Número Identificador

SEN2024 _______________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL II

MUNICIPIO DE ISABELA

Apelado

v.

TEMPERATURE 

DEVELOPERS INVESTMENT 

CORP., JEFFLEE E. ABREU 

ALERS, FULANA DE TAL Y LA 

SOCIEDAD LEGAL DE BIENES 

GANANCIALES COMPUESTA POR 

AMBOS, JEFFREY ABREU 

PROSPER, LISETTE ALERS 

MÉNDEZ Y LA SOCIEDAD 

LEGAL DE BIENES GANANCIALES 

COMPUESTA POR EL 

MATRIMONIO ABREU 

ALERS

Apelantes

KLAN202300794

APELACION

procedente del 

Tribunal de 

Primera Instancia, 

Sala Superior de 

Aguadilla

Caso número:

AG2020CV00177

Sobre:

Cobro de Dinero

Panel integrado por su presidente, el juez Bermúdez Torres, el juez 

Adames Soto y la juez Aldebol Mora.

Aldebol Mora, Juez Ponente

S E N T E N C I A

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de julio de 2024.

Comparece la parte apelante, Lisette Alers, mediante el 

presente recurso de apelación, y nos solicita que revoquemos la 

Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Aguadilla, el 4 de agosto de 2023, notificada el 8 del 

mismo mes y año. Mediante dicho dictamen, el foro primario declaró 

Ha Lugar la demanda presentada por el Municipio de Isabela, el 12 

de febrero de 2020. En consecuencia, ordenó a la parte apelante a 

satisfacer a favor del Municipio de Isabela la suma de $71,010.12 

por concepto de patente municipal, $5,600.25 por concepto de 

patente municipal por arrendamiento de locales comerciales, y 

$187,581.52 por falta de pago de IVU municipal retenido, así como 

los intereses, recargos y penalidades que se siguieran acumulando 
KLAN202300794 2

hasta el correspondiente pago, y $10,000.00 por concepto de 

honorarios de abogado. 

Por los fundamentos que exponemos a continuación, se 

confirma el dictamen apelado.

I

El 12 de febrero de 2020, el Municipio de Isabela (Municipio o 

parte apelada) presentó una Demanda de cobro de dinero en contra 

de Temperature Developers Investment Corp., Jefflee E. Abreu Alers, 

Fulana de Tal y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por 

ambos, Jeffrey Abreu Prosper, Lisette Alers Méndez (parte apelante)

y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por el matrimonio 

Abreu Alers.1 En la misma, alegaron que la parte apelada había 

incumplido con su obligación de radicar su planilla mensual sobre 

IVU municipal para los periodos comprendidos de enero de 2011 

hasta enero de 2020, por lo que adeudan $187,581.52 por falta de 

pago de IVU municipal retenido. Esta cantidad incluía intereses 

equivalentes a $38,355.01, recargos equivalentes a $6,042.33, una 

penalidad equivalente a $13,658.02, multa por no remitir pagos 

equivalentes a $54,002.83, una multa por no radicar las planillas 

mensuales equivalente a $15,100.00. Reclamaron, además el cobro 

de $107,470.65 por concepto de patente municipal por la operación 

de negocio de ventas de aires acondicionados, y $5,600.25 por 

concepto de patente municipal por arrendamiento de locales 

comerciales. Argumentó haber realizado múltiples gestiones de 

cobro que resultaron infructuosas y, por consiguiente, declaró la 

deuda vencida, líquida y exigible.

En respuesta, el 21 de agosto de 2020, la parte apelante 

presentó una Moción Contestación a Demanda y Oposición a 

Embargo Preventivo.2 Entre sus defensas afirmativas, sostuvo la 

1 Apéndice II del recurso, págs. 15-33.

2 Apéndice III del recuso, págs. 34-36.
KLAN202300794 3

falta de jurisdicción por incumplimiento con el procedimiento 

establecido en la Ley de Patentes Municipales, Ley Núm. 113 del 10 

de julio de 1974, 21 LPRA sec. 621 et seq. Particularmente, 

argumentó que previo a tasar una deficiencia contributiva y 

proceder a iniciar un procedimiento de cobro por la vía de apremio 

o mediante el procedimiento judicial, el municipio debía remitirle al 

contribuyente una notificación de deficiencia.

Luego de varios trámites procesales, el 3 de febrero de 2021, 

la parte apelante presentó una Moción de sentencia sumaria, 

solicitud de desestimación por falta de parte indispensable, 

deficiencia en los emplazamiento, y prescripción.

3 En oposición, el 23 

de febrero de 2021, la parte apelada presentó una Moción en

Oposición a sentencia sumaria, solicitud desestimación por falta de 

parte indispensable, deficiencia en los emplazamientos y 

prescripción.4 En lo pertinente, el Municipio alegó que la parte 

demandada había sido notificada de este caso, que tuvieron 

oportunidad de defenderse y que, conforme a la Regla 4.7 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, resultaba innecesaria la 

presentación de prueba de diligenciamiento. Por otro lado, alegó que 

los términos prescriptivos fueron interrumpidos y que el cobro de la 

deuda por concepto de patente municipal no requería tasación. 

Sobre este particular, argumentó que la Ley Núm. 113-1974, supra, 

requería que el contribuyente hubiera rendido la declaración de 

volumen para que el monto de las patentes fuese tasado. Ahora bien, 

aclaró que la tasación de la patente era distinta al cómputo de la 

patente, puesto que la referida ley requería la tasación para 

convertir una deficiencia en una deuda líquida, vencida y exigible. 

Argumentó que, si el contribuyente no había radicado la declaración 

3 Véase, Entrada Núm. 45 del Caso Núm. AG2020CV00177 en el Sistema 

Unificado de Manejo de Administración de Casos (SUMAC). 

4 Véase, Entrada Núm. 50 del Caso Núm. AG2020CV00177 en el SUMAC. 
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de volumen y el Municipio preparaba una planilla de oficio, el monto 

determinado no era una deficiencia. Tampoco era una deficiencia si 

el contribuyente radicaba la declaración de volumen y el volumen 

del monto de patente era correcto, pero no era pagado. El 16 de 

marzo de 2021, el foro primario emitió una Sentencia Parcial. En la 

misma, declaró No Ha Lugar la moción de sentencia sumaria

presentada por la parte apelante al entender que existían una serie 

de hechos en controversia que impedían resolver el pleito por la vía 

sumaria.5

El 17 de julio de 2023 se celebró el juicio en su fondo y el 4 de 

agosto de 2023, el tribunal emitió la Sentencia apelada en el 

presente recurso.6 En la misma se le ordenó a la parte apelante a 

satisfacer a favor del Municipio de Isabela la suma de $71,010.12 

por concepto de patente municipal, $5,600.25 por concepto de 

patente municipal por arrendamiento de locales comerciales y 

$187,581.52 por falta de pago de IVU municipal retenido, así como 

los intereses, recargos y penalidades que se sigan acumulando 

hasta el correspondiente pago. De igual forma, le impuso a la parte 

apelante el pago de $10,000.00 a favor del Municipio de Isabela por 

concepto de honorarios de abogado. La referida cantidad devengaría 

intereses a razón de un 9.25% desde la fecha en que surgió la causa 

de acción y hasta la fecha en que se dictara sentencia a computarse 

sobre la cuantía de la sentencia. 

Inconforme, el 7 de septiembre de 2023, la parte apelante 

acudió ante esta Curia mediante el recurso de epígrafe y señaló el 

siguiente error:

Erró el Tribunal de Primera Instancia al ordenar el pago 

de $187,581.52 por falta de pago de IVU municipal 

retenido, así como los intereses, recargos y penalidades, 

a Temperature Developers Investment Group, Corp., 

aun cuando de los documentos presentados y 

admitido[s] en evidencia indicaban la dirección utilizada 

5 Véase, Entrada Núm. 51 del Caso Núm. AG2020CV00177 en el SUMAC.

6 Apéndice I del recurso, págs. 1-14. 
KLAN202300794 5

para notificar el cobro de IVU Municipal a Temperature 

Developers Investment Group, Corp., y por lo tanto la 

dirección 7459 Ave. Agustín Ramos Calero Isabela, 

PR 00662 no era la dirección cor[r]ecta que aparecía en 

el expediente de rentas internas del Municipio de 

Isabela, y que esta falta de notificación adecuada por 

parte del Municipio de Isabela provocó que la 

corporación no se diera por enterada del cobro de la 

patente e IVU [m]unicipal.

En cumplimiento con nuestras Resoluciones del 11 de 

septiembre de 2023 y del 2 de noviembre del mismo año, la parte 

apelada compareció mediante Oposición a Apelación el 6 de octubre

de 2023, y mediante Moción Presentando Argumento en Oposición al 

Planteamiento de la Parte Apelante de que no Hubo Notificación 

Adecuada el 15 de noviembre del mismo año.

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procedemos a resolver.

II

A

En una acción de cobro de dinero, la parte demandante 

únicamente puede reclamar, por vía judicial, aquellas deudas que 

sean vencidas, líquidas y exigibles. RMCA v. Mayol Bianchi, 208 DPR 

100, 108 (2021). Respecto a ello, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

expresó que:

El vocablo “líquida” en relación con una cuenta, en 

lenguaje corriente significa el saldo “o residuo de 

cuantía cierta que resulta de la comparación del cargo 

con la data”. Y la voz “exigible” refiriéndose a una 

obligación, significa que puede demandarse su 

cumplimiento. Guadalupe v. Rodríguez, 70 DPR 958, 

966 (1950).

En ese sentido, la deuda es “líquida” cuando la cuantía de 

dinero debida es “cierta” y “determinada”. Ramos y otros v. Colón y 

otros, 153 DPR 534, 546 (2001), citando a M.A. Del Arco Torres y M. 

Pons González, Diccionario de Derecho Civil, Navarra, Ed. Aranzadi, 

1984, T. II, pág. 168 y a Freeman v. Tribunal Superior, 92 DPR 1, 25 

(1965). Por otro lado, la deuda es “exigible” cuando la obligación no 

está sujeta a una causa de nulidad y puede demandarse su 
KLAN202300794 6

cumplimiento. Guadalupe v. Rodríguez, supra. Sobre ese particular, 

nuestro Tribunal Supremo determinó en RMCA v. Mayol Bianchi, 

supra, págs. 108-109, lo siguiente:

La deuda es líquida por ser cierta y determinada, y es 

exigible porque puede demandarse su cumplimiento. 

Así que, “al alegarse que la cuenta es ‘líquida y exigible’ 

se están exponiendo hechos, a saber: que el residuo de 

la cuantía ha sido aceptado como correcto por el deudor 

y que está vencido”. (Citas omitidas).

Por otro lado, la parte que exige el cumplimiento de una 

obligación es a quien le corresponde probar su existencia. Admor. 

F.S.E. v. Almacén Ramón Rosa, 151 DPR 711, 719 (2000); H.R. 

Stationery, Inc. v. E.L.A., 119 DPR 129, 134 (1987). Lo anterior es

cónsono con la Regla 110 de Evidencia de Puerto Rico de 2009, 

32 LPRA Ap. VI, R. 110, pues el peso de la prueba recae sobre la 

parte que resultaría vencida en caso de no presentarse prueba 

alguna.

B

Los municipios del Estado Libre Asociado de Puerto Rico están 

autorizados a imponer y cobrar patentes, según los tipos definidos 

por ley, a toda persona dedicada a la prestación de cualquier 

servicio, o a la venta de cualquier bien, negocio o cualquier industria 

o negocio, según establecía la Ley Núm. 113 del 10 de julio de 1974, 

según enmendada, 21 LPRA sec. 621 et seq., conocida como la Ley 

de Patentes Municipales.7 El propósito de esta ley es facultar a cada 

municipio a imponer el impuesto de patentes sobre la operación 

específica que una industria o negocio lleva a cabo dentro de su 

jurisdicción. Coca Cola v. Municipio de Aguadilla, 99 DPR 839 

(1971). 

La Sección 10 de la referida ley, le imponía a toda persona 

sujeta al pago de patente o a su agente autorizado la obligación de 

7 El derecho aplicable en el caso de autos se remite a la Ley 113-1974, según 

enmendada, 21 LPRA sec. 621 et seq. (derogada), toda vez que nos encontramos 

ante hechos ocurridos con anterioridad a la aprobación del Código Municipal de 

Puerto Rico, Ley Núm. 107-2020, 21 LPRA sec. 7001. 
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rendir una declaración de volumen de negocio, en o antes de cinco

(5) días laborables siguientes al 15 de abril de cada año contributivo. 

Las declaraciones debían ser rendidas al Director de Finanzas en 

donde estuviese localizada la casa u oficina principal y una copia de 

dicha declaración debía ser rendida al Director de Finanzas de cada 

municipio en donde la persona hubiese recibido o devengado 

ingresos sujetos a la patente impuesta. En lo pertinente, la Sección 

10 establecía: 

(a) Fecha para la declaración. — (1) Regla general.— En 

o antes de la fecha de vigencia de esta ley, toda persona 

sujeta al pago de patente o su agente autorizado estará 

obligada a rendir una declaración de volumen de 

negocio, según se dispone en esta ley, en o antes de los 

cinco (5) días laborables siguientes al 15 de abril de 

cada año contributivo.

[...]

(b) A quién rendir las declaraciones.— Las declaraciones 

deberán ser rendidas al Director de Finanzas en donde 

está localizada la casa u oficina principal y una copia 

de dicha declaración deberá ser rendida al Director de 

Finanzas de cada municipio en donde la persona haya 

recibido o devengado ingresos sujeto a la patente 

impuesta por autorización de esta ley. 21 LPRA sec. 

651h. 

La patente debía ser pagada a los recaudadores oficiales de 

los municipios en que radiquen los negocios, dentro de los primeros 

(15) días de cada semestre del año económico, tomando como base 

el volumen de los negocios efectuados durante el año 

inmediatamente anterior. La Sección 11, establece que: 

Toda persona sujeta al pago de patente que impone esta 

ley pagará a los recaudadores oficiales de los 

municipios en que radiquen sus negocios o industrias 

la patente que autoriza imponer dichas secciones. 

Dicha patente se pagará por anticipado dentro de los 

primeros quince (15) días de cada semestre del año 

económico, tomando como base el volumen de negocios 

efectuado durante el año inmediatamente anterior, 

según se dispone en la Sección 7 de esta ley, excepto en 

casos de nuevas industrias o negocios que se pagará, 

según lo dispuesto en esta ley en su Sección 13. Cuando 

el pago total se efectúe al momento de radicar la 

planilla, según se dispone en la Sección 10 (a)(1) de esta 

ley, se concederá un descuento de cinco por ciento (5%) 

sobre el monto total de la patente a pagar. No se cobrará 

patente alguna a negocio o industria en los semestres 
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subsiguientes a aquél en que cesare de operar. Las 

patentes vencerán en plazos semestrales el 1ro de julio 

y el 2 de enero de cada año. 21 LPRA sec. 651j. 

Con respecto a la definición de deficiencia establecida en la 

ley, la Sección 15 establece: 

(a) Deficiencia.— Según se emplea en esta ley con 

respecto a la patente impuesta por las mismas, 

"deficiencia" significa el monto por el cual la patente que 

se autoriza a imponer y cobrar excede:

(1) La suma de: 

(A) La cantidad declarada como patente por la 

persona en su declaración, si dicha persona 

rindió una declaración y declaró en la misma 

alguna cantidad como patente, más 

(B) las cantidades previamente tasadas, o 

cobradas sin tasación, como deficiencia, menos

(2) el monto de las reducciones hechas, según se define 

en el apartado (b) de esta sección. 21 LPRA sec. 651n. 

[...]

Por otro lado, la referida le disponía en la Sección 16 el 

siguiente procedimiento en cuanto a la tasación y cobro de 

deficiencia: 

(a) Notificación de deficiencia y recursos de la persona. 

— Salvo lo que de otro modo se disponga en esta ley: (1) 

Si en el caso de cualquier persona el Director de 

Finanzas determinare que hay una deficiencia con 

respecto a la patente impuesta por autorización de esta 

ley, el Director de Finanzas notificará a la persona dicha 

deficiencia por correo certificado, y la persona podrá, 

dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha del 

depósito en el correo de dicha notificación o dentro de 

la prórroga que a tal fin le concede el Director de 

Finanzas, solicitar de éste, por escrito, la 

reconsideración de dicha deficiencia o pedir una vista 

administrativa en relación con la misma. Si la persona 

no solicitare reconsideración en la forma y dentro del 

término aquí dispuesto, o si habiéndola solicitado, se 

confirmare en todo o en parte la deficiencia notificada, 

el Director de Finanzas notificará por correo certificado, 

en ambos casos, su determinación final a la persona 

con expresión del monto de la fianza que deberá prestar 

la persona si deseare recurrir ante el Tribunal de 

Primera Instancia contra dicha determinación de 

deficiencia. Tal fianza no deberá exceder del monto de 

la patente, más intereses sobre la deficiencia 

computados por el período de un año adicional al nueve 

por ciento (9%) anual. 21 LPRA sec. 651o. 

El proceso de tasación tenía un término prescriptivo de cuatro 

(4) años, contados a partir de la fecha en que se rindió la 

declaración. 21 LPRA sec. 651r. No obstante, como excepción al 
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periodo de prescripción, en el caso de que se dejare de rendir 

declaración la patente podía ser tasada, o un procedimiento en el 

tribunal sin tasación para el cobro de dicha patente podría 

comenzarse, en cualquier momento. 21 LPRA sec. 651s. 

Por otro lado, nuestro Tribuna Supremo en Lukoil Pan 

Americas v. Mun. Guayanilla, 192 DPR 879, 887-888 (2015), reiteró 

la normativa jurisprudencial en torno a cómo se interpretan los 

estatutos contributivos, al señalar que: 

A pesar de que se favorece una interpretación liberal de 

los poderes tributarios otorgados a los municipios, 

debemos tener presente que como cuestión de 

hermenéutica también hemos reiterado que los 

estatutos contributivos deben ser interpretados 

razonablemente, teniendo en mente el propósito y la 

intención del legislador. Ortiz Chévere et al. v. 

Srio. Hacienda, 186 DPR 951, 975 (2012); Lilly del 

Caribe v. CRIM, 185 DPR 239, 251 (2012); Licorería 

Trigo, Inc. v. Srio. de Hacienda, 94 DPR 270, 279 (1967).

Asimismo, los estatutos contributivos “no se habrán de 

interpretar de forma extensiva, sino que se deberán 

interpretar de una forma justa y conforme a sus propios 

y expresos términos”. Ortiz Chévere et al. v. Srio. 

Hacienda, supra, págs. 975–976, citando a Yiyi Motors, 

Inc. v. E.L.A., 177 DPR 230, 250 (2009). No obstante, 

“no podemos interpretar una ley contributiva de 

manera que facilite la evasión de los tributos que la 

Asamblea Legislativa ha establecido”. Ortiz Chévere 

et al. v. Srio. Hacienda, supra, pág. 976. Véanse, 

además: Lilly del Caribe v. CRIM, supra, pág. 252; West 

India Oil Co (P.R.) v. Sancho Bonet, Tes., 54 DPR 732, 

744–745 (1939). Aun así, cuando del estatuto no surge 

con claridad que su propósito es imponer una 

contribución, estamos obligados a resolver a favor de su 

no imposición. Pfizer Pharm. v. Mun. de Vega Baja, 

supra, págs. 278–279; Yiyi Motors, Inc. v. E.L.A., supra, 

págs. 250–251; B.B.C. Realty v. Secretario Hacienda, 

166 DPR 498, 511 (2005); Central Coloso v. Descartes, 

Tes., 74 DPR 481, 486. (Énfasis Nuestro). 

C

El Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 19948, Ley 

Núm. 130 de 1994, según enmendada, 13 LPRA sec. 80006, 

establecía la obligación de los municipios de imponer un impuesto 

8 La Ley Núm. 1 de 31 de enero de 2011 ( ́Ley 1-2011”) derogó el Código de Rentas 

Internas del 1994, y estableció el Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto 

Rico. 
KLAN202300794 10

sobre ventas y uso de uno punto cinco por ciento (1.5%) y a cobrar 

uno por ciento (1%) de esa imposición. De igual forma, el referido 

código se le impuso a todo comerciante la obligación de presentar 

una Planilla Mensual de Impuestos sobre Ventas y Uso y a remitir 

el impuesto sobre ventas no más tarde del día décimo (10mo) del 

mes siguiente al que se recaudaran dichos impuestos.

Posteriormente, el Código de Rentas Internas del Puerto Rico de 

2011, Ley Núm. 1 de 2011, según enmendada, 13 LPRA sec. 3001, 

mantuvo disposiciones similares a las del código de 1994 en 

sus secciones 4041.02(c) y 6080.14(a). La Sección 4041.02(c) 

establece: 

(a) Declaración de Importación. — Toda persona que 

importe a Puerto Rico propiedad mueble tangible 

someterá una declaración detallada de impuesto sobre 

uso con relación a toda la propiedad mueble tangible 

introducida del exterior, en el tiempo, la forma, la 

manera y con aquella información que el Secretario 

establezca, como requisito previo para poder efectuar el 

levante de la propiedad mueble tangible importada, o 

para informar y pagar el impuesto sobre uso según 

lo dispuesto en la Sección 4042.03(a)(1)(B)(i)(III). 

Disponiéndose que en esta declaración se deberá incluir

la porción del impuesto sobre uso municipal que 

cobrará el Secretario conforme a la Sección 6080.14 de 

este Código, con relación a toda la propiedad mueble 

tangible introducida del exterior, por lo que no se tendrá 

que presentar una declaración adicional para 

propósitos del Impuesto sobre Ventas y Uso Municipal. 

Disponiéndose, además, que el Secretario permitirá que 

las personas reclamen en la Declaración de Importación 

el impuesto sobre ventas cobrado por el vendedor. 13 

LPRA sec. 32092. 

Por su parte, la Sección 6080.14(a) establece: 

(a) Autorización y obligatoriedad. — A partir del 1ro. de 

febrero de 2014, todos los municipios impondrán 

uniforme y obligatoriamente un impuesto sobre ventas 

y uso sobre la venta y uso de una partida tributable de 

conformidad con la autorización establecida en la 

Sección 4020.10. Dicha contribución será por una tasa 

contributiva fija de uno (1) por ciento la cual será 

cobrada por los municipios. La tasa contributiva de uno 

(1) por ciento, será impuesta sobre la venta y el uso de 

una partida tributable de conformidad con la misma 

base, exenciones y limitaciones contenidas en el 

Subtítulo D del Código, salvo en las excepciones 

dispuestas en esta Sección. Disponiéndose que la tasa 

contributiva fija de uno (1) por ciento que será cobrada 

por los municipios, según dispuesto en este apartado, 
KLAN202300794 11

no será aplicable a los servicios rendidos a otros 

comerciantes ni a los servicios profesionales 

designados. Dichos servicios estarán sujetos a partir del 

1ro. de octubre de 2015 únicamente a la tasa del cuatro 

(4) por ciento dispuesta en las Secciones 4210.01(c) y 

4210.02(c) de este Código. 13 LPRA sec. 33344. 

En cuanto a la tasación y cobro de deficiencias, la Sección 6010.01 

(b) del Código de Rentas Internas define deficiencia de la siguiente 

forma: 

Deficiencia. — Según se utiliza en este Código con 

respecto a la contribución impuesta por cualquier 

Subtítulo del Código, el término “deficiencia” significa el 

monto por el cual la contribución impuesta por 

cualquier Subtítulo de este Código sobrepase el exceso 

de — (1) la suma de (A) la cantidad declarada como 

contribución por el contribuyente en su planilla o en su 

declaración de impuestos si se rindió una planilla o 

declaración de impuestos por el contribuyente y se 

declaró en la misma por el contribuyente alguna 

cantidad como contribución o impuesto, más (B) las 

cantidades previamente tasadas, o cobradas sin 

tasación, como deficiencia, sobre — (2) el monto de las 

reducciones hechas, según éstas se definen en el 

apartado (c)(2). 13 LPRA sec. 33001. 

Por otro lado, debemos mencionar que tanto el Código de 

Rentas Internas de 1994 en su la Sección 6006(a), como el Código

de Rentas Internas de 2011, supra, en su Sección 6010.06(a) 

proveen una disposición casi idéntica a la establecida en la Ley de 

Patentes Municipales, supra, en cuanto a las excepciones al periodo 

de prescripción. Establece lo siguiente: 

(a) Planilla o Declaración Falsa o Ausencia de Planilla o 

Declaración. — En el caso de una planilla o declaración 

requerida bajo cualquier Subtítulo de este Código que 

fuese rendida de una manera falsa o fraudulenta con la 

intención de evadir contribución o en el caso de que se 

dejare de rendir planilla o declaración, la contribución 

podrá ser tasada, o un procedimiento en corte sin 

tasación para el cobro de dicha contribución podrá 

comenzarse, en cualquier momento. (Énfasis 

Nuestro).

D 

Al revisar una determinación de un foro de menor jerarquía, 

los tribunales revisores tenemos la tarea principal de auscultar si se 

aplicó correctamente el derecho a los hechos particulares del caso.

Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 770 (2013). Como 
KLAN202300794 12

regla general, los foros apelativos no tenemos facultad para sustituir 

las determinaciones de hechos del tribunal de instancia con 

nuestras propias apreciaciones. BPPR v. SLG Gómez-López, 2023 

TSPR 145, 213 DPR ___ (2023); Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 

supra, pág. 771; Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717, 741 

(2007). De manera que, si la actuación del tribunal no está 

desprovista de base razonable, ni perjudica los derechos 

sustanciales de una parte, debe prevalecer el criterio del juez de 

instancia a quien corresponde la dirección del proceso. SLG ZapataRivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414 (2013); Sierra v. Tribunal 

Superior, 81 DPR 554, 572 (1959). 

Sin embargo, la norma de deferencia esbozada encuentra su 

excepción y cede cuando la parte promovente demuestra que hubo 

un craso abuso de discreción, prejuicio, error manifiesto o 

parcialidad. BPPR v. SLG Gómez-López, supra; Trans-Oceanic Life 

Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689 (2012). Además, se requiere que 

nuestra intervención en esta etapa evite un perjuicio sustancial. 

Rivera et al. v. Arcos Dorados et al., 212 DPR 194 (2023); Lluch v. 

España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986).

Por discreción se entiende el “tener poder para decidir en una 

forma u otra, esto es, para escoger entre uno o varios cursos de 

acción”. García v. Asociación, 165 DPR 311, 321 (2005), citando a 

Pueblo v. Ortega Santiago, 125 DPR 203, 211 (1990). No obstante, 

“el adecuado ejercicio de la discreción está inexorable e 

indefectiblemente atado al concepto de la razonabilidad”. Íd. A esos 

efectos, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha indicado cuáles son 

situaciones que constituyen un abuso de discreción, a saber:

[C]uando el juez, en la decisión que emite, no toma en 

cuenta e ignora, sin fundamento para ello, un hecho 

material importante que no podía ser pasado por alto; 

cuando por el contrario el juez, sin justificación y 

fundamento alguno para ello, le concede gran peso y 

valor a un hecho irrelevante e inmaterial y basa su 

decisión exclusivamente en el mismo; o cuando, no 
KLAN202300794 13

obstante considerar y tomar en cuenta todos los hechos 

materiales e importantes y descartar los irrelevantes, el 

juez livianamente sopesa y calibra los mismos. Ramírez 

v. Policía de P.R., 158 DPR 320, 340-341 (2002), citando 

a Pueblo v. Ortega Santiago, supra, págs. 211-212. 

Véase, además, BPPR v. SLG Gómez-López, supra.

Así, pues, la discreción no implica que los tribunales puedan 

actuar de una forma u otra en abstracción del resto del derecho. 

Rivera et al. v. Arcos Dorados et al., supra. En otras palabras, la 

discreción no opera en un vacío y tampoco puede ser en “función al 

antojo o voluntad de uno, sin tasa ni limitación alguna”. BPPR v. 

SLG Gómez-López, supra, citando a SLG Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, supra.

Esbozada la norma jurídica, procedemos a aplicarla al recurso 

ante nos.

III

Como primer y único señalamiento de error, la parte apelante 

esgrime que el Tribunal de Primera Instancia erró al ordenar el pago 

de $187,581.52 por falta de pago del IVU Municipal retenido, así 

como los intereses, recargos y penalidades, a Temperature 

Developers Investment Group, Corp., aun cuando de los 

documentos presentados y admitidos en evidencia indicaban una 

dirección incorrecta en el expediente de rentas internas del 

Municipio de Isabela. Consecuentemente, argumenta que el referido 

error en la dirección privó al tribunal de jurisdicción para atender la 

acción de cobro de dinero hecha por el Municipio ya que planteaba 

un problema de debido proceso de ley. Asimismo, argumenta que la 

falta de notificación adecuada iba en contra de los establecido en la 

Ley de Patentes Municipales por obviar el procedimiento establecido 

de notificación de deficiencias en el pago de patentes municipales, 

IVU municipal o cualquier contribución adeudada al Municipio. No

le asiste la razón. Veamos. 
KLAN202300794 14

En esencia, la parte apelante aduce que el error en la dirección 

utilizada por el Municipio para hacerle llegar los requerimientos de 

pago estaba viciado al no proveerle una notificación adecuada en 

menoscabo del debido proceso de ley. Al hacer el debido estudio del 

expediente y de los documentos presentados ante nos, colegimos 

que el Municipio sí notificó adecuadamente a la parte apelante para 

que esta se diera por enterada del cobro de la patente y del IVU 

municipal. Más aun, algunas de las notificaciones provistas a la 

parte apelante le fueron entregadas físicamente, y aparece su firma 

corroborando la entrega. Por lo tanto, no le asiste la razón en su 

planteamiento. 

Es meritorio aclarar que, tanto en el error como en la 

argumentación de este, la parte apelante utiliza indistintamente la 

cuantía impuesta a la parte apelante en patente municipal y en IVU 

municipal. No obstante, en el recurso sólo se apela la cantidad de 

$187,587.52 impuesta en IVU municipal. Por lo tanto, corresponde 

aplicar el Código de Rentas Internas. En la Sección 6010.10 (b) del 

Código de Rentas Interna, supra, se establece la definición de 

deficiencia según empleada en ley. La deficiencia es definida como 

el “monto por el cual la contribución impuesta por cualquier 

Subtítulo de este Código sobrepase el exceso de...”. Se establece el 

exceso de la cantidad declarada como contribución por el 

contribuyente en su planilla o en su declaración de impuestos si se 

rindió una planilla o declaración de impuestos por el contribuyente 

y se declaró en la misma alguna cantidad como contribución o 

impuesto. Del mismo modo, se establece el exceso del monto de las 

recaudaciones hechas según definidas en el apartado (c)(2). De una 

lectura de la ley, se desprende que el proceso ordinario de 

notificación de deficiencias comienza cuando el comercio cumple 

con su deber contributivo. Al cumplir con las debidas radicaciones, 

cuando el Departamento de Hacienda de Puerto Rico, o en este caso 
KLAN202300794 15

el Municipio, le notifica al contribuyente de la existencia de alguna 

deficiencia, el comercio tiene la protección del procedimiento 

estipulado en ley para impugnar la misma. De esta forma, se intenta 

proteger al comerciante al establecer un proceso de reconsideración 

de la cuantía que se le imputa en exceso de contribución. Cuando 

una persona omite radicar y pagar su planilla mensual de IVU, en 

la notificación que se le envía, se establece con claridad las 

consecuencias civiles y penales de la omisión. De igual forma, se 

informa que el incumplimiento podría conllevar el que sea referido 

para una investigación contributiva que incluya la preparación 

de planillas de oficio con sus correspondientes deficiencias 

contributivas conforme a la Sección 6051.05 del Código de Rentas 

Internas, supra. El Municipio cumplió con enviar la debida 

notificación. No obstante, la notificación de deficiencia no se 

establece como requisito obligatorio previo a incoar una reclamación

judicial. El procedimiento ordinario de notificación de deficiencias 

surge luego de la existencia de la radicación de planilla con su 

correspondiente pago. En el caso de patentes, el procedimiento 

ordinario comienza luego de remitir el correspondiente informe de 

volumen. La preparación de planilla de oficio con sus 

correspondientes deficiencias es una opción que aparece en el 

Código para el Secretario de Hacienda. Por lo tanto, no es un 

requisito obligatorio previo por incoar una reclamación judicial.

En el caso de autos, la parte apelante omitió cumplir con su 

deber de radicar las declaraciones de IVU mensuales para los años 

fiscales previamente mencionados. De igual forma, omitió 

cumplir con su deber de hacer las declaraciones de volumen 

correspondientes en cumplimiento con la Ley de Patentes 

Municipales, supra. No obstante, pretende que este foro apelativo le

releve de cumplir con su obligación contributiva, aplicando las 

disposiciones que provee nuestro ordenamiento jurídico para los 
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comerciantes y contribuyentes responsables que cumplen con su 

deber de radicar sus planillas de IVU y sus informes de volumen, 

según los establecido en el Código de Rentas Internas y en La Ley 

de Patentes Municipales. Cualquier otra interpretación de las 

referidas leyes iría en contra del propósito legislativo de ambas e iría 

en contra de la prohibición de evasión contributiva que promueve el 

legislador a través de ellas. Asimismo, iría en contra del corolario 

jurisprudencial que prohíbe la interpretación de una ley 

contributiva de manera que facilite la evasión de los tributos 

establecidos por la asamblea legislativa.

La parte apelante tenía conocimiento de su obligación de pago 

y, por lo tanto, al omitir el mismo estaba consciente de las 

consecuencias de su omisión, según se le informó en las múltiples 

notificaciones. Al igual que debía prever que estaría sujeto a que el 

Municipio le solicitara el pago correspondiente a través de una 

acción judicial al omitir su deber contributivo como comerciante en 

detrimento del erario público. 

En su análisis, el TPI hizo una acertada distinción entre la 

deuda reclamada por el Municipio que correspondía a periodos para 

los cuales la parte apelante había radicado declaraciones de 

volumen de negocio y aquellos periodos para los que no había 

radicado declaraciones de volumen de negocio, ni planillas 

mensuales de impuesto sobre ventas y uso. El Tribunal determinó 

mediante Sentencia que al haber radicado las declaraciones de 

volumen de negocio de venta y servicios de mantenimiento de 

acondicionadores de aire para los años fiscales 2005-2006, 2006-

2007, 2007-2008, 2008-2009 y 2009-2010, le aplicaba el periodo 

prescriptivo dispuesto en la Sección 19 de la Ley de Patentes 

Municipales, supra, para la tasación y el cobro de la patente. Por lo 

tanto, determinó que la deuda correspondiente a esos años estaba 

prescrita. 
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Sin embargo, el foro primario determinó que, debido a que los 

codemandados no rindieron declaraciones de volumen de negocio, 

procede aplicarse la excepción al periodo de prescripción dispuesto 

en la sección 20 de la Ley de Patentes Municipales, supra, al cobro 

de las patentes municipales de negocio de venta y servicios de 

mantenimiento de aire para los años fiscales 2010-2011, 2011-

2012, 2012-2013, 2014-2015, 2016-2017, 2018-2019, 2019-2020, 

y al cobro de patente municipal por arrendamiento de locales 

comerciales para los años fiscales 2011-2012, 2013-2014, 2014-

2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 y 2019-2020. 

Además, el Tribunal determinó que la deuda de $187,581.52 por 

concepto de IVU Municipal al igual que las anteriores, se trataba de 

una deuda vencida, líquida y exigible que no se encontraba 

prescrita.

 Luego de un examen sosegado del expediente, concluimos que 

el TPI fue prudente en el manejo del caso a la luz de los documentos 

presentados por las partes, las solicitudes que tuvo ante su 

consideración y el derecho aplicable. En el ejercicio de su discreción, 

emitió correctamente el dictamen apelado en el presente recurso. El 

Código de Rentas Internas provee, a modo de excepción, que en los 

casos de tasación por omisión contributiva se pueda iniciar un 

proceso judicial de cobro en cualquier momento. De esta forma, y 

contrario a lo argumentado por la parte apelante, el foro primario 

tenía jurisdicción para atender el presente caso. Por todo lo antes 

mencionado, y en ausencia de abuso de discreción, prejuicio, error 

manifiesto o parcialidad en el dictamen del foro de instancia, 

colegimos que debe prevalecer el dictamen apelado. 

IV

Por las razones que anteceden, confirmamos el dictamen 

apelado.
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Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones