Número Identificador: RES2024________________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL X

MARIETTE IRIZARRY 

MARTÍNEZ

DEMANDANTE(S)-RECURRIDA(S)

V.

RESTAURANTE EL VIEJO 

ALMACÉN; ALFREDO JUNCOS;

ASEGURADORA XYZ

DEMANDADA(S)-PETICIONARIA(S)

KLCE202301421

CERTIORARI

procedente del Tribunal 

de Primera Instancia, Sala 

Superior de SAN JUAN

Civil Núm.: 

SJ2022CV11001 (804)

Sobre: 

Daños y Perjuicios

(Ley de Represalia en el 

Empleo; Hostigamiento 

Sexual)

Panel integrado por su presidenta, la Juez Lebrón Nieves, la Juez Barresi 

Ramos y la Jueza Santiago Calderón.

Barresi Ramos, juez ponente.

R E S O L U C I Ó N

En San Juan, Puerto Rico, hoy día 13 de marzo de 2024.

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, el Restaurante El 

Viejo Almacén y Otros (RESTAURANTE) y el señor Alfredo Juncos (señor 

JUNCOS) mediante recurso de Certiorari incoado el 14 de diciembre de 2023.

En su escrito, nos solicita(n) que revisemos la Resolución decretada el 29 de 

noviembre de 2023 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San 

Juan (TPI).1 Mediante esta decisión, el foro primario denegó la Moción Para 

Excluir Testimonio Pericial del Doctor Gastón Ricci presentada el 1 de 

noviembre de 2023 por el RESTAURANTE y el señor JUNCOS.

Exponemos el trasfondo fáctico y procesal que acompaña a la presente 

controversia.

- I -

El 20 de diciembre de 2022, la señora MARIETTE IRIZARRY MARTÍNEZ

(señora IRIZARRY MARTÍNEZ) instó Demanda reclamando hostigamiento 

1 Este dictamen judicial fue notificado y archivado en autos el 30 de noviembre de 2023. Véase 

Apéndice del Certiorari, págs. 49-51.
KLCE202301421 Página 2 de 11

sexual al amparo de la Ley Núm. 17 de 1988, según enmendada, y represalias 

(únicamente contra el RESTAURANTE) bajo la Ley Núm. 115 de 1991, según 

enmendada.2 La señora IRIZARRY MARTÍNEZ manifestó que comenzó a 

trabajar como empleada por tiempo indeterminado el 26 de octubre de 2022

en el RESTAURANTE EL VIEJO ALMACÉN. Arguyó, además, que el 7 de 

noviembre de 2022, fue despedida durante el período probatorio. Expuso que 

el 29 de octubre de 2022, observó a varios compañeros de trabajo ingiriendo 

bebidas alcohólicas y el señor JUNCOS, quien era el cocinero jefe (chef), se le 

acercó bruscamente y le agarró por la boca acercando su cara muy cerca de 

sus labios. Continuó exponiendo que al día siguiente llamó al señor ADRIÁN 

ROMERO (señor ROMERO) y no asistió al trabajo. Además, se reunió con el 

señor ROMERO y le informó de la conducta impropia del señor JUNCOS. Ante 

esa situación, el 1 de noviembre de 2022, la señora IRIZARRY MARTÍNEZ

comenzó a laborar en el RESTAURANTE LA PICCOLINO bajo la supervisión de

los cocineros jefes (chefs) Marcelo e Irma. 

En consecuencia, el 8 de febrero de 2023, el RESTAURANTE presentó su 

Contestación a Demanda.

3 En lo pertinente, negó la mayoría de las 

alegaciones de la señora IRIZARRY MARTÍNEZ. Argumentó que la señora 

IRIZARRY MARTÍNEZ no fue objeto de trato ilegal, discriminatorio, humillante 

o en represalia en el empleo. Aseguró que el despido fue por no cumplir con 

su trabajo, por su falta de conocimiento y su pobre rendimiento en sus 

labores. A su vez, el señor JUNCOS presentó un escrito titulado Contestación 

del Codemandado, Sr. Alfredo Juncos a la Demandada [sic].

4 En síntesis, el 

señor JUNCOS señaló que no incurrió en conducta de naturaleza sexual que 

resultara ofensiva a una persona prudente y razonable. 

2 Ley Para Prohibir el Hostigamiento Sexual en el Empleo, 29 LPRA § 155; Ley de Represalias

Contra el Empleado por Ofrecer Testimonio, 29 LPRA § 194. Véase Apéndice del Certiorari, 

págs. 1- 8.

3

Íd., págs. 9- 16.

4

Íd., págs. 17- 24.
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Como parte del descubrimiento de prueba, la señora IRIZARRY 

MARTÍNEZ anunció al doctor Gastón Ricci Gómez como su testigo pericial. El 

doctor Gastón Ricci Gómez, quien es natural de Uruguay, efectuó un examen

médico sobre el estado mental de la señora IRIZARRY MARTÍNEZ. Dicha 

evaluación fue realizada mediante videoconferencia desde Uruguay.

Ante ello, el 1 de noviembre de 2023, el RESTAURANTE y el señor JUNCOS

presentaron Moción para Excluir Testimonio Pericial del Doctor Gastón Ricci.

5

Su petición se fundamentó en que la evaluación del doctor Gastón Ricci 

Gómez implicó un análisis médico, lo cual requiere – para su admisibilidad –

la licencia para ejercer la profesión en Puerto Rico, por lo que, incumple con 

la Regla 32.1 de las de Procedimiento Civil de 2009. Posteriormente, el 21 de 

noviembre de 2023, la señora Irizarry Martínez presentó su Oposición a 

Moción In Limine de la Parte Demandada.

6 Arguyó que de ninguna manera el 

doctor Gastón Ricci Gómez está ejerciendo la medicina en Puerto Rico, pues 

no la está tratando, ni recetando, ni diagnosticando. Aseguró, que se trata de 

una función pericial independiente e imparcial, sobre un supuesto concreto.

Consecuentemente, el 29 de noviembre de 2023, el tribunal primario emitió

la Resolución impugnada expresando:7

El hecho de que dicho perito no tenga licencia para ejercer en 

Puerto Rico no es óbice de por sí para descartarlo (...) la 

evaluación que realizó el Doctor Ricci fue una para observar y 

analizar el estado mental de la querellante y rendir su informe, 

no es para “diagnosticar una condición médica, ni tratar al 

paciente”. Por tanto, le daremos el valor probatorio que nos 

merezca.

Inconformes con ese proceder judicial, el 14 de diciembre de 2023, el

RESTAURANTE y el señor JUNCOS incoaron ante este Tribunal de Apelaciones 

un Certiorari. En el mismo, señala(n) el(los) siguiente(s) error(es):

Erró el TPI al no conceder nuestra Moción Para Excluir 

Testimonio Pericial del Doctor Gastón Ricci.

5 Véase Apéndice del Certiorari, págs. 26- 39.

6

Íd., págs. 40- 43.

7

Íd., pág. 51. 
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Erró el TPI al permitir el testimonio del Doctor Ricci 

sobre un examen médico de estado mental sin estar 

autorizado en ley para ello.

Erró el TPI al adjudicar que la Regla 32.1 de las Reglas de 

Procedimiento Civil no requiere que el profesional que 

realiza un examen médico de estado mental.

El 20 de diciembre de 2023, intimamos Resolución en la cual

concedimos un plazo de diez (10) días para mostrar causa por la cual no 

debamos expedir el auto de certiorari y revocar el dictamen impugnado. Así 

las cosas, el 27 de diciembre de 2023, la señora IRIZARRY MARTÍNEZ presentó

su Moción en Cumplimiento de Orden. Posteriormente, el 31 de enero de 2024, 

la señora IRIZARRY MARTÍNEZ presentó su Alegato en Oposición a Recurso de 

Certiorari.

Evaluado concienzudamente el expediente del caso y contando con el 

beneficio de la comparecencia de ambas partes, nos encontramos en posición 

de adjudicar. Puntualizamos las normas de derecho pertinentes a la(s)

controversia(s) planteada(s).

- II -

- A -

El recurso de certiorari permite a un tribunal de mayor jerarquía 

revisar discrecionalmente las órdenes o resoluciones interlocutorias emitidas 

por una corte de inferior instancia judicial.8 Por ello, la determinación de 

expedir o denegar este tipo de recurso se encuentra enmarcada dentro de la 

discreción judicial.9

De ordinario, la discreción consiste en “una forma de razonabilidad 

aplicada al discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera”.10

Empero, el ejercicio de la discreción concedida “no implica la potestad de 

8 Rivera Gómez v. Arcos Dorados Puerto Rico Inc., 2023 TSPR 65; 212 DPR ___ (2023); Torres 

González v. Zaragoza Meléndez, 211 DPR 821 (2023); McNeil Healthcare v. Mun. Las Piedras I, 

206 DPR 391, 403 (2021).

9

Íd. 

10 Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 729 (2016).
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actuar arbitrariamente, en una u otra forma, haciendo abstracción del resto 

del derecho”.11 

Ahora bien, en los procesos civiles, la expedición de un auto de 

certiorari se encuentra delimitada a las instancias y excepciones contenidas 

en la Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil de 2009.12 La mencionada Regla 

dispone que solo se expedirá un recurso de certiorari cuando, “se recurra de 

una resolución u orden bajo remedios provisionales de la Regla 56, 

injunctions de la Regla 57 o de la denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo”.13 En ese sentido, y a manera de excepción, se podrá expedir este 

auto discrecional cuando:14

(1) se recurra de decisiones sobre la admisibilidad de testigos 

de hechos o peritos esenciales;

(2) en asuntos relacionados a privilegios evidenciarios;

(3) en casos de anotaciones de rebeldía;

(4) en casos de relaciones de familia; 

(5) en casos revestidos de interés público; o 

(6) en cualquier situación en la que esperar a una apelación 

constituiría un fracaso irremediable de la justicia. 15

Lo anterior constituye tan solo la primera parte de nuestro análisis 

sobre la procedencia de un recurso de certiorari para revisar un dictamen del 

Tribunal de Primera Instancia. De modo que, aun cuando un asunto esté 

comprendido entre las materias que las Reglas de Procedimiento Civil de 

2009 nos autorizan a revisar, el ejercicio prudente de esta facultad nos 

requiere tomar en consideración, además, los criterios dispuestos en la Regla 

40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones.16 

Por otro lado, el examen de los [recursos] discrecionales no se da en 

el vacío o en ausencia de otros parámetros.17 Para ello, la Regla 40 de nuestro 

11 Íd. 

12 32 LPRA Ap. V, R. 52.1; Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra. 

13 Caribbean Orthopedics v. Medshape et al., 207 DPR 994, 1004 (2021).

14 IG Builders v. BBVAPR, 185 DPR 307, 339– 340 (2012). (énfasis nuestro). 

15 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40; Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra; McNeil Healthcare 

v. Mun. Las Piedras I, supra, pág. 404; 800 Ponce de León v. AIG, 205 DPR 163 (2020).

16 McNeil Healthcare v. Mun. Las Piedras I, supra, pág. 404; 800 Ponce de León v. AIG, supra.

17 McNeil Healthcare v. Mun. Las Piedras I, supra, pág. 404; 800 Ponce de León v. AIG, supra. 
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Reglamento instituye los indicadores a considerar al evaluar si se debe o no 

expedir un recurso de certiorari. A saber: 

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a diferencia 

de sus fundamentos, son contrarios a derecho;

(B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada para el 

análisis del problema; 

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto en 

la apreciación de la prueba por el Tribunal de Primera Instancia;

(D) Si el asunto planteado exige una consideración más detenida a la 

luz de los autos originales, los cuales deberán ser elevados, o de 

alegatos más elaborados;

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es la más 

propicia para su consideración; 

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no causan 

un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación indeseable en 

la solución final del litigio; y 

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa evita un 

fracaso de la justicia.18

Es preciso aclarar, que la anterior no constituye una lista exhaustiva, 

y ninguno de estos criterios es determinante, por sí solo, para justificar el 

ejercicio de nuestra jurisdicción.19 En otras palabras, los anteriores criterios 

nos sirven de guía para poder determinar de la forma más sabia y prudente si 

se justifica nuestra intervención en la etapa del procedimiento en que se 

encuentra el caso.20 Ello, pues distinto al recurso de apelación, este Tribunal 

posee discreción para expedir el auto de certiorari. La delimitación que 

imponen estas disposiciones reglamentarias tiene “como propósito evitar la 

dilación que causaría la revisión judicial de controversias que pueden esperar 

a ser planteadas a través del recurso de apelación.”21 

Finalmente, este Tribunal solo intervendrá con las determinaciones 

interlocutorias discrecionales procesales del tribunal sentenciador cuando 

este último haya incurrido en un craso abuso de discreción.22 Esto es, “que el 

tribunal actuó con prejuicio o parcialidad, o que se equivocó en la 

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de derecho 

18 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40; Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra; Rivera Figueroa v. 

Joe ́s European Shop, 183 DPR 580 (2011). 

19 García v. Padró, 165 DPR 324, 335 esc. 15 (2005). 

20 Mun. Caguas v. JRO Construction, Inc., supra, pág. 712.

21 Scotiabank v. ZAF Corp. et al., 202 DPR 478, 486– 487 (2019); Mun. Caguas v. JRO 

Construction Inc., supra.

22 García v. Asociación, 165 DPR 311, 322 (2005). 
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sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará un perjuicio 

sustancial”.23 

- B -

La Regla 32.1 de las de Procedimiento Civil de 2009 prescribe que en 

todo pleito en el que el estado mental o físico de una parte esté en 

controversia, “la sala ante la cual esté pendiente el pleito podrá ordenarle 

que se someta a un examen físico o mental por un(a) profesional 

autorizado(a) por ley para efectuarlo [...]”.24 De igual manera, la propia 

Regla 32.1, dispone que cuando una parte formule alegaciones sobre su estado 

físico o mental, “se entenderá que ha renunciado a su derecho a la intimidad 

sobre aquellos expedientes médicos o psicológicos relacionados con la 

controversia”.25 El mencionado procedimiento inicia mediante moción, 

aseverando la necesidad de practicar, para los fines del pleito, el examen 

médico o mental de la parte contraria; se alegará que el estado físico y mental 

de esa parte esta en controversia y además, se nombrará al profesional 

autorizado por ley para efectuarlo.26

Asimismo, debemos señalar que el ejercicio de discreción en materia 

de descubrimiento de prueba no es revisable por los tribunales apelativos a 

menos que se demuestre que el tribunal primario: (1) actuó movido por 

prejuicio o parcialidad; (2) incurrió en un craso abuso de discreción; o (3) se 

equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de 

derecho sustantivo.27

- C -

El perito “es una persona que, a través de la educación o experiencia, 

ha desarrollado un conocimiento o destreza sobre una materia de manera 

23 Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986). 

24 (énfasis nuestro). 

25 32 LPRA Ap. V R. 32.1. 

26 Íd. 

27 Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689 (2012). 
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que puede formar una opinión que sirva de ayuda al juzgador”.28 Este experto 

ha sido considerado como “‘la persona entendida, el individuo competente, 

idóneo, por tener unas determinadas aptitudes y conocimientos, por poseer 

una adecuada capacidad’”.29

Es decir, la función del perito en un litigio es auxiliar al tribunal.30

Cónsono con esa función, la Regla 709, inciso (a), de las de Evidencia, permite 

al tribunal nombrar, motu proprio o a solicitud de parte, una o más personas 

como peritas. Antes de nombrarlo, el tribunal debe concederles a las partes 

la oportunidad de fijar sus posturas en cuanto a la necesidad de peritos, 

sugerir candidatos y aceptar la persona como perita.31 La citada Regla 709, 

permite al tribunal de instancia nombrar a cualquier persona como perita, ya 

sea por estipulación de las partes o por su selección.32

Empero, independientemente de que el perito haya sido nombrado 

por el tribunal, la aludida Regla 709 impone a la persona nombrada como 

perita el deber de notificar sus hallazgos a las partes.

33 También, la persona 

perita estará sujeta a ser depuesta por cualquiera de las partes y podrá ser 

citada como testigo por el tribunal o por las partes.34 Ahora bien, ello no 

limita a las partes a presentar el testimonio de algún perito(a) de su 

elección.35

A su vez, nuestro Derecho Probatorio rige lo concerniente a la 

admisibilidad, la calificación, y el valor probatorio que ha de otorgar el 

juzgador al testimonio de un perito.36 La admisibilidad de un testimonio 

pericial será determinada por el tribunal primario a tenor con lo dispuesto en 

28 S.L.G. Font Bardón v. Mini-Warehouse, 179 DPR 322, 338 (2010), citando a Black ́s Law 

Dictionary, 8th ed., Minn., Thomson West, 2004, pág. 619. Véase, además, la Regla 703 de las 

de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 703. 

29 SLG Font Bardón v. Mini-Warehouse, supra, pág. 338, citando a San Lorenzo Trad., Inc. v. 

Hernández, 114 DPR 704, 709 (1983). 

30 Pueblo v. Soto González, 149 DPR 30, 32 (1999) (Sentencia). Véase, además, la Regla 702 de 

las de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 702. 

31 Íd. 

32 Íd. 

33 Rentas Nieves v. Betancourt Figueroa, 201 DPR 416, 426-427 (2018). 

34 Regla 709 (a) de las de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 709 (a). 

35 Regla 709 (d) de las de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 709 (d). 

36 Véase, E. Rivera García, El Valor del Testimonio Pericial en los Procedimientos Judiciales, 47 

Rev. Jur. U. Inter. PR 87, 96 (2013). 
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la Regla 403 de las de Evidencia.37 El foro de primera instancia deberá resolver 

si el testigo está calificado como perito o las partes podrían estipular su 

calificación.38 “[A]l momento de que el tribunal determine si un testigo 

cualifica como perito y, por ende, si es admisible su testimonio pericial, lo 

que se requiere es que posea un conocimiento científico, técnico o 

especializado que sea de ayuda a la juzgadora o al juzgador para poder 

entender la prueba o determinar un hecho en controversia”.39

Una vez ello ocurra, el juzgador, guiado por los factores esbozados en 

la Regla 702, le concederá el valor probatorio que le merezca el testimonio 

pericial.40 Estos factores son: 

(a) si el testimonio está basado en hechos o información suficiente; 

(b) si el testimonio es el producto de principios y métodos confiables; 

(c) si la persona testigo aplicó los principios y métodos de manera 

confiable a los hechos del caso; 

(d) si el principio subyacente al testimonio ha sido aceptado 

generalmente en la comunidad científica; 

(e) las calificaciones o credenciales de la persona testigo, y 

(f) la parcialidad de la persona testigo.

41

Nuestro ordenamiento jurídico permite a las partes presentar prueba 

para impugnar o sostener la credibilidad del perito y, en consecuencia, incidir 

sobre el valor probatorio de su testimonio.42 El tribunal no está obligado a 

aceptar las conclusiones de un perito.43

- III -

Por estar íntimamente relacionados, discutiremos de forma conjunta 

los señalamientos de error aducidos por el RESTAURANTE y el señor JUNCOS.

Los tres (3) errores van dirigidos a impugnar la denegatoria de la Moción para 

Excluir Testimonio Pericial del Doctor Gastón Ricci. Esencialmente, 

RESTAURANTE y el señor JUNCOS exponen que no cuestionan las 

cualificaciones ni los estudios del doctor Ricci Gómez, sino que su argumento 

37 32 LPRA Ap. VI, R. 403.

38 32 LPRA Ap. VI, R. 703.

39 S.L.G. Font Bardón v. Mini-Warehouse, supra, pág. 344. 

40 Íd., pág. 343. 

41 32 LPRA Ap. VI, R. 702. 

42 32 LPRA Ap. VI, R. 703.

43 S.L.G. Font Bardón v. Mini-Warehouse, supra, pág. 346.
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va dirigido a que este no está emitiendo una opinión pericial en sí, sino que 

hizo una entrevista clínica psiquiátrica por videoconferencia desde Uruguay. 

Añadieron que, la circunstancia en la cual el doctor Ricci Gómez emitió su 

opinión profesional se aleja de lo establecido en la Regla 32.1 de las de 

Procedimiento Civil de 2009 a los fines de la realización de un examen 

médico. Aseguraron que, para administrar un examen psiquiátrico, el doctor 

Ricci Gómez tiene que poseer la licencia para ejercer la medicina en Puerto 

Rico. 

Por su parte, la señora IRIZARRY MARTÍNEZ manifestó que la 

controversia es una de derecho probatorio y no de una interpretación de la 

Regla 32.1 de las de Procedimiento Civil de 2009 en lo relativo a exámenes 

médicos. Fundamentó, además, que el doctor Ricci Gómez observó y analizó

el estado mental de la señora IRIZARRY MARTÍNEZ únicamente para facilitar la 

información científica al tribunal. Incluso, añadió que, el doctor Ricci Gómez

se valió en gran medida del Manual Diagnóstico y Estadístico de los 

Trastornos Mentales (DSM- V) para formular su opinión al tribunal. 

Ahora bien, como expusimos anteriormente, este Tribunal de 

Apelaciones no intervendrá con el ejercicio de la discreción de los tribunales 

de instancia, salvo que se demuestre que hubo un craso abuso de discreción, 

ha mediado prejuicio, parcialidad, error craso y manifiesto o se equivocó en 

la interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de Derecho 

sustantivo, y nuestra intervención en esa etapa evitaría un perjuicio 

sustancial. 

Tras justipreciar el recurso de Certiorari del RESTAURANTE y el señor 

JUNCOS, es forzoso deducir que no concurren todos los criterios que 

justificarían el ejercicio de nuestra facultad para revisar esta determinación 

judicial.

Este Tribunal colige que el RESTAURANTE y el señor JUNCOS no han 

presentado fundamentos jurídicos que nos muevan a expedir el auto de 
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certiorari, conforme a los criterios que guían nuestra discreción para ejercer 

nuestra facultad revisora en este tipo de recurso. Por tanto, procede denegar

la expedición del presente recurso. Ello pues, resulta evidente que la 

determinación emitida por el tribunal primario en cuanto a permitir el 

testimonio del doctor Ricci Gómez como perito es razonable, 

sustancialmente correcto y no vislumbramos error alguno que precise 

nuestra intervención.

Precisamos que nada impide que las partes puedan recurrir 

nuevamente, de entenderlo necesario, una vez el foro primario adjudique, en 

sus méritos, la totalidad de las controversias. Esto otras palabras, la 

denegatoria a la expedición del auto de certiorari no prejuzga este caso.

- IV -

Por los fundamentos antes expuestos denegamos la expedición del 

auto de Certiorari instado el 14 de diciembre de 2023 por el Restaurante El 

Viejo Almacén y Otros y el señor Alfredo Juncos, ello a tenor con la Regla 

40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. 

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaría del Tribunal de 

Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones