Número Identificador

SEN2024__________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL X

GARDENIA HOTEL 

PARTNERS, LLC

Apelante

 

v.

CONSEJO DE TITULARES 

DEL CONDOMINIO ESJ

TOWERS

Apelado

KLAN202400313

Apelación

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala

Superior de Carolina

Caso Núm.:

CA2023CV03921

Sobre:

Injunction (Entredicho 

Provisional, Injunction 

Preliminar y 

Permanente)

Panel integrado por su presidenta, la Juez Lebrón Nieves, la Juez

Barresi Ramos y la Jueza Santiago Calderón

Santiago Calderón, Jueza Ponente

S E N T EN C I A

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2024.

Comparece Gardenia Hotel Partners, LLC (Gardenia o parte 

apelante), mediante el recurso de Apelación de epígrafe y nos solicita 

la revocación de la Sentencia1 emitida el 31 de enero de 2024, 

notificada el 1 de febrero de 2024, por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Carolina (TPI o foro primario). Mediante 

el referido dictamen, el TPI desestimó con perjuicio la causa de 

acción presentada por la parte apelante.

Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

modificamos la Sentencia apelada y, así modificada, confirmamos. 

I.

El 8 de diciembre de 2023, Gardenia instó una Demanda2

sobre entredicho provisional, interdicto preliminar e interdicto 

permanente en contra del Consejo de Titulares del Condominio ESJ 

Towers (Consejo de Titulares o parte apelada). En esta, Gardenia

alegó ser el actual dueño y titular de la propiedad inmueble contigua 

1 Apéndice del recurso, págs. 268-280.

2 Apéndice del recurso, págs. 1-111.
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al Condominio ESJ Towers, tras haber adquirido la misma mediante 

venta judicial en pública subasta. Añadió que, el 26 de enero de 

2017, el Consejo de Titulares y Verde Hotel Partners, LLC –anterior 

dueño de los predios adquiridos por Gardenia– suscribieron un 

acuerdo denominado “Access and Use Agreement”, el cual permite 

el acceso a la propiedad por un camino contiguo a través de la calle

Díaz Way. Particularmente, sostuvo que el referido acuerdo, en su 

párrafo quinto, provee para el reconocimiento del dueño sucesor de 

la propiedad y éste pueda proceder como parte de dicho acuerdo. No 

obstante, adujo que la parte apelada ha obstruido ilegalmente el 

paso de transeúntes y vehículos a través del camino. Por tanto, 

Gardenia solicitó al TPI que expidiera una orden a los fines de que 

la parte apelada cesara y desistiera de impedir el uso y disfrute del 

camino en cuestión.

Seguidamente, el 10 de enero de 2024, el Consejo de Titulares

presentó una Moción de Desestimación3. En síntesis, alegó que la 

solicitud de injunction no procede como cuestión de hecho ni de 

Derecho, al no cumplir con los requisitos para su expedición, según 

dispone la Regla 57.3 de Procedimiento Civil4. Arguyó que la parte 

apelante no ha sufrido ni sufrirá daños irreparables por la 

obstrucción del acceso, debido a que cuenta con un camino que 

provee acceso a su propiedad a través de la calle Gardenia. Por 

último, señaló que procede la desestimación del caso por existir un 

caso paralelo en el que se atienden las mismas alegaciones.

Luego de varios trámites procesales, el 12 de enero de 2024, 

el TPI celebró una vista de injunction preliminar5. 

Por su parte, el 16 de enero de 2024, Gardenia compareció en 

Oposición a Solicitud de Desestimación6. Adujo que adquirió el

3 Apéndice del recurso, págs. 221-236.

4 32 LPRA Ap. V, R. 57.3.

5 Véase, Entrada Núm. 35 del Sistema Unificado de Manejo y Administración de 

Casos (SUMAC).

6 Apéndice del recurso, págs. 237-253.
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derecho de paso por el camino en controversia, debido a que el 

acuerdo suscrito el 26 de enero de 2017 contiene una cláusula que 

vincula a las partes y sus sucesores. Sostuvo que, a través de 

Escritura de Venta Judicial, se le transfirió la titularidad y los 

derechos correspondientes a la propiedad como sucesor, bajo el 

acuerdo antes mencionado. Además, señaló que la obstrucción del 

acceso al camino a través de la calle Díaz Way ha ocasionado y 

continúa ocasionando daños insubsanables, debido a que la calle 

Gardenia es muy estrecha, se inunda y no provee acceso directo a 

la Avenida Isla Verde. La parte apelante acompañó su moción con 

los siguientes documentos: Notificación de Orden en el Caso Núm. 

CA2023CV01159; declaración jurada del señor Ángel Antonio 

Fullana Olivencia; declaración jurada del señor Charles Lynn 

Hamilton; copia de un plano; y mapa de rutas. 

Luego, el 19 de enero de 2024, el Consejo de Titulares

presentó una Réplica a “Oposición a Solicitud de Desestimación”

7, en 

la que se opuso a la prueba presentada por la parte apelante. 

Así las cosas, el 31 de enero de 2024, el TPI emitió la 

Sentencia8 aquí apelada, mediante la cual declaró Con Lugar la 

Moción de Desestimación presentada por el Consejo de Titulares y 

desestimó con perjuicio la Demanda. En lo pertinente, el foro 

primario determinó lo siguiente:

[...] 

A la luz de los criterios establecidos y la jurisprudencia 

aplicable entendemos que estos daños no constituyen daños 

irreparables, no constituyen un perjuicio inminente o de 

patente intensidad que justifique la expedición de este 

recurso extraordinario. No se demostró que las actuaciones 

de la parte [apelada] afectan o perjudican de manera 

sustancial el funcionamiento del Hotel y que no hay otro 

remedio completo, adecuado y capaz a fin de hacer efectivo 

el derecho reclamado por la parte demandante. 

Ciertamente, lo que es manifiesto es que, en efecto la 

parte [apelante] sí cuenta con una vía de acceso al Hotel 

Gardenia. El Hotel cuenta con una vía de acceso y salida por 

la calle Gardenia por lo que no está vedado el paso al Hotel. 

7 Apéndice del recurso, págs. 257-263.

8 Apéndice del recurso, págs. 268-280.
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De hecho, el Hotel pudo inaugurarse y está en operaciones, 

por lo que no es la calle Díaz Way la única alternativa con 

la que cuenta la parte demandante.

Si evaluamos la irreparabilidad del daño o la inexistencia 

de otro remedio en ley llegamos a igual conclusión. La parte 

demandante reclama un derecho que surge de un Contrato

efectuado el 26 de enero de 2017 denominado “Access and 

Use Agreement” mediante el cual se establecieron los 

términos y las condiciones entre dos partes que pactaron 

permitir el acceso -no exclusivo al Hotel y sus sucesores. Es 

por eso que, en caso de quedar demostrado que Gardenia 

Hotel es acreedor de ese derecho, puede exigir el 

cumplimiento específico del mismo y tiene a su haber una 

causa de acción de Incumplimiento de Contrato y Daños 

conforme al Código Civil de Puerto Rico. Razón por la cual, 

no es el Injuction el único remedio adecuado en ley con el 

que cuenta la parte demandante. 

[...] (Énfasis en el original).

Inconforme con el dictamen, Gardenia presentó el recurso de 

epígrafe, en el que señala al TPI la comisión de los siguientes errores: 

PRIMERO: ERRÓ EL TPI AL CONCLUIR QUE LOS DAÑOS 

ALEGADOS EN LA DEMANDA, NO CONSTITUYEN UN DAÑO 

IRREPARABLE QUE JUSTIFIQUE UN INJUNCTION

PRELIMINAR.

SEGUNDO: ERRÓ EL TPI AL DETERMINAR QUE LA 

EVIDENCIA PRESENTADA NO ERA SUFICIENTE PARA 

CONCLUIR QUE EL DERECHO AL CONTRATO SE CEDIÓ 

EFICAZ Y VÁLIDAMENTE.

El 30 de abril de 2024, el Consejo de Titulares compareció 

mediante Alegato de la Parte Apelada, en el que adujo que actuó 

correctamente el foro primario al declarar Con Lugar la Moción de 

Desestimación. La parte apelada reiteró que Gardenia no cumplió 

con los requisitos para la expedición del injunction –tanto preliminar 

como permanente– solicitado, y tampoco expuso una reclamación 

que justifique la concesión de un remedio.

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procedemos a resolver. 

II.

-ALa moción de desestimación al amparo de la Regla 10.2 de 

Procedimiento Civil9, “es aquella que formula el demandado antes 

9 32 LPRA Ap. V, R. 10.2.
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de presentar su contestación a la demanda, en la cual solicita que 

se desestime la demanda presentada en su contra”10. La citada regla 

dispone que la parte demandada puede presentar una moción de 

desestimación en la que alegue las defensas siguientes: 

(1) falta de jurisdicción sobre la materia;

(2) falta de jurisdicción sobre la persona; 

(3) insuficiencia del emplazamiento;

(4) insuficiencia del diligenciamiento del emplazamiento;

(5) dejar de exponer una reclamación que justifique la 

concesión de un remedio;

(6) dejar de acumular una parte indispensable11.

Al resolver una moción de desestimación bajo la Regla 10.2 

(5), supra, los tribunales deberán tomar “como ciertos todos los 

hechos bien alegados en la demanda y que hayan sido aseverados 

de manera clara y concluyente, y que de su faz no den margen a 

dudas”12. La norma que impera es que “tales alegaciones hay que 

interpretarlas conjuntamente, liberalmente, y de la manera más 

favorable posible para la parte demandante”13. Por lo tanto, “al 

examinar la demanda para resolver este tipo de moción se debe ser 

sumamente liberal y ‘únicamente procedería [desestimar] cuando de 

los hechos alegados no podía concederse remedio alguno a favor del 

demandante’”14. Además, “[t]ampoco procede la desestimación, si la 

demanda es susceptible de ser enmendada”15. 

Nuestro máximo foro judicial ha expresado que al examinar 

una moción de este tipo “debemos considerar, ‘si a la luz de la 

situación más favorable al demandante, y resolviendo toda duda a 

favor de [e]ste, la demanda es suficiente para constituir una 

reclamación válida’”16. Asimismo, el Tribunal debe aceptar como 

ciertos todos los hechos que hayan sido bien alegados en la 

10 Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., 174 DPR 409, 428 (2008).

11 González Méndez v. Acción Social de Puerto Rico, 196 DPR 213, 234 (2016). 

12 Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., supra, pág. 428.

13 Íd., pág. 429.

14 Colón Rivera v. Secretario, et al, 189 DPR 1033, 1049 (2013), que cita a R. 

Hernández Colón, Derecho Procesal Civil, 4ta ed., San Juan, Ed. Lexis-Nexis, 

2007, pág. 231.

15 Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., supra, pág. 429. 

16 Íd., pág. 429 que cita a Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., [137 DPR 497 

(1994)], Unisys v. Ramallo Brothers, 128 DPR 842 (1991).
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demanda y excluir de su análisis conclusiones legales. Luego, debe 

determinar si, a base de esos hechos que aceptó como ciertos, la 

demanda establece una reclamación plausible que justifique la 

concesión de un remedio. Si de este análisis el Tribunal entiende 

que no se cumple con el estándar de plausibilidad entonces debe 

desestimar la demanda, pues no debe permitir que proceda una 

demanda insuficiente bajo el pretexto de que se podrán probar las 

alegaciones conclusorias con el descubrimiento de prueba17.

-BEl interdicto o injunction es un procedimiento especial 

dirigido a proteger al promovente de daños irreparables a su 

propiedad o a otros derechos mediante una orden que prohíba u 

ordene ejecutar ciertos actos; gobernado por la Regla 57 de 

Procedimiento Civil18, y por los Artículos 675 a 689 del Código de 

Enjuiciamiento Civil19. Al emitirse, constituye un mandato judicial 

que requiere a una persona que haga o se abstenga de hacer o que 

permita hacer, determinada cosa que infrinja o perjudique el de 

otra20. Este remedio extraordinario se caracteriza por su 

perentoriedad, por su acción dirigida a evitar un daño inminente o 

a restablecer el régimen de ley vulnerado por conducta opresiva, 

ilegal o violenta del transgresor del orden jurídico21. 

Es característica esencial del auto de injunction su vigencia 

inmediata a partir de la notificación de la sentencia; su eficacia 

descansa en su naturaleza sumaria y en su pronta ejecución22. Íd. 

Los tribunales pueden tomar medidas específicas para eliminar la 

17 R. Hernández Colón, Derecho Procesal Civil, 5ta ed., San Juan, LexisNexis, 

2010, pág. 268. 

18 32 LPRA Ap. V, R. 57.

19 32 LPRA secs. 3521-3566. 

20 32 LPRA sec. 3521. 

21 Plaza Las Américas v. N&H, 166 DPR 631, 643 (2005).

22 Ortega Cabrera v. Tribunal Superior, 101 DPR 612 (1973).
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perturbación, sin prohibir absolutamente la conducta del 

demandado23. 

El interdicto es un remedio discrecional que ha de concederse 

con cautela, luego de que el promovente demuestre la existencia de 

los requisitos para su expedición y que el tribunal realice un 

balance de conveniencias y equidades24. Entre los requisitos para 

su expedición se encuentran la irreparabilidad del daño, la 

existencia de un remedio adecuado en ley y la probabilidad de 

prevalecer. Sólo procede en situaciones claras en que las 

actuaciones del demandado menoscaban o afectan el derecho que 

el demandante interesa proteger o que pueden perjudicarlo25. Por 

ello, no procede la expedición de un interdicto para la protección de 

un derecho dudoso26. 

Aquél que solicita el interdicto debe acudir al tribunal sin 

mediar tardanza inexcusable, carecer de un remedio adecuado en 

el proceso ordinario, y demostrar que de no concederse antes de 

adjudicarse el caso en sus méritos sufriría un daño irreparable27.

La Regla 57 de Procedimiento Civil, supra, dispone tres 

modalidades de interdictos o injunctions. Las órdenes de entredicho 

se emiten ex parte, son de naturaleza discrecional, pueden ser 

emitidas sin notificación a la parte afectada si se demuestra la 

existencia de un daño inmediato, y son de corta duración, pues 

expiran, de ordinario, dentro de un máximo de diez (10) días, 

prorrogables por diez (10) días más28. Mientras, el interdicto 

preliminar o interlocutorio es un remedio provisional que persigue 

mantener el status quo hasta que se celebre el juicio en sus méritos, 

con el fin de que la conducta del demandado no convierta en 

23 Flores Berger v. Colberg, 173 DPR 843 (2008).

24 32 LPRA sec. 3523; Municipio de Loíza v. Sucn. Suárez. et. als., 154 DPR 333, 

367 (2001).

25 32 LPRA sec. 3523(2); E.L.A. v. Asoc. de Auditores, 147 DPR 669, 679 (1999).

26 32 LPRA sec. 3523(1).

27Asoc. Vec. V. Caparra v. Asoc. Fom. Educ., 173 DPR 304 (2008).

28 Arrarás v. Tribunal Superior, 100 DPR 379 (1972).
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académica la sentencia que finalmente se dicte o que se le ocasione 

al peticionario un daño de mayor consideración mientras se 

dilucida el litigio29.

El interdicto preliminar se emite discrecionalmente mediante 

notificación previa a la otra parte de la orden con copia de la 

petición de injunction, luego de la celebración de una vista, 

conforme a la Regla 57.1 de Procedimiento Civil, supra, de manera 

que no interfiera con la naturaleza sumaria y expedita de este 

procedimiento30. Su concesión no prejuzga el caso, pero la orden es 

efectiva hasta que finalice el proceso31. 

Los criterios para determinar la concesión o negación de una 

solicitud de injunction preliminar son: (1) la naturaleza de los daños 

que puedan ocasionárseles a las partes de conceder o denegarlo; (2) 

la irreparabilidad o existencia de un remedio adecuado en ley; (3) la 

probabilidad de que la parte promovente prevalezca eventualmente 

al resolver el litigio en su fondo; (4) la probabilidad de que la causa 

se torne académica de no concederlo, y (5) el posible impacto sobre 

el interés público del remedio que se solicita32. 

Por su parte, el interdicto permanente se produce por una 

sentencia final. Sin embargo, después del juicio en sus méritos y 

antes de ordenar un injunction permanente, el tribunal debe 

considerar, nuevamente, la existencia o ausencia de algún otro 

remedio adecuado en ley33. Al determinar si procede otorgar un 

interdicto permanente, el tribunal deberá considerar igualmente los 

siguientes criterios: (1) si el demandante ha prevalecido en un juicio 

en sus méritos; (2) si el demandante posee algún remedio adecuado 

29 Asoc. Vec. V. Caparra v. Asoc. Fom. Educ., supra, pág. 317; Rullán v. Fas 

Alzamora, 166 DPR 742 (2006).

30 Mun. de Ponce v. Gobernador, 136 DPR 776 (1994). 

31 Regla 57.1 de Procedimiento Civil, supra; Sucn. Figueroa v. Hernández, 72 DPR 

508, 514 (1951).

32 Mun. de Ponce v. Gobernador, supra.

33 Universidad del Turabo v. L.A.I., 126 DPR 497, 505 (1990). 
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en ley; (3) el interés público involucrado y (4) el balance de 

equidades34.

III.

En su primer señalamiento de error, Gardenia aduce que erró

el TPI al determinar que los daños alegados en la Demanda no 

constituyen un daño irreparable. Particularmente, sostiene que las 

acciones del Consejo de Titulares, al obstruir el paso de transeúntes 

y vehículos a través del camino en controversia, han causado 

perjuicios sustanciales al funcionamiento, marca y reputación del 

hotel. 

Conforme a la normativa jurídica precitada, para poder 

prevalecer en su causa de acción, Gardenia tenía que haber 

demostrado la existencia de un daño irreparable que no podía ser 

compensado o atendido por ningún otro remedio jurídico oportuno. 

Es decir, la magnitud del daño tenía que ser de tal naturaleza, que 

solo por medio de la expedición del recurso extraordinario se podía 

evitar el perjuicio alegado por la parte apelante.

Tras un minucioso examen de los argumentos presentados 

por las partes y los documentos que obran en el expediente, no 

identificamos que Gardenia haya demostrado la existencia de un 

daño irreparable que limite sustancialmente la actividad ordinaria 

del hotel. Además, la parte apelante reclama un derecho que 

presuntamente surge del acuerdo efectuado el 26 de enero de 2017. 

Ante ello, coincidimos con el foro primario en que “en caso de quedar 

demostrado que Gardenia Hotel es acreedor de ese derecho, puede 

exigir el cumplimiento específico del mismo y tiene a su haber una 

causa de acción de Incumplimiento de Contrato y Daños conforme al 

Código Civil de Puerto Rico”35. Siendo así, el injunction no es el único 

remedio adecuado en ley con el que cuenta la parte apelante. Por 

34 Plaza Las Américas v. N&H, supra, pág. 644. 

35 Apéndice del recurso, pág. 280.
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tanto, determinamos que los criterios establecidos por la Regla 57.3 

de Procedimiento Civil36 para expedir una orden de entredicho 

provisional o injunction preliminar o permanente, no están 

presentes. En consecuencia, concluimos que el primer error 

señalado por la parte apelante no fue cometido.

En cuanto al segundo señalamiento de error, Gardenia

sostiene que incidió el foro primario al determinar que la evidencia 

presentada en el caso no fue suficiente para concluir que se le 

cedieron válida y eficazmente los derechos reconocidos en el acuerdo 

efectuado el 26 de enero de 2017. 

Con relación a lo anterior, el foro primario determinó lo 

siguiente en la Sentencia apelada: 

Además, y esencial a esta petición, es el hecho de que la 

parte demandante sostiene que es el sucesor en interés

para propósitos del contrato de acceso. La parte demandante 

reconoce que el acuerdo fue entre ESJ Towers y Verde Hotel 

pero fundamenta su derecho de acceso estipulado en el 

contrato en que advinieron en dueños del mediante la 

compra en pública subasta del Hotel y suscribieron la 

correspondiente Escritura de Venta Judicial, Cancelación de 

hipoteca y Pagaré Hipotecario. Con ello, se convirtieron en 

dueños del hotel y de todos sus derechos. Sin embargo, hay 

que distinguir los derechos reales adquiridos mediante la 

Escritura de Venta Judicial y el Contrato en cuestión. 

Surge del Contrato de Acceso firmado entre ESJ Towers 

y Verde Hotel requiere en su clausula quinta que se otorgue 

un Security Agreement, Pledge and Assignment mediante el 

cual sea válida y eficaz la cesión. Ibec v. Banco Comercial, 

117 DPR 371, 376-377 (1986). La Escritura de Venta 

Judicial no es un contrato de cesión y la parte demandante 

no presentó evidencia de dicho acuerdo siendo pertinente 

para su reclamo. 

[...]37 (Énfasis en el original).

Una lectura de las alegaciones contenidas en la Demanda38

demuestran que Gardenia circunscribe su causa de acción a la 

solicitud de entredicho provisional, injunction preliminar e injunction

permanente al amparo de la Regla 57 de Procedimiento Civil39. Ante 

ello, establecemos que el TPI se excedió al emitir una conclusión

36 32 LPRA Ap. V, R. 57.3.

37 Apéndice del recurso, pág. 280. 

38 Apéndice del recurso, pág. 8.

39 32 LPRA Ap. V, R. 57.1, 57.2, 57.3.
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relacionada con la escritura de venta judicial, cesión o 

incumplimiento contractual. Así, determinamos que los párrafos 

antes citados, y contenidos en la Sentencia, son inconsecuentes con 

el dictamen40.

Por último, resolvemos que en el presente caso no 

acontecieron las circunstancias para que el foro primario declarara 

la desestimación con perjuicio. Por tanto, colegimos que se excedió 

el TPI al desestimar con perjuicio la Demanda instada por Gardenia.

IV.

Por los fundamentos antes expuestos, modificamos la 

Sentencia apelada a los efectos de disponer que la desestimación de 

la Demanda del caso de epígrafe sea sin perjuicio. Además, 

ordenamos que los dos párrafos de la Sentencia apelada

mencionados en la parte III del presente dictamen, se den por no 

puestos. Así modificada, confirmamos.

Notifíquese.

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

 Secretaria del Tribunal de Apelaciones

40 Dolphin Int’l of P. R. v Ryder Truck Lines, 127 DPR 869, 891 (1991); Sánchez v. 

Eastern Air Lines, Inc., 114 DPR 691, 695 (1983); Collado v. E.L.A., 98 DPR 111, 

114 (1969); Rodríguez v. Serra, 90 DPR 776, 777 (1964).