pronta resolución de 

una controversia cuando no se requiera la celebración de un juicio 

en su fondo. Ahora bien, para que proceda este mecanismo es 

necesario que de los documentos no controvertidos surja de que 

no hay una controversia real y sustancial sobre los hechos del 

caso. Universal Company y otros v. ELA, 211 DPR 455 (2023);

Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 214 (2010). Un hecho 

material es aquel que puede afectar el resultado de la reclamación 

de acuerdo con el derecho sustantivo aplicable. Universal 

Company y otros v. ELA, supra; Meléndez González et al. v M. 

Cuebas, 193 DPR 100 (2015); Ramos Pérez v. Univisión, supra, 

pág. 213.

Así pues, para adjudicar en los méritos una controversia de 

forma sumaria, es necesario que, de las alegaciones, 

deposiciones, contestaciones a interrogatorios, admisiones, 

declaraciones juradas y de cualquier otra evidencia ofrecida, surja 

de que no existe controversia real y sustancial en cuanto a algún 

hecho material y que, como cuestión de derecho, procede 

dictar sentencia sumaria a favor de la parte promovente. Pérez 

Vargas v. Office Depot, 203 DPR 687 (2019); Regla 36.3 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. La parte promovida no podrá 

descansar solamente en las aseveraciones o negaciones 

contenidas en sus alegaciones, sino que deberá contestar en 

forma detallada y específica, como lo hiciera la parte 
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solicitante. Bobé et al. v. UBS Financial Services, 198 DPR 6, 21 

(2017); 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(e). 

La omisión en presentar evidencia que rebata aquella 

presentada por el promovente, no necesariamente implica que 

procede dictar sentencia sumaria de forma automática. Mun. de 

Añasco v. ASES et al., 188 DPR 307, 327 (2013); Córdova Dexter 

v. Sucn. Ferraiuoli, 182 DPR 541, 556 (2011); González Aristud v. 

Hosp. Pavía, 168 DPR 127, 138 (2006). Solo procede dictar

sentencia sumaria cuando surge de manera clara que, ante los 

hechos materiales no controvertidos, el promovido no puede 

prevalecer ante el Derecho aplicable y el Tribunal cuenta con la 

verdad de todos los hechos necesarios para poder resolver 

la controversia. Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, 

pág. 109. 

Si el cúmulo de la evidencia demuestra que en efecto no hay

controversia sustancial respecto a algún hecho esencial y 

pertinente, el tribunal deberá dictar sentencia sumaria si procede 

como cuestión de derecho. Esto es, si el derecho así lo justifica. 

Regla 36.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

36.3; Universal Company y otros v. ELA, supra; Oriental Bank v. 

Perapi et al., 192 DPR 7, 25 (2014). 

A tenor con lo anterior, al revisar una determinación de 

primera instancia, sobre una solicitud de sentencia sumaria, como 

foro intermedio podemos, de novo: (1) considerar los documentos 

que se presentaron ante el foro primario, (2) determinar si existe 

o no alguna controversia genuina de hechos materiales y 

esenciales, y (3) determinar si el derecho se aplicó de forma 

correcta. Segarra Rivera v. Int’l Shipping, et al., 208 DPR 964 

(2022); Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 114.
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B.

La confiscación es el acto mediante el cual el Estado, por 

mandato de la Asamblea Legislativa y actuación del Poder 

Ejecutivo, ocupa e inviste para sí todo derecho de propiedad sobre 

cualesquiera bienes que hayan sido utilizados en la comisión de 

determinados delitos. Figueroa Santiago et als. v. ELA, 207 DPR 

923 (2021); Reliable Financial v. ELA, 197 DPR 289, 296 

(2017); Reliable v. Depto. Justicia y ELA, 195 DPR 917, 924 

(2016); Flores Pérez v. ELA,195 DPR 137, 146-147 (2016); Doble 

Seis Sport v. Depto. Hacienda, 190 DPR 763, 784 (2014). 

Con el propósito de prescribir las normas que regirán el 

procedimiento de confiscaciones en nuestra jurisdicción, el 

legislador aprobó la Ley Núm. 119-2011, conocida como la Ley 

Uniforme de Confiscaciones de 2011, 34 LPRA sec. 1724 et seq.;

Figueroa Santiago et als. v. ELA, supra; Reliable Financial v. ELA, 

supra, pág. 297. Mediante esta pieza legislativa, se estableció un 

trámite justo, expedito y uniforme para que el Estado pueda llevar 

a cabo las confiscaciones. Figueroa Santiago et als. v. ELA, supra; 

Flores Pérez v. ELA, 195 DPR 137, 146-147 (2016).

Así pues, la Ley Núm. 119-2011 reconoce el derecho 

constitucional que poseen los ciudadanos a la vida, libertad y al 

disfrute de la propiedad; así como, la protección de que ninguna 

persona será privada de su libertad y propiedad sin un debido 

proceso de ley3. Sobre el particular, la Exposición de Motivos de 

la Ley de Confiscaciones, dispone que:

Con estas protecciones constitucionales en 

consideración, la presente legislación crea un 

procedimiento que garantiza el debido proceso de ley 

a todo dueño de bienes confiscados, dándose fin a 

3 Véase Exposición de Motivos de la Ley Núm. 119-2011 que menciona el 

Artículo II, Sección 7 de nuestra Constitución.
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procedimientos dilatorios y evitando así que nuestros 

tribunales continúen congestionados por las 

demandas incoadas para impugnar las confiscaciones 

efectuadas. Esto evita que el transcurso del tiempo 

deteriore las propiedades confiscadas en perjuicio de 

sus dueños. [...].

Con el propósito de cumplir con la política pública del 

Estado, el Artículo 2 de la Ley de Confiscaciones, reafirma la 

naturaleza in rem de las confiscaciones civiles, independiente de 

cualquier acción penal, administrativa o de cualquier otra 

naturaleza. 34 LPRA sec. 1724 nota. Los tribunales venimos 

obligados a interpretar las disposiciones atinentes a las 

confiscaciones de manera restrictiva. Reliable Financial v. ELA, 

supra, págs. 303. 

En cumplimiento con esta política pública, el Artículo 9 de la 

Ley de Confiscaciones, detalla los bienes privados sujetos a 

incautación. En lo aquí establece lo siguiente: 

Artículo 9.- Bienes sujetos a confiscación.

Estará sujeta a ser confiscada, a favor del Gobierno 

de Puerto Rico, toda propiedad que resulte, sea 

producto o se utilice, durante la comisión de delitos 

graves y de aquellos delitos menos graves en los que 

por ley se autorice la confiscación, cuando tales delitos 

graves y menos graves se encuentren tipificados en el 

Código Penal de Puerto Rico, en las leyes de 

sustancias controladas, de armas y explosivos, [...]; 

así como en otras leyes y en aquellos estatutos 

confiscatorios en los que por ley se autorice la 

confiscación. [...]. 34 LPRA sec. 1724f.

Ahora bien, la Ley Uniforme de Confiscaciones dicta la 

manera en que se notificará el hecho de la confiscación a las 

partes con interés. A esos efectos el Artículo 13, dispone como 

sigue:

El Director Administrativo de la Junta notificará la 

confiscación y la tasación de la propiedad confiscada 

a las siguientes personas: 

a) a la persona que tuviere la posesión física del bien 

al momento de la ocupación; 
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b) a aquéllas que por las circunstancias, información 

y creencia, el Director Administrativo considere como 

dueños de dicho bien; 

c) en los casos de vehículos de motor, se notificará, 

además, al dueño, según consta en el Registro de 

Vehículos del Departamento de Transportación y 

Obras Públicas y al acreedor condicional que a la fecha 

de la ocupación tenga su contrato inscrito;

d) en los casos de bienes inmuebles se notificará, 

además, al dueño, según consta en el Registro de la 

Propiedad del municipio donde ubica el bien y a la 

institución hipotecaria que a la fecha de la ocupación 

aparezca en dicho Registro como acreedor hipotecario 

del bien. 

Toda confiscación se notificará por correo 

certificado dentro de un término jurisdiccional 

de treinta (30) días, siguientes a la fecha de la 

ocupación física de los bienes. La notificación se 

hará a la dirección conocida del alegado dueño, 

encargado o persona con derecho o interés en la 

propiedad, según consta del expediente de la 

confiscación. 

En el caso de vehículos de motor que sean ocupados 

en virtud de la Ley Núm. 8 de 5 de agosto de 1987, 

según enmendada, conocida como “Ley para la 

Protección de la Propiedad Vehicular” (9 LPRA secs.

3201 et seq.), la notificación se hará dentro de los 

treinta (30) días siguientes a partir del término de 

treinta (30) días dispuestos para que los oficiales del 

orden público lleven a cabo una investigación sobre el 

bien ocupado. Un vehículo ocupado al amparo de la 

“Ley para la Protección de la Propiedad Vehicular”, no 

será confiscado a favor del Gobierno de Puerto Rico 

hasta tanto se culmine el procedimiento dispuesto en 

dicha Ley. El mismo se mantendrá bajo la custodia 

de la Policía hasta que se culmine la investigación 

correspondiente. 

En aquellos casos en los que se incaute y retenga 

cualquier propiedad para alguna investigación 

relacionada con cualquier acción penal, civil, 

administrativa o cuando el bien es indispensable 

para la investigación o como evidencia en el 

caso, el término para culminar la investigación y 

emitir la orden de confiscación no excederá de 

noventa (90) días. Los treinta (30) días para notificar 

la confiscación comenzarán a contarse una vez 

concluya dicha acción y se expida la correspondiente 

orden de confiscación. (Énfasis nuestro). 34 LPRA 

sec. 1724j.
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En Reliable Financial v. ELA, supra, el Tribunal Supremo 

evaluó los plazos que establece el Artículo 13 para la notificación 

de la confiscación. Por la importancia que ese caso reviste en los 

hechos que aquí atendemos, nos referimos al análisis y la 

conclusión a la que arribó el Tribunal Supremo. 

En primer lugar, en Reliable Financial v. ELA, supra el foro 

indicó que, “como norma general, deberá cursarse la notificación 

en los treinta días siguientes a la ocupación de la propiedad.” Íd. 

Por vía de excepción, en cuanto al imperativo de que la retención 

sea para propósitos investigativos, pertinente al caso que 

atendemos, el Tribunal Supremo explicó que, “para el Estado 

poder justificar la retención de propiedad confiscada a base del 

último supuesto del Artículo 13 de la Ley Núm. 119-2011, supra, 

es menester determinar si esa propiedad fue incautada y retenida 

con el propósito de asistir en alguna investigación concerniente a 

un caso.” Íd.

Explicó que, a esos efectos, deben cumplirse los siguientes 

requisitos:

Conforme esta disposición aparece redactada, no es 

suficiente aludir simplemente a una supuesta 

investigación en términos vagos y generalizados. El 

estatuto exige establecer, tanto la naturaleza de la 

investigación, como la necesidad de retener la 

propiedad para fines asociados a esa 

investigación. (Énfasis nuestro). Reliable Financial 

v. ELA, supra, págs. 302-303.

A tono con lo anterior, es preciso que la investigación esté 

relacionada con la razón inicial para ocupar el automóvil. Por 

consiguiente, el Estado no puede justificar la retención una vez 

pasados los treinta días, a base de eventos posteriores 

desconectados con la incautación inicial, tales como la inspección 

mandatoria decretada por la Ley Núm. 8, supra. Íd. Debido a las 
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implicaciones de rango constitucional que conlleva la confiscación 

de propiedad, el Gobierno no cuenta con discreción absoluta para 

retener bienes privados por tiempo suplementario meramente a 

causa de una investigación. Reliable Financial v. ELA, supra, pág. 

303. 

En Reliable Financial v. ELA, supra, pág. 303, el Tribunal 

Supremo reiteró que el punto medular a evaluarse era, “la 

relevancia del vehículo para cualquier investigación en progreso a 

raíz de la incautación.” Agregó que “[e]l hecho que se hayan 

ocupado armas en el automóvil no implica que automáticamente 

el vehículo sea relevante para alguna investigación ulterior sobre 

posibles cargos criminales contra los ocupantes.” En esa línea, el 

foro mayor precisó que, “en sus escritos el Gobierno no detalla en 

qué consistió la supuesta investigación, cuál fue su propósito y su 

nexo con el vehículo. Por ejemplo, no existe ninguna referencia 

en el expediente que alerte sobre la necesidad de realizar algún 

tipo de inspección ulterior para levantar huellas dactilares, DNA o 

residuos de sustancias controladas, sangre o pólvora.” [...].

Reliable Financial v. ELA, supra, pág. 304. 

Más adelante, expresó el Tribunal Supremo que:

No se infiere de los autos ni el Gobierno ha acreditado, 

que la decisión de retener el vehículo al momento de 

su ocupación fuese para fines investigativos 

relacionados a la ocupación y de este modo refrendar 

la aplicación del último párrafo del Art. 13 de la Ley 

Núm. 119-2011, supra. A base de lo anterior, 

resolvemos que el Gobierno no presentó razones 

válidas suficientes para establecer que retuvo el 

vehículo ocupado para fines investigativos asociados 

a los motivos que originaron su ocupación. Por lo 

tanto, la notificación de la orden de confiscación en 

este caso debió hacerse en los treinta días a partir del 

17 de febrero de 2011, fecha de la ocupación del 

automóvil. Teniendo en cuenta que no fue hasta el 15 

de abril de 2011, ya expirado este término, que se 

efectuó tal notificación, procede declarar su nulidad.

Reliable Financial v. ELA, supra, pág. 305.
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Así pues, el foro Supremo, Reliable Financial v. ELA, supra, 

pág. 305, pautó que, “la mejor práctica es que los motivos 

investigativos para retener la propiedad en estos casos se revelen 

a los dueños y a las personas con interés lo más cercano posible 

a la incautación.” Agregó que “[d]e este modo, se les alerta 

oportunamente que el trámite confiscatorio puede 

extenderse más allá de los treinta o sesenta días, provistos en los 

otros supuestos de este precepto de ley. A la vez se reduce la 

posibilidad de que el Estado improvise justificaciones a 

posteriori para la demora, vulnerando los derechos propietarios 

de los dueños. Igualmente pueden consignarse fehacientemente 

en la orden de confiscación los fines investigativos que provocaron 

la retención de la propiedad.” Reliable Financial v. ELA, supra, pág. 

305. (Énfasis nuestro).

Según cualquiera de estos dos supuestos, corresponde a la 

parte que impugna una notificación por tardía, refutar las razones 

de índole investigativa aducidas por el Estado para amparar su 

retraso. Así pues, según sea el caso, el dueño o la parte con 

interés en la propiedad deberá probar, ya sea que no se dio tal 

investigación o que, de ésta haberse realizado, ese trámite no 

guardó relación con la incautación. Reliable Financial v. ELA, 

supra, pág. 306. Ahora bien, en ausencia de las comunicaciones 

mencionadas, una vez impugnada una notificación por tardía, si el 

Estado interesa valerse del periodo de tiempo adicional 

consignado en la última modalidad del Art. 13 de la Ley Núm. 119-

2011, supra, por alegada ocupación para fines investigativos, le 

corresponde el peso de probar, mediante prueba 

fehaciente, la conexión entre el motivo para la ocupación 
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de la propiedad retenida y la investigación 

correspondiente. (Énfasis nuestro). Íd., pág. 307.

El incumplimiento con el término para notificar una 

confiscación provoca la nulidad de la acción del Estado. Reliable 

v. Depto. Justicia y ELA, supra, pág. 925; Coop. Seguros Múltiples 

v. Srio. de Hacienda, 118 DPR 115, 118 (1986). 

A la luz de la antes mencionada normativa, disponemos.

III.

En su recurso el Estado alega que de los documentos surge 

que el Estado cumplió con justificar la ocupación para fines 

investigativos. Sostuvo que se creó al menos una controversia de 

hechos sobre si el vehículo fue ocupado para fines investigativos, 

lo que activó el término de noventa (90) días dispuesto en el 

Artículo 13 de la Ley Uniforme de Confiscaciones. Ante ello, 

entendió que, como mínimo, el pleito no se debió resolver 

sumariamente por existir controversia sobre el propósito de la 

retención del vehículo. No nos persuade. 

El Artículo 13 de la Ley 119-2011, establece un término 

jurisdiccional de (30) días siguientes a la fecha de la ocupación 

física de los bienes para que toda confiscación sea notificada. A

manera de excepción, el estatuto provee otras dos modalidades 

que permiten que la notificación se emita pasados los treinta (30) 

días, siempre que se cumpla con lo dispuesto en alguna de estas. 

La tercera modalidad, aquí aludida, permite extender ese término 

a noventa (90) días, cuando se incaute y retenga cualquier 

propiedad para alguna investigación relacionada con cualquier 

acción penal, civil, administrativa o cuando el bien es 

indispensable para la investigación o como evidencia en el caso.
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Amparado en esa excepción, el Estado alegó en la Oposición 

a la Moción de Sentencia Sumaria y en el recurso de apelación, 

que el documento de Orden de Confiscación establece que la 

ocupación del vehículo fue el 21 de febrero de 2023, para una 

investigación por causa de la comisión de delitos de la Ley de 

Armas de Puerto Rico, la cual contiene estatutos confiscatorios. 

Sostuvo que la Orden de Confiscación fue emitida a los 24 días de 

la ocupación del vehículo de motor, por lo que se realizó dentro 

del término de 90 días establecidos para culminar la investigación. 

Revisamos el documento intitulado Orden de Confiscación, 

al que alude el Estado, y surge que el auto se retuvo por estar 

relacionado a los artículos 6.22, 6.05 de la Ley de Armas de Puerto 

Rico. La Orden de Confiscación indica que la confiscación era “por 

considerarse que es producto, ha sido utilizado o está relacionado 

con la comisión de los hechos delictivos que se hacen constar en 

el epígrafe de esta Orden”. Esta información quedó plasmada en 

las determinaciones de hechos 3 y 5 de la Sentencia que 

revisamos. Allí también el TPI pautó en el hecho 5 que, “No surge 

imputación alguna de que el vehículo fue incautado por motivos 

investigativos.” 

Por tanto, notoriamente la Orden de Confiscación solamente 

hace referencia, a la razón por la cual se incautó la propiedad, 

pero en ningún lugar se expresa la necesidad de retener la 

propiedad para fines asociados a la investigación o para efectos 

investigativos. Aún más, vemos del documento de Hoja de 

Inventario que el funcionario marcó el inciso de “confiscado” y 

“ocupado para investigación”.4 No obstante, esta sola expresión, 

sin más, es una generalizada incapaz de rebasar la regla general 

4 Apéndice pág. 56.
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de treinta (30) días para notificar la ocupación del vehículo. Sobre 

este tema, el Tribunal Supremo indicó en Reliable Financial v. ELA, 

supra, que no es suficiente aludir simplemente a una supuesta 

investigación en términos vagos y generalizados. El estatuto 

exige establecer, tanto la naturaleza de la investigación, 

como la necesidad de retener la propiedad para 

fines asociados a esa investigación. Reliable Financial v. ELA, 

supra. Ninguno de estos requisitos surge de los documentos que 

revisamos. Incluso, el Tribunal Supremo ha establecido que en 

estos casos el Estado debe detallar en qué consistía la supuesta 

investigación, cuál fue su propósito y su nexo con el vehículo. 

Véase Reliable Financial v. ELA, supra. Ese trámite era necesario 

pues, el hecho de que se ocupen armas en el automóvil, no implica 

que automáticamente el vehículo sea relevante para alguna 

investigación ulterior.5 

Tampoco consta del expediente, ni de los escritos que ha 

sometido el Estado, que se le hubiese notificado oportunamente a 

los dueños. o a las personas con interés, sobre la necesidad de 

retener el vehículo por un tiempo más prolongado a la norma 

general de treinta (30) días. Ello era esencial pues “la mejor 

práctica es que los motivos investigativos para retener la 

propiedad en estos casos se revelen a los dueños y a las personas 

con interés lo más cercano posible a la incautación.” Reliable 

Financial v. ELA, supra. 

En fin, luego de considerar los documentos que se 

presentaron ante el foro primario y el derecho que cobija esta 

causa, confirmamos el dictamen apelado. El Estado no cumplió 

con la exigencia de notificar, en una fecha cercana a la ocupación 

5 Reliable Financial v. ELA, supra.
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del vehículo, que este había sido ocupado para fines 

investigativos. Tampoco satisfizo el requisito de establecer la 

naturaleza de la investigación, como la necesidad de retener la 

propiedad para fines asociados a esa investigación.6 Ante ello, 

aplica la norma general de notificar en treinta (30) días desde la 

fecha de su ocupación, tal como lo decretó el TPI. La ocupación 

del vehículo ocurrió el 21 de febrero de 2023, por tanto, debió 

notificarse ese hecho en el término jurisdiccional des treinta (30) 

días, que era, en o antes del 23 de marzo de 2023. La carta del 

13 de abril de 2023, puesta en el correo al siguiente día, resultó 

a destiempo por tardía.

Por lo anterior, confirmamos el dictamen apelado pues no 

existe controversia de hechos esenciales y el derecho se aplicó de 

forma correcta. 

IV.

Por las razones que anteceden, confirmamos la nulidad de 

la confiscación según lo decretó el TPI en la Sentencia apelada.

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones

6 Véase Reliable Financial v. ELA, supra, pág. 304.