Número Identificador : RES 20 2 4

________________ ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL X

M ARIETTE I RIZARRY M ARTÍNEZ DEMANDANTE ( S )

- RECURRIDA ( S )

V

.

R ESTAURANTE E L V IEJO A LMACÉN ; A LFREDO J UNCOS ; A SEGURADORA XYZ DEMANDADA ( S )

- PETICIONARIA ( S ) KL CE202 30 1421 C ERTIORARI procedente del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de S AN J UAN Civil Núm.: SJ2022CV11001 ( 804 ) Sobre: Daños y Perjuicio s (Ley de Represalia en el Empleo; Hostigamiento Sexual) Panel integrado por su president a , la Juez Lebrón Nieves, la Juez Barresi Ramos y la Jueza Santiago Calderón.
Barresi Ramos , juez ponente. R E S O L U C I Ó N En San Juan, Puerto Rico , hoy día 13 de marz o de 20 2 4 . Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, el Restaurante El Viejo Almacén y Otros ( R ESTAURANTE ) y el señor Alfredo Juncos (señor J UNCOS ) mediante recurso de Certiorari in coad o el 14 de diciembre de 2023

. En su escrito , nos solicita (n) que revisemos la Resolución d ecreta da el 29 de
noviembre de 2023 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan (TPI). 1 Mediante est a decisión , el foro primario denegó la Moción Para
Excluir Testimonio Pericial del Doctor Gastón Ricci presentada el 1 de noviembre de 2023 por el R ESTAURANTE y el señor J UNCOS

. Exponemos el trasfondo fáctico y procesal que acompaña a la presente
controversia.

- I

- El 20 de diciembre de 2022, la señora M ARIETTE I RIZARRY M ARTÍNEZ (señora I RIZARRY M ARTÍNEZ ) instó Demanda reclaman do hostigamiento

1 Este dictamen judicial fue notificado y archivado en autos el 30 de noviembre de 2023

. Véase Apéndice de l Certiorari , pág s . 49 - 51 .KLCE202301421 Página 2 de 11

sexual al amparo de la Ley Núm. 17 de 1988 , según enmendada, y represalias (únicamente con tra el R ESTAURANTE ) bajo la Ley Núm. 115 de 1991, según
enmendada. 2 L a señora I RIZARRY M ARTÍNEZ manifestó que comenzó a trabajar como e mpleada por tiempo indeterminado el 26 de octubre de 2022
en el R ESTAURANTE E L V IEJO A LMACÉN

. Arguyó, además, que el 7 de noviembre de 2022, fue despedida durante el período probatorio. E xpuso que el 29 de octubre de 2022, observó a varios compañeros de trabajo ingiriendo
bebidas alcohólicas y el señor J UNCOS , quien era el cocinero jefe ( chef ) , se le acercó bruscamente y le agarró por la boca acercando su cara muy cerca de

su s labios . Continuó exponiendo que al día siguiente llamó al señor A DRIÁN
R OMERO (señor R OMERO ) y no asistió al trabajo. Además , se reunió con el
señor R OMERO y le informó de la conducta impropia del señor J UNCOS

. Ante esa situación, e l 1 de noviembre de 2022 , la señora I RIZARRY M ARTÍNEZ
comenzó a laborar en el R ESTAURANTE L A P ICCOLINO bajo la supervisión de
l os cocineros jefes ( chef s ) Marcelo e Irma.
En consecuencia , e l 8 de febrero de 2023 , el R ESTAURANTE presentó su
Contestación a Demanda

. 3 En lo pertinente, neg ó la mayoría de las alegaciones de la señora I RIZARRY M ARTÍNEZ . Argument ó que la señora
I RIZARRY M ARTÍNEZ no fue objeto de trato ilegal, discriminatorio , humillante o en represalia en el empleo. Asegur ó que el despido fue por no cumplir con su trabajo , por su falta de conocimiento y su pobre rendimiento en sus
labores. A su vez , el señor J UNCOS presentó un es crito titulado Contestación
del Codemandado , Sr. Alfredo Juncos a la Demandada [sic]

. 4 En síntesis, el
señor J UNCOS señaló que no incurrió en conducta de naturaleza sexual que
result ara ofensiva a una persona prudente y razonable.

2 Ley P ara P rohibir el H ostigamiento S exual en el E mpleo , 29 LPRA § 155 ; Ley de Represalias Contra el Empleado por Ofrecer Testimonio , 29 LPRA § 194. Véase Apéndice de l Certiorari , págs. 1 - 8

. 3 Íd. , págs. 9

- 16. 4 Íd. , págs. 17

- 24.KLCE202301421 Página 3 de 11

Como parte del descubrimiento de prueba, la señora I RIZARRY
M ARTÍNEZ anunci ó al doctor G astón Ricci Gómez como su testigo pericial. El
doctor G astón Ricci Gómez , quien es natural de Uruguay , e fectuó un e xamen médic o sobre el estado mental de la señora I RIZARRY M ARTÍNEZ

. Dicha
evalua ción fue realizad a mediante videoconferencia desde Uruguay.
Ante ello , el 1 de noviembre de 2023, el R ESTAURANTE y el señor J UNCOS presentaron Moción para Excluir Testimonio Pericial del Doctor Gastón Ricci

. 5 Su petición se fundamentó en que la evaluación del doctor G astón Ricci
Gómez implicó un análisis médico , lo cual requiere

– para su admisibilidad

– la licencia para ejercer la profesión en Puerto Rico , por lo que, incumple con la Regla 32.1 de las de Procedimiento Civil de 2009

. Posteriormente, e l 21 de noviembre de 2023 , la señora Irizarry Martínez present ó su Oposición a
Moción In Limine de la Parte Demandada

. 6 Argu y ó que de ninguna manera el
doctor G astón Ricci Gómez está ejerciendo la medicina en Puerto Rico, pues
no la está tratando , ni recetando, ni diagnosticando. Aseguró , que se tra ta de una función pericial independiente e imparcial , sobre un supuesto concreto.
Consecuenteme nte, e l 29 de noviembre de 2023, el tribunal primario emitió
la Resolución impugnada expresando: 7 El hecho de que dicho perito no tenga licencia para ejercer en Puerto Rico no es óbice de por sí para descartarlo (...) la evaluación que realizó el Doctor Ricci fue una para observar y analizar el estado mental de la querellante y rendir su informe, no es para “diagnosticar una condici ón médica, ni tratar al paciente”. Por tanto, le daremos el valor probatorio que nos merezca. Inconforme s con ese proceder judicial , el 14 de diciembre de 2023 , el
R ESTAURA N TE y el señor J UNCOS inco aron ante este Tribunal de Apelaciones

un Certiorari

. En el mism o , señala (n) el (los) siguiente (s) error (es) :

Erró el TPI al no conceder nuestra Moción Para Excluir Testimonio Pericial del Doctor Gastón Ricci.

5 Véase Apéndice del Certiorari , págs. 26

- 39. 6 Íd. , págs. 40 - 43 . 7 Íd. , pág. 51.KLCE202301421 Página 4 de 11 Erró el TPI al permitir el testimonio del Doctor Ricci sobre un examen médico de estado mental sin estar autorizado en ley para ello. Erró el TPI al adjudicar que la Regla 32.1 de las Reglas de Procedimiento Civil no requiere que el profesional que realiza un examen médico de estado mental.
El 20 de diciembre de 202 3 , intimamos Resolución en la cual concedimos un plazo de diez ( 10 ) días para mostrar causa por la cual no debamos expedir el auto de certiorari y revocar el dictamen impugnado

. Así las cosas, el 27 de diciembre de 202 3 , la señora I RIZARRY M ARTÍNEZ presentó

su Moción en Cumplimiento de Orden

. Posteriormente, el 31 de enero de 2024,
la señora I RIZARRY M ARTÍNEZ presentó su Alegato en Oposición a Recurso de
Certiorari. Evaluado concienzudamente el expediente del caso y contando con el beneficio de la comparecencia de ambas partes , nos encontramos en posición de adjudicar. Puntualizamos las normas de derecho pertinentes a la (s)
controversia (s) planteada (s)

.

- II

-

- A

- El recurso de certiorari permite a un tribunal de mayor jerarquía
revisar discrecionalmente las órdenes o resoluciones interlocutorias emitidas por una corte de inferior instancia judicial. 8 Por ello, la determinación de expedir o denegar este tipo de recurso se encuentra enmarcada dentro de la
discreci ón judicial. 9 De ordinario, la discreción consiste en “una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera”. 10 Empero, el ejercicio de la discreción concedida “no implica la potestad de

8 Rivera Gómez v. Arcos Dorados Puerto Rico Inc ., 2023 TSPR 65; 212 DPR ___ (2023); Torres González v. Zaragoza Meléndez , 211 DPR 821 (2023); McNeil Healthcare v. Mun. Las Piedras I , 206 DPR 391, 403 (2021). 9 Íd

. 10 Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC , 194 DPR 723, 729 (2016).KLCE202301421 Página 5 de 11

actuar arbitrariamente, en una u otra forma, haciendo abstracción del resto
del derecho”. 11 Ahora bien, en los procesos civiles, la expedición de un auto de
certiorari se encuent ra delimitada a las instancias y excepciones contenidas en la Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil de 2009. 12 La mencionada Regla dispone que solo se expedirá un recurso de certiorari cuando, “se recurra de una resolución u orden bajo remedios provisio nales de la Regla 56, injunctions de la Regla 57 o de la denegatoria de una moción de carácter dispositivo”. 13 En ese sentido, y a manera de excepción, se podrá expedir este
auto discrecional cuando: 14 (1) se recurra de decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales; (2) en asuntos relacionados a privilegios evidenciarios; (3) en casos de anotaciones de rebeldía; (4) en casos de relaciones de familia; (5) en casos revestidos de interés público; o (6) en cualquier situación en la que esperar a una apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia. 15
Lo anterior constituye tan solo la primera parte de nuestro análisis sobre la procedencia de un recurso de certiorari para revisar un dictamen del Tribunal de Primera Instancia. De modo que, aun cuando un asunto esté comprendido entre las materias que las Reglas de Procedimiento Civil de 2009 nos autorizan a revisar, el ejercicio prudente de esta facultad nos requiere tomar en consideración, además, los criterios dispuestos en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. 16 Por otro lado, el exa men de los [recursos] discrecionales no se da en el vacío o en ausencia de otros parámetros. 17 Para ello, la Regla 40 de nuestro

11 Íd

. 12 32 LPRA Ap. V, R. 52.1; Torres González v. Zaragoza Meléndez , supra. 13 Caribbean Orthopedics v. Medshape et al. , 207 DPR 994, 1004 (2021). 14 IG Builders v. BBVAPR , 185 DPR 307, 339

– 340 (2012). (énfasis nuestro). 15 4 LPRA Ap. XXII

- B, R. 40; Torres González v. Zaragoza Meléndez , supra ; McNeil Healthcare v. Mun. Las Piedras I , supra , pág. 404; 800 Ponce de León v. AIG , 205 DPR 163 (2020). 16 McNeil Healthcare v. Mun. Las Piedras I , supra , pág. 404; 800 Ponce de León v. AIG , supra . 17 McNeil Healthcare v. Mun. Las Piedras I , supra, pág. 404; 800 Ponce de León v. AIG , supra .KLCE202301421 Página 6 de 11

Reglamento instituye los indicadores a considerar al evaluar si se debe o no expedir un recurso de certiorari . A saber: (A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho; (B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada para el análisis del problema; (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de Primera Instancia; (D) Si el asunto planteado exige una consideración más detenida a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados; (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es la más propicia para su consideración; (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación indeseable en la solución final de l litigio; y (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa evita un fracaso de la justicia. 18 Es preciso aclarar, que la anterior no constituye una lista exhaustiva, y ninguno de estos criterios es determinante, por sí solo, para justifica r el ejercicio de nuestra jurisdicción. 19 E n otras palabras , los anteriores criterios nos sirven de guía para poder determinar de la forma más sabia y prudente si se justifica nuestra intervención en la etapa del procedimiento en que se
encuentra el caso. 20 Ello, pues distinto al recurso de apelación, este Tribunal posee discreción para expedir el auto de certiorari . La delimitación que imponen estas disposiciones reglamentarias tiene “como propósito evitar la dilación que causaría la revisión judicia l de controversias que pueden esperar a ser planteadas a través del recurso de apelación.” 21 Finalmente, este Tribunal solo intervendrá con las determinaciones interlocutorias discrecionales procesales del tribunal sentenciador cuando este último haya i ncurrido en un craso abuso de discreción. 22 Esto es, “que el tribunal actuó con prejuicio o parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de derecho

18 4 LPRA Ap. XXII

- B, R. 40; Torres González v. Zaragoza Meléndez , supra ; Rivera Figueroa v. Joe ́s European Shop , 183 DPR 580 (2011). 19 García v. Padró , 165 DPR 324, 335 esc. 15 (2005).

20 Mun. Caguas v. JRO Construction , Inc. , supra , pág. 712.
21 Scotiabank v. ZAF Corp. et al ., 202 DPR 478, 486

– 487 (2019); Mun. Caguas v. JRO Construction Inc. , supra . 22 García v. Asociación , 165 DPR 311, 322 (2005).KLCE202301421 Página 7 de 11

sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitar á un perjuicio sustancial”. 23

- B

- L a Regla 32.1 de las de Procedimiento Civil de 2009 prescrib e que en todo pleito en el que el estado mental o físico de una parte esté en controversia, “la sala ante la cual esté pendiente el pleito podrá ordenarle que se someta a un examen físico o mental por un(a) profesional autorizado(a) por ley para efectuarlo [...]”. 24 De igual manera, la propia Regla 32.1, dispon e que cuando una parte formule alegaciones sobre su estado físico o mental, “se entenderá que ha renunciado a su derecho a la intimidad sobre aquellos expedientes médicos o p sicológicos relacionados con la
controversia ”. 25 El mencionado procedimiento inicia mediante moción , aseverando la necesidad de practicar , para los fines del pleito , el examen
médico o men tal de la parte contraria ; se alegará que el estado físico y mental de esa parte esta en controversia y además, se nombrará al profesional autorizado por ley para efectuarlo. 26
Asimismo , debemos señalar que el ejercicio de discreción en materia de descubrimiento de prueba no es revisable por los tribunales apelativos a menos que se demuestre que el tribunal primario : (1) actuó movido por prejuicio o parcialidad; (2) incurrió en un craso abuso de discreción; o (3) se equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de
d erecho sustantivo. 27

- C

- El perito “es una persona que, a través de la educación o experiencia,
ha desarrollado un conocimiento o destreza sobre una materia de manera

23 Lluch v. España Service Sta

. , 117 DPR 729, 745 (1986). 24 (énfasis nuestro). 25 32 LPRA Ap. V R. 32.1. 26 Íd

. 27 Trans

- Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp ., 184 DPR 689 (2012).KLCE202301421 Página 8 de 11

que puede formar una opinión que sirva de ayuda al juzgador”. 28 E ste experto ha sido considerado como “‘la persona e ntendida, el individuo competente, idóneo, por tener unas determinadas aptitudes y conocimientos, por poseer una adecuada capacidad’”. 29 Es decir, l a función del perito en un litigio es auxiliar al tribunal. 30 Cónsono con esa función, la Regla 709, inciso (a), de las de Evidencia, permite al tribunal nombrar, motu proprio o a solicitud de parte, una o más personas como peritas. Antes de nombrarlo, el tribunal debe concederles a las partes la oportunidad de fijar sus posturas en cuanto a la necesidad de per itos, sugerir candidatos y aceptar la persona como perita. 31 La citada R egla 709 , permite al tribunal de instancia nombrar a cualquier persona como perita, ya sea por estipulación de las partes o por su selección. 32 Empero, independientemente de que el perito haya sido nombrado por el tribunal, la aludida Regla 709 impone a la persona nombrada como perita el deber de notificar sus hallazgos a las partes

. 33 También, la persona perita estará sujeta a ser depuesta por cualquiera de las partes y podrá ser citada como testigo por el tribunal o por las partes. 34 Ahora bien, ello no limita a las partes a presentar el testimo nio de algún perito(a) de su
elección. 35
A su vez , nuestro Derecho Probatorio rige lo concerniente a la admisibilidad, la calificación, y el valor probatorio que ha de otorgar el juzgador al testimonio de un perito. 36 La admisibilidad de un testimonio pericial será determinada por el tribunal primario a tenor con lo dispuesto en

28 S

. L

. G

. Font Bardón v. Mini

- Warehouse , 179 DPR 322, 338 (2010), citando a Black ́s Law Dictionary, 8th ed., Minn., Thomson West, 2004, pág. 619. Véase, además, la Regla 703 de las de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 703. 29 SLG Font Bardón v. Mini

- Warehouse , supra , pág. 338, citando a San Lorenzo Trad., Inc. v. Hernández , 114 DPR 704, 709 (1983). 30 Pueblo v. Soto González , 149 DPR 30, 32 (1999) (Se ntencia). Véase, además, la Regla 702 de las de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 702. 31 Íd

. 32 Íd

. 33 Rentas Nieves v. Betancourt Figueroa , 201 DPR 416, 426

- 427 (2018). 34 Regla 709 (a) de las de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 709 (a). 35 Regla 709 (d) de las de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 70 9 (d). 36 Véase, E. Rivera García, El Valor del Testimonio Pericial en los Procedimientos Judiciales , 47 Rev. Jur. U. Inter. PR 87, 96 (2013).KLCE202301421 Página 9 de 11

la Regla 403 de las de Evidencia. 37 El foro de primera instancia deberá resolver si el testigo está calificado como perito o las partes podrían estipular su
calificación. 38 “[A]l momento de que el tribunal determine si un testigo cualifica como perito y, por ende, si es admisible su testimo nio pericial, lo que se requiere es que posea un conocimiento científico, técnico o especializado que sea de ayuda a la juzgadora o al juzgador para poder entender la prueba o determinar un hecho en controversia”. 39 Una vez ello ocurra, el juzgador, guiad o por los factores esbozados en la Regla 702, le concederá el valor probatorio que le merezca el testimonio pericial. 40 Estos factores son: (a) si el testimonio está basado en hechos o información suficiente; (b) si el testimonio es el producto de princi pios y métodos confiables; (c) si la persona testigo aplicó los principios y métodos de manera confiable a los hechos del caso; (d) si el principio subyacente al testimonio ha sido aceptado generalmente en la comunidad científica; (e) las calificaciones o credenciales de la persona testigo, y (f) la parcialidad de la persona testigo

. 41
Nuestro ordenamiento jurídico permite a las partes presentar prueba para impugnar o sostener la credibilidad del perito y, en consecuencia, incidir sobre el valor proba torio de su testimonio. 42 El tribunal no está obligado a aceptar las conclusiones de un perito. 43

- III

- Por estar íntimamente relacionados, discutiremos de forma conjunta los señalamientos de error aducidos por e l R ESTAURANTE y el señor J UNCOS

. Los tres (3) errores van dirigidos a impugnar la denegatoria de la Moción para Excluir Testimonio Pericial del Doct or Gastón Ricci

. Esencialmente,
R ESTAURANTE y el señor J UNCOS exponen que no cuestionan las
cualificaciones ni los estudios del doctor Ricci Gómez , sino que su argumento

37 32 LPRA Ap. VI, R. 403. 38 32 LPRA Ap. VI, R. 703. 39 S

. L

. G

. Font Bardón v. Mini

- Warehouse , supra , pág. 344. 40 Íd., pág. 343.
41 32 LPRA Ap. VI, R. 702. 42 32 LPRA Ap. VI, R. 703. 43 S

. L

. G

. Font Bardón v. Mini

- Warehouse , supra , pág. 346.KLCE202301421 Página 10 de 11

va dirigido a que e ste no está emitiendo una opinión pericial en sí , sino que hizo una entrevista clínica psiquiátrica por videoconferencia de sde Uruguay. Añadieron que, la circunstancia en la cual el doctor Ricci Gómez emitió su opinión profesional se aleja de lo establecido en la Regla 32 .1 de las de
Procedimiento Civil de 2009 a los fines de la realización de un examen
médico . Aseguraron que, para administrar un examen psiquiátrico, el doctor
Ricci Gómez tiene que poseer la licencia para ejercer la medicina en Pu erto
Rico. Por su parte, la señora I RIZARRY M ARTÍNEZ manifestó que la controversia es una de derecho probatorio y no de una interpretación de la Regla 32. 1 de las de Procedimiento Civil de 2009 en lo relativo a exámenes
médicos. Fundamentó , además, que el doctor Ricci Gómez observó y analizó
el estado mental de la señora I RIZARRY M ARTÍNEZ únicamente para facilitar la
información científica al tribunal. Incluso, añadi ó que, el doctor Ricci Gómez

se valió en gran medida de l M anual D iagnóstico y E stadístico de los
T rastornos M entales (DSM

- V) para formular su opinión al tribunal. Ahora bien, como expusimos anteriormente, este Tribunal de Apelaciones no intervendrá con el ejercicio de la discreción de los tribunales de instancia, salvo que se demuestre que hubo un craso abuso de discreción,
ha mediado prejuicio , parcialidad, error craso y manifiesto o se equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier norma procesa l o de Derecho sustantivo, y nuestra intervención en esa etapa evitar ía un perjuicio
sustancial. Tras justipreciar el recurso de Certiorari d el R ESTAURANTE y el señor J UNCOS , e s forzoso deducir que no concurren todos los criterios que justificarían el ejercicio de nuestra facultad para revisar est a determinación judicial. Este Tribunal colige que el R ESTAURANTE y el señor J UNCOS no han presentado fundamentos jurídicos que nos muevan a expedir el auto deKLCE202301421 Página 11 de 11

certiorari , con forme a los criterios que guían nuestra discreción para ejercer nuestra facultad revisora en este tipo de recurso. Por tanto, procede denegar la expedición del presente recurso. Ello pues , resulta evidente que la determinación emitida por el tribunal primar io en cuanto a permitir el
testimonio del doctor Ricci Gómez como perito es razonable , sustancialmente correcto y no vislumbramos error alguno que precise
nuestra intervención. Precisamos que nada impide que las partes puedan recurrir nuevamente, de entend erlo necesario, una vez el foro primario adjudique, en sus méritos, la totalidad de las controversias. Esto otras palabras , la denegatoria a la expedición del auto de certiorari no prejuzga este caso.

- IV

- Por los fundamentos antes expuestos denegamos la expedición del

auto de Certiorari instado el 14 de diciembre de 2023 por el Restaurante El Viejo Almacén y Otros y el señor Alfredo Juncos , ello a tenor con la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaci ones . Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaría del Tribunal de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones