Número Identificador

SEN2023________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL III

EDGARDO VAN RHYN 

SOLER

Parte Recurrida 

v.

MULTINATIONAL LIFE 

INSURANCE CO.

Parte Peticionaria

KLCE202201292

Certiorari 

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de 

San Juan

Civil núm.: 

K PE2014-0524

Sobre: 

Despido 

Injustificado

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, la Juez 

Grana Martínez y el Juez Rodríguez Flores

Rodríguez Flores, Juez Ponente.

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2023.

Comparece Multinational Life Insurance Co. (Multinational) 

mediante recurso de certiorari instado el 28 de noviembre de 2022. 

Solicita que revoquemos la Sentencia Parcial emitida el 4 de 

noviembre de 2022 y notificada el 14 de noviembre de 2022, por el 

Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de San Juan. Mediante el 

referido dictamen, el TPI concluyó, de manera sumaria, que el 

Sr. Edgardo Van Rhyn Soler (Sr. Van Rhyn) renunció 

voluntariamente al puesto que ocupaba en Multinational mediante 

un acuerdo transaccional válido: Por ello, resolvió que el Sr. Van 

Rhyn no fue despedido por Multinational ni se configuró un despido 

injustificado, en la modalidad de despido constructivo. No obstante, 

el TPI coligió que la cláusula del referido acuerdo, en la que el 

Sr. Van Rhyn renunció a la mesada que establece la Ley Núm. 80, 

infra, es contraria a derecho, puesto que dicho estatuto 

expresamente reconoce el carácter irrenunciable de dicha 

indemnización. Por tanto, ordenó a las partes a estipular la cuantía 

de la mesada que le corresponde al Sr. Van Rhyn.
KLCE202201292 2

Con el beneficio de la Oposición a que se Expida Auto de 

Certiorari presentada por el Sr. Van Rhyn, expedimos el auto de 

certiorari, modificamos la Sentencia Parcial recurrida y devolvemos 

el caso al TPI para la continuación de los procedimientos acorde con 

lo aquí resuelto.

I.

El 4 de marzo de 2014, el Sr. Van Rhyn instó una querella1

por despido injustificado al amparo del procedimiento sumario 

laboral establecido en la Ley Núm. 2 del 17 de octubre de 1961, 

32 LPRA secs. 2118-3111, en contra de Multinational Life Insurance 

Co. (Multinational), antes conocida como National Life Insurance Co. 

(NALIC). El Sr. Van Rhyn alegó que trabajó para dicha empresa,

mediante contrato de empleo a tiempo indeterminado, desde el 16 de 

enero de 2006 hasta el 11 de noviembre de 2011, cuando su patrono 

lo forzó a renunciar a su puesto de trabajo mediante amenaza de 

despido y la promesa de continuar una relación de negocios que 

nunca se concretizó. 

En específico, el Sr. Van Rhyn aseveró que el presidente de 

Multinational, Sr. Tobías Carrero Nácar (Sr. Carrero Nácar) le 

informó que, si no presentaba su renuncia al puesto que ocupaba 

en Multinational, se vería en la obligación de despedirlo. Ante ello,

y ante la presunta solicitud del Sr. Carrero Nácar, el 10 de 

noviembre de 2011, el Sr. Van Rhyn firmó un Acuerdo y Relevo 

General2 con Multinational, mediante el cual renunció a su puesto

en la empresa - efectivo al 11 de noviembre de 2011 - y relevó a su 

patrono de cualquier reclamación que pudiera tener en su contra, a 

cambio de la suma de $164,913.95 por concepto de salarios y demás 

beneficios acumulados como empleado, sin “ningún descuento legal 

conforme a las disposiciones de la Ley #80 del 30 de mayo de 1976, 

1 Apéndice del recurso, págs. 25-28.

2 Íd., págs. 167-177.
KLCE202201292 3

según enmendada”3. Acorde con ello, en la cláusula número diez 

(10) del referido acuerdo, el Sr. Van Rhyn se comprometió a no 

presentar reclamación, causa de acción o remedio al que tuviera 

derecho al amparo de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, 

29 LPRA secs. 185a-185n, sobre despido injustificado.

En su querella, el Sr. Van Rhyn explicó que firmó el referido 

acuerdo porque Multinational le ofreció continuar la relación de 

negocios entre las partes, consistente en que el Sr. Van Rhyn 

recibiría $15,000.00 a cambio de la prestación de servicios de 

consultoría. Sin embargo, la relación de negocios entre las partes no 

continuó. Así, el Sr. Van Rhyn planteó una presunta violación a la 

Ley Núm. 80, supra, en la modalidad de despido constructivo, 

alegando que su patrono solapó su despido con una terminación de 

empleo mediante renuncia voluntaria. Asimismo, señaló que, siendo 

el pago de la mesada un derecho irrenunciable, la cláusula del 

Acuerdo y Relevo General en la que renunció a dicha compensación 

era nula. De tal forma, solicitó una compensación por concepto de 

mesada, ascendente a $381,490.00, más una suma no menor al 

25% de la cuantía concedida, en honorarios de abogado.

Oportunamente, Multinational presentó su contestación a la 

querella.4 Sostuvo que las alegaciones de la demanda no 

configuraban un despido constructivo, debido a que el Sr. Van Rhyn 

no fue forzado a renunciar, sino que, luego de negociar el Acuerdo y 

Relevo General, éste renunció libre y voluntariamente a su empleo. 

Además, relevó a su patrono de cualquier reclamación que pudiera 

tener en su contra, incluyendo la causa de acción incoada. 

Asimismo, afirmó que el referido acuerdo no estaba condicionado al 

cumplimiento de promesas económicas, más allá de aquellas 

contenidas en sus propias cláusulas. 

3 Íd., pág. 169.

4 Íd., págs. 29-42.
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En la alternativa, Multinational señaló que, de haber acaecido 

un despido, lo cual negó, éste estuvo justificado, al amparo de las 

defensas afirmativas presentadas, tales como que las medidas 

tomadas estuvieron enmarcadas dentro del interés de asegurar el 

buen y normal funcionamiento de la empresa, razones legítimas de 

negocio y la reestructuración y reorganización de ciertas plazas de 

la empresa. Por consiguiente, concluyó que el Sr. Van Rhyn no tenía 

derecho a indemnización alguna por concepto de despido 

injustificado. Por último, Multinational solicitó la conversión del 

trámite sumario a ordinario y, para la eventualidad de que el 

tribunal lo autorizara, incluyó una reconvención.

En la conferencia inicial el TPI denegó convertir el caso al 

trámite ordinario y no autorizó la reconvención. Sin embargo, 

permitió un descubrimiento de prueba más amplio del que provee la 

Ley Núm. 2, supra. En dicha vista, las partes presentaron el Informe 

de Manejo del Caso.5 

Luego, en una vista sobre el estado de los procedimientos del 

caso, las partes informaron haber completado el descubrimiento de 

prueba. Posteriormente, el 29 de abril de 2022, las partes 

presentaron el Informe Enmendado sobre Conferencia con Antelación 

a Juicio.6 En éste, presentaron estipulaciones de hechos, 

documentos y asuntos sobre los cuales no existía controversia.7 El 

5 Véase, Minuta Resolución notificada el 12 de septiembre de 2014. Apéndice del 

recurso, págs. 43-47.

6 Íd., págs. 70-98.

7 En específico, las partes estipularon los siguientes hechos: (1) El Querellante 

trabajó para NALIC [National Life Insurance Company] durante más de cinco (5) 

años, mediante contrato de empleo a tiempo indeterminado; (2) Para el 26 de abril 

de 2007, el Querellante fue nombrado Presidente de NALIC hoy MLIC 

[Multinational Life Insurance Company]; (3) El 10 de noviembre de 2011, Van 

Rhyn y NALIC, hoy MLIC, a través del Sr. Tobías Carrero Nácar, firmaron un 

Acuerdo y Relevo General; (4) El 10 de noviembre de 2011, el mismo día que el 

Querellante firmó el Acuerdo y Relevo General, el Querellante y MIC [Multinational 

Insurance Company], a través del Sr. Tobías Carrero Nácar, firmaron un Contrato 

de Servicios Profesionales y de Confidencialidad; (5) Multinational Life Insurance 

Company (“Multinational Life”) es una aseguradora debidamente [organizada] por 

la Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico (de ahora en adelante, OSC), 

para la venta de seguros de salud, vida e incapacidad; (6) Multinational Life operó 

durante varias décadas bajo el nombre de National Life Insurance Company 

(NALIC). Para el 11 de noviembre de 2011 solicitó a la OSC cambiar el nombre por 

el de Multinational Life Insurance Company. El 14 de diciembre de 2011la OSC 
KLCE202201292 5

TPI aceptó el informe, excluyendo las notas no autorizadas durante 

las vistas en que se discutió el mismo y las reservas sobre nuevos 

testigos o prueba documental.8

Así las cosas, el 10 de junio de 2022, se presentó la Solicitud 

de Sentencia Sumaria por Multinational Life.

9 Alegó que no existía 

controversia sobre los hechos materiales del caso, por lo que 

solamente restaba aplicar el derecho y dictar sentencia sumaria a 

su favor desestimando la demanda por carecer de una reclamación 

que justificara la concesión de algún remedio. Multinational 

propuso 77 hechos incontrovertidos en los que, en síntesis, arguyó 

que el Sr. Van Rhyn había renunciado libre y voluntariamente a la 

empresa al suscribir el Acuerdo y Relevo General, por lo que no podía 

concluirse que éste fue despedido de su empleo. Añadió que, en 

dicho acuerdo, el Sr. Van Rhyn también expresamente había 

renunciado a cualquier reclamación que tuviera en contra de su 

patrono. Adujo que el Acuerdo y Relevo General constituía una 

transacción válida que impedía que el Sr. Van Rhyn instara la 

presente acción civil. 

En cuanto al planteamiento de nulidad de la renuncia a la 

mesada, Multinational argumentó que las alegaciones y la prueba 

documental no establecían la ocurrencia de un despido, por lo cual, 

resultaba improcedente en derecho proveer para el pago de la 

mesada que establece la Ley Núm. 80 sobre despido injustificado.10 

autorizó formalmente ese cambio de nombre; (7) El querellante trabajó para la 

empresa querellada desde el 16 de enero de 2006. Empezó como vicepresidente 

ejecutivo senior, ocupó los puestos de presidente de NALIC y principal oficial 

ejecutivo y la fecha de terminación del empleo fue el 11 de noviembre de 2011. 

Igualmente, las partes estipularon como exhibit conjunto el Acuerdo y Relevo 

General del 10 de noviembre de 2011. No obstante, solamente se estipuló la 

autenticidad, y no así el contenido, del Contrato de Servicios Profesionales y de 

Confidencialidad del 10 de noviembre de 2011, el Reconocimiento de Empleo de 

6 de mayo de 2011 y la carta de terminación de empleo del 10 de noviembre de 

2011 suscrita por la Sra. Janet Ramos. Íd., págs. 74-75.

8 Véase, Orden. Íd., pág. 101.

9 Íd., págs. 103-137.

10 En apoyo a la solicitud de sentencia sumaria, Multinational acompañó los 

siguientes documentos: (1) contestación a demanda y reconvención del caso núm. 

K AC2012-0306; (2) contestación enmendada a demanda y reconvención 

enmendada del caso núm. K AC2012-0306; (3) Acuerdo y Relevo General el 10 de 

noviembre de 2011; (4) carta de renuncia del 11 de noviembre de 2011; (5) 
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El 12 de julio de 2022, el Sr. Van Rhyn presentó su Moción en 

Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria.

11 Señaló que los hechos 

incontrovertidos propuestos por Multinational eran impertinentes y 

no esenciales a las controversias planteadas. No obstante, el Sr. Van 

Rhyn refutó cada hecho propuesto por Multinational. Afirmó que 

existía controversia respecto a su voluntariedad para suscribir el 

Acuerdo y Relevo General, puesto que lo firmó bajo coacción 

mediante amenaza de despido y consideraciones económicas que 

nunca se cumplieron.

En su moción en oposición, el Sr. Van Rhyn propuso otros 46 

hechos que, a su juicio, ameritaban que se dictara sentencia 

sumaria a su favor en la que se declarara con lugar la querella sobre 

despido injustificado y la reclamación de mesada. Planteó que los 

hechos por él propuestos establecían que su renuncia fue forzada, 

lo que equivale a un despido cobijado por la presunción de que 

estuvo injustificado. Añadió que Multinational no rebatió la referida 

presunción, por lo que le correspondía pagar la correspondiente 

mesada. Por último, y ante el carácter irrenunciable del derecho a 

la mesada que provee la Ley Núm. 80, el Sr. Van Rhyn solicitó que 

se declarara la nula su renuncia a tal derecho y, consecuentemente, 

se le concediera el remedio de la mesada.12

En su Réplica a Oposición a Sentencia Sumaria13, 

Multinational arguyó que, conforme al Acuerdo y Relevo General, le 

había pagado al Sr. Van Rhyn beneficios a los que no tenía derecho 

por haber sido un empleado exento. Reiteró que el Sr. Van Rhyn 

cheques 8985 y 8987; (6) contrato de servicios profesionales y de confidencialidad

del 10 de noviembre de 2011; (7) carta de Multinational del 10 de noviembre de 

2011; (8) orden de la Oficina del Comisionado de Seguros del 18 de diciembre de 

2011; (9) Resolución de la Oficina del Comisionado de Seguros del 7 de febrero de 

2012; (10) Orden de la Oficina del Comisionado de Seguros del 27 de febrero de 

2012; (11) Orden de la Oficina del Comisionado de Seguros del 27 de marzo de 

2012; (12) transcripción de la deposición del Sr. Van Rhyn; (13) declaración jurada 

del Lcdo. Carlos Iguina Oharriz. Íd., págs. 138-263.

11 Íd., págs. 271-341.

12 La moción en oposición a la solicitud de sentencia sumaria fue acompañada 

con documentos en apoyo. Íd., págs. 342-816.

13 Íd., págs. 826-864.
KLCE202201292 7

había firmado el referido acuerdo de forma voluntaria, razón por la 

cual no ocurrió un despido y, por tanto, tampoco controversia 

alguna que dirimir respecto al pago de la mesada.

14

Por su parte, el Sr. Van Rhyn, en su Dúplica a Réplica a 

Oposición a Moción de Sentencia Sumaria15, insistió que existía 

controversia en torno a las circunstancias y razones que culminaron 

en la terminación de su empleo.

Posteriormente, el 23 de septiembre de 2022, las partes 

presentaron una Moción Conjunta en Cumplimiento de Orden16, 

mediante la cual estipularon 14 hechos materiales sobre los cuales 

no existía controversia.17

14 Mediante Solicitud de Autorización para Presentar el Presente Escrito en donde 

Surge Información Crucial y Bien Reciente de la cual este Tribunal Debe Advenir en 

Conocimiento, y; a los Efectos de que se Tome Conocimiento Judicial del Dictamen 

Desestimatorio Emitido en el Caso Civil KAC-2012-0306 que Incide y se Relaciona 

Directamente con las Alegaciones del Caso de Epígrafe, Multinational anejó la 

Resolución emitida el 13 se septiembre de 2022, y notificada el 15 de septiembre 

de 2022, en el caso KAC2006-0306, en la que el TPI desestimó las alegaciones 

número 3.7 a 3.17, 3.21, 3.23 a 3.25, 3.27, 3.33, 3.41 a 3.46, y 3.49 (i) y (iii) de 

la segunda reconvención enmendada incoada por el Sr. Van Rhyn, en las que 

planteó su derecho constitucional a la intimidad ante el reclamo de mal manejo 

de fondos corporativos que presentó Multinational en su contra. Íd., págs. 879-

888.

15 Íd., págs. 865-872.

16 Íd., págs. 876-878.

17 En específico estipularon: (1) El querellante, Sr. Edgardo Van Rhyn Soler, es 

mayor de edad, casado y residente de San Juan; Puerto Rico; (2) Multinational 

Life Insurance Company (“Multinational Life”) es una aseguradora debidamente 

organizada por la Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico (de ahora 

en adelante OCS), para la venta de seguros de salud vida e incapacidad; (3) 

Multinational Life operó durante varias décadas bajo el nombre de National Life 

Insurance Company (NALIC). Para el 11 de noviembre de 2011 solicitó a la OCS

cambiar el nombre por el de Multinational Life Insurance Company. El 14 de 

diciembre de 2011la OCS autorizó formalmente ese cambio de nombre; (4) El 

Querellante trabajó para NALIC, hoy Multinational Life, durante más de cinco (5) 

años, mediante contrato de empleo a tiempo indeterminado (5) El querellante 

trabajó para para la empresa querellada desde el 16 de enero de 2006. Empezó 

como vicepresidente ejecutivo senior, ocupó los puestos de presidente de NALIC y 

principal oficial ejecutivo y la fecha de terminación del empleo fue el 11 de 

noviembre de 2011; (6) Para el 26 de abril de 2007, fue nombrado presidente de 

NALIC, hoy Multinational Life; (7) El querellante cuenta con un Bachillerato de la 

Universidad Interamericana de Puerto Rico y un grado de Maestría en 

Administración de Empresas de la Universidad de Miami, además de haber 

tomado un sinnúmero de seminarios sobre estudios técnicos en el área de 

seguros; (8) El Sr. Van Rhyn manejó actividades de recursos humanos para 

cumplir con políticas, disposiciones federales y locales; (9) El Sr. Van Rhyn fue el 

presidente y principal ejecutivo de Option Health Care Network, Inc., desde el 

2004 hasta que comenzó a trabajar en MALIC en el 2006; (10) Option Helath Care 

Network, Inc. fue creada en el 2004 al amparo de las leyes del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico; (11) Edgado Van Rhyn era accionista de Option; (12) 

Option Health Care Network, Inc. sirvió como “Third Party Administrator” (TPA) 

de los asegurados de NALIC (hoy Multinational Life) para los planes de salud de 

los empleados, dependientes, afiliados y pensionados de las dependencias, 

municipios e instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico; (13) Las partidas 

de dinero fueron pagadas al Sr. Van Rhyn mediante los cheques números 8985 y 

8987 del 10 de noviembre de 2011; y (14) El 10 de noviembre de 2011, el mismo 

día que el querellante firmó el Acuerdo y Relevo General, el Querellante y MIC, a 
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Finalmente, el 4 de noviembre de 2022, el TPI dictó la 

Sentencia Parcial objeto del presente recurso. En ésta, consignó los 

siguientes sesenta y cinco (65) hechos incontrovertidos:

1. El querellante, Van Rhyn Soler, es mayor de edad, 

casado y residente de San Juan, Puerto Rico.

2. Multinational es una aseguradora debidamente 

organizada por la Oficina del Comisionado de Seguros 

(en adelante, “OCS”), para la venta de seguros de salud, 

vida e incapacidad.

3. Multinational operó durante varias décadas bajo el 

nombre de National Life Insurance Company. Para el 11 

de noviembre de 2011, solicitó a la OCS cambiar el 

nombre por el de Mutinational Life Insurance Company. 

El 14 de diciembre de 2011, la OCS autorizó 

formalmente ese cambio de nombre.

4. El querellante trabajó para NALIC, hoy Multinational, 

durante más de cinco (5) años, mediante contrato de 

empleo a tiempo indeterminado.

5. Desde el 16 de enero de 20[0]6, Van Rhyn Soler 

trabajó para la querellada.

6. El querellante comenzó en la empresa como 

Vicepresidente Ejecutivo Senior y ocupó los puestos de 

Presidente de NALIC y Principal Oficial Ejecutivo.

7. Van Rhyn Soler culminó su empleo el 11 de 

noviembre de 2011.

8. El 26 de abril de 2011, el querellante fue nombrado 

Presidente de NALIC.

9. El querellante cuenta con un Bachillerato de la 

Universidad Interamericana de Puerto Rico y un grado 

de Maestría en Administración de Empresas de la 

Universidad de Miami, además, de haber tomado un 

sinnúmero de seminarios sobre estudios técnicos en el 

área de seguros.

10. Van Rhyn Soler manejó actividades de recursos 

humanos para cumplir con políticas, disposiciones 

federales y locales.

11. Van Rhyn Soler fue el Presidente y Principal 

Ejecutivo de Option Health Care Network, Inc. (en 

adelante, “Option”), desde el 2004 hasta que comenzó a 

trabajar en NALIC en el 2006.

12. Option fue creada en el 2004 al amparo de las leyes 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

13. Van Rhyn Soler era accionista de Option.

través del Sr. Tobías Carrero Nácar, firmaron un Contrato de Servicios 

Profesionales y de Confidencialidad.
KLCE202201292 9

14. Option sirvió como Third Party Administrator de los 

asegurados de NALIC (actualmente Multinational) para 

los planes de salud de los empleados, dependientes y 

afiliados y pensionados de las dependencias, 

municipios e instrumentalidades del Gobierno de 

Puerto Rico.

15. Las partidas de dinero del Acuerdo y Relevo General 

fueron pagadas a Van Rhyn Soler mediante los cheques 

número 8985 y 8987 el 10 de noviembre de 2011.

16. El 10 de noviembre de 2011, el mismo día que se 

firmó el Acuerdo y Relevo General, Van Rhyn Soler y 

Multinational Insurance Company (en adelante, “MIC”), 

a través de Carrero Nácar, firmaron un Contrato de 

Servicios Profesionales y de Confidencialidad.

17. Van Rhyn Soler era un empleado exento de 

Multinational, entre otras empresas de National Group 

para las cuales también trabajó.

18. Van Rhyn Soler ha laborado en la industria de 

seguros por espacio de 28 años.

19. Durante ese tiempo se ha desempañado en 

múltiples posiciones de liderato en la industria de 

seguros dentro y fuera de Puerto Rico.

20. Van Rhyn Soler tenía conocimiento de lo que es la 

Ley Núm. 80.

21. Van Rhyn Soler había despedido empleados como 

parte de sus funciones.

22. Entre 1996 al 1998, Van Rhyn Soler trabajó como 

Human Resources Operation & Finance Manager.

23. Van Rhyn Soler realizó funciones para NALIC y para 

NALIC Insurance Company, Florida, entre otras 

compañías.

24. Van Rhyn Soler fue Presidente y Principal Oficial 

Ejecutivo de las siguientes compañías: National 

Insurance Company, NALIC, ambas corporaciones 

organizadas y existentes bajo las leyes del Estado Libre 

Asociado; las compañías afiliadas del estado de la 

Florida, National Group Insurance Company, NALIC 

Insurance Company, ambas corporaciones organizadas 

y existentes bajo las leyes del estado de la Florida.

25. Van Rhyn Soler trabajaba para estas empresas 

paralelamente.

26. Van Rhyn Soler trabajaba para las empresas 

conglomeradas bajo el nombre comercial de National 

Group. 

27. Van Rhyn Soler se convirtió en el Presidente de 

National Insurance Company, NALIC y las compañías 

afiliadas al estado de la Florida, National Group 
KLCE202201292 10

Insurance Company, NALIC Insurance Company desde 

finales del 2006 hasta que dejaron la empresa e 

intervino el Comisionado de Seguros en el 2009 o 2019 

y de NALIC hasta que se hizo la venta de las acciones 

de Carrero Nácar.

28. A Van Rhyn Soler le solicitaron la renuncia. 

29. Entre el 9 y 10 de noviembre de 2011, Carrero Nácar 

y Van Rhyn Soler negociaron los términos de un 

paquete de salida.

30. El día que Carrero Nácar le mencionó a Van Rhyn 

lo de su salida de NALIC, le solicita, además, la salida 

de Edgar Rodríguez.

31. Carrero Nácar y Van Rhyn Soler se habían conocido 

con anterioridad a la renuncia del querellante, ya que 

en más de una ocasión Carrero Nácar había visitado las 

oficinas de NALIC con el propósito de establecer 

relaciones comerciales, las cuales incluían la 

adquisición de las empresas relacionadas con NALIC y 

conocía de la experiencia y ejecutorias del querellante, 

al igual de su historial intachable de éxitos 

profesionales en el campo de los seguros dentro y fuera 

de Puerto Rico.

32. El 10 de noviembre de 2011, Van Rhyn Soler y 

NALIC, ahora Multinational, a través de Carrero Nácar, 

firmaron un Acuerdo y Relevo General.

33. Las partes que comparecieron en el Acuerdo y 

Relevo General fueron Van Rhyn Soler y NALIC. 

34. Según la cláusula número 1 del Acuerdo y Relevo 

General, Van Rhyn Soler renunció libre y 

voluntariamente a su trabajo en NALIC.

35. Según la cláusula número 1 del Acuerdo y Relevo

General, el último día de trabajo de Van Rhyn Soler fue 

el 11 de noviembre de 2011.

36. El 11 de noviembre de 2011, Van Rhyn Soler firmó 

una misiva en la cual presentaba su renuncia a la 

posición de Oficial Ejecutivo y Director de la Junta de 

Directores de NALIC.

37. Van Rhyn Soler recibió $164,913.95 por concepto 

de salarios y beneficios referentes a los meses de 

noviembre y diciembre de 2011, la totalidad de sus 

licencias de vacaciones y enfermedad, bono de Navidad 

y demás beneficios que acumuló hasta el 31 de 

diciembre de 2011, a cambio de la firma del Acuerdo y 

Relevo General.

38. Los cheques número 8985 y 8987 fueron cobrados 

y depositados por Van Rhyn Soler y no fueron devueltos 

por este.

39. En la cláusula número 6 del Acuerdo y Relevo 

General, Van Rhyn Soler acordó que, “luego de terminar 
KLCE202201292 11

la relación de empleo entre las partes no se involucrará 

en ninguna actividad de negocios que constituya un 

conflicto de intereses con La Compañía”.

40. En la cláusula número 20 del Acuerdo y Relevo 

General, a Van Rhyn Soler se le recomendó “consultar 

con su asesor legal antes de firmar este documento 

sobre el contenido y el alcance del mismo y significado 

de este Relevo General y reconoce que se ha otorgado 

este Acuerdo y Relevo General libre y voluntariamente y 

con el pleno conocimiento de las consecuencias legales 

que implica suscribir este documento”. 

41. En la cláusula número 22 del Acuerdo y Relevo 

General, a Van Rhyn Soler se le informó que tenía 

“hasta veintiún (21) días para recibir asesoramiento

legal con respecto a este acuerdo. Del Sr. Van Rhyn 

firmar este Acuerdo antes de los veintiún (21) días, el 

Sr. Van Rhyn entiende y acepta que estuviese 

renunciando al remanente del tiempo”. 

42. En la cláusula número 24 del Acuerdo y Relevo 

General se establece que “el Sr. Van Rhyn expresa que 

este documento incorpora fielmente los acuerdos 

habidos entre las partes y que lo ha examinado 

detenidamente y luego de considerarlo, es su deseo 

firmar el mismo en el día de hoy”.

43. Van Rhyn Soler admitió que negoció los términos y 

condiciones del Acuerdo y Relevo General con Carrero 

Nácar.

44. Van Rhyn Soler admitió que hubo más de dos (2) 

versiones del Acuerdo y Relevo General.

45. Van Rhyn Soler admitió que le realizó cambios al 

Acuerdo y Relevo General.

46. Van Rhyn Soler le manifestó a Carrero Nácar que si 

el interesaba que el dejara el puesto de Presidente que 

no tenía problemas con renunciar, pero que le 

compensaran con todos los beneficios que por Ley le 

correspondían. 

47. Después del cambio de control en NALIC, y antes de 

suscribir los dos (2) documentos antes relacionados, 

Van Rhyn Soler se reunió en varias ocasiones con 

Carrero Nácar. En todas estas ocasiones, Van Rhyn 

Soler le proveyó a Carrero Nácar toda la información y 

documentación solicitada con relación a las operaciones 

de NALIC; además, conversaron sobre temas 

relacionados a la operación de NALIC y el interés de 

Carrero Nácar de continuar haciendo negocios con el 

querellante y con Option.

48. Van Rhyn Soler admitió que no fue obligado a 

firmar el Acuerdo y Relevo General.

49. Van Rhyn Soler tenía la opción de no firmar el 

Acuerdo y Relevo General. 
KLCE202201292 12

50. Van Rhyn Soler reconoció que no había un ambiente 

hostil.

51. Van Rhyn Soler estuvo solo en el proceso de su 

salida. No estuvo asesorado por abogado en el proceso 

de negociación. 

52. El cómputo del pago de $164,913.95 que se realizó 

a Van Rhyn Soler, lo hizo Janet Ramos Laboy, quien 

laboraba para NAPRO, una empresa de Carlos Benítez 

que le prestaba servicios a la organización.

53. Al momento en que se le entregó la misiva con fecha 

del 10 de noviembre de 2011 titulada Terminación de 

Empleo, Van Rhyn Soler entendió que no era Presidente 

de NALIC. 

54. Van Rhyn Soler se enteró del cambio de accionistas 

en NALIC la semana del 7 al 11 de noviembre de 2011.

55. El Acuerdo y Relevo General no contiene ninguna 

condición relacionada o impuesta por Van Rhyn Soler 

con relación a otras consideraciones o contratos de 

trabajo u otros potenciales negocios.

56. Nada indica o condiciona el Acuerdo y Relevo 

General a la firma de un Contrato de Servicios 

Profesionales y de Confidencialidad.

57. El 10 de noviembre de 2011, el querellante y MIC 

firmaron un Contrato de Servicios Profesionales y de 

Confidencialidad.

58. El Contrato de Servicios Profesionales y de 

Confidencialidad fue firmado entre Van Rhyn Soler y 

MIC.

59. MIC es una aseguradora distinta a Multinational. 

MIC es una aseguradora de vida, salud e incapacidad y 

Multinational de propiedad y contingencia. 

60. El Contrato de Servicios Profesionales y 

Confidencialidad tenía vigencia del 1 de enero de 2012 

al 1 de enero de 2013.

61. NALIC no fungió como parte en el Contrato de 

Servicios Profesionales y de Confidencialidad.

62. La cláusula primera del Contrato de Servicios 

Profesionales y Confidencialidad establece que “[p]or el 

presente CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES 

Y DE CONFIDENCIALIDAD, MULTINATIONAL solicita 

del SR: VAN RHYN y este acepta colaborar con 

MULTINATIONAL y NALIC en carácter de asesor por 

servicios profesionales en todos los aspectos que 

MULTINATIONAL y NALIC considere y estime 

necesarias. Incluyendo, pero no limitándose, a asesoría 

directa del Sr. Tobías Carrero Nácar, Presidente de la 

Junta de Directores, al Sr. Luis Pimentel Zerbi, 

Presidente Ejecutivo y al Bufete Iguina-Oharriz, sus 

subsidiarias y afiliadas”.
KLCE202201292 13

63. Mediante el Contrato de Servicios Profesionales y de 

Confidencialidad, Van Rhyn Soler no podía llegar a un 

acuerdo contractual con ninguna otra aseguradora si 

ello representaba un conflicto de intereses con MIC. 

64. El Contrato de Servicios Profesionales y de 

Confidencialidad no condiciona el mismo al Acuerdo y 

Relevo General.

65. El 10 de noviembre de 2011, Carrero Nácar le 

entregó una misiva a Van Rhyn Soler que, conforme a 

las discusiones tenidas, deseaba que MIC y NALIC 

continuaran la relación contractual de negocios con 

Option. 

(Notas al calce omitidas).

A tenor con los anteriores hechos incontrovertidos, el TPI 

concluyó que en el presente caso no se cumplían los requisitos de 

un despido constructivo. En esa línea, concluyó que la prueba 

documental había demostrado que el Acuerdo y Relevo General es 

un contrato de transacción válido, mediante el cual Sr. Van Rhyn 

renunció libre y voluntariamente a su empleo en NALIC, a cambio 

de una compensación, sin que mediara alguna condición o 

consideración adicional de contratos de trabajo u otros potenciales 

negocios. Además, resaltó que el Sr. Van Rhyn había admitido en su 

deposición que no fue obligado a firmar el referido Acuerdo y Relevo 

General y, además, éste había declarado que no existía un ambiente 

hostil en su empleo. Por tanto, el TPI coligió que la renuncia del 

Sr. Van Rhyn no estuvo motivada por actuaciones onerosas e 

injustificadas de su ex patrono y que el acuerdo entre las partes fue 

uno voluntario, en el que no había mediado coacción, dolo o 

intimidación. Razonó que tampoco se había demostrado que la 

única alternativa razonable que le quedaba al Sr. Van Rhyn era el 

abandono de su cargo. 

En otro extremo, el TPI coligió que aun cuando la renuncia del 

Sr. Van Rhyn había sido libre y voluntaria, ésta había sido solicitada 

por su patrono. Por eso, razonó que para que fuera válido el Acuerdo 

y Relevo General éste debía cumplir con el pago total de la mesada, 
KLCE202201292 14

dado el carácter irrenunciable de tal derecho a tenor con la Ley 

Núm. 80. Aclaró que la compensación que había recibido el Sr. Van 

Rhyn a cambio de la firma del Acuerdo y Relevo General fue 

únicamente por concepto de salarios y beneficios, ya que del 

documento no surgía que el monto incluyera la mesada. Cónsono 

con ello, el TPI declaró nula la cláusula número diez (10) del Acuerdo 

y Relevo General, mediante la cual el Sr. Van Rhyn había renunciado 

expresamente a su derecho a la mesada. Finalmente, puntualizó que 

las demás disposiciones del mencionado acuerdo continuarían en 

vigor, según lo permite la cláusula número veintiséis (26) del 

acuerdo. Conforme a lo anterior, ordenó a las partes estipular la 

cuantía de la mesada en un término de treinta (30) días. Asimismo, 

advirtió a las partes que, de éstas no ponerse de acuerdo, el tribunal 

citaría a las partes a una vista evidenciaria para oír a los peritos en 

materia de compensación laboral, única y exclusivamente en cuanto 

al cálculo de la mesada que corresponde al Sr. Van Rhyn. 

Inconforme con el anterior dictamen, el 28 de noviembre de 

2022, Multinational instó el presente recurso de certiorari, en el que 

formuló los siguientes señalamientos de error:

Primer señalamiento de error: Erró el Honorable 

Tribunal de Primera Instancia al pasar por alto que la 

parte querellante-recurrida estaba vedada de llevar el 

caso de marras a la luz de la existencia y suscripción de 

un Acuerdo y Relevo General entre [é]l mismo y 

Multinational Life. Estamos ante un caso que no 

justifica la concesión de un remedio a la luz de la 

normativa jurisprudencia[l] aplicable a los Acuerdos de 

Relevo entre patronos y empleados.

Segundo señalamiento de error: Erró el Honorable 

Tribunal de Primera Instancia al aplicar 

incorrectamente al caso de autos la Ley Núm. 80, supra, 

y resolver que procede el pago de una mesada cuando 

ni hubo una situación de un despido injustificado, 

menos aún de despido constructivo, según alegó e 

invocó la parte querellante-recurrida en su Querella.

En esencia, Multinational arguye que, por virtud del Acuerdo 

y Relevo General, el Sr. Van Rhyn se encontraba impedido de 

entablar la demanda de epígrafe. Además, señala que, al haberse 
KLCE202201292 15

firmado un acuerdo de transacción de renuncia libre y voluntaria, 

sin que hubiera mediado coacción, dolo o intimidación, no hubo un 

despido injustificado y, por tanto, no se activó el derecho a la 

indemnización por concepto de mesada que establece la Ley Núm. 

80, supra. Así pues, plantea que el TPI actuó contradictoriamente al 

proveer para el pago de la mesada a pesar de haber concluido que 

no hubo un despido injustificado. 

Por su parte, en la Oposición a que se Expida Auto de 

Certiorari, el Sr. Van Rhyn expone que la terminación de su empleo 

respondió a la renuncia solicitada por Multinational sin que 

existiera justa causa para ello. Argumentó que ello constituyó una 

renuncia forzada equivalente a un despido, cobijado por la 

presunción de que éste fue injustificado, sin que Multinational 

lograra rebatir tal presunción. Por ello, sostiene que el TPI actuó 

correctamente al reconocer el derecho de empleado al pago de la 

mesada y al declarar nula la renuncia a tal derecho. 

El 9 de diciembre de 2022, al amparo de la autoridad que nos 

confiere la Regla 35(a)(1) de nuestro Reglamento18, este Tribunal 

dictó una Resolución mediante la cual paralizó los procedimientos 

judiciales ante el TPI.

II.

-ASentencia sumaria

El mecanismo de sentencia sumaria, regulado por la Regla 36 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36, permite al tribunal 

disponer de un caso sin celebrar vista en su fondo, cuando no se 

presentan controversias genuinas de hechos materiales y solo resta 

aplicar el derecho a los hechos incontrovertidos.19 El Tribunal podrá 

18 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 35(a)(1).

19 Segarra Rivera v. Int’l. Shipping et al., 208 DPR 964, 979 (2022); Roldán Flores 

v. M. Cuebas et al., 199 DPR 664, 676 (2018); Abrams Rivera v. E.L.A., 178 DPR 

914, 932 (2010); Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820, 847 (2010); 

Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010).
KLCE202201292 16

dictar sentencia sumaria solamente cuando no exista ninguna 

controversia real sobre los hechos materiales y esenciales del caso y 

que, como cuestión de derecho, proceda dictarse sentencia sumaria 

a favor de la parte promovente. 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(e).

20

La Regla 36.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.1, 

establece que una moción de sentencia sumaria debe estar fundada 

en declaraciones juradas, o en aquella evidencia que demuestre la 

inexistencia de una controversia sustancial de hechos esenciales y 

pertinentes.21 Un hecho material es todo aquel que puede afectar el 

resultado de la reclamación, de acuerdo con el derecho sustantivo 

aplicable.22 La controversia sobre el hecho material tiene que ser 

real. Así que, cualquier duda es insuficiente para derrotar una 

solicitud de sentencia sumaria. Esto es, la duda debe ser de tal 

naturaleza que se pueda colegir la existencia de una controversia 

real y sustancial sobre hechos esenciales y pertinentes a la 

controversia planteada en la solicitud de sentencia sumaria.23

Le corresponde a la parte que promueve la moción de 

sentencia sumaria establecer su derecho con claridad y demostrar 

que no existe controversia sustancial o real en cuanto a algún hecho 

material.24 Dicha parte está obligada a desglosar los hechos sobre 

los que aduce no existe controversia y, para cada uno, especificar la 

página o el párrafo de la declaración jurada u otra prueba admisible 

en evidencia que lo apoya.25

Por otro lado, la parte promovida tiene el deber de refutar los 

hechos alegados, con prueba que controvierta la exposición de la 

20 León Torres v. Rivera Lebrón, 204 DPR 20, 41 (2020); SLG Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013); Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 185 DPR 

288, 299 (2012); Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 214; González Aristud v. 

Hosp. Pavía, 168 DPR 127, 137-138 (2006). 

21 Rodríguez García v. UCA, 200 DPR 929, 940 (2018).

22 Segarra Rivera v. Int’l. Shipping et al., supra, pág. 980.

23 Bobé v. UBS Financial Services, 198 DPR 6, 20 (2017).

24 Íd.

25 Roldán Flores v. M. Cuebas et al., supra, pág. 676. 
KLCE202201292 17

parte que solicita la sentencia sumaria.

26 A tales efectos, la parte 

que se opone tiene el deber de hacer referencia a los párrafos 

enumerados por la parte promovente que entiende que están en 

controversia y para cada uno detallar la evidencia admisible que 

sostiene su impugnación.27 No podrá descansar solamente en las 

aseveraciones o negaciones contenidas en sus alegaciones, sino que 

deberá contestar de manera detallada y específica, como lo hiciera 

la parte solicitante.28

Si el oponente no controvierte los hechos propuestos de la 

forma exigida por la Regla 36.3 de Procedimiento Civil, se podrán 

considerar admitidos y se dictará sentencia sumaria en su contra, 

si procede.29 

En Meléndez González, et al. v. M. Cuebas30, el Tribunal 

Supremo estableció el estándar específico, que, como foro apelativo, 

debemos utilizar al evaluar las concesiones o denegatorias de 

mociones de sentencia sumaria. A tales efectos, indicó que, de 

entrada, debemos examinar de novo el expediente y aplicar los 

criterios que la Regla 36 de Procedimiento Civil y la jurisprudencia 

exigen al foro primario. Además, debemos revisar que tanto la 

moción de sentencia sumaria, así como su oposición, cumplan con 

los requisitos de forma codificados en la Regla 36 de Procedimiento 

Civil.31 Igualmente, hay que revisar si existen hechos materiales en 

controversia y, de haberlos, cumplir con la exigencia de la Regla 36.4 

de Procedimiento Civil de exponer concretamente cuáles hechos 

materiales están en controversia y cuáles están incontrovertidos.32

Por el contrario, si encontramos que los hechos materiales del caso 

26 León Torres v. Rivera Lebrón, supra, pág. 44; Ramos Pérez v. Univisión, supra, 

pág. 215; Toro Avilés v. P.R. Telephone Co., 177 DPR 369, 383-384 (2009). 

27 Roldán Flores v. M. Cuebas et al., supra, págs. 676-677.

28 Bobé v. UBS Financial Services, supra, pág. 21.

29 Roldán Flores v. M. Cuebas et al., supra, pág. 677. 

30 193 DPR 100 (2015).

31 Íd., pág. 118.

32 Íd., pág. 119.
KLCE202201292 18

realmente están incontrovertidos, debemos revisar de novo si el foro 

primario aplicó correctamente la norma jurídica aplicable a la 

controversia que tuvo ante sí.33

-BDespido sin justa causa

En nuestro ordenamiento jurídico, existe un interés 

apremiante en regular las relaciones obrero-patronales, pues de esta 

forma se busca proteger los derechos de los trabajadores. A raíz de 

ello, se han aprobado una serie de legislaciones, que incluye la Ley 

de indemnización por despido injustificado, Ley Núm. 80 de 30 de 

mayo de 1976, según enmendada (Ley Núm. 80), 29 LPRA sec. 185a, 

et seq.

34

Dicho estatuto establece una protección al empleado de 

despidos injustificados, imponiéndole al patrono una sanción 

mediante un pago de una indemnización.35 A tales efectos, el 

Artículo 1 de la Ley Núm. 80, establece que, aquellos empleados de 

comercio, industria o cualquier otro negocio o sitio de empleo que: 

(1) estén contratados sin tiempo determinado, (2) reciban una 

remuneración y (3) sean despedidos de su cargo, sin que haya 

mediado justa causa, tienen derecho al pago de una compensación 

por parte de su patrono (además del sueldo que hubiere devengado), 

denominada como la mesada.36 El pago de la mesada es un derecho 

irrenunciable.37

33 Íd.; Segarra Rivera v. Int’l. Shipping et al., supra, págs. 981-982; Roldán Flores 

v. M. Cuebas et al., supra, pág. 679.

34 La Ley Núm. 80, supra, fue enmendada por la Ley de Transformación y 

Flexibilidad Laboral, Ley Núm. 4 de 26 de enero de 2017, 29 LPRA sec. 121 et seq. 

Sin embargo, los hechos ante nuestra consideración versan sobre un empleado 

que fue contratado con anterioridad a la vigencia de esta ley. Las disposiciones de 

la nueva ley no le aplican, por lo que no será objeto de nuestro análisis.

35 Santiago Ortiz v. Real Legacy et al., 206 DPR 194, 208 (2021); León Torres v. 

Rivera Lebrón, supra, pág. 36; González Méndez v. Acción Social et al., 196 DPR 

213, 229 (2016).

36 Lugo Montalvo v. Sol Meliá Vacation, 194 DPR 209, 230 (2015).

37 29 LPRA sec. 185i; Vélez Cortés v. Baxter, 179 DPR 455, 466 (2010). 
KLCE202201292 19

Ahora bien, en Puerto Rico no existe una prohibición absoluta 

contra el despido de un empleado.38 Un patrono puede despedir a 

su empleado, sin sanción alguna, si este demuestra la existencia de 

una justa causa para ello.39 El Artículo 2 de la Ley Núm. 80, supra, 

contiene varias de las circunstancias que constituyen justa causa 

para el despido. Estas incluyen tanto motivos fundamentados en la 

conducta del empleado como razones de índole empresarial.40

La Ley Núm. 80 establece un esquema probatorio mediante el 

cual, una vez el empleado despedido demuestra que cumple con los 

requisitos para ejercer la causa de acción, el patrono demandado 

tiene el peso de la prueba para establecer que el despido estuvo 

justificado. Si así lo prueba, el patrono no estará obligado a pagar la 

mesada.41

Por ende, para activar la protección generada por la Ley Núm. 

80, y valerse de la presunción de que su despido fue injustificado, 

el trabajador tiene que demostrar que, en efecto, lo despidieron. Así, 

el empleado tiene que demostrar que cumple con los requisitos de 

la causa de acción: que fue empleado de un comercio, industria u 

otro negocio; que su contrato era por tiempo indeterminado, que 

recibía remuneración por su trabajo, y que fue despedido de su 

puesto.42

Ahora bien, la condición de haber sido despedido no está 

limitada por la definición usual del término despido. La definición 

de la Ley Núm. 80 abarca, además, las acciones dirigidas a inducir 

o forzar al empleado a renunciar, tales como imponerle o intentar 

imponerle condiciones de trabajo más onerosas, reducirle el salario, 

rebajarlo en categoría o someterlo a vejámenes o humillaciones de 

38 Segarra Rivera v. Int’l. Shipping et al., supra, pág. 982.

39 Romero et als. v. Cabrer Roig et als., 191 DPR 643, 651 (2014).

40 29 LPRA sec. 185b.

41 Íd., pág. 652.

42 Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co., 180 DPR 894, 907 (2011).
KLCE202201292 20

hecho o de palabra.43 Es decir, el trabajador se siente tan incómodo 

con la situación laboral imperante en su lugar de empleo que no 

tiene otro remedio que abandonarlo.44 A esta modalidad de despido 

se le conoce como despido constructivo o tácito.45

Nuestro Tribunal Supremo ha definido el despido constructivo 

como los actos voluntarios e injustificados realizados por un 

patrono, encaminados a obligar al empleado a dejar su trabajo, 

cuando la única alternativa razonable que le queda al empleado es 

abandonar el cargo.46 Así que, no basta con cualquier molestia o 

condición antipática en el empleo, y, cuando se trate de vejámenes 

y humillaciones, estos deben ser de magnitud sustancial.47

De igual modo, tampoco se determina la magnitud y el efecto 

de los actos patronales con referencia a la visión subjetiva del 

empleado individual. Más bien, se utiliza un criterio objetivo al 

examinar si una persona razonable se sentiría forzada a renunciar 

como resultado de las acciones del patrono. Por tanto, no basta una 

mera alegación de que la renuncia fue un despido constructivo. Es 

decir, hace falta demostrar el despido, sea directo o en su modalidad 

constructiva o tácita.48 Para ello, bastará con cumplir las exigencias 

de la Regla 110 de Evidencia.49

Así pues, en el caso que se alegue un despido constructivo, el 

trabajador tiene que demostrar que las circunstancias de su 

renuncia cumplen con los requisitos establecidos para llegar a esa 

conclusión. La presunción de despido injustificado no se activa 

hasta tanto el trabajador logre persuadir al juzgador de ese hecho 

43 29 LPRA sec. 185e.

44 León Torres v. Rivera Lebrón, supra, pág. 38.

45 Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co., supra, pág. 907.

46 Íd., pág. 908; S.L.G. Hernández-Beltran v. TOLIC, 151 DPR 754, 777 (2000); 

Arthur Young & Co. v. Vega III, 136 DPR 157, 183 (1994).

47 Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co., supra, pág. 908.

48 Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co., supra, pág. 907.

49 32 LPRA Ap. VI, R. 110.
KLCE202201292 21

básico, entiéndase, que su renuncia fue en realidad un despido 

tácito o constructivo.50

Una vez un trabajador presenta una reclamación al amparo 

de la Ley Núm. 80 y cumple con los requisitos mencionados 

mediante alegaciones suficientes, se activa la presunción de que el 

despido fue injustificado. Activada la presunción, le corresponde al 

patrono probar, mediante preponderancia de la prueba, que existía 

justa causa para el despido.51

-CTeoría general de los contratos 

En nuestra jurisdicción rige el principio de la libertad de 

contratación o la autonomía de la voluntad.52 Esto implica que las 

partes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que 

tengan por convenientes, siempre que no sean contrarios a las leyes, 

la moral y el orden público.53 De tal forma, nuestro ordenamiento 

jurídico establece el principio general de que las obligaciones que 

nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes 

contratantes y deben cumplirse según lo contratado.

54 Por 

consiguiente, los contratos serán vinculantes siempre y cuando 

concurran los siguientes requisitos: (1) el consentimiento de los 

contratantes, (2) un objeto cierto que sea materia del contrato y (3) 

la causa de la obligación que se establezca.55

En lo que respecta al consentimiento de las partes, éste pierde 

eficacia jurídica cuando haya mediado error, dolo, violencia o 

intimidación en el proceso de contratación.56 De estar presente 

50 Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co., supra, págs. 911-912.

51 Íd., pág. 913.

52 Coop. Sabaneña v. Casiano Rivera, 184 DPR 169, 173 (2011).

53 Torres, Torres v. Torres et al., 179 DPR 481, 493 (2010); 31 LPRA sec. 3372

(derogado). Todas las referencias al derogado Código Civil de 1930, vigente al 

momento de los hechos objeto de la presente causa. 

54 31 LPRA sec. 2994 (derogado); Rodríguez García v. UCA, 200 DPR 929, 943 

(2018).

55 31 LPRA sec. 3391 (derogado); Demeter Int’l v. Srio. Hacienda, 199 DPR 706, 

726-727 (2018).

56 31 LPRA sec. 3104 (derogado).
KLCE202201292 22

alguno de estos fatores, la parte perjudicada tiene una causa de 

acción a ser ejercitada dentro del periodo de cuatro (4) años a partir 

de la consumación del negocio o desde que ha cesado la violencia o 

intimidación.57

La intimidación que anula el consentimiento de un 

contratante es aquella que se compone de una amenaza que produce 

temor o miedo razonable. A su vez, al estimar si medió intimidación 

en la contratación, ha de observarse la edad, sexo y condición de la 

persona cuyo consentimiento presuntamente quedó viciado.

58 Hay 

que añadir que el temor a desagradar a las personas a quienes se 

debe sumisión y respeto no anulará el contrato.59

Para que la intimidación o coacción vicie el consentimiento y 

produzca la nulidad del contrato, deben cumplirse los siguientes 

elementos: (a) que se emplee contra uno de los contratantes la 

amenaza de un mal inminente y grave, susceptible por ende, de 

ejercer seria influencia sobre su ánimo; (b) que esta amenaza 

determine la declaración de voluntad, o lo que es igual, que exista 

un nexo causal entre la intimidación y el consentimiento, (c) que la 

repetida amenaza y el influjo que pueda ejercer sobre la voluntad 

revistan un matiz antijurídico, por cuanto no quepa reputarlos 

ilícitos como consecuencia de una correcta y no abusiva utilización 

de los derechos.60

Por otro lado, existe dolo cuando, mediante palabras o 

maquinaciones insidiosas de parte de uno de los contratantes, el 

otro es inducido a celebrar un contrato que, sin ellas, no hubiera 

realizado.61 Para que el dolo produzca la nulidad de un contrato, 

57 31 LPRA sec. 3512 (derogado); SLG Ortiz Alvarado v. Great American, 182 DPR 

48, 62-63 (2011).

58 Nassar Rizek v. Hernández, 123 DPR 360, 376-377 (1989).

59 31 LPRA sec. 3406 (derogado).

60 Nassar Rizek v. Hernández, supra, pág. 376, citando a José María Manresa, 

Comentarios al Código Civil Español, 6ta ed., Madrid, Ed. Reus, 1967, T. VIII, Vol. 

2, pág. 575.

61 31 LPRA sec. 3408 (derogado).
KLCE202201292 23

debe ser grave y no haber sido empleado por ambas partes 

contratantes.62 Además, el dolo considerado grave que produce la 

nulidad del contrato tiene que recaer sobre elementos esenciales del 

contrato y determinar el consentimiento. Es aquello que inspira a 

contratar, sin lo cual no hubiera mediado una contratación.63

A su vez, el error que invalida el consentimiento debe recaer 

sobre la sustancia de la cosa que fuere objeto del contrato, o sobre 

aquellas condiciones de ésta que principalmente hubiesen dado 

motivo a celebrarlo.64

-DEl contrato de transacción y la mesada

El contrato de transacción permite a las partes otorgar un 

acuerdo, para evitar que ocurra un pleito potencial o poner fin a un 

litigio que ya comenzó. A las transacciones le aplican las normas 

generales sobre la interpretación de los contratos, siempre que no 

sean incompatibles con el acuerdo entre las partes. Un contrato de 

transacción adquiere vida jurídica, cuando: (1) existe una relación 

incierta o litigiosa entre las partes, (2) las partes tienen la intención 

de sustituir esa relación incierta o litigiosa por una cierta y (3) las 

partes se hacen concesiones recíprocas.65

Existen dos tipos de contratos transaccionales: los judiciales 

y los extrajudiciales. Cuando las partes alcanzan un acuerdo que 

elimina la controversia antes de iniciar un pleito, o luego de 

comenzado el litigio, pero sin la intervención del tribunal – y, por 

ende, se desiste de la causa de acción – estamos ante un acuerdo 

extrajudicial. En otro extremo, si luego de iniciado el pleito, las 

partes acuerdan eliminar la disputa y solicitan incorporar el acuerdo 

62 31 LPRA sec. 3409 (derogado).

63 Pérez Rosa v. Morales Rosado, 172 DPR 216, 230, nota al calce núm. 6 (2007), 

que cita de J.R. Vélez Torres, Curso de derecho civil: derecho de contratos, San 

Juan, Rev. Jur. U.I.P.R., 1990, T. IV, Vol. II, págs. 58-61.

64 31 LPRA sec. 3405 (derogado).

65 Demeter Int’l v. Srio. Hacienda, supra, págs. 729-730.
KLCE202201292 24

al proceso judicial, se trata de un contrato de transacción judicial 

que tiene el efecto de culminar el pleito.66

En Orsini v. Srio. de Hacienda67, el Tribunal Supremo 

reconoció la validez de un contrato de transacción en el cual el 

patrono le concede al empleado el pago de la mesada en el contexto 

de un despido injustificado. Ello, en atención a la naturaleza 

irrenunciable del derecho a la mesada cuando el despido es sin justa 

causa. Al respecto, expresó:

La “mesada” es producto de una obligación legal que 

tiene el patrono de indemnizar a un empleado por 

despedirlo injustificadamente. De ordinario, este tipo de 

compensación se obtiene luego de un proceso judicial. 

Sin embargo, los patronos han optado por transar el 

pago de esta indemnización, mediante los denominados 

“Acuerdos de Relevo”. Esta modalidad de compensación 

por el despido responde a una obligación contractual, 

con la diferencia de que esta clase de contrato, por su 

naturaleza transaccional, está supeditado a que ambas 

partes consientan a las concesiones recíprocas. 

Además, para que sean válidos, estos acuerdos deben 

cumplir con el pago total de la “mesada”, porque el 

derecho a ésta no es renunciable.68

III.

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, nos faculta a 

expedir el auto de certiorari cuando se recurre de la denegatoria de 

una moción de carácter dispositivo, como lo es una moción de

sentencia sumaria.69 En virtud de ello, ejercemos nuestra discreción 

y expedimos el auto solicitado. 

En el presente caso, el TPI concluyó que no se cumplían los 

requisitos de un despido constructivo, debido a que se demostró 

que, mediante el Acuerdo y Relevo General, el Sr. Van Rhyn había 

renunciado a su empleo de manera libre y voluntaria. Por otro lado, 

66 Íd., pág. 730.

67 177 DPR 596 (2009) (revocado en Ortiz Chévere et al. v. Srio. Hacienda, 186 DPR 

951 (2012), en cuanto al aspecto contributivo de la indemnización recibida por el 

empleado).

68 Íd., pág. 629.

69 Entre las mociones de carácter dispositivo, cuya denegatoria por el foro primario 

permite el ejercicio de nuestra función revisora, se encuentran la moción de

desestimación, de desistimiento, de sentencia sumaria o de sentencia por las 

alegaciones. Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 594 (2011).
KLCE202201292 25

el TPI declaró nula la cláusula del referido acuerdo en la que el 

Sr. Van Rhyn renunció al derecho de indemnización por concepto 

de mesada. A tenor con ello, ordenó a las partes a estipular la 

cuantía de la mesada.

Multinational arguye que el TPI actuó contrario a derecho al 

proveer para el pago de la mesada, a pesar de haber concluido que 

no se configuró un despido constructivo. Multinational no cuestionó 

los hechos incontrovertidos apuntados por el TPI. Más bien, sus 

señalamientos de error van dirigidos a cuestionar la aplicación del 

derecho por parte del foro primario.

Por su parte, el Sr. Van Rhyn señala que la terminación de su 

empleo respondió a la petición de renuncia de su patrono, lo que 

constituyó una renuncia forzada, equivalente a un despido, con la 

presunción de que fue sin justa causa. Indica que al patrono no 

lograr rebatir tal presunción, el TPI actuó correctamente al 

reconocer el derecho al pago de la mesada por despido injustificado. 

Según expuesto, este Tribunal de Apelaciones se encuentra en 

la misma posición que el TPI al momento de revisar una solicitud de 

sentencia sumaria.70 Por consiguiente, este Tribunal solo puede 

considerar los documentos que se presentaron ante el TPI y 

determinar si existe o no alguna controversia genuina de hechos 

materiales y esenciales, y si el derecho se aplicó de manera correcta. 

Aclarado lo anterior, luego de analizar la solicitud de 

sentencia sumaria presentada por Multinational, así como la 

oposición del Sr. Van Rhyn, concluimos que los hechos 

incontrovertidos esbozados por el TPI están apoyados en la prueba 

70 Del examen de la Solicitud de Sentencia Sumaria por Multinational Life, surge 

que ésta incluyó y relacionó la prueba documental en la que basó sus alegaciones 

y fundamentó su postura en derecho. Por tal razón, concluimos que la moción 

cumple con la Regla 36.3(a) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(a).

Asimismo, la Moción en Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria, presentada 

por el Sr. Van Rhyn, cumple con los requisitos de la Regla 36.3(b) de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(b). 
KLCE202201292 26

que obra en autos y no existe controversia genuina de hechos

materiales. Por ello, los hacemos formar parte de este escrito.

A esos fines, corresponde determinar si los hechos 

incontrovertidos apuntados por el TPI son suficientes para adjudicar 

la causa de acción por despido constructivo. 

La jurisprudencia define el despido constructivo como los 

actos voluntarios e injustificados por un patrono, encaminados a 

obligar al empleado a dejar su trabajo, siendo la única alternativa 

razonable para el empleado abandonar su cargo. En virtud de ello, 

una renuncia formal por parte de un empleado puede constituir 

causa de acción para reclamar por un despido injustificado, en la 

modalidad de despido constructivo. 

Surge de los hechos incontrovertidos que, si bien es cierto 

que, conforme los términos del Acuerdo y Relevo General, el Sr. Van 

Rhyn renunció voluntariamente a su puesto en la empresa, dichos 

hechos igualmente establecen que a éste le pidieron la renuncia, 

pero bajo conversaciones de mantener una relación contractual. 

Sobre este punto, de las propias determinaciones de hechos 

incontrovertidos, surge que, el mismo día que se firmó el Acuerdo y 

Relevo General, el Sr. Van Rhyn y el Sr. Carrero Nácar, firmaron el

Contrato de Servicios Profesionales y de Confidencialidad. En el 

Acuerdo y Relevo General, el Sr. Carrero Nácar compareció en 

representación de NALIC y, en el Contrato de Servicios Profesionales, 

representó a MIC. No obstante, una lectura del referido contrato de 

servicios profesionales refleja que, mediante éste, el Sr. Van Rhyn 

recibiría una remuneración de $15,000.00 mensuales a cambio la 

prestación de servicios de asesoría.71 La esencia de la reclamación 

del Sr. Van Rhyn reside en su alegación de que firmó el Acuerdo de 

Relevo General tras la amenaza de despido de su patrono y luego de 

71 Apéndice del recurso, págs. 181-189.
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concertar un acuerdo de servicios de consultoría por $15,000.00

mensuales. 

También surge como hechos no controvertidos que, antes de 

suscribir los dos (2) documentos, el Sr. Van Rhyn y el Sr. Carrero 

Nácar conversaron sobre el interés de este último en continuar 

haciendo negocios con el primero.72 En relación con ello, el TPI 

estableció que el Sr. Carrero Nácar le entregó una carta al Sr. Van 

Rhyn que ratificó por escrito dichas intenciones.73

Ciertamente, el Contrato de Servicios Profesionales y de 

Confidencialidad no estaba condicionado al Acuerdo y Relevo 

General y viceversa. Sin embargo, el hecho de que el referido Acuerdo 

y Relevo General carezca de cláusulas escritas que lo condicionen a 

algún otro pacto, de ninguna manera excluye las alegaciones del Sr. 

Van Rhyn relacionadas a las circunstancias que intervinieron en su

voluntariedad o motivación para suscribir el acuerdo. Por ello, al 

evaluar si la renuncia en el presente caso equivale o no a un despido 

constructivo, resulta indispensable indagar las razones que 

circunvalaron dicha renuncia.

De manera que, de las alegaciones de las partes y de los 

documentos que forman parte de la solicitud de sentencia sumaria 

y la oposición, surgen elementos subjetivos en los que el factor de 

credibilidad es esencial. Así que, luego de revisar de novo el 

expediente de la forma más favorable al Sr. Van Rhyn, que es la 

parte que se opuso a la moción de sentencia sumaria, concluimos 

que los hechos incontrovertidos apuntados en la Sentencia Parcial 

resultan insuficientes para sostener una disposición sumaria de la 

reclamación de despido constructivo. En el presente caso existen 

controversias sobre aspectos esenciales de la causa de acción 

invocada que ameritan la celebración de un juicio en su fondo. Por 

72 Hecho incontrovertido núm. 47

73 Hecho incontrovertido núm. 65.
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consiguiente, resolvemos que el TPI erró al adjudicar de manera 

sumaria la causa de acción por despido constructivo.

Así pues, cónsono con el mandato de la Regla 36.4 de 

Procedimiento Civil74, acogemos los hechos incontrovertidos de la 

Sentencia Parcial y determinamos que éstos no están en 

controversia. A su vez, exponemos los hechos materiales en 

controversia:

1. El motivo de la renuncia del Sr. Van Rhyn.

2. Si la renuncia del Sr. Van Rhyn fue voluntaria.

3. Las condiciones o actuaciones, si alguna, que 

Multinational le impuso al Sr. Van Rhyn.

4. Si las condiciones o actuaciones de su patrono 

obligaron al Sr. Van Rhyn a renunciar.

5. Si entre las partes existió alguna condición o 

consideración adicional de contratos de trabajo o 

potenciales negocios.

6. Si existieron otras alternativas a la renuncia. 

Por último, coincidimos con el TPI en que la renuncia del Sr. 

Van Rhyn a la mesada y a cualquier otra reclamación a la que 

tuviera derecho al amparo de la Ley Núm. 80, sobre despido 

injustificado, fue contraria a derecho. 

IV.

De conformidad con lo antes expuesto, este Tribunal expide el 

auto de certiorari y modifica el dictamen recurrido, a los efectos de 

restituir la causa de acción por despido injustificado al amparo de 

la Ley Núm. 80, que deberá ser atendida por el Tribunal de Primera 

Instancia en un juicio plenario. Se deja sin efecto la paralización de 

los procedimientos judiciales decretada mediante nuestra 

resolución del 9 de diciembre de 2022, y se devuelve el caso al 

Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los 

procedimientos acorde con lo aquí resuelto. 

74 32 LPRA Ap. V.
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Lo acuerda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones.

 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

 Secretaria del Tribunal de Apelaciones