NÚMERO IDENTIFICADOR

SEN2024______________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

Panel II

CARLA P. ESPINET CRESPO

Recurrida

 

v.

CADUCEUS HEALTH, INC.; 

FULANO DE TAL; CORPORACIÓN X

Peticionarios

KLCE202301037

Certiorari 

procedente del

Tribunal de

Primera Instancia, 

Sala de Bayamón

Caso Núm.

GB2021CV00412

Sobre:

Hostigamiento 

Sexual; Ley de 

Represalias (Ley 

Sumaria de 

Reclamaciones 

Laborales, Ley 2 

del 17 de octubre 

de 1961)

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, el Juez 

Adames Soto y la Juez Aldebol Mora

Adames Soto, Juez Ponente

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2024.

Comparece Caduceus Healthcare, Inc. y Caduceus LLC 

conjuntamente (Caduceus o peticionario), solicitando que revisemos una

Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Región Judicial 

de Bayamón (TPI), el 26 de agosto de 2023.

1 Mediante dicho dictamen el 

foro recurrido decidió denegar la Moción de Sentencia Sumaria presentada 

por Caduceus, al estimar que persistían controversias sobre hechos 

materiales que corresponden ser dilucidadas en juicio plenario.

Adelantamos que, habiendo examinado el escrito presentado por el 

peticionario, junto a la documentación pertinente que forma parte de su

apéndice, decidimos denegar la expedición del auto de certiorari.

1 Notificada el 27 de junio de 2023.
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I. Resumen del tracto procesal 

El 21 de junio de 2021, la señora Carla P. Espinet Crespo, (la señora

Espinet o la recurrida), presentó una Querella en contra de Caduceus,

esgrimiendo presuntas lesiones a sus derechos laborales, acogiéndose al 

procedimiento sumario establecido por la Ley de Procedimiento Sumario de 

Reclamaciones Laborales, Ley Núm. 2 de 17 de octubre de1961, (Ley Núm. 

2). Con precisión, la promovente se amparó en las siguientes disposiciones 

legales para sustentar su petitorio: (1) despido injustificado, la Ley de 

Indemnización por Despido sin Justa Causa, Ley Núm. 80 del 30 de mayo 

de 1976, (Ley Núm. 80); (2) hostigamiento sexual, Ley para prohibir el 

Hostigamiento Sexual en el Empleo, Ley Núm. 17 del 22 de abril de 1988

(Ley Núm. 17) y; (3) represalias, Ley de Represalias contra el Empleado por 

Ofrecer Testimonio, Ley Núm. 115 de 20 de diciembre de 1991, (Ley Núm. 

115). 

En la acción incoada la recurrida alegó haber comenzado a trabajar 

en Caduceus el 27 de octubre de 2020 y que, a solo dos semanas de haber 

iniciado labores allí, comenzó a notar conductas impropias por parte del 

presidente de la corporación, Carlos López (el señor López), demostrando

este un interés personal por ella. Señaló, entre otras, que el señor López

no tenía control de sus comentarios, gestos y movidas, constantemente se 

situaba de pie detrás de su silla y la tocaba, apretaba sus hombros, olía y 

tocaba su cabello y hacía comentarios de halagos a su trasero, pechos, 

ojos y labios. Afirmó que tales conductas ocasionaron que se sintiera 

incómoda, ofendida y atacada como profesional, al entender que la razón

de su contratación había sido por interés sexual, no atribuible a su 

profesionalismo. Añadió, que esta conducta se extendió a viajes de trabajo,

comentarios en frente de otros funcionarios de la corporación, empleadas 

de Recursos Humanos y hasta preguntarle si podría ser su amante o sugar 

daddy.
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En la demanda también se incluyó que, el 24 de mayo de 2021, la

vicepresidenta de Recursos Humanos de la Oficina de Atlanta, Georgia, 

Yen Freznel, citó a una reunión a la recurrida, esto luego de que 

compañeros de trabajo escucharan comentarios del señor López hacia ella. 

En consecuencia, el 26 de mayo de 2021, se celebró una reunión formal, 

en la cual el señor López le pidió disculpas a la recurrida por su conducta.

Pasados once días de celebrada dicha reunión, el 8 de junio de 2021,

la recurrida fue despedida por una alegada reducción de personal. Es a 

partir de las alegaciones descritas que la recurrida instó la demanda bajo 

discusión, solicitando ser indemnizada, bajo los estatutos labores 

aludidos.

A raíz de ello, Caduceus presentó su Contestación a la Querella.

Luego de negar y/o admitir varias de las alegaciones contenidas en la 

demanda, el peticionario esgrimió como defensas afirmativas, entre otras,

que la cesantía de la recurrida se debió a no haber cumplido con unas 

condiciones principales de su contrato de empleo, referente a lograr la 

obtención de una propuesta importante, lo que provocó pérdidas

económicas severas para la empresa. Es decir, el peticionario alzó como 

defensa que el despido de la recurrida no se debió a acto discriminatorio 

alguno, hostigamiento sexual y/o represalias, sino a causas justificadas.

Con posterioridad, el peticionario presentó Moción en Solicitud de 

Conversión de Querella al Procedimiento Ordinario. Presentado escrito en

oposición por la recurrida, el foro primario emitió Orden, notificada el 3 de 

agosto de 2021, accediendo a la petición de Caduceus, por tanto, 

disponiendo que el pleito se continuara tramitando bajo el procedimiento 

ordinario. 

Luego de varios tramites procesales, y concluido el descubrimiento

de prueba, el peticionario presentó una Solicitud de Sentencia Sumaria.

Luego de proponer en dicha moción ciento cuarenta y dos hechos

materiales como incontrovertidos, junto a la prueba documental que 
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presuntamente los sustentaban, el peticionario pasó a explicar las razones 

por las cuales la cesantía de la recurrida fue justificada, por tanto, no 

producto de algún discrimen. En particular, sostuvo que las condiciones 

financieras del conglomerado corporativo se encontraban en un estado 

crítico, inclusive para la viabilidad de acceder al financiamiento de sus 

operaciones y que, por tales razones económicas, se había tomado la 

decisión de despedir a la señora Espinet. Sostuvo que la empresa competía 

por contratos de servicios a través de diversas agencias federales, pero, por 

un error en los documentos de acreditación sometidos por su equipo 

gerencial, le fueron cancelados el noventa por ciento de sus contratos, 

disminuyendo su facturación de cuarenta millones de dólares, a ocho 

millones de dólares. Añadió que, aunque luego se recuperó

económicamente en alguna medida, no fue suficiente para enfrentar los 

gastos que tenía, por lo que se estableció una estrategia de mitigación, que 

incluyó el despido de empleados. Esgrimió, además, que la recurrida no 

tenía prueba para demostrar las alegaciones de hostigamiento sexual,

pues contaba solamente con su propio testimonio, y los hechos 

demostraban que la relación del señor López con la recurrida era más bien

de estrecha amistad. 

En respuesta, la recurrida presentó su Oposición a Moción de 

Sentencia Sumaria. En lo pertinente, enumeró los hechos que Caduceus

había identificado como incontrovertibles, aceptando o clarificando 

algunos, y oponiéndose a otros, para los cuales identificó evidencia 

documental con tal propósito. Entonces, luego de exponer el derecho que 

juzgaba procedente, arguyó que no debía desestimarse la demanda 

presentada pues había quedado establecido un caso prima facie de 

despido injustificado, y Caduceus no presentó la prueba que sustentara la 

alegada necesidad de reorganización y eliminación de plazas. Señaló que

de los hechos del caso surgía que su despido se realizó de una manera

altamente sospechosa, pues aconteció pasados pocos días desde que el 
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señor López se reuniera con esta para disculparse. Además, indicó como

un hecho pertinente a la controversia que todas las empleadas que fueron

despedidas junto a la recurrida, fueron empleadas nuevamente por 

Caduceus, menos esta última.

Examinados los escritos de las partes, el TPI emitió la Resolución

cuya revocación nos solicita el peticionario, denegando la petición de 

sentencia sumaria. Entendió el foro primario que, a pesar del peticionario

haber incluido una lista de ciento cuarenta y dos hechos como 

incontrovertidos, la mayoría de estos eran irrelevantes a la controversia, 

repetidos o no demostraban lo alegado. En cuanto a la defensa sobre la 

presunta situación económica delicada del peticionario, advirtió que no 

toda situación económica de una empresa da pie a un despido. Con

relación a las alegaciones de hostigamiento sexual, llamó la atención al 

hecho de que tal conducta se da generalmente en privado, por lo que el 

tribunal debe sopesar los testimonios de las partes para entonces efectuar 

el juicio de credibilidad que le merezca, siendo en muchas ocasiones las 

partes las únicas envueltas en el asunto. En definitiva, el foro recurrido

determinó que no procedía conceder el remedio sumario solicitado por el 

peticionario, pues se encontraban en controversia los siguientes hechos:

(1) las razones por la cual fue despedida la señora Espinet, (2) si el despido 

de la señora Espinet fue justificado; (3) si la señora Espinet fue objeto de 

hostigamiento sexual y represalias. 

Inconforme, Caduceus presentó Moción de Reconsideración, que fue 

denegada.

Es así como el peticionario acude ante nosotros, mediante recurso 

de certiorari, esgrimiendo los siguientes errores: 

PRIMER ERROR: ERR[Ó] EL HONORABLE TRIBUNAL DE 

PRIMERA INSTANCIA AL NO DESESTIMAR SUMARIAMENTE 

LA TOTALIDAD DE LAS CAUSAS DE ACCI[Ó]N A PESAR LA 

CLARA PRUEBA INCONTROVERTIDA QUE SOSTIENE LA 

DEFENSA AFIRMATIVA DE JUSTA CAUSA BAJO EL PALIO 

DE LOS ARTICULOS 2(e) y (f) DE LA LEY NUM. 80 DEL 30 DE 

MAYO DE 1976 Y EL CASO NORMATIVO SEGARRA RIVERA 
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V. INTERNATIONAL SHIPPING 2022 TSPR 31 DEL 23 DE 

MARZO DE 2023.

SEGUNDO ERROR: ERR[Ó] EL HONORABLE TRIBUNAL DE 

PRIMERA INSTANCIA AL NO DESESTIMAR LAS 

ALEGACIONES POR HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y 

REPRESALIAS EN EL EMPLEO A PESAR DE QUE LA 

DEMANDANTE NO CUENTA CON PRUEBA ADMISIBLE PARA 

CONTROVERTIR LA JUSTA CAUSA DE DESPIDO 

ARTICULADA Y SOSTENIDA POR PRUEBA ADMISIBLE. 

Concedido término a la parte recurrida para presentar su postura,

esta compareció sometiendo Alegato de la Parte Querellante Recurrida.

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, estamos en 

posición de resolver. 

II. Exposición de Derecho

A. La Sentencia Sumaria

El propósito de las Reglas de Procedimiento Civil es proveer a las 

partes que acuden a un tribunal una “solución justa, rápida y económica 

de todo procedimiento”. 32 LPRA Ap. V, R.1; González Santiago v. Baxter 

Healthcare, 202 DPR 281, 290 (2019); Roldan Flores v. M. Cuebas et 

al., 199 DPR 664, 676 (2018); Rodríguez Méndez et al. v. Laser Eye, 195 

DPR 769, 785 (2016), Oriental Bank v. Perapi et al., 192 DPR 7, 25 (2014). 

Procede dictar sentencia sumaria si “las alegaciones, deposiciones, 

contestaciones a interrogatorios y admisiones ofrecidas, en unión a las 

declaraciones juradas y alguna otra evidencia si las hubiere, acreditan la 

inexistencia de una controversia real y sustancial respecto a algún hecho

esencial y pertinente y, además, si el derecho aplicable así lo 

justifica”. González Santiago v. Baxter Healthcare, supra; Roldan Flores v. 

M. Cuebas et al., supra; Lugo Montalvo v. Sol Meliá Vacation, 194 DPR 209, 

225 (2015), SLG Zapata-Rivera v. J. F. Montalvo, 189 DPR 414, 430 

(2013).

A tenor, este mecanismo está disponible para la disposición de 

reclamaciones que contengan elementos subjetivos únicamente cuando no 

existan controversias de hechos esenciales y pertinentes. Rodríguez García 
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v. UCA, 200 DPR 929, 940 (2018), Velázquez Ortiz v. Mun. De Humacao, 

197 DPR 656, 661 (2017), Reyes Sánchez v. Eaton Electrical, 189 DPR 586, 

594-595 (2013), Const. José Carro v. Mun. de Dorado, 186 DPR 113, 129

(2012). De lo que se sigue que “la mera existencia de una controversia de 

hecho es suficiente para derrotar una moción de sentencia sumaria ... 

cuando causa en el tribunal una duda real y sustancial sobre algún hecho 

relevante y pertinente”. Pepsi-Cola v. Mun. Cidra et al., 186 DPR 713, 756 

(2012). 

Por otra parte, es esencial reconocer que la Regla 36 de las de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.36, establece de manera específica 

los requisitos de forma con los que debe cumplir la parte que promueve la 

moción de sentencia sumaria, así como la parte que se opone a ella. En lo 

pertinente, la parte promovente debe exponer un listado de hechos no 

controvertidos, desglosándolos en párrafos debidamente numerados y, 

para cada uno de ellos, especificar la página o el párrafo de la declaración 

jurada u otra prueba admisible que lo apoya. A su vez, la parte que se 

opone a la moción de sentencia sumaria está obligada a citar 

específicamente los párrafos según enumerados por el promovente que 

entiende están en controversia y, para cada uno de los que pretende 

controvertir, detallar la evidencia admisible que sostiene su impugnación 

con cita a la página o sección pertinente. Meléndez González et al. v. M. 

Cuebas, 193 DPR 100,137 (2015).

A. Función revisora del foro apelativo con respecto a la sentencia 

sumaria dictada por el foro primario

En el caso de revisar sentencias del Tribunal de Primera Instancia 

dictadas mediante el mecanismo de sentencias sumarias o resolución que 

deniega su aplicación, este Tribunal de Apelaciones se encuentra en la 

misma posición que el tribunal inferior para evaluar su procedencia.

Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra. Los criterios a seguir por 

este foro intermedio al atender la revisión de una sentencia sumaria 
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dictada por el foro primario han sido enumerados con exactitud por 

nuestro Tribunal Supremo. Íd. A tenor, el Tribunal de Apelaciones debe: 

1) examinar de novo el expediente y aplicar los criterios que la 

Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y la jurisprudencia 

le exigen al foro primario; 

2) revisar que tanto la moción de sentencia sumaria como su 

oposición cumplan con los requisitos de forma 

codificados en la referida Regla 36, supra; 

3) revisar si en realidad existen hechos materiales en 

controversia y, de haberlos, cumplir con la exigencia de la 

Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, de

exponer concretamente cuáles hechos materiales encontró 

que están en controversia y cuáles están incontrovertidos; 

4) y de encontrar que los hechos materiales realmente están 

incontrovertidos, debe proceder a revisar de novo si el 

Tribunal de Primera Instancia aplicó correctamente el 

Derecho a la controversia.

Además, al revisar la determinación del TPI respecto a una sentencia 

sumaria, estamos limitados de dos maneras; (1) solo podemos considerar 

los documentos que se presentaron ante el foro de primera instancia, (2) 

solo podemos determinar si existe o no alguna controversia genuina de 

hechos materiales y esenciales, y si el derecho se aplicó de forma correcta.

Meléndez González, et al. v. M. Cuebas, supra. El primer punto se enfoca 

en que las partes que recurren a un foro apelativo no pueden litigar 

asuntos que no fueron traídos a la atención del foro de instancia. Mientras 

que el segundo limita la facultad del foro apelativo a revisar si en el caso 

ante su consideración existen controversias reales en cuanto a los hechos 

materiales, pero no puede adjudicarlos. Íd. en la pág. 115. También, se ha 

aclarado que al foro apelativo le es vedado adjudicar los hechos materiales 

esenciales en disputa, porque dicha tarea le corresponde al foro de 

primera instancia. Vera v. Bravo, 161 DPR 308, 335 (2004).

B. Certiorari

El auto de certiorari permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar 

las determinaciones de un tribunal inferior. 800 Ponce de León Corp. v. 

American International Insurance, 205 DPR 163, 174 (2020); Municipio 
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Autónomo de Caguas v. JRO Construction, 201 DPR 703, 710 (2019); 

Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC., 194 DPR 723, 728 (2016). Es, 

en esencia, un recurso extraordinario mediante el cual se solicita al 

tribunal de superior jerarquía la corrección de un error cometido por el 

tribunal inferior. García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). La expedición 

del auto descansa en la sana discreción del tribunal, y encuentra su 

característica distintiva, precisamente, en la discreción encomendada al 

tribunal revisor para autorizar su expedición y adjudicar sus méritos. 

Municipio Autónomo de Caguas v. JRO Construction, supra, pág. 711. El 

concepto discreción implica la facultad de elegir entre diversas opciones.

IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012). Claro, la discreción 

judicial no es irrestricta y ha sido definida como una forma de 

razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una 

conclusión justiciera. Municipio Autónomo de Caguas v. JRO Construction, 

supra, págs. 711-712; Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001).

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52, 

establece, en lo pertinente, que el recurso de certiorari para revisar 

resoluciones u órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera 

Instancia, será expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando se recurre 

de la denegatoria de una moción de carácter dispositivo.

III. Aplicación del Derecho a los hechos

a.

Según ya se ha indicado, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, 

nos autoriza a revisar determinaciones interlocutorias provenientes del 

foro primario, cuando este deniega la concesión de una moción dispositiva. 

La denegatoria de una moción de sentencia sumaria, como es el dictamen 

cuya revocación nos solicita el peticionario, se encuentra concebida dentro 

de las instancias en que se nos permite intervenir con un asunto

interlocutorio, por lo tanto, estamos facultados para, de ejercer nuestra 

discreción, expedir el auto solicitado.
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b.

Cabe reiterar, entonces, que la revisión por este Foro intermedio de

una denegatoria de moción de sentencia sumaria acontece de novo, lo que 

nos requiere, en primer lugar, examinar si las partes cumplieron con las 

formalidades que exige la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, para 

entonces auscultar si subsiste algún hecho medular en controversia, y, de 

existir, verificar la corrección de la aplicación del derecho. 

Respecto al primero de tales asuntos, juzgamos que tanto la Moción 

de sentencia sumaria, como el escrito presentado en oposición a esta, 

cumplen sustancialmente con las formalidades requeridas por la regla 

procesal citada para ponernos en posición de su consideración. Al así 

concluir, hacemos referencia esencialmente a que en su moción dispositiva

el promovente incluyó una lista de hechos que entendía medulares e 

incontrovertidos, con alusión e inclusión de la prueba documental que, 

afirmó, los sustentaban, para concluir con la aplicación de derecho. Por su 

parte, en el escrito en oposición a petición de sentencia sumaria, la 

recurrida identificó cada uno de los hechos esgrimidos como

incontrovertidos por el peticionario, admitiendo algunos y cuestionando 

otros, incluyendo la prueba documental que entendía servía para 

controvertirlos, y elaborando sobre las causas por las cuales se debía

permitir dar lugar al juicio plenario y denegar la moción dispositiva 

presentada. 

Entonces, atendiendo propiamente la discusión de los

señalamientos de error esgrimidos por el peticionario en el recurso de 

certiorari, en el primero de estos dicha parte puso el acento en los 

siguientes hechos, como incontrovertidos, y que resultaban dispositivos de 

la querella presentada: (1) que los primeros cuatro meses de 2021 la 

empresa sufrió pérdidas económicas críticas; (2) que tales pérdidas 

económicas dieron lugar a establecer, entre otras medidas mitigantes, un

plan de cesantías urgente, que incluyó la eliminación de una serie de 
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puestos, entre los que se encontraba el de la recurrida. Aseveró, además, 

que la recurrida no presentó, ni cuenta, con prueba alguna que sirva para 

controvertir la situación crítica económica aludida y las medidas tomadas 

por la empresa para mitigarlas. Por tanto, solo cabía concluir que el 

despido de la recurrida fue justificado, por tales razones, no porque

hubiese intervenido algún tipo de discrimen u hostigamiento.

Sin embargo, y tal como lo apreció el foro primario, juzgamos que el

solo examen de la documentación incluida por las partes en sus 

respectivas mociones no resulta suficiente para concluir que la causa del 

despido de la recurrida fue la crisis económica, según descrita en el 

párrafo que precede. Ello por cuanto, aun partiendo para fines de la 

argumentación de que la condición de la empresa al momento del despido

sí era precaria, (advertimos que no estamos adjudicando tal hecho), como 

mínimo llama la atención que tal acción se llevará a cabo el 8 de junio de 

2021, a solo varios días de la reunión del 31 de mayo de 2021 en la cual el 

señor López se disculpó con la recurrida, por las alegaciones que esta 

levantó sobre hostigamiento sexual. En este contexto, nos resultan 

soslayables las manifestaciones de la recurrida, según recogidas en la 

deposición que se le tomó, sobre presuntas actuaciones del señor López 

dirigidas a ella, que provocaron la presentación de la querella2. Según 

citamos, el mecanismo procesal de sentencia sumaria está disponible para 

la disposición de reclamaciones que contengan elementos subjetivos 

únicamente cuando no existan controversias de hechos esenciales y 

pertinentes. Rodríguez García v. UCA, supra.

Al decir lo anterior, advertimos que de modo alguno estamos 

adjudicando la veracidad de lo narrado por la recurrida en la deposición 

que se le tomó, ni si las conductas que describió sobre el señor López 

hacia ella resultaban suficientes en derecho para sostener la causa de 

acción presentada. No estamos adjudicando lo señalado, por cuanto, 

2 Apéndice X del recurso de certiorari, págs. 1215, en adelante.
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precisamente, juzgamos que la sola lectura de la documentación incluida 

no resulta suficiente para ponernos en posición de concluir sobre la 

ausencia de hechos medulares incontrovertidos, sobre las causas del 

despido, o si acontecieron las conductas imputadas en la demanda que 

dieron lugar a la solicitud de un remedio. De lo que se sigue que, vista la 

prueba documental ante nuestra atención, concluimos que no estamos 

ante un caso susceptible de disponerse por la vía de la sentencia sumaria, 

pues, como identificó el foro a quo, hay hechos que requieren la 

presentación y valoración de la prueba testifical para ser determinados.

En cuanto al segundo error alzado, no merece mayor consideración. 

Aduce el peticionario que la recurrida carece de prueba admisible para 

controvertir la causa de despido que articuló la empresa, (la crisis 

económica). Lo cierto es que, según apuntamos en los párrafos que 

preceden, la recurrida cuenta con prueba testifical sobre los hechos 

alegados, su propio testimonio, que deberá ser valorada, junto a la demás 

prueba documental y testifical que se presente en el juicio plenario, para 

entonces poner en verdadera posición al foro primario de adjudicar la 

causa de acción presentada. 

IV. Parte dispositiva

Según se aprecia, hemos determinado denegar la expedición del 

auto de certiorari solicitado, y ordenar la devolución inmediata del asunto 

al Tribunal de Primera Instancia, para que se continúen allí los procesos. 

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica su Secretaria.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones