Número Identificador

RES2024________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL ESPECIAL1

CARMEN M. BÁEZ RIVERA Y 

LA SUCESIÓN DE NÉSTOR 

NAZARIO MORENO 

COMPUESTA POR SU ESPOSA 

CARMEN M. BÁEZ RIVERA Y 

SUS HIJOS ELIZAMA NAZARIO 

PACHECO, TAMARIS 

NAZARIO PACHECO,

CAROLINE NAZARIO 

PACHECO, AMY NAZARIO 

PACHECO, SHARON NAZARIO 

PACHECO Y DIEGO JOSÉ 

NAZARIO BAÉZ

PETICIONARIOS

v.

DR. JOSÉ R. CRUZ 

CESTERO, ET AL.

RECURRIDO

KLCE202400697

Certiorari

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 

Superior de Ponce

Caso Núm. 

J DP2013-0471

Sobre: 

Impericia Médica

Panel integrado por su presidente, el Juez Bonilla Ortiz, el Juez 

Pagán Ocasio y el Juez Marrero Guerrero.

Pagán Ocasio, juez ponente

RESOLUC IÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de julio de 2024.

I.

El 24 de junio de 2024,2 la señora Carmen M. Báez Rivera y 

la Sucesión del señor Néstor Nazario Moreno compuesta por esta y 

sus hijos- la señora Elizama Nazario Pacheco, la señora Tamaris 

Nazario Pacheco, la señora Caroline Nazario Pacheco, la señora Amy 

Nazario Pacheco, la señora Sharon Nazario Pacheco y el señor Diego 

José Nazario Báez- (en conjunto, parte peticionaria) presentaron un 

1 Véase Orden Administrativa OATA-2023-116.

2 Nótese que, tal como se desprende de los ponches, el recurso de Certiorari fue 

presentado ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce, el 24 

de junio de 2024, y recibido en la Secretaría de este Tribunal al siguiente día, el 

25 de junio de 2024. Por lo tanto, el recurso de Certiorari fue presentado dentro 

del término dispuesto por la Regla 52.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

52.2. 
KLCE202400697 2

recurso de Certiorari por el que solicitaron que revoquemos la 

Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Ponce (TPI o foro primario) el 22 de mayo de 2024, 

notificada y archivada en autos el 24 de mayo de 2024;3 y la 

Resolución emitida por dicho foro el 20 de junio de 2024, notificada 

y archivada en autos al siguiente día.4

Por medio de la Resolución emitida el 22 de mayo de 2024, el 

foro a quo denegó la Moción sobre Reconsideración presentada por la 

parte peticionaria el 20 de mayo de 20245 donde esta solicitó la 

aprobación de su Memorando de Costas al Amparo de la Regla 44.

Asimismo, concedió a la peticionaria diez (10) días para presentar la 

evidencia del desembolso de los gastos por concepto de costas. 

Advirtió que desembolso sobre el cual no se presentara evidencia no 

sería considerado. En su comparecencia ante nos, la parte 

peticionaria manifestó no estar conforme con dicha determinación. 

Específicamente planteó que, a tenor con la Regla 44.1 de 

Procedimiento Civil, supra, R. 44.1, la parte recurrida tenía diez (10) 

días jurisdiccionales e improrrogables, contados a partir de la 

notificación de dicho memorándum de costas, para expresar su 

inconformidad con las costas reclamadas. Sostuvo asimismo que la 

prórroga concedida por el foro a quo a través de una Orden emitida 

el 30 de abril de 2024, notificada y archivada en autos el mismo 

día,6 fue ultra vires e improcedente como cuestión de derecho. 

La parte peticionaria argumenta que dicho error desembocó

en los demás errores planteados, pues, según sostuvo, el TPI no 

podía acoger los argumentos tardíos de la parte recurrida para 

eliminar algunos de los gastos por emplazamiento y ordenar a 

evidenciar los desembolsos de todas las costas reclamadas. Expuso

3 Apéndice del recurso de Certiorari, Anejo XI, págs. 23-24.

4 Íd., Anejo XVII, págs. 51-52.

5 Íd., Anejo X, págs. 18-22. (Este escrito fue titulado Moción en Oposición a 

Impugnación Tardía de Costas por error).

6 Íd., Anejo VI, págs. 7-8.
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la parte peticionaria que dicho acto fue arbitrario y denota un claro 

abuso de discreción, pues, conforme a la Regla 44.1 de 

Procedimiento Civil, supra, sólo se requiere una juramentación de 

parte o certificación del abogado o de la abogada a los efectos de 

certificar que las partidas incurridas son correctas y los 

desembolsos eran necesarios para la tramitación del pleito. 

Por otro lado, a través de la Resolución emitida el 20 de junio 

de 2024, el foro primario denegó la Moción de Reconsideración para 

que se Corrijan Costas Periciales presentada por la parte peticionaria 

el 18 de junio de 2024.7 Por medio del recurso de Certiorari, la parte 

peticionaria expresó su inconformidad con dicho dictamen. 

Específicamente, expuso que aun cuando proveyó prueba de todos 

los pagos, dicho foro volvió a actuar de forma parcializada cuando 

redujo las costas periciales juramentadas por la parte peticionaria y 

que luego fueron certificadas por el Dr. Boris Rojas, y eliminó las 

costas por concepto de emplazamiento. 

El 27 de junio de 2024, emitimos una Resolución por la que le 

concedimos a la parte recurrida un término de diez (10) días, 

contados a partir de la notificación de dicha Resolución, para 

exponer su posición sobre los méritos del recurso. Además, le 

concedimos a la parte peticionaria hasta el 5 de julio de 2024 para 

mostrar causa por la cual no debíamos desestimar la petición de 

Certiorari respecto a la Resolución emitida el 22 de mayo de 2024 

por falta de jurisdicción al presentarse de forma tardía. 

El 1 de julio de 2024, la parte peticionaria presentó una 

Moción Mostrando Causa mediante la cual aclaró que la petición de 

Certiorari fue presentada el 24 de junio de 2024 ante la Secretaría 

del TPI, y dentro de 48 horas fue presentada ante este Foro. Por 

tanto, sostuvo que presentó el recurso dentro del término dispuesto 

7 Íd., Anejo XVI, págs. 49-50.
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en la Regla 52.2 (C) de Procedimiento Civil, supra, R. 52.2 (C), y 

solicitó que se diera por cumplida la orden de mostrar causa. 

El mismo 1 de julio de 2024, la parte peticionaria presentó 

una Moción en Cumplimiento con el Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones. Por medio de esta, sostuvo que, a tenor con la Regla 33 

(A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B,

R. 33 (A), le notificó al TPI y a la representación legal de la parte 

recurrida sobre la presentación del recurso de Certiorari. 

El 2 de julio de 2024, emitimos una Resolución ordenando a 

la parte recurrida a cumplir con nuestra Resolución del 27 de junio 

de 2024. 

Por su parte, el 8 de julio de 2024, la parte recurrida presentó 

una Moción Solicitando se Declare Académica la Presente Petición de 

Certiorari. Mediante la misma, el Sindicato de Aseguradores para la 

Suscripción Conjunta de Seguro de Responsabilidad Profesional 

Médico-Hospitalaria (SIMED), como asegurador del doctor Cruz 

Cestero, nos informó haber consignado en el foro primario un giro 

por la cantidad de $15,101.00 emitido por el Banco Popular con el 

número 10310220030670, en concepto de costas. Por lo tanto, 

solicitó que declaráramos la petición de Certiorari como académica. 

El 9 de julio de 2024, emitimos una Resolución donde 

ordenamos a la parte peticionaria a mostrar causa, dentro de un 

término de cinco (5) días, a partir de la notificación de dicha 

Resolución, por la cual no debíamos desestimar el caso por tornarse 

académico. 

El 12 de julio de 2024, la parte peticionaria presentó una 

Oposición a Desestimación mediante la cual se opuso a la solicitud 

de la parte recurrida. Arguyó, en lo pertinente que, la cantidad 

consignada no era consistente con la totalidad de las costas 

reclamadas que suman $15,251.20.
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Estando perfeccionado el caso, consignamos, brevemente, el 

trasfondo procesal del mismo ante el foro primario. 

II.

El caso de marras tiene su génesis el 21 de octubre de 2013 

cuando la parte peticionaria presentó una Demanda en concepto de 

daños y perjuicios en contra de la parte recurrida, el doctor Rafael 

A. Vázquez Pelyhe, el Dr. José R. Cruz Cestero, sus respectivas 

esposas y sociedades de bienes gananciales, SIMED, el Hospital San 

Cristóbal y el Puerto Rico Medical Defense Insurance (PRMDic), 

entre otros, (en conjunto, codemandados).8 En síntesis, la parte 

peticionaria arguyó que los codemandados incurrieron en 

negligencia por impericia médica al realizarle a la señora Báez Rivera 

un bloqueo cervical causándole así daños en su cordón espinal. Ante 

ello, solicitó $800,000.00 por concepto de angustias físicas y 

mentales; $300,000.00 en concepto de incapacidad física y mental; 

aproximadamente $20,000.00 por gastos médicos; y 

aproximadamente $5,000.00 por concepto de daños económicos o 

pecuniarios. 

Por su parte, los codemandados presentaron sus 

contestaciones a la demanda donde negaron las alegaciones de la 

parte peticionaria e incluyeron sus defensas afirmativas.9

Luego de varios trámites procesales y la celebración del juicio, 

el 16 de febrero de 2023, el TPI emitió una Sentencia por la cual 

declaró no ha lugar a la demanda del caso de epígrafe por ausencia 

y falta de prueba pericial objetiva respecto a los alegados daños y su 

vínculo al doctor Cruz Cestero.10

El 31 de agosto de 2023, emitimos una Sentencia bajo el 

alfanumérico KLAN202300307 por la que revocamos dicha 

8 Íd., Anejo XX, págs. 57-60.

9 Íd., Anejos XXI, págs. 61-64; Íd., Anejo XXII, págs. 65-68; Íd., Anejo XXIII, págs. 

69-73; Íd., Anejo XXIV, págs. 74-75. 

10 Íd., Anejo I, pág.79. (Se toma conocimiento judicial de este hecho).
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determinación y devolvimos el caso al foro a quo para la 

continuación de los procedimientos cónsono con lo allí resuelto.11

Subsiguientemente, el 1 de diciembre de 2023, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico dictaminó no ha lugar la Petición de 

Certiorari presentada por la parte recurrida (CC-2023-0689), y 

consecuentemente, se sostuvo el dictamen emitido por este Foro.

12 

Devuelto el caso al foro primario y después de varios tramites 

procesales, el 12 de abril de 2024, la parte peticionaria radicó un 

Memorando de Costas al Amparo de la Regla 44.

13 Por medio de este, 

sometió los gastos que, a su entender, debían ser considerados e 

incluidos en la imposición de costas, a tenor con la Regla 44 de 

Procedimiento Civil, supra, R. 44, reclamó una cantidad total de 

$15,251.20 en concepto de costas con los intereses procedentes. 

El 30 de abril de 2024, el foro a quo emitió una Orden, 

notificada y archivada en autos el mismo día, a través de la cual le 

concedió a la parte recurrida un término de diez (10) días, a partir 

de la notificación de dicha orden, para presentar su posición en 

cuanto a la solicitud de costas.14

El 1 de mayo de 2024, la parte peticionaria radicó una Moción 

Solicitando Pago de Costas por la cual solicitó del foro primario la 

reconsideración de la Orden emitida el 30 de abril de 2024 y que le 

ordenara a la parte recurrida a pagar la cantidad de $15,251.20 en 

concepto de costas a favor de la parte peticionaria con el interés legal 

aplicable.15

El 2 de mayo de 2024, la parte recurrida presentó una Moción 

en Torno al Memorando de Costas de la Parte Demandante. Mediante 

esta, objetaron tres (3) cuantías de diligenciamiento de 

emplazamiento arguyendo que dichas cuantías no fueron necesarias 

11 Íd., Anejo I, págs. 76-103.

12 Íd., Anejo II, pág. 104.

13 Íd., Anejo III, págs. 2-6. 

14 Íd., Anejo VI, págs. 7-8. 

15 Íd., Anejo V, págs. 9-11.
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para prevalecer en el caso. Sostuvo también que las demás cuantías 

necesitaban ser evidenciadas, y una vez la parte peticionaria 

acreditara y evidenciara debidamente los gastos, procedían las 

costas.16

Por su parte, el 3 de mayo de 2024, la parte peticionaria 

presentó una Moción en Oposición a Impugnación Tardía de Costas

por la cual expuso que la parte recurrida impugnó las costas 

reclamadas fuera del término de diez (10) días dispuesto en la Regla 

44.1 de Procedimiento Civil, supra.

17 Por lo anterior, solicitó del foro 

primario que denegara la oposición de la parte recurrida y, 

consecuentemente, ordenara a dicha parte a pagarle $15,251.20 en 

concepto de costas con el interés legal aplicable. 

El 7 de mayo de 2024, el TPI emitió una Orden, notificada y 

archivada el 8 de mayo de 2024, por la que el foro primario le 

concedió a la parte peticionaria un término de diez (10) días, a partir 

de la notificación de dicha orden, para presentar evidencia 

fehaciente que acreditara los pagos solicitados por concepto de 

costas.18

El 20 de mayo de 2024, la parte peticionaria radicó una 

Moción sobre Reconsideración,

19 por la cual sostuvo que, como la 

parte recurrida presentó inoportunamente su oposición al 

memorándum de costas, la prórroga concedida por el TPI para ello 

como la orden para presentar prueba de los pagos fueron ultra vires

e improcedentes en derecho. 

El 22 de mayo de 2024, el foro a quo emitió una Resolución, 

notificada y archivada en autos el 24 de mayo de 2024, donde 

denegó la solicitud de reconsideración de la parte peticionaria, y le 

otorgó a esta un periodo perentorio de diez (10) días para presentar 

16 Íd., Anejo VII, págs. 12-13.

17 Íd., Anejo VIII, págs. 14-15. 

18 Íd., Anejo IX, págs. 16-17.

19 Íd., Anejo X, págs. 18-22. (Este escrito fue titulado erróneamente Moción en 

Oposición a Impugnación Tardía de Costas).
KLCE202400697 8

prueba sobre el desembolso de los gastos en concepto de costas. 

Además, advirtió que, sobre el desembolso que no presentara

prueba, no se estaría considerado.20

El 3 de junio de 2024, la parte peticionaria presentó una 

Moción en Cumplimiento de Orden y Solicitud de Prórroga para 

Suplementar.

21 Por medio de esta, sometió la evidencia requerida

con excepción de las últimas tres (3) comparecencias del doctor 

Boris Rojas (doctor Rojas) al juicio por haber sido pagado en efectivo. 

Por último, solicitó un término de cinco (5) días para someter una 

certificación respecto a dichas comparecencias. 

El 10 de junio de 2024, la parte peticionaria presentó una 

Moción Suplementando Memorando con la certificación del doctor 

Rojas desglosando los pagos recibidos como perito en el caso de 

marras; y una certificación del emplazador, el señor David Vargas 

Carlo, por las diligencias realizadas. Sin embargo, sostuvo la parte 

peticionaria no tener constancia por el gasto de sellos de rentas 

internas anexado a la demanda del caso de epígrafe.22

El 12 de junio de 2024, el TPI emitió una Resolución, 

notificada y archivada en autos el 14 de junio de 2024,23 donde

dictaminó académica la Moción Suplementando Memorando.

El 6 de junio de 2024, el foro a quo emitió una Resolución, 

notificada y archivada el 11 de junio de 2024;24 esto es, previo a la 

presentación de la Moción Suplementando Memorando. Por medio de 

dicha resolución, el TPI concedió varias partidas como costas, 

incluyendo $8,500.00 en concepto de honorarios pagados al doctor 

Rojas. En total, confirió la cantidad de $14,201.00 en concepto de 

costas (pormenorizando dichos conceptos), y declaró académica la 

solicitud de prórroga para suplementar el memorándum de costas. 

20 Íd., Anejo XI, págs. 23-24. 

21 Íd., Anejo XII, págs. 25-40.

22 Íd., Anejo XIII, págs. 41-43.

23 Íd., Anejo XV, págs. 44-45.

24 Íd., Anejo XIV, págs. 46-48.
KLCE202400697 9

El 18 de junio de 2024, la parte peticionaria presentó una 

Moción de Reconsideración para que se Corrijan Costas Periciales25

donde solicitó $9,400.00 en lugar de $8,500.00 por haberlo 

acreditado por medio de la Moción Suplementando Memorando. Por 

lo tanto, solicitó $15,101.00 en conceptos de costas. 

El 20 de junio de 2024, el foro primario emitió una Resolución, 

notificada y archivada en autos el 21 de junio de 2024, por la que 

denegó la petición de reconsideración.26

A tenor con el trasfondo procesal consignado 

precedentemente, evaluamos el marco doctrinal para atender este 

recurso de Certiorari. 

III.

A.

El auto de certiorari es un remedio procesal discrecional que 

le permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las 

determinaciones de un tribunal inferior. Medina Nazario v. McNeil 

Healthcare LLC, 194 DPR 723, 728 (2016); IG Builders et al. v. 

BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012). A diferencia de una 

apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la facultad de 

expedir el auto de certiorari de forma discrecional. Rivera Figueroa 

v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011).

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, R. 52.1,27

establece las instancias en las que el foro revisor posee autoridad 

25 Íd., Anejo XVI, págs. 49-50.

26 Íd., Anejo XVII, págs. 51-52.

27 Esta Regla dispone en lo pertinente que:

El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes 

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, 

solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando se 

recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la 

denegatoria de una moción de carácter dispositivo. No obstante, y 

por excepción a lo dispuesto anteriormente, el Tribunal de 

Apelaciones podrá revisar órdenes o resoluciones interlocutorias 

dictadas por el Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de 

decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos 

esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciarios, 

anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones de familia, en casos 

que revistan interés público o en cualquier otra situación en la cual 

esperar a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la 
KLCE202400697 10

para expedir un auto de certiorari sobre materia civil. Scotiabank 

v. ZAF Corporation, et als., 202 DPR 478, 486-487 (2019). La 

citada regla delimita el alcance jurisdiccional del Tribunal de 

Apelaciones para atender un recurso de certiorari que trate sobre la 

revisión de dictámenes interlocutorios del Tribunal de Primera 

Instancia. Mun. de Caguas v. JRO Construction, 201 DPR 703, 

709-710 (2019). Nuestro rol al atender recursos de certiorari 

descansa en la premisa de que es el foro de instancia quien está en 

mejor posición para resolver controversias interlocutorias, o de 

manejo del caso, y en la cautela que debemos ejercer para no 

interrumpir injustificadamente el curso corriente de los pleitos que 

se ventilan ante ese foro. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 

175 DPR 83, 97 (2008).

Si el asunto sobre el cual versa el recurso de certiorari está 

comprendido en una de las instancias establecidas en la Regla 52.1 

de Procedimiento Civil, supra, debemos pasar entonces a un 

segundo escrutinio. El mismo se caracteriza por la discreción que 

ha sido conferida al Tribunal de Apelaciones para autorizar, expedir 

y adjudicar en sus méritos el caso.

Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia y 

prudente nuestra facultad discrecional, la Regla 40 del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, supra, R. 40, establece los criterios que 

debemos tomar en consideración al atender una solicitud de 

expedición de un auto de certiorari.

28 

justicia. Al denegar la expedición de un recurso de certiorari en 

estos casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar 

su decisión. 

Cualquier otra resolución u orden interlocutoria expedida 

por el Tribunal de Primera Instancia podrá ser revisada en el 

recurso de apelación que se interponga contra la sentencia sujeto 

a lo dispuesto en la Regla 50 sobre los errores no perjudiciales. 

28 Esta Regla dispone lo siguiente: 

El Tribunal tomará en consideración los siguientes criterios al 

determinar la expedición de un auto de certiorari o de una orden 

de mostrar causa:
KLCE202400697 11

Reiteradamente, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

expresado que en su misión de hacer justicia la discreción es “[e]l 

más poderoso instrumento para hacer justicia reservado a los jueces 

es la discreción”. Rodríguez v. Pérez, 161 DPR 637, 651 (2004) 

(citando a Banco Metropolitano v. Berríos, 110 DPR 721, 725 

(1981)). La discreción se refiere a “la facultad que tiene [el tribunal] 

para resolver de una forma u otra, o de escoger entre varios cursos 

de acción”. Citibank et al. v. ACBI et al., 200 DPR 724, 735 (2018); 

García López y otro v. E.L.A., 185 DPR 371 (2012). En ese sentido, 

ha sido definida como “una forma de razonabilidad aplicada al 

discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera”. 

Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, supra, pág. 729 

(citando a Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001)). Lo 

anterior “no significa poder actuar en una forma u otra, haciendo 

abstracción del resto del Derecho”. Hietel v. PRTC, 182 DPR 451, 

459 (2011) (citando a Bco. Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 

144 DPR 651, 658 (1997)); Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 

559, 580 (2009); Negrón v. Srio. de Justicia, supra, pág. 91). Ello, 

ciertamente, constituiría un abuso de discreción. 

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 

diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.

(B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada para 

el análisis del problema.

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de 

Primera Instancia.

(D) Si el asunto planteado exige consideración más detenida a la 

luz de los autos originales, los cuales deberán ser elevados, o 

de alegatos más elaborados.

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es la 

más propicia para su consideración.

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no 

causan un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación 

indeseable en la solución final del litigio.

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa evita 

un fracaso de la justicia. 
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En ese sentido, nuestro más alto foro ha establecido que “la 

discreción que cobija al Tribunal de Primera Instancia en sus 

determinaciones discrecionales es amplia, por lo que sus decisiones 

merecen gran deferencia”. Citibank et al. v. ACBI et al., supra, 

pág. 735. Cónsono con ello, es norma reiterada que este tribunal no 

intervendrá “con determinaciones emitidas por el foro primario y 

sustituir el criterio utilizado éste en el ejercicio de su discreción, 

salvo que se pruebe que actuó con prejuicio o parcialidad o incurrió 

en craso abuso de discreción o en error manifiesto”. Íd., pág. 736 

(énfasis en el original eliminado). Véase, además, Trans-Oceanic 

Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 709 (2012); Lluch v. 

España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986).

B.

Por otro lado, el propósito de la imposición de costas es 

“restituir lo que una parte perdió por hacer valer su derecho al ser 

obligada a litigar y servir como disuasivo para la litigación 

inmeritoria, temeraria, o viciosa que se lleva a cabo con el propósito 

de retrasar la justicia”. Class Fernández v. Metro Health Care 

Management System, Inc., 2024 TSPR 63; Rosario Domínguez v. 

ELA, 198 DPR 197, 211-212 (2017); Auto Servi, Inc. v. E.L.A., 142 

DPR 321 (1997). Asimismo, la Regla 44.1 de Procedimiento Civil, 

supra, regula la concesión de costas en nuestro ordenamiento 

jurídico, y expresamente dispone lo siguiente:

(a) Su concesión. Las costas se concederán a la parte a cuyo 

favor se resuelva el pleito o se dicte sentencia en 

apelación o revisión, excepto en aquellos casos en que se 

disponga lo contrario por ley o por estas reglas. Las costas 

que podrá conceder el tribunal son los gastos en que se 

incurra necesariamente en la tramitación de un pleito o 

procedimiento que la ley ordena o que el tribunal, en su 

discreción, estima que una parte litigante debe 

reembolsar a otra.

(b) Cómo se concederán. La parte que reclame el pago de 

costas presentará al tribunal y notificará a la parte 

contraria, dentro del término de diez (10) días contados a 

partir del archivo en autos de copia de la notificación de 

la sentencia, una relación o memorándum de todas las 

partidas de gastos y desembolsos necesarios en que se 

incurrió durante la tramitación del pleito o 
KLCE202400697 13

procedimiento. El memorándum de costas se presentará 

bajo juramento de parte o mediante una certificación del 

abogado o de la abogada, y consignará que, según el 

entender de la parte reclamante o de su abogado o 

abogada, las partidas de gastos incluidas son correctas y 

que todos los desembolsos eran necesarios para la 

tramitación del pleito o procedimiento. Si no hubiese 

impugnación, el tribunal aprobará el memorándum de 

costas y podrá eliminar cualquier partida que considere 

improcedente, luego de conceder a la parte solicitante la 

oportunidad de justificarlas. Cualquier parte que no esté 

conforme con las costas reclamadas podrá impugnarlas 

en todo o en parte, dentro del término de diez (10) días 

contados a partir de aquel en que se le notifique el 

memorándum de costas. El tribunal, luego de considerar 

la posición de las partes, resolverá la impugnación. La 

resolución del Tribunal de Primera Instancia podrá ser 

revisada por el Tribunal de Apelaciones mediante el 

recurso de certiorari. De haberse instado un recurso 

contra la sentencia, la revisión de la resolución sobre 

costas deberá consolidarse con dicho recurso. 

. . . .

Según se desprende del inciso (b) de la Regla 44.1 (b) de 

Procedimiento Civil, supra, R. 44.1 (b), la parte prevaleciente en un 

caso tendrá un término de diez (10) días desde la notificación de la 

sentencia para presentar ante el tribunal y notificarles a las partes 

un memorando de costas bajo juramento de la parte o certificación 

del abogado o de la abogada; y “consignará que, según el entender 

de la parte reclamante o de su abogado o abogada, las partidas de 

gastos incluidas son correctas y que todos los desembolsos eran 

necesarios para la tramitación del pleito o procedimiento”. Véase 

además, Class Fernández v. Metro Health Care Management 

System, Inc., supra; Estado Libre Asociado de Puerto Rico v. El 

Ojo de Agua Development, Inc., 205 DPR 502, 527 (2020) (citando 

a R. Hernández Colón, Práctica jurídica de Puerto Rico: derecho 

procesal civil, 6a ed. rev., San Juan, Ed. LexisNexis, 2017, pág. 622). 

Nuestro más alto foro ha determinado que este término de diez (10) 

días es jurisdiccional e improrrogable. Rosario Domínguez v. ELA, 

supra, pág. 213; Colón Santos v. Coop. Seg. Mult. P.R., 173 DPR 

170, 187 (2008). Por lo tanto, ante la presentación oportuna de un 

memorando de costas juramentado, “el tribunal tendrá que 
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determinar: cuál fue la parte que prevaleció en el pleito, y cuáles de 

los gastos en los que esta incurrió fueron necesarios y razonables”. 

Class Fernández v. Metro Health Care Management System, 

Inc., supra; Estado Libre Asociado de Puerto Rico v. El Ojo de 

Agua Development, Inc., supra, pág. 529. Dicha determinación 

descansa en la sana discreción del tribunal. Maderas Tratadas v. 

Sun Alliance, 185 DPR 880, 935 (2012). 

Sin embargo, no todos los gastos son recobrables, sino 

solamente aquellos que sean necesarios y razonables para la 

tramitación del caso, su procedimiento o apelación que un litigante 

debe reembolsarle al otro. Class Fernández v. Metro Health Care 

Management System, Inc., supra; Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico v. El Ojo de Agua Development, Inc., supra, págs. 

527-528. A esos efectos, nuestro máximo foro ha determinado que 

los gastos recobrables son sellos de radicación de las alegaciones, 

sellos cancelados en las mociones, gastos de emplazamiento, sellos 

cancelados para efectuar embargos, transcripción de evidencia, 

deposiciones y otros. Class Fernández v. Metro Health Care 

Management System, Inc., supra. 

C.

Ahora bien, para que podamos intervenir en un caso es 

indispensable que el mismo sea justiciable. Torres Montalvo v. 

Gobernador ELA, 194 DPR 760, 766 (2016); ELA v. Aguayo, 80 

DPR 552 (1958). Lo anterior “requiere que exista una controversia 

genuina, entre partes antagónicas, que permita adjudicarla en sus 

méritos y conceder un remedio con efecto real sobre la relación 

jurídica”. Torres Montalvo v. Gobernador ELA, supra, pág. 766; 

Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 DPR 920 (2011); 

Amadeo Ocasio v. Pierluisi Urrutia, 211 DPR 278, 284 (2023); 

Hernández Santa v. Srio. De Hacienda, 208 DPR 727, 738 (2022). 
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Uno de los factores para determinar si un caso es justiciable, 

es la norma de academicidad. El fin primordial de esta doctrina es 

“evitar el uso inadecuado de los recursos judiciales y evitar 

precedentes innecesarios”. Super Asphalt Pavement, Corp. v. 

Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de 

Puerto Rico, 206 DPR 803, 815-816 (2021); Moreno v. U.P.R. II, 

178 DPR 969, 974-975 (2010); P.N.P. v. Carrasquillo, 166 DPR 70, 

75 (2005). Según ha establecido nuestro más alto foro, un caso es 

académico cuando “se trata de obtener un fallo sobre una 

controversia disfrazada, que en realidad no existe, o una 

determinación de un derecho antes de que éste haya sido reclamado 

o una sentencia sobre un asunto, que, al dictarse, por alguna razón 

no podrá tener efectos prácticos sobre una controversia existente”. 

Super Asphalt Pavement, Corp. v. Autoridad para el 

Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico, supra, 

pág. 816; Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Shatz, supra, pág. 932; 

Moreno v. U.P.R. II, supra, pág. 973. De la misma forma, un caso 

puede tornarse académico por cambios en los hechos judiciales o 

fácticos que surgen, durante el transcurso del caso. Super Asphalt 

Pavement, Corp. v. Autoridad para el Financiamiento de la 

Infraestructura de Puerto Rico, supra, pág. 816; Anguiera v. 

J.L.B.P., 150 DPR 10, 19 (2000).

Si en efecto un caso se convierte en académico, el tribunal 

debe abstenerse de considerarlo en los méritos. Super Asphalt 

Pavement, Corp. v. Autoridad para el Financiamiento de la 

Infraestructura de Puerto Rico, supra, pág. 816; Amadeo Ocasio 

v. Pierluisi Urrutia, supra, pág. 287. De igual modo, “[c]uando 

un caso de torna académico, el tribunal revisor tiene el deber 

de no tan sólo desestimar el recurso apelativo, sino también de 

dejar sin efecto el dictamen revisado y devolver el caso con 

instrucciones de que se desestime”. Moreno v. U.P.R. II, supra, 
KLCE202400697 16

pág. 975. (Énfasis suplido). El propósito de esta norma es prevenir 

que un dictamen que se tornó académico siga en vigor y obligue a 

las partes. Íd. 

IV.

En el presente caso, la parte peticionaria presentó un recurso 

de Certiorari el 24 de junio de 2024 por el que solicitó la revocación 

de la Resolución emitida por el foro primario el 22 de mayo de 2024, 

y la Resolución emitida por el TPI el 20 de junio de 2024.

En cuanto a la Resolución emitida el 22 de mayo de 2024, el 

foro a quo denegó la solicitud de la parte peticionaria para que se 

aprobara el Memorando de Costas al Amparo de la Regla 44 sin la 

oposición de la parte recurrida. La peticionaria apoyó su petición en 

que, a tenor con la Regla 44.1 de Procedimiento Civil, supra, la parte 

recurrida tenía diez (10) días jurisdiccionales e improrrogables, 

contados a partir de la notificación de dicho memorándum de 

costas, para expresar su inconformidad con las costas reclamadas. 

Expuso también que dicha regla, supra, solo requiere una 

juramentación de parte o certificación del abogado o de la abogada 

a los efectos de certificar que las partidas incurridas son correctas 

y los desembolsos eran necesarios para la tramitación del pleito. 

Además, sostuvo que dicha prórroga desembocó en los otros errores 

planteados; a saber, que el foro a quo acogiera los argumentos 

tardíos de la parte recurrida para eliminar algunos de los gastos por 

emplazamiento y ordenara evidenciar los desembolsos de todas las 

costas reclamadas. 

Por otro lado, la parte peticionaria también solicitó ante nos 

la revocación de la Resolución emitida el 20 de junio de 2024 para 

que el TPI enmendara las partidas concedidas como costas por 

concepto de honorarios periciales. 

En el presente caso, la parte peticionaria solicitó $15,251.20

en concepto de costas con los intereses que procedan por medio del 
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Memorando de Costas al Amparo de la Regla 44. Sin embargo, el TPI 

en el ejercicio de su discreción, evaluó cuáles de los gastos en que 

incurrió dicha parte fueron necesarios y razonables. Maderas 

Tratadas v. Sun Alliance, supra, pág. 935. Consecuentemente, el 

foro primario emitió una Resolución el 6 de junio de 2024, notificada 

y archivada el 11 de junio de 2024, por la cual concedió 

$14,201.00. 

Así las cosas, la parte peticionaria radicó una Moción de 

Reconsideración para que se Corrijan Costas Periciales por la cual 

solicitó $15,101.00. Habiendo la parte recurrida consignado en el 

foro primario un giro por la cantidad de $15,101.00, las 

controversias ante nos se tornaron académicas. Tal como se expuso 

en la sección anterior, para la intervención en un caso es 

indispensable que el mismo sea justiciable. Torres Montalvo v. 

Gobernador ELA, supra, pág. 766; ELA v. Aguayo, supra. Uno de 

los factores para determinar si el pleito es justiciable es por medio 

de la doctrina de academicidad, la cual busca “evitar el uso 

inadecuado de los recursos judiciales y evitar precedentes 

innecesarios”. Super Asphalt Pavement, Corp. v. Autoridad para 

el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico, supra, 

págs. 815-816; Moreno v. U.P.R. II, supra, págs. 974-975; P.N.P. v. 

Carrasquillo, supra, pág. 75. Asimismo, un caso puede tornarse 

académico por cambios en los hechos judiciales o fácticos que 

surgen durante el transcurso del caso. Super Asphalt Pavement, 

Corp. v. Autoridad para el Financiamiento de la 

Infraestructura de Puerto Rico, supra, pág. 816; Anguiera v. 

J.L.B.P., supra, pág. 19. Cuando un caso se torna académico, “el 

tribunal revisor tiene el deber de no tan sólo desestimar el 

recurso apelativo, sino también de dejar sin efecto el dictamen 

revisado y devolver el caso con instrucciones de que se 

desestime”. Moreno v. U.P.R. II, supra, pág. 975. (Énfasis suplido). 
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Adviértase que la parte peticionaria exigió $15,101.00 en 

concepto de costas,

29 y precisamente, dicha cantidad fue 

consignada en el foro a quo por medio de un giro por la parte 

recurrida, por lo que no hay controversias vivas antes nos. Por lo 

que la controversia se tornó académica. 

Consecuentemente, y tras un análisis objetivo, sereno y 

cuidadoso del expediente, resulta procedente desestimar el recurso 

de Certiorari por academicidad. 

V.

Por los fundamentos anteriormente expuestos, se desestima el 

recurso de epígrafe por academicidad.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaría del Tribunal 

de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones

29 Apéndice del recurso de Certiorari, Anejo XVI, pág. 49.