Número Identificador

SEN2024 _________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL III

HANI NAFEZ 

IBRAHIM 

Apelada

v.

DANIEL RIVERA 

QUILES

Apelante

KLAN202300812

Apelación

Procedente del Tribunal de 

Primera Instancia, 

Sala de AGUADILLA

Caso Núm.:

A AC2018-0143

Sobre:

Daños por incumplimiento 

de contrato

Panel integrado por su presidente el Juez Figueroa Cabán, el Juez Bonilla 

Ortiz y la Jueza Mateu Meléndez.

Mateu Meléndez, Jueza Ponente 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 8 de febrero de 2024.

Comparece ante nosotros Daniel Rivera Quiles (en adelante, señor

Rivera Quiles o el apelante), mediante recurso de Apelación presentado el 14 

de septiembre de 2023. En este, nos solicita la revocación o, en alternativa,

la modificación de la Sentencia emitida el 20 de julio de 2023, notificada en 

esa misma fecha, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Aguadilla 

(en adelante, foro primario o TPI). Por medio de dicho dictamen, el TPI 

declaró Con Lugar la causa de acción presentada por Hani Nafez Ibrahim

(en adelante, Hani Nafez o apelado) en su contra. 

Evaluado el expediente ante nuestra consideración, por los 

fundamentos que a continuación expondremos, modificamos la Sentencia 

apelada. 

-IEl caso de epígrafe inició el 31 de octubre de 2018, con una Demanda

instada por M.M. Service Station Inc., contra el señor Rivera Quiles. En 

síntesis, M.M. Service Station Inc. solicitó el cumplimiento específico más

los daños y perjuicios por el incumplimiento de un contrato de opción 
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otorgado por las partes para la compraventa de una propiedad comercial 

en la cual ubica una estación de gasolina. En la referida Demanda, M.M. 

Service Station, Inc. adujo que el 27 de septiembre de 2016 suscribió un 

contrato titulado “Contrato de Opción de Compra de Propiedad Comercial con 

Estación de Gasolina” con el señor Rivera Quiles, el cual fue reconocido y 

suscrito ante el Notario Nasser A. Taha Montalvo. Asimismo, alegó que las 

negociaciones para la compraventa de la mencionada propiedad estaban 

encaminadas desde febrero de 2016, que para la adquisición de la 

mencionada propiedad le adelantó al apelado la suma de $140,000.00 

dólares y, posteriormente, la suma de $20,000.00 dólares, en concepto de 

depósito para que fuese aplicado al precio de compraventa acordado, y que 

las gestiones de financiamiento para la adquisición de la mencionada 

propiedad se vieron afectadas y no pudieron concluir debido a que Rivera 

Quiles no proveyó la información ambiental y el estudio de título de la 

propiedad solicitado. 

El apelante presentó su Contestación a la Demanda. Al así hacer, negó 

la alegación de incumplimiento contractual, que por su culpa se 

entorpecieron los trámites de financiamiento, que tuviese obligación en 

devolver la suma de dinero adelantada por M.M. Service Station Inc., y que 

no proveyó la información ambiental. Afirmativamente, afirmó que fue 

M.M. Service Station Inc. quien incumplió con su deber de gestionar el 

financiamiento y entorpeció el mismo. A su vez, el apelante reconvino

alegando que por los actos temerarios de M.M. Service Station Inc. estuvo 

impedido de vender la propiedad a terceros y, por ello, solicitó el pago de 

$200,000.00 dólares en concepto de daños y perjuicios.1

Tras varios trámites procesales, el TPI emitió una orden para la 

consignación de los $160,000.00 dólares que se habían adelantado en 

1 En cuanto a la Reconvención, M.M. Service Station, Inc. oportunamente presentó su 

Contestación a Reconvención en la que negó todas las alegaciones reconvenidas. 
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concepto de depósito y, posteriormente, ordenó enmendar el epígrafe de la 

Demanda reconociendo la subrogación de los derechos de la corporación 

demandante a favor del señor Hani Nafez Ibrahim. Finalmente, el juicio en 

su fondo se celebró los días 28 y 29 de noviembre de 2022. Durante el 

mismo, como prueba testifical se presentó el testimonio de Hani Nafez, 

aquel del señor Rivera Quiles y la declaración del Lcdo. Nasser A. Taha 

Montalvo. 

Escuchada y aquilatada la prueba desfilada, el 20 de julio de 2023, el 

foro primario dictó la Sentencia apelada. En esta, el TPI estableció treinta y 

tres (33) Determinaciones de Hechos. En lo aquí pertinente, las de mayor 

relevancia a los señalamientos de error efectuados por el apelante son las 

siguientes:

1. El 27 de septiembre del 2016, las partes otorgaron contrato de 

opción de compra de una estación de gasolina, localizada en 

Aguadilla, Puerto Rico, por ajustado y convenido precio de 

$800,000.00.

2. En febrero de 2016, las partes habían otorgado un contrato 

similar;

3. Al 27 de septiembre de 2016, la parte demandada había recibido 

de manos de la demandante la suma de $160,000.00 dólares en 

concepto de depósito para ser aplicado al precio de 

compraventa acordado;

[...]

5. El optante no logró, dentro del término pactado para ejercer la 

opción de compraventa, obtener del vendedor el estudio 

ambiental sobre la propiedad requerido por el banco y por la 

compañía Peerless, para financiar la compra;

[...]

13. La parte demandada, ni PUMA, le proveyeron al demandante 

copia del estudio ambiental sobre la propiedad, cual se le 

requería al demandante para completar la gestión de 

financiamiento, razón por la cual el demandante no pudo llevar 

a cabo y completar la compraventa de la propiedad;

[...]

16. Las partes estipularon, y el propio licenciado Taha Montalvo 

testificó, que ninguno de los contratos otorgados contenía una 

cláusula penal;

[...]
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18. Surge del testimonio de las partes durante el juicio, y así 

también esta consignado en varias Resoluciones del tribunal, 

que el demandado recibe y obtiene de PUMA la suma de 

$7,000.00 mensuales, como renta por la propiedad objeto de esta 

demanda. Las partes fueron juntos a oficinas principales PUMA 

a realizar gestiones encaminadas a lograr realizar la 

compraventa. No obstante, no quedó probado lo conversado en 

dicha revisión.

[...]

20. Durante el juicio, el demandado no proveyó evidencia 

documental o testifical alguna, respecto a los daños alegados en 

su reconvención; 

[...]

22. Conforme el testimonio creído y vertido durante el juicio por el 

demandante, la propiedad (estación de gasolina) objeto del 

contrato de opción de compraventa, le hubiera producido un 

beneficio neto al demandante de aproximadamente $15,000.00 

dólares mensuales, de este haberla operado.

23. Conforme el testimonio creído y vertido durante el juicio, la 

propiedad (estación de gasolina) objeto del contrato de opción 

de compraventa, le hubiera producido al demandante un 

beneficio neto de $7,000.00 dólares, producto de la renta que 

PUMA mensualmente paga por la propiedad, de este continuar 

con el alquiler y arrendamiento de la estación de gasolina;

24. Conforme el testimonio creído y vertido durante el juicio, del 

demandado haberle devuelto los $160,000.00 dólares al 

demandante, a la fecha que los solicitó por primera vez, este 

pudo recibido, éste pudo haber adquirido otra estación de 

gasolina;

[...]

26. El demandante le solicitó al demandado la devolución de los 

$160,000.00 dólares adelantados como opción, no mas tarde de 

junio de 2017;

[...]

28. La parte demandante ha sufrido daños económicos por causa 

de las actuaciones, omisiones e incumplimiento del contrato, 

por parte de la demandada;

29. La parte demandada fue temeraria al no proveer la 

información y documentos requeridos por el demandante, 

provocando con su actuación que no se pudiera concretar la 

compraventa del inmueble;

30. La parte demandada ha sido temeraria al no querer devolver 

los $160,000.00 dólares que le fueron adelantados como 

opción;

31. La parte demandante ejerció su derecho de opción a comprar 

la propiedad;

32. La parte demandante tiene derecho a comprar la propiedad 

objeto de esta demanda;
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33. La parte demandante tiene derecho de obtener de la parte 

demandada la información y documentos necesarios para 

obtener el financiamiento para la compra de la propiedad; 

[...] (Énfasis nuestro)

En virtud de dichas determinaciones y el análisis efectuado, el foro 

primario condenó a Rivera Quiles a la devolución de los $160,000.00 que 

habían sido adelantado por concepto de depósito por parte de Hani Nafez, 

al pago de daños económicos a causa de la no devolución del dinero 

adelantado por $42,933.52 y al pago de $392,000.00 por daños económicos 

por falta de cumplimiento específico del arrendamiento de la estación de 

gasolina a razón de $7,000.00 mensuales por 56 meses desde noviembre de 

2018. Por último, le ordenó pagar $20,000.00 por conceptos de honorarios 

de abogados debido a su conducta frívola y temeraria. 

Inconforme con la Sentencia emitida, el 3 de agosto de 2023 Rivera 

Quiles presentó una Moción Solicitando Reconsideración y Determinaciones de

Hechos y Conclusiones de Derecho Adicionales. El 14 de agosto de 2023, 

notificada y archivada en autos el 15 de agosto de 2023, el foro primario 

emitió una Resolución declarando No Ha Lugar la Moción Solicitando 

Reconsideración y Determinaciones de Hechos y Conclusiones de Derecho 

Adicionales. Aun insatisfecho con dicha determinación, Rivera Quiles 

acudió ante nosotros mediante el recurso de Apelación de epígrafe y le 

imputa al TPI la comisión de los siguientes errores: 

1. Erró el Tribunal de Instancia al conceder una partida de 

[$42,933.52] por daños económicos, por la falta de devolución 

de los $160,000.00 desde la radicación de la demanda. 

2. Erró el Tribunal de Instancia al conceder una partida de 

[$392,000] por daños económicos, sin fundamento en la prueba 

ni base jurídica que lo acredite; y sin el demandante tener 

derecho titular para tal determinación. 

3. Erró el Tribunal de Instancia al conceder daños económicos que 

no fueron probados, especulativos y contrarios al ordenamiento 

jurídico vigente. 

4. Erró el Tribunal de Instancia al condenar a la parte demandada 

al pago de la suma de $20,000.00 por concepto de honorarios 

por temeridad sin fundamento en hechos y en derecho para 

ello.
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Atendido el recurso, el 15 de septiembre de 2023, emitimos 

Resolución en la que establecimos el término que tenía el apelado para 

expresarse. Habiéndose presentado por el apelante una Moción informando 

transcripción de prueba oral, el 25 de septiembre de 2023 dejamos sin efecto el 

término brindado y establecimos aquellos para la presentación de la 

transcripción de la prueba oral, alegato suplementario y oposición a 

recurso. 

El 18 de diciembre de 2023, tras haber solicitado y obtenido una 

extensión de tiempo para ello, el apelante sometió su Alegato suplementario.

El apelado por su parte compareció el 18 de enero de 2024 mediante 

Oposición a apelación. Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

damos por sometido el asunto y estando listos para resolver, así lo hacemos.

-II-

-AEn este caso, los contratos de opción a compra acontecieron en el año 

2016 y la cadena de sucesos que motivó la Demanda contra Rivera Quiles 

ocurrió en el año 2018, previo a la entrada en vigor del nuevo ordenamiento

hoy vigente. Por ende, a la controversia ante nos le aplican los preceptos del 

derogado Código Civil de 1930. Es decir, el derecho citado y aplicado en 

este caso será aquel vigente al momento de los hechos. 

El Código Civil de 1930 regula lo relativo a la responsabilidad civil

extracontractual. Específicamente, el Artículo 1802 establece la obligación 

de reparar daños causados en los que medie culpa o negligencia.2 En lo 

pertinente, el citado Artículo dispone: 

El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa 

o negligencia, está obligado a reparar el daño causado. La 

imprudencia concurrente del perjudicado no exime de 

responsabilidad, pero conlleva la reducción de la indemnización. 

Id. 

2 31 LPRA Sec. 5141.
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La responsabilidad civil extracontractual surge al amparo de dicha 

disposición si concurren los siguientes tres elementos: (1) un daño, (2) una 

acción u omisión negligente o culposa y, (3) una relación causal entre

ambos. Camacho Rivera v. Richard Mitchell, Inc., 202 DPR 34 (2019); Nieves 

Díaz v. González Massas, 178 DPR 820 (2010); López v. Porrata Doria, 169 

DPR 135 (2006); Rivera v. SLG Díaz, 165 DPR 408 (2005); Toro Aponte v. 

E.L.A. 142 DPR 464 (1997); Ramírez v. ELA, 140 DPR. 385 (1996).

El requisito de “acción u omisión negligente o culposa” se refiere a 

aquella falta del debido cuidado al no anticipar y prever las consecuencias 

racionales de un acto, o la omisión de un acto, que una persona prudente y 

razonable habría previsto en las mismas circunstancias. Camacho Rivera v. 

Richard Mitchell, Inc., supra; Nieves Díaz v. González Massas, supra; Rivera 

v. SLG Díaz, supra; Valle v. E.L.A., 157 DPR 1 (2002); Toro Aponte v. E.L.A.., 

supra; Ramos v. Carlo, 85 DPR 353 (1962). El concepto de “culpa” del 

Artículo 1802, supra, es tan infinitamente abarcador como lo suele ser la 

conducta humana. Nieves Díaz v. González Massas, supra; López v. Porrata 

Doria, supra. Por ello, ésta se debe analizar con un criterio amplio. Nieves 

Díaz v. González Massas, supra; Rivera v. SLG Díaz, supra; Toro Aponte v. 

E.L.A., supra; Santini Rivera v. Serv. Air, Inc., 137 DPR 1 (1994).

Sobre el requisito de la “relación causal entre daño y culpa o 

negligencia”, rige en Puerto Rico la doctrina de la causalidad adecuada. 

Conforme a ella, se considera causa aquella condición que ordinariamente 

produciría el daño, según la experiencia general. Camacho Rivera v. 

Richard Mitchell, Inc., supra; Colon Santos v. Coop. Seg. Mult. PR, 173 DPR 

170 (2008); Toro Aponte v. E.L.A., supra; Soto Cabral v. E.L.A., 138 DPR 298 

(1995).

En cuanto al requisito de “daño”, nuestro más alto foro ha expresado 

que éste constituye el menoscabo material o moral que sufre una persona, 

ya sea en sus bienes vitales naturales, en su propiedad o en su patrimonio, 
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causado en contravención de una norma jurídica y por el cual ha de 

responder otra persona. Nieves Díaz v. González Massas, supra; Ramírez 

Ferrer v. Conagra Foods PR, 175 DPR 799 (2009); López v. Porrata Doria, 

supra. En los casos en que el daño alegado se deba a una omisión, se 

configurará una causa de acción cuando: “(1) exista un deber de actuar y se 

quebrante esa obligación, y (2) cuando de haberse realizado el acto omitido 

se hubiese evitado el daño.” Santiago v. Sup. Grande, 166 DPR 796, 807 

(2006); Administrador v. ANR, 163 DPR 48 (2004); Elba A.B.M. v. U.P.R., 

125 DPR 294 (1990). Por lo anterior, en contextos caracterizados por una 

especie de inadvertencia u omisión, procede determinar si existía un deber 

jurídico de actuar por parte de quien alegadamente causó el daño. Arroyo 

López v. E.L.A., 126 DPR 682, 686-87 (1990). 

Existen dos tipos de daños: (1) los daños especiales, conocidos como 

daños físicos, patrimoniales, pecuniarios o económicos; y (2) los daños 

generales, conocidos como daños morales. Por un lado, los daños 

especiales se refieren a “toda aquella pérdida que recae sobre bienes 

objetivos, pues éstos admiten valoración económica debido a que impactan 

directamente el patrimonio del perjudicado.” Nieves Díaz v. González 

Massas, supra; Rivera v. SLG Díaz, supra. Mientras que los daños generales 

son aquellos infligidos a las creencias, los sentimientos, la dignidad, la 

estima social o la salud física o psíquica del perjudicado. Id. La valoración 

de los daños generales descansa en la sana discreción del juzgador basada 

en los hechos que considere probados. Id.

En lo correspondiente a la estimación y valoración de los daños, 

repetidamente se ha afirmado que la tarea judicial de estimar y valorar los 

daños es una compleja y delicada debido a que no existe un sistema de 

computación que permita llegar a un resultado exacto en relación con el 

cual todas las partes queden satisfechas y complacidas. Semidey et al. v. 

Fcia. Belmonte et al., 211 DPR 222 (2023), al citar a Herrera, Rivera v. S.L.G.
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Ramírez-Vicéns, 179 DPR 774, 791 (2010) y otros. Como regla general, los 

foros apelativos no deben intervenir con la estimación de los daños que 

realicen los tribunales de instancia, a menos que las cuantías concedidas 

sean ridículamente bajas o exagerada altas. Ese ejercicio de valoración de 

daños involucra cierto grado de especulación y elementos subjetivos, tales 

como la discreción y el sentido de justicia y conciencia humana del juzgador 

de los hechos. Además, el foro primario es el que tiene contacto directo con 

la prueba testifical presentada y, por ende, está en mejor posición de emitir 

un juicio sobre la valorización de daños. Esta norma impone a quien 

propone que los daños deben ser modificados la obligación de demostrar 

la existencia de circunstancias que hacen meritorio que se modifiquen. 

Meléndez Vega v. El Vocero de PR, 189 DPR 123 (2013). 

Al realizar la tarea de impartir daños, los tribunales deben 

considerar que el conceder cuantías insuficientes por daños tiene el efecto 

de aminorar la responsabilidad civil a la que debe sujetarse el causante del 

daño, mientras que conceder daños exagerados conlleva un elemento 

punitivo, no reconocido por nuestro ordenamiento. Íd., pág. 204. Por ello, 

una manera de velar porque los daños atribuidos sean razonables es 

comparar con las sumas de reclamaciones previas en condiciones parecidas, 

siempre que las indemnizaciones se ajusten al valor presente. Rodríguez et 

al. v Hospital et al., 186 DPR 889 (2012). No existen dos (2) casos 

exactamente iguales y cada caso es distinguible por sus propias 

circunstancias. No obstante, a los fines de determinar si la valorización de 

los daños en un caso es o no adecuada, las cuantías concedidas en casos 

anteriores similares resultan de utilidad. Santiago Montañez v. Fresenius 

Medical, 195 DPR 476, 491 (2016); Meléndez Vega v. El Vocero de PR, supra, 

pág. 205; y Herrera, Rivera v. S.L.G. Ramírez-Vicéns, supra, al mencionar a

S.L.G. v. F.W. Woolworth & Co., 143 DPR 76, 81-82 (1997). Ahora bien, 

luego de la valoración económica, los tribunales están obligados a examinar 
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las circunstancias particulares del litigio para asegurarse de que procede la 

cuantía concedida. Herrera, Rivera v. S.L.G. Ramírez-Vicéns, supra, pág.

786. En todo caso, las compensaciones otorgadas en casos anteriores deben 

ajustarse a su valor presente. Meléndez Vega v. El Vocero de PR, supra, pág. 

204.

-BLa Regla 44.1(d) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 44.1(d) 

autoriza a los tribunales a imponer el pago de honorarios de abogados a 

aquella parte o su abogado que haya actuado con temeridad o frivolidad en 

el trámite de un procedimiento judicial. Véase Torres Montalvo v. 

Gobernador ELA, 194 DPR 760 (2016). A tales efectos, el aludido precepto 

dispone:

(d) Honorarios de abogado. — En caso que cualquier parte o su 

abogado o abogada haya procedido con temeridad o frivolidad, el 

tribunal deberá imponerle en su sentencia al responsable el pago de 

una suma por concepto de honorarios de abogado que el tribunal 

entienda correspondan a tal conducta. En caso que el Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, sus municipios, agencias o 

instrumentalidades haya procedido con temeridad o frivolidad, el 

tribunal deberá imponerle en su sentencia una suma por concepto 

de honorarios de abogado, excepto en los casos en que esté 

expresamente exento por ley del pago de honorarios de abogado.

La antes citada regla, tiene como propósito “establecer una 

penalidad a un litigante perdidoso que, por su terquedad, obstinación, 

contumacia e insistencia en una actitud desprovista de fundamentos, 

obliga a la otra parte, innecesariamente, a asumir las molestias, gastos, 

trabajo e inconveniencias de un pleito”. Andamios de P.R. v. Newport 

Bonding, 179 DPR 503, 520 (2010) y casos allí citados. (Énfasis suplido)

Ahora bien, el concepto de temeridad es uno amplio que ha sido 

descrito como un comportamiento que incide en los procesos judiciales y 

afecta, tanto el buen funcionamiento de los tribunales como la 

administración de la justicia. Id., citando a Meléndez Vega v. El Vocero de 

PR, 189 DPR 123 (2013). Este precepto, también ha sido definido como

aquella conducta que promueve un pleito que se pudo obviar, lo 
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prolonga innecesariamente o que obliga a una parte a envolverse en 

trámites evitables. (Énfasis nuestro). Maderas Tratadas v. Sun Alliance et 

al., 185 DPR 880 (2012). Véase, además, Andamios de P.R. v. Newport 

Bonding, supra; Marrero Rosado v. Marrero Rosado, 178 DPR 476 (2010); 

Colón Santos v. Coop. Seg. Múlt. P.R., 173 DPR 170 (2008). A su vez, nuestro 

Tribunal Supremo ha reseñado que la conducta temeraria sujeta al litigante 

inocente a la ordalía del proceso judicial y lo expone a gastos innecesarios 

y a la contratación de servicios profesionales, incluyendo abogados, con el 

gravamen a veces exorbitante para su peculio.” Fernández v. San Juan 

Cement Co., Inc., 118 DPR 713, 718 (1987), citando a H. Sánchez, Rebelde Sin 

Costas, 4(2) Boletín Judicial 14 (1982).

Igualmente, existe temeridad si el demandado contesta una 

demanda y niega su responsabilidad total, aunque la acepte 

posteriormente; si se defiende injustificadamente de la acción; si la parte 

demandada en efecto cree que la cantidad reclamada es exagerada y esa es 

la única razón que tiene para oponerse a las peticiones del demandante y 

no admite francamente su responsabilidad limitando la controversia a la 

fijación de la cuantía a ser concedida; si se arriesga a litigar un caso del que 

se desprendía prima facie la negligencia. Negar un hecho que le consta es 

cierto al que hace alegación, también constituye temeridad. P.R. Oil v. 

Dayco, 164 DPR 486, 511 (2005), citando a Fernández v. San Juan Cement 

Co., Inc., supra.

La determinación de si se ha incurrido o no en temeridad es una 

tarea que recae en la discreción sana del tribunal sentenciador y, 

simultáneamente, le corresponde imponer la cuantía que entienda 

procedente en respuesta a la conducta temeraria. Meléndez Vega v. El 

Vocero de PR, supra, a la pág. 211; S.L.G. Flores– Jiménez v. Colberg, 173 

DPR 843, 866 (2008).
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Ante ello, los tribunales apelativos no deben intervenir con el 

ejercicio de esa discreción, salvo que: se demuestre que hubo un craso abuso 

de discreción, que el foro recurrido actuó con prejuicio o parcialidad, que 

se equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o 

de derecho sustantivo, o cuando la cuantía impuesta sea excesiva. P.R. Oil 

v. Dayco, supra.

-IIIPor virtud del señalamiento y la discusión de sus 4 errores, el señor 

Rivera Quiles cuestiona la razonabilidad de las cantidades concedidas 

como remedio a favor del apelado. Con tal propósito, señala que la 

sentencia apelada no detalla ni explica qué parámetro fue utilizado por el 

TPI para conceder la partida de daños económicos por la suma de 

$42,933.52 otorgada al apelado por daños económicos; clasificándola pues, 

como una arbitraria. 

Así, al discutir su primer señalamiento de error, el Rivera Quiles 

plantea que, si bien el contrato de opción de compraventa suscrito por las 

partes no contenía una cláusula penal, el dinero dado por el apelado en 

concepto de depósito fue utilizado por él para cumplir con la obligación de 

entregar el inmueble sin cargas y gravámenes que, según fue declarado por 

el Lcdo. Taha Montalvo, la razón por la que el contrato no se perfeccionó 

fue la falta de dinero del apelado para la compra. A su vez, y para impugnar 

la partida dada por daños económicos, el apelante señala que Hani Nafez 

declaró tener al menos $640,000.00 para adquirir la propiedad, por lo que 

no podía concluirse que este había sufrido este tipo de daño.

De otra parte, mediante la discusión conjunta de su segundo y tercer 

señalamiento de error, Rivera Quiles también impugna la partida 

concedida a Hani Nafez ascendente a $392,000.00 por daños económicos. A 

tales efectos, establece que dicha partida es contraria a la prueba, toda vez 

que los contratos de opción en controversia establecen que el vendedor, o 
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sea él, continuaría devengando las rentas de la propiedad hasta la firma de 

la escritura de compraventa. Igual contradicción señala entre la partida 

conferida y algunas expresiones realizadas durante el juicio por el juzgador 

de hechos en cuanto a la prueba pericial necesaria para demostrar daños.

Específicamente, señala la ausencia de prueba pericial que sostenga las 

declaraciones del apelado en las que el foro primario se basó para conceder 

los daños otorgados. Por último, en su cuarto señalamiento de error el 

apelante discute que la imposición de $20,000.00 en concepto de honorarios 

por temeridad determinada en la sentencia apelada no encuentra respaldo 

en el expediente y es contraria a derecho. 

Hani Nafez, al defender las concesiones impugnadas por el apelante, 

señala que, de las estipulaciones alcanzadas por las partes en el Informe sobre 

conferencia con antelación al juicio sometido por las partes en el caso, así como 

de las determinaciones de hechos emitidas por el TPI basadas en la 

credibilidad que asignó a los testimonios dados en el juicio, surgen 

suficientes elementos de juicio para aquilatar el daño sufrido por él. 

Igualmente, afirma que los señalamientos del apelante son errados y 

descansan en premisas equivocadas. Más aún, afirma que las sumas dadas 

en resarcimiento responden a un ejercicio estrictamente matemático. Así, 

explica que los $42,933.52 concedidos responden a los intereses que 

hubieran rendido los $160,000.00 dados en concepto de depósito, calculados 

a base de un cinco punto setenta y cinco por ciento mensual (5.75%); que la 

suma de $392,000.00 trata de la cantidad de meses transcurridos- a razón de 

$7,000.00 mensuales- desde la radicación de la Demanda hasta la fecha en 

que se dictó la Sentencia. Igual afirmación levanta en cuanto a la imposición 

de $20,000.00 en concepto de honorarios por temeridad. 

Como puede apreciarse, según lo arriba detallado, en general los 

señalamientos levantados por el apelante se limitan a cuestionar las 

diferentes partidas concedidas por el foro primario en la sentencia apelada. 
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Tal cual correctamente este señala, el foro primario no mencionó en su 

sentencia cuál es la jurisprudencia que utilizó como guía para alcanzar las 

sumas dadas. Al así hacer, ignoró el llamado claro efectuado por nuestro 

Tribunal Supremo en Santiago Montañez v. Fresenius Medical, supra a 

detallar en sus dictámenes los casos que utilizan como referencia o punto 

de partida para la estimación y valoración de daños. 

De otra parte, y luego de una detenida evaluación de los 

planteamientos levantados por las partes, así como de los 

pronunciamientos de nuestro más alto foro en cuanto a la valoración de 

daños, resolvemos que la compensación concedida al apelante debe ser 

variada. Ello, toda vez que tras repasar la transcripción de la prueba que 

obra en el expediente estimamos que las partidas otorgadas en concepto de 

daño no guardan proporción con la prueba desfilada. 

Como previamente señalamos, nuestro ordenamiento jurídico 

reconoce dos tipos de daños: los daños especiales- también conocidos como 

daños físicos, patrimoniales, pecuniarios o económicos- y los daños 

morales. En cuanto a los daños especiales, al reclamarse estos se requiere 

que se detalle el concepto de las partidas afectadas para así cuantificar el 

daño reclamado y fijar la indemnización correspondiente. No obstante, el 

derecho a ser compensado, aun ante daños especiales, no se derrota por el 

carácter especulativo de la reclamación. Ello así, ya que, pese a cierto grado 

de incertidumbre, los tribunales podrán conforme a los hechos particulares 

del caso, la prueba presentada y los criterios establecidos, determinar una 

cuantía razonable para indemnizar al perjudicado por los daños sufridos.

Rivera v. SLG Díaz, supra, al citar a Sánchez v. Cooperativa Azucarera, 66 

DPR 346 (1946); SLG v. F.W. Woolworth & Co., supra y otros. Al evaluar los 

daños, el juzgador debe hacerlo en estricta correlación con la prueba 

presentada, procurando mantener un sentido remediador sin aproximarse 

al elemento punitivo. Íd.
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Como ya dijimos, el juicio en su fondo se celebró los días 28 y 29 de 

noviembre de 2022. El desfile de prueba del primer día de juicio inició con 

el testimonio de Hani Nafez, seguido del testimonio de Rivera Quiles. 

Mientras que el desfile de prueba del segundo día comenzó con el 

testimonio del Notario Nasser Taha Montalvo, seguido de la continuación 

del testimonio de Rivera Quiles. En total testificaron cuatro personas en el 

juicio de dos días. 

Durante su testimonio, el apelado expresó que Rivera Quiles era 

dueño de una estación de gasolina ubicada en Aguadilla, Puerto Rico y que 

está iba a ser embargada por el Banco Popular. Sostuvo que el 16 de febrero 

de 2016, mediando la buena fe, le entregó a Rivera Quiles un cheque por la 

cantidad de $140,000.00 para que pagara su deuda con el Banco Popular a 

cambio de una opción de compra de la referida estación de gasolina. 

Además, explicó que tal opción de compra se concretizó en un contrato ante 

el notario Nasser Taha Montalvo en Aguadilla, Puerto Rico. 3 Asimismo, 

continuó explicando que como parte del proceso de financiamiento las 

instituciones financieras le requirieron un estudio del suelo para la 

acreditación de la Junta de Calidad Ambiental. Sin embargo, señaló que 

Rivera Quiles nunca le proveyó el referido estudio de suelo y, por ello, 

venció el término para realizar la opción de compra.4 Posteriormente, Hani 

Nafez testificó le hizo entrega en efectivo de $20,000.00 adicionales 

solicitados por este último.5 Además, Hani Nafez declaró que, luego de 2 

años del vencimiento del segundo contrato de opción a compra, le solicitó 

a Rivera Quiles la devolución de su dinero. Es decir, la devolución de 

$160,000.00.6

3 Véase, transcripción de Juicio en su Fondo 28 de noviembre de 2022, de la pág. 28, línea 5 a la 

pág. 29, línea 5. 

4

Íd., pág. 31 líneas 2-17.

5

Íd., pág. 45, líneas 11-17.

6

Íd., pág. 47, líneas 18 y 19.
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Por otro lado, Hani Nafez indicó que era dueño de 8 estaciones de 

gasolina y que contaba con más de 17 años de experiencia como 

administrador de estas.7 En base a su experiencia, le comunicó al tribunal 

que la mencionada estación de gasolina vende 50,000 galones de gasolina 

mensual aproximadamente y que cuenta con un mini market. Siendo así, 

puntualizó que hubiera generado una ganancia mensual de $15,000.00 si lo 

administraba personalmente. En cambio, si lo alquilaba hubiera generado 

una ganancia de $7,000.00 mensual.8 Además de esto, y en cuanto a los 

daños económicos, Hani Nafez declaró como a continuación transcribimos:

P. ¿Qué daños usted recibió por no tener para atrás los ciento 

sesenta mil (160,000) que usted dio? ¿Qué daños, ha, ha 

recibido?

R Dos (2) negocios no le he podido comprar. Uno es en Camuy y 

uno en Arecibo. Me complicó la cosa y no he podido...

P ¿Y dos (2) negocios qué eran?

R Estaciones de gasolina

P Y según la experiencia suya, ¿esas estaciones de ga...? Antes 

que nada, ¿dos (2) estaciones de gasolina? ¿una en dónde?

R Camuy y una en Arecibo

P La estación de gasolina en Camuy ...

R ¡Ujum!

P ... según la experiencia suya, ¿cuánto le podía haber dejado a 

usted mensualmente?

R Estaba cerrado, lo que quería comprar la propiedad.

P Ok. ¿y la, y la otra, no la de Camuy, la de?

R Arecibo, igual.

P ¿Estaba entonces cerrada?

R También. Embargo. 

P ¿Embargo los dos (2)?

R Sí.

P Y entonces, explíquele al tribunal, esos ciento sesenta mil 

dólares ($160,000.00)

7

Íd., pág. 25, línea 14 a la pág. 27, línea 17.

8

Íd., pág. 52, línea 19 a la pág. 54, línea 20.
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...

R ¡Ujúm!

P ... de usted haberlo obtenido, ¿cómo le hubiese ayudado a 

poder adquirir esas dos (2) propiedades?

R Porque las dos (2) propiedades, una en Arecibo, fueron ciento 

veinte mil dólares ($120,000), propiedad en [embargada], la de 

Camuy trescientos veinticinco mil dólares ($325,000.00=.

P ¿O sea, que usted hu... hubiese podido, si, si a usted le hubiesen 

dado...

R Me habría...

P le hubiesen devuelto...

R Exactamente.

P los ciento sesenta (160)...

R Exactamente.

P ... usted hubiese podido comprar la propiedad de Arecibo?

R De Arecibo, por lo menos una (1).

P Muy bien. ¿Eh, algún otro daño que usted haya podido detectar 

por... por no haber podido trabajar o recibir esos ciento sesenta 

mil (160,000)?

R Mucho daño.

P ¿Pero económico, económico?

R Económico, porque me quedé sin ca... casi “cash flow”, en estos 

momentos, graci, en el momento cuando yo compré la opción 

de compra a don Daniel.

[...]9

Por último, al preguntársele qué era lo que le solicitaba al Tribunal, 

el apelado manifestó que quería que se hiciera justicia. Así, manifestó que 

exigía que le vendieran la propiedad al precio acordado, y que, si el tribunal 

decidía que no tenía derecho a comprar, quería su dinero y la ganancia de 

su dinero en esos 7 años.10

La única evidencia que el apelado sometió en cuanto a los alegados 

daños económicos que reclama sufrió, fueron las declaraciones antes 

9

Íd., pág. 57. Línea 10 a la pág. 59, línea 11. 

10 Íd., pág. 62, líneas 8-20.
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resumidas y/o transcritas. En estas, no explicó, cómo, a base de su 

experiencia, llegó al cálculo de los $15,000.00 que alegó hubiera podido 

generar, ni sometió prueba documental alguna que apoyara su contención.

Tales manifestaciones sin prueba adicional, a nuestro juicio, son 

insuficientes para justificar las cuantías otorgadas por el foro primario. Al 

final de cuentas, fundamentó las partidas en los estimados brindados por 

el apelado, sin que este sometiera evidencia pericial o de cualquier otra 

naturaleza que de una manera u otra justifique la concesión de las sumas 

concedidas a él. A nuestro juicio, el limitado testimonio del apelado en 

cuanto a cuáles fueron sus daños económicos es insuficiente para siquiera 

resarcirle, por no haberlos probado. Así, coincidimos con el apelante en 

cuanto a la impugnación que levanta en sus dos primeros señalamientos de 

error.11

En cambio, diferimos en cuanto al señalamiento de error que levanta 

frente a la partida de $20,000.00 que el TPI le ordenó pagar al apelante por 

conceptos de honorarios de abogados debido a su conducta frívola y 

temeraria. Aunque es correcto que no debe estimarse como una conducta 

temeraria el que una parte se defienda en un caso o a modo de reconvención 

reclame lo que cree tiene derecho a reclamar, aunque no lo tenga, los 

argumentos que levanta para impugnar la determinación de temeridad 

ignoran que la razón por la cual se le encontró temerario no fue por haber 

instado una Reconvención, sino porque pese a que en su momento se opuso 

a la devolución del dinero consignado por alegadamente tener un reclamo 

a su favor, al momento en que estaba llamado a someter prueba en favor de 

este, no lo hizo. 

11 Es meritorio señalar que las cuantías concedidas, no solamente carecen de justificación 

ante la prueba de daños económicos desfilada por el apelado, sino que estas exceden por 

mucho la cantidad que el propio apelado alegó como suma estimada de los daños 

reclamados en la Demanda.
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De igual manera, dado que ante nos no se sometieron argumentos 

que busquen o en derecho puedan impugnar la determinación efectuada 

por el foro primario en cuanto a que procede la devolución por parte del 

apelante del dinero que el apelado le entregó como depósito de la opción 

de compraventa, confirmamos la determinación que ordena la devolución 

del mismo. 

-IVPor los fundamentos antes enunciados, modificamos la Sentencia 

emitida y notificada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Aguadilla 

el 20 de julio de 2023, en la causa de epígrafe a los efectos de eliminar las 

partidas concedidas al apelado en concepto de daños económicos. Así, 

modificada, se confirma en cuanto al resto.

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal. 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones