Número Identificador

SEN2024 __________________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL IV

SUCESIÓN DE JORGE 

EDUARDO GONZÁLEZ 

RODRÍGUEZ, et als. y 

CORPORACIÓN 

AGRÍCOLA AMOROS

Apelados

v.

JOSÉ MIGUEL 

RODRÍGUEZ RIVERA

Apelante

KLAN202300718

APELACIÓN

procedente del 

Tribunal de 

Primera Instancia, 

Sala Superior de

Guayama

Civil Núm.:

G AC2017-0010

Sobre:

Deslinde y 

Reivindicación

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la 

Jueza Rivera Marchand y el Juez Rodríguez Flores.

Cintrón Cintrón, Jueza Ponente.

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de febrero de 2024.

Comparece ante nos el señor José Miguel Rodríguez Rivera 

(señor Rodríguez Rivera o apelante) y solicita la revisión de la 

Sentencia Sumaria emitida el 13 de julio de 2023, notificada el 14 de 

julio de 2023, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior 

de Guayama. Por virtud del dictamen apelado, el foro a quo declaró 

Ha Lugar la Moción de Sentencia Sumaria presentada por la 

Sucesión de José Eduardo González Rodríguez y la Corporación 

Agrícola Amorós (Sucesión González Rodríguez o apelados), ordenó 

el deslinde y la reducción de cabida de la Finca 15,072.

Oportunamente, la Sucesión González Rodríguez presentó su 

alegato en oposición, con cuyo beneficio resolvemos confirmar el 

dictamen apelado. 

I.

El 24 de enero de 2017, la Sucesión González Rodríguez y la 

Corporación Agrícola Amorós presentaron una Demanda en la cual 

alegaron ser titulares del predio ubicado en la Calle Sansón D-37, 
KLAN202300718 Página 2 de 14

Urb. El Vigía, Guayama, PR 00785, solicitaron el deslinde por haber 

una confusión de linderos, y la reivindicación del terreno.1 Además, 

solicitaron la devolución de los terrenos ocupados según el deslinde 

realizado por el agrimensor Carmelo Sierra, y el pago de $25,000.00 

en concepto de honorarios de abogados. El predio constituye la finca 

13,922, denominada El Salitral, el cual colinda por el norte con la 

finca 15,072 la cual es propiedad del señor Rodríguez Rivera. 

El 28 de marzo de 2017, el señor Rodríguez Rivera presentó 

su Contestación a Demanda en la cual negó las alegaciones 

contenidas en la demanda e incluyó una reconvención. Mediante la 

presentación de la reconvención, arguyó que era titular en pleno 

dominio de la totalidad del inmueble en virtud de prescripción 

adquisitiva o usucapión. Particularmente, alegó que conforme 

surgía de la Escritura Número 3 de Compraventa y Constitución de 

Hipoteca (Escritura Núm. 3) del 27 de marzo de 2014, el inmueble 

en cuestión fue adquirido por éste, de sus padres, el señor Enrique 

Rodríguez Narváez y la señora Myrna Iris Rivera Ortiz, quienes a su 

vez adquirieron la titularidad sobre dicho predio conforme la 

Escritura Número 76 de Cancelación y Pagaré Hipotecario y 

Compraventa (Escritura Núm. 76) del 22 de diciembre de 2023. 

Enfatizó que sus padres y el titular original del mismo a título de 

usucapión, el señor Homero Droz, habían ostentado la posesión del 

1 Surge de la Escritura Número 3 de Compraventa y Constitución de Hipoteca del 

día 27 de marzo de 2014, que la descripción registral del terreno es la siguiente: 

RÚSTICA: Parcela marcada con el número dos de la Manzana 

número dos de la Manzana número uno en el plano de parcelación 

de la Comunidad Rural Puerto Jobos del término de Guayama, 

Puerto Rico, con una cabida superficial de mil ciento ochenta y 

nueve punto treinta y tres metros cuadrados. 

En lindes por el Norte, con la Calle A, en una distancia de cuarenta 

y cuatro punto cero ocho metros. Por el Sur, con terrenos del 

Bosque Forestal del Departamento de Recursos Humanos. Por el 

Este, con la parcela número tres en una distancia de treinta y ocho 

punto cincuenta y cuatro metros. Por el Oeste, con la parcela 

número uno-A en una distancia de dieciocho punto setenta y siete 

metros. 

Contiene una casa de dos plantas construida en bloques de 

cemento y hormigón armado, propia para vivienda.
KLAN202300718 Página 3 de 14

bien desde el año 1960 ininterrumpidamente, en concepto de 

dueños y concurriendo en ello la buena fe, de forma pública y 

pacíficamente a título de dueño durante esos años. Finalmente, 

asegura que se le ha perturbado su posesión, enviándole cartas y 

entrando en su propiedad de forma ilegal y sin autorización. 

En respuesta, el 10 de abril de 2017, la Sucesión González 

Rodríguez presentó su contestación a la reconvención. Mediante su 

comparecencia, negaron que el señor Rodríguez Rivera adquirió la 

propiedad invadida mediante prescripción adquisitiva, pues este no 

había presentado evidencia documental suficiente para probar sus 

alegaciones. 

Luego de varios trámites procesales, el 22 de febrero de 2022, 

las partes presentaron un Informe de Conferencia Preliminar Entre

Abogados. El 7 de marzo de 2022, se celebró la Conferencia con 

Antelación al Juicio, en la cual se determinó que el juicio se 

celebraría desde el 27 al 30 de junio de 2022.2

El 1 de junio de 2022, la Sucesión González Rodríguez 

presentó Moción de Sentencia Sumaria. Sostuvieron que a pesar del 

tiempo transcurrido y de un dilatado y extenso descubrimiento de 

prueba, el señor Rodríguez Rivera no logró aportar prueba alguna, 

fuera de lo que comprende su testimonio, que sustentara las 

alegaciones de adquisición del predio ocupado mediante usucapión 

en ambas modalidades. Además, aseguraron que el señor Rodríguez

Rivera no tenía como probar que tuvo la posesión contínua del 

predio invadido por 30 años. Adujo que, procedía se dictara 

sentencia sumaria a su favor, pues no habían hechos sustanciales 

y materiales en controversia. 

A tales efectos, el TPI emitió una Resolución en la cual dejó sin 

efecto el señalamiento del Juicio en su fondo y concedió al señor 

2 El TPI mediante Orden, pautó la fecha de la Conferencia con Antelación al Juicio 

para el 7 de marzo de 2022, mediante videoconferencia. 
KLAN202300718 Página 4 de 14

Rodríguez Rivera un término para exponer su posición sobre la 

sentencia sumaria presentada por la Sucesión González Rodríguez. 

El 18 de agosto de 2022, el señor Rodríguez Rivera presentó 

su Oposición a Moción de Sentencia Sumaria en la cual alegó que la 

moción de sentencia sumaria radicada por la Sucesión González 

Rodríguez es una tardía, pues no cumplió con la Regla 36.1 de las 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA, Ap. V, R. 36.1. Asimismo, arguyó 

que existiendo controversias fácticas relacionadas a la titularidad 

del terreno, sus colindancias y la prescripción adquisitiva, no podía 

disponerse del caso por la vía sumaria. 

Luego de evaluar las comparecencias de las partes, el 13 de 

julio de 2023, el TPI emitió Sentencia Sumaria, en la cual, entre otras 

cosas, declaró Ha Lugar la mocion de sentencia sumaria presentada 

por la Sucesión González Rodríguez y ordenó el desline de los 3,652 

metros cuadrados de la Finca 15,072 y estableció que los mismos 

pertenecen a la Finca 13,992 (El Salitre) perteneciente a la sucesión. 

Además, ordenó la reducción de la cabida de la finca del señor 

Rodríguez Rivera de los 1,189.33 metros cuadrados descritos en la 

Escritura Núm. 3. Cónsono con lo anterior, el TPI formuló las 

siguientes determinaciones de hechos de las cuales no existe 

controversia, que, por la pertinencia de las mismas, se transcriben 

a continuación: 

1. El señor Enrique Rodríguez Narváez y de su esposa, 

la señora Myrna Iris Rivera Ortiz, adquirieron la 

finca 15,072, del señor Homero Droz Pérez y 

Jeanette Bristol Ramos, mediante la Escritura Núm. 

76 de 22 de diciembre de 2003. 

RÚSTICA: Parcela marcada con el número 

dos de la manzana número uno en el plano 

de parcelación de la comunidad rural 

Puerto Jobos del barrio Jobos del término 

municipal de Guayama con una cabida 

superficial de mil ciento ochenta y nueve 

punto treinta y tres metros cuadrados.

En lindes por el Norte con la calle A, con 

una distancia de cuarenta y cuatro punto 

cero ocho metros. Por el Sur con terrenos 

del Bosque Forestal del Departamento de 

Recursos Naturales. Por el Este con parcela 
KLAN202300718 Página 5 de 14

número tres con una distancia de treinta y 

ocho punto cincuenta y cuatro metros. Por 

el Oeste con parcela número uno A con una 

distancia de dieciocho punto sesenta y siete 

metros. 

2. El predio de terreno en controversia y cuya extensión 

es de 3,652.0857 metros cuadrados, colinda por el 

sur con la finca 15,072, y no aparece incluido como 

parte de esta. 

3. La Escritura Núm. 76, no establece hecho alguno de 

traspaso sobre el predio de terreno en controversia y 

cuya extensión es de 3,652.0857 metros cuadrados, 

en exceso de los 1,189.33 metros cuadrados que 

constituyen la finca 15,072.

4. El señor José Miguel Rodríguez Rivera, adquirió de 

su padre, el señor Enrique Rodríguez Narváez y de 

su madre, la señora Myrna Iris Rivera Ortiz, la finca 

número 15,072, mediante la Escritura Núm. 3, de 

Compraventa y Constitución de Hipoteca del día 27 

de marzo de 2014, otorgada ante el Notario Público 

Arnaldo Sánchez Recio. 

5. Surge de la escritura Núm. 3, que la descripción del 

inmueble adquirido por el Demandado es la 

siguiente: 

En lindes por el Norte con la calle A, con una 

distancia de cuarenta y cuatro punto cero ocho 

metros. Por el Sur con terrenos del Bosque Forestal 

del Departamento de Recursos Naturales. Por el Este 

con parcela número tres con una distancia de treinta 

y ocho punto cincuenta y cuatro metros. Por el Oeste 

con parcela número uno A con una distancia de 

dieciocho punto sesenta y siete metros. 

6. El Notario Público Arnaldo Sánchez Recio, le 

advirtió al Demandado y a los vendedores, 

otorgantes de la Escritura Núm. 3, sobre la 

conveniencia de llevar a cabo un estudio registral 

del inmueble, pero estos aceptaron continuar con la 

compraventa sin haberse efectuado el mismo. Así se 

desprende del contenido del párrafo ONCE de la 

Escritura Núm. 3, veamos. 

ONCE: Los comparecientes entienden, 

reconocen y aceptan que no se ha realizado 

un estudio registral; expresa que conoce la 

situación registral actual de la propiedad, y 

que acepta otorgar la presente escritura sin 

que se haya realizado un estudio de título. 

Advertí a los comparecientes, y así lo 

reconocen y entienden, sobre la 

conveniencia de acreditar el estado 

registral de las cargas mediante la 

expedición de una certificación del Registro 

de la Propiedad, o de comprobarlo 

directamente examinando los libros del 

mismo. De igual forma, reconocen los 

comparecientes que la realización de un 

estudio registral no cierra las puertas del 

Registro de la Propiedad y que pueden 

existir cargas o títulos presentados o 

inscritos con posterioridad al presente 

instrumento, por muy reciente que sea la 

certificación o el estudio registral realizado. 
KLAN202300718 Página 6 de 14

7. La Escritura Núm. 3, no establece hecho alguno de 

traspaso sobre el predio de terreno en controversia y 

cuya extensión es de 3,652.0857 metros cuadrados, 

en exceso de los 1,189.33 metros cuadrados que 

constituyen la finca 15,072. 

8. El Demandado tiene un título válido sobre el 

inmueble identificado como finca 15,072. 

9. El Demandado no tiene un título válido sobre el 

predio de terreno en controversia y el cual excede 

la cabida de la finca 15,072 por 3,652.0857 

metros cuadrados. 

10. El Demandado comenzó a residir en la propiedad 

desde el año 2007, mientras la propiedad 

continuaba siendo propiedad de sus padres. Esto fue 

aceptado por el propio Demandado durante su 

deposición del 5 de febrero de 2018. 

11. La Escritura Núm.3, establece que la propiedad 

adquirida por el Demandado colinda por el sur con 

terrenos del Bosque Forestal del Departamento de 

Recursos Naturales. Esto es un error. 

12. El terreno colindante por el sur de la propiedad 

adquirida por el Demandado es parte de la finca 

13,992, denominada El Salitral. Así lo dejó saber el 

Departamento de Recursos Naturales mediante 

Moción Informativa del 13 de agosto de 2019. 

13. Mediante carta del 14 de agosto de 2019, el 

Departamento de Recursos Naturales y 

Ambientales, informó no tener objeción en 

cuanto a la presente demanda, entre otras cosas, 

debido a que el Demandante había provisto un 

título válido sobre el terreno en controversia. 

14. Desde que el Demandado comenzó a residir en el 

inmueble, finca 15,072, mientras esta seguía siendo 

propiedad de sus padres, hasta que adquirió la 

misma mediante compraventa, habían transcurrido 

aproximadamente tres años.

15. Desde que el Demandado adquirió la finca 

15,072, mediante compraventa, hasta la radicación 

de la presente Demanda, habían transcurrido 

aproximadamente dos años y diez meses. 

(Énfasis nuestro).

Inconforme con la determinación del TPI, el 14 de agosto de 

2023, el señor Rodríguez Rivera acudió ante esta Curia y alegó que 

el foro primario cometió el siguiente error:

El TPI abusó de su discreción y erró como cuestión de 

Derecho al emitir sentencia sumaria sin llevar a cabo la 

inspección ocular previamente [ordenada] y soslayando 

la existencia de varias controversias sobre los hechos 

medulares del caso adecuadamente replicadas por el 

demandado apelante Rodríguez en su escrito en 

oposición al escrito en solicitud de sentencia sumaria 

radicado por la parte demandante apelada. 

El 18 de agosto de 2023, emitimos Resolución, a los fines de 

conceder 20 días a la parte apelada para fijar su posición sobre el 
KLAN202300718 Página 7 de 14

recurso. El 26 de septiembre de 2023, la Sucesión González 

Rodriguez presentó su Alegato en Oposición a Recurso de Apelación. 

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procedemos a resolver. 

II.

La Regla 36 de Procedimiento Civil dispone el mecanismo 

extraordinario y discrecional de la sentencia sumaria. 32 LPRA, Ap. 

V, R. 36. El propósito principal de este mecanismo procesal es 

propiciar la solución justa, rápida y económica de litigios civiles que 

no presentan controversias genuinas de hechos materiales, por lo 

que puede prescindirse del juicio plenario. Serrano Picón v. 

Multinational Life Insurance Company, 2023 TSPR 118, resuelto el 

29 de septiembre de 2023; Oriental Bank v. Caballero García, 2023 

TSPR 103, resuelto el 23 de agosto de 2023; Ferrer et. al. v. PRTC, 

209 DPR 574, 580-581 (2022); González Santiago v. Baxter 

Healthcare, 202 DPR 281, 290 (2019); Ramos Pérez v. Univisión, 178 

DPR 200, 213-214 (2010). Los tribunales pueden dictar sentencia 

sumaria respecto a una parte de una reclamación o sobre la 

totalidad de esta. 32 LPRA Ap. V, R. 36.1; Meléndez González v. M. 

Cuebas, 193 DPR 100 (2015). La sentencia sumaria procederá si las 

alegaciones, deposiciones, contestaciones a interrogatorios y 

admisiones ofrecidas, junto a cualquier declaración jurada que se 

presente, si alguna, demuestran que no hay controversia real y 

sustancial sobre algún hecho esencial y pertinente y que, como 

cuestión de derecho, procede hacerlo. González Meléndez v. 

Municipio Autónomo de San Juan y otros, 2023 TSPR 95, resuelto el 

24 de julio de 2023.

El promovente debe presentar una moción fundamentada en 

declaraciones juradas o en cualquier evidencia que demuestre la 

inexistencia de una controversia sustancial de hechos esenciales y 

pertinentes sobre la totalidad o parte de la reclamación. 32 LPRA 
KLAN202300718 Página 8 de 14

Ap. V, R. 36.1; Universal Insurance Company y otro v. Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico y otros, 2023 TSPR 24, resuelto el 7 de 

marzo de 2023. La controversia sobre los hechos esenciales que 

genera el litigio tiene que ser real, no especulativa o abstracta. Es 

decir, tiene que ser de naturaleza tal que permita concluir que existe 

una controversia real y sustancial sobre hechos relevantes y 

pertinentes. Ramos Pérez v. Univisión, supra, págs. 213-214, 

seguido en Meléndez González v. M. Cuebas, supra, pág. 110.

Nuestro ordenamiento civil y su jurisprudencia interpretativa 

dispone que se deben cumplir unos requisitos de forma los cuales 

deben satisfacerse al momento de presentar una solicitud de 

sentencia sumaria. Estos requisitos son: (1) una exposición breve de 

las alegaciones de las partes; (2) los asuntos litigiosos o en 

controversia; (3) la causa de acción sobre la cual se solicita la 

sentencia sumaria, (4) una relación concisa, organizada y en 

párrafos enumerados de todos los hechos esenciales y pertinentes 

sobre los cuales no hay controversia sustancial, con indicación de 

los párrafos o las páginas de las declaraciones juradas u otra prueba 

admisible en evidencia donde se establecen estos hechos, así como 

de cualquier otro documento admisible en evidencia que se 

encuentre en el expediente del Tribunal; (5) las razones por las 

cuales se debe dictar sentencia, argumentando el derecho aplicable, 

y (6) el remedio que debe ser concedido. 32 LPRA Ap. V, R. 36.3; 

Pérez Vargas v. Office Depot, 203 DPR 687 (2019). 

Por su parte, le corresponde a la parte promovida refutar 

dicha moción a través de declaraciones juradas u otra 

documentación que apoye su posición. Esto es, la parte que se 

opone debe proveer evidencia sustancial de los hechos materiales 

que están en disputa. León Torres v. Rivera Lebrón, 204 DPR 20 

(2020). El hecho de no oponerse a la solicitud 

de sentencia sumaria no implica necesariamente que ésta proceda 
KLAN202300718 Página 9 de 14

si existe una controversia legítima sobre un hecho material. Sin 

embargo, el demandante no puede descansar en las aseveraciones 

generales de su demanda, “sino que, a tenor con la Regla 36.5, 

estará obligada a ‘demostrar que [tiene] prueba para sustanciar sus 

alegaciones'”. La Regla 36.5 de Procedimiento Civil, dispone que de 

no producirse por parte del opositor una exposición de hechos 

materiales bajo juramento, deberá dictarse sentencia sumaria en su 

contra. 32 LPRA Ap. V, R. 36.5; Ramos Pérez v. Univisión, supra, 

págs. 215-216. (Citas omitidas.)

La Regla 36.4 de Procedimiento Civil, establece que, si no se 

dicta sentencia sobre la totalidad del pleito, ni se concede todo el 

remedio solicitado o se deniega la moción de sentencia sumaria, y 

por tanto, es necesario celebrar juicio, será obligatorio que el 

Tribunal en su dictamen determine los hechos esenciales sobre los 

cuales no haya controversia sustancial y aquellos que sí se 

encuentran genuinamente en controversia. 32 LPRA Ap. V, R.36.4

Cónsono con lo anterior, nuestro estado de derecho le impone 

y exige al TPI, exponer los hechos materiales y esenciales que están 

en controversia, así como los que no lo están, independientemente 

de cómo resuelvan una solicitud de sentencia sumaria. Meléndez 

González v. M. Cuebas, supra, pág. 117. Al evaluar la solicitud 

de sentencia sumaria, el juzgador deberá: (1) analizar los 

documentos que acompañan la moción solicitando 

la sentencia sumaria, los incluidos con la moción en oposición y 

aquellos que obren en el expediente judicial y; (2) determinar si el 

oponente controvirtió algún hecho material o si hay alegaciones de 

la demanda que no han sido controvertidas o refutadas en forma 

alguna por los documentos. PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 

DPR 881, 913-914 (1994).

Por último, en Meléndez González v. M. Cuebas, supra, el 

Tribunal Supremo estableció el estándar de revisión que debe 
KLAN202300718 Página 10 de 14

utilizar este foro apelativo intermedio al revisar denegatorias o 

concesiones de mociones de sentencia sumaria. Conforme a ello, 

debemos utilizar los mismos criterios que los tribunales de primera 

instancia al determinar si procede dictar sumariamente una

sentencia. En esta tarea sólo podemos considerar los documentos 

que se presentaron ante el foro de primera instancia y determinar si 

existe o no alguna controversia genuina de hechos pertinentes y 

esenciales, y si el derecho se aplicó de forma correcta. La tarea de 

adjudicar los hechos relevantes y esenciales en disputa le 

corresponde únicamente al foro de primera instancia en el ejercicio 

de su sana discreción. Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 334 (2004). 

Finalmente, debemos revisar de novo si el Tribunal de Primera 

Instancia aplicó correctamente el derecho a la controversia. 

Meléndez González v. M. Cuebas, supra, pág. 119.

III.

En su único señalamiento de error, el señor Rodríguez Rivera 

aduce que el TPI abusó de su discreción al emitir la Sentencia 

Sumaria apelada sin llevar a cabo una inspección ocular, y al ignorar 

que existía controversia sobre los hechos medulares del caso. Según 

el señor Rodríguez Rivera, aún existe controversia en cuanto a la 

titularidad del terreno en controversia, el cual solo puede dilucidarse 

en un juicio plenario, a través de la presentación de prueba. Enfatiza 

que, de haberse llevado a cabo el juicio en su fondo, éste podría 

haber establecido cada uno de los elementos requeridos para 

adquirir la titularidad del predio mediante prescripción adquisitiva. 

Por su parte, la Sucesión González Rodríguez alega que el 

señor Rodríguez Rivera ha provocado dilaciones en el proceso para 

poder operar un negocio de aparcamiento de lanchas y reparación 

de motores náuticos, sin contar con algún permiso que le autorice a 

ello. Además, aduce que de la mensura realizada por el agrimensor 

Sierra, surge claramente que el predio invadido, localizado en la 
KLAN202300718 Página 11 de 14

colindancia sur de la finca 15,072, la cual es propiedad del señor 

Rodríguez Rivera, tiene una mensura de 3,652.0857 metros 

cuadrados y que el referido predio es parte de la finca 13,992, El 

Salitral, la cual es propiedad de la Sucesión. A su vez, alega que el 

apelante no ha logrado presentar prueba en el foro primario que 

contravenga la mensura realizada por el agrimensor Sierra. 

Surge del expediente que la Sucesión González Rodríguez 

solicitó el deslinde, la reivindicación y la devolución de un predio de 

terreno de 3,652.0857 metros cuadrados, el cual colinda por el norte 

con la finca 15,072 (propiedad del apelante) y por el sur con el Mar 

Caribe. La solicitud se acompañó de un plano de mensura realizado 

por un agrimensor, en el cual se delimitó el área de cada una de las 

fincas. 

Durante el proceso, surgió una confusión en cuanto a la 

porción del terreno que está en controversia, pues el señor 

Rodríguez Rivera alegaba que pertenecía al Departamento de 

Recursos Naturales y Ambientales (DRNA). Sin embargo, el DRNA 

compareció al pleito mediante Moción Informativa en donde aseguró 

que no era dueño del predio invadido el cual localizaba al sur de la 

Finca 15,072, la cual pertenece al señor Rodríguez Rivera.

Surge también del expediente, que el TPI nombró al 

agrimensor Rafael Díaz Ramos, quien realizó dos informes en los 

cuales concluyó que el predio objeto de controversia (el terreno con 

una cabida de 3,652.0857) es propiedad de la Sucesión González 

Rodríguez y que el señor Rodríguez Rivera lo había invadido.3

De la prueba documental presentada en el TPI, la Escritura 

Núm. 76 de Cancelación de Pagaré Hipotecario y Compraventa

(Escritura Núm. 76), suscrita el 22 de diciembre de 2003, describe 

la propiedad que fue adquirida por el Sr. Enrique Rodríguez Narváez

3 Las fechas de los informes son: 10 de diciembre de 2018 y 28 de mayo de 2019.

Véase Exhibit F de la Apelación, págs. 76-113.
KLAN202300718 Página 12 de 14

y la Sra. Myrna Iris Rivera Ortiz, por parte del Sr. Homero Droz Pérez 

y la Sra. Jeanette Bristol Ramos. La misma dispone lo siguiente: 

“RÚSTICA: Parcela marcada con el número dos de la 

manzana número uno en el plano de parcelación de la 

comunidad rural Puerto Jobos del barrio Jobos del 

término municipal de Guayama con una cabida 

superficial de mil ciento ochenta y nueve punto 

treinta y tres metros cuadrados.”

(Énfasis nuestro). 

Asimismo, la Escritura Núm. 3 sobre Compraventa y 

Constitución de Hipoteca, suscrita el 27 de marzo de 2014, también 

describe la propiedad que fue adquirida por el señor Rodríguez 

Rivera, por parte del Sr. Enrique Rodríguez Narváez y la Sra. Myrna 

Iris Rivera Ortiz. El primer renglón de la escritura describe la finca 

de la siguiente manera: 

“RÚSTICA: Parcela marcada con el número dos de la 

Manzana número uno en el plano de parcelación de la 

Comunidad Rural Puerto Jobos del Barrio Jobos del 

término municipal de Guayama, Puerto Rico, con una 

cabida superficial de Mil Ciento Ochenta y Nueve 

Punto Treinta y Tres Metros Cuadrados.”

(Énfasis nuestro). 

El señor Rodríguez Rivera aduce que en las referidas 

escrituras se sustenta su justo título sobre el bien en controversia. 

Sin embargo, no le asiste la razón. Las escrituras que el señor 

Rodríguez Rivera presentó como evidencia, solo validan que la 

posesión que éste ostenta es sobre los 1,189.33 metros cuadrados 

de su finca, la cual se describe en las referidas escrituras. En 

ninguna sección o cláusula de la escritura se hace mención de la 

titularidad de la porción de terreno en controversia a favor del señor 

Rodríguez Rivera, que consta de los 3,652.0857 metros cuadrados 

en exceso de la cabida que constituye la finca 15,072. 

En cuanto a la alegación del señor Rodríguez Rivera de que 

adquirió el terreno por prescripción adquisitiva tampoco le asiste la 

razón. Como ya expuesto anteriormente, para establecer que se ha 

adquirido la posesión mediante prescripción adquisitiva es 
KLAN202300718 Página 13 de 14

necesario cumplir con unos requisitos que expone nuestro 

ordenamiento jurídico. Los requisitos son: 

En este caso, el señor Rodríguez Rivera debía demostrar que 

poseyó el terreno en controversia por treinta años, de manera 

ininterrumpida, pacifica y en concepto de dueño para poder alegar 

que es poseedor y poder alegar la titularidad del mismo. Sin 

embargo, surge del expediente que éste adquirió la posesión del 

terreno el 27 de marzo de 2014, y a la fecha de la presentación de la 

Demanda, éste no cumplía con uno de los requisitos esenciales para 

poder levantar la alegación de su titularidad por prescripción 

adquisitiva. Además, sus padres adquirieron la propiedad para el 22 

de diciembre de 2003, por lo que aun considerando la fecha en que 

estos adquirieron la propiedad, no se cumple con el término 

requerido de treinta años para poder adquirir la posesión por 

prescripción adquisitiva. 

Establecido lo anterior, debemos recalcar que los tribunales 

apelativos no intervendrán con las determinaciones del foro apelado 

a menos que la parte que las cuestione demuestre que medió pasión, 

prejuicio, parcialidad o error manifiesto. En el caso ante nuestra 

consideración no atisbamos error en la determinación del TPI. El 

foro primario examinó la Demanda, los escritos en oposición, así 

como la sentencia sumaria presentada por la Sucesión González 

Rodríguez y la documentación sometida como parte del proceso y 

determinó que el señor Rodríguez Rivera no posee suficiente 

evidencia para demostrar que ostenta la titularidad sobre la porción 

del terreno en controversia, por medio de la prescripción 

adquisitiva.4

4 Adviértase que lo resuelto por esta Curia, no implica que hayamos determinado 

que el terreno en controversia forma parte o no y/o que invade la zona marítimo 

terrestre, pues dicha controversia no se encuentra ante nos.
KLAN202300718 Página 14 de 14

Por lo tanto, somos del criterio que el foro primario no erró, ni 

abusó de su discreción en su determinación, ni en el manejo del 

caso, por lo que procede confirmar la Sentencia Sumaria apelada.

IV.

En virtud de todo lo anteriormente expresado, confirmamos la 

Sentencia Sumaria emitida por el TPI. 

Lo acordó este Tribunal y lo certifica la Secretaría del 

Tribunal. 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones