Número Identificador

SEN2023 ________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL III

AUTORIDAD DE 

CARRETERAS Y 

TRANSPORTACIÓN DE 

PUERTO RICO

Peticionaria

V.

MAPFRE PRAICO 

INSURANCE COMPANY, et. 

al.

Recurrido

KLCE202300069

Certiorari 

procedente del 

Tribunal de 

Primera Instancia, 

Sala Superior de 

San Juan

Caso Núm.:

SJ2019CV09747

Sobre:

Acción Civil,

Incumplimiento 

Contractual, 

Daños y Perjuicios

Panel integrado por su presidente el Juez Figueroa Cabán, la Juez 

Brignoni Mártir y el Juez Ronda Del Toro

Ronda Del Toro, Juez Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de abril de 2023.

Mapfre Praico Insurance Company (en adelante, Mapfre) 

presentó un recurso de Certiorari en el que nos solicita que 

revisemos la Resolución que emitió el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de San Juan, el 10 de noviembre de 2022, 

notificada el 15 de noviembre de 2022. Mediante el referido 

dictamen el tribunal primario declaró No Ha Lugar la Solicitud de 

Desestimación Parcial, presentada por Mapfre. 

Consecuentemente, el foro primario entendió que ostentaba 

jurisdicción para atender la causa de acción de prácticas desleales 

presentada por la Autoridad de Carreteras y Transportación de 

Puerto Rico (Autoridad de Carreteras), bajo el Artículo 27.164 del 

Código de Seguros, infra.
KLCE202300069 2

Por los fundamentos que exponemos, EXPEDIMOS el auto 

de certiorari y confirmamos la Resolución contra la que se recurre.

I.

El 28 de septiembre de 2016 Mapfre emitió la póliza de 

seguros CBP-008665296 a favor de la Autoridad de Carreteras por 

la cantidad de $47,934,332.00.

Como consecuencia de los daños ocasionados por el huracán 

María, el asegurado presentó a Mapfre un aviso de pérdida a 

principios del mes de octubre de 2017.1 

Tras la inacción de la Aseguradora, el 16 de julio de 2018, 

el Ing. Carlos M. Contreras, entonces, Secretario del 

Departamento de Transportación y Obras Públicas y Director 

Ejecutivo de la Autoridad de Carreteras cursó a la Oficina del 

Comisionado de Seguros una misiva en solicitud de investigación 

contra el Asegurador.2 

El 8 de agosto de 2018, la Autoridad de Carreteras 

presentó ante el Comisionado de Seguros una solicitud de 

investigación contra Mapfre.3 El 16 de agosto de 2018 la Oficina 

del Comisionado emitió un Requerimiento de Información dirigido 

a Mapfre, quien no contestó, por lo que el 31 de agosto de 2018 

el Comisionado de Seguros le impuso una multa administrativa.

4

Así las cosas, el 17 de septiembre de 2018, notificada el 

18 de septiembre de 2018, el Comisionado de Seguros emitió una 

Orden en la cual determinó que Mapfre violentó los Artículos 

27.161 (3) y (6); y el 27.162 (1) y (2) del Código de Seguros de 

Puerto Rico, 26 LPRA. Secs. 27161a (3), y (6); y 2716b (1) y (2). 

Esto porque Mapfre no resolvió la reclamación sometida por la 

1 Resolución del 21 de mayo de 2019, Apéndice pág. 85.

2 Apéndice págs. 63-65. 

3 Orden, Apéndice pág. 66, párrafo 2, Recurso de Certiorari, pág. 4, párrafo 2.

4 Orden, Apéndice pág. 66, párrafo 3, Recurso de Certiorari, pág. 4, párrafo 3 

y apéndice pág. 69.
KLCE202300069 3

Autoridad de Carreteras por los daños ocasionados por el Huracán 

María.5 

Entretanto, el 27 de noviembre de 2018 se promulgó la 

Ley Núm. 247-2018 para añadir los Artículos 27.164 y 27.165 al

Código de Seguros de Puerto Rico. Referidas enmiendas proveen 

para que el asegurado pueda incoar una acción civil contra una 

aseguradora por esta incurrir en prácticas desleales. También 

permite reclamar los honorarios de abogado, de prevalecer. El 

propósito esencial para la aprobación de referida pieza legislativa 

es “que el ciudadano tenga una oportunidad real de vindicar sus 

derechos en nuestros tribunales en la eventualidad de un 

incumplimiento por parte de su aseguradora.”

6

 Referida Ley 

requiere, como paso previo a instar la acción contra la 

aseguradora, notificar por escrito al Comisionado y a la 

aseguradora de la violación. Luego de ello, la aseguradora contará 

con sesenta (60) días para remediar la situación. Esta notificación 

se deberá realizar en un formulario oficial provisto por el 

Comisionado de Seguros7.

A esos efectos, el 11 de enero de 2019 la Oficina del 

Comisionado de Seguros emitió la Carta Normativa CN-2019-246-

D. En esta estableció el Formulario de Notificación a la 

aseguradora y al Comisionado, previo a entablar una acción civil,

a tenor con el artículo 27.164 del Código de Seguros de Puerto 

Rico. La carta indica que “toda notificación hecha en un formato 

distinto al Formulario que se adjunta a la presente Carta 

Normativa será considerada como no realizada”.8

5 Resolución, apéndice págs. 71, 72.

6 Exposición de Motivos, Ley 247-2018.

7 Ley 247-2018, Artículo 27.164 (3).

8 Carta y formulario, Apéndice págs. 194-197.
KLCE202300069 4

Así las cosas, en el trámite administrativo, el 21 de mayo 

de 2019 la Oficina del Comisionado de Seguros emitió una 

Resolución. De esta surge que el 29 de enero de 2019 se celebró 

una vista administrativa9 a la cual comparecieron la Autoridad de 

Carreteras, así como la aseguradora Mapfre.10 Mediante la 

referida Resolución, el Comisionado de Seguros confirmó que 

Mapfre violó de los Artículos 27.161 en sus incisos (3) y (6) 

titulado “Prácticas desleales en el ajuste de reclamaciones”. (26 

LPRA sec. 2716a), Artículo 27.162 en sus incisos (1) y (2) titulado 

“Término para la resolución de las reclamaciones” (26 LPRA sec. 

2716b). Entre otros asuntos, reiteró la orden de resolver la 

reclamación de la Autoridad de Carreteras de forma inmediata y 

presentar prueba de ello a la Oficina del Comisionado en veinte 

(20) días.11 

Mapfre solicitó reconsideración, la que fue denegada el 26 

de agosto de 2019.

12

Cuatro meses después de la Resolución del Comisionado de 

Seguros, el 18 de septiembre de 2019, la Autoridad de 

Carreteras instó la demanda de epígrafe contra Mapfre, y otros, 

por incumplimiento contractual y daños y perjuicios. Entre sus 

alegaciones expuso que, por el paso del huracán María, la 

Autoridad de Carreteras sufrió daños y pérdidas en sus 

propiedades, que la llevaron a presentar una reclamación por los 

daños preliminares ante Mapfre el 6 de octubre de 2017. 

En lo aquí pertinente, Autoridad de Carreteras alegó que 

Mapfre, incurrió en las prácticas desleales dispuestas en el Código 

9 Apéndice pág. 73.

10 Apéndice pág. 74.

11 Tomamos conocimiento judicial de que esta Resolución fue confirmada por 

este Tribunal de Apelaciones mediante Sentencia dictada el 28 de septiembre 

de 2020 en el caso KLRA201900599. Esta determinación es final y firme.
KLCE202300069 5

de Seguro, tales como no resolver y ajustar la reclamación dentro 

de los noventa (90) días que dispone el Art. 27.162 y el Art. 

27.161 del Código de Seguros, infra. Ante ello, solicitó una 

indemnización en daños de una suma no menor de 7 millones 

mediante el remedio provisto por el Art. 27.164 del Código de 

Seguros, infra, creado por la Ley 247 de 2018.

El 24 de octubre de 2019, Mapfre Contestó la Demanda. 

Expuso, como parte de sus defensas afirmativas, que la Autoridad 

de Carreteras, antes de entablar la demanda, no presentó ante la 

Oficina del Comisionado de Seguros, el formulario de notificación 

que requiere el Artículo 27.164 del Código de Seguros de Puerto 

Rico. Por ello, aseguró que la Autoridad de Carreteras estaba

impedida de presentar la causa de acción bajo el referido artículo. 

Tras otros asuntos procesales, el 9 de agosto de 2022 

Mapfre presentó una Moción de Desestimación Parcial. Allí reiteró 

que la Autoridad de Carreteras se encontraba impedida de incoar 

una causa de acción bajo el artículo 27.162 y el 27.161 del Código 

de Seguros. Ello, por incumplir con el requisito jurisdiccional que 

impone el Art. 27.164 del Código de Seguros, a saber: (1) notificar 

el formulario requerido a la Oficina del Comisionado de Seguros y 

a la asegurada previo a la radicación de la Demanda; y (2) 

concederle a la aseguradora un término de 60 días para arreglar 

o remediar el problema alegado en el formulario. En su moción, 

aludió al caso de Consejo de Titulares de 76 Kings Court 

Condominium v. MAPFRE PRACIO Ins. Co., 2022 TSPR 32, que 

establece que el incumplimiento con dicho requisito priva a los 

tribunales de jurisdicción en poder atender una causa de acción 

de prácticas desleales presentada bajo el Artículo 27.164 del 

Código de Seguros. Adujo que antes de la promulgación de la Ley 

247-2018, los asegurados no podían incoar una causa de acción 
KLCE202300069 6

contra una aseguradora por prácticas desleales, sino solo por 

incumplimiento contractual. Que de entender que la aseguradora 

había cometido alguna práctica desleal o violentado el Código de 

Seguros, el único remedio disponible era a través de la Oficina del 

Comisionado de Seguros.

13

El 29 de agosto de 2022 la Autoridad de Carreteras presentó 

su Oposición a la Moción de Desestimación Parcial. Aseveró que 

previo a la presentación de esta causa de acción ante el Tribunal 

le dio amplia notificación a Mapfre sobre su reclamación. 

Además, que, a la fecha de la aprobación de la Ley 247-2018, ya 

la Oficina del Comisionado tenía bajo su jurisdicción las materias 

concernientes a las prácticas desleales cometidas por Mapfre. 

Esbozó que en ese proceso el 17 de septiembre de 2018, el 

Comisionado de Seguros determinó que Mapfre violentó los 

Artículos 27.161 (3) y (6); y el 27.162 (1) y (2) del Código de 

Seguros de Puerto Rico, 26 LPRA. Secs. 27161a (3), y (6); y 

2716b (1) y (2), a causa del manejo de la reclamación sometida 

por la ACT a Mapfre por los daños ocasionados por el Huracán 

María. Que todo ello, ocurrió antes de la aprobación de la Ley 

Núm. 247-2018. Agregó que, mediante Resolución de 21 de 

mayo de 2019, la Oficina del Comisionado confirmó que Mapfre 

violó de los Artículos 27.161 en sus incisos (3) y (6) titulado 

“Prácticas desleales en el ajuste de reclamaciones”. (26 LPRA sec. 

2716a), Artículo 27.162 en sus incisos (1) y (2) titulado “Término 

para la resolución de las reclamaciones” (26 LPRA sec. 2716b). 

Alegó que mediante la querella número I-2018-100, la 

Oficina del Comisionado adquirió jurisdicción sobre los 

planteamientos y causas de acción que surgen del Código de 

13 Recurso de MAPFRE, Moción de Desestimación Parcial, Apéndice pág. 42.
KLCE202300069 7

Seguros de Puerto Rico, incluyendo, pero sin limitarse, a las 

prácticas desleales realizadas por Mapfre. Por ello, resultaba 

innecesario presentar una nueva duplicidad de acciones, cuando 

ya el mecanismo adecuado ante la agencia administrativa se 

encontraba activo, necesario para el agotamiento de recursos, 

previo a la enmienda al Código de Seguros y su aplicabilidad. 

Reiteró que la Autoridad de Carreteras agotó todo recurso 

administrativo, vigente al momento de solicitar investigación. 

Aseveró también que los hechos del presente caso son 

distintos a los considerados por el Tribunal Supremo en Consejo 

de Titulares 76 Kings Court v. MAPFRE PRAICO Ins. Co, supra, 

pues en este los asegurados presentaron por primera vez la 

reclamación ante la Oficina del Comisionado luego de que se 

aprobara la Ley 247, supra. En cambio, en el presente caso la 

Autoridad de Carreteras presentó su solicitud de investigación 

ante la Oficina del Comisionado previo a la aprobación de Ley 247-

2018, supra. En especial, indicaron que la solicitud de 

investigación fue realizada el 8 de agosto de 2018, más de un año, 

con anterioridad a la presentación de la demanda de autos y

Mapfre tuvo en exceso de los 60 días que concede la ley para 

remediar.

14

El 12 de septiembre de 2022 Mapfre presentó una Réplica a 

Oposición de Desestimación Parcial. En síntesis, argumentó que 

la Ley 247-2018 no crea un nuevo trámite administrativo; por lo 

que no se trata de agotar remedios. Indicó que dicho estatuto 

únicamente creó una nueva causa de acción en los tribunales. 

Para ello, la ley impone como requisito jurisdiccional que el 

asegurado notifique a su aseguradora, y a la Oficina del 

14 Apéndice págs. 46-62 y anejos págs. 63-137.
KLCE202300069 8

Comisionado, un formulario oficial provisto por el Comisionado, a 

fin de proveerle una última oportunidad para que se remedie 

cualquier alegada violación. Si en sesenta (60) días la aseguradora 

no remedia cualquier violación, es que nace la causa de acción y 

los asegurados pueden instar un pleito en el ámbito judicial. 

Sostuvo que la Demanda se presentó el 18 de septiembre de 

2019, luego de que se promulgó la Ley Núm. 247-2019, por lo 

que, la Autoridad de Carreteras tuvo tiempo para cumplir con el 

requisito de la notificación. Para remediar esta situación, reiteró 

que procedía la desestimación.

Evaluados los escritos y el derecho atinente la Ley 247-2018

y la reciente determinación del Tribunal Supremo de Puerto Rico 

en Con. Tit. 76 Kings Court v. Mapfre, 208 DPR 1018 (2022), el 

foro primario determinó que no procedía la desestimación de la 

causa de acción sobre prácticas desleales. El foro primario indicó 

que,

[E]l Artículo 27.164 del Código de Seguros, supra, 

establece una ventana de sesenta (60) días para que 

la aseguradora remedie las deficiencias o violaciones 

notificadas por el asegurado, ello sin la intervención 

de los tribunales.” Cons. Tit. Cond.76 King’s Court v. 

Mapfre Praico Ins. Co., supra. Por consiguiente, dicho 

término de sesenta (60) días provee una última 

oportunidad para que la aseguradora responda

extrajudicialmente y dentro de un término fijo. Íd. Si 

la aseguradora opta por no atender el reclamo dentro 

de esos sesenta (60) días, entonces podría enfrentar 

una demanda por daños y honorarios de abogado 

amparada en el Código de Seguros. Íd.

15

A tenor con lo anterior el foro primario razonó lo siguiente:

En el caso ante nos, según surge de las alegaciones 

de la Demanda el 6 de octubre de 2017, la parte 

demandante le presentó a Mapfre una reclamación por 

los daños preliminares sufridos por sus propiedades. 

Consecuentemente, el 16 de julio de 2018, el 

Secretario del Departamento de Transportación y 

Obras Públicas envió una misiva al Comisionado de 

Seguros, mediante la cual solicitó una investigación. 

El 8 de agosto de 2018, la Autoridad de Carreteras 

15 Apéndice pág. 176.
KLCE202300069 9

presentó ante el Comisionado de Seguros una solicitud 

de investigación contra Mapfre. Así las cosas, el 16 de 

agosto de 2018, la Oficina del Comisionado de 

Seguros emitió un Requerimiento a Mapfre para que 

en el término de cinco (5) días expusiera su posición;

así se desprende de la Orden emitida por el 

Comisionado de Seguros el 31 de agosto de 2018. 

Asimismo, el 21 de mayo de 2019, el Comisionado de 

Seguros emitió una Resolución, mediante la cual 

ordenó a Mapfre a resolver la reclamación de manera 

inmediata. El 18 de septiembre de 2019, se presentó 

la Demanda de epígrafe. Por lo cual, la causa de acción 

por prácticas desleales se presentó habiendo 

transcurrido el término de sesenta (60) días dispuesto 

en el Artículo 27.164 del Código de Seguros, supra, 

sin que la reclamación fuera resuelta. (Citas al calce 

omitidas).

Más adelante concluyó el foro primario lo siguiente:

Por último, debemos aclarar que los hechos del caso 

Cons. Tit. Cond.76 King’s Court v. Mapfre Praico Ins. 

Co., supra, son distintos a los del caso que nos ocupa. 

Allí, la parte demandante presentó el Formulario de 

Notificación el 15 de julio de 2019 y la Demanda el 4 

de septiembre de 2019. Es decir, no había 

transcurrido el término de sesenta (60) días para que 

la demandada remediara cualquier deficiencia. Por lo 

cual, se resolvió que la Demanda se había presentado 

a destiempo y el Tribunal carecía de jurisdicción sobre 

la materia. Esa no es la situación ante nos.16

Ante el revés judicial, Mafpre solicitó reconsideración. Esta 

fue denegada el 23 de diciembre de 2022, por lo que acudió a 

nuestro foro. En el recurso, arguyó que incidió el TPI al:

Primero: Denegar la moción dispositiva presentada por 

MAPFRE por falta de jurisdicción de la materia respecto a 

la causa de acción de prácticas desleales presentada por la 

ACT bajo el Art. 27.164 del Código de Seguros y las 

enmiendas de la Ley 247-2018.

Segundo: Concluir que tenía jurisdicción para atender la 

causa de acción de prácticas desleales incoada, a pesar de 

que la ACT no cumplió con los requisitos jurisdiccionales 

impuestos por el Art. 27.164 del Código de Seguros creado 

por la Ley 247-2018.

Tercero: Eximir a la ACT de cumplir con los requisitos 

jurisdiccionales del Art. 27.164 del Código de Seguros y no 

desestimar la causa de acción de prácticas desleales 

conforme a lo enunciado por el Tribunal Supremo en 76 

Kings Court.

16 Apéndice pág. 178.
KLCE202300069 10

Cuarto: Hacer caso omiso al texto claro del Art. 27.164 

del Código de Seguros, y la Carta Normativa Núm. CN2019-246-D que requieren que la notificación al 

Comisionado y a la aseguradora sea realizada con el 

Formulario Oficial publicado por la OCS.

Evaluado el recurso, le concedimos término a la parte 

recurrida Autoridad de Carreteras para presentar su posición en 

torno al recurso y así lo hizo. 

Con el beneficio de ambos escritos, disponemos. 

II.

A.

La jurisdicción es el poder o autoridad de un tribunal para 

considerar y decidir casos y controversias con efecto vinculante 

para las partes. MCS Advantage, Inc. v. Fossas Blanco, 2023 

TSPR 8, resuelto el 25 de enero de 2023; Adm. Terrenos v. Ponce 

Bayland, 207 DPR 586, 600 (2021); Allied Mgmt. Group v. 

Oriental Bank, 204 DPR 374, 385-386 (2020); Beltrán Cintrón et 

al. v. ELA et al., 204 DPR 89, 101 (2020). 

La jurisdicción sobre la materia ha sido definida como "la 

capacidad del Tribunal para atender y resolver una controversia 

sobre un aspecto legal". Beltrán Cintrón et al. v. ELA et al., supra, 

citando a Rodríguez Rivera v. De León Otaño, 191 DPR 700, 708 

(2014). Esta capacidad solo puede ser limitada por el Estado, 

quien puede otorgar o privar a un tribunal de jurisdicción sobre la 

materia mediante legislación a esos efectos. Beltrán Cintrón et al. 

v. ELA et al., supra; Rodríguez Rivera v. De León Otaño, supra, 

págs. 708–709. Así pues, para privar a un tribunal de jurisdicción, 

es necesario que algún estatuto lo disponga expresamente o que 

surja de él por implicación necesaria. MCS Advantage, Inc. v. 

Fossas Blanco, supra; Báez Rodríguez et al. v. E.L.A., 179 DPR 

231, 241 (2010). 
KLCE202300069 11

La falta de jurisdicción sobre la materia no es susceptible de 

ser subsanada; las partes no pueden voluntariamente conferírsela 

a un tribunal como tampoco puede éste arrogársela; conlleva la 

nulidad de los dictámenes emitidos; impone a los tribunales el 

ineludible deber de auscultar su propia jurisdicción; impone a los 

tribunales apelativos el deber de examinar la jurisdicción del foro 

de donde procede el recurso, y puede presentarse en cualquier 

etapa del procedimiento, a instancia de las partes o por el 

tribunal motu proprio. MCS Advantage, Inc. v. Fossas Blanco, 

supra; Beltrán Cintrón et al. v. ELA et al., supra, págs. 101-102. 

(citas omitidas). Así pues, cuando un tribunal determina que 

carece de jurisdicción sobre la materia para atender determinado 

asunto, solo resta declararlo así y desestimar la reclamación sin 

entrar en los méritos de la controversia. MCS Advantage, Inc. v. 

Fossas Blanco, supra; Allied Mgmt. Group v. Oriental Bank, supra, 

pág. 386; Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc., 200 DPR 254, 268-

269 (2018); Pérez Soto v. Cantera Pérez, Inc. et al., 188 DPR 98, 

105 (2013). 

B.

La Ley 247 de 27 de noviembre de 2018 fue promulgada 

para añadir los Artículos 27.164 y 27.165 al “Código de Seguros 

de Puerto Rico”. En términos generales, en virtud de estos 

artículos, los asegurados pueden presentar un reclamo civil en 

contra de una aseguradora que les haya causado daños al incurrir 

en actos contrarios al Código de Seguros. Asimismo, pueden 

recuperar una cantidad razonable por honorarios de abogado, si 

prevalecen en su causa de acción. Con. Tit. 76 Kings Court v. 

MAPFRE, 208 DPR 1018, 1030 (2022).

En lo pertinente a la controversia que nos ocupa, el 

Art. 27.164 del Código de Seguros, supra, dispone lo siguiente:
KLCE202300069 12

(1) Cualquier persona podrá incoar una acción civil 

contra una aseguradora de haber sufrido daños a 

consecuencia de:

(a) Violaciones por parte de las aseguradoras bajo 

cualesquiera de las siguientes disposiciones de este 

título:

. . . . . . . .

ii. Artículo 27.020- Competencia desleal; prácticas 

injustas y engañosas, prohibidas.

. . . . . . . .

xi. Artículo 27.161.-Prácticas desleales en el ajuste 

de reclamaciones.

xii. Artículo 27.162.-Término para la resolución de 

reclamaciones.

(b) Por la comisión de cualesquiera de estos actos por 

las aseguradoras cubiertas bajo este título:

(i) No intentar resolver de buena fe las reclamaciones 

cuando, bajo un análisis de la totalidad de las 

circunstancias, podría y debería haberlo hecho, así 

como cuando no actúa justa y honestamente hacia su 

asegurado y en consideración de sus intereses;

(ii) Realizar pagos de reclamaciones a asegurados o 

beneficiarios que no vayan acompañados de una 

declaración escrita que establezca la cubierta bajo 

qu[e] se están realizando los pagos; o

(iii) Al no resolver las reclamaciones con prontitud, 

cuando sea clara la responsabilidad de la aseguradora 

bajo los términos de una de las secciones de cubierta 

de la póliza de seguro con el fin de influir en los 

asentamientos bajo otras porciones o secciones de la 

cubierta bajo la póliza de seguro.

Una persona, según es definida en la sec. 104 de este 

título, que presente una acción civil en virtud del 

inciso (1) de esta sección, no necesita probar que 

tales actos fueron cometidos o realizados con tal 

frecuencia como para indicar una práctica comercial 

general.

(2) Cualquier persona podrá entablar una acción civil 

contra una aseguradora no autorizada si dicha parte 

sufre daños por una violación bajo la sec. 2716a de 

este título.

(3) Como condición previa a entablar una acción 

bajo las disposiciones de esta sección, la parte 

afectada deberá notificar por escrito al 

Comisionado y a la aseguradora de la violación. 

La aseguradora tendrá un término de sesenta (60) 

días para remediar la misma. El Comisionado, de 
KLCE202300069 13

entender que la notificación por escrito es insuficiente 

o vaga, devolverá la misma y el término de sesenta 

(60) días no comenzará a cursar hasta tanto se 

subsane la deficiencia identificada por el Comisionado.

(a) Dicha notificación deberá hacerse en un 

formulario oficial a ser provisto por el 

Comisionado y deberá contener la siguiente 

información, así como cualquier otra información 

que el Comisionado, a su discreción, entienda 

necesario:

i. Citar el Artículo o Sección bajo la cual se imputa 

una violación y una cita del lenguaje incluido bajo 

dicho Artículo o Sección que se alega fue infringido por 

la aseguradora.

ii. Una relación de hechos que dieron pie a la 

violación.

iii. El nombre de la persona o entidad involucrada 

en la violación.

iv. Referencia al lenguaje bajo las cubiertas de la 

póliza que sea relevante bajo la violación alegada. Si 

la persona que presenta la reclamación es un tercero, 

no se le pedirá que haga referencia al lenguaje 

específico de la póliza si la aseguradora autorizada no 

ha proporcionado una copia de la póliza al reclamante, 

luego de este haberla solicitado por escrito.

v. Una declaración de que la notificación se 

entrega con el fin de perfeccionar el derecho a buscar 

el recurso civil autorizado por esta Sección.

(b) Dentro de los veinte (20) días posteriores al recibo 

de la notificación, el Comisionado podrá devolver 

cualquier notificación que no proporcione en el aviso 

la información específica requerida por esta sección. 

El Comisionado deberá indicar las deficiencias 

específicas contenidas en la notificación.

(c) No procederá acción alguna si, dentro de los 

sesenta (60) días posteriores al recibo de la 

notificación, se pagan los daños o se corrigen las 

deficiencias o violaciones que fundamentan la 

notificación.

(d) El asegurador autorizado que sea el destinatario 

de la notificación bajo esta sección deberá notificar al 

Comisionado sobre la resolución de la presunta 

violación, acompañado por un acuerdo de 

conformidad y satisfacción firmado por el reclamante 

o su representante.

(e) Una notificación bajo este Artículo, así como 

cualquier otra notificación subsiguiente, interrumpirá 

por sesenta y cinco (65) días, desde la fecha del 

depósito en el correo de la notificación, cualquier 
KLCE202300069 14

término prescriptivo para incoar acciones en los 

tribunales.

(4) En caso de adjudicación adversa en el juicio o 

luego de una apelación, el asegurador autorizado será 

responsable de los daños, junto con costos judiciales 

y honorarios razonables de abogados incurridos por el 

demandante.

. . . . . . . .

(6) El recurso civil especificado en esta sección no 

sustituye cualquier otro recurso o causa de acción 

prevista en virtud de cualquier otro estatuto o de 

conformidad con las leyes de Puerto Rico o las leyes 

federales aplicables. Cualquier persona podrá 

reclamar bajo las disposiciones generales referente a 

materia de contratos o derecho extracontractual o 

daños y perjuicios, según contemplados en el Código 

Civil de Puerto Rico. Sin embargo, los tribunales o 

foros adjudicativos están impedidos de procesar y 

adjudicar ambos recursos o causas de acción. Los 

daños recuperables de conformidad con esta sección 

incluirán[n] aquellos daños que son un resultado 

razonablemente previsible de una violación específica 

de esta sección por la aseguradora autorizada y puede 

incluir una adjudicación o juicio por un monto que 

exceda los límites de la póliza. (Énfasis suplido.) 26 

LPRA sec. 2716d.

De prevalecer en la reclamación instada al amparo del citado 

Art. 27.164 del Código de Seguros, supra, el asegurado tendrá 

derecho a obtener una suma razonable por concepto de 

honorarios de abogado. Ese derecho aparece consignado en los 

Arts. 27.164(4) y 27.165 del Código de Seguros, supra. Con. Tit. 

76 Kings Court v. MAPFRE, supra, pág. 1032.

Al interpretar la aludida Ley 247-2018 el Tribunal Supremo 

de Puerto Rico indicó que mediante esta los asegurados tienen 

una herramienta adicional para promover la solución de sus 

reclamaciones fuera de los tribunales, pero claramente tienen que 

seguir los pasos requeridos. Con. Tit. 76 Kings Court v. MAPFRE, 

supra, pág. 1035. Cónsono a lo anterior, el Tribunal Supremo 

afirmó que del texto de la ley surge de manera clara que, como 

condición previa para instar una reclamación en virtud de las 

disposiciones del Art. 27.164 del Código de Seguros, supra, la 
KLCE202300069 15

parte afectada tiene que notificar por escrito al Comisionado de 

Seguros y a la aseguradora sobre la violación por la cual reclama. 

Con. Tit. 76 Kings Court v. MAPFRE, supra, págs. 1035-1036. Una 

vez realizada dicha notificación, entonces comienza a transcurrir 

un término de sesenta días dentro del cual la aseguradora podrá 

remediar la presunta deficiencia o violación. Ese término es 

ineludible e improrrogable. Con. Tit. 76 Kings Court v. MAPFRE, 

supra, pág. 1036.

Así pues, tanto el requisito de notificación previa impuesto 

en el Art. 27.164 del Código de Seguros, supra, como el término 

de sesenta días dispuesto para que las aseguradoras subsanen 

cualquier deficiencia o violación, cumplen un propósito claro; 

estos no se imponen en el vacío. Con. Tit. 76 Kings Court v. 

MAPFRE, supra, pág. 1040. Además, con estos se fomenta la 

solución justa de reclamaciones fuera del tribunal y dentro de un 

término fijo. Incluso, se alivia la carga en los tribunales, evitando 

así la presentación de demandas a destiempo. De ahí que no 

resulte impropio o injusto reconocer la naturaleza jurisdiccional de 

dichos requisitos. Íd. 

En Con. Tit. 76 Kings Court v. MAPFRE, supra, pág. 1041 el 

Tribunal Supremo reafirmó que,

[...] dicha causa de acción está disponible únicamente 

si, dada una última oportunidad, la aseguradora 

opta por no remediar un reclamo debidamente 

notificado dentro del término de sesenta días. 

Claramente, una acción civil instada antes de 

transcurrir el mencionado término limita el derecho 

que tiene la aseguradora de subsanar la presunta 

violación y evitar un reclamo adicional por daños, 

según lo contempla el Código de Seguros. Además, 

también despoja al tribunal de autoridad para atender 

la reclamación, ya que nunca se configuró la causa de 

acción. (Énfasis nuestro).

En consecuencia, en referida acción el Tribunal Supremo 

decretó que procedía la desestimación de las reclamaciones que 
KLCE202300069 16

instó el asegurado, al amparo del Código de Seguros, por estas 

haber sido prematuras al ser presentadas antes de transcurrido el 

término de sesenta días. Con. Tit. 76 Kings Court v. MAPFRE, 

supra.

C.

El auto de certiorari constituye un vehículo procesal 

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar 

las determinaciones de un tribunal inferior. McNeil Healthcare v. 

Mun. Las Piedras I, 206 DPR 391 (2021); 800 Ponce de León v. 

AIG, 205 DPR 163 (2020); IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 

307 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917 

(2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

52.1, establece la autoridad limitada de este Tribunal para revisar 

las órdenes y las resoluciones interlocutorias que dictan los 

tribunales de instancia por medio del recurso discrecional 

del certiorari. Este solo será expedido por el Tribunal de 

Apelaciones cuando se recurra de una resolución u orden bajo las 

Reglas 56 y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo. 

 Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia y 

prudente nuestra facultad discrecional de entender o no en los 

méritos de los asuntos que son planteados mediante el 

recurso Certiorari, nuestros oficios se encuentran enmarcados en 

el Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B que 

en su Regla 40 señala los criterios que debemos tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición de 

un auto de Certiorari. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 

DPR 83, 97 (2008). La referida regla dispone lo 

siguiente: 
KLCE202300069 17

A. Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho. 

 

B. Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema. 

 

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad, o error craso 

y manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia. 

 

D. Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos más 

elaborados. 

 

E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta 

el caso es la más propicia para su consideración. 

 

F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causan un fraccionamiento indebido del 

pleito y una dilación indeseable en la solución final del 

litigio. 

 

G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia. 

En nuestro ordenamiento jurídico impera la norma de que 

un tribunal apelativo sólo intervendrá con las determinaciones 

interlocutorias discrecionales procesales del tribunal cuando se 

demuestre que “hubo un craso abuso de discreción o que el 

tribunal actuó con prejuicio o parcialidad, o que se equivocó en la 

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de 

derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa 

evitará un perjuicio sustancial”. Zorniak Air Services v. Cessna 

Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992); Rivera Durán v. Banco 

Popular, 152 DPR 140, 154 (2000); Dávila Nieves v. Meléndez 

Marín, 187 DPR 750, 771 (2013). 

A la luz de la antes mencionada normativa, evaluamos.

III.

En su recurso, Mapfre alegó que la Autoridad de Carreteras 

presentó la demanda en su contra el 18 de septiembre de 2019

sin cumplir con el requisito jurisdiccional que disponía el Artículo 
KLCE202300069 18

27.164 del Código de Seguros. Reseñó que el requisito consistía 

en (1) notificar mediante un formulario al Comisionado de Seguros 

y a la Aseguradora y (2) esperar un lapso de sesenta (60) días 

para que la aseguradora remediara la violación o remedios 

alegados. Reiteró que, al no haberse cumplido referido trámite, 

no se perfeccionó la causa de acción de prácticas desleales. 

Aseveró a su vez, que la carta que envió el secretario del 

Departamento de Transportación y Obras Públicas el 16 de julio 

de 2018 no se puede considerar que tuvo el efecto de cumplir con 

el requisito de notificación que exige el artículo 27.164 (3)(a). Ello 

porque para esa fecha no existía la Ley que concedía una causa 

de acción de prácticas desleales o mala fe bajo el Código de 

Seguros. Agregó que la carta no mencionaba las violaciones a 

prácticas desleales ni contenía la información que debe ser 

incluida en el Formulario Oficial. Mencionó, además, que la carta 

no fue dirigida ni notificada a Mapfre, según lo requiere el Artículo 

27.164 (3) del Código de Seguros. Por tanto, la carta del DTOP 

no sustituía la presentación del Formulario Oficial, como 

notificación válida bajo la Ley 247-2018, de forma tal que pueda 

conferir jurisdicción al TPI.

La Autoridad de Carreteras, por su parte alude que, a la 

fecha de la publicación de la carta normativa, tanto el 

Comisionado de Seguros, como Mafpre, tenían conocimiento de 

las alegaciones de la Autoridad de Carreteras. Así pues, al 

momento de la aprobación de la Ley 247-2018 la cual provee un

remedio civil a los asegurados, la controversia sobre la 

reclamación de la Autoridad de Carreteras y la inacción de Mapfre 

ya estaba bajo la jurisdicción del foro administrativo. Expuso, por 

tanto, que realizar una nueva notificación al Comisionado de 

Seguros, implicaría una duplicidad de solicitud de auxilio a 
KLCE202300069 19

controversias ya dirimidas y adjudicas por el Comisionado. Indicó 

que la Autoridad de Carreteras realizó todas las gestiones 

necesarias que estaban disponibles, cumpliendo con la legislación 

vigente al momento de solicitar la investigación y que la Oficina 

del Comisionado de Seguros activó su sala administrativa para 

resolverla. Todo lo cual le brindó la oportunidad a Mapfre de 

atender la reclamación. Evaluamos. 

De los hechos que informa esta causa surge que antes de la 

presentación de la demanda de epígrafe, la Autoridad de 

Carreteras le reclamó a Mapfre por los daños sufridos a sus 

propiedades. Ante la inacción de la aseguradora, el 8 de agosto 

de 2018 la Autoridad de Carreteras presentó ante la Oficina del 

Comisionado de Seguros una solicitud de investigación contra 

Mapfre. Este hecho no está en disputa, por tanto, hubo la debida 

notificación. 

En ese trámite, el 17 de septiembre, notificada 18 de 

septiembre de 2018 el Comisionado de Seguros determinó que 

Mapfre violentó el Artículo 27.161 (3) y (6) sobre prácticas 

desleales en el ajuste de reclamaciones y el Artículo 27.162 (1) y 

(2) del Código de Seguros de Puerto Rico. Decretó referido foro 

que Mapfre no ajustó el reclamo, ni realizó una oferta de pago o 

un pago parcial en el plazo de noventa (90) días establecido en el 

Código de Seguros para resolver la reclamación.

Consecuentemente, el Comisionado le ordenó a Mapfre resolver 

de manera inmediata la reclamación y presentar prueba de ello, 

dentro del término de veinte (20) días.

Durante el transcurso de esa gestión ante el Comisionado 

de Seguros, el 27 de noviembre de 2018 se aprobó la Ley Núm. 

247-2018 con el fin de añadirle al Código de Seguros los Artículos 

27.164 y 27.165. Esta ley permite incoar una acción civil contra 
KLCE202300069 20

una aseguradora por esta incurrir en prácticas desleales y 

reclamar los honorarios de abogado. Ahora bien, la Ley establece 

como requisito previo para acudir a los tribunales, que se tiene 

que notificar por escrito al Comisionado y a la aseguradora de la 

violación mediante el Formulario diseñado por el Comisionado. La 

comunicación debe incluir, el Artículo que se alega fue infringido 

por la aseguradora; los hechos que dieron pie a la violación; el 

nombre de la persona o entidad involucrada en la violación; la 

referencia al lenguaje bajo las cubiertas de la póliza que sea 

relevante bajo la violación alegada y una declaración de que la 

notificación se entrega con el fin de perfeccionar el derecho a 

buscar el recurso civil autorizado. Lo determinante de la Ley es 

que, la Aseguradora disponga de sesenta (60) días para remediar

las deficiencias, de lo contrario estaría expuesta a la reclamación 

civil.

De todo el trámite que siguió la Autoridad de Carreteras 

ante el Comisionado de Seguros, podemos razonablemente 

concluir que se cumplieron los requisitos jurisdiccionales aquí 

esbozados, desde antes de promulgarse la referida Ley. Ello es 

así pues la aseguradora Mafpre quedó debidamente notificada de 

las violaciones imputadas, de los hechos que dieron lugar a 

referida reclamación, de las partes involucradas en la reclamación, 

así como la póliza sobre la cual se reclamó. A su vez, como se 

promulgó la Ley Núm. 247-2018 mientras se dilucidaba la 

reclamación ante el Comisionado de Seguros, podemos 

razonablemente inferir que Mapfre sabía que se exponía a una 

reclamación civil por violaciones al Código de Seguros, de no 

remediar la reclamación.

Aún más, surge del expediente que, en enero de 2019 se 

celebró una vista administrativa a la cual comparecieron ambas 
KLCE202300069 21

partes. Consecuente a este trámite, el 21 de mayo de 2019 la 

Oficina del Comisionado emitió una Resolución en la que reiteró 

su determinación del 17 de septiembre de 2019. De esta forma, 

confirmó que Mapfre violentó el Artículo 27.161 sobre prácticas 

desleales en el ajuste de reclamaciones y el Artículo 27.162 del 

Código de Seguros relacionado al término para la resolución de 

reclamaciones. El Comisionado de Seguros reiteró su orden a 

Mapfre en cuanto a resolver la reclamación de manera inmediata, 

dentro de los veinte días de notificada la Resolución emitida. 

Así, pues, transcurrido en exceso el término de sesenta (60) 

días de emitida la determinación administrativa, el 18 de 

septiembre de 2019 la Autoridad de Carreteras presentó la 

demanda de epígrafe, para entre otros, reclamar daños y 

honorarios de abogado a consecuencia de las prácticas desleales 

de la aseguradora en el ajuste de las reclamaciones y la tardanza. 

Como vemos de las circunstancias aquí narradas, aun 

cuando no se utilizó el formulario oficial que promulgó el 

Comisionado de Seguros para notificar reclamaciones,

entendemos la Autoridad de Carreteras cumplió con el requisito 

jurisdiccional de notificación tanto a la aseguradora Mapfre como 

al Comisionado de Seguros. A raíz de ese trámite, se inició una 

acción administrativa en la que se le concedió amplia oportunidad 

a Mapfre para que esta respondiera extrajudicialmente a la 

Autoridad de Carreteras y remediara la situación.

Esto es, con la gestión ante el Comisionado de Seguros, que 

concluyó con la determinación de que Mapfre incumplió los 

Artículos 27.161 y 27.162 del Código de Seguros, vemos cumplido 

el requisito jurisdiccional de notificación a la aseguradora Mapfre 

y al Comisionado de Seguros, como paso previo a la reclamar 

daños ante el TPI a tenor con el Artículo 27.164 del Código de 
KLCE202300069 22

Seguros. Sería un ejercicio fútil, reiniciar el trámite de notificación

a Mapfre y al Comisionado, cuando este último determinó 

mediante Resolución de que Mapfre incurrió en violaciones al 

Código de Seguros. 

Así que, damos por correcta y adecuada la determinación 

aquí recurrida, mediante la cual el foro primario denegó la moción 

de desestimación parcial que instó Mapfre por falta de jurisdicción. 

IV.

Por las razones antes expresadas, que hacemos formar 

parte de esta Sentencia, expedimos el auto de certiorari y 

confirmamos la resolución recurrida.

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones