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I Comunicaciones

Tribunal de Justicia

TRIBUNAL DE JUSTICIA

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Petición de decisión prejudicial planteada mediante resolución del Arbeitsgericht München de fecha 26 de febrero de 2004, en el asunto entre los Sres. Werner Mangold y Rüdiger Helm

(Asunto C-144/04)

(2004/C 146/01)

Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante resolución del Arbeitsgericht München, dictada el 26 de febrero de 2004, en el asunto entre los Sres. Werner Mangold y Rüdiger Helm, y recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 17 de marzo de 2004.

El Arbeitsgericht München solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre las siguientes cuestiones:

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(1)  DO L 175, p. 43.

(2)  DO L 303, p. 16.

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Recurso interpuesto el 31 de marzo de 2004 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por la República de Finlandia

(Asunto C-162/04)

(2004/C 146/02)

En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 31 de marzo de 2004 un recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas, formulado por la República de Finlandia, representada por el Sr. A. Guimaraes-Purokoski, que designa domicilio en Luxemburgo.

La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:

Con carácter principal:

Motivos y principales alegaciones

Finlandia considera que la Comisión, al aprobar la Decisión controvertida:

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(1)DO L 40, de 12.2.2004, p. 31.

(2)  Reglamento (CEE) no 3887/92 de la Comisión, de 23 de diciembre de 1992, por el que se establecen las normas de aplicación del sistema integrado de gestión y control relativo a determinados regímenes de ayudas comunitarias (DO L 391, de 31.12.1992, p. 36).

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Recurso interpuesto el 5 de abril de 2004 contra la República de Austria por la Comisión de las Comunidades Europeas

(Asunto C-168/04)

(2004/C 146/03)

En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 5 de abril de 2004 un recurso contra la República de Austria formulado por la Comisión de las Comunidades Europeas, representada por la Sra. Barbara Eggers y el Sr. Enrico Traversa, que designa domicilio en Luxemburgo.

La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:

Motivos y principales alegaciones

Las empresas de servicios establecidas en otro Estado que envían a Austria trabajadores de países terceros deben someterse a tres procedimientos de control diferentes ante tres administraciones austriacas distintas. Así, la Ausländerbeschäftigungsgesetz (Ley de empleo de los extranjeros; en lo sucesivo, «AuslBG») exige obtener una «confirmación UE de desplazamiento» que expiden las oficinas regionales del servicio de empleo, además del correspondiente visado, que impone la Fremdengesetz (Ley de extranjería; en lo sucesivo, «FrG»), expedido por los consulados competentes, y del procedimiento de notificación, destinado a controlar las condiciones de salario y trabajo, que exige la Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz (Ley de adaptación de la normativa sobre contratos laborales; en lo sucesivo, «AVRAG»).

I.   Confirmación UE de desplazamiento, con arreglo al artículo 18, apartados 12 a 167, de la AuslBG

El requisito de una confirmación UE de desplazamiento que impone el artículo 18, apartados 12 a 16, de la AuslBG produce restricciones sobre la libre prestación de servicios dentro de la Comunidad.

Exigir la confirmación UE de desplazamiento además del visado exigido por la FrG y del procedimiento de notificación con arreglo a la AVRAG no guarda proporción con los objetivos, perseguidos por la República de Austria, de combatir los abusos y proteger a los trabajadores.

1.   Prevención de abusos

La normativa austriaca viola el principio de proporcionalidad, ya que el objetivo de controlar eficazmente que se cumplan los requisitos de desplazamiento de personal en el marco de la libre prestación de servicios podría alcanzarse recurriendo a medidas menos restrictivas.

El interés justificado del Estado miembro de comprobar que se cumplen los requisitos de desplazamiento de los trabajadores de una empresa de servicios nacionales de países terceros podría quedar debidamente salvaguardado exigiendo la presentación de un visado. Cualquier control adicional, como la confirmación UE de desplazamiento de que se trata en el presente asunto, que es expedida por otro organismo de la administración, carece de justificación.

2.   Cumplimiento de las condiciones salariales y laborales.

El requisito material que impone el artículo 18, apartado 13, no 2, de la AuslBG, conforme al cual únicamente se expide la confirmación UE de desplazamiento si se cumplen las condiciones salariales y laborales austriacas exigidas por la AVRAG, también da lugar a una duplicación de controles desproporcionada.

El requisito de confirmación EU de desplazamiento y el consiguiente procedimiento no guardan proporción con el objetivo de protección de los trabajadores, puesto que la República de Austria ya dispone de instrumentos menos restrictivos.

La República de Austria ha adaptado la normativa nacional a la Directiva de desplazamientos a través de la AVRAG, que establece la posibilidad de realizar controles a posteriori con el fin de comprobar si se abonan efectivamente los salarios exigidos.

3.   Trabajadores fijos

La exigencia, impuesta por el artículo 18, apartado 3, no 1, de la AuslBG como requisito previo de la confirmación UE de desplazamiento, de una relación laboral de al menos un año de duración, o de un contrato laboral por tiempo indefinido celebrado con la empresa de servicios constituye una restricción de la libre prestación de servicios que no tiene ninguna justificación. El objetivo de combatir los abusos también puede alcanzarse a través de medidas mucho menos restrictivas.

II.   Denegación del permiso de residencia con arreglo al artículo 10, apartado 1, número 3, de la FrG

Conforme al artículo 10, apartado 1, número 3, de la FrG el permiso de residencia debe denegarse cuando el trabajador haya entrado en el país sin visado. Esta disposición impide el desplazamiento, aunque la empresa de servicios pueda demostrar a posteriori la legalidad del desplazamiento, es decir, cuando ya haya presentado la solicitud sobre cuya base un Estado miembro pueda realizar los preceptivos controles.

La denegación automática del permiso de residencia que impone el artículo 10, apartado 1, número 3, de la FrG no guarda proporción con el objetivo de control del cumplimiento de los requisitos del derecho de residencia y, por consiguiente, debe ser declarada contraria a Derecho.

La denegación automática del visado, prevista por el artículo 10, apartado 3, de la FrG para el supuesto de entrada ilegal desde un punto de vista meramente formal, restringe considerablemente la libre prestación de servicios y la hace ilusoria para algunos sectores del mercado de servicios. En el estado actual del Derecho comunitario la República Austria dispone, con los controles realizados al conceder los visados anteriores a la entrada, de un medio igualmente eficaz pero menos restrictivo para comprobar si los nacionales de terceros países entran en el país únicamente con el fin de prestar determinado servicio.

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Petición de decisión prejudicial planteada mediante resolución del VAT and Duties Tribunals, London Tribunal Centre, de fecha 2 de abril de 2004, en el asunto entre Abbey National plc (parte coadyuvante: Inscape Insvestments Ltd) y Commissioners of Customs and Excise

(Asunto C-169/04)

(2004/C 146/04)

Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante resolución del VAT and Duties Tribunals, London Tribunal Centre, de fecha 2 de abril de 2004, en el asunto entre Abbey National plc (parte coadyuvante: Inscape Insvestments Ltd) y Commissioners of Customs and Excise, dictada el 5 de abril de 2004.

El VAT and Duties Tribunals, London Tribunal Centre, solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre las siguientes cuestiones:

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(1)  Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios – Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme (DO L 145, de 13.06.1977, p. 1; EE 09/01, p. 54).

(2)  Directiva del Consejo de 20 de diciembre de 1985 (DO L 375, de 31.12.1985, p. 3).

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Recurso interpuesto el 13 de abril de 2004 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por el Reino de España

(Asunto C-175/04)

(2004/C 146/05)

En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 13 de abril de 2004 un recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado por el Reino de España, representado por Dña Lourdes Fraguas Gadea, Abogado del Estado, que designa domicilio en Luxemburgo.

La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:

Motivos y principales alegaciones:

Ayuda a la producción a favor de los transformadores de tomates:

Los servicios de la Comisión consideran que el procedimiento que se lleva a cabo en relación con el control cualitativo de los productos acabados no se ajusta al artículo 15 del Reglamento (CE) no 504/97 de la Comisión, de 19 de marzo de 1997, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 2201/96 del Consejo en lo relativo al régimen de ayuda a la producción en el sector de los productos transformados a base de frutas y hortalizas. Por consiguiente, proponen una corrección a tanto alzado del 10 % del total de los gastos efectuados en concepto de esta ayuda en el Estado miembro. No obstante, en España se realizan anualmente controles sobre la totalidad de las empresas durante toda la campaña de comercialización. Por otra parte, de acuerdo con lo establecido en el artículo 15, apartado 1, letra a), del Reglamento 504/97, sobre las empresas seleccionadas («conjunto muestra») se realiza adicionalmente el control analítico de los productos acabados que pueden ser objeto de una solicitud de ayuda, lo que no implica que el resto de las empresas hayan cometido irregularidades.

Ayuda a los productores de determinados cítricos:

Los servicios de la Comisión fundamentan la propuesta de corrección financiera en la transferencia de las cantidades contratadas entre distintos períodos de entrega. Sin embargo, en la campaña 1997/98 se produjeron en España lluvias considerablemente superiores a la media, que originaron en algunas comarcas o localidades dificultades en la recogida de fruta en variedades aptas para la recolección, así como retrasos de maduración en variedades más tardías. Estas circunstancias alteraron los calendarios de entrega que figuraban en los contratos. Las autoridades españolas invocaron desde el primer momento la aplicación de una causa de fuerza mayor. Además, en la campaña de comercialización 1997/98 no existía, para los contratos plurianuales, regulación de traspasos entre las cantidades previstas trimestralmente en el calendario. Por ello, no se pueden considerar como conductas ilícitas al no contemplarlo el Reglamento expresamente, sobre todo cuando para campañas posteriores se autorizaron transferencias de cantidades contratadas entre distintos períodos de entrega.

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(1)  Decisión 2004/136/CE de la Comisión, de 4 de febrero de 2004, por la que se excluyen de la financiación comunitaria determinados gastos efectuados por los Estados miembros con cargo a la sección de Garantía del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA) D.O. L 40, p. 31

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TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA

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Recurso interpuesto el 18 de marzo de 2004 por Railion Deutschland AG contra la Comisión de las Comunidades Europeas

(Asunto T-109/04)

(2004/C 146/06)

Lengua de procedimiento: alemán

En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 18 de marzo de 2004 un recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas por Railion Deutschland AG, con domicilio en Maguncia (Alemania), representado por H. Johlen, abogado.

La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

Motivos y principales alegaciones

La demandante es una empresa que se dedica al transporte de mercancías por ferrocarril. El recurso se dirige contra la Decisión de la Comisión por la que ésta desestima la solicitud de la República Federal de Alemania de condonar la deuda arancelaria de la demandante. La deuda arancelaria se produjo porque la demandante supuestamente transportó por ferrocarril desde la zona franca de Bremen a la zona franca de Hamburgo alcohol declarado como pintura. La demandante no alegó ningún motivo que justificara esta declaración falsa. Por último, las mercancías fueron transportadas desde Hamburgo a la República Checa con arreglo a las disposiciones vigentes.

La demandante alega, entre otras cuestiones, que la Decisión adolece de un vicio sustancial de forma al no respetar el derecho a ser oído. Si bien la demandante tuvo formalmente la posibilidad de definir su postura, ésta considera que en la Decisión denegatoria de la demandada no responde a los argumentos invocados, en sentido contrario a lo que debe desprenderse del derecho a ser oído. La Comisión no ha tomado en consideración su argumento relativo a los distintos riesgos que debe soportar una sociedad de transporte por ferrocarril o por vía marítima en una zona franca. En su Decisión, la Comisión partió de que una sociedad de transporte por ferrocarril debe recibir el mismo trato que una sociedad de transporte marítimo.

Por otra parte, la demandante expone que la Decisión vulnera el artículo 239 del Código aduanero. Deniega, invocando elementos de hecho inexactos o incompletos, la existencia de «circunstancias excepcionales». La demandante alega que se expuso a un mayor riesgo de engaño sobre la naturaleza de las mercancías que transportaba, debido a las simplificaciones administrativas derivadas del procedimiento de transporte por ferrocarril. Considera que no puede evitar que dicho riesgo le afecte ni controlarlo. En particular, expone que es prácticamente imposible comprobar el contenido de los contenedores.

Por último, alega que, al adoptar la decisión de equidad en virtud del artículo 239 del Código aduanero debe tenerse en cuenta el hecho de que las Comunidades Europeas no sufrieron ningún perjuicio económico ni se vieron expuestas a ello, puesto que el alcohol estaba destinado al mercado checo y además fue transportado a dicho país.

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Recurso interpuesto el 1 de abril de 2004 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por KM Europa Metal AG, Tréfimétaux S.A. y Europa Metalli S.p.A.

(Asunto T-127/04)

(2004/C 146/07)

Lengua de procedimiento: inglés

En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 1 de abril de 2004 un recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado por KM Europa Metal AG, con domicilio social en Osnabruck (Alemania), Tréfimétaux S.A., con domicilio social en Courbevoie Cedex (Francia), y Europa Metalli S.p.A., con domicilio social en Florencia (Italia), representadas por los Sres. M. Siragusa, A. Winckler, G. Cesare Rizza, T. Graf y M. Piergiovanni, abogados.

Las demandantes solicitan al Tribunal de Primera Instancia que:

Motivos y principales alegaciones

Mediante la Decisión impugnada, la Comisión declaró que las demandantes, entre otras empresas, infringieron los artículos 81 CE y 53, apartado 1, del Acuerdo EEE al participar en una serie de acuerdos y prácticas concertadas que afectaron al mercado del EEE de tubos de cobre industriales suministrados en bobinas. Por este motivo, la Comisión impuso una multa de 18.990.000 euros a las demandantes, a las que considera responsables solidarias.

Las demandantes no rebaten las conclusiones de la Comisión respecto a su infracción de las normas sobre la competencia vigentes en la Comunidad y en el EEE, pero sostienen que la Comisión incurrió en una serie de errores fácticos y jurídicos al calcular el importe de la multa. En primer lugar, alegan que al determinar el importe básico de la multa y al calcular la duración de la infracción, la Comisión vulneró los principios de proporcionalidad e igualdad de trato, puesto que no tuvo en cuenta el insignificante impacto que desde el punto de vista estadístico tuvieron en el mercado los acuerdos considerados, ni las variaciones en las actividades del cártel.

Las demandantes alegan, además, que la Comisión, en su valoración de la gravedad de la infracción, exageró en extremo el impacto económico de los acuerdos de que se trata, puesto que tomó en consideración el tamaño del mercado de los productos semi-terminados (tubos de cobre industriales) en vez del mercado de servicios de transformación.

Asimismo, las demandantes sostienen que la Comisión, erróneamente, no tuvo en cuenta varias circunstancias atenuantes, a saber: la limitada aplicación de los acuerdos de que se trata por las demandantes, la finalización inmediata y voluntaria de la infracción, la crisis estructural de la industria de tubos industriales y la cooperación de las demandantes con la Comisión. Alegan que el 30 % de la multa que se les impuso se basó en unas premisas fácticas erróneas y era incoherente con la práctica de la Comisión y con la jurisprudencia. Además, observan que la Comisión las discriminó ilegalmente en relación con otra sociedad, al aplicar cierta circunstancia atenuante sólo a esta última y al otorgarle un trato mucho más indulgente sin ninguna razón objetiva.

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Recurso interpuesto el 8 de abril de 2004 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por Giuseppe Caló

(Asunto T-134/04)

(2004/C 146/08)

Lengua de procedimiento: francés

En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 8 de abril de 2004 un recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado por Giuseppe Caló, con domicilio en Luxemburgo, representado por el Sr. S. Orlandi, el Sr. A. Coolen, el Sr. J.-N. Louis y el Sr. E. Marchal, abogados, que designa domicilio en Luxemburgo.

El demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

Motivos y principales alegaciones

Se asignó al demandante, funcionario de la demandada destinado a EUROSTAT como Director de la Dirección «Estadísticas sobre agricultura, medio ambiente, alimentación y regiones», un nuevo destino, conservando su puesto de trabajo, para que desempeñase las funciones de asesor principal del Director General de la Dirección General a la que se hallaba adscrito. La Comisión decidió también cubrir su antiguo puesto.

El demandante ha recurrido dichas decisiones ante el Tribunal de Primera Instancia en el marco de otro asunto (T-118/04, Caló/Comisión).

Mediante el presente recurso, el demandante impugna la decisión de nombrar a otro funcionario para su antiguo puesto e invoca, en primer lugar, los mismos motivos formulados en el asunto T-118/04. Además, alega que el candidato seleccionado no posee las cualificaciones exigidas en la convocatoria para proveer la plaza vacante de que se trata. Asimismo, aduce que este candidato participó en una reunión de los jefes de gabinete de los Comisarios en la que se decidió la provisión del puesto al que él mismo se había presentado. El demandante invoca, sobre esta base, la vulneración de los principios de transparencia, equidad e imparcialidad, así como la violación del derecho de defensa. Por último, el demandante invoca la falta total de motivación.

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Recurso interpuesto el 13 de abril de 2004 por Kurt Martin Mayer, Tilly Forstbetriebe GesmbH, Anton Volpini de Maestri y Johannes Volpini de Maestri contra la Comisión de las Comunidades Europeas

(Asunto T-137/04)

(2004/C 146/09)

Lengua de procedimiento: alemán

En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 13 de abril de 2004 un recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado por Kurt Martin Mayer, con domicilio en Eisentratten (Austria), Tilly Forstbetriebe GesmbH, con domicilio social en Treibach (Austria), el Sr. Anton Volpini de Maestri, con domicilio en Spittal/Drau (Austria) y el Sr. Johannes Volpini de Maestri, con domicilio en Seeboden (Austria), representados por el Sr. M. Schaffgotsch, abogado.

Las partes demandantes solicitan al Tribunal de Primera Instancia que:

Con carácter subsidiario, para el caso de que no se estime esta pretensión:

Con carácter subsidiario, para el caso de que no se estime esta pretensión:

Con carácter subsidiario, para el caso de que no se estime esta pretensión:

Motivos y principales alegaciones

El recurso de los demandantes se dirige contra la Decisión 2004/69/CE de la Comisión, de 22 de diciembre de 2003, por la que se adopta la lista de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica alpina. (1) Los demandantes son propietarios de explotaciones agrarias y forestales, en las que ejercen actividades propias de tales explotaciones y actividades conexas; las fincas mencionadas se incluyen entre los lugares de interés comunitario (LIC) a que se refiere la Decisión impugnada. Los demandantes alegan que la Decisión impugnada los convierte en destinatarios de normas comunitarias. Estiman que se ha vulnerado así –de forma esquemática y desproporcionada en relación con cualquier obligación de carácter social– su derecho a la propiedad, merecedor de protección en la tradición constitucional comunitaria, sin que se haya efectuado una ponderación de intereses, se hayan previsto excepciones ni se hayan establecido las correspondientes indemnizaciones (ni tan siquiera se han realizado previsiones a este respecto). De este modo, se ha incurrido en una violación del Tratado, en el sentido del artículo 230 CE, párrafo segundo, que justifica la anulación de la Decisión impugnada.

Los demandantes alegan que la Decisión impugnada es también contraria a la propia Directiva en la que se basa. (2) No se han formulado correctamente los criterios para determinar la necesaria financiación, ni se ha garantizado la coherencia de la red de lugares protegidos que exige la Directiva.

Por otro lado, los demandantes invocan que la Comisión no hizo constar expresamente en la Decisión impugnada, como debía, qué especies y hábitats, de entre los actualmente contenidos en su lista de LIC, tienen efectivamente importancia comunitaria. Por último, los demandantes señalan que, para los lugares protegidos que les atañen, se han formulado razones técnicas incorrectas para motivar la Decisión. De este modo, se han clasificado indebidamente tales lugares entre los LIC para determinadas especies y hábitats, razón por la que debe también anularse la Decisión impugnada.

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(1)DO L 14, de 21.1.2004, p. 21.

(2)  Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (DO L 206, de 22.7.1992, p. 7).

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Recurso interpuesto el 8 de abril de 2004 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por Adviesbureau Ehcon B.V.

(Asunto T-140/04)

(2004/C 146/10)

Lengua de procedimiento: neerlandés

En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 8 de abril de 2004 un recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado por Adviesbureau Ehcon B.V., con domicilio social en Reeuwijk (Países Bajos), representada por mr. M.A. Goedkoop.

Los parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

Motivos y principales alegaciones

En septiembre de 1996 la demandante se inscribió para participar en una licitación pública organizada por la Comisión para adjudicar servicios relacionados con la Directiva relativa a la calidad del agua destinada al consumo humano. (1) Sin embargo, no su candidatura no fue seleccionada.

Según la demandante, la Comisión obró sin observar la transparencia exigida en el ámbito de contratos públicos. La demandante alega que el Defensor del Pueblo Europeo, ante el que presentó una reclamación, llegó a la misma conclusión que ella.

La demandante afirma, además, que la Comisión infringió el artículo 3 de la Directiva 92/50/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de servicios. (2) Considera que la Comisión trató de forma diferente a los distintos licitadores, violando de esa forma el principio de buena administración.

Según la demandante, la Comisión infringió asimismo el artículo 12, apartado 1, de la Directiva 92/50/CEE, al no comunicar a la demandante las razones por la que no había sido seleccionada, en el plazo de 15 días tras la recepción del escrito de solicitud de tal comunicación.

La demandante afirma además que, si la Comisión hubiera observado el principio de buena administración, ella habría llegado a la fase de adjudicación. En ese caso, también habría resultado adjudicataria.

La demandante alega, por otra parte, que, conforme a los artículos 16 y 17, apartado 2, de la Directiva 92/50/CEE, la Comisión estaba obligada a enviar a la Oficina de Publicaciones de las Comunidades Europeas, un anuncio con los resultados del procedimiento de adjudicación, dentro de los cuarenta y ocho días después de la adjudicación del contrato.

La demandante señala, por último, que la Comisión intentó engañarla.

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(1)  Licitación pública - XI.D.1 (DO 1996, C 232, p. 35)

(2)  Directiva 92/50/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de servicios (DO L 209, p. 1).

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Recurso interpuesto el 9 de abril de 2004 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por el Lapin liito (Consejo Regional de Laponia), y los municipios de Enontekiö, Inari y Utsjoki y el Sr. Unto Autto, criador de renos

(Asunto T-141/04)

(2004/C 146/11)

Lengua de procedimiento: finés

En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 9 de abril de 2004 un recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado por el Lapin liito (Consejo Regional de Laponia) y los municipios de Enontekiö, Inari y Utsjoki y el Sr. Unto Autto, criador de renos, representados por el Sr. Kari Marttinen y el Profesor Pertti Eilavaara.

Las partes demandantes solicitan al Tribunal de Primera Instancia que:

Motivos y principales alegaciones

La Decisión 2004/69/CE de la Comisión, de 22 de diciembre de 2003, por la que se adopta la lista de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica alpina, se basa en unos fundamentos contrarios a Derecho, por las razones siguientes:

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III Informaciones

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(2004/C 146/12)

Última publicación del Tribunal de Justicia en el Diario Oficial de la Unión Europea

DO C 146 de 29.5.2004

Recopilación de las publicaciones anteriores

DO C 106 de 30.4.2004

DO C 94 de 17.4.2004

DO C 85 de 3.4.2004

DO C 71 de 20.3.2004

DO C 59 de 6.3.2004

DO C 47 de 21.2.2004

Estos textos se encuentran disponibles en:

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