----

----

I Comunicaciones

PARLAMENTO EUROPEO

PREGUNTAS ESCRITAS CON RESPUESTA (Parte 1)

----

(2004/C 88 E/0001)

PREGUNTA ESCRITA E-2236/02

de Gabriele Stauner (PPE-DE) a la Comisión

(23 de julio de 2002)

Asunto:   Auditorías contratadas por la Comisión con empresas privadas

De la respuesta de la Sra. Schreyer a las preguntas escritas E-0372/02, P-0443/02 y E-0450/02 (1) deduzco que en el período comprendido entre 1999 y 2001 la Comisión celebró contratos de auditoría por un importe total de 77 millones de euros con las empresas privadas KPMG, Group Andersen, Deloitte & Touche y Ernst & Young and PriceWaterhouseCoopers.

Respuesta complementaria de la Sra. Schreyer en nombre de la Comisión

(26 de abril de 2004)

----

(1)DO C 229 E de 26.9.2002, p. 82.

----

----

(2004/C 88 E/0002)

PREGUNTA ESCRITA P-0043/03

de Gian Gobbo (NI) a la Comisión

(14 de enero de 2003)

Asunto:   Introducción de un tipo mínimo del impuesto sobre el consumo de vino

Al parecer, la Comisión ha preparado una propuesta tendente a introducir un tipo mínimo del impuesto sobre el consumo de vino de 0,14 euros por litro (270 liras) a partir de 2003 y de 0,15 euros desde 2007.

Semejante tipo mínimo constituiría una agravio más, fiscal y burocrático, para uno de los sectores más avanzados y competitivos a nivel mundial de la agricultura europea.

En muchos países de la Unión Europea, entre ellos Italia, no existe ningún impuesto sobre el consumo de vino y, por consiguiente, su introducción, lejos de representar una armonización de los regímenes fiscales, equivale a la introducción de un verdadero y propio impuesto nuevo.

¿No considera la Comisión que la introducción de un impuesto sobre el consumo de vino podría perjudicar a los productores agrarios?

¿No considera la Comisión útil defender y promover la producción vinícola europea, que tiene sus raíces en el más remoto pasado de nuestra civilización y que ha dejado su impronta en el mundo cultural y religioso de nuestro continente?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(30 de enero de 2003)

La Directiva 92/84/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, se ocupa de la aproximación de los tipos del impuesto especial sobre el alcohol y las bebidas alcohólicas (1). Con arreglo a dicha Directiva, los tipos de los impuestos sobre consumos específicos establecidos en la misma deben ser revisados periódicamente por el Consejo; la revisión debe basarse en un informe de la Comisión.

La Comisión está elaborando actualmente dicho informe, el cual tomará en consideración todos los aspectos pertinentes, sobre todo el funcionamiento apropiado del mercado interior, la competencia entre las diferentes categorías de bebidas alcohólicas, el valor real de los tipos impositivos y los objetivos generales del Tratado, tal y como se dispone en el artículo 8 de la Directiva citada. Dichos aspectos incluirán también la situación de los productores y los demás elementos mencionados por Su Señoría.

----

(1)DO L 316 de 31.10.1992.

----

----

(2004/C 88 E/0003)

PREGUNTA ESCRITA E-0052/03

de Hanja Maij-Weggen (PPE-DE) a la Comisión

(22 de enero de 2003)

Asunto:   Situación de los derechos humanos en el Vietnam

¿Está la Comisión al corriente de la persecución de personas por motivos de religión en el Vietnam como, por ejemplo, el cerco del templo budista histórico Quang Minh en Long Dien A y la persecución de protestantes Montagnard en septiembre y noviembre de 2002?

¿Sabe la Comisión que en 2002 se ha encarcelado a varios disidentes políticos, como el Sr. Le Chi Quang, por la conservación y el intercambio de artículos que defienden ideas democráticas, el doctor Pham Hong Son, entre otras razones, por traducir al vietnamita un texto sobre democracia, el Sr. Nguyen Khac Toan, por participar en una huelga, y el Sr. Nguyen Vu Binh, por la creación de un partido político?

¿Está dispuesta la Comisión a ejercer presiones sobre el Gobierno vietnamita a fin de mejorar la situación de los derechos humanos, especialmente la libertad de religión?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(18 de febrero de 2003)

La Comisión, junto con las Misiones Diplomáticas de los Estados Miembros en Vietnam, sigue de cerca la situación de los derechos humanos en este país, incluyendo los casos de las personas interesadas mencionadas por Su Señoría.

La política de la Comisión con respecto a Vietnam consiste en fomentar y respaldar el progreso continuo del respeto de los derechos humanos y la democratización, y denunciar los posibles desmanes y los casos donde existan abusos o deterioro de la situación. El diálogo con los Estados Miembros se mantiene mediante reuniones habituales del grupo de la unión «Políticas y Derechos Humanos» y de la Troica con el gobierno Vietnamita, así como en las misiones ad hoc y en las declaraciones conjuntas de la Union.

La Presidencia de la Unión Europea, de la Comisión y de los Estados Miembros han instado reiteradamente al Gobierno Vietnamita a que consoliden su respeto hacia la libertad política y de religión, así como a la libertad social y económica y a que se cree un marco legal para un entorno propicio que permita el desarrollo de una sociedad civil consolidada, de la que Vietnam se beneficiaría enormemente. La Comisión y los Estados Miembros han presentado recientemente sus peticiones en declaraciones conjuntas en la reunión del Grupo Consultativo en Hanoi en diciembre de 2002.

La Constitución vietnamita garantiza la libertad de creencia y de religión. El Gobierno reconoce oficialmente seis religiones— una organización Budista, la Iglesia Budista Central de Vietnam, el Catolicismo, dos organizaciones Eclesiásticas Protestantes, el Islam, el Budismo Hoa Hao y el Cao-Daismo. El único informe sobre el Quan Minh Tu temple, al cual se ha hecho una amplia referencia, no parece haber sido corroborado por otras fuentes.

Los informes de acoso moral constante, en particular de los cristianos en Vietnam (especialmente contra los cristianos Montagnard y Hmong) son habituales y han aumentado desde la revolución en las Tierras Altas Centrales en febrero de 2002. El acceso a las Tierras Altas Centrales sigue siendo limitado y es imposible verificar los informes de primera mano y de forma sistemática. No obstante, en 2002, se llevaron a cabo dos misiones locales de la Union-Troica a las Tierras Altas Centrales con la participación de la Comisión, la última en noviembre de 2002.

Después de la última misión Unión-Troica a las Tierras Altas Centrales en noviembre de 2002, la Comisión, en coordinación directa con los Estados Miembros, planteó propuestas con el fín de paliar las distintas causas principales del conflicto existente entre el Gobierno y las minorías étnicas más desfavorecidas en las Tierras Altas Centrales. El Gobierno de Vietnam ha reconocido que una misión de identificación de la Comisión debería visitar la zona en los próximos meses.

----

----

(2004/C 88 E/0004)

PREGUNTA ESCRITA E-0084/03

de Carlos Bautista Ojeda (Verts/ALE) a la Comisión

(23 de enero de 2003)

Asunto:   Políticas UE/Marruecos

Teniendo en cuenta que Andalucía es una de las regiones de la Unión Europea con mayor índice de desempleo, ¿es consciente la Comisión que de una manera u otra, en estos últimos años todas las negociaciones con Marruecos de cualquier índole, ya sean agrícolas, pesqueras o diplomáticas, sobre aspectos como la inmigración o el tráfico de drogas, afectan directamente a Andalucía, a nivel económico, social o de imagen exterior?

¿No cree la Comisión necesario que la UE en estos casos concretos, consulte o al menos conozca la opinión de las autoridades y el gobierno andaluz sobre estas negociaciones?

¿Conoce la Comisión el mapa político andaluz? ¿Conoce el nivel de enfrentamiento continuo entre los gobiernos autonómico y estatal en España? ¿Sabe la Comisión que muchas de sus decisiones profundizan la brecha política entre ambas administraciones y que ya va teniendo efectos negativos, directos, en el desarrollo y economía andaluza?

¿No cree la Comisión que muchas de sus decisiones están afectando negativamente al desarrollo de uno de los territorios con mayor nivel de desempleo de la UE?

Les rogaría no obtener una respuesta basada en la falta de competencias de la Unión Europea en estas materias, argumentando que es competencia de cada Estado Miembro las relaciones con sus regiones. Siete millones y medio de habitantes andaluces, europeos, están cansados de ser moneda de cambio de la UE en las negociaciones agrícolas y pesqueras con Marruecos.

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(26 de febrero de 2003)

La Comisión lamenta la percepción sesgada que presenta Su Señoría y desea hacerle partícipe de las consideraciones siguientes.

La Comisión espera que estos argumentos contribuyan a convencer a los ciudadanos andaluces de que la Unión toma plenamente en consideración sus intereses.

----

----

(2004/C 88 E/0005)

PREGUNTA ESCRITA E-0086/03

de Roger Helmer (PPE-DE) a la Comisión

(28 de enero de 2003)

Asunto:   Asesinato de niños en Honduras

A la vista de las alarmantes noticias relativas al asesinato, en Honduras, de 64 niños y jóvenes menores de 23 años durante el mes de diciembre de 2002, ¿puede indicar la Comisión qué medidas puede adoptar para afrontar estos hechos?

Asimismo, ¿puede indicar la Comisión de forma pormenorizada qué tipo de ayuda ha ofrecido o puede ofrecer y qué medidas concretas está adoptando o piensa adoptar para poner fin al asesinato indiscriminado de niños y jóvenes en todo el país, dado que el Gobierno hondureño ha demostrado ser incapaz de proteger a los niños de su país a pesar de sus promesas en este sentido?

----

----

(2004/C 88 E/0006)

PREGUNTA ESCRITA E-0097/03

de Phillip Whitehead (PSE) a la Comisión

(28 de enero de 2003)

Asunto:   Los derechos de los niños de la calle en Honduras y Guatemala

A pesar de la amplia condena internacional, en Honduras y Guatemala los niños de la calle continúan viviendo en el temor de las persecuciones. Desde enero de 1998, al menos 1 450 jóvenes han sido asesinados en Honduras, 47 de los cuales tan sólo en el mes de octubre de 2002. Se han asignado quince casos de asesinato que involucran a policías a un equipo especial de investigadores constituido en el mes de septiembre por el Ministerio de Seguridad Pública de Honduras. Al parecer, ninguno de los casos ha desembocado en condena.

¿Puede decir la Comisión qué tipo de ayuda brinda la UE a las autoridades hondureñas y guatemaltecas, así como a otros miembros de la sociedad civil, en materia de proyectos educativos, de programas de construcción de viviendas y de formación profesional para los niños de la calle, con el fin de ayudarles a reintegrarse en la sociedad? ¿Qué iniciativas están en curso para ayudar a las autoridades a llevar ante los tribunales a los responsables de los asesinatos y de los abusos de que son objeto los niños de la calle? ¿Ha examinado la Comisión la posibilidad de ejercer presión sobre las autoridades para que comprendan la importancia de las campañas publicitarias destinadas a promover la tolerancia en una comunidad más amplia?

Respuesta común

a las preguntas escritas E-0086/03 y E-0097/03

dada por el Sr. Patten en nombre de la Comisión

(20 de febrero de 2003)

El incremento de la delincuencia sigue preocupando especialmente a pesar de que el Gobierno de Honduras ha procurado denodadamente atajar este problema, que es un reflejo del alto grado de pobreza y la falta de oportunidades para la gente joven. Existen datos que apuntan a que muchos de los asesinatos de niños y jóvenes se producen en enfrentamientos entre bandas, y también a que las fuerzas de seguridad han tenido que ver con asesinatos de niños y jóvenes, si bien se ha admitido que ni estos agentes actúan siguiendo órdenes del Estado ni el asesinato de los niños de la calle constituye una política del Estado.

Para abordar esta cuestión, la Comisión apoya las gestiones de importantes organismos independientes de Honduras que investigan la actuación de los agentes del orden supuestamente implicados en el asesinato de niños y jóvenes, y respalda las políticas dirigidas a reducir la pobreza y disminuir la vulnerabilidad de los jóvenes mediante la mejora de la educación, la salud y el empleo.

La Comisión ha seguido de cerca los resultados del informe elaborado por el ponente especial de las Naciones Unidas, Jahangir, y comparte en gran parte sus conclusiones, si bien la Comisión no está convencida de que deba darse prioridad a nombrar un Defensor del Pueblo para niños, propuesto en el informe de las Naciones Unidas. Por motivos de mayor eficiencia, podría ser una alternativa conceder más competencias en materia de recursos humanos y formación al Comisario de Derechos Humanos en Honduras, que es quien actualmente tiene competencias a este respecto. La creación de un Defensor del Pueblo especial podía limitar las facultades del Comisario hondureño de Derechos Humanos que han sido muy difíciles de conseguir en una democracia joven como Honduras.

La Comisión, mediante una serie de programas, está intentando reducir la pobreza, en particular para los grupos sensibles, ayudando al Gobierno a aplicar el Programa de estrategia para la Reducción de la Pobreza (PRSP). Además de una gran parte de programas destinados a mejorar las infraestructuras sociales (centros médicos, escuelas, casas, agua y saneamiento) y el medio ambiente, está en preparación un programa especial para impulsar la reforma de la educación secundaria por valor de 28 millones de euros, en estrecha colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo.

Por lo que respecta a Guatemala, la Comisión es consciente de las condiciones de los niños abandonados, y de la ola de violencia e intimidación imperante en el país. En sintonía con la Resolución sobre los derechos humanos en Guatemala, adoptada por el Parlamento en abril de 2002, la Comisión se esfuerza por utilizar los distintos mecanismos a su disposición para incidir en esta situación.

La Comisión y los Estados miembros mantienen un diálogo periódico con el Gobierno de Guatemala y los representantes de la sociedad civil sobre la importancia de promover el bienestar de la población guatemalteca conforme a la plena aplicación de los Acuerdos de Paz firmados en 1996. En este marco, la Comisión insta constantemente a las instituciones públicas locales a desalentar e investigar toda infracción de los derechos humanos o los ataques contra activistas de los derechos humanos.

La Comisión ha apoyado operaciones concretas de cooperación en favor de los niños y sus familias en sectores como la salud, la educación, la lucha contra las drogas y la promoción de la igualdad de género. Asimismo, ha conseguido resultados positivos en varias iniciativas específicas en favor de los jóvenes y los niños de la calle, que han llevado a cabo organizaciones no gubernamentales locales.

Por otra parte, en el marco de la cooperación establecida por los Acuerdos de Paz, la Comisión invita a las autoridades guatemaltecas, las fuerzas de la Policía Nacional y el sistema judicial a impedir toda acción contra el Estado de Derecho. En los próximos meses, una iniciativa específica destinada a reforzar el sistema judicial complementará este programa.

Por último, Guatemala es un país prioritario dentro de Latinoamérica en el marco de la «Iniciativa de la UE para los Derechos humanos y la Democracia» para el período 2002-2004.

----

----

(2004/C 88 E/0007)

PREGUNTA ESCRITA E-0238/03

de Marjo Matikainen-Kallström (PPE-DE) a la Comisión

(4 de febrero de 2003)

Asunto:   Clarificación de la situación de la dimensión septentrional en el presupuesto de la UE

En su respuesta a la pregunta E-3670/01 (1), el Comisario Patten afirma lo siguiente: «En general, la Comisión no es favorable a la creación de pequeñas líneas presupuestarias temáticas o especializadas que impiden una gestión eficaz del presupuesto comunitario.»

Teniendo en cuenta tal respuesta, la autora de la pregunta desearía que la Comisión aclarase algunos aspectos. ¿Considera la Comisión que la dimensión septentrional es temática? De acuerdo con tal interpretación, ¿debería considerarse temático también el programa MEDA? ¿No son la dimensión septentrional y MEDA programas conjuntos de la UE?

¿Qué quiere decir la Comisión con «una gestión eficaz del presupuesto comunitario»? ¿No es precisamente en las grandes líneas presupuestarias donde se dan casos de fraude?

Respuesta del Comisario Patten en nombre de la Comisión

(3 de marzo de 2003)

La dimensión septentrional es una iniciativa política importante, que tiene el apoyo total de la Comisión. Desde su lanzamiento, según lo decidido por el Consejo Europeo de Feira (junio de 2000), está claro que esta dimensión se basa en el diálogo político y la coordinación de instrumentos comunitarios. La dimensión septentrional no puede, por lo tanto, compararse a marcos completamente distintos de acción comunitaria, como el programa MEDA.

El establecimiento de una línea presupuestaria para la dimensión septentrional no sería coherente con las características fundamentales de la iniciativa, que es y seguirá siendo financiada mediante programas comunitarios existentes. Este principio de base fue reafirmado por la reunión ministerial sobre la dimensión septentrional que tuvo lugar el 21 de octubre de 2002 y por el Consejo de Asuntos Generales del 22 de octubre. Las directrices para el nuevo plan de acción de la dimensión septentrional, aprobadas por los Ministros de Asuntos Exteriores de los Estados miembros y de los siete países socios (Federación Rusa, Estonia, Lituania, Letonia, Polonia, Noruega e Islandia) y ratificadas posteriormente por el Consejo, no proponen ningún cambio en este mecanismo de financiación.

Desde el 2000 las iniciativas de la dimensión septentrional han recibido una financiación sustancial del programa TACIS para acciones en Rusia, del PHARE, del ISPA y de los programas Sapard, para los países candidatos, y de Interreg en los Estados miembros concernidos. Por ejemplo, la línea presupuestaria (B7-521) de cooperación transfronteriza se utiliza predominantemente en la dimensión septentrional; su línea subsidiaria para el Mar Báltico (B7-5211) se dirige enteramente a la dimensión septentrional. Además la Comisión ha participado activamente en la creación de sistemas de financiación innovadores, tales como la asociación para la dimensión septentrional, a la cual la Comisión contribuye con 50 millones de euros en tres años.

El reciente informe provisional anual de 2002 sobre la aplicación del plan de acción septentrional (2) describe bien la gama amplia de actividades realizadas en esta dimensión. La Comisión está convencida de que tal apoyo sustancial, en tantas áreas distintas, no podría garantizarse mediante una única línea presupuestaria sobre la dimensión septentrional.

----

(1)DO C 301 E de 5.12.2002, p. 19.

(2)  SEC(2002)1296.

----

----

(2004/C 88 E/0008)

PREGUNTA ESCRITA E-0258/03

de Bob van den Bos (ELDR) a la Comisión

(5 de febrero de 2003)

Asunto:   Ampliación y cooperación al desarrollo

La ampliación de la Unión Europea tiene el potencial de aumentar la influencia de la UE en los asuntos mundiales. Con la adhesión se espera que los países candidatos participen en la cooperación al desarrollo de la UE. Sin embargo, según el documento político de Trialog titulado «Cooperación al desarrollo en el contexto de la ampliación de la UE» (segunda edición), de noviembre de 2002, los países candidatos a la adhesión no han recibido directrices oficiales en materia de cooperación al desarrollo; en consecuencia, su función en la cooperación al desarrollo de la UE sigue sin haberse especificado. Además, la mayor parte de los países candidatos cuenta con poca experiencia en lo que respecta a la prestación de ayuda al desarrollo. Algunos de ellos ni siquiera disponen de un sistema o una política de desarrollo nacional.

Respuesta del Sr. Verheugen en nombre de la Comisión

(7 de marzo de 2003)

En los preparativos para la ampliación, se ha explicado exhaustivamente a los países adherentes el corpus legislativo de la Unión, incluida la cooperación al desarrollo por parte de la Unión. Aparte del cotejo legislativo («screening»), los países adherentes han participado en varias reuniones, bilaterales y multilaterales, en las que se han discutido los elementos de la cooperación al desarrollo de la Unión. Concretamente, la Comisión organizó un seminario en julio de 2002, dedicado a explicar a los países adherentes los diversos aspectos de la cooperación al desarrollo de la Unión y intercambiar experiencias y conocimientos técnicos entre los actuales y los futuros Estados miembros.

En los últimos meses, la Comisión ha empezado a abordar de una manera más sistemática las implicaciones prácticas de la ampliación para la política de desarrollo y la política de cooperación de la Unión. El miembro de la Comisión responsable del desarrollo viajó a Praga en diciembre de 2002 con el objetivo de incrementar la concienciación pública en los países adherentes sobre la vertiente de la ampliación relacionada con el desarrollo y está previsto que participe en una conferencia ministerial en Berlín en abril de 2003. El director general para el desarrollo asistió a varios seminarios celebrados en países adherentes (Eslovenia, Polonia, República Checa) dirigidos a explicar la política de desarrollo de la Unión. Visitará Copenhague en marzo de 2003 para participar en un seminario sobre el desarrollo y la ampliación. La Comisión está participando activamente en reuniones y seminarios dedicados específicamente a problemas de desarrollo (Bonn, Viena).

Los directores generales encargados de asuntos de desarrollo de los Estados de la Unión han incluido el tema en el orden del día de sus reuniones informales y en febrero de 2003 se celebró una reunión dedicada enteramente al tema de la ampliación.

En el período entre la conclusión de las negociaciones de la adhesión y la fecha de la misma, la Comisión intensificará su seguimiento de los países adherentes para garantizar que la legislación y las prácticas de estos países se atienen a las normas de la Unión. Dentro de este seguimiento, se examinan los esfuerzos de los países adherentes para prepararse a participar en la cooperación al desarrollo de la Unión. A este respecto, los países candidatos deben garantizar su capacidad administrativa de participar en la configuración de la cooperación al desarrollo y su capacidad de contribuir financieramente al Fondo Europeo de Desarrollo.

----

----

(2004/C 88 E/0009)

PREGUNTA ESCRITA E-0278/03

de Gianfranco Dell'Alba (NI) a la Comisión

(7 de febrero de 2003)

Asunto:   Irregularidades en el proceso electoral en Camboya

¿Está la Comisión al corriente de las graves deficiencias e irregularidades que están perturbando el actual proceso de registro de electores en Camboya y que, si no se corrigen a tiempo, distorsionarán la voluntad del pueblo camboyano, que, supuestamente, debería verse reflejada en las elecciones parlamentarias de 27 de julio de 2003? Concretamente:

Además, el antiguo Partido Comunista en el poder ha organizado toda la maquinaria electoral sin haber consultado con la sociedad civil y con la oposición representada en el Parlamento.

Considerando que la Unión Europea desempeña una función decisiva en la provisión de ayuda financiera y técnica para la organización de las elecciones mencionadas y que estas prácticas y medidas discriminatorias no están aceptadas por las normas democráticas internacionales,

Respuesta del Comisario Patten en nombre de la Comisión

(4 de marzo de 2003)

La Comisión sigue con detalle los preparativos de las elecciones en Camboya, incluido el registro de votantes, y ha tomado varias iniciativas para apoyar este proceso.

Primero, la Comisión facilita actualmente asistencia técnica en formación y educación cívica y de votantes y en relaciones públicas y comunicación al Comité electoral nacional (NEC). El objetivo de esta ayuda es aumentar la transparencia del proceso electoral y mejorar la información a los votantes. Los expertos han podido proporcionar un apoyo efectivo al NEC, especialmente a través de formación, asesoramiento sobre nuevas normas y comunicados de prensa.

En segundo lugar, en respuesta a una invitación del Gobierno Real de Camboya a organizaciones internacionales para enviar a sus representantes como observadores de las elecciones parlamentarias del 27 de julio de 2003, la Comisión decidió desplegar una misión exploratoria, que incluyó a varios expertos en elecciones, recoger elementos efectivos por ayudar a la toma de decisiones sobre si apoyar el proceso de elección y no cómo, y en especial si una misión de observación de la Unión sería útil, aconsejable y posible. La misión tuvo lugar del 27 de enero al 4 de febrero de 2003 y se entrevistó con los jefes misión de la Unión en Phnom Penh, representantes de instituciones del Estado, autoridades electorales, el Consejo constitucional, partidos políticos, organizaciones sociales, medios de comunicación, embajadas bilaterales y organizaciones internacionales. A la luz de los resultados de la misión, a la Comisión le gustaría resaltar algunos resultados en respuesta a los puntos particulares planteados en la cuestión parlamentaria.

La misión recibió alegaciones en el sentido de que las medidas y prácticas discriminatorias al nivel municipal están impidiendo que unos 1-1,5 millones de ciudadanos sean inscritos. Sin embargo debe subrayarse que la nueva ley electoral establece requisitos estrictos para evitar el registro de votantes que no cumplen las condiciones. Sin embargo la aplicación de los reglamentos in situ no es uniforme y da lugar a alegaciones de prejuicio político. Sin embargo, la misión no recibió ninguna prueba clara de un rechazo político orquestado y extendido en esta fase, aunque ciertamente existen defectos en ciertos municipios.

Para remediar esta situación y maximizar la inscripción, el Comité electoral nacional anunció el 11 de febrero que el registro de votantes se ampliaría de dos a cinco días en los ayuntamientos donde las cifras de inscripción se comprobó que eran demasiado bajas comparadas al número de votantes elegibles esperados. Antes del 11 de febrero de 2003 se habían inscrito 900 000 votantes adicionales en las listas. Debería enfatizarse la exactitud de las listas, de modo que todos los votantes elegibles sean incluidos en las listas. El número total de votantes, sin embargo, no es conocido precisamente, pues las cifras de 6,5-6,8 millones calculados sea basan en proyecciones demográficas extraídas del censo de 1998.

Las disposiciones legales sobre la composición del NEC han sido impugnadas ampliamente pues el NEC no es un organismo pluripartidista ni completamente independiente. Sin embargo la misión encontró que, a nivel central, el NEC está tomando medidas de gran envergadura para aumentar la transparencia y confianza en su trabajo, a través de mesas redondas mensuales y la consulta de proyectos de reglamento y preparativos electorales con partidos políticos, ONG, representantes de los medios y donantes. Corresponde al NEC asegurarse de que los procedimientos electorales se ejecutan de manera adecuada y transparente por todos los implicados en la administración del proceso. La Delegación de la Comisión en Camboya, así como los Estados miembros representados en Phnom Penh, participa activamente en las consultas del NEC con el objetivo de garantizar que las elecciones se celebren de la forma más justa y transparente posible.

El despliegue de una misión de observación de la Unión, tras la misión exploratoria, está estudiándose.

----

----

(2004/C 88 E/0010)

PREGUNTA ESCRITA P-0325/03

de Marco Pannella (NI) a la Comisión

(5 de febrero de 2003)

Asunto:   Intensificación de las violaciones de los derechos humanos fundamentales de los Montagnard, pueblo de las montañas de Viet Nam

Considerando que el 18 de diciembre de 2002, Amnistía Internacional publicó el informe «Socialist Republic of Viet Nam/Kingdom of Cambodia: No sanctuary: The plight of the Montagnard minority», y que el 23 de enero de 2003, Human Rights Watch publicó el documento informativo «New Assault on Rights in Vietnam's Central Highlands — Crackdown on Indigenous Montagnards Intensifies»;

Considerando que en las últimas semanas han sido detenidos, sin motivo conocido:

Considerando que Viet Nam hace caso omiso de las solicitudes de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 27 de julio de 2002;

Visto que la Comisión:

Entre todos los canales disponibles a que se refiere la Comisión, ¿ha pedido o piensa pedir información sobre los hechos específicos denunciados a las autoridades vietnamitas, con las que está en contacto permanente en virtud del Acuerdo de cooperación?

A la vista de que no ha denunciado el Acuerdo de cooperación, ¿considera la Comisión que Viet Nam es un país que respeta los derechos humanos y los principios democráticos o, en caso contrario, qué hechos la llevarían a denunciar el Acuerdo de cooperación?

Respuesta del Comisario Patten en nombre de la Comisión

(26 de febrero de 2003)

La referencia al respeto de los derechos humanos y los principios democráticos en el artículo 1 del Acuerdo de cooperación CE-Vietnam constituye el marco del diálogo sobre derechos humanos de la Comisión con el Gobierno de Vietnam. La política de la Comisión hacia Vietnam es fomentar y apoyar el progreso continuo en materia de derechos humanos y democratización, y manifestar preocupación ante los abusos o el deterioro de la situación. La Comisión trabaja en estrecha colaboración con los Estados miembros en el marco de las reuniones periódicas del Grupo de política y derechos humanos de la Unión y participa en reuniones de la troika con el Gobierno vietnamita así como en misiones ad hoc y a través de declaraciones conjuntas de la Unión. En este contexto también se estudian casos de personas concretas.

La Comisión y los Estados miembros han exhortado en varias ocasiones al Gobierno de Vietnam para consolidar su respeto por las libertades políticas y religiosas, así como las libertades económicas y sociales. Y expresaron de nuevo recientemente esta petición en su declaración conjunta durante la reunión del grupo consultivo en Hanoi, en diciembre de 2002.

La constitución vietnamita garantiza la libertad de creencia y religión. El Gobierno reconoce oficialmente seis religiones (una organización budista, la iglesia budista central de Vietnam, la iglesia católica, dos organizaciones protestantes, el islam, el budismo de Hoa Hao y el cao-daismo). El artículo 70 de la constitución, sin embargo, también afirma que «está prohibido violar la libertad de creencia, o la religión, o aprovecharse de ello para actuar contra la ley o las políticas del Estado». Como el Gobierno de Vietnam aún considera a los movimientos religiosos como un elemento potencial de oposición y desunión, se invoca frecuentemente esta disposición para justificar los muchos controles, limitaciones, prohibiciones y sanciones que restringen la libertad en este ámbito.

Los informes sobre el acoso sistemático a los cristianos en Vietnam (especialmente los cristianos Montagnard y los cristianos Hmong) son comunes y han aumentado desde la sublevación en las montañas centrales en febrero de 2001. Varios informes señalan la práctica repetida por las fuerzas de seguridad de forzar a los habitantes de las montañas a renunciar a su fe cristiana y mencionan muertes occidentales o palizas bajo custodia de la policía, aunque las autoridades lo nieguen rotundamente.

El acceso a las montañas centrales sigue estando limitado y una verificación de primera mano y sistemática de los informes sigue siendo imposible. No obstante, en el 2002 tuvieron lugar dos misiones locales UE-Troika en las montañas centrales con participación de la Comisión, la última en noviembre de 2002. Tras la última misión, la Comisión, en estrecha coordinación con los Estados miembros, ha ofrecido al Gobierno de Vietnam apoyo, dentro del marco de su programa de cooperación, para posibles actividades como las relativas a minorías étnicas, reducción de la pobreza en las montañas centrales y abordar las causas profundas de los problemas en la zona. A finales de enero de 2003 el Gobierno de Vietnam aceptó que una misión exploratoria de la Comisión visite la zona en las próximas semanas.

La Comisión y los Estados miembros continuarán siguiendo de cerca la situación de los derechos humanos en Vietnam y a su debido tiempo se tomará una decisión sobre la acción apropiada.

----

(1)DO C 192 E de 14.8.2003, p. 81.

----

----

(2004/C 88 E/0011)

PREGUNTA ESCRITA E-0356/03

de Bill Newton Dunn (ELDR) y Baroness Sarah Ludford (ELDR) a la Comisión

(12 de febrero de 2003)

Asunto:   Violaciones de derechos humanos en Honduras

La Comisión esta sin duda al corriente de las violaciones de derechos humanos, en concreto de los frecuentes asesinatos de niños de la calle, que siguen produciéndose en Honduras.

Respuesta del Comisario Patten en nombre de la Comisión

(28 de febrero de 2003)

La Comisión remite a Sus Señorías a su respuesta conjunta a las preguntas E-0086/03 del Sr. Roger Helmer y E-0097/03 del Sr. Philip Whitehead sobre el mismo asunto (1).

----

(1)  Ver página 5.

----

----

(2004/C 88 E/0012)

PREGUNTA ESCRITA E-0434/03

de Erik Meijer (GUE/NGL) a la Comisión

(18 de febrero de 2003)

Asunto:   Esterilización de mujeres jóvenes del grupo de población romaní en Eslovaquia mediante engaño o sin su consentimiento

Respuesta del Comisario Verheugen en nombre de la Comisión

(13 de marzo de 2003)

La Comisión es consciente de las alegaciones, recientemente publicadas en un informe del «Centro de derechos en materia de procreación», una ONG con sede en Nueva York, reflejadas más tarde en otras declaraciones a los medios, en el sentido de que las mujeres romanís están siendo esterilizadas sin su consentimiento o con consentimiento forzado por médicos en Eslovaquia oriental. El informe citaba también otras violaciones de los derechos humanos, tales como el acceso discriminatorio a recursos y cuidados médicos.

La esterilización forzada de mujeres es punible conforme a la legislación eslovaca.

El Comisario responsable de la ampliación abordó inmediatamente este problema en una carta dirigida al Primer Ministro eslovaco, Sr. Dzurinda, subrayando que estas alegaciones producen una honda preocupación y en caso de que fueran ciertas constituirían una infracción grave de los derechos humanos. Pidió a las autoridades eslovacas que investiguen a fondo, que eliminen las posibles medidas discriminatorias y mantengan a la Comisión informada sobre los procedimientos.

La Comisión ha sido informada de que el Viceprimer Ministro eslovaco, Sr. Csaky, dio instrucciones las autoridades competentes para poner en marcha las investigaciones necesarias.

----

----

(2004/C 88 E/0013)

PREGUNTA ESCRITA E-0569/03

de Freddy Blak (GUE/NGL) a la Comisión

(28 de febrero de 2003)

Asunto:   Pago del impuesto de matriculación en exportaciones desde Dinamarca

El Estado danés introdujo en 2002 un sistema de reembolso del impuesto de matriculación de vehículos de motor exportados desde Dinamarca.

En el apartado 3 del artículo 7b de la ley no 977, de 2 de diciembre de 2002, relativo al impuesto de matriculación de los vehículos de motor, se dispone que se retendrá el 15 % del importe de la tasa establecido en el apartado 2.

Ahora bien, en el artículo 1 de la misma ley se dispone que se pagará un impuesto sobre los vehículos de motor que se matriculen de acuerdo con la ley de tráfico.

Esto significa en la práctica que, al exportar un vehículo de motor se reembolsa el 85 % del impuesto de matriculación, pero ante una eventual reintroducción se deberá pagar la totalidad de la tasa, con lo que surge una diferencia del 15 %.

¿Puede la Comisión indicar si este sistema de tipo arancelario es conforme con las disposiciones relativas a la libre circulación de mercancías a través de las fronteras interiores de la UE (por ejemplo, los artículos 23 y 25 del Tratado)?

Respuesta complementaria del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(6 de agosto de 2003)

En la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre «La fiscalidad de los turismos en la Unión Europea: opciones a escala nacional y comunitaria», de 9 de septiembre de 2002 (1), la Comisión instaba a los Estados miembros a instaurar un sistema de devolución del impuesto de matriculación cuando un coche usado se traslada, por venta, a otros Estados miembros o se exporta a un tercer país. En ese mismo documento, se sugería también que el método de cálculo del impuesto de matriculación residual que debe reembolsarse debería ser idéntico al utilizado en el caso de importaciones de coches de ocasión procedentes de otros Estados miembros.

En julio de 2002, Dinamarca introdujo en su legislación un sistema de devolución del impuesto de matriculación aplicable a los vehículos que salgan del territorio danés. Con arreglo a dicho sistema, el porcentaje del impuesto que ha de reembolsarse se calcula por idéntico método al utilizado cuando el automóvil se ha matriculado inicialmente en Dinamarca. A este respecto, cabe señalar que el impuesto que grava los vehículos nuevos se computa atendiendo al precio de venta al público, que incluye los derechos de aduana, el IVA y el margen de beneficio, pero excluye el propio impuesto. Los vehículos de ocasión se gravan de idéntica manera, si bien el precio de venta al público efectivo se calcula mediante un procedimiento de valoración consistente en comparar los vehículos a otros similares en el mercado danés.

Cuando se exportan desde Dinamarca vehículos matriculados, se devuelve al exportador el 85 % del impuesto de matriculación, calculado según se ha descrito anteriormente. La retención del 15 % tiene por objeto evitar que se reembolse por el margen comercial, que se considera incluido en el precio del vehículo con impuestos.

En este sentido, señala Su Señoría que el impuesto de matriculación, reembolsado en un 85 % al exportar los vehículos de Dinamarca, vuelve a recaudarse, sin reducción alguna, en caso de reimportación de esos mismos vehículos a territorio danés (y consiguiente nueva matriculación).

Al reimportar un vehículo a Dinamarca, la base imponible sobre la que se calcula el impuesto de matriculación se determina en función, fundamentalmente, del valor del coche en el momento de dicha reimportación. A este respecto, cabe señalar que, en términos reales, el importe del impuesto que deberá pagarse a la hora de reimportar el vehículo no coincidirá, debido a la depreciación del valor de este último, con el importe pagado al matricularlo en Dinamarca por primera vez.

Así pues, la diferencia entre el impuesto inicialmente reembolsado con ocasión de la exportación y el efectivamente pagado con motivo de la reimportación del vehículo no representa un 15 %, pues dicho porcentaje se calculó sobre un importe distinto.

Dicho esto, es preciso puntualizar que, en cuanto tributo interno, el impuesto de matriculación no entra dentro del ámbito de aplicación de las disposiciones del Tratado CE referentes a los derechos de aduana y otras exacciones de efecto equivalente (artículos 23 a 25), sino del de las referentes a fiscalidad (artículos 90 a 93).

El artículo 91 del Tratado CE no obliga a Dinamarca a efectuar devolución alguna de impuestos internos a la hora de exportar bienes ya gravados; simplemente prohíbe a los Estados miembros la devolución, por los bienes exportados, de impuestos por importe superior a aquél con que hayan sido gravados en el país.

No obstante, dado que la entrada en vigor del sistema danés de devolución de impuestos es relativamente reciente, su aplicación en la práctica habrá de ser objeto de ulterior análisis.

Por otra parte, como se indica en la Comunicación anteriormente mencionada, la Comisión tiene la intención de proponer «normas generales relativas al método de cálculo del impuesto de matriculación aplicable a los vehículos de segunda mano importados de otros Estados miembros». Como es natural, tal propuesta incluirá asimismo normas aplicables a los sistemas de devolución en caso de exportación.

----

(1)  COM(2002)431 final.

----

----

(2004/C 88 E/0014)

PREGUNTA ESCRITA E-0609/03

de José Ribeiro e Castro (UEN) a la Comisión

(3 de marzo de 2003)

Asunto:   UE/Timor-Leste 1999-2003: cooperación, desarrollo, derechos humanos, ayudas y otros

En los años 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003, y con relación a Timor-Leste:

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(12 de mayo de 2003)

Durante el período en cuestión, la Comisión ha comprometido, o tiene previsto comprometer, fondos para los siguientes programas y actividades en Timor Oriental:

----

----

(2004/C 88 E/0015)

PREGUNTA ESCRITA E-0824/03

de Paul Rübig (PPE-DE) a la Comisión

(18 de marzo de 2003)

Asunto:   Restricciones a la transmisión de títulos de valores en la República Checa

En la empresa de suministro energético JCP de Bohemia meridional, los inversores ejercen, en relación con una parte importante de sus participaciones, la totalidad de los derechos de accionariado, pero las acciones permanecen en propiedad de los municipios de la región. El motivo estriba en que las acciones sólo son transferibles a todos los efectos entre determinadas entidades (p.ej. entre municipios y fondos públicos). Los demás inversores pueden obtener únicamente los derechos relativos a la adquisición de las acciones y los derechos de dividendo. Hasta la fecha, el Estado checo ha denegado sistemáticamente las solicitudes para un levantamiento de estas limitaciones (en el contexto de la privatización a favor de RWE). En el caso de casi todos los distribuidores checos de gas natural y energía eléctrica (en el caso de las compañías eléctricas había también participaciones de titularidad municipal), el Estado dio curso a tales solicitudes.

Los propietarios de las acciones de JCP (los municipios) no pueden, debido a las restricciones de compra, disponer libremente de sus acciones. ¿No representa esta situación una discriminación del accionariado y, por ende, una vulneración de las normas de la UE?

¿Es esta situación de discriminación en la que se encuentran algunos inversores acorde con las disposiciones de protección de las inversiones de la Carta energética europea, que fue ratificada también por la República Checa, y con el espíritu de liberalización de mercados, que prevé entre otras cosas la igualdad de trato de todos los participantes en el mercado?

Habida cuenta de la posición preponderante del RWE en el sector del gas natural de la República Checa, la situación parece contraproducente. ¿Cómo valora la Comisión la situación del mercado checo del gas natural, que tiene una importancia considerable en Europa?

Respuesta del Sr. Verheugen en nombre de la Comisión

(6 de mayo de 2003)

La situación que describe Su Señoría no debería considerarse una discriminación vinculada a la nacionalidad de los accionistas de Jiho Ceska Plynarenska (JCP), la empresa de suministro energético de Bohemia meridional. Al parecer dos empresas alemanas, RWE y EON, figuran entre los mayores accionistas de JPC. También los municipios checos son accionistas importantes en el capital de esta empresa al poseer una participación de control (34 %). Parece ser que los municipios tienen acciones de JCP que no son negociables legalmente, lo cual no es el caso de las otras acciones de JCP en posesión de otros inversores.

La legislación comunitaria dispone que las acciones de empresas admitidas a cotización oficial deben ser libremente negociables (apartado 1 del artículo 46 de la Directiva 2001/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de mayo de 2001, sobre la admisión de valores negociables a cotización oficial y la información que ha de publicarse sobre dichos valores (1)). No obstante, el apartado 3 de dicho artículo permite una cláusula de autorización si ésta no perturba las condiciones del mercado.

JCP se cotiza en la Bolsa de Valores de la República Checa. En la medida en que las acciones en posesión de los municipios son de categoría diferente y no están admitidas a dicha Bolsa de Valores, esta práctica no es incompatible con la legislación comunitaria. Una posible contradicción con la legislación comunitaria sólo necesitaría verificación en el caso de acciones que cotizaran oficialmente y para las cuales una cláusula de restricción de venta no pudiera asimilarse a una cláusula de autorización, como acaba de explicarse.

La Comisión está en contacto con las autoridades checas para garantizar que se cumpla íntegramente el acervo comunitario en este terreno.

Cabe observar que en el contexto de las negociaciones de adhesión la República Checa ha obtenido un período transitorio hasta finales de 2004 para la liberalización del mercado del gas, que se encuentra establecido en el Tratado de Adhesión.

Las disposiciones sobre inversión que figuran en el Tratado Europeo sobre la Carta de la Energía se refieren únicamente a los requisitos relativos a los inversores de otra Parte Contratante. Para las inversiones establecidas, se exige que tales inversiones de un inversor de cualquier otra Parte Contratante reciban un trato no menos favorable que las inversiones establecidas de un inversor de la Parte Contratante en cuestión («tratamiento nacional»). No obstante, para la «realización de inversiones», que parece aplicarse al caso en cuestión, sólo se exigen los «mejores esfuerzos» por dispensar tal «tratamiento nacional».

La adjudicación a RWE de la licitación de privatización en el sector del gas tuvo lugar previa autorización de la Oficina Checa de Competencia, que tiene esta responsabilidad en virtud del Acuerdo Europeo actualmente vigente. Como se afirma en el Informe periódico de 2002 (2), la Comisión cree que el proceso de privatización ha contribuido a preparar el sector del gas checo para el competitivo mercado comunitario de la energía.

----

(1)DO L 184 de 6.7.2001.

(2)  COM(2002) 700 final.

----

----

(2004/C 88 E/0016)

PREGUNTA ESCRITA E-0904/03

de Jan Mulder (ELDR) a la Comisión

(24 de marzo de 2003)

Asunto:   Gasóleo utilizado por agricultores en zonas fronterizas

Los agricultores neerlandeses que labran sus tierras en Alemania con vehículos agrícolas que contienen el denominado gasóleo rojo en el depósito reciben multas de los aduaneros alemanes, puesto que éstos no aceptan en el territorio alemán el uso de ese gasóleo con desgravación fiscal.

Por lo visto, un tribunal alemán ha sometido cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia.

En sus respuestas a las preguntas formuladas por diputados neerlandeses a la Segunda Cámara (883, período de sesiones 2002-2003), el Secretario de Estado Van Eijck escribe que, después de que resultara imposible una solución bilateral, se ha debatido esta problemática en el Comité de Impuestos sobre Consumos Específicos y que la Comisión ha prometido presentar una propuesta para resolver los problemas de ejecución que se pueden producir en este contexto.

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(6 de mayo de 2003)

----

----

(2004/C 88 E/0017)

PREGUNTA ESCRITA P-1139/03

de Joke Swiebel (PSE) a la Comisión

(24 de marzo de 2003)

Asunto:   Veraneantes en tránsito por Bulgaria — extorsiones

En los últimos años, los funcionarios públicos han extorsionado muy regularmente a súbditos neerlandeses en tránsito por Bulgaria camino de Turquía durante las vacaciones (de verano) o les han tratado de manera condenable. De varias maneras se les obliga a pagar importes, por ejemplo, multas, peajes, o visados en la frontera. Se le va a enviar un expediente con relatos recogidos por la Fundación neerlandesa de integración de los turcos en los Países Bajos que confirma dichas prácticas.

En el marco del programa PHARE 2002, Bulgaria ha recibido fondos de la Unión, entre otros fines, para tomar medidas contra la corrupción y para desarrollar una política en materia aduanera y de controles fronterizos. Para este apartado, están disponibles 36 millones de euros (1).

Dentro de un par de meses empezará el período estival y muchas personas desearán viajar a través de Bulgaria y los Balcanes hacia Turquía. ¿Puede comunicar la Comisión de qué manera se desarrolla la ejecución del programa PHARE en Bulgaria, concretamente en el ámbito de la lucha contra la corrupción por parte de funcionarios de policía y en el ámbito de las políticas aduanera y de controles fronterizos? ¿Qué medidas ha tomado la Comisión para denunciar ante las instancias búlgaras correspondientes el problema de la extorsión de veraneantes en Bulgaria? ¿Qué solución se ha encontrado para evitar que aumente el número de veraneantes víctimas de estas prácticas? ¿Puede confirmar la Comisión que existen posibilidades de protección jurídica para los veraneantes extorsionados? En caso negativo, ¿qué medidas piensa tomar la Comisión?

Respuesta del Sr. Verheugen en nombre de la Comisión

(25 de abril de 2003)

Teniendo en cuenta que uno de los criterios para la adhesión acordados en el Consejo Europeo de Copenhague es garantizar el Estado de Derecho (21-22 de junio de 1993), la Comisión considera muy importante desarrollar mecanismos para la aplicación de la ley en Bulgaria que sean efectivos y no ejerzan ningún tipo de discriminación, tales como mecanismos de denuncia en relación con asuntos de corrupción. Si bien la Comisión no puede investigar casos particulares en el ámbito de la justicia y los asuntos de interior, supervisa el respeto del compromiso, por parte de Bulgaria, del Estado de Derecho y periódicamente informa de ello al Parlamento y a los Estados miembros.

En su Informe periódico de 2002 relativo a Bulgaria (2), la Comisión afirma que la corrupción de la policía es considerada un verdadero problema y que ciudadanos de la Unión han notificado casos de soborno cometidos por la policía de tráfico y de fronteras a su paso por el país.

Atendiendo a la solicitud que formuló la Comisión de mejoras en la última reunión del Comité de asociación UE/Bulgaria, este asunto seguirá siendo objeto de debate en el marco del Acuerdo europeo y hasta el momento de la adhesión se observarán los avances de Bulgaria en este sentido.

Se ha instado insistentemente a Bulgaria a que adopte las medidas adecuadas para evitar incidentes del tipo descrito en las denuncias mencionadas, y a que informe a la Comisión de los resultados de esta actuación. En respuesta, las autoridades búlgaras han adoptado una serie de medidas concretas (preventivas y represivas) que fueron comunicadas a la Comisión en agosto de 2002 en un documento titulado: «Medidas adoptadas por las autoridades búlgaras encargadas de la aplicación de la ley para combatir los delitos cometidos en las carreteras». La Comisión sigue observando de cerca la situación, asimismo en el marco de la ayuda de adhesión (Phare) y a través de las negociaciones preparatorias de la misma.

Por lo que se refiere al programa Phare 2002, se consideraron prioritarias todas las propuestas de proyectos destinados a contribuir a la lucha contra la corrupción. De resultas, se aprobaron cuatro proyectos anticorrupción, uno de los cuales exclusivamente centrado en la corrupción dentro de las fuerzas de la policía. Se están llevando a cabo otros proyectos Phare para apoyar la reforma de la administración pública, incluida la administración de aduanas, y del sistema judicial. Para más detalles consúltese el sitio de Internet http:/www.evropa.bg. En virtud del programa Phare 2003, que está siendo analizado actualmente por los Estados miembros, se han propuesto otros proyectos en los tres ámbitos prioritarios para la reforma.

----

(1)  SEC(2002) 1400, p. 13.

(2)  COM(2002) 700 final.

----

----

(2004/C 88 E/0018)

PREGUNTA ESCRITA E-1142/03

de Stavros Xarchakos (PPE-DE) a la Comisión

(1 de abril de 2003)

Asunto:   Protección de las piezas arqueológicas expuestas en los museos del Iraq

Según publicaciones de la prensa griega, el Museo Arqueológico Nacional del Iraq y el de El Cairo están considerados como los dos museos arqueológicos más importantes de Oriente Próximo. El Museo Arqueológico Nacional del Iraq había cumplido apenas dos años de funcionamiento tras los daños sufridos como consecuencia de la operación «Tormenta del desierto» en 1991, y hace unos días volvió a cerrar sus puertas bajo la amenaza del nuevo ataque. Dicho museo alberga hallazgos procedentes de la época prehistórica, con piezas representativas de las culturas de los sumerios, acadios, babilonios, asirios, caldeos, etc.

Cuando la comunidad internacional era testigo de la destrucción de tesoros culturales en el Afganistán, este diputado presentó a la Comisión Europea una pregunta (P-0822/01 (1)) sobre su opinión acerca de la idea de crear un fondo especial de la UE para la adquisición de tesoros culturales amenazados de destrucción así como sobre la posible existencia de fondos comunitarios destinados a la protección del patrimonio cultural mundial. La respuesta obtenida decía lo siguiente: «El presupuesto de la Comunidad no contiene disposiciones que permitan financiar medidas de protección del patrimonio cultural mundial. En la actualidad la Comisión no tiene intención de crear un fondo especial para adquirir los tesoros culturales que puedan estar amenazados de destrucción.»

Ante la probabilidad de una nueva destrucción de tesoros culturales pertenecientes al patrimonio mundial, ¿qué opina la Comisión Europea sobre la creación del fondo especial citado? ¿Qué medidas piensa tomar con el fin de proteger los tesoros culturales del Museo Arqueológico Nacional del Iraq frente a la destrucción que les reserva la guerra?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(6 de mayo de 2003)

La Comisión expresa su pesar por el sufrimiento causado por el conflicto a la población de Iraq. Asimismo, está preocupada por los daños físicos causados a infraestructuras y edificios, incluidos los tesoros culturales. Tras el pillaje y la destrucción de un gran número de tesoros arqueológicos en los Museos de Bagdad, Tikrit y Mossoul, la Comisión espera que sean tomadas todas las medidas necesarias para evitar más destrucción.

Tal como se explicó en el contexto del conflicto de Afganistán, la UE no ha previsto la creación de un fondo especial para evitar la destrucción de los tesoros culturales en un tercer país. Podría tener lugar una intervención en este ámbito en el marco de la posible participación de la UE en la reconstrucción de Iraq, de acuerdo con las prioridades de intervención identificadas, tras la evaluación de las necesidades y de los daños sufridos.

----

(1)DO C 261 E de 18.9.2001, p. 202.

----

----

(2004/C 88 E/0019)

PREGUNTA ESCRITA E-1148/03

de Graham Watson (ELDR) a la Comisión

(1 de abril de 2003)

Asunto:   Seychelles

El control total del poder ejecutivo y el partido en el Gobierno sobre la vida en las Seychelles constituye una amenaza para los derechos humanos, y se han denunciado de forma reiterada las restricciones a la prensa de oposición, el tráfico de drogas y el blanqueo de dinero.

¿Qué medidas ha tomado la Comisión, bajo los auspicios del Acuerdo de Cotonú y los objetivos declarados de la UE en relación con los derechos humanos y la democracia, para mejorar la democratización y la buena gobernanza en las Seychelles?

----

----

(2004/C 88 E/0020)

PREGUNTA ESCRITA E-1150/03

de Graham Watson (ELDR) a la Comisión

(1 de abril de 2003)

Asunto:   Seychelles

Recientemente, Colin Thelermont, tras escapar de prisión, fue salvajemente torturado antes de ser ejecutado; un caso similar en el mes de enero de 1999 también terminó con una ejecución sumaria.

Teniendo en cuenta que Seychelles ha ratificado tanto la Convención de las Naciones Unidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como la Convención contra la pena de muerte (1 de febrero de 2002), ¿qué medidas piensa tomar la Unión Europea para que las autoridades de Seychelles hagan frente a sus responsabilidades en este ámbito?

Respuesta común

a las preguntas escritas E-1148/03 y E-1150/03

dada por el Sr. Nielson en nombre de la Comisión

(6 de mayo de 2003)

Las relaciones de la Comunidad con los Estados de África, el Caribe y el Pacífico (Estados ACP) se basan en el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, tal y como se define en el Acuerdo de Cotonú.

Las medidas adoptadas para mejorar la democratización y la buena gobernanza de las Seychelles comprenden la concesión de una ayuda considerable para el desarrollo y la consolidación de las organizaciones no estatales mediante un programa de capacitación de la sociedad civil (un 15 % del 9o Fondo Europeo de Desarrollo (FED) está asignado en calidad de fondos a los que los agentes no estatales tienen acceso directo). El objetivo de esta medida es potenciar la capacidad de los agentes no estatales para que puedan convertirse en un socio valorado y constructivo en el desarrollo de Seychelles.

Asimismo, en los últimos años, la Comisión ha tomado una serie de iniciativas para apoyar el proceso democrático (por ejemplo, la presencia de la Delegación en las elecciones, las conversaciones con los líderes de la oposición en Bruselas y en Seychelles, etc).

En lo que toca a una posible actuación de la Unión sobre las denuncias concretas de tortura, la Comisión se pondrá en contacto con la Presidencia local en Seychelles.

----

----

(2004/C 88 E/0021)

PREGUNTA ESCRITA E-1282/03

de Ria Oomen-Ruijten (PPE-DE) a la Comisión

(4 de abril de 2003)

Asunto:   Tipo impositivo reducido aplicado al diesel («diesel rojo») utilizado en la maquinaria agrícola

Los agricultores y trabajadores neerlandeses que efectúan tareas agrícolas tanto en los Países Bajos como en Alemania se encuentran con dificultades en dicho país si el tanque de su maquinaria agrícola contiene diesel al que se ha aplicado un tipo impositivo reducido («diesel rojo»). El servicio fiscal alemán ha impuesto multas en diversas ocasiones a los trabajadores neerlandeses a causa de ello.

Aunque está previsto que los Estados miembros puedan optar por aplicar un tipo impositivo reducido al diesel en casos concretos, el apartado 1 del artículo 8 bis de la Directiva 92/81/CEE (1) tiene por objeto evitar la doble imposición fiscal. Asimismo, un Estado miembro no puede aplicar impuestos especiales al consumo por un carburante adquirido en otro Estado miembro.

El Secretario de Estado de Finanzas neerlandés ha indicado que este problema se debatió en el seno del Comité de impuestos especiales de la Comisión, quien a su vez se comprometió a elaborar una propuesta con vistas a encontrar una solución a dicho problema.

¿Podría indicar la Comisión en qué estado se encuentra la elaboración de dicha propuesta para la solución del problema previamente expuesto? ¿Cuándo cree poder presentar dicha propuesta?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(15 de mayo de 2003)

Se remite a Su Señoría a la respuesta de la Comisión a la pregunta escrita E-0904/03 (2) del Sr. Mulder.

----

(1)DO L 316 de 31.10.1992, p. 12.

(2)  Ver página 17.

----

----

(2004/C 88 E/0022)

PREGUNTA ESCRITA E-1295/03

de José Ribeiro e Castro (UEN) a la Comisión

(7 de abril de 2003)

Asunto:   Presos políticos en Cuba

Según los medios de comunicación, el 20 de marzo de 2003 la policía cubana detuvo al escritor y periodista Raúl Rivero en el tercer día consecutivo de detenciones de líderes de la oposición. En el momento de la detención, llevada a cabo en presencia de su madre, de edad avanzada, al parecer no se le comunicó siquiera el motivo de la misma.

Asimismo, también han sido al parecer detenidos la economista Marta Beatriz Roque, Presidenta de la Asociación de la Sociedad Civil, el portavoz del grupo «Todos Unidos», Héctor Palacios, el economista Óscar Espinosa Chepe y otros 60 activistas políticos de diferentes ciudades.

La acusación subyacente a estas detenciones por parte del Gobierno cubano es, presuntamente, que los detenidos estaban llevando a cabo una «conspiración» con el Gobierno de los Estados Unidos.

----

----

(2004/C 88 E/0023)

PREGUNTA ESCRITA E-1311/03

de Bill Newton Dunn (ELDR) a la Comisión

(7 de abril de 2003)

Asunto:   Detención del Dr. Oscar Ellias Biscet por las autoridades cubanas

¿Ha llegado al conocimiento de la Comisión el encarcelamiento del Dr. Oscar Ellias Biscet, activista cubano por los derechos humanos, por parte de las autoridades cubanas?

----

----

(2004/C 88 E/0024)

PREGUNTA ESCRITA E-1347/03

de Charles Tannock (PPE-DE) a la Comisión

(10 de abril de 2003)

Asunto:   Violaciones de los derechos humanos en Cuba

Según algunas informaciones, un activista cubano en favor de los derechos humanos, el Dr. Óscar Elías Biscet, fue detenido en diciembre del año pasado por asistir a una reunión pacífica e informal en defensa de los derechos humanos, un mes después de haber salido de la cárcel. Parece ser que el Dr. Biscet se encuentra recluido en la prisión Combinado del Este en La Habana número de asunto 244 (2002) número de expediente 2903007. Se ha informado también de que se le ha negado tratamiento médico por un grave problema de encías, a causa del cual podría perder los dientes.

¿Dispone la Comisión de alguna información sobre el estado de salud y el paradero del Dr. Biscet y sobre las circunstancias de su detención? En concreto, ¿puede especificar la Comisión que sus actividades políticas no eran de carácter violento? ¿Ha planteado la Comisión la cuestión de su tratamiento a las autoridades de La Habana?

Por último, ¿está de acuerdo la Comisión en que los continuos informes sobre la falta de acceso de los prisioneros al tratamiento médico, a veces incluso para salvarles la vida, constituye la forma más grave de violación de los derechos humanos hoy en día en Cuba? En tal caso, ¿ha indicado la Comisión la importancia que en la Unión Europea se concede al respeto de los derechos humanos en todo el espectro político? ¿Ha indicado la Comisión que los avances en nuestra relación con Cuba, incluida la adhesión al Acuerdo de Cotonou, dependen en gran medida de un mayor respeto de los derechos humanos y, en especial, de un mejor tratamiento de los prisioneros?

Respuesta común

a las preguntas escritas E-1295/03, E-1311/03 y E-1347/03

dada por el Sr. Nielson en nombre de la Comisión

(15 de mayo de 2003)

El respeto de los derechos humanos en Cuba sigue siendo un motivo de seria preocupación para la Unión, por lo que la Comisión está siguiendo este asunto muy de cerca.

La Comisión ha llamado repetidamente la atención de las autoridades cubanas sobre la situación de los derechos humanos en general y sobre las detenciones arbitrarias, la intimidación de los opositores y el encarcelamiento por motivos políticos en particular.

A través de nuestra Delegación en La Habana, la Comisión sigue de cerca el asunto de la reciente detención y condena de 75 disidentes y periodistas independientes en Cuba, entre los que se encuentran concretamente el doctor Óscar Elías Biscet González, Raúl Rivero, Marta Beatriz Roque, Héctor Palacios y Óscar Espinosa Chepe.

Estos últimos acontecimientos marcan un nuevo deterioro de la situación de los derechos humanos que sólo puede afectar negativamente las relaciones de la Unión con Cuba.

La Comisión, junto con los Estados miembros, ha condenado decididamente dichos arrestos en una declaración publicada el 26 de marzo de 2003, seguida de una gestión de la Unión en La Habana destinada a exigir a las autoridades cubanas la inmediata liberación de los detenidos. Asimismo, en los últimos días se han llevado a cabo varias gestiones bilaterales ante los Embajadores cubanos en capitales europeas.

El 14 de abril de 2003, se publicó otra declaración de la Unión en la que se condena de nuevo el arresto masivo de disidentes, los juicios parciales y las condenas arbitrarias y excesivas impuestas. Asimismo, la declaración pide la inmediata liberación de todos los presos políticos. Se le dará continuidad mediante una nueva gestión de la Unión en la Habana.

A través de estas actuaciones, se ha puesto en conocimiento de las autoridades cubanas que las detenciones por motivos políticos no son aceptables y que la Unión exige la liberación de los presos detenidos como consecuencia de sus opiniones o actividades políticas. En este contexto, sin duda llamaremos la atención de las autoridades cubanas sobre los casos del doctor Biscet, la señora Roque y los señores Rivero, Palacios y Chepe, y seguiremos este asunto de cerca, ejerciendo continuamente presión política sobre las autoridades cubanas.

----

----

(2004/C 88 E/0025)

PREGUNTA ESCRITA E-1312/03

de Bill Newton Dunn (ELDR) a la Comisión

(7 de abril de 2003)

Asunto:   Situación de la Sra. Siham Qandah, cristiana de Jordania

¿Ha llegado al conocimiento de la Comisión la situación de la Sra. Siham Qandah, cristiana jordana cuyo marido murió en 1994 mientras prestaba servicio en el ejército jordano? Tras su muerte, las autoridades jordanas pretendieron que se había convertido al Islam y secuestraron a sus hijos para garantizar que se educasen como musulmanes.

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(15 de mayo de 2003)

El caso de la Sra. Qandah remite a la cuestión más amplia de la compatibilidad entre la aplicación de la ley de la Sharia y los convenios internacionales sobre derechos humanos que Jordania ha firmado, pero que aún no ha transpuesto plenamente en el derecho nacional. Nuestro temor es que en Jordania, país en el que el Islamismo es la región oficial, la aplicación de la ley de la Sharia pueda provocar situaciones muy dolorosas en familias de fe mixta, cristiana y musulmana, y conducir a resultados incompatibles con los convenios en cuestión.

La Comisión sigue con atención el caso específico de la Sra. Siham Qandah. Su Señoría puede estar seguro de que la defensa de los derechos humanos, en particular de mujeres y niños, es un problema al que la Comisión concede una importancia fundamental y que ya ha señalado en múltiples ocasiones a las autoridades jordanas. La Comisión continuará destacando su importancia en los contactos futuros.

Jordania es signataria del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Durante su reciente visita a Jordania, el miembro de la Comisión encargado de las relaciones exteriores destacó la necesidad de que Jordania aplique efectivamente los compromisos adquiridos en virtud de los acuerdos sobre derechos humanos, especialmente los relativos a la defensa de los derechos de mujeres y niños. Desde entones, el Gobierno Jordano ha creado un centro para la protección de los derechos humanos que trata las denuncias de casos de violación de estos derechos. Esta iniciativa ha recibido el apoyo de la Comunidad. La Comisión considera muy importante el trabajo llevado a cabo por este centro que debería convertirse en la institución fundamental para la protección de los derechos humanos en Jordania.

En el marco del Acuerdo de Asociación UE-Jordania, que entró en vigor el 1 de mayo de 2002, la Unión y Jordania mantienen un diálogo político continuo al más alto nivel. Esto incluye las cuestiones relativas a los derechos humanos, así como el seguimiento de la aplicación de los convenios internacionales adoptados por las dos Partes.

----

----

(2004/C 88 E/0026)

PREGUNTA ESCRITA E-1334/03

de Luigi Cocilovo (PPE-DE) a la Comisión

(9 de abril de 2003)

Asunto:   IVA sobre el precio de los libros

Como ya sabrá la Comisión, las librerías que venden libros italianos en el extranjero tienen que pagar un doble IVA: el italiano (4 % ), incluido en el precio de portada, y el del país en el que se vende el libro (por ejemplo, 3 % en Luxemburgo y 6 % en Bélgica).

¿Es compatible esta situación con las normas del Derecho Comunitario? ¿Cuál es el reglamento o directiva que regula esta materia específica y que se podría invocar para evitar pagar el IVA dos veces?

¿No cree la Comisión que se deberían eliminar todos los obstáculos, de cualquier tipo, que dificulten el fomento de la lectura?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(15 de mayo de 2003)

En pricnipio, en el comercio intracomunitario de bienes, el IVA debe calcularse y abonarse en el país de destino. No obstante, si se aplica el régimen de venta a distancia, y siempre y cuando no se sobrepase el límite anual de 35 000 o 100 000 euros, el IVA se calcula y se paga en el país de origen. En cualquiera de los casos, el IVA debe calcularse y pagarse solamente una vez.

Sobre la base de la pregunta de Su Señoría, no está claro si el comprador paga realmente al Estado italiano el IVA calculado sobre el precio de los libros italianos antes de exportarse a otros Estados miembros.

En caso de que el comprador deba pagar el IVA al Estado italiano, las mercancías en cuestión estarían sujetas a la doble imposición, lo que contravendría la sexta Directiva del IVA (1). En ese caso, el Estado italiano tendría que modificar su legislación para establecer que las mercancías que salen del territorio del país estuvieran exentas del IVA italiano.

En caso de que el comprador no pague el IVA italiano al Estado, aunque sea una parte del precio de exportación de las mercancías, no habría ninguna doble imposición. En este caso, habría que analizar el problema desde una perspectiva no fiscal.

A este respecto, la Comisión agradecería a Su Señoría que, si dispone de información complementaria o nueva que pueda demostrar que hay una infracción del Derecho comunitario, se la comunicara.

----

(1)  Sexta Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, en materia de armonización de las legislaciones de los Estados Miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido: base imponible uniforme, DO L 145 de 13.6.1977.

----

----

(2004/C 88 E/0027)

PREGUNTA ESCRITA E-1339/03

de Maurizio Turco (NI) y Marco Cappato (NI) a la Comisión

(9 de abril de 2003)

Asunto:   Persecución contra homosexuales en los territorios de la Autoridad Palestina y expulsiones israelíes de homosexuales palestinos

Según la asociación israelí de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales «Aguda» y el periódico Haaretz, el 6 de marzo de 2003, dos gays palestinos fueron juzgados por estar en Israel de forma ilegal y, como resultado, fueron expulsados al territorio de la Autoridad Palestina. El 16 de marzo de 2003, otro gay palestino fue llevado ante los tribunales por el mismo motivo y, tras cumplir la condena, será expulsado a la Franja de Gaza. De acuerdo con la información de Aguda, los homosexuales en el territorio de la Autoridad Palestina sufren persecuciones, detenciones, malos tratos y torturas que, en algunos casos, acaban con la muerte, y muchos de ellos podrían ser ejecutados. Hasta hace un mes, las autoridades israelíes no detenían ni expulsaban a estas personas pero esta política ha cambiado y algunos jóvenes han sido detenidos y llevados ante los tribunales; es decir, ha comenzado un proceso de expulsiones automáticas al territorio de la Autoridad Palestina. Las organizaciones internacionales de derechos humanos se están movilizando para impedir estas expulsiones e instan al Ministro del Interior israelí, Avraham Poraz, a hacer uso de la autoridad que le otorga la ley israelí para detener las expulsiones, mediante la expedición de visados de residencia temporal; no obstante, el Sr. Poraz ha respondido con una negativa.

¿Podría confirmar la Comisión esta información? ¿Está siguiendo la Comisión el desarrollo de este asunto? ¿Va a interceder la Comisión ante las autoridades israelíes y, en particular, ante el Ministro del Interior, para expresar la preocupación de la UE por el hecho de que estas expulsiones podrían poner en peligro la vida de los gays palestinos? ¿Va a interceder la Comisión ante la Autoridad Palestina para asegurar el respeto de los derechos humanos fundamentales y el fin de la persecución contra los homosexuales?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(6 de mayo de 2003)

La Comisión tiene conocimiento de algunos de los comunicados de prensa referidos por Su Señoría relativos a la alegada persecución de homosexuales, así como de algunos informes no oficiales sobre violaciones de derechos humanos en los Territorios palestinos.

La Comisión está preocupada con las alegaciones e informes sobre violaciones de los derechos humanos y, conjuntamente con donantes internacionales, ha apelado a la Autoridad Palestina en el sentido de que esta emprenda reformas democráticas, asegure la primacía del Derecho y respete los derechos humanos fundamentales.

La Unión participa activamente en el Cuarteto y en la Task Force internacional sobre la reforma palestina, creada en julio de 2002 para acompañar y apoyar la ejecución de las reformas civiles palestinas y para orientar a la comunidad de donantes internacionales en su apoyo a la agenda de reformas palestina. La Task Force está formada por los Estados Unidos, la Unión Europea, la Federación de Rusia, las Naciones Unidas, Noruega, Japón, Canadá, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. La Task Force debe acompañar los progresos realizados en áreas fundamentales, tales como la sociedad civil, la administración pública y el Estado de derecho y recomienda la adopción de nuevas medidas por parte de la Autoridad Palestina.

La Comisión continuará acompañando los avances en el proceso de reforma en el ámbito de las relaciones bilaterales entre la Unión y la Autoridad Palestina, así como en conjunción con otros donantes internacionales.

La cuestión de los derechos humanos en Israel es regularmente abordada por la Comunidad en sus contactos oficiales con las autoridades israelíes, así como con ocasión de la reunión del Consejo de Asociación o del Comité de Asociación Unión-Israel.

La Comisión sigue con atención ciertos casos específicos, principalmente a través de su Delegación in situ.

----

----

(2004/C 88 E/0028)

PREGUNTA ESCRITA P-1345/03

de Mario Borghezio (NI) a la Comisión

(3 de abril de 2003)

Asunto:   Sanciones de la UE para castigar el colaboracionismo de los bancos europeos con el régimen de Bagdad

Algunas noticias de prensa han revelado detalles sobre la red financiera del régimen de Bagdad, constituida a través de numerosos bancos europeos, especialmente franceses y alemanes, además del omnipresente BNL italiano.

En el informe iraquí Full final and Complete Declaration entregado a los técnicos de las Naciones Unidas se citan de hecho como «bancos corresponsales» del Banco Central Iraquí —que se hicieron cargo de los gastos de las cartas de crédito expedidas por el Banco Central Iraquí para adquirir sustancias sospechosas— los alemanes Dresdner Bank, Deutsche Bank, Commerz Bank, Vereins— und West Bank, UBAE, Berliner Handels— und Frankfurter Bank, DG Bank, Westdeutsche Landesbank y Bayerische Landesbank, y los franceses Banque de France, Société Générale, Crédit Lyonnais, BNP, Crédit Commercial de France y la UBAF.

¿No considera muy grave la Comisión que entidades de primera magnitud del sistema bancario europeo, además de otras del mundo occidental, hayan apoyado alegremente, desde el punto de vista financiero, la enorme actividad desarrollada por el régimen iraquí, incluso durante los años del embargo, para adquirir armas químicas y de destrucción masiva?

¿Qué iniciativas urgentes piensa tomar para sancionar el colaboracionismo de los bancos citados con las actividades criminales del régimen de Bagdad?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(6 de mayo de 2003)

La Comisión no tiene conocimiento de una red financiera que ligue al régimen iraquí con los principales bancos europeos mencionados por Su Señoría, incluida la alegada adquisición de material prohibido por parte de Iraq.

La ONU impuso restricciones a las transferencias a Iraq a través de la Resolución 661 (1990) del Consejo de Seguridad de la ONU. Sin embargo, estas restricciones se aplicaron a través de la legislación nacional y no de la legislación comunitaria.

Por consiguiente, la Comisión no tiene poder para actuar contra los Estados miembros en caso de que estos no apliquen las referidas restricciones, ni para tomar las medidas adecuadas contra cualquier organización (por ejemplo, bancos o empresas) que incumplan la legislación nacional.

----

----

(2004/C 88 E/0029)

PREGUNTA ESCRITA E-1382/03

de Erik Meijer (GUE/NGL) a la Comisión

(15 de abril de 2003)

Asunto:   Consecuencias de los criterios de Copenhague para la lucha contra opositores, la limitación de la libertad de expresión, la prohibición de organizaciones y el aumento del número de detenidos

Respuesta del Sr. Verheugen en nombre de la Comisión

(11 de junio de 2003)

----

----

(2004/C 88 E/0030)

PREGUNTA ESCRITA P-1384/03

de Gian Gobbo (NI) a la Comisión

(8 de abril de 2003)

Asunto:   Ocupación turca del Kurdistán iraquí

A raíz del estallido de la guerra en el Iraq, Turquía ha anunciado su voluntad de ocupar militarmente una franja de 20 kilómetros en el interior del Kurdistán iraquí, que goza de un estatuto de semiautonomía. Tal decisión cuenta con el respaldo de las autoridades de la OTAN. Dicha ocupación militar, justificada por motivos humanitarios, se enfrenta a la oposición de la población kurda y de sus representantes políticos, que han manifestado en diversas ocasiones su rechazo tajante, anunciando una resistencia armada.

¿Cuál es la posición de la Comisión con respecto a esta enésima demostración de fuerza de Turquía?

¿No opina que la presencia de tropas turcas en el Kurdistán iraquí podría constituir el preludio de una anexión territorial?

¿No estima la Comisión que dicho comportamiento por parte de Ankara es incompatible con el estatuto de país candidato a la adhesión a la UE?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(21 de mayo de 2003)

A través del Consejo Europeo, la Unión ha adoptado un fuerte compromiso en el respeto de la integridad territorial de Irak y de los derechos de todos los iraquíes, incluidas sus minorías. Además, ha dirigido un llamamiento a todos los países de la región, para que se abstengan de realizar actuaciones que pudieran aumentar la inestabilidad. A este respecto, cualquier intervención turca unilateral en Irak deberá considerarse en relación con el estatuto de Turquía de país candidato a la adhesión a la Unión Europea.

La Comisión tiene conocimiento de que Turquía ha confirmado su compromiso con la integridad territorial de Irak y de que el Parlamento turco había autorizado la posibilidad de desplegar tropas en el norte de Irak, para defenderse frente a un ataque territorial, entradas de refugiados y actividades terroristas del PKK-KADEK. El 10 de abril, el Secretario de Estado Colin Powell y el Ministro de Asuntos Extranjeros Abdullah Gul acordaron que los Estados Unidos garantizarían que los kurdos iraquíes no tomaran el control de Kirkuk y que Turquía podía enviar un pequeño grupo de supervisores para prevenir conflictos. El objeto de este acuerdo era contribuir a la estabilidad global de la situación.

----

----

(2004/C 88 E/0031)

PREGUNTA ESCRITA E-1414/03

de Graham Watson (ELDR) a la Comisión

(23 de abril de 2003)

Asunto:   Acogida en Tailandia de refugiados de Birmania/Myanmar

¿Qué medidas está tomando la Comisión Europea para urgir a las autoridades tailandesas a que continúen acogiendo a los refugiados de Birmania/Myanmar y no les nieguen la entrada en el país ni los repatríen por la fuerza?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(22 de mayo de 2003)

Las autoridades tailandesas vienen dando cobijo, desde hace ya unos años, a unos 130 000 refugiados de Birmania/Myanmar, provenientes en su mayoría de minorías étnicas, en campos cercanos a la frontera entre Tailandia y Birmania.

La Comunidad proporciona un importante apoyo económico para el mantenimiento de estos campos de refugiados, por medio de organizaciones no gubernamentales europeas (ONG). Su ayuda consiste principalmente en aprovisionamiento de alimentos y bienes básicos, así como asistencia médica y formación. En los últimos años, la Comunidad ha asignado unos 7-7,5 millones de euros anuales a estas actividades.

En su calidad de donante individual más importante de la comunidad internacional, la Comisión mantiene un diálogo abierto con las autoridades tailandesas en todo lo referente a la admisión y tratamiento de los refugiados por parte de éstas.

A grandes rasgos, la Comisión confía en que Tailandia haga honor a su compromiso con las normas humanitarias internacionales en cuanto al trato que se da a los refugiados de Birmania/Myanmar. Esto implica la admisión de refugiados birmanos en territorio tailandés, una cooperación total con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), y la repatriación de refugiados sólo de manera voluntaria y supeditada a una mejora de la situación en Birmania/Myanmar.

La Comisión ha expresado, en el pasado y también recientemente, a la administración tailandesa su preocupación acerca de los informes relativos a la negativa a registrar a los nuevos refugiados de Birmania, así como a su repatriación forzada.

La Delegación de la Comisión en Tailandia continuará su seguimiento de la situación en coordinación con los representantes de los Estados miembros y recomendará posibles acciones futuras cuando así lo requiera la situación.

----

----

(2004/C 88 E/0032)

PREGUNTA ESCRITA E-1417/03

de Bob van den Bos (ELDR), Margrietus van den Berg (PSE), Maria Martens (PPE-DE) y Joost Lagendijk (Verts/ALE) a la Comisión

(23 de abril de 2003)

Asunto:   Situación de las minorías religiosas en Gujarat (India)

Desde hace unos años, la India tiene que hacer frente a un fundamentalismo hindú emergente que se manifiesta en un aumento de la violencia contra las minorías religiosas.

En la primavera de 2002 fueron masacrados en el Estado Federal de Gujarat unos 2 000 musulmanes. Tanto Amnistía Internacional como Human Rights Watch han comunicado recientemente que no se ha castigado a los culpables y que el Gobierno de la India apenas ofrece ayuda a las víctimas. Human Rights Watch también afirma que la masacre estaba planificada de antemano, que se ejecutó con la ayuda y participación de las autoridades a gran escala y que actualmente se puede decir que la comunidad musulmana se está convirtiendo en un gueto. Determinadas organizaciones de extremistas hindúes realizan regularmente comentarios en el sentido de que podría repetirse lo ocurrido en Gujarat.

Además, también se constatan actos de violencia contra cristianos y es sumamente preocupante la denominada ley contra las conversiones, aprobada el 26 de marzo de 2003, de cara a la libertad y la seguridad de ésta y otras minorías religiosas.

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(15 de mayo de 2003)

La Comisión es consciente de las tensiones entre comunidades en Gujarat y comprende perfectamente la preocupación de Su Señoría. La Comisión coincide plenamente en que los autores de los crímenes de Gujarat deben ser entregados a la justicia, que se asista a las víctimas y que se protejan los derechos de las minorías religiosas.

La Unión respeta y promueve los principios establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos. El Acuerdo de cooperación entre la Comunidad y la República de la India establece, entre otras cosas, que el respeto de los derechos humanos y de los principios democráticos es un elemento esencial de tal Acuerdo.

Por consiguiente, la cooperación entre la Comunidad y la India en el ámbito del desarrollo se rige por tales principios, y el programa de desarrollo de la Comunidad en Gujarat no constituye una excepción.

La mayor parte de las ayudas bilaterales de la Comunidad para el desarrollo de Gujarat se canalizan a través de organizaciones no gubernamentales (ONG). De los 93 millones de euros que la Comisión destinó a Gujarat, como respuesta al terremoto de 2001, únicamente 40 millones de euros se canalizaron a través del Gobierno de Gujarat. Esta suma se destinó específicamente a la reconstrucción de los hospitales afectados por el terremoto y la Comisión sigue atentamente la ejecución del programa.

La Unión ha reaccionado de diversas formas ante la dramática situación del Gujarat, incluido un paquete de ayuda a las víctimas a través de su Oficina de Ayuda Humanitaria (ECHO).

Por otra parte, la Unión ha acordado tratar todas las cuestiones relativas a la democracia y a los derechos humanos en la India a través del regular y constructivo diálogo actualmente en curso con el Gobierno indio.

En cuanto a su tercera pregunta, no es competencia de la Comisión efectuar recomendaciones específicas a las empresas privadas acerca de la forma de operar en terceros países. No obstante, la Comisión exhorta a las empresas a actuar de conformidad con las directrices de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDFE) sobre la responsabilidad social de las empresas. Estas directrices hacen referencia a la necesidad de respetar y proteger los derechos humanos de los trabajadores y de evitar la discriminación de los grupos minoritarios.

----

----

(2004/C 88 E/0033)

PREGUNTA ESCRITA E-1467/03

de Charles Tannock (PPE-DE) a la Comisión

(29 de abril de 2003)

Asunto:   Asesinato de niños de la calle en Guatemala y Honduras

Se han denunciado asesinatos de «niños de la calle» en Guatemala y Honduras. Estas denuncias han sido rotundamente desmentidas por los Gobiernos implicados. ¿Tiene la Comisión alguna confirmación independiente de la veracidad de estas denuncias? ¿Ha planteado la Comisión este asunto a los Gobiernos implicados? ¿Sabe la Comisión si se han ofrecido viviendas y refugios a los niños sin hogar menores de 16 años? ¿Qué alternativas están a disposición de los niños que deambulan por las calles en estos países? Por último, ¿ha instado la Comisión a los Gobiernos de la zona a que garanticen que los niños que infringen la ley sean sancionados, según los principios de Derecho, en todos los casos y que, cuando proceda, se dispongan ayudas para disminuir sus posibilidades de vivir como delincuentes?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(22 de mayo de 2003)

La Comisión remite a Sus Señorías a su respuesta a las preguntas escritas E-0356/03 del Sr. Newton Dunn y de la baronesa Ludford (1), E-0086/03 del Sr. Helmer (2) y a la pregunta escrita E-0097/03 del Sr. Whitehead (2) sobre este mismo asunto.

En lo referente a Guatemala, la Comisión desearía añadir los siguientes aspectos.

----

(1)  Ver página 11.

(2)  Ver página 5.

----

----

(2004/C 88 E/0034)

PREGUNTA ESCRITA E-1469/03

de Paulo Casaca (PSE) a la Comisión

(30 de abril de 2003)

Asunto:   Oleada de detenciones en Cuba

La dictadura de Fidel Castro ha lanzado una oleada de represión contra los residentes de la isla aparentemente como reacción a la visita de un Comisario, a la inauguración de una representación de la Comisión Europea y a las declaraciones públicas de dicho Comisario en favor de la adhesión de Cuba a los Acuerdos de Cotonú.

En el transcurso de un debate en el Parlamento Europeo el pasado día 8, pude constatar con sorpresa que, en vez de denunciar la cancelación de la apertura de una delegación en Cuba, de protestar contra el encarcelamiento de disidentes, de anunciar la congelación de la adhesión de Cuba al Acuerdo de Cotonú o, cuando menos, de llamar a consulta a su representante en este país, la Comisión anunció que iba a prorrogar su política de diálogo constructivo.

¿Es consciente la Comisión de que, a semejanza de como actuó con respecto al Irán, con su política de presunto «diálogo constructivo» está alentando el endurecimiento de regímenes dictatoriales en el mundo?

¿Es consciente la Comisión de que su actitud está en total contradicción con los principios y objetivos democráticos de las instituciones europeas?

¿Qué tiene intención de llevar a cabo la Comisión para rectificar su actitud?

Respuesta del Sr. Nielson en nombre de la Comisión

(5 de junio de 2003)

Con objeto de facilitar «una transición pacífica», desde 1996 la Unión, al amparo de la Posición Común, sigue una política de «diálogo constructivo» con Cuba. La Posición Común está muy distante del empleo de medidas coercitivas que puedan aumentar las dificultades económicas que sufre el pueblo cubano. En su lugar, concede prioridad a un diálogo constructivo con las autoridades cubanas y la sociedad civil para fomentar el respeto de los derechos humanos y el progreso real hacia una democracia plural. La Comisión está firmemente convencida de que una política de diálogo constructivo tiene más posibilidades de éxito que la de aislamiento y embargo.

No obstante, las recientes detenciones a gran escala de disidentes, los juicios parciales y la arbitrariedad y desproporción de las sentencias impuestas, así como la ejecución de tres ciudadanos cubanos acusados de secuestrar un transbordador cubano, han sido objeto de una rápida, firme y continua reacción de la Unión. La Comisión ha apoyado total y activamente las medidas que se han adoptado en este contexto.

La Comisión, junto con los Estados miembros, ha condenado decididamente dichas detenciones en una declaración publicada el 26 de marzo de 2003, seguida por una gestión de la Unión en La Habana para exigir a las autoridades cubanas la liberación inmediata de los presos. El 18 de abril de 2003 se llevó a cabo una segunda gestión de la Unión en La Habana, como consecuencia de la declaración del Consejo de 14 de abril de 2003.

La grave preocupación de la Unión Europea también se destacó en la declaración sobre «Los derechos humanos en el mundo» ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra en abril de 2003. La declaración pedía la rápida liberación de los detenidos que la Unión considera que son presos por motivos de opinión.

Recientemente, se ha decidido la aplicación de nuevas medidas, tales como una nueva evaluación de la situación de los derechos humanos en Cuba con vistas a su examen al amparo de la Posición Común, la limitación de las visitas bilaterales de alto nivel, la no asistencia a las celebraciones del 1 de mayo en Cuba y las invitaciones a disidentes cubanos a las celebraciones de la Fiesta Nacional.

Asimismo, el 30 de abril la Comisión decidió retrasar el examen de la solicitud de adhesión de Cuba al Acuerdo de Cotonú, y resaltó que los recientes acontecimientos no conducen a hacer avanzar la cooperación entre la Unión y Cuba. Como reacción a dicha decisión, el 16 de mayo las autoridades cubanas decidieron retirar su solicitud de adhesión al Acuerdo de Cotonú.

----

----

(2004/C 88 E/0035)

PREGUNTA ESCRITA E-1471/03

de Herman Schmid (GUE/NGL) a la Comisión

(30 de abril de 2003)

Asunto:   Prisioneros en la Bahía de Guantánamo

Los prisioneros de la Bahía de Guantánamo en Cuba se encuentran en un vacío jurídico. Se les ha privado del derecho humano a ser defendidos en juicio. El Gobierno de los EE.UU. se ha negado a considerarlos prisioneros de guerra, categoría que les daría derecho a la inmunidad procesal por muchos actos cometidos durante la guerra. El Gobierno de los EE.UU. sostiene que los prisioneros son «combatientes ilegales», situándolos en un limbo jurídico.

Ciertas organizaciones de derechos humanos y algunos países han criticado a los EE.UU. por no permitir que los prisioneros tengan acceso a los tribunales civiles.

¿Qué acciones piensa tomar la Unión Europea para asegurarse de que sus ciudadanos prisioneros en la Bahía de Guantánamo disfrutan del derecho a ser defendidos en juicio?

¿Acepta la Unión Europea a la luz de la Convención de Ginebra la nueva categoría de «combatientes ilegales» adjudicado a los prisioneros?

¿Reconoce la Unión Europea alguna circunstancia en la que el uso de métodos ilegales, como la detención indefinida de personas en cárceles, esté justificado como parte de la guerra contra el terrorismo?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(22 de mayo de 2003)

En relación con las acciones específicas en defensa de los derechos legales de los ciudadanos de la Unión detenidos en la Bahía de Guantanamo, la Comisión señala que la responsabilidad de las mismas debe recaer en el Estado miembro de origen de los mismos.

Por lo que respecta a la situación, el trato y el período de detención de los prisioneros, la Unión ha subrayado sistemáticamente (en particular en el seno de la Comisión de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y ante el Tercer Comité de la Asamblea General de las Naciones Unidas) que en los esfuerzos realizados por combatir el terrorismo debe respetarse plenamente el estado de derecho, los derechos humanos, las libertades fundamentales y el derecho humanitario. Por otro lado, en su declaración «los Derechos Humanos en el Mundo» en la 59a sesión de la Comisión para los Derechos Humanos, celebrada en 2003, La Unión hizo hincapié en que las medidas de lucha contra el terrorismo deben ser coherentes con la prohibición incondicional de cualquier forma de tortura y de trato cruel, inhumano y vejatorio «en todo momento y en todo lugar». Con esta posición tan tajante, la Unión demuestra no reconocer motivo alguno que justifique una excepción al respeto de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo, en ninguna circunstancia.

En la 59a sesión de la CDH, la Unión apoyó asimismo la adopción de la Resolución de México sobre protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo que incluye una disposición con arreglo a la cual Alto Comisario de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos deberá examinar la cuestión del respeto de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo y emitir recomendaciones y consejo sobre las obligaciones de los Estados al respecto.

El diálogo semestral sobre derechos humanos entre la Troika UE y los Estados Unidos brinda la oportunidad de debatir aspectos relacionados con este ámbito y, como señala el Informe Anual sobre Derechos Humanos de la Unión de 2002, la Unión ha podido plantear en ese contexto la cuestión del trato concedido a los detenidos en Guantanamo.

----

----

(2004/C 88 E/0036)

PREGUNTA ESCRITA E-1484/03

de Charles Tannock (PPE-DE) a la Comisión

(2 de mayo de 2003)

Asunto:   Graduación de las importaciones del Sector V del Sistema de Preferencias Arancelarias Generalizadas con respecto a las alternativas de empleo a la producción de drogas ilegales en Colombia

Desde hace algún tiempo, Colombia se está beneficiando de preferencias comerciales para mercancías del Sector V del Sistema de Preferencias Arancelarias Generalizadas en el marco del denominado régimen relativo a las drogas creado para ayudar a Colombia a luchar contra la producción de drogas ilegales mediante la creación de más oportunidades para producir otros productos, tales como flores cortadas. Aunque las cifras de Eurostat muestran que la cuota de mercado de Colombia se ha reducido pasando del 20,15 % en 1997 al 15,41 % en 2001, la Comisión parece estar a favor de la «graduación» de las importaciones del Sector V, lo que eliminaría estas preferencias.

¿Podría explicar la Comisión su razonamiento e indicar si reconoce o no que existe un conflicto entre, por un parte, el fomento del SPG de apoyo a la lucha contra la droga y, por otra, la aplicación de su política de graduación del Sector V? Por último, ¿qué otros tipos de asistencia puede proporcionar la Comisión a Colombia para ayudar directamente a las autoridades de este país en su tentativa de fomento de la producción de cultivos alternativos?

Respuesta del Señor Lamy en nombre de la Comisión

(27 de mayo de 2003)

El Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG) se destina a promover el desarrollo económico de los países beneficiarios, facilitando las respectivas exportaciones en la Unión. Su objetivo consiste en incentivar nuevas exportaciones a partir de los países beneficiarios, lo que significa que el trato preferencial debe cesar una vez alcanzado este objetivo. El SPG constituye un incentivo que debe suprimirse cuando deje de ser necesario, orientándolo de ese modo a los países y sectores que más lo necesitan.

La flor cortada de Colombia (Sector V del SPG) alcanzó un elevado grado de competitividad en los mercados internacionales. La introducción de una graduación no evitará que Colombia exporte flores, proceso en cuyo éxito la calidad, el precio y otras características tienen un mayor peso que el restablecimiento de los derechos aduaneros pagados por los importadores europeos. Por consiguiente, el SPG debería ahora contribuir a la diversificación de los cultivos en Colombia y centrarse en otros productos para los que este país tiene cierto margen de mejora en cuanto a la exportación.

El «régimen de lucha contra la droga» del SPG fue plenamente aplicado entre 1992 y 2002, sin ninguna graduación. Sin embargo, la graduación constituye un elemento importante para la aplicación objetiva y no discriminatoria de este régimen y una obligación de la CE en virtud de lo dispuesto en los Acuerdos de la Organización Mundial del Comercio (OMC). En el caso específico de Colombia, más del 85 % de sus exportaciones de flor cortada (principal parte del Sector V) se envían al mercado de los Estados Unidos.

El acceso preferencial al mercado comunitario de que se ha beneficiado Colombia gracias al llamado «régimen de lucha contra la droga» constituye en la práctica uno de los mejores tratos comerciales posibles que pueden concederse a un país en desarrollo. Por consiguiente, la reducción de la cuota de mercado de Colombia en la Comunidad a que se refiere esta pregunta debe entenderse en el contexto más amplio de diversos elementos de competitividad económica.

La Comisión considera que no hay ningún conflicto entre la promoción del «régimen relativo a las drogas» del SPG, por un lado, y la aplicación del mecanismo de graduación, por otro.

----

----

(2004/C 88 E/0037)

PREGUNTA ESCRITA E-1492/03

de Margrietus van den Berg (PSE) a la Comisión

(2 de mayo de 2003)

Asunto:   Negociaciones sobre el café

¿Puede indicar la Comisión qué progresos se están realizando en las negociaciones en curso entre la Unión Europea y la Federación Europea del Café en cuanto al establecimiento de un sistema independiente para controlar la calidad del café que entra en la Unión Europea?

Respuesta del Sr. Nielson en nombre de la Comisión

(5 de junio de 2003)

Como ya sabe Su Señoría, la Comisión ha apoyado a todos los niveles de la negociación la adopción de la Resolución no 407 de la Organización Internacional del Café (OIC) sobre normas mínimas que deben cumplir los cafés destinados a la exportación.

Para aplicar correctamente la Resolución arriba mencionada, cada miembro debe tomar las medidas más adecuadas para apoyar los objetivos del programa y cooperar en el ámbito de la comunicación de información, concretamente en lo que respecta a las importaciones que no corresponden a las normas acordadas. Por tanto, con vistas a garantizar una información global y transparente, la Comisión y la Federación Europea del Café (FEC) acordaron que esta última debía informar a la Comisión trimestralmente sobre las importaciones que no se ajustasen a la Resolución 407. Sobre esta base, la Comisión transmitiría la información a la OIC de Londres.

La Comisión ha recordado varias veces a la FEC la necesidad de suministrar información y ha recordado a su Secretario General el compromiso que asumió y el papel que debe desempeñar el sector privado en este contexto.

La Comisión observa y lamenta que, desde finales del primer trimestre tras la aplicación de la Resolución, no se ha suministrado información alguna.

La Comisión esta constantemente en contacto con la FEC y todavía tiene la esperanza de que se pueda hallar rápidamente una solución satisfactoria por parte de la industria del café. Si persistiera la situación actual, Su Señoría puede tener la seguridad de que sus servicios actuarán ante la OIC con objeto de introducir un sistema que vincule en mayor medida a los miembros para lograr la transparencia y la correcta aplicación de la Resolución 407 de la OIC.

----

----

(2004/C 88 E/0038)

PREGUNTA ESCRITA E-1497/03

de Glyn Ford (PSE) a la Comisión

(5 de mayo de 2003)

Asunto:   Destrucción de propiedades de la UE en Palestina

¿En qué estado se encuentran actualmente las infraestructuras financieras de la UE en Palestina, destruidas o dañadas debido al incesante conflicto que sufre esta región?

Respuesta del Señor Patten en nombre de la Comisión

(23 de junio de 2003)

A petición de la Presidencia de la Unión, la Comisión ha preparado una lista preliminar de los proyectos financiados por la Comunidad (Comisión y Estados miembros) que han sido destruidos o deteriorados por las fuerzas militares israelíes. La lista de proyectos la actualiza periódicamente la oficina de la Comisión en Jerusalén, en coordinación con las oficinas de representación de los Estados miembros en Jerusalén y Ramala. Esta tarea se ha visto dificultada por las condiciones del terreno. La última actualización data del 14 de diciembre de 2002, y el total de los daños causados asciende a 24 014 000 euros. De esta cantidad total, aproximadamente una cuarta parte fue financiada por la Comunidad y el resto por los Estados miembros.

El ejercicio se ha limitado a los gastos de sustitución de la infraestructura física (construcción y equipamiento), quedando excluidas las pérdidas indirectas tales como los retrasos en los proyectos o las suspensiones. Además, en la lista no se hace referencia a una serie de proyectos financiados por la UE que, debido a las acciones militares de Israel, no han podido realizarse adecuadamente. Este es el caso, por ejemplo, del acceso al hospital europeo de Gaza o a los retrasos en los proyectos de infraestructura (resultado de la imposibilidad de acceder a las materias primas).

Esta cuestión fue abordada con las autoridades israelíes en diversas ocasiones, especialmente por la Presidencia de la Unión en enero de 2002, y también en el Consejo de Asociación celebrado con Israel el 21 de octubre de 2002.

----

----

(2004/C 88 E/0039)

PREGUNTA ESCRITA E-1559/03

de Claude Moraes (PSE) a la Comisión

(7 de mayo de 2003)

Asunto:   Situación en Somalia

¿Podría decir la Comisión cómo valora la actual situación en Somalia?

¿Podría facilitar asimismo información actualizada sobre sus programas de ayuda e intercambio comercial relativos a Somalia?

Respuesta del Sr. Nielson en nombre de la Comisión

(1 de julio de 2003)

El proceso de reconciliación nacional que se está desarrollando en Mbagathi, Kenia, bajo los auspicios de la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD) y con el respaldo de la Unión Europea y de la comunidad internacional, entra ahora en una fase decisiva. Las conversaciones pueden desembocar, en breve, en la adopción de un proyecto de Carta y de un plan de actuación para el período transitorio que siga a la conferencia, en el que se definan las estructuras nacionales de gobierno. No obstante, con la desintegración del país a lo largo de los últimos doce años y la aparición de diversos feudos dominados por clanes, el futuro político de Somalia es aún incierto.

Las soluciones a los problemas de Somalia dependerán de una conjunción de factores, a saber:

La Unión Europea ha reiterado en diversas ocasiones su apoyo a la iniciativa de la IGAD en favor de la paz en Somalia y su compromiso de contribuir al desarrollo de dicho país. La postura política de la UE a este respecto está recogida en las conclusiones del Consejo de Asuntos Generales sobre Somalia, de julio de 2002.

La ausencia más destacada en la conferencia de Mbagathi es la de Somalilandia, que declaró unilateralmente su independencia en 1991 y, además de implantar sus propias instituciones, ha conseguido mantener cierta estabilidad en su territorio.

Pese a la complicada situación imperante, la cooperación comunitaria ha estado siempre presente en Somalia. En diciembre de 2001, el Consejo conjunto Unión Europea-África, Caribe y Pacífico (UE-ACP) acordó conceder a Somalia, para el período 2002-2007, una dotación financiera especial con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo (FED) por importe de 199 millones de euros. A esta dotación financiera vienen a añadirse contribuciones anuales con cargo al presupuesto de la Comisión, destinadas en particular a la ayuda humanitaria (6 millones de euros en 2003).

Con arreglo a la decisión del Consejo UE-ACP, en junio de 2002 la Comisión aprobó un primer programa (50 millones de euros), actualmente en fase de ejecución, y se está evaluando un nuevo programa de rehabilitación (estimado en unos 75-100 millones de euros), que, en principio, se someterá a la aprobación de la Comisión a finales de 2003.

La actual cooperación comunitaria con Somalia se rige por la «Estrategia de ayuda especial a Somalia» (abril de 2002) (1). Dada la situación del país, la flexibilidad, la estricta neutralidad y los contactos a nivel local han constituido elementos clave de la intervención comunitaria. Los programas comunitarios se basan en el aprovechamiento de los «dividendos de la paz» e implican la provisión de capacidades multisectoriales, que abarcan todo el espectro, desde la ayuda humanitaria a los auxilios puntuales, pasando por la rehabilitación o el desarrollo. Habida cuenta del planteamiento adoptado y de la prioridad concedida a los contactos locales, la ejecución de la mayor parte de las medidas de ayuda comunitarias se deja en manos de organizaciones no gubernamentales europeas (ONG) y de los agencias de las Naciones Unidas (ONU).

En razón de las condiciones imperantes, los flujos comerciales entre Somalia y la Unión Europea son prácticamente inexistentes.

----

(1)  http://europa.eu.int/comm/development/body/csp_rsp/csp_en.cfm.

----

----

(2004/C 88 E/0040)

PREGUNTA ESCRITA P-1630/03

de Nelly Maes (Verts/ALE) a la Comisión

(8 de mayo de 2003)

Asunto:   Esterilizaciones forzadas de mujeres romaníes

Las respuestas a las preguntas E-0575/03 (1) y E-0434/03 (2) de Nelly Maes y Erik Meijer sobre esterilizaciones forzadas de mujeres romaníes no pueden sino suscitar asombro.

En la respuesta al Sr. Meijer, la Comisión responde lo siguiente: «El Miembro de la Comisión responsable de la Ampliación ha abordado inmediatamente esta cuestión en una carta dirigida al Primer Ministro eslovaco, Sr. Dzurinda, en la que subraya que estas acusaciones son motivo de grave preocupación y, caso de probarse su veracidad, constituirían una grave violación de los derechos humanos.»

En la respuesta a Nelly Maes, la Comisión añade a esta misma frase: «siempre y cuando las autoridades públicas hayan apoyado o tolerado estas prácticas o hayan omitido emprender las acciones judiciales pertinentes al respecto».

De la respuesta cabe concluir que únicamente cabe hablar de una grave violación de los derechos humanos cuando las autoridades están enteradas de la misma y no reaccionan con la debida presteza.

Los informes del ERRC (European Roma Rights Centre) demuestran de forma suficiente que las autoridades estaban al tanto del problema. Se trata de un problema que ya existía antes de la fundación del Estado eslovaco, que ha seguido existiendo, y que ha sido objeto de atención constante.

¿Reconoce la Comisión, por consiguiente, que se dan graves violaciones de los derechos humanos en la República Eslovaca? En caso afirmativo, ¿qué repercusiones tendrán dichas violaciones para la Comisión?

Respuesta del Señor Günter Verheugen en nombre de la Comisión

(5 de junio de 2003)

En sus respuestas a las preguntas escritas anteriormente formuladas sobre el trato a los romaníes, concretamente las preguntas E-0434/03, del Diputado Sr. Erik Meijer, y E-0575/03, de Su Señoría, la Comisión manifestó su preocupación respecto a las alegaciones de que algunos médicos de Eslovaquia Oriental están esterilizando a las mujeres romaníes sin su consentimiento o forzando su consentimiento.

La Comisión se había referido específicamente a las autoridades públicas no para indicar, como concluye Su Señoría, que únicamente se puede hablar de grave violación de los derechos humanos si las autoridades tuvieran conocimiento de ella sino para indicar que, en virtud del derecho público interno, un Estado puede, en efecto, ser considerado responsable por violaciones de los derechos humanos si pueden imputársele las acciones de que se trate. De ahí la referencia a la respuesta a la pregunta escrita E-0575/03. El derecho internacional prevé que el Estado debe adoptar disposiciones jurídicas para penalizar la esterilización obligatoria o forzada y para garantizar procedimientos penales objetivos.

La Comisión instó a las autoridades eslovacas a que llevaran a cabo las investigaciones penales necesarias y pusieran remedio a las posibles medidas discriminatorias. Las investigaciones siguen su curso, pero todavía no se han comprobado las alegaciones citadas que, en caso de que resultaran ciertas, serían punibles con arreglo a la legislación penal eslovaca. La Comisión no puede injerirse en las investigaciones que efectúa un Estado soberano, ni prever cuáles serán los resultados, pero continuará siguiendo de cerca esta grave cuestión.

Por último, la Comisión quiere informar a Su Señoría de que, tras las intensas discusiones mantenidas con las organizaciones no gubernamentales (ONG) que participan en la solución de esta cuestión, está estudiando la posibilidad de incluir un proyecto de salud específico para los romaníes en el Programa Phare Nacional de 2003 con el fin de mejorar la situación de la minoría romaní en este aspecto tan importante.

----

(1)DO C 33 E de 6.2.2004, p. 55.

(2)  Ver página 12.

----

----

(2004/C 88 E/0041)

PREGUNTA ESCRITA E-1665/03

de Luigi Vinci (GUE/NGL) a la Comisión

(19 de mayo de 2003)

Asunto:   Enseñanza de la lengua kurda en Turquía

Hace diez meses, aproximadamente, el Parlamento turco adoptó nuevas disposiciones por las que se autorizaba la creación de escuelas privadas para la enseñanza de la lengua kurda.

Sin embargo, estas disposiciones prevén asimismo:

Por lo tanto, en definitiva, no se ha podido abrir una escuela de kurdo en toda Turquía.

Además, en virtud de estas disposiciones, solamente las personas que tengan un perfecto dominio de la lengua turca, certificado mediante el título de graduado escolar, podrán asistir a los cursos de lengua kurda, es decir, solamente las personas con una edad superior a los 15 años, y ni siquiera todas, dado el bajo nivel de alfabetización del sudeste de Turquía.

Se trata, claro está, de una tomadura de pelo brutal y cínica de los kurdos de Turquía, así como de la Unión Europea y de sus peticiones de civismo a Turquía.

¿Puede la Comisión comprobar estos hechos? ¿No piensa que sería necesario señalar firmemente al Gobierno turco que tales disposiciones son completamente incompatibles con la posible adhesión de Turquía a la Unión Europea?

Respuesta del Sr. Verheugen en nombre de la Comisión

(19 de junio de 2003)

La Comisión está al corriente de la situación referente a las disposiciones acerca de la enseñanza de idiomas y dialectos (diferentes al turco) empleados tradicionalmente por los ciudadanos turcos, tal y como se expone en términos generales en el Reglamento publicado por el Ministerio de Educación Nacional el 20 de septiembre de 2002.

La Comisión ha expresado, en su diálogo regular con las autoridades turcas, su preocupación respecto a las limitadas posibilidades de la enseñanza de lenguas y dialectos diferentes al turco. La Comisión considera los requisitos reguldores pueden constituir un obstáculo para la enseñanza de idiomas diferentes al turco.

En la Asociación para la Adhesión con Turquía revisada y recientemente aprobada, se le exige a este país que garantice la diversidad cultural y que garantice los derechos culturales de todos los ciudadanos independientemente de su origen. Esto implica la necesidad de garantizar un acceso real a la educación, a la radio y a las emisiones televisivas en idiomas diferentes al turco por medio de la puesta en práctica de las medidas ya existentes y de la eliminación de las restricciones en vigor que impiden este acceso.

Como país candidato de la Unión, uno de los objetivos de Turquía consiste en cumplir los criterios políticos de Copenague, que incluyen el respeto a las minorías y su protección. A este respecto, la Comisión continuará su seguimiento de la situación en este país de la enseñanza de lenguas diferentes al turco, lo que incluirá una evaluación de la legislación en la que se permiten dichos cursos.

----

----

(2004/C 88 E/0042)

PREGUNTA ESCRITA E-1678/03

de José Ribeiro e Castro (UEN) a la Comisión

(19 de mayo de 2003)

Asunto:   Angola: niños soldados

Según informaciones difundidas recientemente por los medios de comunicación social, el Gobierno de Angola declarará exentos del servicio militar a los menores que hayan luchado en la guerra civil de aquel país.

Hace días, la ONG «Human Rights Watch» señaló que el número probable de menores en esta situación es de 11 000.

El Banco Mundial concedió una dotación de 30 millones de dólares para costear proyectos relativos a estos niños soldados.

Respuesta del Sr. Nielson en nombre de la Comisión

(11 de julio de 2003)

Durante el conflicto de Angola se utilizaron niños soldados en ambos bandos. Aunque no disponemos de cifras concretas, se calcula que fueron entre 6 000, según los datos del Gobierno y 11 000 según los proporcionados por Human Rights Watch.

La Comisión considera que el apoyo a los niños que fueron soldados es uno de los muchos desafíos importantes posteriores al conflicto que hay que tratar. El Gobierno, con la colaboración de la comunidad internacional, debe ser más activo en este asunto, aunque ya está realizando algunos esfuerzos. Así, a principios de marzo de 2003 el Gobierno de Angola, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y varios socios de la sociedad civil reafirmaron su marco de política económica para ayudar a los niños excombatientes y a los que fueron separados de sus familias en una mesa redonda sobre los desafíos de la «Protección de los Derechos de los Niños en el Proceso de Reintegración», organizada por el Ministerio de Ayuda y Reinserción Social.

Asimismo, uno de los objetivos del Programa de Desmovilización y Reintegración de Angola (PDRA) es, sin duda, el de proporcionar ayuda a grupos destinatarios especiales, tales como niños excombatientes e inválidos de guerra. Se encuentran previstos aproximadamente 31 millones de dólares estadounidenses para el apoyo a estos grupos destinatarios especiales. La Comisión participa en el PDRA mediante su contribución de 20 millones de euros al Fondo Fiduciario de Donantes Múltiples dentro del marco del Programa Plurinacional de Desmovilización y Reintegración (PPDR). La Comisión estudia actualmente aportar una contribución directa al PDRA.

En conjunto, la situación referente a la desmovilización, a la reunificación de familias y a la instalación de la población está mejorando, si bien es cierto que con algunas dificultades. No obstante, para concluir este proceso con éxito es necesario un esfuerzo considerable y continuado por parte del Gobierno, apoyado por la comunidad internacional, para lo cual parece que aún queda un cierto tiempo.

----

----

(2004/C 88 E/0043)

PREGUNTA ESCRITA E-1693/03

de Erik Meijer (GUE/NGL) a la Comisión

(21 de mayo de 2003)

Asunto:   Adjudicación privada de los contratos para la reconstrucción y gestión del Iraq por parte del ejército norteamericano a empresas norteamericanas

Fuente: Revista semanal «Vrij Nederland» de 3 de mayo de 2003 y Diario «Metro» de 8 de mayo de 2003.

----

----

(2004/C 88 E/0044)

PREGUNTA ESCRITA E-1694/03

de Erik Meijer (GUE/NGL) a la Comisión

(21 de mayo de 2003)

Asunto:   Asimilación continuada y duradera de la economía iraquí y las reservas de petróleo por parte de empresas americanas

Respuesta común

a las preguntas escritas E-1693/03 y E-1694/03

dada por el Sr. Patten en nombre de la Comisión

(7 de julio de 2003)

La Comisión viene observando las prácticas seguidas por las autoridades de los Estados Unidos para la contratación en Irak examinándolas a la luz de sus obligaciones internacionales. La Comisión toma nota de que la Resolución 1483 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) destaca que el Fondo para el Desarrollo de Irak debe ser utilizado de manera transparente para satisfacer las necesidades humanitarias y de reconstrucción del pueblo iraquí. Asimismo, la Resolución insiste en el derecho del pueblo iraquí a controlar sus recursos naturales. La Comisión espera que la Autoridad, que ejerce las obligaciones y la competencia de las fuerzas de ocupación de acuerdo con la Resolución 1483 del CSNU administrará el país en interés y beneficio de la población iraquí. La Comisión observará atentamente los acontecimientos que se produzcan en la región a fin de defender la aplicación de los principios de transparencia y libertad comercial en el comercio internacional, en cuya defensa la Comisión está firmemente comprometida.

La Comisión ha indicado al Gobierno de los Estados Unidos que la Unión espera que los Estados Unidos respeten las normas internacionales pertinentes, como el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que incluye los principios de transparencia, no discriminación, trato nacional y garantías de procedimiento.

La Comisión ha examinado individualmente algunos los principales contratos otorgados, entre ellos los ocho primeros adjudicados por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional mediante el procedimiento de una «competencia no plenamente libre y abierta» y, hasta el momento, no ha encontrado ningún incumplimiento del ACP. Se ha tomado nota de la investigación del inspector general de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y la correspondencia con el Congreso de los Estados Unidos que aprueban el recurso al procedimiento restringido, justificándolo por razones de urgencia y por la imperiosa necesidad de llevar a cabo esos contratos.

Dado el gran número de ofertas, a la Comisión le resulta extremadamente difícil supervisar la coherencia con las normas del ACP de todos los procedimientos de contratación lanzados por las autoridades estadounidenses para la reconstrucción de Irak. El gran número de ofertas diarias y la falta de información disponible para los no licitadores impiden a la Comisión llevar a cabo un análisis global de esas características. La información inicial disponible a través del anuncio de licitación es muy limitada y la información más detallada (expediente de licitación) solo está disponible para los licitadores que lo solicitan. En gran medida, la Comisión debe basarse en la información facilitada por los Estados miembros o por empresas concretas para poder realizar un examen exhaustivo de casos individuales. No obstante, pese a algunas referencias poco precisas publicadas por la prensa sobre quejas presentadas por proveedores comunitarios, la Comisión no ha recibido ninguna queja formal. Tan pronto como se reciba una queja, se le concederá la necesaria prioridad y se responderá oportuna y cuidadosamente. En cualquier caso, la Comisión continuará siguiendo de cerca este asunto.

Cabe señalar que la Comisión no ha recibido de la Administración estadounidense ninguna solicitud de cofinanciación como contrapartida de la participación de empresas europeas.

----

----

(2004/C 88 E/0045)

PREGUNTA ESCRITA E-1695/03

de Mario Mantovani (PPE-DE) y Antonio Tajani (PPE-DE) a la Comisión

(21 de mayo de 2003)

Asunto:   Urgencia humanitaria en el Iraq: la situación dramática de los niños, las personas con discapacidad y los ancianos en los hospitales

¿Puede facilitar la Comisión datos exactos, tras la visita a Bagdad del Comisario Nielson, sobre la situación, como mínimo dramática, en que se encuentran, en los hospitales iraquíes, especialmente los niños, las personas con discapacidad y los ancianos, primeras víctimas inocentes del régimen iraquí depuesto?

En particular, ¿puede facilitar la Comisión información detallada sobre la posibilidad de trasladar a los pacientes, en caso de extrema urgencia, también a países de la Unión Europea, para ofrecerles un tratamiento inmediato adecuado? ¿Cuáles serían, concretamente, los países que deberían acoger dichos casos urgentes?

Aparte de los fondos y de las ayudas humanitarias de urgencia que la Unión Europea ha puesto a disposición con prontitud, tras los debates en curso estos días entre los Estados miembros de la Unión Europea, ¿tiene conocimiento la Comisión de posibles decisiones acerca de este eventual plan de evacuación urgente? En caso afirmativo, ¿cómo está previsto proceder? En caso negativo, ¿cuáles son las soluciones posibles?

Respuesta del Sr. Nielson en nombre de la Comisión

(3 de julio de 2003)

La caótica situación que prevalece aún en Iraq dificulta mucho la obtención de cifras concretas sobre la situación de los niños, las personas con discapacidad y los ancianos en los hospitales iraquíes.

No obstante, según un reciente informe de Unicef, las principales amenazas para los niños iraquíes son la munición sin estallar (UXO), como desgraciadamente ha quedado demostrado en uno de los últimos incidentes acaecidos en Basora, en el que seis niños murieron cuando estaban jugando con munición, así como la mala calidad del agua.

La calidad del suministro de agua está disminuyendo como consecuencia de la contaminación cruzada con aguas de alcantarillado procedentes de los sistemas de tuberías dañados, y por la falta de combustible de cocina para hervir el agua. Esta combinación de factores tiene serias consecuencias sobre la salud y la nutrición de los niños. En Basora, el porcentaje de casos de diarrea se ha duplicado en comparación con el del año pasado por las mismas fechas. En Bagdad, un estudio de Unicef ha puesto de manifiesto que la tasa de desnutrición se ha incrementado, ya que un 7,7 % de los niños estudiados menores de cinco años sufre desnutrición aguda, en comparación con la cifra correspondiente al año pasado, que era del 4 %.

A través de la Oficina de Ayuda Humanitaria, la Comisión ha aprobado hasta ahora ayuda humanitaria de emergencia por un importe total de 32,5 millones de euros con objeto de paliar el sufrimiento de la población iraquí, y sobre todo, el de los niños.

La ayuda aprobada comprende elementos de ayuda de emergencia, tales como alimentos para los hospitales, productos higiénicos y ayuda a los vuelos humanitarios, pero el principal objetivo es el apoyo al restablecimiento de los servicios sanitarios, del saneamiento y del suministro de agua, gravemente dañados por los bombardeos y el pillaje generalizado (los detalles se recogen en el anexo).

El último paquete humanitario de emergencia aprobado, de un valor de 10 millones de euros, se concentra en la eliminación de la munición sin estallar (retirada de minas) y en la concienciación de la existencia de minas con el objetivo específico de reducir la amenaza inmediata que representan las minas terrestres y la munición sin estallar para el conjunto de la población y el personal humanitario, así como de garantizar y reforzar el suministro y seguimiento de la asistencia humanitaria a las poblaciones vulnerables de Iraq.

Tras el Consejo Europeo de Atenas celebrado el 17 de abril de 2003, en el que el Presidente de la Comisión y los Jefes de Estado de la Unión alcanzaron un consenso sobre la disposición de los Estados miembros a transportar por vía aérea a Europa a los niños gravemente heridos, la Oficina de Ayuda Humanitaria (ECHO) se ha puesto en contacto con los Estados miembros interesados para analizar las posibilidades de aplicar dicha medida.

Uno de los componentes de la Decisión Humanitaria de Emergencia de 22 de abril de 2003 es prestar ayuda para dispensar cuidados médicos y quirúrgicos de emergencia. Ello puede suponer que, si en Iraq aún no se dispone de un tratamiento médico adecuado, se traslade a las personas heridas o enfermas, especialmente a los niños, a países vecinos o a Europa, según proceda.

El 30 de abril de 2003, ECHO organizó una reunión con los Estados miembros que habían expresado interés en el Comité de Ayuda Humanitaria de 24 de abril de 2003 en discutir más detalladamente la operación de traslado aéreo. En esta reunión, ECHO explicó que el Reglamento (CE) no 1257/96 del Consejo, de 20 de junio de 1996, sobre la ayuda humanitaria (1) impide a ECHO financiar operaciones fuera de la zona afectada por la crisis. Asimismo, ECHO no puede sustituir a los Estados miembros en la obtención de las autorizaciones necesarias, ya que es cada Estado miembro interesado el que supuestamente debe responsabilizarse del cumplimiento de los requisitos arriba mencionados.

Por tanto, el papel de ECHO podría ser doble:

Desde entonces, la Comisión ha sido informada posteriormente de que el 15 de mayo de 2003 se trasladó a 10 niños a Austria y también está al corriente de que algunas organizaciones no gubernamentales alemanas y francesas están estudiando la posibilidad de organizar la evacuación médica de niños heridos o gravemente enfermos.

Actualmente, ECHO está negociando con la Organización Internacional para la Migración (IOM) las modalidades de ayuda de ECHO en el país, esto es, antes de que los niños y el progenitor que los acompañe abandonen el país. Esta ayuda probablemente se concretará en medicinas, el pago de gastos hospitalarios para preparar a los niños para el viaje y de gastos de ambulancia para el traslado al aeropuerto, y la asignación de gastos de viaje al niño y al progenitor que lo acompañe para que adquieran la ropa necesaria y hagan frente a otros preparativos para el viaje.

----

(1)DO L 163 de 2.7.1996.

----

----

(2004/C 88 E/0046)

PREGUNTA ESCRITA E-1732/03

de Freddy Blak (GUE/NGL) a la Comisión

(23 de mayo de 2003)

Asunto:   Impuestos discriminatorios sobre la cerveza en Dinamarca

En Dinamarca la importación de cerveza da lugar a un pago de impuestos que es proporcional a la densidad de extracto primitivo o al número de grados Plato, que es una expresión para referirse al contenido de elementos nutritivos de la cerveza. Un mayor contenido da un mayor grado de alcohol, pero la relación no es unívoca, lo que constituye un problema, ya que distintas cervezas con el mismo grado de alcohol están sujetas a impuestos diferentes. El sistema favorece a la cerveza danesa en la medida en que al parecer únicamente las fábricas de cerveza danesas son capaces de producir cerveza con un contenido de alcohol del 4,6 % (categoría fiscal 1) gracias a la dosificación de azúcar y levadura (densidad de extracto primitivo/grados Plato). Por otra parte, el sistema fiscal danés está escalonado de tal manera que se ajusta perfectamente al sistema danés de fabricación de cerveza. De ello resulta que solamente la cerveza danesa de tipo «pilsen» se incluye en la categoría fiscal más baja, es decir, en la categoría 1. Las demás cervezas (extranjeras) se incluyen automáticamente en una categoría fiscal superior, en la medida en que en el extranjero se utilizan dosificaciones diferentes de azúcar y levadura en el proceso de fabricación de la cerveza. Por consiguiente, las cervezas con un mismo contenido de alcohol, e incluso con un contenido inferior, se incluyen en la categoría 2 o en una categoría superior, lo que constituye una discriminación directa. En estas condiciones, sería más adecuado basar el nivel fiscal en el contenido de alcohol absoluto y no en la densidad de extracto primitivo/grados Plato. Tal cálculo de la fiscalidad sería también más adecuado desde el punto de vista de la salud pública.

¿Se propone la Comisión plantear este problema al gobierno danés?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(23 de julio de 2003)

En virtud del artículo 3 de la Directiva 92/83/EEC (1), los Estados miembros pueden elegir aplicar el impuesto por referencia a los grados Plato o al grado alcohólico real de la cerveza. Además, los Estados miembros que aplican el impuesto especial a la cerveza en función del número de hectolitros/grados Plato, pueden dividir las cervezas en categorías que contengan un máximo de cuatro grados Plato por categoría y aplicar el mismo tipo del impuesto por hectolitro a todas las cervezas que estén incluidas en una categoría determinada.

Esta disposición permite a los Estados miembros simplificar la aplicación del impuesto especial a la cerveza, calculándolo en función del número de hectolitros/grados Plato. Dinamarca, así como otros dos Estados miembros, hacen uso de esta posibilidad para dividir la cerveza en categorías de grados Plato y todos utilizan 11 grados Plato como línea divisoria entre dos categorías. Cabe señalar que los tipos aplicados por cada uno de estos Estados miembros a las distintas categorías resultan, como media, en un impuesto equivalente por grado Plato para cervezas pertenecientes a distintas categorías. Además, se aplican los mismos tipos del impuesto especial (expresados por hectolitro para cada categoría de grados Plato) a las cervezas producidas en Dinamarca que a las cervezas importadas en este mismo país.

Asimismo, al amparo del sistema armonizado de impuestos sobre el alcohol, que se basaba en los distintos sistemas que ya se aplicaban en los Estados miembros antes de 1992, la fijación del impuesto en función del contenido de alcohol de una bebida alcohólica es, de hecho, la excepción, y se aplica únicamente a las bebidas espirituosas y, como alternativa, a la cerveza. Los impuestos de todos los demás productos (vino, productos intermedios, sidra, etc) se fijan únicamente en función de su volumen.

Por lo que toca a la afirmación de Su Señoría de que sería más adecuado basar el nivel fiscal en el contenido de alcohol absoluto, la Comisión desearía destacar que, hasta ahora, ni los Estados miembros ni la industria cervecera se han manifestado a favor de un cambio en el sistema actual de fijación de impuestos sobre la cerveza en la Unión.

Por tanto, la Comisión no ve la necesidad de plantear este asunto al Gobierno de Dinamarca.

----

(1)  Directiva 92/83/CEE del Consejo de 19 de octubre de 1992 relativa a la armonización de las estructuras de los impuestos especiales sobre el alcohol y las bebidas alcohólicas, DO L 316 de 31.10.1992.

----

----

(2004/C 88 E/0047)

PREGUNTA ESCRITA E-1833/03

de Anna Karamanou (PSE) a la Comisión

(2 de junio de 2003)

Asunto:   Las minas abandonadas y los saqueos en el Iraq constituyen un grave peligro para la población civil

Según datos de Human Rights Watch, después de la guerra del Iraq ha aumentado sensiblemente el número de víctimas entre la población civil, en comparación con las registradas durante el conflicto. Esto se debe principalmente a la gran cantidad de munición —minas terrestres, bombas de mano y otros mecanismos explosivos— que aún no ha explotado en diversas regiones habitadas. Este fenómeno se atribuye básicamente a la brusca caída de las estructuras de orden y de control del ejército iraquí, cuya consecuencia ha sido la huida de militares que han dejado atrás su armamento. Muchas de las víctimas son niños que juegan con los explosivos y que, como consecuencia, resultan gravemente heridos. Sigue habiendo saqueos y francotiradores, supuestamente seguidores del partido Baas que aspiran a desestabilizar el país, con el consiguiente sufrimiento y asesinato de inocentes, y la destrucción de innumerables documentos importantes de los servicios públicos del Iraq. Según Amnistía Internacional, hay soldados británicos implicados en la destrucción masiva de documentos de la compañía eléctrica en Basora.

Además, las tropas estadounidenses que controlan el Iraq hacen oídos sordos a los llamamientos para eliminar las minas y asegurar un mayor número de brigadas. Una suerte similar han corrido los llamamientos de organizaciones humanitarias internacionales que piden el establecimiento de algún método de disciplina.

¿Qué medidas piensa adoptar la Comisión para que las fuerzas de ocupación y vigilancia en el Iraq respeten los convenios internacionales y protejan a los ciudadanos iraquíes de los peligros mencionados, que amenazan no sólo su vida y su integridad física, sino también la organización de su Estado?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(16 de julio de 2003)

La Comisión comparte la preocupación de Su Señoría acerca de la seguridad en Iraq y la continuación del pillaje y los ataques perpetrados por delincuentes o elementos pertenecientes a los restos del partido Baath. La situación actual puede comprometer seriamente los intentos de estabilizar el país e impedir la distribución por parte de las agencias humanitarias de la ayuda necesaria para la población.

La Comisión espera que las fuerzas de la coalición que representan la autoridad en Iraq tomarán las medidas necesarias para garantizar la seguridad y proteger a la población civil de todo riesgo. A este respecto, las conclusiones del Consejo Europeo de Salónica destacan la necesidad de proporcionar seguridad a la población civil como condición previa para poder reconstruir el país de manera sostenible.

La Comisión está también al corriente del problema de las víctimas que provoca a diario la munición sin estallar que ha quedado abandonada en el suelo tras el conflicto. A este respecto, la Comisión ha adoptado recientemente una decisión para proporcionar una aportación financiera de 10 millones de euros destinada a apoyar la retirada de minas llevada a cabo por organizaciones no gubernamentales internacionales y coordinadas por la UNMAS. Dicha decisión de financiación contribuirá a recopilar y divulgar información sobre emplazamientos probables con una alta concentración de minas terrestres y bombas sin explotar, a desarrollar una capacitación local a través de sesiones de formación oficiales y a aumentar la concienciación a través de la instrucción sobre los riesgos de las minas.

----

----

(2004/C 88 E/0048)

PREGUNTA ESCRITA P-1840/03

de Michael Cashman (PSE) a la Comisión

(26 de mayo de 2003)

Asunto:   Ayuda tras la guerra del Iraq

Habida cuenta de los recientes datos sobre violaciones de los derechos humanos en Egipto, ¿puede explicar la Comisión las razones y el proceso de toma de decisiones que tuvieron como conclusión el envío de un paquete de ayuda financiera acelerada a Egipto por valor de 175 millones de euros?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(18 de junio de 2003)

El importe de 175 millones de euros que la Comisión va a entregar a Egipto en forma de ayuda presupuestaria es un anticipo de los pagos correspondientes a programas existentes financiados con cargo al presupuesto de MEDA.

Esta decisión tiene carácter de respuesta de urgencia para atenuar los efectos económicos negativos de la guerra de Irak en la economía egipcia. La repercusión económica inmediata de esa guerra en Egipto ha sido considerable, debido especialmente a la pérdida de ingresos por el turismo y la disminución de la inversión extranjera.

Respecto al problema de los derechos humanos en Egipto, la Comisión no ha dudado en planteárselo a las autoridades egipcias cuando lo ha considerado oportuno. El Acuerdo de Asociación, actualmente en fase de ratificación, ofrecerá una ocasión adicional para debatir tales problemas.

----

----

(2004/C 88 E/0049)

PREGUNTA ESCRITA E-1844/03

de Bill Miller (PSE) a la Comisión

(3 de junio de 2003)

Asunto:   Trato a gays, lesbianas y transexuales en Polonia

Según informaciones recibidas, el Gobierno polaco intenta obtener la derogación de algunos ámbitos del acervo comunitario a fin de poder regular cuestiones de tipo moral.

¿Podría informar la Comisión si tal solicitud ha sido efectuada y qué respuesta se le ha dado?

Respuesta del Señor Verheugen en nombre de la Comisión

(10 de julio de 2003)

El Gobierno polaco ha solicitado, y obtenido, que en el Tratado de Adhesión se incluya una declaración sobre «moralidad publica». Pero ello no significa que Polonia haya sido exonerada de sus deberes y obligaciones derivadas de los Tratados CE. Por el contrario, los actuales Estados miembros han adoptado una declaración conjunta general en la que se especifica que las declaraciones incluidas en el Tratado de Adhesión no podrán interpretarse ni aplicarse de manera que vayan en contra de las obligaciones de los Estados miembros en virtud del Tratado y del Acta de Adhesión. La Comisión se ha adherido plenamente a esta declaración.

Por lo tanto, el acervo comunitario en esta esfera, que comprende el acervo sobre empleo, igualdad de trato y medidas contra la discriminación, deberá aplicarse totalmente en Polonia a más tardar a partir del momento de la adhesión. De manera más específica, y por lo que respecta a la transposición de la Directiva 2000/43/CE del Consejo, de 29 de junio de 2000, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico (1), y de la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación (2), la Comisión ha insistido siempre ante las autoridades polacas (como ante todos los Estados miembros) en que debe establecerse una protección contra todos los motivos de discriminación y en que la legislación debe hacer referencia explícita al origen racial o étnico, la religión y las convicciones personales, las minusvalías, la edad y las tendencias sexuales. En otras palabras: se ha expresado claramente al Gobierno polaco que esa declaración sobre «moralidad pública» no puede interpretarse en el sentido de que el Gobierno de Polonia queda exento de ninguna de sus obligaciones con arreglo a las Directivas citadas. Durante su reciente visita a Polonia, la Directora General de la DG Empleo y Asuntos Sociales subrayó también que la discriminación basada en la orientación sexual no estaba incluida en los actuales proyectos de ley sobre acceso al puesto de trabajo, al asesoramiento laboral y la formación profesional, y que esta carencia debía remediarse para asegurarse de que se cumplen las Directivas.

----

(1)DO L 180 de 19.7.2000.

(2)DO L 303 de 2.12.2000.

----

----

(2004/C 88 E/0050)

PREGUNTA ESCRITA E-1848/03

de Luigi Vinci (GUE/NGL) a la Comisión

(3 de junio de 2003)

Asunto:   El presidente de la Asociación de Derechos Humanos de Diyarbakir acusado ante el Tribunal de Seguridad del Estado turco

El pasado 18 de mayo se me informó del hecho de que el Tribunal de Seguridad del Estado había abierto diligencias contra el abogado Selahattin Demirtas, presidente de la Asociación de Derechos Humanos de Diyarbakir, acusado de apoyar al partido político KADEK (antiguo PKK).

Sobre la base de esta imputación, la Fiscalía de la República de Diyarbakir propuso el sobreseimiento de los procedimientos a falta de elementos probatorios o indiciarios. A pesar de ello, el Tribunal de Seguridad del Estado ha considerado igualmente oportuno proceder.

El 27 de abril me entrevisté con el abogado Selahattin Demirtao en Diyarbakir, dos días después de haber asistido a la segunda vista del nuevo proceso, actualmente en curso, abierto contra Leyla Zana y los otros tres diputados kurdos en prisión desde 1995. En aquella ocasión, Selahattin Demirtao me habló de la terrible situación en la que se encuentra inmersa la región suroriental de Turquía, aún sometida a todo tipo de actos brutales por parte de las fuerzas de seguridad turcas, y del consiguiente peligro de una nueva insurrección por parte de la población kurda. Asimismo, me pidió que diese voz a su petición de que la Unión Europea emprenda algún tipo de acción contundente en Turquía a fin de que, mediante el respeto de los principios de Copenhague, se prevenga el peligro de una nueva guerra en el sureste turco.

Este último episodio, así como otros muchos acontecidos en estas semanas, manifiesta de forma evidente que una parte significativa de la Magistratura turca está boicoteando activamente los intentos del actual Gobierno de democratizar el país.

Por consiguiente, ¿qué acciones pretende emprender la Comisión a fin de que el Gobierno turco ponga fin de forma enérgica a los abusos que comete la Magistratura contra las asociaciones de derechos humanos? ¿No considera la Comisión que sin un proceso de democratización real Turquía no lograría nunca ingresar en la Unión Europea?

Respuesta del Señor Verheugen en nombre de la Comisión

(14 de julio de 2003)

La Comisión está al tanto de la situación del presidente de la Asociación para los derechos humanos de Diyarbakir, Selahattin Demirtao que, con arreglo al artículo 169 del código penal turco, fue acusado de apoyo a una organización ilegal. La Comisión fue informada de que, el 14 de mayo de 2003, el fiscal del tribunal de seguridad del Estado decidió suspender el procedimiento, y de que, por lo tanto, actualmente no hay ningún proceso contra el señor Demirtap.

La Comisión tiene también conocimiento de los problemas más generales relativos a la ejecución de las reformas en la esfera de la libertad de asociación y el sistema judicial. La versión revisada de la Asociación para la adhesión de Turquía, recientemente adoptada (1), define los ámbitos prioritarios en lo tocante a estas preocupaciones. Estas prioridades incluyen la necesidad de resolver la situación de las personas perseguidas o condenadas por expresar de manera no violenta su opinión y de proseguir e implementar reformas en materia de libertad de asociación y de reunión pacífica.

Se ha solicitado de Turquía que refuerce la independencia y la eficacia del sistema judicial y promueva una interpretación coherente de las disposiciones jurídicas relativas a los derechos humanos y las libertades fundamentales de conformidad con la Convención Europea de los Derechos Humanos; que adopte medidas a fin de asegurar que todas las instancias judiciales tengan en cuenta la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos; que ajuste el funcionamiento de los tribunales de seguridad del Estado a las normas europeas y que prepare la creación de tribunales de apelación intermedios. De manera más general, se pide a Turquía que garantice, a nivel legislativo y en la práctica, el pleno respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales para todas las personas sin discriminación.

En el caso específico del sudeste, se solicita de Turquía que se esfuerce con mayor ahínco por elaborar una estrategia global para reducir las disparidades regionales, y, en particular, crear mejores posibilidades económicas, sociales y culturales para todos los ciudadanos. En este contexto, habrá que apoyar y acelerar el regreso de las personas desplazadas internamente a sus lugares de origen.

En su calidad de país candidato a la UE, Turquía tiene como objetivo cumplir los criterios políticos de Copenhague, que incluyen la necesidad de efectuar reformas en los ámbitos judicial, de la libertad de expresión y de la libertad de asociación. La Comisión continuará observando la situación relativa a éstos y otros ámbitos relacionados con el proceso de democratización de Turquía. La Comisión evaluará la situación de los derechos humanos en Turquía en el próximo informe periódico.

----

(1)DO L 145 de 12.6.2003.

----

----

(2004/C 88 E/0051)

PREGUNTA ESCRITA E-1858/03

de Proinsias De Rossa (PSE) a la Comisión

(3 de junio de 2003)

Asunto:   Fondos de la Unión Europea para la rehabilitación de víctimas de torturas

Si bien cabe congratularse por el énfasis que la Unión Europea ha puesto a partir de 2002 en la prevención de la tortura en todo el mundo, cabe señalar que, al mismo tiempo, se han reducido en un 45 % las ayudas a la rehabilitación de las víctimas de torturas. Según el Centro de ayuda para las víctimas de torturas de Dublín (CCST), 30 centros de rehabilitación en la Europa Central y Oriental, África y en América Latina han dejado de recibir ayudas de la Unión Europea y pudieran verse abocados a cerrar sus puertas.

¿Prevé la Comisión asegurarse de que se reasignan fondos del presupuesto de 2003 para garantizar que dichos centros continúan abiertos? ¿Se asegurará de que las ayudas para la rehabilitación de las víctimas de torturas se restablecen, como mínimo, al nivel de 2002 en el presupuesto de 2004 (naturalmente sin que ello redunde en perjuicio de los esfuerzos para la prevención de la tortura)?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(10 de julio de 2003)

La Comisión ha decidido adoptar un enfoque más estratégico para la financiación canalizada a través de la iniciativa europea para la democracia y los derechos humanos (IEDDH) y, en su Comunicación sobre derechos humanos y democratización de mayo de 2001 (1), estableció cuatro prioridades temáticas para la ayuda de dicha iniciativa en el futuro, siendo una de ellas la lucha contra la tortura. De acuerdo con la necesidad de aprovechar de manera más eficaz unos fondos limitados, la Comunicación subrayaba también que la Unión debería intentar concentrarse lo más posible en la prevención de la tortura, más que en la ayuda a los centros de rehabilitación. El posterior documento de programación de la iniciativa europea para la democracia y los derechos humanos en 2002-2004 observaba que la financiación debería reorientarse hacia la prevención de la tortura a largo plazo.

La reducción de la financiación a los centros de rehabilitación ha ido acompañada de una serie de medidas concebidas para ir reduciendo progresivamente su dependencia actual de la financiación comunitaria, con el fin de capacitar a dichos centros para buscar fondos en otras fuentes. Por ejemplo, la convocatoria de propuestas 2001 redujo el porcentaje máximo de ayuda para proyectos de rehabilitación al 60 % para los centros situados en el interior de la Unión y al 80 % para proyectos en el exterior de la Unión. Estos porcentajes volvieron a reducirse en la convocatoria 2002, al 50 % y el 75 % respectivamente. Otro factor significativo es el grado de importancia concedido durante el proceso de evaluación a las cuestiones relacionadas con la viabilidad. Es más, la «capacitación institucional», que incluye el desarrollo de capacidades para conseguir fondos, se incluía explícitamente para la financiación en 2001 y 2002.

La convocatoria de propuestas 2002 estaba concebida para continuar este proceso. Con una dotación de 25 millones de euros, cubría la financiación de proyectos para la prevención de la tortura y de centros de rehabilitación, y estaba previsto asignar 1/3 y 2/3 de los fondos disponibles a estos dos ámbitos de actividad respectivamente. Todos los proyectos presentados fueron evaluados por dos expertos, uno de ellos con experiencia en gestión de proyectos y el otro en psiquiatría/psicología. Los proyectos se clasificaron con arreglo a su puntuación y se seleccionaron buscando el objetivo de garantizar un equilibrio en la distribución geográfica de las actividades propuestas.

La calidad de los proyectos presentados por los centros de rehabilitación para actividades realizadas dentro de la Unión (línea presupuestaria B5-813) dio lugar a unos resultados que respetaban el equilibrio previsto. No obstante, los proyectos presentados por centros situados fuera de la Unión recibieron una calificación bastante baja (a veces por debajo del límite mínimo), lo que no permitió seleccionar un número suficiente de proyectos de rehabilitación para respetar el equilibrio previsto de 2/3-1/3. Se asignaron alrededor de 4,5 millones de euros a centros situados fuera de la Unión (para el período 2002-2003), frente a alrededor de 8 millones de euros a proyectos de prevención de la tortura. Se asignaron aproximadamente 4 millones de euros a centros de rehabilitación dentro de la Unión, con 2 millones de euros adicionales para proyectos que incluían aspectos en apoyo de las víctimas de la tortura.

En cuanto a la posibilidad de que algunos centros puedan verse abocados a cerrar al no estar garantizada la ayuda comunitaria, ello debe considerarse a la luz de la política mencionada de pasar de la rehabilitación a la prevención y las medidas esbozadas más arriba, que han acompañado este cambio en la política. Sólo puede prestarse ayuda a los centros de conformidad con unas reglas competitivas concebidas para garantizar la buena utilización de los fondos del contribuyente europeo, financiando únicamente las mejores propuestas que cumplan unos requisitos mínimos de calidad.

No es posible reasignar fondos del presupuesto 2003 a centros de rehabilitación. Ello daría lugar a recortes en otras prioridades importantes en materia de derechos humanos con arreglo a la iniciativa europea para la democracia y los derechos humanos, no respetaría la programación de dicha iniciativa y no podría ejecutarse dentro de las reglas fijadas por el Reglamento financiero revisado (2). No obstante, para 2003 está prevista una nueva convocatoria por valor de 5,5 millones de euros para centros situados en la Unión. Actualmente la Comisión está elaborando el enfoque que se adoptará respecto a este tema en el presupuesto para 2004.

----

(1)  COM(2001) 252 final.

(2)  Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas, DO L 248 de 16.9.2002.

----

----

(2004/C 88 E/0052)

PREGUNTA ESCRITA E-1897/03

de Nelly Maes (Verts/ALE) a la Comisión

(6 de junio de 2003)

Asunto:   Ayuda alimentaria para Zimbabwe

En el apartado 5 de su Resolución de 13 de febrero de 2003 (1), sobre la situación de los derechos humanos en Zimbabwe, el Parlamento Europeo:

Nos siguen llegando noticias sobre ayuda alimentaria europea que no alcanza a sus destinatarios, por ejemplo la semana pasada durante un intercambio de puntos de vista con el arzobispo católico Pius Ncube de Bulawayo (Zimbabwe).

¿Qué medidas concretas ha tomado la Comisión en este contexto?

Respuesta del Sr. Nielson en nombre de la Comisión

(15 de julio de 2003)

La Oficina de Cooperación EuropeAid de la Comisión (AIDCO) es responsable de la gestión de las dotaciones presupuestarias para ayuda alimentaria a Zimbabwe. En respuesta al llamamiento urgente de las Naciones Unidas (ONU) para 2002/2003, se comprometieron un total de 63,8 millones de euros de la rúbrica presupuestaria de la Comisión sobre seguridad alimentaria. Ello permitió celebrar contratos con los organismos encargados de la ejecución de la ayuda (Programa Mundial de Ayuda (PMA) y EuronAid), con vistas a obtener, entregar y distribuir más de 130 000 toneladas de alimentos a una selección de beneficiarios. La distribución se organiza y seguirá organizándose a través del PMA y el sector de organizaciones no gubernamentales (ONG), y en ella no participan ni el Gobierno ni organismos públicos. Toda esta ayuda, que ya había sido entregada a principios de 2002, se prevé que habrá sido plenamente distribuida a finales de junio de 2003. En el momento álgido del proceso de distribución, entre febrero y mayo de 2003, más de cinco millones de personas se beneficiaron de los canales de distribución de ayuda.

En colaboración con sus socios y el personal de la ONU, la Comisión sigue vigilando de cerca y sin dificultades el proceso de distribución y el destino de la ayuda internacional. La comunidad internacional de Zimbabwe ha prestado atención activa a todos los supuestos casos de politización y ha investigado todas las denuncias de fraude en la ayuda alimentaria. En el proceso de selección de los beneficiarios, los sectores vulnerables se identifican conforme a criterios reconocidos y previa consulta con la comunidad local. La Oficina Humanitaria de la Comisión (ECHO) ha asignado 5 millones de euros al PMA, con el propósito de aumentar la capacidad conjunta de éste y los organismos socios para distribuir la ayuda alimentaria con arreglo a procedimientos transparentes, supervisados y documentados. La Comisión cree que la selección y distribución, así como la supervisión del proceso, aún garantizan que únicamente los más necesitados reciban ayuda. Al mismo tiempo, la Comisión insiste ante sus socios en Zimbabwe en que se apliquen estrictamente las orientaciones para la distribución de la ayuda humanitaria adoptadas por la mayoría de los Estados miembros.

La comunidad internacional, a través de la oficina de la ONU, ha adoptado y sigue adoptando un enfoque intervencionista frente a las crisis humanitarias, no sólo en Zimbabwe sino en el conjunto del África meridional. En general, se coincide en que esta intervención ha impedido una catástrofe humanitaria desde julio de 2002. El proceso de llamamiento consolidado (CAP) de la ONU en favor de esta zona para 2002-2003 ha contado con un notable apoyo y ha tenido efectos significativos. Pronto se abrirá un nuevo CAP, que abarcará hasta julio de 2004. El CAP 2003-2004 es plurisectorial y se dirigirá específicamente hacia los sectores más vulnerables de la sociedad y, en particular, los afectados por la pandemia causada por el virus de inmunodeficiencia humana/síndrome de inmunodeficiencia adquirida (VIH/SIDA).

El aprovisionamiento y distribución de alimentos desempeñará también un papel importante en el CAP, especialmente con respecto a grupos específicamente seleccionados en Zimbabwe. Toda la ayuda alimentaria destinada a beneficiarios seleccionados se canalizará también a través del PMA y EuronAid y será distribuida en los diferentes distritos por ONG internacionales y locales. El Gobierno o los organismos públicos no intervendrán en la distribución de los alimentos donados en respuesta al CAP.

----

(1)  P5-TA (2003)0066.

----

----

(2004/C 88 E/0053)

PREGUNTA ESCRITA P-1923/03

de Helena Torres Marques (PSE) a la Comisión

(3 de junio de 2003)

Asunto:   Fondos de la UE para el sector turístico del Caribe (seguimiento de la respuesta del Comisario Nielson, en nombre de la Comisión, a la pregunta P-0743/03)

La respuesta dada por la Comisión, el 26 de marzo de 2003, a la pregunta P-0743/03 (1) era bastante imprecisa y, por lo tanto, decepcionante.

Además, dos puntos de la misma requieren una reacción inmediata:

¿Puede la Comisión reconsiderar las dos afirmaciones citadas? ¿Puede la Comisión explicar con claridad cómo puede manifestar preocupación por el declive de la competitividad del sector turístico en Europa y, el mismo tiempo, prestar ayuda a destinos que constituyen una competencia?

Respuesta del Señor Nielson en nombre de la Comisión

(8 de julio de 2003)

La Comisión reafirma su compromiso de apoyar el fomento del turismo como una vía para alcanzar el desarrollo económico y la reducción de la pobreza. Hay que referirse, al respecto, al Acuerdo de Cotonú, en el que se afirma claramente la importancia del turismo: (Artículo 24: «Los programas y proyectos de cooperación ayudarán a los países ACP a establecer y consolidar su marco y sus recursos jurídicos e institucionales para desarrollar y poner en práctica políticas y programas turísticos sostenibles, para mejorar, en particular, la competitividad del sector, especialmente la de las PYME, el apoyo y la promoción de la inversión, el desarrollo de productos, en particular, de las culturas indígenas en los países ACP, y reforzando los vínculos entre el turismo y otros sectores de la actividad económica»). Éstas son las áreas en las que la Comisión apoya los esfuerzos de los países de África, el Caribe y el Pacífico (ACP).

En lo que atañe específicamente a la región del Caribe, el Producto Interior Bruto (PIB) per cápita es de cerca de 4 500 euros y dos de los países entran en la categoría de países menos desarrollados. El nivel de pobreza es alto en algunos como Haití, la Guyana, la República Dominicana y Jamaica, que representan más del 85% de la población regional. Por otro lado, los países en la categoría de rendimiento medio-alto de entre los países en desarrollo representan apenas un 3,5%. Además, las economías de los países del Caribe son altamente dependientes del turismo, que proporciona, directa e indirectamente, cerca de 900 000 puestos de trabajo; sus ingresos por turismo son muy volátiles y su economía muy frágil.

La Comisión considera que un apoyo efectivo al desarrollo del turismo en los países ACP, en este caso específico en la región del Caribe, puede contribuir al desarrollo socioeconómico de estas regiones y, con ello, a una economía mundial más global y de mayor cohesión. Su actual política para el desarrollo del turismo en el Caribe apunta hacia ese objetivo.

Los recursos limitados que destina la Comisión al desarrollo del turismo en el Caribe, que actualmente representa tan solo el 3 % de los destinos totales del turismo, y que aún constituye un nicho de mercado, no parecen ser de tal entidad que comprometan las perspectivas de los destinos europeos. Estas perspectivas tienen que ser reforzadas por los intervinientes tanto privados como públicos, mediante esfuerzos adecuados para innovar, mejorar la calidad y la diferenciación de los productos que se ofrezcan, comercializarlos de una forma eficaz y, desde luego, no limitándose a proteger al sector y circunscribiendo nuestro apoyo a los países en desarrollo.

----

(1)DO C 33 E de 6.2.2004, p. 76.

(2)DO C 135 de 6.6.2002, p. 1.

----

----

(2004/C 88 E/0054)

PREGUNTA ESCRITA E-1928/03

de Maria Carrilho (PSE) a la Comisión

(13 de junio de 2003)

Asunto:   Ayuda a las poblaciones desarraigadas de Asia y América Latina: prórroga del Reglamento (CE) no 2130/2001 de 29 de octubre de 2001

Habida cuenta de la necesidad de evitar cualquier interrupción del flujo de ayuda destinada a las poblaciones desarraigadas de Asia y América Latina y de que en 2001, antes de los atentados terroristas del mes de septiembre, cuando todos los donantes habían reducido sus contribuciones, la Comisión se distinguió enviando una señal positiva de su estrategia al aumentar los importes destinados a esta línea de ayuda,

Considerando que el actual Reglamento (CE) no 2130/2001 (1), de 29 de octubre de 2001, expira el 31 de diciembre de 2004, ¿tiene intención la Comisión, y cuándo, de presentar una propuesta de prórroga del citado reglamento?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(4 de julio de 2003)

En julio de 2002, la Comisión adoptó una propuesta de «Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la cooperación de la Comunidad con los países de Asia y América Latina» (2). La propuesta fue enviada al Parlamento y al Consejo y actualmente está en la fase de debate.

A fin de reducir el número de bases jurídicas, el Reglamento propuesto regula también la asistencia comunitaria a las poblaciones desarraigadas y, si es adoptado, derogará el Reglamento (CE) no 2130/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de octubre de 2001, relativo a las acciones de ayuda a las poblaciones desarraigadas en los países en desarrollo de América Latina y de Asia.

Si se retrasara la adopción del «Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la cooperación de la Comunidad con los países de Asia y América Latina», existiría el riesgo de que el nuevo reglamento no entrara en vigor antes del 31 de diciembre de 2004. En ese caso, la Comisión presentaría una propuesta para prorrogar el período de aplicación del Reglamento (CE) no 2130/2001. Dicha propuesta se presentaría con tiempo suficiente para garantizar la continuidad de la asistencia a esas poblaciones.

----

(1)DO L 287 de 31.10.2001, p. 3.

(2)DO C 331 E de 31.12.2002.

----

----

(2004/C 88 E/0055)

PREGUNTA ESCRITA E-1949/03

de Christa Randzio-Plath (PSE) a la Comisión

(13 de junio de 2003)

Asunto:   Monopolio de alcohol TEKEL

Existen importantes dificultades para importar cerveza y bebidas alcohólicas en Turquía debido a que, pese al consejo de asociación CE-Turquía de 22 de diciembre de 1995 para la aplicación de la fase final de la unión aduanera, Turquía no suprimido aún el monopolio del alcohol TEKEL. Si bien es cierto que hace un año se modificó la legislación sobre el alcohol, según mis informaciones aún no se ha aprobado el reglamento de aplicación para el sector de las importaciones, y, por otra parte, dicho reglamento no bastaría, ya que con arreglo a las previsiones actuales las importaciones al margen de TEKEL sólo podrían realizarse a partir de un determinado volumen mínimo.

Respuesta del Sr. Verheugen en nombre de la Comisión

(25 de julio de 2003)

La Comisión confirma la afirmación de Su Señoría de que Turquía no ha suprimido el monopolio TEKEL. Sin embargo, de conformidad con la Decisión 1/95 (1) del Consejo de Asociación Comunidad-Turquía, este último país sólo está obligado a efectuar cambios en el monopolio para poder garantizar que no exista ninguna discriminación, entre los Estados miembros y Turquía, relativa a las condiciones de abastecimiento y salida al mercado de los productos.

En 2001, Turquía modificó su derecho primario (Ley no 4250) mediante una nueva Ley sobre el alcohol (Ley no 4619), que introducía umbrales para la fijación de precios y la distribución independientes. Posteriormente, se produjo un acontecimiento destacado al crearse en enero de 2002 mediante la Ley no 4733 la Autoridad para los mercados del tabaco y las bebidas alcohólicas (TABA). Mediante esta Ley, los poderes reguladores de TEKEL se transfirieron a TABA, que es una autoridad independiente. Como resultado de ello, sobre TABA recayó la responsabilidad de elaborar el derecho derivado necesario para aplicar la Ley sobre el alcohol de 2001. De conformidad con la información de la que dispone la Comisión, el 6 de junio de 2003 se publicó un decreto a estos efectos.

En el Consejo de Asociación Comunidad-Turquía de abril de 2003, ambas partes acordaron establecer un plan de acción conjunto en materia de unión aduanera con objeto de abordar una serie de dificultades pendientes, incluido el acceso al mercado de las bebidas alcohólicas. El plan de acción elaborado por los servicios de la Comisión se envió a Turquía a principios de julio.

Pese a que el Gobierno turco ha tomado medidas para cumplir las obligaciones en materia de unión aduanera con respecto a las bebidas alcohólicas, la Comisión continúa albergando dudas sobre la compatibilidad del derecho primario (la Ley no 4250 modificada por la Ley no 4619) con estos compromisos.

La situación deberá reconsiderarse una vez que la Comisión haya tenido la oportunidad de evaluar la repercusión en el mercado de la importación del derecho derivado de TABA recientemente adoptado (a saber, el decreto de aplicación).

----

(1)  Decisión no 1/95 del Consejo de Asociación CE-Turquía de 22 de diciembre de 1995 relativa al establecimiento de la fase final de la Unión Aduanera, DO L 35 de 13.2.1996.

----

----

(2004/C 88 E/0056)

PREGUNTA ESCRITA E-1954/03

de Jannis Sakellariou (PSE) a la Comisión

(13 de junio de 2003)

Asunto:   Situación de los derechos humanos de los yezidis en Georgia

¿Conoce la Comisión la difícil situación de los yezidis en Georgia? ¿Qué opina la Comisión al respecto?

¿Qué esfuerzos políticos se están llevando a cabo para mejorar de forma duradera la situación de esta minoría?

¿Cuáles son las posibilidades técnicas y financieras de que dispone la Comisión para ayudar a esta minoría en Georgia?

Respuesta del Señor Patten en nombre de la Comisión

(18 de julio de 2003)

La Comisión tiene entendido que los Yezidi, una minoría étnica de kurdos no musulmanes afincada en Georgia, tiene que afrontar dificultades comunes a muchas minorías étnicas en ese país. Los Yezidi constituyen una pequeña minoría en Georgia y carecen de una organización política fuerte que les permita hacerse oír en el proceso de toma de decisiones. Aunque la discriminación no se dirija específicamente contra ellos, como ocurre con otras minorías étnicas en Georgia, a veces tienen que soportar deficiencias en el ámbito de la aplicación de la ley y del Estado de Derecho.

La Comisión está actualmente orientando su asistencia política y técnica hacia Georgia con el fin de reforzar la gobernanza y fomentar los derechos humanos y la sociedad civil. El nuevo Programa Indicativo para Georgia propone una cooperación para apoyar la reforma institucional, legal y administrativa que remedie las consecuencias sociales de la transición y dé asistencia a la reconstrucción social. Además, la Comisión sigue presionando al Gobierno de Georgia para que cumpla sus obligaciones en virtud del Convenio Europeo de Derechos Humanos de modo que se respeten los derechos de las minorías y para que ratifique el Convenio Marco para la protección de las minorías nacionales. Actualmente, la Comisión está cofinanciando con el Consejo de Europa un proyecto para promover la ratificación y la aplicación efectiva del Convenio Marco, en el que participan actores gubernamentales y no gubernamentales.

La Iniciativa europea para la democracia y los derechos humanos (IEDDH) es un mecanismo de financiación destinado a asistir a proyectos de organizaciones no gubernamentales de todo el mundo. Georgia es uno de los 31 «países objetivo» de la IEDDH con arreglo a ese programa. Una de las cuatro esferas temáticas de la IEDDH es la ayuda a la lucha contra el racismo y la xenofobia y la discriminación contra las minorías y las poblaciones indígenas. Entre las actividades de la IEDDH que se están llevando a cabo en Georgia está un proyecto reciente — ejecutado por la organización World Vision Deutschland e. V. — cuyo objeto es combatir el carácter étnico de los conflictos entre los ciudadanos de Georgia en las regiones de Samskhe-Javakheti y Kvemo Kartli, en las que viven muchos Yezidi. Por añadidura, la Delegación de la Comisión en Georgia está a punto de publicar una nueva convocatoria de propuestas para microproyectos, con arreglo a la IEDDH para los proyectos que ejecuten las organizaciones non gubernamentales georgianas. Uno de los temas prioritarios que está previsto incluir es la «Asistencia a las medidas para combatir el racismo y la xenofobia y proteger a las minorías religiosas y étnicas». La convocatoria se publicará probablemente a principios de julio de 2003 y el plazo para presentar las solicitudes acabará en septiembre de 2003.

----

----

(2004/C 88 E/0057)

PREGUNTA ESCRITA E-1984/03

de Alexandros Alavanos (GUE/NGL) a la Comisión

(16 de junio de 2003)

Asunto:   Violaciones del espacio aéreo griego por parte de Turquía

Las violaciones de las normas de navegación aérea y del espacio aéreo griego por parte de aviones de caza turcos son continuas, en numerosas ocasiones con aviones totalmente equipados, sin contar las interceptaciones y batallas aéreas simuladas que tienen lugar en el Egeo. Estos hechos constituyen una realidad cotidiana y suponen un grave peligro para la paz en la región, además de constituir una amenaza contra un Estado miembro y de violar claramente los principios de buena vecindad que supuestamente Turquía se ha comprometido a respetar. En una declaración hecha el 26 de mayo de 2003, el Jefe de las Fuerzas Armadas turcas, el General Hilmi Ozkok, afirmaba que los aviones de caza turcos utilizarán libremente el espacio aéreo griego sin que ello constituya una violación, ya que se trata del espacio aéreo internacional.

¿Ha actuado la Comisión ante las autoridades turcas para acabar con estos actos de provocación que entrañan considerables peligros para un Estado miembro de la Unión Europea? ¿Qué medidas piensa adoptar la Comisión para obligar a Turquía a aplicar el principio de buena vecindad en sus relaciones con Grecia y con los demás países vecinos, como se ha comprometido a hacerlo?

----

----

(2004/C 88 E/0058)

PREGUNTA ESCRITA E-2050/03

de Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) a la Comisión

(20 de junio de 2003)

Asunto:   Obstaculización de un avión griego por cazas turcos

El lunes 9 de junio, cazas turcos acosaron a un avión de la compañía Olympic Airways que realizaba el vuelo 321 Atenas-Estambul. El acoso tuvo lugar en el espacio aéreo internacional, pero dentro de la región de información de vuelo bajo responsabilidad griega (FIR de Atenas).

----

----

(2004/C 88 E/0059)

PREGUNTA ESCRITA E-2083/03

de Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE-DE) a la Comisión

(24 de junio de 2003)

Asunto:   Violación del espacio aéreo griego por parte de aviones turcos y seguridad de los habitantes del Egeo

Durante mi reciente visita a las islas fronterizas de Samos e Ikaría he podido comprobar la gran preocupación de sus habitantes por las continuas y provocadoras violaciones del espacio aéreo en el Egeo por parte de cazas turcos y por las consecuencias de las mismas no sólo en su vida y en su seguridad, sino también en sus actividades turísticas.

Además, la preocupación se intensifica tras el reciente acoso sufrido por un avión de la compañía Olympic Airways, que realizaba el trayecto Atenas-Estambul, por parte de dos cazas turcos del tipo F16.

¿Qué opina la Comisión Europea de este comportamiento de Turquía y qué medidas piensa tomar para poner fin a las violaciones cometidas por este país?

¿Qué medidas tiene la intención de tomar para luchar contra la inseguridad de los ciudadanos europeos, habitantes o de paso en el Egeo, así como para favorecer la normalidad y la paz en la zona?

Respuesta común

a las preguntas escritas E-1984/03, E-2050/03 y E-2083/03

dada por el Sr. Verheugen en nombre de la Comisión

(7 de agosto de 2003)

Como país candidato, Turquía se ha comprometido a cumplir los criterios de adhesión establecidos por la UE.

Por lo que se refiere a la cuestión específica señalada por Su Señoría, la Comisión recuerda el principio de la resolución pacífica de los litigios relativos a la fijación de fronteras y otros asuntos conexos enunciado en el apartado 4 de las conclusiones del Consejo Europeo de Helsinki de diciembre de 1999.

Este principio figura entre las prioridades específicas de la Asociación para la Adhesión revisada con Turquía, adoptada el 19 de mayo de 2003 (1).

La Comisión sigue con la máxima atención los avances realizados por Turquía en este y en otros sectores y llevará a cabo una evaluación detallada en el informe periódico que publicará el 5 de noviembre de 2003.

----

(1)DO L 145 de 12.6.2003.

----

----

(2004/C 88 E/0060)

PREGUNTA ESCRITA E-1985/03

de Anna Karamanou (PSE) a la Comisión

(16 de junio de 2003)

Asunto:   Escándalo provocado por casos de esterilización ilegal en Eslovaquia

Según han denunciado dos organizaciones no gubernamentales, en los últimos catorce años, por lo menos 110 mujeres de la etnia romaní, en el este de Eslovaquia, han sido sometidas, en contra de su voluntad, a operaciones de esterilización. Por otra parte, ha habido una desinformación de las mujeres sobre la salud reproductiva, así como una discriminación a la hora de acceder a centros de asistencia médica adecuados y a sus expedientes médicos personales.

¿Piensa presionar la Comisión al Gobierno eslovaco para que investigue en profundidad estas acusaciones y castigue a los responsables de este crimen inhumano, además de velar tanto por la salud y los derechos de reproducción de las mujeres en todo el territorio nacional, como por los derechos humanos de las minorías, asumiendo de esta manera sus compromisos como nuevo Estado miembro de la Unión Europea?

Respuesta del Sr. Verheugen en nombre de la Comisión

(31 de julio de 2003)

La Comisión está informada de las alegaciones, publicadas a comienzos de 2003 en un informe del «Centro para los derechos a la reproducción», de que algunos médicos del este de Eslovaquia han esterilizado a mujeres de la etnia romaní sin su consentimiento o las han obligado a darlo. El informe también señalaba otras violaciones de los derechos humanos, tales como el acceso discriminatorio a los recursos y los tratamientos sanitarios.

Como ya declaró en sus respuestas a la preguntas E-0434/03 del Sr. Meijer (1), E-0575/03 de la Sra. Maes (2) y P-1630/03 de la Sra. Maes (3), la Comisión abordó inmediatamente este tema en una carta dirigida al Sr. Dzurinda, Primer Ministro de Eslovaquia, y en ella destacó que estas alegaciones son un motivo de grave preocupación que, si llegaran a confirmarse, constituirían una grave violación de los derechos humanos, siempre que las autoridades públicas hubieran apoyado o tolerado estos hechos o no hubieran tomado las medidas judiciales pertinentes a este respecto. Asimismo, la Comisión pidió a las autoridades eslovacas que llevaran a cabo decididamente las investigaciones penales pertinentes con el fin de poner remedio a las posibles medidas discriminatorias existentes y que mantuvieran informada a la Comisión sobre la evolución del caso.

En su respuesta, el Primer Ministro eslovaco informó a la Comisión de que las autoridades competentes habían puesto en marcha las investigaciones penales y se estaba creando un equipo de investigación especial. Además, se había encargado al asesor para la etnia romaní del Ministerio del Interior, que es romaní, que asesorara a este equipo, y se había asociado estrechamente a las investigaciones al Ministerio de Sanidad y la Sociedad Ginecológica de Eslovaquia. Asimismo, el Consejo de Europa ha llevado a cabo recientemente una misión de investigación en el este de Eslovaquia para estudiar el asunto de las esterilizaciones.

La Comisión continuará siguiendo muy de cerca la evolución de los procedimientos y el resultado de las investigaciones y considerará la toma de otras medidas, si proceden y son necesarias.

----

(1)  Ver página 12.

(2)DO C 33 E de 6.2.2004, p. 55.

(3)  Ver página 37.

----

----

(2004/C 88 E/0061)

PREGUNTA ESCRITA E-2004/03

de Salvador Garriga Polledo (PPE-DE) a la Comisión

(16 de junio de 2003)

Asunto:   Banco Mundial de Medicamentos para países pobres

Cada vez son más intensas las voces y las voluntades que reclaman un Banco Mundial de Medicamentos para aquellos países en vías de desarrollo cuya indigencia les condena a no disponer ni de los más indispensables medicamentos que cualquier sociedad civilizada reclama.

Como una decepcionante falta de solidaridad humana califican los que pretenden la creación del referido Banco Mundial de Medicamentos la actual postura de los países ricos que, sumergidos en sus pretensiones de crecimiento y riqueza, no quieren ver la perentoria necesidad de ayudar con medicamentos a una gran parte de la humanidad que sufre la carencia de medicinas y vive en el dolor por falta de las mismas.

¿Cuál es la postura de la Comisión frente a la ambición de un gran sector de la población mundial para que llegue a ser una realidad el Banco Mundial de Medicamentos, y cuál sería su disponibilidad para liderar la referida iniciativa, por lo menos por lo que respecta a los países que componen la actual Unión Europa, así como los nuevos países miembros de dicha Unión?

Respuesta del Sr. Nielson en nombre de la Comisión

(8 de agosto de 2003)

La Comisión ha sido y es uno de los principales defensores de las medidas tendentes a aumentar el acceso a medicamentos asequibles, especialmente en la lucha contra el virus de inmunodeficiencia humana/síndrome de inmunodeficiencia adquirida (VIH/SIDA), la malaria y la tuberculosis (TB). En 2001, la Comisión aprobó un programa de acción denominado Aceleración de la lucha contra el VIH/SIDA, la malaria y la tuberculosis en el contexto de la reducción de pobreza. A través de este programa se pretende incrementar el impacto de las intervenciones actuales, hacer más asequibles los fármacos fundamentales y fomentar la investigación y el desarrollo de bienes públicos universales específicos para combatir el VIH/SIDA, la malaria y la TB a nivel nacional, regional y mundial. Este programa ha recibido más de 1 000 millones de euros.

Dos años después de su adopción, el citado programa de acción sigue constituyendo para la Unión un marco estratégico completo, progresista y coherente destinado a contribuir de forma significativa a mejorar las intervenciones nacionales, regionales y mundiales contra las tres enfermedades transmisibles. La Comisión seguirá trabajando en un planteamiento a largo plazo en el marco de la Declaración de Doha, relativa al Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC) y la salud pública. Asimismo, la Comisión continuará fomentando la fijación de precios diferenciados, la transferencia de tecnología y la producción local, a fin de facilitar el acceso continuo a medicamentos asequibles. Este enfoque se completa con inversiones para el desarrollo de productos más eficaces de prevención, diagnóstico y tratamiento, merced a una mayor contribución financiera del Sexto Programa Marco de Investigación. Es más, la Unión ha apoyado totalmente la creación del «Global Health Fund», dirigido a la financiación de proyectos concretos: la Unión aporta hasta el 55 % de los 4 500 millones de euros asignados a este Fondo.

Atendiendo a lo anterior, la Comisión no considera que la creación de nuevas instituciones en este ámbito pueda suponer valor añadido alguno.

----

----

(2004/C 88 E/0062)

PREGUNTA ESCRITA E-2019/03

de Bart Staes (Verts/ALE) a la Comisión

(17 de junio de 2003)

Asunto:   Derecho anti-dumping sobre la importación de bicicletas procedentes de China

En la primavera de 1993, la Comisión comunicó el establecimiento de un derecho anti-dumping sobre la importación de bicicletas procedentes de China. El derecho se estableció en el 34,4 % del precio neto, franco frontera comunitaria, para despacho de aduana (IP/93/182 de 11.3.1994). Esta medida es de aplicación hasta julio de 2005.

¿Qué efectos positivos o negativos tiene (ha tenido) esta medida sobre la industria europea de las bicicletas?

¿Tiene la Comisión la intención de prolongar esta tasa anti-dumping?

En caso afirmativo, ¿puede proporcionar más datos concretos al respecto?

En caso negativo, ¿por qué no?

¿Qué consecuencias tendrá, en opinión de la Comisión, la no prolongación de esta medida para la industria europea de las bicicletas?

¿De qué manera piensa la Comisión hacer frente a estas consecuencias?

Respuesta del Sr. Lamy en nombre de la Comisión

(15 de julio de 2003)

El procedimiento se inició a raíz de una solicitud de la Asociación Europea de Fabricantes de Bicicletas (European Bicycle Manufacturers Association — EBMA) y el Consejo impuso medidas definitivas mediante el Reglamento (CEE) no 2474/93, de 8 de septiembre de 1993, por el que se establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de bicicletas originarias de la República Popular de China, y por el que se decide la recaudación definitiva del derecho antidumping provisional (1). El derecho se estableció en el 30,6 % y se confirmó tras la reconsideración por expiración concluida mediante el Reglamento (CE) no 1524/2000 del Consejo, de 10 de julio de 2000, por el que se establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de bicicletas originarias de la República Popular de China (2). Posteriormente, se inició una reconsideración provisional a petición de cuatro productores que solicitaban el estatuto de economía de mercado. Esta reconsideración terminó mediante el Reglamento (CE) no 2131/2001 del Consejo, de 29 de octubre de 2001 (3), sin aportar modificaciones al nivel de las medidas, habiendo los solicitantes retirado su solicitud de reconsideración. Las medidas expirarán en julio de 2005 a menos que antes de esa fecha se inicie una reconsideración provisional completa o una reconsideración por expiración que confirme la necesidad de mantener las medidas.

De conformidad con el apartado 2 del artículo 11 del Reglamento antidumping de base (4), los productores comunitarios pueden presentar una solicitud de reconsideración por expiración a más tardar tres meses antes de la expiración de los derechos. En virtud del apartado 5 del artículo 5 del mismo Reglamento, la Comisión no está autorizada a pronunciarse sobre las solicitudes o denuncias dirigidas a abrir una investigación antes de ser efectivamente adoptada la decisión de iniciar o no una investigación. En caso de inicio de una reconsideración por expiración, normalmente se publicará un aviso en el Diario Oficial de la Unión Europea poco tiempo antes de expirar la medida, esto es, en este caso el 10 de julio de 2005. El procedimiento es el mismo en caso de expiración de las medidas, es decir, un aviso en el que se anuncia la expiración efectiva de las medidas, que se publicará en el Diario Oficial en torno a la fecha de expiración de las mismas. Hasta el momento, no se ha publicado ningún aviso relativo a las medidas arriba referidas.

La evolución del presente procedimiento se puede seguir en la siguiente dirección de Internet: http://europa.eu.int/comm/trade/policy/dumping/stats.htm.

En lo que respecta al impacto de las medidas en la industria comunitaria, estos datos no se recogen sistemáticamente fuera del ámbito de una investigación. Puesto que no hay ninguna investigación en curso, la Comisión no tiene información por el momento. No obstante, hay que señalar que la EBMA alegó, en la última reconsideración, que la expiración de las medidas conduciría probablemente a la continuación o reaparición de prácticas de dumping y produciría un perjuicio a la industria comunitaria. Para más información sobre los efectos de las medidas, la Comisión sugiere a Su Señoría que contacte directamente con la EBMA.

----

(1)DO L 228 de 9.9.1993.

(2)DO L 175 de 14.7.2000.

(3)DO L 287 de 31.10.2001.

(4)  Reglamento (CE) no 384/96 del Consejo, de 22 de diciembre de 1995, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea, DO L 56 de 6.3.1996.

----

----

(2004/C 88 E/0063)

PREGUNTA ESCRITA E-2022/03

de Lennart Sacrédeus (PPE-DE) a la Comisión

(17 de junio de 2003)

Asunto:   Detención de Aung San Suu Kyi, Premio Nobel de la Paz

La dirigente defensora de los derechos humanos y de la democracia en Birmania, Premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, fue detenida el 30 de mayo de 2003 cerca de Monywa en Birmania. La Junta Militar del país afirma haber puesto a Aung San Suu Kyi, junto con otros 19 miembros de su partido, la Liga Nacional por la Democracia (LND), en «custodia protectiva» tras los altercados que tuvieron lugar entre sus seguidores y manifestantes fieles al régimen en el norte de Birmania.

Más de 100 estudiantes, simpatizantes de la LND y monjes budistas fueron detenidos la noche del 31 de mayo de 2003, ocasión en la que fueron detenidos además varios parlamentarios. Siete altos cargos de la LND fueron puestos bajo arresto domiciliario y se obligó a cerrar a más de 50 oficinas locales del partido LND. Las detenciones se consideran la mayor derrota de la democracia en Birmania en muchos años.

¿Qué presión han ejercido en realidad la Comisión y la UE ante la Junta de Birmania con vistas a la inmediata liberación de la Premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi y los demás detenidos, incluidos los parlamentarios? ¿Cómo puede la UE ejercer presión para que la Junta Militar rompa la espiral de violencia y abra el camino para una rápida transición hacia la democracia?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(7 de julio de 2003)

La Comisión y los Estados miembros han pedido repetidas veces la liberación inmediata de Daw Aung San Suu Kyi, así como la de los miembros del LND y la de los seguidores de este partido que fueron arrestados; la reapertura de las oficinas del LND en todo el país y la reapertura de todas las universidades de Birmania/Myanmar.

El 16 de junio de 2003 la Unión decidió asimismo poner en práctica sin ningún tipo de dilación las sanciones endurecidas dirigidas específicamente a los altos mandos militares y a aquellos que los apoyan. En un principio estaba proyectado que entraran en vigor como muy tarde el 29 de octubre de 2003 tal y como se acordó en la Posición Común sobre Birmania/Myanmar (2003/297/PESC) del 28 de abril de 2003 (1).

Además, la Unión ha intensificado los debates sobre la situación en Birmania/Myanmar con sus asociados en el diálogo de Asia con el fin de instarlos a usar su influencia sobre el Gobierno birmano para que libere a Aung San Suu Kyi y apoye el progreso en los asuntos de buena gobernanza y reformas económicas. El 17 de junio de 2003, la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN) ha dirigido a Birmania/Myanmar una petición sin precedentes de «una transición pacífica a la democracia».

Es alentador ver la fuerte reacción internacional frente a la detención de Daw Aung San Suu Kyi, y la Comisión espera sinceramente que esta presión consolidada influya al Gobierno birmano para que la libere a ella y a todos los que la apoyan y finalmente muestre voluntad de trabajar por la reconciliación nacional y por una vuelta a la democracia.

----

(1)DO L 106 de 29.4.2003.

----

----

(2004/C 88 E/0064)

PREGUNTA ESCRITA E-2024/03

de Maurizio Turco (NI) a la Comisión

(17 de junio de 2003)

Asunto:   Violación de la libertad de culto en Turkmenistán

En Turkmenistán la violación de la libertad de culto es grave, permanente y sistemática.

El 31 de mayo se produjo el último y enésimo violento ataque contra la Iglesia protestante de Turkmenistán: en la ciudad de Abadam, cinco personas de esta confesión, Nuri Berdiev, Nabat Niyazova, Guzelya Syraeva, Lyudmila Galkina y Akgulya Niyazova, fueron detenidas por la policía en su propia casa, conducidas a la comisaría y sometidas a un largo interrogatorio. Además, la policía procedió al secuestro de libros y las amenazó con confiscarles la vivienda en caso de continuar reuniéndose en aquel lugar con fines de culto.

El ataque de Abadam sólo es el último de una larga serie de actos de represión e intimidación por parte de las autoridades de Turkmenistán contra la comunidad católica, la protestante y la de los testigos de Jehová, ninguna de las cuales ha recibido autorización para registrarse ante las autoridades gubernamentales y cuyas actividades se consideran ilícitas.

Además, la oficina de representación de la OCDE en la capital turcomana se ha negado a comentar las noticias de incursiones y violación de la libertad de culto. Dieter Matthei, funcionario de la OCDE en Asjabad, declaró no disponer de información sobre los ataques contra los protestantes y que para toda información relativa al respeto de la libertad de culto en Turkmenistán hay que dirigirse a la sede central de la OCSE en Viena.

Visto lo que antecede, ¿puede decir la Comisión si está al corriente de la grave, persistente y sistemática violación de la libertad de culto en Turkmenistán, así como de los hechos expuestos?

¿Qué iniciativas piensa emprender o proponer con el fin de intervenir ante las autoridades de Turkmenistán para que se garantice la libertad de culto en el país?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(16 de julio de 2003)

La Comisión siente gran preocupación por las dificultades con las que se enfrentan los grupos religiosos que desean establecerse en Turkmenistán.

Aunque la Constitución de Turkmenistán garantiza la libertad religiosa, la legislación que aplica la Constitución exige que todos los grupos religiosos estén inscritos oficialmente, para lo cual deben contar con el apoyo de 500 firmas de ciudadanos mayores de 18 años. La ley restringe en la práctica toda actividad religiosa distinta del islam sunita y la iglesia ortodoxa rusa.

Actualmente, no existe marco bilateral oficial alguno para que las Instituciones de la UE y las autoridades de Turkmenistán traten estos asuntos, ya que nuestro Acuerdo Comercial y de Cooperación no abarca temas de derechos humanos.

No obstante, la Comisión está trabajando activamente con la Oficina de Instituciones Democráticas de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) para potenciar los derechos humanos en Turkmenistán.

----

----

(2004/C 88 E/0065)

PREGUNTA ESCRITA E-2028/03

de Erik Meijer (GUE/NGL) a la Comisión

(18 de junio de 2003)

Asunto:   Posibilidad de fraude y pérdida innecesaria de tiempo a causa de la recogida de pasaportes de ciudadanos de la UE por la aduana griega en la frontera con Macedonia

Respuesta complementaria del Sr. Vitorino en nombre de la Comisión

(20 de abril de 2004)

El 30 de septiembre de 2003, en el examen de los hechos denunciados por Su Señoría en su pregunta escrita, la Comisión se dirigió a la autoridades griegas para informarles de los hechos denunciados y solicitarles que facilitaran a la Comisión información detallada de las modalidades de los controles efectuados, en el puesto fronterizo de Idomeni, en el tren procedente de Grecia con destino a la Antigua República Yugoslava de Macedonia (ARYM). Como no obtuvo respuesta a su carta, el 7 de enero de 2004 la Comisión envió un recordatorio a las autoridades griegas.

Las autoridades griegas, mediante dos cartas de 16 y 28 de enero de 2004, señalaron en relación a los hechos denunciados que los controles realizados en el puesto fronterizo de Idomeni, así como los efectuados en el tren, se realizan de conformidad con las modalidades definidas en el Manual común. En especial, las autoridades griegas destacan que los controles se llevan a cabo en el tren durante el trayecto, que se controlan todos los documentos de viaje y que se estampa un sello de conformidad con las normas (concretamente para los nacionales comunitarios, el Manual común prevé, en el punto 2.1.1, que no es necesario estampar el sello).

Más exactamente, según la información transmitida, en los dos trenes que realizan diariamente este trayecto, los controles se realizan a bordo del tren por policías de uniforme que controlan individualmente a los pasajeros y recogen los documentos de viaje. Además de estos controles, llevados a cabo por policías de uniforme, otro policía del mismo servicio pero de paisano es el responsable de las tareas generales de control y vigilancia del tren. Este policía lleva la tarjeta de servicio en la parte exterior del bolsillo izquierdo de su camisa.

En relación a los hechos denunciados, las autoridades griegas señalan que no se ha comunicado ningún caso de que se haya pedido expresamente que se identifique a una persona que realiza controles de paisano.

En cuanto a la recogida de los documentos de viaje, las autoridades griegas se remiten a la flexibilización de los controles en las fronteras exteriores establecidos en el Manual común para las personas que viajan en litera o coches-cama. En el caso de estas personas, el Manual común prevé (punto 3.2.4) que los documentos que autorizan el cruce de la frontera sean controlados por el revisor, siempre que éste haya recogido dichos documentos respetando las disposiciones que le son aplicables y los tenga preparados para el control.

Las autoridades griegas resaltan que, por regla general, la duración del control no sobrepasa los 30 segundos en el caso de los nacionales comunitarios y un minuto en el caso de los nacionales de terceros países, aunque no niegan la posibilidad de retrasos, especialmente en verano, debido al importante incremento del tráfico ferroviario.

Basándose en las aclaraciones aportadas por las autoridades griegas sobre las modalidades de control en el tren y al no disponer de más precisiones sobre las modalidades de viaje, la Comisión no ha podido constatar que haya habido una aplicación irregular de las disposiciones del acervo en materia de control en las fronteras exteriores por parte de las autoridades griegas en el caso descrito por Su Señoría.

----

----

(2004/C 88 E/0066)

PREGUNTA ESCRITA E-2055/03

de Bartho Pronk (PPE-DE) a la Comisión

(20 de junio de 2003)

Asunto:   Derechos sindicales para los agentes de policía en Letonia

Respuesta del Sr. Verheugen en nombre de la Comisión

(12 de agosto de 2003)

Es cierto que la Ley de Policía de Letonia, aprobada en 1991, prohibe a los agentes de dicho cuerpo organizarse en sindicatos.

Cabe señalar, sin embargo, que la Convención para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, concretamente en el apartado 2 de su artículo 11, prevé la posibilidad de aplicar restricciones legales a la policía por lo que atañe al derecho de asociación. Además, algunos artículos del Convenio de la Organización Internacional del Trabajo también permiten dichas restricciones.

La Carta social del Consejo de Europa, ratificada por Letonia en 2002, autoriza también a las partes contratantes a establecer, mediante disposiciones legales o reglamentarias, el alcance del derecho de asociación de la policía.

La Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea, que no contiene restricción alguna a este respecto, no es aún un texto jurídicamente vinculante. Y, en el caso de que lo fuera, sólo sería aplicable en aquellos ámbitos sobre los que la Comunidad ejerce competencias.

Dentro de los límites de su mandato, la Comisión hace el seguimiento de este asunto, así como de otros relacionados con los derechos sociales y fundamentales, y los derechos humanos, durante el proceso de adhesión.

----

----

(2004/C 88 E/0067)

PREGUNTA ESCRITA E-2058/03

de Nelly Maes (Verts/ALE) a la Comisión

(20 de junio de 2003)

Asunto:   Plátanos ACP

En el Reglamento (CE) no 1609/1999 (1) se acordó la concesión de una ayuda temporal técnica y financiera a los proveedores tradicionales de plátanos ACP para que pudieran adaptarse a las nuevas condiciones comerciales del sector del plátano o apoyar una diversificación de los productores no competitivos.

No obstante, actualmente se está cuestionando el método de cálculo de la ayuda, así como la transparencia del mismo, que parece basarse en criterios ambiguos.

A pesar de haber admitido en reuniones con la OCAB que el uso de las estadísticas Eurostat lleva a una aplicación errónea del Reglamento, la Comisión todavía no ha adoptado medidas para rectificar esta situación.

¿Qué gestiones pretende realizar la Comisión para garantizar la correcta aplicación del Reglamento no 1609/1999?

----

(1)DO L 190 de 23.7.1999, p. 14.

----

----

(2004/C 88 E/0068)

PREGUNTA ESCRITA E-2091/03

de Paulo Casaca (PSE) a la Comisión

(24 de junio de 2003)

Asunto:   Reglas de cálculo de la ayuda a los productos tropicales de los países ACP

La organización central de productores-exportadores de piña y plátano de Côte d'Ivoire ha enviado copia de una carta, de fecha 28 de mayo de 2003, remitida a la Comisión. Para Côte d'Ivoire, así como para la mayoría de los países ACP exportadores de estos productos, esta actividad resulta fundamental, al igual que lo es que existan normas claras, objetivas y justas por parte de las instituciones europeas con relación a las importaciones de estos países. Habida cuenta de mi función de Vicepresidente de la Comisión de Control Presupuestario, he leído con gran aprehensión el contenido de esta carta.

¿Puede elaborar la Comisión un informe en el que se explique con claridad la situación relativa a las ayudas y a la imposición de derechos arancelarios en Europa con relación a estos frutos tropicales, se pongan de manifiesto las posibles carencias y se aporten soluciones?

¿Puede garantizar la Comisión que se encontrará disponible este informe para que el Parlamento pueda examinarlo en el contexto del procedimiento de aprobación de la gestión correspondiente al ejercicio presupuestario de 2002?

Respuesta común

a las preguntas escritas E-2058/03 y E-2091/03

dada por el Sr. Nielson en nombre de la Comisión

(31 de julio de 2003)

El Reglamento (CE) no 1609/1999 de la Comisión establece normas detalladas para la aplicación del Reglamento (CE) no 856/1999 del Consejo por el que se establece un régimen especial de ayuda para los proveedores tradicionales de plátanos de África, del Caribe y del Pacífico (ACP), incluida la metodología que se debe aplicar para calcular las distintas cantidades anuales. Al hilo de la carta de la Organización Central de Productores-Exportadores de Piña y Plátano (OCAB) mencionada en ambas preguntas, el 20 de junio de 2003 la Comisión se reunió con representantes de la OCAB y analizó pormenorizadamente las cuestiones planteadas en la misma. Como ya se había aclarado en los contactos previos, los representantes de la Comisión explicaron una vez más el trasfondo del régimen especial de ayuda y el conjunto de principios que rigen su aplicación. Con arreglo al mismo, según se establece en las disposiciones vigentes, hasta ahora los proveedores menos competitivos (por ejemplo, los productores caribeños) han recibido más apoyo, y los más competitivos (como Costa de Marfil) han obtenido asignaciones inferiores. En ambos reglamentos del Consejo y la Comisión se prevé una adaptación de tales principios en 2004, con arreglo a la cual se tendrá que aplicar un coeficiente de reducción a todos los beneficiarios, si bien la reducción será menor en el caso de los países ACP que hayan conseguido mejorar su competitividad, y será proporcional a tales mejoras. En esa reunión, los propios representantes de la OCAB declararon que, en su opinión, la Comisión ha aplicado siempre el método prescrito en el Reglamento de la Comisión de manera correcta y justa. También se aclaró a la OCAB que la Comisión nunca ha considerado o sugerido que la utilización de los datos de Eurostat desemboque en una aplicación distorsionada del Reglamento de la Comisión. Por el contrario, los representantes de la Comisión indicaron a la otra Parte la necesidad de contar con datos objetivos, comparables y oportunos para calcular las distintas asignaciones cada año. En el momento de la instauración del régimen especial de ayuda, se determinó que sólo los precios CIF (coste, seguro y flete) de Eurostat se ajustaban a todos esos criterios. Hasta la fecha ni la OCAB ni ninguna de las restantes Partes interesadas han podido sugerir una alternativa viable.

En cuanto a la petición de un informe sobre la situación del régimen de ayudas y de los aranceles, la Comisión desearía recordar que su informe bienal al Consejo y al Parlamento (1) sobre la aplicación del Reglamento del Consejo por el que se establece el régimen especial de ayuda está siendo examinando actualmente por el Parlamento. Asimismo, antes del 31 de diciembre de 2004, la Comisión presentará un informe sobre la organización común de mercados en el sector del plátano al Parlamento y al Consejo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Reglamento (CEE) no 404/93 del Consejo, de 13 de febrero de 1993, por el que se establece la organización común de mercados en el sector del plátano (2). En particular, el informe examinará la evolución de los flujos comerciales de plátanos ACP y del porcentaje que representan en el mercado comunitario. La Comisión ha tomado nota de las dudas de la OCAB sobre determinados datos estadísticos y analiza en la actualidad la cuestión con la ayuda de Eurostat y las autoridades competentes de los Estados miembros que recopilan tales datos.

Con arreglo a las consideraciones expuestas, la Comisión no percibe razón alguna para modificar la legislación vigente. Es necesario subrayar que las disposiciones actuales han ofrecido con éxito a los proveedores ACP tradicionales, incluida Costa de Marfil, ayuda financiera significativa a lo largo de un delicado período de transición para esta industria.

Aunque las observaciones de la OCAB sólo se referían a los plátanos, en aras de la exhaustividad se pone en conocimiento de Su Señoría que en la actualidad únicamente se proporciona ayuda financiera específica para el sector de la piña a Martinica y Azores en el marco de la legislación en vigor para las regiones ultraperiféricas de la Comunidad. La gestión de tal ayuda no ha planteado hasta ahora problemas significativos.

----

(1)  COM(2002) 763 final.

(2)DO L 47 de 25.2.1993.

----

----

(2004/C 88 E/0069)

PREGUNTA ESCRITA E-2066/03

de Maurizio Turco (NI) a la Comisión

(20 de junio de 2003)

Asunto:   Aplicación en la República Italiana de la Directiva sobre el IVA a las entregas de bienes y prestaciones de servicios intracomunitarias

Al transponer la Directiva sobre el IVA en lo relativo a las entregas de bienes y prestaciones de servicios intracomunitarias, el Gobierno italiano ha previsto:

Este procedimiento se aplica asimismo a quien no adquiere bienes o servicios para revenderlos en su país, sino únicamente para utilizarlos directamente en el ejercicio de su profesión.

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(16 de julio de 2003)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Sexta Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, en materia de armonización de las legislaciones de los Estados Miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido: base imponible uniforme (1), los sujetos pasivos deben extender facturas, o documentos que produzcan sus efectos, por las entregas de bienes y prestaciones de servicios que realicen para otros sujetos pasivos o para personas jurídicas que no sean sujetos pasivos.

Por lo que se refiere a las entregas de bienes intracomunitarias, eso significa que el Estado miembro en el que está establecido el proveedor es el único competente para determinar los requisitos de la factura que ha de extenderse. Por consiguiente, el Estado miembro de destino no puede imponer ningún requisito adicional para permitir deducir el IVA de los bienes o servicios adquiridos en otro Estado miembro.

En su pregunta, Su Señoría señala que el Gobierno italiano acepta únicamente un tipo especial de factura «intracomunitaria» para que los contribuyentes puedan deducir el IVA de los bienes y servicios adquiridos en otro Estado miembro.

Si ese es el caso, la Comisión comprobará si Italia está incumpliendo los principios recogidos en la Sexta Directiva y, por tanto, infringiendo el Derecho comunitario.

Sin embargo, cabe señalar que, el 20 de diciembre de 2001, el Consejo adoptó la Directiva 2001/115/CE por la que se modifica la Directiva 77/388/CEE con objeto de simplificar, modernizar y armonizar las condiciones impuestas a la facturación en relación con el impuesto sobre el valor añadido (2). Dicha Directiva entrará en vigor el 1 de enero de 2004 y acabará con las actuales discrepancias entre los requisitos nacionales aplicables a la facturación.

Su Señoría considera que la declaración anual exigida en Italia resulta muy compleja.

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 22 de la Sexta Directiva sobre el IVA, los Estados miembros pueden establecer la mayoría de las normas relativas a las declaraciones, los extractos recapitulativos y las declaraciones recapitulativas.

Así pues, siempre y cuando se respeten unos requisitos mínimos, los Estados miembros pueden disponer el formato y el contenido de dichas declaraciones.

No obstante, la Comisión es consciente de que la complejidad y diversidad de las obligaciones en materia de IVA en los distintos Estados miembros puede ocasionar serias dificultades a los comerciantes y sobre todo a aquéllos que han de justificar el IVA en más de un Estado miembro.

Por ese motivo, la Comisión ha llevado a cabo un estudio exhaustivo de esta cuestión con el fin de presentar propuestas pertinentes en 2004. El estudio puede consultarse en la página Web de la Comisión (en «Tu voz en Europa») (3).

----

(1)DO L 145 de 13.6.1977. Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 2002/92/CE del Consejo de 3 de diciembre de 2002, DO L 331 de 7.12.2002.

(2)DO L 15 de 17.1.2002.

(3)  http://europa.eu.int/yourvoice/index_es.htm.

----

----

(2004/C 88 E/0070)

PREGUNTA ESCRITA P-2078/03

de Ilda Figueiredo (GUE/NGL) a la Comisión

(17 de junio de 2003)

Asunto:   Cuotas lecheras en Portugal

En una reciente reunión con productores de leche del Norte de Portugal se puso de manifiesto la injusticia que sufren los agricultores portugueses que superaron las cuotas lecheras a finales del pasado mes de marzo.

De hecho, a estos productores se les han aplicado penalizaciones, mientras que en Italia se acaba de dar cuenta de la aprobación de un acuerdo que resuelve el problema de los agricultores italianos que se encuentran en idéntica situación.

¿Puede informar la Comisión de las condiciones específicas del acuerdo italiano y de las medidas inmediatas o previstas para reparar esta injusticia que sufren los agricultores portugueses?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(7 de julio de 2003)

La pregunta parece referirse a una decisión adoptada por el Consejo por iniciativa propia con arreglo al procedimiento especial previsto en el apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE, por lo que no es competencia de la Comisión. La pregunta, por tanto, habría de dirigirse al Consejo.

----

----

(2004/C 88 E/0071)

PREGUNTA ESCRITA E-2086/03

de Glenys Kinnock (PSE) a la Comisión

(24 de junio de 2003)

Asunto:   Situación de los cristianos en Egipto

¿Conoce la Comisión las persecuciones de que es objeto la minoría cristiana en Egipto? Se ha informado, en particular, de que a los musulmanes que se han convertido al cristianismo se les ha impedido registrar su cambio de fe en el pasaporte y, en consecuencia, abandonar el país.

¿Está adoptando la Comisión alguna medida para asegurar que haya libertad de culto para los cristianos egipcios?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(9 de julio de 2003)

La Comisión está al corriente de los problemas a los que debe hacer frente la comunidad de crisitianos egipcios, que agrupa a un número considerable de ciudadanos. La Comisión se ha reunido con miembros de la jerarquía copta en diversas ocasiones para debatir dichos problemas, y ha seguido además muy de cerca los incidentes violentos contra los cristianos.

Con respecto a los cristianos conversos y a la libertad de movimiento, la Comisión está investigando este asunto por medio de su delegación en El Cairo. La información preliminar de la que dispone desmiente que los pasaportes contengan información acerca de la religión de sus titulares, aunque esto puede darse en el caso de los documentos de identidad.

Como parte del proceso de Barcelona, el Gobierno egipcio debe respetar los principios fundamentales de los derechos humanos y de la democracia. Esto se refleja en el texto del Acuerdo de Asociación en el proceso de ratificación. Las cuestiones relativas a derechos humanos, incluida la libertad de culto, forman parte del diálogo político entre la Unión y Egipto, en el que la Comisión se emplea a fondo. En la reunión de ministros de Egipto y de la Unión del 16 y el 17 de junio de 2003 se trató la cuestión de los derechos humanos.

----

----

(2004/C 88 E/0072)

PREGUNTA ESCRITA E-2089/03

de José Gil-Robles Gil-Delgado (PPE-DE) a la Comisión

(24 de junio de 2003)

Asunto:   Definición de la línea presupuestaria para las organizaciones no gubernamentales de lucha contra la tortura

Desde 1993 el Parlamento Europeo ha apoyado a las víctimas de la tortura en todo el mundo. Se han creado dos líneas presupuestarias para este fin, una para terceros países (B7-70) y otra para la Unión Europea (B5-813). Gracias a las ayudas de la Unión Europea se han mantenido y desarrollado programas de asistencia en la mayoría de los países del mundo, ya sea para víctimas de la tortura en sus propios países, refugiados o personas en búsqueda de asilo.

La Comisión ha decidido reforzar sus esfuerzos en esta lucha, y desde el Parlamento Europeo apoyamos esta decisión, pero somos conscientes de que esta iniciativa está teniendo un efecto inmediato en la situación de las víctimas existentes, ya que no han sido asignados nuevos fondos para la misma, produciéndose, como consecuencia, el cierre de multitud de centros que sólo contaban con esta asignación.

¿Cuál es el impacto real de este cambio en su política? ¿Son la asistencia y la prevención dos estrategias separadas? ¿Cuál es el alcance de esta decisión? ¿Son los fondos de la Unión Europea suficientes para la prevención y la asistencia o habría que incrementar la cifra existente? ¿Qué previsión hay respecto a estos fondos?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(28 de julio de 2003)

La Comisión ha decidido adoptar un enfoque más estratégico para la financiación canalizada a través de la iniciativa europea para la democracia y los derechos humanos (IEDDH) y, en su Comunicación sobre derechos humanos y democratización de mayo de 2001 (1), estableció cuatro prioridades temáticas para la ayuda de dicha iniciativa en el futuro, siendo una de ellas la prevención de la tortura y la rehabilitación de sus víctimas. De acuerdo con la necesidad de aprovechar de manera más eficaz unos fondos limitados, la Comunicación subrayaba también que la Unión debería intentar concentrarse lo más posible en la prevención de la tortura, más que en la ayuda a los centros de rehabilitación. El posterior documento de programación de la iniciativa europea para la democracia y los derechos humanos en 2002-2004 observaba que la financiación debería reorientarse hacia la prevención de la tortura a largo plazo.

La reducción de la financiación a los centros de rehabilitación ha ido acompañada de una serie de medidas concebidas para ir reduciendo progresivamente su dependencia actual de la financiación comunitaria, con el fin de capacitar a dichos centros para buscar fondos en otras fuentes. Por ejemplo, la convocatoria de propuestas 2001 redujo el porcentaje máximo de ayuda para proyectos de rehabilitación al 60 % para los centros situados en el interior de la Unión y al 80 % para proyectos en el exterior de la Unión. Estos porcentajes volvieron a reducirse en la convocatoria 2002, al 50 % y el 75 % respectivamente. Otro factor significativo es el grado de importancia concedido durante el proceso de evaluación a las cuestiones relacionadas con la viabilidad. Es más, la «capacitación institucional», que incluye el desarrollo de capacidades para conseguir fondos, se incluía explícitamente para la financiación en 2001 y 2002.

La convocatoria de propuestas 2002 estaba concebida para continuar este proceso. Con una dotación de 25 millones de euros, cubría la financiación de proyectos para la prevención de la tortura y de centros de rehabilitación, y estaba previsto asignar 1/3 y 2/3 de los fondos disponibles a estos dos ámbitos de actividad respectivamente. Todos los proyectos presentados fueron evaluados por dos expertos con experiencia en temas relacionados con la tortura. Los proyectos se clasificaron con arreglo a su puntuación y se seleccionaron buscando el objetivo de garantizar un equilibrio en la distribución geográfica de las actividades propuestas.

La calidad de los proyectos presentados por los centros de rehabilitación para actividades realizadas dentro de la Unión (línea presupuestaria B5-813) dio lugar a unos resultados que respetaban el equilibrio previsto. No obstante, los proyectos presentados por centros situados fuera de la Unión recibieron una calificación bastante baja (a veces por debajo del mínimo exigido), lo que no permitió seleccionar un número suficiente de proyectos de rehabilitación para respetar el equilibrio previsto de 2/3-1/3. Se asignaron alrededor de 4,5 millones de euros a centros situados fuera de la Unión (para el período 2002-2003), frente a alrededor de 8 millones de euros a proyectos de prevención de la tortura. Se asignaron aproximadamente 4 millones de euros a centros de rehabilitación dentro de la Unión, con 2 millones de euros adicionales para proyectos que incluían aspectos en apoyo de las víctimas de la tortura.

En cuanto a la posibilidad de que algunos centros puedan verse abocados a cerrar al no estar garantizada la ayuda comunitaria, ello debe considerarse a la luz de la política mencionada de pasar de la rehabilitación a la prevención y las medidas esbozadas más arriba, que han acompañado este cambio en la política. Sólo puede prestarse ayuda a los centros de conformidad con unas reglas competitivas concebidas para garantizar la buena utilización de los fondos del contribuyente europeo, financiando únicamente las mejores propuestas que cumplan unos requisitos mínimos de calidad.

En 2003 se pondrá en marcha una nueva convocatoria por valor de 11,5 millones de euros para centros de rehabilitación dentro de la Unión, con arreglo a la línea presupuestaria B5-813 (que abarca el presupuesto 2003 y 2004, con la reserva de que se apruebe también la utilización de los créditos correspondientes a 2004).

Actualmente la Comisión está estudiando la programación de la iniciativa europea para los derechos humanos y la democracia para el año 2004 y posteriormente, y el 14 de julio de 2003 organizó un seminario especial para las organizaciones no gubernamentales a fin de sondear sus opiniones sobre las prioridades temáticas, incluida la tortura.

----

(1)  COM(2001) 252 final.

----

----

(2004/C 88 E/0073)

PREGUNTA ESCRITA P-2104/03

de Bob van den Bos (ELDR) a la Comisión

(18 de junio de 2003)

Asunto:   Refugiados rohingya de Myanmar

Además de los dos campos de refugiados oficiales de Bangladesh, en los que se acoge a aproximadamente 22 000 refugiados rohingya, en el nuevo campo provisional de Teknaf, no reconocido oficialmente, residen otros 4 000 refugiados ilegales. Este campo puede resultar inundado próximamente con la llegada del monzón.

¿Está la Comisión al corriente de la situación de los refugiados rohingya en el campo provisional de Teknaf?

¿Se ha puesto la Comisión en contacto con el Gobierno de Bangladesh para ofrecer ayuda (de emergencia) a los rohingya? En caso negativo, ¿tiene la intención de hacerlo?

¿Mantiene la Comisión contactos con el ACNUR sobre la situación de estos refugiados y las posibilidades para ofrecerles ayuda?

----

----

(2004/C 88 E/0074)

PREGUNTA ESCRITA P-2155/03

de Hanja Maij-Weggen (PPE-DE) a la Comisión

(24 de junio de 2003)

Asunto:   Situación de los Rohingyas en Bangladesh

¿Tiene conocimiento la Comisión de la situación de discriminación en que se encuentran los Rohingyas en el Estado de Arakan (Birmania), que no están reconocidos como ciudadanos y que sufren graves violaciones de los derechos humanos, de la huida de unos 121 000 Rohingyas a Bangladesh, donde, por una parte, 21 000 de ellos viven, obligados por las autoridades de Bangladesh, en dos campos oficialmente reconocidos de refugiados y, por otra, como mínimo 100 000 Rohingyas viven como inmigrantes ilegales?

¿Está la Comisión al corriente del nuevo campo provisional y no oficial de Teknaf, creado después de la «Operación Corazón Limpio» del ejercito de Bangladesh, donde se obliga a 4 000 inmigrantes ilegales a vivir en condiciones infrahumanas, donde las autoridades de Bangladesh no admiten ningún tipo de ayuda y que a partir del mes de julio va a estar amenazado por el monzón, que va a arrastrar el campo y causar una catástrofe humanitaria?

¿Está dispuesta la Comisión a presionar a las autoridades de Bangladesh para que autoricen la llegada de ayuda (de emergencia) al campo provisional de Teknaf y se evite así una catástrofe humanitaria?

Respuesta común

a las preguntas escritas P-2104/03 y P-2155/03

dada por el Sr. Patten en nombre de la Comisión

(23 de julio de 2003)

La Comisión ha seguido de cerca la situación de los refugiados rohingya en Bangladesh desde el comienzo de la crisis. Por medio del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), ha facilitado ayuda a los dos campos oficiales de refugiados situados en Cox's Bazar, y sigue haciéndolo. La Comisión, en vista de la inestabilidad sociopolítica, ha pedido al Gobierno de Bangladesh y al ACNUR que prolonguen hasta el 2004 la ayuda y el suministro de alimentos a los 22 000 rohingyas de los dos campos oficiales.

A principios de 2003, una organización no gubernamental holandesa informó a la Comisión de la existencia de un campo no reconocido oficialmente en Teknak, que se creó tras la «Operación Corazón Limpio». A la vista de las pésimas condiciones de vida tanto en este campo como en los dos oficiales, la Delegación de la Comisión en Dhaka decidió evaluar la situación sobre el terreno a comienzos de la primavera de 2003. Sin embargo, esta evaluación no se ha podido llevar a cabo debido a las restricciones de movilidad que se impusieron a los diplomáticos durante la guerra de Iraq. Una vez suprimidas dichas restricciones, se ha vuelto a planear una visita a los campos.

La Comisión mantuvo recientemente largas conversaciones con el Gobierno bengalí acerca de la situación de los refugiados rohingya, en el subgrupo especial de Derechos Humanos y Gobernanza de mayo de 2003, en Dhaka. En este contexto, la Comisión también planteó su preocupación por las condiciones en los campos de refugiados. Si bien la integración de refugiados es una opción que ha sido claramente descartada por el Gobierno de Bangladesh, sí que se llegó a un acuerdo para mantener la ayuda a estos campos, en colaboración con el ACNUR.

La Comisión comparte la inquietud del Parlamento por la situación humanitaria en el campo de Teknaf. Por desgracia, el ámbito de acción de las organizaciones donantes y de la Comisión se ha reducido notablemente, debido a la situación jurídica de los refugiados. Dado que no poseen el estatus de refugiados legales y, por consiguiente, el Gobierno de Bangladesh considera que viven ilegalmente en el país, no se les puede ofrecer ayuda, a menos que sea a propuesta del Gobierno.

La Delegación de la CE, que mantiene un contacto regular y estrecho con el ACNUR en lo concerniente a los refugiados rohingya, le ha consultado recientemente acerca de las actuales condiciones en el campo clandestino, así como sobre la posibilidad de ofrecer ayuda. Por ahora no cabe esperar que se lleve a cabo ninguna operación, puesto que el Gobierno bengalí no ha solicitado la ayuda del ACNUR. Y parece improbable que lo haga, considerando que, según el propio Gobierno, esto sentaría un precedente y haría que más rohingyas cruzaran la frontera. La Delegación de la CE seguirá de cerca la situación y continuará colaborando con el ACNUR y las organizaciones de ayuda humanitaria, mientras sigue tratando el asunto con el Ministerio de Gestión y Ayuda en casos de Catástrofe.

----

----

(2004/C 88 E/0075)

PREGUNTA ESCRITA E-2116/03

de Claude Moraes (PSE) a la Comisión

(25 de junio de 2003)

Asunto:   Situación en el Sudán

¿Conoce la Comisión las noticias según las cuales se ha declarado la Yijad en diversas comunidades cristianas del Sudán y el gobierno sudanés está deteniendo arbitrariamente (y en algunos casos torturando) a periodistas, estudiantes y demás ciudadanos que se manifiestan en su contra?

¿Cómo piensa la Comisión responder a esta inaceptable situación que está actualmente viviendo el Sudán?

Respuesta del Sr. Nielson en nombre de la Comisión

(15 de julio de 2003)

La Comisión no es consciente de que se haya declarado recientemente una yihad (guerra santa) contra comunidades cristianas del Sudán.

La Comisión señala el progreso alcanzado en el contexto de las conversaciones de paz en curso de la Autoridad intergubernamental para el desarrollo. En particular, la firma del Protocolo Machakos (julio de 2002) en el que el Gobierno de Sudán y el Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán alcanzaron un acuerdo para respetar todas las religiones y la libertad de culto.

La Unión continua supervisando la situación de los derechos humanos, el Estado de Derecho y la democratización de Sudán. En las recientes persecuciones de periodistas y estudiantes, la Comisión estaba al tanto de un caso de un periodista que fue encarcelado. La Unión realizó un trámite dirigido al Gobierno de Sudán durante la reunión del diálogo político entre la Unión y Sudán en abril de 2003. Posteriormente, el periodista fue liberado y el periódico se volvió a abrir.

----

----

(2004/C 88 E/0076)

PREGUNTA ESCRITA E-2130/03

de Markus Ferber (PPE-DE) a la Comisión

(26 de junio de 2003)

Asunto:   Ayudas de la Comisión Europea a distintas ONG

Respuesta del Sr. Nielson en nombre de la Comisión

(14 de julio de 2003)

Se han adjudicado dos contratos a WEED e.V con cargo a la línea presupuestaria B7-6000 en el contexto de la cofinanciación de proyectos de organizaciones no gubernamentales (ONG) destinados a concienciar a la población europea sobre temas de desarrollo:

No se ha adjudicado contrato alguno a SHARE e.V o ATTAC e.V con cargo a ninguna línea presupuestaria gestionada por EuropeAid.

Todos los contratos están sujetos a los procedimientos de control y seguimiento de EuropeAid aplicables a las subvenciones y establecidos de conformidad con las disposiciones de los sucesivos Reglamentos de la Comisión sobre disposiciones de aplicación del Reglamento Financiero marco.

----

----

(2004/C 88 E/0077)

PREGUNTA ESCRITA E-2162/03

de Herbert Bösch (PSE) a la Comisión

(30 de junio de 2003)

Asunto:   Línea presupuestaria B7-7010: ninguna convocatoria de propuestas en el año 2003; consecuencias para los derechos humanos de las personas con discapacidad

En los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la Unión Europea se comprometió a reducir la pobreza. Este objetivo no puede alcanzarse sin considerar las necesidades de las personas con discapacidad, que no están aún suficientemente incluidas en la cooperación para el desarrollo financiada por la Unión.

En el presupuesto para el año 2003, la línea presupuestaria B7-7010 se modificó de manera que las acciones tomadas en el campo de la discapacidad pudieran financiarse con esta línea presupuestaria, como continuación a la nota orientativa de la Comisión sobre discapacidad y cooperación para el desarrollo. Sin embargo, en 2003 no se emitirá ninguna convocatoria de propuestas para la línea presupuestaria B7-7010. Por el contrario, la Comisión seleccionará y distribuirá los fondos de los proyectos presentados previamente.

¿Existe por tanto la posibilidad de que la Comisión preste una especial atención a la discapacidad en su selección de los proyectos presentados previamente?

Dado que no se han presentado nuevos proyectos, ¿cómo se propone la Comisión financiar las acciones que deben tomarse como continuación a la nota orientativa sobre discapacidad y desarrollo?

¿Tiene intención la Comisión de adaptar las acciones prioritarias del documento de programación de la Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos de modo que esté en línea con las recientes modificaciones en materia de discapacidad introducidas en la línea presupuestaria B7-7010?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(16 de septiembre de 2003)

La Comunicación de la Comisión de mayo de 2001 (1) subrayó la necesidad de focalizar de manera más efectiva los escasos fondos disponibles, en virtud de la Iniciativa europea para la democracia y los derechos humanos (IEDDH). Con este objetivo, se decidió que en lo sucesivo, los fondos cubrirían los siguientes cuatro campos prioritarios: ayuda a la democratización, a la buena gobernanza y al Estado de Derecho; lucha contra la tortura y la impunidad y fomento de justicia internacional; lucha contra la pena de muerte y contra el racismo, la xenofobia y la discriminación respecto a las minorías y las poblaciones autóctonas. Estas prioridades se reflejaron en el documento de programación de la IEDDH adoptado para 2002-2004 y en las convocatorias de propuestas ulteriores. En 2002 se publicaron cinco convocatorias de propuestas, las cuales cubrían dos ejercicios presupuestarios: 2002 y 2003. En el momento en que se publicaron las propuestas, no estaba previsto que en las propuestas se abordaran temas relacionados con la discapacidad, ya que tales temas no se encontraban en el documento de programación de la IEDDH. Las normas de la Comunidad no permiten modificar las propuestas una vez que los textos ya se han publicado. La Comisión no está en condiciones de seleccionar y asignar fondos de proyectos previamente seleccionados.

La Comisión está reflexionando sobre el rumbo futuro de la IEDDH más allá del período de programación actual de 2002-2004 y organizó un seminario especial el 14 de julio de 2003 con el fin de brindar la oportunidad de comentar este tema con representantes de organizaciones no gubernamentales, miembros del Parlamento y funcionarios de los Estados Miembros. Puesto que la Comunicación sólo es un documento de orientación, las discusiones se centrarán en la manera de programar las prioridades temáticas de manera más eficaz.

La «Nota de orientación sobre discapacidad y desarrollo para las delegaciones y servicios» de la Comisión, que proporciona orientaciones sobre la forma de abordar los temas relacionados con la discapacidad de manera eficaz en el marco de la cooperación al desarrollo, ha sido ampliamente distribuida por los diferentes servicios. Dicha nota destaca la importancia de integrar las cuestiones relativas a la discapacidad en el diálogo sobre políticas públicas y en la programación nacional. Así ocurre en el caso de las orientaciones de la revisión intermedia para los países ACP (África, Caribe y Pacífico) que se están preparando actualmente, las cuales disponen que se examine hasta qué punto los programas nacionales responden a las necesidades de las personas con discapacidades.

Por último, la Comisión concede gran importancia a la cuestión de la discapacidad como lo demuestra la legislación que la Comisión ha introducido así como el enfoque activo adoptado por la Comisión en el Comité Ad Hoc sobre una convención para la Protección y el Fomento de los derechos de las personas discapacitadas.

----

(1)  COM(2001) 252 final.

----

----

(2004/C 88 E/0078)

PREGUNTA ESCRITA E-2184/03

de Maurizio Turco (NI) a la Comisión

(30 de junio de 2003)

Asunto:   Nuevas violaciones de la libertad de culto en Turkmenistán

Las autoridades turcomanas han denegado el registro a todas las comunidades que no sean rusas o musulmanas. Todas las actividades religiosas no registradas se consideran ilegales y, en cualquier caso, son objeto de supervisión por parte del 6o departamento del Comité de Seguridad Nacional (ΚΝΒ, ex KGB).

A finales de mayo, las autoridades de Turkmenistán se inmiscuyeron en dos reuniones de los Hare Krishna. Durante una incursión en una aldea cerca de Mari, los oficiales se unieron a la ceremonia para filmar a los devotos, mientras que en la capital, Asjabad, un grupo operativo de la división del Ministerio del Interior, al mando del coronel Byashim Taganov, irrumpió en la casa de una devota, Gaurabhakta Devi Dasi, y sin ninguna orden de registro retiró los iconos y secuestró material religioso. Dicha señora y otros dos creyentes más fueron arrestados. De los tres, dos fueron multados y amenazados con destierro de la capital, el tercero fue golpeado bárbaramente y amenazado con un procedimiento criminal a su costa. El coronel Taganov niega su implicación en lo sucedido.

El 31 de mayo, y a raíz de la irrupción de las autoridades locales en una casa privada, Guzelya Syraeva fue multada por haber sido sorprendida mientras estaba reunida con otros miembros de una comunidad protestante no registrada. Seguidamente, las autoridades presionaron a la señora Syraeva para que dejase su trabajo de enseñante en la guardería infantil de Abadan y al mismo tiempo amenazaron a la directora de la guardería, Tazegyul Nurieva, con quitarle el puesto de trabajo si no despedía a la señora Syraeva. Las dos han recibido presiones del Ministerio de Educación.

El 13 de junio, la policía irrumpió en un piso privado en el que estaban rezando fieles baptistas. Todos los presentes fueron interrogados durante varias horas. El jefe de la policía, Alaverdy Khudoberdiev, defendió la operación diciendo que las actividades de organizaciones no registradas eran ilegales, pero el hecho es que la ley turcomana de religiones no prohibe las actividades de las organizaciones religiosas no registradas. Dieter Matthei, funcionario político de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) ha informado sobre las dificultades que ponen las autoridades locales cuando se trata de obtener los informes sobre tales incursiones.

Teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto:

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(29 de julio de 2003)

La Comisión tiene pleno conocimiento de las difíciles condiciones a las que se enfrentan las minorías religiosas en Turkmenistán.

La Comisión muestra gran preocupación por la falta de disponibilidad de las autoridades turcomanas para mejorar la situación de los grupos religiosos minoritarios. Turkmenistán no respeta los compromisos en materia de libertad religiosa recogidos en su Constitución y aceptados por el Gobierno en virtud de los acuerdos internacionales firmados en el marco de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa.

La Comisión seguirá abordando esta cuestión con las autoridades turcomanas en todos sus encuentros bilaterales.

----

----

(2004/C 88 E/0079)

PREGUNTA ESCRITA P-2198/03

de Niall Andrews (UEN) a la Comisión

(26 de junio de 2003)

Asunto:   Protección de los derechos humanos en México

¿Esta informada la Comisión de las violaciones de los derechos humanos que se están produciendo en México y que Amnistía Internacional pone de relieve?

Entre estas violaciones se incluyen:

¿Está informada la Comisión de que México se ha comprometido en reiteradas ocasiones a respetar los derechos humanos y a mejorar la situación de los derechos humanos en México, y que, habiendo ratificado la Convención Interamericana sobre Desapariciones Forzosas de Personas, se niega no obstante a investigar casos de «desapariciones» que ocurrieron antes de la ratificación de la Convención?

¿Está informada la Comisión asimismo de que los asuntos relacionados con los militares siguen siendo juzgados únicamente por tribunales secretos, socavando así la credibilidad de las investigaciones?

Habida cuenta de que la UE ha definido los derechos humanos y la democracia como «elementos esenciales» en su relación con países fuera de la UE y habida cuenta del refuerzo de los vínculos comerciales entre la UE y México, ¿podría indicar la Comisión qué medidas se propone adoptar para asegurar que el Gobierno mexicano cumple sus compromisos y obligaciones en relación con los derechos humanos?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(10 de julio de 2003)

El compromiso de la Comisión con la promoción de los derechos humanos constituye una parte fundamental de todos los acuerdos bilaterales. El proceso de salvaguardia y garantía de los derechos humanos está institucionalizado en la «cláusula democrática», que es parte fundamental de las relaciones entre la Unión y México regidas por el Acuerdo de Asociación Económica, Coordinación Política y Cooperación (Acuerdo Global), el cual entró en vigor el 1 de octubre de 2000 y se basa en tres pilares de carácter político, de cooperación y comercial.

El marco institucional establecido por el Acuerdo es, actualmente, el foro en el que se desarrolla un diálogo político abierto y productivo a todos los niveles: presidencial, ministerial y de altos funcionarios. Ello permite a la Unión intercambiar puntos de vista, entre otros aspectos, sobre temas bilaterales y multilaterales y la evolución de los derechos humanos en ambas partes. La Comisión considera que este régimen es satisfactorio y, de momento, no tiene intención de adoptar nuevas medidas en este ámbito.

En septiembre de 2002 México ratificó la Convención Interamericana Sobre Desapariciones Forzadas de Personas. Aunque la Comisión considera loable la ratificación por parte de México de la Convención elaborada por la Organización de Estados Americanos, la Comisión no tiene poderes directos en materia de aplicación. Sin embargo, hace uso de los mecanismos existentes para intercambiar puntos de vista y, en su caso, incitar a sus socios a respetar y aplicar a todos los niveles los distintos acuerdos y convenios relacionados con los derechos humanos. En este contexto, la Comisión percibe positivamente los intentos del Presidente Fox de conceder prioridad en su agenda política a las cuestiones de derechos humanos y juzgar a los responsables de antiguos delitos. Habida cuenta de que la Comisión reconoce la existencia de determinadas deficiencias en el sistema judicial, se concentrará en apoyar en la medida de lo posible todas las reformas que sirvan para establecer un sistema judicial más creíble, transparente y operativo. En este ámbito, en el segundo semestre de 2003 comenzará a aplicarse un proyecto de cooperación de la Unión sobre la reforma del sistema judicial de México.

A pesar de que la Comisión es consciente de la existencia de determinados niveles de impunidad y de la persistencia de violaciones de los derechos humanos, se espera que la intensificación del diálogo político y la cooperación concentrada en éste ámbito servirán para garantizar el éxito de la continua lucha de México por las reformas.

----

----

(2004/C 88 E/0080)

PREGUNTA ESCRITA E-2223/03

de Paulo Casaca (PSE) a la Comisión

(2 de julio de 2003)

Asunto:   Acuerdos secretos de la Unión Europea con terceros sobre energía nuclear

Según «European Voice» de 12 de junio, el Consejo aprobó la semana pasada un acuerdo secreto con China relativo a la energía nuclear. Siempre según esta publicación, el acuerdo excluye la utilización de medios nucleares para la construcción de armas de fabricación masiva.

¿Puede decir la Comisión si conoce la existencia de este acuerdo?

¿Puede la Comisión hacer público ese acuerdo o explicar las razones por las que no lo hace?

¿Puede explicar la Comisión cómo es posible garantizar que un acuerdo de este tipo no tendrá implicaciones para la proliferación de armas de destrucción masiva?

¿Puede demostrar la Comisión que no se ha celebrado un acuerdo de este tipo con el Irán?

¿Puede facilitar la Comisión las actas de las reuniones que celebró con los dignatarios del régimen del Irán en el contexto del llamado «diálogo constructivo» sobre energía?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(7 de agosto de 2003)

No existe acuerdo secreto alguno con China ni Irán en materia de energía nuclear.

El 11 de junio de 2003, el Consejo aprobó una serie de directrices de negociación con vistas a un futuro acuerdo Euratom-China. Dicho acuerdo se centrará en la investigación y su principal objetivo consistirá en facilitar el acceso de las instituciones de investigación de dicho país al Sexto Programa Marco de Euratom, de manera análoga a cuanto ocurre en relación con el Sexto Programa Marco general. Las autoridades chinas han manifestado en todo momento su interés por un acuerdo en materia de investigación exclusivamente, postura, ésta, que comparten los Estados miembros, los cuales aprobaron las directrices de negociación de manera unánime.

Actualmente no hay ningún acuerdo Euratom-Irán, ni tampoco proyecto alguno de directrices de negociación con vistas a tal acuerdo. No obstante, la Comisión recuerda que Irán es parte en el Tratado de No Proliferación y que ha suscrito con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) un acuerdo general de salvaguardias, que entró en vigor el 15 de mayo de 1974. Por el momento, no existe ningún protocolo de garantías adicionales entre Irán y la OIEA.

La Comisión está negociando un acuerdo comercial y de cooperación con Irán, en paralelo a las negociaciones en torno a otro acuerdo sobre diálogo político y lucha contra el terrorismo. Estas negociaciones podrían plasmarse en el primer acuerdo contractual entre la UE y la República Islámica, y preparar el terreno para una intensificación de las relaciones políticas y económicas. El planteamiento de la UE en sus relaciones con Irán se basa en un diálogo de alcance general, que abarca problemas tanto bilaterales, como regionales y globales, entre otros, en materia de derechos humanos, terrorismo y no proliferación.

Desde 1999, la Comisión ha venido estudiando cuestiones relacionadas con la energía no nuclear en un grupo de trabajo de alto nivel UE-Irán. La página web de la Comisión ofrece información pormenorizada de la última reunión del citado grupo de trabajo, celebrada en octubre de 2002 (1).

----

(1)  http://europa.eu.int/comm/energy_transport/en/enlarg_2_en.html.

----

----

(2004/C 88 E/0081)

PREGUNTA ESCRITA E-2229/03

de José Ribeiro e Castro (UEN) a la Comisión

(2 de julio de 2003)

Asunto:   Ingresos por petróleo de Angola — transparencia

Según un comunicado de prensa de la ONG Global Witness, emitido el pasado 20 de junio, el Viceprimer Ministro del Gobierno de Angola, Sr. Aguinaldo Jaime, ha contraído importantes compromisos públicos en lo que respecta a la transparencia futura de los ingresos procedentes de la explotación del petróleo frente a las costas de Angola.

En el comunicado de Global Witness se señala concretamente que, en un discurso pronunciado en una conferencia de la industria del petróleo en Londres, el Viceprimer Ministro Sr. Aguinaldo Jaime dijo que, en el pasado, algunas transacciones no se incluían en el presupuesto, de ahí la falta de transparencia de éste; añadió que, por primera vez en la historia de Angola, el presupuesto incluirá todos los ingresos y esto demostrará a la comunidad de donantes que el Gobierno angoleño desea la plena transparencia en la gestión del presupuesto. El Sr. Jaime explicó que estas cifras incluirán todos los ingresos del país por petróleo.

¿Tiene conocimiento la Comisión de estas declaraciones del Viceprimer Ministro Sr. Aguinaldo Jaime?

¿Está al corriente la Comisión de otros compromisos asumidos en el mismo sentido por el Gobierno de Angola?

Teniendo en cuenta las posiciones puestas ya de manifiesto en este mismo sentido por el Consejo y la Comisión, así como por otras instancias internacionales, ¿dispone la Comisión de datos fiables que indiquen que este tipo de compromisos del Gobierno angoleño se está ya concretizando o que será realidad en un futuro muy próximo? ¿Qué repercusiones considera la Comisión que puede tener una evolución positiva de este importante asunto político y financiero en la Conferencia de donantes, prevista y continuamente aplazada, y cuyo objetivo es apoyar la reconstrucción del país?

Respuesta del Sr. Nielson en nombre de la Comisión

(9 de septiembre de 2003)

La Comisión tiene conocimiento de las declaraciones efectuadas por el Viceprimer Ministro del Gobierno de Angola, Aguinaldo Jaime, y se congratula de los compromisos asumidos por el Gobierno en el sentido de garantizar una mayor transparencia presupuestaria. La remodelación gubernamental, de diciembre de 2002, en la que tomó posesión un nuevo equipo responsable de asuntos económicos, generó expectativas en cuanto a una gestión económica y financiera más transparente. No obstante, las experiencias anteriores no han sido positivas, por lo que todavía no se sabe si efectivamente habrá verdaderos cambios.

La comunidad internacional, incluida la Comisión, continúan instando al Gobierno a que adopte una gestión presupuestaria transparente, en particular por lo que se refiere a los ingresos del petróleo y los diamantes, y concediendo apoyo con este fin. Durante la vista a Angola, en enero de 2003, en las reuniones celebradas con representantes del Gobierno y el Presidente Eduardo dos Santos, el miembro de la Comisión responsable de Desarrollo y Cooperación señaló explícitamente la necesidad de una gestión de los ingresos provenientes de los vastos recursos naturales más transparente y en beneficio de todos los angoleños. Subrayó asimismo que esta acción contribuiría también a lograr un marco estable y previsible, que es un requisito indispensable para conseguir urgentemente las necesarias inversiones extranjeras.

Como parte de la estrategia de apoyo del Banco Mundial a Angola en la posguerra, existe un programa destinado a prestar asistencia al Gobierno en el sector de la gestión del gasto público y los ingresos fiscales y del petróleo. La estrategia de cooperación CE/Angola para 2002-2007, que fue firmada durante la visita del miembro de la Comisión responsable de Desarrollo y Cooperación, en enero, contiene también un componente destinado a mejorar la gestión financiera.

La Comisión y la comunidad internacional han subrayado en numerosas ocasiones que la mejora de las relaciones de Angola con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que depende de la realización de progresos respecto de la transparencia y la responsabilización, es un factor decisivo para el éxito de la conferencia de los donantes sobre la reconstrucción de Angola, y un segundo elemento esencial es una estrategia creíble de reducción de la pobreza. Si Angola estuviera efectivamente en condiciones de honrar el compromiso asumido por el Viceprimer Ministro, esto tendría un efecto positivo sobre las relaciones del país con el FMI y facilitaría la celebración de la mencionada conferencia.

----

----

(2004/C 88 E/0082)

PREGUNTA ESCRITA E-2244/03

de Elspeth Attwooll (ELDR) a la Comisión

(7 de julio de 2003)

Asunto:   La Directiva sobre aves silvestres en Malta

Más allá del acuerdo de transición relativo a la captura de pinzones, ¿está satisfecha la Comisión con el hecho de que Malta podrá cumplir lo dispuesto en la Directiva 79/409/CEE (1) relativa a la conservación de las aves silvestres desde la fecha de su adhesión a la UE? Si, por el contrario, la Comisión no está satisfecha, ¿qué medidas piensa adoptar?

Respuesta del Sr. Verheugen en nombre de la Comisión

(4 de agosto de 2003)

La Comisión seguirá supervisando los progresos legislativos realizados por Malta y los demás países candidatos a la adhesión hasta el 1 de mayo de 2004. Esta supervisión quedará recogida en el informe de seguimiento exhaustivo, que se publicará en noviembre de 2003.

Cuando Malta se adhiera a la Unión, la Comisión comprobará que la Directiva 79/409/CEE del Consejo de 2 de abril de 1979 relativa a la conservación de las aves silvestres se ha incorporado correctamente al ordenamiento jurídico nacional, como en todos los Estados miembros. En caso de que Malta no cumpliera lo establecido en la Directiva, la Comisión estudiaría las medidas pertinentes por adoptar conforme a las disposiciones del Tratado CE.

----

(1)DO L 103 de 25.4.1979, p. 1.

----

----

(2004/C 88 E/0083)

PREGUNTA ESCRITA P-2303/03

de José Ribeiro e Castro (UEN) a la Comisión

(8 de julio de 2003)

Asunto:   Cuba — Delegación de la Comisión Europea — Derechos humanos

A la vista de la decisión de la Unión Europea de:

Respuesta del Sr. Nielson en nombre de la Comisión

(31 de julio de 2003)

Al frente de la Delegación de la Comisión en Cuba se encuentra un encargado de negocios interino, bajo la responsabilidad del Jefe de Delegación de la República Dominicana, que también será acreditado como Jefe de Delegación de Cuba. El Gobierno cubano manifestó su acuerdo con dicho nombramiento el 14 de abril de 2003, si bien aún no se ha fijado la fecha para la presentación de credenciales.

La Delegación de la Comisión en Cuba está plenamente asociada a la ejecución de las medidas adoptadas por la Unión con respecto a Cuba. El 9 de mayo de 2003, la Delegación invitó a disidentes a la recepción organizada con motivo del Día de Europa. También ha participado en las dos diligencias de la troika en La Habana, en los últimos meses, para informar al Gobierno cubano de las decisiones de la Unión de solicitar la liberación inmediata de disidentes presos.

Acaba de concluirse la revisión de la Posición Común de la Unión.

----

----

(2004/C 88 E/0084)

PREGUNTA ESCRITA E-2304/03

de Emma Bonino (NI) a la Comisión

(14 de julio de 2003)

Asunto:   Apertura de una delegación de la Comisión Europea en el Yemen

A pesar del compromiso que contrajo hace tres años el Presidente de la Comisión Europea durante la visita a Bruselas del Presidente de la República del Yemen de abrir en breve plazo una auténtica delegación de la Comisión en Sanaa, y a pesar de que el Yemen es un país que reviste desde varios puntos de vista gran importancia estratégica para la Unión, ésta aún se encuentra representada únicamente a través del jefe de la delegación en Amman.

Teniendo en cuenta el progresivo afianzamiento del Estado de derecho y de los principios democráticos en este país, como atestigua el normal desarrollo del reciente proceso electoral, así como la posibilidad de reforzar, a partir del Yemen, los mencionados valores democráticos en el conjunto de la región.

¿No considera la Comisión que ha llegado en momento de concretar el compromiso anunciado abriendo una delegación de la Comisión Europea en Sanaa?

¿No considera la Comisión que con ello facilitará a las autoridades del Yemen una señal de aliento para proseguir en la vía de la consolidación de la democracia y del Estado de derecho?

Respuesta del Señor Patten en nombre de la Comisión

(16 de septiembre de 2003)

La Comisión reconoce los notables progresos hechos por Yemen para consolidar el Estado de Derecho y los principios democráticos y conviene plenamente en que un refuerzo de las relaciones entre la Comisión y Yemen incentivaría aún más este proceso de democratización.

La Comisión está examinando la posibilidad de transformar su actual oficina en Yemen en una Delegación subregional, bajo la responsabilidad de la Delegación en Aman. Esta propuesta se está estudiando dentro del contexto del proceso de desarrollo general del Servicio Exterior. La Comisión tiene intención de presentar una Comunicación en el momento oportuno.

----

----

(2004/C 88 E/0085)

PREGUNTA ESCRITA E-2308/03

de José Ribeiro e Castro (UEN) a la Comisión

(14 de julio de 2003)

Asunto:   África — Petróleo — Pobreza

Según un estudio llevado a cabo por «Catholic Relief Services», ONG estadounidense, las nuevas inversiones petroleras que se están haciendo en África no erradicarán la pobreza en los países que cuentan con este recurso energético, a pesar de que se prevé que dentro de diez años se habrá duplicado la producción petrolera africana.

Estas conclusiones son absolutamente escandalosas.

Según la prensa, este estudio fue publicado en Internet el día en que el Primer Ministro británico se reunió en Londres con responsables de las compañías petroleras (el 17 de junio pasado), instándolas a ser más transparentes en los negocios que llevan a cabo en el continente africano.

Respuesta del Sr. Nielson en nombre de la Comisión

(10 de septiembre de 2003)

La Comisión no tiene conocimiento del estudio concreto publicado por la ONG «Catholic Relief Services» sobre la incapacidad de las inversiones en el sector petrolero de erradicar la pobreza en los países productores de petróleo. No obstante, las conclusiones del informe, según se recogen en la página web de «Catholic Relief Services», confirman una tendencia observada. En efecto, la dependencia del petróleo y otros minerales guarda una relación muy estrecha con la prevalencia de condiciones excepcionalmente desfavorables para los pobres. El desarrollo de la industria del petróleo tiende a favorecer una concentración de la riqueza en manos de las élites políticas y militares, lo que puede suponer menoscabo de la democracia y agravar la vulneración de los derechos humanos. En cuanto los Estados comienzan a depender de las exportaciones de petróleo u otros minerales, experimentan dificultades para diversificar su economía e impulsar sectores como la agricultura o la industria manufacturera, que proporcionan mayores beneficios directos a los pobres. En última instancia, la dependencia del petróleo y de los recursos minerales se convierte en un obstáculo para el desarrollo de actividades económicas favorables a los pobres.

La Comisión no conoce con detalle las actividades de las empresas petroleras en África. No obstante, se ha mantenido, en repetidas ocasiones, contacto directo con algunas multinacionales proactivas de los sectores del petróleo y la minería, dentro de la estrategia de la Comisión en materia de responsabilidad social de las empresas.

El Sr. Prodi, Presidente de la Comisión, escribió en 2002 una carta en la que manifestaba su apoyo a la campaña emprendida en junio de ese año en pos de la divulgación, por las empresas multinacionales, de los pagos que efectúan a los gobiernos de los países pobres. Dicha campaña, denominada «Publish What You Pay» está liderada por el Sr. Soros y ha sido respaldada por más de treinta grupos de presión, entre los que se cuentan Amnistía Internacional, Amigos de la Tierra y «Save the Children». En la próxima reunión de la mesa redonda sobre el desarrollo, que tendrá lugar los días 29 y 30 de septiembre de 2003, el recientemente creado Foro multilateral europeo, en el que participa el Parlamento Europeo en calidad de observador, estudiará la evolución de la campaña y tomará nota de las mejores prácticas de las empresas. El informe de «Catholic Relief Services» apuntaba también al fomento de la responsabilidad social de las empresas como el modo más eficaz de solventar los problemas generados por los sectores del petróleo y la minería en África.

Si bien no es posible restringir o impedir las actividades de las empresas petroleras que se oponen a la divulgación de los pagos que realizan, es preciso dar mayor impulso a la idea de la responsabilidad social de las empresas y al papel que cabe a la sociedad civil a nivel nacional, la cual podría ejercer funciones de vigilancia respecto de las citadas empresas. Además, la Comisión ha manifestado su apoyo sin reservas al Convenio de Lucha contra la Corrupción de Agentes Públicos Extranjeros de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), en virtud del cual los actos de soborno a funcionarios públicos extranjeros en la realización de actividades económicas internacionales constituye un delito.

Cabe señalar por último que la Comisión, en el diálogo político sistemático que mantiene con diversos países socios, examina los problemas relacionados con los ingresos del petróleo y de la minería y aboga por la integración clara y transparente de tales ingresos en los presupuestos estatales.

----

----

(2004/C 88 E/0086)

PREGUNTA ESCRITA E-2321/03

de Freddy Blak (GUE/NGL) a la Comisión

(14 de julio de 2003)

Asunto:   Total de funcionarios de la Comisión encargados de las relaciones externas

¿Podría proporcionar la Comisión una lista que incluya el número de funcionarios de la Comisión pertenecientes a la DG AIDCO, ECHO y la DG DEV desglosados por programas y por países, tanto en la sede central como en los países beneficiarios?

Respuesta del Sr. Nielson en nombre de la Comisión

(13 de octubre de 2003)

En el cuadro (anexo 1) que se envía directamente a Su Señoría y a la Secretaría del Parlamento, figura el número total de funcionarios que se ocupan de cada programa en cada dirección operativa de la Oficina de Cooperación EuropeAid. En este número no está incluido el personal auxiliar. Salvo que se indique lo contrario, las cifras se refieren a la situación existente a finales de junio de 2003.

Asimismo, se envían directamente a Su Señoría y a la Secretaría del Parlamento un segundo cuadro (anexo 2) que contiene la información correspondiente a la Oficina de Ayuda Humanitaria (ECHO), un tercero (anexo 3) relativo a las Delegaciones y un cuarto (anexo 4) sobre la Dirección General de Desarrollo.

----

----

(2004/C 88 E/0087)

PREGUNTA ESCRITA E-2345/03

de Erik Meijer (GUE/NGL) y Alexander de Roo (Verts/ALE) a la Comisión

(16 de julio de 2003)

Asunto:   Protección de paisajes inmaculados naturales y de cultivo con posibilidades para el ecoturismo en la zona montañosa de la provincia polaca de Dolnoslaœkie (Baja Silesia)

----

----

(2004/C 88 E/0088)

PREGUNTA ESCRITA E-2346/03

de Erik Meijer (GUE/NGL) y Alexander de Roo (Verts/ALE) a la Comisión

(16 de julio de 2003)

Asunto:   Destrucción de paisajes inmaculados naturales y de cultivo y destrucción del ecoturismo por la extensión de la explotación minera al aire libre en la provincia polaca de Dolnoslaœkie (Baja Silesia)

Respuesta común

a las preguntas escritas E-2345/03 y E-2346/03

dada por el Sr. Verheugen en nombre de la Comisión

(10 de septiembre de 2003)

La Comisión toma nota de los asuntos mencionados por Sus Señorías respecto a la explotación de minas en Polonia. Asimismo, tiene conocimiento de que en el Valle de Jelenia Góra se ha celebrado una exposición internacinal itinerante y que tres conferencias internacionales han recomendado incluir la región de Jelenia Góra, Doliony Bobru y el Parque Rudawaski en la lista del patrimonio de la humanidad de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (ONUECC). Por lo que se refiere a las zonas protegidas, la Comisión sabe que en Polonia existe un sistema nacional de lugares protegidos.

Respecto a las actividades extrativas en el país, la Comisión no tienen conocimiento de los proyectos concretos mencionados por Sus Señorías. No obstante, de la experiencia acumulada en la Unión, la Comisión ha sacado la conclusión de que las actividades extractivas no son de facto incompatibles con una buena protección ambiental. Numerosas operaciones extractivas están localizadas en zonas naturales protegidas y una buena planificación de las industrias extractivas puede incluso contribuir al desarrollo de nuevas zonas de actividades recreativas. Puede confirmar sin embargo que países candidatos a la adhesión como Polonia, que cuenta con un importante sector minero, tienen todavía que hacer esfuerzos para mejorar el marco en el que se desenvuelven estas actividades. Por esta razón, la Comisión ayudará a las autoridades y la industria facilitándoles el apoyo necesario y el intercambio de las mejores prácticas.

Como norma general, se ha recordado regularmente a los países candidatos las conclusiones del Consejo de 24 de septiembre de 1998 relativas a las estrategias de adhesión en el sector del medio ambiente, en las que se especifica que toda nueva inversión ha de ajustarse al acervo ambiental.

Por lo que se refiere a la legislación comunitaria, las actividades extractivas están sujetas a la evaluación del impacto ambiental exigida por la Directiva 85/337/CEE, cuya última modificación la constituye la Directiva 97/11/CE (1). La gestión de los desechos procedentes de la extracción y transformación de minerales ha de ajustarse a los requisitos generales de la Directiva 75/442/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1975, relativa a los residuos, modificada por la Directiva 91/156/CEE (2). Si los vertidos se depositan en el suelo, tiene que cumplir las especificaciones técnicas y opertativas de la Directiva 1999/31/CE (3) relativa al vertido de residuos.

Asimismo, la Comisión ha adoptado recientemente una propuesta de Directiva sobre la gestión de los residuos de las industrias extractivas (4) con objeto de mejorar las normas ambientales. Esta propuesta establece las tareas que debe efectuar la entidad explotadora y la función de la autoridad competente en la supervisión del cierre y los procedimientos de mantenimiento posterior. Establece también una garantía financiera para rehabilitar el emplazamiento en caso de quiebra o abandono de la instalación. De conformidad con el principio de quien contamina paga, estas disposiciones están encaminadas a poner freno a las prácticas de abandono por parte de empresas sin escrúpulos o el establecimiento de medidas para los casos de quiebras que constituyan una carga innecesaria para la sociedad.

De conformidad con los compromisos alcanzados en las negociaciones de adhesión, el Gobierno polaco designará lugares de protección especial con arreglo a la Directiva relativa a la conservación de las aves silvestres (5) y presentar una lista de «lugares de importancia comunitaria» con arreglo a la Directiva relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (6) a más tardar para la fecha de la adhesión. Basándose en estudios científicos, el Gobierno polaco ha elaborado una lista de lugares candidatos y las propuestas se están discutiendo con las administraciones locales y los interesados. Hasta el momento no ha habido una comunicación oficial sobre la lista.

No se ha concedido financiación con arreglo al programa Phare para proyectos de las industrias extractivas de Polonia; se ha concedido financiación en relación con la reestructuración de la industria del carbón y del acero para la creación de oportunidades de empleo alternativas.

El Banco Europeo de Inversiones no ha financiado ningún programa de preparación, financiación o aplicación de estos proyectos de industrias extractivas ni ha participado en discusiones relativas a tales proyectos.

Como saben Sus Señorías, en el contexto europeo el ecoturismo no se considera una práctica de turismo restringido a los lugares protegidos, sino que tiene como principal objetivo minimizar las consecuencias negativas del turismo sobre la cultura y el medio ambiente. Por consiguiente, el ecoturismo en Europa debe considerarse una forma de turismo que se practica respetando al máximo las normas de protección ambiental.

A este respecto, la Comisión ha elaborado una guía Internet que se puede descargar en el sitio http://europa.eu.int/comm/enterprise/services/tourism/tourism-publications/documents/internet_guie_es.pdf. La guía contiene información general sobre distintos programas, proyectos, fondos, iniciativas y acciones de interés para el sector turístico de la Unión y establece enlaces con los portales de los programas correspondientes.

Esta nueva guía Internet tiene por objeto dar una visión general y estructurada a los agentes de turismo y otros interesados de las oportunidades que ofrece la Comunidad para contribuir al desarrollo del turismo sostenible y, por consiguiente, del ecoturismo. La Guía Internet presenta los programas comunitarios clasificados por campos de interés — tales como la formación y las ayudas para la creación de empleo, el apoyo y la cooperación con las empresas, la cooperación entre las regiones, las manifestaciones culturales en apoyo del turismo, y la investigación y el desarrollo tecnológico. La relevancia del programa para el turismo se demuestra mediante ejemplos de las acciones relacionadas con el turismo aplicadas con arreglo a cada programa.

Esta Guía contiene también un resumen que contiene una descripción de los programas, los grupos destinatarios y los requisitos, las asignaciones presupuestarias y los importes de las subvenciones, así como los portales de los programas correspondientes, de manera que los beneficiarios de un proyecto concreto puedan encaminar mejor sus propuestas en consonancia con los objetivos de los distintos programas de financiación comunitarios.

Como país candidato a la adhesión a la Unión, y una vez firmado el Tratado de Adhesión, Polonia debe adaptar y aplicar las directivas mencionadas antes de la adhesión y, siempre que no se aprueben medidas transitorias, aplicar las medidas relativas a la protección de la naturaleza y la designación de lugares. Tras su adhesión, tendrá la obligación de aplicar las medidas agroambientales con arreglo al programa del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA) que garantiza la financiación del desarrollo rural del país.

La Comisión continuará supervisando la situación de cerca y hará una evaluación detallada en su informe general de seguimiento del estado de aplicación de los requisitos ambientales en Polonia y, en caso necesario, formulará las cuestiones sensibles ante las autoridades polacas correspondientes.

----

(1)  Directiva 97/11/CE del Consejo de 3 de marzo de 1997 por la que se modifica la Directiva 85/337/CEE relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, DO L 73 de 14.3.1997.

(2)  Directiva 91/156/CEE, de 18 de marzo de 1991, por la que se modifica la Directiva 75/442/CEE del Consejo relativa a los residuos, DO L 78 de 26.3.1991.

(3)  Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de residuos, DO L 182 de 16.7.1999.

(4)  COM(2003) 319 final.

(5)  Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres, DO L 103 de 25.4.1979.

(6)  Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, DO L 206 de 22.7.1992.

----

----

(2004/C 88 E/0089)

PREGUNTA ESCRITA E-2354/03

de Mary Honeyball (PSE) a la Comisión

(16 de julio de 2003)

Asunto:   Las administraciones locales en los países ACP

¿Podría detallar la Comisión el apoyo prestado durante los últimos doce meses a órganos de administración local en los países ACP con miras al desarrollo estructural y la capacitación de sus servicios en tanto que muestra de la importancia que se concede a los órganos de administración locales de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo de Cotonú?

¿Han iniciado los servicios de la Comisión, en particular AIDCO, alguna gestión financiera o interna para garantizar que estas administraciones locales en su calidad de actuantes públicos son efectivamente capaces de acceder a los recursos de los programas indicativos nacionales y regionales? ¿Hay ejemplos concretos de administraciones locales que hayan podido acceder a estos recursos?

¿Tiene la Comisión previsto reunirse con los representantes de la Plataforma de Gobierno Local ACP, incluido el Foro de Gobierno Local del Commonwealth?

Respuesta del Sr. Nielson en nombre de la Comisión

(11 de septiembre de 2003)

La Comisión desea aclarar que antes ya de la entrada en vigor del Acuerdo de Cotonú había reconocido el papel de las autoridades locales en el desarrollo de los países ACP y, por ende, contribuía ya a su capacitación y las respaldaba en su pretensión de participar en la vida política, social y económica del país.

Actualmente, al amparo del 8o FED, la Comisión financia proyectos en apoyo de la descentralización a grupos locales, o de la cooperación descentralizada con las autoridades locales y representantes electos, en distintos países africanos: Benín, Camerún, Costa de Marfil, Guinea, Malí, Mauritania, Níger, Uganda y Senegal. También respalda proyectos de este género en Sudáfrica. El importe de las ayudas para proyectos financiados con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo asciende a 151 millones de euros y el de las ayudas destinadas a proyectos en Sudáfrica, a 102 millones de euros. El proyecto más reciente es el programa de apoyo a la constitución de municipios en Beníin (Prodecom), cuyo importe asciende a 8,85 millones de euros.

Por otra parte, varios programas indicativos nacionales del 9o FED preveían ayudas en favor de la descentralización y de las autoridades locales en países tales como Benín, Cabo Verde, Yibuti, Etiopía, Ghana, Guinea, Malí, Níger, Uganda y Sierra Leona. Los proyectos ya definidos representan, globalmente, 93 millones de euros. Por su parte, el programa indicativo nacional de Sudáfrica (2003-2006) prevé también un reforzamiento de la capacidad de las autoridades locales a través de proyectos de desarrollo local.

De conformidad con los procedimientos aplicables a los Fondos Europeos de Desarrollo, la financiación de proyectos de cooperación con recursos de los programas indicativos nacionales o regionales se realiza exclusivamente previa solicitud del Ordenador de Pagos nacional o regional. Además, el Jefe de la Delegación de la Comisión en el país socio ACP considerado es el principal interlocutor a la hora de concretizar la colaboración y de promover y facilitar el diálogo entre las diversas categorías de agentes (en particular, las autoridades locales), así como en lo que respecta a la gestión financiera. Los proyectos financiados por la Comisión en apoyo de la descentralización y de las autoridades locales permiten a las comunidades destinatarias beneficiarse directamente de los recursos asignados a los proyectos, a través de mecanismos encaminados a reforzar su capacidad institucional, técnica y financiera. Así, los proyectos de apoyo a la descentralización y a las autoridades locales actualmente en curso prevén, por lo general, acciones de formación y de asistencia técnica en favor de las autoridades locales y los representantes electos, la creación de fondos de inversión para financiar infraestructuras y suministros públicos locales, o la provisión de líneas de crédito para mejorar los servicios de la colectividad. Los procedimientos que se siguen en lo que respecta a Sudáfrica son similares.

La Comisión ha seguido muy de cerca la organización y el establecimiento de la Plataforma de Administraciones locales de los países ACP, y participó en el seminario organizado por dicha Plataforma el 14 de marzo de 2002 con vistas a estudiar conjuntamente las posibilidades de cooperación con las autoridades locales en los citados países.

Por lo que se refiere a Foro de Administraciones locales de la Commonwealth (Commonwealth Local Government Forum — CLGF), cabe señalar que, con ocasión de las dos reuniones celebradas por los servicios de la Oficina de Cooperación EuropeAid con un representante de dicho Foro, la Comisión ha informado al CLGF de la labor desarrollada de cara a la capacitación de las autoridades locales de los países ACP. Asimismo, se expusieron los métodos de financiación presupuestaria aplicables al Fondo Europeo de Desarrollo y a las líneas presupuestarias correspondientes a «Sudáfrica» y a la «cooperación descentralizada». En este sentido, conviene puntualizar que la Comisión no considera al CLGF un interlocutor obligado en su labor de apoyo a las Administraciones locales de los países ACP.

----

----

(2004/C 88 E/0090)

PREGUNTA ESCRITA E-2363/03

de Stavros Xarchakos (PPE-DE) a la Comisión

(17 de julio de 2003)

Asunto:   Realización de pruebas en aguas territoriales griegas del Egeo por parte de un buque turco

Según las informaciones publicadas el 8 de julio de 2003 en la prensa griega, el buque oceanográfico turco «Piris Reis» va a realizar entre el 4 y el 19 de julio pruebas en el Egeo, en particular en las aguas territoriales griegas del Egeo. Con arreglo a dichas noticias, la Marína de Guerra griega captó mensajes de la emisora costera de radio de Esmirna sobre las «pruebas oceanográficas del buque». Según el programa de las «pruebas», el «Piris Reis», del cual merece la pena destacar que pertenece a la Universidad de Esmirna, realizará pruebas a una distancia de 5 millas del islote rocoso de Calóyeros, en las Cicladas, así como en otros 25 puntos pertenecientes a aguas territoriales griegas.

Cabe destacar que Turquía, país candidato a la adhesión a la UE, ya envío en el pasado a este mismo buque al Egeo con instrucciones de que realizara pruebas en aguas territoriales griegas (y ahora comunitarias), lo que supuso una grave provocación para las relaciones greco-turcas.

¿Está informada la Comisión de las intenciones de las autoridades turcas? ¿Se ha subvencionado a través de alguna iniciativa comunitaria (directa o indirectamente, mediante créditos u otros recursos comunitarios) a la Universidad de Esmirna, a la que pertenece el buque en cuestión? ¿Qué acciones puede llevar a cabo inmediatamente la Comisión para que Turquía no realice pruebas en aguas territoriales de un Estado miembro de la UE?

Respuesta del Sr. Verheugen en nombre de la Comisión

(11 de septiembre de 2003)

La Comisión no tiene conocimiento de la intención de las autoridades turcas relativa a las actividades del buque oceanográfico objeto de la pregunta. La Universidad de Esmirna no es beneficiaria de financiación comunitaria.

Por lo que respecta a las relaciones grecoturcas en general, la Comisión se remite al principio de la resolución pacífica de los conflictos relativos a las fronteras contemplado en las conclusiones del Consejo Europeo de Helsinki, celebrado en diciembre de 1999.

Conforme a la versión modificada de la Asociación para la Adhesión de Turquía, aprobada el 19 de mayo de 2003, en el contexto del diálogo político, Turquía debe considerar prioritario hacer todo lo posible por solucionar cualquier conflicto pendiente sobre fronteras y otros asuntos conexos, según se indica en el punto 4 de las Conclusiones de Helsinki.

----

----

(2004/C 88 E/0091)

PREGUNTA ESCRITA E-2392/03

de Anna Karamanou (PSE) a la Comisión

(21 de julio de 2003)

Asunto:   Lapidación de Semsiye Allak en el pueblo de Yalim, Turquía

Según muchos artículos publicados en la prensa internacional, Semsiye Allak, de 35 años y habitante del pueblo curdo de Yalim, en Turquía, fue lapidada por su familia al quedar embarazada tras haber sido violada por un hombre casado. La mujer falleció siete meses después de su lapidación, sola y abandonada en un hospital, mientras que el hombre fue asesinado en el lugar por los familiares de la víctima, que «se tomaron la justicia por su mano».

Este hecho atroz es una prueba más de las trágicas consecuencias de la discriminación por razones de sexo que se deriva del fanatismo religioso y de la intolerancia. La violación sistemática de los derechos humanos de las mujeres, con actos violentos y castigos humillantes que conducen en muchas ocasiones a la muerte, exige la adopción inmediata de medidas concretas. Es necesario que en la Turquía actual, que está negociando su adhesión a la UE, se aborden a escala política y se supriman las «deudas de sangre».

¿Piensa la Comisión hacer presión ante el Gobierno turco para que adopte una legislación estricta para las «deudas de sangre» y el ejercicio personal de la justicia, y que permita llevar a los culpables ante los tribunales? ¿Piensa intervenir en favor de la protección de los derechos de las mujeres con objeto de poner fin a este trato degradante y a la persistente violencia y discriminación de que son víctimas?

Respuesta del Sr. Verheugen en nombre de la Comisión

(4 de septiembre de 2003)

La Comisión tiene conocimiento de la información aparecida en la prensa internacional en relación con los hechos mencionados por su Señoría.

En su calidad de país candidato a la adhesión, Turquía se ha comprometido a cumplir los criterios políticos establecidos en Copenhague. Estos últimos incluyen el principio de igualdad de género así como el respeto de los derechos económicos, sociales y culturales. El cumplimiento de estos criterios se ha convertido en una prioridad en la Asociación para la Adhesión de Turquía revisada, a fin de garantizar «en la legislación y en la práctica el pleno disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales para todas las personas, sin discriminación por razón de lengua, raza, color, sexo, opinión política, credo o creencia, conforme a los instrumentos internacionales y europeos pertinentes en los que Turquía es parte».

En su informe periódico publicado en 2002 (1), la Comisión llamaba ya la atención sobre los crímenes de honor y declaraba explícitamente que, en Turquía, éstos son objeto de sentencias reducidas que pueden reducirse aún más en caso de que el acusado sea menor de edad.

En el marco del sexto paquete de reformas políticas adoptado por el Parlamento turco el 19 de junio de 2003, se han tomado algunas medidas a fin de hacer frente al problema de los «crímenes de honor». En particular, se ha modificado el artículo 453 del Código Penal con objeto de incrementar las penas por el asesinato de niños nacidos fuera del matrimonio, que han pasado de los cuatro a seis años actuales a seis a diez años. Además, se ha derogado el artículo 462, que prevé una reducción de la sentencia en caso de crímenes de honor.

La Comisión seguirá realizando un seguimiento estrecho de la situación y, en particular, de la aplicación de estas nuevas disposiciones.

----

(1)  COM(2002) 700 final.

----

----

(2004/C 88 E/0092)

PREGUNTA ESCRITA E-2402/03

de Mario Borghezio (NI) a la Comisión

(21 de julio de 2003)

Asunto:   Turquía: quema de libros y contratación por parte del Estado de 15 000 imanes

Recientemente, en Turquía, han tenido lugar públicamente, por orden judicial, quemas de libros occidentales considerados no acordes con el Islam. Además, en estos días se ha difundido la noticia de que el Gobierno turco ha decidido la contratación a cargo del Estado de 15 000 imanes para difundir aún más el culto musulmán.

¿Considera la Comisión que ambos episodios representan otras tantas etapas del plan de trabajo de la «nueva Turquía» con vistas a la adhesión a la UE y a sus valores?

Respuesta del Sr. Verheugen en nombre de la Comisión

(8 de septiembre de 2003)

La Comisión no tiene conocimiento del asunto mencionado por Su Señoría relativo a la quema pública de libros por orden judicial.

En cuanto a la designación de imanes, la Comisión tiene conocimiento de una propuesta de la Oficina de Asuntos Religiosos (Diyanet) para cubrir vacantes en el clero musulmán en Turquía. Según la información de que disponemos, esta propuesta todavía no ha sido aprobada por el Gobierno.

Como país candidato, Turquía se ha comprometido a cumplir los criterios políticos de Copenhague. Dichos criterios implican la libertad de religión para todos los grupos religiosos. En el informe periódico que publica todos los años, la Comisión evalúa detalladamente la situación en lo que respecta a la libertad de religión, y seguirá estando al tanto de los cambios que se produzcan al respecto.

----

----

(2004/C 88 E/0093)

PREGUNTA ESCRITA E-2442/03

de Jürgen Zimmerling (PPE-DE) a la Comisión

(22 de julio de 2003)

Asunto:   Prestación de ayuda a Madagascar

En el marco de la adaptación a las normas de la OTAN, los ejércitos nacionales de los países candidatos tienen que retirar equipos y material, por ejemplo tiendas y cocinas de campaña, y sustituirlos por otros nuevos.

El material antiguo posee aún un valor relativamente alto y se encuentra en buen estado, por lo que podría emplearse como ayuda para el Tercer Mundo, ya que es perfectamente adecuado para usos no militares.

El Presidente de Madagascar, Marc Ravalomanana, ha expresado recientemente el deseo de que la Unión Europea estudie la posibilidad de financiar con cargo a sus fondos para ayuda humanitaria el transporte de dicho material (se remite a la Comisión una copia de su carta, así como de la lista del material necesario). El motivo de esta petición es la catástrofe natural recientemente acaecida en Madagascar, donde se necesita urgentemente el mencionado material. ¿Cuál es la posición de la Comisión con respecto a esta cuestión?

Respuesta del Sr. Nielson en nombre de la Comisión

(4 de septiembre de 2003)

La Comisión sabe bien que Madagascar sufre periódicamente catástrofes naturales y, sobre todo, que resultó especialmente afectado por el ciclón tropical Manou en mayo de 2003. La Comisión respondió con presteza para asistir a las víctimas del ciclón, utilizando los mecanismos presupuestarios normales, tales como la seguridad alimentaria, los transportes y el sistema de estabilización de los ingresos por exportación (Stabex).

En cuanto a la posible ayuda para Madagascar, y en relación con la cuestión de financiar el transporte de equipo desechado por los ejércitos nacionales de los países candidatos a la adhesión, la Comisión todavía no ha recibido ninguna carta del Presidente Ravalomanana al respecto. Sin embargo, por lo que se refiere a la posibilidad de utilizar el presupuesto de ayuda humanitaria para financiar tal transporte, hay que tener presente que las condiciones de aplicación de esa línea presupuestaria están claramente definidas en el Reglamento (CE) no 1257/96 del Consejo, de 20 de junio de 1996 (1). Ésa es la base jurídica sobre la que opera la Oficina Humanitaria de la Comunidad Europea (ECHO).

En términos concretos, ECHO sólo podría financiar tal transporte como respuesta a una catástrofe específica, y únicamente a través de sus socios reconocidos, lo que excluye la financiación directa de la administración.

Como bien sabe Su Señoría, la financiación para acciones humanitarias se proporciona basándose en solicitudes presentadas por actores reconocidos del ámbito humanitario tales como los organismos de las Naciones Unidas, los diferentes componentes del movimiento de la Cruz Roja y las organizaciones no gubernamentales (ONG) humanitarias especializadas. Estos actores —los socios de ECHO— evalúan las necesidades de las víctimas de manera imparcial y neutra y presentan propuestas con una estrategia clara destinada a incrementar el impacto y la sostenibilidad de la operación planificada. Las operaciones humanitarias no se limitan al transporte de bienes y equipo hacia una región en crisis, sino que implican una coordinación con las capacidades locales y la ejecución de una compleja trama de actividades.

En este contexto, hay que prestar atención a la eficacia en función de los costes de los medios que se utilicen para ejecutar las actividades previstas con objeto de alcanzar los objetivos de las intervenciones.

Hasta el momento, ECHO no ha recibido ninguna solicitud de sus socios en el ámbito humanitario sobre la transferencia a Madagascar de equipo militar desechado.

En cualquier caso, el estado de utilización de ese equipo y su idoneidad real para las acciones de ayuda humanitaria tienen que estudiarse cuidadosamente. Esta evaluación correrá a cargo de los socios de ejecución de ECHO y habrá que hacerla teniendo en cuenta las necesidades identificadas y atendiendo bien a los intereses de los beneficiarios de la ayuda.

En caso de recibir una solicitud semejante, ECHO la examinará sin perder de vista el principio de la gestión financiera sana que se contempla en el Reglamento Financiero.

----

(1)  Reglamento (CE) no 1257/96 del Consejo, de 20 de junio de 1996, relativo a la ayuda humanitaria, DO L 163 de 2.7.1996.

----

----

(2004/C 88 E/0094)

PREGUNTA ESCRITA E-2490/03

de Bob van den Bos (ELDR) y Bashir Khanbhai (PPE-DE) a la Comisión

(25 de julio de 2003)

Asunto:   Ayuda alimentaria a Etiopía

En estos momentos, más de 12,5 millones de personas precisan ayuda alimentaria en Etiopía. En respuesta a la crisis humanitaria, la Comisión ha aumentado el componente de ayuda alimentaria hasta 115 millones de euros. Desgraciadamente, la situación de Etiopía sigue deteriorándose y se necesita más ayuda.

¿Cómo se gasta la contribución de la UE al componente de ayuda alimentaria?

¿Qué tipo de alimentos se entrega a Etiopía y cuál es su origen?

¿Cómo evalúa la Comisión Europea las necesidades alimentarias y la eficacia de la ayuda alimentaria concedida a la población etíope?

¿Piensa la Comisión Europea seguir aumentando el componente de ayuda alimentaria?

Respuesta del Sr. Nielson en nombre de la Comisión

(25 de septiembre de 2003)

La Comisión ha contribuido considerablemente a paliar la crisis en Etiopía.

Las contribuciones de los Estados miembros, que ascienden a 101 millones de euros, y la de la Comisión, que asciende a 114,3 millones de euros, financian fundamentalmente la compra de cereales. En lo que se refiere a la Comisión, la ayuda se suministra directamente al Gobierno de Etiopía (81 millones de euros) o mediante subvenciones al Programa Mundial de Alimentos (10 millones de euros), a organizaciones no gubernamentales (ONG) (13 millones de euros) y al Comité Internacional de la Cruz Roja (5 millones de euros). Los 5,3 millones de euros restantes son la contribución de ECHO. La Comisión financia asimismo otras operaciones relacionadas con la sequía, como proyectos de ONG en materia de salud, alimentación y agua y saneamiento (22,8 millones de euros). Los alimentos son sobre todo cereales, pero también se han suministrado alimentos compuestos para complementar la alimentación. La Comisión favorece sistemáticamente las compras locales y regionales, dado que incluso en años de crisis hay zonas con excedentes en las que se pueden obtener alimentos. Además, ello impide que los precios en el país y en la región bajen demasiado y, con ello, desalienten a los agricultores para que produzcan al año siguiente. En 2003, la Comisión compró localmente 62 250 toneladas y regionalmente (Sudán) 48 000 toneladas. La cantidad restante se obtuvo mediante importaciones, especialmente del mercado europeo.

La Comisión responde a las peticiones del Gobierno y de los organismos de las Naciones Unidas basadas en evaluaciones de las necesidades humanitarias y de cultivos. La Comisión dispone de asistencia técnica en el país para ayudar a la delegación a analizar la situación local y supervisar la ejecución. Las evaluaciones locales de la eficacia de la operación realizadas hasta la fecha indican que el suministro y la distribución de alimentos son satisfactorios.

La Comisión se ha comprometido a suministrar a Etiopía unas 400 000 toneladas de alimentos en 2003. Próximamente se decidirá el suministro de una cantidad adicional de unas 40 000 toneladas. En estos momentos, no se prevé aumentar la contribución de la Comisión a la ayuda alimentaria a Etiopía, ya que el Gobierno ha afirmado que en términos globales los compromisos superan la última petición.

Pese a que la respuesta global de los donantes a la petición de Etiopía ha sido muy satisfactoria y que la distribución se ha llevado a cabo de acuerdo con lo previsto, los estudios sobre alimentación muestran que en muchas zonas del país el nivel de desnutrición grave sigue siendo muy elevado.

Es obvio que la ayuda alimentaria no va a solucionar todos los problemas de Etiopía. Es necesario que haya seguridad alimentaria y una política decidida para cambiar radicalmente la situación. En su diálogo con el Gobierno, la Comisión da prioridad a que haya cambios en esa dirección.

----

----

(2004/C 88 E/0095)

PREGUNTA ESCRITA E-2504/03

de Esko Seppänen (GUE/NGL) a la Comisión

(29 de julio de 2003)

Asunto:   Doble imposición a los emigrantes retornados

En abril de 2001, el Comisario Frits Bolkestein llamó la atención sobre la doble imposición a los emigrantes retornados jubilados y presentó como caso particular la discriminación ocasionada por distintas prácticas fiscales en las pensiones de jubilación de Finlandia y de Suecia. ¿Ha actuado la Comisión para eliminar estas deficiencias? ¿Qué resultados se han logrado en este asunto con posterioridad a 2001?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(16 de septiembre de 2003)

En su Comunicación sobre la fiscalidad de las pensiones, de abril de 2001 (1), la Comisión señaló como prioridad la eliminación de los obstáculos fiscales a las prestaciones de jubilación transfronterizas. Desde entonces, las normativas finlandesa y sueca sobre fiscalidad de las pensiones han sido objeto de sendas decisiones prejudiciales del Tribunal de Justicia (2). En ambos casos el Tribunal falló a favor del contribuyente y en contra de las normas que restringían el derecho del contribuyente a deducir las cotizaciones de jubilación transfronterizas en comparación con las cotizaciones nacionales. La Comisión seguirá de cerca las modificaciones que vayan a introducirse en Finlandia y Suecia para que sus legislaciones fiscales se conformen a las citadas decisiones.

En este contexto, también cabe mencionar que la Comisión ha decidido remitir a Dinamarca al Tribunal de Justicia y ha iniciado procedimientos de infracción contra siete otros Estados miembros (3). Dos de estos siete países ya han informado a la Comisión de que adoptarán medidas para modificar su legislación.

----

(1)DO C 165 de 8.6.2001.

(2)  Asunto Danner C-136/00, sentencia de 3.10.2002, y asunto Skandia/Ramstedt C-422/01, sentencia de 26.6.2003.

(3)  Véase IP/03/179 y IP/03/965.

----

----

(2004/C 88 E/0096)

PREGUNTA ESCRITA E-2512/03

de Koenraad Dillen (NI) a la Comisión

(29 de julio de 2003)

Asunto:   Ayuda a las víctimas de la crisis en los territorios palestinos

El martes 8 de julio de 2003, la Comisión aprobó un paquete de ayuda humanitaria por valor de 10 millones de euros destinado a las víctimas palestinas de la crisis en Oriente Próximo y a los refugiados palestinos en el Líbano. Con esta ayuda financiera, la ayuda global concedida por la Comisión a los palestinos desde el comienzo de la segunda Intifada se eleva a 100 millones de euros. Los fondos se utilizarán para instalaciones sanitarias, infraestructuras, educación, etc.

¿En qué consultas bilaterales (o multilaterales) se ha basado la concesión de tales ayudas? ¿Cómo se desembolsa esta ayuda financiera en la práctica? ¿Por medio de qué bancos, instituciones oficiales palestinas u ONG se hacen efectivas las ayudas?

¿De qué forma va a controlar la Comisión la correcta utilización de estos fondos?

¿Qué garantías se ofrecen a la Comisión de que esta ayuda financiera no se utiliza para fines indebidos? Piénsese, por ejemplo, en propaganda antisemita o anti-israelí o en ayudas a organizaciones terroristas.

¿Puede presentar la Comisión un resumen de cuanto se ha realizado concretamente hasta la fecha con toda la ayuda comunitaria concedida a los palestinos?

Respuesta del Sr. Nielson en nombre de la Comisión

(9 de septiembre de 2003)

La decisión de financiación mencionada por Su Señoría, por un importe de 10 millones de euros, fue aprobada por la Comisión el 1 de julio de 2003 en el marco de la línea presupuestaria B7-210, ayuda humanitaria, gestionada por la Oficina de Ayuda Humanitaria de la Comunidad Europea (ECHO).

La decisión libera fondos en favor de las víctimas de la actual crisis en los territorios palestinos y de la población palestina en el Líbano, centrándose en los sectores siguientes: suministro de productos alimenticios y de otro tipo; asistencia sanitaria y psicosocial; mejora de las instalaciones de abastecimiento de agua y saneamiento; apoyo a los ingresos domésticos, y actividades de protección.

Las decisiones de financiación aprobadas por la Comisión en el marco de la línea presupuestaria Β7-210 versan sobre operaciones de ayuda humanitaria desarrolladas por organizaciones no gubernamentales (ONG) de la Unión y los organismos de las Naciones Unidas y la Cruz Roja.

Antes de poder devenir socios operativos de ECHO, tales ONG deben haber firmado un acuerdo marco de asociación que únicamente puede celebrarse tras un procedimiento de escrutinio que ofrece amplías garantías por lo que respecta a su vocación humanitaria, competencia técnica, capacidad administrativa y solvencia y responsabilidad financieras. La firma de cualquier acuerdo de asociación va precedida de la verificación del cumplimiento general, por parte de las organizaciones humanitarias, de las condiciones de admisibilidad para recibir financiación comunitaria establecidas en el artículo 7 del Reglamento (CE) no 1257/96 del Consejo, de 20 de junio de 1996, sobre la ayuda humanitaria (1). Por otra parte, el servicio de auditoría externa de ECHO lleva a cabo controles periódicos de las organizaciones asociadas en el marco de un programa anual de auditoría.

Las decisiones de financiación adoptadas por la Comisión en virtud de la línea presupuestaria Β7-210 se aprueban con arreglo al procedimiento descrito a continuación.

Las prioridades se determinan sobre la base de una evaluación continua de las necesidades efectuada por ECHO, tanto en la sede central, desde donde se realizan misiones periódicas, como a través de su equipo de expertos en la región. La evaluación se fundamenta en la supervisión sistemática de la evolución de la situación humanitaria sobre el terreno, incluida la aplicación de las operaciones en curso financiadas por ECHO y la consulta de todos los interlocutores pertinentes mediante los mecanismos de coordinación existentes, en los que participan los Estados miembros, las ONG y los organismos de las Naciones Unidas y la Cruz Roja. Las operaciones de ayuda humanitaria financiadas por ECHO complementan intervenciones de carácter más estructural y de mayor duración sufragadas al amparo de otros instrumentos comunitarios.

Con el fin de evaluar mejor las necesidades humanitarias de los palestinos afectados por la actual crisis de Oriente Medio, ECHO se sirve de personal expatriado y local en dos oficinas establecidas en Jerusalén y Ammán.

Por su naturaleza, las operaciones financiadas por ECHO responden a necesidades puramente humanitarias, son ajenas a consideraciones políticas y sus resultados finales son fácilmente identificables.

Ninguna autoridad nacional y/o entidad administrativa reconocida a nivel internacional recibe fondos ECHO canalizados a través de bancos o mecanismos similares.

En el contexto descrito, por lo que se refiere a la situación específica de los territorios palestinos ocupados, el riesgo de que fondos liberados al amparo de la línea presupuestaria Β7-210 se utilicen para propósitos distintos de los de proporcionar asistencia humanitaria es, como máximo, extremadamente reducido. En la práctica, hasta ahora no ha surgido ningún caso problemático.

Desde el inicio de la segunda Intifada, en septiembre de 2000, cientos de miles de palestinos de los grupos más vulnerables se han beneficiado de numerosas operaciones financiadas por ECHO. Estas operaciones han aumentado la seguridad alimentaria de grupos especialmente vulnerables, como los menores y las mujeres lactantes, así como el suministro de agua potable. Han mejorado las condiciones higiénicas, especialmente en los campos de refugiados, en particular gracias a la rehabilitación de refugios extremadamente precarios. Han proporcionado protección y apoyo psicológico, además de acceso a asistencia sanitaria primaria básica y de urgencia. También se han impulsado las actividades de fomento de la autonomía y las oportunidades de empleo. En la medida de lo posible, se ha dado prioridad a los productos producidos, transformados o envasados localmente, como el aceite de oliva, para estimular así la economía local.

Estas operaciones fueron objeto de una evaluación externa en 2001, cuyos resultados fueron generalmente positivos. Sus recomendaciones sobre la mejora de la eficacia y la sostenibilidad de los proyectos financiados por ECHO en la región se han tenido en consideración a la hora de proporcionar apoyo humanitario adicional en 2002 y 2003. El informe de la evaluación se hará llegar a Su Señoría si así lo solicita.

Se prevé realizar una nueva evaluación durante el primer semestre de 2004.

----

(1)DO L 163 de 2.7.1996.

----

----

(2004/C 88 E/0097)

PREGUNTA ESCRITA P-2514/03

de Dorette Corbey (PSE) a la Comisión

(21 de julio de 2003)

Asunto:   Medicamentos: excepción específica a los derechos de patente

En su propuesta modificada de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2001/83/CE (1), por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano, la Comisión declara que no acepta la enmienda 196, por la que se introduce una excepción específica a los derechos de patente, que permite la producción de medicamentos destinados a la exportación a terceros países, a petición de las autoridades del tercer país interesado, cuando dicha producción esté cubierta por una patente.

Respuesta del Sr. Lamy en nombre de la Comisión

(14 de agosto de 2003)

El artículo 30 del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC) establece que los miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC), «podrán prever excepciones limitadas de los derechos exclusivos conferidos por una patente, a condición de que tales excepciones no atenten de manera injustificable contra la explotación normal de la patente ni causen un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular de la patente, teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros»

Ello implica que todo país miembro de la OMC que desee introducir excepciones a los derechos de patente debe garantizar que se cumplan los siguientes requisitos:

A menudo, se invoca esta disposición para justificar excepciones «con fines de investigación» (que permiten el uso de un invento patentado a efectos de investigación); las denominadas excepciones «Bolar» (que permiten la libre producción de cantidades limitadas de medicamentos patentados para presentarlos a las autoridades con vistas a obtener la autorización de comercialización); o «privilegios de los agricultores» (que permiten a determinadas categorías de agricultores utilizar libremente material reproductivo protegido, a efectos de multiplicación en su propia explotación: véase el artículo 11 de la Directiva 98/44/CE del Parlamento y del Consejo, de 6 de julio de 1998, relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas (2)). Cabe señalar que esta enumeración no es exhaustiva.

El artículo 30 ha sido interpretado por un Grupo especial de la OMC, conforme a las disposiciones sobre solución de diferencias de ese organismo, en relación con el caso «Canadá: Protección mediante patente de los productos farmacéuticos» (OM/DS114/R, de 17 de marzo de 2000). Este Grupo ha llegado a la conclusión de que la excepción canadiense sobre la «modificación reglamentaria» (disposición Bolar) reúne los tres requisitos estipulados en el artículo 30 del Acuerdo ADPIC, pero no así la denominada excepción «de acumulación» (que permite a las empresas producir y acumular fármacos patentados durante el período de vigencia de la patente, al objeto de venderlos inmediatamente después de vencida ésta). Más en concreto, a juicio del Grupo, la inexistencia de límites por lo que atañe al volumen de la producción durante la vigencia de la patente restringe considerablemente los derechos exclusivos de los titulares de la misma. Por tanto, no cabe considerarla una «excepción limitada», según lo especificado en el artículo 30 del Acuerdo ADPIC. Aunque este informe del Grupo especial no ha sido examinado por el Órgano de Apelación y no existen precedentes vinculantes, aporta consideraciones válidas para la interpretación del artículo 30 del citado Acuerdo.

La Comisión opina que la actual redacción de la enmienda 196 de la propuesta del Parlamento de cara a la modificación del código comunitario sobre medicamentos para uso humano no garantiza que la excepción propuesta reúna los tres requisitos estipulados. Por ejemplo, la propuesta no prevé ningún mecanismo que garantice que la excepción se aplique sólo con vistas a la elaboración de productos destinados a países que carezcan de capacidad productiva en el sector farmacéutico. Como tampoco prevé ninguna condición que garantice que tales productos se exporten realmente sólo a países que los necesiten, y que impida su desvío hacia otros países.

Por otra parte, la Comisión considera que, dado que los actuales trabajos de la OMC dirigidos a resolver los problemas de los países que carecen de capacidad productiva en el sector farmacéutico (apartado 6 de la Declaración de Doha, en el marco de la OMC, sobre el Acuerdo ADPIC y la Salud Pública) se basan en el artículo 31 del Acuerdo ADPIC, resultaría improcedente que la UE se dotara de un mecanismo basado en una disposición diferente de ese Acuerdo. El proyecto de Decisión, de 30 de diciembre de 2002, por la que se aplica el apartado 6 de la mencionada Declaración de Doha (texto «Pérez Motta») prevé un sistema basado en la concesión de licencias obligatorias de exportación (véase el artículo 31 del Acuerdo ADPIC) y no en la introducción de una excepción general al amparo del artículo 30 del citado Acuerdo. Este proyecto de Decisión fue respaldado por todos los miembros de la OMC, excepto Estados Unidos, y la Comisión se esfuerza al máximo por lograr que pueda ser aprobado formalmente por todos los miembros de la OMC antes de la Conferencia Ministerial de Cancún (septiembre de 2003).

Finalmente, la Comisión desea señalar que todo posible mecanismo aplicable en lo que atañe a la relación entre el ejercicio de los derechos de patente y la exportación de medicamentos a determinadas categorías de terceros países exigiría una armonización parcial de la legislación sobre patentes de la Unión, y el instrumento apropiado no sería la Directiva considerada, que se refiere a la comercialización de medicamentos en la Unión.

----

(1)DO L 311 de 28.11.2001, p. 67.

(2)DO L 213 de 30.7.1998.

----

----

(2004/C 88 E/0098)

PREGUNTA ESCRITA E-2531/03

de Gabriele Stauner (PPE-DE) a la Comisión

(29 de julio de 2003)

Asunto:   Aprovechados y ladrones en Kosovo

Agron Bajrami, en un artículo sobre «Aprovechados y ladrones en Kosovo», publicado en el diario «Frankfurter Allgemeine Zeitung» el 14 de julio de 2003, critica la política de prensa de las Naciones Unidas en dicho territorio. El Sr. Bajrami es el redactor-jefe adjunto de «Koha Ditoure», el diario de mayor tirada de Kosovo. Según manifiesta, la Administración de las Naciones Unidas apoya a «Radio Televisión Kosovo» de una manera completamente desproporcionada para lograr de ella un trato informativo favorable. El Sr. Bajrami denuncia, entre otras cosas, que los salarios de los gestores de «Radio Televisión Kosovo» son mucho más altos que los de los ministros.

¿Puede confirmar la Comisión estos reproches?

¿Puede aclarar la Comisión en qué medida se apoya a «Radio Televisión Kosovo» mediante fondos del presupuesto comunitario?

En la edición de «Die Zeit» de 10 de julio de 2003 se publican informaciones sobre las circunstancias escandalosas que rodean la gestión de la central eléctrica de la empresa KEK. En 1999 se invirtieron 400 millones de euros en las vetustas instalaciones eléctricas de dicha central. Las empresas de reparaciones, entre ellas una alemana, han efectuado trabajos chapuceros utilizando asimismo viejas piezas de repuesto deterioradas. En el caso del transporte de petróleo desde Macedonia se ha pagado el precio íntegro, pese a que las cisternas llegaban medio vacías.

¿Puede aclarar la Comisión en qué medida se financia KEK mediante fondos del presupuesto comunitario?

¿Puede explicar la Comisión qué medidas está tomando para evitar los abusos mencionados?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(2 de octubre de 2003)

En Kosovo existen tres estaciones de televisión que cubren todo su territorio, una pública (RTK) y dos privadas (KTV y TV21). «Koha Ditore», cuyos propietarios poseen también KTV, ha manifestado un vivo interés en el debate relativo al estatuto de RTK como emisora pública e independiente.

El Pilar III de la Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo (UNMIK), dirigido por la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE), creó Radio Televisión Kosovo (RTK) como emisora pública independiente para el desarrollo y el fomento de la democracia. RTK ha recibido premios por su cobertura informativa independiente, lo que parecen confirmar sus elevados índices de audiencia, que se estiman en el 60-70 % de los televidentes en Kosovo y casi el 100 % de los kosovares en el exilio.

En lo que respecta a la comparación de salarios, la UNMIK ha llamado la atención de la Comisión sobre los hechos siguientes. Los altos directivos de RTK no están sujetos por ley a los topes salariales aplicables a los funcionarios de Kosovo. El estatuto de los altos directivos de RTK está fijado en el Reglamento por el que se establece RTK (Reglamento 2001/13, de 15 de junio de 2001, por el que se establece Radio Televisión Kosovo). Se pretende que los salarios pagados a los directivos de RTK reflejen las condiciones del mercado, los requisitos profesionales y las responsabilidades. También se consideran apropiados para salvaguardar la independencia editorial de RTK, algo tan importante en la situación de pos-conflicto que vive Kosovo. En cualquier caso, los costes salariales no se financian con ayuda de la Comunidad.

Algunos Estados miembros y donantes internacionales, y también la Comisión a través de la Agencia Europea de Reconstrucción, han prestado su apoyo a la creación de RTK para permitirle erigirse como emisora pública independiente y profesional. RTK es la única estación de televisión que emite programas específicamente dedicados a las minorías.

En el programa anual de Asistencia comunitaria a la reconstrucción, al desarrollo y a la estabilización de Kosovo correspondiente al año 2002, se asignó 1,5 millones de euros a RTK para asistencia en forma de asesoramiento, producción de programas, formación, estudios de audiencia, costes operativos directos no salariales, adquisición de equipamiento y auditoría financiera independiente.

La Comisión puede confirmar que la situación encontrada por la comunidad internacional en Kosovo al final del conflicto de 1999, precedido de más de una década de negligencia y subinversión, era extremadamente crítica, puesto que la empresa pública de distribución de electricidad KEK y sus centrales energéticas estaban a punto de hundirse.

Las centrales eléctricas A y Β de Kosovo son muy viejas (unos 40 y 20 años, respectivamente) y en 1999 prácticamente no funcionaban. Las minas de carbón se hallaban gravemente descuidadas y fuertemente sobreexplotadas. Las redes de transmisión y distribución de energía sufrían cuellos de botella porque su mejora y ampliación no había ido a la par con la evolución de la industria y de la población. Los sistemas de calefacción urbana se encontraban en mal estado y funcionaban con escasa capacidad.

A pesar de las fuertes inversiones de la Comisión y de la comunidad internacional en el sector eléctrico y en KEK, la situación del servicio público de electricidad en Kosovo sigue siendo crítica, dado que todavía existen muchos retos que afrontar.

La ayuda de la Comisión a KEK se canaliza a través de la Agencia Europea de Reconstrucción y asciende a unos 350 millones de euros. De este importe, unos 80 millones de euros se han dedicado a la importación de electricidad, 35 millones se gastaron en la necesaria asistencia técnica 20-30 millones para reparar los daños causados por los bombardeos de la OTAN durante el conflicto (particularmente en el sistema de transmisión) y 40 millones tuvieron que gastarse en Kosovo Β para reparar los destrozos del incendio causado por un rayo en julio de 2002.

Dada la importancia de la ayuda financiera de la Comunidad en el sector eléctrico, la Comisión está siguiendo de cerca la aplicación de dicha ayuda, en cooperación estrecha con la Agencia Europea de Reconstrucción y el Pilar dirigido por la Unión de la Misión de Naciones Unidas en Kosovo.

La Comisión no tiene noticias de trabajos o materiales de calidad insuficiente en la rehabilitación emprendida por la Agencia de Reconstrucción. La Agencia Europea de Reconstrucción ha confirmado que todos los trabajos son supervisados de cerca por expertos técnicos independientes con arreglo a las normas internacionales y que sólo se emplean materiales nuevos. También ha indicado que no posee ningún indicio que pruebe las alegaciones de suministro insuficiente de gasóleo.

----

----

(2004/C 88 E/0099)

PREGUNTA ESCRITA E-2542/03

de Maurizio Turco (NI) a la Comisión

(30 de julio de 2003)

Asunto:   Violación de la libertad religiosa en Rusia

Vistas las excelentes relaciones de cooperación a nivel económico y comercial entre la UE y Rusia,

¿puede decir la Comisión si está al corriente de los hechos expuestos y qué iniciativas, en el ámbito de las relaciones de cooperación, podrían, a su juicio, constituir un instrumento serio y eficaz para inducir a Rusia a respetar la libertad religiosa?

Respuesta del Señor Patten en nombre de la Comisión

(15 de septiembre de 2003)

La Comisión está al tanto de que, en Rusia, la posición de las iglesias distintas de la Iglesia Ortodoxa Rusa es a veces difícil.

En el contexto del diálogo político entre la Unión y Rusia, la Comisión expresa a menudo sus preocupaciones sobre la necesidad de que Rusia garantice el respeto pleno de los derechos humanos, y continuará subrayando ante las autoridades rusas que lo que está sucediendo respeto a la libertad de religión no es compatible con los principales convenios internacionales y europeos sobre Derechos Humanos que ha ratificado Rusia y que incluyen una referencia a la libertad de religión o de credo.

Hay que observar que la Comisión promueve activamente los Derechos Humanos mediante la Iniciativa europea para la democracia y los derechos humanos. Además, la asistencia que se presta a Rusia por medio del programa Tacis está explícitamente subordinada al respeto de los principios democráticos y los derechos humanos.

----

----

(2004/C 88 E/0100)

PREGUNTA ESCRITA E-2551/03

de Avril Doyle (PPE-DE) a la Comisión

(4 de agosto de 2003)

Asunto:   Incapacidad de la UE para gastar la ayuda al exterior

Según informaciones difundidas recientemente, en los últimos diez años la UE ha acumulado 20 000 millones de euros en concepto de fondos destinados a la ayuda al desarrollo que no se gastaron a pesar de que las necesidades en materia de inversión de los países en desarrollo siempre han sido elevadas. ¿Puede indicar la Comisión las razones por las que el Fondo Europeo de Desarrollo no utilizó los fondos disponibles en proyectos que merecían la pena?

Asimismo, ¿puede explicar la Comisión qué medidas se están adoptando para poner remedio a esta situación y lograr una distribución más eficaz y eficiente de los fondos entre los socios que participan en la ejecución de estas ayudas?

Respuesta del Sr. Nielson en nombre de la Comisión

(28 de octubre de 2003)

Fondos para ayuda que no se han gastado (FED)

A finales de 2002, a través de los Fondos Europeos de Desarrollo (FED) «vivos» (el 6°, el 7° y el 8o) se había puesto a disposición para su empleo un total de 32,4 billones de euros. De este importe, se habían comprometido 29,9 billones, lo que significa que se habían adoptado decisiones oficiales para llevar a cabo proyectos específicos con esos fondos. Así que, en realidad, quedaban 2,5 billones de euros que se habían asignado, pero aún no se habían comprometido.

De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo de Cotonú, la Unión está obligada a actuar en todos los países signatarios del mismo de África, el Caribe y el Pacífico (ACP), incluidos los países en los que otros proveedores de fondos no deseen trabajar. Una gran parte de los fondos facilitados al amparo del Acuerdo están asignados a cada país ACP a nivel nacional. No obstante, posteriormente, la cooperación con algunos países puede tener que verse reducida o suspendida por motivos políticos (incumplimiento de los «elementos esenciales» del Acuerdo de Cotonú, de los derechos humanos, de los principios democráticos o del Estado de Derecho) o prácticos (guerras civiles, situación de seguridad, etc). Ello implica que puede ser difícil o imposible aprobar los compromisos correspondientes a determinados proyectos específicos. De los 2,5 billones de euros arriba mencionados, 1,7 billones están actualmente destinados a países que están o han estado en crisis. Dichos fondos permanecen asignados al país, y su empleo depende de la resolución de la crisis que dio lugar a las dificultades de utilización de los fondos.

Una vez que se ha decidido financiar un proyecto, hay que adjudicar contratos, y los fondos se van pagando según vayan progresando los trabajos o se vayan cumpliendo las condiciones. De los 29,9 billones de euros que estaban comprometidos a finales de 2002, se han pagado 21,6 billones. La mayor parte de los 8,3 billones de euros restantes se pagará cuando se hayan concluido los proyectos. El elemento problemático de los 8,3 billones de euros comprometidos, pero no gastados reside en los compromisos «durmientes», para los cuales la Comisión no ha constatado movimientos financieros (es decir, contratos o pagos) en el proyecto en los últimos dos años y hay dinero que no se ha pagado, pese a que se habían aprobado (comprometido) proyectos específicos antes de 1997 (compromisos «antiguos»). La Comisión calcula que este problema representa 1,4 billones de euros para el FED, importe que supone una proporción bastante pequeña de todos los fondos del FED asignados a países ACP (en el 6°, 7° y 8o FED), pero naturalmente está llevando a cabo una política muy activa para reducir este importe.

Todas estas cifras se han transmitido al Parlamento y corresponden en general con las de los programas ALA y MEDA. En este contexto, cabe señalar que, por su propia naturaleza, todos los programas plurianuales contienen un «retraso» inherente entre el compromiso inicial y el pago final.

Todos los proveedores de fondos cuentan con grandes importes de compromisos «no pagados» porque tienen que conseguir que los programas y proyectos sean autorizados antes de que puedan iniciarse los contratos y los pagos. En el caso de la Comisión, este importe es mayor al comienzo de un nuevo ciclo FED (por ejemplo, en 2003 para el 9o FED) porque se autorizan (comprometen) muchos proyectos nuevos. Los compromisos no gastados de la Comisión se acercan a la media de los Estados miembros. A la hora de evaluar la actuación de la Comisión, deben tenerse en cuenta los contextos presupuestarios y jurídicos de la Unión, que son particularmente restrictivos.

Medidas que se están tomando

Las reformas de la ayuda exterior que se pusieron en marcha en 2000 han sido muy amplias, sobre todo si se tiene en cuenta la creación de la Agencia EuropeAid y el ambicioso programa de transferencia de la responsabilidad de los proyectos a las Delegaciones de la Comisión (desconcentración). La Evaluación paritaria del Comité de Ayuda al Desarrollo de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) llegó en junio de 2002 a la siguiente conclusión:

Desconcentración

La «desconcentración» de las responsabilidades de gestión de los proyectos es ya operativa en 45 Delegaciones y comprende básicamente los programas de los países de Europa, el Mediterráneo, Asia y América Latina. Actualmente, la atención se concentra en las 30 Delegaciones de la tercera fase del año 2003 pendientes, que pertenecen principalmente a la zona ACP.

En este contexto, cabe señalar que, como media, los funcionarios de la Comisión manejan un determinado importe de recursos medido en múltiplos de 10 millones de euros de ayuda anual. Sus homólogos en las administraciones de los Estados miembros manejan un importe medio que es de tres a siete veces menor.

Liberación de los compromisos del FED «antiguos y durmientes»

En 2002 el importe total de compromisos del FED antiguos y durmientes anteriores a 1997 se redujo en 310 millones de euros y los cálculos correspondientes a 2003 indican una nueva reducción de 470 millones de euros. El atraso de compromisos antiguos y durmientes anteriores a 1995 se ha reducido en un 76 %.

Desvinculación de la ayuda

La Comisión ha presentado una ambiciosa propuesta sobre la importante cuestión de la desvinculación de la ayuda de los intereses nacionales (comerciales). La Comisión considera que la desvinculación de la ayuda reducirá la carga administrativa de sus países socios, lo que facilitará un suministro de la ayuda más rápido y eficaz.

Integración del FED en el presupuesto

El FED debe formar parte integrante del presupuesto general de la Comunidad y estar sometido al escrutinio parlamentario. Ello proporcionará un único marco jurídico para la gestión de los fondos de desarrollo y ofrecerá considerables mejoras de la eficacia que permitirán al personal de la Comisión concentrar más su atención en el establecimiento de la cooperación y el diálogo con los países socios que son necesarios para la aplicación eficaz de los programas e invertir menos tiempo en procedimientos complejos. El 8 de octubre se adoptó una Comunicación de la Comisión al Parlamento y al Consejo en la que se expone toda la lógica de este enfoque (1).

Reestructuración organizativa

La proximidad del final del mandato de la presente Comisión, las conclusiones de la Convención y los trabajos en marcha de la Conferencia Intergubernamental hacen que sea inoportuno lanzar una nueva fase de la reforma de la ayuda exterior en este momento. No obstante, en vista de su experiencia y de las orientaciones de la Convención, es obligación de la presente Comisión llevar a cabo un análisis sobre la forma más eficaz de organizar la totalidad de sus servicios de relaciones exteriores en beneficio de la próxima Comisión.

Flexibilidad

La ayuda al desarrollo comunitaria se gestiona mediante un complejo sistema de «comitologia», normas financieras y líneas presupuestarias temáticas que consumen una parte enorme de los escasos recursos humanos de la Comisión y alargan considerablemente los procedimientos de toma de decisiones. Dentro de poco, cada propuesta tendrá que traducirse a veintiuna lenguas. Ello deja cierto margen para realizar nuevas reformas en materia de eficacia que afectarán a la Comisión, los Estados miembros y el Parlamento.

----

(1)  COM(2003) 590 final.

----

----

(2004/C 88 E/0101)

PREGUNTA ESCRITA E-2552/03

de Jules Maaten (ELDR) a la Comisión

(4 de agosto de 2003)

Asunto:   El caso de Vinh Binh Trinh en Viet Nam

A raíz de la respuesta de la Comisión a mi pregunta E-1223/01 (1) sobre el caso del Sr. Vinh Binh Trinh, ciudadano neerlandés de origen vietnamita, quien, tras huir de su país por mar, creó con éxito una empresa en los Países Bajos y, a continuación, creó otra empresa en su país de origen, pero que, tras unas falsas acusaciones, fue condenado y quedó desposeído de sus empresas, formulo las siguientes preguntas complementarias:

Respuesta del Señor Patten en nombre de la Comisión

(16 de septiembre de 2003)

Atendiendo a la Pregunta Escrita E-1223/01 de Su Señoría, la Comisión ha venido siguiendo el caso del señor Trinh a través de su Delegación en Hanoi. Con arreglo a sus informaciones más recientes, el propio oficial de policía que detuvo al señor Trinh ha sido arrestado por corrupción. Además, el principal testigo en contra del señor Trinh ha retirado su testimonio escrito. Sin embargo, la Comisión no ha recibido todavía confirmación de que las autoridades vietnamitas hayan vuelto a abrir el caso.

La Comisión no tiene noticias de que el caso del señor Trinh haya tenido repercusiones negativas en las inversiones europeas en Vietnam, pero la corrupción y la falta de transparencia siguen siendo algunos de los problemas más urgentes de Vietnam para el proceso de reforma. El Gobierno de Vietnam ha adoptado medidas decisivas contra la corrupción como parte de los programas de reforma de la administración pública y del sistema judicial, que ya se están aplicando y a las cuales los Estados miembros y la Comisión han brindado su apoyo. La promoción de la buena gobernanza, las mejores prácticas administrativas y un sistema judicial que funcione correctamente es una prioridad para la cooperación de la Comunidad con Vietnam en virtud del Documento de Estrategia 2002-2006.

La competencia para intervenir en el presente caso corresponde primordialmente a las autoridades holandesas. La política de la Comisión hacia Vietnam consiste en alentar y apoyar progresos constantes sobre derechos humanos, democratización y buena gobernanza y plantear sus preocupaciones en los casos de abusos o cuando la situación se deteriora. La Comisión colabora estrechamente con los Estados miembros supervisando la evolución del país y participa en todas las gestiones de la Unión ante el Gobierno de Vietnam por lo que se refiere a las cuestiones de derechos humanos. La Comisión seguirá observando el caso del señor Trinh juntamente con las Misiones Diplomáticas de los Estados miembros en Vietnam.

----

(1)DO C 350 E de 11.12.2001, p. 95.

----

----

(2004/C 88 E/0102)

PREGUNTA ESCRITA E-2558/03

de Robert Evans (PSE) a la Comisión

(4 de agosto de 2003)

Asunto:   Derechos humanos en el Perú

¿Está la Comisión informada del arresto y la detención de Walter Cubas Baltazar en el Perú? Varios electores se han dirigido a mí para manifestar su inquietud a raíz de informaciones sobre posibles torturas sufridas por Water Cubas Baltazar durante su detención.

¿Puede la Comisión garantizar a mis electores que conoce las informaciones sobre violaciones de derechos humanos en el Perú y que utiliza las oportunidades que ofrecen sus relaciones oficiales con dicho país para poner de manifiesto los motivos de su preocupación?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(12 de septiembre de 2003)

La Comisión está informada del arresto y detención de Walter Cubas Balthazar en el Perú y la delegación de la Comisión en Lima sigue de cerca los acontecimientos relacionados con dicho arresto.

En consonancia con el documento de trabajo sobre la aplicación de las líneas generales de la política de la Unión Europea respecto a los terceros países en lo relativo a la tortura, de diciembre de 2002, los jefes de misión en Lima han informado recientemente acerca de la situación existente en el país respecto a la tortura y están supervisando los avances realizados por el Perú hacia la total erradicación de la tortura.

La cuestión de los derechos humanos figura de forma permanente en el orden del día del diálogo político entre la Unión Europea y el Perú, que se desarrolla a nivel de la Comunidad Andina. La Unión presta una ayuda especial a la labor desarrollada por la Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional, entre cuyas tareas figura la investigación de graves violaciones de los derechos humanos cometidas durante el período 1980-2000.

----

----

(2004/C 88 E/0103)

PREGUNTA ESCRITA E-2563/03

de Maurizio Turco (NI) a la Comisión

(4 de agosto de 2003)

Asunto:   Compatibilidad entre la violencia ejercida por parte del régimen dictatorial sudanés y el acuerdo firmado por la Unión Europea y el Sudán

Respuesta del Sr. Nielson en nombre de la Comisión

(25 de septiembre de 2003)

La Comisión, junto con los Estados miembros, sigue de cerca la situación relativa al respeto de los derechos humanos y la evolución de las hostilidades en Sudán. Desde marzo de 1990, la Comisión ha suspendido su cooperación al desarrollo con el país.

De acuerdo con las conclusiones del Consejo de 17 de junio de 2002, la Comisión ha confirmado que la reanudación de la cooperación al desarrollo sólo se producirá cuando se firme un acuerdo de paz que ponga fin al conflicto civil sudanés.

No se rubricó ningún acuerdo el 10 de diciembre de 2002 con el Gobierno de Sudán. En esa fecha se hallaba en Jartún una troica de la UE, y se decidió que la normalización de las relaciones entre la UE y Sudán quedaba vinculada a la firma de un acuerdo de paz. La UE considera que la continuación de la guerra civil y las violaciones de los derechos humanos son los principales obstáculos al desarrollo social y económico de Sudán.

La Comisión considera asimismo que sólo un gobierno formado en un proceso global y justo de paz «puede garantizar la paz, la prosperidad y la seguridad en Sudán».

La Comisión ha participado siempre en iniciativas de la UE sobre Sudán en foros internacionales. en especial en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La Comisión continuará con esa política.

----

----

(2004/C 88 E/0104)

PREGUNTA ESCRITA E-2574/03

de Margrietus van den Berg (PSE) a la Comisión

(6 de agosto de 2003)

Asunto:   Violación de las directrices internacionales por parte de una empresa neerlandesa establecida en la República Democrática del Congo (RDC)

Respuesta del Sr. Nielson en nombre de la Comisión

(29 de septiembre de 2003)

----

----

(2004/C 88 E/0105)

PREGUNTA ESCRITA E-2579/03

de Erik Meijer (GUE/NGL) a la Comisión

(6 de agosto de 2003)

Asunto:   Embargo y robo de billetes de euro a familias de origen turco de los Estados miembros de la UE durante su tránsito anual a través de Bulgaria

Respuesta del Sr. Verheugen en nombre de la Comisión

(15 de septiembre de 2003)

Por el gran número de denuncias de ciudadanos de la Unión, así como por anteriores preguntas parlamentarias formuladas sobre este tema (H-0793/01 por el Sr. Ceyhun durante el turno de preguntas de la sesión del Parlamento de 1 de noviembre de 2001 (1), P-0437/02 por el Sr. Ceyhun (2), E-3790/02 por el Sr. Maaten (3) y P-1139/03 por la Sra. Swiebel (4)), la Comisión está bien informada de que muchas familias de origen turco viajan regularmente a través de Bulgaria y pueden encontrarse con problemas relacionados con la criminalidad en las autopistas y con el comportamiento corrupto de agentes de policía y funcionarios de aduanas. En el Informe Periódico de 2002 (5) la Comisión afirma claramente que la corrupción policial se percibe como un problema y que ciudadanos de la Unión que viajaban por Bulgaria habían denunciado casos de soborno entre la policía de tráfico y de fronteras. Durante la última reunión del Comité de Asociación Unión/Bulgaria, la Comisión insistió ante las autoridades búlgaras en que debían solucionar el problema. La Comisión ha transmitido oficialmente un resumen de cada una de las denuncias y un informe reciente de la plataforma «Stichting Inspraakorgaan Turken in Nederland.» El problema también se ha planteado en el marco de las negociaciones de adhesión.

El Gobierno búlgaro ha reaccionado con la adopción de una estrategia nacional contra la corrupción. En lo que respecta a la corrupción policial y a los falsos agentes de policía, el Gobierno ha adoptado medidas para luchar contra la criminalidad en las autopistas y para prevenir las actuaciones ilegales por parte de agentes de policía. Respecto de la corrupción en la administración aduanera, el Gobierno está aplicando sanciones, incluidos despidos, para aplicar el nuevo código de conducta profesional.

Considerando que los criterios de adhesión acordados en el Consejo Europeo de Copenhague en 1993 (21 y 22 de junio de 1993) incluyen la existencia del Estado de Derecho, la Comisión concede gran importancia al progreso en el cumplimiento efectivo y no discriminatorio de las leyes. La Comisión seguirá observando los avances de Bulgaria en este terreno hasta la fecha de adhesión e informando en este sentido al Parlamento y a los Estados miembros.

La lucha contra la corrupción se considera una prioridad en la asistencia del programa PHARE a Bulgaria, y en 2002 se aprobaron cuatro proyectos anticorrupción. Uno de ellos está exclusivamente dedicado a la corrupción en el cuerpo de policía.

En lo que respecta al régimen para la importación y exportación de divisas, cabe observar que Bulgaria ha logrado un mayor grado de acercamiento al acervo y a las mejores prácticas en la Unión mediante las modificaciones a la Ley búlgara sobre cambio de divisas en junio de 2003. El régimen de declaración para la importación y exportación de dinero en efectivo por importe superior a 5 000 lev o su equivalente en divisa extranjera ha sustituido a las anteriores disposiciones, más restrictivas, como el régimen de autorización para la exportación de importes en efectivo superiores a 20 000 lev. Actualmente, para exportar dinero en efectivo por importe superior a 25 000 lev se requiere, además de la declaración, prueba de que la persona no tiene obligaciones hacia el Estado búlgaro. Esta prueba no se exige de los extranjeros que exporten divisas previamente importadas y declaradas.

----

(1)  Respuesta escrita de 13.11.2001.

(2)DO C 277 E de 14.11.2002.

(3)DO C 70 E de 20.3.2004, p. 24.

(4)  Ver página 18.

(5)  COM(2002) 700 final.

----

----

(2004/C 88 E/0106)

PREGUNTA ESCRITA E-2585/03

de Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) a la Comisión

(8 de agosto de 2003)

Asunto:   Fiscalidad de las bebidas «Low Proof»

Ante el éxito de consumo de las nuevas bebidas alcohólicas comúnmente denominadas «Ready-To-Drink», ¿podría indicar la Comisión si la siguiente interpretación del Derecho comunitario es correcta: si un gobierno decidiera, por razones de salud pública, aumentar los impuestos especiales sólo sobre las RTD a base de bebidas alcohólicas, sin modificar la fiscalidad de las bebidas alcohólicas tradicionales, se trataría de una violación del Derecho comunitario? Considérese que los consumidores de esas bebidas, generalmente azucaradas, suelen ser los jóvenes, lo que plantea un importante problema de salud pública.

¿La respuesta de la Comisión sería diferente en el supuesto de que el producto de ese impuesto no se destinara directamente a los Presupuestos Generales del Estado, sino a una finalidad específica (es decir, ingresos de un organismo específicamente encargado de la salud pública)?

¿La jurisprudencia del TJCE en el asunto de la cotización de la seguridad social francesa que se percibe sobre las bebidas alcohólicas (sentencia de 24 de febrero de 2000, Asunto C-434/97) (1), donde se aplicaba la posibilidad que ofrece el apartado 3 del artículo 3 de la Directiva 92/12, no proporciona una base a los Estados miembros para fiscalizar de forma distinta las bebidas alcohólicas tradicionales y las RTD a base de bebidas alcohólicas (véase el punto 19 de la sentencia)?

¿No cree la Comisión que habría que definir específicamente, al menos en el ámbito fiscal, esta categoría de bebidas que pretende seducir sobre todo a los jóvenes por su carácter azucarado? Cabe plantearse aún más esta cuestión ya que se ha constado que los productores de las RTD no dudan en modificar la base alcohólica de dichas bebidas para beneficiarse de ventajas fiscales competitivas (por ejemplo, el fenómeno de las «malternatives» —bebidas a base de malta— en los Estados Unidos)

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(19 de septiembre de 2003)

En un Estado miembro ya se ha introducido un impuesto similar en varios aspectos al descrito por Su Señoría, el cual ha generado una serie de quejas en el sentido de que es contrario tanto al artículo 90 del Tratado CE como al apartado 2 del artículo 3 de la Directiva 92/12/CEE del Consejo de 25 de febrero de 1992 relativa al régimen general, tenencia, circulación y controles de los productos objeto de impuestos especiales. (2)

El examen de dichas quejas por parte de la Comisión incluye, entre otros aspectos, la investigación de las cuestiones jurídicas que plantea Su Señoría. Dicho examen de la Comisión está aún pendiente de conclusión.

La Comisión no tiene intención de definir específicamente por motivos fiscales las bebidas mencionadas por Su Señoría.

Con respecto a los aspectos no fiscales, la Comisión informa a Su Señoría de la existencia de la Recomendación 2001/458/CE del Consejo de 5 de junio de 2001 sobre el consumo de alcohol por parte de los jóvenes y, en particular, de los niños y adolescentes (3), que aborda este tema desde el punto de vista de la salud pública.

----

(1)DO C 52 de 24.2.2000, p. 2.

(2)DO L 76 de 23.3.1992.

(3)DO L 161 de 16.6.2001.

----

----

(2004/C 88 E/0107)

PREGUNTA ESCRITA E-2588/03

de Marco Pannella (NI) a la Comisión

(8 de agosto de 2003)

Asunto:   Ejecución de Faramaz Mohammadi, de 19 años, dirigente del movimiento estudiantil de la Universidad de Tabriz (Irán)

El pasado 22 de julio el «Xalq Qazeti», periódico de Azerbaiyán, publicó una noticia en la que se recogían los siguientes datos:

¿Tiene conocimiento la Comisión de los hechos descritos y, de ser así, qué iniciativas ha tomado o pretende tomar? ¿No considera que se debe suspender cualquier tipo de relación con Irán hasta que se garantice el respeto de los derechos humanos fundamentales y la moratoria sobre la pena capital?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(23 de septiembre de 2003)

Tal y como se expone en las líneas generales de la política de la UE respecto a los terceros países en lo que se refiere a la pena de muerte, la UE se ha opuesto reiteradamente a la imposición de la pena de muerte y ha planteado esta cuestión al Gobierno de Irán en numerosas ocasiones. Asimismo, en la última reunión de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas la UE expresó su profunda preocupación por las ejecuciones ocurridas en Irán. Además, el diálogo sobre derechos humanos que la UE entabló con Irán en 2002 incluye una labor concertada para abordar una amplia serie de temas de derechos humanos que son objeto de preocupación, incluida la aplicación de la pena de muerte. En su primera evaluación del diálogo el 19 de marzo de 2003, el Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores subrayó que seguía muy preocupado por las constantes y graves violaciones de los derechos humanos en Irán, incluidas las sentencias de pena de muerte ejecutadas con arreglo a las salvaguardias reconocidas internacionalmente.

La UE continuará utilizando el diálogo sobre derechos humanos con Irán para reiterar sus preocupaciones en cuanto a la aplicación de la pena de muerte en general y a determinados casos individuales en particular.

La Comisión considera que una política de diálogo constructivo con Irán es más probable que contribuya a un mayor impulso y protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en Irán que una suspensión de todas las relaciones con ese país. Conviene recordar que, en 2002, cuando la Unión decidió iniciar la negociación de un acuerdo de comercio y de cooperación con Irán, al que acompañará un acuerdo político, se dejó claro que el estrechamiento de las relaciones económicas y comerciales entre la UE e Irán debería ir en paralelo con avances similares en todos los demás aspectos de las relaciones con Irán; en especial, la UE esperaba avances de importancia en cuatro temas objeto de preocupación: los derechos humanos, la no proliferación, la lucha contra el terrorismo y el proceso de paz de Oriente Próximo. Sin duda, la situación actual de los derechos humanos en Irán es uno de los factores que determinarán el progreso de las relaciones entre la UE e Irán en el futuro.

----

----

(2004/C 88 E/0108)

PREGUNTA ESCRITA E-2593/03

de Graham Watson (ELDR) a la Comisión

(14 de agosto de 2003)

Asunto:   Persecución de cristianos en el Pakistán

¿Conoce la Comisión la persecución que sufren los cristianos en el Pakistán? ¿Qué gestiones ha realizado, o se propone realizar, sobre este asunto ante el Gobierno pakistaní?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(22 de agosto de 2003)

La Comisión está muy preocupada por la situación existente en Pakistán en lo que respecta a determinadas cuestiones de derechos humanos y está participando activamente en la labor conjunta de la UE sobre esas cuestiones. La UE ha venido aprovechando regularmente las oportunidades que se han presentado para tratar de la situación de las minorías religiosas con las autoridades paquistaníes. Asimismo se habla de derechos humanos en el marco del diálogo político entre Pakistán y la UE, como ocurrió en la reciente reunión celebrada en Islamabad el 7 de junio de 2003.

La UE ha pedido reiteradamente que haya más protección de las minorías cristianas y de otras minorías en Pakistán. La Comisión está al corriente de los incidentes en los que ha estado implicada la comunidad cristiana ocurridos en los dos últimos años, en especial un ataque a los locales de una organización no gubernamental (ONG) en Karachi, la matanza de fieles cristianos en iglesias de Bhawalpur e Islamabad y las atrocidades cometidas contra instituciones cristianas en Murree y Taxila. La Comisión está al corriente también de numerosos incidentes de violencia sectaria contra otras minorías, como los ahmadíes y los chiítas. La UE seguirá instando a las autoridades paquistaníes a que lleven ante los tribunales a los autores de esos crímenes y delitos y a que adopten las medidas adecuadas para evitar que vuelven a repetirse incidentes de ese tipo.

Asimismo la UE ha expresado su preocupación por la legislación sobre la blasfemia, que se ha venido aplicando de manera desproporcionada a las minorías religiosas (si bien, en términos absolutos, la amplia mayoría de los acusados son musulmanes). La Comisión seguirá pidiendo al Gobierno de Pakistán que tome todas las medidas posibles para que no se haga un uso abusivo de la legislación sobre la blasfemia mientras siga estando vigente, de modo que se garantice la protección de las personas acusadas de blasfemia, y para reforzar las salvaguardias institucionales y legales.

La UE acogió favorablemente el discurso del Presidente Musharraf del 12 de junio de 2002, en el que condenó todas las formas de sectarismo y odio religioso y abogó por un Islam moderado y tolerante. Pese a que no hay restricciones legales para la práctica religiosa de las minorías, amplios segmentos de la población siguen desconociendo ese extremo. Por tanto, en su cooperación al desarrollo, la Comunidad da prioridad al objetivo de conseguir un mayor acceso a la educación laica en el marco de la política educativa del país. Una mejor educación contribuirá a medio plazo a que haya actitudes más tolerantes hacia las minorías.

----

----

(2004/C 88 E/0109)

PREGUNTA ESCRITA E-2594/03

de Claude Moraes (PSE) a la Comisión

(14 de agosto de 2003)

Asunto:   Persecución de cristianos

Un ciudadano de mi circunscripción ha subrayado que se sigue persiguiendo a los cristianos en el mundo, y menciona los casos de Laos y Camboya, donde cinco familias cristianas han recibido la orden de abandonar su provincia y siguen sufriendo amenazas e intimidación en los intentos de forzarlas a abandonar su credo.

¿Qué acciones desarrolla la Comisión en sus relaciones con países no comunitarios para promocionar y practicar la tolerancia religiosa?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(17 de septiembre de 2003)

La Comisión concede una gran importancia a los derechos en cuanto a la libertad de religión, creencias y expresión en sus diálogos con terceros países. La libertad de pensamiento, conciencia, religión y creencias es uno de los derechos humanos fundamentales y como tal está consagrado en diversos instrumentos internacionales, como la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 18), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Convenio Europeo de los Derechos Humanos (artículo 9). Además, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que orienta las acciones externas de la Comisión en este campo, deja patente que cada ciudadano tiene derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión (artículo 10) y que la diversidad cultural, religiosa y lingüística debe ser respetada.

La Unión ha afirmado reiteradamente, que los derechos humanos y la democratización deben formar parte de todos los diálogos políticos con los terceros países. Tanto la libertad de religión como derecho humano fundamental como los derechos de las minorías religiosas son por lo tanto temas que se tratan en los diálogos políticos bilaterales de la Unión y, cuando es necesario, en declaraciones públicas y acciones, tanto a través de la participación de la Unión en foros como el de la Comisión sobre Derechos Humanos de las Naciones Unidas o el Tercer Comité de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

En cuanto a la situación en Laos, la Comisión está al tanto de las informaciones que apuntan que la libertad de expresión religiosa permanece restringida en este país, incluidas las declaraciones de informes de miembros de grupos cristianos a los que se persigue y/o detiene por motivos de pertenencia religiosa.

Esta situación sigue a pesar de que la Constitución estipule «el derecho y la libertad de ser o no creyente». El nivel de tolerancia de las prácticas religiosas varía según las regiones. Algunos informes mencionan las dificultades que encuentran diversos grupos religiosos que buscan establecer nuevos lugares de culto en determinadas provincias. En otras partes del país, tanto los católicos como los protestantes pueden practicar su religión libremente.

La Comisión sigue de cerca éste yotros temas en relación con los derechos humanos en Laos, y expresan a menudo su preocupación al respecto en las reuniones bilaterales que mantiene con Laos. La Comisión también participa plenamente en todas las iniciativas de la Unión para transmitir nuestras preocupaciones sobre este tema a las autoridades de Laos.

En cuanto a Camboya, se ha informado en menor medida de las dificultades encontradas que tienen los grupos religiosos o personas. En su último informe, el Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Camboya no mencionó la libertad religiosa como uno de los principales temas de preocupación en el país.

----

----

(2004/C 88 E/0110)

PREGUNTA ESCRITA E-2604/03

de Alexandros Alavanos (GUE/NGL) a la Comisión

(20 de agosto de 2003)

Asunto:   Protección de las excavaciones en la antigua Salamina (Chipre)

El profesor de arqueología V. Karageorghis del Departamento de Antigüedades de Chipre, que realizó excavaciones en la antigua Salamina en colaboración con la expedición arqueológica francesa antes de la invasión, denuncia que el profesor turco S. Ozgurel realiza excavaciones en la antigua Salamina sin pedir permiso a los anteriores excavadores. Teniendo en cuenta, por una parte, que la práctica universal es pedir permiso a quienes han realizado excavaciones anteriormente y, por otra, que en 1965 Turquía firmó el Convenio de la Haya de acuerdo con cuyo artículo 5 se prohibe expresamente todo trabajo arqueológico en zonas que estén ocupadas por un ejército extranjero sin el consentimiento del gobierno legal del país, se pregunta a la Comisión, ¿cómo piensa actuar ante las autoridades de la comunidad turcochipriota para detener las excavaciones ilegales?

Respuesta del Sr. Verheugen en nombre de la Comisión

(15 de septiembre de 2003)

En términos generales, el sector de la cultura sigue siendo responsabilidad de los Estados miembros. Las competencias de la Comunidad en este sector son limitadas.

En relación con las excavaciones efectuadas en la antigua Salamina, la Comisión toma nota de las observaciones de Su Señoría. No existe ningún fundamento jurídico que permita a la Comisión adoptar medidas en este caso.

----

----

(2004/C 88 E/0111)

PREGUNTA ESCRITA E-2613/03

de Maurizio Turco (NI), Marco Pannella (NI), Marco Cappato (NI) y Gianfranco Dell'Alba (NI) a la Comisión

(28 de agosto de 2003)

Asunto:   Instrucción «Crimen Sollicitationis» de la Suprema Sagrada Congregación del Santo Oficio de la Santa Sede, destinada a encubrir los abusos sexuales cometidos por el clero

El 6 de agosto de 2003 la cadena estadounidense CBS hizo público un documento, que había permanecido en secreto desde 1962, elaborado por la «Suprema Sagrada Congregación del Santo Oficio» (en la actualidad «Congregación para la Doctrina de la Fe», originalmente llamada «Sagrada Congregación de la Romana y Universal Inquisición»).

Este documento, la instrucción «Crimen Sollicitationis», destinado a todos los Patriarcas, Arzobispos, Obispos y Ordinarios de otras sedes, incluso del Rito Oriental, está fechado el 16 de marzo de 1962 y establece el modo de proceder en las causas por incitación.

Asimismo, el documento, destinado a ser conservado diligentemente en el archivo secreto de la Curia, contiene instrucciones terminantes que deben adoptarse en materia de delitos sexuales contra feligreses cometidos por miembros del clero.

Del mencionado documento se desprende que la Santa Sede ha ordenado, adoptado y obligado a adoptar, propuesto e impuesto a las autoridades eclesiásticas determinados comportamientos cuyo fin era ocultar a la opinión pública y a la justicia los abusos sexuales cometidos por miembros del clero, bajo pena de excomunión.

En la carta apostólica «Motu Proprio Datae Quibus Normae de Gravioribus Delictis» del 30 de abril de 2001, firmada por el Papa Juan Pablo II y en la epístola «De Delictis Gravioribus» de la Congregación para la Doctrina de la Fe con fecha del 18 de mayo de 2001 y firmada por el Cardenal Ratzinger, se pone de manifiesto que la «Crimen Sollicitationis» ha sido recordada y confirmada, en ocasiones recientes, a la vista de la propagación y empeoramiento en el transcurso de los años de esta verdadera plaga del mundo eclesiástico católico y de los consecuentes escándalos.

Valga a modo de confirmación, aunque no sea necesario, las denuncias por negativa de colaboración con la justicia y con las investigaciones policiales, así como por obstrucción a la justicia, procedentes de diversos lugares del mundo.

Vistas las relaciones institucionales y diplomáticas existentes entre la Unión Europea y la Santa Sede,

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(22 de octubre de 2003)

La Unión se ha comprometido a fomentar los derechos humanos en el mundo y, en este contexto, ha subrayado la necesidad de luchar contra los abusos sexuales de menores, concretamente en su reciente declaración sobre los derechos del niño en la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de las Naciones Unidas (ONU). La Unión respalda además plenamente el plan de acción y la Declaración de la sesión extraordinaria de las Naciones Unidas en favor de la infancia, de mayo de 2002, que tiene como objetivo fundamental la protección de los menores contra los abusos y la explotación. La Santa Sede es observador permanente en la CDH.

Por consiguiente, la posición de la Unión sobre esta cuestión es inequívoca y se ha expresado claramente en los foros internacionales. No obstante, la Comisión no es competente para adoptar las medidas propugnadas por Sus Señorías, ni intervenir en las relaciones diplomáticas de los Estados miembros.

----

----

(2004/C 88 E/0112)

PREGUNTA ESCRITA E-2615/03

de Philip Claeys (NI) a la Comisión

(28 de agosto de 2003)

Asunto:   Nuevas competencias para el Comisario Verheugen

El Comisario Gunther Verheugen asume nuevas competencias. Se encargará también de los nuevos países vecinos de la UE, concretamente Rusia, Ucrania, Israel y Marruecos. Estas competencias correspondían antes al Comisario de relaciones exteriores, Chris Patten.

¿Por qué se han trasladado dichas competencias del Comisario Patten al Comisario Verheugen?

¿Se propone la Comisión incluir las relaciones con otros países vecinos también en el epígrafe «ampliación», en lugar de «relaciones exteriores»?

¿No teme la Comisión que el asignar las relaciones con los citados países al Comisario Verheugen, conocido en general como responsable en materia de ampliación de la UE, pueda despertar expectativas erróneas en dichos países? Puede causar, en efecto, la impresión de que también se les considerará para la adhesión a la Unión Europea. ¿En qué términos se informa a los países correspondientes acerca de las nuevas competencias del Comisario Verheugen?

Respuesta del Sr. Verheugen en nombre de la Comisión

(23 de septiembre de 2003)

Tras las conclusiones de las negociaciones de adhesión con diez países candidatos en Copenhague en diciembre de 2002, la Comisión se ha fijado un ambicioso objetivo de mejora de las relaciones políticas y económicas con los países vecinos del este y del sur de la Unión Europea ampliada (1). El Consejo de Ministros europeo y también el Consejo Europeo de Salónica de junio de 2003 se han congratulado por ello. El 9 de julio de 2003, la Comisión decidió una reordenación interna de su labor a ese respecto. Las relaciones con todos los países vecinos de la Unión ampliada siguen siendo competencia del Comisario de Relaciones Exteriores. El Comisario de Ampliación dirigirá las tareas de la Comisión relativas a la Europa ampliada y dará orientaciones políticas al grupo de trabajo formado por funcionarios de las Direcciones Generales de Relaciones Exteriores y de Ampliación. De ese modo, se potenciará la contribución de la UE a la creación de una zona de prosperidad y estabilidad común en torno a la UE ampliada, aprovechando la experiencia adquirida por la Comisión en su ayuda a los países candidatos a prepararse para la adhesión. Ese planteamiento refleja la opinión de la Comisión de que, a cambio de que consigan avances concretos que demuestren que tienen unos valores comunes con la UE y que llevan a cabo realmente reformas políticas, económicas e institucionales, deberían darse a todos estos países vecinos perspectivas de participación en el mercado interno de la UE así como de establecimiento de otras formas avanzadas de cooperación en sectores clave de interés mutuo.

Los países interesados han sido informados al respecto por vía diplomática.

----

(1)  COM(2003) 104 final.

----

----

(2004/C 88 E/0113)

PREGUNTA ESCRITA E-2664/03

de Terence Wynn (PSE) a la Comisión

(10 de septiembre de 2003)

Asunto:   Productos manufacturados procedentes de terceros países

La respuesta a la pregunta E-1795/03 (1) eludía lo esencial. He aquí un ejemplo: Si una pieza de fundición industrial se fabrica en China para ser vendida en la UE, los fabricantes chinos no tienen que cumplir las mismas leyes concernientes a la salud, la seguridad y el medio ambiente que obligan a los fabricantes europeos. Los trabajadores están sujetos a condiciones que no serían aceptables en la Unión Europea y se pueden producir emisiones a la atmósfera que tampoco serían aceptables. Sin embargo, esos productos se comercializan en la UE, y a unos precios con los que la producción local no puede competir a causa de las exigencias de la legislación europea.

Me permito reiterar la pregunta E-1795/03:

Respuesta del Sr. Lamy en nombre de la Comisión

(7 de noviembre de 2003)

La respuesta a la pregunta escrita E-1795/03 de Su Señoría aludía a los esfuerzos desplegados para fomentar la aplicación del enfoque reglamentario europeo en terceros países.

Es importante hacer la distinción entre los requisitos obligatorios relativos a los productos, basados en objetivos políticos legítimos, tales como la protección del medio ambiente o la sanidad y seguridad, y aplicados por la Comunidad a los productos tanto comunitarios como extranjeros, por un lado, y, por otro, la cuestión de los métodos de producción de los bienes importados.

La Comunidad puede establecer requisitos legítimos relativos a los productos, siempre que cumpla sus obligaciones internacionales, es decir que no puede imponer leyes relativas a la seguridad y el medio ambiente a países fuera de su jurisdicción, al igual que estos países no pueden imponer sus propios requisitos en el territorio de la Comunidad. Se trata de un principio fundamental de soberanía plenamente coherente con la Declaración de Río de 1992 sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y, concretamente, sus principios nos 2, 11 y 12, y también uno de los principios básicos de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

La Comunidad intenta no obstante fomentar el cumplimiento de normas más estrictas en los países en desarrollo; se trata por ejemplo de:

Cabe subrayar en este contexto que, según algunos estudios de investigación, las normas medioambientales tienden a elevarse al mismo tiempo que el nivel de desarrollo, por lo que lo mejor que puede hacer la Unión para fomentar la adopción de normas más estrictas por parte de sus socios consiste en potenciar el desarrollo y el crecimiento económicos. El bloqueo de las importaciones procedentes de países en desarrollo tendría justamente el efecto contrario, ya que abandonaría a estos países en la pobreza y retrasaría aún más su ascenso en el ámbito reglamentario.

La Comisión conoce el argumento según el cual la autorización de tales importaciones puede ocasionar la pérdida de puestos de trabajo en la industria manufacturera europea. Se trata de un viejo argumento que ha sido desmentido en gran medida por los acontecimientos.

La Comisión considera que, a la hora de evaluar dicho argumento, es preciso tener en cuenta los siguientes extremos:

----

(1)DO C 78 E de 27.3.2004, p. 725.

----

----

(2004/C 88 E/0114)

PREGUNTA ESCRITA E-2703/03

de Luigi Vinci (GUE/NGL) a la Comisión

(11 de septiembre de 2003)

Asunto:   Proceso judicial en Turquía del sociólogo Mehemet Bercet y de la Directora de la Asociación de ayuda a los emigrantes Goc-Der de Estambul, Sefika Gurbuz, acusados de incitar al odio racial

A raíz de la emigración forzada de cientos de miles de kurdos de la región del sureste de Turquía hacia la periferia de las principales ciudades del país y, especialmente, de Estambul, el sociólogo Mehemet Bercet, él mismo de etnia kurda, ha comenzado a realizar un estudio, en colaboración con la Asociación de ayuda a los emigrantes Goc-Der de Estambul, para analizar las dramáticas condiciones de vida en las que se encuentran dichas poblaciones, así como las vejaciones de las que son objeto, siendo obligados a huir de sus aldeas, dejando atrás sus tierras, su trabajo y sus casas. Sefika Gurbuz, Directora de la Asociación mencionada, hizo públicos los resultados de dicho estudio en el transcurso de una rueda de prensa celebrada el 17 de abril de 2002 en Estambul, siendo denunciada por ello y acusada de separatismo sobre la base del apartado 2 del artículo 312 del Código Penal turco. Asimismo, se ha acusado al sociólogo Mehemet Bercet, en calidad de principal autor del estudio, de incitar al odio racial. Tanto Sefika Gurbuz como Mehemet Bercet han tenido que comparecer ante el Tribunal de Seguridad del Estado los días 25 de noviembre de 2002 y 12 de marzo de 2003, fecha en la que se ha formalizado la petición de tres años de reclusión para ambos acusados.

¿Podría la Comisión estudiar los hechos mencionados? ¿No considera que se debería advertir con firmeza al Gobierno turco de que tales acusaciones y el propio procesamiento de Sefika Gurbuz y Mehemet Bercet son totalmente contrarios a la posibilidad de la eventual entrada de Turquía en la Unión Europea?

Respuesta del Sr. Verheugen en nombre de la Comisión

(1 de octubre de 2003)

La Comisión no tiene conocimiento del caso a que alude Su Señoría.

En relación con la libertad de expresión, en los dos últimos años Turquía ha aprobado una serie de reformas por las que se modifica lo dispuesto en algunos artículos del Código Penal turco, y en concreto los motivos que justifican la limitación de la libertad de expresión contemplados en el artículo 312 con el fin de adaptarlos a las normas europeas.

Según los datos oficiales, la mayoría de los procesos penales incoados en este último año por motivos relacionados con la libertad de expresión se han saldado con absoluciones.

Sin embargo, siguen iniciándose procesos penales, que suelen ser reflejo de una interpretación rígida de las disposiciones del Código Penal aplicables.

La Comisión ha subrayado en repetidas ocasiones ante las autoridades turcas la necesidad de que las reformas se apliquen efectivamente en beneficio de todos los ciudadanos, con independencia de su origen.

La Comisión seguirá supervisando la situación en el marco de los criterios políticos de Copenhague e incluirá una evaluación pormenorizada en el informe periódico que se publicará en noviembre de 2003.

----

----

(2004/C 88 E/0115)

PREGUNTA ESCRITA E-2725/03

de Jules Maaten (ELDR) a la Comisión

(11 de septiembre de 2003)

Asunto:   Corrupción en la frontera búlgara

El 12 de diciembre de 2002, en la pregunta escrita E-3790/02 (1), se pidió a la Comisión que esclareciera los incidentes sobre funcionarios de aduana búlgaros que hacían pagar a los turistas importes injustificados para permitirles el paso por la frontera de dicho país. El Comisario Verheugen anunció en su respuesta la adopción de medidas adecuadas para evitar que volvieran a producirse los incidentes descritos.

De una investigación realizada por la ANWB, principal organización neerlandesa de defensa de los intereses en el ámbito del turismo, del ocio y del tráfico, se desprende que la situación no ha mejorado en gran medida. Es más, en la actualidad, se obliga a los turistas a vacunarse supuestamente contra el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS), ¡mientras que dicha vacuna ni siquiera existe!

Respuesta del Señor Verheugen en nombre de la Comisión

(23 de octubre de 2003)

La Comisión ha sido informada sobre las quejas relativas a la tasa de 100 EUR exigida en los puntos fronterizos de Bulgaria en relación con el Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SRAS). Se instó a Bulgaria a que explicara la situación, y ha proporcionado la siguiente información.

En los puestos fronterizos búlgaros no se ha establecido oficialmente ninguna tasa o sanción en relación con el SRAS. A raíz de las quejas, se ha lanzado una campaña de información en alemán, inglés y turco en todos los puestos fronterizos y las embajadas de Bulgaria en Turquía, Alemania y Austria, para informar de que no hay ningún requisito de pagar una tasa o sanción en relación con el SRAS. También se ha informado a las embajadas turcas en Alemania y Austria, así como a los principales tour-operadores turcos en esos países.

Por añadidura, el Ministerio del Interior de Bulgaria ha dado orden a sus servicios y a sus direcciones generales de que recaben datos e información sobre esas presuntas prácticas. Los resultados de la investigación determinarán si cabe imponer sanciones penales. La investigación es compleja debido a que las autoridades búlgaras no han recibido oficialmente ninguna queja con información específica sobre el momento y el lugar en que eso ha ocurrido ni descripción alguna de los que cometen estos hechos.

Su Señoría reconocerá que la Comisión no tiene atribuciones formales para llevar a cabo una investigación en casos de esta naturaleza. Sin embargo, sí que supervisa el compromiso de Bulgaria con el Estado de Derecho mediante una serie de mecanismos y de fuentes de información. Tan pronto se reciba información de las autoridades búlgaras, se le transmitirá a Su Señoría.

----

(1)DO C 70 E de 20.3.2004, p. 24.

----

----

(2004/C 88 E/0116)

PREGUNTA ESCRITA E-2742/03

de Richard Corbett (PSE) a la Comisión

(11 de septiembre de 2003)

Asunto:   Eslovaquia

¿Está al corriente la Comisión de que Eslovaquia sigue negando la entrada en su territorio a los ciudadanos de la Unión Europea portadores del documento de identidad, incluidos los menores acompañados de los padres en posesión de un pasaporte?

¿Está de acuerdo la Comisión en que esta actitud no es halagadora para Eslovaquia, cuya adhesión a la Unión Europea está prevista para dentro de unos meses, especialmente si se considera que otros países vecinos, estén o no próximos a la adhesión, como por ejemplo Hungría, Croacia, Bosnia e incluso Serbia y Montenegro, no tienen dificultades en aceptar los documentos de identidad expedidos por los Estados miembros de la Unión Europea como prueba suficiente?

Respuesta del Señor Verheugen en nombre de la Comisión

(22 de octubre de 2003)

Los ciudadanos de la Unión pueden viajar libremente por todo el territorio de la misma tan sólo con ser portadores de un pasaporte o una tarjeta de identidad. No obstante, los países de la adhesión, como Eslovaquia, no están obligados hasta que sean miembros de la Unión a permitir la entrada en su territorio de los ciudadanos de la Unión que presenten únicamente una tarjeta de identidad.

Del mismo modo, no hay una obligación recíproca por parte de los actuales Estados miembros para permitir a los ciudadanos de los países de la adhesión la entrada en su territorio mediante la simple presentación de una tarjeta de identidad.

Es posible que Su Señoría esté al tanto de que, por ejemplo, el Reino Unido impone actualmente el requisito de un visado para los ciudadanos de la República Eslovaca.

----

----

(2004/C 88 E/0117)

PREGUNTA ESCRITA E-2743/03

de Richard Corbett (PSE) a la Comisión

(11 de septiembre de 2003)

Asunto:   Eslovaquia

¿Está de acuerdo la Comisión en que, siempre que sea posible, los funcionarios de frontera y de aduanas deberían ser capaces de hablar la lengua del país vecino, cuya frontera están encargados de vigilar? ¿Está al corriente la Comisión de que, en la frontera con Austria, los funcionarios eslovacos se niegan a hablar alemán o cualquier otra lengua que no sea el eslovaco o el ruso?

Vista la inminente adhesión de Eslovaquia a la Unión Europea, ¿instará la Comisión a este país, así como a todos los Estados miembros, a que procuren que por lo menos algunos de los funcionarios de frontera sepan expresarse en las lenguas que pueden resultar de utilidad en la frontera de que se trate?

Respuesta del Sr. Verheugen en nombre de la Comisión

(8 de octubre de 2003)

La Comisión está de acuerdo en que, siempre que ello sea posible, tanto los funcionarios de aduanas de la Unión como de los países candidatos deberán poder comunicarse en la lengua del país vecino cuya frontera están supervisando. Por lo que se refiere a los países candidatos, la Comisión ha recomendado a sus administraciones de aduanas que impartan formación lingüística a los funcionarios de aduanas. No obstante, los aspectos administrativos y organizativos de los servicios aduaneros no son competencia de la Comisión y caen plenamente dentro de la competencia nacional de los Estados miembros actuales y futuros.

En cuanto al caso mencionado por Su Señoría, la Comisión no está al corriente de ningún problema concreto, ni por lo que respecta a los funcionarios de aduanas ni por lo que respecta a los guardias fronterizos. De hecho, la cooperación entre las autoridades eslovacas y austríacas en la frontera es considerada satisfactoria. Por lo que respecta a las aduanas, merece la pena recalcar que, a partir del día de la adhesión en 2004, todos los controles aduaneros entre los Estados miembros actuales y futuros serán suprimidos, y las oficinas de aduanas de la futura frontera «interior» tendrán que ser desmanteladas para esa fecha. En consecuencia, no habrá más presencia de funcionarios de aduanas entre Eslovaquia y Austria, y Eslovaquia sólo administrará una parte de la futura frontera exterior de la Unión con Ucrania.

----

----

(2004/C 88 E/0118)

PREGUNTA ESCRITA E-2744/03

de Richard Corbett (PSE) a la Comisión

(11 de septiembre de 2003)

Asunto:   Eslovaquia

¿Puede confirmar la Comisión que las autoridades de Bratislava niegan su autorización para la construcción de un enlace entre la ciudad de Kosice y la vecina red húngara de carreteras, lo que al mismo tiempo facilitaría la conexión con la red austríaca y con otras redes, mientras no finalice la construcción de la autopista que enlaza Kosice y Bratislava por el norte del país?

¿Acaso se debe esta actitud a que las autoridades de Bratislava desean evitar que existan estrechas conexiones entre el sur de Eslovaquia, donde habita la minoría de habla húngara, y Hungría? ¿Considera la Comisión que esta actitud es compatible con el espíritu de una Europa sin fronteras interiores, implícito en la adhesión a la Unión Europea?

Respuesta del Sr. Verheugen en nombre de la Comisión

(16 de octubre de 2003)

Por lo que se refiere a la decisión del Gobierno eslovaco respecto de la construcción de una autopista que une Kosice a Bratislava, la Comisión ha tomado nota de las observaciones de Su Señoría. La Comisión puede confirmar solamente que dicha autopista, así como la carretera entre Kosice y la frontera húngara, se consideran parte integrante de la red transeuropea de transportes y que la consiguiente prioridad que se dará a estos enlaces se ha decidido de común acuerdo entre Eslovaquia y la Unión. En este contexto, corresponde a las autoridades nacionales establecer sus propias prioridades y proponer los proyectos de financiación a la Comisión.

----

----

(2004/C 88 E/0119)

PREGUNTA ESCRITA E-2759/03

de Fernando Fernández Martín (PPE-DE) a la Comisión

(16 de septiembre de 2003)

Asunto:   Método de cálculo de asistencia financiera a proveedores tradicionales de plátanos ACP

En el marco de las medidas de asistencia técnica y financiera a proveedores tradicionales de plátanos ACP, las cifras anuales de financiación para cada país son determinadas por la Comisión mediante un método de cálculo que tiene en cuenta la diferencia de competitividad observada entre países ACP beneficiarios y países terceros proveedores de plátano, y la importancia que la producción de plátanos tenga dentro de su economía (Reglamento de la Comisión 1609/1999 (1)).

La Comisión mide el nivel de competitividad según la diferencia entre el precio medio cif (coste de producción, seguro, flete) de los plátanos de un país tercero y el precio medio de bananas de cada país ACP en las fronteras de la Unión Europea. Estas cifras son recogidas por Eurostat. Estos datos provienen de las declaraciones de aduana de importadores de cada Estado miembro. Pero parece que, desgraciadamente, las cifras no responden a una definición única, lo que lleva a graves errores.

Incluso plátanos de un mismo lugar de origen tienen un valor cif muy diferente en cada uno de los Estados miembros, mientras que, en otros Estados miembros, todos los plátanos tienen el mismo valor cif. Esta ausencia de armonización lleva a la Comisión a utilizar una herramienta inadecuada para medir la competitividad de los países ACP proveedores de plátanos, dando lugar a grandes pérdidas en la ayuda deseada por el Consejo y el Parlamento.

¿Puede explicar la Comisión Europea la relación establecida entre el valor de mercado de los plátanos y su competitividad? ¿La competitividad de los plátanos no sería medida más eficazmente, observando los costes de producción de los plátanos? ¿Puede asegurar La Comisión que medirá la competitividad de los plátanos de los países ACP sobre la base de un precio cif real (coste, seguro y flete) y no establecido a partir del precio de mercado, y que intentará por todos medios reparar las injusticias constatadas?

Respuesta del Sr. Nielson en nombre de la Comisión

(21 de octubre de 2003)

Tal como señala acertadamente Su Señoría, las cantidades individuales asignadas anualmente a cada proveedor tradicional de plátanos de África, el Caribe y el Pacífico (ACP) se calculan con arreglo a los criterios establecidos en el Reglamento no 1609/99 de la Comisión (2). En particular, el precio por coste, seguro y flete (CIF) indicado en las estadísticas de Eurostat es utilizado como patrón de comparación para medir las lagunas de competitividad entre los proveeedores ACP y los de terceros países. Estas cifras, cuando existen, se recogen a través de las autoridades aduaneras de cada Estado miembro, de conformidad con los valores dados en la declaración de despacho a libre práctica. Dado que los plátanos no están sujetos a derechos ad valorem, los valores se declaran a efectos estadísticos y del IVA y se basan en el valor aduanero, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento no 1917/2000 de la Comisión (3). Las posibles variaciones de los valores estadísticos registrados en los diferentes Estados miembros se deben según toda probabilidad a variaciones de los correspondientes datos de que disponen las administraciones a falta de precios CIF para las mercancías; de hecho, al despachar las mercancías a libre práctica, no siempre se puede conocer su precio real. Aunque debe procurarse llegar a una completa armonización, las diferentes prácticas son compatibles con las disposiciones en vigor.

La Comisión no comparte la opinión de que se produzcan «grandes pérdidas» en la ayuda, dado que la Comisión aplica los criterios de manera uniforme y ecuánime.

Por lo que respecta a las posibles mediciones de la competitividad de los plátanos, puede muy bien argumentarse que podrían hallarse mejores medidas que el precio CIF. Su Señoría menciona los costes de producción como el instrumento más adecuado. No obstante, cuando se elaboró el reglamento de la Comisión, no se halló ningún otro dato que cumpliera al mismo tiempo los requisitos de disponibilidad, responsabilización y comparabilidad, y este sigue siendo el caso en el momento actual.

----

(1)DO L 190 de 23.7.1999, p. 14.

(2)  Reglamento (CE) no 1609/1999 de la Comisión, de 22 de julio de 1999, por el que se estipulan las normas de desarrollo para la aplicación del Reglamento (CE) no 856/1999 del Consejo por el que se establece un régimen especial de ayuda para los proveedores tradicionales de plátanos ACP, DO L 190 de 23.7.1999.

(3)  Reglamento (CE) no 1917/2000 de la Comisión, de 7 de septiembre de 2000, que establece determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 1172/95 del Consejo en lo que se refiere a las estadísticas del comercio exterior, DO L 229 de 9.9.2000.

----

----

(2004/C 88 E/0120)

PREGUNTA ESCRITA E-2775/03

de Jules Maaten (ELDR) a la Comisión

(16 de septiembre de 2003)

Asunto:   Continuación ilegal de la prisión preventiva de un ciudadano de la UE en Tailandia

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(16 de octubre de 2003)

A través de su Delegación en Bangkok, la Comisión ha seguido el caso de don Machiel Kuijt en Tailandia.

En opinión de la Comisión, en primera instancia, la intervención en el caso del señor Kuijt es competencia de los Países Bajos.

La Comisión nunca toma parte en asuntos de naturaleza consular ni adopta posición alguna al respecto, a menos que lo haga en el contexto de una gestión de la Unión previamente concertada con los Estados miembros.

Así pues, la Comisión sugiere a Su Señoría que trate inicialmente el asunto con el Gobierno de los Países Bajos.

La Comisión continuará siguiendo el caso en cooperación con las misiones diplomáticas de los Estados miembros en Tailandia.

----

----

(2004/C 88 E/0121)

PREGUNTA ESCRITA E-2784/03

de Cristiana Muscardini (UEN), Antonio Mussa (UEN) y Adriana Poli Bortone (UEN) a la Comisión

(17 de septiembre de 2003)

Asunto:   Elecciones en Albania

El pueblo albanés tiene una cita en las urnas el próximo 10 de octubre de 2003 para renovar la Asamblea Nacional. La OSCE (Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa), en un intento por hacer más transparente el proceso electoral y proponer una reforma eficaz del mismo, ha solicitado de manera expresa que el Comité Electoral Nacional refleje la situación política del país y esté formado a partes iguales por miembros de la mayoría y de la actual oposición (3 + 3).

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(27 de octubre de 2003)

Las elecciones locales se celebraron el 12 de octubre de 2003 en Albania.

La Comisión ha vigilado detenidamente la preparación y el desarrollo de estas elecciones. De acuerdo con las conclusiones preliminares de la Misión Internacional de Observación de las Elecciones (IEOM), estas elecciones suponen un avance hacia el cumplimiento de las normas internacionales de la OSCE, del Consejo de Europa y de otros organismos para unas elecciones democráticas. Se han detectado no obstante en ciertos aspectos algunas deficiencias que deben subsanarse aún, especialmente en lo que atañe a las listas de votantes, que siguen siendo un tema problemático, y una serie de cuestiones relativas a la organización.

La Comisión tiene conocimiento de las reclamaciones presentadas por la oposición en relación con la composición y el equilibrio político en el seno del Comité Electoral Central. No obstante, la IEOM indica en sus conclusiones preliminares que, pese a la intensa polémica en torno a la supuesta falta de equilibrio político, el Comité Electoral Central ha gestionado las elecciones de forma profesional, transparente y ecuánime.

La IEOM, la Comisión y otros agentes sobre el terreno seguirán vigilando el desarrollo de las elecciones, especialmente el recuento y la tabulación de votos, la publicación de los resultados y la tramitación de las reclamaciones y recursos. La Comisión instará también a Albania a que subsane las deficiencias detectadas durante estas elecciones antes de las próximas elecciones parlamentarias.

----

----

(2004/C 88 E/0122)

PREGUNTA ESCRITA E-2804/03

de Elisabeth Jeggle (PPE-DE) a la Comisión

(19 de septiembre de 2003)

Asunto:   Urbs Asia - Contrato no Ala/95-21-b7-3010/39

El municipio de Schelklingen, interlocutor de la Comisión Europea en el programa de ayuda al desarrollo mencionado con la ciudad filipina de Cagaya de Oro, ya no dispone del auditor de proyecto previsto originalmente. Este auditor de proyecto hubiera trabajado gratuitamente puesto que se trataba de la autoridad de vigilancia del municipio de Schelklingen.

El municipio de Schelklingen tiene que buscar o mandatar ahora a un nuevo auditor de proyecto. Los costes para ello ascienden, según las primeras estimaciones, a unos 15 000 euros por auditoría. Visto que contractualmente están previstas tres auditorías ello representaría unos 45 000 euros. Dado que esta suma no estaba presupuestada y que por otra parte tampoco puede tomarse del presupuesto municipal habría ahora que ahorrar en los propios proyectos.

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(23 de octubre de 2003)

----

----

(2004/C 88 E/0123)

PREGUNTA ESCRITA E-2815/03

de Glyn Ford (PSE) a la Comisión

(19 de septiembre de 2003)

Asunto:   Detención y encarcelamiento del pastor Rinaldy Damanik en la región central de Sulawasi (Indonesia)

He recibido varias cartas que expresan preocupación por el caso del pastor Rinaldy Damanik, que dirige una comunidad protestante en la región central de Sulawasi. ¿Tiene la Comisión información sobre su situación actual? ¿Piensa investigar este asunto?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(15 de octubre de 2003)

La Comisión está informada del caso del Reverendo Rinaldy Damanik, acusado de posesión ilegal de armas. De acuerdo con el Consejo de la Iglesia Protestante en Yakarta (PGI), la causa contra el pastor evangélico no responde a la realidad. Con todo, al haberse interpuesto recurso contra la condena a tres años de prisión por posesión ilegal de armas, y no haberse resuelto aún dicho recurso, toda posibilidad de elevar protestas se ha visto seriamente mermada.

La Delegación de la Comisión en Yakarta está siguiendo el asunto de cerca y se ha puesto en contacto con Johnson Panjaitan, letrado del pastor, a fin de obtener información actualizada sobre el curso dado a la solicitud de éste de ser puesto en libertad o bajo arresto domiciliario en tanto se resuelva el recurso. Las autoridades no han respondido aún a la petición, pese a haber prescrito los motivos de la detención.

----

----

(2004/C 88 E/0124)

PREGUNTA ESCRITA P-2854/03

de Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE-DE) a la Comisión

(18 de septiembre de 2003)

Asunto:   El programa MEDA y las mujeres

En el Pleno de febrero de 2003, con referencia a una pregunta de esta diputada sobre la materialización del primer programa regional para la participación de las mujeres en la vida económica y social y el desarrollo, el Comisario Christopher Patten había asegurado que dicho programa se iniciaría en 2004, dado que su fase preparatoria y de identificación terminaría en abril o mayo de 2003.

Teniendo en cuenta lo anterior, ¿puede informar la Comisión acerca de los motivos del retraso? ¿En qué fase se halla exactamente la elaboración del programa, ya que hasta la fecha no se ha publicado ninguna convocatoria de propuestas? ¿Se piensa publicar de inmediato las convocatorias de propuestas para que el programa pueda lanzarse en 2004, tal como se había previsto?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(5 de noviembre de 2003)

La fase de identificación y formulación de este importante programa regional destinado a fomentar la participación de las mujeres en el desarrollo económico de la región MEDA, en la que se determinan los sectores prioritarios de cooperación en que intervendrá el programa, comenzó en diciembre de 2002 y finalizó en agosto de 2003.

El paso siguiente es la presentación del programa al Comité MED. Una vez que se adopte la decisión correspondiente (prevista para el primer trimestre de 2004), se publicará debidamente la convocatoria de propuestas.

La información estará disponible en la página Web de EuropeAid: http://europa.eu.int/comm/europeaid/ tender/index_es.htm

----

----

(2004/C 88 E/0125)

PREGUNTA ESCRITA E-2884/03

de Charles Tannock (PPE-DE) a la Comisión

(29 de septiembre de 2003)

Asunto:   Persecución de cristianos en Egipto

¿Está la Comisión al corriente de la reciente detención en el aeropuerto de El Cairo de dos cristianos egipcios, Malak Cuirguis Fahmay y su esposa, Sahra Mikhail Lahzy (llamada antes Naglaa Hussein Ibrahim), convertida al cristianismo, acusándola de haber falsificado su documento de identidad para que en este figure su nueva identidad como cristiana, como consecuencia de la política oficial de impedir que los conversos del islamismo al cristianismo cambien el nombre y la religión que figuran en sus documentos? ¿No considera la Comisión que esa política constituye una violación fundamental de los derechos humanos? En caso afirmativo, ¿ha discutido la Comisión con el Gobierno egipcio este asunto, así como la detención en el aeropuerto de la acusada y el trato que ha recibido?

¿Está asimismo informada la Comisión de la preocupación de la comunidad copta de Egipto ante la intimidación sistemática que sufren los miembros de esta comunidad (el asesinato de 21 cristianos en El-Koseh, en enero de 2000 ha sido la manifestación más trágica de esta situación) y de la falta de protección adecuada por parte del Gobierno y de la policía? Si la respuesta es afirmativa, ¿ha tratado la Comisión con el Gobierno egipcio la cuestión de la seguridad de la comunidad copta en Egipto?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(21 de octubre de 2003)

En sus respuestas anteriores a las preguntas escritas E-2086/03 de la señora Kinnock (1) y E-2557/03 del señor Evans (2), la Comisión ha reiterado que es consciente de los problemas con los que se enfrenta la comunidad cristiana egipcia y, concretamente, el caso de Malak Cuirguis Fahmay y su mujer Sarah Mikhail Lhazy, acusados de modificar de forma ilegal sus documentos de identidad a fin de reflejar su cambio de religión. La Comisión entiende que el tribunal penal del norte de El Cairo va a examinar su caso de aquí a finales de octubre de 2003.

La Comisión y las embajadas de los Estados miembros en El Cairo han elevado protestas al Gobierno egipcio en varias ocasiones sobre temas relativos a los derechos humanos y a la comunidad copta egipcia. Su Señoría puede tener la seguridad de que la Comisión continuará siguiendo el caso y planteando estas cuestiones a las autoridades egipcias cuando proceda.

----

(1)  Ver página 65.

(2)DO C 51 E de 26.2.2004, p. 257.

----

----

(2004/C 88 E/0126)

PREGUNTA ESCRITA E-2889/03

de Samuli Pohjamo (ELDR) y Mikko Pesälä (ELDR) a la Comisión

(29 de septiembre de 2003)

Asunto:   Imposición de un precio mínimo de importación y aranceles de importación al salmón y la trucha arco iris noruegos

En los últimos años, el descontrolado crecimiento de la producción noruega de salmón y trucha arco iris ha desembocado en una considerable sobreproducción, problemas de rentabilidad y una oleada de quiebras de piscifactorías noruegas. Vender a mitad de precio en el territorio de la UE los excedentes de salmón criados en viveros es más rentable que pagar en Noruega los costes de gestión de residuos que origina la sobreproducción. La constante fuga de salmones de las piscifactorías de Noruega hace peligrar asimismo, por ejemplo, la valiosa población de salmones silvestres del agreste río Teno.

En la actualidad, la UE está indefensa ante la avalancha de importaciones, pues el salmón está exento del antiguo precio mínimo de importación y el precio mínimo de importación para la trucha arco iris aún está en fase de examen.

El coste de producción del salmón en Noruega es de 3,25 euros por kilogramo. Las recientes estadísticas de importación muestran que en Finlandia se vende claramente más barato: a finales de julio de 2003, el precio de importación del salmón noruego era de 1,98 euros por kilogramo y el de la trucha arco iris, de 2,70 euros por kilogramo.

A finales de julio de 2003, ya se habían importado de Noruega a Finlandia 6,4 millones de kilos de salmón y 4,4 millones de kilos de trucha arco iris. El incremento de las importaciones de salmón con respecto al año anterior era del 46 % y el de la trucha arco iris, del 144 %. Anualmente, en Finlandia se producen 15 millones de kilos de trucha arco iris y se pesca, en total, un millón de kilos de salmón del Mar Báltico y del río Teno.

Los costes de producción, claramente superiores al precio de importación del salmón, conducirán a una rápida desaparición de la producción finlandesa de trucha arco iris. Además, el salmón de importación distorsiona el nivel de precios del pescado silvestre finlandés y perjudica a la actividad del sector pesquero.

¿Qué medidas proyecta adoptar la Comisión para volver a aplicar al salmón noruego un precio mínimo de importación y establecer para la trucha arco iris un precio mínimo de importación que refleje al menos los costes de producción, así como para gravar esos pescados con aranceles de importación en la Unión Europea?

Respuesta del Sr. Lamy en nombre de la Comisión

(4 de noviembre de 2003)

Dado que la pregunta de Sus Señorías se refiere a dos procedimientos antidumping o antisubvenciones distintos, la Comisión dará una respuesta específica para cada procedimiento.

Salmón de piscifactoría del Atlántico

Truchas arco iris

----

(1)DO L 349 de 31.12.1994, cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 2474/2000, de 9 de noviembre de 2000, por el que se establece, de conformidad con el apartado 7 del artículo 1 del Reglamento (CEE) no 3030/93, la lista de materias textiles y prendas de vestir que deben integrarse en el GATT 1994 el 1 de enero de 2002 y por el que se modifican el anexo X del Reglamento (CEE) no 3030/93 y el anexo II del Reglamento (CE) no 3285/94, DO L 286 de 11.11.2000.

(2)DO L 232 de 18.9.2003.

(3)  Sentencia del Tribunal de 30 de septiembre de 2003, Asunto C-76/01 P.

----

----

(2004/C 88 E/0127)

PREGUNTA ESCRITA E-2919/03

de Marco Cappato (NI) y Maurizio Turco (NI) a la Comisión

(2 de octubre de 2003)

Asunto:   Caso del ciudadano italiano Maurizio Trotta, detenido en Rumania

El ciudadano italiano Maurizio Trotta, que reside en Reggio Emilia, fue detenido en Rumania el 2 de agosto de 2002 en base a una acusación de tráfico internacional de estupefacientes por la posesión de 11 gramos de hachís, que fueron encontrados en la vivienda que tenía alquilada en Craiova.

El Sr. Trotta, que se encuentra en la cárcel de Craiova desde el día de su detención, ha sido objeto de un proceso de primer grado en el que ha sido condenado a dos años de prisión, habiéndose retirado la acusación de tráfico internacional, para la cual se prevé una pena de hasta 25 años de reclusión.

En vista de la condena a dos años, el Sr. Trotta debería salir de la cárcel el próximo mes de diciembre de 2003, vista su buena conducta, pero, a raíz del recurso contrario a la sentencia de primer grado interpuesto por la Fiscalía, el proceso vuelve a empezar desde cero, con la más total incertidumbre sobre la duración de la sentencia y con aplicación continuada del estado de detención.

Mientras tanto, la familia del Sr. Trotta está desembolsando cantidades considerables para los desplazamientos a Rumania y los honorarios de los abogados, el italiano Liborio Catagliotti y distintos abogados rumanos, que van siendo sustituidos a medida que avanza el procedimiento.

Nos hemos enterado también de que, en el transcurso de este caso, de incierto éxito procesal tanto por lo que respecta a la duración como a la naturaleza de la condena, se habrían producido peticiones sustanciales e ilegales de dinero por parte de personas que intentan aprovecharse de la situación.

Considerando todo lo anterior, ¿puede indicar la Comisión si, después de haber realizado las averiguaciones pertinentes ante las autoridades rumanas, se detectan en el caso en cuestión violaciones de los derechos fundamentales en base a los Tratados UE?

¿Puede informar la Comisión acerca de las respuestas de las autoridades rumanas, así como de las medidas que podrían tomarse eventualmente?

Respuesta del Sr. Verheugen en nombre de la Comisión

(14 de noviembre de 2003)

La Comisión no está capacitada para realizar una valoración de los casos individuales pendientes ante los tribunales nacionales. Dichos casos son competencia exclusiva del poder judicial, y la Comisión no puede ni debe interferir en su tratamiento. En un Estado que haya ratificado el Convenio Europeo sobre Derechos Humanos, una persona que considere lesionados sus derechos, por ejemplo, en relación con el artículo 6 relativo al derecho a un juicio justo, tiene derecho a elevar el caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos una vez agotadas todas las vías legales de recurso nacionales.

Recientemente, la Comisión ha solicitado información al Ministerio de Justicia de Rumanía en relación con el caso al que alude Su Señoría. Según la información facilitada, Maurizio Trotta fue detenido y puesto en detención preventiva el 2 de agosto de 2002. Fue inculpado oficialmente por la Fiscalía del Tribunal de Dolj el 26 de agosto de 2002 y procesado por delitos de introducción en el país, tráfico y posesión ilícita de estupefacientes. El 9 de julio de 2003, fue absuelto por el Tribunal de los dos primeros cargos, pero declarado culpable de posesión ilícita de drogas y condenado a dos años de cárcel. Tras el recurso del fiscal, la sentencia del Sr. Trotta fue ampliada a cinco años por el Tribunal de Craiova el 25 de septiembre de 2003 por introducción en el país, tráfico y posesión ilícita de drogas.

En virtud de la legislación rumana pertinente en el ámbito de los delitos relacionados con la droga y, en particular, de la Ley 143 sobre la lucha contra el tráfico y la posesión ilícita de estupefacientes, aprobada el 26 de julio de 2000 y modificada por las Leyes 169/2002 y 39/2003, las plantas de cannabis (Cannabis sativa), la hierba de cannabis (marihuana), la resina de cannabis (hachís) y el aceite de cannabis están clasificados con arreglo al cuadro 3 como drogas de «riesgo». El apartado 1 del artículo 3 fija penas de 10 a 20 años de cárcel por el delito de introducción de drogas de «riesgo» en Rumanía, el apartado 1 del artículo 2 establece penas de 3 a 15 años por tráfico de drogas de riesgo, mientras que el artículo 5 fija entre 2 y 5 años las penas por posesión ilícita de cualquier tipo de estupefacientes.

----

----

(2004/C 88 E/0128)

PREGUNTA ESCRITA E-2922/03

de Claude Moraes (PSE) a la Comisión

(2 de octubre de 2003)

Asunto:   Sanciones comerciales contra Birmania

Después de la detención de Aung San Suu Kyi y de algunos de sus seguidores a principios de este año, el pueblo de Birmania ha sido testigo de una brutal represión contra su movimiento democrático. Esta represión es obra de la Junta militar birmana, que sigue maltratando y asesinando abiertamente a los militantes y a los adeptos de la causa democrática, a pesar de la intervención de la UE pidiendo la liberación de Aung San Suu Kyi. Asimismo, parece que los líderes militares viajan frecuentemente a la UE, a pesar de las sanciones impuestas en materia de visados.

Teniendo en cuenta la persistente indiferencia de la Junta hacia las sanciones de la UE, ¿no considera la Comisión que la actual política de sanciones contra Birmania no consigue hacer llegar a los dirigentes militares el mensaje de que las persecuciones que llevan a cabo no se pueden tolerar en un mundo civilizado y que habrá que considerar de nuevo la aplicación de sanciones comerciales, como las impuestas por los EE.UU. durante los últimos cinco años? En caso de respuesta negativa, ¿por qué no?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(27 de octubre de 2003)

La Comisión ha expresado en varias ocasiones su grave preocupación por la situación de los derechos humanos en Birmania y el acoso constante a las fuerzas democráticas del país.

Como respuesta al deterioro de la situación política en Birmania, la Unión decidió reforzar su Posición Común sobre dicho país en abril de 2003 (1). Asimismo, decidió presentar la aplicación de sanciones adicionales dirigidas a los líderes militares y sus aliados más cercanos tras los ataques a Daw Aung San Suu Kyi y sus seguidores a finales de mayo de 2003.

Actualmente, la Comisión está llevando a cabo un estudio para evaluar la repercusión de las sanciones que actualmente aplica la Unión sobre el régimen de Birmania y para analizar las posibilidades de adopción de medidas adicionales en caso de que la situación no mejore. Al examinar las posibilidades de refuerzo de la sanciones por parte de la Unión, la Comisión analizará cuidadosamente los posibles efectos de determinadas sanciones específicas, tales como la sanciones económicas impuestas por Estados Unidos, sobre la población birmana. Toda decisión sobre la aplicación de nuevas sanciones estará en manos del Consejo, el cual la tomará sobre la base del apoyo de todos los Estados miembros y la Comisión.

----

(1)DO L 106 de 29.4.2003.

----

----

(2004/C 88 E/0129)

PREGUNTA ESCRITA E-2934/03

de José Ribeiro e Castro (UEN) a la Comisión

(6 de octubre de 2003)

Asunto:   Centro Cultural de España en Cuba

Los medios de comunicación han dado cuenta de que el Centro Cultural de España en La Habana ha pasado a manos del Gobierno de Cuba transcurridos 90 días desde que las autoridades cubanas denunciaran el acuerdo bilateral sobre la institución.

Este hecho se ha interpretado como una represalia por parte de las autoridades cubanas por las medidas que adoptó la Unión Europea contra Cuba el pasado 5 de junio.

Respuesta del Sr. Nielson en nombre de la Comisión

(17 de noviembre de 2003)

España ha informado a la Comisión y a los demás Estados miembros de la decisión de las autoridades cubanas de denunciar el acuerdo bilateral relativo al Centro Cultural de España en La Habana. La decisión se anunció con motivo de una declaración pública del Ministro cubano de Asuntos Exteriores efectuada el 11 de junio de 2003, tras la declaración de la Unión sobre Cuba de 5 de junio de 2003.

Corresponde a España examinar las disposiciones que vaya a adoptar al respecto, incluida la posibilidad de iniciar actuaciones judiciales por violación unilateral del acuerdo.

Las conclusiones adoptadas sobre Cuba en el Consejo Europeo celebrado en Salónica los días 19 y 20 de junio de 2003 recuerdan las medidas anunciadas por la Unión el 5 de junio de ese mismo año y consideran inaceptable la actitud de las autoridades cubanas hacia la Unión y los Estados miembros. Además, las conclusiones del Consejo sobre la reevaluación de la posición común sobre Cuba adoptadas en julio de 2003 lamentan dicha actitud y la rechazan plenamente.

Frente a este tipo de acontecimiento, los Estados miembros y la Comisión han acordado mantener una posición firme y coherente a efectos de la aplicación de todas las medidas aprobadas y anunciadas públicamente el 5 de junio de 2003.

----

----

(2004/C 88 E/0130)

PREGUNTA ESCRITA E-2953/03

de Maurizio Turco (NI) y Marco Cappato (NI) a la Comisión

(8 de octubre de 2003)

Asunto:   Condena a muerte por lapidación en Nigeria

Jibrin Babaji, ciudadano nigeriano de 20 años, ha sido declarado culpable de relaciones sexuales con tres muchachos menores de edad y condenado a muerte por lapidación. Un tribunal islámico del Estado Bauchi pronunció esta sentencia con arreglo al Código penal de la «Sharia» el 23 de septiembre de 2003.

¿Dispone la Comisión de más información al respecto? ¿Qué medidas piensa adoptar, de conformidad con las políticas europeas para la promoción de la moratoria sobre la pena de muerte en el mundo, para evitar esta ejecución?

Respuesta del Sr. Nielson en nombre de la Comisión

(21 de noviembre de 2003)

La Comisión ha seguido con atención los recursos interpuestos contra diversas sentencias de muerte dictadas por tribunales que aplican la Sharia. Es alentador observar que en algunos asuntos recientes bien conocidos esas sentencias han sido anuladas en recurso de apelación (Amina Lawal en Katsina y Safiya Husseini en Sokoto). La Comisión tiene conocimiento del caso de Jibril Babaji y espera recibir información adicional de los Jefes de Misión en Abuja.

La Comisión se opone sin reservas a la utilización de la pena de muerte. Allí donde todavía se aplica, la Unión aboga por una limitación gradual de su utilización y, si procede, por la introducción de una moratoria. La troika emprendió una gestión sobre la aplicación de la pena de muerte en Nigeria el 12 de febrero de 2002.

Por otra parte, la Comisión insta a los gobiernos a cumplir las normas internacionales sobre derechos humanos y a respetar los derechos individuales sin discriminación. La Comisión trata de que determinados países pongan fin a las ejecuciones públicas y especialmente crueles.

De acuerdo con lo indicado en varias ocasiones en las conclusiones del Consejo sobre Nigeria, el diálogo político se considera un mecanismo constructivo para plantear temas de derechos humanos y cuestiones relativas a la pena de muerte. El Acuerdo de Cotonú, uno de cuyos elementos esenciales es el respeto de los derechos humanos, guiará también la actuación de la Comisión.

----

----

(2004/C 88 E/0131)

PREGUNTA ESCRITA E-2955/03

de Maurizio Turco (NI) y Marco Cappato (NI) a la Comisión

(8 de octubre de 2003)

Asunto:   Enésimo episodio de persecución contra los homosexuales en Egipto

En repetidas ocasiones, el Parlamento Europeo ha condenado con severidad la campaña de persecución contra los homosexuales en Egipto y ha pedido a la Comisión y al Consejo que tomen medidas concretas y progresivas respecto de las instituciones egipcias. El 28 de agosto de 2003, sesenta y dos hombres, presuntos homosexuales, fueron detenidos en el puente Qsr el Nil durante una redada de la policía de El Cairo que procedió a las detenciones tras rodear el puente e insultar a los presentes. Al cabo de dos días de cárcel, estas personas fueron inculpadas de prácticas depravadas, obligadas a firmar declaraciones de culpabilidad y puestas en libertad únicamente tras indicar su lugar de residencia. La vista de los juicios tendrá lugar en noviembre y diciembre de 2003.

¿Está al corriente la Comisión de estas detenciones? ¿Tiene la intención de adoptar las medidas concretas y progresivas contra Egipto, solicitadas por el Parlamento Europeo en repetidas ocasiones, vista la grave campaña de persecución que este país practica desde hace años contra los homosexuales?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(5 de noviembre de 2003)

La Comisión ha estudiado detenidamente los presuntos casos de persecución de homosexuales en Egipto y ha expresado en diversas ocasiones ante las autoridades egipcias su preocupación por el asunto del Queen Boat y por el problema conexo del acoso policial, tal como se solicita en la Resolución del Parlamento de 10 de abril de 2003.

Recientemente se han producido algunos hechos alentadores, entre los que figuran la liberación de 29 de los demandados y la transferencia de las actas de los tribunales de seguridad a los tribunales ordinarios. Sus Señorías pueden tener la certeza de que la Delegación de la Comisión en El Cairo y las embajadas de los Estados miembros seguirán este caso, al igual que el asunto de los 62 hombres detenidos el 28 de agosto. Asimismo, la Comisión seguirá planteando estas cuestiones a las autoridades egipcias cada vez que se presente la ocasión.

Las instituciones del Acuerdo de Asociación entre la Unión y Egipto (pendiente de la ratificación de varios Estados miembros) constituirán otro foro adecuado para debatir una serie de cuestiones relacionadas con los derechos humanos.

Además de ello, como sin duda sabe Su Señoría, el 22 de mayo de 2003 la Comisión publicó la Comunicación titulada «Un nuevo impulso a las iniciativas de la UE en el ámbito de los derechos humanos y la democratización, en colaboración con los socios mediterráneos», con el fin trabajar de manera constructiva para lograr progresos concretos en el ámbito de los derechos humanos. La Comunicación se ha sometido a la consideración del Consejo y del Parlamento.

----

----

(2004/C 88 E/0132)

PREGUNTA ESCRITA E-2988/03

de Bart Staes (Verts/ALE) y Jan Dhaene (Verts/ALE) a la Comisión

(9 de octubre de 2003)

Asunto:   Plan de Acción sobre la aplicación del Derecho forestal, gobernanza y comercio

El 21 de mayo de 2003, la Comisión lanzó el programa de acción FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade — aplicación del Derecho forestal, gobernanza y comercio). Varias organizaciones no gubernamentales que se encargan de esta problemática y varios Estados miembros que, a escala mundial, encabezan la lucha contra la explotación forestal ilegal consideran que este documento constituye un paso importante hacia el ulterior desarrollo de una legislación en este ámbito.

Sin embargo, después de la publicación del documento (1), no se han tenido más noticias y en nuestra opinión la Comisión no ha tomado más medidas en favor de la ejecución de este programa de acción.

¿Qué objetivos desea lograr la Comisión, y dentro de qué plazo, para ejecutar el programa de acción FLEGT? ¿Cuáles van a ser las actividades clave dentro de ese plazo hasta junio de 2004?

¿Qué Dirección General va a asumir la responsabilidad para la ejecución de este programa y cuáles son los recursos disponibles al respecto?

¿Tiene previstos la Comisión otros trabajos legislativos en torno a la problemática FLEGT?

También en los países candidatos la explotación forestal ilegal es un problema considerable. ¿Prevé la Comisión acciones específicas para resolver esta problemática en dichos países, tanto antes como después de la adhesión?

Respuesta del Sr. Nielson en nombre de la Comisión

(5 de diciembre de 2003)

La Comisión ha procurado garantizar un rápido seguimiento del plan de acción de la UE para la aplicación de las leyes, la gobernanza y el comercio en el sector forestal (FLEGT). El Consejo adoptó sus conclusiones con ocasión del Consejo de Agricultura de 13 de octubre de 2003. La Comisión está esperando aún una respuesta del Parlamento.

Se ha iniciado un amplio proceso de consultas a los interesados, que incluye un intenso diálogo con los Estados miembros, las organizaciones no gubernamentales y el sector maderero europeo. Asimismo, se han establecido contactos con posibles países socios en las principales regiones productoras de madera del mundo, con resultados alentadores. Las discusiones con Indonesia se encuentran en una fase particularmente avanzada.

A fin de facilitar la colaboración con África, la Comisión concedió también recientemente una ayuda de 500 000 euros para respaldar la Conferencia Ministerial Africana para la Aplicación de las Leyes y la Gobernanza en el Sector Forestal, en la que más de treinta naciones africanas se comprometieron firmemente a combatir la tala ilegal.

En respuesta a los demás interrogantes específicos de la pregunta, cabe señalar lo siguiente:

----

(1)  COM(2003)251.

----

----

(2004/C 88 E/0133)

PREGUNTA ESCRITA E-2995/03

de Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE-DE) a la Comisión

(14 de octubre de 2003)

Asunto:   Destrucción de valiosos reliquias en Santa Sofía

Recientemente, el nuevo director del Museo de Santa Sofía, Seratecin Sahin, en un informe presentado a la Dirección General de Museos y Bienes Culturales de Turquía, anunció que quinientos cincuenta iconos y reliquias de valor inestimable (evangelios y ornamentos sagrados) han quedado destruidos por la humedad en los depósitos del templo de Santa Sofía. Las reliquias citadas habían sido recogidas en numerosas iglesias ortodoxas del territorio turco cuando éstas dejaron de utilizarse.

Dado que Santa Sofía está incluida desde 1985 entre los tesoros del patrimonio cultural universal y que, sobre la base del último programa nacional de Turquía relativo a la aplicación del acervo comunitario, se afirma que con la Ley 3386 de 17 de junio de 1987 se protegen los bienes culturales universales para legarlos en perfectas condiciones a las generaciones futuras, ¿piensa adoptar la Comisión una postura concreta frente este problema?

¿Hay en el marco de los programas de preadhesión para Turquía y de los programas MEDA posibilidades de financiación para el ámbito cultural y, en concreto, para la conservación de bienes culturales como los citados de Santa Sofía?

¿Opina la Comisión que hechos graves de esta índole relacionados con cuestiones de cultura y valores morales constituyen un retroceso en la aplicación del acervo comunitario? ¿Cómo piensa reaccionar en este caso?

Respuesta del Sr. Verheugen en nombre de la Comisión

(12 de noviembre de 2003)

Tal como se mencionó en la reciente respuesta de la Comisión a la pregunta escrita E-2962/03 formulada por el Sr. Alavanos (1), el programa comunitario de ayuda financiera a Turquía no contempla la asistencia a la conservación y restauración de obras religiosas o culturales, como las almacenadas en Santa Sofía. El programa tiene por objeto principal ayudar a Turquía a ajustarse a la normativa de la Unión en los ámbitos político, económico y legislativo. El Gobierno turco elabora propuestas de proyectos y las presenta a la Comisión, que aprueba únicamente los proyectos que contribuyen a cumplir las prioridades recogidas en la Asociación para la Adhesión, adoptada por el Consejo de Ministros de 15 de mayo de 2003.

Por otra parte, la Comisión sigue muy de cerca los avances de Turquía en la adopción del acervo aplicable en el ámbito de la cultura.

----

(1)DO C 78 E de 27.3.2004, p. 771.

----

----

(2004/C 88 E/0134)

PREGUNTA ESCRITA E-3013/03

de Marco Cappato (NI) a la Comisión

(14 de octubre de 2003)

Asunto:   El caso de la periodista tunecina Neziha Rejiba

El 25 de septiembre de 2003, las autoridades tunecinas de aduanas emitieron una orden de comparecencia contra la periodista tunecina Neziha Rejiba por haber dado 170 euros en efectivo a un joven tunecino, comportamiento punible con una condena de hasta cinco años de cárcel y una multa. Sin embargo, la periodista no infringió la ley, que establece el plazo de una semana para cambiar divisa extranjera por dínares tunecinos.

Neziha Rejiba, que ha publicado en Internet artículos en los que denuncia las violaciones de los derechos humanos cometidas por las autoridades tunecinas, escribe para la revista en línea Kalima (www.kalima.com), censurada en Túnez desde su primera publicación en octubre de 2000. En los últimos tres años, ha sido agredida físicamente y ha sufrido vejaciones continuas por parte de la policía tunecina. Su casa es objeto de vigilancia constante y su teléfono está bajo control o bien aislado, como en este momento.

¿Ha procedido la Comisión a solicitar formalmente al Embajador de la República de Túnez aclaraciones sobre esta situación? En este caso, ¿qué respuesta ha recibido?

¿Cómo piensa intervenir la Comisión para inducir al Gobierno tunecino a garantizar que en, el caso de Neziha Rejiba, las autoridades respeten los derechos a la libertad de expresión y a un juicio justo?

¿Qué acciones piensa emprender la Comisión, con vistas a la reunión de la Cumbre mundial sobre la Sociedad de la Información que se celebrará en Turín en noviembre de 2005, para conseguir, con su contribución, que se ponga fin a la constante y sistemática violación del derecho de expresión de los ciudadanos tunecinos?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(17 de diciembre de 2003)

La Comisión tiene conocimiento de los informes relativos a la Sra. Rejiba a que se refiere Su Señoría.

La Comisión permanece sumamente atenta a la situación de los derechos humanos en Túnez. Siempre ha condenado las violaciones de los principios de libertad, democracia y respeto de los derechos humanos, de las libertades fundamentales y del Estado de Derecho, principios que constituyen el fundamento de la Unión y que son comunes a los Estados miembros, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea.

En concreto, la Comisión considera que la libertad de expresión es de vital trascendencia para el desarrollo de la democracia y la participación de la sociedad en todos los ámbitos. A través de la línea presupuestaria dedicada al programa MEDA, la Comisión, en colaboración con un centro europeo de periodismo, intenta promover la libertad de expresión en Túnez por medio de un programa de apoyo a los medios de comunicación, destinado a la formación de periodistas. Con vistas a respaldar los esfuerzos de Túnez por afianzar el Estado de Derecho, la Comisión se propone también poner en marcha un programa para modernizar el sistema judicial tunecino, similar a los que ya se están llevando a cabo en relación con Argelia y los Territorios Palestinos.

En lo que respecta a la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, la Comisión se remite a lo señalado en las respuestas a las preguntas escritas de Su Señoría E-2554/03 (1) y E-2931/03 (2).

----

(1)DO C 65 E de 13.3.2004, p. 175.

(2)DO C 70 E de 20.3.2004, p. 165.

----

----

(2004/C 88 E/0135)

PREGUNTA ESCRITA E-3025/03

de Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) a la Comisión

(17 de octubre de 2003)

Asunto:   Vulneración de los derechos humanos de la población griega de la isla de Imbros por medio del catastro nacional de Turquía

La aplicación de la ley sobre el catastro nacional de Turquía en la isla de Imbros de forma magistral priva de sus propiedades a la población griega de la isla y a sus herederos en beneficio del Estado turco.

En concreto, la aplicación del catastro turco priva a los propietarios de tierras no cultivadas o viviendas no habitadas desde hace más de veinte años, cediéndolas arbitrariamente al Estado turco, niega todo derecho de propiedad o de herencia a cuantos han perdido la nacionalidad turca —por no haber realizado el servicio militar turco al alcanzar la edad de 21 años— y priva a los propietarios de la posibilidad de reclamar los bienes que se les expropiaron sin indemnización y que siguen de manera ilícita en posesión de colonos turcos, pese a no haberse realizado la obra para la que se llevó a cabo la expropiación.

Todo lo anterior refleja de modo evidente el caso de los propietarios griegos y sus herederos, quienes pierden todo derecho legal de propiedad en vulneración de toda legislación comunitaria.

Dado que Turquía tiene la consideración de país candidato a la adhesión a la Unión Europea y que su candidatura se valorará en 2004, ¿cómo piensa abordar la Comisión el asunto en cuestión?

¿Se propone intervenir ante las autoridades turcas para que restablezcan el orden y la equidad?

Respuesta del Sr. Verheugen en nombre de la Comisión

(14 de noviembre de 2003)

La Comisión tiene conocimiento de las inquietudes sobre la situación de la minoría griega de la isla de Imvros, en el Mar Egeo, a que se refiere Su Señoría. La Comisión ha recibido recientemente información sobre la violación de los derechos de propiedad en la isla.

La Comisión examinará este asunto en el contexto del control del respeto de los criterios políticos de Copenhague por parte de Turquía, que incluye el respeto de los derechos humanos y la protección de las minorías. Procederá a una evaluación global de las dificultades encontradas por las minorías en Turquía en su próximo informe periódico, que se publicará el 5 de noviembre de 2003.

----

----

(2004/C 88 E/0136)

PREGUNTA ESCRITA E-3032/03

de Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) a la Comisión

(17 de octubre de 2003)

Asunto:   Violación de los derechos de las minorías en Turquía

Las violaciones de los derechos humanos en Turquía, continúan a pesar de que Turquía ha modificado determinadas leyes para adaptarse a los estándares europeos. Un ejemplo de las continuas violaciones de los derechos de las minorías es el hecho de que el Ministerio de Educación turco emitió un decreto el 14 de abril de 2003 dirigido a todas las escuelas del país exigiendo que se organicen conferencias y concursos de redacción negando el genocidio de 1914 y de los años siguientes contra los armenios y los asirios/sirios y acusando a estos grupos étnicos de haber traicionado al imperio otomano. Los niños asirios-sirios y armenios son víctimas de discriminación todos los días, especialmente porque se les obliga a participar en estas conferencias que constituyen una violación de su identidad étnica y religiosa.

La organización turca de derechos humanos IHD ha reaccionado con fuerza contra este decreto y ha lanzado recientemente una campaña junto con abogados defensores de los derechos humanos para intentar convencer al Gobierno turco de que derogue el decreto y ponga fin a las violaciones de los derechos humanos. El decreto del Ministerio de Educación turco de 14 de abril de 2003 contrasta vivamente con las exigencias que se le han formulado a Turquía en la Convención Europea y en otros foros.

¿Qué medidas se propone adoptar la Comisión para intentar convencer al Gobierno turco de que derogue el decreto y ponga fin a las violaciones de los derechos humanos de las minorías étnicas y religiosas?

Respuesta del Sr. Verheugen en nombre de la Comisión

(24 de noviembre de 2003)

La Comisión conoce la circular del Ministerio de Educación turco, de 14 de abril de 2003, en la que se impone a las escuelas que organicen conferencias y concursos de redacción con objeto de negar «las alegaciones respecto a los armenios, los griegos del Ponto y los asirios».

La Comisión ha tratado ese asunto con las autoridades turcas en el curso del diálogo regular y también lo menciona en el informe periódico publicado el 5 de noviembre de 2003 (1).

En un contexto más general, la Comisión es consciente de las dificultades con que se enfrentan las minorías en Turquía y seguirá supervisando estrechamente el tratamiento que reciben.

----

(1)  COM(2003) 676 final.

----

----

(2004/C 88 E/0137)

PREGUNTA ESCRITA E-3045/03

de Proinsias De Rossa (PSE) a la Comisión

(17 de octubre de 2003)

Asunto:   Trabajo infantil

El Comisario Neilson, en su satisfactoria respuesta a la pregunta oral H-0405/03 (1), se comprometió a estudiar las posibilidades de apoyar al Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, de la OIT, y la propuesta de incluir el trabajo infantil en la lista provisional de objetivos/prioridades comunes de la Comisión y de la OIT, en el marco de la propuesta de asociación estratégica CE/OIT.

¿Puede indicar la Comisión qué progresos se han realizado hasta la fecha y qué piensa hacer para que se pueda disponer de fondos suficientes para desarrollar actividades específicas de seguimiento en este ámbito?

Respuesta del Sr. Nielson en nombre de la Comisión

(21 de noviembre de 2003)

La Comisión establecerá antes de finalizar 2003 una Asociación Estratégica con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en materia de cooperación para el desarrollo. En el marco de dicha Asociación, se ha definido como prioridad absoluta el desarrollo de una estrategia para la eliminación del trabajo infantil mediante el fomento de la educación primaria.

La estrategia mencionada pretende abordar la educación en el contexto de la lucha contra el trabajo infantil, enfoque que reviste particular importancia en el marco de los esfuerzos realizados por la Comisión dentro del programa «Educación para Todos». El principal objetivo de la política comunitaria en materia de educación y formación, que consiste en el logro de un acceso generalizado a la educación de acuerdo con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, no puede conseguirse sin hacer frente al problema que supone el trabajo de los niños en edad escolar.

En este contexto, puede ser de utilidad identificar las causas profundas del fenómeno, es decir, de la diferencia existente entre los derechos de que gozan los niños en virtud de las leyes y la realidad a la que se ven enfrentados cada día. El problema podría resolverse mediante las oportunas acciones específicas destinadas a ayudar a las familias pobres y a respaldarlas a través de redes de asociaciones a escala local.

En esta fase experimental, la estrategia sobre trabajo infantil y educación se aplicará en un contexto regional y, específicamente, en los países de África, el Caribe y el Pacífico (ACP). Para su financiación, la Comisión tiene previsto recurrir a la asignación del Fondo Europeo de Desarrollo para la cooperación Intra-ACP.

El socio operativo será el Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo infantil (IPEC) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La nueva estrategia vendrá a sumarse al programa IPEC/OIT ya existente. Los fondos se destinarán a la financiación de actividades no incluidas habitualmente entre las actividades del IPEC/OIT. En primer lugar, dado que, por lo general, las intervenciones del IPEC se concentran en Asia y en América Latina, la financiación de la Comisión reforzará las acciones dirigidas a los países ACP. La experiencia acumulada y las mejores prácticas aplicadas en Asia y América Latina servirán para promover acciones específicas en los países ACP que brindarán a muchos niños obligados a trabajar la oportunidad de iniciar su educación primaria o de completarla. En segundo lugar, dichos fondos se utilizarán para financiar iniciativas en el ámbito de la educación.

----

(1)  Respuesta oral, 1.7.2003.

----

----

(2004/C 88 E/0138)

PREGUNTA ESCRITA E-3133/03

de José Ribeiro e Castro (UEN) a la Comisión

(23 de octubre de 2003)

Asunto:   Angola — Falcone

El Gobierno angoleño ha nombrado a Pierre Falcone, presunto traficante de armas y actualmente enfrentado con la justicia francesa, ministro consejero en la representación diplomática de Angola ante la Unesco, lo que ha suscitado críticas de los partidos de la oposición angoleña, de la prensa internacional y reservas por parte de la propia Unesco.

Este hecho es aún más preocupante ya que puede deteriorar una vez más la comprensión internacional con respecto a las necesidades de ayuda exterior por parte de Angola, tras una larga guerra civil y la instauración de una paz definitiva, en particular si consigue perturbar en lo más mínimo el marco de cooperación de la Unión Europea o hacer retroceder nuevamente el marco político de preparación y organización de la tan esperada —y sucesivamente aplazada, por no cumplirse las condiciones-Conferencia de Donantes, frustrando así las expectativas del pueblo angoleño y frenando el ritmo de reconstrucción del país.

Respuesta del Sr. Nielson en nombre de la Comisión

(21 de noviembre de 2003)

El nombramiento de D. Pierre Falcone para el cargo de ministro consejero de la delegación permanente de Angola ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) debe valorarse, en principio, al nivel diplomático adecuado. Se trata de un caso aislado que se ha de situar en el contexto más amplio del largo recorrido de Angola para dejar atrás la guerra civil y convertirse en una democracia transparente, participativa y responsable, si bien es cierto que puede dañar la credibilidad de Angola frente a los demás países.

Las intervenciones de la Comunidad Europea son parte de una estrategia de cooperación a largo plazo con Angola y, en principio, no pueden modificarse en razón de episodios aislados. Por lo que se refiere a la preparación de la Conferencia de Donantes, la Comisión considera improbable que este incidente, por muy censurable que sea, pueda tener efectos negativos, siempre que se progrese en el diálogo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la celebración de un acuerdo y la elaboración de una estrategia viable contra la pobreza. Esos dos elementos son considerados de capital importancia por la comunidad internacional para que la Conferencia de Donantes llegue a un resultado positivo.

Tratar este problema específico en los contactos con el Gobierno de Angola no es competencia de la Comisión, que no tiene tampoco la intención de hacerlo. No obstante, en el ámbito del diálogo político con dicho país, en virtud del artículo 8 del Acuerdo de Cotonú, está previsto debatir los aspectos relativos a la transparencia y el buen gobierno y, por lo tanto, el contexto más amplio en el que se inserta el caso citado por Su Señoría. Por otra parte, las conclusiones aprobadas por el Consejo el 13 de octubre de 2003 hacen hincapié en la disposición de la Unión a ayudar al Gobierno de Angola en su lucha contra la corrupción.

----

----

(2004/C 88 E/0139)

PREGUNTA ESCRITA E-3143/03

de Stavros Xarchakos (PPE-DE) a la Comisión

(23 de octubre de 2003)

Asunto:   Precios de los vehículos privados en Grecia y prohibición de los motores de gasóleo en Atenas y Salónica

El Gobierno griego procedió recientemente (pocos meses antes de las elecciones nacionales) a anunciar una reducción en la carga tributaria por la compra de nuevos automóviles destinados al uso privado.

Como consecuencia de estos anuncios, se espera una reducción de los precios, sobre todo de los automóviles de gran cilindrada (por encima de los 2 000 centímetros cúbicos), los cuales, en todo caso, siguen siendo más caros que los modelos equivalentes en los demás países de la Unión Europea.

En lo que se refiere a la categoría de vehículos para uso privado entre los 1 800 y los 2 000 centímetros cúbicos (entre los que se encuentran vehículos con un gran nivel de seguridad activa y pasiva), la reducción del precio de venta es, en proporción, muy inferior, por lo que estos vehículos siguen resultando muy caros para los consumidores griegos, quienes además reciben los salarios más bajos de la Unión, pues los ingresos anuales per cápita sólo alcanzan el 69 % de la media comunitaria (datos de Eurostat para 2002).

Respondiendo a las peticiones de la Comisión de Medio Ambiente, el Parlamento Europeo ha subrayado reiteradamente que los actuales motores de gasóleo tienen emisiones contaminantes mucho más bajas y una potencia en caballos similar (debido al extendido uso de supercompresores) que los motores de gasolina. Se sabe que las emisiones de catalizadores averiados (que se usan en motores de gasolina sin plomo) son excepcionalmente peligrosas para la salud humana, a pesar de lo cual hay que destacar que en Atenas y Salónica se prohibe la circulación de vehículos privados con motores de gasóleo. Como resultado de todo lo anterior, existe una peligrosa contaminación atmosférica (sobre todo en Atenas, donde hay más de 2 millones de vehículos), y los consumidores griegos son quienes salen más perjudicados, pues, como es sabido, por una parte la gasolina sin plomo es más cara que el gasóleo y, por otra, los motores de gasolina tienen un consumo más elevado que los motores de gasóleo.

¿De qué forma puede intervenir la Comisión ante las autoridades griegas para que reduzcan los impuestos (y los precios de venta al detalle) de los automóviles de uso privado de la categoría entre los 1 800 y los 2 000 centímetros cúbicos, cosa de gran interés (debido a su coste) para los consumidores griegos? ¿Es correcta y adecuada para el medio ambiente la prohibición de la circulación de automóviles privados con modernos motores de gasóleo en las dos principales ciudades de Grecia? ¿Qué medidas ha tomado hasta ahora la Comisión en relación con los dos temas de referencia y qué respuestas ha obtenido de las autoridades griegas?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(17 de diciembre de 2003)

La Comisión desea informar a Su Señoría de que, si se exceptúan las normas comunes aplicables a los impuestos anuales y los gravámenes sobre los vehículos pesados de carga, los Estados miembros no aplican apenas normas comunitarias o disposiciones fiscales nacionales armonizadas en el ámbito de la fiscalidad de los automóviles de turismo. Por consiguiente, corresponde a cada Estado miembro establecer sus propias disposiciones para la tributación de tales automóviles, las cuales deben atenerse a los principios generales del Tratado CE y, en particular, no implicar trámites fronterizos en el comercio entre Estados miembros y ajustarse al principio de no discriminación.

La Comisión es consciente de que existen considerables disparidades en el impuesto de matriculación entre los Estados miembros que aún aplican este tributo. En una Comunicación titulada «La fiscalidad de los turismos en la Unión Europea» (1) y presentada en septiembre de 2002, la Comisión preconizaba que los Estados miembros abolieran o redujeran sustancialmente el impuesto de matriculación durante un período transitorio de entre cinco y diez años. La Comunicación proponía también medidas que permitieran establecer una relación más directa entre los niveles de imposición y las emisiones de dióxido de carbono (CO2) para los nuevos turismos. El Parlamento emitió un dictamen favorable sobre esta Comunicación con ocasión de su sesión plenaria de los días 5 y 6 de noviembre de 2003.

La Comisión pone de relieve que cualquier iniciativa que adopte, a la luz de los resultados de este debate en el Consejo y el Parlamento, con vistas a la aproximación de las disposiciones fiscales relativas a los turismos, ha de ser aprobada por unanimidad por los Estados miembros en el Consejo.

En lo que respecta a la prohibición de los automóviles diésel en las dos mayores ciudades griegas, la Comisión considera conveniente recordar que, al evaluar el impacto ambiental de tales automóviles, debe hacerse una distinción entre los aspectos relativos a la contaminación del aire ambiente y los relativos al cambio climático. En comparación con los automóviles de gasolina, los coches diésel modernos hacen posible una reducción de las emisiones de CO2, lo cual es fundamental para prevenir el cambio climático. Por otro lado, no obstante, los diésel conllevan un nivel considerablemente más alto de emisiones contaminantes que inciden negativamente en la calidad del aire, como partículas y óxidos de nitrógeno. La concentración de estos contaminantes en el aire ambiente está regulada por la Directiva 1999/30/CE del Consejo, de 22 de abril de 1999, relativa a los valores límite de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y óxidos de nitrógeno, partículas y plomo en el aire ambiente (2), que fija valores límite y márgenes de tolerancia. De acuerdo con los informes presentados a la Comisión en virtud de la Directiva marco sobre la calidad del aire, en la región del Ática siguen superándose los valores límite y los márgenes de tolerancia, por lo que es necesario adoptar o mantener medidas que permitan erradicar fuentes específicas de contaminación, siempre que dichas medidas sean compatibles con el Tratado CE.

Para mayor información sobre la contaminación del aire ambiente en Grecia, la Comisión remite a Su Señoría a la respuesta a la pregunta escrita E-3217/03 de Antonios Trakatellis (3).

----

(1)  COM(2002)431 final.

(2)DO L 163 de 29.6.1999.

(3)DO C 78 E de 27.3.2004, p. 791.

----

----

(2004/C 88 E/0140)

PREGUNTA ESCRITA E-3159/03

de Dirk Sterckx (ELDR) a la Comisión

(24 de octubre de 2003)

Asunto:   Desigualdad de trato a servicios de mudanza profesionales a la hora de importar en la UE enseres de mudanza procedentes de Estados no miembros de la Unión, debido a diferencias de interpretación del Reglamento (CEE) no 918/83

Cuando se importan enseres personales que forman parte de una mudanza a un Estado miembro desde fuera de la Unión Europea pasando por el Reino Unido, los Países Bajos y Suecia, las autoridades aduaneras de estos países eximen del pago de aranceles de importación y del IVA a estos enseres para todo el territorio de la Unión Europea.

No obstante, algunos Estados miembros, como Bélgica, entregan a los antiguos habitantes de terceros países que entran en la UE un formulario T para una operación de tránsito comunitario externo, en virtud del cual sus enseres de mudanza sólo están exentos del pago de aranceles de importación y del IVA hasta la frontera de destino final, donde deben despacharse en la aduana. Así, la decisión sobre la exención de los derechos de importación y del IVA corresponde a las instancias aduaneras del Estado miembro de destino final.

Parece evidente que este procedimiento perjudica a los servicios de mudanza profesionales establecidos en Estados miembros que aplican el procedimiento del formulario T, frente a sus competidores en el Reino Unido, los Países Bajos y Suecia, ya que cada vez son más los clientes que recurren a servicios de mudanza de Inglaterra, los Países Bajos y Suecia, donde la normativa es más flexible.

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(11 de diciembre de 2003)

----

(1)DO L 105 de 23.4.1983, p. 1.

(2)  Reglamento (CEE) no 918/83 del Consejo, de 28 de marzo de 1983, relativo al establecimiento de un régimen comunitario de franquicias aduaneras.

(3)  Sexta Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, en materia de armonización de las legislaciones de los Estados Miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido: base imponible uniforme, DO L 145 de 13.6.1977.

(4)  Directiva 83/181/CEE del Consejo, de 28 de marzo de 1983, que delimita el ámbito de aplicación de la letra d) del apartado 1 del artículo 14 de la Directiva 77/388/CEE en lo referente a la exención del impuesto sobre el valor añadido de algunas importaciones definitivas de bienes, DO L 105 de 23.4.1983.

(5)DO C 301 E de 5.12.2002.

----

----

(2004/C 88 E/0141)

PREGUNTA ESCRITA E-3163/03

de Bill Miller (PSE) a la Comisión

(24 de octubre de 2003)

Asunto:   Política regional en Hungría

¿Qué políticas regionales se han aplicado en Hungría? ¿De qué manera se han utilizado/distribuido los programas/subvenciones de la fase de preadhesión p. ej., número/tipo —privados, públicos, empresas— de candidatos/destinatarios por programa; distribución por condados; éxito/costes/localización de los principales proyectos; empleo de los fondos de ISPA, PHARE y Sapard; integración de los proyectos de la UE en los programas de desarrollo rural del Gobierno húngaro; objetivos a largo plazo de la Unión Europea para la política regional húngara después de la adhesión)?

Respuesta del Señor Verheugen en nombre de la Comisión

(19 de noviembre de 2003)

La importancia que se atribuye en Hungría al desarrollo regional se refleja en la Ley de Desarrollo Regional y Planificación Física de 1996, como resultado de la cual se han creado y están actualmente en funcionamiento los Consejos de Desarrollo Regional. Las estrategias de desarrollo regional se han incluido en el Plan preliminar de Desarrollo Nacional (2000-2002) y, subsiguientemente, en el Plan de Desarrollo Nacional (2003-2006).

La Comisión Europea ha apoyado los esfuerzos de Hungría para preparar su futura participación en la Política Regional de Unión y, por consiguiente, la gestión y la utilización futuras de los Fondos Estructurales y de Cohesión, por medio de los fondos de preadhesión (Phare, ISPA y Sapard).

Desde 1998, se ha proporcionado con cargo a Phare una considerable asistencia al desarrollo institucional (12,5 millones de euros repartidos en distintos ejercicios presupuestarios) con objeto de crear y consolidar las estructuras institucionales, preparar para una futura gestión saludable y eficiente de los Fondos Estructurales y de Cohesión de la Unión y también para asistir al proceso de programación. También se está proporcionando ayuda a Hungría para crear un canal adecuado para los proyectos (15 millones de euros). En 2004 se proseguirán las actividades financiadas por Phare con objeto de asistir a Hungría en la primera fase de las operaciones de los Fondos Estructurales.

Con la financiación de Phare también se ha dado asistencia a las acciones de inversión y, a este respecto, se ha delimitado un «subprograma» especial para el período en 2002-2003 destinado principalmente a proporcionar asistencia más coherente con el enfoque del Objetivo 1 hacia los Fondos Estructurales. Este programa, basado en el Plan de Desarrollo Nacional preliminar, y cofinanciado por Phare y el Gobierno de Hungría (84 millones de euros y 66,23 millones de euros, respectivamente), se centra en tres medidas destinadas a apoyar la reincorporación al mercado laboral de los desempleados de larga duración (especialmente, de los romaníes), la introducción de la tecnología de la información en las escuelas primarias y la promoción del desarrollo local.

Globalmente, ha contribuido en gran medida a la preparación de Hungría para la adhesión, tanto en general como de manera específica en relación con la aplicación de los Fondos Estructurales. Se han consolidado las instituciones, formado al personal, iniciado acciones piloto y, gracias al programa de Cohesión Económica y Social 2002-2003, la totalidad del país participó por primera vez en un ejercicio conjunto de programación y aplicación.

Puede verse más información sobre los Programas Phare 1998-2003 y más detalles sobre la asignación específica para los subprogramas en el siguiente sitio web: http://europa.eu.int/comm/enlargement/finan-cial_assistance.htm.

Por lo que respecta a ISPA (Instrumento de Política Estructural de Preadhesión), Hungría también recibió de este programa 88,3 millones de euros en 2000, 90,8 millones de euros en 2001 y 94,2 millones de euros en 2002, y recibirá 94,5 millones de euros en 2003. La asistencia se dividía de manera igual, grosso modo, entre los programas de medio ambiente y los de transportes. Durante los tres primeros años de su funcionamiento, se ha comprometido el 100 % de las asignaciones de ISPA. El Gobierno de Hungría también ha elaborado unos Documentos de Estrategia para transportes y medio ambiente.

La información detallada sobre los proyectos ISPA se encuentra en el siguiente sitio web: http://europa.eu.int/comm/regional_policy/funds/ispa/ispa_fr.htm.

En cuanto al programa Sapard (Programa especial de adhesión para el desarrollo agrícola y rural) para Hungría, fue adoptado por la Comisión en octubre de 2000. Está prevista en él la mejora de la competitividad del sector agrícola y de la industria han de transformación centrándose en la protección ambiental; también se destina a aumentar las capacidades de adaptación de las zonas rurales. El promedio de gasto público anual ascenderá a 50,5 millones de euros durante el período 2000-2003, de los cuales 38,7 millones corresponderán a la contribución de la Comunidad. Para finales de septiembre de 2003, se habrá aprobado un total de 541 proyectos Sapard por un montante total de créditos de alrededor de 40 millones de euros.

----

----

(2004/C 88 E/0142)

PREGUNTA ESCRITA E-3185/03

de Geoffrey Van Orden (PPE-DE) a la Comisión

(27 de octubre de 2003)

Asunto:   Franquicias en las islas Canarias

¿Por qué motivo pueden la islas Canarias imponer límites más estrictos que otras regiones de la UE a los ciudadanos de la UE que importan y exportan productos libres de impuestos?

Si esta práctica se debe a una excepción de las normas vigentes en la UE, ¿puede indicar la Comisión la fecha en la que está previsto que expire dicha excepción?

Respuesta del Señor Bolkestein en nombre de la Comisión

(17 de diciembre de 2003)

Algunos territorios, entre ellos las Islas Canarias, están excluidos del territorio fiscal de la Comunidad (1), principalmente por razones históricas o geográficas. Por esa razón las Islas Canarias pueden fijar límites más estrictos en la importación y exportación de mercancías por parte de viajeros procedentes de la Unión, distintos a los que se aplican en general en la Comunidad.

La situación especial concedida a las Islas Canarias no está limitada temporalmente. No obstante, puede suprimirse a iniciativa de la Comisión (2), que habría que presentar las propuestas necesarias, o bien, en lo que atañe a los impuestos especiales, mediante una notificación presentada por España (3).

----

(1)  Véase el apartado 3 del artículo 3 de la sexta Directiva 77/388/CEE del Consejo del 17 de mayo de 1977 en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido: base imponible uniforme, DO L 145 de 13.6.1977 y artículo 2 de la Directiva 92/12/CEE del Consejo del 25 de febrero de 1992 relativa al régimen general, tenencia, circulación y controles de los productos objeto de impuestos, DO L 76 de 23.3.1992.

(2)  Véase el apartado 5 del artículo 3 de la sexta Directiva del IVA.

(3)  Véase el apartado 2 del artículo 2 de la Directiva 92/12/CEE.

----

----

(2004/C 88 E/0143)

PREGUNTA ESCRITA E-3223/03

de Anna Karamanou (PSE) a la Comisión

(31 de octubre de 2003)

Asunto:   Niños condenados a muerte en Filipinas

Un informe reciente de Amnistía Internacional revela que en Filipinas hay niños encerrados en cárceles, condenados a muerte, que esperan su ejecución. De acuerdo con la Convención sobre los Derechos del Niño, suscrita asimismo por Filipinas, y con la propia legislación nacional, los jóvenes que hayan cometido algún delito antes de los 18 años de edad no pueden ser condenados a muerte ni ser ejecutados. Así pues, es evidente que dicha práctica llevada a cabo por Filipinas viola tanto la legislación nacional como la internacional.

¿Qué acciones pretende tomar la Comisión para ejercer presión sobre el Gobierno de Filipinas con el fin de que este asuma plenamente y de facto las limitaciones previstas por la legislación nacional e internacional en relación con los delincuentes menores de edad?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(3 de diciembre de 2003)

La Comisión comparte la preocupación que expresa Su Señoría ante los informes relativos a la condena a muerte de niños en Filipinas.

La Comisión confirma que Filipinas es signataria de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y que, en aplicación de esta Convención, el artículo 47 del Código Penal de Filipinas establece que no se puede imponer la pena de muerte si el delincuente tenía menos de 18 años de edad cuando se cometió el delito.

La investigación indica que la edad del acusado no se incluye automáticamente en el expediente de un caso cuando se juzga. Los jueces no inquieren sistemáticamente al respecto y sólo si la defensa plantea la cuestión de la edad ésta se tiene en cuenta en el fallo judicial. Este problema es especialmente grave para quienes no pueden permitirse una representación letrada privada. El problema se complica aún más por el hecho de que algunos condenados no tienen certificado de nacimiento y, por lo tanto, es difícil demostrar que son menores de edad.

Hay actualmente 17 personas condenadas a muerte en Filipinas que, según los informes, eran menores en el momento en que se cometieron los delitos por los que se les ha condenado. La Fundación Jesuita de Asistencia Penitenciaria de Filipinas señaló esta cuestión a la atención del Tribunal Supremo de Filipinas, que ha ordenado ahora a un tribunal regional que determine la edad real de estas personas.

A través de su Delegación en Manila y junto con las representaciones de los Estados miembros en Filipinas, la Comisión ha seguido de cerca la evolución de la situación en relación con la pena de muerte y ha expresado en varias ocasiones su preocupación al Gobierno a través de gestiones de la Troika.

Por otra parte, la cuestión de la pena de muerte es un elemento constante en la política de cooperación de la Comisión con Filipinas. En el marco de la Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos, la Comisión apoya a organizaciones no gubernamentales (ONG) e instituciones locales que trabajan activamente en favor de la abolición de la pena de muerte.

Los fondos comprometidos para este fin desde noviembre de 2000 ascienden en total a 805 798 euros, que se han destinado a acciones como la prestación de asistencia letrada gratuita a indigentes condenados a muerte, la formación de abogados y jueces, la realización de pruebas de ADN después de la condena (para ayudar a revisar las condenas equivocadas), investigación y actividades de captación de apoyos.

Como pone de manifiesto el problema de los menores de edad condenados a muerte, el sistema judicial de Filipinas tiene diversas deficiencias. La Comisión ha señalado éste como uno de sus ámbitos prioritarios de asistencia al país, y financiará un programa de buena gobernanza con objeto de mejorar el acceso de los pobres a la justicia.

Se ha sometido para su aprobación en la Cámara de Representantes y en el Senado un proyecto de ley por el que se establece la abolición de la pena de muerte en Filipinas, que, tras haberse ultimado en comité en mayo de 2003, está listo para someterlo a debate en ambas cámaras del Congreso. Sin embargo, y aunque los grupos favorables a la abolición de la pena de muerte parecen haber reunido apoyo suficiente para que el proyecto de ley se apruebe en ambas cámaras, la probabilidad de que así suceda disminuye a medida que se acercan las elecciones de mayo de 2004, ya que la pena de muerte sigue siendo una cuestión controvertida en Filipinas.

----

----

(2004/C 88 E/0144)

PREGUNTA ESCRITA E-3244/03

de Margrietus van den Berg (PSE) a la Comisión

(3 de noviembre de 2003)

Asunto:   Red de coherencia en la política de desarrollo (Policy Coherence for Development)

A instancia de los Países Bajos se ha creado recientemente una Red de coherencia en la política de desarrollo, cuyo objetivo es fomentar el intercambio de información sobre los expedientes de coherencia entre los Estados miembros de la UE.

Respuesta del Sr. Nielson en nombre de la Comisión

(11 de diciembre de 2003)

En la reunión de Directores Generales de Desarrollo de la Unión, celebrada los días 2 y 3 de octubre de 2003, el Director General holandés presentó una propuesta para establecer una red informal sobre coherencia a nivel de altos funcionarios, que se dedicaría a desarrollar las capacidades, coordinar y establecer objetivos concretos para mejorar la coherencia. Los participantes se notificarían mutuamente sus iniciativas de política con implicaciones en cuanto a cooperación al desarrollo y señalarían los posibles casos de incoherencia.

El objetivo principal de la red sería mejorar la coordinación entre los Estados miembros. Respecto a los asuntos clave de coherencia de políticas, los Estados miembros pondrían mayor cuidado en enviarse notificaciones y coordinarse: intercambiar información sobre decisiones pendientes, compartir análisis sobre aspectos de desarrollo, proyectos de posiciones y, siempre que fuera posible, coordinar las estrategias. Se explicó que un intercambio semejante ayudaría a garantizar que la perspectiva de desarrollo se tiene en cuenta de manera efectiva en la toma de decisiones a nivel de la Unión.

La propuesta fue acogida calurosamente.

La Comisión participará en calidad de miembro de esa red.

Actualmente, la red está todavía en su fase de iniciación. En los Estados miembros están designando a los coordinadores para el intercambio de información y la colaboración entre ellos y con la Comisión sobre las cuestiones de coherencia. También se está preparando una lista de cuestiones prioritarias.

----

----

(2004/C 88 E/0145)

PREGUNTA ESCRITA E-3252/03

de Baroness Sarah Ludford (ELDR) a la Comisión

(3 de noviembre de 2003)

Asunto:   Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY)

El Consejo de Relaciones Exteriores celebrado el pasado 13 de octubre expresó su profunda preocupación por el hecho de que algunos países de los Balcanes Occidentales sigan sin cooperar lo suficiente con el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY) y reiteró la necesidad de redoblar los esfuerzos para que Radovan Karadzic, el General Mladic y el General Gotovina sean procesados por el TPIY.

En su Posición común 2003/280/PESC (1), de 16 de abril de 2003, el Consejo impuso una prohibición de circulación en su territorio a determinadas personas que obstruyen el mandato del TPIY, lo cual ha tenido repercusiones positivas, especialmente en Bosnia y Herzegovina (BIH).

¿Qué medidas se propone adoptar la Comisión para ampliar la lista de personas contemplada en la Posición común, de forma que se incluya en la misma a quienes ayudan a los inculpados por el TPIY que se encuentran en la región a evadir la justicia?

Concretamente, ¿se va a imponer la prohibición de circulación a quienes protegen a Karadzic, Mladic y Gotovina, que, según el TPIY, cuentan con importantes redes de apoyo en Croacia y en Serbia y Montenegro?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(26 de noviembre de 2003)

Mediante la Posición Común 2003/280/PESC, de 16 de abril de 2003, el Consejo adoptó medidas para impedir la entrada en el territorio de un Estado miembro o el tránsito por el mismo de individuos dedicados a actividades que permitan a otros a evadir la justicia en relación con crímenes por los que el TPIY los haya procesado.

Al adoptar esta Posición Común, el Consejo acordó que en caso necesario podrían aprobarse modificaciones a la lista de personas identificadas en el anexo. De este modo, el 27 de junio de 2003, con arreglo a la Decisión 2003/484/PESC del Consejo (2), el Consejo, siguiendo las recomendaciones de la Oficina del Alto Representante para Bosnia y Hercegovina y previas consultas con el TPIY, añadió nuevos nombres a la lista.

La Comisión y los Estados miembros permanecen en contacto con el TPIY y con el Alto Representante para Bosnia y Hercegovina y prosiguen su examen de la lista. Cuando surjan nuevas pruebas relativas a otros individuos, podrán tomarse las medidas apropiadas.

----

(1)DO L 101 de 23.4.2003, p. 22.

(2)DO L 162 de 1.7.2003, modificado por DO L 178 de 17.7.2003.

----

----

(2004/C 88 E/0146)

PREGUNTA ESCRITA E-3263/03

de Erik Meijer (GUE/NGL) a la Comisión

(4 de noviembre de 2003)

Asunto:   La facultad de la Región valona para autorizar la exportación de armas y su utilización para la represión de la población de Nepal

Fuente: Diario belga «De Morgen» de 17 de octubre de 2003.

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(4 de diciembre de 2003)

La Comisión conoce perfectamente el conflicto que se desarrolla en Nepal y lamenta profundamente la interrupción de las conversaciones de paz el 27 de agosto de 2003 y el aumento de la violencia y de su coste en vidas desde entonces.

El comercio de armas se trata actualmente en el marco de la política exterior y de seguridad común (PESC), a la que la Comisión está plenamente vinculada. En junio de 1998, la Unión adoptó el Código de Conducta en materia de exportación de armas, enmarcado en la PESC y basado en criterios que los Estados miembros se comprometieron a respetar.

La Comisión, aunque comparte la preocupación de Su Señoría, no tiene ni la autoridad ni los medios para controlar la exportación de armas. La responsabilidad de conceder licencias para la exportación de armas es un asunto interno que incumbe plenamente a los Estados miembros organizar como les parezca más adecuado para cumplir las obligaciones que han contraído en virtud del Código de Conducta.

----

----

(2004/C 88 E/0147)

PREGUNTA ESCRITA E-3292/03

de Claude Moraes (PSE) a la Comisión

(7 de noviembre de 2003)

Asunto:   La sharia

El Centre for Legal Aid Assistance and Settlement, una organización interconfesional de mi circunscripción electoral dedicada a prestar asistencia jurídica, me ha hecho saber que numerosos cristianos que viven en el Pakistán son objeto permanente de amenazas y de actos de intimidación cotidianos. Tras la adopción de la sharia a inicios del presente año por la Asamblea Provincial de la Provincia Fronteriza Nororiental, los cristianos y los miembros de otras minorías religiosas de la región no pueden orar libremente y están siendo convertidos al Islam a la fuerza. Además, son objeto de vejaciones y persecuciones por sus creencias y, en aplicación de esta estricta ley islámica, se les deniegan sus derechos humanos. Cada vez es mayor el grado de preocupación con respecto a la posibilidad de que la alianza de partidos islámicos Muttahidda Majilis-e Amal (MMA) pueda convencer al Gobierno federal a que apoye la sharia y que la aplique en todo el país.

¿Podría exponer la Comisión su punto de vista con respecto a esta situación y dar su opinión sobre la posibilidad de que los no musulmanes queden exentos de la sharia?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(4 de diciembre de 2003)

A la Comisión le preocupa la situación de los cristianos y otras minorías religiosas en Pakistán, y así lo ha señalado en varias ocasiones a las autoridades paquistaníes a través de los contactos diplomáticos de la Unión en Islamabad. La Delegación de la Comisión y las Embajadas de los Estados miembros seguirán planteando estas cuestiones al Gobierno de Pakistán.

La ley de la sharia entró en vigor en la Provincia Fronteriza Noroccidental el 19 de junio de 2003. Sin embargo, las distintas comisiones creadas para revisar la legislación vigente a fin de adaptarla a los preceptos islámicos aún no han realizado ningún trabajo. Por otra parte, el Gobernador de la Provincia Fronteriza Noroccidental ha planteado una serie de inquietudes en relación con el proyecto de ley del Hasba, cuyo objeto es hacer que se cumpla la sharia mediante la designación de un defensor del pueblo con competencias policiales. Estas inquietudes se han transmitido al Consejo de Ideología Islámica, que tiene que emitir un dictamen no vinculante. En tales circunstancias, no está nada claro que la Asamblea de la Provincia Fronteriza Noroccidental vaya a adoptar el proyecto de ley del Hasba. A este respecto cabe señalar que la ley de la sharia aprobada en la Provincia Fronteriza Noroccidental es casi una réplica del proyecto de ley de la sharia aprobado a escala nacional en 1991 y que nunca se ha puesto en práctica.

A través de su Delegación en Pakistan, la Comisión mantiene un contacto habitual con diversas organizaciones no gubernamentales locales e internacionales que trabajan para minorías religiosas y ha estado atenta a posibles casos de violencia o discriminación contra las minorías religiosas desde la adopción de la sharia en la Provincia Fronteriza Noroccidental. Hasta ahora no se ha denunciado un aumento de este tipo de casos. Sin embargo, las minorías afirman que ahora sienten mayor presión psicológica e incertidumbre sobre su futuro.

No parece que haya una respuesta definitiva acerca de si los no musulmanes deberían estar exentos de la sharia. Si bien la Constitución de Pakistán prevé, en el apartado 1 de su artículo 227, que toda la legislación vigente debe adaptarse para que sea conforme con los preceptos del Islam establecidos en el Santo Corán y en la Sunna, contiene también una serie de disposiciones que protegen a las minorías. El artículo 20 de la Constitución garantiza la libertad de profesar religión y de gestionar instituciones religiosas. El artículo 36 exige al Estado que proteja los derechos de las minorías y el apartado 3 del artículo 227 prohíbe que las leyes afecten a la legislación personal de los no musulmanes o a su estatuto como ciudadanos.

De acuerdo con lo anterior, a algunos expertos islámicos les puede parecer que la sharia debe respetar los mencionados derechos de las minorías reconocidos en la Constitución y que algunas de las obligaciones que incumben a los musulmanes no serían aplicables a las minorías religiosas. Sin embargo, el proyecto de ley del Hasba no prevé tal distinción entre las minorías y la mayoría musulmana: las disposiciones que contiene se impondrían a las minorías igual que a los musulmanes.

Aunque la cuestión de la aplicación de la sharia pueda estar sujeta a debate, la Comisión seguirá reiterando a las autoridades paquistaníes la necesidad de proteger a los cristianos y a otras minorías, así como de evitar la violencia sectaria. Además, a través de algunas de sus actividades de cooperación, la Comisión seguirá ocupándose también de la mejora de las cuestiones relacionadas con los derechos humanos, incluida la no discriminación de las minorías.

----

----

(2004/C 88 E/0148)

PREGUNTA ESCRITA P-3303/03

de Luigi Vinci (GUE/NGL) a la Comisión

(3 de noviembre de 2003)

Asunto:   Turquía y el último informe de la Asociación turca de derechos humanos

La Asociación turca de derechos humanos (IHD) declara en su último informe, que incluye una extensa documentación, que en los últimos seis meses las violaciones de los derechos humanos en Turquía, por parte de numerosos órganos estatales, igualaron la cantidad de violaciones de todo el año anterior.

¿Puede dar a conocer la Comisión su opinión sobre dicha declaración de la IHD, es decir, considera que es o no auténtica? ¿Está al corriente la Comisión de los casos a que se refiere el informe de la IHD y, en general, de los casos recogidos en los varios informes recientes de la IHD y de otras asociaciones de defensa de los derechos humanos en Turquía?

Respuesta del Sr. Verheugen en nombre de la Comisión

(26 de noviembre de 2003)

La Comisión conoce el informe publicado por la Asociación turca de derechos humanos. La Comisión recibe periódicamente informes de dicha Asociación y de otras organizaciones no gubernamentales activas en el ámbito de los derechos humanos. Todos ellos son fuentes de información útiles para evaluar la situación de los derechos humanos en Turquía.

En el informe periódico publicado el 5 de noviembre de 2003 (1), la Comisión efectúa una evaluación detallada del proceso de reforma emprendido por Turquía y del impacto de las medidas adoptadas en la situación de los derechos humanos.

----

(1)  COM(2003) 676 final.

----

----

(2004/C 88 E/0149)

PREGUNTA ESCRITA P-3375/03

de Antonios Trakatellis (PPE-DE) a la Comisión

(10 de noviembre de 2003)

Asunto:   Seguridad nuclear: desmantelamiento de centrales y asunción de costes

El incremento de la seguridad nuclear constituye una prioridad no sólo en la Unión Europea habida cuenta de la adhesión de diez nuevos Estados miembros, sino también en los países candidatos y adherentes. Tras un estudio, la Comisión ha solicitado el cierre de determinadas centrales que no pueden competir a un coste razonable con los niveles admisibles de seguridad establecidos a escala internacional (Kozlodui 1 y 4, Ignalina 1 y 2 y Bohunice 1 y 2). La Comisión ha solicitado asimismo una mayor seguridad de los reactores ubicados en los países candidatos con objeto de que la seguridad alcance un nivel comparable con el existente hoy en día en la Unión para reactores equivalentes. Sin embargo, según declaraciones de funcionarios búlgaros, se ha solicitado volver a negociar el cierre de las unidades 3 y 4 de Kozlodui, lo cual suscita una preocupación justificada.

¿Cómo piensa garantizar la Comisión el cumplimiento, por parte de los Estados, de los compromisos contraídos en memorandos firmados entre éstos y la Comisión (por ejemplo, en el caso de Bulgaria), así como el respeto de las relaciones comerciales con la Unión Europea por lo que respecta al cierre y desmantelamiento de las centrales peligrosas que no pueden competir a un coste razonable con los niveles admisibles de seguridad establecidos a escala internacional?

¿Qué acciones, créditos y préstamos se han fijado y se están ejecutando para el desmantelamiento de las centrales peligrosas que no pueden competir a un coste razonable con los niveles admisibles de seguridad establecidos a escala internacional, y qué medidas se han adoptado para no financiar proyectos y acciones en Estados que incumplen o no se ajustan a los compromisos internacionales contraídos?

¿Qué medidas tiene intención de adoptar la Comisión para asumir el coste externo de la energía nuclear resultante de los gastos de desmantelamiento o renovación para mejorar la seguridad, con objeto de que no resulte afectada la competencia en el mercado de la energía eléctrica en la Unión Europea?

Respuesta del Sr. Verheugen en nombre de la Comisión

(8 de diciembre de 2003)

Bulgaria se comprometió a cerrar las unidades 1 y 2 de la central nuclear de Kozloduy antes de finales de 2002, en el marco del cierre provisional del capítulo energía de las negociaciones de adhesión celebradas el 18 de noviembre de 2002. Asimismo, Bulgaria se ha comprometido a cerrar las unidades 3 y 4 en 2006. En el ámbito de la denominada evaluación paritaria que se lleva a cabo bajo la égida del Consejo Europeo, la Unión decidió enviar una misión de expertos a Bulgaria, tal como se acordó en las negociaciones para la adhesión. La misión se llevó a cabo entre los días 17 y 19 de noviembre de 2003 y el Consejo evaluará los resultados.

Los compromisos de cierre de la central nuclear de Ignalina en Lituania y V1 Bohunice en Eslovaquia se han incluido en los protocolos del Tratado de Adhesión. En el momento oportuno la Comisión propondrá que también los compromisos de cierre de la central nuclear de Kozloduy se incluyan en el Tratado de Adhesión de Bulgaria.

La Comisión presupone que los países cumplirán plenamente sus compromisos de cierre en el marco del futuro derecho primario de la Unión y continuará supervisando atentamente la observancia.

Para apoyar las actividades de desmantelamiento y resolver los problemas del cierre y el desmantelamiento, a través de decisiones de financiación, la Comunidad ha concedido hasta el año 2003 las contribuciones siguientes:

Por lo que se refiere al período tras la adhesión, Lituania recibirá para el desmantelamiento, de 2004 al 2006, una contribución financiera suplementaria por un importe de 285 millones de euros. Asimismo, la Unión asumió el compromiso de continuar concediendo otras ayudas comunitarias para las actividades de desmantelamiento en Lituania también después de 2006.

Por lo que se refiere a Eslovaquia, la contribución financiera para el período que va de 2004 al 2006 asciende a 90 millones de euros. La Unión reconoce que el proceso de desmantelamiento se prolongará más allá del 2006 y que estas actividades constituyen para Eslovaquia un gasto financiero significativo. Las decisiones sobre la continuación de la ayuda comunitaria en este sector con posterioridad a 2006 tomarán esta situación en consideración.

Por lo que se refiere a Bulgaria, el importe previsto de 158,75 millones de euros podría incrementarse a 200 millones de euros, previa autorización de la autoridad presupuestaria. Además, con ocasión del cierre provisional del capítulo energía, en el ámbito del cual Bulgaria se comprometió al cierre de las unidades 3 y 4 en 2006, la Unión ha expresado su disponibilidad a tomar en consideración una ulterior contribución. Un préstamo Euratom de 212,5 millones de euros, para la modernización de las unidades 5 y 6, forma parte de la intervención.

El grueso de las contribuciones se desembolsa a través de fondos especiales para el desmantelamiento, administrados por el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD), a los que contribuyen otros donantes.

El reglamento de los tres fondos internacionales de apoyo al desmantelamiento contiene disposiciones explícitas, las cuales prevén que dichos programas se subordinen al respeto de los compromisos de cierre suscritos.

En la Unión, los operadores de las centrales nucleares prevén un procedimiento para cubrir los futuros costes del desmantelamiento y la gestión de los correspondientes residuos radiactivos. Estos procedimientos, en general, se llevan a cabo cargando un porcentaje del precio de venta de la energía. Los costes de desmantelamiento están por consiguiente incluidos en los costes de producción de la electricidad. Las modificaciones realizadas en las centrales para que cumplan los requisitos de seguridad se consideran en general como inversiones y por lo tanto están sujetas a las normas financieras de cada país.

----

----

(2004/C 88 E/0150)

PREGUNTA ESCRITA E-3382/03

de Cristiana Muscardini (UEN) a la Comisión

(17 de noviembre de 2003)

Asunto:   Secuestro de un voluntario de MSF

El 12 de agosto de 2003 fue secuestrado en Majachkala, capital de Daguestán, el Sr. Arjan Erkel, voluntario de Médicos Sin Fronteras (MSF) y jefe de misión en el Cáucaso. Hasta la fecha, MSF no ha vuelto a tener noticias de él, ni ha recibido reivindicaciones o exigencias de rescate. El doctor Erkel es el cuarto voluntario de MSF secuestrado en el norte del Cáucaso desde 1996. El número de trabajadores humanitarios secuestrados en esta región desde 1995 se eleva ya a 56. Desde 1994, año en que comenzó el primer conflicto, hasta hoy, han muerto casi 200 000 personas (casi el 20 % de la población), y otras 300 000 personas se han visto obligadas a huir, bien a los campos habilitados en territorio checheno, bien a los situados en Ingusetia. Este nuevo secuestro de un trabajador humanitario es una prueba más de las inseguras condiciones en que éstos han de desarrollar su labor y del peligro en que se encuentran los que quieren ayudar a la población civil en zonas en las que la violencia está al orden del día y la labor humanitaria no se respeta. Teniendo en cuenta esta terrible y dolorosa situación, ¿puede indicar la Comisión:

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(17 de diciembre de 2003)

La Comisión está profundamente preocupada por el Sr. Erkel, que fue secuestrado en Daguestán mientras trabajaba en un proyecto financiado por la Oficina Europea de Ayuda Humanitaria (ECHO). La Comisión ha solicitado en varias ocasiones —inclusive con motivo de la Cumbre UE/Rusia celebrada en Roma el 6 de noviembre de 2003— la ayuda de Rusia, a fin de lograr la pronta liberación del Sr. Erkel.

La Comisión, a través de ECHO, es el mayor donante de ayuda humanitaria en el norte del Cáucaso y es consciente de las malísimas condiciones de seguridad en las que operan los trabajadores humanitarios, en particular en Chechenia. En este contexto, la Comisión ha insistido reiteradamente ante las autoridades rusas en que faciliten la aportación de ayuda humanitaria, facilitando el acceso de los trabajadores humanitarios a Chechenia, ofreciendo a las organizaciones no gubernamentales (ONG) acceso a las comunicaciones por radio de muy alta frecuencia de las Naciones Unidas, garantizando la seguridad de los trabajadores humanitarios y permitiendo a ECHO abrir una oficina en Nazran, Ingushetia. Lamenta que Rusia no haya tomado aún medidas concretas en este sentido. Por el contrario, el sistema de permisos de acceso a Chechenia es aún más opaco que antes y sigue reinando una absoluta inseguridad.

La Comisión continuará aprovechando las reuniones de diálogo político para instar a las autoridades rusas a que mejoren la seguridad y las condiciones de acceso en el norte del Cáucaso.

----

----

(2004/C 88 E/0151)

PREGUNTA ESCRITA E-3399/03

de Olle Schmidt (ELDR) a la Comisión

(17 de noviembre de 2003)

Asunto:   Azerbaiyán

En Azerbaiyán se han celebrado recientemente elecciones presidenciales. A raíz de estas elecciones se han registrado disturbios y desórdenes de carácter político. El nuevo Presidente, Ilham Alíyev, hijo del anterior Presidente, ya ha reprimido duramente toda forma de oposición. Azerbaiyán es un país con problemas graves que cuenta con un número muy elevado de refugiados, tiene un medio ambiente degradado y está en conflicto con sus países vecinos. Además, dispone de recursos petrolíferos importantes, lo que hace que la región resulte interesante para muchos, incluidos los EE.UU. y la Unión Europea. Pero este interés económico no debe llevarnos a todos a ignorar las anomalías que se registran en Azerbaiyán. Es muy necesario que en este país se lleven a cabo reformas y se emprendan tareas de reconstrucción, lo que es perfectamente posible con los ingresos previstos procedentes del petróleo. No obstante, lo que está ocurriendo en la actualidad parece indicar que el país se ha convertido en el coto privado del clan Alíyev, entre cuyas prioridades no figuran la democratización ni la mejora de las condiciones de vida.

Por consiguiente, ¿puede comunicar la Comisión qué medidas se están adoptando para garantizar una evolución democrática en Azerbaiyán en el contexto del refuerzo de la cooperación económica? ¿Puede decir la Comisión si la UE impone algún tipo de condiciones en relación con las inversiones y las acciones similares, de modo que se establezca una relación entre éstas y la realización de progresos en materia de democratización, derechos humanos, situación de los refugiados y el hecho de que la población en su conjunto se beneficie de los ingresos que perciba el país procedentes del petróleo?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(17 de diciembre de 2003)

La Comisión ha venido ayudando a Azerbaiyán a efectuar la transición hacia una sociedad democrática basada en una economía libre de mercado desde 1992, tanto mediante la prestación de asistencia técnica como a través de otros programas de ayuda. En la actualidad, los principales objetivos de estos programas de asistencia son la reducción de la pobreza y la reforma gubernamental. El Gobierno de Azerbaiyán ha comenzado recientemente a aplicar su Programa estatal para la lucha contra la pobreza y el desarrollo económico, el cual ha sido acogido favorablemente por las instituciones financieras internacionales y la comunidad de donantes en general. El citado Programa proporciona un marco para la asistencia de todos los donantes en Azerbaiyán. El camino hacia la democracia y hacia una economía libre de mercado pasa necesariamente por la resolución de los problemas fundamentales y subyacentes.

La Comisión, conjuntamente con los Estados miembros, ha establecido un diálogo sumamente activo en torno a temas muy diversos, entre los que se incluyen la transición democrática, los derechos humanos y el uso de los ingresos del petróleo en beneficio del conjunto de la población. A través de su programa para la rehabilitación de las zonas dañadas por la guerra, la Comisión es uno de los mayores donantes que proporcionan ayuda a los refugiados y las personas internamente desplazadas de Azerbaiyán.

El Gobierno de Azerbaiyán ha comenzado a utilizar el Fondo del Petróleo en beneficio de los refugiados que han sido instalados en distintas zonas del país.

----

----

(2004/C 88 E/0152)

PREGUNTA ESCRITA P-3402/03

de Anna Karamanou (PSE) a la Comisión

(11 de noviembre de 2003)

Asunto:   «Amputación cruzada» de un joven de dieciséis años en el Sudán

En una reciente publicación de Amnistía Internacional se denuncia que un tribunal del Sudán impuso a un sospechoso de agresión armada de dieciséis años de edad la pena de la «amputación cruzada» (es decir, amputación de la mano derecha y del pie izquierdo). Si la sentencia pasa a ser firme, no se demorará su aplicación.

La pena de la amputación constituye, en el fondo, una forma de tortura y es una gravísima violación de los derechos humanos, mientras que el Sudán ha ratificado toda una serie de convenios que protegen los derechos humanos y condenan la tortura. Castigos semejantes no son raros en un país donde el sistema judicial y el Derecho penal han incorporado disposiciones de la ley islámica (sharia).

¿Qué se propone hacer la Comisión con el fin de ejercer presión sobre el Gobierno del Sudán para que no sólo se suspenda la sentencia en cuestión, sino que se promueva también la eliminación de la tortura, de modo que se asegure el cumplimiento por el Sudán de los convenios sobre protección de los derechos humanos que el mismo país ha firmado?

Respuesta del Sr. Nielson en nombre de la Comisión

(10 de diciembre de 2003)

La aplicación del castigo corporal ha sido objeto de numerosas intervenciones ante el Gobierno de Sudán, dentro del marco del diálogo político entre la Unión Europea y ese país, uno de cuyos principales componentes es el respeto de los derechos humanos. En general la reacción del Gobierno en Jartún ha sido evasiva, indicando que la sharia constituye, ahora y en el futuro, la base jurídica en Sudán. Así se ha confirmado también, por lo menos en lo que atañe a la parte septentrional y central del país, en el protocolo Machakos de julio de 2002, un jalón importante en el proceso de paz, que la Unión apoya en términos generales.

La Comisión pedirá a su delegación en Jartún que investigue las circunstancias y los detalles del caso mencionado por Amnistía Internacional, así como que se señale este asunto a la troika de la Unión con el fin de plantearlo en la próxima reunión de alto nivel que tendrá lugar en Jartún en diciembre de 2003.

----

----

(2004/C 88 E/0153)

PREGUNTA ESCRITA E-3435/03

de Stavros Xarchakos (PPE-DE) a la Comisión

(20 de noviembre de 2003)

Asunto:   Provocación de Bulgaria contra un Estado miembro de la UE

Según varios artículos aparecidos en la prensa griega, en Bulgaria circula un sello en el que aparece representado el Monte Atos (y concretamente el Monasterio de Zografou) como parte del territorio nacional búlgaro. A pesar de las protestas formuladas por Grecia, Bulgaria se niega a retirar dicho sello de la circulación argumentando que el sello fue emitido en junio de 2001 durante el Gobierno de Costov y que su retirada de la circulación podría provocar reacciones por parte de la oposición.

¿Concuerda este comportamiento provocativo de Bulgaria de cara a un Estado miembro de la UE con la actitud que debería tener como país candidato a la adhesión a la UE? ¿Tiene la Comisión intención de intervenir para retirar dicho sello de la circulación y para que este país comprenda que el camino de su adhesión a la UE no es compatible con comportamientos como el mencionado? En caso afirmativo, ¿qué medidas piensa adoptar la Comisión?

Respuesta del Sr. Verheugen en nombre de la Comisión

(12 de enero de 2004)

Según la información de que dispone la Comisión, los sellos de correos a que se refiere Su Señoría presentan el monasterio de Zografos, un monasterio de Grecia que alberga una comunidad de habla búlgara.

No obstante, la Unión no es competente en asuntos referentes a sellos de correos. Por tanto, la Comisión no puede tomar medidas para impedir la circulación del sello en cuestión.

----

----

(2004/C 88 E/0154)

PREGUNTA ESCRITA E-3443/03

de José Ribeiro e Castro (UEN) a la Comisión

(20 de noviembre de 2003)

Asunto:   Autoridad Palestina — Desvío de fondos

De acuerdo con la información proporcionada por los medios de comunicación, el programa «Sixty minutes» de la cadena estadounidense de televisión CBS ha acusado a Yasir Arafat de haber acumulado en cuentas bancarias personales 800 millones de dólares estadounidenses procedentes de las arcas de la Autoridad Palestina, de la que es presidente.

Según esta misma fuente, la CBS afirma que la Autoridad Palestina deposita 100 000 mensuales dólares en las cuentas personales de la esposa de Arafat, que vive actualmente en París, y que las cantidades malversadas por Arafat provienen de fondos de ayuda enviados periódicamente por la comunidad internacional para programas de asistencia a la población palestina. En vista de lo que antecede, ¿podría la Comisión responder a las siguientes preguntas?

¿De qué información dispone sobre esta alegación de desvío de fondos? ¿Sabe o ha procurado averiguar si estas presuntas malversaciones afectan a fondos comunitarios?

¿Ha realizado o tiene previsto realizar diligencias ante la Autoridad Palestina para averiguar cuál es la versión de los hechos de ésta y concienciarla de la necesidad de mostrar un mayor rigor financiero y presupuestario?

¿Qué repercusiones podrán tener estas denuncias y su eventual confirmación en la concesión presente y futura de ayudas financieras a la Autoridad Palestina? En concreto, ¿qué criterios de transparencia considera la Comisión necesario reforzar y exigir como condición sine qua non para el mantenimiento de las ayudas previstas?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(15 de enero de 2004)

La Comisión tiene conocimiento de las denuncias a las que alude Su Señoría, hechas recientemente en la CBS en relación con las actividades comerciales, las inversiones y los ingresos extrapresupuestarios que el Fondo Monetario Internacional (FMI) detallaba en su informe de 15 de septiembre de 2003. Dichas actividades tuvieron lugar durante el período 1995-2000 y su cuantía, de aproximadamente 898 millones de dólares según datos del FMI, no incluye fondos de la UE.

La Comisión tiene también conocimiento de las denuncias relativas a transferencias realizadas por el Presidente Arafat a la cuenta personal de su esposa. El Ministerio de Hacienda de la Autoridad Palestina ha comunicado a la Comisión que dichas transferencias, de varias decenas de miles (no millones) de dólares, provienen del presupuesto del Presidente.

Por lo que se refiere a las actividades comerciales, las inversiones y los ingresos extrapresupuestarios palestinos mencionados en el informe del FMI, la Comisión impuso oficialmente a la Autoridad Palestina la concentración de dichos recursos en el Fondo de Inversión Palestino, bajo el control exclusivo del Ministerio de Hacienda. Esto fue llevado a efecto por el Ministro de Hacienda de la Autoridad Palestina, Salam Fayaad. Los fondos están siendo supervisados por la empresa internacional Standard and Poor's y los resultados de la auditoría obtenidos hasta la fecha se han publicado en Internet. Esto es una consecuencia directa de las condiciones impuestas por la Comisión para la concesión de ayuda financiera, que ha acabado con la práctica de las cuentas extrapresupuestarias.

En cumplimiento de las condiciones impuestas por la Comisión para la concesión de ayuda financiera, la Autoridad Palestina debe presentar un informe detallado del presupuesto y de los gastos realizados, que ahora se publica todos los meses, desglosado en salarios, gastos operativos y transferencias, y está a disposición del Consejo Legislativo Palestino para control parlamentario.

Por lo que se refiere a la ayuda actual y futura a la Autoridad Palestina, la Comisión seguirá aplicando las condiciones de reforma que exigen a la Autoridad Palestina una mejora continua del sistema de control financiero, una sólida gestión financiera y la obligación general de rendir cuentas.

Por otra parte, la Comisión completa dicha ayuda condicionada con programas de desarrollo institucional a medida para reforzar la capacidad administrativa de la Autoridad Palestina, siendo un ejemplo de ello el amplio programa de formación sobre métodos modernos de auditoría interna destinado al personal del Ministerio de Hacienda.

----

----

(2004/C 88 E/0155)

PREGUNTA ESCRITA E-3449/03

de Peter Skinner (PSE) a la Comisión

(20 de noviembre de 2003)

Asunto:   Smokes Direct, España

Smokes Direct es una empresa que opera en Málaga (España) y ofrece a los consumidores cigarrillos exentos de impuestos adicionales y de IVA. Un ciudadano de mi circunscripción ha presentado una reclamación por el hecho de que los cigarrillos así adquiridos fueron confiscados por el HMCE (servicio británico de aduanas) a su entrada en el Reino Unido por impago de los impuestos correspondientes. En sus anuncios, Smokes Direct afirma que puede actuar como agente en nombre del consumidor para adquirir y enviar los cigarrillos a una parte tercera que no participa en modo alguno en el pago, por lo que no es necesario pagar ningún impuesto adicional. Así, los cigarrillos serían catalogados como regalo entre la parte tercera y el consumidor, mientras que Smokes Direct, como agente, actúa por cuenta del comprador asistiéndole en la entrega de un «regalo».

Tras remitir al ciudadano de mi circunscripción a la Directiva del Consejo 92/12/CEE (1), no está claro todavía si Smokes Direct, una organización con fines lucrativos, puede anunciarse como agente y no como vendedor, ni los aspectos técnicos que permiten catalogar algo como «regalo» en esas circunstancias. En consecuencia, ¿puede examinar la Comisión las actividades de esta empresa y confirmar si esta práctica es ilegal o no?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(18 de diciembre de 2003)

La Comisión informa a Su Señoría que la posición relativa a la circulación intracomunitaria de cigarrillos y otros productos sujetos a impuestos especiales y objeto de las normas armonizadas de la Unión figura en la Directiva 92/12/CEE del Consejo, de 25 de febrero de 1992, relativa al régimen general, tenencia, circulación y controles de los productos objeto de impuestos especiales.

Las transacciones del tipo descrito como realizado por Smokes Direct son conocidas como «venta a distancia» y están contempladas por el artículo 10 de la Directiva. En pocas palabras, este artículo dispone que cuando un sujeto privado adquiere productos sujetos a impuestos especiales que sean enviados o transportados directa o indirectamente por el vendedor o a cargo del mismo, estarán gravados por el impuesto especial en el Estado miembro de destino, es decir, el Estado miembro al que se envíen los productos. Por otra parte, el impuesto especial será exigible al vendedor en el momento de efectuarse la entrega, y el vendedor podrá exigir el reembolso del impuesto anteriormente pagado en el Estado miembro de envío. La posición relativa a los «agentes» en las transacciones de este tipo está sujeta a la jurisprudencia C-296/95 (2), y no afecta a la posición anteriormente mencionada.

Por lo que respecta, dentro del mercado interior, a las posibilidades del Estado miembro de destino de garantizar el cumplimiento de las disposiciones, dichas posibilidades son limitadas, y la responsabilidad de velar por que los vendedores cumplan los requisitos establecidos en el artículo 10 corresponde en gran medida al Estado miembro en el que esté establecido el vendedor, tal como lo dispone el apartado 3 de ese artículo.

La venta de productos del tabaco, particularmente a través de Internet, a individuos de otros Estados miembros por empresas que afirman falsamente que el impuesto especial no se devenga en el Estado miembro de destino, constituye un problema cada vez mayor en la Unión y está siendo investigado activamente por la Oficina de la Comisión de Lucha contra el Fraude y por las correspondientes autoridades de los Estados miembros, con vistas a elaborar medidas para combatir este tipo de fraude.

Por lo que respecta a los regalos, la Comisión opina que no están sujetos al pago del impuesto especial en el Estado miembro de destino, siempre que el regalo sea enviado por un sujeto privado de un Estado miembro a un sujeto privado de otro Estado miembro, que esté destinado al uso personal del sujeto, que tenga carácter ocasional y que no esté sujeto a pagos de ningún tipo. Las transacciones efectuadas por Smokes Direct no cumplen estos requisitos, por lo que no pueden ser consideradas como regalos.

Finalmente, la Comisión querría señalar que próximamente presentará una revisión de los artículos 7 a 10 de la Directiva 92/12/CEE, la cual, entre otras cosas, aclarará los temas planteados por Su Señoría.

----

(1)DO L 76 de 23.3.1992, p. 1.

(2)  Sentencia del Tribunal de Justicia de 2 de abril de 1998 — Recopilación de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de 1998, página I-01605.

----

----

(2004/C 88 E/0156)

PREGUNTA ESCRITA E-3462/03

de Helmuth Markov (GUE/NGL) a la Comisión

(21 de noviembre de 2003)

Asunto:   Proyecto de limitación de pesos en el paso fronterizo Guben/Gubinek — Fondos de la UE

De una iniciativa del distrito comarcal de Spree-Neiße (República Federal de Alemania, Estado Federado de Brandemburgo) ha emanado el proyecto de limitar a 20 toneladas el peso de los vehículos que podrán cruzar el paso fronterizo de Guben/Gubinek. Esta restricción de los transportes de mercancías se aplicaría únicamente al tráfico de Alemania a Polonia. La decisión entrañaría problemas de diverso tipo para la economía local. La construcción de las instalaciones del paso fronterizo de Guben/Gubinek en Schlagsdorf fue cofinanciada por la Unión. Las nuevas restricciones invalidarían en parte estas inversiones, precisamente en relación con el flujo de mercancías de exportación. Las restricciones previstas, además de ser discriminatorias, son también contrarias al objetivo inherente a la aportación de fondos comunitarios, a saber, el fomento de los intercambios comerciales entre los Estados miembros y los países en vías de adhesión.

Considerando la aportación comunitaria a la construcción de las instalaciones de este paso fronterizo,

Respuesta del Sr. Verheugen en nombre de la Comisión

(9 de enero de 2004)

El Programa PHARE cofinanció el puesto fronterizo de Gubinek, destinado sólo al tráfico de mercancías y situado al lado del puesto fronterizo de Gubin, que se reserva al tráfico de pasajeros. Las obras cofinanciadas quedaron completadas en 1998.

Es cierto que, del lado alemán en dirección a Polonia, el tráfico de mercancías ha sido restringido, los jueves y los viernes, a los vehículos pesados de mercancías de peso inferior a 20 toneladas. Esa decisión se adoptó porque, del lado alemán, no hay todavía ninguna ruta alternativa de circunvalación de la población por lo que, actualmente, todo el tráfico pesado de mercancías tiene necesariamente que atravesar la ciudad. Los habitantes de la ciudad alemana se quejaron ante las autoridades competentes alemanas y solicitaron que se establecieran restricciones al tráfico. Las restricciones fueron objeto de un acuerdo entre las autoridades alemanas y las autoridades polacas.

Las obras de la ruta alternativa del lado alemán ya se han iniciado, y deberían estar completadas el próximo año. Las restricciones, por lo tanto, son sólo temporales. Del lado polaco ya hay una ruta alternativa, por lo que se espera no haya esos problemas. Por tales razones, la Comisión no considera mal utilizados los fondos invertidos.

En cuanto a las restricciones actuales, la legislación comunitaria no incluye prohibiciones de tráfico. Si se tiene en cuenta el hecho de que la restricción temporal es un caso puntual basado en sanos criterios de seguridad vial y de protección ambiental, la Comisión no cree necesario intervenir.

----

----

(2004/C 88 E/0157)

PREGUNTA ESCRITA E-3478/03

de Baroness Sarah Ludford (ELDR) a la Comisión

(24 de noviembre de 2003)

Asunto:   Las importaciones de flores de Colombia y el Sistema de Preferencias Generalizadas

¿En qué razones se fundamenta la propuesta de «graduar» las importaciones procedentes del Sector V de Colombia (incluyendo las de flor cortada) en el marco del SPG, de tal manera que se les niegue la preferencia arancelaria?

¿Cómo se puede justificar esta medida, teniendo en cuenta que la proporción de flores colombianas en el mercado de la Unión Europea ha disminuido del 20,15 % en 1997 al 15,41 % en 2001, y que a los competidores de Colombia, Kenya e Israel, no se les aplicará ninguna graduación?

Ya que por desgracia aún persisten los motivos para el Régimen de Drogas del SPG, ¿no consideran que una retirada, por parte de la Unión Europea, de preferencias arancelarias para las flores forzará aún a más colombianos a volver a depender económicamente del tráfico de drogas?

Respuesta del Sr. Lamy en nombre de la Comisión

(20 de enero de 2004)

A finales de 2002, la Comisión tenía previsto graduar determinados sectores de países beneficiarios con arreglo a lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento (CE) no 2501/2001 del Consejo relativo a la aplicación de un sistema de preferencias arancelarias generalizadas (SPG). Conforme a dicha disposición, la Comisión debe decidir todos los años sobre la adaptación de la cobertura de los productos contemplados en el SPG. Con ello se pretende incrementar la eficacia y la equidad del régimen concentrando las preferencias en los países y los sectores que más las necesitan. Esta decisión no es de carácter político sino que se funda únicamente en criterios económicos. Para adoptar una decisión, la Comisión debe contar con el respaldo de los Estados miembros (mayoría cualificada) de conformidad con los procedimientos de la Unión (Comitología).

El SPG está orientado al incentivo. En particular, induce a los beneficiarios a la diversificación económica como medio de desarrollo. La excesiva dependencia de un país beneficiario respecto de un único sector de exportación puede obstaculizar su desarrollo y dar cabida a la graduación. Así pues, en el caso de Colombia, el criterio que ha determinado la graduación no ha sido la cuota en el mercado de la Unión sino la cuota excesiva de un sector en las exportaciones del país.

No obstante, habida cuenta de las dificultades particulares que podrían surgir, excepcionalmente, la reintroducción de los derechos de aduana será gradual y se llevará a cabo en dos etapas (1 de noviembre de 2003 y 1 de mayo de 2004) con el fin de no perturbar el comercio.

Por otra parte, en diciembre de 2003 el Consejo aprobó una modificación del Reglamento relativo al SPG, en virtud de la cual los países beneficiarios que representan menos del 1 % de las importaciones de productos cubiertos por dicho régimen ya no podrán ser objeto de graduación. Esa disposición podrá aplicarse a Colombia a partir de 2005; de ese modo ya no se graduaría ningún sector del país y las preferencias del SPG se restablecerían en el sector V a partir del 1 de enero de 2005.

En cuanto a la importación de flores de Kenia, cabe recordar que ese país goza, en virtud del Acuerdo de Cotonú, de libre acceso por lo que respecta a la flor cortada y no recurre al SPG.

----

----

(2004/C 88 E/0158)

PREGUNTA ESCRITA E-3484/03

de Bartho Pronk (PPE-DE) a la Comisión

(24 de noviembre de 2003)

Asunto:   Complemento de la pregunta E-2055/03 sobre la ley de policía de Letonia que prohíbe a los agentes de policía de Letonia la creación de sindicatos

En respuesta a mi pregunta E-2055/03 (1) sobre los derechos sindicales para los agentes de policía en Letonia, la Comisión responde que también determinados artículos del Tratado de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) permiten tales restricciones.

Respuesta del Sr. Verheugen en nombre de la Comisión

(12 de enero de 2004)

Como complemento a la respuesta a la pregunta escrita E-2055/03 formulada por Su Señoría, la Comisión desea añadir la información siguiente.

----

(1)  Ver página 61.

----

----

(2004/C 88 E/0159)

PREGUNTA ESCRITA P-3485/03

de Torben Lund (PSE) a la Comisión

(17 de noviembre de 2003)

Asunto:   EEE, Noruega y el pago de un impuesto por parte de los trabajadores de la UE

Noruega, como se sabe, no es miembro de la UE, pero participa en el mercado interior, donde rige el principio de libre circulación de los trabajadores e igualdad de trato de todos los ciudadanos. A pesar de ello, el Gobierno noruego ha adoptado la decisión, con efectos de 1 de enero de 2004, de que, entre otros, los ciudadanos de la UE que trabajan en Noruega paguen un impuesto por los desplazamientos entre el domicilio y el lugar de destino (en este caso concreto, una terminal de helicópteros/plataforma petrolífera). Los ciudadanos noruegos que trabajan en Noruega no tendrán que pagar este impuesto.

Los ciudadanos extranjeros en Noruega gozan de un descuento del 15 % de la base imponible porque no utilizan las ofertas culturales y sociales públicas en la misma medida que los noruegos. Por el contrario no pueden deducir nada por préstamos, etc.

¿Puede indicar la Comisión en qué medida Noruega puede adoptar diferentes normas fiscales para un ciudadano de la UE que trabaja en Noruega y para un ciudadano noruego que trabaja en Noruega? ¿Puede indicar asimismo la Comisión si las normas en materia de impuestos sobre los desplazamientos son conformes con los acuerdos de Noruega con la UE y si discriminan a los trabajadores de la UE? Por último, ¿puede indicar la Comisión que medidas se propone adoptar en caso de que Noruega haya introducido normas discriminatorias?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(19 de diciembre de 2003)

La Comisión no tenía noticia del problema planteado por Su Señoría. No obstante, al no disponer de los textos jurídicos aplicables, la Comisión sólo puede hacer referencia al hecho de que la distinción entre residentes y no residentes es un principio básico y común de la tributación que, según el Tribunal de Justicia, no contraviene, en principio, la normativa comunitaria (sentencia de 14 de febrero de 1995 en el asunto C-279/93 — Schumacker). Sin embargo, si los no residentes se hallan en una situación comparable a la de los residentes, no pueden ser objeto de una tributación superior a la correspondiente a los residentes.

Habida cuenta de que la vigilancia y el control de la aplicación por parte de los Estados EEE/AELC del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (EEE) son competencias específicas del Órgano de Vigilancia de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), la Comisión transmitirá el problema planteado al Órgano de Vigilancia y le pedirá que haga el seguimiento preciso.

----

----

(2004/C 88 E/0160)

PREGUNTA ESCRITA E-3565/03

de Herbert Bösch (PSE) a la Comisión

(2 de diciembre de 2003)

Asunto:   Preparación a la adhesión en las regiones fronterizas de la UE

La Unión Europea facilita créditos en el marco de la ampliación con cargo al programa «Acciones preparatorias sobre el impacto de la ampliación para las regiones fronterizas de la UE».

Para el año 2004 se ha publicado una convocatoria de propuestas para «Iniciativas de formación profesional de grupos vulnerables de trabajadores en las regiones de la UE fronterizas con los países candidatos» (1). El objetivo del proyecto es promover mediante medidas de formación profesional y educación a los trabajadores afectados por la ampliación, a fin de incrementar su movilidad profesional y geográfica. En el programa se prevé que pueden solicitar subvenciones los interlocutores sociales, los centros de enseñanza, los centros de formación profesional y las universidades situadas en un Estado miembro de la UE.

¿Por qué motivo se considera únicamente elegibles en el marco del presente programa a los interlocutores sociales en su conjunto y no a las diferentes organizaciones de los trabajadores?

¿Se ha previsto para 2005 una convocatoria de propuestas para iniciativas de formación profesional de grupos vulnerables de trabajadores en las regiones fronterizas de la UE? En caso afirmativo, ¿se incluirá a las organizaciones de trabajadores en el grupo de organizaciones elegibles? En caso negativo, ¿por qué no?

¿Qué otros proyectos se han previsto en el marco del programa «Acciones preparatorias sobre el impacto de la ampliación para las regiones fronterizas de la UE» en los que puedan participar las organizaciones de los trabajadores?

Respuesta del Sr. Verheugen en nombre de la Comisión

(5 de febrero de 2004)

Las organizaciones que pueden optar a las licitaciones a las que hace referencia Su Señoría eran «los interlocutores sociales, los centros de enseñanza, los centros de formación profesional y las universidades». La denominación «interlocutores sociales» abarca a las organizaciones que representan a los empleadores y/o los sindicatos. En consecuencia, las organizaciones de empleados, individualmente, pueden optar a la asistencia. Se están evaluando actualmente las solicitudes y dos organizaciones sindicales, por lo menos, han presentado solicitudes.

En el presupuesto de la Unión no está prevista ninguna otra medida al respecto para el ejercicio de 2004, de modo que no cabe esperar que haya convocatorias de propuestas en 2005.

Como parte del programa de «Acciones preparatorias relativas a las repercusiones de la ampliación en las regiones fronterizas de la UE», las organizaciones sindicales eran elegibles como socios en las siguientes convocatorias de propuestas:

Las propuestas que recibidas en respuesta a dichas convocatorias las están actualmente evaluando los comités pertinentes. Una vez que se haya completado el procedimiento de evaluación, en el curso de las próximas semanas, se comunicará el resultado a los solicitantes.

----

(1)DO C 206 de 2.9.2003, p. 25.

(2)DO C 206 de 2.9.2003.

----

----

(2004/C 88 E/0161)

PREGUNTA ESCRITA E-3589/03

de José Ribeiro e Castro (UEN) a la Comisión

(5 de diciembre de 2003)

Asunto:   Siria — Sanciones por parte de los EE.UU.

El Senado estadounidense ha aprobado recientemente, por mayoría aplastante, (398 votos a favor y 4 en contra) una ley (Syria accountability and Lebanese Sovereignty Act) por la que se autoriza la imposición de sanciones a Siria, tras la aprobación de una ley similar por la Cámara de Representantes el pasado mes de octubre.

Esta ley, que confiere poderes al Presidente de los EE.UU. para imponer diversas sanciones económicas y diplomáticas en contra del citado país, pretender castigar a Damasco por su presunta vinculación con grupos terroristas y por el programa de armamento que aparentemente está desarrollando.

Cabe recordar que los EE.UU. han acusado a Siria de fabricar armas de destrucción masiva, albergar y apoyar a los grupos radicales terroristas Hezbolá, Hamás y Yihad Islámica, y tolerar el uso de su territorio por extremistas que amenazan a las fuerzas de coalición estacionadas en el país vecino, Iraq.

En este contexto, ¿puede indicar la Comisión:

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(16 de enero de 2004)

Aparte de las fuentes disponibles públicamente, la Comisión no dispone de información relativa a la fabricación de armas de destrucción masiva (ADM) por parte de Siria o al uso del territorio sirio para la práctica de actos terroristas.

Al parecer, algunas organizaciones catalogadas por la Unión como organizaciones terroristas (especialmente Hamás y Jihad Islámica Palestina) utilizan Siria, así como otros países, para sus actividades. Recientemente, Siria ha adoptado medidas para poner fin a las actividades públicas de las citadas organizaciones. La Comisión considera insuficientes dichas medidas y ha instado a Siria a dejar de prestar apoyo a esas organizaciones, que toleran o siguen cometiendo actos de terrorismo y que, además de ser inaceptables en sí mismas, minan a la Autoridad Palestina y son, por lo tanto, un obstáculo para el relanzamiento del proceso de paz en Oriente Medio.

La política europea con respecto a Siria es una política de compromiso constructivo. La Comisión está preocupada por la situación de la democracia y los derechos humanos en ese país, pero no considera que el hecho de aislarlo pueda influir de manera positiva sobre la situación de la región ni mejorar la situación política y de los derechos humanos en Siria.

La Unión Europea trata, por el contrario, de comprometer a Siria en la vía de las reformas económicas y políticas en el marco del Proceso de Barcelona y, más concretamente, a través de un Acuerdo de Asociación.

Dicho Acuerdo constituirá una plataforma sólida que permitirá a la Unión apoyar los esfuerzos sirios en el proceso de reforma política y económica. Las cláusulas relativas al respeto de los derechos humanos, la no proliferación de armas de destrucción masiva y la lucha contra el terrorismo aumentarán la posibilidad de afrontar estos asuntos con Siria.

----

----

(2004/C 88 E/0162)

PREGUNTA ESCRITA E-3609/03

de Giovanni Pittella (PSE), Marco Cappato (NI), Giovanni Fava (PSE), Glyn Ford (PSE), Sérgio Marques (PPE-DE) y Emilio Menéndez del Valle (PSE) a la Comisión

(5 de diciembre de 2003)

Asunto:   Envío de observadores de la UE a Venezuela

Los acontecimientos sociales, políticos y económicos que han caracterizado los tres últimos años de la vida de Venezuela están repercutiendo negativamente en los ciudadanos y en las instituciones democráticas de este país, provocando cada vez mayor preocupación, también en la comunidad internacional, y poniendo seriamente en peligro la convivencia democrática, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos y civiles fundamentales.

La Unión Europea, en coherencia con la acción desarrollada también en otros contextos geográficos, tiene como misión favorecer el diálogo con el objetivo de alcanzar una solución pacífica y negociada a la actual crisis venezolana.

El carácter inminente de una posible cita electoral en forma de referéndum, que podría realizarse en los próximos meses si así lo decide un número suficiente de solicitantes, como establece la Constitución venezolana, exige una toma de posición rápida.

¿Puede disponer la Comisión, de acuerdo con la OEA, con el Gobierno venezolano y con las fuerzas de oposición, que, una vez llevada a cabo la recogida de firmas, prevista para finales del mes de noviembre, se envíe a observadores de procesos electorales que, en la fase previa y durante el transcurso de la consulta, velen por el desarrollo correcto y sin irregularidades de todas las fases del referéndum?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(15 de enero de 2004)

La Unión, en varias declaraciones, ha destacado la necesidad de una solución pacífica, democrática, constitucional y electoral a la crisis política de Venezuela. Además, la Comisión ha ofrecido asistencia financiera y técnica para la aplicación del Acuerdo entre el Gobierno y la oposición alcanzado el 29 de mayo de 2003. Para ello, la Comisión ha firmado un proyecto para ayudar a la Organización de los Estados Americanos (OEA) en sus esfuerzos por aplicar el Acuerdo, incluido el apoyo a una solución electoral, la investigación de los sucesos de abril de 2002 y el desarme de la población civil. La cantidad presupuestada es de 600 000 euros. La Comisión está colaborando con la OEA para garantizar la aplicación correcta del proyecto.

Además, la Comisión está siguiendo de cerca las actuaciones encaminadas a posibles referendos y está dispuesta a considerar la prestación de ayuda, incluso en forma de observación electoral. Un referéndum para derrocar a cualquier cargo electo de alto nivel del Estado sólo puede convocarse si se recoge el número de firmas requerido por la Constitución venezolana. En dos ocasiones consecutivas, tanto el Gobierno como la oposición han recogido firmas para destituir, respectivamente, a diversos diputados y al Presidente Chávez. El Gobierno reivindica que ha recogido firmas suficientes para cesar a varios diputados y la oposición, por su parte, aduce que ha recogido el número de firmas requerido para que se convoque un referéndum que deponga al Presidente Chávez. Las firmas recogidas deben presentarse al Consejo Electoral Nacional para su comprobación complementaria.

De acuerdo con los métodos usuales de observación electoral, cualquier decisión de la Unión de realizar una misión de observación electoral depende de las recomendaciones de una misión exploratoria previa de la Unión acerca de si esa observación es aconsejable, útil y viable. Y, como en cada misión de observación electoral de la Unión, las autoridades del país visitado deben cursar previamente una invitación a la Unión para llevar a cabo la observación.

----

----

(2004/C 88 E/0163)

PREGUNTA ESCRITA E-3623/03

de Ioannis Marinos (PPE-DE) a la Comisión

(5 de diciembre de 2003)

Asunto:   Política de discriminación contra los habitantes griegos de Imbros y Ténedos en Turquía

En las islas de Imbros y Ténedos vive desde hace 3 000 años una población griega autóctona. Estas islas fueron cedidas a Turquía en el año 1923 en virtud del Tratado de Lausana, en cuyo artículo 14 se preveía una organización administrativa propia según los usos locales, así como la garantía, para la población autóctona no musulmana, de una administración autónoma y de la protección de la vida y de la propiedad. También se preveía que el mantenimiento del orden estaría en manos de fuerzas policiales compuestas por miembros de la población autóctona e instauradas por la administración autónoma local tal como se define más arriba, bajo las órdenes de ésta.

Cabe señalar que en 1927, según el censo oficial turco, residían en Imbros 7 000 griegos y un ínfimo número de turcos, mientras que en Ténedos vivían 2 500 griegos y 1 247 turcos. Hoy en día, en Imbros permanecen 250 griegos y se han instalado en la isla 9 000 colonos turcos, mientras que en Ténedos apenas quedan 30 griegos. Por su parte, la administración turca ha cambiado los nombres oficiales, y milenarios, de ambas islas, bautizándolas respectivamente «Gokce Ada» y «Bozca Ada». La política de persecución se inició después de 1955, prolongándose hasta 1964 y culminando en 1974, año en que el ejército turco invadió Chipre.

Las disposiciones del artículo 14 del Tratado de Lausana jamás han sido aplicadas por el Estado turco y la enseñanza de la lengua griega se ha suspendido ya que las seis escuelas primarias, el instituto de enseñanza secundaria y los cuatro centros infantiles existentes, que en total abarcaban a 1 300 alumnos y habían sido construidos gracias a la participación económica de los habitantes griegos de las dos islas, han sido expropiados por el Estado turco. Lo mismo ha sucedido con las 300 iglesias cristianas y los 4 monasterios existentes, fenómeno que sólo ocurre en países con un duro régimen de «apartheid». La erradicación de los habitantes griegos de las islas de Imbros y Ténedos ha culminado con la expropiación de sus bienes, caracterizándose por el hecho de que aquellos que necesitaban salir de las islas eran desposeídos de la nacionalidad turca, perdiendo así todas sus propiedades, que ni siquiera pueden ser legadas a sus descendientes. Así, en la localidad de Agridia, en Imbros (que hasta hace poco era la única aldea griega auténtica que quedaba, tanto por sus habitantes como por sus propiedades) el cadastro turco procedió a un inventario de los bienes, publicado después del 23 de junio de 2003, en el que puede comprobarse que el 77,18 % de la superficie total que pertenecía a sus habitantes ha pasado a manos del Estado turco, por lo que los propietarios representan escasamente un 22,82 %.

¿Es compatible la situación expuesta más arriba con un país que ha presentado su candidatura a la adhesión y afirma «ajustarse» al acervo comunitario? ¿Piensa restablecer la Comisión, con carácter urgente y eficacia, el derecho a la propiedad para todos los habitantes no musulmanes de Turquía antes de que se fije la fecha de inicio de las negociaciones relativas a la preadhesión?

Respuesta del Sr. Verheugen en nombre de la Comisión

(5 de febrero de 2004)

La Comisión es consciente de la situación en relación con las violaciones de derechos humanos que sufre la minoría griega de las islas del Egeo Imbros y Ténedos a que se refiere Su Señoría.

La evaluación de la Comisión sobre la cuestión de los derechos de las minorías en Turquía se presenta en su Informe Periódico 2003 (1). Por otra parte, se remite a Su Señoría a su respuesta a la pregunta escrita número E-3025/03 del Sr. Hatzidakis (2).

----

(1)  COM(2003) 676 final.

(2)  Ver página 127.

----

----

(2004/C 88 E/0164)

PREGUNTA ESCRITA E-3635/03

de José Ribeiro e Castro (UEN) a la Comisión

(5 de diciembre de 2003)

Asunto:   Cabo Verde — estatuto especial ante la UE

El Primer Ministro caboverdiano concluyó el pasado 24 de noviembre una visita de trabajo a Portugal, tras sus estancias oficiales en otros países de la UE (Luxemburgo, los Países Bajos y Francia). Su objetivo era sensibilizar a las autoridades de dichos países con miras a que Cabo Verde obtenga un estatuto especial ante la Unión Europea.

Según se ha publicado en la prensa, el Primer Ministro portugués, al término de su encuentro con José Maria Neves, consideró que Cabo Verde tiene una vocación especial de vínculo entre los continentes africano y europeo, y añadió que, por su desarrollo político, Cabo Verde es una democracia ejemplar y que, por su desarrollo cultural, por su profunda vinculación con algunos países europeos, especialmente Portugal, por su posicionamiento propio, verdaderamente cabe clasificar Cabo Verde de alguna manera como país euroafricano.

Como fundamentos para la creación del citado estatuto especial, el Primer Ministro caboverdiano avanzó la «vocación atlántica», la presencia de Cabo Verde en Europa a través de las comunidades emigrantes y la vecindad con Europa a través de las islas de la Macaronesia, el espacio geográfico que comprende los archipiélagos portugueses de Madeira y las Azores y el archipiélago español de las Canarias.

Habida cuenta de lo anterior, ¿puede indicar la Comisión

Respuesta del Sr. Nielson en nombre de la Comisión

(19 de enero de 2004)

Si bien no ha recibido notificación oficial alguna de las autoridades caboverdianas sobre este asunto, la Comisión está al corriente de que dichas autoridades han planteado la cuestión en el transcurso de las recientes visitas a las capitales de varios Estados miembros y que las autoridades portuguesas se han mostrado abiertas a la creación de un grupo de trabajo «para estudiar los diversos aspectos de la cuestión».

----

----

(2004/C 88 E/0165)

PREGUNTA ESCRITA P-3695/03

de Margrietus van den Berg (PSE) a la Comisión

(3 de diciembre de 2003)

Asunto:   Revisión intermedia de los documentos estratégicos nacionales en América Latina y Asia

Los documentos estratégicos nacionales y regionales tienen por objeto ofrecer un marco coherente para las actividades de cooperación comunitaria destinadas a Asia y América Latina. La revisión intermedia de los documentos estratégicos nacionales evalúa si las prioridades establecidas en los documentos estratégicos son válidas. Las orientaciones para el ejercicio de programación prevén la consulta con las partes interesadas como parte del proceso. Es evidente que, si no se consulta a las partes interesadas, el ejercicio de programación pierde credibilidad y legitimidad. Sin embargo, parece que algunas ONG argumentan que, si no todos, la mayoría de los documentos estratégicos nacionales en los países de Asia y América Latina han sido elaborados en los despachos de Bruselas, lo que debilita el valor y la validez de tales documentos.

En la actualidad, se está planteando una nueva cuestión en relación con la revisión intermedia de los documentos estratégicos nacionales. Es evidente que esta revisión es válida si se realiza sobre la base de objetivos, orientaciones e indicadores de rendimiento precisos y si el proceso está bien definido. Estas orientaciones se han elaborado para los países ACP pero, por motivos desconocidos, no se aplican a otros países en desarrollo. Lo que es más importante aún, en otros países en desarrollo, las revisiones intermedias se están llevando a cabo sin ningún tipo de orientaciones, información o transparencia. La Comisión ha indicado asimismo que, en este proceso, no tiene intención de consultar a las partes interesadas, en particular a la sociedad civil, ni concede importancia a tales consultas, lo que constituye una posición insólita.

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(14 de enero de 2004)

Es importante subrayar que las delegaciones de la Comisión en Asia y Latinoamérica (ALA) tenían instrucciones de consultar al Gobierno y la sociedad civil a la hora de elaborar los documentos estratégicos nacionales y, si bien es posible que haya habido diferencias en el grado de participación de la sede y las delegaciones, en ningún caso puede decirse que los documentos han sido elaborados «en los despachos de Bruselas».

En cuanto a las orientaciones para la revisión intermedia, la Comisión debe involucrar a la sociedad civil y los actores no estatales en los procesos de programación y ejecución y, por tanto, consultar a las partes interesadas. Esas consultas constituyen un elemento esencial de la revisión.

En aras de la coherencia y del mantenimiento de un grado de calidad elevado en todo el proceso relativo a los documentos estratégicos nacionales, procede llevar a cabo las revisiones intermedias en todas las regiones conforme a una serie de principios fundamentales.

El 7 de octubre de 2003, los Directores Generales de las Direcciones Generales de Desarrollo y Relaciones Exteriores aprobaron un documento elaborado por el grupo interservicios en favor de la calidad y relativo a un marco para la evaluación, la revisión de las estrategias y los documentos de programación, que desarrolla las orientaciones recogidas en las conclusiones del Consejo sobre la revisión intermedia de los documentos estratégicos nacionales (1) y establece los principios fundamentales que han de regir dicha revisión.

Las regiones de Asia y Latinoamérica han sido objeto de revisiones intermedias de las estrategias y programas nacionales sobre cuya base se están modificando diversos programas y estrategias. Debe señalarse que, debido al plazo de programación, las revisiones intermedias relativas a Asia y Latinoamérica han tenido que comenzar mucho antes que las de los países ACP. Además de ello, la revisión ha de llevarse a cabo plenamente de acuerdo con el Reglamento ALA que regula la cooperación comunitaria con esas regiones.

La evaluación de las revisiones intermedias se centrará en cuatro aspectos fundamentales:

Los documentos revisados se presentarán al grupo interservicios en favor de la calidad y a los comités de gestión pertinentes conforme a los procedimientos y directrices vigentes. En el caso de la región ALA, la presentación tendrá lugar en los próximos meses.

----

(1)  18 de marzo de 2003: Marco común de los documentos estratégicos nacionales — Conclusiones del Consejo, punto aprobado sin debate, Doc. 6377/03.

----

----

(2004/C 88 E/0166)

PREGUNTA ESCRITA E-3819/03

de Stavros Xarchakos (PPE-DE) a la Comisión

(12 de diciembre de 2003)

Asunto:   Circulación de coches con matrícula comunitaria en Grecia

La legislación comunitaria contempla la libre circulación de personas dentro de su territorio y permite a todo ciudadano comunitario elegir su lugar de residencia en cualquier país de la Unión, inscribirse en los registros correspondientes, adquirir —si lo desea— un coche y matricularlo en el Estado miembro en el que ha elegido residir. Muchos griegos han adquirido de esta forma, legalmente, coches con matrículas comunitarias y circulan por territorio griego. Sin embargo, las autoridades griegas sancionan duramente esta práctica, puesto que no permiten la circulación de dichos vehículos por un plazo superior a seis meses. Si comprueban que este plazo ha expirado, proceden incluso a embargar el vehículo e imponen multas cuantiosas, independientemente de que los propietarios de estos vehículos sean residentes legales (e incluso ciudadanos) de otro país comunitario.

¿Es conforme la actuación de las autoridades griegas a la legislación comunitaria? ¿En qué otro país de la Unión se embargan los vehículos que circulan con matrículas comunitarias y se imponen fuertes multas a sus propietarios? ¿Tiene la Comisión intención de actuar y, en caso afirmativo, cómo piensa proceder para poner fin a esta situación cuyo origen es el distorsionado sistema fiscal griego, que grava, de manera extraordinaria, los vehículos de más de 1 800 cc, muy caros en Grecia (país con la renta per cápita más baja en la UE; apenas llega al 67 % de la media comunitaria, según los últimos datos del Eurostat), hecho que obliga a muchos griegos a adquirir coches con matrículas comunitarias?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(13 de febrero de 2004)

La libre circulación de los ciudadanos de la Unión (UE) es un derecho fundamental consagrado en el Artículo 18 del Tratado de la CE. De conformidad con este artículo, todo ciudadano de la Unión tendrá derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, con sujeción a las limitaciones y condiciones previstas en el Tratado. En general, los ciudadanos europeos registran sus coches, legalmente adquiridos, en el Estado miembro donde residen, pudiendo ocurrir que el Estado miembro de residencia no coincida con su país de origen (por ejemplo, el caso de un ciudadano griego, que resida legalmente en Alemania, donde adquiere y registra un vehículo).

Por lo que se refiere específicamente a las disposiciones fiscales comunitarias relacionadas con la pregunta escrita, se señala que el 28 de marzo de 1983 se aprobó la Directiva 83/182/CEE, relativa a las franquicias fiscales aplicables en el interior de la Comunidad en materia de importación temporal de determinados medios de transporte (1). De acuerdo con sus considerandos, esta Directiva tiene por objeto eliminar los obstáculos a la libre circulación de personas y al establecimiento del mercado interno europeo que resultan de regímenes fiscales distintos en los Estados miembros aplicables a la importación de ciertos medios de transporte.

De conformidad con la Directiva, cuando un medio de transporte se importa temporalmente, se concede una exención de los impuestos sobre los vehículos automóviles y de los impuestos viales normales por un período, continuo o no, que no exceda de seis meses en cada período de doce meses, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:

La Comisión tiene conocimiento de que la aplicación de esta Directiva en Grecia ha suscitado diversos problemas, e incluso existen tres sentencias del Tribunal de Justicia (2) relativas a este asunto.

A este respecto, de acuerdo con la información de que dispone la Comisión, los principales problemas son los siguientes:

Tras haber recibido quejas de ciudadanos griegos, la Comisión abrió un proceso por infracción y decidió iniciar una acción contra Grecia. Asimismo, hay que recordar que la Comisión presentó, en 1998, una propuesta de Directiva del Consejo (4), cuyo objetivo general era armonizar el régimen fiscal aplicable a los vehículos automóviles con el concepto y los principios del mercado único.

La Comisión presentó, en septiembre de 2002, una Comunicación sobre la tributación de los vehículos de pasajeros en la Unión Europea (5), en la que analiza, entre otras cosas, el modo de eliminar los actuales obstáculos fiscales a la libre circulación de los vehículos de pasajeros en el mercado interior. Sobre la base de los principios enunciados en la Comunicación, la Comisión presentará una nueva propuesta de legislación comunitaria en 2004.

----

(1)DO L 105 de 23.4.1983.

(2)  Sentencia de 2 de agosto de 1993 en el asunto C-9/92, Comisión contra República Helénica; sentencia de 29 de mayo de 1997 en el asunto C-389/95, Siegfried Klattner contra República Helénica; sentencia de 12 de julio de 2001 en el asunto C-262/99, Paraskevas Louloudakis contra República Helénica.

(3)  En especial, el artículo 17 de la Carta establece el derecho de propiedad como uno de los derechos fundamentales del ciudadano de la Unión.

(4)DO C 108 de 7.4.1998.

(5)  Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre «fiscalidad de los turismos en la Unión Europea. Opciones a escala nacional y comunitaria», de 6 de septiembre de 2002, COM(2002)431 final.

----

----

(2004/C 88 E/0167)

PREGUNTA ESCRITA E-3824/03

de Cristiana Muscardini (UEN) a la Comisión

(12 de diciembre de 2003)

Asunto:   Marca de origen para las importaciones

Las falsificaciones y la piratería comercial son fenómenos que ocasionan daños enormes a las empresas productoras de la Unión. El dumping monetario sigue siendo un instrumento utilizado por ciertos Estados para lograr introducir sus mercancías en los países de la Unión. Uno de los sectores productores de Italia más afectados por las importaciones fraudulentas es el del calzado. Para garantizar un intercambio correcto son necesarios mayores controles y la introducción de algunas normas que permitan la identificación del producto. También la Unión debería por fin tomar la decisión de poner una marca a sus productos, por ejemplo, las iniciales UE seguidas del nombre del Estado miembro de origen del producto.

----

----

(2004/C 88 E/0168)

PREGUNTA ESCRITA E-3902/03

de Roberta Angelilli (UEN) a la Comisión

(17 de diciembre de 2003)

Asunto:   Marca «Made in Europe» para los productos de los Estados miembros

Durante la última Cumbre Euromed celebrada en Palermo el 7 de julio de 2003, el viceministro italiano de Actividades Productivas, Adolfo Urso, presentó una propuesta que fue acogida con gran interés por los ministros de los quince Estados miembros: la inserción de una marca con la indicación «Made in Europe» en los productos de la UE para hacer frente a la usurpación de marca y a la competencia desleal.

En efecto, a causa del importante cambio que se está produciendo en los intercambios comerciales internacionales y de la fortísima presión de la competencia asiática, es necesario que los productos europeos se presenten en el mercado internacional con unas protecciones y seguridades adecuadas.

Los países asiáticos no están obligados a certificar el origen de sus productos a causa de la obligación de reciprocidad con los países UE, en los que la normativa sobre competencia prohibe la inserción de una etiqueta nacional en la mayoría de los productos. De esta manera, los productos asiáticos se introducen en Europa sin que el consumidor pueda elegir conscientemente el origen del producto que adquiere.

Por el contrario, otros países como el Japón y los Estados Unidos protegen sus productos mediante las etiquetas «Made in USA» y «Made in Japan», proporcionando así una información a la que subyacen otras, como la calidad y el cuidado en la fabricación del producto.

La propuesta italiana tendría por objeto colmar esta laguna de protección y hacer que la marca general «Made in Europe» fuera acompañada de la denominación del Estado miembro de origen.

Considerando que en las conclusiones de la Cumbre Euromed se han fijado las etapas que se han de seguir en este sentido, en la perspectiva, asimismo, de la próxima ronda de reuniones de la OMC, que estará dedicada íntegramente a este tema,

Respuesta común

a las preguntas escritas E-3824/03 y E-3902/03

dada por el Sr. Lamy en nombre de la Comisión

(6 de febrero de 2004)

La Comisión está muy preocupada por el actual nivel de falsificación y piratería comercial y sus efectos perjudiciales en los fabricantes de la UE. La protección de los titulares de los derechos frente a los productos falsificados constituye una prioridad de la Comunidad y se han adoptado recientemente diversas medidas, incluido el Reglamento (CE) no 1383/2003 del Consejo, de 22 de julio de 2003, relativo a la intervención de las autoridades aduaneras en los casos de mercancías sospechosas de vulnerar determinados derechos de propiedad intelectual y a las medidas que deben tomarse respecto de las mercancías que vulneren esos derechos (1), y una propuesta de Directiva relativa a las medidas y procedimientos destinados a garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual (2). Por otra parte, se han tomado diversas medidas de orden práctico para mejorar los controles aduaneros en este ámbito, muy particularmente con arreglo al Programa Aduana 2007 (3), que contribuyó a que las aduanas se incautaran de artículos falsificados o pirateados por un valor de casi 85 millones en la frontera exterior de la UE en 2002, y por un valor de 50 millones en el primer semestre de 2003.

Las importaciones desleales también pueden ser vinculadas a las prácticas de dumping por los fabricantes extranjeros. El dumping proporciona a los exportadores de terceros países una injusta ventaja competitiva que produce un grave perjuicio a los productores de la Comunidad. El Reglamento (CE) no 384/96 del Consejo, de 22 de diciembre de 1995, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea (4), regula los mecanismos antidumping que pueden ser adoptados por las administraciones aduaneras de la Comunidad para garantizar unas prácticas comerciales equitativas en las relaciones comerciales internacionales. Actualmente se hallan vigentes más de 200 medidas antidumping en la Comunidad.

En lo referente a la actuación y la reciprocidad de la Organización Mundial del Trabajo (OMT), cabe mencionar que en el Grupo de negociación de acceso al mercado del Programa de Doha para el Desarrollo, la UE aboga por que todos los miembros apliquen una estrecha gama común de derechos, especialmente por lo que respecta a los textiles y el calzado.

En relación con la marca de origen, algunos de los socios comerciales de la Comunidad (Estados Unidos, Japón) aplican sistemas que incluyen marcas de origen obligatorias para los productos importados y marcas de origen voluntarias para la producción interior. En el momento actual no existe ningún Reglamento comunitario sobre la marca de origen. No obstante, parece haber un interés creciente en la posibilidad de adoptar un Reglamento comunitario sobre la marca de origen, particularmente en el sector de los textiles, tal como se indica en la reciente Comunicación de la Comisión sobre el futuro del sector textil y de la confección en la Unión Europea ampliada (5), que señala los beneficios derivados de elaborar un Reglamento sobre la marca de origen comunitario para el mismo sector.

La Comisión está considerando actualmente los posibles beneficios y riesgos de la aplicación de dicho régimen, teniendo en cuenta el interés de todos los participantes. A este fin, los servicios de la Comisión han publicado un documento de trabajo sobre «la marca de origen Made in EU» (6). Este documento ofrece una visión general de los pros y los contras de una marca de origen Made in EU e indica las opciones a considerar, a saber: la opción de una marca de origen tanto para las importaciones como para los productos del mercado interior con carácter puramente voluntario; el planteamiento de un sistema mixto, con una marca de origen obligatoria para las importaciones y un régimen voluntario para los productos del mercado interior; y una tercera opción de una marca de origen obligatoria tanto para las importaciones como para los productos del mercado interior. La Comisión consultará a los consumidores y a la industria a comienzos de 2004 y ha invitado a los Estados miembros a hacer lo mismo.

----

(1)DO L 196 de 2.8.2003.

(2)  COM(2003) 46 final.

(3)  Decisión no 253/2003/CE del Parlamento y del Consejo de 11 de febrero de 2003, DO L 36 de 12.2.2003 y DO L 95 de 11.4.2003.

(4)DO L 56 de 6.3.1996.

(5)  COM(2003) 649 final.

(6)  Disponible en la página web de la Comisión, en la DG TRADE, en: http://trade-info.cec.eu.int/doclib/html/115557.htm.

----

----

(2004/C 88 E/0169)

PREGUNTA ESCRITA E-3958/03

de José Ribeiro e Castro (UEN) a la Comisión

(5 de enero de 2004)

Asunto:   Rusia — Elecciones legislativas

Según los medios de comunicación social, los observadores internacionales presentes en las últimas elecciones legislativas rusas, concretamente la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) y el Consejo de Europa, que enviaron 600 observadores, se mostraron preocupados por los resultados y los métodos utilizados durante la campaña electoral. Aunque no pusieron en duda la libertad de la votación, cuestionaron su exactitud.

Los resultados provisionales indicaron que el partido Rusia Unida (RU), próximo al Kremlin y aliado del Presidente Vladimir Putin, había sido el gran vencedor de las legislativas.

El RU obtuvo cerca del 37 por ciento de los votos para la Duma Estatal (cámara baja del Parlamento). El PLD, de Vladimir Jirinovski, cuenta con cerca del 12 por ciento de los votos, seguido por el partido ultranacionalista Patria, creado hace meses con el patrocinio del Kremlin, que por primera vez participó en unas elecciones y obtuvo el 9 por ciento.

David Atkinson, líder de la misión de observadores de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, explicó a los periodistas que, durante toda la campaña, los fondos públicos, es decir, los impuestos de los contribuyentes, y la televisión pública se pusieron al servicio de determinadas fuerzas políticas, lo que lleva a los observadores a considerar las elecciones «como libres, pero definitivamente injustas».

Bruce George, presidente de la OSCE, reconoció la existencia de «un ambiente injusto para los demás partidos y candidatos», y subrayó que la votación «no se ajustó a los patrones internacionales». Declaró asimismo que «en estas elecciones, la enorme ventaja de competencias y acceso a los recursos, edificios y equipamientos estatales llevó a la distorsión indiscutible del resultado electoral», que constituyó «una regresión en la democratización de Rusia».

Por consiguiente, ¿podría la Comisión responder a las siguientes preguntas?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(9 de febrero de 2004)

La Comisión ha tomado nota de las conclusiones preliminares de la misión de observadores internacionales de las elecciones, con arreglo a las cuales las elecciones a la Duma, de 7 de diciembre de 2003, no respondieron a muchas de los requisitos que la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y el Consejo de Europa consideran deben reunir unas elecciones democráticas. Las citadas conclusiones indican que las autoridades rusas no ofrecieron ciertas garantías importantes.

La Comisión siente preocupación ante estas conclusiones. El respeto de los principios democráticos y los derechos humanos, incluida la libertad de prensa, constituyen la base sobre la que se asientan las relaciones entre la UE y Rusia. Por ello, la Comisión ha aprovechado la ocasión ofrecida por su diálogo político con las autoridades rusas para pedir que se subsanen tales deficiencias y que, en las elecciones presidenciales de marzo de 2004, Rusia cumpla su compromiso de celebrar elecciones acordes con las reglas internacionales a este respecto.

La Comisión subraya la necesidad de que Rusia prosiga el proceso de reformas políticas y económicas. Confía en que la nueva Duma muestre su disposición a introducir tales reformas de forma constructiva, lo que favorecerá las relaciones entre la UE y Rusia.

----

----

(2004/C 88 E/0170)

PREGUNTA ESCRITA E-3965/03

de Mario Borghezio (NI) a la Comisión

(5 de enero de 2004)

Asunto:   Medidas relativas a China por la utilización abusiva de la marca «CE»

Teniendo en cuenta que China utiliza en diferentes productos la marca «China Export», abreviándola con las siglas «CE», y que la utilización de las siglas CE para un gran número de producciones chinas constituye una falsificación clara y abusiva de las siglas de la Comunidad Europea en el mercado mundial, falsificación que entraña graves perjuicios para los productores europeos y para nuestro mercado laboral, ¿qué medidas urgentes piensa adoptar la Comisión de cara a las autoridades de la República Popular de China?

Respuesta del Sr. Lamy en nombre de la Comisión

(9 de febrero de 2004)

La Comisión está enterada de la utilización abusiva del marchamo «CE», inclusive la perpetrada mediante el régimen de marca «China Export», así como del contexto más amplio de los problemas relacionados con el respeto de los derechos de propiedad intelectual en relación con los productos chinos. La Comisión realizó un estudio sobre el respeto de los derechos de propiedad intelectual, donde se indica que China es el país del mundo que mayores problemas plantea en materia de propiedad intelectual. Este estudio puede consultarse en: http://europa.eu.int/comm/trade/issues/sectoral/intell_property/survey_en.htm.

La utilización de las siglas «CE» (Conformité Européenne) corresponde al régimen marca «CE», aplicable a los productos regulados por determinada legislación europea en el ámbito la salud, seguridad y la protección del medio ambiente (1). El marchamo «CE» es obligatorio para los productos a los que es aplicable; en otras palabras, el fabricante debe fijar en su producto el marchamo «CE» para poder venderlo en el mercado europeo. El marchamo «CE» indica que el producto cumple los requisitos comunitarios impuestos al fabricante y que se ha sometido a los procedimientos adecuados de evaluación de la conformidad.

El marchamo «CE» no es una marca comercial y no puede ser objeto de denuncia ante la Organización Mundial de Comercio (OMC). Los reguladores de mercado nacionales, y de una manera general las autoridades en materia de salud y seguridad, pueden responder a la utilización abusiva de este marchamo con medidas como la incautación o similares. En efecto, la legislación sobre protección de los consumidores habilita a las autoridades aduaneras de los Estados miembros a incautarse de bienes que lleven un marchamo CE engañoso en el momento de la importación, incluso antes de su despacho.

Dado el aumento del interés que la industria y los consumidores demuestran por el marchamo, en este momento la Comisión consulta también a los sectores interesados sobre la posibilidad de introducir un régimen de marca de origen.

----

(1)  El marchamo CE sólo se exige para los tipos de productos siguientes:

----

----

(2004/C 88 E/0171)

PREGUNTA ESCRITA E-3975/03

de Paulo Casaca (PSE) a la Comisión

(5 de enero de 2004)

Asunto:   Respeto de la igualdad de trato de los funcionarios de la Delegación de la Comisión en el Brasil

He recibido una queja de los trabajadores locales de la Delegación de la Comisión en el Brasil por la drástica reducción de sus salarios, en un porcentaje que supera ya el 40 % desde septiembre de 1999.

¿Puede la Comisión confirmar esta disminución de los salarios y ofrecer una explicación de su proceder? ¿Puede la Comisión garantizar el cumplimiento de los principios de la Carta Europea de los Derechos Fundamentales en el trato que dispensa a los trabajadores locales de la Delegación de la Comisión en el Brasil?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(13 de febrero de 2004)

Los salarios del personal local de las Delegaciones de la Comisión se revisan anualmente de conformidad con el Reglamento marco por el que se fijan las condiciones de empleo de los agentes locales de la Comisión que desempeñan sus funciones en los servicios situados en terceros países. Las revisiones anuales de los salarios tienen por objeto mantener el nivel de éstos, que es competitivo con los de los empleadores de referencia en el mercado laboral local.

A causa de las graves condiciones económicas de Brasil en la década de los noventa, se decidió establecer los salarios en ecus y efectuar los pagos mensuales en la moneda local. En 1999, se vio claramente que la referencia fijada en ecus había subido artificialmente los salarios de los agentes locales muy por encima de los salarios de los empleadores de referencia, por lo que estaba justificado volver a los salarios fijados en moneda local. Los agentes locales que ya estaban trabajando en la Delegación firmaron una cláusula adicional a sus contratos por la que aceptaban la conversión de sus salarios en ecus a la moneda local a un tipo de cambio determinado.

Más adelante, se «congelaron» los salarios de aquellos agentes locales que ya eran empleados en 1999 para adoptarlos a los del mercado local. El ajuste se ha traducido en un cuadro de remuneraciones fijo que se revisa anualmente de conformidad con el acuerdo de los representantes del personal de los sindicatos sobre la base del Reglamento marco. Así pues, la Comisión no puede confirmar la disminución de los salarios de los agentes locales que firmaron la cláusula adicional, ya que su valor nominal es fijo desde 1999. En la actualidad, estos salarios son considerablemente más altos que los de los empleadores de referencia.

La Comisión garantiza un trato a todo el personal local de todas sus Delegaciones conforme con los principios de la Carta Europea de los Derechos Fundamentales.

----

----

(2004/C 88 E/0172)

PREGUNTA ESCRITA E-3989/03

de Theresa Villiers (PPE-DE) a la Comisión

(7 de enero de 2004)

Asunto:   Normativa de la UE sobre ventas y mantenimiento

Respuesta del Comisario Monti en nombre de la Comisión

(11 de febrero de 2004)

----

(1)DO L 203 de 1.8.2002, p. 30.

(2)  Véase a este respecto la respuesta a la pregunta 38 del folleto explicativo de la Comisión.

(3)  Véase el apartado 1 del artículo 2 del Reglamento (CE) no 1400/2002.

(4)  Reglamento (CE) no 2790/1999 de la Comisión, de 22 de diciembre de 1999, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas, DO L 336 de 29.12.1999.

(5)  Informe de la Oficina titulado «Nuevas garantías para los automóviles — Informe sobre el estudio de mercado» (diciembre 2003).

(6)  Véase en especial la sección 5.1.2.

(7)  Véanse las respuestas a las preguntas 1 y 2. Tanto el folleto como las respuestas a las preguntas están disponibles en el sitio internet de la Comisión http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector/distribution/.

----

----

(2004/C 88 E/0173)

PREGUNTA ESCRITA E-4004/03

de Claude Moraes (PSE) a la Comisión

(7 de enero de 2004)

Asunto:   Niños con discapacidad en Rusia

Varios de mis electores han manifestado preocupación por el trato dispensado a los niños con discapacidad en Rusia.

¿Es conocedora la Comisión de la inexistencia de disposiciones en favor de los niños con discapacidad —tanto física como mental— en Rusia?

¿Podría la Comisión indicar si ha adoptado medidas —y en caso afirmativo cuáles— para alentar a Rusia a abordar este problema y mejorar la situación?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(9 de febrero de 2004)

La Comisión ha trabajado durante varios años a través del programa Tacis para mejorar el trato dispensado a los niños con discapacidad en Rusia. Uno de los proyectos ha sido el de «Cooperación para la asistencia sanitaria, educativa y social», ejecutado como parte dei Programa de Acción de Tacis para Rusia de 1999 en cooperación con el Ministerio de Educación, que ha promovido la detección precoz de las discapacidades y la mejora del trato dispensado a los niños rusos en varias regiones de Rusia.

Otros proyectos —que se ejecutarán con instituciones rusas como el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Social de Rusia— se encuentran actualmente en fase de preparación.

Sus objetivos son, entre otros, los siguientes:

La Comisión ha prestado ayuda también a diversas organizaciones no gubernamentales (ONG), instituciones benéficas, asociaciones de padres y organizaciones religiosas a través de su Programa para la Sociedad Civil, con objeto de mejorar la comprensión y el trato de los niños con discapacidad. La Comisión tiene el firme propósito de proseguir su labor en este importante ámbito.

----

----

(2004/C 88 E/0174)

PREGUNTA ESCRITA E-0012/04

de José Ribeiro e Castro (UEN) a la Comisión

(16 de enero de 2004)

Asunto:   Cumbre UE-India — estrechamiento de las relaciones

El 29 de noviembre de 2003 tuvo lugar en Nueva Delhi la cuarta Cumbre Unión Europea-India, en la que se analizó el desarrollo de las relaciones bilaterales y se discutieron las formas y los medios de fortalecerlas.

Según el documento estratégico de la Comisión de 10 de septiembre de 2002 referente a dicho país, una de las prioridades ha de ser la promoción de la «comprensión cultural mutua» (p. 23.), que requerirá una interacción cultural de ambas partes que justifique, en particular, la revitalización del programa económico intercultural UE-India.

Ante la diversidad étnica, social y cultural del citado país subcontinente, habrá que atender especialmente a los lazos culturales diversificados que sus diferentes grupos de población mantienen con diversos Estados miembros de la UE y que constituyen una plusvalía de facto en cuanto al conocimiento mutuo que la Unión pretende incentivar, un factor potenciador de proximidad y cooperación social, técnica y económica.

Se recuerda, en particular, la especial vinculación a Portugal de los territorios de Goa, Daman, Diu, Dadra y Nagar Haveli, fruto de más de 450 años de historia, que urgirá reforzar en interés del proclamado estrechamiento de lazos entre la Unión Europea y la India.

Por todo lo anterior, ¿puede indicar la Comisión

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(10 de febrero de 2004)

La cuarta cumbre entre la UE y la India, celebrada en Delhi el 29 de noviembre de 2003, fue un acontecimiento importante para el estrechamiento de la relación entre ambas, aspecto en el que se ha avanzado significativamente desde la primera cumbre celebrada en Lisboa en junio de 2000, bajo la Presidencia portuguesa.

El diálogo y la cooperación se han seguido intensificando en toda la gama de asuntos políticos, económicos, de desarrollo y civiles.

En este contexto, se ha prestado una atención cada vez mayor a la dimensión cultural y la Comisión, ya empeñada en ello, está estudiando nuevos medios para consolidar este importante elemento de las relaciones entre la UE y la India.

El programa económico y cultural al que se refiere Su Señoría se reactivó en julio de 2003 mediante una convocatoria de propuestas en los ámbitos de la comunicación, las universidades, la investigación y las redes empresariales. Se seleccionaron 26 proyectos que están pendientes de firma.

Se está elaborando actualmente un programa de becas de intercambio entre la UE y la India, con el fin de que los estudiantes de postgrado indios puedan asistir a las universidades europeas —incluidas posiblemente las portuguesas—, con objeto de estrechar los lazos y el conocimiento recíproco.

La posibilidad de pequeños proyectos UE-India ofrece además la posibilidad de financiar actividades culturales. Uno de los nueve proyectos financiados de la última convocatoria de propuestas tiene por objeto aumentar el intercambio cultural a través de la traducción de la literatura europea e india.

La Comisión ha participado activamente en la organización de una apretada semana cultural con ocasión de la cumbre de Delhi. El público indio apreció notablemente las numerosas actividades culturales europeas organizadas por los Estados miembros.

La Comisión coincide totalmente con Su Señoría en que los intercambios culturales son un elemento crucial de las relaciones entre la UE y la India. Por ello, en su labor actual de elaborar una asociación estratégica con la India, tendrá en cuenta la importancia de las relaciones culturales, tanto durante las cumbres como en el fomento de la relación cotidiana.

----

----

(2004/C 88 E/0175)

PREGUNTA ESCRITA E-0049/04

de Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) a la Comisión

(20 de enero de 2004)

Asunto:   Ayuda enviada a Irán por la Unión Europea para remediar las trágicas consecuencias del terremoto de Barn

¿Qué relaciones mantiene la UE con el Gobierno iraní después de la gran catástrofe de Barn? ¿Qué ayuda ha enviado la UE a Barn? ¿Cuál será la contribución de la UE para que las ciudades y aldeas afectadas recuperen en la medida de lo posible su vida? ¿Cuenta la Comisión con los medios necesarios para ayudar a las poblaciones afectadas cuando ocurre este tipo de catástrofes, de acuerdo con la capacidad económica europea?

Respuesta del Sr. Nielson en nombre de la Comisión

(5 de marzo de 2004)

La UE ha explorado durante muchos años maneras de desarrollar relaciones políticas y económicas más amplias con Irán. Con ese fin, en diciembre de 2002 inició negociaciones relativas a un Acuerdo comercial y de cooperación, así como a un Acuerdo sobre diálogo político y lucha contra el terrorismo. Casi simultáneamente, se estableció un diálogo sobre derechos humanos con Irán. Desde 1999 existen grupos de trabajo sobre comercio e inversión, así como sobre energía. La UE continúa basando su planteamiento hacia Irán en el concepto global de diálogo completo, introducido en 1998.

Tras el trágico terremoto del 26 de diciembre de 2003, a través de su Oficina de Ayuda Humanitaria (ECHO), la Comisión reaccionó rápidamente asignando, el 27 de diciembre de 2003, 2,3 millones de euros para cubrir las necesidades humanitarias más urgentes. Los fondos se han canalizado a través del movimiento de la Cruz Roja y de organizaciones no gubernamentales internacionales (ONG). Ya el 26 de diciembre de 2003, el centro de vigilancia e información en materia de protección civil de la UE que alberga la Comisión, envió y coordinó los equipos de búsqueda y rescate enviados por los Estados miembros, los países del Espacio Económico Europeo (EEE) y los países candidatos y adherentes.

El 18 de febrero de 2004 la Comisión adoptó una decisión subsiguiente de 6,2 millones de euros destinados al mantenimiento de la ayuda humanitaria. Como ya se había hecho anteriormente, los fondos se desembolsarán a través de la Cruz Roja y de las ONG internacionales, así como a través de los organismos de las Naciones Unidas. Los sectores objetivo serán la sanidad, el agua y el saneamiento y la atención psicosocial dirigida hacia los grupos de población más vulnerables, sobre todo a los niños.

El Comisario responsable del desarrollo y la cooperación visitó Irán los días 18 y 19 de febrero de 2004. Mantuvo conversaciones con el Gobierno, la Media Luna Roja iraní y las organizaciones de las Naciones Unidas en Teherán y también visitó Barn, donde se reunió con las organizaciones que trabajan sobre el terreno.

----

----

(2004/C 88 E/0176)

PREGUNTA ESCRITA E-0072/04

de José Ribeiro e Castro (UEN) a la Comisión

(20 de enero de 2004)

Asunto:   Sospecha de tráfico de órganos humanos en Mozambique

A finales de 2003 se empezó a rumorear que, en una región al norte de Mozambique, operaba una red criminal que traficaba con órganos humanos extraídos de personas secuestradas y asesinadas con este propósito (sobre todo niños pero también adultos). Según los rumores, todas las semanas aparecen cuerpos mutilados en los alrededores de un monasterio en la zona de Nampula y se producen numerosos casos de personas que desaparecen sin dejar rastro. El posible tráfico parece efectuarse por Sudáfrica y se ha mencionado a un ciudadano sudafricano como uno de los presuntos implicados. Parece que ha cundido el pánico entre la población que teme que la red pueda contar con cómplices a alto nivel político o económico.

Estos presuntos hechos, de suma gravedad, los delataron por primera vez fuentes religiosas. Como temían por la vida de los religiosos de la zona — se sabe que misioneros preocupados por estos delitos e indignados por el posible tráfico en cuestión han sido amenazados de muerte — trataron estas noticias con extrema prudencia a la vez que intentaban reunir más pruebas. Sin embargo, una misionera brasileña ya había denunciado públicamente estos hechos y su denuncia se transmitió en un programa de televisión en Brasil a finales de 2003. Acto seguido, el caso fue recogido en Portugal por el periódico «Público» el 24.12.2003 y el 2.1.2004. En estos artículos, el Fiscal General de Mozambique está al corriente de las denuncias y está investigando los hechos.

Hace poco el Parlamento Europeo se ocupó de este tema en general cuando estudió, por iniciativa griega, la propuesta de una Decisión marco sobre la prevención y represión del tráfico de órganos y tejidos humanos: véanse las deliberaciones del pleno del 23.10.2003 y el informe correspondiente de Robert J.E. Evans (A5-0326/2003).

----

----

(2004/C 88 E/0177)

PREGUNTA ESCRITA E-0143/04

de José Ribeiro e Castro (UEN) a la Comisión

(26 de enero de 2004)

Asunto:   Tráfico de órganos humanos — Mozambique

Se han producido novedades con respecto a este asunto, sobre el que ya tuve oportunidad de formular preguntas recientemente a la Comisión y al Consejo. En efecto, el Fiscal General de la República, Dr. Joaquim Madeira, ha reconocido ante los medios de comunicación que el tráfico de órganos humanos es una realidad. De hecho, el Fiscal General confirmó, hace días, a la emisora portuguesa RDP-África que la denuncia a la Fiscalía fue presentada por la Presidenta de la Liga de Derechos Humanos después de que la misionera brasileña Elilda dos Santos hubiera denunciado ocho posibles casos de extracción de órganos a niños de Nampula. Un equipo de investigación de la Fiscalía General del la República de Mozambique está investigando los casos denunciados en las provincias de Manica, Maputo y Nampula y ya ha procedido a la audición de algunos testigos al respecto. Al mismo tiempo, señaló la existencia de este preocupante fenómeno y gravísimo tráfico en otros países africanos.

Ya ayer, 14 de enero, en el noticiario principal de la cadena de televisión pública portuguesa (RTP 1) se dedicó un amplio reportaje al caso de Mozambique, confirmando las denuncias y poniendo de manifiesto las flagrantes contradicciones existentes entre la policía local (que niega) y la Fiscalía General (que confirma bien los hechos, bien los procesos).

En otra entrevista concedida a la Televisión de Mozambique (TVM), parece que el Fiscal General hizo un llamamiento a la sociedad de Mozambique para que «cerrara filas» en la lucha contra este delito. Tres personas fueron detenidas en la provincia central de Manica acusadas de tráfico de órganos y un matrimonio extranjero, sospechoso de intento de rapto de menores con fines de extracción de órganos, está en libertad condicional en Nampula. La misionera brasileña responsable de las primeras denuncias, que vive en un monasterio de Nampula que acoge a niños pobres y huérfanos, considera que existen signos de que, en los últimos meses, más menores fueron asesinados para retirarles órganos.

En consecuencia, y tras mi pregunta anterior (E-0072/04) y que reitero,

Respuesta común

a las preguntas escritas E-0072/04 y E-0143/04

dada por el Sr. Nielson en nombre de la Comisión

(19 de marzo de 2004)

La Comisión comparte la preocupación de Su Señoría acerca de estos crímenes abominables concernientes al tráfico de órganos humanos, en particular de niños, en Mozambique.

La Comisión está plenamente al corriente de esta grave situación a través de su delegación en Maputo y ya ha contactado con el Fiscal General de la República en relación con estos crímenes. Tal como se menciona en la pregunta de Su Señoría, el Fiscal General ha confirmado que se ha registrado un caso en Nampula y que está en curso una investigación completa no sólo en esta región sino también en otras del país. Por el momento, el Fiscal General no ha manifestado la necesidad de asistencia suplementaria por parte de la Comisión o de otros donantes.

El Jefe de Misiones de la UE y la Delegación de la CE han discutido este asunto y abordarán la cuestión en el marco del diálogo político UE-Mozambique.

Mozambique se ha beneficiado de la asistencia al sistema judicial (planificación estratégica, acceso a la justicia, derechos humanos, reformas del sistema penitenciario, formación jurídica, tribunal civil de Maputo, policía de Mozambique) facilitada por la UE (Dinamarca, Irlanda, Portugal, España, Italia y los Países Bajos), por Noruega, por el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y por la Agencia de los Estados Unidos para el desarrollo internacional (USAID).

El informe estratégico sobre el país de la CE para Mozambique prevé la asistencia en este sector y está en curso de aprobación por la Comisión un programa por un importe de 10 millones de euros. La estrategia de tal programa es integrar las actividades financiadas por los otros donantes y, considerando que ios problemas relativos a la justicia penal deben ser afrontados de manera sistemática, implicar a todos los agentes interesados, en cuanto elementos de la «cadena de la justicia penal»: la policía judicial, el Ministerio Fiscal, los tribunales, el sistema penitenciario, la defensa letrada, y la sociedad civil a la que corresponde desempeñar un papel destacado en ámbitos tales como la prevención de la delincuencia (a través de iniciativas con base en las comunidades locales) y la lucha contra la violación de derechos humanos. Con el segundo elemento esencial, a saber, la descentralización, se persigue corregir los desequilibrios geográficos del sistema y facilitar el acceso a la justicia, especialmente a nivel local y de distrito. La estrategia se basa en la vocación de servicio y de defensa de derechos. El programa, por su parte, se orienta al logro de una serie de objetivos estratégicos que requieren la aquiescencia de instituciones distintas e independientes. Las actividades previstas en el programa comprenden intervenciones en materia de apoyo institucional, búsqueda de soluciones alternativas a la prisión, campañas de sensibilización y realizadas a través de los medios de comunicación, investigación e inspecciones, formación, creación de fondos de asistencia específicos para los derechos humanos, rehabilitación y suministro de equipo.

En lo que respecta a la situación en el seno de la UE, se han adoptado numerosas medidas destinadas a mejorar la cooperación entre los servicios de policía de los Estados miembros y las administraciones aduaneras y a reforzar las fronteras externas. En lo relativo, en particular, al tráfico de órganos humanos, en febrero de 2003 Grecia presentó una iniciativa para la adopción por el Consejo de una Decisión marco relativa a la prevención y a la represión del tráfico de órganos y tejidos humanos. El objetivo de la propuesta es definir los tipos de conducta que deberían ser punibles en todos los Estados miembros y las penas mínimas que deberían aplicarse a tales delitos. La Comisión ha acogido favorablemente la propuesta en principio y ha apoyado la iniciativa de Grecia invitando a presentar solicitudes para la financiación de ulteriores proyectos en este sector en virtud de su programa AGIS 2004 sobre la cooperación policial y judicial en materia penal.

Por otra parte, se ha ampliado el mandato de Europol, que a partir del 1 de enero de 2002 es competente también para el comercio ilícito de órganos y tejidos humanos. Europol está actualmente recogiendo información de los Estados miembros acerca de la situación dentro de la UE.

----

----

(2004/C 88 E/0178)

PREGUNTA ESCRITA E-0154/04

de Margrietus van den Berg (PSE) a la Comisión

(29 de enero de 2004)

Asunto:   Impuesto de cleptócratas

Las empresas pretenden que atraviesan un período difícil. Se procede a saneamientos, despidos y se registran pérdidas. Todo ello sin que ellas tengan la culpa, según los administradores, porque se trata simplemente de un mal paso de la economía y en esas condiciones se gana menos. Por lo tanto, son inevitables las medidas dolorosas. Lo sentimos todos y por ello tenemos que ahorrar todos y soportar conjuntamente la carga. Cada cual tiene que aportar algo y así saldremos del estancamiento. Quien observe detenidamente los salarios de los presidentes de consejos de administración en los Países Bajos llega a la conclusión de que siguen ganando unos salarios enormes mediante acuerdos sobre opciones, acuerdos sobre el despido, pluses y préstamos. Por lo visto, a ellos no les toca apretar el cinturón.

Dado que las propuestas del Gabinete Balkenende y de la Comisión Tabaksblat no logran reducir suficientemente estos elevados importes, la Federación Neerlandesa de Sindicatos FNV ha propuesto otras medidas. Este órgano desea que las autoridades en los Países Bajos reduzcan los elevados salarios mediante un impuesto sobre la renta. Esto significa que, por encima de un importe determinado, por ejemplo 500 000 euros, se aplicaría un tipo impositivo superior al actual del 52%. Los fondos derivados de esta operación podrían utilizarse para ayudar financieramente a las víctimas de la política de saneamiento aplicada por los señores en cuestión.

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(12 de marzo de 2004)

----

(1)DO C 284 de 10.10.2001.

(2)  COM(2003) 284 final.

----

----

(2004/C 88 E/0179)

PREGUNTA ESCRITA E-0187/04

de Brice Hortefeux (PPE-DE) a la Comisión

(29 de enero de 2004)

Asunto:   Control de las contabilidades de empresa

A la luz del escándalo reciente que reveló la existencia de un agujero de 7 000 millones de euros en Parmalat, resurge con particular insistencia la cuestión del control de las contabilidades de empresa.

Paraísos fiscales, pérdidas económicas no declaradas, falsos documentos y falsos balances constituyen un repertorio de todos los ingredientes que han alimentado los escándalos financieros precedentes. Aunque sea aún temprano para extraer conclusiones de este escándalo extremadamente complejo, sería útil y necesario comenzar a analizar sus consecuencias en materia de política europea en lo que se refiere a los servicios financieros.

De este modo, ¿tiene la Comisión la intención de abordar el refuerzo del control legal de las cuentas, previendo medidas de control y de vigilancia más estrictas en lo que respecta a los gabinetes de auditoría, mediante su responsabilización por todos los aspectos de las cuentas consolidadas?

¿Se colmará el vacío jurídico que se crea cuando existen dos empresas de auditoría y cada una de ellas es responsable de una parte de las cuentas? En caso afirmativo, ¿de qué modo?

¿Se está reflexionando sobre la posibilidad de prohibir a las empresas de auditoría que participen en cualquier tipo de decisiones de gestión?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(11 de marzo de 2004)

La Comisión está de acuerdo en que aún es demasiado temprano para extraer conclusiones sobre la quiebra de la empresa Parmalat, que es extraordinariamente compleja. Sin embargo, la Comisión había propuesto ya en sus Comunicaciones de 21 de mayo de 2003 sobre la Modernización del Derecho de sociedades y mejora de la gobernanza empresarial en la Unión Europea y sobre el Refuerzo de la auditoría legal en la UE, una serie de medidas que tratan específicamente algunos de los problemas suscitados en el caso Parmalat. En respuesta a esta quiebra, la Comisión se propone acelerar parte de las propuestas contenidas en estos planes de acción.

En cuanto a la auditoría legal, la Comisión se propone incluir una disposición específica en su propuesta de Directiva modernizada que confirme el principio de que el auditor legal no puede de ninguna manera participar en las decisiones de gestión. También se introducirá una norma específica según la cual el auditor del grupo asumirá la plena responsabilidad del informe de auditoría en la relación con las cuentas consolidadas.

----

----

(2004/C 88 E/0180)

PREGUNTA ESCRITA E-0214/04

de Giles Chichester (PPE-DE) a la Comisión

(30 de enero de 2004)

Asunto:   Información pormenorizada sobre los fondos de la UE destinados a la Autoridad Palestina

Distintos electores de mi circunscripción me han manifestado por escrito su preocupación con respecto a las dudas existentes, y sobre las que se ha informado ampliamente, en relación con la utilización de los fondos de la UE por parte de la Autoridad Palestina. Hasta la fecha no se dispone de datos ni de información detallada sobre los fondos que concede la UE a la Autoridad Palestina que permitan corroborar o rebatir estas acusaciones.

Teniendo en cuenta las acusaciones constantes sobre abusos cometidos por la Autoridad Palestina en relación con los fondos de la UE y la confidencialidad que rodea al grupo de trabajo del Parlamento Europeo encargado de esta cuestión, ¿podría indicar la Comisión a qué importe ascendieron en los últimos tres años los fondos concedidos por la UE a la Autoridad Palestina, así como comunicar los detalles relacionados con el objetivo que se perseguía con estos fondos (tal y como figuraban en la solicitud de la Autoridad Palestina) y señalar cuáles son los importes previstos para 2003-2004?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(10 de marzo de 2004)

El importe total de la asistencia proporcionada por la Comunidad Europea (excluida la asistencia bilateral de los Estados miembros) a Cisjordania y Gaza, incluida la ayuda humanitaria, la ayuda alimentaria y el apoyo a las organizaciones no gubernamentales (ONG) durante los tres últimos años se puede desglosar como sigue (base de compromisos): en 2000, 225,86 millones de euros; en 2001, 149,39 millones de euros, y en 2002, 326,31 millones de euros. En estas cantidades se incluye la asistencia humanitaria concedida en favor de los refugiados palestinos en Jordania, Líbano y Siria.

Durante los últimos años, al conceder la ayuda financiera, la CE ha tratado de lograr un equilibrio entre la asistencia de emergencia a corto plazo y el apoyo concedido en favor del desarrollo con un enfoque más estratégico y prospectivo, con miras a la preparación de un futuro Estado democrático palestino.

En 2003, el importe total de la asistencia proporcionada por la Comunidad Europea (excluida la asistencia bilateral de los Estados miembros) a Cisjordania y Gaza, incluida la ayuda humanitaria, la ayuda alimentaria y el apoyo a las organizaciones no gubernamentales (ONG) ascendió a 255,78 millones de euros. En esta cantidad se incluye la asistencia humanitaria concedida en favor de los refugiados palestinos en Jordania, Líbano y Siria. La programación para 2004 todavía no se ha concluido, pero la cuantía de la ayuda será comparable a la proporcionada en los últimos años.

----

----

(2004/C 88 E/0181)

PREGUNTA ESCRITA E-0270/04

de Brice Hortefeux (PPE-DE) a la Comisión

(5 de febrero de 2004)

Asunto:   Seguimiento de la reglamentación sobre los pagos transfronterizos

El Reglamento (CE) no 2560/2001 (1) del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los pagos transfronterizos en euros, aprobado por el Parlamento Europeo y en vigor desde el 31 de diciembre de 2001, ha contribuido a reducir considerablemente el precio de los pagos transfronterizos en el mercado interior. Además, ha dado pie al sector bancario a modernizar sus infraestructuras de pago a escala de la Unión Europea, lo cual representa un paso importante con vistas a la creación, en el mercado interior, de un espacio único para los pagos que no se realizan en metálico, que no existía pese a la introducción del euro.

No obstante, un estudio llevado a cabo recientemente en Francia (citado en la audiencia de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre el espacio único de pagos, celebrada el pasado 20 de enero) revela que los 25 bancos participantes en el estudio cuentan con 180 tarifas de gastos distintas. Es evidente que resulta extremadamente difícil para los consumidores orientarse en este laberinto administrativo, además de que el 24 % de los encuestados han declarado haber recibido informaciones erróneas. A esto hay que añadirle el abuso que suponen los aumentos y la imposición de nuevos gastos bancarios para compensar la entrada en vigor del Reglamento.

Habida cuenta de todo ello, ¿qué medidas prevé tomar la Comisión para que las ventajas que ofrece esta legislación no queden anuladas por las contramedidas de los bancos?

¿Prevé la Comisión elaborar una legislación que obligue a los bancos a proporcionar informaciones coherentes y comprensibles a los usuarios?

Respuesta del Comisario Bolkestein en nombre de la Comisión

(11 de marzo de 2004)

En virtud del Reglamento (CE) no 2560/2001, que se aplica a los pagos por tarjeta y a la retirada de efectivo en los cajeros automáticos desde el 1 de julio de 2002 y a las transferencias y giros desde el 1 de julio de 2003, los gastos cobrados por un pago transfronterizo en euros deben ser los mismos que para un pago nacional.

Sobre la base de la información de la que dispone en esta fase, la Comisión considera que a excepción de España, donde la Comisión ha pedido a las autoridades españolas que adopten las medidas necesarias para la buena aplicación del Reglamento, éste se aplica bien en general. La Comisión no tiene conocimiento de la investigación a la que Su Señoría hace referencia por lo que se refiere a Francia y está interesada en cualquier información que pueda enviarle al respecto.

En caso de incumplimiento del Reglamento, deberán aplicarse sanciones eficaces, proporcionadas y disuasorias por parte de las autoridades nacionales competentes.

Además, en el marco del Reglamento (CE) no 2560/2001, la Comisión presentará al Consejo y al Parlamento, a más tardar en junio de 2004, un informe sobre la aplicación del mismo, y uno de los apartados se referirá a las tarifas nacionales. La Comisión estará entonces en condiciones de dar una respuesta más completa a este respecto. Sin embargo es necesario observar que el aumento de los precios de numerosos servicios bancarios no tiene nada que ver con el Reglamento, que sólo se refiere a los gastos vinculados a transferencias y transacciones electrónicas. La Comisión considera que los bancos son libres de determinar el precio de sus servicios y que es el cliente el que debe hacer jugar la competencia.

También por esta razón la Comisión concede una enorme importancia a la transparencia en materia de información a los usuarios de servicios de pago y con el fin de garantizar esta transparencia, propuso, en su comunicación al Consejo y al Parlamento relativa a un nuevo marco jurídico para los pagos en el mercado interior, de diciembre de 2003 (2), normas de transparencia aplicables a los prestadores de servicios de pago armonizadas a nivel europeo.

----

(1)DO L 344 de 28.12.2001, p. 13.

(2)  COM(2003) 718 final.

----

----

(2004/C 88 E/0182)

PREGUNTA ESCRITA E-0272/04

de Mario Borghezio (NI) a la Comisión

(5 de febrero de 2004)

Asunto:   Puerto seco de Timisoara

Sobre el proyecto del puerto seco de Timisoara, en Rumania, destinado en sus orígenes a ser la obra que debía hacer de Rumania «la puerta de Oriente», empiezan a proyectarse las oscuras sombras de la especulación.

En efecto, la localizatión, prevista originariamente en una superficie de 150 hectáreas de suelo público al norte de la ciudad, para la cual se contaba ya con un primer visto bueno de la UE, ha cambiado inesperadamente a una superficie de sólo 30 hectáreas, que hipotéticamente se pueden extender como máximo sólo hasta 70, al sur de la ciudad, en un eje, en dirección a Serbia, que impide su aprovechamiento para transportes pesados. La opción original, que incluía el compromiso de que, en caso de no construirse el puerto seco, se restablecería automáticamente el anterior destino para uso agrícola, excluía evidentemente toda posibilidad de especulación inmobiliaria, cuyos contornos, con la opción actual, se dejan entrever perfectamente.

¿No piensa la Comisión, a la vista de la posible concesión de ayudas europeas para la construcción del puerto seco de Timisoara, reflexionar con mayor profundidad sobre los inquietantes aspectos de su nueva ubicación?

Respuesta del Sr. Verheugen en nombre de la Comisión

(11 de marzo de 2004)

La Comisión tiene conocimiento del proyecto de construir una plataforma multimodal en Timisoara, si bien no se ha solicitado su aprobación sobre ninguna ubicación concreta. Por otra parte, al no haberse solicitado de la UE financiación de preadhesión, la Comisión no tiene intención de pronunciarse sobre el problema de la loralización de dicha terminal.

----

----

(2004/C 88 E/0183)

PREGUNTA ESCRITA E-0288/04

de Marco Cappato (NI) a la Comisión

(6 de febrero de 2004)

Asunto:   Programa de erradicación de estupefacientes en Colombia

Durante su reciente visita a Colombia, el Comisario Chris Patten transmitió las críticas europeas al programa de erradicación de estupefacientes promovido por los Estados Unidos. El Comisario dijo asimismo que la UE ha rechazado la financiación de programas de fumigación en los Andes, debido a las consecuencias negativas de las fumigaciones para la vida y el bienestar de los Colombianos y su medioambiente.

El Sr. Patten también confirmó el compromiso de la Unión de destinar unos 50 millones de euros a programas de desarrollo alternativos, supeditado, sin embargo, al cumplimiento por Colombia de las recomendaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos.

¿Piensa plantear la Comisión el problema de las fumigaciones en sus contactos bilaterales con la administración de las Naciones Unidas, poniendo de relieve sus defectos y consecuencias adversas?

En relación con los programas de fomento, ¿estaría la Comisión dispuesta a examinar la posibilidad de prestar apoyo financiero a algunas de las propuestas que una serie de organizaciones colombianas elaboran ahora con miras a desarrollar usos alternativos de la planta de la coca, cuyas hojas, que algunas comunidades consideran sagradas, pueden servir para la elaboración de una serie de productos distintos de la cocaina?

Teniendo en cuenta que el próximo período de sesiones de la Comisión de las Naciones Unidas sobre estupefacientes, que se celebrará entre los días 16 y 25 de marzo, puede ser una ocasión para proponer la incorporación de cambios en el Convenio de las Naciones Unidas sobre estupefacientes, ¿cuáles son las razones científicas por las que la Comisión aboga por mantener la coca en el Calendario I en lugar de reclasificarla e incluirla en el Calendario IV?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(11 de marzo de 2004)

La Comisión ha dado ya a conocer al Gobierno estadounidense su postura en relación con la pulverización aérea («fumigación») en general, y, en particular, como medio de erradicación de los cultivos ilegales en Colombia.

Por otra parte, la Comisión ha conseguido del Gobierno colombiano el compromiso político de no someter a programas de pulverización aérea las zonas donde se llevan a cabo sus proyectos de desarrollo alternativo, y sigue con atención la evolución sobre el terreno.

Esta postura está en consonancia con la adoptada por la Comisión en la Unión, con arreglo a la cual, en el futuro, la pulverización aérea deberá restringirse al máximo, o incluso prohibirse por completo. En su Comunicación «Hacia una estrategia temática para el uso sostenible de los plaguicidas» (1), la Comisión propuso una prohibición general, con excepciones específicas autorizadas por las autoridades nacionales de ios Estados miembros, si tal pulverización presenta ventajas claras y beneficios ambientales frente a otros métodos de aplicación, habida cuenta de los efectos que la dispersión de pesticidas puede tener sobre la salud humana y el medio ambiente, y de su posible incidencia socioeconómica, sobre todo en las zonas a las que no está específicamente destinada, las zonas habitadas y las reservas hídricas (2).

Los proyectos de desarrollo alternativo sostenidos por la Comisión en Colombia prevén la erradicación manual voluntaria de los cultivos de coca.

La próxima sesión de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas se celebrará en Viena del 15 al 22 de marzo de 2004. En el orden del día de dicha reunión no figura la modificación de las Convenciones de las Naciones Unidas en materia de drogas ni la clasificación de la hoja de coca en el marco de las citadas Convenciones. La Comisión carece de competencias en lo que respecta a la clasificación de las hojas de coca.

----

(1)  COM(2002) 349 final.

(2)  http://europa.eu.int/comm/environment/ppps/home.htm.

----

----

(2004/C 88 E/0184)

PREGUNTA ESCRITA E-0320/04

de Gary Titley (PSE) a la Comisión

(6 de febrero de 2004)

Asunto:   Tala ilegal y comercio de madera

La Comisión tendrá conocimiento de que, hasta hace poco, los magnates de la madera se concentraban en las islas de Indonesia, acelerando la destrucción de los bosques de esa zona. Ahora parece que el objetivo son los bosques de Papua Occidental, que corren el riesgo de sufrir el mismo destino.

El 21 de mayo de 2003, la Comisión publicó el Plan de Acción sobre aplicación de las leyes, gobernanza y comercio forestales (FLEGT) y ha manifestado su intención de presentar una propuesta de reglamento en 2004 para aplicar dicho Plan de acción y sentar las bases de un sistema voluntario de concesión de licencias destinado a controlar las importaciones de madera.

La opinión de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía del Parlamento Europeo, emitida el 19 de enero de 2004, señala que aún cuando un sistema voluntario de concesión de licencias en el sector maderero evitaría la entrada de madera clandestina, procedente de los países participantes, para su libre circulación en la Unión Europea, no es probable que todos los países participantes accedan a firmar acuerdos bilaterales. Recomienda que se elabore una legislación vinculante que prohiba la importación y la comercialización de madera y productos forestales explotados ilegalmente, independientemente del país de origen, a fin de permitir a las autoridades de los Estados miembros perseguir a las empresas o individuos implicados en esta actividad.

¿Puede confirmar la Comisión si introducirá esta legislación vinculante y cuál serán sus próximas medidas?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(16 de marzo de 2004)

La Comisión es consciente de que el sistema voluntario de concesión de licencias propuesto en la Comunicación sobre el Plan de Acción FLEGT (1) no abarcaría todos los países productores de madera; de ahí el riesgo de que la madera talada ilegalmente pueda entrar en la Unión Europea procedente de países que carecen de dichos sistemas. No obstante, si los países que se enfrentan a los problemas más graves de tala ilegal llegaran a celebrar acuerdos bilaterales con la Unión, ello tendría un impacto considerable.

En el Plan de Acción FLEGT, la Comisión declaró que investigaría posibles medidas legislativas adicionales destinadas a acabar con la importación y la comercialización de la madera talada ilegalmente, que irían más allá del sistema voluntario de concesión de licencias propuesto. La Comisión presentará al Parlamento y al Consejo opciones para dicha posible legislación en el curso de 2004. La decisión sobre la posible introducción de nueva legislación dependerá de la viabilidad y la naturaleza de esas opciones.

Debe señalarse que la prohibición general de importación de la madera talada ilegalmente, por más que resulte instintivamente atractiva, plantea varias dificultades de orden jurídico y práctico: ¿quién estaría capacitado para determinar lo que es legal, y cómo seguir el recorrido de la madera desde el bosque, pasando por el proceso de transformación, hasta el punto de importación? Por otra parte, algunas posibles medidas podrían ser competencia de los Estados miembros antes que de la Comunidad, como por ejemplo cuando entra en juego la legislación penal. No obstante, la Comisión admite la gravedad del problema, tal como se menciona en la pregunta de Su Señoría, y se compromete a velar por que la Comunidad asuma sus responsabilidades a este respecto.

----

(1)  COM(2003) 251 final.

----

----

(2004/C 88 E/0185)

PREGUNTA ESCRITA E-0362/04

de Graham Watson (ELDR) a la Comisión

(12 de febrero de 2004)

Asunto:   Los nombres en los pasaportes letones

¿Podría explicar la Comisión por qué la legislación de Letonia exige que los nombres de persona consignados en los pasaportes del país se amolden obligatoriamente a las normas de la lengua letona? Cuando se casa una mujer, su nuevo apellido no puede ser Smith, por ejemplo, sino que debe adoptar una forma letona, que en este caso podría ser Smite, el apellido letón más parecido.

Respuesta del Sr. Verheugen en nombre de la Comisión

(22 de marzo de 2004)

La Comisión ha abordado indefectiblemente el problema de la «letonización» de los apellidos en los pasaportes en sus informes periódicos anuales, en el apartado relativo a los denominados criterios políticos de Copenhague, es decir, el respeto de la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y la protección de las minorías. El respeto del propio apellido por parte de las autoridades estatales constituye indudablemente un derecho individual, derivado de la dignidad y la libertad de la persona. Además de ello, en el caso de los cónyuges, cabe invocar la obligación del Estado de respetar la vida familiar, tal como se contempla, por ejemplo, en el artículo 7 de la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea.

En su informe periódico de 2002 (1), la Comisión tomaba nota de los cambios introducidos por Letonia a raíz de una sentencia de su Tribunal Constitucional, que se traducían en una posición más visible del apellido original en el pasaporte, si bien señalaba la limitación de dichos cambios, pues, en concreto, la forma letona sigue siendo la más evidente en la página de los datos personales. Así pues, concluía que la legislación podía seguir cuestionándose desde el punto de vista de los derechos humanos. No obstante, es competencia de los Tribunales y no de la Comisión pronunciarse acerca de la legalidad de la normativa letona, salvo que, tras la adhesión, se presente a la Comisión una denuncia oficial por incumplimiento de determinadas disposiciones del Derecho comunitario.

----

(1)  COM(2002) 700 final.

----

----

(2004/C 88 E/0186)

PREGUNTA ESCRITA E-0378/04

de Hartmut Nassauer (PPE-DE) y Bernd Lange (PSE) a la Comisión

(12 de febrero de 2004)

Asunto:   Proyecto de Segunda Directiva sobre valores límites, mediante la que se establece un valor límite indicativo para el monóxido de nitrógeno (NO) en los lugares de trabajo

La Comisión tiene la intención de reducir considerablemente el valor límite para el monóxido de nitrógeno en los lugares de trabajo, por recomendación del Comité científico para los límites de exposición profesional a agentes químicos (CCLEP).

Sobre dicho tema cabe formular las siguientes preguntas:

Respuesta del Sr. Dimas en nombre de la Comisión

(20 de abril de 2004)

----

(1)  Council Directive 98/24/EC of 7 April 1998 on the protection of the health and safety of workers from the risks related to chemical agents at work (fourteenth individual Directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC), OJ L 131, 5.5.1998.

(2)  95/320/EC: Commission Decision 95/320/EC of 12 July 1995 setting up a Scientific Committee for Occupational Exposure Limits to Chemical Agents, OJ L 188, 9.8.1995.

(3)  http://europa.eu.int/comm/employment_social/health_safety/publicat/sum_89_nitrogen_monoxide.pdf

http://europa.eu.int/comm/employment_social/health_safety/publicat/sum_89_nitrogen_monoxide.pdf

(4)  Council Directive 67/548/EEC of 27 June 1967 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions relating to the classification, packaging and labelling of dangerous substances, OJ P 196, 6.8.1967.

(5)  Commission Directive 91/322/EEC of 29 May 1991 on establishing indicative limit values by implementing Council Directive 80/1107/EEC on the protection of workers from the risks related to exposure to chemical, physical and biological agents at work, OJ L 177, 5.7.1991.

----

----

(2004/C 88 E/0187)

PREGUNTA ESCRITA E-0382/04

de Stavros Xarchakos (PPE-DE) a la Comisión

(12 de febrero de 2004)

Asunto:   Libre circulación entre Grecia y el resto de la UE

Los artículos 14 y 18 del Tratado CE garantizan la libre circulación en el mercado único. Según se desprende de las propuestas del Abogado General Sr. G. Cosmás en el asunto C-378/97, las disposiciones de dichos artículos del Tratado no son idénticas a nivel semántico, sino que se complementan mutuamente.

Bajo estas condiciones, resulta difícil comprender por qué Grecia continúa considerando ilícita la circulación en su territorio de un automóvil conducido por un ciudadano de la UE con residencia en otro Estado miembro donde ha adquirido legalmente un turismo con matrícula del Estado miembro en el que ha decidido residir. El derecho internacional establece que el automóvil es un bien mueble cuya situación jurídica está sometida a la legislación del lugar donde haya sido registrado, igual que sucede con otras categorías de medios de transporte. A pesar de ello, en Grecia se confiscan muy a menudo vehículos con matrícula comunitaria y se encarcela y multa a sus propietarios. Las denuncias de los propietarios de los automóviles con matrícula comunitaria se basan en que la inmediata confiscación de un vehículo en Grecia contradice lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 129 del nuevo Código aduanero griego, que establece que los vehículos comunitarios podrán ser devueltos antes del pago de la debida tasa de registro a los demás Estados miembros de la Unión Europea o exportados a terceros países. En este caso, un automovilista no puede recuperar su vehículo en otro Estado miembro distinto de Grecia, puesto que la autoridad pública griega habrá procedido ya a su confiscación.

¿Considera la Comisión que Grecia está violando los artículos 14 y 18 del Tratado al confiscar vehículos con matrículas comunitarias y encarcelar a los ciudadanos comunitarios que los utilizan dentro de Grecia? ¿Podrían, por tanto, dichos ciudadanos, en virtud de la legislación comunitaria, reclamar indemnizaciones por los daños ocasionados por esta práctica de las autoridades griegas? ¿Puede un ciudadano de la UE tener varias residencias distintas en diferentes Estados miembros de la UE y viajar libremente trasladándose de uno a otro, sin tener que calcular continuamente cuántos días ha permanecido en cada uno de ellos? ¿Cuál es la opinión de la Comisión sobre el establecimiento de una matrícula comunitaria que se reconozca igualmente en todos los Estados miembros, como ya sucede, por ejemplo, con el permiso de conducir comunitario, que (conforme a la Directiva 91/439/CEE (1)) es válido en todos los Estados miembros?

Respuesta del Sr. Vitorino en nombre de la Comisión

(26 de abril de 2004)

La Comisión remite a Su Señoría a la respuesta a su pregunta escrita anterior E-3819/03 (2), sobre la importación de automóviles a Grecia por ciudadanos de la UE residentes en otro Estado miembro y, en particular, por nacionales griegos.

La jurisprudencia ha reconocido el principio de responsabilidad del Estado miembro en caso de violación del Derecho comunitario y la obligación de reparación, con independencia del órgano oficial cuya acción u omisión haya sido causante (por ejemplo, véanse las sentencias del Tribunal de 19 de noviembre de 1991 (asuntos acumulados C-6/90 y C-9/90 «Francovich») y 5 de marzo de 1996 (asuntos acumulados C-46/93 y C-48/93 «Brasserie du Pêcheur»).

Todo ciudadano de la Unión Europea que cumpla las condiciones previstas en el Derecho comunitario puede circular libremente entre los Estados miembros y establecer libremente su residencia. El Derecho comunitario no impide tener varias residencias en diferentes Estados miembros.

Aunque en principio sea posible introducir una matrícula europea única, antes sería preciso que se dieran una serie de condiciones, como, por ejemplo, la armonización de los distintos regímenes fiscales y de inspección de vehículos y la creación de las redes necesarias entre las autoridades de matriculación y policía con vistas a luchar contra la delincuencia y aplicar la normativa sobre circulación. Ahora bien, estas condiciones no se dan hoy en día, y la Comisión no tiene intención de presentar una propuesta de este tipo. Sin embargo, la Comisión presentó a finales de 2003 un proyecto de Reglamento (3) a fin de dar acceso a determinados datos del Sistema de Información de Schengen (SIS) a las autoridades responsables de la matriculación de vehículos. Este proyecto sigue la línea ya desarrollada en la Directiva 1999/37/CE del Consejo de 29 de abril de 1999 relativa a los documentos de matriculación de los vehículos (4).

Por otra parte, tras la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en el asunto C-262/99 y ante la persistencia de las prácticas de las autoridades griegas, el 25 de marzo la Comisión llevó a Grecia ante el Tribunal por seguir aplicando sanciones desproporcionadas, en particular por supuesto «contrabando», a personas de las que se supone que son residentes permanentes en Grecia, infringiendo así el artículo 90 del Tratado CE y la Directiva 83/182/CE del Consejo del 28 de marzo de 1983 relativa a las franquicias fiscales aplicables en el interior de la Comunidad en materia de importación temporal de determinados medios de transporte (5), que impiden imponer impuestos de matriculación adicionales a los automóviles en situación de importación temporal.

----

(1)DO L 237 de 24.8.1991, p. 1.

(2)  Ver página 156.

(3)  COM(2003) 510 final.

(4)DO L 138 de 1.6.1999.

(5)DO L 105 de 23.4.1983.

----

----

(2004/C 88 E/0188)

PREGUNTA ESCRITA E-0384/04

de Roberta Angelilli (UEN) a la Comisión

(12 de febrero de 2004)

Asunto:   Ansaldo-Breda: violación de las normas de protección de los trabajadores expuestos al amianto

En la fábrica de Pistoia de Ansaldo-Breda, empresa italiana que fabrica vagones ferroviarios, se desarrollaron, entre 1987 y 1991, los trabajos de sustitución de la cubierta del tejado de Eternit de la propia fábrica, para adaptar el lugar de trabajo a las disposiciones europeas en materia de seguridad.

Todo ello sucedió sin la interrupción del ciclo normal de producción y sin que los trabajadores fueran provistos de equipos de protección y fueran informados del peligro real de la exposición al polvo de amianto. Los empleados manifiestan que en la época en que sucedieron los hechos estaban obligados a limpiar a diario los bancos de trabajo con chorros de aire comprimido, con lo que se volvía a poner en circulación el polvo de amianto que caía de la cubierta del tejado.

Todo esto ha ocasionado en estos años una tasa de mortalidad por mesotelioma, una forma tumoral rara causada por la exposición al amianto, mucho más alta que la media nacional. Por este motivo, los empleados de Pistoia han obtenido un reconocimiento de enfermedad profesional según los beneficios previstos por la ley italiana no 257/92, consistente la concesión de facilidades en materia de jubilación y cotización de pago de la seguridad social, calculadas, no obstante, únicamente hasta 1990.

En realidad, también se efectuaron algunos trabajos de saneamiento después de 1991 y aún no han concluido, aunque para los trabajadores que siguen desarrollando sus funciones en el interior de la fábrica no se ha previsto una indemnización análoga por el período que va desde aquel año hasta hoy.

La magistratura italiana está investigando esta cuestión, y de las investigaciones se desprende que la Autoridad sanitaria local (Azienda Sanitaria Locale), después de controlar los niveles de exposición al amianto, ha considerado que actualmente son aceptables. Sin embargo, este dato parece contrastar con la circunstancia del fallecimiento por mesotelioma de veinte empleados en los últimos años.

Habida cuenta del compromiso de la Unión Europea con la defensa y la protección de los trabajadores, tal como resulta de la Resolución del Parlamento de 23 de octubre de 2002 sobre una nueva estrategia comunitaria de salud y seguridad en el trabajo (2002-2006) (1) y de la Decisión del Consejo de 22 de julio de 2003 relativa a la creación de un Comité consultivo para la seguridad y la salud en el trabajo (2),

Respuesta del Sr. Dimas en nombre de la Comisión

(19 de abril de 2004)

La exposición de los trabajadores al amianto está actualmente regulada por la Directiva 83/477/CEE del Consejo, de 19 de septiembre de 1983, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al amianto durante el trabajo. La Directiva tiene por objeto la protección de los trabajadores contra los riesgos para su salud, incluida la prevención de tales riesgos, derivados o que pueden derivar de una exposición al amianto durante el trabajo. Fija valores límite y otras disposiciones particulares. La Directiva no perjudica a la facultad de los Estados miembros de aplicar o introducir disposiciones legislativas, reglamentarias o administrativas que garanticen una protección más estricta de los trabajadores.

La transposición y la aplicación de la Directiva son competencia de cada Estado miembro. Incumbe en primer lugar a las autoridades nacionales de Italia asegurarse de la aplicación correcta de las directivas y prever en la legislación nacional las vías de recurso administrativo y jurisdiccional. No obstante, si hay elementos concretos que demuestran una situación generalizada de no aplicación de la legislación nacional que incorpora las directivas comunitarias, la Comisión, como guardiana del Tratado CE, podría utilizar las posibilidades en él previstas, en particular las derivadas del artículo 226.

Italia ha comunicado a la Comisión sus medidas nacionales de transposición de la Directiva 83/477/CEE.

Los elementos de información transmitidos por Su Señoría se refieren a la aplicación práctica de la legislación italiana por la que se transpone la Directiva. El control y la vigilancia de esta aplicación es competencia exclusiva de las autoridades nacionales. Corresponde a los Estados miembros procurar que estas autoridades ejerzan correctamente sus tareas, efectuando controles efectivos con el fin de garantizar una aplicación correcta de la legislación nacional. La Comisión no dispone de elementos de información que le permitan evaluar la intervención de la autoridad italiana competente en este caso.

La Directiva 2003/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de marzo de 2003, por la que se modifica la Directiva 83/477/CEE del Consejo, constituye un avance muy importante en la protección de los trabajadores expuestos, pues contiene condiciones más estrictas para una prevención reforzada.

No obstante, como el plazo de transposición de esta Directiva en los Estados miembros expira en abril de 2006, por ahora es imposible aducir ninguna violación. En cualquier caso, como se indica en el punto 1, el caso que Su Señoría expone se enmarca en la aplicación práctica de la legislación italiana.

La Comisión no dispone de información oficial de las autoridades nacionales sobre el caso particular alegado en la presente cuestión escrita. La Comisión tiene la intención de pedir a las autoridades italianas información específica al respecto.

También el reconocimiento y la indemnización de las enfermedades profesionales son competencia exclusiva de las autoridades nacionales. A escala comunitaria, existe la Recomendación de la Comisión de 19 de septiembre de 2003 relativa a la lista europea de enfermedades profesionales (5), dirigida a los Estados miembros, en la cual figuran algunas enfermedades causadas por el amianto. No obstante, esta recomendación no es vinculante y los Estados miembros siguen teniendo competencia exclusiva en este ámbito.

----

(1)DO C 300 E de 11.12.2003, p. 290.

(2)DO C 218 de 13.9.2003, p. 1.

(3)DO L 263 de 24.9.1983, p. 25.

(4)DO L 97 de 15.4.2003, p. 48.

(5)DO L 238 de 25.9.2003.

----

----

(2004/C 88 E/0189)

PREGUNTA ESCRITA E-0411/04

de Charles Tannock (PPE-DE) y John Bowis (PPE-DE) a la Comisión

(17 de febrero de 2004)

Asunto:   Persecución de la comunidad musulmana ahmadí en Bangladesh

En vista de la enmienda introducida en el Informe sobre derechos humanos de 2003 relativa a la pasividad de los gobiernos paquistaníes ante la persecución de que son objetos los musulmanes ahmadíes en ese país, el Parlamento pidió al Gobierno de Pakistán que evitara en el futuro cualquier nueva persecución de esta minoría.

A la vista de esta enmienda del Informe sobre derechos humanos de 2003, ¿tiene conocimiento la Comisión de que el Gobierno de Bangladesh ha estado pactando con grupos religiosos extremistas, los cuales han iniciado una campaña de persecución contra la comunidad musulmana ahmadí?

Y en tal caso, ¿qué medidas adoptará la Comisión para evitar que en Bangladesh se repita en la actualidad lo que sucedió en Pakistán en 1974 (es decir, más de tres décadas de continua persecución y asesinato de musulmanes ahmadíes y destrucción de mezquitas por ceder a las exigencias de grupos fanáticos)?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(12 de marzo de 2004)

Tanto la Comisión como los Estados miembros están muy preocupados por el progresivo deterioro de la situación de los derechos humanos de las minorías, incluida la comunidad musulmana ahmadí, en Bangladesh. Tras los ataques padecidos por esa comunidad a finales de 2003, el 23 de diciembre de 2003 una troika local de la UE expresó al Gobierno los temores de la UE por lo que respecta a la vulneración de los derechos de las minorías.

Dado que el fomento de los principios democráticos y el respecto de los derechos humanos constituyen elementos esenciales de sus relaciones con el país, la Comisión tiene intención de plantear la cuestión en la próxima reunión del subgrupo del comité conjunto Comisión-Bangladesh, prevista inicialmente para mayo de 2004. Estas reuniones representan una plataforma formal para mantener un diálogo estructurado sobre las cuestiones relativas a los derechos humanos y la gobernanza. Por otro lado, la Comisión espera que la comunidad internacional de donantes exprese sus temores en el próximo foro anual para el desarrollo de Bangladesh, que debería celebrarse también en mayo de 2004.

La Comisión prevé también aumentar el apoyo que concede a actividades concretas en el ámbito de los derechos humanos y la gobernanza en 2005 y 2006, en el marco de la revisión del programa indicativo nacional para Bangladesh. Al mismo tiempo, sigue supervisando con mucha atención la situación de los derechos humanos a través de la Delegación de Dhaka.

----

----

(2004/C 88 E/0190)

PREGUNTA ESCRITA E-0413/04

de Charles Tannock (PPE-DE) y Theresa Villiers (PPE-DE) a la Comisión

(17 de febrero de 2004)

Asunto:   La República de Malta y las Directivas sobre aves migratorias y sobre hábitats

En el mes de mayo de este año, Malta se adherirá a la Unión Europea. Se afirma que Malta está haciendo muy poco para aplicar las Directivas de la UE sobre aves y hábitats, pues prosigue la matanza, cada semestre, de aves migratorias de presa exhaustas.

¿Piensa la Comisión unirse al Parlamento y condenar a Malta por esta actitud respecto a esta importante cuestión y adoptar medidas eficaces para asegurar que las autoridades maltesas cumplan sus obligaciones en el ámbito de la protección de la naturaleza y el bienestar de los animales?

Este tema reviste especial importancia, ya que el año próximo se celebrará el 25° aniversario de las Directivas sobre aves migratorias y sobre hábitats, por cuya introducción y aplicación han luchado numerosas personas, organizaciones, agencias y gobiernos.

Respuesta del Sr. Verheugen en nombre de la Comisión

(12 de marzo de 2004)

Malta deberá aplicar y garantizar el cumplimiento de la Directiva relativa a las aves silvestres desde su adhesión, el 1 de mayo de 2004, excepción hecha del período de transición que se le ha concedido, hasta el 31 de diciembre de 2008, por lo que respecta a la captura con trampas de siete especies de pinzones, para que pueda establecer un sistema de cría en cautiverio. A partir del primer día de adhesión, en caso de inaplicación o incumplimiento de la legislación comunitaria, la Comisión tomará las medidas necesarias para garantizar que Malta respete la legislación y los procedimientos comunitarios en vigor.

Entretanto, la Comisión ya ha llamado la atención de las autoridades de Malta sobre el problema del cumplimiento deficiente de la legislación existente sobre protección de las aves. Aunque el Comité ORNIS de Malta (Comité responsable de la protección de las aves) ha adoptado algunas medidas, por ejemplo la creación de un sistema de vigilantes para mejorar el cumplimiento de la reglamentación, la Comisión ha señalado que se debería dar prioridad a la elaboración de una estrategia global para la aplicación de la legislación. La Comisión sigue supervisando y elaborando informes sobre los avances realizados por Malta en aras del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Directiva sobre las aves. También ha publicado una estrategia para supervisar el proceso hasta el primer día de adhesión.

----

----

(2004/C 88 E/0191)

PREGUNTA ESCRITA E-0419/04

de Anna Karamanou (PSE) a la Comisión

(17 de febrero de 2004)

Asunto:   Mujeres quemadas en el Pakistán

Recientemente ha salido de nuevo a la luz la espeluznante práctica de los crímenes con fuego, muy común en el Pakistán, la India y Bangladesh. Se trata de una forma de violencia doméstica, en la que los maridos o los suegros llegan al extremo de quemar a las mujeres por razones que van desde una disputa económica hasta una borrachera del marido. Los autores rocían a las mujeres con queroseno y les prenden fuego o simplemente las rocían con un ácido. Se alega como causa oficial un accidente doméstico. En cualquier caso, estas acciones suelen desembocar en la muerte de la víctima, sea inmediata o posteriormente, debido a la ausencia de cuidados médicos. Las denuncias son mínimas porque las mujeres tienen miedo.

¿Qué acciones piensa emprender la Comisión para presionar al gobierno del Pakistán, de la India y de Bangladesh, a fin de eliminar la indiferencia y la falta de voluntad política y así luchar contra el odio hacia las mujeres y castigar de forma ejemplar a los culpables de los crímenes con fuego?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(23 de marzo de 2004)

La Comisión está al corriente de esta práctica en los tres países mencionados por Su Señoría.

Las agresiones con fuego, y más concretamente las agresiones con ácido, son una de las múltiples formas de violencia contra las mujeres que existen en Pakistán. Según la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán, en 2000 se registraron 55 casos, 63 en 2001 y 88 en 2002. El hecho de que estos casos reciban cada vez mayor difusión gracias a los medios de comunicación ha obligado a las autoridades a reconocer la existencia del problema. No obstante, puede que ello también haya tenido el efecto no deseado de difundir la idea de recurrir a dichas prácticas.

La cuestión es compleja, ya que los asesinatos por motivos de honor están enraizados en arcanas tradiciones existentes en algunas de las zonas más remotas de Pakistán. También se produce a menudo una confusión entre los preceptos islámicos y las tradiciones tribales. En Pakistán el delito de homicidio pertenece a la esfera privada, lo que implica que el Estado no puede intervenir si la víctima o su familia no presenta una denuncia. Esta situación ha favorecido la práctica de presionar o sobornar a la víctima o incluso a la policía para que no se presente una denuncia, dejando en libertad a numerosos delincuentes y distorsionando el curso normal de la justicia.

Abordar de manera eficiente el problema requeriría revisar el Código Penal, impartir una formación adecuada a la policía y lanzar una campaña de sensibilización masiva. Se han detectado algunas medidas positivas en los seis últimos meses, habiéndose abierto un nuevo debate en el Gobierno y el Parlamento sobre la violencia doméstica, los asesinatos por motivos de honor y el problema concreto de las agresiones con ácido. Las Asambleas provinciales han adoptado resoluciones sobre estas cuestiones, y el propio Presidente Musharraf se ha pronunciado sobre un caso concreto. Pero es preciso hacer mucho más para llegar a un sistema en el que las víctimas se vean protegidas frente a las presiones injustas.

La Unión Europea ha abordado repetidas veces el problema de la violencia contra las mujeres en varias gestiones diplomáticas ante el Ministerio pakistam de Justicia y Derechos Humanos. Por otra parte, se prevé mencionar de manera concreta el número cada vez mayor de agresiones con ácido con ocasión de una nueva gestión diplomática de la Unión Europea que tendrá lugar durante las próximas semanas.

Por otra parte, la Delegación de la Comisión en Pakistán lanzó a finales de 2003 una primera convocatoria de propuestas con arreglo al programa de la Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos a fin de financiar microproyectos que aborden el problema de la violencia contra las mujeres. Como resultado de esta inciativa, se espera que 12 proyectos dirigidos por organizaciones no gubernamentales (ONG) locales serán financiados en todo el país para atender a diversas formas de violencia doméstica. Las posibles actividades incluyen las campañas de sensibilización, el suministro de asistencia jurídica y médica a las víctimas y la participación y educación de las autoridades locales.

Al igual que en Pakistán, el quemar y arrojar ácido a las jóvenes casadas está a menudo vinculado en Bangladesh a los problemas de pago de la dote o a la negativa a casarse. El actual Gobierno, dirigido por el Partido Nacional de Bangladesh (BNP), ha mostrado una especial determinación a la hora de combatir esta forma de crimininalidad particularmente atroz, la cual, según la Fundación de supervivientes de agresiones con ácido, se duplicó en 2002, pasando a más de 350 agresiones declaradas. El Parlamento refrendó en marzo de 2003 una ley para combatir el riesgo de agresiones con ácido, y actualmente castiga los casos más horrendos con la pena capital.

La Comisión ha abordado la cuestión a través de la Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos, apoyando a las víctimas de la violencia y promoviendo la capacitación de las mujeres y niños vulnerables. Al mismo tiempo, la Comisión planea incrementar su apoyo a las actividades concretas de derechos humanos en 2005 y 2006, en el marco de la revisión del Programa Indicativo Nacional para Bangladesh. Ello podría incluir el apoyo a un programa del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) que favorece a los jóvenes vulnerables y también particularmente a las posibles víctimas de agresiones con ácido. Este tema también ha sido debatido en el marco del diálogo formal de la Comisión con el Gobierno sobre cuestiones de derechos humanos y de gobernanza.

En la India, la quema de jóvenes casadas se produce cuando la joven casada o su familia no pueden atender a las demandas cada vez mayores de pago de la dote efectuadas por el marido y la familia de éste. La quema de jóvenes casadas debe ser considerada en el contexto más amplio de la subordinación de las mujeres en la sociedad india.

A través de sus programas de desarrollo en los sectores sociales de la salud y la educación, la Comisión tiene por objetivo contribuir a la capacitación de las mujeres en la India. La Comisión tiene compromisos en curso de casi 500 millones de euros para programas sectoriales de salud genésica, en los que las mujeres son los principales beneficiarios, y de educación elemental, haciendo especial hincapié en los distritos con un escaso porcentaje de mujeres alfabetizadas.

La Comisión también ha financiado en la India numerosos programas de la sociedad civil y de las ONG directamente vinculados a la no discriminación entre los sexos. Un ejemplo lo constituye la creación de un Instituto de formación para la capacitación de las mujeres que fue creado en Nueva Delhi con fondos de la Comunidad. Este Instituto, entre otras cosas, ha suministrado a los oficiales indios de policía formación relativa a la no discriminación entre los sexos, que deberá ayudar a incrementar la sensibilización en una amplia gama de cuestiones, incluida la quema de jóvenes casadas.

En los tres países, la Comisión, a través de su cooperación al desarrollo, concede prioridad a la mejora del acceso a la educación básica y de la calidad de ésta, lo que a medio plazo deberá desembocar en cambios de actitud.

----

----

(2004/C 88 E/0192)

PREGUNTA ESCRITA E-0429/04

de John Bowis (PPE-DE) a la Comisión

(17 de febrero de 2004)

Asunto:   El caso del reverendo Rinaldy Damanik en Indonesia

¿Tiene conocimiento la Comisión de que el Reverendo Rinaldy Damanik ha sido condenado a tres años de prisión por la posesión de armas ilegales, en lo que se afirma fue un juicio con motivación política? Entretanto, el Tribunal Superior de Palu ha confirmado el veredicto del Tribunal del Estado, y los abogados del Reverendo Damanik están elaborando un recurso ante el Tribunal Supremo de Yakarta.

En su calidad de jefe del Centro de Crisis en Sulawesi Central, era responsable de mantener informada a la comunidad internacional sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas contra las comunidades cristiana y musulmana, y de prestar asistencia práctica a las numerosas personas desplazadas dentro de esta zona, como en el caso de la evacuación de cristianos que sufren ataques por parte de militantes.

¿Podría interesarse la Comisión por su estado y por el proceso que condujo a su detención y enjuiciamiento?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(12 de marzo de 2004)

La Comisión está siguiendo atentamente el caso del Reverendo Damanik, cuya sentencia a tres años de prisión por la posesión de armas ilegales fue confirmada por el Tribunal Superior a finales de 2003. Puesto que el Reverendo Damanik ya ha pasado un año y medio en prisión, existe la posibilidad de una liberación anticipada.

La Delegación de la Comisión en Yakarta ha estado en contacto con la asociación que asistía al Reverendo, PBHI. Dicha asociación ya no podrá seguir haciéndolo (tras la sentencia del Tribunal Superior), pero otras organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, vinculadas a la Iglesia indonesia, han seguido prestando asistencia al Reverendo. La Delegación se ha puesto en contacto con dichas organizaciones que le han informado que están evaluando la posibilidad de incoar un nuevo juicio, con nuevas pruebas y testigos.

La Comisión asegura a Su Señoría que, a través de su Delegación en Yakarta, está siguiendo el caso de cerca. Por otra parte, el apoyo a organizaciones que defienden los derechos de las minorías en Indonesia forma parte del programa de cooperación de la Comunidad con este país, en particular a través de la asistencia a proyectos en virtud de la Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos.

----

----

(2004/C 88 E/0193)

PREGUNTA ESCRITA E-0465/04

de José Ribeiro e Castro (UEN) a la Comisión

(23 de febrero de 2004)

Asunto:   Creación de la etiqueta «Made in EU»

Según noticias llegadas al público recientemente, a través de varios medios de comunicación social, la Comisión está preparando la presentación de una propuesta en la que propone la creación de una etiqueta «Made in EU» y la consiguiente eliminación de las etiquetas nacionales.

De acuerdo con esas noticias, la idea habría sido sugerida por Italia como respuesta al gran perjuicio para la industria textil causado por las imitaciones producidas en países en vías de desarrollo, pero habría asumido ya la dimensión de problema general del etiquetado relativo a todos los productos fabricados en el espacio de la Unión.

Por consiguiente, ¿podría la Comisión responder a las siguientes preguntas?

Respuesta del Sr. Lamy en nombre de la Comisión

(11 de marzo de 2004)

A la luz del renovado interés mostrado por algunos sectores de la industria y por los Estados miembros en el desarrollo de una normativa CE sobre el marcado del origen, la Comisión optó por preparar un documento de trabajo, presentado al Comité 133 el 19 de diciembre de 2003, en el que se exponían las implicaciones de dicho régimen, con objeto de iniciar el debate (1).

El documento indica las opciones a considerar, en caso de que resultara apropiado cambiar el statu quo en esta materia y aplicar un régimen CE:

El documento también ofrece una visión general de los argumentos a favor y en contra de una normativa CE sobre el marcado del origen, a saber, la mejora de la información a los consumidores, la reducción de los fraudes y las prácticas engañosas de cara a los consumidores, la consolidación del concepto de origen europeo como marca de calidad, y el refuerzo de la visibilidad de la CE como un mercado único, lo que debe ser ponderado con los posibles costes adicionales de los productores y las administraciones, las dificultades prácticas para la aplicación de dicho régimen, la necesidad y efectividad de un nuevo conjunto de normas, etc.

El documento no se refiere específicamente a la cuestión de las marcas de origen nacional (p. ej. Made in Portugal) y merece la pena recalcar que no se ha hecho ninguna propuesta que ponga en tela de juicio el que dichas marcas se sigan utilizando. El documento no contempla las indicaciones geográficas (p. ej. Made in the Algarve) más relacionadas con los derechos de propiedad intelectual.

La Comisión no presenta en esta fase ninguna propuesta concreta. Corresponde a todas las partes interesadas a nivel nacional y comunitario determinar sus intereses en lo tocante a la cuestión de desarrollar una normativa CE sobre el marcado del origen, incluido el valor añadido de la aplicación de una reivindicación sobre el origen «made in the EU» y, en caso de que se declaren a favor del cambio, determinar la naturaleza y el alcance de cualquier posible normativa.

La Comisión ya se ha puesto en contacto con diferentes representantes de la industria y de los consumidores, cuyos comentarios y sugerencias está recibiendo. Los Estados miembros han sido invitados a realizar consultas sobre este tema a nivel nacional.

----

(1)  Véase http://trade-info.cec.eu.int/doclib/html/11555 7.htm.

----

----

(2004/C 88 E/0194)

PREGUNTA ESCRITA E-0501/04

de Jorge Hernández Mollar (PPE-DE) a la Comisión

(23 de febrero de 2004)

Asunto:   Medidas para abordar el síndrome de Ulises

Los trastornos psíquicos que sufren, cada vez más, los inmigrantes a causa de la dura carrera de obstáculos que han de superar en su búsqueda de una vida mejor constituyen un problema sanitario emergente en las sociedades receptoras de inmigrantes.

El síndrome de Ulises, o síndrome del inmigrante con estrés crónico o múltiple, tiene su desencadenante en una serie de duelos derivados de la pérdida de algo muy importante para el individuo: la familia, y los amigos, la cultura propia, su tierra, su posición social y su seguridad física.

¿Es consciente la Comisión de la existencia del referido fenómeno, de su gravedad e importancia, y entiende, por ello, que debe proponer medidas legislativas para abordarlo?

Respuesta del Comisario Vitorino en nombre de la Comisión

(28 de abril de 2004)

La Comisión es consciente de que los inmigrantes pueden sufrir problemas sanitarios, de tensión crónica o múltiple debido a la pérdida de puntos de referencia tales como familia y amigos, cultura propia, tierra y posición social.

La Comisión llamó la atención sobre este problema en su Comunicación sobre inmigración, integración y empleo (1) y exhortó a los Estados miembros a desarrollar políticas completas de integración a nivel nacional que tuvieran en cuenta la integración de los inmigrantes en todos los aspectos de la vida, incluyendo la atención sanitaria y el acceso a los servicios sociales. La Comisión también resaltó la necesidad de incorporar en todos los ámbitos políticos europeos, incluidas las políticas sanitarias comunitarias, aspectos específicos de inmigración e integración. A este respecto la Comisión ha financiado un proyecto en el marco del antiguo programa de supervisión sanitaria sobre «Seguimiento e información sobre diferencias socioeconómicas en los indicadores sanitarios de la UE», uno de cuyos de resultados fue un informe específico sobre «Desigualdades sanitarias en Europa y situación de los grupos desfavorecidos», con notas sobre la situación específica de los inmigrantes.

Por lo que se refiere a la cuestión de presentar legislación de la UE para abordar este fenómeno, debe recordarse que garantizar una atención sanitaria apropiada y abordar los problemas sanitarios específicos de los inmigrantes sigue siendo responsabilidad de los Estados miembros. La Comisión, por lo tanto, no tiene previsto proponer legislación específica en este ámbito.

----

(1)  COM(2003) 336 final.

----

----

(2004/C 88 E/0195)

PREGUNTA ESCRITA E-0510/04

de Sérgio Marques (PPE-DE) a la Comisión

(24 de febrero de 2004)

Asunto:   Estado de ejecución de la ayuda a Venezuela

Como consecuencia de las trágicas inundaciones ocurridas en Venezuela en diciembre de 1999, la Comisión Europea asignó, con vistas a fomentar la reconstrucción de las zonas afectadas, ayudas considerables, destinadas, por una parte, al apoyo a la reconstrucción en el estado de Vargas y, por otra, al apoyo a la prevención del riesgo, es decir, a la definición y ejecución de programas de gestión de los riesgos naturales en una inmensa zona adyacente a la afectada por las inundaciones de 1999, en los estados de Falcón, Miranda y Yaracuy.

Lamentablemente, y a pesar de las ayudas asignadas por la Comisión Europea, se han registrado sucesivas demoras en el inicio de la ejecución de los proyectos en cuestión.

Según informaciones de la propia Comisión Europea, que datan de septiembre de 2003, el inicio de la puesta en práctica conjunta por el Corpovargas (Instituto Autónomo Corporación para la Recuperación y Desarrollo del estado de Vargas) de los dos proyectos que se han de ejecutar en el estado de Vargas («Apoyo a la reconstrucción y prevención de catástrofes en el estado de Vargas» y «Reconstrucción social en el estado de Vargas») dependería de la llegada a Venezuela de dos expertos europeos en materia de asistencia técnica, dado que el Gobierno venezolano ya ha firmado los acuerdos de financiación.

Por lo que se refiere al proyecto «Prevención de las inundaciones en los estados de Falcón, Yaracuy y Miranda», y también según informaciones de la Comisión Europea de la misma fecha, faltaría concluir los anexos técnicos del acuerdo de financiación, que debería estar firmado por la Comisión Europea y el Gobierno de Venezuela el 31 de diciembre de 2003.

En este contexto,

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(13 de abril de 2004)

El proyecto«Prevención de Catástrofes y Reconstrucción social del Estado de Vargas» inició oficialmente sus actividades el 1 de septembre de 2003 con la llegada a la entidad gestora del proyecto (Corpovargas) de dos expertos europeos. Los expertos, contratados por un período de seis meses, adoptaron como prioridad la dinamización de la puesta en marcha de las primeras actividades, así como el asesoramiento a la entidad gestora (EGP) para elaborar los Planes Operativos Provisional y Anual 2004. Además, los expertos apoyaron activamente la preparación del expediente necesario para la publicación de la primera licitación internacional para las obras (EuropeAid/117572/D/W/VE), por un montante previsto de alrededor de 10 millones de euros.

El Plan Operativo Provisional (POP), por un montante total de 382450euros, fue aprobado el 14 de noviembre de 2003, fecha en la que ya se había iniciado el proceso de ejecución de los primeros pagos. El equipo de Asistencia técnica internacional (ATI) de larga duración asumió sus funciones en febrero de 2004

La Comisión desea subrayar el hecho de que, a pesar de su insistencia, la contraparte nacional no ha efectuado ninguna aportación con cargo a su contribución a la ejecución del proyecto. Esta situación es la causa de que la asistencia técnica local no haya podido contratarse, lo que podría alterar el calendario previsto para la ejecución de las actividades.

El Convenio de Financiación (CF) «Prevención de las inundaciones en los Estados de Falcón, Yaracuy y Miranda» entró en vigor el 29 de diciembre de 2003, firmado por el Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela. El Convenio define las responsabilidades y las funciones de la Oficina del Viceministro del Ministerio de Planificación y Desarrollo en calidad de Autoridad del Tutela y entidad gestora del proyecto. El Acuerdo de delegación entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Planificación y Desarrollo está actualmente en la fase de firma.

El expediente de licitación para el contrato de asistencia internacional ya se ha concluido; el comité de evaluación ha redactado sus conclusiones y, actualmente, el contrato se encuentra en fase de propuesta de adjudicación.

----

----

(2004/C 88 E/0196)

PREGUNTA ESCRITA E-0517/04

de Antonios Trakatellis (PPE-DE) a la Comisión

(24 de febrero de 2004)

Asunto:   Liberación de residuos tóxicos a causa del incendio de una industria en Salónica e incumplimiento por parte de Grecia de la sentencia del TJCE relativa a los residuos peligrosos

Tras una explosión en las zonas de almacenamiento provisional de 210 toneladas de residuos tóxicos de la antigua industria «DIANA» de Salónica, se produjo un incendio que liberó grandes cantidades de sustancias tóxicas en la atmósfera y en el medio ambiente y provocó riesgos para la salud pública. Las organizaciones medioambientales denuncian el almacenamiento provisional de cerca de 1 000 toneladas de plaguicidas peligrosos en inadecuadas y abandonadas instalaciones de la empresa. Mis repetidas preguntas sobre vertidos incontrolados de residuos peligrosos (R-2724/03 (1), E-3216/03 (2)) han puesto de relieve que, en incumplimiento de la legislación comunitaria (Directiva 91/689/CEE (3) relativa a los residuos peligrosos, modificada por la Directiva 94/31/CE (4)), se desconoce cuáles son las zonas de vertido en que se han almacenado provisionalmente cerca de 230 000 toneladas de residuos peligrosos del total de 390 000 que se producen anualmente en nuestro país.

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(6 de abril de 2004)

Además de las respuestas ya dadas a las preguntas escritas E-2645/02 (5), P-2724/03, E-3216/03 de Su Señoría y E-2025/03 del Sr. Papayannakis (6), la Comisión desea llamar su atención sobre lo siguiente:

----

(1)DO C 70 E de 20.3.2004, p. 132.

(2)DO C 78 E de 27.3.2004, p. 490.

(3)DO L 377 de 31.12.1991, p. 20.

(4)DO L 168 de 2.7.1994, p. 28.

(5)DO C 110 E de 8.5.2003.

(6)DO C 51 E de 26.2.2004.

(7)  Sentencia de 13 de junio de 2002, Comisión/Grecia, asunto C-33/01, Informes del TJE p. 5447.

(8)  Sentencia de 5 de junio de 2003, Comisión/Grecia, asunto c-83/02, Informes del TJE p. 5639.

(9)DO L 243 de 24.9.1996.

----

----

(2004/C 88 E/0197)

PREGUNTA ESCRITA E-0545/04

de Erik Meijer (GUE/NGL) a la Comisión

(26 de febrero de 2004)

Asunto:   PAC: consecuencias de la distribución de la reducción resultante de los ingresos en la agricultura y financiación de técnicas respetuosas con los animales y con el medio ambiente para las pequeñas empresas

Respuesta complementaria del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(28 de abril de 2004)

----

(1)DO C 84 E de 3.4.2004, p. 620.

(2)  Reglamento (CE) no 1782/2003 del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores, DO L 270 de 21.10.2003.

----

----

(2004/C 88 E/0198)

PREGUNTA ESCRITA E-0559/04

de Mario Borghezio (NI) a la Comisión

(26 de febrero de 2004)

Asunto:   ¿Subvenciona la UE la suntuosa vida de «Lady Arafat» en París?

Considerando que: La OLAF está investigando las subvenciones que la UE destina a la Autoridad Palestina (en torno a 350 millones de euros anuales);

La Magistratura francesa ha iniciado recientemente una investigación por blanqueo de capitales centrada en la persona de Soha Arafat, esposa del Presidente de la Autoridad Palestina, debido a la transferencia de grandes cantidades de dinero (9 millones de euros) desde un banco suizo a las cuentas que la Sra. Arafat tiene en París en el Arab Bank y la BNP;

Una parte importante de la suma mencionada (dos millones de euros) ha ido a parar a las cuentas de un célebre decorador de la «jet-set» parisina (Alberto Pinto);

Al parecer, ingentes cantidades de los fondos aportados por el FMI a la Autoridad Palestina se han desviado a una cuenta especial controlada por Arafat;

¿Se propone la Comisión verificar si la totalidad o parte de las ingentes subvenciones concedidas a la Autoridad Palestina con fines asistenciales no se está empleando para sufragar el suntuoso estilo de vida de «Lady Arafat» en su lujosa residencia parisina, lejos de los peligros y sufrimientos que aquejan a la afligida tierra palestina?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(1 de abril de 2004)

La Comisión desea informar a Su Señoría de que se ha puesto en contacto con la Autoridad Palestina (AP) con el fin de determinar si algunos de los fondos comunitarios asignados a la AP han sido utilizados por la esposa del Sr. Arafat por motivos personales.

La AP se enfrenta actualmente con un grave déficit financiero y no puede pagar al sector privado sus facturas fijas, ni aportar una contribución suficiente a los servicios sociales, lo que ha dado lugar a una acumulación de atrasos.

La ayuda de la Comisión se dedica desde el año 2003 a liquidar estos atrasos, con el fin de prestar una ayuda directa al sector privado y social del modo más eficaz a través de una ayuda de emergencia, lo que permite preservar los puestos de trabajo y los servicios sociales. Estos pagos están supeditados a la aplicación de una serie de reformas en curso en la AP, concretamente en materia de mejora de la gestión y del control financieros.

La Comisión ha creado un equipo de asistencia técnica encargado de comprobar y aprobar todas las facturas. Los controles llevados a cabo por dicho equipo están respaldados además por la certificación de las facturas por un auditor asistido por una oficina europea de auditoría, con el fin de asegurarse de que todas las facturas están destinadas a empresas del sector privado y a los servicios sociales. Los fondos no se entregan hasta que se comprueban debidamente todas las facturas. Con arreglo a este sistema de control quedan excluidas en principio todas las facturas relativas a pagos a la Sra. Arafat y a otras terceras partes sin derecho a pago.

La Comisión no tiene conocimiento de la desviación de fondos del Fondo Monetario Internacional (FMI) a que se refiere Su Señoría a una cuenta especial controlada por el Sr. Arafat.

----

----

(2004/C 88 E/0199)

PREGUNTA ESCRITA E-0574/04

de Monica Frassoni (Verts/ALE) a la Comisión

(26 de febrero de 2004)

Asunto:   Central nuclear de Garigliano

Considerando lo siguiente: que la central nuclear de Garigliano, construida en 1964 en el municipio de Sessa Aurunca (Caserta), en un recodo del río Garigliano, cerrada en 1978 y desactivada en 1982 es, por decisión en su momento del Gobierno italiano, la primera en ser desmantelada;

que ciudadanos y asociaciones de defensa medioambiental de los municipios del norte de Campania y del sur de Lazio, mediante petición de 28 de mayo de 2003, registrada en la Secretaría General de la Comisión con el número 2003/4763 — SG (2003) A/7079, expuso en detalle las infracciones de la normativa europea en las operaciones de Puesta en Custodia Protectora Pasiva (PCPP) que se han llevado a cabo hasta el momento en la central;

Se pregunta:

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(22 de abril de 2004)

La evaluación del impacto ambiental (EIA) es obligatoria en virtud de la Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, modificada por la Directiva 97/11/CE del Consejo, de 3 de marzo de 1997, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, en lo que se refiere al desmantelamiento o al cierre definitivo de centrales o reactores nucleares. En relación con la primera y la tercera preguntas de Su Señoría, nada en la Directiva indica que cualquiera de las operaciones de desmantelamiento quede excluida de la evaluación del impacto ambiental.

La Comisión ya ha recibido una denuncia sobre la central nuclear de Garigliano mencionada por Su Señoría, por una posible aplicación incorrecta de la Directiva 85/337/CEE, sobre la EIA, modificada por la Directiva 97/11/CE, y de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. La información facilitada por Su Señoría ha sido incluida en el expediente de esa denuncia, que está siendo analizada por la Comisión.

Si la Comisión llegara a la conclusión de que se está infringiendo la normativa comunitaria en este asunto, no dudaría, en su calidad de guardiana de los Tratados, en tomar todas las medidas oportunas, incluidos los procedimientos de infracción con arreglo al artículo 226 del Tratado CE, para garantizar el cumplimiento de la legislación comunitaria pertinente. Además, la Comisión examinará si las operaciones previstas se ajustan a las disposiciones del capítulo 3 del Título II del Tratado Euratom.

----

(1)DO L 175 de 5.7.1985, p. 40.

(2)DO L 73 de 14.3.1997, p. 5.

(3)DO L 206 de 22.7.1992, p. 7.

----

----

(2004/C 88 E/0200)

PREGUNTA ESCRITA E-0583/04

de Nirj Deva (PPE-DE) a la Comisión

(26 de febrero de 2004)

Asunto:   Dinero para ayudas de la UE a Zimbabwe

En vista de los resultados señalados en el Informe anual para el ejercicio económico de 2002 del Tribunal de Cuentas europeo, y más concretamente en la parte titulada «Informe sobre las actividades de los sexto, séptimo y octavo Fondos de Desarrollo Europeos», Capítulo V — «Un caso particular: la decisión del Consejo “Asuntos generales” y la situación monetaria de Zimbabwe» (1), quiero preguntar qué es lo que la Comisión tiene la intención de hacer sobre el derroche de los recursos del FED (reducción del 89 % del valor de los recursos del FED según señalado por el Tribunal de Cuentas europeo en el punto (a) del apartado 68 y el uso indebido de estos recursos por parte los miembros del régimen de Mugabe incluidos en la lista del «Reglamento (CE) no 310/2002 del Consejo (2) relativo a determinadas medidas restrictivas con respeto a Zimbabwe» (Artículo 2 y Anexo 1) pero que pueden obtener moneda extranjera al tipo de cambio fijo de 55 dólares de Zimbabwe por 1 dólar de los EE.UU. cuando sus compatriotas estaban obligados a pagar 1 500 dólares de Zimbabwe por 1 dólar de los EE.UU.?

¿Va la Comisión a interrumpir, en vista de este uso indebido escandaloso del dinero de la UE, este tipo de mecanismos para el cambio de moneda con países que insisten en mantener tipos de cambio fijos, o va la Comisión a permitir que esto vuelva a suceder en el futuro?

Le agradecería que la Comisión explicara por qué «tras haber llamado la atención sobre esta evolución, la delegación de la Comisión recibió instrucciones de continuar aplicando el tipo fijo a la hora de realimentar las cuentas abiertas en favor de los proyectos y programas financiados por la Comunidad» (véase Informe Anual 2002 del Tribunal de Cuentas europeo, Capítulo V, apartado 63) a pesar de que «la Comisión sufría una pérdida importantísima en 2002 cada vez que ingresaba fondos en las cuentas en dólares de Zimbabwe de los proyectos» (véase Informe Anual 2002 del Tribunal de Cuentas Europeo, Capítulo V, apartado 64.

Respuesta del Sr. Nielson en nombre de la Comisión

(6 de abril de 2004)

La Comisión disiente del punto de vista del Tribunal de Cuentas por las siguientes razones:

En 2002, la ayuda comunitaria total a Zimbabue fue de 94 millones de euros, de los cuales sólo 8 millones se gastaron dentro del país. Por ejemplo, la ayuda alimentaria, los factores de producción agrícolas y el material médico se compraron en países vecinos.

----

(1)DO C 286 de 28.11.2003, pp. 355 y ss.

(2)DO L 50 de 21.2.2002, p. 4.

----

----

(2004/C 88 E/0201)

PREGUNTA ESCRITA E-0585/04

de Bill Miller (PSE) a la Comisión

(26 de febrero de 2004)

Asunto:   Conversaciones de la OMC en Cancún y Ginebra

Tras el fracaso de las conversaciones de la OMC en Cancún y su reanudación en Ginebra, le agradecería que me pusiera al corriente de los avances realizados?

¿Sigue la Unión Europea insistiendo en que se introduzcan nuevas cuestiones?

Respuesta del Sr. Lamy en nombre de la Comisión

(17 de marzo de 2004)

Tras el fracaso de la Conferencia de Cancún, la Comisión reconsideró su posición, tal como figura en su Comunicación al Consejo, al Parlamento y al Comité Económico y Social de 26 de noviembre de 2003: «Redinamizar las negociaciones relativas al Programa de Doha para el Desarrollo — la perspectiva de la UE» (1), cuyas orientaciones fueron refrendadas por el Consejo el 9 de diciembre de 2003 (2). De ello se desprende que la UE ha adoptado un planteamiento diferente y más flexible de cara a algunas de las «nuevas cuestiones» mencionadas por Su Señoría.

El Parlamento discutió las perspectivas de la Ronda de Doha para el Desarrollo en su sesión de 13 de enero de 2004. La Comisión se congratula sobremanera por el amplio apoyo concedido a su planteamiento de dar prioridad a las negociaciones multilaterales, mostrarse dispuesta a ser más flexible en ciertos temas, incluidas las denominadas «cuestiones de Singapur», e intensificar el diálogo con los socios comerciales con objeto de dedicar los próximos meses a hacer avanzar las negociaciones tal como debió haberse hecho en 2003.

Desde la reunión del Consejo General de la Organización Mundial del Comercio (OMC) de 15 de diciembre, en la que todos los miembros de la OMC expresaron claramente su voluntad política de proseguir las negociaciones del Programa de Doha para el Desarrollo, el Comisario responsable del Comercio ha viajado a Brasil para reunirse con el G-20, a la India, a Bangladesh, a Indonesia y a Kenia, se ha reunido con el G90 en Ginebra, ha asistido a la Asamblea Parlamentaria Mixta ACP-UE en Addis Abeba y ha visitado Washington, y también ha asistido a otras reuniones en Bruselas. Otras discusiones del mismo tipo se celebrarán hasta el momento en que tenga lugar la reunión del Consejo General de la OMC en mayo.

----

(1)  COM(2003) 734 final.

(2)  15535/03 de 5.12.2003.

----

----

(2004/C 88 E/0202)

PREGUNTA ESCRITA E-0624/04

de Marjo Matikainen-Kallström (PPE-DE) a la Comisión

(1 de marzo de 2004)

Asunto:   El dúmping en la importación de la trucha arco iris de Noruega y las Islas Feroe

En estos momentos se está considerando la decisión tomada en septiembre por la Comisión de prolongar a plazo fijo (5 años) los aranceles antidúmping provisionales para la importación de truchas arco iris grandes por parte de Noruega y las Islas Feroe. La Comisión ha propuesto un arancel antidúmping para la importación de la trucha arco iris de Noruega del 19,9 %.

El cumplimiento de los aranceles es desde el punto de vista de los piscicultores de la UE absolutamente necesario para que la industria pueda continuar siendo rentable. En el año 2003, Noruega introdujo en los países miembros de la Unión Europea cerca de 7 millones de kilos de truchas arco iris a mitad de precio, es decir, a 2,46 euros/kg. Los costes de producción en Noruega, y por ejemplo en Finlandia, son de unos 3,50 euros/kg.

El dúmping noruego es consecuencia de la sobreproducción. El Estado noruego concedió el año pasado 50 nuevos permisos de explotación y, además, a finales de año ofreció 60 nuevos permisos para la venta. En el año 2002, las pérdidas de las piscifactorías ascendieron en Noruega a 190 millones de euros, y el año pasado incluso resultaron menos rentables. La producción de dichas piscifactorías de la trucha arco iris es de un 20 %.

¿Qué medidas y qué calendario pretende adoptar la Comisión Europea, en su calidad de guardiana del mercado interior, para suprimir este dúmping negativo para el mercado?

Respuesta del Sr. Lamy en nombre de la Comisión

(2 de abril de 2004)

Tras el establecimiento, en septiembre de 2003, de un derecho antidumping provisional sobre las importaciones de trucha arco iris grande originarias de Noruega y de las Islas Feroe, la Comisión examinó todas las observaciones presentadas por las partes interesadas respecto a las conclusiones provisionales. En enero, los exportadores de las Islas Feroe aceptaron un compromiso sobre los precios.

Las conclusiones provisionales fueron, tras un examen en profundidad, confirmadas por los Estados miembros. En efecto, mediante el Reglamento (CE) no 437/2004 (1) se estableció un derecho antidumping definitivo del 19,9 % sobre las importaciones de trucha arco iris grande originarias de Noruega y de un derecho comprendido entre el 42,6 % y el 54,4 % sobre las importaciones del mismo producto originarias de las Islas Feroe, con excepción de las importaciones procedentes de los exportadores que habían ofrecido compromisos de precios aceptados por la Comisión. La imposición de estas medidas tiene por objeto eliminar el dumping descubierto durante la investigación efectuada por la Comisión. Por consiguiente, se espera restablecer una situación de competencial leal en el mercado comunitario, protegiendo así a la industria comunitaria de la competencia desleal. Las medidas antidumping definitivas se aplicarán durante cinco años, el período normalmente necesario para contrarrestar el dumping causante del perjuicio.

----

(1)  Reglamento (CE) no 437/2004 del Consejo, de 8 de marzo de 2004, por el que se establece un derecho antidumping definitivo y se percibe definitivamente el derecho provisional establecido sobre las importaciones de trucha arco iris grande originarias de Noruega y las Islas Feroe, DO L 72 de 11.3.2004.

----

----

(2004/C 88 E/0203)

PREGUNTA ESCRITA E-0640/04

de Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) a la Comisión

(3 de marzo de 2004)

Asunto:   Sorprendente aparición del nombre de organismos de la Unión como la OLAF en noticias confusas procedentes de instituciones de Israel con respecto al uso de fondos de la UE por parte del Presidente de Palestina

En lo que parece ser el resultado de manipulaciones interesadas por parte de organismos de la Administración y de instituciones civiles de Israel, en los medios periodísticos españoles han aparecido recientemente informaciones en las que se mezclaban consideraciones sobre la transferencia de fondos a una cuenta en París, a nombre de la esposa del Presidente de Palestina, con la investigación que estaría llevando a cabo una delegación de la OLAF en Jerusalén sobre el denominado Expediente Arafat, organizado por el Ministro de Sanidad de Israel y en el que figuran documentos incautados por el ejército de este Estado durante la construcción del ilegal y vergonzoso muro que pretende reducir el territorio palestino y aislar a los habitantes de Cisjordania del resto de Palestina. ¿Qué significado tiene la presunta acción de la OLAF en tan confusa situación? ¿Ya han respondido los servicios de la Comisión a estas informaciones, que parecen esconder intenciones políticas manipuladoras, surgidas de nuevo precisamente cuando se habla de la comparecencia del Gobierno de Israel ante el Tribunal de La Haya con respecto a la construcción del muro y de los problemas del propio Primer Ministro Sharon con la justicia su país?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(26 de abril de 2004)

Me permito remitir a Su Señoría a la respuesta dada por la Comisión a la pregunta escrita E-0559/04 del Sr. Mario Borghezio (1).

La Comisión comunica asimismo a Su Señoría que la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) ha abierto una investigación destinada a determinar si están fundadas las sospechas de una posible desviación de los fondos comunitarios de apoyo al presupuesto de funcionamiento de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), así como otra sobre la financiación de proyectos humanitarios y de desarrollo presentados por asociaciones u organizaciones palestinas.

----

(1)  Ver página 193.

----

----

(2004/C 88 E/0204)

PREGUNTA ESCRITA E-0649/04

de Esko Seppänen (GUE/NGL) a la Comisión

(8 de marzo de 2004)

Asunto:   Población gitana en Eslovaquia

¿Tiene conocimiento la Comisión de las medidas adoptadas por el Gobierno eslovaco para recortar la seguridad social de la población gitana local y de las protestas a que ello ha dado lugar, por ejemplo, en Trhoviste? ¿Considera la Comisión que la política del Gobierno eslovaco en materia de derechos humanos se corresponde con la política que deben practicar los Estados miembros?

Respuesta del Sr. Verheugen en nombre de la Comisión

(21 de abril de 2004)

La Comisión ha tomado nota de la instauración de un nuevo sistema de asistencia social en Eslovaquia que ha llevado a una considerable reducción de los pagos de la seguridad social desde comienzos de marzo de 2004. A la Comisión también le preocupan los disturbios y saqueos provocados por los romaníes en Eslovaquia oriental.

Por lo general, la Comisión, obviamente, rechaza el recurso a todo tipo de violencia como medio de efectuar reivindicaciones sociales o de otro tipo. La Comisión ha mantenido contacto con las autoridades eslovacas en relación con este tema y ha expresado su confianza en que el Gobierno eslovaco pueda utilizar urgentemente todos los medios de que dispone para aportar una solución razonable y mesurada a esta delicada cuestión. Deberá prestarse especial atención a la mitigación de las dificultades de los sectores más pobres de la población, que son quienes probablemente sufrirán más como consecuencia de la reducción de la asistencia. Deberán incrementarse las oportunidades de empleo en las zonas más pobres del país, especialmente en Eslovaquia oriental. En este contexto, la Comisión ha acogido favorablemente un documento en 14 puntos que acaba de presentar el Gobierno eslovaco sobre las maneras de mejorar la situación de los ciudadanos más desfavorecidos, especialmente los romaníes. Las autoridades eslovacas también han garantizado a la Comisión que supervisarán estrechamente el comportamiento de la policía en la zona oriental del país.

La Comisión está decidida a apoyar a las autoridades eslovacas en la medida en que ello pueda resolver esta cuestión lo antes posible.

----

----

(2004/C 88 E/0205)

PREGUNTA ESCRITA E-0660/04

de Roger Helmer (PPE-DE) a la Comisión

(9 de marzo de 2004)

Asunto:   Financiación de Organizaciones No Gubernamentales (ONG)

Respuesta de la Sra. Schreyer en nombre de la Comisión

(28 de abril de 2004)

El Reglamento financiero y sus normas de desarrollo no establecen normas especiales para las Organizaciones no Gubernamentales (ONG). Por lo tanto, no son tratadas de forma distinta a otras personas físicas o jurídicas y tienen que cumplir con los criterios generales de exclusión y selección aplicables a todos los beneficiarios. Sin embargo, en la Parte Dos, título IV del Reglamento financiero figuran normas especiales para acciones exteriores. Asimismo, en los programas de acción y las convocatorias de propuestas pueden establecerse criterios específicos de elegibilidad vinculados a las diversas acciones.

Las ONG están colaborando con la Comisión en la puesta en práctica de un gran número de acciones tanto dentro como fuera de la UE. Como no son tratadas normalmente de forma distinta a otras organizaciones, organismos o empresas, los documentos de la Comisión no determinan el nivel de financiación de las ONG. En muchos casos, las ONG son socios ejecutivos y no los beneficiarios finales de las acciones comunitarias. Por lo tanto, la Comisión no puede responder a las dos primeras preguntas de Su Señoría.

No obstante, en el sitio de Internet Europa puede encontrarse mucha información sobre la cooperación con las ONG. Entre otras cosas, acciones en la UE relacionadas con la educación y la cultura (http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/civilsociety/fr.htm) o en el ámbito del desarrollo internacional (http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/ong_cd/index_fr.htm).

----

----

(2004/C 88 E/0206)

PREGUNTA ESCRITA E-0665/04

de Gerhard Schmid (PSE) a la Comisión

(9 de marzo de 2004)

Asunto:   Dispositivos de seguridad de los programas de procesamiento de imágenes contra la reproducción de billetes de banco

Los nuevos programas de Adobe Photoshop CS y Paint Shop Pro no permiten la captación o procesamiento de imágenes de billetes de banco. El mecanismo protector, desarrollado por el CBCDG (Central Bank Counterfeit Deterrence Group), es una importante contribución a la lucha contra las falsificaciones.

Respuesta de la Sra. Schreyer en nombre de la Comisión

(28 de abril de 2004)

La Comisión está al corriente de los esfuerzos del «Central Bank Counterfeit Deterrence Group» (CBCDG) por desarrollar una tecnología de disuasión de falsificaciones que impida la reproducción digital de imágenes de billetes de banco.

La Comisión considera importante que se apliquen tecnologías de disuasión de falsificaciones.

La Comisión ha mantenido contactos con el Banco Central Europeo (BCE) a fin de empezar a elaborar una normativa que haga obligatorio el uso de tecnologías de disuasión de falsificaciones en los productos que permiten manipular imágenes digitales.

De común acuerdo con la Comisión y en contacto directo con el sector, el BCE prepara actualmente una evaluación preliminar.

----

----

(2004/C 88 E/0207)

PREGUNTA ESCRITA E-0666/04

de Mihail Papayannakis (GUE/NGL) a la Comisión

(9 de marzo de 2004)

Asunto:   Violación de la normativa medioambiental

Mediante la Decisión 1070/13.5.2002 de la Dirección Forestal de la región de Tesalia, se aprobó la creación de una cantera para la extracción y el tratamiento de materiales inertes en una extensión de pastos de 306,15 hectáreas situada en el emplazamiento de Xera del departamento municipal de Potamias, municipio de Agias.

Habida cuenta de que:

¿Qué medidas tiene intención de adoptar la Comisión con miras a poner fin al desarrollo de una actividad que es contraria a las legislaciones comunitaria y griega en materia medioambiental?

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(22 de abril de 2004)

La Comisión no dispone de competencias que le permitan pronunciarse sobre las posibles infracciones de disposiciones del Derecho griego o sobre la conveniencia de proceder a la construcción de un proyecto. Ahora bien, las autoridades griegas han de cumplir las obligaciones derivadas de la Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio (1), modificada por la Directiva 97/11/CE del Consejo, de 3 de marzo de 1997 (2), y de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (3).

Por un lado, con arreglo a la Directiva 85/337/CEE, los proyectos que puedan tener una incidencia notable en el medio ambiente deberán ser objeto, antes de obtener la autorización correspondiente, de una evaluación del impacto ambiental. Dichos proyectos se definen en el artículo 4, que remite a los Anexos I y II de la Directiva. En particular, las canteras cuya superficie supere 25 hectáreas (Anexo 1.19 de la Directiva) están sujetas a un procedimiento de solicitud de autorización y a una evaluación del impacto ambiental. Además, la legislación griega por la que se incorpora esta Directiva requiere este procedimiento para las canteras cuya superficie es inferior a ese límite (Anexo II.2.a).

Por otro lado, se deduce de los datos disponibles que la cantera impugnada estaría situada al límite del lugar de importancia comunitaria «Karla — Mavrovouni — Kefalovryso Velestinou — Neochori» (código GR1420004) y propuesto por las autoridades griegas en virtud de la Directiva 92/43/CEE para su inclusión en la red ecológica Natura 2000. Por consiguiente, son aplicables las disposiciones de la Directiva 92/43/CEE y, en particular, el apartado 3 de su artículo 6.

En el marco de la evaluación del impacto ambiental, las autoridades nacionales competentes, a saber, el Ministerio de Medio Ambiente, y no la Región de Tesalia, han de adoptar una «decisión por la que se aprueben las condiciones medioambientales» del proyecto. Esta decisión, que deberá basarse en un estudio del impacto ambiental y se adoptará previa consulta pública, debe definir las dimensiones del proyecto, evaluar los efectos negativos importantes que puede tener para el medio ambiente y determinar las medidas para evitarlos o reducirlos. Además, ya que ese proyecto parece poder afectar de forma significativa al lugar de importancia comunitaria propuesto, la «decisión por la que se aprueben las condiciones medioambientales» deberá proceder asimismo a una evaluación adecuada de las incidencias del proyecto en dicho lugar, habida cuenta de los objetivos de conservación del mismo.

Sobre la base de los hechos denunciados, la Comisión no reconoce ninguna infracción de las directivas mencionadas. Si Su Señoría dispone de información adicional que pueda demostrar la existencia de alguna incompatibilidad del proyecto en cuestión con la legislación medioambiental comunitaria, la Comisión le ruega que se las comunique.

----

(1)DO L 175 de 5.7.1985.

(2)DO L 73 de 14.3.1997.

(3)DO L 206 de 22.7.1992.

----

----

(2004/C 88 E/0208)

PREGUNTA ESCRITA E-0667/04

de Proinsias De Rossa (PSE) a la Comisión

(9 de marzo de 2004)

Asunto:   Reapertura del corredor ferroviario occidental entre Sligo y Cork en Irlanda

Tras la publicación del informe «West on Track», en el que se calcula que el corredor ferroviario occidental entre Sligo y Cork, en Irlanda, podría reabrirse con un coste inferior a 250 millones de euros, y se señala que existiría un potencial importante de tráfico de mercancías en esta ruta, así como la decisión del Ministro de Transportes irlandés de rechazar el dictamen de la Revisión Estratégica del Ferrocarril de su Gobierno, en el que se concluye que la línea no sería viable, ¿podría indicar la Comisión si el Gobierno irlandés le ha planteado la posibilidad de reabrir esta línea? ¿Cómo respondería la Comisión a una propuesta en este sentido? ¿Considera la Comisión que esta propuesta o parte de ella podrían recibir ayudas comunitarias con cargo al programa Marco Polo u otros programas de la UE?

----

----

(2004/C 88 E/0209)

PREGUNTA ESCRITA E-0674/04

de Proinsias De Rossa (PSE) a la Comisión

(9 de marzo de 2004)

Asunto:   Servicio de transporte de mercancías por ferrocarril por parte de Iarnrod Eireann

Como bien sabe la Comisión, Iarnrod Eireann es el único transportista nacional de mercancías por ferrocarril de la UE que no recibe ayudas nacionales por sus actividades de transporte de mercancías.

Visto el hecho de que la expansión del transporte de mercancías por ferrocarril es uno de los principales objetivos del Libro Blanco de la Comisión sobre el transporte, de septiembre de 2001, y del programa Marco Polo, y que el Gobierno irlandés está procediendo actualmente a una Revisión Estratégica del Ferrocarril, ¿qué diría la Comisión si el Gobierno irlandés decidiera conceder ayuda pública a Iarnrod Eireann por sus actividades de transporte de mercancías?

¿Qué disposiciones de la UE regularían la concesión de dicha ayuda?

Respuesta común

a las preguntas escritas E-0667/04 y E-0674/04

dada por la Sra. de Palacio en nombre de la Comisión

(30 de abril de 2004)

El sector ferroviario constituye un elemento clave de la política común de transportes de la Comunidad, política que se propone crear un sistema de transportes sostenible llegando a un nuevo equilibrio entre los distintos modos de transporte. Esta política quedó enunciada en el Libro Blanco «La política Europea de transportes de cara al 2010: la hora de la verdad» (1) de 12 de septiembre de 2001.

En este contexto, la Comisión estableció el programa Marco Polo para facilitar la puesta en marcha de servicios de transporte innovadores. El objetivo principal de Marco Polo es reducir la congestión de las carreteras y mejorar el comportamiento ambiental del sistema de transportes en su conjunto, favoreciendo el que parte de las mercancías que hoy se transportan por carretera utilicen el transporte marítimo de corta distancia, el ferrocarril o las vías navegables.

En lo que se refiere a las infraestructuras, la línea Sligo-Cork no pertenece a las redes transeuropeas (RTE) de transportes, motivo por el cual no puede beneficiarse del presupuesto de RTE ni del Fondo de Cohesión. Podría acogerse, por el contrario, al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, pero entre las acciones que pueden recibir apoyo comunitario en el presente período de programación (2000-2006) no figura la reapertura de líneas cerradas.

Aparte de los fondos comunitarios como los de Marco Polo, cada Estado miembro tiene derecho a utilizar los recursos públicos al servicio de los objetivos de sus políticas nacionales, p. ej., el de revitalizar el tráfico ferroviario de mercancías. Sin embargo, cualquier forma de ayuda estatal debe respetar las normas sobre competencia contenidas en el Tratado CE. Como norma general, están prohibidas las ayudas estatales que falseen la competencia en el mercado común. El Tratado CE, no obstante, exime de dicha prohibición general a los regímenes de ayuda que puedan tener un impacto positivo global en la Unión: la letra c) del apartado 3 del artículo 87 del Tratado CE permite las ayudas estatales destinadas a facilitar el desarrollo de determinadas actividades o de determinadas regiones económicas, y, según el artículo 73 del Tratado CE, serán compatibles con el Tratado las ayudas estatales que respondan a las necesidades de coordinación de los transportes. Conviene también dejar constancia de que la Comisión ha adoptado distintas «directrices» o «marcos» tendentes a clarificar su política en materia de ayudas estatales en diversos ámbitos, tales como la protección del medio ambiente o el salvamento y la reestructuración de empresas en crisis, que deben ser tenidos en cuenta siempre que la Comisión evalúe una ayuda estatal.

Así pues, cada caso de ayuda estatal se examina individualmente en función de la legislación y las prácticas aplicables. Por último, cabe mencionar que cualquier empresa ferroviaria puede recibir subvenciones de los Estados miembros si éstas representan el reembolso de determinadas obligaciones inherentes a la noción del servicio público.

En lo que se refiere al mercado ferroviario, es preciso mencionar la posibilidad de que Irlanda abra su mercado nacional a la competencia en relación con los servicios de transporte de mercancías por ferrocarril. Tal estrategia podría atraer a algún operador nuevo interesado en prestar tales servicios, al contrario que el operador nacional, que puede no estar interesado por tener otras prioridades.

----

(1)  COM(2001) 370 final.

----

----

(2004/C 88 E/0210)

PREGUNTA ESCRITA E-0670/04

de Proinsias De Rossa (PSE) a la Comisión

(9 de marzo de 2004)

Asunto:   Investigación de la Comisión sobre los vertidos de petróleo en la península de Poolbeg, Dublín

¿Qué respuesta a recibido la Comisión, en su caso, a la carta de notificación formal enviada a Irlanda en abril de 2003, anunciada en IP/03/544, en relación con la falta de cooperación del Gobierno irlandés con la investigación de la Comisión sobre las denuncias de vertidos de petróleo en las aguas próximas a una zona de protección especial situada en la península de Poolbeg en agosto de 2002 y el cumplimiento por parte de Irlanda de la Directiva sobre sustancias peligrosas (76/464/CE (1)) y la Directiva sobre hábitats (92/43/CEE (2))?

¿Qué medidas ha tomado o se plantea tomar la Comisión al respecto?

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(21 de abril de 2004)

La carta de notificación formal mencionada por Su Señoría se refería a la falta de cooperación de Irlanda consistente en no haber dado respuesta a una solicitud de información sobre el cumplimiento de la legislación comunitaria de medio ambiente en la Península de Poolbeg, Dublín. Al no recibir respuesta a dicha carta, la Comisión envió un dictamen motivado en diciembre de 2003 a Irlanda, la cual, posteriormente, aportó la información detallada que le había sido solicitada inicialmente. Se ha considerado que esa respuesta pone fin a la infracción de falta de colaboración con arreglo al artículo 10 del Tratado CE, y no está previsto en la actualidad tomar medidas ulteriores al respecto. La Comisión sigue estudiando las cuestiones fundamentales planteadas en la denuncia original (3).

----

(1)DO L 129 de 18.5.1976, p. 23.

(2)DO L 206 de 22.7.1992, p. 7.

(3)  P2001/4789.

----

----

(2004/C 88 E/0211)

PREGUNTA ESCRITA E-0675/04

de Proinsias De Rossa (PSE) a la Comisión

(9 de marzo de 2004)

Asunto:   Reglamento sobre traslados transfronterizos de residuos

¿Qué respuesta a recibido la Comisión, en su caso, a la carta de notificación formal enviada a Irlanda en abril de 2003, anunciada en IP/03/544, en relación con la falta de respuesta del Gobierno irlandés a la solicitud de información de la Comisión acerca de la forma en que Irlanda ha cumplido el Reglamento sobre traslados transfronterizos de residuos (CEE) 259/93 (1), a raíz de una reclamación sobre irregularidades en las formalidades necesarias para exportar residuos desde Irlanda?

¿Qué medidas ha tomado o se plantea tomar la Comisión al respecto?

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(21 de abril de 2004)

En junio de 2003 la Comisión recibió una respuesta de Irlanda a la carta de notificación formal que menciona Su Señoría. Se consideró que esa respuesta ponía fin al procedimiento de infracción por falta de cooperación basado en el artículo 10 del Tratado CE y no se prevé ninguna acción más sobre esa base. No obstante, la Comisión sigue analizando las cuestiones de fondo que planteó la denuncia.

----

(1)DO L 30 de 6.2.1993, p. 1.

----

----

(2004/C 88 E/0212)

PREGUNTA ESCRITA E-0684/04

de Erik Meijer (GUE/NGL) a la Comisión

(9 de marzo de 2004)

Asunto:   Parmalat y los incentivos neerlandeses para atraer empresas extranjeras con intenciones indebidas a consecuencia de una legislación fiscal divergente

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(26 de abril de 2004)

----

----

(2004/C 88 E/0213)

PREGUNTA ESCRITA E-0686/04

de Paulo Casaca (PSE) a la Comisión

(9 de marzo de 2004)

Asunto:   Plataforma europea sobre el hidrógeno

Me alegré al saber que se había creado la «Plataforma europea de la tecnología del hidrógeno y las pilas de combustible» (European Hydrogen and Fuel Cell Technology Platform), pero me llevé una sorpresa al descubrir que ninguno de los 35 miembros del Consejo consultivo de esta plataforma era portugués.

Le recuerdo a la Comisión que, en Azores, el Laboratorio del Medio Ambiente Maríno y las Tecnologías de la Universidad de Azores es un centro pionero en el desarrollo de las tecnologías relacionadas con el aprovechamiento del hidrógeno.

¿Acaso piensa la Comisión que la investigación desarrollada en una región ultraperiférica no tiene el mismo valor que la desarrollada por los grandes países que forman este Consejo consultivo?

¿No cree la Comisión que, en una iniciativa de esta naturaleza, es necesario incluir a todos los socios significativos, independientemente de su dimensión?

¿Va a considerar la Comisión la ampliación de este Consejo consultivo para incluir, por ejemplo, al Laboratorio de Medio Ambiente Maríno y Tecnologías de la Universidad de Azores?

Respuesta del Sr. Busquin en nombre de la Comisión

(21 de abril de 2004)

La plataforma tecnológica del hidrógeno y las pilas de combustible, puesta en marcha en enero de 2004, es una iniciativa que tiene por objeto reunir a todos los agentes y actividades que contribuyen en Europa al desarrollo de las tecnologías que pueden conducir a una futura economía del hidrógeno. El Consejo consultivo es uno de los órganos principales de la plataforma, ya que dirigirá y orientará a sus diversos componentes y agentes.

El primer Consejo consultivo fue elegido por un período inicial de 18 meses y está compuesto por personalidades de alto nivel que representan a diferentes agentes económicos y sociales europeos, entre los que se incluyen la comunidad científica y los principales sectores industriales que participan de forma activa en el desarrollo de las tecnologías en cuestión.

Aunque ninguno de los miembros actuales del Consejo consultivo es portugués, otros interlocutores portugueses figurarán a buen seguro en los diversos órganos y estructuras de la plataforma, como el grupo de reflexión (Mirror Group), los grupos directivos y los grupos de iniciativas de los Estados miembros, y, más importante, participarán en las actuaciones de la plataforma, en donde serán bien acogidos todos los responsables de las actividades en curso pertinentes que hayan manifestado interés en colaborar. La Comisión toma nota del eventual interés del «Laboratorio de Ambiente Marínho e Tecnologias» de la Universidad de las Azores.

----

----

(2004/C 88 E/0214)

PREGUNTA ESCRITA E-0724/04

de María Herranz García (PPE-DE) a la Comisión

(11 de marzo de 2004)

Asunto:   Normas sobre el etiquetado del vino

Después de numerosos años de negociaciones con Estados Unidos y otros países terceros sobre la protección de las denominaciones y las apelaciones vitivinícolas comunitarias, en las que la UE se ha mostrado radicalmente opuesta a cualquier usurpación realizada por terceros, la Comisión Europea ha decidido finalmente, a pesar de los esfuerzos realizados en el pasado, ceder a presiones externas, legitimando esa usurpación a través de la aprobación en Comité de Gestión de una modificación de las normas de etiquetado del vino, con el voto en contra de los principales países productores.

A partir de ahora cualquier país tercero que demuestre que ha estado usurpando durante un período de como mínimo diez años menciones como gran «reserva» o «crianza» podrá no sólo seguir haciéndolo, sino comercializar sus productos con esas apelaciones en el mercado de la UE.

¿Puede explicarnos la Comisión Europea a qué se debe este giro de ciento ochenta grados que, además, podría debilitar nuestra posición en las negociaciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC), de cara a lograr la protección de nuestras denominaciones geográficas? ¿Cuál es la contrapartida que espera conseguir la Comisión Europea tras esta decisión?

Si bien algunos países han presentado quejas ante la OMC contra el reglamento comunitario sobre etiquetado de vinos adoptado en 2002, ¿por qué no ha esperado al menos la Comisión a conocer el dictamen del organismo internacional?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(19 de abril de 2004)

La Comisión se ha visto obligada a adoptar nuevas disposiciones en materia de designación, denominación y protección de ciertos productos vitivinícolas para alejar la posibilidad de formación de un panel de la OMC, circunstancia que hubiera supuesto una grave amenaza para la política europea de etiquetado de los vinos.

En efecto, tras la notificación del Reglamento (CE) no 753/2002 (1) a la Organización Mundial del Comercio, algunos terceros países notificaron a la OMC sus observaciones y reservas al respecto. Se organizaron dos consultas en Ginebra sobre esta cuestión. Los terceros países consideraban que la protección exclusiva de determinadas indicaciones tradicionales (parte B) representaba un nuevo derecho de propiedad intelectual para la Unión en el contexto del Acuerdo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), el cual vendría a añadirse al de las indicaciones geográficas. La formación de un panel de la OMC a este respecto hubiera podido poner en peligro la política de la UE sobre protección de las indicaciones geográficas, motivo por el que convenía evitarla.

A la luz de las observaciones presentadas por los terceros países, la Comisión decidió introducir en el citado Reglamento algunas modificaciones, relativas esencialmente a la posibilidad de que los terceros países utilicen ciertas indicaciones tradicionales previo cumplimiento de las mismas reglas que los Estados miembros. Asimismo, ha sido preciso tener en cuenta el hecho de que algunos terceros países no disponen de un sistema reglamentario centralizado para el sector vitivinícola. Por consiguiente, los requisitos europeos en materia de sistema legislativo han sido modificados y el principio de «reglamentación» sustituido por el de «reglas aplicables». Esas reglas incluyen las dimanantes de organizaciones profesionales representativas. Se ha introducido igualmente una definición del concepto de «representatividad».

Conviene asimismo subrayar que el Reglamento (CE) no 1493/1999 (2) del Consejo no hace referencia alguna a los dos tipos de indicaciones tradicionales —contrariamente a lo que sucede en el anexo III del Reglamento (CE) no 753/2002—, sino únicamente a la posibilidad de que la Comisión adopte normas sobre las indicaciones tradicionales de conformidad con las disposiciones vigentes en los Estados miembros.

Las nuevas condiciones de utilización de las indicaciones tradicionales comunitarias por parte de terceros países son equivalentes a las anteriormente aplicables a la utilización de las indicaciones tradicionales recogidas en la parte A del anexo III del Reglamento (CE) no 753/2002.

Entre esas condiciones, según dispone el apartado 1 del artículo 10 del Reglamento (CE) no 316/2004 (3), que modifica la letra e) del apartado 1 del artículo 37 del Reglamento (CE) no 753/2002, figuran las siguientes:

Por lo que respecta al caso concreto de las indicaciones tradicionales españolas «Gran Reserva» o «Crianza» que se mencionan en la pregunta escrita formulada a la Comisión, sus condiciones de utilización por terceros países en la Comunidad permanecen inalteradas, dado que ya figuraban en la parte A del anexo III del Reglamento (CE) no 753/2002.

----

(1)  Reglamento (CE) no 753/2002 de la Comisión, de 29 de abril de 2002, que fija determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 1493/1999 del Consejo en lo que respecta a la designación, denominación, presentación y protección de determinados productos vitivinícolas, DO L 118 de 4.5.2002.

(2)  Reglamento (CE) no 1493/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999, por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola, DO L 179 de 14.7.1999.

(3)  Reglamento (CE) no 316/2004 de la Comisión, de 20 de febrero de 2004, por el que se modifica el Reglamento (CE) no 753/2002 que fija determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 1493/1999 du del Consejo en lo que respecta a la designación, denominación, presentación y protección de determinados productos vitivinícolas, DO L 55 de 24.2.2002.

----

----

(2004/C 88 E/0215)

PREGUNTA ESCRITA E-0749/04

de Paul Rübig (PPE-DE) a la Comisión

(11 de marzo de 2004)

Asunto:   Introducción del enfoque sectorial («Sector Approach») en la cooperación de la UE al desarrollo

La cooperación al desarrollo de la Comisión Europea ha sufrido grandes cambios desde la introducción del enfoque sectorial («Sector Approach»), que prevé un apoyo presupuestario directo cada vez mayor a los países beneficiarios. Con ello, se reduce constantemente el volumen financiero del que se dispone para asistencia técnica en la forma de proyectos para las empresas de asesoría europeas, pues en el futuro los Estados beneficiarios y sus administraciones asumirán tareas más amplias.

A título de ejemplo, ¿podría la Comisión Europea facilitar estadísticas sobre el desarrollo absoluto (en euros) y relativo de la asistencia técnica (incluidas las medidas de aprovisionamiento) como porcentaje del presupuesto propuesto por la Comisión Europea para el desarrollo (por ejemplo, proyectos/apoyo presupuestario/presupuesto total) desde 1996 hasta la fecha y en forma de previsiones hasta el final del actual período financiero en 2006?

Respuesta del Sr. Nielson en nombre de la Comisión

(30 de abril de 2004)

La Comisión es miembro del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), y como tal tiene obligación de facilitar informes completos y periódicos sobre el conjunto de la ayuda al desarrollo que presta, con arreglo a los modelos del CAD para el suministro de informes.

Uno de los elementos de los que informa es la cantidad destinada a la «Cooperación Técnica» (COT). Según el CAD, la cooperación técnica comprende el suministro de recursos cuyo objetivo esencial es incrementar la provisión de capital intelectual humano, es decir el nivel de conocimientos, aptitudes, y competencias técnicas, así como importes destinados a apoyar la ejecución de un proyecto.

En el cuadro se indican los importes que le han sido notificados al CAD en concepto de cooperación técnica durante el período 1996-2002 en proporción al importe total de la Ayuda Oficial al Desarrollo durante el período en cuestión en compromisos y pagos. Esta proporción oscila entre el 5,4 % y el 3,2 % para los compromisos y entre el 5,2 % y el 3,1 % para los pagos.

Cooperación técnica de la UE notificada al CAD en relación con la asistencia bilateral oficial

Teniendo en cuenta que las decisiones sobre la cooperación técnica se adoptan en el marco de cada proyecto/programa específicos, no es posible facilitar previsiones sobre compromisos y pagos.

----

----

(2004/C 88 E/0216)

PREGUNTA ESCRITA E-0762/04

de José García-Margallo y Marfil (PPE-DE) a la Comisión

(11 de marzo de 2004)

Asunto:   Propuestas de la Comisión sobre el curso que debe darse al plan de acción sobre los servicios financieros

La Comisión tiene la intención de poner en marcha en 2004 una consulta muy amplia para determinar el curso que debe darse, en su caso, a su plan de acción sobre los servicios financieros de finales de los años noventa. ¿No resulta sorprendente que, en el plano de la estrategia económica europea, la Comisión no proceda primero a elaborar, por ejemplo, un Libro Blanco en el que comunique la evolución que ella misma prevé en términos de estrategia política para Europa, antes de proceder a esta consulta?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(26 de abril de 2004)

El amplio ejercicio de consulta que ha puesto en marcha la Comisión por lo que se refiere a la integración financiera evaluará los progresos realizados a medida que finaliza la fase legislativa del plan de acción sobre los servicios financieros. Se pretende evaluar la contribución realizada a los objetivos políticos definidos al principio del proceso, es decir, el funcionamiento efectivo de los mercados financieros europeos, la protección de los inversores y la estabilidad financiera. La Comisión opina que es probable que estos objetivos fundamentales sigan siendo los conceptos clave para evaluar la política de la UE en este ámbito a largo plazo.

El trabajo de la Comisión por lo que respecta a su política de integración financiera forma parte de la amplia estrategia de Lisboa sobre la competitividad global. Está informado por los debates en curso sobre la reforma estructural en el contexto de las Orientaciones Generales de Política Económica, incluidas las opiniones expresadas por el Parlamento a este respecto. Tiene en cuenta las reflexiones adicionales a largo plazo tales como el informe del grupo independiente de alto nivel sobre la agenda para una Europa en crecimiento (informe Sapir). Por tanto, la Comisión opina que sus esfuerzos en este ámbito forman parte integrante de una estrategia económica amplia y bien orquestada.

El proceso de consulta sobre la integración financiera proporcionará información sobre las reacciones en un importante ámbito de la política de reforma estructural. Esto permitirá a las instituciones de la UE afinar los trabajos posteriores en este ámbito y maximizar la contribución a los objetivos políticos económicos globales. Las orientaciones políticas que se extraigan de este proceso de evaluación también serán objeto de debate y consulta.

----

----

(2004/C 88 E/0217)

PREGUNTA ESCRITA E-0763/04

de José García-Margallo y Marfil (PPE-DE) a la Comisión

(11 de marzo de 2004)

Asunto:   Papel de las autoridades públicas para el período consecutivo al plan de acción sobre los servicios financieros

En el curso que la Comisión piensa dar a su plan de acción sobre los servicios financieros, las autoridades públicas y, en particular, las autoridades nacionales, desempeñarán un papel determinante en la aplicación de las disposiciones de las distintas directivas, en particular las del nivel 2.

¿Son suficientes las estructuras existentes actualmente y, sobre todo, los comités nacionales de supervisión y regulación, para conseguir el objetivo establecido por el proceso Lamfalussy consistente en aplicar de forma flexible y uniforme las disposiciones técnicas de las directivas?

¿No convendría reforzarlas y, en tal caso, de qué forma habría que hacerlo?

Respuesta del Comisario Bolkestein en nombre de la Comisión

(28 de abril de 2004)

Con el reciente acuerdo de las instituciones de la UE para ampliar la nueva estructura del Comité de Servicios Financieros a las actividades bancarias, los seguros y pensiones profesionales y la OICVM, las estructuras existentes garantizan la aplicación flexible y uniforme de las provisiones técnicas de las Directivas.

El informe Lamfalussy definió el papel del Comité de responsables europeos de reglamentación de valores (CERV) como de nivel 3, ya que una de sus tareas principales es ayudar a una interpretación y aplicación convergente por las autoridades nacionales de la legislación de nivel 1 y 2.

En este contexto, las tareas del CERV son:

Con arreglo a estas líneas el CERV, en coordinación con la acción paralela de la Comisión, organiza reuniones ad hoc para discutir los problemas potenciales de la Directiva sobre abuso de mercado (1).

El CERV, al preparar las directrices o su asesoramiento de nivel 2 para la Comisión con el fin de elaborar la legislación pertinente, intenta alcanzar soluciones aceptables para todos los miembros. La Comisión considera que este proceso puede contribuir a asegurar la convergencia entre autoridades nacionales, transponiendo y aplicando la legislación de la UE.

En las actividades bancarias y de seguro el nuevo Comité de Supervisores Bancarios Europeos (CSBE) y el Comité de supervisores europeos de seguros y pensiones profesionales (CEIOPS) han comenzado recientemente su trabajo. Desempeñarán un papel clave en la aplicación uniforme de la nueva legislación tal como nueva las nuevas Directivas sobre adecuación del capital (CAD III) y solvencia II

El CSBE ha adoptado un programa de trabajo ambicioso para asegurar la convergencia de las prácticas de supervisión en aspectos claves del futuro marco de adecuación del capital, por ejemplo sobre la validación de planteamientos internos de medida para riesgos de crédito y riesgos operativos, y en el proceso de supervisión que sirve para afinar los requisitos de capital individuales.

La Comisión trabajará con todos los comités supervisores para asegurar la aplicación de buenas prácticas.

En cualquier caso hay que tener en cuenta que la Comisión, como parte de su papel institucional de «guardiana del Tratado CE» es responsable de controlar la transposición y de supervisar una puesta en práctica de calidad por los Estados miembros. La Comisión puede proporcionar herramientas interpretativas y contactos para facilitar la ejecución, asegurar una transposición de buena calidad y evitar procedimientos de infracción ante el Tribunal de Justicia Europeo, lo que forma también parte del nivel 4 en el contexto del proceso Lamfalussy.

Se han puesto en marcha varias iniciativas en el contexto del Comité Europeo de Valores (por ejemplo, puntos de contacto para la aplicación de cada «Directiva Lamfalussy») así como una serie de reuniones destinadas a proporcionar herramientas interpretativas para facilitar la aplicación de las Directivas sobre abuso de mercado y prospecto (2). Las actividades del CERV pueden complementar la determinación de la Comisión de mejorar la aplicación.

----

(1)  Directiva 2003/6/CE del Parlamento y del Consejo, de 28 de enero de 2003, sobre las operaciones con información privilegiada y la manipulación del mercado (abuso del mercado), DO L 96 de 12.4.2003.

(2)  Directiva 2003/71/CE del Parlamento y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, sobre el folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores y por la que se modifica la Directiva 2001/34/CE, DO L 345 de 31.12.2003.

----

----

(2004/C 88 E/0218)

PREGUNTA ESCRITA E-0764/04

de José García-Margallo y Marfil (PPE-DE) a la Comisión

(11 de marzo de 2004)

Asunto:   Utilización de los fondos de preadhesión

¿Puede indicar la Comisión, en relación con la eficacia de la utilización de los fondos de preadhesión, cuántas auditorías se han efectuado ya en los nuevos Estados miembros?

¿Cuáles son sus principales resultados?

¿Cuáles son las deficiencias observadas más a menudo en la utilización de estos fondos en dichos países?

Respuesta del Sr. Verheugen en nombre de la Comisión

(30 de abril de 2004)

En respuesta a la primera pregunta de Su Señoría, es importante señalar que las auditorías efectuadas en relación con los fondos de preadhesión eran fundamentalmente auditorías de control de gestión y que las operaciones auditadas se hallaban bajo la responsabilidad descentralizada de los países candidatos (por lo general, la gestión de los fondos de preadhesión se transfería a las autoridades nacionales de los países candidatos en una fase incipiente, con objeto de prepararlos a sus futuras responsabilidades en materia de gestión financiera sólida de los fondos comunitarios).

Se han llevado a cabo dos tipos de operaciones de fiscalización: auditorías de cierre, relativas a la regularidad y legalidad de las operaciones, y auditorías de sistemas.

Todos los contratos financiados en el marco de la asistencia de preadhesión y administrados por las autoridades nacionales en los países candidatos están sujetos a controles previos de la Comisión hasta la fecha de la adhesión. Los contratos que se firmen después de esa fecha serán en principio administrados enteramente por los nuevos Estados miembros mediante el sistema denominado SEDA (1) y sin controles previos de la Comisión.

Así pues, las auditorías de cierre funcionan en gran medida como otro filtro de control además de los controles previos realizados por la Comisión. Dado que las auditorías de cierre se llevan a cabo, por definición, al cierre del programa, hasta ahora se han realizado en la mayoría de los casos en el contexto del programa Phare, puesto que el Instrumento de Política Estructural de Preadhesión (ISPA) y el Programa especial de adhesión para el desarrollo agrícola y rural (Sapard) se han iniciado hace relativamente poco y aún no han concluido. Los programas no pueden someterse a la auditoría de cierre antes del año n+4, donde n es el año de programación. Hasta el 2000, se efectuaron 139 auditorías de cierre de proyectos Phare y desde 2001, se han llevado a cabo 149 dentro de ese mismo programa, principalmente de proyectos ejecutados entre 1992 y 1999. Este tipo de auditorías seguirá realizándose.

En las auditorías de sistemas se fiscaliza todo el sistema de gestión y control de la ayuda de preadhesión establecido por las autoridades nacionales del país candidato. Ya se han efectuado auditorías de sistemas exhaustivas de las solicitudes SEDA en el marco de Phare en la mayor parte de los diez países adherentes (vinculadas al proceso de comprobación de SEDA). Esta práctica se aplicará a Bulgaria y Rumania en 2005. También se realizó una auditoría de los sistemas de las autoridades nacionales turcas antes de adoptar la decisión de transferir la administración de los fondos de preadhesión a Turquía en régimen de descentralización.

En relación con la asistencia de preadhesión en el contexto de ISPA, se han realizado 32 misiones de auditoría de sistemas (2) hasta la fecha. También se han efectuado misiones de comprobación en el marco de SEDA en tres países. Después del 1 de mayo de 2004, las futuras auditorías en los nuevos Estados miembros se realizarán con arreglo al Reglamento relativo a los Fondos de Cohesión.

Como probablemente sabe Su Señoría, el instrumento de preadhesión Sapard se aplica siempre de forma completamente descentralizada y los fondos de preadhesión no se liberan en tanto no se concede la acreditación SEDA a los organismos de las autoridades nacionales, tras realizar auditorías de sistemas exhaustivas. La transferencia de las auditorías de gestión ha servido de fundamento para la Decisión relativa a la transferencia de la gestión adoptada por la Comisión. Se han efectuado 21 transferencias de auditorías de gestión. En cuatro países se han organizado misiones de supervisión después de haber transferido la gestión. En el marco de Sapard, en 2002 se llevaron a cabo auditorías financieras en cuatro países y en 2003, en ocho. En dichas auditorías se controló la integridad, la exactitud y la veracidad de las cuentas presentadas por la agencia Sapard y de la cuenta en euros de Sapard. Además de ello, se efectuaron auditorías de conformidad en ocho países entre septiembre de 2003 y marzo de 2004.

Los principales resultados y deficiencias puestos de manifiesto son de naturaleza similar a los hallados en los sistemas vigentes en los Estados miembros actuales y son de escasa importancia, por ejemplo en cuanto al archivo de la documentación de las licitaciones de los contratos auditados, teniendo en cuenta que las auditorías se efectúan varios años después de la contratación, si bien hay que señalar que en una fase anterior dichos contratos habían sido aprobados previamente por la Comisión. Las auditorías de sistemas han revelado deficiencias —subsanadas en el proceso de acreditación SEDA— como la falta de personal y de formación adecuados, la incipiente realización de auditorías internas locales y la escasa preparación para gestionar los contratos más «atípicos» (hermanamientos, seguridad nuclear, etc.).

En el ámbito de Sapard, todas las deficiencias detectadas en la transferencia de las auditorías de gestión eran de escasa importancia. Fueron comunicadas mediante carta de observaciones a las autoridades competentes en cuestión y la Comisión siguió la aplicación de las correspondientes recomendaciones. Las auditorias financieras dieron lugar a recomendaciones relativas a la administración de la cuenta en euros de Sapard. En algunos casos, las auditorías de conformidad pusieron de manifiesto deficiencias de poca importancia, que fueron comunicadas a los países candidatos en forma de observaciones y recomendaciones.

----

(1)  SEDA (Sistema de Ejecución Descentralizada Ampliada) es un proceso mediante el cual los sistemas de los organismos nacionales que administran los fondos de preadhesión son acreditados por la Comisión según un procedimiento similar al utilizado para los Fondos Estructurales y los Fondos de Cohesión, que permite dispensar del control previo de la Comisión las licitaciones y contrataciones (y la selección de proyectos en el caso de las subvenciones). Antes de la adhesión todos los países han mejorado sus sistemas y han presentado solicitudes de acreditación conforme a SEDA (salvo en algunos casos en el marco de ISPA en que el fundamento jurídico se modifica en la adhesión).

(2)  Bulgaria, Rumania y todos los países adherentes, con excepción de Chipre y Malta.

----

----

(2004/C 88 E/0219)

PREGUNTA ESCRITA E-0765/04

de José García-Margallo y Marfil (PPE-DE) a la Comisión

(11 de marzo de 2004)

Asunto:   Las agencias de calificación crediticia y el acceso a información privilegiada

¿Sobre qué fundamento o fundamentos jurídicos europeos pueden las agencias de calificación crediticia tener acceso a información privilegiada procedente de empresas?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(26 de abril de 2004)

De conformidad con la letra a) del artículo 3 y el párrafo primero del apartado 3 del artículo 6 de la Directiva 2003/6/CE del Parlamento y del Consejo, de 28 de enero de 2003, sobre operaciones con información privilegiada y la manipulación del mercado (abuso del mercado (1)), un emisor (o una persona que actúe en su nombre o por cuenta de aquél) puede revelar información privilegiada a un tercero en el normal ejercicio de su trabajo, su profesión o sus funciones. El emisor debe hacer pública la información, simultáneamente o prontamente, salvo que la persona que recibe la información tenga un deber de confidencialidad, con independencia de que esa obligación se base en una norma legal, reglamentaria, estatutaria o contractual. Teniendo en cuenta lo anterior, las agencias de calificación crediticia podrían tener acceso a la información privilegiada de los emisores si éstas tienen el deber de confidencialidad.

Sin embargo, como no están expresamente mencionadas las agencias de calificación crediticia en las disposiciones antes citadas, en la práctica, se deja en manos de los Estados miembros su derecho de acceder, o no, a la información privilegiada de los emisores. Todavía no existe una legislación europea armonizada sobre la materia, en contraposición a los Estados Unidos, donde se ha reconocido públicamente que las agencias de calificación crediticia pueden tener acceso de forma oficial a dicha información.

Esta es la razón por la que el Miembro de la Comisión responsable de Empleo y Asuntos Sociales señaló, el 9 de febrero de 2004 durante el debate del Pleno sobre un informe presentado por iniciativa propia del Parlamento Europeo (Ponente: Sr. Katiforis) sobre agencias de calificación crediticia que, al menos en cuatro de los asuntos que deben ser resueltos en relación a las agencias de calificación crediticia, «No está claro, por el momento, el tratamiento jurídico del acceso por parte de las agencias de calificación crediticia a la información privilegiada de los emisores en Europa. No existe una legislación europea armonizada, ni tampoco legislación a nivel nacional. Si las agencias deben tener acceso a la información privilegiada de los emisores, deberíamos asegurar que esa misma información está a disposición de todas las agencias. Considero que esto se refleja en el informe del Sr. Katiforis. (...) Tenemos que actuar rápidamente en esta (...) materia. En abril de 2002, en el Consejo Europeo de Oviedo, la Comisión Europea se comprometió a ello. Tenemos que respetar nuestro compromiso antes de que se produzcan más escándalos. La Comisión Europea será, de este modo, capaz de adoptar una posición sobre la materia a más tardar en verano u otoño de 2004. Entre otras aportaciones, el informe del Sr. Katiforis será un elemento importante que nos servirá de guía».

Los otros tipos de información confidencial que no respondan a los criterios específicos de la definición de «información confidencial» del punto 1 del artículo 1 de la Directiva 2003/6/CE, no están previstos ni en esta Directiva ni en ninguna otra normativa europea. De manera similar, tampoco están regulados a nivel europeo los casos de empresas que no sean emisores o personas que actúen en su nombre o por cuenta de aquéllos.

----

(1)DO L 96 de 12.4.2003.

----

----

(2004/C 88 E/0220)

PREGUNTA ESCRITA E-0773/04

de Maurizio Turco (NI) a la Comisión

(11 de marzo de 2004)

Asunto:   Violación de la libertad religiosa en Bélgica

Vistos,

Considerando que,

¿Puede dar constancia la Comisión del conocimiento de los hechos descritos?

¿Considera la Comisión que las actuaciones descritas atentan contra los derechos fundamentales garantizados en los artículos 10 y 22 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y, por lo tanto, afectan al contenido esencial de éstos protegidos expresamente por el artículo 52 del mismo cuerpo legal?;

¿Considera asimismo la Comisión que estos hechos son contrarios al artículo 6 del TUE y, por tanto, a los principios comunes a todos los Estados miembros de respeto de los derechos humanos y fundamentales?

¿Puede informar la Comisión de qué manera tiene intención de disuadir al Reino de Bélgica de la realización de estas conductas contrarias al derecho a la libertad religiosa?

En caso de no condena expresa de las actuaciones relatadas por parte de esta Institución, ¿en base a qué principios legales apoyará su postura?

Respuesta del Sr. Vitorino en nombre de la Comisión

(28 de abril de 2004)

La Comisión no tiene conocimiento de los hechos a los que alude Su Señoría.

En lo relativo a la concesión de una autorización de trabajo específica para los religiosos nacionales de terceros países, la Comisión desea recordar que por el momento no existen normas a escala comunitaria en el ámbito de la entrada y estancia a efectos de trabajo de los nacionales de terceros países, y que toda decisión en este ámbito es competencia de los Estados miembros.

Por otra parte, la Comisión sólo tiene competencia para intervenir en posibles violaciones de los derechos fundamentales, y especialmente de la libertad religiosa, cuando éstas se producen en el marco del Derecho comunitario y de su aplicación.

Por último, hay que recordar que, si una persona considera que se han violado sus derechos fundamentales, tiene la posibilidad de interponer un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, una vez agotados los medios internos.

----

----

(2004/C 88 E/0221)

PREGUNTA ESCRITA E-0774/04

de Maurizio Turco (NI) a la Comisión

(11 de marzo de 2004)

Asunto:   Violación de la libertad religiosa en Chipre

Vistos,

Considerando que,

Visto que Chipre es uno de los países que el 1 de mayo de 2004 pasarán a formar parte de la UE:

----

(1)  COM(2003) 645 final.

----

----

(2004/C 88 E/0222)

PREGUNTA ESCRITA E-0777/04

de Maurizio Turco (NI) a la Comisión

(11 de marzo de 2004)

Asunto:   Violación de la libertad religiosa en Hungría

Vistos,

Considerando que,

Visto que Hungría es uno de los países que el 1 de mayo de 2004 pasarán a formar parte de la UE:

----

(1)  COM(2003) 645 final.

----

----

(2004/C 88 E/0223)

PREGUNTA ESCRITA E-0778/04

de Maurizio Turco (NI) a la Comisión

(11 de marzo de 2004)

Asunto:   Violación de la libertad religiosa en Lituania

Vistos,

Considerando que,

Visto que Lituania es uno de los países que el 1 de mayo de 2004 pasarán a formar parte de la UE:

----

(1)  COM(2003) 645 final.

----

----

(2004/C 88 E/0224)

PREGUNTA ESCRITA E-0779/04

de Maurizio Turco (NI) a la Comisión

(11 de marzo de 2004)

Asunto:   Violación de la libertad religiosa en Polonia

Vistos,

Considerando que,

Visto que Polonia es uno de los países que el 1 de mayo de 2004 pasarán a formar parte de la UE:

Respuesta común

a las preguntas escritas E-0774/04, E-0777/04, E-0778/04 y E-0779/04

dada por el Sr. Verheugen en nombre de la Comisión

(30 de abril de 2004)

La Comisión concede gran importancia a las cuestiones planteadas por Su Señoría en sus cuatro preguntas sobre la vulneración de la libertad religiosa en los nuevos Estados miembros.

El respeto de la libertad religiosa queda dentro del ámbito de los criterios políticos de adhesión a la Unión Europea, según lo establecido en el Consejo Europeo de Copenhague de 1993. Desde la publicación, en 1997, de sus dictámenes sobre las solicitudes de adhesión, la Comisión ha supervisado y evaluado anualmente en sus informes periódicos los progresos realizados por los Estados adherentes para satisfacer los criterios de Copenhague, en particular en lo tocante a la libertad religiosa. Esos informes han confirmado que los países seguían respetando los criterios políticos de Copenhague, aunque todavía fuesen necesarios esfuerzos adicionales en algunos ámbitos.

En este contexto, las negociaciones de adhesión con diez Estados candidatos se concluyeron en diciembre de 2002. El Tratado de Adhesión se firmó en abril de 2003, tras su aprobación por el Parlamento. Desde entones ha sido ratificado por todos los países.

Conviene señalar que, en virtud del Tratado de Adhesión, todos los Estados adherentes deberán aplicar antes del 1 de mayo de 2004 la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación (2). En ella se prohíbe la discriminación en los ámbitos del empleo y la formación por motivos de religión o creencias, entre otros.

La Comisión desea recordar a Su Señoría que no existe ninguna competencia comunitaria ni requisitos específicos de la legislación comunitaria sobre el trato otorgado a las comunidades religiosas, lo que se ajusta a la Declaración no 11 del Tratado de Amsterdam. Por tanto, los Gobiernos de la UE mantienen un poder discrecional en ámbitos tales como el reconocimiento, los requisitos de registro o la financiación pública de las comunidades religiosas, siempre que se respeten los derechos fundamentales, principios generales del Derecho comunitario (apartado 2 del artículo 6 del TUE) aplicables a toda medida adoptada por un Estado miembro en el ámbito de la legislación comunitaria. La Comisión controla el respeto de estos principios y, en caso de presunta vulneración, utilizará todos los medios a su disposición para poner fin a la misma.

Por lo que se refiere a los puntos planteados por Su Señoría acerca de algunos nuevos Estados miembros, la Comisión formula las siguientes observaciones:

----

(1)  COM(2003) 645 final.

(2)DO L 103 de 2.12.2000.

----

----

(2004/C 88 E/0225)

PREGUNTA ESCRITA E-0784/04

de Proinsias De Rossa (PSE) a la Comisión

(11 de marzo de 2004)

Asunto:   Reunificación familiar

¿Hace la Comisión un seguimiento de las consecuencias de la reciente decisión del Gobierno irlandés de suspender la práctica de autorizar de oficio la reunificación familiar a los padres de ciudadanos menores irlandeses o de la UE que desean que otros familiares suyos se reúnan con ellos en Irlanda?

¿Se ha puesto en contacto la Comisión con el Gobierno irlandés para deliberar sobre la necesidad de establecer un régimen coherente para las solicitudes de reunificación familiar presentadas por padres de ciudadanos irlandeses o de la UE y nacionales no refugiados de terceros países que residen legalmente en Irlanda? ¿Está de acuerdo la Comisión en que impedir a los nacionales de terceros países que residen legalmente en la UE reunir a sus familias constituye una violación de las normas internacionales en materia de derechos humanos?

Respuesta del Comisario Vitorino en nombre de la Comisión

(22 de abril de 2004)

La pregunta de Su Señoría contempla a la vez la reagrupación familiar de ciudadanos de terceros países en Irlanda, de ciudadanos de la UE y de nacionales.

La reagrupación familiar de nacionales de terceros países es objeto de la reciente Directiva sobre el derecho a la reagrupación familiar, adoptada el 22 de septiembre de 2003, que dicta normas comunes sobre la admisión de los miembros de la familia. Esta Directiva deberá transponerse antes de finales del 2005 en todos los Estados miembros, a excepción de Dinamarca, Irlanda y Gran Bretaña, que en virtud de sus protocolos respectivos no participan en la política común de inmigración.

Por lo que respecta a los miembros de la familia de ciudadanos de la Unión nacionales de terceros países, el Derecho comunitario derivado en materia de residencia prevé que puedan unirse al ciudadano de la Unión cuando éste sea un trabajador o disponga de recursos suficientes con el fin de no convertirse en una carga para la asistencia social del Estado miembro de acogida durante su estancia, así como de un seguro de enfermedad completo. Sólo los ascendientes a cargo del ciudadano de la Unión pueden unírsele ya que se supone que, por regla general, los padres de los menores no están a cargo de éstos.

En su sentencia de 17 de septiembre de 2002 en el asunto C-413/99, Baumbast, R, el Tribunal de Justicia sin embargo confirmó el principio establecido en su sentencia de 11 de julio de 2002 en el asunto C-60/00, Carpenter, según el cual las disposiciones del Derecho comunitario relativas a la libre circulación de personas deben interpretarse a la luz de la exigencia del respeto de la vida familiar previsto en el artículo 8 del Convenio Europeo de Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, respeto que forma parte de los derechos fundamentales reconocidos por el Derecho comunitario.

Al aplicar este principio el Tribunal de Justicia concluye que, cuando los hijos se benefician de un derecho de residencia en un Estado miembro para seguir cursos de educación general de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento (CEE) no 1612/68 (1), esta disposición, para no verse privada de su efecto útil, debe interpretarse en el sentido de que permite al padre que tiene efectivamente la custodia de los hijos, cualquiera que sea su nacionalidad, residir con ellos para facilitar el ejercicio de dicho derecho, a pesar del hecho de que los padres mientras tanto se hayan divorciado o de que el padre que tiene la calidad de ciudadano de la Unión ya haya dejado de ser un trabajador inmigrante en el Estado miembro de acogida.

Resulta de esta jurisprudencia que el padre, cualquiera que sea su nacionalidad, que garantiza la custodia de los hijos incluso si no ejerce actividad económica en el Estado miembro de acogida, tiene derecho de residencia, sin que pueda verse obligado a probar que dispone de recursos suficientes y de un seguro enfermedad, porque su derecho de residencia está basado en el artículo 12 del Reglamento 1612/68, que no impone tales condiciones.

Otro caso relativo a la cuestión del derecho de residencia que los padres pueden derivar de la situación de sus hijos está siendo examinado por el Tribunal de Justicia (asunto C-200/02 Chen). El caso se refiere al derecho de residencia de la madre china de un bebé irlandés. La madre dio a luz en Irlanda a un niño que adquirió la nacionalidad irlandesa. Después viajó al Reino Unido, donde alegó el Derecho comunitario para reclamar el derecho de residencia en este Estado miembro. El Tribunal de Justicia deberá pronunciarse sobre la cuestión de saber si el menor tiene un derecho de residencia en el Reino Unido a título del Derecho comunitario y si la madre puede obtener el derecho de residencia en el Reino Unido como derivación del de su hijo, aunque no esté a cargo del hijo.

Por último, la admisión de miembros de la familia extranjeros de los nacionales que no han ejercido su derecho a la libre circulación de personas, está regulada por el Derecho nacional de cada Estado miembro y por el momento no es objeto de una normativa comunitaria.

----

(1)  Reglamento (CEE) no 1612/68 del Consejo, de 15 de octubre de 1968, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Comunidad, DO L 257 de 19.10.1968.

----

----

(2004/C 88 E/0226)

PREGUNTA ESCRITA E-0789/04

de Cristiana Muscardini (UEN), Sergio Berlato (UEN), Roberta Angelilli (UEN), Roberto Bigliardo (UEN), Antonio Mussa (UEN), Sebastiano Musumeci (UEN), Mauro Nobilia (UEN), Adriana Poli Bortone (UEN) y Franz Turchi (UEN) a la Comisión

(11 de marzo de 2004)

Asunto:   Piratería internacional del vino — Modificación del Reglamento (CE) no 753/2002

El 10 de febrero de 2004, el Comité de Gestión del Vino volvió a confirmar, por una pequeña mayoría, la votación que tuvo lugar el 27 de enero de 2004 por la que se aprobaba un dictamen relativo a la modificación del Reglamento (CE) no 753/2002 (1) y, más concretamente, del capítulo relativo a las designaciones, denominaciones, presentaciones y protección de algunos productos. Dicho dictamen fue aprobado hace poco por la Comisión Europea (2). El nuevo régimen entrará en vigor el 15 de marzo de 2004.

El Reglamento (CE) no 316/2004 (3) de la Comisión por el que se modifica el Reglamento (CE) no 753/2002, establece, entre otras cosas, la liberalización del uso internacional de 17 menciones tradicionales de vinos italianos que podrán utilizarse a partir del 15 de marzo de 2004 para vinos producidos en países extracomunitarios, siempre que se cumplan determinados criterios, como la demostración del uso de dichas menciones en el pasado.

Sin embargo, ya no será necesario que dicha mención haya sido reconocida o protegida en un marco legislativo nacional, como exigía la reglamentación anterior. La consecuencia de esta decisión será dar vía libre o al menos facilitar la comercialización en los mercados mundiales de vinos con menciones tradicionales italianas, pero no producidos en Italia.

Se pregunta a la Comisión:

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(28 de abril de 2004)

A raíz de la notificación del Reglamento (CE) no 753/2002 (4) a la Organización Mundial del comercio (OMC), diversos países terceros enviaron comentarios a la OMC y expresaron sus reservas. Los países terceros consideraban que la protección exclusiva de algunas menciones tradicionales (parte B) constituía un nuevo derecho de propiedad intelectual por parte de la Unión en el marco del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) que se sumaba al de las indicaciones geográficas.

La Comisión adoptó el Reglamento (CE) no 316/2004 (5), por el que se modifica el Reglamento (CE) no 753/2002 y se establecen nuevas normas en materia de etiquetado de los vinos, con el fin de dar respuesta a las observaciones manifestadas por algunos países terceros en el marco de las consultas celebradas en Ginebra (OMC).

Las modificaciones al Reglamento (CE) no 753/2002 adoptadas por la Comisión no son contrarias a las normas europeas en materia de etiquetado de los vinos. Es preciso recordar que el Reglamento (CE) no 1493/1999 (6) no hace referencia alguna a los dos tipos de menciones tradicionales (partes A y B), a diferencia de lo que ocurre con el Reglamento (CE) no 753/2002.

Las modificaciones en cuestión tampoco tienen por objeto liberalizar a nivel internacional la utilización de las menciones tradicionales que figuraban en la parte B del anexo III del Reglamento (CE) no 753/2002, sino que se limitan a establecer condiciones equivalentes a las que estaban anteriormente vigentes para la utilización de las menciones tradicionales que figuran en la parte A de dicho anexo.

Con arreglo al apartado 10) del artículo 1 del Reglamento no 316/2004, por el que se modifica la letra e) del apartado 1 del artículo 37 del Reglamento (CE) no 753/2002, entre dichas condiciones cabe mencionar las siguientes:

Por lo que respecta a las menciones que indican la categoría, el color o el método de elaboración del producto, es necesario precisar que son indicaciones facultativas, tanto para los Estados miembros como para los países terceros, que pueden aparecer en la etiqueta siempre que las condiciones de utilización se atengan las normas aplicables a los productores de vino, entre las que figuran las procedentes de las organizaciones profesionales representativas.

A la luz de todas estas consideraciones, la Comisión considera que la modificación del Reglamento (CE) no 753/2002 se ajusta a las normas aplicables en materia de protección del consumidor y no favorece la falsificación internacional, ni las imitaciones.

----

(1)DO L 118 de 4.5.2002, p. 1.

(2)DO L 55 de 24.2.2004.

(3)DO L 55 de 24.2.2004, p. 16.

(4)  Reglamento (CE) no 753/2002 de la Comisión, de 29 de abril de 2002, que fija determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 1493/1999 del Consejo en lo que respecta a la designación, denominación, presentación y protección de determinados productos vitivinícolas, DO L 118 de 4.5.2002.

(5)  Reglamento (CE) no 316/2004 de la Comisión de 20 de febrero de 2004, DO L 55 de 24.2.2004.

(6)  Reglamento (CE) no 1493/1999 del Consejo de 17 de mayo de 1999 por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola, DO L 179 de 14.7.1999.

----

----

(2004/C 88 E/0227)

PREGUNTA ESCRITA E-0790/04

de Roberto Bigliardo (UEN) a la Comisión

(11 de marzo de 2004)

Asunto:   Presencia de dioxinas peligrosas en el municipio de Acerra (Na), Italia

En el mes de marzo de 2003, los análisis de la leche de las ovejas que pastan en Acerra, un populoso municipio de la provincia de Nápoles, en Italia, que no se publicaron hasta octubre de 2003, mostraban un resultado muy preocupante, pues revelaban la presencia de 12 picogramos de dioxina en comparación con los 3 picogramos que contempla la legislación.

Ante datos tan alarmantes e indicativos de la existencia real de un grave deterioro del medio ambiente, la región de Campania, a la cual corresponde realizar los controles y tomar las decisiones pertinentes, ha permanecido sorda a todas las peticiones de la Administración Municipal de Acerra para proceder al urgente saneamiento del territorio.

La propia ASL competente territorialmente no ha adoptado medida alguna.

Actualmente, la situación es sumamente peligrosa para la población (cerca de 50 000 habitantes) de esa localidad. Los últimos análisis realizados por el Istituto Mario Negri de Milán han puesto de manifiesto la presencia en la leche de las mismas ovejas de una cantidad de dioxina inimaginable: 50 pgTe/g.

Se trata de un dato impresionante y muy grave que nunca se había visto en una zona, que demuestra la repetición de la presencia de dioxina el territorio con graves factores contaminantes, como denunciaron los representantes políticos locales de Alianza Nacional ante la Fiscalía de la República de Nola el 31 de octubre de 2003.

El que suscribe ya se ha dirigido al Presidente de la Comisión de Peticiones para que intervenga mediante un estudio adecuado sobre la situación medioambiental objetiva del territorio de Acerra. Por ello desea saber si la Comisión Europea tiene la intención de intervenir en la región de Campania para proteger el medio ambiente y la vida de las decenas de millares de personas que viven en dicha localidad.

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(30 de abril de 2004)

La Comisión fue informada de este caso de contaminación el 26 de marzo de 2003, y la información se distribuyó a las autoridades competentes de los demás Estados miembros a través del sistema de alerta rápida sobre alimentos y piensos el 28 de marzo de 2003. La contaminación se detectó al analizar muestras de leche de oveja tomadas en aplicación del plan de control previsto en la Directiva 96/23/CE del Consejo, de 29 de abril de 1996, relativa a las medidas de control aplicables respecto de determinadas sustancias y sus residuos en los animales vivos y sus productos (1). Los niveles encontrados superaban ampliamente los niveles máximos establecidos para las dioxinas por el Reglamento (CE) no 466/2001 de la Comisión, de 8 de marzo de 2001, por el que se fija el contenido máximo de determinados contaminantes en los productos alimenticios (2), modificado por el Reglamento (CE) no 2375/2001 del Consejo, de 29 de noviembre de 2001 (3).

De conformidad con la Recomendación 2002/201/CE de la Comisión, de 4 de marzo de 2002, relativa a la reducción de la presencia de dioxinas, furanos y policlorobifenilos (PCB) en los piensos y los alimentos (4), se iniciaron investigaciones encaminadas a determinar cuál era la fuente de la contaminación y a adoptar medidas que permitieran reducirla o eliminarla. Las investigaciones revelaron que una de las causas de la contaminación podía ser la combustión incontrolada de materiales que se habían vertido en los espacios rurales.

Según la información facilitada por las autoridades italianas, la contaminación afectó solamente a partes de la provincia de Caserta y a municipios adyacentes situados en la parte septentrional de Nápoles. Las zonas afectadas fueron delimitadas. No se encontró ningún pienso comercial que contuviera niveles de dioxina superiores a los niveles máximos establecidos en la Directiva 2002/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de mayo de 2002, sobre sustancias indeseables en la alimentación animal (5), modificada por la Directiva 2003/57/CE de la Comisión de 17 de junio de 2003 (6).

Las autoridades italianas se han comprometido a:

La Comisión entiende que estas garantías, siempre que todas las medidas mencionadas se apliquen estrictamente, son suficientes para proteger la salud pública y el medio ambiente.

----

(1)DO L 125 de 23.5.1996.

(2)DO L 77 de 16.3.2001.

(3)DO L 321 de 6.12.2001.

(4)DO L 67 de 9.3.2002.

(5)DO L 140 de 30.5.2002.

(6)DO L 151 de 19.6.2003.

----

----

(2004/C 88 E/0228)

PREGUNTA ESCRITA E-0794/04

de Paul Rübig (PPE-DE) a la Comisión

(11 de marzo de 2004)

Asunto:   Reglamento (CE) no 141/2000 — Medicamentos huérfanos

En relación con el Reglamento (CE) no 141/2000 (1) sobre medicamentos huérfanos, rogamos que se responda a las siguientes preguntas:

Respuesta del Sr. Liikanen en nombre de la Comisión

(20 de abril de 2004)

El asunto planteado se abordó en la comunicación de la Comisión de julio de 2003 (2). Después de los primeros tres años de aplicación del Reglamento, y en respuesta a diversas peticiones de interpretación y aclaraciones, la Comisión deseó manifestar su posición sobre determinados aspectos de la aplicación de las disposiciones de declaración y exclusividad comercial. Estas interpretaciones pretendían ser orientativas para la Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos, los Estados miembros, la industria farmacéutica y otras partes interesadas. Algunas de las aclaraciones se hicieron también para evitar alejamientos del espíritu del Reglamento. Por ello, la comunicación aborda puntos relativos a los artículos 3 (criterios de declaración), 5 (procedimiento de declaración y cancelación del registro) y 7 (autorización comunitaria previa a la comercialización) del Reglamento (CE) no 141/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 1999, sobre medicamentos huérfanos.

----

(1)DO L 18 de 22.1.2000, p. 1.

(2)DO C 178 de 29.7.2003.

----

----

(2004/C 88 E/0229)

PREGUNTA ESCRITA E-0795/04

de Patricia McKenna (Verts/ALE) a la Comisión

(11 de marzo de 2004)

Asunto:   Empantanamiento del campo eólico de Derrybrien

Después de la respuesta de la Comisión a mi pregunta P-3350/03 (1), los informes encargados por la empresa filial de ESB, Hibernian Wind Power Ltd. y el gobierno del condado de Galway, publicados recientemente, confirman la responsabilidad del proyecto del campo eólico en el importante corrimiento de tierra, y también en otros corrimientos anteriores de menor intensidad. Identifican muchas áreas de la zona que corren un riesgo similar, mostrando especialmente que no puede excluirse un corrimiento de tierra directamente sobre el pueblo debido a los bajos niveles de estabilidad. No obstante, los dos informes prestan escasa atención al impacto de las fuerzas dinámicas sobre la turba, y la mayoría de los análisis de seguridad parecen basarse únicamente en las cargas estáticas. Por lo tanto, los efectos de los movimientos de camiones pesados y grúas sobre las carreteras flotantes, al igual que los de los explosivos utilizados en la zona, han sido, de hecho, ignorados. Además, el concepto de seguridad, del modo en que se ha examinado, se refiere sobre todo a los riesgos en obra, no fuera de obra. Estos informes tienen referencias cruzadas, y muestran una coherencia excelente, y se sabe que los dos grupos de consultores coincidieron en esta cuestión, planteando dudas adicionales sobre su verdadera independencia.

Para ayudar a garantizar el futuro de la energía eólica en Irlanda, ¿va a insistir la Comisión ahora en que el proceso de planificación se ejecute desde el principio, basándose en un estudio de impacto apropiado y completo que esté relacionado con el proyecto propuesto, y va también a exigir que cualquier continuación esté condicionada a una nueva aprobación de la planificación? ¿Va a ayudar la Comisión a los habitantes del lugar a que encarguen un estudio verdaderamente independiente del proyecto y de su impacto, tal y como han propuesto, con el objetivo prioritario de evitar más daños medioambientales, lesiones e incluso pérdida de vidas, que con seguridad habría que lamentar en caso de producirse un corrimiento de tierra sobre el pueblo de Derrybrien?

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(27 de abril de 2004)

La Comisión confirma que, en el contexto de varias denuncias, ha recibido copias de los dos informes a que se refiere Su Señoría. Confirma asimismo que ha recibido abundante información complementaria sobre los distintos procedimientos de autorización cursados en relación con el proyecto de campo eólico de Derrybrien. Mientras no haya concluido el examen de dicha documentación, sería prematuro que la Comisión se pronunciase en detalle sobre los próximos pasos que considere oportuno adoptar.

----

(1)DO C 78 E de 27.3.2004, p. 528.

----

----

(2004/C 88 E/0230)

PREGUNTA ESCRITA E-0798/04

de Mihail Papayannakis (GUE/NGL) a la Comisión

(11 de marzo de 2004)

Asunto:   Anfiloquia y el Convenio de Ramsar

Según denuncian organizaciones locales, en la entrada de la ciudad de Anfiloquia en Arta, se han talado 120 eucaliptos centenarios, cumpliendo una resolución de la Administración Forestal de Anfiloquia. Considerando que la zona está protegida por el Convenio de Ramsar, ¿podría la Comisión informarme del grado en la que tal acción es coherente con los compromisos que para el Estado miembro derivan de dicho convenio?

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(22 de abril de 2004)

La Comisión desea informar a Su Señoría de que el Convenio Ramsar no contiene disposiciones explícitas sobre la prohibición de talar árboles centenarios en las zonas que en él se mencionan. El «Convenio relativo a humedales de importancia internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas» refleja el énfasis inicial que se puso en la conservación y en el uso racional de los humedales, ante todo con el fin de constituir un hábitat para las aves acuáticas. No obstante, con el paso de los años, el Convenio ha ido ampliando su ámbito de aplicación para cubrir todos los aspectos de la conservación de los humedales y su uso racional, reconociendo que se trata de ecosistemas sumamente importantes para la conservación de la biodiversidad en general y para el bienestar de las comunidades humanas. En virtud del Convenio, las Partes Contratantes tienen una obligación general de incluir disposiciones sobre la conservación de los humedales en sus planes nacionales de ordenación. Las Partes han decidido formular y aplicar estos planes para fomentar, en la medida de lo posible, «la utilización racional de los humedales de su territorio» (apartado 1 del artículo 3 del Convenio). Los «Lineamientos para la Aplicación del Concepto de Uso Racional de la Convención» hacen hincapié en los beneficios y valores de los humedales para el control de la sedimentación y la erosión; el control de las inundaciones; el mantenimiento de la calidad del agua y la reducción de la contaminación; el mantenimiento del suministro de agua, subterránea y de superficie; el sostén para la pesca, la ganadería y la agricultura; las actividades educativas y recreativas al aire libre para la sociedad humana y la contribución a la estabilización climática.

La Comisión entiende que los permisos para talar los eucaliptos en la ciudad de Anfiloquia han sido expedidos por el servicio regional de la Administración Forestal, que es la autoridad competente para expedir esos permisos. La Comisión supone que la autoridad responsable ha examinado la calificación y los planes de gestión vigentes de la zona antes de expedir el permiso y se ha ajustado a los procedimientos jurídicos nacionales oportunos.

----

----

(2004/C 88 E/0231)

PREGUNTA ESCRITA E-0800/04

de María Bergaz Conesa (GUE/NGL) a la Comisión

(11 de marzo de 2004)

Asunto:   Hospital «Doctor Moliner de Serra» (Valencia) y tratamiento de aguas residuales

El Hospital «Doctor Moliner Serra» (Valencia, España) lleva un año vertiendo, sin depurar, aguas fecales y otras altamente contaminantes a un barranco sito en el Parque Natural de la Calderona. Dichas aguas contaminan los acuíferos de varios pozos que abastecen de agua potable a una parte importante de la población de la zona.

Las condiciones y el tiempo en que se llevan vertiendo estas aguas residuales, su nocividad, el peligro potencial que representan tanto para el medio ambiente como para la salud de las personas, denotan el escaso interés por parte de las autoridades competentes (Generalitat de Valencia) para solucionar este problema.

¿Puede solicitar la Comisión información acerca de la composición de estas aguas residuales que viene vertiendo el hospital, sin un adecuado tratamiento de las mismas?

¿Puede verificar la Comisión si no se están infringiendo las Directivas, 98/15/CE (1), relativa al tratamiento de las aguas residuales, y 80/68/CEE (2), sobre la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas?

¿Puede cerciorarse la Comisión de si la calidad de las aguas de los pozos mencionados es apta para el consumo humano de conformidad con la Directiva 98/83/CE (3), relativa a la calidad de las aguas de consumo humano?

¿Qué medidas piensa adoptar la Comisión, dada la gravedad del caso que nos ocupa, con el fin de garantizar una aplicación correcta y rigurosa del Derecho comunitario en la materia y, particularmente, las Directivas aquí citadas?

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(21 de abril de 2004)

Dependiendo de las circunstancias concretas, es posible que los vertidos del hospital mencionado por Su Señoría deban ser autorizados por las autoridades españolas de conformidad con la normativa ambiental comunitaria.

El agua potable distribuida en la zona debe cumplir la Directiva 98/83/CE del Consejo, de 3 de noviembre de 1998, relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano, si no son aplicables ninguna de las exenciones previstas en el artículo 3 de esa Directiva. Esta Directiva fija normas específicas sobre el agua potable, incluida la ausencia total de la bacteria E. coli.

En lo que se refiere a la Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas (4), los Estados miembros tienen la obligación de garantizar que todas las aglomeraciones de más de 2 000 equivalentes habitante (unidad de medición de la contaminación orgánica que representa la contaminación media causada por una persona en un día) dispongan de sistemas de recogida y tratamiento de las aguas residuales. Las aglomeraciones más pequeñas estarán obligadas a tratar las aguas residuales si las recogen. Según la información disponible, Serra tiene menos de 2 000 equivalentes habitante, por lo que no es aplicable la Directiva 91/271/CEE.

Las aguas residuales urbanas pueden contener las sustancias (fósforo y metales pesados por ejemplo) que figuran en la lista II de la Directiva del Consejo 80/68/CEE, de 17 de diciembre de 1979, relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas.

La Directiva 80/68/CEE exige la investigación y la autorización previas de los vertidos de contaminantes o de la eliminación de residuos capaces de ocasionar un vertido directo a las aguas subterráneas (artículo 5). Exige también ciertas obligaciones relacionadas sobre el contenido de las investigaciones y autorizaciones, la vigilancia y la teneduría de inventarios (artículos 7-16).

Por consiguiente, la Comisión pedirá a las autoridades españolas información que le permita analizar el caso con mayor detalle y considerar las medidas necesarias que hubieran de tomarse.

----

(1)DO L 67 de 7.3.1998, p. 29.

(2)DO L 20 de 26.1.1980, p. 43.

(3)DO L 330 de 5.12.1998, p. 32.

(4)DO L 135 de 30.5.1991, en la versión modificada por la Directiva 98/15/CE de 27 de febrero de 1998.

----

----

(2004/C 88 E/0232)

PREGUNTA ESCRITA E-0801/04

de Monica Frassoni (Verts/ALE) a la Comisión

(11 de marzo de 2004)

Asunto:   Caza de excepción y protección de las aves silvestres — Cerdeña

La Región autónoma de Cerdeña ha aprobado la ley regional no 2, de 13 de febrero de 2004, que permite practicar la llamada caza de excepción, de conformidad con el artículo 9 de la Directiva no 79/409/CEE (1), transpuesta en Italia con la ley no 221 de 2002. Mediante un ulterior decreto del Consejero regional de Defensa del Medio Ambiente —no 3/V de 18 de febrero de 2004— se ha abierto la caza de excepción del gorrión moruno (Passer hispaniolensis), del gorrión molinero (Passer montanus), del estornino (Sturnis vulgaris), del zorzal común (Turdus philomelos) y del zorzal alirrojo (Turdus iliacus) para los días 21, 22, 26 y 29 de febrero de 2004, con la posibilidad de que sean abatidos potencialmente 6 000 000 de exemplares por los cerca de 50 000 cazadores sardos.

La caza de excepción se ha decretado a causa de unos pretendidos daños a los cultivos y de «invasiones» inexistentes de zorzales, gorriones y estorninos, a instancias del Consejero regional de Agricultura y Reforma Agropecuaria (nota prot. no 296/Gab. de 13 de febrero de 2004).

La ley regional de Cerdeña no 2/2004 parece violar las Directivas no 79/409/CEE, no 85/411/CEE (2) y no 91/244/CEE (3), al prever la caza de excepción de todas las «especies de fauna homeoterma» sin ninguna distinción ni ningún dictamen técnico-científico de institutos especializados reconocidos.

El decreto no 3/V de 18 de febrero de 2004 de la Consejería parece violar aún más gravemente la normativa comunitaria en la materia, al prever la caza de excepción sin haber probado ningún remedio alternativo, sin demostrar los pretendidos daños a los cultivos agrícolas, contra especies de aves que ya han sido objeto de la temporada de caza normal que acaba de concluir (y la prolongación de la temporada de caza parece ser la única preocupación real de la Región autónoma de Cerdeña), autorizando cantidades potenciales que no pueden calificarse de modestas o marginales, en pleno período migratorio prenupcial y reproductivo, y todo ello en flagrante desprecio de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en la materia (véanse las sentencias de 16 de octubre de 2003, asunto C-182/02; de 7 de diciembre de 2000, asunto C-38/99; de 19 de enero de 1994, asunto C-435/92; de 17 de enero de 1991, asunto C-157/89).

Las asociaciones ecologistas Liga por la Abolición de la Caza, Amigos de la Tierra, Grupo de Intervención Juridica, Movimiento U.N.A. y L.A.V. han presentado una denuncia al respecto (notas del 13 y del 20 de febrero de 2004) ante las autoridades nacionales y comunitarias.

¿Está la Comisión al corriente de todo ello?

¿Ha verificado la Comisión el cumplimiento de la normativa en materia de protección de las aves silvestres?

¿Tiene la Comisión la intención de emprender medidas oportunas en este terreno?

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(23 de abril de 2004)

La Comisión ya ha recibido una denuncia respecto de la legislación sobre caza de la Región de Cerdeña a que se refiere Su Señoría, por posible aplicación incorrecta de la Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres, modificada por la Directiva 91/244/CEE de la Comisión de 6 de marzo de 1991.

La información facilitada por Su Señoría ha sido añadida al expediente de la denuncia que está siendo examinada por la Comisión.

Si la Comisión llegara a la conclusión de que se está infringiendo la normativa comunitaria en este asunto, no dudaría, en su calidad de guardiana de los Tratados, en tomar todas las medidas oportunas, incluidos los procedimientos de infracción con arreglo al artículo 226 del Tratado CE, para garantizar el cumplimiento de la legislación comunitaria pertinente.

----

(1)DO L 103 de 25.4.1979, p. 1.

(2)DO L 233 de 30.8.1985, p. 33.

(3)DO L 115 de 8.5.1991, p. 41.

----

----

(2004/C 88 E/0233)

PREGUNTA ESCRITA E-0808/04

de Erik Meijer (GUE/NGL) a la Comisión

(15 de marzo de 2004)

Asunto:   Garantías para las víctimas de discriminación o negligencia en la evaluación de diplomas de otros Estados miembros para poder disponer aún de los mismos derechos

Respuesta de la Sra. de Palacio en nombre de la Comisión

(30 de abril de 2004)

La Directiva 91/670/CEE (1) deja a discreción de los Estados miembros la forma de aceptación de las licencias extranjeras. Por otra parte, habida cuenta de la diversidad de las normas nacionales al respecto, los pilotos han de solicitar el reconocimiento de las licencias en cada uno de los países en que deseen hacerlas valer.

La Directiva 91/670/CEE tiene por cometido precisamente favorecer el respeto de las obligaciones derivadas del Tratado CE y asegurar la movilidad del personal técnico de vuelo dentro de la Comunidad.

La Comisión tiene la responsabilidad de velar por la observancia de lo dispuesto en el Tratado CE y en el Derecho derivado. Si procede, examinará los casos concretos que Su Señoría tenga a bien presentarle.

En caso de violación del Derecho comunitario, los particulares disponen de la posibilidad de acogerse a los medios jurídicos existentes en el Estado miembro presuntamente infractor, así como de dirigir una queja a la Comisión.

Esta última presentará en los próximos meses una propuesta de reglamento destinada a ampliar a la concesión de licencias a las tripulaciones de vuelo el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) no 1592/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2002, sobre normas comunes en el ámbito de la aviación civil y por el que se crea una Agencia Europea de Seguridad Aérea (2). Así pues, las licencias del personal de vuelo se expedirán según bases comunes y gozarán automáticamente de reconocimiento en la Comunidad. La adopción de este Reglamento vendrá a resolver las dificultades señaladas por Su Señoría.

----

(1)  Directiva 91/670/CEE del Consejo, de 16 de diciembre de 1991, sobre la aceptación recíproca de licencias del personal que ejerce funciones en la aviación civil, DO L 373 de 31.12.1991.

(2)DO L 240 de 7.9.2002.

----

----

(2004/C 88 E/0234)

PREGUNTA ESCRITA E-0817/04

de Stefano Zappalà (PPE-DE) a la Comisión

(15 de marzo de 2004)

Asunto:   Aranceles aduaneros finlandeses

En vista de que: El Sr. Claudio Oliviero, ciudadano italiano residente en Finlandia desde el 1 de enero de 2004 y médico veterinario, decidió por motivos de trabajo llevar consigo su furgoneta, matriculada en Italia, a Finlandia.

Con arreglo a la legislación finlandesa está obligado a pagar un derecho de aduana de 7 000 euros para poder circular en su furgoneta.

Para quedar exento del arancel aduanero los requisitos son:

El Sr. Oliviero cumple el primer criterio, pero no el segundo, por haber adquirido su furgoneta tan solo dos meses y medio antes de trasladarse a Finlandia.

Se pregunta: Si es cierto lo antes expuesto, ¿podría indicar la Comisión su opinión sobre las posibles infracciones de la legislación comunitaria en materia de libre circulación de personas y, de forma más general, de los principios que rigen el mercado interior?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(14 de abril de 2004)

La pregunta planteada no expone con claridad cuáles son los impuestos concretos a los que está sujeto el vehículo del Sr. Oliviero. En cualquier caso, contrariamente a la denominación empleada por el reclamante, no se trata de «derechos de aduana», dado que Finlandia no aplica ese tipo de derechos a los vehículos procedentes de otro Estado miembro. En cambio, para poder matricular y poner en circulación en ese país un vehículo de otro Estado miembro, es preciso pagar un impuesto sobre los vehículos («autovero») y otro denominado «IVA sobre el impuesto sobre los vehículos».

De acuerdo con el derecho comunitario actualmente en vigor, existe la posibilidad de exigir el pago de determinados impuestos en el país de destino incluso cuando se han abonado ya impuestos similares en el país de origen. No obstante, la libertad de los Estados miembros en este ámbito se halla sujeta a restricciones previstas por el derecho comunitario.

A este respecto, cabe señalar que el reclamante adquirió su automóvil en Italia dos meses y medio antes de transferir su residencia a Finlandia y que se ha visto obligado a pagar 7 000 euros de impuestos para ponerlo en circulación en este último país.

La situación expuesta debe analizarse, en primer lugar, a la luz de lo dispuesto en la Directiva 83/183/CEE del Consejo, de 28 de marzo de 1983, relativa a las franquicias fiscales aplicables a las importaciones definitivas de bienes personales de los particulares procedentes de un Estado miembro (1). Ahora bien, el reclamante no reúne las condiciones necesarias para quedar incluido en el ámbito de aplicación de la Directiva, ya que el vehículo no había sido destinado realmente a su uso, como mínimo, seis meses antes del cambio de residencia.

En el caso del reclamante mencionado, los impuestos en cuestión deben considerarse, pues, gravámenes internos. Este tipo de gravámenes sólo son contrarios al derecho comunitario si infringen el artículo 90 del Tratado CE, lo que ocurre exclusivamente en los casos en que gravan directa o indirectamente los productos de otros Estados miembros de forma más onerosa que los productos nacionales similares.

En el presente caso, la Comisión no dispone de pruebas suficientes para determinar si se ha infringido el artículo 90 del Tratado CE. No obstante, cabe precisar que en la actualidad está analizando si el régimen fiscal aplicado por Finlandia a las importaciones de vehículos es contrario al derecho comunitario. En 2003, la Comisión remitió al Gobierno finlandés una carta de emplazamiento en la que recababa su atención sobre el problema de la compatibilidad del derecho finlandés con el artículo 90 del Tratado CE. Desde entonces, la legislación finlandesa ha sido objeto de modificación. Actualmente, la Comisión está evaluando la compatibilidad de esa nueva legislación con el derecho comunitario.

Si desea obtener información pormenorizada sobre la imposición de los vehículos transferidos de un Estado miembro a otro, ruego consulte nuestro sitio en Internet: http://europa.eu.int/comm/taxation_cus-toms/taxation/vehicles_taxation/index.htm

----

(1)DO L 105 de 23.4.1983.

----

----

(2004/C 88 E/0235)

PREGUNTA ESCRITA E-0820/04

de Ilda Figueiredo (GUE/NGL) a la Comisión

(15 de marzo de 2004)

Asunto:   Agricultura: negociaciones en el marco de la OMC

En unas recientes declaraciones pronunciadas el pasado 19 de febrero en los Estados Unidos (en Arlington, Virginia y en Washington DC), el Comisario Fischler afirma, y cito textualmente, que «el mandato de Doha también se ocupa de los créditos a la exportación y la eliminación de excedentes en forma de “ayuda alimentaria”, iniciativas empleadas principalmente por los EE.UU. Dicho mandato se ocupa, asimismo, de los monopolios exportadores, ya sean canadienses, australianos o neozelandeses. El hecho de que tanto los Estados Unidos como el Canadá afirmen ser la parte ganadora en un conflicto reciente constituye una demostración evidente de la ausencia de unas normas claras de la OMC en este sentido. Por otra parte, el mandato de Doha también se ocupa de otras formas de distorsión de las exportaciones menos debatidas, como indican las repercusiones de la tasa diferencial a la exportación de soja en Argentina».

¿De qué tipo de información dispone la Comisión en relación con las situaciones referidas por el Comisario Fischler en las declaraciones pronunciadas en los Estados Unidos?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(29 de abril de 2004)

En el contexto de las negociaciones sobre el Programa de Doha para el Desarrollo, la Comisión persigue un «paralelismo absoluto» para todos los instrumentos de competencia en la exportación. Eso significa que en esta ronda de negociaciones deben regularse todas las formas de ayudas a la exportación. No ocurrió así durante la Ronda Uruguay, en la que las ayudas de la UE a la exportación fueron objeto de un compromiso de reducción. No obstante, otros instrumentos de competencia en la exportación, como la salida de excedentes en forma de ayuda alimentaria y determinadas prácticas de las empresas comerciales de Estado no fueron objeto de ninguna regulación. También deben tenerse en cuenta las prácticas que distorsionan el comercio, como las tasas diferenciales por exportación. Los créditos a la exportación, aunque suelen ser ayudas por exportación sujetas a determinadas normas en virtud del Acuerdo de agricultura de la Organización Mundial del Comercio (OMC), no están sometidas a compromisos de reducción a diferencia de otras ayudas por exportación.

Para ilustrar estas prácticas, se puede citar el ejemplo de los Estados Unidos, que recientemente acumularon alrededor de 500 000 toneladas de existencias de leche desnatada en polvo y al mismo tiempo se registró un aumento de las salidas de esas existencias en forma de ayuda alimentaria internacional de hasta 70 000 toneladas anuales, lo que representa muy probablemente un desplazamiento de las operaciones comerciales. El volumen total del comercio mundial de este producto es de aproximadamente 1 millón de toneladas, de modo que la parte de ayuda alimentaria de Estados Unidos en el comercio mundial es significativa. La Unión Europea, Canadá, Australia y Nueva Zelanda han expresado su inquietud en cuanto a la evolución de esta situación. La Comisión planteó recientemente este asunto en el Subcomité Consultivo de Colocación de Excedentes (CSSD) de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

Los Estados Unidos disponen también de un presupuesto de alrededor de 4 500 millones de dólares para garantías de crédito a la exportación para 2005, tras haber utilizado 3 200 millones de dólares para este tipo de ayudas a la exportación en 2003. Estas garantías de crédito a la exportación facilitan las exportaciones que, sin ellas, probablemente no hubieran tenido lugar. La Comisión siguió los trabajos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sobre los créditos de exportación de los productos agrícolas.

También las prácticas monopolistas de algunas empresas comerciales de Estado preocupan a la Comisión. Por ejemplo, de acuerdo con sus propios datos, la empresa Fonterra, de Nueva Zelanda, controla la exportación de 1,6 millones de toneladas de productos lácteos sobre una producción total de 1,8 millones de toneladas. En lo que respecta a los gravámenes por exportación, la Comisión dispone del ejemplo de las empresas de trituración de aceite de Argentina, que se abastecen de materias primas sin pagar impuestos mientras que las empresas aceiteras extranjeras que se abastecen de soja en dicho país deben pagar una tasa por las materias primas. Por consiguiente, se considera que esos gravámenes distorsionan el comercio.

Habida cuenta de lo que precede, resulta obvio que todos los nuevos compromisos comunitarios relativos a las restituciones por exportación deben ajustarse a los demás compromisos de los miembros de la OMC correspondientes a sus instrumentos de competencia en la exportación.

----

----

(2004/C 88 E/0236)

PREGUNTA ESCRITA E-0835/04

de Antonio Di Pietro (ELDR) a la Comisión

(15 de marzo de 2004)

Asunto:   Modificación del Reglamento sobre el etiquetado del los vinos

La Comisión Europea ha modificado recientemente el Reglamento (CE) no 753/2002 (1) relativo al etiquetado de los vinos, permitiendo a terceros países utilizar las mismas «denominaciones tradicionales» que los Estados miembros de la Unión Europea, siempre que cumplan determinadas condiciones.

De hecho, el nuevo Reglamento ha unificado en una sola lista las dos categorías de denominaciones tradicionales que podían figurar en las etiquetas para los vinos de calidad. En la categoría A se incluían 50 menciones tradicionales italianas (Classico, Cacc'e mitte, Fine, Passito, etc.) que gozaban de una protección limitada y que los productores de terceros países podían utilizar en determinadas condiciones, mientras que en la categoría Β se enumeraban 17 denominaciones de origen e indicaciones geográficas italianas (Amarone, Brunello, Gutturnio, Recioto, Sforzato, entre otras) cuya utilización se reservaba exclusivamente a los vinos italianos.

Una de las consecuencias de esta modificación es que, de ahora en adelante, tales menciones ya no serán de uso exclusivo de los productores de una zona específica de producción, sino que un país no comunitario podrá utilizarlas a condición de que sus vinos sean conformes a las normas vigentes en dicho país. Por ejemplo, se podría permitir que los vinos australianos o chilenos utilizasen en su etiqueta nombres que retomasen la terminología de los vinos italianos más famosos, confundiendo probablemente al consumidor.

Asimismo, mientras los vinos italianos y comunitarios, para poder utilizar tales menciones, se deben someter a la severísima normativa de los vinos de calidad producidos en regiones determinadas (vcprd) europeos, en la modificación del Reglamento se reconoce incluso la posibilidad de que en la etiqueta de un vino no comunitario figuren indicaciones que los propios grupos de productores podrían autorizar y gestionar, con el peligro evidente de que resulte imposible comprobar la veracidad y validez de dichas indicaciones.

¿No considera la Comisión que, durante el período de transición previsto hasta el 15 de marzo, debería evaluar urgentemente el modo de evitar posibles fraudes en perjuicio de los consumidores de la Unión Europea y garantizar que el mercado del vino es un sector transparente y de calidad?

¿No considera la Comisión que, en lugar de protegerse contra posibles objeciones de los países extracomunitarios en el marco de las negociaciones de la OMC, debería sobre todo proteger el sector vitivinícola europeo, considerando que el mencionado Reglamento fue aprobado en el seno del Comité de gestión del vino, a pesar de los votos en contra de países productores como Italia, Francia, Portugal, Grecia y Luxemburgo?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(19 de abril de 2004)

En lo que se refiere a los motivos que han llevado la Comisión a adoptar las nuevas normas del etiquetado, es importante recordar que, tras la notificación del Reglamento (CE) no 753/2002 (2) a la Organización Mundial del Comercio (OMC); algunos países terceros productores de vino han criticado fuertemente el contenido del Reglamento. Con el fin de aportar las aclaraciones pedidas por los países terceros, se habían organizado dos reuniones de consulta en Ginebra.

Los países terceros han considerado que nuestra política relativa a ciertas menciones tradicionales (parte B) es un ejemplo de tentativa por parte de la Unión de extender el campo de los derechos de propiedad intelectual previstos en el acuerdo sobre el aspecto de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC), estableciendo una protección exclusiva de menciones tradicionales, como ya está previsto para las indicaciones geográficas. Ésto hubiera podido amenazar la política de la Unión en materia de protección de indicaciones geográficas y aumentar el riesgo de un panel en la OMC en contra de toda la política de la Unión relativa al etiquetado de vinos.

A la vista de las observaciones formuladas por los países terceros y con el fin de minimizar cualquier amenaza que pudiera fragilizar la legislación en vigor, la Comisión ha decidido introducir algunas modificaciones al Reglamento y ha creado un sistema que protege de forma no discriminatoria las menciones tradicionales de productos internos y de vinos importados.

Las condiciones actualmente en vigor para la utilización de menciones tradicionales por países terceros son equivalentes a las que regían antes la utilización de las menciones tradicionales del Anexo III de la parte A del Reglamento (CE) no 753/2002.

Entre esas condiciones, conforme al artículo 1.10 del Reglamento (CE) no 316/2004 (3) que modifica el artículo 37(1) (e) del Reglamento (CE) no 753/2002, figuran las siguientes:

Por consiguiente, para que las menciones tradicionales italianas puedan ser utilizadas por los países terceros en la Comunidad, varias condiciones tienen que ser cumplidas. Ésto significa que para que una mención tradicional como «Brunello» o «Amarone» pueda utilizarse, hará falta en primer lugar que la lengua italiana sea el idioma oficial del país tercero y que la mención tradicional haya sido utilizada al menos desde hace diez años, o que el italiano sea un segundo idioma reconocido por la legislación del país en cuestión, y que la mención haya sido utilizada, en tal caso, al menos desde hace 25 años. Además, el término tiene que ser espécifico y distintivo, y no puede inducir al consumidor a error cuando este vino se comercializa en la Comunidad. El uso de ese término en el país tercero tiene también que gozar de cierta tradición.

También cabe recordar que los Estados miembros, a través del Comité de gestión del vino, deben participar en la toma de decisión puesto que cada solicitud introducida por un país tercero tiene que pasar por el dictamen de ese Comité.

----

(1)DO L 118 de 4.5.2002, p. 1.

(2)  Reglamento (CE) no 753/2002 de la Comisión, de 29 de abril de 2002, que fija determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 1493/1999 del Consejo en lo que respecta a la designación, denominación, presentación y protección de determinados productos vitivinícolas, DO L 118 de 4.5.2002.

(3)  Reglamento (CE) no 316/2004 de la Comisión, de 20 de febrero de 2004, por el que se modifica el Reglamento (CE) no 753/2002 que fija determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 1493/1999 del Consejo en lo que respecta a la designación, denominación, presentación y protección de determinados productos vitivinícolas, DO L 55 de 24.2.2004.

----

----

(2004/C 88 E/0237)

PREGUNTA ESCRITA E-0845/04

de Giorgio Celli (Verts/ALE) a la Comisión

(19 de marzo de 2004)

Asunto:   Construcción de un «equipamiento de carácter sanitario-asistencial» en la zona húmeda d'Es Salobrar — Es Trenc, Mallorca, Baleares

En fecha 22 de diciembre de 2003, el Gobierno de las Islas Baleares ha aprobado, a través de la Ley de Medidas Tributarias y Administrativas que acompaña a la Ley de Presupuesto, una disposición adicional que permite al Ayuntamiento de Campos (Mallorca) la construcción de un «equipamiento de carácter sanitario-asistencial» en la zona húmeda d'Es Salobrar — Es Trenc. La superficie urbanizable tendrá una extensión de 70 000 m2. Detrás de la definición de equipamiento sanitario, se aprueba en realidad la ampliación de la superficie urbanizable de un antiguo balneario para permitir la construcción de un hotel de lujo. El promotor es la empresa alemana Dieter Steymachec.

El impacto ambiental y paisajístico será muy grave. Esta zona húmeda tiene un alto valor ambiental y es uno de los pasajes naturales más excepcionales de la isla de Mallorca, al coincidir diecisiete tipos de hábitats en una zona muy bien conservada del litoral. Es una zona de paso muy importante para las aves migratorias, en particular limícolas, además de ser lugar de cría de aves como la cigüeñela, la avoceta, el chorliteco patinegro, la curruca balear o el alcaraván. La zona húmeda está declarada zona ZEPA (no 198709) y LIC (no 200007), de acuerdo con la Directiva 92/43/CEE (1) de hábitats y 79/409/CEE (2) de aves de la CE.

¿La Comisión tiene conocimiento de este proyecto?

No tratándose de una obra de interés público prioritario, ¿cómo se puede admitir su construcción en una zona propuesta como parte de la Red Natura 2000?

¿Qué medidas va a tomar la Comisión para proteger la zona húmeda en cuestión y que este proyecto urbanístico se desarrolle en otra zona, si necesario?

¿Puede la Comisión decirnos si el proyecto en cuestión beneficia de cofinanciación comunitaria?

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(30 de abril de 2004)

La Comisión no tiene conocimiento del proyecto a que alude Su Señoría (construcción de un «equipamiento de carácter sanitario-asistencial» en el humedal de d'Es Salobrar — Es Trenc, al sur de la isla de Mallorca) que podría ir acompañado de la construcción de un hotel de lujo en la zona.

La Comisión ha comprobado que el lugar señalado ha sido clasificado como zona especial de protección para las aves (ZEPA) con arreglo al artículo 4 de la Directiva 79/409/CEE (3) del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de la aves silvestres.

Debe señalarse que el lugar (Es trenc — Salobrar de Campos ES0000037), de 1 442 hectáreas de superficie, ha sido igualmente propuesto por las autoridades españolas como lugar de importancia comunitaria (LIC) con posibilidad de formar parte de la red Natura 2000 en virtud de la Directiva 92/43/CEE (4) del Consejo, de 31 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitat naturales y de la fauna y flora silvestres.

La Comisión se ha dirigido a las autoridades españolas para que presenten sus observaciones sobre la aplicación de las anteriores Directivas en este caso concreto con el fin de determinar si el proyecto en cuestión puede tener un efecto significativo en el lugar señalado habida cuenta de los objetivos de la Directiva 92/43/CEE, en cuyo caso el procedimiento previsto en su artículo 6 debe aplicarse.

De cualquier modo, la Comisión, en su función de guardiana de los Tratados, adoptará las medidas necesarias para asegurar el respeto del Derecho comunitario en el caso que nos ocupa.

Es preciso recordar, por otra parte, que las inversiones en el campo sanitario están excluidas de la cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en las regiones comprendidas en el objetivo 2. Por el contrario, las ayudas a las empresas hoteleras y turísticas sí pueden acogerse a la asistencia del mismo.

----

(1)DO L 206 de 22.7.1992, p. 7.

(2)DO L 103 de 25.4.1979, p. 1.

(3)DO L 103 de 25.4.1979.

(4)DO L 206 de 22.7.1992.

----

----

(2004/C 88 E/0238)

PREGUNTA ESCRITA E-0847/04

de Monica Frassoni (Verts/ALE) a la Comisión

(19 de marzo de 2004)

Asunto:   Instalación de extracción de agua mineral en Padernello di Paese (Treviso)

Visto que:

Considerando que:

Teniendo en cuenta los hechos expuestos:

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(22 de abril de 2004)

La extracción de agua subterránea inferior a 10 millones de metros cúbicos se rige por lo dispuesto en el Anexo II de la Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985 (1) (Directiva EIA), modificada por la Directiva 97/11/CE del Consejo, de 3 de marzo de 1997, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio (2). La Directiva EIA establece que los Estados miembros deberán garantizar, antes de concederse la autorización correspondiente, que los proyectos que puedan tener repercusiones importantes sobre el medio ambiente, en particular debido a su naturaleza, sus dimensiones o su localización, se sometan a una evaluación de sus repercusiones ambientales. De la información facilitada no se deduce claramente si la autorización ha sido concedida a la empresa San Benedetto para extraer anualmente 2 500 millones de litros de agua. Lo que está claro es que la Región de Véneto ha concedido una autorización de prospección. Cuando se presente la solicitud para la extracción de agua subterránea, las autoridades italianas deberán determinar, mediante un análisis individual o de conformidad con los límites y criterios establecidos, si el proyecto debe someterse a una evaluación de sus posibles repercusiones ambientales, habida cuenta de los criterios de selección pertinentes que figuran en el Anexo III de la Directiva.

Los apartados 3 y 4 del artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora (3), definen el procedimiento que conviene aplicar antes de autorizar planes o proyectos que pueden tener un impacto significativo en un lugar de Natura 2000. En particular, deberán evaluarse los efectos en el lugar de dichos planes o proyectos desde el punto de vista de sus objetivos de conservación. Las autoridades italianas tienen la responsabilidad de evaluar si el proyecto puede tener un impacto significativo en el lugar de interés comunitario propuesto «Sile: sorgenti, paludi di Morgano e S. Cristina» y, en su caso, de aplicar el procedimiento definido en la Directiva antes de aprobarlo.

Su Señoría no facilita datos concretos que demuestren un deterioro manifiesto del lugar de Natura 2000, por lo que la Comisión no puede pronunciarse sobre una posible infracción de la legislación comunitaria. Si Su Señoría proporciona información detallada que permita evaluar este asunto en relación con la Directiva mencionada, la Comisión podrá investigar el caso.

----

(1)DO L 175 de 5.7.1985.

(2)DO L 73 de 14.3.1997.

(3)DO L 206 de 22.7.1992.

----

----

(2004/C 88 E/0239)

PREGUNTA ESCRITA P-0850/04

de Salvador Jové Peres (GUE/NGL) a la Comisión

(11 de marzo de 2004)

Asunto:   Corrección por concesión no conforme de cuotas suplementarias de tomate transformado

La Decisión de la Comisión de 4 de febrero de 2004 (2004/136/CE (1)) establece una corrección financiera de 8,7 millones de euros para España por concesión no conforme de cuotas suplementarias de tomate transformado y por insuficiencias de los controles cualitativos de los productos manufacturados.

¿En qué han consistido las insuficiencias de los controles cualitativos de los productos manufacturados? ¿En qué campañas?

En el caso de la concesión no conforme de cuotas suplementarias de tomate transformado: ¿cuáles han sido las irregularidades que han motivado la corrección? ¿En qué campañas se han producido? ¿Cuál es el volumen de cuotas suplementarias concedidas de modo no conforme en cada campaña? ¿Cuántas empresas se han beneficiado de la concesión no conforme de cuotas suplementarias en cada campaña objeto de la corrección? ¿Cuántas empresas eran susceptibles de beneficiarse de las cuotas suplementarias en cada campaña objeto de la corrección?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(2 de abril de 2004)

En respuesta a las preguntas formuladas, se remitió a Su Señoría y a la Secretaría General del Parlamento un extracto del informe resumido, en el que se explicaban las razones de la corrección financiera, recogida en la decisión 2004/136/CE (2), relativa al sector de los tomates transformados en España.

Asimismo, habrá que tener en cuenta la siguiente información:

En principio, todas las empresas que adquirieron, al precio mínimo, un número de materias primas superior a la cuota atribuida al principio de la campaña, se beneficiaron de las cuotas suplementarias.

En principio, todas las empresas que indicaron estar dispuestas a celebrar los contratos por las cantidades suplementarias, pudieron beneficiarse de las cuotas suplementarias.

----

(1)DO L 40 de 12.2.2004, p. 31.

(2)  Decisión 2004/136/CE: Decisión de la Comisión, de 4 de febrero de 2004, por la que se excluyen de la financiación comunitaria determinados gastos efectuados por los Estados miembros con cargo a la sección de Garantía del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA) [notificada con el número C (2004) 194].

----

----

(2004/C 88 E/0240)

PREGUNTA ESCRITA E-0864/04

de Nelly Maes (Verts/ALE) a la Comisión

(22 de marzo de 2004)

Asunto:   Diversidad lingüística

En referencia a mi pregunta E-2825/03 (1) del 23 de septiembre de 2003 y en respuesta de la Sra. Reding en nombre de la Comisión, del 23 de octubre de 2003, quiero formular una pregunta complementaria.

De acuerdo con los criterios de Copenhague para la adhesión, la protección de las lenguas minoritarias es un aspecto de una buena política en relación con las minorías. ¿Acaso esto deja de ser válido después de la adhesión? ¿Qué medidas concretas emprenderá la Unión Europea, y la Comisión Europea, para vigilarlo?

Respuesta de la Sra. Reding en nombre de la Comisión

(30 de abril de 2004)

A partir del 1 de mayo de 2004, los países adherentes se convierten en Estados miembros de pleno derecho de la Unión Europea. Por consiguiente, el marco que se les aplica ya no son los criterios de Copenhague para la adhesión, sino las disposiciones de trabajo habituales de la Unión.

En este contexto, tal como se establece en el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea (TUE), la Unión se basa en los principios de libertad, democracia y respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, principios que son comunes a los Estados miembros. En caso de que se produzca una conculcación grave o persistente de estos principios, la Comisión, o un tercio de los Estados miembros, puede presentar el caso ante el Consejo, reunido en su formación de Jefes de Estado o de Gobierno.

Estos derechos se han reafirmado solemnemente en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En el apartado 1 de su artículo 21 se menciona la prohibición de la discriminación basada, entre otras cosas, en el origen étnico, la lengua, la religión o la pertenencia a una minoría nacional, y su artículo 22 exige a la Unión que respete la diversidad cultural, religiosa y lingüística.

----

(1)DO C 65 E de 13.3.2004, p. 225.

----

----

(2004/C 88 E/0241)

PREGUNTA ESCRITA E-0868/04

de José Ribeiro e Castro (UEN) a la Comisión

(22 de marzo de 2004)

Asunto:   Familias numerosas

En su informe más reciente, con vistas al Consejo Europeo de Primavera «Hagamos Lisboa— reformas para la Unión ampliada» (1), la Comisión Europea (en el marco del Refuerzo de la cohesión social — punto 2.4.1) señala: «Este fenómeno [de la pobreza] está especialmente vinculado al desempleo, puesto que afecta a un 38 % de los desempleados, pero también afecta a las familias numerosas, a las mujeres de edad avanzada que viven solas y a las familias monoparentales (71 % de las cuales están encabezadas por mujeres)».

Teniendo en cuenta que el Consejo Europeo ya se ha fijado el objetivo de imprimir una dinámica decisiva de reducción de la pobreza de aquí al año 2010 y que, en este sentido, la Comisión ha optado en diversas ocasiones por la adopción de estrategias nacionales de inclusión social (véase el Informe conjunto sobre la inclusión social, en el que se resumen los resultados del examen de los planes nacionales de acción en favor de la inclusión social (2003-2005) (2), donde también se lee que «Las personas que viven en hogares de gran dimensión con tres o más hijos a cargo están también particularmente expuestas al riesgo de pobreza asociada a los ingresos; el riesgo más alto se da en Irlanda, Italia, España y Portugal (entre el 34 % y el 49 %, frente a la media del 27 % en la UE)».

Respuesta del Sr. Dimas en nombre de la Comisión

(30 de abril de 2004)

La Comisión coincide con Su Señoría en que las familias numerosas son especialmente vulnerables y están especialmente expuestas al riesgo de la pobreza. Además, se trata de hogares, junto con los monoparentales, en los que existen más probabilidades de transmitir la pobreza y la exclusión social a los hijos. En este sentido, los regímenes fiscales y de prestaciones desempeñan un papel importante y sus efectos en las familias numerosas varían considerablemente entre los Estados miembros, en función de la relevancia otorgada a las familias numerosas respecto a la concesión de prestaciones en efectivo, subsidios y créditos fiscales. En el marco de los objetivos comunes fijados en Niza, donde se solicita a los Estados miembros que inicien acciones para preservar la solidaridad familiar en todas sus formas y progresen en la erradicación de la exclusión social de los niños, la Comisión y el Consejo han recomendado recientemente en su informe conjunto sobre la inclusión social que los Estados miembros hagan de la erradicación de la pobreza y la exclusión social de los niños una prioridad política fundamental durante los próximos dos años.

Para alcanzar dicho fin, puede ser necesaria una gama de políticas que incluya, por ejemplo, garantizar el acceso al empleo de calidad; incrementar la renta neta de los trabajadores con salarios bajos y con familia a su cargo, bien mediante regímenes fiscales, sistemas de protección social o normas relativas al salario mínimo; aumentar las ayudas a la renta de las familias con hijos; mejorar la asequibilidad, la calidad y la disponibilidad de los servicios de cuidado de niños y proporcionar acceso general a viviendas decentes y salubres, así como a los servicios básicos necesarios para vivir (por ejemplo, el agua, la electricidad y la calefacción).

Sin embargo, la Comisión no considera apropiado adoptar medidas a escala comunitaria mediante el método abierto de coordinación, ya que no tiene competencia jurídica para ello. Los Estados miembros son responsables de los ámbitos políticos fundamentales en la materia.

La Comisión ha actuado, y continuará actuando, de forma activa para fomentar el intercambio transnacional de aprendizaje y de las mejores prácticas en la materia entre los Estados miembros mediante diversas acciones. Así, la Comisión:

----

(1)  COM(2004) 29 final/2.

(2)  COM(2003) 773.

----

----

(2004/C 88 E/0242)

PREGUNTA ESCRITA E-0876/04

de Struan Stevenson (PPE-DE) a la Comisión

(22 de marzo de 2004)

Asunto:   Pesca ilegal en las aguas próximas a las Azores

Las autoridades portuguesas han declarado públicamente que en enero y febrero fueron hallados 63 buques extranjeros que pescaban en aguas próximas a las Azores, de los cuales 20 respetaban el límite de las 100 millas.

Los medios de comunicación portugueses han destacado que, según la posición de la Comisión en este asunto, estas actividades pesqueras se consideran legales, ya que se ajustan al dictamen del Servicio Jurídico de la Comisión.

No obstante, el artículo 15 del Reglamento (CE) no 1954/2003 establece con toda claridad que el antiguo régimen por el que se protegen las aguas de las Azores quedará derogado sólo a partir del 1 de agosto de 2004 o tras aprobarse una nueva legislación en materia de esfuerzo pesquero.

¿Tiene la Comisión plena responsabilidad por lo que respecta a la situación actual de pesca incontrolada y no restringida en las aguas que bañan las Azores?

En caso negativo, ¿qué medidas pretende adoptar la Comisión en este sentido?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(26 de abril de 2004)

La Comisión confirma a Su Señoría que ya se pronunció sobre la aplicación del Reglamento (CE) no 1954/2003 (1). Esta posición fue comunicada a los Estados miembros, mediante una «nota para intervención oral», en la reunión del grupo de «Política interna/externa en materia de pesca» del Consejo de 19 de febrero de 2004.

De dicho documento se desprende que, de acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento anteriormente mencionado, la actividad pesquera de los buques comunitarios que no son portugueses es legítima en la zona incluida entre las 100 y las 200 millas alrededor de las Azores.

La Comisión no está al tanto de las actividades sin control o ilegales practicadas en las aguas mencionadas. En cualquier caso, si el Derecho comunitario no se respeta, corresponde a las autoridades nacionales, administrativas o judiciales, adoptar las medidas adecuadas para lograr una aplicación correcta de las normas comunitarias. Además, la Comisión puede incoar el procedimiento previsto en el artículo 226 del Tratado CE contra un Estado miembro que no respete el Derecho comunitario.

Queda claro, en cualquier caso, que la Comisión desea que las actividades pesqueras en esta zona se practiquen en condiciones satisfactorias y aceptables para todas las partes interesadas.

----

(1)  Reglamento (CE) no 1954/2003 del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, sobre la gestión del esfuerzo pesquero en lo que respecta a determinadas zonas y recursos pesqueros comunitarios, por el que se modifica el Reglamento (CEE) no 2847/93 y se derogan los Reglamentos (CE) no 685/95 y (CE) no 2027/95, DO L 289 de 7.11.2003.

----

----

(2004/C 88 E/0243)

PREGUNTA ESCRITA E-0881/04

de Ilda Figueiredo (GUE/NGL) a la Comisión

(22 de marzo de 2004)

Asunto:   Instalación de una incineradora en la Región Centro de Portugal

En octubre de 2003, Quercus (Asociación Nacional de Conservación de la Naturaleza de Portugal) presentó a la Comisión Europea un informe exhaustivo sobre los principales problemas detectados en la gestión y el reciclado de envases en Portugal.

Entretanto, Quercus también ha manifestado su oposición a la instalación de una incineradora destinada a eliminar más del 90 % de los residuos sólidos urbanos generados en la Región Centro por parte de ERSUC (Empresa de Residuos Sólidos Urbanos de la Región de Centro), al considerar que esta solución es más contaminante, menos eficaz y más cara.

Por tanto, a la vista de los hechos expuestos:

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(30 de abril de 2004)

----

(1)  Decisión 97/138/CE de la Comisión, de 3 de febrero de 1997, por la que se establecen los modelos relativos al sistema de bases de datos de conformidad con la Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los envases y residuos de envases, DO L 52 de 22.2.1997.

(2)  Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 1994, relativa a los envases y residuos de envases, DO L 365 de 31.12.1994.

(3)  Directiva 2004/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de febrero de 2004, DO L 47 de 18.2.2004.

----

----

(2004/C 88 E/0244)

PREGUNTA ESCRITA P-0902/04

de Alexandros Alavanos (GUE/NGL) a la Comisión

(19 de marzo de 2004)

Asunto:   Conversaciones para la solución de la cuestión chipriota

En su sesión de 23 de febrero de 2004, el Consejo « ... se ha congratulado de que la Comisión Europea esté preparada para desempeñar su función de apoyo, reconocida por sucesivos Consejos Europeos, mediante la aportación de la asistencia solicitada por el Secretario General de las Naciones Unidas».

Habida cuenta del papel que ha confiado el Secretario General de las Naciones Unidas a la Comisión Europea, ¿estaría ésta en posición de confirmar si, en las conversaciones celebradas hasta la fecha, se ha tomado en consideración la necesidad de que el acervo comunitario se aplique al conjunto de la isla, así como de que exista un estado funcional y capaz de responder a las necesidades de participación en la Unión Europea?

Respuesta del Sr. Verheugen en nombre de la Comisión

(20 de abril de 2004)

La Comisión confirma que la resolución global del problema de Chipre presentada por el Secretario General de las Naciones Unidas tiene en cuenta la necesidad de aplicar el acervo en toda la isla. Uno de los subcomités de las Naciones Unidas se dedica exclusivamente a armonizar las leyes del futuro Estado federal y constituyente con la normativa comunitaria. Las reuniones de dicho subcomité están presididas por expertos de las Naciones Unidas que cuentan con una formación en cuestiones relativas a la UE. Estos expertos también tienen en cuenta la capacidad de Chipre, una vez reunificada, para cumplir sus obligaciones derivadas de la normativa comunitaria y participar plenamente en la UE.

----

----

(2004/C 88 E/0245)

PREGUNTA ESCRITA E-0904/04

de Richard Corbett (PSE) a la Comisión

(24 de marzo de 2004)

Asunto:   Garantías de los vehículos Mercedes-Benz

¿Sabe la Comisión que Mercedes-Benz ofrece una garantía de fabricación de tres años para todos los vehículos adquiridos en el Reino Unido, pero que la garantía de fabricación se reduce a dos años para los vehículos adquiridos en el resto de Europa Continental?

Dado que se puede considerar que esta situación no favorece que los ciudadanos del Reino Unido adquieran vehículos Mercedes-Benz en otros Estados miembros de la Unión Europea, ¿considera la Comisión que esto es una barrera para el libre comercio en la Unión?

Respuesta del Comisario Monti en nombre de la Comisión

(22 de abril de 2004)

En relación con la primera pregunta de Su Señoría, la Comisión es consciente de que algunas casas, incluida la Mercedes, ofrecen una garantía de tres años en el Reino Unido y solamente dos en otros Estados miembros.

La Comisión considera que la duración de la garantía de los coches Mercedes depende enteramente de la política de comercialización europea de Daimler Chrysler. A condición de que esta garantía cumpla los requisitos del Reglamento (CE) no 1400/2002 de la Comisión (1) relativo a los vehículos de motor (por ejemplo, la posibilidad de que el consumidor haga valer su garantía ante cualquier miembro de la red europea del fabricante), la Comisión no considera que una garantía más larga sea una práctica restrictiva de la competencia que impediría el libre comercio en Europa.

Una garantía más larga es un buen incentivo comercial, como lo son los descuentos comerciales, pero no priva ciertamente al consumidor de la capacidad de comprar un coche fuera del Reino Unido si considera que puede salir beneficiado comprando en el extranjero.

----

(1)  Reglamento (CE) no 1400/2002 de la Comisión, de 31 de julio de 2002, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado CE a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas en el sector de los vehículos de motor. DO L 203 de 1.8.2002.

----

----

(2004/C 88 E/0246)

PREGUNTA ESCRITA E-0905/04

de Richard Corbett (PSE) a la Comisión

(24 de marzo de 2004)

Asunto:   Cascos para los ciclistas

¿Conoce la Comisión la postura de la Federación Europea de Ciclismo que se opone a la legislación que hace que el uso del casco resulte obligatorio para todos los ciclistas? Particularmente, ¿conoce la Comisión los estudios que citan para demostrar que el uso obligatorio del casco no reduce la tasa de accidentes en los que están implicados ciclistas?

¿Está la Comisión dispuesta a investigar la cuestión y, si resulta apropiado, a reconsiderar si esa legislación resulta necesaria?

Respuesta de la Sra. de Palacio en nombre de la Comisión

(30 de abril de 2004)

La Comisión está al corriente de la postura adoptada por la Federación Europea de Ciclismo en relación con la obligatoriedad del casco de protección para ciclistas y, en particular, del estudio mencionado por Su Señoría.

Por el momento la Comisión no ha tomado postura a favor o en contra de una normativa comunitaria en relación con el casco de protección para ciclistas. En el tercer Programa de acción europeo de seguridad vial, adoptado en en 2003 (1), que constituye el marco de referencia para las iniciativas de la Comisión hasta el año 2010, anunció que tenía la intención de proceder a un estudio estadístico sobre la obligatoriedad del casco para ciclistas en la Unión Europea y sobre su eficacia a la hora de reducir los riesgos de traumatismo craneano, especialmente en el grupo de los 10-14 años, que es el que presenta un mayor riesgo. Se estudiará también su incidencia negativa o positiva sobre el manejo de la bicicleta, así como las eventuales medidas que podrían tomarse a escala comunitaria. Este estudio no figura entre las acciones prioritarias, por lo que no será lanzado antes de 2005.

----

(1)  «Reducir a la mitad el número de víctimas de accidentes de tráfico en la Unión Europea de aquí a 2010: una responsabilidad compartida» — Comunicación de la Comisión, COM(2003) 311 final.

----

----

(2004/C 88 E/0247)

PREGUNTA ESCRITA E-0908/04

de Paolo Bartolozzi (PPE-DE) a la Comisión

(24 de marzo de 2004)

Asunto:   Servicios de interés general

La Comisión Europea ha publicado un Libro Verde sobre los servicios de interés general (1), que sirvió de base a una propuesta de resolución presentada al Parlamento Europeo el 14 de enero de 2004.

En dicho documento, la Comisión incluye la sanidad entre los servicios de interés general de carácter no económico, y define, además, como fundamental la distinción entre servicios de carácter económico y no económico, porque estas dos categorías no están sujetas a las mismas normas en el Tratado.

Es evidente que «el futuro de los servicios de interés general no económicos», entre ellos los sanitarios y los sociales, «plantea una serie de interrogantes a escala europea, por ejemplo en relación con el contenido del modelo europeo de sociedad».

Al respecto, se señala que:

Por estas razones, la clasificación de la sanidad entre los servicios de interés general de carácter no económico, que, como tales, «no están sujetos a normas específicas comunitarias ni tampoco a las normas sobre mercado interior», parece reduccionista.

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(30 de abril de 2004)

Los sistemas sanitarios orientados a objetivos públicos son en principio servicios de interés general, tanto si son económicos como si no. No obstante, definir las obligaciones de los servicios públicos en cuestión corresponde a los Estados miembros, en el marco de sus competencias generales sobre la organización de los servicios médicos y la asistencia sanitaria. Las diferencias en la organización de los sectores sanitarios nacionales se reflejan en posiciones jurídicas distintas en relación con el derecho comunitario y las disposiciones relativas a los servicios de interés general. A este respecto, procede distinguir entre el suministro de servicios sanitarios y los sistemas creados para su financiación. Los servicios sanitarios remunerados son una actividad económica en el sentido del Tratado CE, independientemente de cómo se financien (véanse C-158/96 Kohll y C-157/99 Smits-Peerbooms). Por otro lado, las administraciones de seguridad social, basadas en la solidaridad y sin fines lucrativos, no constituyen una empresa en el sentido de las disposiciones en materia de competencia del Tratado CE (véanse C-159/91 y C-160/91 Poucet-Pistre, y, más recientemente, el 16 de marzo de 2004, C-264/01, C-306/01, C-354/01 y C-355/01 AOK Bundesverband). Sin embargo, la medida en que los diferentes sistemas sanitarios nacionales se ajustan a estas categorías dependerá de su organización y su estatus exactos.

No obstante, a pesar de sus diferencias, todos los sistemas sanitarios de la Unión comparten los valores comunes de accesibilidad, calidad y viabilidad financiera. Además, los pacientes, los proveedores y los responsables de los sistemas sanitarios pueden beneficiarse de las ventajas potenciales de la movilidad y la cooperación a través de todo el territorio europeo. Las disposiciones de coordinación de los sistemas de seguridad social (actualmente en proceso de simplificación) y la futura tarjeta sanitaria europea facilitan a los pacientes un medio eficaz para acceder a la asistencia sanitaria en todo el territorio de la Unión y recibir el reembolso de los gastos efectuados. La Comisión también ha propuesto una directiva relativa a los servicios en el mercado interior (2), que contribuirá a facilitar el suministro transfronterizo de servicios, y que contiene aclaraciones específicas en relación con el reembolso de los costes sanitarios.

Los ministros de sanidad y otros actores del sector sanitario se han reunido en un proceso de reflexión de alto nivel sobre la movilidad de los pacientes y la evolución de la asistencia sanitaria en la Unión Europea. El informe elaborado por este grupo de reflexión contiene diecinueve recomendaciones relativas a la cooperación europea dirigida a promover un mejor uso de los recursos, información para los pacientes, los profesionales de la salud y los proveedores de asistencia, el acceso a la asistencia de calidad, una respuesta adecuada a la ampliación por medio de la inversión en salud y la conciliación de los objetivos nacionales y las obligaciones europeas. Como respuesta a estas recomendaciones, la Comisión ha propuesto ampliar el método abierto de coordinación a la asistencia sanitaria y los cuidados de larga duración. Todas juntas, las diferentes iniciativas forman una estrategia integrada para permitir que los pacientes ejerzan el derecho a recibir asistencia sanitaria en otros Estados miembro que les concede la legislación europea y para facilitar la cooperación a nivel europeo entre los sistemas sanitarios, respetando las competencias de los Estados miembros en lo que se refiere a la organización y el suministro de servicios médicos y asistencia sanitaria.

----

(1)  COM(2003)270.

(2)  COM(2004) 2 final.

----

----

(2004/C 88 E/0248)

PREGUNTA ESCRITA P-0913/04

de Philip Bradbourn (PPE-DE) a la Comisión

(19 de marzo de 2004)

Asunto:   Control del certificado de conductor

¿Puede la Comisión informar del número de conductores de vehículos pesados que entran en la Unión Europea procedentes de países que no son Estados miembros, sometidos a controles regulares, conforme a las disposiciones relativas al certificado de conductor, cuando llegan a las fronteras comunes de la Unión Europea, especialmente en Alemania y Austria?

¿Qué porcentajes mínimos de dichos controles proponen la Comisión Europea y los Estados miembros para garantizar que tras la ampliación las nuevas fronteras se someterán plenamente a las disposiciones vigentes en materia de certificado de conductor

Respuesta de la Sra. de Palacio en nombre de la Comisión

(23 de abril de 2004)

El Reglamento (CEE) no 881/92 (1), modificado por el Reglamento (CE) no 484/2002 (2), prevé que los Estados miembros expedirán un certificado de conductor a petición del titular de la licencia comunitaria para cada conductor nacional de un tercer país legalmente contratado o legalmente puesto a su disposición. Así pues, sólo los conductores nacionales de terceros países de vehículos matriculados en la Comunidad dedicados al transporte internacional de mercancías (al amparo de una autorización comunitaria) deben estar en posesión de un certificado de conductor en los controles fronterizos, especialmente a la entrada en la Comunidad.

En principio, hasta la fecha, todos los conductores incluidos en el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) no 881/92 son objeto de control en las fronteras exteriores cuando acceden por primera vez al territorio comunitario. Esta situación no se modificará con la ampliación.

Además, el Reglamento mencionado prevé que las autoridades competentes del Estado miembro de establecimiento deberán comprobar de forma periódica si se siguen cumpliendo los requisitos para la expedición del certificado de conductor, mediante controles anuales de al menos un 20 % de los certificados válidos expedidos por ese Estado miembro.

Por último, cabe indicar que el objetivo del Reglamento (CE) no 484/2002 no es la protección del mercado interior contra las empresas competidoras de terceros países, sino el funcionamiento adecuado del mercado interior comunitario del transporte por carretera.

----

(1)DO L 95 de 9.4.1992.

(2)  Reglamento (CE) no 484/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 1 de marzo de 2002, por el que se modifican los Reglamentos (CEE) no 881/92 y (CEE) no 3118/93 del Consejo, con objeto de establecer un certificado de conductor - DO L 76 de 19.3.2002.

----

----

(2004/C 88 E/0249)

PREGUNTA ESCRITA E-0914/04

de Caroline Lucas (Verts/ALE) a la Comisión

(24 de marzo de 2004)

Asunto:   Caza de aves ilegal en Chipre

Se estima que cada año se cazan ilegalmente 12 millones de aves mientras migran por Chipre. El uso de métodos de caza como redes de neblina y varas de cal, que viola la Directiva sobre las aves, sigue estando muy extendido.

Dado que Chipre tiene que aplicar y ejecutar plenamente la Directiva sobre las aves (79/409/CEE (1)) y la Directiva relativa a los hábitats (92/43/CEE (2)) para el 1 de mayo de 2004, ¿qué acción va a emprender la Comisión para frenar la práctica de la caza ilegal de aves y para garantizar la plena aplicación y ejecución para la fecha de la adhesión?

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(30 de abril de 2004)

Durante las negociaciones para la adhesión y el posterior período de preadhesión, la Comisión manifestó claramente que determinados métodos de caza de aves, tales como las redes de neblina y las varas de cal, son incompatibles con lo dispuesto en la Directiva de aves (Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres, modificada por la Directiva 91/244/CEE de la Comisión, de 6 de marzo de 1991 (3)). Esa práctica es ilegal en Chipre y las autoridades chipriotas han asegurado a la Comisión que redoblarán sus esfuerzos para cumplir de manera efectiva con dicha norma.

Chipre está obligado a garantizar la plena aplicación de la Directiva de aves y de la Directiva de hábitats (Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 31 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitat naturales y de la fauna y flora silvestres) desde la fecha de la adhesión a la Unión Europea. A partir del 1 de mayo de 2004 la Comisión adoptará las medidas adecuadas para garantizar ese cumplimiento como haría en el caso de cualquier otro Estado miembro.

Durante el período previo a la adhesión, Chipre ha incorporado a su ordenamiento ambas Directivas por lo que está obligado a aplicarlas con arreglo a su Derecho nacional.

----

(1)DO L 103 de 25.4.1979, p. 1.

(2)DO L 206 de 22.7.1992, p. 7.

(3)DO L 115 de 8.5.1991.

----

----

(2004/C 88 E/0250)

PREGUNTA ESCRITA E-0916/04

de Proinsias De Rossa (PSE) a la Comisión

(26 de marzo de 2004)

Asunto:   Irlanda y la legislación sobre seguridad marítima

¿Qué respuesta ha recibido de Irlanda la Comisión, en su caso, ante el inicio de procedimientos judiciales anunciado en julio de 2003 (comunicado de prensa IP/03/1116) relativo al incumplimiento de Irlanda de la Directiva 2001/105/EC (1) sobre inspecciones de buques y la Directiva 2001/106/EC (2) sobre el control del estado rector del puerto? ¿Qué acción ha emprendido la Comisión o tiene pensado emprender, con respecto a esta cuestión?

Respuesta de la Sra. de Palacio en nombre de la Comisión

(23 de abril de 2004)

Mediante carta de 25 de julio de 2003, Irlanda comunicó a la Comisión las medidas nacionales («European Communities (Ship Inspection and Survey Organisations) Regulations 2003 — S.I. No. 301») destinadas a incorporar la Directiva 2001/105/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de diciembre de 2001, sobre inspección de buques (3).

Mediante carta de 1 de julio de 2003, Irlanda comunicó a la Comisión las medidas nacionales («European Communities Merchant Shipping (Port State Control) (Amendment) Regulations 2003 — S.I. No. 243 of 2003») por las que se incorpora la Directiva 2001/106/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de diciembre de 2001, sobre el control del Estado del puerto (3).

Así pues, mediante decisión de la Comisión de 15 de octubre de 2003, se archivaron los procedimientos de infracción iniciados contra Irlanda por no haber comunicado las medidas nacionales de incorporación de las directivas mencionadas.

----

(1)DO L 19 de 22.1.2002, p. 9.

(2)DO L 19 de 22.1.2002, p. 17.

(3)DO L 19 de 22.1.2002.

----

----

(2004/C 88 E/0251)

PREGUNTA ESCRITA E-0917/04

de Proinsias De Rossa (PSE) a la Comisión

(26 de marzo de 2004)

Asunto:   Cumplimiento de Irlanda de la Directiva marco relativa a los residuos en relación con el tratamiento de las aguas residuales urbanas

Mi Pregunta Escrita E-0077/04 (1) pretendía establecer si Irlanda había respondido al dictamen motivado que le había enviado la Comisión en julio de 2003 (anunciado en el comunicado de prensa IP/03/1108) relativo al tratamiento de las aguas residuales urbanas en Irlanda y al posible incumplimiento por parte de Irlanda de la Directiva marco sobre residuos de 1975, así como establecer la postura de la Comisión con respecto a esta cuestión.

Sin embargo, en su respuesta a esta pregunta, dada el 2 de marzo de 2004, parecía que la Comisión se estaba refiriendo a un dictamen motivado, enviado el 7 de octubre de 2002, que hacía referencia a un desafío jurídico totalmente diferente, en virtud de la Directiva del Consejo 91/271/EEC (2) sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas.

¿Podría indicar ahora la Comisión qué respuesta ha recibido, si es el caso, del Gobierno de Irlanda en relación con el dictamen motivado que envió a Irlanda en julio de 2003 (y anunciado en IP/03/1108) relativo a la falta de armonización, por parte de Irlanda, de su legislación con los requisitos de la Directiva marco sobre residuos (Directiva del Consejo 75/442/EEC (3) sobre residuos, modificada por la Directiva 91/156/EEC (4)) con relación a las plantas de tratamiento de aguas residuales urbanas y, específicamente, al hecho de que Irlanda no garantice que las plantas de tratamiento de aguas residuales urbanas se sometan al sistema de permisos exigido por esta Directiva que, entre otras cosas, permite regular y controlar los olores de esas plantas?

¿Cuál es la actitud de la Comisión ante la respuesta del Gobierno irlandés y qué acción va a emprender ahora o tiene previsto emprender, con respecto a esta cuestión?

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(30 de abril de 2004)

El dictamen motivado a que hace referencia Su Señoría alude al cumplimiento por parte de Irlanda de la Directiva 75/442/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1975, sobre residuos, modificada por la Directiva 91/156/CEE del Consejo, de 18 de marzo de 1991. De forma más específica, se refiere a la observancia de las disposiciones de la Directiva por lo que se refiere a los olores emitidos por las plantas de tratamiento de residuos. De acuerdo con el apartado 1 del artículo 2 de la Directiva (5), las aguas residuales quedan excluidas del ámbito de aplicación de la Directiva, junto con otros residuos, «cuando ya estén cubiertos por otra legislación». La Comisión sostuvo que, a falta de otra legislación, las emisiones de olores de las plantas de tratamiento de aguas residuales irlandesas debían regularse de acuerdo con la Directiva 91/156/CEE. El 7 de agosto de 2003, Irlanda solicitó una ampliación del plazo de respuesta. El 11 de septiembre de 2003, antes de que se recibiera respuesta alguna, el Tribunal de Justicia Europeo pronunció una sentencia en el asunto C-114/01, AvestaPolarit Chrome Oy que interpreta el significado de la frase «cuando ya estén cubiertos por otra legislación» del apartado 1 del artículo 2 de la Directiva. Con el fin de tener en cuenta las implicaciones de esta sentencia sobre las aguas residuales, así como sobre varias de las demás categorías de residuos mencionadas en el apartado 1 del artículo 2, la Comisión envió una carta de emplazamiento a Irlanda el 19 de diciembre de 2003 en el marco del mismo procedimiento de infracción (6). Irlanda solicitó una prórroga del plazo de respuesta a esta última carta de emplazamiento, prórroga que le fue concedida.

----

(1)DO C 84 E de 3.4.2004, p. 759.

(2)DO L 135 de 30.5.1991, p. 40.

(3)DO L 194 de 25.7.1975, p. 39.

(4)DO L 78 de 26.3.1991, p. 32.

(5)  El apartado 1 del artículo 2 de la Directiva establece que: Quedan excluidos del ámbito de aplicación de la presente Directiva:

(6)  2000/4158.

----

----

(2004/C 88 E/0252)

PREGUNTA ESCRITA E-0920/04

de Proinsias De Rossa (PSE) a la Comisión

(26 de marzo de 2004)

Asunto:   Tratamiento de aceites usados en Irlanda

¿Qué respuesta ha recibido de Irlanda la Comisión, en su caso, al dictamen motivado que le envió en julio de 2001 (tal y como se anunció en el comunicado de prensa IP/01/1144) relativo al hecho de que Irlanda no da prioridad a la regeneración de los aceites usados sobre su desecho, de conformidad con la Directiva sobre aceites usados 75/439/EEC (1)? ¿Qué acción emprendió como consecuencia la Comisión o piensa emprender, con respecto a esta cuestión?

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(30 de abril de 2004)

El dictamen motivado al que se refiere Su Señoría tiene por objeto la aplicación por Irlanda de una disposición de la Directiva 75/439/CEE del Consejo, de 16 de julio de 1975, que exige que los Estados miembros antepongan la regeneración de los aceites usados a su eliminación. La Comisión ha emprendido actuaciones similares contra otros varios Estados miembros. El 14 de noviembre de 2001, las autoridades irlandesas ofrecieron una respuesta en la que explicaban que el volumen de aceites usados que se produce en Irlanda hace que su regeneración resulte económicamente inviable. El 25 de abril de 2002, facilitaron copias de dos estudios que, en su opinión, respaldan esa conclusión. El examen de los estudios puso de manifiesto la existencia de problemas de mayor envergadura relacionados con el cumplimiento de esa Directiva, en concreto numerosos casos de eliminación de aceites usados en Irlanda de los que no había constancia. Con el fin de solventar esos problemas, el 11 de julio de 2003, la Comisión envió un nuevo escrito de requerimiento, al que Irlanda respondió el 27 de noviembre de 2003. La Comisión adoptará una nueva decisión sobre este particular a finales de 2004.

----

(1)DO L 194 de 25.7.1975, p. 23.

----

----

(2004/C 88 E/0253)

PREGUNTA ESCRITA E-0929/04

de Glyn Ford (PSE) a la Comisión

(26 de marzo de 2004)

Asunto:   Promoción de productos lácteos

He recibido una carta de un elector que me pregunta si existen disposiciones para promover la industria lechera en el Reino Unido. Este elector, que comercializa productos lácteos, ha visto en televisión unos anuncios publicitarios para leche patrocinados por la Unión Europea, y se pregunta si otros regímenes de financiación están disponibles.

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(29 de abril de 2004)

La campaña de promoción a la que se refiere Su Señoría forma parte de una campaña nacional de promoción de la leche, organizada por el Dairy Council con la cofinanciación de la Unión Europea (el Reino Unido aporta el 50 %).

La Comisión cofinancia programas de promoción de determinados productos agrícolas de la Unión Europea y la leche y los productos lácteos se incluyen entre los sectores con derecho a la ayuda. Este tipo de campañas de promoción son de naturaleza genérica y nunca en beneficio de una marca o empresa específica. Dichas campañas pretenden resaltar las ventajas de la producción europea en términos de calidad, seguridad de los alimentos, nutrición, etiquetado, bienestar de los animales y respeto del medio ambiente.

El procedimiento utilizado es el siguiente: la autoridad del Estado miembro responsable de esta campaña (en el caso del Reino Unido se trata de la Rural Payments Agency) invita a las organizaciones profesionales o interprofesionales representativas del sector en cuestión a presentar proyectos de programas de promoción o de información. En cooperación con un organismo responsable de la ejecución, seleccionado mediante una convocatoria de licitación, la organización profesional elabora un programa acorde con criterios estrictos de elegibilidad. También se fijan una serie de condiciones por las cuales el programa debe ofrecer la debida publicidad de la ayuda comunitaria.

En el sitio Internet de la Dirección General de Agricultura (http://europa.eu.int/comm/agriculture/prom/ index_en.htm) se ofrece información más detallada. En dicho sitio se proporciona una explicación completa, incluida la base reguladora jurídica de los programas (Reglamentos (CE) no 2826/2000 (1) y (CE) no 94/2002 (2)).

Además del programa organizado por el Dairy Council, actualmente se está desarrollando en las escuelas del Reino Unido una campaña de promoción de la leche cofinanciada por la Comunidad y organizada por la Dairy Industry Association Ltd.

----

(1)  Reglamento (CE) no 2826/2000 del Consejo, de 19 de diciembre de 2000, sobre acciones de información y de promoción de los productos agrícolas en el mercado interior, DO L 328 de 23.12.2000.

(2)  Reglamento (CE) no 94/2002 de la Comisión, de 18 de enero de 2002, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 2826/2000 del Consejo sobre acciones de información y de promoción de los productos agrícolas en el mercado interior, DO L 17 de 19.1.2002.

----

----

(2004/C 88 E/0254)

PREGUNTA ESCRITA E-0933/04

de John Purvis (PPE-DE) a la Comisión

(26 de marzo de 2004)

Asunto:   Energía de la Comunidad de Estados Independientes

¿Cómo pretende la Comisión mejorar las conexiones de la red eléctrica entre la Comunidad de Estados Independientes y la Unión Europea?

Respuesta de la Sra. de Palacio en nombre de la Comisión

(30 de abril de 2004)

La Comisión respalda la labor emprendida por la Unión para la coordinación del transporte de electricidad (UCTE) —organismo responsable de coordinar el funcionamiento de la red europea continental— y por sus homólogos de Rusia y de los Nuevos Estados Independientes sobre las posibilidades de interconectar el sistema integrado de la Comunidad de Estados Independientes con el sistema eléctrico de la Unión Europea. Las interconexiones con Rusia y con otros países de la CEI (1) vecinos de la Unión Europea, como Ucrania, figuran en el Anexo III (proyectos de interés común) de la Decisión 1229/2003/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, por la que se establece un conjunto de orientaciones sobre las redes transeuropeas en el sector de la energía y por la que se deroga la Decisión no 1254/96/CE (2) y, por consiguiente, podrían acogerse, en su caso, a ayudas financieras.

Ahora bien, un requisito previo claro para la integración del mercado eléctrico de la Unión Europea con el de los países vecinos es la igualdad de condiciones en materia de mercados y de normas medioambientales, incluida la seguridad nuclear.

----

(1)  Comunidad de Estados Independientes.

(2)DO L 176 de 15.7.2003.

----

----

(2004/C 88 E/0255)

PREGUNTA ESCRITA P-0935/04

de Hans Kronberger (NI) a la Comisión

(22 de marzo de 2004)

Asunto:   Estrategia Europea de Medio Ambiente y Salud (SCALE)

En la primavera del año pasado, la Comisión Europea lanzó la Estrategia Europea de Medio Ambiente y Salud (SCALE).

En su comunicado de prensa (IP/03/823) de 11 de junio de 2003, la Comisión Europea expone los cinco elementos clave de la estrategia. El segundo elemento clave es la infancia, ya que los niños son especialmente vulnerables a los peligros medioambientales. En ese contexto, la Comisión lanza la cifra de 157 millones de niños que viven en Europa y pudieran afrontar problemas medioambientales específicos.

De conformidad con la publicación «Europa en cifras», editada en 2000, en 1998 el porcentaje de niños entre 0 y 14 años no representaba siquiera el 20 % de la población de la UE. Si se considera que en la UE viven 370 millones de ciudadanos, el porcentaje de población de niños menores de 15 años ascendería a lo sumo a 74 millones. Incluso contabilizando el crecimiento de la UE como consecuencia de la ampliación sería muy difícil llegar a esa cifra de 157 millones de niños en Europa.

Ruego, por consiguiente, que se dé respuesta a las siguientes preguntas:

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(30 de abril de 2004)

----

(1)  How much global ill health is attributable to environmental factors? K.R. Smith et al, Epidemiology 1999.

----

----

(2004/C 88 E/0256)

PREGUNTA ESCRITA E-0938/04

de Margrietus van den Berg (PSE) a la Comisión

(26 de marzo de 2004)

Asunto:   Minorías religiosas en Gujarat

Tras la respuesta de la Comisión, de 15 de mayo de 2003, a las preguntas planteadas por mí y algunos colegas el 9 de abril de 2003 (E-1417/03 (1)), apenas ha mejorado la situación en Gujarat con respecto al procesamiento de los autores de la masacre de febrero de 2002 y la rehabilitación de las víctimas y/o sus parientes. En noviembre de 2003, Amnistía Internacional informó de la detención ilegal de musulmanes en Gujarat. Con anterioridad, se había publicado el informe de Human Rights Watch sobre la amenaza de los activistas de derechos humanos en Gujarat. Recientemente, AWAAZ South Asia Watch concluyó en su informe «In Bad Faith? British Charity and Hindu Extremism» que, bajo falsos pretextos, organismos pertenecientes al partido extremista hindú RSS han recaudado millones de libras del público británico para destinarlas a organizaciones implicadas en la violencia a gran escala y el fomento del odio a las minorías. Por último, existen diversos informes que revelan el trato discriminatorio que reciben los musulmanes en el mercado laboral.

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(30 de abril de 2004)

La Comisión conoce los informes que menciona Su Señoría y sigue aún muy de cerca la evolución de la situación en Gujarat. La Comisión coincide plenamente en que los autores de esos crímenes deben ser llevados ante la justicia, y es preciso rehabilitar a las víctimas y proteger los derechos de las minorías religiosas.

La Comisión ha reaccionado ante la violencia registrada en Gujarat con una serie de ayudas a las víctimas a través de su Oficina de Ayuda Humanitaria (ECHO).

Además, la UE ha acordado plantear todos los asuntos que afecten a la democracia y los derechos humanos en la India dentro del constructivo diálogo que periódicamente se viene produciendo con el Gobierno de ese país.

La India y la UE han emprendido recientemente el denominado «Proceso de Atenas» (consultas periódicas sobre los derechos humanos con las autoridades indias), a fin de dialogar sobre asuntos que despiertan preocupación. Los Jefes de Misión de la UE en Nueva Delhi (incluido el Jefe de Delegación de la Comisión) hacen un estrecho seguimiento de la situación de los derechos humanos, con especial atención a Gujarat y a la libertad religiosa.

No compete a la Comisión hacer recomendaciones explícitas a las empresas privadas sobre su funcionamiento en terceros países. No obstante, la Comisión ha asumido el empeño de exhortarlas a actuar conforme a las directrices de las Naciones Unidas y de la UE sobre la responsabilidad social de las empresas. En dichas directrices se hace clara referencia a la necesidad de proteger e impulsar los derechos humanos de los trabajadores y de evitar la discriminación contra los grupos minoritarios.

----

(1)  Ver página 30.

----

----

(2004/C 88 E/0257)

PREGUNTA ESCRITA E-0940/04

de Robert Evans (PSE) a la Comisión

(26 de marzo de 2004)

Asunto:   Las iglesias en Indonesia

Este diputado ha recibido varias cartas de electores concernientes al pastor Rinaldy Damanik, que dirige una comunidad cristiana protestante en la región central de Sulawesi, Indonesia. La Comisión informó sobre su situación en octubre de 2003 al responder a la pregunta escrita E-2815/03 (1). ¿Tiene la Comisión información adicional al respecto?

¿Está la Comisión al tanto también del cierre reciente de varias iglesias en Indonesia y de la falta de solución a la conversión forzosa de miles de cristianos al Islam durante el conflicto sectario de las Islas Molucas? ¿Está la Comisión realizando gestiones para animar al Gobierno de Indonesia a poner fin a estos y otros ejemplos de persecución de los cristianos en Indonesia?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(23 de abril de 2004)

La Comisión continúa siguiendo el caso del Reverendo Damanik, cuya condena a tres años de prisión por posesión ilegal de armas fue ratificada por el Tribunal Supremo a finales de 2003. Dado que el Reverendo Damanik ha cumplido ya más de un año y medio de condena, cabe la posibilidad de una puesta en libertad anticipada.

La delegación de la Comisión en Yakarta se ha puesto en contacto con la organización no gubernamental (ONG) de derechos humanos, vinculada a la Iglesia indonesia, que se ha hecho cargo de asistir al Reverendo Damanik tras la sentencia del tribunal superior. Dicha organización ha hecho saber que está evaluando la viabilidad de iniciar una nueva causa, con nuevas pruebas y testigos.

En lo que se refiere a las zonas en las que se registran importantes tensiones religiosas, la Comisión considera alentadora la información recibida de grupos religiosos locales, según la cual se están constituyendo grupos interconfesionales con fines de cooperación y de protección y defensa mutuas. La Comisión ha recibido recientemente a uno de estos grupos, que desarrolla su actividad en la provincia de Molucas.

La Comisión sigue con atención la situación de la libertad religiosa en Indonesia. Por otra parte, el apoyo a las organizaciones que defienden los derechos de las minorías en Indonesia forma parte del programa de cooperación de la Comunidad con este país, en particular, a través de proyectos que reciben financiación al amparo de la Iniciativa Europea en favor de la Democracia y los Derechos Humanos.

----

(1)  Ver página 117.

----

----

(2004/C 88 E/0258)

PREGUNTA ESCRITA E-0941/04

de Robert Evans (PSE) a la Comisión

(26 de marzo de 2004)

Asunto:   OMG

¿Está al tanto la Comisión del caso de Percy Schmeiser contra Monsanto ante el Tribunal Supremo de Canadá? El asunto aborda la cuestión de la responsabilidad civil en el caso de plantas modificadas genéticamente que se propagan a campos cultivados de forma convencional o ecológica así como, por un lado, la propagación intencionada o involuntaria de OMG en el medio ambiente y, por el otro, la violación de patente.

Durante el proceso se han planteado interrogantes sobre la posibilidad de una violación de patente incluso cuando los mismos granjeros acusados de contravención han sido víctimas de la propagación involuntaria de OMG.

En su respuesta a la pregunta escrita E-0819/03 (1), la Comisión se refiere su participación en los actuales debates sobre responsabilidad civil y resarcimiento de daños en el marco del Protocolo sobre Seguridad de la Biotecnología. ¿Tiene intención la Comisión de asegurar que se incluyan las garantías necesarias para evitar que se repita una situación legal semejante?

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(30 de abril de 2004)

Su Señoría cita en su pregunta el asunto Percy Schmeiser contra Monsanto, sometido al Tribunal Supremo de Canadá y referido a una supuesta violación de patente como consecuencia de la propagación de material modificado genéticamente en cultivos convencionales.

En la Unión Europea, la violación de patentes se rige por la legislación de los Estados miembros. La Comisión no está al tanto de la existencia de dificultades de ese tipo en la UE.

Su Señoría se refiere, en particular, al debate sobre responsabilidad civil y resarcimiento de los daños derivados del movimiento transfronterizo de organismos modificados genéticamente (OMG) en el marco del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología.

En la primera reunión de las Partes firmantes del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre la Diversidad Biológica, celebrada en Kuala Lumpur en febrero de 2004, éstas acordaron iniciar un proceso tendente a la elaboración de normas y procedimientos internacionales adecuados en el ámbito de la responsabilidad civil y el resarcimiento de daños. Para ello, se creó en esa reunión un Grupo de trabajo de especialistas jurídicos y técnicos sobre responsabilidad civil y resarcimiento de daños, abierto a todas las Partes, que se reunirá cinco veces de 2005 a 2007, y se aprobó su mandato. En dicha reunión se decidió también que, a lo largo de 2004, un grupo técnico de especialistas acometiese el trabajo de preparación necesario para ese proceso.

El mandato aprobado en la reunión de las Partes es bastante general y no restringe los temas de debate por lo que es pronto para predecir el alcance y la naturaleza de las normas y procedimientos que se adoptarán al final del proceso de negociación.

Su Señoría puede tener la seguridad de que la Comisión hará todo lo que esté en sus manos en las negociaciones venideras para que se aprueben normas y procedimientos viables y eficaces que contribuyan a la consecución de los objetivos del Protocolo de Cartagena.

----

(1)DO C 78 E de 27.3.2004, p. 358.

----

----

(2004/C 88 E/0259)

PREGUNTA ESCRITA E-0943/04

de Cristiana Muscardini (UEN) a la Comisión

(26 de marzo de 2004)

Asunto:   Programa de investigación y la esclerosis múltiple

Las causas de la esclerosis múltiple siguen siendo en gran medida desconocidas, aunque se piensa que esta enfermedad es el resultado de una combinación de factores genéticos, ambientales e inmunológicos. Establecer una correlación entre los distintos factores podría ser una forma de ahondar en las causas de la enfermedad que, según la Plataforma Europea de Enfermos de Esclerosis Múltiple (European Multiple Sclerosis Platform), ha sido diagnosticada a 400 000 personas en la Unión Europea. Teniendo en cuenta que es indispensable, tal y como se afirma en la resolución del Parlamento Europeo con fecha del 18 de diciembre de 2003 (A5-0451/2003 — P5_TA(2003)0601), «aumentar los recursos financieros destinados a la investigación de la esclerosis múltiple en la UE y mejorar la complementariedad de los proyectos de investigación, vista la complejidad de los factores que parecen estar en el origen de la enfermedad»,

Respuesta del Sr. Busquin en nombre de la Comisión

(28 de abril de 2004)

La Comisión desea señalar que la investigación básica y clínica sobre las enfermedades y los desordenes cerebrales, especialmente sobre las enfermedades neurodegenerativas como la esclerosis múltiple, constituyen un importante área de ayudas del Sexto Programa Marco (6o PM). Concretamente, las dos primeras de las cuatro convocatorias previstas para las subprioridades «Lucha contra las principales enfermedades» y «Aplicación de los conocimientos y las tecnologías de genómica y biotecnología al campo de la salud» dentro de la prioridad 1, «Ciencias de la vida, genómica y biotecnología aplicadas a la salud», ofrecían ya varios temas para proyectos integrados (PI) o redes de excelencia (RE) sobre las enfermedades neurodegenerativas cerebrales y nuevos tratamientos («Función y mecanismos de la agregación proteínica en enfermedades neurodegenerativas (PI)», «Mecanismos moleculares de la degeneración de las neuronas (RE)», «Células madre y sistema nervioso (RE)» y «Nuevos tratamientos de las enfermedades neurodegenerativas del SNC y el SNP (PI)». La tercera convocatoria de propuestas, actualmente en debate, también puede incluir temas muy pertinentes para la esclerosis múltiple.

Por otro lado, la Comisión (Dirección General Sanidad y Protección de los Consumidores) está explorando, en el marco de su convocatoria de propuestas de 2004 para el Programa de salud pública, la posibilidad de recibir propuestas para un estudio europeo sobre la situación de las enfermedades neurodegenerativas, incluida la esclerosis múltiple, para evaluar el impacto de los sistemas epidemiológicos y sanitarios de esas enfermedades. Si no se recibe ninguna propuesta en 2004, podría lanzarse una licitación sobre este tema en 2005.

En los siguientes sitios de Internet puede encontrarse más información sobre convocatorias, programas y proyectos seleccionados:

La Comisión considera estas actividades del 6o PM una significativa contribución a la investigación sanitaria dirigida a mejorar la comprensión y mejorar el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas como la esclerosis múltiple. Por lo que se refiere al 7° PM, la Comisión está actualmente fijando los principales pilares en que se basará este programa en el contexto de su Comunicación sobre las perspectivas financieras 2006-2013. En los debates que se celebren sobre el contenido del 7° PM, la Comisión dedicará la debida atención a los aspectos pertinentes de la investigación sanitaria que se deriven del 6o PM y a los principales problemas relacionados con la salud pública.

----

----

(2004/C 88 E/0260)

PREGUNTA ESCRITA E-0950/04

de Paul Rübig (PPE-DE) a la Comisión

(29 de marzo de 2004)

Asunto:   Retenciones de tráfico en el Danubio

Los bajos niveles de agua registrados en 2003 repercutieron en el tráfico fluvial del Danubio lo que ocasionó costes considerables a las empresas austríacas, ya que, por ejemplo, en la región de Komarno, Dunaujvaros, las autoridades portuarias solo permitían el paso a barcos con media carga.

Asimismo, el puente de pontones en Novisad sólo pudo abrirse parcialmente, de modo que el trayecto desde Linz a Ismael duraba dos meses y medio. En parte, el transporte de grandes planchas metálicas tuvo que realizarse con camiones, lo que supuso mayores costes paras las empresas.

También en el transporte hacia Europa occidental (en dirección a Duisburgo, Amberes, Rotterdam etc.), entre junio de 2003 hasta mediados de enero de 2004, como casi cada año los barcos sólo podían circular con la mitad de la carga o con un cuarto de la misma, debiendo pagar una tasa de flete adicional de hasta el 100 % por el bajo nivel de agua.

Gracias a la construcción de travesías entre Ratisbona y Passau y en Hungría y a la construcción de un puente en Novisad se podría hacer incrementar considerablemente el atractivo del Danubio como vía fluvial más importante de Europa (factor de carga actual cercano al 10 %).

¿Qué medidas tiene intención de adoptar la Comisión para solventar los mencionados problemas de tráfico en el Danubio y contribuir con ello a descongestionar de forma urgente el tránsito de esta ruta?

Respuesta de la Sra. de Palacio en nombre de la Comisión

(30 de abril de 2004)

El Libro Blanco de la Comisión sobre la política europea de transportes (1) propugna una estrategia integrada que combine, entre otras cosas, las medidas de revitalización del sector ferroviario, en especial de los servicios de transporte de mercancías, la promoción de la navegación interior y del transporte marítimo de corta distancia, el fomento de una mayor complementariedad entre el tren de alta velocidad y el transporte aéreo, y el fomento de sistemas de transporte inteligentes interoperativos para garantizar una mayor eficacia y seguridad de la red.

En la propuesta de Decisión presentada por la Comisión el 1 de octubre de 2003 (2), ésta propuso el eje fluvial Rin-Mosa-Main-Danubio como proyecto prioritario de la red transeuropea de transporte y señaló una serie de puntos de congestión que es preciso eliminar para mejorar este modo de transporte en beneficio de la Europa ampliada. La propuesta de la Comisión ha recibido recientemente el visto bueno del Consejo y del Parlamento Europeo (la votación en el Parlamento se produjo el 21 de abril de 2004).

La cuenca del Danubio está incluida íntegramente en el programa «Cadses» (Espacio de Europa Central, el Adriático, el Danubio y Europa del Sudeste) de Interreg III D. Interreg es una iniciativa comunitaria financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Mediante ese programa pueden financiarse proyectos destinados a promover sistemas sostenibles de transporte en el Danubio basados en la cooperación entre los países de la cuenca de este río.

----

(1)  COM(2001) 370 final.

(2)  COM(2003) 564 final.

----

----

(2004/C 88 E/0261)

PREGUNTA ESCRITA P-0958/04

de Manuel dos Santos (PSE) a la Comisión

(23 de marzo de 2004)

Asunto:   Transferencia de riesgo en la operación de titularización de créditos efectuada por el Gobierno portugués

Según los medios de comunicación, la Comisión ha validado un déficit presupuestario del 2,8 % del PIB (en 2003) presentado por el Gobierno portugués, tras la investigación abierta por Eurostat sobre las cuentas públicas.

Dicho valor sólo es verificable si se incluye en las cuentas públicas el resultado de una operación de titularización de créditos del Estado que fue establecida por acuerdo con el Citigroup.

No está claro que el acuerdo asegure el paso total del riesgo del Estado a los inversores en dicha operación de titularización, lo que, de no producirse, invalidaría el valor del déficit presentado.

Respuesta del Sr. Solbes Mira en nombre de la Comisión

(19 de abril de 2004)

Según el Código de buenas prácticas para la elaboración y la transmisión de datos a efectos del procedimiento de déficit excesivo, adoptado por el Consejo Ecofin del 18 de febrero de 2003, los Estados miembros deben consultar a Eurostat siempre que hay dudas en el tratamiento contable de transacciones específicas o complejas.

El 6 de octubre de 2003, las autoridades portuguesas escribieron a Eurostat y describieron una transacción en proyecto, a saber la venta de créditos fiscales no productivos, y solicitaron el parecer de Eurostat acerca del registro de dicha transacción.

Para contestar a la petición, Eurostat se reunió con una delegación de funcionarios portugueses en Luxemburgo el 13 de octubre 2003. A partir de la información proporcionada por Portugal, Eurostat consideró, el 4 de noviembre 2003, que la venta de créditos de las cotizaciones sociales y de los impuestos no recaudados podría considerarse un ingreso, es decir, una transacción no financiera.

Eurostat basó su respuesta en las siguientes razones:

El 16 de febrero de 2004, Portugal proporcionó a Eurostat copias del contrato y de los documentos asociados, incluido el informe independiente elaborado por IDEFE que Su Señoría menciona.

La Comisión es consciente de que la venta implica un grupo de créditos no productivos, que son objeto de litigio. Si se considera que un crédito fiscal es inexistente (y solamente en este caso), íntegramente o en parte, el Estado portugués tendrá que proporcionar un sustituto para dicho crédito. Sin embargo, ello no constituye una garantía sobre los importes recaudados o sobre la solvencia de los contribuyentes. El único objeto de este mecanismo consiste en garantizar la integridad material de la cartera de créditos que se vendió.

----

(1)  Reglamento (CE) no 2516/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de noviembre de 2000, que modifica los principios comunes del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Comunidad (SEC 95) en lo que se refiere a los impuestos y las cotizaciones sociales y por el que se modifica el Reglamento (CE) no 2223/96 del Consejo (DO L 290 de 17.11.2000).

----

----

(2004/C 88 E/0262)

PREGUNTA ESCRITA E-0971/04

de José Ribeiro e Castro (UEN) a la Comisión

(29 de marzo de 2004)

Asunto:   Venezuela: referendo

Según los medios de comunicación social, la Coordinadora Democrática, organización que reúne los partidos políticos de oposición al Presidente Hugo Chávez, se alegró al conocer la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de instar al Consejo Nacional Electoral (CNE) a dar por válidas 876 017 firmas cuya autenticidad había sido cuestionada, a pesar de que venían acompañadas de las huellas digitales de los respectivos firmantes.

En su decisión, el TSJ insta al CNE a añadir las más de 876 000 firmas a las 1 832 493 validadas anteriormente (que suman un total de 2 708 510) y a convocar el referendo revocatorio presidencial.

Un portavoz de la Coordinadora Democrática manifestó a los medios de comunicación social venezolanos la satisfacción que siente ese movimiento ante «el regreso de la legalidad y la constitucionalidad» y señaló la obligación de acatar la decisión judicial que recae sobre el Consejo Nacional Electoral.

Mientras tanto, el alcalde del municipio de Libertador (uno de los municipios de Caracas), Fredy Bernal, anunció que el Movimiento Quinta República (MVR), partido del Gobierno, presentará un recurso de apelación contra la decisión de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia.

Según varios analistas políticos, puede producirse próximamente un conflicto entre los diferentes poderes e instituciones jurídicas del país, en particular, entre las salas Electoral y Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela y el Consejo Nacional Electoral.

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(30 de abril de 2004)

Tras el anuncio el 2 de marzo de 2004 por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) de los resultados preliminares del referéndum revocatorio presidencial, la actividad jurídica sobre dicho referéndum ha sido intensa. El CNE dictaminó que, de todas las firmas examinadas (3 086 013; la oposición dice que presentó 3 467 050), se declararon válidas poco más de 1,8 millones, dudosas 876 017 e inválidas más de 230 000. Las firmas consideradas dudosas son el resultado de las denominadas «planillas planas» (impresos para la firma en que los datos básicos de los que han firmado se han rellenado a mano con letra parecida) y deberán ser sometidas a un doble comprobación en un «proceso de reparación» («reparo»), junto con algunas otras firmas declaradas inválidas en un principio. En consecuencia, según el CNE, más de 1 millón de firmas deben ser sometidas a una nueva verificación y deben ser confirmadas por quienes las firmaron. Para convocar el reférendum presidencial son necesarias 2,4 millones de firmas.

No obstante, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia resolvió el 15 de marzo de 2004 que las «planillas planas» eran válidas. El CNE apeló esa resolución ante la Sala Constitucional de dicho Tribunal, la cual consideró que la Sala Electoral no era competente según la Constitución de 1999 y le ordenó que se abstuviera de dictar resoluciones sobre el proceso de referéndum. La Sala Electoral reiteró su competencia sobre el asunto y pidió que fuera la Corte en pleno quien decidiera. No se puede predecir con certeza cuál será el resultado. Esta controversia constitucional está retrasando aún más el posible referéndum sobre el Presidente Chávez.

La Unión Europea respalda el papel desempeñado por la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Centro Carter en el conflicto y la labor que estan efectuando para que se aplique el acuerdo político firmado el 29 de marzo de 2003 por el Gobierno venezolano y la oposición, de acuerdo con la Resolución 833 de la OEA, en la que se pide una solución pacífica, democrática, constitucional y electoral. La UE ha reiterado la importancia de que se aplique el acuerdo. Sin embargo, aunque se celebre un referéndum, llevará tiempo superar la polarización de la sociedad y conseguir la recuperación de la situación económica.

----

----

(2004/C 88 E/0263)

PREGUNTA ESCRITA E-0972/04

de José Ribeiro e Castro (UEN) a la Comisión

(29 de marzo de 2004)

Asunto:   Red Natura: financiación

El Secretario de Estado de Medio Ambiente del Gobierno portugués, José Eduardo Martins, declaró hace poco que los fondos que la Unión Europea tiene previsto asignar a Portugal para la gestión de la Red Natura son claramente insuficientes y se sitúan muy por debajo del importe necesario. El Secretario de Estado afirmó, refiriéndose a Portugal que calculan que, sólo para la gestión de su Red Natura en el período comprendido entre 2003 y 2007, necesitan, por lo menos, cerca de 220 millones de euros, pero que las perspectivas financieras de la Unión Europea están muy lejos de esta cifra. Según parece, España, Francia, Italia y Grecia tendrán un problema semejante.

El problema reside en que, en el nuevo marco de financiación, el medio ambiente y la agricultura aparecen en la misma partida presupuestaria, en la que (en el caso de Portugal) más del 80 % se destina a la agricultura.

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(30 de abril de 2004)

La Comisión se ha comprometido a presentar una comunicación sobre la financiación de la red Natura 2000 en 2004 y está previsto que lo haga en el primer semestre de 2004. Además, hasta ahora la Comisión siempre ha integrado la red Natura 2000 y sus necesidades en todas sus propuestas importantes de financiación comunitaria futura, entre las cuales figuran la propuesta de la Comisión sobre las perspectivas financieras futuras y el Tercer informe sobre la cohesión económica y social.

En la comunicación sobre las perspectivas financieras para después de 2006 (1), la Comisión declaró que las actuaciones de desarrollo rural relacionadas con Natura 2000 serían un objetivo importante de la futura política de desarrollo rural. Además, una de las actividades importantes incluidas en las prioridades medioambientales del período de 2007-2013, dentro del mismo capítulo de las perspectivas financieras futuras, es el desarrollo y la aplicación de la red Natura 2000 de zonas de protección de la biodiversidad europea y la realización de planes de actuación en materia de biodiversidad. Igualmente, la Comisión indica en el Tercer informe sobre la cohesión económica y social (2) que la inversión en infraestructuras asociadas a Natura 2000 que contribuyan a la competitividad regional general es una de las áreas posible de intervención de los Fondos Estructurales en el futuro.

Al mismo tiempo, la Comisión confirmaba que la política de cohesión está basada en los principios de subsidiariedad y cooperación con los Estados miembros y las regiones y que las medidas cofinanciadas deben reflejar las prioridades regionales y las necesidades de desarrollo económico. La Comisión no puede ir en contra de estos principios fundamentales y obligar a los Estados miembros y regiones a financiar actuaciones concretas y mucho menos a destinar recursos financieros a un ámbito dado. No obstante, durante el diálogo de programación, que será más intenso y tendrá una orientación estratégica más acentuada, la Comisión examinará con los Estados miembros y las regiones la mejora manera de incorporar las prioridades comunitarias, incluidas las necesidades de financiación de la red Natura 2000.

----

(1)  Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo — Construir nuestro futuro común — Retos políticos y medios presupuestarios de la Unión ampliada (2007-2013) (COM(2004) 101 final).

(2)  Tercer informe sobre la cohesión económica y social (COM(2004) 107 final).

----

----

(2004/C 88 E/0264)

PREGUNTA ESCRITA E-0977/04

de John Bowis (PPE-DE) a la Comisión

(30 de marzo de 2004)

Asunto:   Seguro médico en la República Checa

¿Es consciente la Comisión de que, en la República Checa, existe una gran compañía de seguros médicos y otras muchas de menor importancia? ¿Es también consciente de que la compañía más importante ha tenido problemas financieros? ¿Está al corriente del hecho de que el Gobierno checo ha autorizado la redistribución de las primas de las compañías más pequeñas a favor de la compañía más importante sin la aprobación de los tomadores de seguro correspondientes? ¿Está de acuerdo la Comisión en que parece que todo ello no favorece la competencia ni los intereses de los tomadores? ¿Va a plantear la Comisión la cuestión a las autoridades checas?

Respuesta del Sr. Verheugen en nombre de la Comisión

(30 de abril de 2004)

La Comisión tiene conocimiento de la organización del seguro de enfermedad en la República Checa. En la actualidad hay una compañía de seguro médico general, que abarca a la mayoría de la población, y ocho filiales de seguros de enfermedad que en su día estaban previstas para empleados de sectores concretos (banca, minería), pero que actualmente están abiertos a cualquier persona. Todos los residentes permanentes están amparados por un seguro de asistencia sanitaria obligatorio gestionado por estos fondos.

Según la información que obra en poder de la Comisión, actualmente se está debatiendo en el Parlamento checo una enmienda de los actos jurídicos por los que se rige el funcionamiento de las compañías de seguro médico, en particular las disposiciones relativas a la redistribución de los fondos recaudados.

La organización y financiación de los regímenes de atención sanitaria y protección social incumbe a los Estados miembros, que, no obstante, tienen que ejercer sus competencias en la materia de conformidad con el derecho comunitario. Para valorar si un proveedor del seguro médico está o no sujeto a las normas de competencia de la UE, hay que analizar si dicho proveedor lleva cabo una actividad económica o administra un régimen de previsión social. De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se desprende que no están sujetos a las normas de competencia los organismos a los que se confía la gestión de determinados regímenes obligatorios de seguridad social.

Según los datos de que dispone la Comisión, en la República Checa la asistencia sanitaria la paga el seguro médico obligatorio que cubre a todos los residentes permanentes. Parece, por lo tanto, que en principio los proveedores de seguros administran un régimen de previsión social, que no está sujeto a las normas de competencia. Basándose en los datos existentes, la Comisión no tiene intención de plantear ésta cuestión a las autoridades checas.

----

----

(2004/C 88 E/0265)

PREGUNTA ESCRITA E-0978/04

de Christopher Huhne (ELDR) a la Comisión

(30 de marzo de 2004)

Asunto:   Ingredientes de los productos alimenticios

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(30 de abril de 2004)

----

(1)  Decisión no 1786/2002/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de septiembre de 2002, relativa a la adopción de un programa de acción comunitario en el ámbito de la salud pública (2003-2008), DO L 271 de 9.10.2002, p. 1.

(2)  COM(2003) 424 final.

----

----

(2004/C 88 E/0266)

PREGUNTA ESCRITA E-0980/04

de Luigi Vinci (GUE/NGL) a la Comisión

(30 de marzo de 2004)

Asunto:   Iniciativa del Comando general de las fuerzas armadas de tierra turcas

Considerando que: El pasado mes de febrero, el Comando general de las fuerzas armadas de tierra turcas, con la aprobación del Estado Mayor, dio instrucciones a sus propios servicios de inteligencia, así como a los gobernadores provinciales, con vistas a recabar información sobre ciudadanos y organizaciones favorables a la entrada de Turquía en la Unión Europea, favorables a los Estados Unidos, o de orientación satánica o masónica, así como sobre grupos de Internet, sobre ciertas minorías, sobre los hijos de familias acomodadas, etc. Todos estos grupos, en opinión del Comando general de las fuerzas de tierra turcas, constituirían potenciales promotores de actividades separatistas o subversivas;

Dicha iniciativa ha sido duramente criticada por la prensa turca;

No parece que el Gobierno turco haya planteado ningún tipo de objeción, incluso tratándose de una intrusión brutalmente antidemocrática, perjudicial a la entrada de Turquía en la Unión Europea e ilegal en virtud de la misma legislación turca en vigor.

¿Podría la Comisión expresar su punto de vista y precisar qué tipo de medidas prevé emprender contra la iniciativa mencionada, de conformidad con los criterios de Copenhague y, en general, a favor del proceso de democratización turco acordado entre el Gobierno turco y la Unión Europea?

Respuesta del Sr. Verheugen en nombre de la Comisión

(30 de abril de 2004)

La Comisión está al corriente de los acontecimientos a que se refiere Su Señoría.

En virtud de la Asociación para la Adhesión revisada, adoptada por el Consejo de Ministros el 19 de mayo de 2003, la prosecución de la aproximación de las relaciones entre los poderes civiles y militares a las prácticas europeas constituye una prioridad para Turquía.

En su último Informe periódico de noviembre de 2003 (1), la Comisión señaló que «las Fuerzas Armadas en Turquía ejercen su influencia a través de toda una serie de mecanismos informales. En diversas ocasiones, miembros militares del Consejo de Seguridad Nacional han expresados sus opiniones sobre asuntos políticos, sociales y de política exterior en intervenciones públicas, comunicados de prensa y declaraciones».

El 16 de marzo de 2004, el Estado Mayor General turco publicó una declaración refiriéndose a los hechos mencionados y desmintiendo que el ejército tuviera la menor intención de ordenar la elaboración de una lista negra en la que se especificaran las opiniones políticas o el modo de vida de los ciudadanos. No obstante, la declaración señalaba que las Fuerzas Armadas tienen el deber de reaccionar ante las «amenazas separatistas y fundamentalistas». Estos hechos dieron lugar a un debate en el Parlamento turco, durante el cual se discutió la compatibilidad de este tipo de servicios de información con el principio de la libertad de pensamiento.

La Comisión seguirá atentamente la evolución de las relaciones entre las instancias civiles y militares en Turquía a la luz de los criterios políticos de Copenhague y, en caso necesario, examinará el tema directamente con las autoridades turcas.

----

(1)  COM(2003) 676 final.

----

----

(2004/C 88 E/0267)

PREGUNTA ESCRITA E-0981/04

de Giovanni Pittella (PSE) y Guido Sacconi (PSE) a la Comisión

(30 de marzo de 2004)

Asunto:   Protección y conservación del medio ambiente marino

El 19 de junio de 2003 el Parlamento aprobó una resolución (P5_TA(2003)0295) sobre la Comunicación de la Comisión titulada «Hacia una estrategia de protección y conservación del medio ambiente marino». En relación con dicha Comunicación, el Parlamento se pronunció a favor de una mayor integración de la protección medioambiental en lo que respecta al proceso de toma de decisiones y la protección y conservación de los ecosistemas marinos en calidad de elementos fundamentales de la preservación de la biodiversidad.

Por otra parte, el Parlamento invitó a la Comisión a presentar con la mayor brevedad una estrategia temática sobre el medio ambiente marino coherente y armonizada, a la luz del estado crítico en el que se encuentran actualmente algunos ecosistemas marinos.

¿Podría la Comisión indicar:

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(30 de abril de 2004)

La Comisión está elaborando una estrategia marina europea. En este contexto se celebrará una conferencia de las partes interesadas en colaboración con la Presidencia neerlandesa, en noviembre de 2004. Se prevé la publicación de la propuesta final en marzo de 2005.

El elemento principal de la estrategia prevista será un enfoque común para todos los mares europeos, combinado con:

Un elemento esencial en la aplicación de esta estrategia será tener en cuenta los ecosistemas para la gestión de las actividades humanas que inciden en el medio ambiente marino, incluyendo todos los aspectos que menciona Su Señoría en su pregunta escrita.

----

----

(2004/C 88 E/0268)

PREGUNTA ESCRITA E-0984/04

de Piia-Noora Kauppi (PPE-DE) a la Comisión

(30 de marzo de 2004)

Asunto:   Importancia de la fatiga en los accidentes de tráfico

Según el Instituto para la Seguridad Vial de Finlandia (Suomen Liikenneturva), las estadísticas de los comités de investigación sobre los accidentes de tráfico mortales muestran que el 12 % de los choques frontales con resultado de muerte se producen por somnolencia del conductor. Estas estadísticas dicen sólo parte de toda la verdad, ya que, con frecuencia, muchos accidentes debidos en realidad a la somnolencia se atribuyen a otros errores de conducción. En Noruega, se ha hecho una investigación que muestra que hasta un tercio de todos los accidentes con choque o con salida de la calzada se deben de una manera u otra a la somnolencia, mientras que, por ejemplo, el alcohol o las drogas tan sólo intervienen en un 11 % de ellos.

Una de las prioridades de la Comisión en política de transporte es el fomento de la seguridad vial. En su búsqueda de medidas concretas para la mejora de la seguridad vial, ¿cómo piensa tomar en consideración el alto índice de accidentes debidos a la fatiga? ¿Ha investigado el peso de la fatiga como causa de los accidentes de tráfico en el conjunto de la UE, y, si no lo ha hecho, tiene previsto hacerlo?

Respuesta de la Sra. de Palacio en nombre de la Comisión

(30 de abril de 2004)

La Comisión conoce las cifras facilitadas por Su Señoría, que demuestran que el cansancio es un factor importante para la incidencia de los accidentes de tráfico.

El cansancio constituye un aspecto importante que se ha tenido en cuenta a la hora de regular los períodos de trabajo, conducción y descanso de los conductores profesionales (1), temas sobre los que la Comisión ha realizado recientemente diversas propuestas, entre ellas la relativa a los controles en carretera, que en la actualidad están analizando el Parlamento Europeo y el Consejo (2).

La Comisión respalda proyectos de investigación, tales como AWAKE (3), inscrito en el 5o Programa Marco de investigación, destinados a conocer mejor la implicación de los distintos mecanismos del cansancio en los accidentes de tráfico, mecanismos que no se resumen únicamente en un déficit de sueño del conductor, así como a validar las tecnologías que permiten detectar un descenso de la atención y avisar al conductor.

La Comisión continuará respaldando estudios en este ámbito.

----

(1)  Véanse Reglamentos (CEE) no 3820/85, DO L 370 de 31.12.1985 y 3821/85, así como la Directiva 2002/15/CE, DO L 80 de 23.3.2002.

(2)  COM(2003) 628 final.

(3)  Assessment of driver vigilance and Warning According to traffic risK Estimation.

----

----

(2004/C 88 E/0269)

PREGUNTA ESCRITA P-0992/04

de Francesco Fiori (PPE-DE) a la Comisión

(24 de marzo de 2004)

Asunto:   Telecomunicaciones

El nuevo marco regulador prevé que las autoridades puedan intervenir en el mercado de las telecomunicaciones sirviéndose de amplios poderes discrecionales en la elección de las obligaciones más adecuadas para corregir una situación de hundimiento del mercado: las Directivas, en efecto, no proporcionan suficientes indicaciones acerca de cómo modular la intervención reguladora con respecto al posible conjunto de obligaciones que las autoridades puedan aplicar.

La Comisión Europea, en su programa de trabajo del año 2004, señala su intención de elaborar una recomendación dirigida a señalar algunas orientaciones para la elección de las medidas reguladoras sobre la base del principio de proporcionalidad y en coherencia con los objetivos reguladores de la Directiva marco.

El Grupo de Reguladores Europeos (GRE), en su programa de trabajo para 2004, prevé aprobar un documento que llama «Proyecto de enfoque conjunto GRE/CE sobre la adopción de soluciones adecuadas en el nuevo marco regulador». Una intervención legislativa sobre los criterios de aplicación de las soluciones del nuevo marco se antoja necesaria para proteger la armonización. ¿Puede explicar la Comisión la naturaleza jurídica de un proyecto de enfoque conjunto GRE/CE y su papel en el ámbito del ordenamiento comunitario y de los ordenamientos nacionales?

Respuesta del Sr. Liikanen en nombre de la Comisión

(30 de abril de 2004)

El nuevo marco regulador tiene como finalidad lograr un marco armonizado para la regulación de los servicios y las redes de comunicaciones electrónicas, así como de los recursos y los servicios asociados. Ahora bien, la elección que haga un regulador de la solución o las soluciones concretas que haya que aplicar a las empresas con peso significativo en el mercado se plantea a escala nacional. Dejando aparte las soluciones excepcionales (que, en cualquier caso, están supeditadas al control de la Comisión), todas las soluciones disponibles que se deban aplicar a las empresas con un peso significativo en el mercado se establecen en los artículos 9 a 13 de la Directiva acceso e interconexión (1) y en el capítulo III de la Directiva servicio universal (2).

Tal como dispone el apartado 2 del artículo 7 de la Directiva marco (3), las autoridades nacionales de reglamentación, cuando ejerzan sus facultades independientes al amparo del nuevo marco regulador, deberán contribuir al desarrollo del mercado interior cooperando entre ellas y con la Comisión, de manera transparente, con objeto de velar por la aplicación coherente del marco. En particular, las autoridades nacionales de reglamentación deberán alcanzar un acuerdo sobre los tipos de instrumentos y las soluciones más apropiadas para tratar situaciones particulares de mercado.

Ésta es la base sobre la que el Grupo de Reguladores Europeos (GRE) ha adoptado una posición común GRE sobre el enfoque acerca de la adopción de soluciones adecuadas en el nuevo marco regulador. Aunque la DG de la Sociedad de la Información y la DG de Competencia han colaborado con el GRE en la preparación de ese documento, la posición común sigue siendo un documento del GRE.

----

(1)  Directiva 2002/19/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al acceso a las redes de comunicaciones electrónicas y recursos asociados, y a su interconexión, DO L 108 de 24.4.2002.

(2)  Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas, DO L 108 de 24.4.2002.

(3)  Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas, DO L 108 de 24.4.2002.

----

----

(2004/C 88 E/0270)

PREGUNTA ESCRITA E-0994/04

de Proinsias De Rossa (PSE) a la Comisión

(31 de marzo de 2004)

Asunto:   La protección de la infancia y los futuros programas comunitarios destinados a los jóvenes

En relación con la publicación, el 9 de marzo de 2004, de las dos Comunicaciones de la Comisión sobre el futuro de las políticas de educación y ciudadanía después de 2006: «La nueva generación de programas de educación y formación» (COM(2004) 156) y «La ciudadanía en acción» (COM(2004) 154), ¿cómo puede garantizar la Comisión que todos los aspectos de la cuestión de la protección de la infancia queden recogidos en la legislación relativa a los futuros programas comunitarios de educación y ciudadanía, que se publicarán a finales de este año?

Respuesta de la Sra. Reding en nombre de la Comisión

(30 de abril de 2004)

Su Señoría plantea la cuestión de la protección de la infancia en el marco de la nueva generación de programas prevista por la Comisión en materia de educación, formación y ciudadanía (1). La Comisión es plenamente consciente de la necesidad de garantizar a los jóvenes un nivel máximo de protección respetando los distintos niveles de competencias y ya ha tomado una serie de iniciativas en los ámbitos en los que es competente, como la Directiva 94/33/CE relativa a la protección de los jóvenes en el trabajo (2), la Recomendación del Consejo relativa al desarrollo de la competitividad de la industria europea de servicios audiovisuales y de información mediante la promoción de marcos nacionales destinados a lograr un nivel de protección comparable y efectivo de los menores y de la dignidad humana (3) y el plan plurianual de acción comunitaria para propiciar una mayor seguridad en la utilización de Internet y las nuevas tecnologías en línea mediante la lucha contra los contenidos ilícitos y nocivos, principalmente en el ámbito de la protección de los niños y de los menores (4).

No obstante, la protección de la infancia sigue siendo una cuestión esencialmente nacional y corresponde a los Estados miembros adoptar iniciativas en este ámbito.

En sus propuestas para una nueva generación de programas en materia de educación, formación y ciudadanía, la Comisión propone dos tipos de acciones:

Las actividades «descentralizadas» deberían constituir la mayor parte del presupuesto. En el marco de dichas actividades recibirán ayuda aquellas en las que participen los jóvenes, sobre todo las relativas a la movilidad.

La Comisión considera que corresponde a las autoridades de los países participantes adoptar, en colaboración con las Agencias nacionales, las disposiciones necesarias para garantizar la protección de los menores respetando la legislación y la sensibilidad cultural de cada país.

En general, la Comisión velará por que, especialmente con arreglo a los criterios establecidos en las convocatorias de propuestas, los proyectos seleccionados tengan un valor educativo indiscutible y tengan plenamente en cuenta los intereses de los participantes, sobre todo de los menores.

----

(1)  COM(2004) 154 final y COM(2004) 156 final.

(2)  Directiva 94/33/CE del Consejo, de 22 de junio de 1994, relativa a la protección de los jóvenes en el trabajo, DO L 216 de 20.8.1994.

(3)  Recomendación 98/560/CE del Consejo, de 24 de septiembre de 1998, DO L 270 de 7.10.1998.

(4)DO L 162 de 1.7.2003.

----

----

(2004/C 88 E/0271)

PREGUNTA ESCRITA E-0995/04

de Bartho Pronk (PPE-DE) a la Comisión

(31 de marzo de 2004)

Asunto:   Medidas restrictivas previstas por algunos Estados miembros y contrarias al derecho de los ciudadanos europeos a la igualdad de trato

Según los comunicados de prensa emitidos por varios Estados miembros (el Reino Unido, Irlanda y Dinamarca), los derechos sociales de los migrantes procedentes de los nuevos Estados miembros van a verse restringidos de diversas formas. El Reglamento (CEE) no 1408/71 (1) relativo a la coordinación de los regímenes de seguridad social establece el principio de que todos los trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia pueden beneficiarse, por derecho propio, de las ventajas otorgadas en virtud de dicho Reglamento, sea cual sea su período de residencia en dicho país. En mi opinión, la exigencia de un período de residencia ininterrumpido de dos años para tener derecho a disfrutar de las ventajas otorgadas en virtud del Reglamento es incompatible con el Derecho comunitario.

Respuesta del Sr. Dimas en nombre de la Comisión

(30 de abril de 2004)

----

(1)DO L 149 de 5.7.1971, p. 2.

----

----

(2004/C 88 E/0272)

PREGUNTA ESCRITA P-0999/04

de Daniel Hannan (PPE-DE) a la Comisión

(24 de marzo de 2004)

Asunto:   Conexión de líneas de alta tensión en el municipio de Civitella Paganico

El municipio de Civitella Paganico ha autorizado que la compañía eléctrica italiana Terna SpA continúe con el proyecto de conectar las dos líneas de alta tensión existentes entre Speranza-Valmontone y Suvereto-Montalto. En dicha zona se encuentra un asentamiento de época romana no excavado hasta la fecha y, por esta razón, está siendo evaluado por el Ministerio de Patrimonio y Actividades Culturales italiano con el fin de que sea declarado parte del patrimonio cultural. Pese a la evaluación en curso y a que el Consejo Municipal ha emitido una opinión negativa, el proyecto sigue adelante.

¿Considera la Comisión que la actuación del municipio de Civitella Paganico es compatible con el compromiso claro de la Unión de proteger la salud pública y el legado cultural europeo?

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(30 de abril de 2004)

Los proyectos de construcción de líneas aéreas de alta tensión se incluyen en el ámbito de aplicación de la Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (1) (Directiva EIA), modificada por la Directiva 97/11/CE del Consejo, de 3 de marzo de 1997 (2). Dicha Directiva establece que los Estados miembros adoptarán las disposiciones necesarias para que, antes de concederse la autorización, los proyectos que puedan tener repercusiones importantes sobre el medio ambiente, en particular debido a su naturaleza, sus dimensiones o su localización, se sometan a una evaluación en lo que se refiere a sus repercusiones. La evaluación de las repercusiones sobre el medio ambiente identificará, describirá y evaluará los efectos directos e indirectos de un proyecto sobre el hombre, la fauna y la flora, el suelo, el agua, el aire, el clima y el paisaje, los bienes materiales y el patrimonio cultural.

Estos proyectos se definen en el artículo 4, que se refiere a los Anexos I y II de la Directiva. La construcción de líneas aéreas de alta tensión con una tensión equivalente o superior a 220 KV y una longitud de más de 15 km se incluye en el Anexo I, mientras que la transmisión de energía eléctricas por líneas aéreas de alta tensión por debajo de los límites mencionados se incluye en el Anexo II. Para los proyectos del Anexo I es obligatoria la evaluación del impacto ambiental, mientras que para los proyectos del Anexo II, las autoridades nacionales han de determinar, mediante un análisis individual o de conformidad con los límites y criterios establecidos, si el proyecto debe someterse a una evaluación de sus posibles repercusiones ambientales, habida cuenta de los criterios de selección pertinentes que figuran en el Anexo III de la Directiva.

En este caso concreto, con la información facilitada por Su Señoría, la Comisión no puede pronunciarse, por lo que se solicita de Su Señoría que proporcione más información al respecto, a fin de que la Comisión pueda evaluar el caso a tenor de la normativa comunitaria pertinente.

El 12 de julio de 2003, el Consejo adoptó la Recomendación 1999/519/CEE (3) relativa a la exposición del público en general a campos electromagnéticos, con el fin de garantizar un alto nivel de protección de la salud. Los límites máximos recomendados se basan en las directrices de la Comisión internacional de protección contra las radiaciones no ionizantes, respaldadas por el Comité Científico de la Comisión. El pleno respeto de las restricciones básicas y los niveles de referencia establecidos en la Recomendación garantiza a los usuarios un elevado nivel de protección frente a los efectos agudos y a largo plazo de la radiación no ionizante en todo el espectro. La Comisión está siguiendo con atención y financiando la investigación en este ámbito y adoptará medidas, si procede, ante cualquier nuevo dato científico que no se haya tomado en consideración hasta la fecha.

Corresponde a los Estados miembros incorporar las disposiciones de la Recomendación mencionada en el ordenamiento jurídico nacional. Así pues, debería remitirse este asunto a las autoridades nacionales competentes.

----

(1)DO L 175 de 5.7.1985.

(2)DO L 73 de 14.3.1997.

(3)DO L 199 de 30.7.1999.

----

----

(2004/C 88 E/0273)

PREGUNTA ESCRITA E-1008/04

de Albert Maat (PPE-DE) y Neil Parish (PPE-DE) a la Comisión

(1 de abril de 2004)

Asunto:   Conferencia de la OIE sobre el control de las enfermedades infecciosas animales por vacunación

Del 13 al 16 de abril de 2004, la OIE celebrará una Conferencia Internacional en Buenos Aires sobre el control de las enfermedades infecciosas animales mediante vacunación

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(30 de abril de 2004)

La Comisión informa a Sus Señorías que participó y contribuyó a la conferencia internacional sobre el control de las enfermedades infecciosas animales por vacunación, celebrada en Buenos Aires del 13 al 16 de abril de 2004.

A petición del comité organizador, el representante de la Comisión presentó una ponencia sobre «utilización de bancos de antígenos y vacunas en caso de vacunación de emergencia en la Comunidad Europea» y presidió la sección de «bancos de antígenos y vacunas como medida de seguridad con vistas al control de la propagación de la enfermedad».

La ponencia se centró en la integración de la vacunación de emergencia en el conjunto de medidas que deben aplicarse en caso de brote de fiebre aftosa. Apuntaba a la necesidad de elaborar planes de contingencias, y explicaba el banco de antígenos de la Comunidad en su contexto. Una de las conclusiones debería ser aumentar la concienciación, en países que practican la vacunación, de que disponer de vacunas altamente purificadas y de pruebas suficientemente sensibles y específicas para la detección de anticuerpos contra proteínas no estructurales son requisitos previos esenciales para fundamentar toda afirmación de ausencia de circulación del virus después de una vacunación. Además, la vigilancia que se lleve a cabo a tal efecto deberá, como mínimo, cumplir los requisitos de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y contar con un seguimiento estrecho y con acciones decisivas en relación con los rebaños que hayan estado en contacto con el virus.

La contribución de la Comisión se basa en la Directiva 2003/85/CE, de 29 de septiembre de 2003, relativa a medidas comunitarias de lucha contra la fiebre aftosa (1), que refleja lo aprendido del brote de 2001, la Resolución del Parlamento de 13 de diciembre de 2002 y las condiciones que establece el código sanitario de la OIE para los animales terrestres, para que un país o una zona se reconozcan recuperados de la enfermedad o sean declarados libres de infección.

Por lo que respecta a la diferenciación entre vacunación protectora, para mantener a los animales con vida, y vacunación supresora, con vistas a su sacrificio, la Comisión reitera que esta última forma parte de un procedimiento de sacrificio de urgencia que se aplica a rebaños infectados o contaminados. No obstante, en lo relativo a las diversas estrategias de eliminación progresiva de la vacunación protectora, es decir, la recuperación de la consideración de libre de enfermedad o infección de un país o una zona tres meses después del sacrificio para el consumo humano de los animales vacunados, frente a los seis meses cuando se mantienen con vida, la Comisión desea llamar la atención sobre el artículo 62 de la Directiva mencionada, que permite excepciones a este lapso de tiempo en función de los resultados de la vigilancia posterior a la vacunación.

La Comisión mantiene su posición de que los requisitos internacionalmente aceptados para recuperar la consideración de libre de enfermedad o infección tras el recurso a una vacunación de emergencia deben ofrecer un elevado nivel de seguridad. Teniendo en cuenta las características biológicas del virus y la epidemiología de la enfermedad, cualquier precipitación en la recuperación de la consideración de libre de enfermedad o infección puede hacer que aumente considerablemente el riesgo de introducción del virus de la fiebre aftosa con los productos de origen animal. En sintonía con las recomendaciones del informe de la comisión temporal sobre la fiebre aftosa del Parlamento, la Comisión tiene la intención de minimizar tal riesgo, al tiempo que mantiene los compromisos adquiridos por la Comunidad en el marco de acuerdos comerciales internacionales.

----

(1)DO L 306 de 22.11.2003.

----

----

(2004/C 88 E/0274)

PREGUNTA ESCRITA P-1009/04

de Johannes Voggenhuber (Verts/ALE) a la Comisión

(25 de marzo de 2004)

Asunto:   Autopista de Lobau

La Directiva 97/11/CE (1) establece que los Estados miembros de la Unión Europea deben realizar una evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. De conformidad con el Anexo 1 de dicha directiva, esta evaluación es también obligatoria en el caso de autopistas y vías rápidas. En Austria, de conformidad con el artículo 4 de la Ley federal vial, la autorización para la construcción de autopistas depende de la promulgación de las llamadas Trassenverordnungen (reglamentos relativos al trazado de las autopistas). Ello significa que la autorización de dichos proyectos no se basa en una decisión específica, sino en una reglamentación abstracta de carácter general.

Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo (Asunto C-287/98), en el marco de la Directiva sobre las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, la autorización puede concederse en principio mediante un acto legislativo, si bien es necesario que el proyecto sea aprobado por una ley o una reglamentación adecuada.

En una sentencia reciente relativa a la circunvalación de Viena, el Tribunal constitucional austríaco declaró que, por su carácter jurídico, las Trassenverordnungen no pueden contener disposiciones adicionales (condiciones) que obliguen al cumplimiento de los requisitos necesarios para la autorización de un proyecto previsto de conformidad con la Directiva relativa a las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente: Por lo tanto, en el caso de dichas Trassenverordnungen, el resultado de la evaluación no puede ser vinculante.

¿Considera la Comisión que la concesión de autorizaciones para la construcción de autopistas mediante Trassenverordnungen, que no permiten garantizar que se toman en cuenta los resultados de la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, es coherente con la Directiva que prescribe dicha evaluación?

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(22 de abril de 2004)

La Comisión opina que los Estados miembros deben garantizar que los resultados de las evaluaciones de impacto ambiental de los proyectos cubiertos por la Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (2), modificada por la Directiva 97/11/CEE del Consejo, de 3 de marzo de 1997 (Directiva EIA), sean tenidos debidamente en cuenta en el desarrollo del procedimiento de autorización, tal como se estipula claramente en el artículo 8 de la Directiva mencionada.

En lo que se refiere al proyecto de autopista mencionado en la petición (S 1, antiguo Β 301), la Comisión archivó en fecha reciente un expediente de denuncia relativo al mismo proyecto vial tras el compromiso de las autoridades austriacas de que los requisitos de la Directiva EIA se tendrán plenamente en cuenta en el desarrollo del procedimiento de autorización correspondiente.

La Comisión analizará si existe una posible incorporación incorrecta de la Directiva EIA en lo que respecta a los proyectos viales austriacos.

Por último, la Comisión entiende que los decretos mencionados por los que se autoriza la construcción de autopistas («Trassenverordnungen») no pueden considerarse actos legislativos nacionales específicos a efectos de lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 1 de la Directiva EIA. En realidad, esos decretos ni cubren todos los detalles de un proyectos de carretera determinado (en Austria suelen exigirse otros permisos para autorizar este tipo de construcción) ni son auténticos actos legislativos (son emitidos por las autoridades, y no por medio de una Ley adoptada por el Parlamento). Ahora bien, la Directiva EIA no estipula que se requiera un procedimiento único de autorización (letra a) del artículo 2). Los Estados miembros tienen la libertad de integrar la evaluación de las repercusiones sobre el medio ambiente en los procedimientos existentes de autorización o en cualquier otro procedimiento, con arreglo al apartado 2 del artículo 2 de la Directiva EIA. Así pues, la integración de la evaluación de impacto ambiental para un proyecto vial en el «Trassenverordnung» no puede considerarse per se una infracción de la Directiva EIA.

----

(1)DO L 73 de 14.3.1997, p. 5.

(2)DO L 175 de 5.7.1985.

----

----

(2004/C 88 E/0275)

PREGUNTA ESCRITA E-1010/04

de Johannes Voggenhuber (Verts/ALE) a la Comisión

(1 de abril de 2004)

Asunto:   Autopista de Lobau

La República de Austria tiene la intención de construir una autopista en la zona del parque nacional de Lobau. La reserva natural de Lobau fue notificada por la República de Austria a la Comisión como reserva ornitológica de acuerdo con la Directiva 70/409/CEE (1) y como hábitat natural de la fauna y flora silvestre de acuerdo con la Directiva 92/43/CE (2).

Está previsto reducir el borde de esa zona protegida. La autopista planeada penetrará por ese sector en el área protegida para continuar después de forma subterránea. Un trazado diferente del recorrido, que no tocase la reserva natural de Lobau, es técnicamente posible.

Además está planeado ensanchar a cuatro o seis carriles (más dos arcenes) y en dirección a la autopista planeada una carretera que corre paralela e inmediata a la reserva natural.

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(30 de abril de 2004)

El lugar denominado «Nationalpark Donau-Auen (Wiener Teil)» (AT1301000) fue designado por Austria zona de protección especial (ZPE) en virtud de la Directiva sobre Aves (3) y propuesto como lugar de interés comunitario (LIC) en virtud de la Directiva sobre Hábitats (4). Este lugar tiene una superficie de 2 258 hectáreas. En los alrededores, el lugar «Donau-Auen östlich von Wien», en Austria Inferior, fue designado ZPE (AT1204V00) con una superficie de 9 172 hectáreas y propuesto como LIC (AT1204000) con una superficie de 9 579 hectáreas. Ambos tipos de lugares, ZEP y LIC, configuran la red Natura 2000.

En lo que se refiere a las preguntas específicas de Su Señoría, la Comisión desea aportar las respuestas siguientes:

----

(1)DO L 103 de 25.4.1979, p. 1.

(2)DO L 206 de 22.7.1992, p. 7.

(3)  Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres, modificada por la Directiva 91/244/CEE de la Comisión, de 6 de marzo de 1991 — DO L 115 de 8.5.1991.

(4)  Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.

----

----

(2004/C 88 E/0276)

PREGUNTA ESCRITA E-1015/04

de Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) a la Comisión

(5 de abril de 2004)

Asunto:   Pesca de camarón en Svalbard

La pesca del camarón de Svalbard por parte de la flota comunitaria se ve seriamente dificultada por la obligación de simultaneidad máxima de 4 unidades de la flota de la UE. Esta práctica impuesta tiene lugar desde hace algunos años, por lo que existe el peligro de que se consolide con el consiguiente perjuicio para la flota comunitaria, que no puede utilizar todo el esfuerzo pesquero que tiene asignado anualmente (519 días). A todo ello, hay que añadir que dicha limitación tiene lugar en el corto intervalo de meses durante el cual se puede acceder a dicha zona, debido a las condiciones climáticas adversas que se dan en ella durante la mayor parte del año. La Comisión Europea indicaba el 8 de mayo de 2002 en su respuesta a mi pregunta escrita E-1037/02 (1) que era plenamente consciente de las dificultades que la situación de esta pesquería planteaba a los Estados miembros interesados y posteriormente, el 26 de enero de 2004, en su respuesta a mi pregunta escrita E-3581/03 (2), señalaba que «el tema de mejorar las condiciones de acceso para la flota camaronera comunitaria a la zona de Svalbard se ha tratado con Noruega en varias ocasiones, la última de las cuales fue una reunión de alto nivel celebrada en marzo de 2003», y que «Noruega no está dispuesta a considerar un aumento de los días de pesca, pero ha indicado que podría considerar un aumento del número de buques permitidos en la zona simultáneamente. Sin embargo, condicionan dicho aumento del número de buques a una solución satisfactoria para Noruega de una serie de otros asuntos pendientes, incluida la mejora de las condiciones de exportación de camarones noruegos a la Unión Europea. La Comisión ha acordado con Noruega celebrar otra reunión de alto nivel, en principio en junio 2004, para proseguir el diálogo y buscar, entre otros asuntos, una solución satisfactoria a los problemas de acceso de la flota camaronera comunitaria a Svalbard».

Teniendo en cuenta que hasta ahora sigue sin producirse ningún progreso en esta situación y que ciertas flotas comunitarias como la que faenaba en NAFO han visto seriamente recortadas sus capturas, lo que exige un esfuerzo suplementario para encontrar alternativas, ¿es consciente la Comisión del perjuicio que el estancamiento actual de las negociaciones con Noruega tiene para la flota de la UE?

Teniendo en cuenta que la única petición de la flota de la UE es la de una mayor simultaneidad de buques en la zona en cuestión y que Noruega podría estar de acuerdo con la misma, ¿no considera la Comisión oportuno en estos momentos un adelantamiento de dicha reunión de alto nivel, prevista para junio, a unas fechas más próximas para poder así eliminar esta situación tan perjudicial con mayor antelación?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(28 de abril de 2004)

La Comisión debe repetir que se han celebrado varias veces conversaciones con Noruega para intentar solucionar el problema pendiente de la pesca del camarón por la flota comunitaria en Svalbard. La postura de Noruega al respecto no ha cambiado durante cierto tiempo pese a la intervención de la Comisión. Noruega sigue pretendiendo unas mejores condiciones comerciales para sus exportaciones de camarones a cambio de cualquier mejora de las condiciones de acceso a sus aguas de los buques comunitarios.

Mientras que la Comunidad y Noruega celebrarán sus próximas conversaciones de alto nivel reconocidas en junio de 2004, se mantienen constantemente contactos oficiosos con Noruega sobre las condiciones de la pesca del camarón. La Comisión ya colabora estrechamente con los Estados miembros para garantizar una mejor distribución de los días de pesca disponibles. La Comisión se reunió por última vez con los Estados miembros sobre este asunto en marzo de 2004.

La Comisión es muy sensible a los problemas encontrados por ciertos Estados miembros en relación con sus posibilidades de pesca. Le gustaría ver mejoras reales de las condiciones de pesca. La Comisión no cree que adelantar las conversaciones de alto nivel a una fecha más temprana vaya a ayudar a la postura de la Comunidad al respecto.

----

(1)DO C 229 E de 26.9.2002, p. 172.

(2)DO C 78 E de 27.3.2004, p. 830.

----

----

(2004/C 88 E/0277)

PREGUNTA ESCRITA E-1023/04

de Ilda Figueiredo (GUE/NGL) a la Comisión

(5 de abril de 2004)

Asunto:   Modernización de la flota pesquera portuguesa

Teniendo en cuenta que existen proyectos importantes para modernizar la flota pesquera registrada en los puertos portugueses de Peniche, Nazaré, Sesimbra y Setúbal, donde la pesca costera y artesanal representa una actividad de enorme importancia para la población local y el desarrollo regional, además del proyecto de construcción de una nueva planta conservera en Setúbal, resulta inadmisible que se haya suspendido la presentación de nuevas candidaturas en el marco del Programa MARE (programa de desarrollo sostenible del sector pesquero, MCA III para 2000-2006), como acaba de hacer el Gobierno portugués con la Orden no 252/2004 de 8 de marzo, para la Región de Lisboa y Valle del Tajo, alegando una falta de recursos financieros.

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(30 de abril de 2004)

La región «Lisboa e Vale do Tejo» es una región en fase de exclusión gradual dentro del objetivo no 1, razón por la cual se le aplica un límite máximo impuesto por el perfil de Berlín para los Fondos Estructurales canalizados a través del marco comunitario de apoyo. Ello supone que cualquier incremento de las dotaciones financieras del instrumento financiero de orientación de la pesca (IFOP) para la región debe ir acompañado de una reducción equivalente en lo que respecta a los restantes fondos.

La ayuda del IFOP a la región, fijada en 32,988 millones de euros para el período 2000-2006, se canaliza exclusivamente a través del programa operativo (PO) Mare. Por otra parte, los compromisos realizados hasta ahora ascienden a 30,2 millones de euros y los proyectos presentados a fecha de la publicación de la Portaria no 252/2004 ascendían al triple de las disponibilidades de créditos.

De conformidad con el apartado 1 del artículo 9 del Reglamento (CE) no 2792/1999 del Consejo, de 17 de diciembre de 1999, por el que se definen las modalidades y condiciones de las intervenciones con finalidad estructural en el sector de la pesca (1), las ayudas públicas a la renovación de buques pesqueros ya no se autorizarán después del 31 de diciembre de 2004.

No obstante, para satisfacer las necesidades suplementarias de créditos del IFOP, en la evaluación intermedia de la programación, contemplada en el apartado 2 del artículo 14 del Reglamento (CE) no 1260/1999 del Consejo, de 21 de junio de 1999, por el que se establecen disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales (2), está previsto reforzar financieramente las medidas del IFOP con la atribución de una parte de la reserva de eficacia y efectuar pequeños ajustes con la transferencia de créditos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) al IFOP. A pesar de ello, dado el número de proyectos en cartera, las posibilidades de incremento de las dotaciones del IFOP pueden resultar finalmente insuficientes, pero el límite máximo impuesto por el perfil de Berlín a las regiones en fase de exclusión gradual impide cualquier incremento de la ayuda comunitaria.

----

(1)DO L 337 de 30.12.1999.

(2)DO L 161 de 26.6.1999.

----

----

(2004/C 88 E/0278)

PREGUNTA ESCRITA P-1027/04

de Marie Isler Béguin (Verts/ALE) a la Comisión

(26 de marzo de 2004)

Asunto:   Respeto de la legislación comunitaria medioambiental

La conservación y restauración de la biodiversidad son objetivos propios del cometido de la Comisión. El espacio comunitario dispone de instrumentos que permiten a priori afrontar tales desafíos. Se trata, entre otros, de las Directivas sobre las aves y los hábitats y de la Directiva relativa a los estudios sobre el impacto. Los Estados miembros han incorporado a su derecho interno las principales disposiciones de dicho marco comunitario.

No obstante, el balance actual de las transposiciones, especialmente en Francia, no es satisfactorio, desgraciadamente. En efecto, los programas de reestructuración son una fuente importante de impacto en la diversidad, por lo que la instrucción previa a la ejecución de los proyectos de reestructuración, especialmente en los lugares de Natura 2000, debería integrar correctamente el imperativo de conservación.

Los casos de la A831 en las marismas de Poitou o de la autopista A28 en Sarthe demuestran que los procedimientos aplicados están muy lejos de responder al objetivo de tales textos. Efectivamente, siguen estando en vigor los enfoques sectoriales, que permiten restar importancia a los daños y eludir la obligación de escoger las soluciones menos perjudiciales para los lugares de NATURA 2000. Los procedimientos de instrucción resultan así muy poco diferentes de los estudios de impacto tradicionales, que hacen caso omiso de hecho del estatuto de protección estricta de determinadas especies o hábitats por destrucción directa o fragmentación de los biotopos. Además, la utilización por los promotores de la obra impactante de las disposiciones de excepción se convierte en una regla de instrucción y contribuye a vaciar de contenido las directivas citadas en el momento en que la conservación de la biodiversidad debería integrarse en las políticas públicas.

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(21 de abril de 2004)

Respecto al marco general a que se refiere Su Señoría, la Comisión recuerda que las Directivas 79/409/CEE del Consejo, de 2 abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres (1) y 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (2) prevén la protección de las especies de aves y de los hábitas dentro del objetivo general de conservación y restauración de la diversidad biológica.

Las Directivas 79/409/CEE y 92/43/CEE descansan en el principio de subsidiariedad. Los Estados miembros disponen, pues, de un amplio margen de maniobra para llevar a la práctica medidas específicas de gestión y protección en los espacios de la red Natura 2000. De este modo, cada Estado miembro es responsable de la aplicación del Derecho comunitario dentro de su ordenamiento jurídico interno. Ahora bien, aunque los Estados miembros son libres de elegir el método para llevar a la práctica esas medidas, éstas han de adecuarse al objetivo general de las directivas y a los fines específicos de las diferentes disposiciones.

La Comisión, por su cometido de tutela de la correcta aplicación del Derecho comunitario que le confiere el artículo 211 del Tratado CE, interviene ante un Estado miembro cada vez que los hechos denunciados ponen de manifiesto la inobservancia de requisitos impuestos por la legislación comunitaria vigente.

Sobre los casos que cita Su Señoría, la Comisión ha dirigido varias solicitudes de información a las autoridades francesas como parte de la instrucción de una denuncia del proyecto de autopista A 831 en las marismas de Poitou, para cuya realización no se ha llegado a una decisión definitiva por el momento. Aunque la Comisión está actualmente instruyendo el caso, ha dirigido un dictamen motivado a las autoridades francesas por incumplimiento de lo dispuesto en la Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (3), modificada por la Directiva 97/11/CE del Consejo de 3 de marzo 1997 (4), y de lo dispuesto en la Directiva 92/43/CEE respecto a las operaciones de concentración parcelaria relacionadas con la construcción de la autopista A28 en el tramo comprendido entre Le Mans y Tours.

La Comisión adoptará todas las medidas necesarias para garantizar la integridad y coherencia de los lugares de la red Natura 2000, incluyéndose en ellas la incoación de procedimientos de infracción cuando se demuestre su necesidad.

----

(1)DO L 103 de 25.4.1979.

(2)DO L 206 de 22.7.1992.

(3)DO L 175 de 5.7.1985.

(4)DO L 73 de 14.3.1997.

----

----

(2004/C 88 E/0279)

PREGUNTA ESCRITA P-1028/04

de Nicole Thomas-Mauro (UEN) a la Comisión

(26 de marzo de 2004)

Asunto:   Tensión en el mercado del acero

Se está registrando una tensión muy fuerte en el mercado del acero, cuyo precio está aumentando. Si bien los grandes compradores, que consiguen contratos a un año vista, no se ven perjudicados por estos incrementos, al menos de momento, las empresas más pequeñas están penalizadas de forma directa. Las empresas europeas ya no pueden abastecerse, por falta de materia prima disponible. Las empresas de la región francesa de Champaña-Ardenas, por ejemplo, están afectadas de lleno y no pueden cumplir sus compromisos con los clientes. Están anunciando que, en unas semanas, ya no podrán producir, y algunas de ellas ya han tomado medidas para someter a su personal a paro técnico.

Algunos opinan que los verdaderos motivos de estos incrementos de precio están vinculados con las compras llevadas a cabo por China, que supuestamente acapara el 70 % del mercado mundial. Sin embargo, el discurso de los representantes de las federaciones profesionales de la industria o del sector de la construcción es mucho más matizado. Si bien nadie pone en duda la realidad del crecimiento chino, las presiones sobre el precio de la materia prima (mineral de hierro, chatarra de hierro, coque), e incluso el coste del transporte marítimo, muchos compradores apuntan a Arcelor, el número uno mundial que, tras un período de crisis, saca partido de la situación, reconstituyendo sus márgenes.

¿Qué soluciones pueden contemplarse para evitar las numerosas repercusiones de esta subida de precios? Y sobre todo, ¿cómo hacer frente al riesgo de escasez que se produciría si perdurara la situación actual?

¿Puede contemplarse una limitación de las exportaciones de hierro viejo por parte de los países productores, especialmente los de Europa central, con el fin de reequilibrar las cantidades de materia prima disponible y la demanda de acero?

Respuesta del Sr. Liikanen en nombre de la Comisión

(15 de abril de 2004)

La Comisión presta un gran atención a la evolución del mercado mundial del acero y de las materias primas necesarias para su producción. En especial, estudia el impacto en el mercado y en los precios comunitarios de la creciente demanda de estos productos en la región asiática. Gran parte de las dificultades que afronta actualmente el mercado comunitario se derivan del espectacular desarrollo industrial de China. Esto ha provocado, debido a su creciente necesidad de materiales básicos, una tensión en el mercado y un fuerte aumento de los precios a escala mundial.

La Comunidad es un importante productor y exportador de acero y de chatarra y, por el momento, su suministro en ambos productos no plantea problemas. No obstante, en un momento como el actual, caracterizado por una demanda y unos precios mundiales en fuerte crecimiento, todos los operadores han de equilibrar cuidadosamente sus compras y sus existencias para minimizar la incidencia de una exposición financiera en aumento en la actividad de la empresa. El productor siderúrgico Arcelor se enfrenta a esta necesidad al igual que los demás operadores del ramo de la producción y la distribución. Entre ellos, sin embargo, las empresas de pequeño tamaño disponen de una capacidad negociadora reducida con respecto a los grandes clientes que compran ingentes toneladas de producto.

La Comisión comparte la visión prudente y ecuánime de Su Señoría acerca de la situación actual. El mercado comunitario afronta en este momento una fuerte presión de precios y no tanto un problema de disponibilidad del producto. De forma general, los operadores han podido repercutir las subidas de precios en sus clientes, lo que les ha permitido mantener su nivel de competitividad a la espera de que afloje la presión actual de precios. Desde hace algunas semanas observamos una ralentización significativa de la demanda asiática, lo que incide inmediatamente en el nivel de precios mundiales. Si bien es prematuro sacar conclusiones, se trata, no obstante, de indicios prometedores.

La Comisión desea confirmar a Su Señoría su compromiso en seguir observando con la mayor atención la evolución del mercado del acero y de sus materias primas, utilizando todos los instrumentos a su alcance para garantizar que el comercio mundial de estos productos funcione respetando las normas de competencia abierta y leal.

----

----

(2004/C 88 E/0280)

PREGUNTA ESCRITA P-1038/04

de Avril Doyle (PPE-DE) a la Comisión

(29 de marzo de 2004)

Asunto:   Directiva propuesta para inspeccionar las instalaciones nucleares de Sellafield

¿Puede confirmar la Comisión:

Respuesta de la Sra. de Palacio en nombre de la Comisión

(30 de abril de 2004)

La Comisión confirma que el 30 de marzo de 2004 fue adoptada una Directiva basada en el artículo 82 del Tratado Euratom.

De acuerdo con el artículo 82 del Tratado Euratom, los inspectores de la Comisión serán responsables de la obtención y comprobación de las relaciones a que se alude en el artículo 79. Darán cuenta de toda infracción a la Comisión. La Comisión podrá adoptar una directiva para intimar al Estado miembro de que se trate a tomar todas las medidas necesarias para poner fin a tales infracciones.

La Comisión considera que British Nuclear Fuels plc ha infringido los artículos 79 y 81 del Tratado Euratom por no haber realizado y mantenido las relaciones que hubieran permitido contabilizar todo el material nuclear almacenado en la piscina Β30 de Sellafield (Reino Unido) y por no permitir a los inspectores de la Comisión la verificación de todo el material nuclear almacenado en dicha piscina debido a razones de protección contra las radiaciones.

La Directiva obliga al Reino Unido a presentar, antes del 1 de mayo de 2004, un plan completo que ponga fin a estas infracciones. Deberá presentar también a la Comisión un informe semestral sobre los avances del proceso. Sobre la base de estos informes y de sus propias comprobaciones, la Comisión juzgará acerca del cumplimiento por parte del Reino Unido de las obligaciones impuestas por la Directiva.

Finalmente, de acuerdo con el Reglamento (Euratom) no 3 (1), la información adquirida por la Comunidad o comunicada por los Estados miembros con arreglo al Tratado Euratom y clasificada con arreglo a una escala de regímenes de secreto será considerada «conocimientos secretos de la Euratom (CSE)». Sólo estarán facultados para acceder y poseer los CSE las personas autorizadas y que, además, en razón de sus funciones, tengan necesidad absoluta de conocerlos o de recibirlos.

No obstante, desde 2001 la Comisión presenta anualmente un informe al Parlamento y al Consejo sobre la operación del Control de Seguridad de Euratom (2), en donde se describe el objetivo y la base jurídica del Control de Seguridad Euratom y se pasa revista a sus actividades en el período considerado. También informa sobre los acontecimientos más recientes e incluye unas proyecciones para el futuro.

En los próximos informes se hará una referencia sistemática a los avances realizados por las autoridades del Reino Unido en relación con la aplicación de la mencionada Directiva.

----

(1)  Reglamento no 3 relativo a la aplicación del artículo 24 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, DO 17 de 6.10.1958.

(2)  Véase en http://europa.eu.int/comm/energy/nuclear/safeguards/index_en.htm.

----

----

(2004/C 88 E/0281)

PREGUNTA ESCRITA P-1039/04

de Daniel Cohn-Bendit (Verts/ALE) a la Comisión

(29 de marzo de 2004)

Asunto:   Candidatura de la Comisaria Reding para las elecciones europeas

La Comisaria Reding participará en las elecciones europeas como candidata, sin renunciar a sus funciones actuales durante el período de la campaña electoral, contrariamente a lo que se convino con la antigua Comisaria de Empleo, Sra. Diamantopoulou.

¿Por qué no puede haber una norma general aplicable durante los períodos de campañas electorales en el seno del Colegio de Comisarios? ¿No considera útil la Comisión la elaboración de un reglamento claro en el seno de su Colegio a fin de evitar conflictos de intereses entre las funciones de los Comisarios y los intereses de los candidatos?

Respuesta del Sr. Prodi en nombre de la Comisión

(28 de abril de 2004)

En virtud de las prácticas vigentes en la Comisión, todo miembro del Colegio tiene obligación de informar oportunamente al Presidente de su intención de proclamarse candidato a un cargo electivo y de su participación prevista en la campaña electoral correspondiente. Cuando el Comisario candidato tenga previsto participar activamente en la campaña, dicha participación activa implica que el Comisario en cuestión se abstendrá de participar en los trabajos del Colegio mientras dure la campaña electoral (1). Se pretende así evitar, por una parte, el riesgo de conflicto de intereses y, por otro, garantizar al Comisario interesado la máxima libertad de acción y expresión que sea acorde con el principio de colegialidad.

Por lo que se refiere a la situación de los Comisarios que, pese a figurar en listas electorales, no participan de manera activa en la campaña electoral, corresponde al Comisario interesado, en concertación con el Presidente y teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso, apreciar si tal situación es compatible con su participación en los trabajos del Colegio.

En el caso de la Sra. Reding, dado que la Comisaria se ha comprometido con el Presidente a no participar activamente en la campaña electoral, se ha considerado que su candidatura no le impedía seguir disponible al servicio de la Comisión y no planteaba riesgos de conflicto de intereses. Habida cuenta de estos compromisos, nada impide a la Sra. Reding participar en los trabajos del Colegio durante el período en cuestión.

Esta conclusión es compatible con el Código de Conducta de los Comisarios, que establece que los Comisarios podrán ser miembros activos de partidos políticos siempre y cuando su actividad no les impida estar disponibles al servicio de la Comisión.

En función de la experiencia que vaya acumulándose, el futuro Presidente de la Comisión podrá estudiar si es necesario establecer una norma general aplicable durante los períodos de la campaña electoral al Colegio de Comisarios.

----

(1)  Véanse a este respecto las respuestas a las preguntas escritas no 124/68, DO C 83 de 23.8.1968 — no 858/76, DO C 70 de 21.3.1977— y 2752/94, DO C 88 de 10.4.1995.

----

----

(2004/C 88 E/0282)

PREGUNTA ESCRITA E-1051/04

de Paulo Casaca (PSE) a la Comisión

(5 de abril de 2004)

Asunto:   Confirmación de la posición de la Comisión Europea sobre la validez del artículo 15 del Reglamento (CE) no 1954/2003

El 12 de marzo del presente año, el Servicio Jurídico del Consejo (nota 7327/04) confirmó su posición por la que reconoce la validez de la totalidad del artículo 15 del Reglamento (CE) no 1954/2003 (1).

En esa misma fecha, el Comisario Fischler me escribió una carta en la que reconoce que los Reglamentos 685 y 2027 de 1995 (Reglamentos que establecen la exclusividad de pesca en la ZEE portuguesa de las Açores para los buques con licencias concedidas por las autoridades nacionales portuguesas) siguen vigentes.

Para mi gran sorpresa, el Comisario Fischler ha declarado ayer a la televisión portuguesa que los buques españoles pueden pescar en la ZEE portuguesa de las Açores si cuentan con licencia para ello.

¿Sabe la Comisión si las autoridades portuguesas han concedido alguna licencia a buques españoles, con efecto a partir del 1 de enero de 2004, para pescar en la ZEE portuguesa de las Açores?

En caso contrario, ¿puede explicar la Comisión cómo compatibiliza las dos afirmaciones?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(30 de abril de 2004)

La Comisión comunica a Su Señoría que las autoridades portuguesas no han concedido ninguna licencia de pesca a buques españoles, con efecto desde el 1 de enero de 2004, para faenar en la zona económica exclusiva (ZEE) portuguesa de las Azores.

Respecto a la aplicación del régimen de 1995 y del instaurado por el Reglamento (CE) no 1954/2003 del Consejo, de 4 de noviembre de 2003 (2), la Comisión reafirma su posición, que es la siguiente:

----

(1)DO L 289 de 7.11.2003, p. 1.

(2)  Reglamento (CE) no 1954/2003 del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, sobre la gestión del esfuerzo pesquero en lo que respecta a determinadas zonas y recursos pesqueros comunitarios, por el que se modifica el Reglamento (CEE) no 2847/93 y se derogan los Reglamentos (CE) no 685/95 y (CE) no 2027/95, DO L 289 de 7.11.2003.

(3)  Reglamento (CE) no 2027/95 del Consejo, de 15 de junio de 1995, por el que se establece un régimen de gestión del esfuerzo pesquero relativo a determinadas zonas y recursos pesqueros comunitarios, DO L 199 de 24.8.1995.

----

----

(2004/C 88 E/0283)

PREGUNTA ESCRITA E-1076/04

de Christopher Heaton-Harris (PPE-DE) a la Comisión

(6 de abril de 2004)

Asunto:   Pescadores de berberechos y mejillones

¿Podría confirmar la Comisión si los pescadores de berberechos y mejillones del norte de Irlanda reciben subvenciones de la UE? De ser así, ¿podría ofrecer detalles sobre el importe de estas subvenciones y cómo se obtienen?

¿Tendrían derecho también los pescadores de berberechos y mejillones de Boston, en la región de East Midlands, a tales subvenciones?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(30 de abril de 2004)

La Comisión confirma que no se ha concedido ninguna subvención a los pescadores de berberechos y mejillones de Irlanda del Norte. No obstante, estos pescadores pueden beneficiarse indirectamente de una ayuda en favor de los equipamientos portuarios y de una ayuda para la modernización de los buques con el fin de mejorar la calidad. Los transformadores de moluscos también pueden beneficiarse de una ayuda para la transformación, la comercialización y la promoción de los productos conquilícolas. En el pasado, los proyectos de conquilicultura con derecho a ayuda se beneficiaron de la financiación a través de los programas de acuicultura financiados por el Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca (IFOP).

En lo que atañe a Boston, el IFOP ofrece a los pescadores de berberechos y mejillones los mismos tipos de ayuda, es decir, ayuda para los equipamientos portuarios, para la modernización de los buques con el fin de mejorar la calidad y para la transformación, la comercialización y la promoción de los productos conquilícolas. No obstante, para que esta ayuda pueda concederse la autoridad de gestión competente debe incluir estas medidas en su programa.

----

----

(2004/C 88 E/0284)

PREGUNTA ESCRITA P-1078/04

de Philip Claeys (NI) a la Comisión

(1 de abril de 2004)

Asunto:   Neutralidad política del Centro Infopoint Europa en la provincia belga del Brabante flamenco

El 15 de abril de 2004, el Centro Infopoint Europa del Brabante flamenco organiza en la Diputación Provincial de Lovaina un debate sobre las elecciones europeas. Si bien en Flandes cinco partidos con representación parlamentaria van a participar en las próximas elecciones europeas, a dicho debate sólo se ha invitado a representantes de tres partidos, a saber, a Marianne Thyssen (partido democristiano, CD & V), a Säid El Khadraoui (partido socialista, SP.A) y a Dirk Sterckx (partido liberal, VLD). No se ha invitado al pequeño partido de los «Verdes». Tampoco al Vlaams Blok (partido nacionalista flamenco) que, sin embargo, fue el tercer partido en Flandes en las anteriores elecciones europeas. Preguntado por teléfono al respecto, el Centro Infopoint Europa ha comunicado que el debate iba a tratar sobre la provincia del Brabante flamenco y sobre Europa. Sin embargo, uno de los participantes no reside en la provincia, mientras que uno de los dos diputados europeos del Vlaams Blok sí reside en esa provincia. Resulta que el Centro Infopoint Europa y la provincia del Brabante flamenco han decidido no invitar al Vlaams Blok sobre una base absolutamente arbitraria. Por lo visto, el Centro Infopoint Europa del Brabante flamenco sólo desea difundir una parte de la información referente al Parlamento Europeo.

En el folleto de invitación figuran, además de los logotipos del Centro Infopoint Europa (que recibe ayuda financiera de la Comisión) y de la provincia del Brabante flamenco, también la bandera europea.

¿Considera normal la Comisión que un servicio público parcialmente financiado por ella excluya arbitrariamente a partidos políticos del debate público?

¿No han de atenerse los centros provinciales Infopoint Europa a una neutralidad política?

¿Qué medidas están previstas para evitar tales situaciones indebidas?

Respuesta del Sr. Prodi en nombre de la Comisión

(30 de abril de 2004)

La Comisión agradece la pregunta a Su Señoría.

La Comisión desea señalar a Su Señoría que el debate «U stemt toch ook voor Europa?» fue organizado por el Infopoint Europe de Lovaina, y no por los servicios de la Comisión.

Al igual que los otros enlaces de información para el gran público que subvenciona la Comisión, este Infopoint está albergado en una estructura de acogida, la provincia del Brabante flamenco (Provincie — Vlaams-Brabant), vinculada a la Comisión por un convenio. Según este convenio, la estructura de acogida y su Infopoint actúan en nombre propio y asumen la entera responsabilidad de la información que proporcionan al público y de las acciones que realizan para ello.

Sus objetivos y actividades deben inscribirse en los principios y los objetivos de la Unión, y respetar la pluralidad de opinión de sus ciudadanos. Tras recabar información en este caso, la Comisión no ha observado ninguna violación de estos principios.

----

----

(2004/C 88 E/0285)

PREGUNTA ESCRITA P-1083/04

de Rolf Linkohr (PSE) a la Comisión

(1 de abril de 2004)

Asunto:   Mecanismos de proyectos del Protocolo de Kyoto

¿Puede decir la Comisión qué Estados miembros han celebrado ya acuerdos con Estados terceros sobre la utilización de los mecanismos de proyectos?

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(30 de abril de 2004)

En virtud de la Decisión no 280/2004/CE, relativa a un mecanismo para el seguimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero en la Comunidad y para la aplicación del Protocolo de Kyoto, que entró en vigor el 10 de marzo de 2004, los Estados miembros deberán presentar información sobre el uso (previsto) de los mecanismos flexibles del Protocolo de Kyoto a partir del 15 de marzo de 2005 (y cada dos años a partir de entonces).

Para obtener información antes de esa fecha, la Comisión envió unos cuestionarios facultativos a los Estados miembros sobre sus intenciones y su preparación en la utilización de los mecanismos de Kyoto (artículos 6, 12 y 17 del Protocolo). Ahora bien, la información recibida ha sido muy limitada y no es suficiente para proporcionar una visión de conjunto completa. Seis Estados (Bélgica, España, Países Bajos, Austria, Portugal y Reino Unido) ya han decidido, en principio, utilizar estos mecanismos de Kyoto además de sus medidas y políticas nacionales para cumplir sus objetivos en el primer período de compromiso. Dos Estados miembros han presentado sus primeras estimaciones cuantitativas. Puede hallarse un resumen un poco más preciso en el último informe (1) de la Comisión en virtud de la Decisión 93/389/CEE del Consejo, de 24 de junio de 1993 (2), modificada por la Decisión 1999/296/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa a un mecanismo de seguimiento de las emisiones de CO2 y de otros gases de efecto invernadero en la Comunidad (3).

Ahora bien, puede encontrarse más información sobre la utilización prevista de los mecanismos flexibles en los planes nacionales de asignación de los Estados miembros para el período 2005-2007 de comercio de derechos de emisión, especialmente en aquellos casos en que dicha utilización es crucial para que un Estado miembro alcance sus objetivos de emisiones en virtud del Protocolo de Kyoto.

----

(1)  COM(2003) 735 final.

(2)DO L 167 de 9.7.1993.

(3)DO L 117 de 5.5.1999.

----

----

(2004/C 88 E/0286)

PREGUNTA ESCRITA P-1105/04

de Massimo Carraro (PSE) a la Comisión

(5 de abril de 2004)

Asunto:   Situación de las materias primas

Los precios de numerosas materias primas como el aluminio, el cobre, el coque y la chatarra, fundamentales para una serie de producciones industriales indispensables para la economía europea, ha experimentado un incremento tan importante que provoca situaciones de penuria en la producción.

Esta situación del mercado de la siderurgia en Europa cabe achacarla en buena medida a la acción de China que, a pesar de su ingreso en la OMC, ha mantenido restricciones cuantitativas a los intercambios.

¿No considera la Comisión que es necesario:

----

----

(2004/C 88 E/0287)

PREGUNTA ESCRITA P-1148/04

de Renato Brunetta (PPE-DE) a la Comisión

(6 de abril de 2004)

Asunto:   Disponibilidad de chatarra de hierro en el mercado de la Unión

Es bien sabido que el aumento exagerado del consumo de productos derivados del acero en los países del Lejano Oriente (China, India, Taiwan, Tailandia) y la importante reactivación del consumo en los EE.UU. han llevado a un aumento masivo y violento de las compras de chatarra de hierro en el territorio de la Unión. Los productores europeos de acero no sólo deben hacer frente a un aumento vertiginoso del precio (de 70 a 250 euros por tonelada), sino también a graves problemas de disponibilidad de la chatarra, que a menudo han provocado cierres de producción, con las lógicas consecuencias en materia de respeto de los contratos de suministro. El aumento del precio de la chatarra ha llevado lógicamente al aumento de los productos siderúrgicos acabados.

A la vista del principio, reafirmado en numerosas ocasiones por el Parlamento Europeo, de la necesidad estratégica de que la Unión pueda contar con una producción europea independiente fuerte y competitiva y de la importancia de los productos de la siderurgia para toda la cadena de precios de los productos industriales de gran consumo,

----

----

(2004/C 88 E/0288)

PREGUNTA ESCRITA E-1161/04

de Mario Mauro (PPE-DE) a la Comisión

(20 de abril de 2004)

Asunto:   Sector de la siderurgia: falta de materia prima

Europa está atravesando una grave crisis de la siderurgia, de la fundición del acero y, por extensión, de todos los grandes usuarios del acero, desde las empresas de construcción a la industria del automóvil y de los electrodomésticos.

La crisis es el resultado de dos factores: por un lado, la decisión de China de limitar la exportación de coque, con graves repercusiones para Europa; por otro, el aumento del precio de la chatarra, debido a la falta real de materia prima pero también como resultado de la especulación.

La falta de materia prima en lo que al coque y a la chatarra respecta evidencia de modo dramático la necesidad de Europa de poder producir de manera autónoma el coque útil para la producción de acero, sin tener que depender de la importación de países productores, que lo pone a disposición según sus propias necesidades.

La dificultad de encontrar chatarra imposibilita el suministro continuado a las acerías de horno eléctrico, lo que pone en entredicho su propia supervivencia.

¿Podría indicar la Comisión qué medidas ha previsto para incrementar la «circulación» de materia prima en el mercado?

Respuesta común

a las preguntas escritas P-1105/04, P-1148/04 y E-1161/04

dada por el Sr. Liikanen en nombre de la Comisión

(29 de abril de 2004)

Se remite a Sus Señorías a las respuestas de la Comisión a las preguntas escritas P-0949/04 del Sr. Costa (1), E-1020/04 de la Sra. Muscardini (2) y P-1028/04 de la Sra. Thomas-Mauro (3).

----

(1)DO C 84 E de 3.4.2004, p. 698.

(2)DO C 84 E de 3.4.2004, p. 929.

(3)  Ver página 275.

----

----

(2004/C 88 E/0289)

PREGUNTA ESCRITA E-1110/04

de Christine De Veyrac (PPE-DE) a la Comisión

(14 de abril de 2004)

Asunto:   Redes transeuropeas de transporte

El Consejo y el Parlamento Europeo están finalizando la elaboración de la lista de proyectos prioritarios de las redes transeuropeas de transporte.

¿Puede indicar la Comisión a qué autoridad corresponde adoptar la decisión de definir el trazado exacto de dichos proyectos?

¿Corresponde a la Comisión, habida cuenta de su poder de ejecución con respecto a dicha decisión?

¿Corresponde al Parlamento y al Consejo, colegisladores y codecisores en relación con este expediente?

¿Corresponde a cada Estado miembro, para la parte del proyecto que se sitúe dentro de su territorio?

¿Se consultará a las autoridades locales?

Por último, ¿puede aclarar la Comisión en qué medida se integrarán a las asociaciones locales y a los ciudadanos en el proceso de definición de los trazados mencionados?

Respuesta de la Sra. de Palacio en nombre de la Comisión

(30 de abril de 2004)

La determinación del trazado exacto de los proyectos prioritarios corresponde al promotor del proyecto, que puede ser el Estado, una región o una administración local, según el ordenamiento legal del Estado miembro de que se trate. La Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente (1), y la Directiva 85/337/CEE, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (2), aplicables a esos proyectos, y los procedimientos nacionales referentes a la concesión de autorizaciones y licencias de obras, que también les son aplicables, obligan a consultar a todas las partes interesadas.

----

(1)DO L 197 de 21.7.2001.

(2)DO L 175 de 5.7.1985. Directiva modificada por la Directiva 97/11/CE del Consejo, de 3 de marzo de 1997 (DO L 73 de 14.3.1997).

----

----

(2004/C 88 E/0290)

PREGUNTA ESCRITA E-1114/04

de Proinsias De Rossa (PSE) a la Comisión

(14 de abril de 2004)

Asunto:   Protección civil

En el transcurso de los recientes encuentros celebrados con este diputado, la Dublin Fire Brigade Union me expresó su interés en ser consultada durante la elaboración de los futuros programas de acción comunitarios en materia de protección civil.

Con el fin de garantizar que los bomberos irlandeses estén preparados para la aplicación de los programas de acción comunitarios vigentes, los representantes de los bomberos de Dublín opinan que convendría celebrar una conferencia en la que participaran bomberos de los 25 Estados miembros y países candidatos a la adhesión.

Dicha conferencia brindaría a los responsables de la protección de los ciudadanos europeos la oportunidad de debatir sobre la coordinación de las actividades de la UE. Constituiría un paso relevante hacia la mejora de la protección y de las reacciones en caso de crisis. Este diputado considera especialmente imperativa la celebración de una conferencia de los cuerpos de bomberos y de las fuerzas policiales de la UE tras los trágicos atentados del pasado marzo en Madrid.

¿Contempla la Comisión la posibilidad de celebrar tal conferencia? En caso afirmativo, ¿qué recursos comunitarios estarían disponibles?

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(30 de abril de 2004)

El objetivo del Programa de acción comunitaria en favor de la protección civil es respaldar y complementar los esfuerzos de los Estados miembros y facilitar la cooperación, el intercambio de experiencias y la asistencia mutua entre Estados miembros en el ámbito de la protección civil. A tal efecto, la Comisión celebra consultas de forma regular con las autoridades competentes de los Estados miembros. Para aportar su contribución al futuro programa de acción en el ámbito de la protección civil, las asociaciones de cuerpos de bomberos deben mantenerse en contacto con las autoridades nacionales de protección civil.

El recientemente finalizado proyecto de lucha contra los incendios, desarrollado en el marco del Programa de acción en favor de la protección civil, prevé el establecimiento de una red de autoridades nacionales de protección civil que deberá determinar las cuestiones más urgentes que han de abordar los cuerpos de bomberos. Entre dichas cuestiones, la coordinación de actividades a nivel de la UE podría ser considerada como un gran paso adelante hacia una mayor protección y una mejor respuesta en situaciones de crisis, con la participación de los cuerpos de bomberos.

----

----

(2004/C 88 E/0291)

PREGUNTA ESCRITA P-1181/04

de Salvador Jové Peres (GUE/NGL) a la Comisión

(14 de abril de 2004)

Asunto:   Corrección por concesión no conforme de cuotas suplementarias de tomate transformado

En mi pregunta escrita P-0850/04 (1) formulé varias preguntas a la Comisión que no han recibido una respuesta pertinente. La Comisión se ha limitado a aclarar que las insuficiencias de los controles cualitativos de los productos terminados afectaba a la campaña 1997/98 y que la concesión no conforme de cuotas suplementarias afectaba a las campañas 1998/99 a 2000/2001. La Comisión se ha dignado comunicar el volumen de las cuotas suplementarias concedidas pero no el de las adjudicadas irregularmente, que son las que han debido motivar la corrección financiera. La Comisión también aclara que «En principio, todas las empresas que adquirieron, al precio mínimo, un número de materias primas superior a la cuota atribuida al principio de la campaña, se beneficiaron de las cuotas suplementarias» y que «En principio, todas las empresas que indicaron estar dispuestas a celebrar los contratos por las cantidades suplementarias, pudieron beneficiarse de las cuotas suplementarias.» Todo esto no aclara la naturaleza de las irregularidades objeto de la corrección financiera ni su alcance en las eventuales distorsiones de la competencia.

Dado que las preguntas objeto de la pregunta escrita P-0850/04 no han obtenido respuesta, me permito reformularlas:

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(29 de abril de 2004)

La Comisión remite a Su Señoría al «Informe de síntesis» anexo a su respuesta inicial, que recoge con todo detalle las comprobaciones de la Comisión (2) y la motivación de la corrección financiera.

En cuanto a las seis cuestiones planteadas por Su Señoría, le informamos de lo siguiente:

----

(1)  Ver página 237.

(2)  Ver la respuesta no AGR08472 del 24.3.2004.

----

----

(2004/C 88 E/0292)

PREGUNTA ESCRITA P-1199/04

de Helmuth Markov (GUE/NGL) a la Comisión

(14 de abril de 2004)

Asunto:   Gravamen de los créditos de la UE con el Impuesto sobre el Valor Añadido

Los receptores de créditos del FSE me han pedido que comunique a la Comisión que, en la República Federal de Alemania, dichos créditos están sujetos al IVA cuando la concesión se efectúa mediante decisiones separadas; además los receptores se ven obligados a financiar previamente los proyectos porque la puesta a disposición de los créditos por parte de la UE no se realiza de manera simultánea.

XXXXXXXXXXXXX

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(30 de abril de 2004)

Su Señoría manifiesta que los beneficiarios de ayudas otorgadas por el Fondo Social Europeo (FSE) se quejan de que, en Alemania, tales beneficiarios deben abonar el IVA cuando se trata de decisiones separadas (gesplittete Zuwendungsbescheide). Su Señoría pregunta si la Comisión considera que la asignación de ayudas, en concreto, del FSE, puede organizarse de tal manera que el beneficiario deba abonar el IVA y, por consiguiente, las subvenciones comunitarias sean objeto de imposición en el Estado miembro.

La pregunta formulada no ofrece ejemplos y, sin información más detallada, la Comisión no puede responder con precisión a los extremos planteados. Sin embargo, procede recordar que la letra a) del apartado 1 de la sección A del artículo 11 de la Sexta Directiva sobre el IVA (modificada) (1) establece que, en el interior del país, la base imponible estará constituida, en las entregas de bienes y prestaciones de servicios, por la totalidad de la contraprestación que quien realice la entrega o preste el servicio obtenga o vaya a obtener, con cargo a estas operaciones, del comprador de los bienes, del destinatario de la prestación o de un tercero, incluidas las subvenciones directamente vinculadas al precio de estas operaciones. Así pues, la imposición de las ayudas (en particular, comunitarias) no está excluida a priori, pero podría estarlo, en concreto si la subvención no constituye la contraprestación por la entrega de un bien o la prestación de un servicio, por ejemplo, si no da lugar a consumo alguno (2). Por tanto, cada caso debe examinarse por separado para determinar si entra o no en el ámbito de aplicación del IVA y, por tanto, si la operación debe o no estar sujeta a este impuesto. Velar por la correcta aplicación del Derecho comunitario en los Estados miembros corresponde, en primer lugar, a los tribunales nacionales, que pueden examinar de forma más directa e individualizada los aspectos específicos del caso y que, si lo juzgan necesario, pueden formular preguntas prejudiciales al Tribunal de Justicia. Además, los ciudadanos europeos pueden también dirigir su denuncia a la Secretaría General de la Comisión. En el sitio web de la Comisión existe un formulario cuya finalidad es ayudar al denunciante a redactar la denuncia: (http://europa.eu.int/comm/sg/lexcomm).

La subvencionalidad del IVA en las operaciones cofinanciadas por los Fondos Estructurales está regulada en el Reglamento (CE) no 1685/2000 de la Comisión (3), por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 1260/1999 del Consejo en lo relativo a la financiación de gastos de operaciones cofinanciadas por los Fondos Estructurales.

Con arreglo a la norma 7 del anexo del citado reglamento, el IVA sólo será subvencionable si es real y definitivamente soportado por el beneficiario final o por el destinatario último, con arreglo a disposiciones nacionales específicas que deberán guardar conformidad con lo establecido en la Sexta Directiva 77/388/CEE del Consejo sobre el IVA. En este caso, el IVA constituirá un gasto subvencionable y podrá incluirse entre los costes inherentes al proyecto. El IVA no será subvencionable y, en consecuencia, correrá a cargo del beneficiario final cuando éste pueda recuperarlo.

En cualquier caso, la cofinanciación comunitaria no podrá ser superior al gasto total subvencionable, descontado el IVA.

El apartado 2 del artículo 32 del Reglamento (CE) no 1260/1999 del Consejo establece que «Al efectuar el primer compromiso, la Comisión abonará a la autoridad pagadora un anticipo. Este pago será del 7 % de la participación de los Fondos en la intervención en cuestión. (...) Durante toda la intervención, la autoridad pagadora recurrirá al anticipo para sufragar la participación comunitaria en los gastos relativos a esta intervención».

Este anticipo inicial de un 7 % sobre el importe otorgado para el período 2000/2006 representa aproximadamente la mitad del importe correspondiente a una anualidad.

El uso, en su caso, de este anticipo o de cualquier otra fuente de financiación nacional para prefinanciar los proyectos individuales compete exclusivamente a los Estados miembros, en el marco de las disposiciones nacionales en materia de gestión financiera.

----

(1)  Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, en materia de armonización de las legislaciones de los estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido: base imponible, DO L 145 de 13.6.1977.

(2)  Sentencias del Tribunal de Justicia de 29 de febrero de 1996, asunto C-215/94, Mohr, Rec. 1996, p. I-959; 18 de diciembre de 1997, asunto C-384/95, Landboden-Agrardienste, Rec. 1997, p. I-7387; 22 de noviembre de 2001, asunto C-184/00, Office des produits wallons, Rec. 2001, p. I-9115; y13 de junio de 2002, asunto C-353/00, Keeping Newcastle Warm, Rec. 2002, p. 1-5419).

(3)  Modificado en última instancia por el Reglamento (CE) no 448/2004 de la Comisión, de 10 de marzo de 2004, DO L 72 de 11.3.2004.

----

----

(2004/C 88 E/0293)

PREGUNTA ESCRITA P-1202/04

de Françoise Grossetête (PPE-DE) a la Comisión

(14 de abril de 2004)

Asunto:   Definición de residuos y de sus modalidades de gestión y tratamiento

Considerando las diferentes interpretaciones dadas, en especial por parte de los Estados miembros, tanto a la definición de residuos como a sus modalidades de gestión y tratamiento, Considerando que la persistencia de tales divergencias no permite garantizar una seguridad jurídica satisfactoria ni aspirar a una gestión eficaz de los residuos en Europa,

¿De qué forma y según qué calendario prevé la Comisión reformar en profundidad la política en materia de residuos y, en especial, simplificar la definición de residuos y sus modalidades de gestión y tratamiento?

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(30 de abril de 2004)

La Comisión está examinando la política de residuos en el contexto de su estrategia temática para la prevención y el reciclado de residuos, cuya adopción está prevista en la primavera de 2005.

En lo que se refiere a la definición de los residuos, en la Comunicación «Hacia una estrategia temática para la prevención y el reciclado de residuos» (1), la Comisión indicó la posibilidad de modificar dicha definición si con ello se aportaba un valor añadido claro y se mantenía el alto nivel de protección del medio ambiente. De la consulta a las partes interesadas sobre la Comunicación se deduce que la demanda es escasa para una revisión fundamental de ese tipo, si bien podría resultar útil aclarar algunos aspectos de la definición de los residuos y, en particular, el momento en que un residuo deja de serlo. La Comisión está reflexionando sobre este asunto.

En cuanto a los distintos métodos de gestión y tratamiento de los residuos, reflejan las diferencias en las condiciones geográficas, sociales y económicas del conjunto de la Unión Europea. Si bien es cierto que conviene definir un alto nivel armonizado de protección del medio ambiente para las distintas operaciones de gestión de los residuos, es importante mantener cierta flexibilidad en la elección del tratamiento, para tener en cuenta las circunstancias locales. La Comunicación «Hacia una estrategia temática para la prevención y el reciclado de residuos» pone de manifiesto la falta de normas homogéneas en materia de instalaciones de reciclado, por lo que la estrategia temática procurará hallar soluciones al respecto.

----

(1)  COM(2003) 301 final.

----

PREGUNTAS ESCRITAS CON RESPUESTA (Parte 2)

----

(2004/C 88 E/0294)

PREGUNTA ESCRITA E-0811/02

de Michl Ebner (PPE-DE) a la Comisión

(25 de marzo de 2002)

Asunto:   Armonización en materia de normativa sobre vehículos

Recientemente ha causado admiración la noticia sobre los retrasos en viajes turísticos en autobús por Austria. El domingo 10 de marzo de 2002, unos controles por parte de la gendarmería de Kundl impidieron continuar el viaje a varios autocares procedentes de Alemania, Dinamarca y Bélgica por superar la longitud máxima permitida, de 12 metros. Dichos autobuses necesitan un permiso especial que autoriza a cruzar Austria.

¿No opina la Comisión Europea que se deberían unificar y armonizar a nivel europeo la normativa en materia de vehículos de motor, en este caso respecto de la longitud máxima de los autocares? Además resulta incomprensible que los permisos especiales que se requieren en la actualidad no se puedan obtener en cualquier momento, incluso en domingo.

¿Puede la Comisión Europea proporcionar información sobre este aspecto y exponer cuál es la situación en la materia?

Respuesta de la Sra. de Palacio en nombre de la Comisión

(6 de mayo de 2002)

La Comisión conoce el problema planteado por Su Señoría.

En efecto, Directiva 2002/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de febrero de 2002, por la que se modifica la Directiva 96/53/CE del Consejo por la que se establecen, para determinados vehículos de carretera que circulan en la Comunidad, las dimensiones máximas autorizadas en el tráfico nacional e internacional y los pesos máximos autorizados en el tráfico internacional (1), fija las siguientes longitudes máximas para los autobuses:

Los Estados miembros deberán poner en vigor las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas necesarios para cumplir esta Directiva antes del 9 de marzo de 2004 a más tardar. Hasta la transposición de esta Directiva por las autoridades austríacas, se seguirán aplicando las restricciones nacionales vigentes.

----

(1)DO L 67 de 9.3.2002.

----

----

(2004/C 88 E/0295)

PREGUNTA ESCRITA E-1776/02

de Patricia McKenna (Verts/ALE) a la Comisión

(24 de junio de 2002)

Asunto:   Discriminación de los deficientes visuales

Un proyecto piloto financiado por la UE en Irlanda, Inglaterra y Suecia permite a los deficientes visuales hacer campañas en favor de ciertos cambios mínimos para mejorar su calidad de vida. Estos cambios incluyen la instalación de señales acústicas en todos los pasos de peatones, la eliminación de obstáculos en la calle y otros lugares públicos, mejoras de los transportes, posibilidades de desarrollo de actividades sociales, etc.

Teniendo en cuenta que 2003 es el Año Europeo de las Personas con Discapacidad, ¿qué propone la Comisión para tratar esta discriminación de facto de los deficientes visuales?

Respuesta de la Sra. Diamantopoulou en nombre de la Comisión

(15 de julio de 2002)

En su Comunicación «Hacia una Europa sin barreras para las personas con discapacidad» (1), la Comisión confirma su compromiso de establecer un grupo de trabajo cuya labor consistirá en identificar las medidas adecuadas para mejorar el sector de la construcción para todas las personas con discapacidad. Esto incluirá a los deficientes visuales.

La composición y los mecanismos de gestión de este grupo están siendo estudiados. Se intenta que este grupo comience su labor este año para completarla durante el año 2003, Año europeo de los ciudadanos con discapacidad.

Diferentes servicios de la Comisión participarán en el trabajo de este grupo. Los representantes de las organizaciones de discapacidad, así como los diferentes sectores de la industria y expertos en estas cuestiones estarán estrechamente relacionados con esta labor.

----

(1)  COM(2000)284.

----

----

(2004/C 88 E/0296)

PREGUNTA ESCRITA P-2081/02

de Christoph Konrad (PPE-DE) a la Comisión

(8 de julio de 2002)

Asunto:   Utilización de créditos del Objetivo 2 en Renania del Norte-Westfalia

Una gran empresa de Müllheim (Renania del Norte-Westfalia) tiene que cambiar su ubicación actual debido a su constante expansión y busca un nuevo emplazamiento. Hay dos serios candidatos en Renania del Norte-Westfalia: las ciudades de Müllheim y Oberhausen. Oberhausen ha comunicado que invertirá 1,5 millones de euros con cargo al Programa regional de promoción económica del Gobierno regional, que, como es sabido, es cofinanciado con créditos del Objetivo 2 de la UE, si la empresa elige Oberhausen como nueva sede. En ese caso, dado que no está incluida en el objetivo 2, resultaría perjudicada la ciudad de Müllheim.

¿Considera la Comisión legítima esta forma de utilizar los créditos del Objetivo 2?

En caso afirmativo, ¿bajo qué condiciones puede utilizar una ciudad, o un Estado federado, los créditos correspondientes para tomar una decisión que favorece a dicha ciudad, o dicho Estado federado, en un caso de competencia en materia de establecimiento de empresas?

En caso negativo, ¿qué medidas habría que adoptar, en opinión de la Comisión, en un caso así?

Respuesta del Sr. Barnier en nombre de la Comisión

(12 de agosto de 2002)

El Ayuntamiento de Oberhausen no es competente para aprobar proyectos de ayuda económica incluidos en el documento único de programación (DOCUP) del objetivo no 2 de Renania del Norte-Westfalia. Las decisiones corresponden exclusivamente a la autoridad de gestión que, en este caso, es el Gobierno regional de Renania del Norte-Westfalia.

En general, las ayudas para inversiones de carácter privado incluidas en el DOCUP están restringidas a las pequeñas y medianas empresas. A título excepcional, las grandes empresas pueden recibir ayudas económicas, siempre que éstas contribuyan a fomentar el crecimiento de la región como ocurre, por ejemplo, en la medida 2.8 «nuevas energías» o en la medida 3.4 «logística».

Las decisiones referentes al emplazamiento de las empresas son responsabilidad de la dirección, que debe tener en cuenta todas las circunstancias. Es poco probable que tales decisiones se vean influidas únicamente por la posibilidad de obtener ayudas públicas. Además, toda ayuda pública de este tipo, ya sea de origen nacional o comunitario, debe respetar la legislación comunitaria sobre ayudas estatales.

Respecto a los Fondos Estructurales, las normas vigentes prevén dos medidas para limitar los efectos del traslado en empresas que reciban ayuda de la Unión Europea. En primer lugar, en las Directrices de la Comisión sobre ayudas de estado de finalidad regional (1), se requiere que los beneficiarios de las ayudas de la Unión mantengan cinco años las inversiones o puestos de trabajo creados. En segundo lugar, el Reglamento (CE) del Consejo No 1260/1999, de 21 de junio de 1999 por el que se establecen disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales (2), establece que las contribuciones de los fondos europeos para actividades productivas están condicionadas a que dichas actividades se mantengan en el mismo lugar durante los cinco años siguientes a la decisión de concesión de ayuda.

----

(1)DO C 74 de 10.3.1998.

(2)DO L 161 de 26.6.1999.

----

----

(2004/C 88 E/0297)

PREGUNTA ESCRITA E-2280/02

de Emilia Müller (PPE-DE) a la Comisión

(24 de julio de 2002)

Asunto:   Relajación de la prohibición de la utilización de las harinas animales para la alimentación de animales

¿A qué cantidad ascienden exactamente las existencias de harinas animales en la UE? ¿De qué modo se desglosa esta cantidad entre los distintos Estados miembros y regiones?

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(25 de septiembre de 2002)

En marzo de 2001, la Comisión realizó una encuesta a través de un cuestionario en el que se pedía información sobre las vías de eliminación, las cantidades de subproductos animales eliminadas por cada vía y sus costes. La encuesta se realizó para controlar el aumento, en los Estados miembros, de subproductos animales y su impacto, en particular sobre el almacenamiento y la capacidad de eliminación de proteínas animales elaboradas, incluidas las harinas de carne y huesos. Entre otras cosas, el estudio reveló las siguientes existencias de proteínas animales elaboradas en aquella época:

Luxemburgo envía todos sus subproductos animales a Bélgica para su transformación y por ello no tiene existencias de proteínas animales elaboradas. Cuatro Estados miembros (Grecia, Francia, los Países Bajos y Portugal) y dos Länder de Alemania (Baden-Wurtemberg y Mecklenburgo-Pomerania Occidental) indicaron escasez de capacidad de almacenamiento.

La Comisión volvió a enviar, hace poco tiempo, una solicitud de información a los Estados miembros. En particular, se pidió a cada Estado miembro que presentase planes formales sobre la manera en que se manipulan, transportan y almacenan actualmente las harinas de carne y hueso, así como sobre los planes para su eliminación. Se pidió que se presentasen los datos como muy tarde el 30 de agosto de 2002. La Comisión tiene intención de informar a su debido tiempo sobre las respuestas al cuestionario y sus implicaciones.

----

----

(2004/C 88 E/0298)

PREGUNTA ESCRITA E-2677/02

de Chris Davies (ELDR) a la Comisión

(24 de septiembre de 2002)

Asunto:   Seguridad contra incendios

¿Qué papel desempeña la Comisión en la promoción de las mejores prácticas entre los Estados miembros y sus respectivas autoridades responsables de la seguridad contra incendios con vistas a reducir el número de muertos y heridos ocasionados por los incendios?

¿Piensa la Comisión introducir nuevas normas en materia de proyección y diseño de edificios con el fin de garantizar a todos los ciudadanos de la UE unas normas mínimas de protección contra los daños ocasionados por el fuego, exigiendo la instalación de dispositivos contra el fuego, como detectores de humo y sistemas de pulverización?

¿Reconoce la Comisión que los cuerpos de bomberos nacionales o regionales de cada Estado miembro son los principales órganos competentes para tratar las cuestiones de seguridad comunitaria contra los incendios? ¿Se les trata como a tales y se les consulta sobre cuestiones de salud y seguridad relacionadas con los incendios?

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(15 de octubre de 2002)

La Comunidad no tiene ninguna competencia general en materia de seguridad contra incendios. No obstante, sí aporta una contribución en este campo mediante varias directivas e iniciativas adoptadas en el ámbito de diferentes políticas comunitarias, de acuerdo con el principio de subsidiariedad.

Como consecuencia directa, la estructura y las competencias de los bomberos nacionales, regionales o locales varían de un Estado miembro a otro y la Comisión no tiene competencias para establecer reglas comunes aceptables para todos los Estados miembros.

En el campo de la protección civil, la Comisión ha tomado varias iniciativas para permitir a los bomberos determinar sus necesidades más urgentes. En lo que se refiere al fomento de las mejores prácticas entre Estados miembros, en el ámbito del programa de acción comunitario sobre protección civil, recientemente Suecia ha sido designada país responsable de la elaboración de un proyecto de prevención de incendios que persigue identificar las mejores prácticas entre los Estados miembros.

La Comisión no tiene previsto imponer la instalación de detectores de humo y sistemas de aspersión. En la mayoría de los Estados miembros ya existen tales disposiciones. No obstante, los sistemas de detección y aviso de incendios, los sistemas fijos de lucha contra incendios y los sistemas de control de fuego y humos están cubiertos por la Directiva 89/106/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados Miembros sobre los productos de construcción (1). Existen instrumentos comunes, en el ámbito de esta directiva, para el etiquetado de las características de seguridad contra incendios de los productos de construcción. Se trata de las «Euroclases» de reacción y resistencia frente al fuego que permitirán reconocer fácilmente el rendimiento de los productos en todos los Estados miembros.

Incumbe exclusivamente a los Estados miembros designar los organismos competentes para tratar con la Comunidad de los asuntos relativos a la seguridad contra incendios. No obstante, a nivel comunitario, las iniciativas pertinentes generalmente se debaten con todas las partes interesadas representadas a nivel europeo.

----

(1)DO L 40 de 11.2.1989.

----

----

(2004/C 88 E/0299)

PREGUNTA ESCRITA E-2970/02

de Christa Prets (PSE) a la Comisión

(22 de octubre de 2002)

Asunto:   Programa Cultura 2000 — Plazo para la presentación de proyectos sobre «San Petersburgo 2003»

En el marco del programa Cultura 2000 se fomentan, entre otros, actos especiales de dimensión europea o internacional. El 22 de agosto de 2002 la Dirección General de Educación y Cultura de la Comisión Europea pidió a los servicios competentes de los Estados miembros que presentaran proyectos de cooperación sobre el tema «La presencia europea en San Petersburgo».

En los proyectos deben participar, además del coordinador, al menos tres coorganizadores de, como mínimo, otros tres países participantes en el programa Cultura 2002. El plazo establecido por la Comisión para la presentación de las solicitudes es el 1 de octubre de 2002. Así, entre el primer anuncio para la presentación de proyectos y la fecha de entrega de los mismos sólo quedan 40 días, y de ellos únicamente 29 son laborables. Se trata de un plazo demasiado breve para planificar un proyecto de tal magnitud. ¿Por qué motivo ha informado la Comisión con tanto retraso de la posibilidad de presentar dichos proyectos?

Respuesta de la Sra. Reding en nombre de la Comisión

(29 de noviembre de 2002)

Habiendo recientemente constatado una creciente implicación de los Estados miembros, así como el interés de los operadores por los proyectos culturales previstos en San Petersburgo, la Comisión, en el marco de una acción experimental dirigida a desarrollar determinadas posibilidades de la acción 3 del programa Cultura 2000, ha querido sondear la idea de establecer una cooperación multilateral en torno a una manifestación de este tipo (tal como lo había pedido también el Parlamento Europeo en su Resolución 2000/2323 sobre la cooperación cultural en la Unión Europea).

Después de los debates y los procedimientos necesarios, en agosto de 2002 se lanzó una convocatoria especial dirigida a los Estados participantes en el programa a través de sus representantes permanentes ante la Unión Europea sobre el tema de la presencia europea en San Petersburgo en el marco de las manifestaciones del tricentenario de esta ciudad en 2003. El plazo de presentación de los proyectos por las Representaciones permanentes, fijado inicialmente para el 1 de octubre de 2002, se retrasó al 15 de octubre de 2002 a fin de dejar el mayor tiempo posible a los Estados miembros, velando al mismo tiempo por que esta iniciativa se pueda concretizar antes de que finalice 2002. Actualmente se están examinando los proyectos recibidos, y, por supuesto, se mantendrá informado al Parlamento Europeo del seguimiento dado a esta iniciativa.

----

----

(2004/C 88 E/0300)

PREGUNTA ESCRITA E-3331/02

de Mihail Papayannakis (GUE/NGL) a la Comisión

(26 de noviembre de 2002)

Asunto:   Programa comunitario sobre la sociedad de la información

Según algunos artículos publicados en la prensa griega, se constata que los ministerios responsables de la materialización del programa relativo a la «sociedad de la información» están obstaculizando la ejecución del mismo, ya que tienen dificultades en proceder a convocatorias de concursos públicos debido a la falta de coordinación. ¿Podría informar la Comisión acerca de los avances realizados en la ejecución de dicho programa? ¿Es posible que tales retrasos comporten una pérdida de fondos del 3er MCA?

Respuesta del Sr. Barnier en nombre de la Comisión

(6 de marzo de 2003)

El 14 de marzo de 2001 se aprobó el Programa operativo (PO) «La sociedad de la información» mediante la Decisión C(2001)551 de la Comisión. Enviamos directamente a Su Señoría y a la Secretaría del Parlamento un cuadro en el que se recogen de forma abreviada los avances de este PO desde que se «activaron» (1) las primeras actuaciones en julio de 2001, de acuerdo con la información (2) recibida de la autoridad de gestión del programa. Según datos más recientes, el gasto público del programa hasta el momento se eleva a 73,8 millones de euros, lo que equivale al 3,3 % del gasto público previsto por éste.

De lo expuesto anteriormente puede deducirse que el PO «La sociedad de la información» es uno de los programas que se está aplicando con mayor lentitud en Grecia, en lo que a cifras de gasto se refiere. La mejor explicación que se puede dar al respecto es que, con la excepción parcial de las medidas encaminadas a que la administración pública adquiera una dimensión electrónica, este programa se compone de actuaciones nuevas que, por sus características tecnológicas, requieren una programación cuidadosa que lleva tiempo. De ahí que se retrase su comienzo.

En vista del éxito limitado que han tenido los intentos realizados anteriormente por promover la sociedad de la información en Grecia, las autoridades que tienen a su cargo el programa están realizando un esfuerzo considerable para explicar el tipo de proyectos que se desea financiar y cómo se deberán poner en marcha. Una parte importante del programa está vinculada a los avances de la liberalización del mercado de las telecomunicaciones. Aunque el marco normativo vigente por el que se rigen los servicios de comunicaciones en Grecia es conforme a la normativa comunitaria y se espera que las autoridades griegas adopten, en el primer trimestre de 2003, el nuevo marco normativo de la UE aplicable en este ámbito, las repercusiones de la liberalización no se han dejado sentir aún plenamente en el mercado, lo que ha retrasado todavía más la aplicación del programa.

La Comisión está examinando actualmente la situación conjuntamente con las autoridades griegas y, en particular, si hay riesgos de que se pierdan créditos a finales de 2003 (la norma «n+2»). De momento no parece que sea así con respecto a este año.

----

(1)  Según las autoridades griegas, la cadena que se sigue para la aplicación de un programa se define del modo siguiente: «Activación» de una medida: invitación al beneficiario o beneficiarios finales (= el organismo encargado de la aplicación, véase la definición del Regl. 1260/99) de la medida a presentar su propuesta de proyecto a la autoridad de gestión para que la evalúe.

(2)  Véase también la página web www.infosoc.gr.

----

----

(2004/C 88 E/0301)

PREGUNTA ESCRITA E-3361/02

de Maria Sanders-ten Holte (ELDR) a la Comisión

(27 de noviembre de 2002)

Asunto:   Indemnización

En todos los países, los grandes museos organizan regularmente intercambios de sus colecciones para que sus públicos respectivos disfruten de las grandes tradiciones artísticas europeas. Desgraciadamente, estos intercambios se ven gravemente obstaculizados por cuestiones de seguros. Así, por ejemplo, cuando el Museo Teylers de Haarlem desea organizar, junto con el Museo Británico, una exposición sobre los dibujos de Miguel Angel en posesión de ambas instituciones, el Museo Británico no tiene que pagar nada en concepto de primas de seguros, mientras que el Museo Teylers ha de desembolsar unos millones de euros a causa del régimen de indemnización limitada del Ministerio Neerlandés de Hacienda. Los museos europeos podrían mostrar una parte mucho mayor del patrimonio cultural europeo a sus ciudadanos si existiese en cada Estado miembro un régimen de plena indemnización.

Respuesta de la Sra. Reding en nombre de la Comisión

(27 de enero de 2003)

La Comisión comparte la opinión de Su Señoría de que los intercambios de obras de arte pueden contribuir a la integración europea.

La Comisión está al corriente de que los regímenes de cobertura de seguro de los diferentes Estados miembros varían considerablemente, lo cual es una consecuencia directa de las diferencias existentes entre las políticas nacionales.

La Comisión está de acuerdo con Su Señoría en cuanto a que la situación actual no es la ideal en el plano de la libre circulación de los bienes y las ideas en Europa.

En consecuencia, en el marco de la realización del mercado interior, la Comisión está dispuesta a iniciar una reflexión sobre las medidas necesarias para favorecer la coordinación y los intercambios de buenas prácticas en lo concerniente a los regímenes de cobertura aplicables a las obras de arte.

Por lo que se refiere al aspecto puramente cultural de esta cuestión, la Comisión desea recordar a Su Señoría que la exigüidad de la asignación presupuestaria del programa «Cultura 2000» (único instrumento comunitario de apoyo a la cooperación cultural) no permite prever una posible ayuda financiera comunitaria en este sentido.

----

----

(2004/C 88 E/0302)

PREGUNTA ESCRITA P-3496/02

de Paulo Casaca (PSE) a la Comisión

(2 de diciembre de 2002)

Asunto:   Ayudas de Estado para pequeñas empresas de cabotaje en Azores

El 26 de noviembre, a la una de la tarde aproximadamente, naufragó en aguas del canal Faial-Pico, entre las localidades de Horta y Madalena (Región Autónoma de Azores), el pequeño carguero Rival, buque con una antigüedad cercana a los 100 años. En el naufragio desapareció su comandante, Manuel Fernando Costa.

Algunos marineros de la pequeña empresa de cabotaje Cristiano Lda., propietaria de dicha embarcación, ya me habían transmitido su deseo de que pudieran modernizarse sus dos embarcaciones y obtener así la licencia para el transporte de pasajeros.

No obstante, las autoridades regionales de Azores me indicaron que el actual programa de desarrollo regional financiado con cargo a los Fondos estructurales —con mucho el principal mecanismo financiero disponible en Azores para las ayudas públicas a la modernización económica— no contemplaba la posibilidad de ayudar a las empresas locales de transporte marítimo, habida cuenta de que la propuesta presentada en este sentido por estas mismas autoridades no contó en su momento con la aprobación de las autoridades europeas encargadas de la competencia.

¿Considera la Comisión Europea que tiene sentido examinar con los mismos criterios las posibles ayudas de Estado a empresas de transporte marítimo de pequeña entidad en Azores que las ayudas a grandes empresas europeas de transporte marítimo?

¿Valora la Comisión la extrema importancia y el carácter insustituible que revisten las pequeñas empresas de cabotaje marítimo todavía operativas para la población de las islas menores de las Azores, así como las condiciones de seguridad marítima existentes en la Región Autónoma de Azores y la necesidad de mejorar la seguridad que ofrecen los medios de transporte locales?

¿Tiene debidamente en cuenta la Comisión el apartado 2 del artículo 299 en sus procedimientos relativos a ayudas de Estado en el sector del transporte marítimo?

Respuesta de la Sra. de Palacio en nombre de la Comisión

(22 de enero de 2003)

En lo que se refiere a la financiación estructural, el Programa Operativo de las Azores (Prodesa) inscrito en el marco comunitario de apoyo para Portugal 2000-2006, prevé en la medida 5.4 del eje 5, la posibilidad de prestar ayudas a la compra de equipos de apoyo al transporte aéreo y marítimo interinsular de pasajeros, a condición de usar estos equipos para sus fines iniciales durante toda su vida útil.

Asimismo, y con el fin de aumentar la seguridad y la accesibilidad de las islas, se ha previsto en la medida 1.1 del eje 1 del mismo Programa Operativo, la posibilidad de financiar proyectos de construcción o renovación de puertos comerciales, estaciones marítimas y otros proyectos de apoyo a la actividad portuaria, así como la compra de equipos, medios de transporte y máquinas para la manutención y el transporte de mercancías y de pasajeros en los puertos y aeropuertos. Este conjunto de posibilidades debería permitir aumentar la seguridad de acceso y facilitar los transportes interinsulares.

La Comisión está dispuesta a estudiar cualquier modificación útil que las autoridades nacionales y regionales consideren que deba proponer en este ámbito el momento de la revisión intermedia de Prodesa que tendrá lugar dentro de un año.

En lo que se refiere al control de las ayudas de Estado, la Comisión no tiene conocimiento de ningún proyecto de régimen de ayudas específicamente dirigido a las necesidades de las compañías marítimas locales que efectúan las conexiones entre las diferentes islas del archipiélago de las Azores con arreglo a las normas de competencia sobre ayudas de Estado.

El año pasado, la Comisión recibió una notificación sobre el restablecimiento de un régimen de ayudas para la zona franca de Madeira durante el período 2003-2006 que había sido puesto en suspenso durante los años 2000 y 2001 por las autoridades portuguesas. Con arreglo a esta notificación, la zona franca de Madeira tendrá un registro marítimo internacional, una zona franca industrial y un centro de servicios internacionales. La Comisión adoptó el 11 de diciembre una decisión por la que autoriza los principales puntos del plan. Al final de este mes dará a conocer su decisión sobre el registro marítimo internacional. No obstante, esta ayuda favorece sobre todo a los sectores internacionales de las islas.

En cualquier caso las reglas aplicables a las ayudas al transporte marítimo («orientaciones comunitarias sobre las ayudas al transporte marítimo» (1)) permiten la concesión de ayudas en determinadas condiciones y, cuando la Comisión examina estas ayudas, tiene en consideración el contexto socioeconómico en el que se inscribe el régimen correspondiente. En el caso de que le fuera comunicado un proyecto de ayudas en favor de las compañías marítimas que efectúan las conexiones entre las diferentes islas del archipiélago de las Azores, la Comisión examinaría el caso con todo el interés que el asunto requiere.

La Comisión está estudiando todavía si se tiene debidamente en cuenta el apartado 2 del artículo 299 en la aplicación de las normas comunitarias de competencia. En efecto, de manera general, la Comisión considera que los transportes constituyen un elemento estratégico del desarrollo de las regiones ultraperiféricas, como subrayan las conclusiones del Consejo Europeo de Sevilla en la reciente declaración de los presidentes de las regiones ultraperiféricas adoptada en La Palma el 15 de octubre de 2002. Por consiguiente, este asunto será estudiado en detalle en el marco del informe del futuro de las regiones ultraperiféricas que la Comisión presentará a finales de 2003 de conformidad con las conclusiones del Consejo Europeo de Sevilla. Los asuntos considerados se centrarán en particular en las ayudas de Estado y las obligaciones de servicio público en el sector del transporte y en la movilización de los fondos estructurales para mantener y desarrollar el transporte con objeto de compensar la desventaja que sufren estas regiones por su situación ultraperiférica.

Como anunció en el Libro Blanco «La política europea de transportes de cara al 2010: la hora de la verdad» (2), la Comisión está dispuesta a relajar las normas comunitarias aplicables a los servicios públicos marítimos a las islas de menor tamaño.

----

(1)DO C 205 de 5.7.1997, p. 5.

(2)  COM(2001) 370 final.

----

----

(2004/C 88 E/0303)

PREGUNTA ESCRITA E-3540/02

de Chris Davies (ELDR) a la Comisión

(11 de diciembre de 2002)

Asunto:   Desigualdades en materia de salud

Quisiera atraer la atención de la Comisión sobre el artículo «A strategy for tackling health inequalities ín the Netherlands» (Una estrategia para combatir las desigualdades en materia de salud en los Países Bajos), publicado por los Profesores Johan P. Mackenbach y Karien Stronks de la Universidad de Amsterdam en el volumen 325 del British Medical Journal, de 2 de noviembre de 2002.

El estudio destaca una serie de innovaciones que ayudaron a reducir las desigualdades socio-económicas en materia de salud en ese país y llega a la conclusión de que ningún país puede por sí sólo contribuir más que con una parte insignificante a los conocimientos necesarios para promover y desarrollar tales estrategias. Sugiere que la Unión Europea puede desempeñar un importante papel a la hora de promover una colaboración de ese tipo.

¿Qué actividades ha desarrollado la Comisión a este respecto y cuáles son sus planes para el futuro?

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(27 de enero de 2003)

La Comisión está al corriente del trabajo realizado por el profesor Mackenbach y sus colaboradores sobre desigualdades en materia de salud. Parte del mismo ha recibido apoyo del programa comunitario de fomento de la salud.

En el nuevo programa de salud pública (2003-2008) se subraya la importancia de abordar los factores (generales) determinantes de la salud. Aspectos tales como los bajos ingresos y la pobreza, las condiciones de vida insalubres, las condiciones de trabajo y el desempleo, así como factores relacionados con el estilo de vida, tienen una gran influencia en la salud. Las desigualdades en este ámbito y los factores que las determinan están relacionados con la clase social y la situación socioeconómica.

En el programa se incluyen acciones concretas para abordar las desigualdades en materia de salud. Se reconoce que hacen falta estrategias para reducir estas desigualdades en la Comunidad, a fin de poder contar con acciones coordinadas en los principales ámbitos de adopción de políticas.

Inicialmente está previsto que el trabajo se concentre en establecer indicadores de desigualdades en materia de salud, en recopilar información y buenas prácticas en toda Europa sobre políticas e intervenciones, y en crear redes piloto para garantizar una eficaz comunicación entre los países en lo que respecta a la forma de abordar este tipo de desigualdades.

----

----

(2004/C 88 E/0304)

PREGUNTA ESCRITA E-3566/02

de Freddy Blak (GUE/NGL) a la Comisión

(12 de diciembre de 2002)

Asunto:   Contratos entre Eurostat y la empresa Eurogramme

El 14 de noviembre de 2002 envié la siguiente carta al Comisario Pedro Solbes: «He tenido información de que los contratos de la empresa Eurogramme Ltd, con la que Eurostat tiene firmados varios contratos, han sido traspasados de ésta a una nueva empresa llamada simplemente Eurogramme. ¿Me podría confirmar esta información? En caso afirmativo, ¿podría explicarme cómo puede ser esto compatible con la norma de que Eurostat sólo puede celebrar contratos con empresas que justifiquen una contabilidad completa y correcta durante tres años?»

En su respuesta, el Comisario Solbes escribió: «Le agradezco su carta del 14 de noviembre sobre los contratos de Eurostat con la empresa Eurogramme. Este caso se ha remitido a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) para que lo investigue y por ello no estoy en situación de hacer más comentarios hasta que la investigación haya concluido.»

Mis preguntas a la Comisión son las siguientes:

Respuesta del Sr. Solbes Mira en nombre de la Comisión

(6 de febrero de 2003)

Por principio, la Comisión no desea realizar comentarios sobre este asunto, cuya investigación es competencia de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF). Con arreglo al Reglamento (CE) no 1073/1999 del Parlamento y del Consejo, de 25 de mayo de 1999, relativo a las investigaciones conducidas por la OLAF (1), se deben respetar las normas de confidencialidad y protección de datos al tratar la información obtenida en el contexto de las investigaciones de la OLAF.

El nombre del contratista es Eurogramme S.A.R.L. Esta empresa firmó una adenda con la Comisión a finales de 2001, con la que cumplía con todos los derechos y obligaciones contractuales de Eurogramme Limited Succursale Luxembourg.

No existe ninguna norma por la que la Comisión solo pueda realizar contratos con empresas que puedan mostrar su contabilidad durante tres años. El artículo 31 de la Directiva 92/50/CEE, de 18 de junio de 1992 (2), sobre la coordinación de los los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de servicios, establece una serie de métodos alternativos para demostrar la capacidad financiera. Estos métodos son adecuados, por ejemplo, en el caso de empresas creadas recientemente.

----

(1)DO L 136 de 31.5.1999.

(2)DO L 209 de 24.7.1992.

----

----

(2004/C 88 E/0305)

PREGUNTA ESCRITA E-3607/02

de Mary Banotti (PPE-DE) a la Comisión

(16 de diciembre de 2002)

Asunto:   Intercambiabilidad de sellos postales en la zona del euro

Dado que los sellos postales tienen actualmente el mismo precio en muchos países de la zona del euro, ¿será posible intercambiar sellos dentro de la zona del euro (por ejemplo, utilizar un sello irlandés en Bélgica)?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(30 de enero de 2003)

Al parecer, existen varias condiciones previas para que los sellos puedan ser intercambiables: los precios deberían ser idénticos, los servicios tendrían que ser los mismos y debería garantizarse que los operadores postales pudieran administrar fácilmente y de manera no controvertida la asignación de los ingresos procedentes de los sellos.

Como sabe Su Señoría, sigue habiendo diferencias en las tarifas postales dentro de la Comunidad. Como refleja el requisito de la Directiva 97/67 (Directiva postal), «los precios se fijarán teniendo en cuenta los costes», dado que los distintos prestadores de servicios postales incurren en diferentes niveles de costes en la prestación de dichos servicios, debido, por ejemplo, a características nacionales, como la geografía o el coste de la vida, y también a diferentes normas nacionales de calidad del servicio.

Asimismo, algunos operadores también fijan los precios de diferente forma según el peso, tamaño o dimensiones del envío postal.

Actualmente, muchos operadores postales ofrecen a sus clientes una amplia gama de servicios, con una gran variedad de precios. Esto complicaría mucho la tarea de llevar a cabo una comparación simple entre servicios análogos y una fijación de precios idéntica para los mismos.

Finalmente, la asignación de los ingresos procedentes de los sellos entre operadores postales sería extremadamente difícil de evaluar si los sellos fuesen intercambiables. Por ejemplo, si se utilizaran sellos irlandeses en Bélgica, el operador postal en Irlanda se beneficiaría de los ingresos procedentes de los sellos pero no soportaría ningún coste de la entrega del envío postal en Bélgica. Atajar esta distorsión implicaría un sistema complicado, costoso y potencialmente controvertido de reasignación de los ingresos entre operadores postales.

A la vista de todo ello, no parece que se den las condiciones previas para la «intercambiabilidad» de los sellos, ni parece probable que existan en un próximo futuro.

No obstante, la pregunta de Su Señoría suscita una cuestión interesante sobre una posible evolución futura del mercado de servicios postales, que la Comisión seguirá teniendo presente.

----

----

(2004/C 88 E/0306)

PREGUNTA ESCRITA P-3626/02

de Alexandros Alavanos (GUE/NGL) a la Comisión

(10 de diciembre de 2002)

Asunto:   Aplicación de la Directiva 1999/70/CE por parte de Grecia

La Directiva 1999/70/CE (1) del Consejo, de 28 de junio de 1999 sobre el trabajo de duración determinada, obliga a los Estados miembros a que pongan en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a más tardar el 10 de julio de 2002. Tres meses después del último plazo que tenía Grecia para adecuarse a dicha Directiva, el Gobierno griego publicó un proyecto de decreto presidencial que, contraviniendo el ámbito de aplicación de la Directiva, establece excepciones para los trabajadores con contrato en la administración pública, en las personas jurídicas de derecho público, en los organismos de administración local y en muchos otros sectores de actividad económica.

El Consejo Económico y Social de Grecia, en el dictamen que emitió sobre dicho decreto presidencial (con el acuerdo unánime de los trabajadores y empresarios), rechaza las excepciones anteriormente mencionadas que introduce el decreto, debido a que contravienen lo dispuesto en la Directiva 1999/70/CE. Por una parte, dicha Directiva afecta a muchos miles de trabajadores de Grecia, que se encuentran en condiciones de inseguridad e incertidumbre laboral. Por otra parte, el Estado en cuestión no ha respetado los plazos de aplicación de la citada Directiva y el Gobierno griego limita de forma asfixiante su ámbito de aplicación. Habida cuenta de todo lo anterior, ¿por qué no emprende la Comisión la interposición de un recurso ante el Tribunal de Justicia de las CE?

Respuesta de la Sra. Diamantopoulou en nombre de la Comisión

(14 de enero de 2003)

Dado que Grecia no ha comunicado aún a la Comisión ningún tipo de información acerca de la transposición de la Directiva 1999/70/CE relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada, la Comisión se verá obligada a examinar la posibilidad de incoar un procedimiento de infracción contra Grecia por ese motivo.

----

(1)DO L 175 de 10.7.1999, p. 43.

----

----

(2004/C 88 E/0307)

PREGUNTA ESCRITA P-3650/02

de Paul Rübig (PPE-DE) a la Comisión

(11 de diciembre de 2002)

Asunto:   Licitaciones más idóneas para la participación de PYMEs en los programas para terceros países

Las condiciones de las licitaciones publicadas por la UE en el marco de los programas de fomento para terceros países (ALA, CARDS, FED, ISPA, MEDA, PHARE, Sapard, TACIS) son en muchos casos tan complejas que reducen enormemente las posibilidades de concurrir que tienen las PYME y otras empresas muy pequeñas, dado que los proyectos son de dimensiones cada vez mayores. Con frecuencia, las empresas deben justificar un volumen anual de negocios de dos a diez veces superior al presupuesto del proyecto, aplicándose este criterio incluso a las empresas individuales que presentan su oferta unidas en consorcio. En algunos sectores se exigen plantillas de hasta cien personas en prácticamente todos los casos en que un proyecto tenga un presupuesto superior a los 0,6 millones de euros. En muchos casos se pide, además, que las empresas documenten como referencia de los últimos tres años trabajos de la misma envergadura que hayan realizado en el marco de los mencionados programas en la misma región, con lo que se excluye de antemano a nuevas empresas. Las condiciones estipuladas para concurrir son a menudo de tal complejidad que el tiempo necesario para confeccionar el expediente correspondiente disuade a la mayoría de los posibles ofertantes. Los pliegos de condiciones técnicas, por otra parte, se limitan con frecuencia a esbozar las líneas maestras del contrato y a especificar algunas prestaciones, con la consecuencia de que el ofertante ha de proporcionar gratis, antes de poder presentar su oferta propiamente dicha, trabajos previos de planificación, lo que conlleva para las PYME costes difíciles de evaluar y de financiar. Otro problema para las PYME son las costosas garantías bancarias necesarias para poder concurrir a la licitación. También sería deseable que se definieran con mayor precisión las certificaciones fiscales y de seguros sociales que es preciso aportar a tenor de lo dispuesto en la guía práctica, porque en algunos países, su expedición está ligada a engorrosas formalidades burocráticas, que varían además de un país a otro. Para las PYME, que carecen por lo general de contactos directos con los servicios que expiden estos documentos, es a veces difícil contactar con ellos para recibir informaciones o aclaraciones en caso de denegación de una solicitud. Sería asimismo oportuno publicar tras la adjudicación del contrato los precios que ofrecieron los demás licitadores a fin de permitir que las empresas puedan conocer su posición competitiva.

¿Qué piensa hacer la Comisión en un futuro inmediato para que las licitaciones que se publiquen en el marco de los programas comunitarios de fomento para terceros países sean más justas y más equitativas para las PYME y se eviten así las discriminaciones y distorsiones de la competencia que se producen en la actualidad?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(7 de febrero de 2003)

Los procedimientos actuales aspiran a estimular, más que a desincentivar, la participación de las pequeñas y medianas empresas (PYME). La situación mejoró considerablemente con la introducción de la «Guía práctica de los procedimientos contractuales de ayuda exterior de la CE» en enero de 2001. Los procedimientos de dicha Guía, publicados en el sitio web de EuropeAid (1), se basan en los principios fundamentales de la competencia justa y la transparencia. Ahora es obligatorio publicar las previsiones de contratos y los anuncios de licitación, composición de listas restringidas y adjudicación de contratos en el sitio web de EuropeAid, cuyas páginas electrónicas se han convertido en las más consultadas de las instituciones europeas. Estos y otros aspectos han contribuido al proceso general de simplificación y armonización de los procedimientos en este ámbito.

Además, al haberse incentivado la participación de consorcios (agrupaciones permanentes con personalidad jurídica o bien agrupaciones constituidas informalmente para una licitación específica) en las licitaciones, las PYME deberían tener acceso a contratos de mayor dimensión si se asocian a otras empresas con objeto de constituir un consorcio de tal índole. En este caso, la participación de una pequeña empresa o de una empresa incipiente en un consorcio le podría permitir adquirir experiencia.

Los criterios de selección de todas las licitaciones deben ser claros y pormenorizados, pero no excesivamente restrictivos. No obstante, la Comisión ha tenido conocimiento de diversos casos, en el pasado, en los que algunas autoridades contratantes establecieron criterios de selección aplicables a título individual a algunos socios pero no al consorcio en su conjunto. Por ello, en marzo de 2002 se distribuyó una circular en la que se recordaba que los criterios de selección se deben aplicar al consorcio en su totalidad. Aunque la situación debería haberse corregido desde entonces, cualquier PYME que se enfrente a criterios de selección excesivamente restrictivos debería presentar una queja a la autoridad contratante responsable.

La Comisión ha abordado el problema (véase, por ejemplo, el segundo informe del Comité de Expertos Independientes de 1999) de la evaluación de la solvencia de los posibles contratistas antes de la adjudicación de los contratos. Por consiguiente, a fin de proteger los intereses financieros de la Comunidad, los procedimientos previstos en la Guía Práctica obligan a las autoridades contratantes a publicar los criterios financieros en sus anuncios de licitación. Del mismo modo, la obligación de proporcionar garantías financieras para cantidades más elevadas dimana del principio de buena gestión financiera. Por lo que respecta a estos requisitos, si forman parte de un consorcio las pequeñas empresas tienen también la posibilidad de compartir estos costes con otros socios.

El Reglamento financiero adoptado por el Consejo el 25 de junio de 2002 (2) especifica ahora con mayor claridad los documentos que deben presentar los licitadores. Asimismo, la Comisión se está poniendo en contacto con las autoridades nacionales de los Estados miembros con el fin de elaborar una lista actualizada de las autoridades y organizaciones capaces de expedir los certificados necesarios para las entidades establecidas en estos países. La Guía Práctica está siendo revisada para tener en cuenta estas modificaciones. El impreso de solicitud normalizado correspondiente a los contratos de servicios también está siendo objeto de revisión para asegurar que se proporcionen datos generales del consorcio en su conjunto y de cada uno de los socios que lo componen. Al mismo tiempo está previsto publicar orientaciones adicionales sobre el establecimiento de criterios de selección, por ejemplo el hecho de basar el criterio del volumen de negocios anual en el presupuesto anual medio de los contratos, no en el presupuesto total.

Por lo que se refiere a la medida en que la documentación de la licitación contiene información pormenorizada sobre los requisitos, todos los licitadores pueden solicitar aclaraciones a la autoridad contratante, especialmente si el pliego de condiciones o las especificaciones técnicas suscitan dudas.

En lo tocante a la disponibilidad de información o una justificación de los rechazos, en la Guía Práctica figuran ya cartas normalizadas para los solicitantes y licitadores no seleccionados, con arreglo a las cuales se les debe proporcionar información comparativa para que puedan evaluar retrospectivamente su propia competitividad. Por ejemplo, por lo que respecta a los contratos de servicios, la carta enviada a los licitadores no seleccionados incluye un desglose pormenorizado de la puntuación obtenida por el destinatario y por el licitador escogido.

----

(1)  http://europa.eu.int/comm/europeaid/tender/gestion/index_es.htm.

(2)  Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas, DO L 248 de 16.9.2002.

----

----

(2004/C 88 E/0308)

PREGUNTA ESCRITA E-3676/02

de Toine Manders (ELDR) a la Comisión

(18 de diciembre de 2002)

Asunto:   Incapacidad laboral

En principio, un trabajador fronterizo que ha trabajado en un régimen de Seguridad Social basado en el riesgo (Países Bajos) y luego en un régimen basado en la constitución progresiva de los derechos (Alemania) bajo el cual se encuentra en situación de incapacidad laboral, tiene derecho a una prestación por incapacidad laboral neerlandesa y alemana a prorrata. Como consecuencia de la falta de armonización, puede darse el caso de que se declare a un trabajador fronterizo completamente incapacitado para el trabajo, en virtud del Derecho neerlandés, y completamente capacitado para el trabajo, en virtud del Derecho alemán. A menudo, al haber estado sólo algunos años asegurado bajo el régimen basado en el riesgo (Países Bajos), el trabajador fronterizo que se encuentra en esta situación únicamente recibe una pequeña prestación neerlandesa por incapacidad laboral prorrateada (y ninguna prestación alemana por incapacidad laboral).

En el caso de que haya llegado a término su contrato de trabajo alemán, surge la pregunta de qué Estado miembro debe pagar la prestación por incapacidad laboral. Los Países Bajos, donde reside el trabajador, se niegan a pagar un subsidio por desempleo alegando que se trata de una incapacidad laboral permanente. La pregunta que se plantea es si el trabajador tiene derecho a un subsidio de desempleo alemán.

Respuesta de la Sra. Diamantopoulou en nombre de la Comisión

(27 de enero de 2003)

La Comisión desea informar a Su Señoría de que el Reglamento (CEE) no 1408/71 (2) determina en qué Estado miembro un trabajador sin empleo puede solicitar prestaciones por desempleo: un trabajador sin empleo que, mientras ocupaba su último empleo, no residía en el Estado miembro en el que trabajaba, disfrutará de las prestaciones por desempleo con arreglo a lo dispuesto en la legislación del Estado miembro de residencia, de conformidad con la letra a) del apartado 1 del artículo 71 en caso de que se trate de un trabajador fronterizo (es decir, un trabajador que reside en un Estado miembro y trabaja en otro, y que regresa al Estado miembro de residencia periódicamente, como mínimo una vez a la semana). En caso de que se trate de un «trabajador que no sea fronterizo», con arreglo a lo dispuesto en la letra b) del apartado 1 del artículo 71, puede percibir prestaciones por desempleo conforme a la legislación del Estado de residencia o a la del Estado del último empleo, siempre que continúe a disposición de los servicios de empleo de uno de los dos Estados.

Por otra parte, en el asunto C-l/85, Miethe, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas consideró que un «trabajador fronterizo atípico» (es decir, un trabajador fronterizo que ha mantenido, de forma excepcional, vínculos personales y profesionales en el Estado de empleo, de tal manera que es allí donde tiene mejores perspectivas de encontrar otro trabajo) debe considerarse como un «trabajador que no sea fronterizo» que entra en el ámbito de aplicación de la letra b) del apartado 1 del artículo 71. Sin embargo, los tribunales nacionales son los únicos competentes para determinar en cada caso concreto si un trabajador que reside en un Estado que no sea el Estado de empleo, a pesar de todo, tiene mejores perspectivas de encontrar otro trabajo en este último y, por tanto, debería entrar en el ámbito de aplicación de la letra b) del apartado 1 del artículo 71.

Por tanto, la persona a la que se refiere Su Señoría puede solicitar prestaciones por desempleo en el marco de la legislación alemana conforme a lo dispuesto en la letra b) del apartado 1 del artículo 71 tanto si se le considera un «trabajador fronterizo atípico» con arreglo a la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en el asunto Miethe, como si se le considera un «trabajador que no sea fronterizo». El hecho de que disfrute de una pensión de incapacidad neerlandesa no impide que Alemania pueda ser considerada el Estado miembro competente para abonar las prestaciones por desempleo.

Sin embargo, para tener derecho efectivo a las prestaciones por desempleo alemanas, dicha persona debe cumplir las condiciones establecidas por la legislación alemana. Dado que el Derecho comunitario no armoniza los regímenes de seguridad social de los Estados miembros, sino que los coordina, corresponde a cada Estado miembro establecer las condiciones para poder disfrutar de las prestaciones. No obstante, si una legislación nacional exige que se haya completado un cierto período de seguro antes de tener derecho a una prestación (período de carencia), y si un trabajador migrante no ha estado asegurado el tiempo suficiente, conforme a la legislación de ese Estado miembro, para completar el período de carencia, el Reglamento (CEE) no 1408/71 dispone que los períodos de seguro completados conforme a la legislación de cualquier otro Estado miembro deben ser tomados en consideración como si se hubiesen completado en el primer Estado miembro.

----

(1)DO L 149 de 5.7.1971, p. 2.

(2)  Reglamento (CEE) no 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena y a sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad; Reglamento actualizado por el Reglamento (CE) no 118/97 del Consejo, de 2 de diciembre de 1996 (DO L 28 de 30.1.1997).

----

----

(2004/C 88 E/0309)

PREGUNTA ESCRITA E-3737/02

de Ilda Figueiredo (GUE/NGL) a la Comisión

(19 de diciembre de 2002)

Asunto:   «ABEJ — Solidarités»

«ABEJ — Solidarités» en Lille (Francia) es una asociación que realiza un trabajo significativo entre los jóvenes de la calle. Sin embargo, su trabajo está seriamente amenazado porque han disminuido en un 33 % las ayudas al presupuesto de salud para el año 2003.

Así, entre 700 y 800 personas, a las que se prestaba ayuda en la calle, pueden verse afectadas por tal situación, lo que contribuirá a agravar la exclusión social.

¿Puede indicar la Comisión las razones para reducir las ayudas a tales asociaciones? ¿Qué medidas piensa tomar para evitar el agravamiento de la exclusión social?

Respuesta de la Sra. Diamantopoulou en nombre de la Comisión

(30 de enero de 2003)

La Comisión no está informada de la reducción de las ayudas concedidas a la asociación francesa «ABEJ — Solidarités». En cualquier caso, la responsabilidad en este tipo de subvenciones recae exclusivamente en el Gobierno francés, en el marco de la adopción de su presupuesto nacional anual.

La Comisión analizará con los Estados miembros los esfuerzos realizados por sus Gobiernos en la lucha contra la pobreza y la exclusión social con motivo de la presentación, en julio de 2003, de la segunda serie de los planes de acción nacionales de lucha contra la pobreza y la exclusión social. Los resultados de este análisis se integrarán en el segundo informe conjunto sobre la inclusión social, que deberá presentarse al Consejo Europeo de primavera de 2004.

----

----

(2004/C 88 E/0310)

PREGUNTA ESCRITA E-3780/02

de Kathleen Van Brempt (PSE) a la Comisión

(6 de enero de 2003)

Asunto:   Cumplimiento del Reglamento (CE) no 1259/1999: informes de los Estados miembros sobre medidas medioambientales y regímenes de ayuda en la agricultura

El Reglamento (CE) no 1259/1999 (1) y el Reglamento (CE) no 963/2001 (2), sobre las disposiciones de aplicación, establecen unas normas comunes referentes al régimen de ayudas en el marco de la Política Agrícola Común, en cuyo contexto se vinculan concretamente las medidas de protección del medio ambiente a la obtención de ayudas. A este respecto, los Estados miembros pueden optar por unas exigencias medioambientales obligatorias generales, ayudas a cambio de medidas agromedioambientales específicas, y medidas medioambientales específicas como condición para obtener ayudas directas a la renta. Los Estados miembros pueden reducir las ayudas o retirarlas en caso de que no se cumplan las exigencias medioambientales en cuestión. El primer informe sobre el cumplimiento del Reglamento, referente al período 2000-2001, tenía que presentarse a la Comisión antes del 30 de abril de 2002.

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(28 de febrero de 2003)

La obligación de presentar informes sobre la aplicación del Reglamento (CE) no 1259/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999, por el que se establecen las disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común, se establece en el Reglamento (CE) no 963/2001 de la Comisión, de 17 de mayo de 2001. En sus artículos 2 y 3 figuran las disposiciones sobre el contenido y el calendario de la información que debe transmitirse a la Comisión.

De conformidad con el apartado 1 del artículo 3 del Reglamento (CE) no 963/2001, los informes anuales sobre la aplicación de los requisitos en materia de protección del medio ambiente (artículo 3 del Reglamento (CE) no 1259/1999) y la modulación (artículo 4 del Reglamento (CE) no 1259/1999) deben presentarse antes del 30 de abril de cada año, a partir de 2002.

La Comisión ha recibido los primeros informes anuales de todos los Estados miembros, excepto los de Bélgica, España, Luxemburgo y Portugal.

El Consejo de Agricultura, en sus conclusiones sobre integración medioambiental y desarrollo sostenible en la política agrícola común, destinadas al Consejo Europeo de Gotemburgo de los días 15 y 16 de junio de 2001, invitó a la Comisión a presentar un informe de síntesis en 2003, basado en los informes de los Estados miembros, sobre las medidas llevadas a cabo por éstos en relación con las medidas contempladas en el Reglamento (CE) no 1259/1999 y en el que se incluyera una indicación cualitativa de las repercusiones en el medio ambiente y en el desarrollo sostenible.

A partir de la información presentada por los Estados miembros en 2002 y 2003, la Comisión elaborará el citado informe a lo largo del año 2003. Al estar basado en la información transmitida durante dos años, será posible dar una primera apreciación de la aplicación por parte de los Estados miembros del Reglamento horizontal y una valoración cualitativa de las repercusiones de las medidas que hayan adoptado.

----

(1)DO L 160 de 26.6.1999, p. 113.

(2)DO L 136 de 18.5.2001, p. 4.

----

----

(2004/C 88 E/0311)

PREGUNTA ESCRITA E-3817/02

de Erik Meijer (GUE/NGL) a la Comisión

(9 de enero de 2003)

Asunto:   Medidas eficaces para que sea definitivamente imposible que nacionales de la UE obtengan beneficios del trabajo de menores en otras partes del mundo

Fuente: Metro, edición flamenca, 14.11.2002.

Respuesta de la Sra. Diamantopoulou en nombre de la Comisión

(17 de febrero de 2003)

La Comisión se ha comprometido a promover la aplicación a escala mundial de las normas fundamentales del trabajo, incluida la prohibición del trabajo infantil. El 18 de julio de 2001 adoptó una Comunicación sobre la promoción de las normas fundamentales del trabajo y la mejora de la gobernanza social en el contexto de la mundialización (1), en la que proponía un enfoque integrado con el fin de movilizar a todos los agentes competentes, incluidos los Estados miembros, las organizaciones sociales, económicas y financieras internacionales, como la OIT, la OMC, el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y otros. La Comisión propuso también reforzar los incentivos positivos a fin de promover las normas fundamentales del trabajo. En este contexto, el incentivo relacionado con las normas fundamentales del trabajo del Sistema de Preferencias Generalizadas de la Comunidad se reforzó en diciembre de 2001. La promoción de las normas fundamentales del trabajo, incluida la lucha contra el trabajo infantil y sus peores formas, se recoge también en distintas iniciativas como la Iniciativa europea a favor de la democracia y la protección de los derechos humanos.

Sin embargo, la Comisión ha rechazado la adopción de un enfoque negativo basado en sanciones comerciales.

El Parlamento se mostró a favor de este enfoque en su Resolución de 4 de julio de 2002 sobre las normas fundamentales del trabajo y la gobernanza social (2), aunque los Estados miembros no han concluido aún el debate sobre la Comunicación y la estrategia integrada.

Algunas de las medidas sugeridas en la pregunta de Su Señoría se inscriben en el Derecho penal, lo cual exige la plena participación de los Estados miembros.

La Comisión ha ampliado y reforzado su cooperación con la Organización Internacional del Trabajo. Esta renovada cooperación se confirmó en el canje de notas entre la Comisión y el Director General de la OIT el 14 de mayo de 2001. Por otra parte, en la reunión anual de alto nivel entre la Comisión y la OIT, que tuvo lugar el 14 de febrero de 2002, se acordó el inicio de una cooperación técnica sobre programas de la OIT relativos a las normas fundamentales de trabajo, la reducción de la pobreza y la promoción del programa de la OIT para un trabajo digno.

La Comisión apoyó decididamente la creación por parte de la OIT de la Comisión Mundial sobre la Dimensión Social de la Globalización en febrero de 2002 y se ha comprometido a contribuir a sus trabajos. La Comisión organizará un seminario de alto nivel los días 3 y 4 de febrero de 2003, que contará con la participación de la Comisión Mundial, representantes de los Estados miembros y de los países candidatos, diputados del Parlamento, interlocutores sociales, organizaciones no gubernamentales y autoridades locales.

Los Estados miembros han respondido positivamente a la Recomendación de la Comisión, de 15 de septiembre de 2003 (3), relativa a la ratificación del Convenio 182 de la OIT sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación. Los Estados miembros, en su conjunto, no sólo han ratificado el Convenio 182, sino también el Convenio 138 sobre la edad mínima de admisión al empleo.

----

(1)  COM(2001)416 final.

(2)  A5-0251/02.

(3)DO L 243 de 28.9.2000.

----

----

(2004/C 88 E/0312)

PREGUNTA ESCRITA P-3824/02

de Jan Wiersma (PSE) a la Comisión

(20 de diciembre de 2002)

Asunto:   Ciudadanos romà — Buhusi

¿Ha sido informada la Comisión del grave incidente que se ha producido hace poco en el municipio rumano de Buhusi y en el que la policía ha matado a tres ciudadanos romà?

¿Cuáles han sido las causas del incidente y cómo se explica la violenta reacción de los ciudadanos romà ante la intervención de la policía que ha ocasionado estas trágicas muertes?

¿Podría comprobar la Comisión si no se trata de un caso de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, teniendo en cuenta la reciente declaración del Consejo de Europa en la que se afirma que este tipo de acciones se siguen produciendo durante las búsquedas en casa de ciudadanos romà o la detención de ciudadanos de esta etnia sobre los que recaen sospechas? En caso de que hubiera sido así, ¿qué medidas piensa tomar la Comisión?

Respuesta del Sr. Verheugen en nombre de la Comisión

(24 de enero de 2003)

La Comisión ha sido informada del incidente ocurrido el 5 de diciembre de 2002, entre las fuerzas de policía rumanas y la comunidad romani de Buhusi a través de la prensa rumana, el informe de ula organización encargada de los derechos humanos de los romanis y de la declaración efectuada por la policía. La información disponible en la Comisión indica que el incidente tuvo como consecuencia la muerte de dos romanis, otros dos heridos y cuatro agentes de policía heridos.

El incidente tuvo lugar cuando la policía (un grupo de alrededor de 45 agentes al que luego se unieron otros 40 gendarmes) intentó detener a cuatro personas, todas de origen romani, contra las que se habían dictado órdenes de arresto por robo y asalto.

Según la policía, 200 personas armadas de horcas y hachas rodearon a las fuerzas del orden; se desencadenó un motín, las personas que iban a ser arrestadas intentaron huir, por lo que la policía les amonestó y más tarde empezó a disparar.

Según la organización encargada de los derechos humanos de los romanis, la policía hizo un uso desproporcionado de la fuerza durante la búsqueda y los sospechosos eran perseguidos a causa de su origen étnico.

Según los primeros resultados de las investigaciones llevadas a cabo por la fiscalía de Bacau, como informó el jefe de la Dirección de Orden Público de la policía rumana en una declaración efectuada el 11 de diciembre de 2002, las fuerzas de la policía usaron las armas en legítima defensa después de haber sido atacados por miembros de la comunidad romani.

Las conclusiones definitivas de las investigaciones de la fiscalía todavía no están disponibles.

La Comisión vigila el respeto y la protección de las minorías en los países candidatos en el ámbito de los criterios políticos de Copenhague y hace una reseña de la cuestión en sus informes periódicos. La Comisión tendrá en cuenta todas las informaciones relativas a este asunto y, más en general, al trato del pueblo romani por parte de la policía en la elaboración del informe periódico de este año sobre Rumania

----

----

(2004/C 88 E/0313)

PREGUNTA ESCRITA P-3906/02

de Anna Karamanou (PSE) a la Comisión

(7 de enero de 2003)

Asunto:   Problemas de desnutrición en la franja de Gaza y en Cisjordania

De acuerdo con los datos más recientes de las Naciones Unidas existe un grave problema de desnutrición en la franja de Gaza y en Cisjordania. En concreto, los palestinos sufren sobre todo de carencia de oligoelementos, situación que la Organización Mundial de la Salud describe como «hambre encubierta». La falta de oligoelementos impide el crecimiento correcto de los niños, perjudica con frecuencia de forma grave e irreversible su percepción cognitiva, debilita el sistema inmunitario, tanto en los niños como en los adultos, y reduce la capacidad física e intelectual. Además, en casos excepcionales, tiene como consecuencia la ceguera y la muerte. Al mismo tiempo, una investigación realizada por la organización para el desarrollo internacional de los Estados Unidos confirma que cuatro de cada cinco niños en la franja de Gaza y Cisjordania sufren carencia de hierro y cinc y más de la mitad muestra falta de carbohidratos y de vitamina A.

¿De qué forma piensa distribuir la Comisión la ayuda financiera de la UE a Palestina para remediar de forma inmediata esta situación?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(29 de enero de 2003)

La Comisión ha decidido recientemente asignar 10 millones de euros, con cargo a la partida presupuestaria destinada a seguridad alimentaria, en concepto de ayuda al Plan para la operación de emergencia no 10190 (OPEM) del Programa Mundial de Alimentos (PMA), con el fin de hacer frente a las necesidades de las víctimas del conflicto en los Territorios Palestinos. Los beneficiarios de la ayuda son unas 3 60 000 personas vulnerables e indigentes que forman parte de la población palestina no refugiada. Esta población incluye a niños menores de cinco años, mujeres embarazadas o lactantes, ancianos, minusválidos y enfermos crónicos. Estas personas recibían ayuda de la asistencia social (en metálico y en especies) del Ministerio de Asuntos Sociales de Palestina, un programa que hubo de interrumpirse debido a la actual situación de crisis.

Los productos que se proporcionarán mediante los fondos de la Comisión serán harina de trigo, arroz, lentejas, azúcar aceite vegetal y aceite de oliva. Con el fin de garantizar la flexibilidad y la rápida movilización con arreglo a los planes del PMA, estos productos serán adquiridos y movilizados en parte por la Comisión a partir de los Estados miembros y en parte por el PMA directamente desde Palestina y los países vecinos.

En el marco del OPEM no 10072 del PMA, que finalizó en agosto de 2002, la Comisión había asimismo aportado 5 millones de euros para la adquisición de unas 7 400 toneladas métricas de harina de trigo y 3.2000 toneladas métricas de arroz con destino a un número similar de personas.

Con estas aportaciones, la Comisión ha sido con mucho el principal contribuyente a estos dos programas (se transmite directamente a Su Señoría un cuadro en el que figuran los fondos destinados a Palestina).

Desde mediados de los años 90, la Comisión ha financiado anualmente un programa de ayuda alimentaria y de contribuciones en metálico a favor de la población palestina refugiada vulnerable. En 2002 esta contribución sumaba 15 millones de euros. El programa está gestionado por la OOPS (Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente) y cubre cinco zonas de operaciones, a saber, Jordania, Líbano, la República Árabe Siria y Cisjordania y la Franja de Gaza. El programa proporciona ayuda a unos 224 000 casos de personas especialmente necesitadas, entre ellas 105 000 mujeres embarazadas o lactantes y sus hijos, 500 pacientes tuberculosos no hospitalizados, familias encabezadas por viudas, huérfanos, ancianos, personas con incapacidad clínica para trabajar, etc. Los beneficiarios de este programa en el Territorio Palestino son 73 000 personas en la Franja de Gaza y 31 000 en Cisjordania. Un reciente estudio de evaluación realizado del programa puso de relieve la importancia de los componentes del mismo relativos a la nutrición y a la alimentación suplementaria. Éstos permiten proporcionar raciones de alimentos secos en las clínicas de maternidad y de salud infantil a mujeres a partir del quinto mes de embarazo hasta un año después del parto, y suplementos de hierro a los niños en edad preescolar y a las mujeres en edad de procrear.

Con el fin de actualizar los datos sobre seguridad alimentaria, la Comisión, en estrecha colaboración con la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el PMA y la OOPS, así como la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y sus socios, está finalizando los términos de referencia para la realización de una misión de evaluación de la seguridad alimentaria que cubrirá las zonas urbanas y rurales, así como la población de refugiados y de no refugiados que vive en los Territorios Palestinos. La misión estudiará y analizará las cuestiones relativas a la disponibilidad y el acceso a alimentos en los Territorios Palestinos y hará recomendaciones a la Autoridad Palestina para mejorar la coordinación de los esfuerzos desplegados por la comunidad internacional para hacer frente a la situación de inseguridad alimentaria. Se espera que la misión inicie sus tareas a principios de 2003. Estará compuesta por un equipo de altos funcionarios de la FAO y de expertos nacionales.

----

----

(2004/C 88 E/0314)

PREGUNTA ESCRITA P-3907/02

de Ilda Figueiredo (GUE/NGL) a la Comisión

(7 de enero de 2003)

Asunto:   Consecuencias económicas y sociales de la ampliación de la UE

Como ya se señalaba en una pregunta anterior de esta diputada a la Comisión, la próxima ampliación de la UE a países de la Europa Central y Oriental tendrá consecuencias económicas y sociales significativas, principalmente para las regiones y Estados miembros con una estructura económica similar a la de estos países, como es el caso de Portugal.

Por otra parte, no se entiende cómo se ha podido proponer un marco de financiación para la ampliación únicamente basado en la evaluación de su impacto «a nivel de la UE», cuando resulta evidente que ésta no constituye una realidad económica homogénea, al existir diferencias flagrantes entre países, regiones y sectores productivos.

Por lo que se refiere a Portugal, cabe destacar varias consecuencias de la ampliación, como la deslocalización de empresas o la pérdida de inversión extranjera directa para los nuevos países de la UE en un contexto de mayor competencia, lo cual tendrá efectos perjudiciales para el empleo y el desarrollo económico del país.

Entretanto — y tan sólo después de definirse en la Cumbre de Copenhague el marco financiero para la ampliación — la Comisión ha decidido crear un grupo de expertos para examinar las consecuencias de la ampliación y responder a las preguntas que se hace la opinión pública.

Respuesta del Sr. Verheugen en nombre de la Comisión

(29 de enero de 2003)

Se prevé que los efectos macroeconómicos de la ampliación de la Unión Europea sean relativamente reducidos para los 15 Estados miembros (UE-15).

Según un estudio realizado en la Comisión (1), en los diez años siguientes a la próxima ampliación se producirá un incremento acumulado del crecimiento del 0,7 % para los 15 Estados miembros.

Los efectos económicos serán mayores en las regiones fronterizas vecinas de los países candidatos, sobre todo en Alemania y Austria, y menores en las regiones más alejadas.

La cuota de Portugal en las exportaciones totales de los países candidatos a la UE fue sólo del 0,7 % en 2002 y su cuota en las importaciones totales de los países candidatos procedentes de la UE fue sólo del 0,3 %.

Comparar las inversiones directas extranjeras en los países candidatos con las inversiones correspondientes en los Estados miembros es mucho más complejo. Los acuerdos europeos han propiciado ya antes de la adhesión una considerable apertura del mercado. Según el informe de 2002 de las Naciones Unidas sobre las inversiones mundiales, las inversiones brutas en los países candidatos han ido en constante aumento desde 1996. En el informe se señala también que la República Checa recibió 5 300 millones de euros de inversión directa extranjera (IDE) en 2000 y 5 500 millones de euros en 2001, mientras que Hungría recibió 1 600 millones de euros en 2000 y 2 600 millones de euros en 2001. Portugal recibió 6 900 millones de euros en 2000 y 6 700 millones de euros en 2001, un aumento notable en comparación con las cifras del período 1996-1999. Por consiguiente, la Comisión considera que la ampliación es beneficiosa para todos.

Al principio de la ampliación aumentarán las disparidades económicas y sociales entre los 25 países de la UE. Pero ello será un efecto estadístico causado por el menor producto interior bruto (PIB) de los países que se adherirán.

Con arreglo a las decisiones del Consejo Europeo de Copenhague de los días 12 y 13 de diciembre de 2002, la ayuda per cápita prestada a través de los fondos estructurales a los nuevos Estados miembros será de 118 euros en 2006, mientras que en el período 2000-2006 se sitúa en una media de 217 euros en las regiones de los 15 Estados miembros que son objetivo 1.

----

(1)  Los efectos económicos de la ampliación. Documentos de ampliación no 4, junio de 2001.

----

----

(2004/C 88 E/0315)

PREGUNTA ESCRITA E-3916/02

de Juan Naranjo Escobar (PPE-DE) a la Comisión

(14 de enero de 2003)

Asunto:   El juego en la Red

Como bien reconoce la Comisión en su respuesta a la pregunta escrita E 2885/01 (1), las actividades de apuestas de Internet están sujetas a la diferente reglamentación de estas actividades en los Estados miembros creando barreras para el mercado interior que es preciso tomar en consideración.

Siendo las actividades de apuestas de Internet de naturaleza transfronteriza y teniendo en cuenta las advertencias de las administraciones nacionales de lotería sobre la necesidad de tratar esta cuestión a nivel europeo, ¿qué medidas ha tomado la Comisión al respecto? ¿Ha examinado la Comisión la necesidad de armonizar este ámbito? ¿De qué forma?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(3 de marzo de 2003)

Respecto a las apuestas en Internet, varios Estados miembros están adaptando sus legislaciones sobre actividades de apuestas o introduciendo nuevas leyes para normalizar estos servicios de la sociedad de la información. Estas nuevas leyes deben ser declaradas obligatoriamente con arreglo a la Directiva 98/48/CE del Parlamento y del Consejo, de 20 de julio de 1998, que modifica la Directiva 98/34/CE por la que se establece un procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas (2). Por lo tanto, la Comisión desearía confirmar a Su Señoría que, conforme a este mecanismo, está siguiendo los avances en este campo y garantizando que estas nuevas leyes nacionales no dan lugar a la creación de barreras injustificadas en el mercado interior, teniendo en cuanta el carácter específico de estos servicios, tal y como reconoce la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. No obstante, la Comisión no considera que sea necesario armonizar este ámbito en la actualidad.

----

(1)DO C 81 E de 4.4.2002, p. 211.

(2)DO L 217 de 5.8.1998.

----

----

(2004/C 88 E/0316)

PREGUNTA ESCRITA E-3917/02

de Juan Naranjo Escobar (PPE-DE) a la Comisión

(14 de enero de 2003)

Asunto:   Regiones fronterizas

En su Comunicación «Acción Comunitaria para las Regiones Fronterizas» (1), la Comisión propone asignar créditos por valor de 195 millones de euros para el período 2002-2006 a medidas suplementarias en las regiones fronterizas con los países candidatos de la ampliación.

Estas medidas, que afectan a 23 regiones de 5 Estados miembros, se gestionarían a través de TEN, Interreg, YOUTH y el Proyecto Piloto para las PYME con cargo a la línea presupuestaria B5-3003.

¿Podría la Comisión facilitar un desglose por líneas presupuestarias de la totalidad de los créditos destinados a las regiones fronterizas en los presupuestos 2002 y 2003, incluyendo los fondos adicionales aprobados por la Autoridad Presupuestaria?

¿Podría la Comisión facilitar un desglose de los montantes destinados a cada una de las regiones concernidas en 2002 y 2003?

¿Cuáles son los montantes de pagos realizados para cada una de estas regiones en el año 2002?

Respuesta del Sr. Barnier en nombre de la Comisión

(27 de febrero de 2003)

En los presupuestos de 2002 y 2003, los créditos de compromiso adicionales para las regiones de la Unión que limitan con los países candidatos ascienden a 98 millones de euros aproximadamente. Esta cantidad se desglosa como se indica a continuación.

En lo que concierne al presupuesto de 2002:

En lo que respecta al presupuesto de 2003:

No se han realizado compromisos adicionales dentro de las redes transeuropeas en favor de las regiones de la Unión que limitan con los países candidatos, ya que está pendiente la aprobación de la correspondiente propuesta legislativa adoptada por la Comisión el 2 de octubre de 2001, es decir, el proyecto de Reglamento que modifica el Reglamento (CE) no 236/95 por el que se determinan las normas generales para la concesión de ayudas financieras comunitarias en el ámbito de las redes transeuropeas (2).

Resulta difícil indicar con exactitud la asignación financiera que se ha efectuado a cada región fronteriza en los años 2002 y 2003. En lo que concierne especialmente a los programas Interreg, la distribución geográfica del gasto depende de la ubicación de ios proyectos que reciben financiación, los cuales son seleccionados con arreglo a criterios de calidad.

Si bien ha concluido el compromiso de los recursos financieros adicionales disponibles en 2002 para las regiones que limitan con los países candidatos, la ejecución de los proyectos se encuentra todavía en su fase inicial. Por lo tanto, los datos relativos a los pagos carecen de relevancia en el momento actual.

Por lo que respecta a los programas de los capítulos A y B de Interreg anteriormente mencionados, debe señalarse que la mayor parte de las adaptaciones de los complementos de programación se remitieron a la Comisión a fines de 2002. En consecuencia, la financiación de los proyectos va a iniciarse a comienzos de 2003. Los comités directivos correspondientes deberán encargarse de comprometer estos recursos financieros para proyectos concretos con arreglo a los criterios de los complementos de programación. Por consiguiente, los pagos futuros dependerán del gasto que se realice sobre el terreno. La fecha final establecida a efectos de la subvencionabilidad del gasto con cargo a estos fondos es el 31 de diciembre de 2004.

----

(1)  COM(2001)437.

(2)DO C 75 E de 26.3.2002.

----

----

(2004/C 88 E/0317)

PREGUNTA ESCRITA E-0046/03

de Pasqualina Napoletano (PSE) y Giovanni Pittella (PSE) a la Comisión

(21 de enero de 2003)

Asunto:   Crisis en Venezuela

Considerando que Venezuela está atravesando una grave crisis política y social, origen de serios daños y pérdidas, a la que se añaden, por una parte, los fenómenos de violencia organizados por los sectores más radicales próximos al Gobierno del Presidente Chavez y, por otra parte, los actos que rozan el golpe de Estado perpetrados por algunos sectores extremistas de la oposición; considerando que dicha situación constituye una amenaza real para la democracia y la libertad, y que en Venezuela vive una vastísima colectividad de origen europeo (que alberga una numerosa comunidad de origen italiano).

¿Puede indicar la Comisión qué medidas se han adoptado (y cuáles son los resultados) y qué piensa hacer para que la Unión Europea participe en el fortalecimiento del papel de la Comunidad y las instituciones internacionales, papel decisivo para superar la crisis en el ámbito de las negociaciones políticas y del respeto del orden democrático y de la Constitución?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(13 de febrero de 2003)

La Unión hizo tres declaraciones en 2002 sobre la actual crisis de Venezuela: después del golpe de abril, el 9 de octubre y el 23 de diciembre. En sus declaraciones, la Unión expresaba su pleno apoyo a los esfuerzos llevados a cabo por Organización de los Estados Americanos (OEA) para facilitar un diálogo nacional entre el Gobierno de Venezuela y la oposición organizada en la Coordinadora Democrática, así como con otros sectores importantes de la sociedad. Estas declaraciones, como las realizadas por otros países, regiones e instituciones internacionales, han tenido probablemente un efecto positivo en la medida en que alentaron a la población venezolana a evitar la violencia y dejaron claro a los elementos más radicales de la oposición que la comunidad internacional no toleraría ninguna solución no democrática o inconstitucional.

Los esfuerzos de la OEA, sin embargo, aún no han dado resultados concretos para la solución de la crisis política. Las partes en conflicto parecen incapaces de entablar un diálogo constructivo que permita resolver la situación. El 15 de enero de 2003 se puso en marcha una nueva iniciativa para intentar dirimir el conflicto consistente en la creación de un «Grupo de Amigos». Dos Estados miembros, España y Portugal, forman parte de dicho Grupo, cuya creación fue saludada por la Unión en una Declaración de 21 de enero de 2003. El Grupo trabajará apoyando los esfuerzos de la OEA.

Por otra parte, la Comisión aprobó un proyecto para asistir financieramente a la OEA en su esfuerzo por aplicar los posibles acuerdos alcanzados entre las partes que intervienen en el diálogo promovido por esta organización. Además, para facilitar ese diálogo, el proyecto tiene tres componentes: apoyo a elecciones libres e imparciales, investigación de los acontecimientos de abril de 2002 (intento fallido de golpe de Estado) y desarme de la población civil.

----

----

(2004/C 88 E/0318)

PREGUNTA ESCRITA E-0070/03

de Erik Meijer (GUE/NGL) a la Comisión

(23 de enero de 2003)

Asunto:   Auge de todoterrenos inseguros y despilfarradores de energía en los Estados Unidos y medidas para evitar una evolución similar en la UE

Fuente: TV RTL 4, Países Bajos, «Nieuws» de 4 de enero de 2003.

Respuesta del Sr. Liikanen en nombre de la Comisión

(7 de marzo de 2003)

La Comisión es plenamente consciente del fuerte aumento que han experimentado en los Estados Unidos las ventas y la cuota de mercado de los llamados sport utility vehicles (SUV) o vehículos de ocio todoterreno, las camionetas y los pick-up, que, en la actualidad, representan alrededor del 50 % de las ventas de vehículos ligeros nuevos. Su porcentaje del total del parque automovilístico ligero se acerca al 30 %. Estos vehículos están equipados casi exclusivamente con motores de gasolina y consumen una cantidad relativamente alta de carburante. El bajo precio de la gasolina en los Estados Unidos ha contribuido al aumento de las ventas de este tipo de vehículos.

La Comisión es consciente de la creciente preocupación que existe en los Estados Unidos por el incremento del uso de este tipo de vehículos. Recientemente, la NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) hizo pública su inquietud, centrándose básicamente en el riesgo que tienen de volcar. Además, están surgiendo debates sobre el impacto medioambiental y la dependencia energética. Otro ámbito de preocupación, tanto en los Estados Unidos como en Europa, es la cuestión de la compatibilidad entre estos vehículos y el turismo medio, relativamente menor, en caso de accidente, ya que, en general, el modo en que están fabricados los SUV proporciona un nivel de impacto muy superior, que resulta en un aumento del nivel del daño potencial. Actualmente, varios fabricantes y autoridades legislativas están tratando la cuestión.

Todos los SUV y pick-up que se venden en el mercado europeo deben cumplir la totalidad de la normativa comunitaria y nacional pertinente.

La Comisión está siguiendo de cerca el comportamiento de estos vehículos, en particular los SUV altos y pesados, a fin de decidir si es necesario tomar medidas. No obstante, varios de los requisitos futuros que ya han sido propuestos se ocuparán de algunos de los elementos más importantes relacionados con este tipo de vehículos. En este sentido, como ya se ha anunciado, la Comisión propondrá una Directiva marco relativa a la protección de peatones y ciclistas que será aplicable a este tipo de vehículos hasta un peso de 2,5 toneladas. Además, la Comisión también propondrá una Directiva relativa a las llamadas bull-bars (barras reforzadas en los parachoques), un equipamiento que se utiliza con mucha frecuencia en estos vehículos. Por último, la Comisión ya ha propuesto una Directiva relativa a la mejora de la visión indirecta (1), que requerirá la utilización de retrovisores o medidas alternativas para reducir los «ángulos muertos».

Pese a que no se ha definido exactamente el concepto de «vehículo de ocio todoterreno», se estima que, de todos los vehículos ligeros registrados en la Comunidad, alrededor del 3 % son SUV, un porcentaje que tan sólo representa en torno a una décima parte del nivel norteamericano. Aunque es difícil prever la evolución del mercado, existen varios factores que podrían limitar la utilización de dichos vehículos, como su precio, el nivel de consumo de carburante y el precio de éste, y su tamaño, que los convierte en vehículos poco prácticos en muchas zonas urbanas de Europa. De cualquier forma, no hay duda de que las ventas están aumentando.

Es importante tener en cuenta que la industria automovilística se ha comprometido a lograr, para 2008-2009, una reducción de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) procedentes de turismos de la categoría M1, hasta una media de 140 gramos por kilómetro (gr/km), en las ventas del mercado comunitario. El seguimiento de dicho compromiso ha puesto de manifiesto un descenso en las emisiones de CO2 durante los últimos años. Los SUV y demás vehículos similares, al estar clasificados como turismos de categoría M1, entran en el ámbito del compromiso mencionado. La mejora del consumo de carburante es, pues, un factor importante para la industria. La Comisión ha propuesto ampliar la medición de emisiones de CO2 a los vehículos de categoría N1 (vehículos destinados al transporte de mercancías) (2) y, en la actualidad, está elaborando un estudio para evaluar las opciones que tiene esta categoría para entrar en el ámbito de aplicación de las medidas de reducción de CO2, así como el modo en que lo haría. Está previsto que la Comisión informe al Consejo y al Parlamento del resultado de dicho estudio en 2003.

La política de la Comisión no es desalentar la venta de ningún tipo de vehículo en particular, siempre y cuando éste cumpla todos los requisitos en materia de seguridad y emisiones. No obstante, la Comisión está examinando y trabajando permanentemente en iniciativas para aumentar los niveles medioambientales y de seguridad de los vehículos que se venden en el mercado interior.

----

(1)DO C 126 E de 28.5.2002.

(2)DO C 51 E de 26.2.2002.

----

----

(2004/C 88 E/0319)

PREGUNTA ESCRITA E-0106/03

de Luciano Caveri (ELDR) a la Comisión

(28 de enero de 2003)

Asunto:   Incendio en el túnel del Mont Blanc

Mientras prosiguen las indagaciones de la magistratura francesa sobre el grave incendio que, el 24 de marzo de 1999, causó la muerte de 39 personas en el túnel del Mont Blanc, la noticia acerca de las sospechas de una posible anomalía en el camión Volvo que se incendió en el túnel, desencadenando posteriormente una tragedia, suscita serias preocupaciones. La investigación gira en torno a un defecto de fábrica en un determinado modelo de camión, lo que provocaría fenómenos de autocombustión en caso de aspiración de una colilla de cigarrillo desde el exterior. ¿Dispone la Comisión de alguna información al respecto?

Respuesta del Sr. Liikanen en nombre de la Comisiónn

(20 de marzo de 2003)

La Comisión no está informada del desarrollo de la investigación que la justicia francesa está llevando a cabo para determinar todas las responsabilidades de dicha catástrofe, que permanece bajo secreto de sumario, pero conoce varios informes oficiales que describen los hechos y que son de dominio público. La Comisión tiene información de que la catástrofe se originó por un incendio ocurrido en un tractor de semirremolque, minutos después de pasar por el peaje de Chamonix. Se han barajado varias hipótesis para intentar explicar el origen del incendio en el tractor. De momento, no se ha confirmado ni descartado ninguna de ellas y corresponde a los peritos designados por el juez verificar su pertinencia.

Con el fin de evitar tales accidentes y proteger a los usuarios de los túneles, la Comisión presentó el 30 de diciembre de 2002 una propuesta de Directiva sobre requisitos mínimos de seguridad para túneles de la red transeuropea de carreteras.

Asimismo, la Comisión tiene previsto establecer la obligatoreidad de la presencia de extintores portátiles o sistemas de extinción en todos los vehículos de masa máxima superior a 3,5 toneladas y trabajará para resolver el problema de seguridad que representan los depósitos adicionales de combustible instalados en los vehículos pesados.

Además, la Comisión presentará durante el año en curso una propuesta para extender la homologación de tipo comunitaria a los vehículos industriales. Mientras tanto, la homologación de dichos vehículos sigue siendo competencia de cada uno de los Estados miembros y sus normas de fabricación entran en el ámbito de aplicación de las normativas nacionales.

----

----

(2004/C 88 E/0320)

PREGUNTA ESCRITA P-0110/03

de Peter Liese (PPE-DE) a la Comisión

(21 de enero de 2003)

Asunto:   Vacunación antivariólica en los Estados miembros

En los Estados miembros de la Unión Europea se están tomando distintas medidas cautelares en previsión de posibles ataques terroristas con el virus causante de la viruela. Las informaciones al respecto en los medios de comunicación han suscitado una importante inquietud entre la población. Dado que el virus de la viruela, en caso de aparición, evidentemente no se detendrá en las fronteras de los Estados miembros, se hace necesaria una actuación comunitaria concertada.

¿Dispone la Comisión Europea de informaciones relativas a las distintas estrategias en los Estados miembros? ¿En qué medida se prevé la coordinación de los distintos planes más allá de las fronteras de los Estados miembros? ¿Puede ofrecer la Comisión ayuda a los Estados miembros, sobre todo, a la hora de evaluar los posibles efectos secundarios de la vacunación antivariólica? ¿En qué medida se pueden aprovechar las ventajas que ofrece el mercado interior europeo para poder lograr en todos los Estados miembros, tan pronto como sea necesario y posible, la provisión de vacunas de alta eficacia y escasos efectos secundarios?

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(12 de febrero de 2003)

Tal como se indicó en sus Comunicaciones «Protección civil: Estado de alerta preventiva frente a posibles emergencias» (1) y «Protección civil — Progresos realizados en la aplicación del programa de prevención frente a posibles emergencias» (2), la Comisión y los Estados miembros trabajan en colaboración en el marco de un programa de seguridad sanitaria a fin de reforzar la preparación y la respuesta ante la posibilidad de liberaciones intencionales de agentes biológicos y químicos con el fin de provocar daños. Esto incluye, entre otras cosas, el intercambio confidencial de información y la transmisión de las mejores prácticas en materia de estrategias nacionales para hacer frente a un brote de viruela, y permitir el mayor grado posible de coordinación en la adopción de medidas de protección. Asimismo, se incluye la difusión de información, exámenes y directrices para los profesionales sanitarios sobre temas prioritarios tales como la supervisión, la detección, los análisis de laboratorio y la gestión de casos.

Existe una abundante documentación publicada sobre los efectos secundarios de la vacunación antivariólica procedente del programa de erradicación de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Sin embargo, la Task Force sobre seguridad sanitaria de la Comisión divulgará todos los nuevos datos que se le comuniquen sobre las vacunaciones previstas en algunos países.

En la actualidad, no existen vacunas antivariólicas autorizadas en la Comunidad. Se están creando nuevas vacunas, pero todavía no se ha recibido ninguna solicitud de comercialización. Al no haberse autorizado la comercialización de ningún producto en la Comunidad, los Estados miembros están almacenando vacunas sin licencia en sus países, tanto de primera como de segunda generación.

El grupo de expertos ad hoc sobre vacunas, creado por la Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos (EMEA) a solicitud de la Comisión, ha establecido orientaciones para la elaboración de vacunas de virus vaccinia contra la viruela (3), que se publicaron en los sitios web de la Comisión y la EMEA en julio de 2002. Entre esta información se incluye un capítulo sobre la evaluación de la seguridad y los estudios posteriores a la autorización.

Puede solicitarse la autorización de comercialización para cualquier nueva vacuna a través del procedimiento centralizado, que permitiría efectuar una evaluación acelerada. Si se cumplen los criterios necesarios de seguridad, eficacia y calidad, podría concederse una autorización comunitaria, inmediatamente aplicable en todos los Estados miembros.

El Sexto Programa Marco de Investigación prevé el apoyo a la investigación sobre nuevas vacunas contra agentes biológicos potenciales y sobre nuevos métodos terapéuticos.

----

(1)  COM(2001) 707 final.

(2)  COM(2002) 302 final.

(3)  Puede encontrarse orientación sobre la elaboración de vacunas contra la viruela basadas en el virus vaccinia en las siguientes direcciones: http://pharmacos.eudra.org/F2/home.html ou http://www.emea.eu.int/.

----

----

(2004/C 88 E/0321)

PREGUNTA ESCRITA E-0131/03

de Joan Colom i Naval (PSE) a la Comisión

(28 de enero de 2003)

Asunto:   Ejecución de la línea presupuestaria B2-1411 «Apoyo a las regiones limítrofes de los países candidatos»

La línea presupuestaria B2-1411 «Apoyo a las regiones limítrofes de los países candidatos», creada durante el procedimiento presupuestario 2002, fue dotada con 30 millones de euros en créditos de compromiso y 15 millones de euros en créditos de pago.

Según el informe de la Comisión sobre la ejecución de compromisos y pagos a 31 de diciembre de 2002, los compromisos fueron ejecutados al 100 % y los pagos tan solo en un 14 %.

¿Puede decir la Comisión cuáles han sido los motivos de una tan baja ejecución de los créditos de pago?

Respuesta del Sr. Barnier en nombre de la Comisión

(4 de marzo de 2003)

Se ruega a Su Señoría que consulte la respuesta de la Comisión a la pregunta escrita E-3917/02 del Sr. Naranjo Escobar (1).

----

(1)  Ver página 310.

----

----

(2004/C 88 E/0322)

PREGUNTA ESCRITA E-0141/03

de Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) a la Comisión

(28 de enero de 2003)

Asunto:   Acuerdo Internacional de Pesca UE-Guinea-Bissau y cooperación al desarrollo

En el marco del vigente Acuerdo Internacional de Pesca UE-Guinea-Bissau:

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(6 de marzo de 2003)

----

----

(2004/C 88 E/0323)

PREGUNTA ESCRITA P-0215/03

de Marco Cappato (NI) a la Comisión

(27 de enero de 2003)

Asunto:   Escalada de violencia relacionada con las drogas en Bolivia

La comunidad internacional debería ser particularmente consciente de la situación en Bolivia con respecto a las manifestaciones de los grupos indígenas que reivindican el empleo de productos tradicionales como la hoja de coca (estrictamente regulado en la actualidad por el Gobierno boliviano). De hecho, durante los últimos días se han producido diferentes enfrentamientos entre la Policía, el Ejército y los manifestantes, en particular agricultores, que protestaban contra la erradicación de su cultivo tradicional. Los corresponsales de prensa bolivianos indican que la escalada de violencia se ha saldado al menos con 17 muertes, docenas de heridos y cientos de detenidos.

¿Es consciente la Comisión de la naturaleza de tal escalada del conflicto entre el Gobierno boliviano y los grupos indígenas debido a la erradicación de la coca? ¿Qué medidas aplica o proyecta aplicar la Comisión para ayudar a las autoridades bolivianas a erradicar ese cultivo?

¿No considera la Comisión que ha llegado el momento de afrontar los errores y las desastrosas consecuencias que la prohibición genera tanto en los países productores como en los consumidores e iniciar un proceso de revisión de los tres convenios internacionales sobre sustancias narcóticas y psicotrópicas en la próxima reunión ministerial de la Comisión de las Naciones Unidas para los Narcóticos de las NN.UU. prevista para los días 16 y 17 de abril de 2003, a fin de promover un enfoque pragmático y más eficaz en materia de drogas?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(24 de febrero de 2003)

La Comisión ha seguido de cerca la escalada de confrontación entre el Gobierno de Bolivia y los productores de coca y otros sectores sociales y ha observado con preocupación los violentos incidentes en relación con los cortes de carretera producidos desde el 13 de enero de 2003. A la Comisión le complace observar que el acuerdo alcanzado entre Evo Morales y el Presidente Sánchez de Lozada el 26 de enero de 2003 parece haber rebajado la confrontación y ha permitido que los dos bandos se sienten a negociar sobre la política del Gobierno en materia de erradicación de la coca y las prácticas de control de las drogas.

Sobre la base del principio de corresponsabilidad, la Comisión ha apoyado proyectos de desarrollo alternativos en Bolivia conforme a las prioridades en la cooperación definidas en su Documento de estrategia nacional. Tres proyectos por un valor total de 30 millones de euros están actualmente en curso además de un cuarto dotado con 13 millones de euros que puede ser aprobado en 2003.

El planteamiento adoptado por la Comisión parte del hecho de que la mayoría de la gente que trabajaba en las plantaciones ilegales de coca ha superado, de manera temporal o permanente, unas condiciones de vida precarias y unas economías locales deprimidas dedicadas a la explotación minera en las montañas occidentales y los altiplanos de la región de Cochabamba. Puesto que la renta que puede obtenerse produciendo coca es mucho más alta de lo que se obtendría mediante el trabajo en las áreas de explotación minera o produciendo cosechas legales, es esencial dar a los agricultores acceso a unas fuentes alternativas de ingresos que sean viables.

La Comisión está financiando y planea financiar actividades en las zonas productoras de coca de Chapare y Los Yungas creando actividades agrícolas viables y otras actividades de generación de rentas para animar a los productores a dejar de producir coca. También está proporcionando infraestructura local como centros sanitarios y escuelas. La Comisión está intentando mejorar asimismo las condiciones de vida y apoya el desarrollo económico en las zonas montañosas con altos índices de paro con el fin reducir la presión de la pobreza extrema, que empuja a la migración de los trabajadores a las áreas productoras de coca. La Comisión trabaja con las autoridades locales y mantiene un diálogo con los agricultores de coca y sus proyectos son bien recibidos por la población local.

La Comisión es un observador permanente activo en la Comisión de las Naciones Unidas para los narcóticos (CND), donde ha defendido un planteamiento equilibrado entre la prevención y la adopción de medidas y la lucha contra la producción y el tráfico. Los proyectos de desarrollo alternativos son un ejemplo de ello proporcionando unos medios de vida alternativos. Su objetivo es intentar disminuir la dependencia de los agricultores respecto al cultivo de drogas.

No hay planes de que, en la próxima sesión del CND, se vaya a iniciar un proceso para la revisión de los tres Convenios de las Naciones Unidas. Este asunto no ha sido planteado por los Estados miembros ni por la Comisión en las discusiones periódicas sobre la política en materia de sustancias psicotrópicas de la Unión.

----

----

(2004/C 88 E/0324)

PREGUNTA ESCRITA E-0226/03

de Guido Podestà (PPE-DE) y Amalia Sartori (PPE-DE) a la Comisión

(3 de febrero de 2003)

Asunto:   Obstáculos legislativos al comercio intracomunitario de productos de orfebrería — Violación del artículo 28 del Tratado CE

Aún hoy día, casi 50 años después de la entrada en vigor del Tratado CE y de las pertinentes disposiciones relativas a la creación del mercado común, subsisten numerosos obstáculos legislativos que impiden la libre circulación dentro de la UE de productos de orfebrería contrastados y comercializados legalmente en un Estado miembro.

Esto ocurre, concretamente, en el caso de los productos de orfebrería italianos que, tras haber sido fabricados, contrastados legalmente y comercializados en Italia, difícilmente consiguen circular desde Italia con destino a otros Estados miembros de la UE a causa de la normativa y de los obstáculos legislativos vigentes en dichos Estados, en particular en Francia, Irlanda y el Reino Unido.

La jurisprudencia comunitaria constante y consolidada determina que, toda disposición comercial de los Estados miembros que pueda obstaculizar, directa o indirectamente, de forma efectiva o en potencia, los intercambios intracomunitarios, debe ser considerada una medida con un efecto equivalente a restricciones cuantitativas y, por consiguiente, una violación del artículo 28 del Tratado CE.

Ahora bien, no obstante las denuncias recibidas recientemente —algunas de las cuales aún están en curso—, y a pesar de la gravedad de las violaciones contestadas, que inciden sobre una libertad fundamental para la Comunidad, concretamente la de la libre circulación de mercancías, la Comisión no parece haber concedido hasta ahora la importancia necesaria a este problema.

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(5 de marzo de 2003)

Se pregunta a la Comisión cómo pretende suprimir los obstáculos a la libre circulación de productos de orfebrería legalmente fabricados, contrastados y comercializados en un Estado miembro y qué medidas se han tomado para poner fin a las violaciones del artículo 28 del Tratado CE en este ámbito.

En primer lugar, hay que aclarar que, en el pasado, la Comisión propuso una armonización de la legislación en este ámbito, pero que nunca llegó a producir ningún resultado. A la espera de una armonización de las reglas relativas al contraste, los obstáculos a la libertad de circulación de los productos de orfebrería dentro de la Unión tienen que examinarse a la luz de los artículos 28 a 30 del Tratado CE.

A principios de los 90 se introdujeron varios procedimientos de infracción contra varios Estados miembros, y entre ellos Francia, Irlanda y el Reino Unido, relativos a obstáculos al comercio de metales preciosos. Sin embargo, de acuerdo con la decisión del Tribunal Europeo en el proceso Hotwipper (Proceso 293/93), de 15 de septiembre de 1994, esos procesos se archivaron. En el proceso Hotwipper, el Tribunal rechazó expresamente la argumentación del Gobierno alemán según la cual:

Por el contrario, el Tribunal afirmó que, a falta de normativa comunitaria, los Estados miembros disponían de amplio poder discrecional y que les correspondía la elección de las medidas adecuadas para limitar el riesgo de fraude. La opción entre el control a priori por un organismo independiente y un régimen que permitiese la aplicación del contraste por los fabricantes, apoyado por formación, reglas de calidad y sanciones, incumbía a la política legislativa de los Estados miembros; el Tribunal sólo ejercería su control en caso de «error manifiesto de apreciación».

En su sentencia en el asunto C-30/99 (Comisión contra Irlanda), de 21 de junio de 2001, el Tribunal prefirió no volver a examinar «la cuestión de si también puede considerarse que un contraste estampado por el fabricante o por su laboratorio ofrece garantías de independencia suficientes».

La Comisión ha recibido recientemente nuevas quejas contra los tres Estados miembros en cuestión, alegando que su política de no reconocimiento de las marcas de contraste aplicadas por el fabricante en el contexto de un régimen de acreditación, control y vigilancia es contraria al artículo 28 del Tratado. La Comisión está juzgando si la denegación de reconocimiento de dichas marcas puede constituir «error manifiesto de apreciación» por las autoridades de dichos Estados miembros.

----

----

(2004/C 88 E/0325)

PREGUNTA ESCRITA E-0230/03

de Helle Thorning-Schmidt (PSE) a la Comisión

(4 de febrero de 2003)

Asunto:   Consecuencias de la ampliación para los agentes de aduanas

Los análisis indican que, como consecuencia de la ampliación, unos 22 000 agentes de aduanas corren el riesgo de perder su empleo en 2004, 20 000 de los cuales en los países de la Europa central y oriental. Esto significaría que una parte de estos agentes ya está buscando otro empleo, puesto que se sabe que la mayor parte de ellos perderá su empleo a partir de mayo de 2004. Esto puede ocasionar una serie de problemas prácticos, dado que los agentes de aduanas se encargan de asegurar el cumplimiento de las normas aduaneras tanto de la UE como de los países candidatos, condición indispensable para que una mercancía pueda pasar las fronteras exteriores de la UE.

¿Qué iniciativas está adoptando la Comisión para asegurar el intercambio comercial transfronterizo de la UE con los países candidatos a partir del 1 de mayo de 2004? ¿Piensa la Comisión aplicar alguna medida para incentivar a los agentes de aduanas a que conserven sus empleos hasta que la ampliación se haga realidad? ¿Presentará la Comisión una reglamentación similar a la que se adoptó en 1992 con ocasión de la entrada en vigor del mercado interior? En caso negativo, ¿cómo piensa la Comisión solucionar este problema inminente?

Respuesta de la Sra. Diamantopoulou en nombre de la Comisión

(14 de marzo de 2003)

La Comisión —como ya manifestó en su respuesta a la pregunta escrita E-2488/02 del Sr. Lisi (1)— no tiene previsto adoptar una reglamentación similar a la adoptada con motivo de la entrada en vigor del mercado único, en 1992. En la respuesta a dicha pregunta, la Comisión hizo referencia a las posibilidades que tienen los Estados miembros en el marco de los Fondos Estructurales y de las orientaciones adoptadas en lo que respecta a las ayudas estatales.

----

(1)DO C 52 E de 6.3.2003, p. 179.

----

----

(2004/C 88 E/0326)

PREGUNTA ESCRITA E-0267/03

de Laura González Alvarez (GUE/NGL) a la Comisión

(6 de febrero de 2003)

Asunto:   Abuso de posición dominante y publicidad engañosa de las compañías aéreas Spanair e Iberia (España)

La Unión de Consumidores de Asturias ha denunciado la última campaña publicitaria de las compañías aéreas Iberia y Spanair por considerar que la ocultación en la publicidad de datos importantes para los usuarios (como pasar la noche del sábado al domingo en destino, tener una estancia máxima de diez días, necesidad de realizar la contratación con cuatro días de antelación, etc.) pudiera infringir la Directiva 97/55/CEE (1), relativa a la publicidad engañosa.

Por otra parte, esta Unión de Consumidores denuncia a estas compañías aéreas y Air Nostrum por pactar los precios de los billetes, lo que significaría un abuso de posición dominante, contraviniendo el artículo 82 del Tratado CE sobre explotación abusiva de una posición dominante.

¿Tiene la Comisión conocimiento de estos hechos?

¿Qué medidas piensa adoptar la Comisión, en tanto que guardiana de los Tratados, para garantizar la observancia del Derecho comunitario en el caso que nos ocupa?

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(14 de marzo de 2003)

La Comisión ha tenido noticia de una serie de quejas de organizaciones de consumidores sobre determinadas prácticas de publicidad engañosa en el sector del transporte aéreo. De hecho, un aspecto clave de la política comunitaria de transporte y protección de los consumidores es que los pasajeros deben tener derecho a recibir una información completa y clara. La omisión de información esencial en la publicidad de servicios de transporte aéreo puede conculcar la legislación comunitaria. La Directiva 84/450/CEE del Consejo, de 10 de septiembre de 1984, relativa a la publicidad engañosa (2), modificada por la Directiva 97/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de octubre de 1997, a fin de incluir en la misma la publicidad comparativa, es un instrumento eficaz para actuar en contra de las prácticas engañosas. No obstante, la aplicación práctica diaria de esta Directiva es competencia de los Estados miembros, que son quienes están mejor situados para determinar cómo debe efectuarse esta aplicación en su país. Desgraciadamente, la Comisión no puede intervenir directamente en relación con las quejas individuales dirigidas por los ciudadanos a los Estados miembros. El examen de las medidas comunicadas por el Gobierno de España relativas a la publicidad engañosa y comparativa no permite a la Comisión concluir la existencia de una conculcación de la legislación comunitaria.

Para hacer frente a las quejas de los pasajeros de líneas aéreas, la Comisión publicó el 7 de junio de 2002 un documento de consulta sobre los contratos entre las compañías aéreas y los pasajeros, que tenía por objeto, entre otras cosas, la información que deben recibir los pasajeros antes de adquirir un billete de avión. La consulta permitió recibir un gran número de contribuciones de los interesados, y la Comisión está evaluando en la actualidad si es preciso actuar, y en qué sentido, para abordar los motivos de insatisfacción de los pasajeros de líneas aéreas descubiertos.

En cuanto a las supuestas prácticas contrarias a la competencia, es cierto que las empresas que ocupan una posición dominante en el mercado pueden realizar en determinadas circunstancias, gracias a esa posición dominante, prácticas abusivas prohibidas por el artículo 82 del Tratado CE. No obstante, dada la inexistencia de información más detallada sobre el supuesto abuso de posición dominante de las compañías aéreas españolas, no es posible determinar si se ha producido una conculcación del Tratado CE.

----

(1)DO L 290 de 23.10.1997, p. 18.

(2)DO L 250 de 19.9.1984.

----

----

(2004/C 88 E/0327)

PREGUNTA ESCRITA E-0303/03

de Roger Helmer (PPE-DE) a la Comisión

(10 de febrero de 2003)

Asunto:   Adhesión de Malta a la UE

¿Qué comentario le merece a la Comisión la noticia de que 900 ciudadanos de edad avanzada y mentalmente competentes han sido borrados del registro electoral en Malta y no podrán votar en el próximo referéndum sobre la adhesión de Malta a la UE?

¿Qué comentario le merece también a la Comisión la noticia de que el Partido Nacional, que está a favor del «Sí», actúa de manera inapropiada y antidemocrática para promocionar su campaña y obstaculizar la campaña a favor del «No» con prácticas tales como influir en los funcionarios públicos, restringir el número de mítines que puede celebrar el Partido Laborista, que hace campaña a favor del «No», y comparar a los que propugnan el «No» con los nazis?

Respuesta del Comisario Verheugen en nombre de la Comisión

(13 de marzo de 2003)

Su Señoría plantea cuestiones referentes a derechos democráticos importantes. El apartado 1 del artículo 6 del Tratado de la Unión Europea establece que la Unión se basa en los principios de democracia y respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Sin embargo la Unión no tiene una competencia general por lo que se refiere a los derechos fundamentales sino que sólo puede intervenir en caso de violación de los derechos fundamentales al aplicarse la legislación de la Unión.

Los asuntos electorales, incluidos los criterios sobre derecho de sufragio activo en los referéndums nacionales son competencia de los Estados miembros y no hay ninguna legislación de la Unión sobre el tema. En 1993 los Estados miembros acordaron los llamados criterios de Copenhague para la adhesión según los cuales la pertenencia requiere que el país candidato haya logrado, entre otros, la estabilidad de instituciones garantes de la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y el respeto y protección de las minorías. Las cuestiones de Su Señoría referentes a Malta pueden considerarse desde este punto de vista.

La ley electoral general de Malta prevé que cualquier decisión de transferencia, corrección o eliminación de votantes sólo puede ser tomada por una comisión electoral que incluye a representantes de ambos partidos políticos. Además, en el caso de ponerse en duda el derecho de votar de un ciudadano basándose en enfermedad mental, la Comisión electoral puede tomar la decisión solamente si el colegio médico designado decide previamente por votación unánime que el votante no posee capacidad mental. Este colegio médico está integrado por un médico designado como presidente y un médico designado por cada uno de los partidos políticos. Este procedimiento legal garantiza que no se produzca ninguna eliminación abusiva de un ciudadano del censo electoral.

Por lo tanto, aunque ha habido puestas en duda por ambos partidos del derecho de algunos ciudadanos a votar basándose en criterios de enfermedad mental, la eliminación del censo sólo puede hacerse según procedimientos legalmente establecidos. La Comisión no es consciente de que esto haya llevado a la eliminación de centenares de ciudadanos del censo. La Comisión también observa que el Partido Nacionalista retiró sus alegaciones con respecto al derecho de voto de algunos ciudadanos debido a enfermedad mental y que presentó disculpas a quienes habían sido indebidamente incluidos.

La Comisión cree que la campaña política para el referéndum de adhesión en Malta ha tenido lugar hasta ahora de conformidad con las normas democráticas básicas. No ha habido, a su conocimiento, ninguna limitación al derecho del Partido Laborista y del «No side» para celebrar reuniones. La Comisión no es consciente de ninguna tentativa «de influir en los funcionarios públicos».

La Comisión desea, sin embargo, subrayar que el problema de la adhesión a la Unión es un tema de importancia histórica para Malta y que suscita mucha pasión en un país que ya solicitó su ingreso en 1990.

----

----

(2004/C 88 E/0328)

PREGUNTA ESCRITA P-0370/03

de José Ribeiro e Castro (UEN) a la Comisión

(6 de febrero de 2003)

Asunto:   Cierre de Clarks en Portugal. Fondos comunitarios. Deslocalización

El reciente anuncio del próximo cierre de una fábrica de calzado de la multinacional inglesa C&J Clark en Castelo de Paiva, en el norte de Portugal, ha tenido amplio eco en la prensa. Este cierre inesperado provocará el despido de casi 600 trabajadores, cuyo desempleo tendrá un enorme impacto social negativo en la situación de las familias residentes y trabajadoras de dicho ayuntamiento que, además, está ubicado, a efectos de los Fondos estructurales, en una región del Objetivo 1.

La empresa, para la instalación de esta fábrica (1988) y de sus actividades en Castelo de Paiva, recibió importantes fondos nacionales y comunitarios y se había previsto que debía continuar sus actividades hasta, por lo menos, 2007.

Según reiteradas declaraciones públicas, la empresa C&J Clark está realizando una deslocalización de la fábrica de Portugal a Rumania y, en contrapartida de la nueva fábrica en Rumania, pretenderá recibir nuevos fondos comunitarios en el marco de las ayudas de preadhesión o de futura integración de este país de la Europa del Este en la Unión Europea;

¿Dispone la Comisión de información, debidamente registrada, de las intenciones de C&J Clark de deslocalizar su fábrica de Portugal a Rumania? ¿Puede asegurar la Comisión que, tras haber recibido, directa o indirectamente, ayuda comunitaria para la fábrica portuguesa, el grupo Clarks no recibirá, directa o indirectamente, nuevas ayudas comunitarias para la fábrica en Rumania (que constituiría un «premio» indirecto al cierre de la fábrica ya instalada en Portugal)?

Respuesta de la Sra. Diamantopoulou en nombre de la Comisión

(24 de abril de 2003)

La Comisión no dispone de ninguna información concreta de que la empresa en cuestión tenga intención de trasladarse de Portugal a Rumania. Por otra parte, la Comisión informa a Su Señoría que no le consta que dicha empresa se haya beneficiado de ayudas de preadhesión por el traslado a Rumania de uno de sus establecimientos instalado en Portugal. Conviene destacar que las ayudas directas a las empresas en el marco del programa Phare son fundamentalmente ayudas a favor de las pequeñas y medianas empresas y que, en este marco, la ayuda a la «relocalización» de empresas no es subvencionable. En general, las ayudas de preadhesión son gestionadas por los países candidatos en el marco de programas acordados con la Comisión, lo cual significa que no hay ninguna concesión directa por parte de la Comisión y que la programación de la ayuda se determina en función de las necesidades reconocidas de desarrollo y/o de las necesidades de preparación a la adhesión de una región o de un país. Las decisiones sobre la localizatión de las empresas responden a una lógica de mercado basada en el análisis de las ventajas comparativas de las regiones y los países. Las ayudas directas disponibles desempeñan un papel muy secundario en dichas decisiones, ya que se determinan en función de las necesidades generales de desarrollo y no de las necesidades de una empresa concreta.

Asimismo, la Comisión desea llamar la atención de Su Señoría sobre la respuesta a la pregunta escrita P-89/03 de la Sra. 635105 (1) y, en particular, sobre los aspectos relativos a las disposiciones comunitarias aplicables en la materia.

----

(1)DO C 11 E de 15.1.2004, p. 67.

----

----

(2004/C 88 E/0329)

PREGUNTA ESCRITA E-0430/03

de Rosa Miguélez Ramos (PSE) a la Comisión

(18 de febrero de 2003)

Asunto:   Prestige: ayudas de Estado

La catástrofe derivada del hundimiento del petrolero «Prestige» frente a las costas de Galicia han causado graves pérdidas a muchas empresas ligadas a la pesca y a otras actividades marinas, además de un fuerte quebranto socioeconómico para las comarcas afectadas.

Entre las posibilidades existentes para paliar estas enormes pérdidas figuran diversas excepciones a la regla establecida por el apartado segundo del artículo 87 del Tratado, que establece la incompatibilidad de las ayudas otorgadas a determinadas empresas o producciones por los Estados con el mercado común. Así, el párrafo tercero, letra b), declara compatibles «las ayudas destinadas a reparar los perjuicios causados por desastres naturales o por otros acontecimientos de carácter excepcional».

Además, el párrafo tercero, e), del mismo artículo señala que «podrán considerarse compatibles con el mercado común las demás categorías de ayudas que determine el Consejo por decisión tomada por mayoría cualificada a propuesta de la Comisión».

También el artículo 88 establece que «a petición de un Estado miembro, el Consejo podrá decidir (...) que la ayuda que ha concedido o va a conceder dicho Estado sea considerada compatible con el mercado común, cuando circunstancias excepcionales justifiquen dicha decisión».

¿Podría detallar la Comisión las iniciativas que ha propuesto para que, conforme al artículo 87 del Tratado, las empresas afectadas puedan paliar las pérdidas ocasionadas por esta catástrofe a través de ayudas de Estado sin que éstas sean consideradas contrarias al mercado común?

¿Ha presentado algún Estado miembro alguna petición para que pueda ese mismo Estado conceder ayudas a las empresas o producciones perjudicadas por esta catástrofe?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(1 de abril de 2003)

En virtud de las disposiciones de los artículos 87 y siguientes del Tratado CE que cita Su Señoría, la Comisión tiene la facultad concreta de pronunciarse sobre la compatibilidad de las ayudas estatales con el mercado común. Por el contrario, no es a la Comisión sino a los Estados miembros a quienes corresponde preparar los proyectos de ayudas que puedan considerarse compatibles con dicho mercado. En todo caso, según la información de la que dispone la Comisión, no ha habido hasta ahora ningún Estado miembro que haya notificado proyectos de ayudas al sector de la pesca y la acuicultura conectados con el hundimiento del Prestige. Conviene, no obstante, precisar que, de conformidad con el apartado 2 del artículo 19 del Reglamento (CE) no 2792/1999 (1), modificado por el Reglamento (CE) no 2369/2002 (2), no es necesario ya notificar previamente a la Comisión las contribuciones financieras obligatorias de los Estados miembros a las medidas que, estando previstas en el marco de los planes de desarrollo, se beneficien de la cofinanciación de la Comunidad.

En este contexto, que es el de los Fondos Estructurales, la Comisión, haciendo uso del poder de iniciativa que le confiere el Tratado CE, presentó al Consejo una propuesta de Reglamento (3), a la que siguió la adopción por aquél de su Reglamento (CE) no 2372/2002, de 20 de diciembre de 2002, por el que se establecen medidas específicas para compensar a los sectores pesquero, marisquero y acuícola españoles afectados por los vertidos de fuelóleo del petrolero Prestige (4). Este Reglamento prevé un conjunto de medidas de apoyo excepcionales para las personas y empresas que ejercen sus actividades en los sectores pesquero, marisquero y acuícola de las zonas costeras españolas afectadas por el naufragio de ese buque, así como una participación comunitaria complementaria para facilitar la ejecución de esas medidas y una serie de excepciones a algunas de las disposiciones del Reglamento (CE) no 2792/1999 arriba citado. Además, en el marco actual del Instrumento financiero de orientación de la pesca (IFOP), sería posible conceder una indemnización por cese temporal de actividades a los pescadores de los otros Estados miembros que se han visto obligados a interrumpir sus operaciones como consecuencia del hundimiento del Prestige. Hasta el momento, sin embargo, no se ha presentado a la Comisión ninguna solicitud en este sentido.

----

(1)DO L 337 de 30.12.1999.

(2)  Reglamento (CE) no 2369/2002 del Consejo, de 20 de diciembre de 2002, que modifica el Reglamento (CE) no 2792/1999, por el que se definen las modalidades y condiciones de las intervenciones comunitarias con finalidad estructural en el sector de la pesca (DO L 358 de 31.12.2002).

(3)  COM(2002) 766 final.

(4)DO L 358 de 31.12.2002.

----

----

(2004/C 88 E/0330)

PREGUNTA ESCRITA E-0432/03

de Dorette Corbey (PSE) a la Comisión

(18 de febrero de 2003)

Asunto:   Contaminación atmosférica: superación de los valores límite para las partículas en suspensión

Con arreglo a la Directiva 1999/30/CE (1) del Consejo, este año se evaluará la experiencia adquirida con esta Directiva. De un primer informe provisional de la Comisión (23 de mayo de 2002: Overview of Methods and Results of the Preliminary Assessment of Airquality in Europe under Directives 96/62/EC and 1999/30/EC), se desprende que los valores límite para las partículas en suspensión se superan frecuentemente (PM10).

¿Podría indicar la Comisión en qué medida se ha confirmado esta alarmante situación con datos más recientes?

¿Podría indicar la Comisión cuántos casos de muerte prematura en la Unión Europea se deben a la contaminación atmosférica por partículas en suspensión?

¿Considera la Comisión que los Estados miembros en los que se han registrado estas concentraciones superiores no han tomado medidas suficientes para mantenerse por debajo de los valores límite de emisión de partículas en suspensión?

¿Podría indicar la Comisión qué medidas pretende adoptar?

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(1 de abril de 2003)

La Directiva 1999/30/CE del Consejo, de 22 de abril de 1999, relativa a los valores límite de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y óxidos de nitrógeno, partículas y plomo en el aire ambiente, exigía a los Estados miembros enviar a la Comisión los datos correspondientes al año 2001 en fecha no posterior al 30 de septiembre de 2002. La Comisión preparará un resumen de síntesis en función de esos datos, que mostrará también el alcance de los rebasamientos de los valores límite. Los datos recientes indican que, comparados con los valores límite, los niveles de PM10 (2) en algunas zonas de Europa son sin duda bastante elevados. Los problemas se refieren más a los rebasamientos del valor límite a corto plazo (no más de 35 rebasamientos del límite medio diario de 50 microgramos por metro cúbico (μg/m3)), especialmente en lugares calurosos tales como zonas industriales o de circulación intensa, y no tanto al valor límite a largo plazo de 4μg/m3 (media anual). En las estaciones de medición situadas en zonas urbanas se registran rebasamientos con mayor frecuencia en la Europa meridional que en la septentrional y occidental. Ha de señalarse, no obstante, que estos valores límite no serán legalmente vinculantes hasta el año 2005.

Para evaluar los impactos de la contaminación atmosférica, incluidas las partículas, la Comisión concede ayuda financiera a una revisión sistemática de los aspectos sanitarios de la calidad del aire en Europa que está realizando la Organización Mundial de la Salud (OMS). Según un proyecto de informe final dado a conocer recientemente, la exposición a largo plazo a las concentraciones actuales de partículas ambientes puede ocasionar una considerable disminución de la esperanza de vida media, que puede ascender a uno o dos años. Además, un reciente estudio independiente referido a la población de Francia, Austria y Suiza (alrededor de 75 millones de personas) estima que unas 40 000 muertes anuales pueden atribuirse a las partículas ambientes (Kunzli et al. 2000 (3)).

En este momento es pronto para sacar conclusiones claras sobre si los Estados miembros están adoptando medidas adecuadas para asegurar el cumplimiento de los valores límite de aquí a 2005, como exige la Directiva 1999/30/CE. Con arreglo a las dos Directivas (96/62/CE (4) y 1999/30/CE), los Estados miembros han de informar anualmente sobre los planes y programas que muestren cómo lograr ese cumplimiento: el primer informe ha de presentarse en diciembre de 2003. La Comisión estará, entonces, en condiciones de evaluar las perspectivas de respeto de los valores límite.

Sin embargo, ante la urgente necesidad de reducir los niveles de partículas, la Comisión ya ha definido las partículas como uno de los contaminantes clave que habrán de tratarse en el programa Aire Puro para Europa (CAFE), iniciado en mayo de 2001 (5). El objetivo del programa es preparar el desarrollo de una estrategia temática para la contaminación atmosférica, prevista en el Sexto Programa de Acción para el Medio Ambiente y que habrá de presentarse en 2005. Esta estrategia comprenderá opciones políticas para una mayor disminución de los riesgos sanitarios provocados por las partículas. La Comisión cuenta para esta labor con el apoyo de varios grupos de trabajo compuestos por expertos de los Estados miembros, los países candidatos a la adhesión, el sector y organizaciones no gubernamentales de medio ambiente.

----

(1)DO L 163 de 29.6.1999, p. 41.

(2)  Partículas de menos de 10 micrómetros (μm) de diámetro.

(3)  Kunzli, N. et al. Public-health impact of outdoor and traffic-related air pollution: a European assessment. Lancet 356: 795 - 801 (2000).

(4)  Directiva 96/62/CE del Consejo, de 27 de septiembre de 1996, sobre evaluación y gestión del la calidad del aire ambiente, DO L 296 de 21.11.1996.

(5)  COM(2001) 245 final.

----

----

(2004/C 88 E/0331)

PREGUNTA ESCRITA P-0547/03

de Struan Stevenson (PPE-DE) a la Comisión

(19 de febrero de 2003)

Asunto:   Exportaciones de carne de vacuno y ganado vivo al Líbano y Egipto

¿Podría indicar la Comisión la cantidad (expresada como equivalente de peso canal) de 1) ganado vivo y 2) carne de vacuno exportada por la Comunidad a) al Líbano y b) a Egipto en los tres últimos años para los que se disponga de datos?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(7 de marzo de 2003)

El cuadro que figura a continuación recoge las exportaciones comunitarias de bovinos vivos y de carne de vacuno efectuadas al Líbano y a Egipto durante los años 1999, 2000 y 2001.

Para el año 2002, no se dispone todavía de datos estadísticos completos.

Exportaciones de la UE 15 en equivalente de toneladas métricas de peso canal

----

----

(2004/C 88 E/0332)

PREGUNTA ESCRITA E-0570/03

de Freddy Blak (GUE/NGL) a la Comisión

(28 de febrero de 2003)

Asunto:   Tasas punitivas sobre los automóviles importados

En relación con la importación de automóviles, el Gobierno danés exige diversas tasas dependiendo de la antigüedad del automóvil.

La ley no 977, de 2 de diciembre de 2002, relativa a la tasa de matriculación de automóviles (puntos 1 y 2 del apartado 6 del artículo 4) dispone que cuanto más viejo es el automóvil más alta es la tasa que se aplica (180 % frente a 105 %) sobre el valor del automóvil.

Esto significa en la práctica que el sistema de importación de automóviles usados en Dinamarca hace que en muchos casos sea más caro importar y matricular un automóvil extranjero que el mismo automóvil comprado en Dinamarca.

Esto constituye una barrera técnica al comercio en contra de las mercancías importadas.

¿Puede la Comisión indicar si este sistema es conforme con las disposiciones relativas a la libre e indiscriminada circulación de mercancías a través de las fronteras interiores de la UE?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(8 de abril de 2003)

En la actualidad hay poca legislación o armonización comunitarias de las disposiciones fiscales nacionales que los Estados miembros aplican en el ámbito de la fiscalidad de los turismos. Además, la legislación comunitaria sobre fiscalidad de los vehículos es extremadamente compleja y no se ajusta a las necesidades de un mercado interior. Sin embargo, esa legislación únicamente puede modificarse con el acuerdo unánime de los Estados miembros y, en la práctica, es poco lo que la Comisión puede hacer para mejorar la situación a corto plazo.

En principio, los Estados miembros siguen teniendo libertad para aplicar la fiscalidad interior a los vehículos de motor cuando entran por primera vez en circulación dentro de su territorio y, de hecho, la mayoría de los Estados miembros aplica estos impuestos. Sin embargo, los derechos de los Estados miembros al respecto están considerablemente restringidos por las disposiciones tanto del Tratado CE como de la legislación comunitaria derivada.

En primer lugar, de conformidad con el artículo 90 del Tratado CE, los Estados miembros no están autorizados a gravar las importaciones con impuestos mayores que los aplicados a los productos nacionales similares que compiten con ellas. Teniendo esto presente, algunos Estados miembros imponen sus tasas a los vehículos usados importados por referencia a criterios de tasación arbitrarios.

Este sistema de tributación se sometió al Tribunal en el asunto C-393/98 (Gomes Valente), recientemente confirmado por el asunto C-101/00 (Antti Siilin). El Tribunal sentenció lo siguiente:

En otras palabras, independientemente del sistema de tributación que se utilice, cuando se aplique un impuesto a una importación usada, el valor sobre el cual se aplique el impuesto más el impuesto mismo no deben exceder en ningún caso del precio de un vehículo usado equivalente que haya tributado impuestos y que se encuentre ya en el Estado miembro. Dinamarca no ha adaptado aún su legislación de conformidad con la sentencia. La posición jurídica resultante se está evaluando actualmente.

Además de las disposiciones del Tratado CE, dos Directivas del Consejo restringen estrictamente los derechos de los Estados miembros a aplicar impuestos sobre el consumo a los vehículos que los ciudadanos importan de otros Estados miembros para su uso personal.

La primera es la Directiva 83/182/CEE del Consejo, de 28 de marzo de 1983, relativa a las franquicias fiscales aplicables en el interior de la Comunidad en materia de importación temporal de determinados medios de transporte (1). La segunda, la Directiva 83/183/CEE del Consejo, de 28 de marzo de 1983, relativa a las franquicias fiscales aplicables a las importaciones definitivas de bienes personales de los particulares (1).

A este respecto, la Comisión ha tomado ya medidas contra Dinamarca en relación con la aplicación del artículo 1 de la Directiva mencionada. En concreto, recientemente se envió a Dinamarca un dictamen motivado sobre este asunto. Si la Comisión no recibe una respuesta satisfactoria en el plazo de dos meses, el asunto podría remitirse al Tribunal de Justicia. En este aspecto, se hace referencia al comunicado de prensa que se publicó el 23 de enero de 2003.

La Comisión presentó recientemente una Comunicación sobre la fiscalidad de los turismos en la Unión Europea (2), a fin de iniciar una consulta con los Estados miembros, otras instituciones comunitarias y las partes interesadas más importantes, sobre las futuras opciones de acción a escala comunitaria y nacional. Esta consulta se está llevando a cabo actualmente. De acuerdo con los principios más importantes de la Comunicación y a la luz de los resultados del proceso de consulta, la Comisión podría presentar en 2004 propuestas de legislación comunitaria relativas, entre otras cosas, al método de cálculo del impuesto de matriculación aplicado a los turismos usados transferidos de un Estado miembro a otro.

----

(1)DO L 105 de 23.4.1983.

(2)  COM(2002)431 final.

----

----

(2004/C 88 E/0333)

PREGUNTA ESCRITA E-0610/03

de José Ribeiro e Castro (UEN) a la Comisión

(3 de marzo de 2003)

Asunto:   UE/Santo Tomé y Príncipe 1999-2003: cooperación, desarrollo, derechos humanos, ayudas y otros

En los años 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003, y con relación a Santo Tomé y Príncipe: ¿Puede decir la Comisión qué programas ha desarrollado o desarrolla la Unión Europea con este país? ¿Qué fondos se les han asignado? ¿Cuál es la duración prevista de cada programa? ¿Qué resultados han obtenido dichos programas y qué evaluación se ha hecho de su éxito o su fracaso? ¿Qué desarrollo particular destaca en cada uno de ellos?

----

----

(2004/C 88 E/0334)

PREGUNTA ESCRITA E-0611/03

de José Ribeiro e Castro (UEN) a la Comisión

(3 de marzo de 2003)

Asunto:   UE/Guinea-Bissau 1999-2003: cooperación, desarrollo, derechos humanos, ayudas y otros

En los años 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003, y con relación a Guinea-Bissau: ¿Puede decir la Comisión qué programas ha desarrollado o desarrolla la Unión Europea con este país? ¿Qué fondos se les han asignado? ¿Cuál es la duración prevista de cada programa? ¿Qué resultados han obtenido dichos programas y qué evaluación se ha hecho de su éxito o su fracaso? ¿Qué desarrollo particular destaca en cada uno de ellos?

----

----

(2004/C 88 E/0335)

PREGUNTA ESCRITA E-0612/03

de José Ribeiro e Castro (UEN) a la Comisión

(3 de marzo de 2003)

Asunto:   UE/Cabo Verde 1999-2003: cooperación, desarrollo, derechos humanos, ayudas y otros

En los años 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003, y con relación a Cabo Verde: ¿Puede decir la Comisión qué programas ha desarrollado o desarrolla la Unión Europea con este país? ¿Qué fondos se les han asignado? ¿Cuál es la duración prevista de cada programa? ¿Qué resultados han obtenido dichos programas y qué evaluación se ha hecho de su éxito o su fracaso? ¿Qué desarrollo particular destaca en cada uno de ellos?

----

----

(2004/C 88 E/0336)

PREGUNTA ESCRITA E-0613/03

de José Ribeiro e Castro (UEN) a la Comisión

(3 de marzo de 2003)

Asunto:   UE/Mozambique 1999-2003: cooperación, desarrollo, derechos humanos, ayudas y otros

En los años 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003, y con relación a Mozambique: ¿Puede decir la Comisión qué programas ha desarrollado o desarrolla la Unión Europea con este país? ¿Qué fondos se les han asignado? ¿Cuál es la duración prevista de cada programa? ¿Qué resultados han obtenido dichos programas y qué evaluación se ha hecho de su éxito o su fracaso? ¿Qué desarrollo particular destaca en cada uno de ellos?

----

----

(2004/C 88 E/0337)

PREGUNTA ESCRITA E-0614/03

de José Ribeiro e Castro (UEN) a la Comisión

(3 de marzo de 2003)

Asunto:   UE/Angola 1999-2003: cooperación, desarrollo, derechos humanos, ayudas y otros

En los años 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003, y con relación a Angola: ¿Puede decir la Comisión qué programas ha desarrollado o desarrolla la Unión Europea con este país? ¿Qué fondos se les han asignado? ¿Cuál es la duración prevista de cada programa? ¿Qué resultados han obtenido dichos programas y qué evaluación se ha hecho de su éxito o su fracaso? ¿Qué desarrollo particular destaca en cada uno de ellos?

Respuesta común

a las preguntas escritas E-0610/03,

E-0611/03, E-0612/03, E-0613/03 y E-0614/03

dada por el Sr. Nielson en nombre de la Comisión

(21 de mayo de 2003) Las preguntas de Su Señoría son detalladas y abarcan varios temas.

Fondo Europeo de Desarrollo

La principal fuente de cooperación financiera con estos países es el Fondo Europeo de Desarrollo (FED). Tales fondos se proporcionaron bajo los auspicios de los Convenios de Lomé y desde el 1 de abril de 2003, del Acuerdo de Cotonú. El cuadro adjunto, que se transmite directamente a Su Señoría y a la Secretaría del Parlamento, resume los compromisos y pagos con respecto a cada país en el período 1999-2002, con objeto de presentar la escala de cada programa y su desarrollo a lo largo del período.

El Jefe de la Delegación elabora informes sobre la aplicación de los programas financiados por el FED en el país en cuestión.

Los informes comprenden, entre otros aspectos:

Actualmente se están terminando los informes sobre la situación hasta finales de 2002, los cuales se transmitirán a Su Señoría tan pronto como estén disponibles.

Otra financiación

También puede proporcionarse a estos países financiación procedente del Presupuesto general de la Comunidad. Se envía directamente al Parlamento y a la Secretaría del Parlamento información sobre los proyectos en apoyo de la democracia y los derechos humanos. La información sobre otros proyectos financiados por el Presupuesto se transmitirá tan pronto como sea posible.

Eficacia

La Comisión concede una importancia prioritaria a la explotación al máximo de la eficacia de las medidas financiadas. La estrategia de intervención en cada país se decide tras mantener conversaciones detalladas con el Gobierno, otros donantes y la sociedad civil. Se envía a Su Señoría y a la Secretaría del Parlamento resúmenes de las cinco estrategias. El texto completo de cada una de ellas se puede consultar en el sitio Internet de la Dirección General (D) de Desarrollo: http://europa.eu.int/comm/development/body/csp_rsp/csp_en.cfm.

Se han llevado a cabo varias evaluaciones en relación con los cinco países; se envían a Su Señoría y a la Secretaría del Parlamento resúmenes de las que han quedado terminadas desde 1999. El texto completo de cada informe se puede consultar en el sitio Internet de EuropeAid: http://europa.eu.int/comm/europeaid/evaluation/program/acprep.htm.

----

----

(2004/C 88 E/0338)

PREGUNTA ESCRITA E-0697/03

de Brice Hortefeux (PPE-DE) a la Comisión

(10 de marzo de 2003)

Asunto:   Armonización de los sistemas para determinar las tallas

El pasado mes de enero celebramos el décimo aniversario del mercado interior. Los cambios ocurridos en el curso de estos diez años han transformado profundamente a Europa y la vida de sus ciudadanos. Se han suprimido barreras y se han abierto puertas. Los consumidores pueden elegir entre un número indiscutiblemente mucho mayor de productos de alta calidad y pueden comparar más fácilmente los precios gracias al euro.

Sin embargo, en la Unión Europea existen actualmente al menos cuatro sistemas distintos para determinar la talla de la ropa y el número del calzado. Así, Italia, Francia, Alemania y Gran Bretaña disponen de sistemas propios. Esta falta de armonización resulta complicada para los consumidores y dificulta la labor de las empresas de exportación.

En consecuencia, ¿no opina la Comisión que la supresión de estas diferencias técnicas facilitaría la realización de mercado único europeo? Si es así, ¿cómo prevé la Comisión lograr dicha armonización?

Respuesta del Sr. Liikanen en nombre de la Comisión

(2 de abril de 2003)

La Comisión se complace en remitir a Su Señoría a su respuesta a la pregunta escrita E-3437/02 del Sr. Menrad (1).

La Comisión reitera que en la actualidad no prevé emprender ninguna iniciativa para normalizar o armonizar las tallas y el etiquetado de la ropa y el calzado en Europa.

Pese a que muchas empresas del sector comunitario de la confección afirman que un sistema armonizado mejoraría la competitividad industrial, no se ha reconocido que la existencia de distintos sistemas para determinar la talla constituya un obstáculo al comercio, tal como se define en la legislación comunitaria. Además, la Comisión no tiene conocimiento de que exista un consenso en toda la Comunidad sobre esta cuestión entre los agentes y/o los Estados miembros. Una posible vía a seguir sería una iniciativa promovida por el sector para la adopción de acuerdos voluntarios entre todas las partes interesadas (fabricantes, importadores, consumidores, etc.) y, a ser posible, las autoridades nacionales.

El Comité Europeo de Normalización (CEN) está trabajando actualmente en relación con el etiquetado de las tallas de todo tipo de prendas y con los métodos de medición. No es la Comisión la que ha encargado estas normas, sino que están promovidas por el sector. Los Estados miembros y la industria podrán aplicarlas del modo y en el momento que consideren oportuno.

Por lo que respecta al calzado, la Comisión tiene conocimiento de iniciativas emprendidas por el sector destinadas a establecer medidas normalizadas con el fin de incrementar la utilización de tecnologías de la información y comunicación en el mismo. No obstante, como sucede en el sector textil, no ha surgido un consenso de los agentes y las autoridades nacionales acerca de la armonización a nivel comunitario de los sistemas de determinación de tallas. En estas circunstancias, la Comisión considera que en este momento la mejor vía a seguir para este sector es la de los acuerdos voluntarios.

----

(1)DO C 137 E de 12.6.2003, p. 208.

----

----

(2004/C 88 E/0339)

PREGUNTA ESCRITA E-0761/03

de Charles Tannock (PPE-DE) a la Comisión

(12 de marzo de 2003)

Asunto:   Requisitos europeos para la instalación de mástiles de antena de telefonía móvil

En respuesta a la pregunta escrita E-3246/02 (1), el Comisario Byrne declara, entre otras cosas, que:

¿Puede aclarar la Comisión cuál es el estatus jurídico de la Recomendación 1999/519/CEE (2) del Consejo? Más concretamente, ¿tiene la orientación relativa a los niveles de seguridad mencionada en dicha Recomendación tan sólo un efecto asesor? ¿Infringiría un Estado miembro que no garantice que tanto los fabricantes como las autoridades competentes en materia de instalación cumplen estas directrices la Directiva 1999/5/CE (3) (teniendo en cuenta el requisito general contemplado en el considerando 14 de la Directiva: «se debe velar por que los equipos radioeléctricos y los equipos terminales de telecomunicación conectados no representen un riesgo evitable para la salud»), o cualquier otra norma europea?

¿Está la Comisión en posición de afirmar rotundamente que las normas que regulan la instalación de mástiles de antena de telefonía móvil en cada Estado miembro son conformes a los requisitos exigidos a los fabricantes o a otros requisitos estipulados en la Directiva 1995/5/CE, o bien realiza ésta una investigación tan sólo después de recibir una queja?

Para concluir, ¿tiene conocimiento la Comisión de qué Estados miembros insisten en que los mástiles de antena de telefonía móvil estén situados al menos a 500 metros de distancia de escuelas y zonas residenciales?

Respuesta del Sr. Liikanen en nombre de la Comisión

(14 de abril de 2003)

Los valores límite de exposición de la Recomendación del Consejo 1999/519/CEE, de 12 de julio de 1999, relativa a la exposición del público en general a campos electromagnéticos (0 Hz a 300 GHz) no son vinculantes para los Estados miembros, ya que las recomendaciones no son vinculantes de conformidad con el Tratado CE. La mayoría de los Estados miembros, incluido el Reino Unido, los han adoptado. Algunos Estados miembros aplican niveles más severos, pero ningún Estado miembro aplica niveles menos rigurosos.

Como señala en su respuesta a la pregunta escrita E-2736/00 (4) de Su Señoría, la Comisión, en la aplicación de la Directiva sobre equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación (R & TTE) 1999/5/CE (5), mandató a las organizaciones europeas de normalización para que tomen plenamente en cuenta dichos límites al elaborar normas armonizadas de seguridad para los equipos de comunicaciones móviles. Por consiguiente, los equipos que pudieran exponer al público a niveles superiores a los contemplados en la Recomendación del Consejo no cumplirían claramente los requisitos de seguridad fundamentales de la Directiva. En esos casos, el artículo 9 de la Directiva obliga a los Estados miembros a tomar las medidas apropiadas contra los equipos que no estén conformes.

Con arreglo al apartado 2 del artículo 7 de la Directiva R&TTE, los Estados miembros podrán restringir además la puesta en servicio de equipos radioeléctricos en particular por motivos relacionados con la salud pública. La Comisión es consciente de la variedad de reglamentaciones nacionales y locales que rigen la instalación de mástiles de antena de telefonía móvil. Aunque un estudio en profundidad de dichas reglamentaciones es prácticamente imposible (ya que muchas de esas reglamentaciones se han adoptado a nivel local), la Comisión no tiene conocimiento de reglamentaciones nacionales que impongan requisitos menos severos y que suavicen el régimen establecido en la Directiva 1999/5/CE.

En relación con la vigilancia de la conformidad de los equipos con los requisitos de la Directiva R&TTE, los principales responsables son los Estados miembros. De acuerdo con el artículo 9 de la Directiva, la función de la Comisión es posicionarse sobre los casos notificados de incumplimiento y no emprender ella misma acciones legales contra los fabricantes de los equipos. No obstante, si los Estados miembros no cumplen sus obligaciones de vigilar dicho cumplimiento, la Comisión podría incoar procedimientos de infracción de conformidad con el artículo 226 del Tratado CE. Sin embargo, no hay razones para que la Comisión considere que éste es actualmente el caso. Las campañas de medición, que han llevado a cabo algunos Estados miembros han mostrado que los niveles de exposición ocasionados por los mástiles de antena de telefonía móvil eran muy inferiores a los límites de la Recomendación del Consejo.

En cuanto a la última pregunta, la Comisión no tiene conocimiento de ninguna reglamentación que fije distancias mínimas que pudieran haber adoptado los Estados miembros. Algunas instituciones locales, frente a las preocupaciones del público, han adoptado reglamentaciones de ese tipo.

----

(1)DO C 137 E de 12.6.2003, p. 179.

(2)DO L 199 de 30.7.1999, p. 59.

(3)DO L 91 de 7.4.1999, p. 10.

(4)DO C 174 E de 19.6.2001.

(5)  Directiva 1999/5/CE del Parlamento y del Consejo, de 9 de marzo de 1999, sobre equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación y reconocimiento mutuo de su conformidad, DO L 91 de 7.4.1999.

----

----

(2004/C 88 E/0340)

PREGUNTA ESCRITA E-0867/03

de Roberta Angelilli (UEN) a la Comisión

(20 de marzo de 2003)

Asunto:   Crisis económica en Venezuela

En los últimos meses, la crisis social, económica y política en América Latina también ha afectado a Venezuela.

En Venezuela, muchos de los ciudadanos son de nacionalidad italiana; en este país, desde hace muchos años reside una de las comunidades italianas más numerosas, junto con la española.

La actual situación ha provocado la caída de prácticamente todas las actividades económicas, con el consiguiente cierre de empresas, enormes pérdidas de beneficios para las empresas italianas que operan en el territorio venezolano y desempleo generalizado.

Todo esto ha creado un verdadero estado de guerra civil: todos los días se cometen saqueos, homicidios, robos y atracos de que son víctimas los ciudadanos, sin que ningún organismo internacional se haya interesado en dar una respuesta eficaz al problema.

Hoy en día, al cabo de años de sacrificios, los ciudadanos europeos residentes en Venezuela no han recibido apoyo alguno de la Unión Europea.

¿Podría, además, facilitar una visión general de la situación?

----

----

(2004/C 88 E/0341)

PREGUNTA ESCRITA E-0937/03

de Roberta Angelilli (UEN) a la Comisión

(26 de marzo de 2003)

Asunto:   Apoyo a los ciudadanos europeos que viven en Venezuela

Durante los últimos meses, la crisis social, económica y política en Venezuela ha evolucionado de forma dramática provocando, en la práctica, la quiebra de toda actividad económica, con el consiguiente cierre de algunas empresas y un crecimiento exponencial del índice de desempleo, lanzando a este país a una especie de guerra civil. Asimismo, numerosos ciudadanos, incluidos diversos altos cargos militares, que han manifestado su oposición al actual Presidente Hugo Chávez, han sido obligados al exilio.

El responsable de esta situación sería, principalmente, el actual Presidente de Venezuela que, aun habiendo sido elegido democráticamente, parece haber instaurado en poco tiempo una especie de régimen autoritario concentrando todos los poderes del Estado en su persona.

Asimismo, según la opinión de aquéllos que han sido obligados al exilio, también se violan constantemente los principios más básicos de la democracia, tales como la libertad de opinión y el respeto de los derechos humanos, consagrados por numerosas convenciones internacionales y por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Venezuela, además de albergar a ciudadanos europeos procedentes de España y Portugal, también da cabida a una de las mayores comunidades italianas que, en los más de 50 años presente en este país, ha contribuido significativamente a su desarrollo. No obstante, no parece que estos ciudadanos hayan recibido hasta hoy apoyo alguno por parte de la UE ni que las organizaciones internacionales hayan mostrado un interés real por ellos.

Hasta ahora, se han recogido 4,5 millones de firmas para solicitar al Paramento venezolano que convoque, en el menor tiempo posible, nuevas elecciones.

En vista de lo anterior, se solicita a la Comisión que responda a las siguientes preguntas:

Respuesta común

a las preguntas escritas E-0867/03 y E-0937/03

dada por el Sr. Patten en nombre de la Comisión

(30 de abril de 2003)

La crisis política, económica y social de Venezuela sigue sin resolverse y el elevado grado de polarización existente crea serias dificultades para encontrar una solución rápida. El Gobierno venezolano se ha mostrado ambivalente ante la comunidad internacional (en particular la Organización de Estados Americanos (OEA), a la hora de apoyar las actuales negociaciones con la oposición y esta última teme que el Presidente recurra a tácticas dilatorias para aplazar un posible referéndum revocatorio a 2004. La situación económica no mejorará significativamente a corto plazo. Se prevé una contracción del 20 % del Producto Interior Bruto en 2003, que causará una mayor tasa de desempleo, una disminución del nivel de vida y un aumento de la pobreza. Los ingresos públicos no alcanzarán probablemente niveles previos a la huelga general, lo que hará difícil satisfacer las demandas sociales.

La Comisión y los Estados miembros están siguiendo la situación de Venezuela con gran atención. Preocupada por la evidente división de la sociedad entre partidarios y adversarios del Presidente Chávez, la Unión, al igual que la OEA, ha señalado la necesidad de encontrar una solución pacífica, democrática, constitucional y electoral a la crisis. Dos Estados miembros (España y Portugal) son miembros del «Grupo de Amigos» creado para apoyar a la OEA en sus esfuerzos.

No existe ningún acuerdo específico de ayuda entre la Comunidad y Venezuela, la cooperación se basa en el Acuerdo Marco de Cooperación entre la Comunidad y la Comunidad Andina, que entró en vigor en 1998. Un Memorándum de Acuerdo entre la Comunidad y Venezuela, firmado el 15 de octubre de 2001, asigna un total de 38,5 millones de euros a la cooperación bilateral durante el período 2000-2006. Prevé ayudas a Venezuela en el ámbito de la reconstrucción y prevención de catástrofes y la diversificación económica. Asimismo, se concedió una suma adicional de 25 millones de euros para apoyar el proceso de rehabilitación.

Además, en respuesta a la crisis actual, la Comisión concede ayuda financiera a la OEA para facilitar el diálogo en curso entre las Partes y la aplicación de posibles acuerdos sobre tres puntos principales: elecciones libres y justas, investigación de los sucesos de abril de 2002 y desarme de la población civil. La Comisión también está dispuesta a enviar una misión de observación electoral, en caso de que el referéndum tenga lugar.

De conformidad con la contribución de la Comunidad para acciones en los países en desarrollo llevadas a cabo por organizaciones no gubernamentales (línea presupuestaria B7-6000), la Comisión está considerando otorgar prioridad a las propuestas relativas al sector social de los países de América Latina, incluida Venezuela.

La Comisión no ha adoptado ninguna medida específica para proteger a los ciudadanos de la Unión residentes en Venezuela. Su protección y asistencia están generalmente garantizadas por sus respectivos países de origen.

----

----

(2004/C 88 E/0342)

PREGUNTA ESCRITA E-0896/03

de Klaus-Heiner Lehne (PPE-DE) a la Comisión

(21 de marzo de 2003)

Asunto:   Prácticas de las autoridades fiscales alemanas con respecto al impuesto sobre el volumen de negocios

Cuando una empresa no domiciliada en Alemania realiza un envío de mercancías desde su domicilio social a un receptor en Alemania, las autoridades fiscales alemanas le exigen, cada vez más a menudo, el pago del impuesto sobre el volumen de negocios. Las autoridades alegan que el vendedor no domiciliado en Alemania queda sujeto a dicho impuesto por razón del envío realizado a un cliente alemán. Tal supuesto se aplica también en el caso de que la mercancía no se transporte directamente al cliente alemán sino que se opte por dejarla en un almacén del transportista contratado por el vendedor, de manera que pueda examinarse si está completa y presenta la calidad adecuada. El vendedor no alemán permite que la mercancía se retire del almacén una vez que el cliente ha realizado el pago y examinado la calidad del producto, o sea, el cliente mismo o alguien en su nombre recoge la mercancía. Las autoridades fiscales alemanas parten de la premisa de que, a pesar de que haya un comprador ya establecido, el vendedor ha hecho transportar las mercancías a Alemania en principio para su propia disposición. Todo ello dificulta gravemente el comercio intracomunitario de mercancías con la República Federal de Alemania.

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(7 de mayo de 2003)

La pregunta de Su Señoría se refiere al lugar en que se van a realizar las entregas efectuadas por vendedores establecidos fuera de Alemania que venden bienes a compradores residentes en Alemania cuando los bienes se depositan antes en un almacén de la empresa de transportes, donde los compradores van a buscarlos.

La respuesta a esa pregunta depende de las circunstancias específicas de cada operación y de las condiciones concretas de los contratos celebrados entre los vendedores y sus clientes. Se trata, ante todo, de ver si el transporte de los bienes se efectúa como parte de la entrega o si el transporte precede a una posterior entrega.

La Comisión ya tiene conocimiento del problema apuntado en esta pregunta parlamentaria y piensa ponerse en contacto con las autoridades alemanas para clarificar el alcance de su práctica.

----

----

(2004/C 88 E/0343)

PREGUNTA ESCRITA E-0900/03

de Richard Corbett (PSE) a la Comisión

(21 de marzo de 2003)

Asunto:   Restricciones en el mercado interior

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(25 de abril de 2003)

La Comisión es consciente de que los procedimientos de autorización que existen para una determinada cantidad de productos en todos los Estados miembros pueden crear problemas a la libre circulación de mercancías, a menudo debido al tiempo que necesitan las administraciones nacionales para completar el procedimiento, a pesar de que dichos procedimientos se han aligerado lo más posible.

Sin duda es lamentable el exceso de tiempo transcurrido para obtener una respuesta a la solicitud de autorización en el caso expuesto por Su Señoría, de la misma forma que es lamentable el silencio de las autoridades italianas a las que se ha dirigido Su Señoría en dos ocasiones con objeto de obtener explicaciones. Por consiguiente, este asunto se registrará como reclamación.

A fin de reforzar la cooperación administrativa y con objeto de implicar directamente a los Estados miembros en la gestión de las dificultades que han de afrontar sus ciudadanos y empresas para introducirse en otros mercados nacionales, se ha creado una red de cooperación, «Solvit», destinada a gestionar los problemas administrativos con repercusiones transfronterizas.

En la siguiente dirección se puede encontrar una breve presentación de la misión de Solvit y algunos consejos para ponerse en contacto con la red: http://europa.eu.int/comm/internal_market/solvit/index_en.htm

La Comisión considera que Solvit puede gestionar con eficacia el problema planteado por Su Señoría. Por lo tanto, enviará el expediente a dicha red, que tratará de resolver la cuestión en un plazo de diez semanas.

La Comisión seguirá de cerca la evolución de este asunto.

----

----

(2004/C 88 E/0344)

PREGUNTA ESCRITA E-0921/03

de José Ribeiro e Castro (UEN) a la Comisión

(24 de marzo de 2003)

Asunto:   Timor-Leste — masacres de 1999; juicio contra los responsables; Indonesia; derechos humanos

El día 12 de marzo, un tribunal especial de Yakarta condenó a cinco años de cárcel a un general de brigada indonesio acusado de crímenes contra la humanidad, por no haber impedido las masacres cometidas en 1999 en Timor-Leste. El general Noer Muis ocupaba a la sazón el cargo de coronel y era el comandante militar de Timor-Leste.

El proceso judicial en el que se han examinado las responsabilidades de la represión y del genocidio perpetrados, incitados o tolerados por las fuerzas indonesias, ha sido calificado de «fraude» por asociaciones internacionales de derechos humanos al no haber sentado en el banquillo a militares de alto rango, como el general Wiranto, entonces comandante de las fuerzas armadas y Ministro de Defensa.

El 19 de diciembre de 2002, en una pregunta escrita (E-3865/02 (1)) presentada al Consejo por Jules Maaten y Lousewies Van Der Laan, se preguntaba: «¿Reconoce el Consejo que los procesos relativos a Timor-Leste demuestran, como ha señalado el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que Indonesia no ha asumido ninguna responsabilidad en lo relativo a los delitos contra la humanidad cometidos en Timor-Leste?» Aún no se ha dado a conocer la respuesta a dicha pregunta.

Considerando que el establecimiento de este tribunal parece deberse a la presión internacional ejercida sobre el Gobierno indonesio para que los crímenes cometidos en Timor-Leste sean juzgados y castigados:

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(6 de mayo de 2003)

A través de la Delegación en Indonesia, la Comisión sigue con atención, en coordinación con los representantes de las embajadas de los Estados miembros de la Unión Europea, los procesos instruidos ante el Tribunal especial indonesio encargado de juzgar las violaciones de los derechos humanos cometidas en Timor oriental.

El General de brigada Noer Muis es uno de los 18 oficiales y militares procesados por los episodios de violencia que se produjeron antes y después del referéndum en Timor oriental en 1999. Noer Muis fue condenado a cinco años de cárcel ei 12 de marzo de 2003 por no haber impedido dos ataques de extrema gravedad contra la población civil.

Hasta el momento, el Tribunal de primera instancia ha absuelto a 12 acusados. Dos oficiales de grado inferior y dos civiles fueron condenados a penas comprendidas entre los tres y los diez años de cárcel, mientras siguen en curso los procesos de otros dos oficiales: el General de brigada Tono Suratman, comandante militar, y el Mayor general Adam Damili, ex jefe del comando militar de Udayana, con sede en Bali, que controla las regiones de Bali, Nusa Tenggara y Timor oriental. Las sentencias de estos dos procesos deberán pronunciarse a principios de mayo de 2003.

El 21 de agosto de 2002, la Unión Europea, tras las primeras sentencias del Tribunal, elaboró una declaración en la que expresaba su preocupación ya que «hasta el momento, en los procedimientos no se ha tenido plenamente en cuenta la violencia producida en Timor oriental en 1999» y exhortó a «las autoridades indonesias a asegurarse de que los procedimientos del Tribunal se ajustan al Estado de derecho y respetan plenamente las normas internacionales en materia de derechos humanos».

La Unión sigue constantemente la actividad del Tribunal y podría afrontar esta cuestión más adelante, probablemente con ocasión de la última sentencia, que deberá pronunciarse a principios de mayo de 2003 y antes de abrirse los procesos de apelación.

La Comisión considera que con las elecciones de 1999, Indonesia ha dado un nuevo e importante paso en el proceso de transición de un régimen autoritario a una democracia de pleno derecho. Las próximas elecciones presidenciales y políticas de 2004 consolidarán tal proceso, en particular en lo referente a los esfuerzos para subordinar las fuerzas armadas al pleno control de la autoridad civil. No obstante, la Comisión considera que aún queda mucho camino por recorrer al respecto.

Las delegaciones de la Comisión y las embajadas de los Estados miembros en Indonesia continuarán ejerciendo una estrecha y completa vigilancia de la situación de los derechos humanos en este país e informarán regularmente al Grupo del Consejo para los derechos humanos. El último informe preparado por el Grupo se remonta a la primavera de 2002.

Los derechos humanos son un componente fundamental del diálogo político reforzado entre la Unión Europea e Indonesia. Tanto el documento de estrategia nacional (2000-2006) como el programa indicativo nacional (2002-2004) de la Comisión para Indonesia insisten en la promoción de la buena gobernanza y en el reforzamiento del sistema judicial y el respeto de los derechos humanos. Actualmente, están en curso o en fase de elaboración una serie de programas en estos importantes ámbitos con el apoyo de la Comunidad.

----

(1)DO C 280 E de 21.11.2003, p. 30.

(2)DO C 40 E de 14.2.2002, p. 70.

----

----

(2004/C 88 E/0345)

PREGUNTA ESCRITA E-1180/03

de Marco Pannella (NI), Emma Bonino (NI), Marco Cappato (NI), Gianfranco Dell'Alba (NI) y Benedetto Della Vedova (NI) a la Comisión

(1 de abril de 2003)

Asunto:   Cárcel secreta vietnamita creada en la frontera con Camboya para la detención de miembros de la etnia Montagnard repatriados tras haber solicitado asilo y casos de detención, tortura y desapariciones

Varios observadores independientes han señalado que el Gobierno vietnamita ha creado una prisión secreta en la frontera con Camboya, en el distrito de Mokdeng, provincia de Pleiku, en la cual la 773a División militar y la 721a Brigada militar mantienen detenidos a 28 refugiados Montagnard (Degar) repatriados de Camboya.

El 12 de febrero de 2003 la policía vietnamita arrestó y encarceló en la prisión de Buonmathuot a N'Gran (39 años, de Buon Dak R'la, distrito de Dak Mil, provincia de Dak Lac) por poseer un telèfono celular que, según el Gobierno, sirve para mantener contactos con los Montagnard en los EE.UU.; se desconoce su estado físico.

El 13 de febrero de 2003, a las 22.00 horas aproximadamente, la policía vietnamita arrestó a Y-Dhem Nie (36 años, de Buon Ea Kao, distrito de Buonmathuot, provincia de Dak Lac) porque proporcionaba alimentos a otros dos Degar que se escondían en la jungla; se ignora dónde y en qué condiciones se halla.

El 14 de febrero de 2003 la policía arrestó a Buonmathuot Y-Suar (33 años, de Buon Jun Yuh, distrito de Dak Mil, provincia de Dak Lac); se desconoce su estado físico.

El 17 de febrero de 2003 Y-Yan Buon Ya (37 años) y H'Powel Nie (31 años), marido y mujer, huyeron a la jungla para impedir que las fuerzas de seguridad los detuvieran, dejando solos en casa a sus dos hijos H'Nong Nie (9 años) y Y-Le Nie (6 años).

El 22 de febrero de 2003, a las 11.00 horas aproximadamente, la policía vietnamita arrestó y encarceló en la prisión de Buonmathuot a Y-Dhun Eban (42 años, de Buon Krue, distrito de Krong Ana, provincia de Dak Lac), que se escondía para evitar el arresto. Al día siguiente, se detuvo y encarceló en la cárcel de Buonmathuot, con la acusación de haber ayudado a Y-Dhun Eban, a su hermana H'Nget Eban y a su cuñado Y-Lia Ken, ambos de 28 años.

----

----

(2004/C 88 E/0346)

PREGUNTA ESCRITA E-1181/03

de Marco Pannella (NI), Emma Bonino (NI), Marco Cappato (NI), Gianfranco Dell'Alba (NI) y Benedetto Della Vedova (NI) a la Comisión

(1 de abril de 2003)

Asunto:   Detención de Montagnard por parte de las autoridades vietnamitas con la acusación de apoyar a la Montagnard Foundation, ser cristianos y recoger adhesiones al PRT

Los siguientes miembros de la etnia Montagnard (Degar) fueron detenidos con la acusación de apoyar a la Montagnard Foundation, ser cristianos y recoger los nombres de los Degar que quieren afiliarse a una ONG que tiene estatuto consultivo ante las Naciones Unidas (el Partido Radical Transnacional) y que propone el respeto de los derechos humanos en todo el mundo con métodos no violentos:

----

----

(2004/C 88 E/0347)

PREGUNTA ESCRITA E-1182/03

de Marco Pannella (NI), Emma Bonino (NI), Marco Cappato (NI), Gianfranco Dell'Alba (NI) y Benedetto Della Vedova (NI) a la Comisión

(1 de abril de 2003)

Asunto:   Algunos casos de Montagnard (Degar) detenidos arbitrariamente y torturados por las autoridades vietnamitas

El 15 de marzo de 2003 la Montagnard Foundation y Radio Australia ABC informaron de que, el 24 de febrero de 2003, aproximadamente a las 7.00 horas, las fuerzas de seguridad detuvieron a los siguientes Montagnard (Degar) de la aldea Buon Cuor Knia (distrito Buon Don, Provincia di Dak Lac), afiliados al Partido Radical Transnacional: Y-Phan Buon Krong nacido en 1950, Y-Be Nie nacido en 1945, Y-Pen Buon Ya nacido en 1970, Y-Glen Buon Krong nacido en 1976 y Y-Gun Hwing nacido en 1974. Dichas personas fueron detenidas con la acusación de apoyar a la Montagnard Foundation, ser cristianas y recoger los nombres de los Degar que quieren afiliarse a una ONG que tiene estatuto consultivo ante las Naciones Unidas (el Partido Radical Transnacional) y que propone el respeto de los derechos humanos en todo el mundo con métodos no violentos. Dichas personas fueron esposadas y golpeadas duramente con bastones y piedras delante de sus familiares hasta que perdieron el conocimiento. En particular, los agentes de seguridad golpearon reiteradamente a Y-Phan Buon Krong y a Y-Glen Buon Krongen en las rodillas con una gran piedra. Luego les trasladaron a la prisión del distrito de Buon Don. Los agentes vietnamitas que los torturaron son Nguyen Truong That y Pham Huu Nhat, representantes de las autoridades del Gobierno de Hanoi en las Montañas Centrales.

Respuesta común

a las preguntas escritas E-1180/03, E-1181/03 y E-1182/03

dada por el Sr. Patten en nombre de la Comisión

(13 de mayo de 2003)

La Comisión, junto con los Estados miembros con representación en Vietnam, sigue de cerca la situación de los derechos humanos en este país, incluidos los casos individuales de personas en situación de riesgo y las cuestiones relativas a los derechos de minorías étnicas y de libertad religiosa y de opinión, como parte de la política de la Unión de fomentar y apoyar el compromiso del Gobierno de Vietnam de avanzar en este ámbito. La Comisión también participa con los Estados miembros en el diálogo regular con el Gobierno de Vietnam acerca de cuestiones de derechos humanos. Hasta el momento, no ha sido posible obtener confirmación independiente de los casos de violaciones de derechos humanos a que hace referencia Su Señoría.

Por otra parte, los Estados miembros en su calidad de miembros y la Comisión en calidad de observadora respaldan plenamente el trabajo de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y colabora activamente con el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La Comisión comparte las preocupaciones y observaciones expresadas por el citado Comité en relación con la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del cual Vietnam forma parte. Tal es especialmente el caso en lo que respecta a las observaciones del Comité en relación con el respeto de los derechos de las comunidades indígenas, la libertad de expresión en los medios de comunicación y el derecho a la creación y al funcionamiento en libertad de partidos políticos.

La Comisión y los Estados miembros han exhortado repetidamente al Gobierno de Vietnam para que aumente el respeto de la libertad política y religiosa, así como de la libertad social y económica. Volvieron a expresar su deseo en su declaración conjunta con ocasión de la reunión del grupo consultivo en Hanoi en diciembre de 2002.

La referencia al respeto de los derechos humanos y los principios democráticos en el artículo 1 del Acuerdo de Cooperación CE-Vietnam constituye el marco adecuado para el diálogo de la Comisión con el Gobierno de Vietnam, por ejemplo con ocasión de las reuniones de la Comisión Mixta.

La Comisión, conjuntamente con los Estados miembros, continuará siguiendo de cerca la situación de los derechos humanos en Vietnam, incluidos los casos señalados por Su Señoría, y evocará algunas cuestiones específicas preocupantes ante el Gobierno de Vietnam, adoptando, si es necesario las medidas que se consideren adecuadas.

----

----

(2004/C 88 E/0348)

PREGUNTA ESCRITA E-1209/03

de Alexandros Alavanos (GUE/NGL) a la Comisión

(2 de abril de 2003)

Asunto:   La distribución de leche infantil en los países de África

Mientras la Organización Mundial de la Salud (OMS) aconseja que no se realice publicidad de las leches en polvo para lactantes a fin de fomentar la lactancia materna, las empresas productoras de leche en polvo para lactantes como Nestlé y Danone incumplen las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y, afirmando que sus acciones están destinadas a la reducción de la mortalidad infantil, reparten a las embarazadas leche en polvo de forma gratuita junto con otros obsequios como estetoscopios. En los impresos publicitarios que distribuyen junto con la leche, hacen hincapié en que dicho producto es comparable a la leche materna.

Habida cuenta de que tales acciones son contrarias al código de la Organización Mundial de la Salud para el fomento de la lactancia materna y dado que las empresas en cuestión son europeas, ¿cómo tiene intención de actuar la Comisión con miras a afrontar la situación descrita anteriormente?

Respuesta del Sr. Nielson en nombre de la Comisión

(21 de mayo de 2003)

La Comisión apoya decididamente el Código Internacional de comercialización de sucedáneos de la leche materna, adoptado por la Asamblea Mundial de la Salud en 1981. La Comisión es consciente de que aún hay empresas fabricantes de alimentos para lactantes que no observan el Código y gobiernos que no han aplicado sus disposiciones, y siente preocupación por ello. La Comisión continuará fomentando el cumplimiento de dicho Código por parte del sector privado, y, concretamente, de las empresas mencionadas por Su Señoría, dentro del contexto del Foro de agentes empresariales con responsabilidad social de la Unión Europea y de las conversaciones y asociaciones vinculadas con él.

----

----

(2004/C 88 E/0349)

PREGUNTA ESCRITA E-1247/03

de Robert Evans (PSE) a la Comisión

(2 de abril de 2003)

Asunto:   Refugiados procedentes de Birmania/Myanmar

¿Conoce la Comisión la difícil situación en la que se encuentran en la actualidad los refugiados procedentes de Birmania/Myanmar en Tailandia?

Algunos electores de mi circunscripción han expresado su preocupación por la incapacidad del Gobierno tailandés para atender a los refugiados, así como por el deseo de este Gobierno de cerrar los campos de refugiados y de devolverlos al otro lado de la frontera. ¿Concede en la actualidad la Unión Europea algún tipo de ayuda financiera o diplomática al Gobierno de Tailandia o a los refugiados para impedir una catástrofe desde el punto de vista de los derechos humanos?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(7 de mayo de 2003)

La Comisión es plenamente consciente de la situación de los refugiados birmanos, principalmente procedentes de minorías étnicas, albergados en campos de refugiados en la frontera birmano-tailandesa.

La Comisión es actualmente uno de los principales donantes a la población de refugiados birmanos en Tailandia. Su ayuda, proporcionada a través de organizaciones no gubernamentales (ONG) europeas, consiste principalmente en alimentos y bienes de primera necesidad, junto con asistencia médica y acciones de formación. Durante los últimos años, la Comisión ha destinado entre siete y siete millones y medio de euros a este fin.

La Delegación de la Comisión en Tailandia sigue muy de cerca la situación de los refugiados birmanos, a través de visitas directas a los campamentos y de frecuentes contactos con ONG y otras organizaciones de ayuda a los refugiados.

Por otra parte, la Comisión continúa manteniendo un diálogo abierto con las autoridades tailandesas acerca de la situación de los campos de refugiados y de su política hacia los refugiados birmanos. Sus preocupaciones relativas al trato otorgado a los refugiados birmanos y los informes de deportaciones obligatorias por las autoridades de Tailandia se han señalado en las recientes reuniones bilaterales, tales como la reunión de altos funcionarios de la Comunidad y de Tailandia, que se celebró en Bruselas los días 29 y 30 de enero de 2003.

La Comisión continuará el seguimiento de la situación y está dispuesta a adoptar las medidas necesarias en caso de que la situación de los refugiados birmanos se deteriore gravemente.

----

----

(2004/C 88 E/0350)

PREGUNTA ESCRITA P-1251/03

de Carlos Bautista Ojeda (Verts/ALE) a la Comisión

(26 de marzo de 2003)

Asunto:   Crisis del sector turístico europeo

A finales de 2002, la posibilidad de que se produjese un conflicto armado en el Iraq paralizó las reservas para el verano 2003 y, con ello, la leve recuperación del sector turístico que apuntaba a mediados de 2002. Con el comienzo de la guerra en el Iraq, esta situación no ha hecho sino agudizarse.

En esta situación de incertidumbre, el sector turístico europeo puede verse dañado considerablemente, lo que tendrá una repercusión negativa en la economía de la UE.

Ante esta situación, ¿ha emprendido la Comisión alguna acción dirigida a paliar esta crisis? En caso afirmativo, ¿cuáles? Si no es así, ¿piensa la Comisión tomar alguna medida al respecto?

Respuesta del Sr. Liikanen en nombre de la Comisión

(23 de abril de 2003)

La Comisión no tiene pruebas de que el actual conflicto armado en Iraq haya de provocar una crisis general en el sector del turismo europeo. Es consciente de las dificultades crecientes en ciertos segmentos de la industria del turismo, en particular, por lo que respecta a los grandes operadores turísticos y a las respectivas ofertas de viajes organizados. Con todo, no es posible establecer con exactitud si ello se debe exclusivamente al conflicto iraquí, a problemas generales de las economías nacionales o a cambios momentáneos en las preferencias de los consumidores turísticos y a la forma en que los turistas evalúan y adquieren el producto. La Comisión tampoco excluiría la posibilidad de que una eventual incidencia del conflicto iraquí en la elección de los consumidores turísticos europeos pudiera afectar a ciertos destinos regionales europeos más que a otros. Por consiguiente, la situación no puede encararse adoptando medidas generales; es necesaria una respuesta diferenciada y específica.

Antes de la intervención militar en Iraq, la Comisión consultó a la industria europea del turismo sobre las medidas relativas al sector que la Comisión debería adoptar llegado el caso. La cuestión se planteó igualmente en el ámbito del Comité de Recuperación del Turismo de la Organización Mundial del Turismo, a principios de marzo de 2003.

La reacción de los profesionales del turismo indicó que no deberían adoptarse medidas específicas mientras durase el conflicto armado en Iraq. El sector consideró que el apoyo necesario durante ese período debería incluir recomendaciones sobre viajes, indicaciones de que el sector está preparado para la situación, planes nacionales de emergencia, etc., cuestiones que, sin embargo, no son competencia de la Comisión. Con todo, la industria europea de turismo y los organismos sectoriales internacionales señalaron la necesidad de adoptar medidas significativas, una vez concluidas las acciones militares, aunque consideraron también que las medidas en cuestión se deberían centrar, principalmente, en el marketing y en la promoción del turismo europeo, una materia para la que la Comisión no disponía, hasta ahora, ni de mandato ni de medios específicos.

Habida cuenta de la actual incertidumbre referente a la duración del conflicto armado en Iraq, la Comisión y la industria europea del turismo concordaron que estas cuestiones deberán analizarse detalladamente a su debido tiempo. Con todo, la Comisión seguirá cuidadosamente la evolución en la industria del turismo, y está preparada para realizar un análisis más profundo, tal como ocurrió después del 11 de septiembre de 2001.

----

----

(2004/C 88 E/0351)

PREGUNTA ESCRITA P-1287/03

de Olivier Dupuis (NI) a la Comisión

(31 de marzo de 2003)

Asunto:   Macabra mascarada electoral en Chechenia

Diversos periódicos, entre ellos «The Financial Times», «Le Monde» y «Libération», así como algunos testigos directos afirman que el «referéndum» organizado por el Kremlin el pasado domingo 23 de marzo de 2003 sobre la aprobación de una nueva «constitución» por los ciudadanos chechenos —y los militares rusos— se ha desarrollado de un modo absolutamente irregular. Según las autoridades rusas, participó en las votaciones el 65 % de los votantes y el 95 % de los electores que acudieron a las urnas se pronunciaron a favor de la «constitución» propuesta por el Kremlin. Al contrario, según las informaciones facilitadas por diversos corresponsales internacionales, en las oficinas electorales existían además «listas electorales complementarias», que permitían todo tipo de manipulaciones, hasta el punto de que un periodista francés logró incluso que lo inscribieran en la listas electorales y seguidamente votar en la mesa de votación 372. Por otra parte, siempre según estas informaciones, se organizó un servicio de autocares para transportar grupos de «electores» de una mesa electoral a otra, con objeto de dar la impresión de que existía un constante flujo de votantes y, probablemente, a fin de alimentar las «listas complementarias» con nuevos electores. Finalmente, según las declaraciones de un representante de la OSCE, que ha subrayado que su presencia no era en calidad de observador, las condiciones de organización y desarrollo de la votación «distaron de ser las ideales».

¿Considera la Comisión que las declaraciones de su portavoz, según las cuales podría tratarse «de un buen paso hacia una solución política, satisfactoria para la mayoría de los chechenos», son compatibles con las informaciones que indican que no se trató sino de una mascarada electoral macabra organizada por el Kremlin? ¿Piensa la Comisión rectificar con toda urgencia las declaraciones irresponsables realizadas por su portavoz y manifestar sin ambigüedades a las autoridades de la Federación de Rusia que no se dejará engañar por actuaciones tan groseras como alejadas de las prácticas democráticas y de los criterios por los que se rige la pertenencia de Rusia al Consejo de Europa? ¿Piensa la Comisión tomar una iniciativa seria con el fin de lograr que el Presidente Putin y el Presidente Masjádov negocien una solución política para la tragedia ruso-chechena?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(15 de abril de 2003)

Según las informaciones suministradas por las autoridades rusas, el índice de participación en el referéndum constitucional celebrado en Chechenia el domingo 23 de marzo de 2003 se estima en el 85 %. Los votantes se pronunciaron en un 95 % a favor del proyecto de constitución.

La Comisión no ha supervisado el referéndum. La Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos (ODIHR) de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), que envió un equipo de expertos en el momento de la votación, ha llegado asimismo a la conclusión, antes de que se celebrara el referéndum, de que no podía controlarlo debido, entre otras cosas, a la situación de la seguridad en Chechenia. La ODIHR ha constatado sin embargo que numerosos habitantes y personas desplazadas en el interior del país esperan que el referéndum desemboque en un proceso político y traiga consigo paz y estabilidad.

La Comisión está al tanto de ciertas informaciones según las cuales se habrían producido irregularidades en el momento del voto. Espera sin embargo que el referéndum constituya un primer paso hacia una solución política al conflicto checheno y al restablecimiento del Estado de derecho en la República.

Tal como lo indicó el portavoz de la Comisión al final del referéndum, esto sólo se podrá conseguir si se realizan esfuerzos notables para resolver cierto número de problemas evocados en varias ocasiones por ella en el marco del diálogo político entre la Unión y Rusia. La posición de la Comisión es que Rusia debe intentar encontrar una solución política global que respete su soberanía e integridad territorial. Conviene poner fin de inmediato a las desapariciones y a las violaciones de los derechos humanos, así como llevar a cabo una investigación minuciosa e independiente y juzgar a los responsables. Además, Rusia deberá garantizar que no se producirá un retorno forzado de los desplazados en el interior del país y permitir la entrega segura y eficaz de la ayuda humanitaria. Esta posición se refleja en las discusiones en torno a una resolución sobre Chechenia celebradas en el marco de la 59° sesión de la Comisión de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (UNHCR), que se celebra actualmente en Ginebra.

La Comisión seguirá de cerca la evolución de los acontecimientos en los próximos meses, sobre todo por lo que respecta a la intención rusa de negociar un tratado entre la Federación Rusa y Chechenia — aclarando el estatuto de esta última dentro de la Federación— y la propuesta de elecciones presidenciales y parlamentarias para la República.

----

----

(2004/C 88 E/0352)

PREGUNTA ESCRITA E-1290/03

de Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) a la Comisión

(4 de abril de 2003)

Asunto:   Aplicación de medidas antidumping a la importación de ferroaleaciones — El problema de la empresa Ferroatlántica, con sede en Cee y en Dumbría, en la Costa de la Muerte (Galicia)

El desarrollo de las actividades de una empresa fundamental para la economía de la Costa de la Muerte (Galicia) como Ferroatlántica, fabricante de ferroaleaciones, se ve condicionado por la importación por parte de la Unión Europea de dichos productos a precios de dumping de Estados como China, Kazajstán, Rusia y Ucrania. Frente a los intereses ilegítimos de las empresas siderúrgicas que favorecen esta importación, a pesar de la competencia desleal que implica, los fabricantes de ferroaleaciones, como es el caso de Ferroatlántica, reclaman a la Comisión la aplicación de medidas efectivas de antidumping. La Comisión ha incoado procedimientos para adoptar medidas antidumping que no cuentan con el acuerdo de los fabricantes europeos de ferroaleaciones, ya que estas medidas parecen favorecer a las empresas siderúrgicas que utilizan productos importados a bajo precio. ¿En qué estado se encuentra esta cuestión que afecta a la viabilidad de empresas como Ferroatlántica?

Respuesta dada por Pascal Lamy en nombre de la Comisión

(7 de mayo de 2003)

La Comisión presta especial atención a los problemas de prácticas comerciales desleales que afectan a la industria comunitaria, iniciando investigaciones y proponiendo la institución de medidas de corrección si se reúnen las condiciones legales. En el caso de las investigaciones antidumping, el Consejo puede imponer medidas si queda probado que los productos objeto de dumping causan un prejuicio importante a la industria comunitaria y que tales medidas no so contrarias al interés general de todos los operadores económicos de que se trate.

Basándose en solicitudes debidamente documentadas de la industria siderúrgica comunitaria, la Comisión inició 37 investigaciones antidumping respecto a prácticas comerciales desleales efectuadas por los fabricantes de ferroaleaciones durante los últimos diez años, que resultaron en la imposición de medidas en 30 casos. En 7 de ellos, tales medidas están todavía en vigor. La última investigación, relativa a las importaciones de silicio metal originario de Rusia, se inició en octubre de 2003 y, en el mismo mes, una reconsideración de las medidas relativas al mismo producto originario de China. Estas investigaciones todavía están en curso y se espera que estén concluidas dentro de un plazo de 15 meses a partir de su inicio. En caso de que se confirmara que ha habido prácticas desleales, la Comisión propondrá la prórroga de las medidas por cinco años por lo que respecta a los productos chinos y la imposición de medidas de corrección, igualmente por un período de cinco años, contra los productos rusos.

Si surgieran más problemas de prácticas comerciales desleales, la Comisión seguirá dispuesta, como hasta ahora, a examinar las solicitudes debidamente fundamentadas que presente la industria comunitaria.

----

----

(2004/C 88 E/0353)

PREGUNTA ESCRITA E-1294/03

de José Ribeiro e Castro (UEN) a la Comisión

(7 de abril de 2003)

Asunto:   Una solución democrática para la crisis de Venezuela

De conformidad con los términos del acuerdo alcanzado a iniciativa de Jimmy Carter, ex Presidente de los Estados Unidos, entre el Presidente Chávez y la oposición venezolana, son dos las opciones para poner fin al conflicto que enfrenta a ambas partes: o adoptar una enmienda constitucional que limite el mandato presidencial o celebrar un referéndum para poner término a este mandato.

En opinión de Carter, la enmienda a la Constitución constituiría la alternativa más rápida y viable. La otra alternativa, el referéndum, contemplado en la actual Constitución, podría celebrarse a partir del próximo 19 de agosto, fecha en que se cumple la mitad del mandato de Chávez. El Presidente ha optado al parecer por esta segunda posibilidad.

Mientras tanto, prosiguen las negociaciones.

Según los medios de comunicación, Rafael Alonso, miembro de la dirección de la Coordinadora Democrática, ha denunciado el hecho de que, después de haber prometido el Presidente Chávez que se sometería a la voluntad popular el 19 de agosto, habiendo llegado incluso a criticar a la oposición por su impaciencia, ha dejado claro en su última intervención televisiva que finalmente piensa cumplir su mandato hasta 2006.

En estas circunstancias:

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(15 de mayo de 2003)

Desde el comienzo de las negociaciones, el 8 de noviembre de 2002, entre los representantes del Gobierno de Venezuela y la «Coordinadora Democrática» (oposición organizada), se han alcanzado dos acuerdos. El primero es el Pacto contra la Violencia, celebrado en febrero de 2003. El segundo acuerdo fue presentado por el mediador de la Organización de Estados Americanos (OEA) el 11 de abril de 2003 y su firma estaba prevista para el 22 de abril de 2003. Este preacuerdo tiende hacia un posible referéndum para poner término al mandato del Presidente Chávez al cumplirse la mitad de dicho mandato el 19 de agosto de 2003, según se prevé en la Constitución. Parece que la oposición está dispuesta a firmarlo, mientras que el Gobierno ha presentado algunas enmiendas. La firma del acuerdo quedó aplazada. No obstante, el Gobierno se encuentra bajo presión internacional, principalmente por miembros del «Grupo de Amigos», para aceptarlo y firmarlo.

El principal desacuerdo durante las negociaciones sobre este preacuerdo ha sido si el Presidente en ejercicio puede participar en las nuevas elecciones en caso de que su mandato sea revocado por el referéndum. Un partido de la oposición pidió que este punto fuera aclarado por el Tribunal Supremo, que todavía no se ha pronunciado.

El preacuerdo prevé la actuación de garantes internacionales como el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, el Centro Carter y la OEA. El Grupo de Amigos ha expresado su satisfacción con los últimos acontecimientos y ofrecido su ayuda en el proceso futuro.

La Comisión y los Estados miembros observan con gran atención la situación en Venezuela. Preocupados por la evidente división de la sociedad en partidarios y oponentes del Presidente Chávez, la Unión ha expresado en varias declaraciones (octubre y diciembre de 2002, enero de 2003) su pleno apoyo los esfuerzos de la OEA y al Grupo de Amigos para facilitar un diálogo nacional entre el Gobierno y la Coordinadora Democrática (oposición organizada), así como otros sectores de la sociedad. La Unión ha hecho hincapié en la necesidad de una solución pacífica, democrática, constitucional y electoral a la crisis. Dos Estados miembros (España y Portugal) son miembros del Grupo de Amigos.

Por otro lado, la Comisión presta apoyo financiero a la OEA para facilitar el actual diálogo entre las partes y la aplicación de posibles acuerdos sobre tres puntos principales: elecciones libres y justas, creación de una Comisión de la Verdad para investigar los sucesos de abril de 2002 y el desarme de la población civil. La Comisión también está dispuesta a enviar una misión de observación electoral en caso de que se organice una consulta electoral y el Gobierno venezolano así lo solicite.

----

----

(2004/C 88 E/0354)

PREGUNTA ESCRITA E-1296/03

de José Ribeiro e Castro (UEN) a la Comisión

(7 de abril de 2003)

Asunto:   Enfrentamientos en el sur de Nigeria

Según los medios de comunicación, en el sur de Nigeria, en la región del delta del Níger, rica en petróleo, se han registrado enfrentamientos entre el ejército y dos grupos rebeldes con decenas de muertes. Habitantes de aquella zona que han huido de la violencia, que dura ya varios días, hablan de disparos indiscriminados de soldados y de rebeldes, así como de destrucción e incendio de aldeas enteras. Al parecer, los enfrentamientos se producen entre dos comunidades locales, Ijaw e Itsekiri, y han motivado el envío a esta región de miles de soldados. Líderes de la comunidad Ijaw hablan de 50 militantes muertos en los enfrentamientos del jueves pasado con fuerzas de la Marína y del Ejército en la localidad de Okorenkoro. Se quejan asimismo de que fueron cercados por las tropas en sus aldeas. A finales de la semana pasada, las compañías petrolíferas internacionales que operan en la zona obligaron a centenares de habitantes a abandonar la zona. Debido a estos enfrentamientos, las tres compañías que operan en la región — Chevron Texaco, Shell y la nigeriana National Petroleum Corporation— han reducido su producción. Por otra parte, el Presidente nigeriano, Olusegun Obasanjo, ya ha lanzado una seria advertencia, afirmando que el nivel de violencia está empezando a comprometer el éxito de las elecciones convocadas para el mes próximo.

En estas circunstancias:

Respuesta del Sr. Nielson en nombre de la Comisión

(6 de mayo de 2003)

La Comisión está siguiendo muy de cerca la seguridad en el Estado del Delta en el sur de Nigeria. En febrero y marzo de 2003 hubo brotes de violencia a gran escala en Warri y sus alrededores que dejaron docenas de muertos y varios pueblos destrozados como consecuencia de los enfrentamientos entre los Urhobos y los Itsekiris, y después entre los Ijaws y los Itsekiris. En marzo de 2003 se desplegó un gran contingente militar en la zona en medio de acusaciones de ataques indiscriminados de las fuerzas de seguridad a las comunidades Ijaw como represalia por el asesinato de cuatro soldados.

Parece ser que esta violencia se ha desencadenado en parte por los intereses políticos locales en vísperas de las elecciones de abril de 2003, con disputas sobre el reparto de los puestos de teniente de alcalde entre los principales grupos étnicos, pero dicha violencia también se alimenta de la frustración por la falta de desarrollo de la zona, a pesar de la enorme riqueza generada por el petróleo. Ello ha precipitado ataques a las instalaciones de las compañías petrolíferas y, más recientemente, ha provocado la voladura de dos oleoductos, como consecuencia de lo cual las compañías han paralizado su producción y evacuado a su personal por motivos de seguridad.

La situación sigue siendo volátil y tensa. El inspector jefe del Estado del Delta anunció el despliegue de 7 000 agentes de policía para proteger 3 500 colegios electorales en los comicios. La Comisión Electoral Nacional Independiente dijo que necesitaba un dispositivo de seguridad especial para llevar a cabo las elecciones en el Estado del Delta.

La Unión y una serie de organizaciones enviaron al país equipos de observadores de las elecciones. El equipo de la Unión, que contaba con 111 observadores, se desplegó tal y como estaba previsto y observó importantes irregularidades en las elecciones presidenciales y de gobernadores en el Estado del Delta. Sus observaciones aparecen recogidas detalladamente en su Segunda declaración preliminar publicada el 22 de abril de 2003. La Delegación de la Comisión, en coordinación con los representantes de los Estados miembros, vigilaron la situación de la seguridad en el país en vísperas de las elecciones. No recomendaron un enfoque concreto a las Autoridades nigerianas sobre los problemas del Estado del Delta.

----

----

(2004/C 88 E/0355)

PREGUNTA ESCRITA E-1310/03

de Bill Newton Dunn (ELDR) a la Comisión

(7 de abril de 2003)

Asunto:   Situación del Sr. Abuakir, ciudadano nigeriano y cristiano practicante

¿Conoce la Comisión la situación del Sr. Abuakir y sus dos hijas Rakiya y Dije, del pueblo de Bilkawa, en el Estado de Kano, Nigeria? Hay pruebas de que las autoridades musulmanas de Nigeria han presionado a las dos niñas para que se conviertan al Islam y se casen con musulmanes. Esto reviste especial importancia, teniendo en cuenta que las autoridades nigerianas han firmado el Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos.

Respuesta del Sr. Nielson en nombre de la Comisión

(6 de mayo de 2003)

La Comisión no ha sido alertada de la situación del Sr. Abubakir y su familia y no ha presentado protesta alguna ante las autoridades nigerianas a este respecto. La Comisión ha pedido a su Delegación en Abuja que investigue el caso dirigiéndose a funcionarios federales y estatales.

----

----

(2004/C 88 E/0356)

PREGUNTA ESCRITA E-1316/03

de Hanja Maij-Weggen (PPE-DE) a la Comisión

(7 de abril de 2003)

Asunto:   Autonomía de Papua (Indonesia)

¿Está enterada la Comisión de que el Gobierno de Indonesia decretó a finales de enero de 2003 la pronta división en tres partes de la provincia de Papua?

¿Puede indicar la Comisión qué relación guarda este decreto, en sí comprensible, con la anterior decisión del Gobierno de Indonesia de otorgar a Papua una autonomía especial?

¿Está la Comisión dispuesta a comunicar en qué consiste actualmente dicha autonomía especial y cuáles son sus efectos?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(15 de mayo de 2003)

La Comisión sigue con atención la evolución de la situación en Indonesia oriental, en particular en Papua, y está plenamente al corriente del decreto presidencial mencionado por Su Señoría.

El Gobierno de Indonesia, a nivel tanto provincial como nacional, ha iniciado discusiones sobre el modo de conciliar la decisión de dividir la provincia en tres provincias distintas con las disposiciones de la ley especial sobre la autonomía (SAL) aprobada por el Parlamento en 2001. Hasta el momento no se ha hecho pública una decisión definitiva.

La Comisión remite a Su Señoría a las conclusiones del Consejo de 14 de abril de 2003 relativas a Indonesia, en las cuales se señala «la importación de una plena aplicación de la letra y del espíritu de la ley especial sobre la autonomía (SAL) en Aceh y Papua» y «la necesidad de aclarar la relación entre la SAL para Papua y el reciente decreto presidencial» y se expresa «preocupación por el retraso por parte indonesia en aceptar el apoyo internacional para la aplicación de la SAL.».

Dado que la aplicación de la SAL sigue pendiente, no es posible facilitar detalles sobre su forma y efectos.

La Delegación de la Comunidad en Yakarta, en coordinación con los representantes de los Estados miembros, está siguiendo la situación y recomendará posibles acciones en el momento oportuno.

----

----

(2004/C 88 E/0357)

PREGUNTA ESCRITA E-1317/03

de Nelly Maes (Verts/ALE) a la Comisión

(7 de abril de 2003)

Asunto:   Aplicación de los programas comunitarios en Eslovaquia

¿Puede la Comisión proporcionar información detallada acerca de la utilización en Eslovaquia de los fondos ISPA, PHARE y Sapard en 2000, 2001 y 2002 (tablas, ejecución y reparto por regiones)?

Respuesta del Sr. Verheugen en nombre de la Comisión

(12 de junio de 2003)

Por lo que se refiere al Programa PHARE, la ayuda comprometida para la República Eslovaca en el período 2000-2002 ascendió a casi 240 millones de euros. Los importes totales que figuran en el cuadro siguiente incluyen, entre otros conceptos, la financiación del Programa Nacional y de los Programas de Cooperación Transfronteriza (CT), la participación en los programas y agencias comunitarios y la asistencia en el ámbito de la seguridad nuclear (cierre definitivo de la central nuclear de Bohunice).

La asistencia Phare se ha destinado a apoyar los esfuerzos de aproximación legislativa y de cumplimiento del acervo comunitario realizados por Eslovaquia en respuesta a los compromisos contraídos por este país en el contexto del proceso de negociaciones. El Plan de acción para el fortalecimiento de la capacidad administrativa y judicial —elaborado con el concurso de las autoridades eslovacas— precisó los pasos que debían darse para que la República Eslovaca pudiera contar en el momento de la adhesión con un nivel adecuado de capacidad en esos dos ámbitos. Las actividades contempladas en el Plan se seleccionaron de forma que respondieran a las prioridades definidas en la Asociación para la Adhesión y en el Programa Nacional Eslovaco para la Adopción del Acervo.

En cuanto al reparto geográfico de la asistencia Phare en los años 2000 y 2001, los proyectos financiados en el marco de la Cohesión Económica y Social (Programas Nacionales) se localizaron en las regiones que el Gobierno eslovaco había identificado como zonas menos desarrolladas, es decir, Košice, Prešov y Banská Bystrica. Los importes asignados en ese marco ascendieron a 6,3 millones de euros en el 2000 y a 18,4 millones en el 2001.

En lo que respecta a los Programas de Cooperación Transfronteriza (CT), su financiación se destinó a cierto número de proyectos de infraestructura (particularmente en los ámbitos del medio ambiente, los transportes y el desarrollo económico) ubicados en las regiones siguientes:

Las dotaciones de la CT durante el período de referencia fueron las siguientes:

Los informes anuales PHARE 2000 y 2001 (http://europa.eu.int/comm/enlargement/pas/phare/publist.htm) facilitan información detallada sobre la ejecución de los proyectos PHARE. El informe 2002 se adoptará a finales del presente año.

Por lo que se refiere al ISPA, Eslovaquia recibió durante el período examinado (2000-2002) un importe total de 278 millones de euros, de los cuales 106 para el sector del medio ambiente y 172 para el de los transportes. Estos importes sumados a la cofinanciación nacional arrojan un valor total de 511 millones de euros.

Durante los tres primeros años de aplicación del ISPA, se financiaron en Eslovaquia once proyectos medioambientales —repartidos regularmente por todo el país— cuyo objetivo principal era ayudar al cumplimiento de las Directivas comunitarias en materia de agua potable y aguas residuales.

En el sector de los transportes, se financiaron tres proyectos ferroviarios, destinados a la mejora del corredor internacional entre Bratislava y Zilina, y un proyecto de autopista localizado en Bratislava. Los informes anuales del ISPA 2000 y 2001 (http://europa.eu.int/comm/regional_policy/funds/ispa/ docum_en.htm) contienen información precisa sobre la aplicación de este Instrumento. El informe 2002 se adoptará a finales del presente año.

Además, puede encontrarse más información sobre este tema en el sitio web del ISPA: http://europa.eu.int/ comm/regional_policy/funds/ispa/ispa_en.htm

En lo que atañe, en fin, al Programa especial de preadhesión para la agricultura y el desarrollo rural (Sapard), se ha dotado a la República Eslovaca con un importe total de 96 millones de euros para el período 2000-2004. El Programa se basa en tres prioridades: i) la mejora de la producción agrícola, incluida la de la industria de transformación de alimentos, ii) el desarrollo rural sostenible y iii) el desarrollo de los recursos humanos.

Dado que la gestión y la ejecución del Programa están plenamente descentralizadas, competiendo a los propios países candidatos, las autoridades eslovacas tuvieron que solicitar antes que nada el reconocimiento de su organismo de ejecución (la llamada agencia Sapard) para poder poner en marcha el Programa.

El proceso de reconocimiento correspondiente (4) concluyó el 15 de abril de 2002 con una Decisión por la que la Comisión atribuía a esas autoridades la gestión de la ayuda Sapard. De esta forma, Eslovaquia pudo iniciar la aplicación de su programa a partir de esa misma fecha.

Desde la primera convocatoria de solicitudes celebrada para la concesión de las ayudas financieras del Programa Sapard, la Agencia ha aprobado ya un total de 75 proyectos (hasta mediados de marzo de 2003).

Esos proyectos pueden desglosarse por regiones de la forma siguiente:

Puede obtenerse información detallada sobre la aplicación del Programa Sapard consultando los informes anuales de este Instrumento correspondientes a los años 2000 (http://europa.eu.int/comm/agriculture/ publi/reports/sapard2000/index_en.htm) y 2001 (http://europa.eu.int/comm/agriculture/publi/reports/ sapard2001/index_en.htm). El informe 2002 se adoptará a finales del presente año.

Si Su Señoría desea más información, puede visitar también el sitio web de la DG AGRI (http://europa.eu.int/comm/agriculture/external/enlarge/countries/slovakia/index_en.htm).

Asimismo, con referencia a la aplicación de los tres Instrumentos de Preadhesión en el año 2002, puede encontrarse información complementaria en el «General Assistance Document» 2003, que fue presentado al Comité de gestión Phare el 9 de abril de 2003 y al que próximamente podrá accederse en el sitio web de la Ampliación (http//europa.eu.int/comm/enlargement/docs/index.htm).

----

(1)  El período de utilización expiró el 31 de diciembre de 2002.

(2)  El período de utilización expirará el 30 de noviembre de 2003.

(3)  El período de utilización expirará el 30 de noviembre de 2004.

(4)  Eslovaquia realizó a nivel nacional las tareas de acreditación pertinentes, que fueron aprobadas el 19 de diciembre de 2001 en forma de un Acta de Reconocimiento expedida por las autoridades nacionales competentes. Éstas notificaron entonces a la Comisión el proceso de reconocimiento que acababa de concluir y, el 7 de enero de 2002, le remitieron un amplio paquete de información al respecto. Tras examinar las bases de ese proceso nacional, la Comisión obtuvo algunos datos complementarios y aclaraciones en el marco de una detallada auditoría.

----

----

(2004/C 88 E/0358)

PREGUNTA ESCRITA E-1321/03

de José Ribeiro e Castro (UEN) a la Comisión

(8 de abril de 2003)

Asunto:   Angola — Regreso de refugiados

Según se desprende de una comunicación, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) denunció la violación de los derechos de los refugiados angoleños que pretenden abandonar la República Democrática del Congo, el Congo y Zambia para regresar a Angola.

Según dicha fuente, se habría obligado a los refugiados a pagar una tasa ilegal o a abandonar algunas de sus pertenencias en los puestos fronterizos a uno y otro lado de la frontera, y circulan rumores de que en esas zonas se han producido violaciones de mujeres y numerosas acciones de discriminación.

La responsable de la protección de los refugiados, Ester Benazri, consideró que esta situación se habría producido porque las poblaciones desplazadas no han esperado la repatriación oficial, que comenzará el próximo mes de mayo, previendo una mejora de la situación con el aumento de la presencia de funcionarios del ACNUR y de la comunidad internacional en las zonas fronterizas.

En este contexto:

Respuesta del Sr. Nielson en nombre de la Comisión

(15 de mayo de 2003)

La Comisión está al corriente de los informes sobre los abusos que presuntamente están sufriendo algunos refugiados angoleños que están regresando espontáneamente desde países vecinos. Los informes mencionan prácticas abusivas tales como acoso, robo, violencia sexual y extorsión, especialmente en la frontera entre la República Democrática del Congo y Angola. Si se demuestran dichas prácticas, representarían una violación de los Acuerdos Tripartitos que rigen la repatriación de refugiados firmados en noviembre y diciembre de 2002 por el Gobierno de Angola, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y los respectivos Gobiernos de la República Democrática del Congo, Namibia, la República del Congo y Zambia.

Aunque el Gobierno de Angola es el principal agente que debe intervenir para poner fin a tales prácticas, la Comisión se compromete a plantear la cuestión a ACNUR, dado su papel como signatario de los Acuerdos Tripartitos y como detentor del mandato especial para los refugiados. Asimismo, la Comisión examinará estas cuestiones en el contexto de toda futura financiación comunitaria de intervenciones para apoyar la repatriación de refugiados.

Por ende, si tales denuncias se confirmaran y persistieran, la Comisión, en estrecha colaboración con las representaciones de los Estados miembros en los países en cuestión, examinará las medidas apropiadas que deba tomar con respecto a las autoridades nacionales.

----

----

(2004/C 88 E/0359)

PREGUNTA ESCRITA P-1336/03

de Ilka Schröder (GUE/NGL) a la Comisión

(2 de abril de 2003)

Asunto:   Persecución de homosexuales en los territorios autónomos palestinos

Durante los últimos meses, tanto la prensa (véase, por ejemplo, The New Republic del 19.8.2002, East Bay Voice del 19.9.2002, Ha'aretz del 6.3.2003/10.9.2001 y Jerusalem Post del 5.6.2001) como diversos grupos defensores de los derechos civiles (por ejemplo, Agudah, http://agudah.israel-live.de) han informado en reiteradas ocasiones sobre graves violaciones de los derechos humanos de homosexuales y transexuales en los territorios de la Autoridad Palestina (AP). Según dichas fuentes, en el año 2000, cuatro ciudadanos palestinos fueron muertos por su condición de homosexuales y centenares de ellos se vieron obligados a huir a Israel. Al parecer, el «hostigamiento de homosexuales» es la política «oficial en la práctica» de la AP, y con frecuencia se tacha a los afectados de colaboradores y se les acusa como tales. Según las mismas fuentes, en los últimos tres años se han dado también dos casos en los que se han levantado cargos explícitos por homosexualidad. A raíz de la «Intifada Al-Aqsa» parecen haberse instaurado tribunales islámicos, ante los cuales pende sobre los homosexuales la amenaza de una condena a muerte por lapidación, incineración y ahorcamiento. Además, dichos tribunales han declarado «fuera de la ley» a las personas sospechosas de homosexualidad, por lo que su asesinato permanecería impune. Asimismo, parecen estar a la orden del día las peores torturas de homosexuales a manos de la policía de la AP.

La UE hace llegar enormes ayudas financieras a la región en cuestión. Desde 1993, se han destinado más de 1 400 millones de euros a los territorios de la AP y, desde junio de 2001, la UE ha facilitado a la AP de manera ininterrumpida 10 millones de euros mensuales mediante un suplemento presupuestario directo. En el marco del programa MEDA se facilitan fondos adicionales considerables. Por todo lo anterior, ¿puede indicar la Comisión si está al corriente de los hechos descritos con respecto a la situación de los homosexuales y transexuales en los territorios de la AP? ¿Dispone de información adicional al respecto? En caso afirmativo, ¿de qué información se trata? ¿Está informada la Comisión acerca de la situación de los homosexuales en los campamentos de la UNRWA cofinanciados por la UE? ¿Ha adoptado ya medidas para lograr un cambio de esta situación insoportable? En caso negativo, ¿opina la Comisión que, vista la magnitud de la ayuda facilitada a la AP, la UE tiene derecho a exigir el cumplimiento por la AP de obligaciones en materia de derechos humanos y debe además hacerlas cumplir? De no ser así, ¿coincidiría la Comisión en que, en tal caso, la UE y sus Estados miembros deberían conceder asilo a los afectados de inmediato y por una duración indeterminada? En caso negativo, ¿por qué no?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(7 de mayo de 2003)

La Comisión tiene conocimiento de algunos de los comunicados de prensa referidos por Su Señoría relativos a la alegada persecución de homosexuales, así como de algunos informes no oficiales sobre violaciones de derechos humanos en los Territorios palestinos.

La Comisión está preocupada por estos informes sobre violaciones de los derechos humanos y, conjuntamente con donantes internacionales, ha apelado a la Autoridad Palestina en el sentido de que esta emprenda reformas democráticas, asegure la primacía del Derecho y respete los derechos humanos fundamentales.

La Unión participa activamente en el Cuarteto y en la Task Force internacional sobre la reforma palestina, creada en julio de 2002 para acompañar y apoyar la ejecución de las reformas civiles palestinas y para orientar a la comunidad de donantes internacionales en su apoyo a la agenda de reformas palestina. La Task Force está formada por los Estados Unidos, la Unión Europea, la Federación de Rusia, las Naciones Unidas, Noruega, Japón, Canadá, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. La Task Force debe acompañar los progresos realizados en áreas fundamentales, tales como la sociedad civil, la administración pública y el Estado de derecho y recomienda la adopción de nuevas medidas por parte de la Autoridad Palestina.

La Comisión no tiene conocimiento de la situación específica de los homosexuales entre los refugiados apoyados por el UNRWA referida por Su Señoría, ni ha recibido ningún informe sobre esta cuestión.

La Comisión continuará acompañando los avances en el proceso de reforma en el ámbito de las relaciones bilaterales entre la Unión y la Autoridad Palestina, así como en conjunción con otros donantes internacionales.

En lo que respecta al asilo, la Comisión recuerda a Su Señoría que la evaluación de las solicitudes para el reconocimiento del estatuto de asilo se efectúa sobre la base de caso por caso por las autoridades competentes de los Estados miembros y de conformidad con la Convención de Ginebra de 1951 relativa al estatuto de refugiados.

----

----

(2004/C 88 E/0360)

PREGUNTA ESCRITA E-1400/03

de Roberta Angelilli (UEN) a la Comisión

(16 de abril de 2003)

Asunto:   Sede de la Autoridad alimentaria europea

Hace un par de días, la prensa italiana publicó la noticia de la posible escisión de la futura Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (AESI) en dos sedes, asignándose a cada una de ellas tareas y funciones diferentes.

Este posible acuerdo prevé efectivamente el establecimiento de una sede en Helsinki, que se ocuparía de los aspectos tocantes a la sanidad y la investigación científica y examinaría las políticas nutricionales y los problemas relacionados con la ingeniería genética, y de otra, en Parma, entre cuyos cometidos figuraría el control de la calidad y el origen de los productos, el sector agroalimentario y la promoción de la cultura enogastronómica europea.

No obstante, el Comité promotor de la candidatura de la ciudad de Parma como sede de la Autoridad (comité en el que están representados el municipio, la provincia, fundaciones bancarias y la universidad) y las asociaciones más importantes de agricultores italianos han expresado su perplejidad por la posible escisión de la Autoridad, en la medida en que el Reglamento (CE) no 178/2002 (1) por el que se crea la Autoridad, prevé una sola. Además se perfilaría una larga y compleja andadura legislativa que retrasaría aún más la puesta en funcionamiento de la Autoridad bis.

El Comisario Fischer ha emitido sobre este trasfondo un dictamen favorable al establecimiento de las dos sedes de la autoridad y ha declarado que es técnicamente posible construirlas. El Ministro de Política Agraria italiano Giovanni Alemanno ha afirmado que las dos sedes trabajarán en pie de igualdad y de forma independiente.

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(18 de junio de 2003)

Se remite a Su Señoría a la respuesta de la Comisión a la pregunta escrita P-1395/03 del Sr. Colom i Naval (2) relativa a la fijación de la sede de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (AESA).

Por lo que respecta al establecimiento de la AESA y a la distribución de las funciones entre seguridad alimentaria y calidad, la Comisión puede comunicar las siguientes informaciones:

----

(1)DO L 31 de 1.2.2002, p. 1.

(2)DO C 242 E de 9.10.2003, p. 228.

(3)  Reglamento (CE) no 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria, DO L 31 de 1.2.2002.

----

----

(2004/C 88 E/0361)

PREGUNTA ESCRITA E-1576/03

de Chris Davies (ELDR) a la Comisión

(8 de mayo de 2003)

Asunto:   Impuesto sobre la energía en la UE

A raíz del reciente acuerdo alcanzado en el Consejo con respecto a la introducción de un impuesto mínimo sobre la energía en la UE, ¿qué medidas tiene intención de adoptar ahora la Comisión para garantizar la aplicación de este acuerdo?

¿Cuándo tiene intención de proponer las medidas necesarias y en qué fecha espera que se apliquen en la UE?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(5 de junio de 2003)

El 23 de marzo de 2003, el Consejo, por unanimidad, llegó a un acuerdo político en lo que respecta a la propuesta de Directiva sobre fiscalidad de la energía. De acuerdo con el parecer de la Comisión, el 9 de abril de 2003 el Consejo decidió volver a consultar al Parlamento, ya que el último acuerdo difiere significativamente de la propuesta presentada por la Comisión en 1997 (1) y es importante que el Parlamento pueda emitir su dictamen sobre la propuesta de Directiva.

El Consejo adoptará una decisión oficial sobre la adopción de la Directiva sobre fiscalidad de la energía solamente cuando el Parlamento haya emitido su dictamen.

La Comisión tiene el deber de ayudar a los Estados miembros y países candidatos en la incorporación de la Directiva. Se organizarán reuniones técnicas entre los servicios para encauzar lo mejor posible el proceso y garantizar que la incorporación sea rápida y precisa.

La Directiva entrará normalmente en vigor el 1 de enero de 2004, excepto algunos artículos que tandrán efecto retroactivo a partir del 1 de enero de 2003.

----

(1)DO C 139 de 6.5.1997.

----

----

(2004/C 88 E/0362)

PREGUNTA ESCRITA E-1580/03

de Chris Davies (ELDR) a la Comisión

(8 de mayo de 2003)

Asunto:   Análisis de datos sobre drogas ilegales en la UE

Después de la respuesta dada a mi pregunta escrita E-0315/03 (1), ¿está convencida ahora la Comisión de que tiene definiciones comunes sobre la recogida y el análisis de datos respecto al uso de drogas ilegales?

En caso contrario, ¿qué acciones se han emprendido con el fin de conseguirlo y cuándo se habrán llevado a cabo?

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(16 de junio de 2003)

La naturaleza de la recogida de datos exige un esfuerzo permanente tanto a escala comunitaria como nacional a fin de mejorar la comparabilidad y la fiabilidad de los mismos. Se ha trabajado, y se seguirá trabajando, en este sentido en el marco de los programas de salud pública y en el Observatorio Europeo de la Droga y las Toxicomanías (OEDT), en colaboración con el Sistema Estadístico Europeo (SEE).

Además, la Recomendación del Consejo relativa a la prevención y la reducción de los riesgos asociados a la drogodependencia, que ya está lista para su adopción por el Consejo, incluye una serie de medidas de interés para este asunto:

----

(1)DO C 51 E de 26.2.2004, p. 18.

(2)  La Red Europea de Información sobre Drogas y Toxicomanías (Reitox) cuenta con un Punto Focal Nacional en cada uno de los quince Estados miembros más Noruega y con el Punto Focal de la Comisión Europea. Los Puntos Focales se encargan de coordinar los respectivos centros nacionales de información para que se cumplan las exigencias del OEDT respecto de un conjunto de datos básicos, la elaboración de los Informes Nacionales anuales sobre la situación del fenómeno de las drogas en cada Estado miembro y una red nacional de información (http://www.emcdda.org/partners/nfp.shtml).

----

----

(2004/C 88 E/0363)

PREGUNTA ESCRITA P-1607/03

de Antonio Tajani (PPE-DE) a la Comisión

(7 de mayo de 2003)

Asunto:   Repetidas violaciones de los derechos humanos en Cuba

En los primeros meses de 2003, el régimen comunista cubano ha decidido sofocar el disentimiento democrático castigando a los periodistas, opositores y defensores de los derechos humanos. El 18 de marzo la policía de Fidel Castro arrestó a unas ochenta personas que denunciaban la falta de democracia.

El 1 de abril once opositores secuestraron un transbordador para huir a los Estados Unidos; 10 días más tarde, 3 jóvenes que habían participado en el secuestro fueron fusilados.

En las semanas siguientes han aumentado las denuncias sobre las condiciones inhumanas en que viven los detenidos en Cuba. A la solicitud de las Naciones Unidas de poder inspeccionar las prisiones de la isla para comprobar el respeto de los derechos humanos, Castro responde con una negativa fulminante. Según la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación, los detenidos políticos en Cuba serían unos trescientos.

¿Qué iniciativas piensa tomar la Comisión para contribuir a la protección de los derechos humanos en Cuba?

¿Tiene previsto el Presidente Prodi intervenir directamente ante Fidel Castro para solicitar la visita de representantes de la Comisión y del Parlamento para comprobar si, y cómo, se utilizan los fondos para la cooperación de la Unión Europea?

¿Cómo piensa la Comisión proteger los derechos de los ciudadanos europeos que viven y trabajan en la isla?

¿Tiene intención el Presidente Prodi de apoyar la solicitud de 31 eurodiputados italianos que piden la firma de un tratado de cooperación entre la Unión y el dictador sin ningún control preventivo para determinar hasta qué punto las instituciones cubanas son democráticas?

Respuesta del Sr. Nielson en nombre de la Comisión

(18 de junio de 2003)

Las recientes detenciones a gran escala de disidentes, los juicios parciales y la arbitrariedad y desproporción de las penas impuestas, así como la ejecución de tres ciudadanos cubanos acusados de secuestrar un transbordador cubano, han sido objeto de una rápida, firme y continuada reacción de la Unión. La Comisión ha apoyado total y activamente las medidas que se han tomado en este contexto.

La Comisión, junto con los Estados miembros, ha condenado vigorosamente dichas detenciones en una declaración publicada el 26 de marzo de 2003, seguida por una gestión de la Unión en La Habana para exigir a las autoridades cubanas la liberación inmediata de los presos. El 18 de abril de 2003 se llevó a cabo una segunda gestión de la Unión en La Habana, tras la declaración de los Ministros de Asuntos Exteriores de 14 de abril de 2003.

Recientemente se ha decidido tomar otras medidas, entre las que se hallan los límites a las visitas de alto nivel.

El 30 de abril de 2003 la Comisión decidió retrasar el examen de la solicitud de adhesión de Cuba al Acuerdo de Cotonú, y resaltó que los recientes acontecimientos no conducen a la cooperación entre la Unión y Cuba.

El 16 de mayo de 2003 las autoridades cubanas decidieron retirar su solicitud.

En lo que se refiere a la financiación de la cooperación comunitaria, la reciente inauguración de una Delegación en la Habana facilita un seguimiento más de cerca del empleo de los fondos. La cooperación de la Comunidad se concentra desde 2000 en proyectos que fomentan la reforma económica y el desarrollo de la sociedad civil. Siete de los proyectos financiados por la Comisión en Cuba fueron objeto de una misión de seguimiento independiente contratada por la Comisión en 2002, y para el tercer trimestre de 2003, está prevista otra nueva misión de seguimiento.

Las cuestiones relacionadas con los derechos de los ciudadanos europeos en Cuba son responsabilidad de sus respectivas autoridades nacionales.

----

----

(2004/C 88 E/0364)

PREGUNTA ESCRITA E-1629/03

de Eija-Riitta Korhola (PPE-DE) a la Comisión

(14 de mayo de 2003)

Asunto:   Promoción en la UE de los productos del comercio justo

En la semana del comercio justo que comienza el día 3 de mayo, los agentes de la sociedad civil de Finlandia llamarán la atención sobre la existencia de los productos del comercio justo y pedirán a las parroquias, entre otros, que intenten utilizar cada vez más el café adquirido a través del comercio justo.

En la respuesta a mi pregunta P-3856/02 de 24.1.2002 (1), el Miembro de la Comisión Pascal Lamy afirmaba que, a largo plazo, sólo si continúa aumentando la demanda de productos del comercio justo entre los consumidores europeos, se producirá un descenso significativo de sus precios.

¿Tiene la UE posiblidades de fomentar la demanda de productos del comercio justo haciendo publicidad de la semana del comercio justo (del 3 al 9 de mayo) y comprometiéndose en favor de las ideas sobre los beneficios de la cooperación económica transfronteriza para la estabilidad, ya enunciadas al constituir las Comunidades Europeas? (Tengamos en cuenta que también el día de Schuman se celebra en esa misma semana).

¿Tiene previsto la Comisión fomentar por su parte la demanda de productos del comercio justo a través de contrataciones públicas en las instituciones comunitarias y en los Estados miembros?

Respuesta del Sr. Lamy en nombre de la Comisión

(30 de junio de 2003)

Sin duda alguna, merece la pena estudiar la idea de una Semana europea del comercio justo durante la cual se atrajera la atención del público en general hacia los productos del comercio justo. A primera vista, una iniciativa de tal cariz encajaría con la política global de la Comisión de aumentar el conocimiento de los productos del comercio justo a través de la financiación de actividades generadas por la iniciativa privada.

Es difícil que la Unión pueda comprometerse, a través de esta respuesta, a aplicar dicha iniciativa, ya que ésta exige un análisis más detallado de la forma real que adquiriría dicho apoyo. Por tanto, sería útil que los promotores de la semana del comercio justo se dirigieran a los servicios pertinentes (Dirección General (DG) Comercio) de la Comisión para estudiar el apoyo que ésta podría ofrecer, en su caso.

En este contexto, cabe señalar que, durante la semana del comercio justo en Bélgica (del 6 al 9 de octubre de 2003), se llevarán a cabo actividades específicas de apoyo, junto con una campaña publicitaria. Se incitará a las empresas, en la medida de lo posible, a ofrecer productos del comercio justo y a mantener la práctica de ofrecer dichos productos, siempre que se mantenga la demanda.

La Comisión está ayudando a una serie de países en desarrollo a promocionar el comercio como medio de crecimiento económico y reducción de la pobreza. Para ello, se tienen debidamente en cuenta los principios subyacentes al concepto del comercio justo. Tal y como se afirma en la Comunicación relativa al «comercio justo» (2), gracias a éste los productores de los países en desarrollo pueden obtener mayores ingresos por sus productos y tienen más posibilidades de encontrar nuevos mercados. El comercio justo es particularmente útil a los productores a pequeña escala, especialmente en la agricultura y la artesanía, los cuales en los países en desarrollo normalmente se encuentran en zonas rurales aisladas y no producen cantidades suficientes para exportar directamente. En un inminente documento de trabajo de los servicios sobre «Comercio de productos agrícolas básicos, dependencia y pobreza», que explora elementos estratégicos que podrían ayudar a los agricultores que cultivan productos agrícolas básicos en los países en desarrollo, el comercio justo se menciona como una vía de la importante tarea consistente en ayudar a los productores a introducirse en nuevos segmentos del mercado.

Por último, la promoción del empleo de productos del comercio justo es un tema que preocupa especialmente a la Comisión; el café que se sirve durante las reuniones celebradas en los edificios de la Comisión procede del comercio justo. Además, dentro del contexto de la promoción de la responsabilidad social de las empresas, la Comisión está negociando el empleo y la promoción de productos del comercio justo en el supermercado «Euro-City» de Bruselas y en todos los puntos de venta situados dentro de los edificios de la Comisión.

----

(1)DO C 70 E de 20.3.2004, p. 26.

(2)  COM(1999) 619 final.

----

----

(2004/C 88 E/0365)

PREGUNTA ESCRITA P-1631/03

de Carlos Coelho (PPE-DE) a la Comisión

(12 de mayo de 2003)

Asunto:   Discriminación por razón de la nacionalidad

La evolución de nuestra Comunidad Europea ha superado ya la dimensión puramente económica. Actualmente, somos más de 375 millones de personas, que ya no son sólo consumidores en un vasto mercado único, sino también ciudadanos de la Unión Europea que tienen derecho a desplazarse libremente dentro de ésta y a establecerse en cualquier parte de su territorio, ya sea por razones personales o profesionales, y que esperan poder vivir sin miedo de convertirse en blanco de cualquier tipo de discriminación.

Se ha dirigido a mí un ciudadano portugués que, habiendo realizado una carrera internacional al servicio de la Shell Accounting Service, en Glasgow, trabaja y reside ahora en el Reino Unido (Escocia) desde hace aproximadamente dos años. Dicho ciudadano opina que es objeto de discriminación, por razón de la nacionalidad, por parte del banco Halifax (perteneciente al grupo Royal Bank of Scotland), que se negó a hacer el «upgrade» de su cuenta bancaria, como había solicitado, argumentando que para eso era necesario residir en el país por lo menos durante tres años. Ahora bien, tratándose de un ciudadano europeo, ¿no debe tener los mismos derechos y deberes que un ciudadano natural del Reino Unido?

El artículo 12 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea dice lo siguiente: «En el ámbito de aplicación del presente Tratado, y sin perjuicio de las disposiciones particulares previstas en el mismo, se prohibirá toda discriminación por razón de la nacionalidad». En consecuencia, ¿no ha de considerarse discriminatoria la política seguida por el banco Halifax, ya que va en contra de la esencia de la Unión Europea y constituye una clara violación del principio de no discriminación consagrado en el Tratado?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(13 de junio de 2003)

Por principio, un banco, en el marco de la libertad contractual, es libre de llegar a acuerdos contractuales con un cliente potencial. Esto es válido tanto para la cuestión de si se quiere contraer una relación contractual (por ejemplo, la apertura de una cuenta) como para la cuestión de en qué condiciones se celebre el correspondiente contrato (especialmente, respecto a los gastos de gestión de la cuenta, los intereses, la autorización de descubiertos, etc.).

Por lo tanto, en principio no se puede reprochar al banco Halifax que deniegue a un cliente la concesión de condiciones mejores basándose en que, para obtener dicha mejora de las condiciones de su cuenta bancaria, el cliente tiene que haber residido como mínimo tres años en el país. Esto no constituye necesariamente una discriminación por motivo de nacionalidad. Los motivos de la denegación pueden consistir más bien en consideraciones concretas de tipo económico (evaluación del riesgo, evolución de la cuenta hasta esa fecha, movimientos de ingresos y débitos, puntualidad en los pagos u otros motivos relacionados con la persona misma del cliente). Los datos aducidos no bastan para emitir un juicio inequívoco desde un punto de vista jurídico.

----

----

(2004/C 88 E/0366)

PREGUNTA ESCRITA E-1640/03

de Erik Meijer (GUE/NGL) a la Comisión

(16 de mayo de 2003)

Asunto:   Falta de recursos para el mantenimiento de equipos y para la subvención de proyectos en Estados miembros que utilizan la reducción de impuestos como ventaja competitiva

Respuesta del Sr. Verheugen en nombre de la Comisión

(27 de junio de 2003)

En lo referente al respeto de la política comunitaria general, la Comisión señala que los países candidatos se comprometieron en las negociaciones de adhesión a modificar sus legislaciones y procedimientos para alinearlos completamente con el acervo comunitario para el 1 de mayo de 2004, excepto en los temas en los que se han concedido mecanismos de transición. En este contexto, la Comisión supervisa el estado de ejecución de sus compromisos e informa regularmente al Consejo. Está en preparación un informe de supervisión completo que se presentará al Consejo y el Parlamento el 5 de noviembre de 2003.

Sobre la pregunta referente a los niveles fiscales, la reducción de los tipos de los impuestos sobre la renta y los beneficios empresariales desde el final de la década de los 90 es una tendencia que no es exclusiva de los países en vías de adhesión, también la reducción se da en los Estados miembros actuales. En la mayoría de los casos, la reducción de los tipos del impuesto va acompañada de la ampliación de la base imponible, compensando así las posibles pérdidas para el presupuesto. En algunos casos, el incremento de los tipos del IVA y de otros impuestos indirectos (en particular los impuestos «verdes») compensa y también el descenso de los tipos.

Desde el principio de la década los 70 ha habido de hecho una tendencia persistente casi continua al incremento del ratio entre los ingresos fiscales reales y el producto interno bruto (PIB) en la mayoría de los países miembros de la OCDE. Las cifras de las rentas provisionales de 2001 muestran un declive en varios países de la OCDE (tanto en Estados miembros actuales como futuros), lo que apunta a que esta tendencia está llegando a su fin. No obstante, debe señalarse que se trata de un reflejo parcial de hechos específicos recientes y del deterioro del mercado bursátil.

En lo que se refiere a las características de la política social mencionadas en la pregunta del Honorable Miembro, debe recordarse que la legislación laboral comunitaria constituye una parte esencial del acervo social europeo. Esta legislación está compuesta por 15 Directivas sobre cuestiones diversas, tales como la información y la consulta a los empleados, la duración del trabajo y la protección de los trabajadores con contratos temporales e indefinidos. La mayor parte de estas Directivas establece requisitos mínimos, por ejemplo las jornadas de trabajó, los períodos de descanso, las vacaciones anuales, que tienen que ser transpuestos por los Estados en vías de adhesión, y la Comisión supervisa en detalle la ejecución de este proceso. El objetivo de las Directivas sobre derecho laboral no es armonizar la legislación laboral en la Comunidad. En todas ellas existe un equilibrio entre la protección de los derechos de los trabajadores y la flexibilidad. En lo que se refiere a los despidos individuales, los salarios mínimos y los derechos colectivos, no existen unas Directivas globales sobre legislación laboral a nivel europeo: corresponde a los Estados miembros, tanto presentes como futuros, definir estas cuestiones en consonancia con sus propias tradiciones y su contexto laboral específico.

Finalmente, en lo que se refiere a los fondos comunitarios, la Comisión desea señalar que durante las negociaciones con los Estados miembros, presentes y futuros, sobre los documentos de programación de los Fondos Estructurales y de Cohesión, la Comisión examina concienzudamente el respeto de la legislación comunitaria, por ejemplo la normativa sobre competencia, que afecte a la ejecución de los Fondos, así como la solidez y conformidad de los arreglos administrativos y financieros propuestos para su adopción por las autoridades nacionales y regionales competentes. Tras la aprobación de los documentos de programación por medio de una Decisión de la Comisión, ésta supervisa y evalúa su ejecución.

----

----

(2004/C 88 E/0367)

PREGUNTA ESCRITA E-1641/03

de Erik Meijer (GUE/NGL) a la Comisión

(16 de mayo de 2003)

Asunto:   La no concesión de la nacionalidad eslovena a ciudadanos que, en 1991 y en tanto que residentes en el Estado federado de Eslovenia, tenían la nacionalidad yugoslava

Fuente: Espacio informativo de la televisión neerlandesa 2 «2-Vandaag», de 2 de mayo de 2003

Respuesta del Sr. Verheugen en nombre de la Comisión

(30 de junio de 2003)

Cuando Eslovenia declaró su independencia en 1991, a los ciudadanos de la República Socialista Federativa de Yugoslavia que residían en Eslovenia se les ofreció la posibilidad de solicitar la ciudadanía eslovena. Se fijó un plazo para presentar las solicitudes, oportunidad que aprovechó una gran cantidad de personas a las que se les concedió la ciudadanía eslovena. Otras personas optaron por la ciudadanía de otro de los estados sucesores de la República Socialista Federativa de Yugoslavia, algunas personas dejaron Eslovenia para vivir en los otros estados sucesores de la República Socialista Federativa de Yugoslavia y otras permanecieron en Eslovenia sin solicitar la ciudadanía. A quienes no solicitaron la ciudadanía se les suprimió del censo de población. Según el Ministerio del Interior esloveno, el número de personas afectadas es de 18 300. No obstante, la Comisión no dispone de información estadística sobre los grupos de población interesados.

En 1999 se adoptó una ley cuyo objetivo era regularizar la situación de estos antiguos ciudadanos de la República Socialista Federativa de Yugoslavia que vivían en Eslovenia (los denominados «borrados»), para lo que se les proporcionó la posibilidad de solicitar la residencia permanente en un plazo de tres meses. Según las autoridades eslovenas, se recibieron unas 13 000 solicitudes de residencia permanentes. En septiembre de 2002, se habían tomado 10 200 decisiones, de las cuales 9 800 eran positivas. A esto se añade que, entre tanto, se había concedido la ciudadanía eslovena a una serie de personas que habían solicitado la residencia permanente.

En abril de 2003, el Tribunal Constitucional dictaminó que el plazo para presentar solicitudes al amparo de la ley de 1999 había sido demasiado breve, por lo que no se ajustaba a la Constitución. Pidió al Parlamento que adaptara la legislación sobre este tema a lo establecido en dicha Constitución en un plazo de seis meses.

Las modificaciones de la Ley de Ciudadanía de octubre de 2002 tienen también como objetivo resolver el problema de los «borrados», para lo que se establecen procedimientos más sencillos para que las personas sin estado obtengan la ciudadanía eslovena.

La cuestión de la ciudadanía de los nuevos estados es especialmente compleja. La nacionalidad de los Estados miembros es una cuestión exclusiva de los Estados miembros afectados, como confirma la Declaración sobre la nacionalidad de un Estado miembro aneja al Tratado de Maastricht (1). Así pues, incumbe a cada Estado miembro, teniendo en cuenta debidamente la legislación comunitaria, establecer las condiciones de adquisición y pérdida de la nacionalidad. (2) Sin embargo, la Comisión ha incitado a las autoridades eslovenas a resolver este asunto y ha efectuado un seguimiento de los progresos realizados en la sección de criterios políticos de sus informes periódicos anuales.

----

(1)  Declaración no 2 sobre la nacionalidad de un Estado miembro, DO C 191 de 29.7.1992.

(2)  Véase la Sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-369/90, Micheletti, de 7.7.1992, Rec. 1992.

----

----

(2004/C 88 E/0368)

PREGUNTA ESCRITA E-1646/03

de María Rodríguez Ramos (PSE) a la Comisión

(16 de mayo de 2003)

Asunto:   Aplicacion de la cláusula de salvaguardia a las importaciones a la UE de gajos de satsumas en conserva procedentes de China

El pasado mes de octubre, presenté una pregunta escrita prioritaria (P-2956/02 (1)) a la Comisión sobre la puesta en marcha de la cláusula de salvaguardia ante el desmesurado incremento de importaciones de gajos de mandarina procedentes de China.

La Comisión en su respuesta señaló que estaba a la espera de que el Estado español aportase la documentación requerida ya que la información presentada hasta la fecha no se ajustaba a las estrictas normas impuestas por la OMC.

¿Puede la Comisión informar si la Administración española ha presentado ya toda la información solicitada al respecto?

De ser así, ¿cuáles son las causas que impiden a la Comisión tomar la iniciativa prevista para estos casos en el Reglamento (CE) 2201/96 (2)?

----

(1)DO C 161 E de 10.7.2003, p. 55.

(2)DO L 297 de 21.11.1996, p. 29.

----

----

(2004/C 88 E/0369)

PREGUNTA ESCRITA E-1920/03

de Carlos Bautista Ojeda (Verts/ALE) a la Comisión

(12 de junio de 2003)

Asunto:   Importaciones de gajos de mandarina en conserva procedentes de China

El 5 de junio de 2002 España solicitó con carácter de urgencia, a causa de las importaciones masivas de gajos de mandarina en conserva de la R.P. China, la aplicación del Reglamento (CE) 2201/96 (1), en concreto su artículo 22 relativo a la cláusula de salvaguardia en caso de perturbación del mercado comunitario por importaciones.

En el caso de que la Comisión considerase dudosa su aplicación, debido a la entrada de China en la OMC o por otros motivos,

El mercado comunitario de gajos de mandarina, procedentes casi en exclusividad de España, se encuentra irreversiblemente dañado y gravemente perturbado. ¿Cuándo piensa la Comisión adoptar medidas para proteger a su propio mercado?

----

(1)DO L 297 de 21.11.1996, p. 29.

(2)DO L 349 de 31.12.1994, p. 53.

(3)DO L 65 de 8.3.2003, p. 1.

----

----

(2004/C 88 E/0370)

PREGUNTA ESCRITA E-1921/03

de Carlos Bautista Ojeda (Verts/ALE) a la Comisión

(12 de junio de 2003)

Asunto:   Gajos de mandarina en conserva procedentes de China

El espectacular incremento de las importaciones de gajos de mandarina en conserva ha ocasionado una grave perturbación del mercado comunitario, cuya producción de gajos de mandarina en conserva se localiza casi exclusivamente en España. La industrialización de mandarina en gajos de este país se ha reducido en un 36 % entre las campañas 1998/1999 y 2001/2002.

Teniendo en cuenta la cláusula de salvaguardia del artículo 22 del Reglamento (CE) 2201/96 (1) del Consejo, que establece que, en caso de seria perturbación del mercado comunitario debido a importaciones, la Comisión, a instancia de un Estado miembro o por propia iniciativa, decidirá de las medidas necesarias en los 3 días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud.

¿Por qué no ha tomado la Comisión ninguna medida, teniendo conocimiento de la grave situación desde el 5 de junio de 2002, fecha en la que el Estado español solicitó su aplicación con carácter de urgencia?

¿Por qué tampoco ha tomado la Comisión medidas por propia iniciativa?

Respuesta común

a las preguntas escritas E-1646/03, E-1920/03 y E-1921/03

dada por el Sr. Lamy en nombre de la Comisión

(25 de julio de 2003)

La Comisión desearía aprovechar esta oportunidad para informar a Sus Señorías de que actualmente ha recibido una solicitud del Gobierno español, con toda la documentación requerida, de conformidad con el artículo 5 del Reglamento (CE) no 427/2003 del Consejo, de 3 de marzo de 2003, relativo a un mecanismo de salvaguardia transitorio aplicable a las importaciones de determinados productos originarios de la República Popular de China y por el que se modifica el Reglamento (CE) no 519/94, relativo al régimen común aplicable a las importaciones de determinados países terceros (2).

La Comisión reconoce la urgencia de esta solicitud, que está analizando y de la que se ha remitido copia a todos los Estados miembros para proceder a su consulta.

----

(1)DO L 297 de 21.11.1996, p. 29.

(2)DO L 65 de 8.3.2003.

----

----

(2004/C 88 E/0371)

PREGUNTA ESCRITA E-1677/03

de José Ribeiro e Castro (UEN) a la Comisión

(19 de mayo de 2003)

Asunto:   Cuba — Cotonú

Εn vista de los trágicos acontecimientos de las últimas semanas, la Comisión anunció la suspensión, por tiempo indefinido, del examen de la solicitud de Cuba de adhesión al Acuerdo de Cotonú, reacción que se acoge con satisfacción, aunque se piense que debería haberse adoptado anteriormente, inmediatamente después de las señales evidentes de un deterioro gravísimo de la situación de los derechos humanos.

Hay que recordar que, en la fecha de inauguración de la representación de la Comisión en la Habana, el Comisario Sr. Poul Nielson afirmó que no veía obstáculos que se opusieran a la adhesión de Cuba al Acuerdo de Cotonú.

Respuesta del Sr. Nielson en nombre de la Comisión

(15 de julio de 2003)

La Comisión no ha dejado de seguir de cerca la situación de Cuba y desde la apertura de una Delegación en La Habana está aún en mejor situación de hacerlo.

Durante su visita a La Habana los días 9 a 15 de marzo de 2003, el Miembro de la Comisión responsable de Desarrollo y Ayuda Humanitaria se reunió con un grupo de disidentes y escuchó de primera mano su opinión sobre los derechos humanos en Cuba. Algunos de estos representantes de la sociedad civil cubana expresaron su preocupación por la pertenencia de Cuba a Cotonú. Otros, entre los cuales se encontraba Osvaldo Payá, calificaron dicha pertenencia de oportunidad histórica, ya que es el único acuerdo que podría firmar el Gobierno cubano en 44 años que contiene disposiciones vinculantes de democratización y derechos humanos.

La declaración de la Presidencia de 26 de marzo de 2003 y las conclusiones del Consejo de 14 de abril de 2003, así como el Parlamento en su Resolución de 10 de abril de 2003, han condenado tales acciones y afirmado que afectarán a las relaciones de la Unión con Cuba y a las perspectivas de incremento de la cooperación. En su reunión de 30 de abril de 2003, la Comisión reiteró su firme condena de la situación y estimó que procede retrasar el examen de la solicitud de adhesión de Cuba al Acuerdo de Cotonú. Asimismo, tomó nota de la reelección de Cuba para la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y consideró que deben cuestionarse seriamente las condiciones de pertenencia a dicha Comisión.

----

----

(2004/C 88 E/0372)

PREGUNTA ESCRITA P-1680/03

de Anna Karamanou (PSE) a la Comisión

(15 de mayo de 2003)

Asunto:   Torturas y trato inhumano a mujeres en cárceles de Turquía

El 13 de junio se celebra en Turquía el primer juicio a dos mujeres, Nasiye Sogaltay, de 22 años, y Sunay Yesildag, de 28 años, que han sufrido torturas durante su reclusión en cárceles de Constantinopla. Ambas mujeres fueron detenidas el 23 de septiembre de 2002 bajo la acusación de pertenencia a una organización ilegal. Durante su encarcelamiento, fueron sometidas a torturas que han sido confirmadas por un médico forense. En concreto, dichas mujeres fueron en un principio golpeadas, se les aplicaron descargas eléctricas y fueron obligadas a abrir la boca, y después de que sus torturadores hubieran escupido dentro, las obligaron a tragar.

La brutalidad de las condiciones de detención de dichas reclusas en Turquía contraviene derechos humanos fundamentales y constituye una flagrante violación de las convenciones internacionales y de los principios de la democracia y de la libertad. ¿Podría indicar la Comisión si tiene la intención de intervenir con miras a poner fin a las torturas en las cárceles, a humanizar el sistema penitenciario de Turquía, país candidato a la adhesión, y a otorgar prioridad al respeto de los derechos humanos de las mujeres?

Respuesta del Sr. Verheugen en nombre de la Comisión

(10 de junio de 2003)

La Comisión está al corriente de los problemas en Turquía relativos a la tortura (que tiene lugar principalmente durante la detención bajo custodia policial previa al juicio), de la violencia contra las mujeres y de las condiciones en que se realizan las detenciones. En su Informe regular sobre Turquía de 2002 (1), la Comisión señaló las principales preocupaciones existentes en estos ámbitos. La Asociación para la Adhesión con Turquía revisada que se ha adoptado recientemente establece las áreas prioritarias con respecto a dichas preocupaciones.

Entre las prioridades se incluye la necesidad de poner en marcha medidas para luchar contra la tortura, según el Artículo 3 del Convenio Europeo sobre Derechos Humanos y las Recomendaciones del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura. También se incluye la necesidad de adoptar nuevas medidas para garantizar que los fiscales lleven a cabo investigaciones oportunas y eficientes de los presuntos delitos y que los tribunales impongan penas adecuadas a las personas condenadas por malos tratos o violaciones. Respecto a las condiciones en que tienen lugar las detenciones, la Asociación para la Adhesión destaca la necesidad de que Turquía garantice en la práctica el derecho de los detenidos y de los presos a tener acceso en privado a un abogado y a mantener informados a sus familiares, desde el comienzo de su custodia, según el Convenio Europeo sobre Derechos Humanos. Se pide además a Turquía que continúe equiparando las condiciones de sus prisiones a las de los Estados miembros.

Como se desprende de estas prioridades, la Comisión desea señalar que, aunque se ha logrado un cierto progreso, aún es necesaria una mejora considerable con respecto a la puesta en práctica de la legislación. Los recientes informes del Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura, Amnistía Internacional, y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) parecen indicar que la tortura durante la detención previa al juicio, incluída la violencia sexual y física contra las mujeres, continúa siendo una gran preocupación en Turquía.

La Comisión desea señalar que Turquía ha llevado a cabo, no obstante, un progreso considerable en lo referente a la reforma legal en la lucha contra la tortura. En concreto, Turquía ha retirado la exigencia de solicitar autorización de un oficial superior para iniciar investigaciones sobre un agente de policía por acusaciones de tortura; las penas de prisión por tortura ya no se pueden reducir a multas, a la suspensión del agente de policía en cuestión o a cualquier otro tipo de medida; y a los acusados que se encuentren bajo la competencia de los Tribunales de Seguridad del Estado (al igual que al resto de los acusados) se les ha concedido el acceso a un abogado desde el comienzo de la privación de libertad.

Uno de los objetivos primordiales de Turquía como país candidato consiste en cumplir los criterios políticos de Copenague. Esto incluye la necesidad de acabar con cualquier tipo de tortura así como de garantizar el total disfrute de los derechos humanos y de las libertades fundamentales de acuerdo con la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y con los pertinentes instrumentos internacionales y europeos de los que forma parte Turquía. La Comisión continuará su seguimiento de todo lo relativo a las acusaciones de tortura en Turquía así como de la puesta en práctica de la legislación antes mencionada.

----

(1)  COM(2002) 700 final.

----

----

(2004/C 88 E/0373)

PREGUNTA ESCRITA P-1708/03

de Emma Bonino (NI) a la Comisión

(19 de mayo de 2003)

Asunto:   Asesinato de Joyce Miamuna Katai, comisaria de Estado para asuntos femeninos y desarrollo social del Estado nigeriano de Nasarawa

El 5 de mayo, en la ciudad de Toto, fue asesinada Joyce Miamuna Katai, comisaria de Estado para asuntos femeninos y desarrollo social del Estado nigeriano de Nasarawa (Nigeria central). Con ella fueron asesinados dos de sus asistentes, y sólo un tercero, Phoebe Ayenajeh, logró escapar de la matanza. El triple asesinato, que tuvo lugar dentro de una comisaría de policía, fue un verdadero y propio linchamiento, según un portavoz de las fuerzas del orden.

La población se había dirigido a Joyce Miamuna Katai para pedirle ayuda y protección frente a una banda armada organizada que intentaba robar las urnas electorales para trucar los resultados; ayuda que la comisaria intentó prestar implicando a la policía local, la cual, sin embargo, no pudo ni siquiera garantizar su integridad.

El papel institucional de Joyce Katai, en cuanto comisaria de asuntos femeninos y desarrollo social, forma parte del programa de gobierno del Presidente Obasanjo y del Gobernador del Estado de Nasarawa, Addullahi Adamu, los cuales han convertido la formación, la educación y la revalorización social de las mujeres en la base política del desarrollo del proceso de democratización del país.

La presidencia de Obasanjo ha constituido y constituye un fuerte impulso para el proceso democrático de Nigeria, un país que hasta 1999, año en que fue elegido Obasanjo, sufrió continuos golpes de Estado. Después de la declaración de inconstitucionalidad, por parte del gobierno, de algunos aspectos de la ley islámica en 2002, a raíz del caso de Amina Lawal, aumentaron las tensiones entre las etnias musulmana y cristiana, las cuales desembocaron en la matanza de civiles perpetrada con ocasión del concurso de Miss Mundo que debía celebrarse precisamente en Nigeria.

Stella Obasanjo, la esposa del Presidente, ha apoyado la política de su marido en favor de los derechos de las mujeres, fomentando su participación en la educación universitaria y en las candidaturas y su participación activa en la vida social y política del país, promoviendo también un llamamiento internacional contra la práctica de la mutilación de los genitales femeninos, a la cual se ve sometido aún el 40 % de las jóvenes y niñas nigerianas.

¿Está la Comisión al corriente de los graves hechos descritos, acaecidos en el Estado de Nasarawa?

¿Ha comunicado la Comisión al Presidente Obasanjo y a los dirigentes de los Estados Democráticos Nigerianos su indignación por lo sucedido el pasado 5 de mayo?

Vista la especial gravedad de los hechos descritos, ¿qué medidas piensa tomar la Comisión para acelerar y facilitar el proceso de democratización de los Estados Democráticos Nigerianos?

Respuesta del Sr. Nielson en nombre de la Comisión

(10 de julio de 2003)

La Comisión está al corriente de que, el 3 de mayo de 2003, la Sra. Dña. Joyce Miamuna Katai fue asesinada por un grupo de jóvenes en las inmediaciones del colegio electoral de Rafin Kunama de Toto, en el Estado de Nasarawa. Parece ser que la finada había intervenido para impedir el fraude electoral cuando los jóvenes la atacaron y la persiguieron hasta la comisaría de policía local, donde mataron a la Comisaria y a dos de sus asistentes.

La Comisión no ha hecho gestión alguna específica ante las autoridades sobre este asunto; sin embargo, al escribir al Presidente Obasanjo para felicitarle por su reelección, hizo referencia explícita a la violencia electoral y a la necesidad de velar por que todos los casos se investiguen en profundidad y que los autores de los mismos sean juzgados.

La Comisión está apoyando la transición hacia la democracia en Nigeria. El Acuerdo de Asociación ACP-CE firmado en Cotonú el 23 de junio de 2000 establece en su artículo 9 tres elementos esenciales: el respeto de los derechos humanos, de los principios democráticos y del estado de derecho. El Documento estratégico nacional firmado con Nigeria el 16 de julio de 2002 (1) apoya de manera directa medidas para fomentar estos principios. Asimismo, Nigeria es un país central de la Iniciativa Europea por la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH). La Comisión prestó su ayuda a los observadores locales y envió un gran equipo internacional de monitores para vigilar las elecciones celebradas recientemente.

----

(1)  http://europa.eu.int/comm/development/body/csp_rsp/csp_en.cfm.

----

----

(2004/C 88 E/0374)

PREGUNTA ESCRITA P-1746/03

de Proinsias De Rossa (PSE) a la Comisión

(20 de mayo de 2003)

Asunto:   Hallazgos arqueológicos en el castillo de Carrickmines

¿Podría la Comisión informar sobre el estado actual de sus investigaciones respecto a la evaluación del impacto medioambiental realizado en el marco de la Directiva 85/337/CEE (1), y especialmente en relación con la no apreciación del impacto sobre el patrimonio arqueológico de Carrickmines? Habida cuenta de la respuesta de la Comisión a la pregunta oral H-0649/02 (2), ¿podría la Comisión informar de cuándo espera un informe sobre su investigación, teniendo en cuenta la urgencia de la situación, dada la inminente destrucción de este tesoro arqueológico?

Respuesta complementaria de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(5 de abril de 2004)

En julio de 2003, la Comisión obtuvo su propio dictamen sobre el contenido arqueológico de la evaluación de impacto medioambiental del proyecto de autopista M50 de conformidad con la Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, tal como fue modificada por la Directiva 97/11/CE del Consejo, de 3 de marzo de 1997 (3). La Comisión solicitó, y recibió posteriormente, los comentarios de las autoridades irlandesas al respecto. Entretanto, la Comisión ha facilitado a Su Señoría una copia tanto del dictamen de los expertos como de la respuesta de las autoridades irlandesas.

----

(1)DO L 175 de 5.7.1985, p. 40.

(2)  Respuesta escrita de 22.10.2002.

(3)DO L 73 de 14.3.1997.

----

----

(2004/C 88 E/0375)

PREGUNTA ESCRITA E-1750/03

de José Ribeiro e Castro (UEN) a la Comisión

(27 de mayo de 2003)

Asunto:   Cooperación con Angola: Estabilidad — Desmovilizados de UNITA

Se han difundido numerosas noticias sobre la preocupante situación en que viven los ex combatientes de UNITA que fueron desmovilizados. Este hecho ya ha dado origen a varias interpelaciones al Gobierno de Angola por parte de los dirigentes de dicho partido y preocupa asimismo a organismos de las Naciones Unidas. Por un lado, la reintegración socioprofesional de estos ex militares y sus familias forma parte de los acuerdos que pusieron término al largo conflicto militar y, por otro, resulta determinante para la estabilidad del país. La insatisfacción, la pérdida de raíces, la miseria, el hambre y la falta de perspectivas de futuro podrán llevar a algunos de estos desmovilizados a la desesperación, lo que puede suponer en el futuro un vivero de problemas sociales muy graves y un sinfín de focos de inestabilidad por todo el país.

Cabe añadir que, si bien la situación (aunque con muchas dificultades y carencias) estaba relativamente controlada y apoyada (ya que dichos ex militares de UNITA y sus familias residían en los cerca de 30 campamentos de acantonamiento/acogida organizados inmediatamente después del cese del conflicto armado), podrá conocer un deterioro acelerado en el plano humano y social cuando se cierren repentinamente dichos campamentos sin que, en las zonas en que vaya a vivir esa población, se hayan creado entretanto las mínimas condiciones de acogida y reintegración, ni se hayan llevado a cabo acciones adecuadas de formación profesional, rehabilitación agrícola o extensión rural.

En respuesta a otra pregunta que presenté el 4 de marzo de 2003 (E-0608/03) (1), la Comisión, a través del Comisario Poul Nielson, confirmó —tomando buena nota por ello y mostrando nuestra satisfacción— la tendencia de concentrar la ayuda comunitaria a medio y largo plazo en los sectores sociales (sanidad y educación) y en la seguridad alimentaria, concediéndose por ahora prioridad a la financiación de las medidas necesarias para apoyar el proceso de paz y la reconciliación nacional.

Respuesta del Sr. Nielson en nombre de la Comisión

(18 de julio de 2003)

La desmovilización y reintegración de los ex soldados de UNITA constituye una clave para el éxito del proceso de paz, y de hecho se han producido quejas sobre la manera en que el gobierno ha gestionado el proceso de desmovilización y reintegración. Tras el cierre oficial de las zonas de acogida a partir del 31 de marzo de 2003, numerosos ex soldados de UNITA y sus familias han sido enviados a centros de tránsito, desde los cuales se suponía que iban a ser trasladados a sus zonas de reasentamiento. Se han producido retrasos logísticos y todavía permanecen en estos centros millares de personas, con instalaciones inadecuadas, dado que aún no se han acondicionado las zonas de reasentamiento. No obstante, al ser la cifra de ex combatientes (y de los miembros de sus familias) mucho más elevada de lo previsto en el Memorándum de Acuerdo de abril de 2002 (unos 105 000 ex combatientes en vez de 55 000), el gobierno puede ofrecer explicaciones aceptables para algunos de los problemas encontrados.

La Comisión está convencida de que el programa de desmovilización y reintegración de urgencia (PDRA), de una cuantía estimada en 180 millones de USD, que el gobierno ha preparado y negociado con el Banco Mundial, abordará y resolverá estos problemas. Tal como se menciona en la respuesta a la pregunta escrita E-1678/03 (2) de Su Señoría, la Comisión participa en el PDRA con una contribución de 20 millones de euros al Fondo Fiduciario de Donantes Múltiples en el marco del Programa Plurinacional de Desmovilización y Reintegración (PPDR).

Además del compromiso de la Comisión en el PDRA, los ex soldados de UNITA y sus familias también se benefician de la distribución de semillas, herramientas y ayuda alimentaria con cargo al Programa de Urgencia en Apoyo del Programa de Paz de 30 millones de euros. Los ex combatientes de UNITA y sus familias también se han beneficiado de las intervenciones de urgencia de nutrición y salud financiadas por la Comunidad. Por otra parte, el Programa de la Comisión de Apoyo a la Reconstrucción (Programa de Apoio à Reconstrução), que es el principal programa de rehabilitación y reconstrucción rural de Angola (55 millones de euros) y tiene por objetivo mejorar el acceso a los servicios sociales básicos, principalmente en las tierras altas del centro del país, también beneficiará a los ex soldados de UNITA que regresen acompañados de sus familias. La Comisión está considerando actualmente la posibilidad de efectuar al FAS (Fondo de Apoio Social) una contribución financiera con cargo al 9o Fondo Europeo de Desarrollo. El objetivo de este Fondo (que se halla actualmente en su tercera fase) es conseguir una utilización más adecuada, ampliada y sostenible de los servicios básicos sociales y económicos y apoyar un sistema de gobernanza cuya responsabilidad compartan el gobierno y las comunidades locales.

Debe mencionarse finalmente que, en general, no es aconsejable efectuar una discriminación entre los diferentes grupos (ex combatientes, personas desplazadas internamente, refugiados que regresan, etc.), ya que es probable que ello provoque tensiones entre estos grupos. Dicho esto, UNITA constituye indudablemente un caso especial, y es inevitable conceder un trato preferencial a los ex combatientes y sus familias en interés de la consolidación del proceso de paz. Con todo, la situación es delicada y debe ser tratada con precaución. La Comisión no se opone a una gestión conjunta de los programas específicos por el gobierno y por UNITA.

----

(1)DO C 33 E de 6.2.2004, p. 57.

(2)  Ver página 39.

----

----

(2004/C 88 E/0376)

PREGUNTA ESCRITA E-1751/03

de José Ribeiro e Castro (UEN) a la Comisión

(27 de mayo de 2003)

Asunto:   Venezuela — Desempleo y referéndum

Según noticias de los medios de comunicación venezolanos, la tasa de desempleo ha alcanzado al parecer en este país el 22,6 %, tras haber perdido su empleo el pasado año 792 811 personas.

Se suceden las noticias en cuanto a la situación de incertidumbre política en dicho país y al mantenimiento del clima de enfrentamiento social entre los partidarios del Presidente Chávez y la oposición, existiendo indicios de que, al parecer, el propio Presidente está intentando obstaculizar de diversas formas la realización de un referéndum para poner fin a su mandato.

Habida cuenta de la Resolución del Parlamento Europeo de 13 de febrero de 2003:

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(10 de julio de 2003)

La situación política en Venezuela sigue siendo inestable. La sociedad se halla profundamente dividida entre partidarios y detractores del Gobierno. Los representantes del Gobierno y de la oposición firmaron un acuerdo el 29 de mayo de 2003, que aborda los tres aspectos principales recogidos en el programa de la mesa de negociaciones: el apoyo a una solución electoral, la investigación de los hechos ocurridos en abril de 2002 y el desarme de la población civil. El acuerdo abre las puertas a un referéndum, contemplado en la Constitución, y prepara así el terreno para alcanzar una solución «constitucional, pacífica, democrática y electoral», tal como ha solicitado la comunidad internacional, incluida la Unión.

Resulta difícil prever cómo va a evolucionar la situación en Venezuela. El procedimiento contempla la designación de los cinco miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE) por parte de la Asamblea Nacional, en la que puede ser difícil llegar a un acuerdo. No está claro si, una vez creado, el CNE considerará válidas las firmas recogidas por la oposición cuando en febrero de 2003 intentó que se celebrara un referéndum no vinculante para destituir al Presidente Chávez. En caso contrario, la oposición deberá intentar de nuevo recoger las firmas necesarias para convocar el referéndum. El nuevo CNE habrá de validarlas y confirmar que alcanzan el porcentaje legal (es decir, al menos el 20 % de los votantes inscritos). El Presidente Chávez ha declarado que respetará lo dispuesto en el artículo 72 de la Constitución y en el acuerdo e insiste en que el referéndum no debería limitarse al Presidente sino incluir también a otras autoridades elegidas. Otra posibilidad para el Presidente Chávez consiste en convocar elecciones anticipadas.

Paralelamente, el país atraviesa una grave crisis económica con importantes repercusiones sociales. Para 2003 se prevé una contracción económica del 15 % y un aumento de la tasa de desempleo, que en la actualidad es del 20 % aproximadamente.

La Comisión sigue con atención la situación política. La Unión ha respaldado plenamente la labor de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el grupo de trabajo tripartito, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Centro Carter y el «grupo de amigos» para favorecer el diálogo nacional. La Unión ha destacado en diversas declaraciones la necesidad de hallar una solución pacífica, democrática, constitucional y electoral. En su última declaración, de 5 de junio de 2003, la Unión acogió favorablemente la firma de un acuerdo político entre el Gobierno venezolano y la oposición el 29 de mayo de 2003 e invitó a todas las partes a que hicieran lo necesario sin demora para aplicar dicho acuerdo. Además de ello, se mostró dispuesta a brindar asistencia a tal efecto.

En respuesta a la crisis actual, la Comisión ha suscrito un proyecto de apoyo a la OEA en la aplicación de los posibles acuerdos entre las partes en el marco del diálogo moderado por esta Organización. Se ha asignado un importe de 600 000 euros al proyecto, que abarca los tres componentes del acuerdo: el apoyo a una solución electoral, la investigación de los hechos ocurridos en abril de 2002 y el desarme de la población civil. Por otra parte, Venezuela figura en la lista de países que la Comisión considera prioritarios a efectos de la observación electoral, suponiendo que se celebraran comicios. La decisión definitiva relativa al envío de una misión de observación electoral se tomaría a la luz de una misión exploratoria, en la que se valoraría la oportunidad, la utilidad y la viabilidad del seguimiento por parte de la UE. La decisión relativa al envío de una misión exploratoria se tomará una vez se haya aclarado el curso del proceso electoral.

La Unión no ha adoptado medidas concretas para proteger a los ciudadanos de sus Estados miembros en Venezuela. En principio, su protección y apoyo compete a los países de origen.

----

----

(2004/C 88 E/0377)

PREGUNTA ESCRITA E-1767/03

de Charles Tannock (PPE-DE) a la Comisión

(28 de mayo de 2003)

Asunto:   Persecución de cristianos en Indonesia

Persisten las informaciones sobre la existencia de persecuciones de cristianos en Indonesia por musulmanes. Sin embargo, han sido detenidos cristianos por instigar a la violencia sectaria, como en el caso de los tres cristianos detenidos en septiembre de 2000 en Palu, Sulawesi central, y condenados a penas capitales. Durante el juicio hubo miles de manifestantes gritando en el exterior de la sala del tribunal, profiriendo amenazas contra los abogados y los testigos. El resultado fue que de los 18 testigos dispuestos inicialmente a prestar declaración para la defensa y de los cuatro abogados dispuestos a defender a los acusados, sólo un testigo prestó declaración y únicamente dos abogados estuvieron dispuestos a ejercer la defensa.

¿Puede indicar la Comisión de qué informaciones dispone con respecto a la suerte de estas personas? ¿Ha considerado abordados estos casos y las persecuciones que sufren los cristianos en varias regiones de Indonesia? ¿Posee la Comisión algún indicio de que la violencia haya sido orquestada por las autoridades o haya recibido de éstas algún tipo de apoyo? En opinión de la Comisión, ¿mejora o empeora la situación?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(30 de junio de 2003)

La pregunta hace referencia al caso de Fabianus Tibo, Marianus Riwu y Dominggus da Silva, condenados a muerte en abril de 2001 por el Tribunal de Distrito de Palu a causa de su participación en la revuelta de Poso los meses de mayo y junio de 2000, que se saldó con la muerte de unas 200 personas. En mayo de 2001, el Tribunal Superior de Sulawesi Central rechazó los recursos interpuestos para que se impusieran sentencias menos severas. Los tres acusados presentaron recurso de apelación en septiembre de 2002, sin que hasta la fecha se haya adoptado decisión alguna.

La Comisión ha seguido y continua siguiendo de cerca la situación en Sulawesi Central, incluidos los procedimientos judiciales relacionados con los actos de violencia perpetrados en la región. Por otro lado, la Comisión ha proporcionado ayuda humaniataria a los desplazados internos y a las comunidades locales a través de la Oficina de Ayuda Humanitaria (ECHO), así como ayuda a los programas destinados a la población desarraigada.

Según los organismos homólogos de la Comunidad y otras entidades internacionales y organizaciones no gubernamentales (ONG) internacionales que trabajan en Sulawesi Central, la situación de la región se ha estabilizado a lo largo del último año. A pesar de algunas deficiencias importantes, el proceso de Malino (1) ha comenzado a despejar el camino para la conclusión del conflicto.

----

(1)  En diciembre de 2001, el Gobierno nacional, guiado por el Ministro Coordinador de Asuntos Sociales, Jusuf Kalla, convocó y moderó una reunión de dos días de duración en la ciudad de Malino, Sulawesi Meridional, en la que participaron veinticinco dirigentes musulmanes y veinticuatro dirigentes cristianos de Poso. Ambas partes acordaron poner fin a su enfrentamiento y colaborar en el mantenimiento de la paz en Poso, Sulawesi Central, publicando una declaración conjunta de diez puntos (la «Declaración de Malino»). La prioridad inmediata del Gobierno consiste en separar a las comunidades beligerantes y preservar la paz y el orden, tras lo cual se procederá a difundir la Declaración de Malino entre la población. Se ha desplegado personal adicional para garantizar la seguridad y se han realizado operaciones de amplio alcance para desarmar a los milicianos y combatientes pertenecientes a ambas facciones enfrentadas. El Gobierno está proporcionando también asistencia financiera por valor de 100 000 millones de rupias (10 millones de USD) para el reasentamiento de los desplazados y las labores de reconstrucción. Al hilo de la reunión de Malino y las acciones subsiguientes, las condiciones de seguridad en Poso han mejorado notablemente, se han restablecido las conexiones de transporte y cientos de armas se han entregado voluntariamente.

----

----

(2004/C 88 E/0378)

PREGUNTA ESCRITA E-1776/03

de Claude Moraes (PSE) a la Comisión

(28 de mayo de 2003)

Asunto:   Asma y enfermedades alérgicas infantiles

Un informe reciente de la Organización Mundial de la Salud indica que, en Europa, el número de casos de asma y de enfermedades alérgicas en los niños se ha duplicado entre la década de 1970 y la de 1990.

¿Ha realizado la Comisión su propio análisis de las causas? ¿Se incluye entre estas la mala calidad del aire y los efectos de las substancias químicas de síntesis en el agua y en los alimentos?

¿Qué opina a la Comisión del hecho de que, según la OMS, al menos en dos países de la UE (Italia y el Reino Unido) el asma y las enfermedades alérgicas infantiles estén actualmente en regresión?

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(19 de junio de 2003)

A través del Programa de acción sobre las enfermedades relacionadas con la contaminación (1) en el marco de la acción en el ámbito de la salud pública (1999-2001), la Comisión ha financiado varios proyectos relacionados con la prevención del asma y las alergias respiratorias. Puede encontrarse la lista y el resumen de estos proyectos en la siguiente dirección de nuestro sitio web: http://europa.eu.int/comm/health

Con arreglo a un gran número de estudios científicos, el asma y las enfermedades alérgicas tienen su origen en una amplia serie de factores y, por tanto, es muy difícil combatir sus causas.

La Comisión no tiene conocimiento de que se haya producido una disminución de la incidencia del asma y las alergias en Italia y Reino Unido.

La reducción del número de personas afectadas por estas enfermedades es una de las prioridades del nuevo Programa en el ámbito de la salud públida adoptado el 23 de septiembre de 2002 (2). Además, la prevención del asma y las alergias respiratorias también es una prioridad en la Comunicación de la Comisión «Estrategia europea de medio ambiente y salud» adoptada el 11 de junio de 2003, que puede encontrarse en la siguiente dirección de nuestro sitio web: http://europa.eu.int/comm/press room/pres-spacks/health/pp health en.htm

----

(1)  Decisión no 1296/1999/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 1999, por la que se aprueba un programa de acción comunitaria sobre las enfermedades relacionadas con la contaminación en el marco de la acción en el ámbito de la salud pública (1999-2001), DO L 155 de 22.6.1999.

(2)  Decisión no 1786/2002/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de septiembre de 2002, relativa a la adopción de un programa de acción comunitario en el ámbito de la salud pública (2003-2008) — Declaraciones de la Comisión, DO L 271 de 9.10.2002.

----

----

(2004/C 88 E/0379)

PREGUNTA ESCRITA E-1800/03

de Christopher Huhne (ELDR) a la Comisión

(28 de mayo de 2003)

Asunto:   SRAS y el reciclado del aire en los aviones

¿Qué reglamentaciones se aplican a las compañías aéreas que operan en la Unión Europea con respecto a los filtros HEPA (aire particulado de alta eficiencia)? ¿Cada cuánto tiempo se cambian dichos filtros? ¿Cuánto tarda en deteriorarse su eficacia con el uso? ¿Por qué tienen que respirar los pasajeros aire reciclado? ¿Cuál es la duración de ventilación autorizada (por ejemplo, cada cuántos minutos se renueva completamente el aire de la cabina)? ¿Qué procedimientos se siguen cuando se tienen sospechas sobre determinados pasajeros, para evitar que en el mismo avión resulten contagiados otros pasajeros? ¿Opina la Comisión que tales procedimientos son adecuados ahora a los riesgos de que se trata?

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(15 de julio de 2003)

Todos los aviones diseñados después de 1985 están equipados sistemáticamente con filtros de aire particulado de alta eficiencia (HEPA) en el sistema de recirculación. Los filtros HEPA eliminan de forma muy eficaz el polvo y los agentes contaminantes transportados por el aire, tales como gotitas, bacterias y microbios de gran tamaño. La vida útil de los citados filtros corresponde normalmente al intervalo entre dos controles «C-Check», es decir, entre 12 y 18 meses de funcionamiento. Si los elementos se sustituyen con la periodicidad necesaria, su eficacia no sufre merma con el uso.

Durante el vuelo se introduce continuamente aire fresco en la cabina. En función del tipo de avión, el volumen total de aire de la cabina se renueva cada dos minutos. El reciclado de aire contribuye a reducir el consumo de combustible ocasionado por el sistema de aire acondicionado. Las mediciones efectuadas por los fabricantes europeos de aviones demuestran que, en tierra, el aire reciclado está más limpio que el aire del exterior.

La Red de vigilancia epidemiológica y de control de las enfermedades transmisibles en la Comunidad aprobó el documento de orientación técnica, elaborado por el grupo de expertos de la UE sobre el SRAS, titulado «Recommendation by the European Community for airlines, flight personnel and ground medical personnel for measures to be taken before and during flights from countries with local transmission of SARS» (Recomendación de la Comunidad Europea a las compañías aéreas, al personal de vuelo y al personal médico en tierra sobre las medidas que conviene adoptar antes y durante los vuelos procedentes de países donde se transmite el SRAS). Dicho documento recomienda las medidas y los procedimientos que conviene adoptar si se observa a bordo un presunto caso de SRAS.

Estas directrices contienen recomendaciones sobre las medidas que deben adoptar los asistentes de vuelo si un pasajero presenta síntomas tales como fiebre, tos o dificultades respiratorias, o si es evidente que está enfermo. En ese caso, deben pedir al pasajero que utilice una máscara protectora, y las personas que le atienden deberían utilizar una máscara FFP2/3. Si es posible, el pasajero debe sentarse aparte, es decir, tan lejos como sea posible de los demás pasajeros. Si los síntomas son agudos (por ejemplo, una tos muy fuerte), los pasajeros que se encuentren a menos de dos o tres metros (aproximadamente dos filas) del pasajero enfermo, así como el conjunto la tripulación, deben utilizar una máscara.

Según dichas recomendaciones, las compañías aéreas deben garantizar que todos los pasajeros reciben material informativo sobre los riesgos potenciales. Debe entregarse a los pasajeros que se encuentren sentados a menos de dos metros del pasajero enfermo, así como a la tripulación, una ficha de registro (si no la han cumplimentado al partir) y la ficha informativa «Important health information for passengers concerning possible contact with the severe acute respiratory syndrome (SARS)» (Información sanitaria importante para los pasajeros en caso de un eventual contacto con el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS)). Asimismo, se recomienda que las compañías aéreas recojan las fichas de registro y que, durante los 14 días posteriores al aterrizaje, las conserven a disposición de las autoridades sanitarias.

Para más información sobre las medidas que conviene adoptar en estas situaciones, puede consultarse la página web Europa en la dirección siguiente: http://europa.eu.int/comm/health/ph_threats/com/sars/ keydo_sars_en.htm.

Actualmente, la Comisión está analizando, junto con los Estados miembros, las organizaciones internacionales de transporte aéreo y las autoridades aeroportuarias, la manera de dar seguimiento a dichas recomendaciones.

Como ha indicado la Organización Mundial de la Salud (OMS), el riesgo de transmisión de SRAS a bordo de un avión es muy reducido. Hasta la fecha, se han relacionado casos de probables síntomas de SRAS con una posible transmisión a bordo en cuatro vuelos, de los cuales dos tuvieron lugar antes de las recomendaciones de urgencia de la OMS para los viajes, de 15 de marzo de 2003. Desde el 23 de marzo de 2003, fecha en que se implantaron los controles en las salidas, no se ha comunicado ningún otro caso de SRAS.

----

----

(2004/C 88 E/0380)

PREGUNTA ESCRITA P-1806/03

de Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) a la Comisión

(23 de mayo de 2003)

Asunto:   Liquidación del II MCA a los Estados miembros de la UE

Habida cuenta de que el procedimientos de liquidación del II MCA ha comenzado, ¿podría indicar la Comisión lo siguiente?

Respuesta del Sr. Barnier en nombre de la Comisión

(23 de junio de 2003)

La Comisión remite a Su Señoría a su respuesta dada a la pregunta oral no H-0310/03 del Sr. Mastorakis durante el turno de preguntas de la sesión plenaria de junio 2003 del Parlamento (1).

----

(1)  Respuesta escrita dada el 3.6.2003.

----

----

(2004/C 88 E/0381)

PREGUNTA ESCRITA E-1821/03

de Christopher Huhne (ELDR) a la Comisión

(2 de junio de 2003)

Asunto:   Carne para embutidos

¿Considera la Comisión que la información que figura en el etiquetado de los embutidos proporciona indicaciones claras de los ingredientes presentes en los mismos, y en particular del contenido de grasas? ¿Qué medidas se han adoptado, ahora que la industria alimentaria ha desarrollado nuevos productos que garantizan que las grasas permanecen sólidas una vez cocinadas, para dejar claro a los consumidores que el contenido de grasas de los embutidos de oferta ha aumentado?

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(10 de julio de 2003)

El etiquetado de embutidos destinados a comercializarse en esas condiciones está sujeto a las normas estipuladas en la Directiva 2000/13/CE del Parlamento y del Consejo, de 20 de marzo de 2000 (1), modificada en particular por la Directiva 2001/101/CE de la Comisión, de 26 de noviembre de 2002 (2), y la Directiva 2002/86/CE de la Comisión, de 6 de noviembre de 2002 (3).

Según dispone la Directiva 2000/13/CE (apartado 2 del artículo 7), es necesario indicar las cantidades del ingrediente predominante en el producto. Por tanto, en lo que respecta a los embutidos, deberá especificarse obligatoriamente la cantidad de carne que contienen.

Aunque no es obligatorio especificar la cantidad de materia grasa que contiene la carne o el producto final, para que pueda designarse por el término «carne», deberán respetar un límite máximo de materia grasa: por ejemplo, un 30 % de materia grasa en la carne de cerdo y un 25 % de materia grasa en la carne de vacuno (anexo de la Directiva 2001/101/CE).

Además, si se sobrepasan dichos límites de materia grasa, la cantidad de carne deberá ajustarse a la baja y será necesario reflejar la presencia de materias grasas en la lista de ingredientes.

En aplicación de la Directiva 2002/86/CE, con efecto a partir del 1 de julio de 2003, el etiquetado de estos productos deberá ajustarse a las normas descritas anteriormente.

----

(1)  Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de marzo de 2000, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios, DO L 109 de 6.5.2000.

(2)  Directiva 2001/101/CE de la Comisión, de 26 de noviembre de 2001, por la que se modifica la Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, DO L 310 de 28.11.2001.

(3)  Directiva 2002/86/CE de la Comisión, de 6 de noviembre de 2002, por la que se modifica la Directiva 2001/101/CE en lo que respecta a la fecha a partir de la cual se prohíben los intercambios de productos no conformes con la Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, DO L 305 de 7.11.2002.

----

----

(2004/C 88 E/0382)

PREGUNTA ESCRITA P-1931/03

de Horst Schnellhardt (PPE-DE) a la Comisión

(5 de junio de 2003)

Asunto:   Transposición de las normas relativas a los alimentos en los países candidatos

Según la prensa, las empresas de los países candidatos tienen graves problemas para transponer las normas europeas sobre productos alimenticios.

Respuesta del Sr. Verheugen en nombre de la Comisión

(30 de junio de 2003)

La Comisión sigue de cerca las cuestiones de seguridad de los productos alimenticios en los países candidatos a la adhesión. A partir del día de la adhesión, todos los nuevos Estados miembros deberán aplicar los altos niveles de las normas europeas establecidas en el acervo comunitario.

En general, los países candidatos han realizado ya grandes progresos por lo que se refiere a la seguridad de los productos alimenticios y no cabe duda de que la adhesión a la Unión mejorará notablemente las normas de seguridad alimentaria en estos países.

La Comisión sigue atentamente la evolución en los países candidatos a través de misiones periódicas realizadas por la Oficina alimentaria y veterinaria, evaluaciones entre pares y otras misiones, completadas por otros instrumentos de control como los cuadros de seguimiento y los cuadros de correspondencia. Los problemas señalados hasta ahora han sido comunicados a los países interesados. Si se comprobaran problemas en materia de seguridad alimentaria antes de la adhesión, se tomarían las medidas adecuadas, que podrían incluir medidas de seguridad alimentaria, para proteger a los consumidores de la Unión.

Por lo que se refiere a las empresas agroalimentarias polacas y húngaras, en las conclusiones de las negociaciones de adhesión de diciembre de 2002 se concedió un número limitado de períodos de transición. Éstos se refieren a 370 establecimientos de transformación de la carne polacos (incluidos almacenes frigoríficos e instalaciones de transformación del pescado), que representan el 13 % del total de los establecimientos polacos de transformación de la carne previstos en el momento de la adhesión. Asimismo, se concedieron períodos de transición a 169 centrales polacas de transformación de la leche, que representan el 51 % del número de estos establecimientos polacos previsto en el momento de la adhesión. Los períodos de transición son válidos para Polonia hasta el 31 de diciembre de 2007. En Hungría se han concedido períodos de transición a 44 establecimientos de transformación de la carne de alta capacidad, que representan el 7 % del total de tales establecimientos húngaros. Los períodos de transición para Hungría son válidos hasta el 31 de diciembre de 2006.

Durante el período de transición, todos los productos procedentes de los establecimientos sujetos a las medidas transitorias deben ser específicamente etiquetados y comercializados sólo localmente; por consiguiente, estará prohibido su despacho en el mercado único.

Sobre la base del control de la Comisión, los establecimiento agroalimentarios que no se beneficien de un período de transición y no respeten los requisitos de la Unión en materia de seguridad de los productos alimenticios en el momento de la adhesión deberán cerrar. Entretanto, la Comisión concede asistencia para la mejora de dichos establecimientos prestando asesoramiento a través de la Oficina para el intercambio de información sobre asistencia técnica (TAIEX) y de evaluaciones entre pares, actividades de formación y el programa de hermanamiento. También concede apoyo financiero significativo a través de PHARE y Sapard.

----

----

(2004/C 88 E/0383)

PREGUNTA ESCRITA P-1933/03

de Dana Scallon (PPE-DE) a la Comisión

(5 de junio de 2003)

Asunto:   Desarrollo social

La propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la ayuda para políticas y acciones relativas a la salud y a los derechos en materia de reproducción y sexualidad en los países en desarrollo, presentada por la Comisión (COM(2002) 120 final (1), COM(2003)168 final), prevé la financiación de acciones relativas a la salud en los países en desarrollo. Durante el procedimiento legislativo se puso de manifiesto que la Comisión tiene intención de utilizar los créditos de este programa para financiar, entre otras cosas, el aborto a petición de la interesada.

La competencia comunitaria en materia de política de desarrollo (apartado 1 del artículo 177 del Tratado) hace referencia al término «desarrollo social», que está abierto a interpretación. Los artículos 136 a 145 del Tratado cubren el sentido del término «desarrollo» en política social en relación con las políticas internas. Es indiscutible que no existe competencia comunitaria para regular o financiar el aborto en el seno de la Comunidad. Por ello, sería incoherente que el mismo término jurídico se interpretara de manera diferente. Por consiguiente, parece apropiado, en relación con la primera frase del artículo 5 del Tratado, interpretar de la misma manera el apartado 1 del artículo 177 del Tratado, y no permitir actividades comunitarias que no son legalmente posibles dentro de la Comunidad.

¿Interpreta la Comisión el término «desarrollo social», tal como figura en el apartado 1 del artículo 177 del Tratado, en el sentido de que proporciona un fundamento jurídico para actividades que facilitan el aborto a petición de la interesada?

Respuesta del Sr. Nielson en nombre de la Comisión

(30 de junio de 2003)

El Reglamento de reciente adopción sobre la ayuda para políticas y acciones relativas a la salud y a los derechos en materia de reproducción y sexualidad en los países en desarrollo (2) se propone financiar intervenciones innovadoras que mejoren la salud reproductiva y sexual de los hombres y mujeres de los países en desarrollo. La aseveración de Su Señoría de que esta normativa financiará el aborto a petición de la interesada conduce a error, ya que en el considerando 16 del Reglamento se dice que: «En ningún caso cabe apoyar, conforme al presente Reglamento, los incentivos para fomentar la esterilización o el aborto como medio para la planificación familiar ni los ensayos abusivos de métodos de anticoncepción en países en desarrollo. En la aplicación de las medidas de cooperación, deberán ser objeto de rigurosa observación las decisiones adoptadas en la CIPD, en especial el punto 8.25 del Programa de Acción CIPD (3), en el que se dispone, entre otras cosas, que en ningún caso debe fomentarse el aborto como método de planificación. Tras un aborto, deben ofrecerse inmediatamente servicios de asesoramiento, información y planificación familiar, lo que contribuirá asimismo a evitar la repetición de abortos.»

Como ya se manifestó en la respuesta de la Comisión a la pregunta escrita E-3323 (4) formulada por Su Señoría, las competencias de la Comunidad en materia de política de desarrollo se estipulan en el título XX del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. En consecuencia, toda la actuación de la Comunidad en materia de cooperación al desarrollo debe ajustarse a los objetivos definidos en el artículo 177 del Tratado CE.

La Comisión recuerda que del fallo del Tribunal de Justicia en el Asunto C-268/1994 (Portugal/Comisión, [1996] — Recopilación de la jurisprudencia del Tribunal I-6177) se desprende que una medida en el ámbito de la cooperación al desarrollo puede establecer disposiciones sobre cuestiones concretas sin que haya que recurrir a otros fundamentos jurídicos, o a la participación de los Estados miembros en la celebración del acuerdo, en la medida en que la finalidad fundamental del mismo es la consecución de los objetivos mencionados en el artículo 177, y a condición de que las cláusulas relativas a cuestiones concretas no impongan obligaciones de un grado tal que constituyan de hecho objetivos distintos de los de la cooperación al desarrollo.

La Comunidad, por lo tanto, tiene plenas competencias en materia de Salud Reproductiva y Sexual en los países en desarrollo. La ejecución de la ayuda comunitaria al desarrollo siempre se realiza en el marco jurídico del país de que se trate.

----

(1)DO C 151 E de 25.6.2002, p. 260.

(2)DO L 224 de 6.9.2003.

(3)  CIPD: Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo.

(4)DO C 11 E de 15.1.2004.

----

----

(2004/C 88 E/0384)

PREGUNTA ESCRITA E-1948/03

de Roger Helmer (PPE-DE) a la Comisión

(13 de junio de 2003)

Asunto:   Referéndum lituano

¿Podría comentar la Comisión el hecho de que parezcan haberse usado tácticas gravemente deshonestas en la campaña del referéndum de Lituania para la adhesión a la UE? Se trata, concretamente, de las siguientes:

Respuesta del Sr. Verheugen en nombre de la Comisión

(18 de julio de 2003)

Las cuestiones planteadas por Su Señoría entran única y exclusivamente dentro de las competencias de Lituania, al ser un país democrático y soberano. También entra de lleno en las competencias de Lituania organizar la campaña de información del referéndum sobre la adhesión, incluida la elección de los lemas.

El referéndum sobre la adhesión de Lituania a la Unión se celebró los días 10 y 11 de mayo de 2003. El porcentaje de participación fue del 63,3 % y el 91,07 % de los votantes lo hizo en favor de la adhesión.

La organización del referéndum se basó en la Ley de referéndum de Lituania, según la cual, las denuncias sobre presuntas violaciones de la Ley, que prohibe hacer campaña electoral durante las 30 horas anteriores al referéndum y en los días del referéndum propiamente dichos, las debe tratar el Comité central electoral de Lituania. Tras el referéndum sobre la adhesión de Lituania a la Unión, varios ciudadanos lituanos presentaron denuncias, que han sido tratadas por dicho Comité central electoral. Como resultado, el referéndum se ha considerado válido.

----

----

(2004/C 88 E/0385)

PREGUNTA ESCRITA E-1960/03

de Elspeth Attwooll (ELDR) a la Comisión

(13 de junio de 2003)

Asunto:   Gestores de transportes por carretera

¿Cree la Comisión que, con el fin de aplicar correctamente la Directiva del Consejo 96/26/CE (1) relativa al acceso a la profesión de transportista de mercancías y de transportista de viajeros por carretera [etc.], los Estados miembros deben exigir que los transportistas por carretera empleen a un gestor de transportes por carretera en el sentido estricto del término (es decir, estableciendo una relación empleador/empleado con arreglo al Derecho nacional), en contraste con la posibilidad de entablar una relación contractual diferente (por ejemplo, un contrato de servicios con un gestor autónomo) que cumpla todos los requisitos impuestos por la Directiva?

Respuesta de la Sra. de Palacio en nombre de la Comisión

(16 de julio de 2003)

El apartado 1 del artículo 3 de la Directiva 96/26/CE del Consejo, de 29 de abril de 1996, relativa al acceso a la profesión de transportista de mercancías y de transportista de viajeros por carretera, así como al reconocimiento recíproco de los diplomas, certificados y otros títulos destinados a favorecer el ejercicio de la libertad de establecimiento de estos transportistas en el sector de los transportes nacionales e internacionales, estipula que, si el transportista es una persona física que no satisface el requisito de competencia profesional, ha de designar a un gestor de transportes que satisfaga los criterios de honorabilidad y competencia profesional previstos en la directiva y que dirija de manera efectiva y permanente la actividad de transporte de la empresa. Si el transportista no fuere una persona física, el gestor de transportes habrá de cumplir igualmente el criterio de honorabilidad y competencia profesional y el de dirigir de manera efectiva y permanente las actividades de transporte.

La Comisión desea subrayar que en todos los casos el gestor de transportes ha de dirigir de manera efectiva y permanente las actividades de transporte de la empresa. Este es el criterio por el que ha de juzgarse el cumplimiento de los requisitos de la directiva. La Directiva, sin embargo, no prevé si esto puede lograrse contratando directamente a un gestor de transportes o mediante una relación contractual diferente: por ello ninguna opción queda automáticamente excluida.

----

(1)DO L 124 de 23.5.1996, p. 1.

----

----

(2004/C 88 E/0386)

PREGUNTA ESCRITA E-2011/03

de Ioannis Marínos (PPE-DE) a la Comisión

(17 de junio de 2003)

Asunto:   Aplicación del acervo comunitario en Chipre

Es sabido que miles de ciudadanos turcochipriotas han abandonado la zona septentrional de Chipre ocupada desde 1974 y que los nativos de la isla representan hoy apenas el 50 % de los que vivían en dicha zona antes de la invasión turca (que suponían el 18 % de la población total de Chipre, según el censo oficial de 1972), algo que también denuncia sin cesar el periódico turcochipriota «Afrika», que es objeto de una persecución implacable por el régimen Denktash.

Según las declaraciones realizadas por el Presidente de la República de Chipre, el Sr. Papadopoulos, en la televisión nacional griega (NET) el 18 de Mayo de 2003, la oficina del registro de la propiedad de la República de Chipre ha registrado oficialmente la proporción de bienes inmuebles propiedad de los turcochipriotas, que alcanzaba, antes de la invasión del ejército turco, el 12,9 %. En la misma entrevista, el Sr. Papadopoulos subrayó también que continúa en vigor la prohibición de acceder a los puertos turcos impuesta a los barcos de bandera chipriota, independientemente de su propiedad.

¿Es compatible con la legislación comunitaria el mantenimiento de la prohibición anteriormente mencionada para los barcos de un país que será Estado miembro de la UE a partir del 1 de mayo de 2004? ¿Son compatibles con el acervo comunitario las previsiones del Plan Annan sobre la limitación de la proporción de las propiedades y la proporción de refugiados griegos que volverán a las zonas destinadas, según el Plan, a ser administradas por el Estado componente turcochipriota, como señala el mencionado Plan? ¿Qué opina la Comisión sobre el desmoronamiento del argumento principal del Sr. Denktash acerca de la necesidad de separar a griegos y turcos en Chipre, puesto que, si coexistieran, habría disturbios, después de que miles de griegos y turcos atravesaran la «línea verde» sin que ocurriera ningún incidente digno de mención? ¿Es conforme con el acervo comunitario que, básicamente, el 9 % de la población nativa de Chipre (que sólo tiene títulos de propiedad sobre un 12,9 % de su territorio) tenga bajo su administración un 29,5 % de la extensión total del país, como propone el Plan Annan?

Respuesta del Sr. Verheugen en nombre de la Comisión

(28 de julio de 2003)

Tal como declaró el Consejo Europeo en 1997 en Luxemburgo, la solución al problema de Chipre ha de buscarse a través del diálogo bajo los auspicios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), pues solo ella está habilitada para interponer buenos oficios. El Secretario General de la ONU, Kofi Annan, presentó recientemente (1 de abril de 2003) un informe sobre su misión de buenos oficios en Chipre, en el que expone los problemas hallados desde el inicio de su mandato en 1999.

Por otra parte, la restricción del acceso a los puertos turcos impuesta a los barcos de bandera chipriota es incompatible con el acervo comunitario. Si bien es cierto que Turquía no tiene obligación de aplicar el acervo en esa zona, como país candidato a la adhesión y en el marco del Acuerdo de Asociación, ha sido invitada en diversas ocasiones a avanzar en la adopción y cumplimiento del mismo. Además de ello, las restricciones son contrarias a las normas internacionales, en concreto las de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). Por último, las medidas restrictivas en el ámbito del transporte marítimo van en contra, por principio, de las consideraciones políticas vigentes de la Unión en favor de una mayor liberalización del sector de los servicios marítimos. La Comisión seguirá planteando esta cuestión en el marco de sus contactos bilaterales con Turquía.

Por lo que se refiere a los aspectos del Plan Annan relacionados con el acervo, la Comisión desea señalar que el Consejo Europeo ha declarado en repetidas ocasiones que la Unión tomaría en consideración los términos de una resolución del problema de Chipre conforme a los principios en los que se funda la Unión. La Comisión no puede prejuzgar los resultados de las negociaciones que celebrarán las partes afectadas.

----

----

(2004/C 88 E/0387)

PREGUNTA ESCRITA E-2029/03

de Erik Meijer (GUE/NGL) a la Comisión

(18 de junio de 2003)

Asunto:   Aumento de las tarifas para visados de tránsito con los que las personas que viajan entre actuales y futuros Estados miembros de la UE obtienen acceso a Serbia

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(23 de julio de 2003)

La Comisión se complace en informar a Su Señoría que el Consejo de Ministros de Serbia y Montenegro ha decidido recientemente conceder el derecho de acceder a dicho territorio sin necesidad de visado a los ciudadanos de la Unión, a los de otros estados de la antigua República Federativa Socialista de Yugoslavia y a los de los estados de la lista blanca de Schengen.

Al mismo tiempo, en la reunión del Consejo Europeo de Salónica de junio de 2003, se reconoció la importancia que conceden los pueblos de los Balcanes occidentales a la perspectiva de que la Unión liberalice en favor de sus ciudadanos su régimen de visados. En el contexto del proceso de estabilización y asociación, la Comisión mantendrá conversaciones con cada país sobre los requisitos necesarios en términos de reformas en sectores tales como el refuerzo del Estado de Derecho, la lucha contra la delincuencia organizada, la corrupción y la inmigración ilegal y la mejora de la capacidad administrativa en los ámbitos del control de las fronteras y la seguridad de los documentos con el fin de hacer avanzar estos asuntos.

Concretamente en Serbia y Montenegro, la Comisión está dedicándose especialmente a ayudar a las autoridades a modernizar sus servicios de aduanas y policía de fronteras y a mejorar su gestión fronteriza integrada. A la reforma de estos servicios y procedimientos para que alcancen los niveles europeos se dedicarán más de 50 millones de euros procedentes de los programas de asistencia comunitaria a la reconstrucción, desarrollo y estabilización de los Balcanes occidentales (CARDS) que deberán comprometerse en el período 2002-2004. Esta asistencia ayudará a la administración a facilitar la circulación de personas y bienes en tránsito por Serbia y Montenegro y, al mismo tiempo, salvaguardará la seguridad de los ciudadanos no sólo en ese territorio, sino también en el conjunto de la región suroriental y en la Unión.

----

----

(2004/C 88 E/0388)

PREGUNTA ESCRITA E-2077/03

de Paulo Casaca (PSE) a la Comisión

(24 de junio de 2003)

Asunto:   Ayuda comunitaria a las víctimas de la tortura

Un conjunto de organizaciones que ayudan a las víctimas de torturas ha revelado informaciones preocupantes sobre el hecho de que, en el año 2002, los fondos para prestar asistencia a estas víctimas se vieron reducidos aproximadamente un 45 % con respecto a años anteriores.

Como consecuencia de esta reducción, unos 30 centros de rehabilitación instalados en casi 20 países corren el riesgo de cerrar o de reducir drásticamente la asistencia que prestan.

Según estas organizaciones, la reducción obedece a un cambio en la política de la Comisión, que, al parecer, ha decidido poner más énfasis en la prevención en detrimento de la rehabilitación.

¿Puede confirmar la Comisión estas informaciones?

¿Es consciente la Comisión del perjuicio que causa el cambio de orientación de sus políticas?

¿Dispone la Comisión de información sobre las necesidades de fondos para llevar adelante los proyectos de rehabilitación iniciados con financiación comunitaria?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(6 de agosto de 2003)

En la respuesta a la pregunta escrita E-1858/03 formulada por el Sr. De Rossa (1), se daba información completa sobre la situación existente con respecto a la financiación de actividades de rehabilitación de personas que han sido objeto de torturas en 2002 y 2003.

Cabe señalar, además, que la Comisión estudia actualmente la programación de la Iniciativa Europea en pro de la Democracia y los Derechos Humanos, a partir de 2004. El 14 de julio de 2003, se celebró un seminario especial para ONG (al que asistieron también diversos Diputados), dirigido a intercambiar opiniones sobre los temas que han de considerarse prioritarios en la futura provisión de fondos, entre ellos la tortura.

----

(1)  Ver página 48.

----

----

(2004/C 88 E/0389)

PREGUNTA ESCRITA E-2131/03

de Mihail Papayannakis (GUE/NGL) a la Comisión

(26 de junio de 2003)

Asunto:   Reapertura de una planta de extracción de minerales en Pérgamo

La reapertura de la planta de extracción de oro de Eurogold en la zona de Pérgamo, en Turquía, frente a la isla de Lesbos, supone un peligro para el ecosistema y para la salud de los habitantes de la zona. Como demuestran datos de especialistas, durante el año 2002 se produjeron 6,8 toneladas de oro y 8,5 de plata, para la extracción de las cuales fueron necesarias 25 toneladas de cianógeno. Esta cantidad de residuos tóxicos se encuentra almacenada a menos de 25 kilómetros de las costas de la isla griega de Lesbos y de la ciudad de Mitiline, mientras que en la zona cercana al pueblo de Ovatzik se ha creado un estanque de almacenamiento de residuos tóxicos y sales de cianógeno. Habida cuenta de la alta frecuencia de seísmos en la zona, el eventual vertido de residuos tóxicos de cianógeno en el manto acuífero y en el Egeo, como consecuencia de un gran terremoto, tendría consecuencias catastróficas.

Dado que existe una resolución de condena adoptada por el Parlamento al respecto (B4-0410/94) (1), ¿prevé la Comisión solicitar informaciones sobre este asunto, en el marco del acercamiento de Turquía a la UE, e iniciar las acciones pertinentes para impedir grandes daños al medio ambiente tanto en Grecia como en Turquía?

Respuesta del Sr. Verheugen en nombre de la Comisión

(7 de agosto de 2003)

La Comisión tiene conocimiento de los hechos que refiere Su Señoría. Las actividades de las empresas que se dedican a la extracción de minerales en Pérgamo han sido objeto de una sentencia del Tribunal Administrativo de Izmir, de 10 de enero de 2002. De acuerdo con el principio del Estado de Derecho, que constituye uno de los criterios de Copenhague, las autoridades turcas deben acatar plenamente las resoluciones de las instancias judiciales. El tipo de actividades mineras que menciona Su Señoría pueden tener graves consecuencias en lo que respecta a la protección del medio ambiente y la salud humana si no se realizan adecuadamente. La adopción y oportuna aplicación del acervo comunitario forma parte de los preparativos que Turquía se ha comprometido a llevar a cabo de cara a la adhesión.

La Comisión seguirá vigilando atentamente la situación a la luz de los pertinentes criterios políticos y disposiciones del acervo.

----

(1)DO C 341 de 5.12.1994, p. 169.

----

----

(2004/C 88 E/0390)

PREGUNTA ESCRITA E-2139/03

de Maurizio Turco (NI) a la Comisión

(26 de junio de 2003)

Asunto:   Violación de la libertad religiosa y restricciones legales al ejercicio de la actividad religiosa en Belarús

Mikhail Balyk, evangelista pentecostalista, se niega a pagar una multa por ejercicio de culto y actividad religiosa de una organización religiosa no registrada, actividad que, según la legislación belarusa, constituye un delito.

El Sr. Balyk subraya el hecho de que las autoridades estatales han cometido numerosas infracciones procesales al levantar el acta. De hecho, dice no haber sido abordado en el momento en el que ejercía la presunta actividad ilegal y que las autoridades tampoco poseen pruebas fehacientes de la creación y de la gestión de una organización religiosa no registrada.

El Sr. Balyk y su abogada, la Sra. Nina Shavtosova, acusan de círculo vicioso a la legislación en esta materia.

La nueva legislación sobre la religión, más restrictiva, en vigor desde el pasado mes de noviembre, establece lo siguiente:

Las nuevas organizaciones deben registrarse, mientras que aquéllas ya existentes disponen de plazo hasta el 16 de noviembre de 2004 para cumplir los requisitos exigidos por la ley y proseguir, de esta forma, con su actividad.

De conformidad con el artículo 19 de la nueva ley, los monasterios, conventos y otras instituciones monásticas deben estar compuestos por un mínimo de 10 participantes, mientras que las instituciones de formación deben contar con tutores cualificados y bilingües (ruso y belaruso).

Actualmente, son pocas las organizaciones belarusas capaces de satisfacer los requisitos exigidos por la ley para continuar ejerciendo la actividad religiosa.

Considerando la excelente relación de cooperación económica y comercial existente entre la Unión Europea y Belarús, se solicita a la Comisión que responda a las siguientes preguntas:

----

----

(2004/C 88 E/0391)

PREGUNTA ESCRITA E-2183/03

de Maurizio Turco (NI) a la Comisión

(30 de junio de 2003)

Asunto:   Nuevas violaciones de la libertad de culto y restricciones legales al ejercicio de la libertad religiosa en Belarús

La tarde del 1 de junio un grupo de policías armados irrumpió en un piso privado de la capital de Belarús, Minsk, interrumpiendo un ritual de meditación hindú.

El jefe del grupo, Natalya Solovyova, afirma que la incursión tuvo lugar exactamente una semana después que una reunión semejante fuera interrumpida en otro lugar de la ciudad.

La comunidad hindú no fue multada por haberse reunido, pero fue amenazada con medidas legales, entre ellas la cárcel, habiendo sido definida por la policía como secta.

En ningún caso las autoridades han invocado la ley para justificar la incursión.

El grupo había tratado de registrarse, sin éxito, antes de la entrada en vigor de la ley de religiones, más restrictiva, del pasado noviembre.

Ningún oficial responsable de los asuntos religiosos nacionales o locales, entre ellos Alla Ryabitseva, jefe del departamento de asuntos étnicos y religioso de Minsk, ha dado explicaciones sobre el motivo de la interrupción armada de las reuniones.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, y vistas las excelentes relaciones de cooperación existentes entre la Unión Europea y Belarús a nivel económico y comercial:

Respuesta común

a las preguntas escritas E-2139/03 y E-2183/03

dada por el Sr. Patten en nombre de la Comisión

(28 de julio de 2003)

En primer término, procede recordar que el Consejo decidió en septiembre de 1997 que la Comunidad Europea y sus Estados miembros no concluirían el acuerdo provisional ni el Acuerdo de Colaboración y Cooperación (ACC) con Bielorrusia y suspenderían la aplicación de sus programas de asistencia técnica, excepto en el caso de los proyectos regionales o humanitarios o los que apoyan directamente el proceso de democratización.

La suspensión de la ratificación del ACC y la congelación del acuerdo provisional limita considerablemente las relaciones económicas y comerciales entre la Unión y Bielorrusia.

Los Estados miembros y la Comisión tienen conocimiento de la ley sobre religión instaurada en Bielorrusia en noviembre de 2002 y observan con gran preocupación algunas de sus disposiciones y la manera en que es aplicada. Asimismo, la Unión ha expresado esta inquietud en el marco de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), de la que forma parte Bielorrusia. Los dos casos mencionados por Su Señoría suscitan desasosiego en la Comisión.

La Comisión desearía reiterar que concede gran importancia a los derechos de libertad de religión, creencias y expresión. La Unión ha afirmado en repetidas ocasiones que los derechos humanos y la democratización deben formar parte integral de todos los diálogos políticos con terceros países. Así pues, la libertad religiosa, uno de los derechos humanos fundamentales, se aborda, al igual que los derechos de las minorías religiosas, a través de los diálogos políticos bilaterales de la Unión y, cuando procede, mediante medidas y declaraciones públicas y en el marco de la labor de la Unión en foros tales como la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) y la Tercera Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La Comisión mantiene su compromiso de apoyar los derechos humanos y la libertad de religión en Bielorrusia en estrecha colaboración con los Estados miembros, el Consejo de Europa, la OSCE y las Naciones Unidas, y continuará analizando esa cuestión con Bielorrusia en todos los foros posibles. La Comisión no conoce ninguna otra iniciativa, dentro del ámbito del acuerdo de cooperación, que pueda constituir un instrumento útil y eficaz para garantizar el respeto de la libertad religiosa en ese país.

----

----

(2004/C 88 E/0392)

PREGUNTA ESCRITA E-2140/03

de Maurizio Turco (NI) a la Comisión

(26 de junio de 2003)

Asunto:   Violación de la libertad religiosa en Uzbekistán

En mayo de 2003, cuatro Testigos de Jehová fueron víctimas de malos tratos por parte de las autoridades locales, en la comisaría de policía de Kagan, por haber sido sorprendidos rezando por la calle. Uno de ellos quedó inconsciente y el otro, según el informe médico, presentaba lesiones craneoencefálicas como resultado de los golpes recibidos. La policía niega haber infligido actos de violencia a los cuatro Testigos de Jehová. El Tribunal se plantea la posibilidad de incoar un procedimiento penal o administrativo contra los creyentes.

Dos Testigos de Jehová, Shukhrat Ashurov y Alisher Argeliyev, están siendo investigados conforme al código de infracciones administrativas, tras haber irrumpido la policía en el apartamento de uno de ellos y haber confiscado material de los Testigos de Jehová (Corán, Nuevo Testamento, Biblia). El Sr. Ashurov afirma que los textos habían llegado a Uzbekistán de forma legal, pero Khusan Imanaliyev, funcionario del Departamento de lucha contra el terrorismo y asuntos internacionales del Distrito de Gazalkent, justifica la acción puesto que si bien no se les considera terroristas, ambos son, sobre la base del material encontrado, culpables de proselitismo, considerado ilegal conforme a la legislación uzbeka.

Desde hace unos años, Bakhtier Tuichiev, pastor pentecostalista, intenta conseguir el registro de su iglesia de Andijian ante las autoridades locales. En febrero de 2002, el Sr. Tuichiev había obtenido la autorización de su distrito pero la administración, con constantes y poco creíbles aplazamientos, se niega a registrar la solicitud. En los meses de enero y abril del presente año, el Sr. Tuichiev ha sido informado acerca de un posible recurso administrativo contra su persona en caso de continuar ejerciendo la actividad religiosa sin la debida autorización (solicitada, pero no concedida). Oficiales del cuerpo de policía mantienen la iglesia bajo estricta y continua vigilancia.

Asimismo, el pasado mes de septiembre, un grupo de personas que se habían presentado como periodistas de la BBC y de la CNN visitó al Sr. Tuichiev; sin embargo, es probable que se tratase de oficiales del servicio de seguridad nacional (antigua KGB).

Considerando la excelente relación de cooperación económica y comercial existente entre la Unión Europea y Uzbekistán, se solicita a la Comisión que responda a las siguientes preguntas:

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(30 de julio de 2003)

La Comisión está totalmente al corriente de las dificilísimas condiciones con las que se enfrentan las minorías religiosas en Uzbekistán.

El Acuerdo de asociación y de cooperación entre la UE y Uzbekistán proporciona el marco adecuado para tratar tales asuntos.

La Comisión concede gran importancia a los derechos de libertad religiosa, de convicciones y de expresión, los cuales constituyen un derecho humano fundamental y, como tal, está contemplado en varios instrumentos internacionales, incluidos la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 18), el Pacto Internacional sobre los derechos civiles y políticos (artículo 18) y el Convenio Europeo de Derechos Humanos (artículo 9). Además, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión, que es la guía que orienta la actuación exterior de la Comisión en este campo, deja claro que todo el mundo tiene derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión (artículo 10) y que debe respetarse la diversidad cultural, religiosa y lingüística.

La Unión ha afirmado repetidamente que los derechos humanos y la democratización deben formar parte integrante de nuestro diálogo político con terceros países. Por tanto, la libertad religiosa, como derecho humano fundamental, y los derechos de las minorías religiosas, se abordan a través de las relaciones políticas bilaterales de la Unión y, en su caso, a través de gestiones y declaraciones públicas, así como a través de foros multilaterales, tales como la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Tercera Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).

La Comisión continuará planteando esta cuestión a las autoridades de Uzbekistán siempre que surja la oportunidad.

----

----

(2004/C 88 E/0393)

PREGUNTA ESCRITA E-2146/03

de John Bowis (PPE-DE) a la Comisión

(27 de junio de 2003)

Asunto:   Respuesta de la Comisión a las conclusiones del Consejo en materia de salud

¿De qué forma está actuando la Dirección General de Asuntos Sociales para presentar propuestas en respuesta a las conclusiones del Consejo de 31 de marzo de 2003 sobre la lucha contra la estigmatización y la discriminación en relación con la enfermedad mental, a las conclusiones del Consejo de 18 de marzo de 1999 sobre la promoción de la salud mental y, por último, a las conclusiones del Consejo de 15 de marzo de 2001 sobre la lucha contra los problemas relacionados con el estrés y la depresión?

Respuesta de la Sra. Diamantopoulou en nombre de la Comisión

(31 de julio de 2003)

Los asuntos relacionados con la salud mental son, en su mayoría, competencia de la Dirección General de Sanidad y Protección de los Consumidores.

No obstante, en lo referente a la discriminación en materia de empleo, la Comunidad puede realizar, basándose en el artículo 13 del Tratado CE, las acciones oportunas que estén dentro de su competencia para combatir la discriminación, entre otros, por motivos de discapacidad. A partir de estas competencias, el Consejo aprobó el 27 de noviembre de 2000 la Directiva 2000/78/CE relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación (1). Esta Directiva prohíbe cualquier tipo de discriminación directa o indirecta en estos ámbitos, por motivos de religión o convicciones, de discapacidad, de edad o de orientación sexual. La Directiva del Consejo prohíbe la discriminación a personas con discapacidad que, sin embargo, reúnen las competencias, la experiencia, la educación y otros requisitos relacionados con el puesto de trabajo que ocupen o al que aspiran y que puedan realizar las tareas básicas de un trabajo, necesiten o no medidas adecuadas de acondicionamiento. Los individuos con trastornos mentales podrían valerse, en este contexto, de la protección que les ofrece la Directiva.

Con respecto a la discapacidad, esta Directiva admite que el hecho de no facilitar medidas prácticas y eficaces de acondicionamiento en el lugar de trabajo puede considerarse discriminación. El objetivo de la obligación de acondicionamiento es suprimir las barreras que afectan a la participación en el empleo de personas con discapacidad. Esto significa que los empleadores deben tomar las medidas oportunas para posibilitar que las personas con discapacidad puedan tener acceso al empleo, participen en él o avancen, o puedan formarse, a menos que esto suponga una carga desproporcionada para el empleador.

En lo que respecta a la pobreza y la exclusión social, los asuntos que atañen a la situación de las personas discapacitadas están recogidos en los objetivos comunes acordados en el Consejo Europeo de Niza en diciembre de 2000, especialmente en el objetivo 3 («Actuaciones a favor de grupos específicos de las personas más vulnerables»).

El Informe conjunto sobre la integración social, basado en un análisis de los planes nacionales de acción (PNA) elaborado por los Estados miembros en 2001, identifica la existencia de determinados riesgos o barreras recurrentes que limitan sustancialmente el acceso de las personas a los principales sistemas que facilitan la integración social. En el caso de las personas con discapacidad, la mayoría de los Estados miembros identifican claramente a las personas con discapacidad como un grupo potencialmente expuesto a un riesgo de exclusión social y presentan una estrategia más o menos coherente para su integración.

En la mayoría de los planes nacionales de acción sobre la integración se evocan los asuntos de salud mental. Los Estados miembros coinciden en la necesidad de tratar los problemas de salud mental a través de conjuntos de medidas políticas basadas en particular en una mayor cooperación local y regional, en la mejora de la oferta de servicios sociales y de centros de acogida y en la formación específica del personal de servicios sanitarios y sociales.

----

(1)DO L 303 de 2.12.2000.

----

----

(2004/C 88 E/0394)

PREGUNTA ESCRITA E-2161/03

de Glenys Kinnock (PSE) a la Comisión

(30 de junio de 2003)

Asunto:   Apoyo a los países candidatos y a los Estados ACP

La Comisión es probablemente consciente de que varios países candidatos (Hungría, Polonia, Eslovaquia y la República Checa) deben renovar urgentemente sus establecimientos agroalimentarios para cumplir las normas de la UE en materia de salud animal, salud pública y cuestiones fitosanitarias, y de que existe una amenaza de cierre de las empresas que no puedan cumplir las normas de seguridad alimentaria requeridas. ¿Puede confirmar la Comisión, mediante cifras, que se está prestando una asistencia fundamental a estos países en sus esfuerzos por cumplir los niveles de la UE?

¿Puede ofrecer además la Comisión una indicación clara, con cifras, de la relación entre lo anterior y los recursos que se están poniendo a disposición de los Estados ACP, que hacen frente a un reto aún mayor en este momento para poder a beneficiarse de un mayor acceso a los mercados de la UE?

Respuesta del Sr. Verheugen en nombre de la Comisión

(5 de septiembre de 2003)

Ayuda comunitaria a los Países Candidatos

La Comisión es plenamente consciente de que las instalaciones agroalimentarias de los Países Candidatos requieren una mejora a fin de atenerse a las normas de la Unión Europea en materia de sanidad animal y vegetal y de salud pública. Los instrumentos de preadhesión y, en particular, el Programa Sapard, cuentan entre sus objetivos fundamentales la resolución de tales problemas. A través del Programa Sapard, los 10 países beneficiarios, entre los que cabe citar a Hungría, Polonia, Eslovaquia y la República Checa, reciben anualmente 560 millones de euros. Como promedio, el 48 % de este importe se destina a medidas relacionadas con la inversión en explotaciones agrarias (22 %) y con la inversión en la transformación y comercialización de productos agrícolas y pesqueros (26 %). En los programas individuales se da particular importancia a las inversiones destinadas a mejorar las empresas en dichos sectores a fin de cumplir las normas comunitarias.

Todas estas cuestiones se abordan pormenorizadamente en el Informe Anual Sapard del año 2000, Informe de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones (1), y, en particular, en sus páginas 23 a 25 y en su anexo 4.

Por otro lado, los fondos de Phare pueden constituir un complemento a los previstos en el marco de Sapard con objeto de mejorar las estructuras para los controles de calidad, veterinarios y fito sanitarios, la calidad de los alimentos y la protección del consumidor, incluidos los puestos de inspección fronterizos. Está previsto que la mayor parte de las inversiones en el sector público, destinadas a garantizar la aplicación del acervo comunitario, se financien con cargo a Phare, y no a Sapard, ya que este último instrumento apoya exclusivamente acciones de menor envergadura (inferiores a 2 millones de euros) a escala local. En el Anexo I figura una lista de los importes gastados en proyectos Phare en el ámbito de la seguridad de los alimentos y la mejora de las instalaciones agroalimentarias. Dicho Anexo se remite directamente a su Señoría y a la Secretaría del Parlamento.

Ayuda Comunitaria a los Estados de África, del Caribe y del Pacífico (ACP)

Los programas de cooperación de la Comisión con los Estados ACP abordan los problemas relacionados con la mejora de las instalaciones agroalimentarias en el sector de la exportación de dichos países al mercado europeo. Asimismo, aplicando una perspectiva más amplia, tratan todos los aspectos relacionados con las exportaciones agrícolas al mercado comunitario, como por ejemplo la legislación sanitaria, la organización de los productores y de los exportadores/exportadores, etc.

La capacidad del Fondo Europeo de Desarrollo (FED) de financiar proyectos se ve limitada, dado que la discusión y aprobación de los Programas de Cooperación ACP/UE se lleva a cabo con el país o la región beneficiaria mediante un procedimiento de asociación y se integra en el ciclo de programación de la asociación de Cotonú.

Επ el ámbito de la protección de las plantas en relación con los cultivos de exportación, la Comisión ha trabajado en estrecha colaboración con sus socios nacionales o regionales, fundamentalmente en tres direcciones (para un estudio pormenorizado, véase el Anexo 2, que se remite directamente a Su Señoría y a la Secretaría del Parlamento).

En el ámbito veterinario, los principales sectores de intervención de la Comisión han sido la sanidad de los productos pesqueros y la lucha contra las enfermedades del ganado (para un estudio pormenorizado, véase el Anexo 3, que se remite directamente a Su Señoría y a la Secretaría del Parlamento).

En respuesta al nuevo Reglamento sobre «Control de piensos y alimentos» (que se encuentra actualmente ante el Consejo y el Parlamento Europeo, en virtud del procedimiento de codecisión) la Comisión está elaborando un estudio de viabilidad a fin de evaluar su impacto y determinar las distintas alternativas para apoyar a los Estados ACP de la forma más rentable y sostenible. Por otro lado, los próximos informes intermedios de los Estados ACP y las estrategias nacionales brindarán la posibilidad de evaluar si es preciso dedicar más recursos al cumplimiento de las normas comunitarias en materia fito y zoosanitaria, utilizando los recursos disponibles del FED.

----

(1)  COM(2001) 341 final.

----

----

(2004/C 88 E/0395)

PREGUNTA ESCRITA E-2177/03

de Christopher Huhne (ELDR) a la Comisión

(30 de junio de 2003)

Asunto:   Contratos públicos

¿Podría actualizar la Comisión sus cálculos relativos a la proporción del valor anual de los contratos públicos que se adjudican en cada uno de los Estados miembros a empresas no residentes, haciendo un desglose por capital y gastos corrientes?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(4 de agosto de 2003)

En respuesta a la anterior pregunta escrita E-0563/03 de Su Señoría sobre contratos públicos (1), la Comisión presentó estimaciones del valor de las importaciones comunitarias directas e indirectas como porcentaje de los contratos totales en 1998, procedentes de una encuesta sobre las empresas.

También indicó que estaba examinando la posibilidad de incorporar esta encuesta en el marco del programa de estadísticas estructurales de las empresas efectuado por Eurostat en colaboración con los institutos de estadística de los Estados miembros. Sin embargo, éstos no se han mostrado dispuestos a incorporar la encuesta en este programa y la Comisión no se encuentra en una posición que le permita actualizar estas estimaciones.

Toda la información disponible indica que, en el mercado de los contratos públicos de la Unión, el número y el valor de las importaciones directas, es decir, los contratos públicos concedidos a empresas no residentes, sigue siendo bajo, a un nivel comparable con cifras anteriores. Las acciones que está emprendiendo la Comisión deberían proporcionar algunos nuevos datos sobre la actividad transfronteriza, los precios y la participación de pequeñas y medianas empresas en los mercados de los contratos públicos. Por ejemplo, los resultados iniciales de un reciente estudio piloto sobre proveedores de las autoridades públicas y las propias autoridades públicas, emprendido por la Comisión, apuntan a que, en la actualidad, las importaciones indirectas representan una mayor cantidad de la contratación pública global, aproximadamente un 14 %. Si se confirmara este dato, se trataría de un fuerte incremento con respecto a la estimación del 8,5 % en 1998.

Los resultados preliminares de este trabajo, que todavía debe analizarse en detalle y confirmarse, también indican que las empresas subsidiarias de propiedad extranjera, que desempeñan un importante papel en muchos mercados de contratos públicos, han conseguido contratos en un porcentaje comparable al de los proveedores nacionales. Los resultados también indican que las empresas de la Unión siguen mostrando un interés activo por la presentación de ofertas para contratos públicos en Estados miembros diferentes del suyo.

La Comisión mantendrá informada a Su Señoría sobre los resultados finales de este trabajo, que deberían estar disponibles en octubre de 2003 para que dé tiempo a utilizarlos en el informe anual sobre el funcionamiento de los mercados comunitarios de productos y capitales.

----

(1)DO C 330 E de 21.11.2000.

----

----

(2004/C 88 E/0396)

PREGUNTA ESCRITA P-2199/03

de Marco Pannella (NI) a la Comisión

(27 de junio de 2003)

Asunto:   Detención en condiciones inhumanas y degradantes en las cárceles cubanas de los 75 disidentes cubanos condenados en el mes de abril tras un juicio sumario, y en particular el caso de Martha Beatriz Roque Cabello

Considerando que:

Respuesta del Sr. Nielson en nombre de la Comisión

(23 de julio de 2003)

La Comisión, por medio de su Delegación en La Habana, sigue de cerca la situación de los derechos humanos en Cuba, así como la reciente detención y condena de 75 disidentes y de un periodista independiente. Entre ellos se encuentra Martha Beatriz Roque.

Los recientes arrestos masivos de disidentes, los juicios injustos y las sentencias arbitrarias que se les han impuesto, han provocado una reacción rápida, firme y persistente de la Unión. La Comisión ha apoyado plena y activamente las medidas que se han adoptado en este contexto.

La Unión ha condenado con decisión dichos arrestos en dos declaraciones publicadas el 26 de marzo y el 5 de junio de este año, seguidas, en cada caso, por una gestión oficial en la Habana, para exigir la puesta en libertad inmediata de todos los prisioneros políticos. La Unión, en su declaración y actuación del 5 de junio de 2003, ha pedido también a las autoridades cubanas que, mientras tanto, los prisioneros no sufrieran indebidamente ni fueran objeto de tratos inhumanos.

La Unión ha adoptado una serie de sanciones políticas contra Cuba, entre las que figuran la limitación de las visitas de alto nivel y una nueva evaluación anticipada de la posición común de la Unión.

La Comisión consideró el 30 de abril de 2003 que se debía retrasar el examen de la petición de Cuba de adherirse al Acuerdo de Cotonú, resaltando que los recientes acontecimientos dificultan la mayor cooperación entre la Unión y Cuba. Las autoridades cubanas decidieron retirar su solicitud de incorporación a dicho Acuerdo el 16 de mayo de 2003.

Con estas medidas se ha conseguido que las autoridades cubanas tomen conciencia de que las detenciones por motivos políticos son inaceptables y que la Unión exige la liberación de todos los prisioneros detenidos por sus opiniones o actividades políticas. En este contexto, plantearemos a las autoridades cubanas el caso de Martha Beatriz Roque y lo seguiremos de cerca, con el fin de ejercer una presión política permanente.

----

----

(2004/C 88 E/0397)

PREGUNTA ESCRITA E-2217/03

de Maurizio Turco (NI) a la Comisión

(2 de julio de 2003)

Asunto:   Violación de la libertad religiosa en Eslovenia

Considerando que:

Visto que Eslovenia es uno de los países que, en poco menos de un año, formará parte de la Unión Europea:

Respuesta del Sr. Verheugen en nombre de la Comisión

(22 de agosto de 2003)

La Comisión efectúa un seguimiento periódico de la situación existente en Eslovenia en lo que respecta a la libertad religiosa, ya que esta libertad es una parte importante de los criterios políticos de Copenhague sobre la adhesión. La Comisión realiza ese seguimiento también por medio de contactos con organizaciones internacionales de derechos humanos y ha dado información sobre este asunto en sus informes periódicos sobre los progresos de Eslovenia en la vía de la adhesión, el último de los cuales se publicó en octubre de 2002 (1).

La Comisión tiene conocimiento de los retrasos que padecen algunas comunidades religiosas en cuanto a su registro por parte de las autoridades competentes de Eslovenia. Este problema ha sido planteado también por el Defensor del Pueblo en Eslovenia. Según la información recibida por la Comisión, la Oficina de Comunidades Religiosas está procediendo actualmente a la redacción de nueva legislación en este ámbito para adaptar la legislación existente y resolver los problemas de aplicación de la misma.

La Comisión continuará con su seguimiento de esta situación, incluida la aprobación de nueva legislación.

----

(1)  COM(2002) 700 final.

----

----

(2004/C 88 E/0398)

PREGUNTA ESCRITA E-2227/03

de Michael Cashman (PSE) a la Comisión

(2 de julio de 2003)

Asunto:   Derechos humanos en el Sahara Occidental

En vista de la disolución de la sección del Sahara de la ONG de defensa de los derechos humanos «Foro de la Verdad y la Justicia» dictada por el tribunal de Layounne el 18 de junio de 2003, ¿podría indicar la Comisión qué acciones está emprendiendo la Unión Europea para proteger los derechos humanos en el Sahara Occidental?

La Comisión es probablemente consciente de que esta no es la primera vez que se toman medidas para restringir los derechos humanos del pueblo saharaui y de que es importante que aquellos que luchan para proteger los derechos humanos reciban a su vez protección y puedan actuar.

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(29 de julio de 2003)

La Comisión coincide con Su Señoría en la extrema importancia de proteger la libertad de acción de los defensores de los derechos humanos, de conformidad con las normas internacionales.

La Comisión está informada de la disolución de la sección del Sahara dentro del «Foro de la Verdad y la Justicia» y conoce también las constantes alegaciones de acoso e intimidación que sufren los activistas de la sociedad civil del Sahara Occidental. Entiende la Comisión, en este caso concreto, que los abogados defensores hayan anunciado su intención de recurrir la decisión dictada en El Aaiún el 18 de junio de 2003. La Comisión sigue de cerca este asunto.

Las relaciones entre Marruecos y la Unión Europea se rigen por el Acuerdo de asociación, y los asuntos relativos a los derechos humanos y a otros aspectos del Sahara Occidental se abordan, entre otras instancias, en el marco del diálogo político (artículo 2) mantenido en el transcurso de los Consejos y Comités de asociación.

El 22 de mayo de 2003, la Comisión publicó una Comunicación (1) para dar un nuevo impulso a la actuación de la Unión Europea en el ámbito de los derechos humanos y la democratización para con los socios mediterráneos, en el marco del diálogo y la cooperación instaurados en aplicación de los Acuerdos de asociación Euro-Med.

En la Comunicación citada, se esbozan directrices para una mejor utilización de los instrumentos de los que disponen la Unión Europea y sus socios mediterráneos para llevar a cabo de manera efectiva el objetivo común de favorecer la democratización y la promoción y defensa de los derechos humanos universales y las libertades fundamentales. Propone diez recomendaciones concretas con vistas a mejorar el diálogo entre la Unión Europea y sus socios mediterráneos, y especifica la cooperación financiera de la Unión en asuntos relacionados con los derechos humanos. Varias de las recomendaciones abordan el importante papel desempeñado por la sociedad civil en la promoción y defensa de los derechos humanos, e insisten en la necesidad de colaborar de manera constructiva con los socios para garantizar la libertad de acción de los ciudadanos conforme a las normas internacionales. Se potenciará la aplicación de la Comunicación mediante tres niveles de complementariedad: entre el diálogo político y la asistencia financiera, entre el programa MEDA y la ayuda proporcionada por la Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH), y por último, entre la dimensión nacional y regional.

La Comunicación aportará un soporte concreto más para involucrar a los socios mediterráneos, como Marruecos, en un diálogo continuo sobre todas las cuestiones relativas a los derechos humanos y la democratización, incluidas, en su caso, las referentes a casos concretos.

A este respecto, la Comisión querría dejar patente a Su Señoría que la defensa real de los derechos humanos en el Sahara Occidental sigue siendo una prioridad para la Comisión.

----

(1)  COM(2003) 294 final.

----

----

(2004/C 88 E/0399)

PREGUNTA ESCRITA E-2231/03

de Bill Newton Dunn (ELDR) a la Comisión

(3 de julio de 2003)

Asunto:   Violaciones de los derechos humanos en Birmania/Myanmar

La Comisión ha de estar informada de las violaciones de los derechos humanos que se siguen produciendo en Birmania/Myanmar, en particular la detención de Aung San Suu Kyi.

¿Prevé la Comisión

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(31 de julio de 2003)

La Comisión y los Estados miembros han reclamado incesantemente la liberación inmediata de Daw Aung San Suu Kyi y de otros dirigentes y simpatizantes de la Liga Nacional para la Democracia (NLD), así como la reapertura de las oficinas de este partido en todo el país y de todas las universidades de Birmania/Myanmar.

El 16 de junio de este año la UE decidió asimismo poner en práctica sin más dilación las sanciones endurecidas contra los altos mandos militares y sus partidarios. En un principio se había previsto que estas sanciones entraran en vigor, como muy tarde, el 29 de octubre, tal como se había acordado en la Posición Común 2003/279/PESC sobre Birmania/Myanmar del 28 de abril de 200 (1).

Además, la UE ha intensificado las conversaciones con sus interlocutores asiáticos acerca de la situación en Birmania, con el fin de instarlos a utilizar sus influencias sobre el Gobierno birmano para que libere a Aung San Suu Kyi y apoye el progreso en materia de buena gobernanza y de reforma económica. El 17 de junio la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) lanzó un llamamiento sin precedentes a las autoridades birmanas sobre una «transición pacífica hacia la democracia».

La Comisión seguirá en contacto con todos los interlocutores de la UE para que se ejerza una mayor presión internacional sobre el Gobierno birmano hasta que ponga en libertad a Daw Aung San Suu Kyi y a todos los que la apoyan, y acometa decididamente acciones de reconciliación nacional y regreso a la democracia.

----

(1)DO L 106 de 29.4.2003.

----

----

(2004/C 88 E/0400)

PREGUNTA ESCRITA P-2252/03

de Glenys Kinnock (PSE) a la Comisión

(1 de julio de 2003)

Asunto:   Créditos comunitarios no comprometidos ni utilizados en Sudáfrica

¿Puede confirmar la Comisión que se han perdido créditos asignados a Sudáfrica debido a que los fondos liberados no pueden reprogramarse? Es necesario examinar urgentemente la necesidad de utilizar un enfoque más flexible que permita la extensión de proyectos esenciales. Dicho enfoque reduciría las probabilidades de que se produzcan consecuencias sociales o políticas graves. ¿Puede manifestar la Comisión su opinión al respecto?

Respuesta del Sr. Nielson en nombre de la Comisión

(29 de julio de 2003)

La Comisión confirma que, cuando se trata de la asignación de ayuda exterior a partir del presupuesto general, los fondos liberados en un ejercicio presupuestario determinado no pueden, en principio, volverse a utilizar u ofrecerse en ejercicios presupuestarios posteriores. Estas operaciones anuales están supeditadas a normas jurídicas vinculantes contenidas en el Reglamento Financiero (1) adoptado por el Consejo y el Parlamento. (La programación es esencialmente un ejercicio a más largo plazo para definir las prioridades principales: no constituye un compromiso financiero formal). Esto no sólo es válido para Sudáfrica, sino también para todos los demás países que reciben ayuda exterior del presupuesto general de la Comisión. En los últimos meses, la Comisión ha mantenido conversaciones exhaustivas con las autoridades sudafricanas sobre este particular.

La Comisión ha dado siempre muestras de una gran flexibilidad a la hora de prorrogar los programas de cooperación con Sudáfrica; desde que se inició el Programa Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (PERD) en este país, la Comisión ha aprobado más de 150 cláusulas para ampliar los Acuerdos de Financiación, pero, lamentablemente no todas estas prórrogas han surtido los efectos esperados. No obstante, la Comisión sigue abierta a proseguir las conversaciones con las autoridades sudafricanas para prorrogar los proyectos que han presentado dificultades de realización. A lo largo de 2003, se han seleccionado en torno a 14 proyectos para su posible prórroga o adaptación. Conviene señalar que la Comisión intenta solventar el problema planteado por el hecho de que anteriormente se iniciaron demasiados compromisos y proyectos sin que reunieran los niveles de calidad y viabilidad en los que actualmente insiste la Comisión, a pesar de que sus objetivos fueran, y lo siguen siendo, buenos y válidos.

A raíz de las críticas vertidas por el Parlamento y el Consejo, la Comisión se ha comprometido a lograr un mejor equilibrio entre los compromisos presupuestarios contraídos y los fondos efectivamente gastados. Por otra parte, en un intento por mejorar la ejecución del presupuesto, en el Reglamento Financiero el Parlamento y el Consejo acordaron fijar una fecha final de ejecución en cumplimiento del principio de buena gestión financiera. En consecuencia, deben evaluarse minuciosamente todas y cada una de las propuestas de prórroga de proyectos y únicamente conceder la ampliación del plazo si queda debidamente justificada por la pertinencia del proyecto y por estar respaldada por una gestión financiera correcta.

----

(1)  Reglamento. del Consejo (CE, Euratom) no 1605/2002, de 25 de junio de 2002, relativo al Reglamento Financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas, DO L 248 de 16.9.2002. Véase el apartado 3 del artículo 77.

----

----

(2004/C 88 E/0401)

PREGUNTA ESCRITA E-2256/03

de Maurizio Turco (NI) a la Comisión

(8 de julio de 2003)

Asunto:   Violación de la libertad religiosa de ciudadanos de confesión evangelista pentecostal en Belarús

Considerando que:

Vistas las excelentes relaciones de cooperación existentes entre la Unión Europea y Belarús a nivel económico y comercial:

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(8 de agosto de 2003)

En la resolución del Consejo sobre Bielorrusia de septiembre de 1997 se estableció que la Comunidad Europea y sus Estados miembros no concluirían el acuerdo provisional ni el Acuerdo de Colaboración y Cooperación (ACC) con Bielorrusia y suspenderían la aplicación de sus programas de asistencia técnica, excepto en el caso de los proyectos regionales o humanitarios o los que apoyan directamente el proceso de democratización.

La Comisión observa con gran preocupación la manera en que se aplica la «Ley sobre la libertad de conciencia y las organizaciones religiosas» en Bielorrusia. La Unión ha expresado esta inquietud en el marco de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).

La Comisión desearía reiterar que concede gran importancia a los derechos de libertad de religión, creencias y expresión. La Unión ha afirmado en repetidas ocasiones que los derechos humanos y la democratización deben formar parte integrante de todos los diálogos políticos con terceros países. La libertad religiosa en tanto que uno de los derechos humanos fundamentales se aborda, al igual que los derechos de las minorías religiosas, en los diálogos políticos bilaterales de la Unión y, cuando procede, mediante medidas y declaraciones públicas y en la acción de la Unión en foros tales como la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) y la Tercera Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La Comisión mantiene su compromiso de apoyar la libertad de religión y los derechos humanos en Bielorrusia, en estrecha colaboración con los Estados miembros, el Consejo de Europa, la OSCE y las Naciones Unidas, y continuará planteando la cuestión con Bielorrusia en todos los foros posibles.

----

----

(2004/C 88 E/0402)

PREGUNTA ESCRITA P-2262/03

de Mario Mastella (PPE-DE) a la Comisión

(1 de julio de 2003)

Asunto:   Grave crisis política, social y económica en Venezuela

Considerando que:

¿Puede decir la Comisión:

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(30 de julio de 2003)

La Comisión sigue de cerca la situación política en Venezuela. La Unión ha apoyado decididamente a la Organización de Estados Americanos, junto con el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas y el Centro Carter en el grupo de trabajo tripartito, y al Grupo de Amigos, para facilitar el diálogo nacional. En varias Declaraciones, la Unión ha destacado la necesidad de lograr una solución pacífica, democrática, constitucional y electoral. En su última Declaración, de 5 de junio de 2003, la Unión acogió favorablemente la firma de un acuerdo político el 29 de mayo de 2003 por parte del Gobierno de Venezuela y la oposición e instó a todas las partes para que procedieran sin demora a tomar las medidas necesarias para aplicar el Acuerdo. Asimismo, insistió en que la Unión está dispuesta a brindar apoyo para la aplicación del Acuerdo, apoyo que consistiría en prestar ayuda para lograr una solución electoral, para investigar los acontecimientos acaecidos en abril de 2002 y para desarmar a la población civil.

Para ello, la Comisión firmó un proyecto para ayudar a la Organización de Estados Americanos en sus intentos de aplicar el Acuerdo. El importe presupuestado es de 600 000 euros.

En caso de que se celebre una consulta electoral, la Comisión está dispuesta a considerar la posibilidad de observar las elecciones. La decisión final sobre si se debe enviar una misión de observación de las elecciones se tomaría a partir de una invitación de las autoridades de Venezuela, que podría abrir la posibilidad de enviar una misión exploratoria, cuyo objetivo sería evaluar si sería recomendable, útil y viable la observación de la Unión.

A nivel de la Unión, no se han tomado medidas específicas para proteger a los ciudadanos de la Unión en Venezuela. Generalmente, su protección y apoyo corren por cuenta de sus Estados miembros de origen.

----

----

(2004/C 88 E/0403)

PREGUNTA ESCRITA P-2286/03

de Ozan Ceyhun (PSE) a la Comisión

(7 de julio de 2003)

Asunto:   Normativa aduanera de entrada en Serbia y Montenegro (ex Yugoslavia)

El cónsul general de la República de Turquía en Francfort ha remitido un telefax al autor de la pregunta para indicarle la situación originada por la normativa fronteriza y de entrada a Serbia y Montenegro (ex Yugoslavia), que afecta a ciudadanos turcos que viven legalmente en la Unión Europea y a ciudadanos de la Unión Europea de origen turco. Después de recibir dicha información, el autor de la pregunta leyó un artículo relativo al caso en el periódico turco Millyet, en el que se afirmaba que, con arreglo a las citadas disposiciones, los extranjeros que viajan a Serbia y Montenegro deben declarar en la aduana la cantidad de divisa extranjera que llevan consigo, cuando ésta sea superior a 2 000 euros. De no hacerlo así, al abandonar el país, las autoridades de Serbia y Montenegro se incautan de la cantidad que sobrepase los 2 000 euros. Hasta ahora, las autoridades se han incautado de alrededor de un millón de euros pertenecientes a 190 ciudadanos turcos que viajaron a Turquía por tierra a través de Serbia y Montenegro. Debido a la lentitud de los procedimientos burocráticos y judiciales, el reembolso de este dinero tarda hasta cinco años en realizarse. No se aceptan las declaraciones orales de sumas que sobrepasan los 2 000 euros. Es obligatorio rellenar un formulario para realizar la declaración.

¿Está a la Comisión informada de este problema? ¿Qué medidas prevé tomar para solucionar el problema?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(4 de agosto de 2003)

En los países que desean evitar el blanqueo de dinero y/o ejercer un control sobre los movimientos de capitales es frecuente que existan obligaciones de información y restricciones de cambio por lo que respecta a la importación y exportación de divisas.

El 27 de abril de 2002, entró en vigor en la República Federativa de Yugoslavia (actuales Serbia y Montenegro) una nueva Ley de cambios. En relación con el traslado material de divisas extranjeras existen una serie de restricciones, en particular por lo que atañe a su salida del país.

En los pasos fronterizos, la administración aduanera puede confiscar temporalmente a residentes y no residentes (a cambio de un certificado) dinares, divisas extranjeras, cheques y valores cuya cuantía sobrepase la estipulada por el «Banco Nacional de Yugoslavia».

Las medidas no afectan en exclusiva a los ciudadanos de determinados países o de un determinado origen. Según parece, también ciudadanos de otros países de la Unión Europea han sido objeto de estas medidas.

La Comisión tiene previsto informar al Ministro de Relaciones Económicas Internacionales de la Unión de Estados, Sr. Lukovac, de esta preocupante situación, con especial énfasis en el largo período (de 2 a 5 años) que, al parecer, transcurre entre la confiscación de las divisas y su reembolso. Asimismo, la Comisión propondrá que, en todos los pasos fronterizos, se informe lo más claramente posible a los viajeros sobre el requisito de comunicar la importación y exportación de divisas extranjeras, a fin de reducir al mínimo los casos de olvido de efectuar la declaración escrita obligatoria de que se introduce en el país un importe superior al máximo establecido (2 000 euros).

Por lo que atañe a las ayudas comunitarias, el programa comunitario de ayuda a la reconstrucción, el desarrollo y la estabilización (CARDS) (1), y otros instrumentos comunitarios que se enmarcan en el proceso de estabilización y asociación, coadyuvan ya al proceso de reforma que hará que la legislación de Serbia y Montenegro sea acorde con el acervo de la UE. Ello comportará también la liberalización a medio plazo de las operaciones de cambio.

----

(1)  Reglamento (CE) No 2666/2000 del Consejo, de 5 de diciembre de 2000, relativo a la ayuda a Albania, Bosnia y Hercegovina, Croacia, la República Federativa de Yugoslavia y la ex República Yugoslava de Macedonia y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1628/96 y se modifican los Reglamentos (CEE) no 3906/89 y (CEE) no 1360/90 y las Decisiones 97/256/CE y 1999/311/CE, DO L 306 de 7.12.2000.

----

----

(2004/C 88 E/0404)

PREGUNTA ESCRITA E-2296/03

de Alejo Vidal-Quadras Roca (PPE-DE) a la Comisión

(11 de julio de 2003)

Asunto:   Impuesto autonómico sobre la superficie ocupada por los grandes establecimientos comerciales

El 31 de octubre de 2002 el autor de la pregunta dirigió una pregunta parlamentaria a la Comisión (Pregunta Escrita P-3185/02 (1)) en relación con la grave restricción a la libertad de establecimiento que constituye el impuesto creado por la Ley 16/2000 de la Comunidad Autónoma de Cataluña que grava la superficie ocupada por los grandes establecimientos comerciales. En su respuesta en nombre de la Comisión de fecha 17 de diciembre de 2002, el Sr. Monti afirmó que dicha institución no se proponía de ninguna manera autorizar el mantenimiento de normas contrarias al artículo 43 del Tratado CE relativo a la libertad de establecimiento.

Pues bien, no se tiene conocimiento hasta la fecha de que la Dirección General de Mercado Interior, competente en la materia, haya emprendido acción alguna contra el Estado español en relación con las Leyes catalanas 16/2000 y 17/2000, que imposibilitan la libertad de establecimiento de las empresas comunitarias.

Esta inacción por parte de la Comisión crea una situación de incongruencia evidente ya que, por un lado, se está permitiendo que este tipo de normativas pervivan en el seno de la UE mientras que, por otro lado, se está exigiendo, al mismo tiempo, su supresión a los países que están en trámites de adhesión.

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(5 de septiembre de 2003)

Ante todo, la Comisión desea confirmar a Su Señoría que no tiene intención de autorizar el mantenimiento de normas que se consideren contrarias al artículo 43 del Tratado CE, relativo a la libertad de establecimiento, tanto si emanan de los Estados miembros como de los países en trámites de adhesión.

Como ha mencionado Su Señoría, la Comisión tiene previsto llevar a cabo una acción general contra las medidas que impiden el ejercicio efectivo de la libertad de establecimiento de las superficies comerciales. Asimismo, la Comisión ha solicitado a los Estados miembros, y obtenido recientemente, la comunicación de sus normas nacionales relativas al establecimiento de las grandes superficies, por lo que ya puede proceder al examen de dichas normas, a fin de evaluar su compatibilidad con los principios del Tratado CE y, en particular, con su artículo 43, relativo a la libertad de establecimiento. Cabe recordar que la Comisión, en el marco de su estrategia relativa al mercado interior de servicios (2), concede particular importancia al examen de las normativas nacionales que puedan afectar a las empresas de distribución y, en concreto, las medidas relativas al establecimiento de las superficies comerciales.

En cuanto a las Leyes catalanas 16/2000 y 17/2000, la Comisión comunica a Su Señoría que, en marzo de 2003, sus servicios recibieron una denuncia en su contra y que, en la actualidad, dicha denuncia se encuentra en fase de instrucción. Por otro lado, los servicios de la Comisión se disponen a enviar a las autoridades españolas una carta en la que solicitan más información, en particular, acerca de la justificación y el impacto de las medidas que se han puesto en marcha en Cataluña. Si, al término de la instrucción, resultara necesario iniciar un procedimiento de infracción, la Comisión intervendría lo antes posible.

----

(1)DO C 192 E de 14.8.2003, p. 102.

(2)  Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, «Estado del mercado interior de servicios», 30 de julio de 2002, COM(2002)441 final.

----

----

(2004/C 88 E/0405)

PREGUNTA ESCRITA E-2307/03

de José Ribeiro e Castro (UEN) a la Comisión

(14 de julio de 2003)

Asunto:   Timor — Masacres 1999 — Enjuiciamiento de los responsables. Indonesia — Derechos Humanos

En respuesta a mi última pregunta (E-0921/03 (1)) al respecto, el Comisario Sr. Patten afirmó que la Unión estaba siguiendo de cerca las actividades del Tribunal ad hoc (creado para juzgar los delitos cometidos en Timor-Leste) de forma continuada y que podría volver a esta cuestión posiblemente cuando se conociera la última sentencia, esperada para principios de mayo de 2003, y antes de que se iniciara el procedimiento de recurso.

¿Puede decir la Comisión:

Respuesta del Señor Patten en nombre de la Comisión

(15 de septiembre de 2003)

La Comisión, a través de su Delegación en Yakarta y juntamente con las Representaciones de los Estados miembros en Indonesia, ha venido siguiendo de cerca la evolución del Tribunal ad hoc encargado de juzgar los crímenes cometidos en Timor Oriental.

A raíz de la sentencia más reciente, hecha pública el 5 de agosto de 2003, la Unión publicó una «Declaración» en la que expresaba su decepción y afirmaba que «las deficiencias observadas durante el proceso comprometían la credibilidad de las sentencias».

La Comisión tiene intención de alentar a las autoridades competentes para que mejoren los procedimientos relativos al proceso de recurso, de conformidad con las normas internacionales de justicia, para garantizar que las sentencias guarden proporción con los delitos cometidos.

Considerando las deficiencias del sistema judicial indonesio, la Comisión mantiene un compromiso permanente de 13 millones de euros para el programa de «Asociación para la buena gobernanza/Partnership for Good Governance», que ejecuta el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). La Comisión está también elaborando un «Programa de Apoyo al Sistema Judicial», con una cantidad de 11 millones de euros, que se centra en la formación de los jueces y los fiscales. Además, la Comisión está estudiando una solicitud presentada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos KOMNAS HAM de asistencia técnica especializada en el sector de las técnicas de investigación en zonas conflictivas de Indonesia.

----

(1)  Ver página 337.

----

----

(2004/C 88 E/0406)

PREGUNTA ESCRITA P-2310/03

de Baroness Sarah Ludford (ELDR) a la Comisión

(8 de julio de 2003)

Asunto:   Nacionales de la UE encarcelados en el Japón

Dado que tiene el derecho de asistir a las reuniones mensuales de los funcionarios consulares de la UE, ¿puede facilitar detalles la Comisión sobre el número de nacionales de la UE actualmente encarcelados en el Japón, desglosados por Estado miembro?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(24 de julio de 2003)

La Delegación de la Comisión en Tokio participa en las reuniones de coordinación de asuntos consulares de la Unión únicamente en la medida en que la Comisión tiene competencias específicas sobre los asuntos que vayan a tratarse. Las visitas y la atención carcelaria de los ciudadanos de los Estados miembros que necesitan ayuda consular no entran dentro de las competencias de la Delegación de la Comisión. No obstante, durante la conversaciones en la reunión consular, la última cifra de prisioneros occidentales que se mencionó sólo para Tokio era de 100 personas. Es difícil recabar datos precisos, especialmente si se arresta y retiene a los ciudadanos de la Unión en las prefecturas locales (en algunos casos, también surge una interpretación de la nacionalidad diferente; por ejemplo, la Embajada del Reino Unido no acepta que las autoridades japonesas consideren que los ciudadanos de Hong Kong detentan la nacionalidad china). La mayoría de los casos están vinculados con la violación de la legislación en materia de drogas. Por tanto, la Comisión no está en situación de ofrecer un desglose más detallado de cifras por cada Estado miembro. Esta información debe pedirse a los propios Estados miembros.

----

----

(2004/C 88 E/0407)

PREGUNTA ESCRITA E-2317/03

de Armando Cossutta (GUE/NGL) a la Comisión

(14 de julio de 2003)

Asunto:   Derecho a la intimidad de los ciudadanos europeos

El pasado 25 de junio se celebró la Cumbre entre la UE y los EE.UU. Uno de los temas abordados fue/tendría que haber sido el proyecto TIA (en principio Concienciación de Información Total (Total Information Awareness), que más tarde se convirtió en Concienciación de Información sobre el Terrorismo (Terrorism Information Awareness)). Este proyecto consiste básicamente en la creación de un gigantesco aparato de recopilación y análisis de información obtenida de fuentes muy diversas: desde bancos de datos ya existentes hasta transacciones comerciales, desde desplazamientos hasta interceptación de comunicaciones. Como afirma Stefano Rodotà, Presidente de la autoridad italiana de Protección de Datos, «se pone de manifiesto una nueva dimensión de la vigilancia donde se exalta el poder del Estado para disponer de cualquier información personal, que puede ser obtenida por cualquier individuo con independencia de la finalidad original que pudiera tener tal recopilación». El Parlamento Europeo, también a través de su Presidente, Pat Cox, se ha expresado claramente a este respecto al afirmar que «no podemos permitir que los EE.UU. dicten leyes en Europa».

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(16 de septiembre de 2003)

----

----

(2004/C 88 E/0408)

PREGUNTA ESCRITA E-2357/03

de Maurizio Turco (NI) a la Comisión

(17 de julio de 2003)

Asunto:   Violación de la libertad religiosa en Uzbekistán en perjuicio de ciudadanos de religión musulmana

Considerando que:

Vistas las excelentes relaciones de cooperación entre la Unión Europea y Uzbekistán en el plano económico y comercial;

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(14 de agosto de 2003)

La Comisión es consciente de las condiciones extremadamente difíciles a las que han de hacer frente los ciudadanos de religión musulmana en Uzbekistán, tiene conocimiento de la reunión en Namangan a que alude Su Señoría y sigue de cerca la situación.

El Acuerdo de Asociación y Cooperación entre la UE y Uzbekistán establece el marco adecuado para tratar estos aspectos.

La Comisión seguirá abordando la cuestión de la libertad de religión con las autoridades uzbekas en todos los encuentros bilaterales.

----

----

(2004/C 88 E/0409)

PREGUNTA ESCRITA E-2359/03

de Maurizio Turco (NI) a la Comisión

(17 de julio de 2003)

Asunto:   Violación de la libertad religiosa en Kosovo

Considerando que:

Vistas las cuantiosas inversiones de la Unión Europea en Kosovo, ¿puede hacer saber la Comisión:

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(12 de agosto de 2003)

La protección de los sitios sagrados ortodoxos serbios suscita gran preocupación en la comunidad internacional. La Comisión condena enérgicamente los ataques perpetrados contra esos lugares y se muestra satisfecha por el hecho de que la fuerza de mantenimiento de la paz de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en Kosovo (KFOR) destine recursos militares considerables a la protección de los lugares patrimoniales en la zona.

La Comisión apoya la labor de la Misión de las Naciones Unidas en Kosovo para establecer unas instituciones democráticas que preparen el terreno a la reconciliación de todas las comunidades, elemento fundamental para la disminución del grado de violencia y la construcción de un Kosovo multiétnico y tolerante.

Más concretamente, la Comisión ha alentado a la administración civil internacional en Kosovo (Misión de las Naciones Unidas — UNMIK) y a las instituciones provisionales de autogobierno a incluir entre sus prioridades en el ámbito de la reconstrucción pública y la inversión la financiación de la restauración de los lugares dañados con cargo al presupuesto consolidado para Kosovo, al que la Comunidad contribuye. De ese modo, se subrayaría la importancia de esta cuestión y se favorecería la mayor asunción de responsabilidad de los dirigentes políticos y la sociedad kosovar en el tratamiento del problema.

Así pues, la Comisión no tiene previsto emprender por su cuenta la reconstrucción de edificios religiosos en Kosovo con fondos comunitarios. No obstante, cabe mencionar que, por iniciativa del Presidente Prodi y con el apoyo del Comisario de Educación y Cultura, la Comisión está cofinanciando un Plan integrado de proyectos de rehabilitación/Acción conjunta de censo del patrimonio arquitectónico y arqueológico (incluido el patrimonio de culto de todas las religiones) y la elaboración de una lista de monumentos y lugares que necesitan prioritariamente una intervención urgente de conservación o restauración en los Balcanes. Esta Acción conjunta se realiza en el marco del Programa regional en favor del patrimonio cultural y natural de Europa sudoriental, que llevará a cabo el Consejo de Europa de 2003 a 2005 y que constituirá una valiosa fuente de información para fomentar la implicación de las autoridades, los proveedores de fondos y los organismos internacionales en este ámbito.

----

----

(2004/C 88 E/0410)

PREGUNTA ESCRITA E-2360/03

de Maurizio Turco (NI) a la Comisión

(17 de julio de 2003)

Asunto:   Violación de la libertad religiosa y restricciones legales al ejercicio de actividades religiosas en Eslovaquia

Considerando que:

¿Puede hacer saber la Comisión si conoce los hechos denunciados?

¿Cree que la ley de 1991 es compatible con los Tratados europeos y los convenios y definiciones sobre libertad religiosa reconocidos a nivel internacional?

Respuesta del Señor Verheugen en nombre de la Comisión

(12 de agosto de 2003)

La libertad de religión es un derecho universal y fundamental del individuo y, como tal, es de rango superior a la legislación nacional.

La Comisión observa regularmente la situación relativa a la libertad de religión en Eslovaquia, ya que el respeto a esa libertad es una parte importante de los criterios políticos de Copenhague para la adhesión. En Eslovaquia, el derecho a manifestar libremente la religión o las creencias propias está garantizado por el artículo 24 de la Constitución. Esas garantías están reguladas de manera más detallada en la Ley no 308/1991, modificada, recolección de textos sobre la libertad de creencia religiosa y sobre la posición de las iglesias y las sociedades religiosas. La Ley regula también determinadas condiciones para el registro de iglesias, en conjunción con la Ley no 192/1992, recolección sobre el registro de iglesias y sociedades religiosas. El hecho de registrarse es la condición para que sea reconocida una iglesia o una sociedad religiosa. Ésta es la base jurídica sobre la cual se les ha denegado a las asociaciones que ha mencionado Su Señoría el registro como iglesias o asociaciones religiosas. Sin embargo, el requisito de registrarse no constituye una restricción de los derechos y libertades garantizados en el artículo 24 de la Constitución eslovaca. Se mantiene intacto el derecho de cada individuo a manifestar libremente su religión o sus creencias. Por añadidura, el haber creado la categoría de «iglesia registrada» no vulnera la neutralidad confesional del Estado (que también figura en la Constitución eslovaca).

Este aspecto fue señalado por un reciente informe del Consejo de Europa sobre Eslovaquia, aprobado por la Comisión de Ministros el 3 de julio de 2003 (CM/Monitor(2003)9). En el informe se subraya que la libertad de religión no debe ponerse en el mismo nivel que la «igualdad de estatus». El derecho al reconocimiento de determinado estatus lo adquieren las iglesias al registrarse y quedar reconocida su naturaleza socialmente benéfica por el Estado. El informe concluye diciendo que «las iglesias y las sociedades religiosas pueden funcionar libremente con independencia de que estén o no registradas».

----

----

(2004/C 88 E/0411)

PREGUNTA ESCRITA E-2361/03

de Maurizio Turco (NI) a la Comisión

(17 de julio de 2003)

Asunto:   Violación de la libertad religiosa en Belarús a través de un nuevo concordato que confiere más poder a la Iglesia Ortodoxa

Considerando que:

Vistas las excelentes relaciones de cooperación entre la Unión Europea y Belarús en el plano económico y comercial;

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(12 de septiembre de 2003)

Por lo que respecta a las relaciones con Bielorrusia, hay que tener en cuenta que la actuación de la Unión Europea y de los Estados miembros respecto de Bielorrusia responden a una definición estricta, de conformidad con la Resolución del Consejo de septiembre de 1997 por la que se establecen una serie de restricciones para los contactos políticos. Situándonos en este marco, no puede decirse que las relaciones económicas y comerciales entre la Comunidad y Bielorrusia sean «excelentes».

La Comisión querría reiterar la gran importancia que concede a los derechos en materia de libertad de religión, credo y expresión. La Unión Europea ha afirmado constantemente que los derechos humanos y la democratización deben ser parte integrante de todos los contactos políticos con terceros países. La libertad de religión, al ser uno de los derechos humanos fundamentales, y los derechos de las minorías religiosas son cuestiones que se abordan en el diálogo político bilateral, y, cuando procede, mediante intervenciones y declaraciones públicas, y con la actuación de la Unión Europea en foros tales como la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (NU) o el Tercer Comité de la Asamblea general de las Naciones Unidas.

La Comisión sigue comprometida con el apoyo a la libertad de religión y a los derechos humanos en Bielorrusia, en estrecha cooperación con los Estados miembros, el Consejo de Europa, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y las Naciones Unidas.

----

----

(2004/C 88 E/0412)

PREGUNTA ESCRITA P-2370/03

de Anna Karamanou (PSE) a la Comisión

(16 de julio de 2003)

Asunto:   Violación colectiva de mujeres por parte de soldados británicos en Kenya

Recientemente han salido a la luz pública las acusaciones de 650 mujeres de la ciudad de Isiolo, en el este de Kenya, que fueron víctimas de violaciones, muchas veces de grupo, por parte de soldados británicos. En esa localidad está situado un campo militar británico en el que se realizan maniobras todos los años. Según las acusaciones, las violaciones se remontan a 1977 sin que el Ministerio de Defensa británico, pese a estar informado, tomara ninguna medida al respecto. Como consecuencia de esas violaciones muchas mujeres han dado a luz niños mestizos y viven al margen de la sociedad abandonadas por sus familias. Con la ayuda económica de su país, muchas de estas mujeres han interpuesto acciones legales y piden que se les indemnice.

Produce rabia e indignación:

¿Piensa intervenir la Comisión para aclarar o, llegado el caso, indemnizar moral y materialmente a estas mujeres kenianas y para castigar de manera ejemplar a los culpables? Asimismo, ¿qué medidas piensa tomar para evitar que en el futuro se produzcan casos similares de violencia y abusos sexuales contra las mujeres, por cuanto constituyen una salvaje violación de los derechos humanos?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(14 de agosto de 2003)

La Comisión ha recibido información sobre la presunta violación colectiva de mujeres por parte de soldados británicos en Kenia y considera que corresponde al Gobierno del Estado miembro afectado cursar este asunto y adoptar las medidas pertinentes. A este respecto, la Comisión desea mencionar el informe de Amnistía Internacional titulado «Décadas de impunidad: graves denuncias de violación de mujeres kenianas por personal del ejército británico», según el cual, en abril de 2003, el cuerpo de investigación especial de la policía militar británica (RMP-SIB) abrió una investigación sobre varias denuncias de violación.

----

----

(2004/C 88 E/0413)

PREGUNTA ESCRITA P-2371/03

de Michael Cashman (PSE) a la Comisión

(16 de julio de 2003)

Asunto:   Acuerdo de asociación UE-Egipto

¿Puede garantizar la Comisión que después de la entrada en vigor el Acuerdo de Asociación UE-Egipto observará en qué medida Egipto cumple las disposiciones del artículo 2 relativo al respeto de los derechos humanos? ¿Cómo evaluará la Comisión el cumplimiento de ese artículo por parte de Egipto y qué medidas adoptará la Comisión para velar por que Egipto cumpla plenamente sus obligaciones?

¿Existe la posibilidad de que Egipto pueda beneficiarse en una «fase temprana» de algunas de las ventajas que ofrece el Acuerdo y, en caso de ser así, podría indicar la Comisión cuáles son esas ventajas y cuándo podrían ofrecerse? ¿No considera asimismo la Comisión que si se ofrecen esas ventajas también deberá pedirse a Egipto que adopte medidas con respecto a otros aspectos del Acuerdo, en particular, con respecto al artículo 2?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(4 de agosto de 2003)

El respeto de los derechos humanos es un asunto de gran importancia para la Comisión, que ha seguido de cerca la situación en Egipto independientemente de la entrada en vigor del Acuerdo de asociación. Su Señoría está al corriente de los numerosos esfuerzos de la Unión en relación con los temas de derechos humanos y democratización en Egipto. Hace muy poco tiempo tuvieron lugar discusiones sobre cuestiones de derechos humanos durante la reunión ministerial Unión-Egipto de 16-17 de junio de 2003.

Cuando el Acuerdo de asociación entre en vigor, su artículo 3 prevé el inicio de un diálogo político oficial, entre otras cosas sobre derechos humanos y democratización, en el marco de los Consejos y Comités de Asociación. Este diálogo suministrará una sólida base para desarrollar un diálogo más profundo y una mayor cooperación con Egipto en los ámbitos de los derechos humanos y la democratización.

Por otra parte, la Comisión tiene la intención de seguir desarrollando un diálogo y una cooperación reforzados mediante la aplicación de una reciente iniciativa de la Comisión. El 22 de mayo de 2003, la Comisión publicó una Comunicación encaminada a «revigorizar las acciones de la Unión sobre derechos humanos y democratización con los socios mediterráneos», en el marco del diálogo y la cooperación con arreglo a los Acuerdos de asociación euromediterráneos. Dicha Comunicación está siendo actualmente considerada por el Consejo y por el Parlamento.

Por lo que respecta a «la posibilidad de que Egipto pueda beneficiarse en una»fase temprana«de algunas de las ventajas que ofrece el Acuerdo», ello dependería en primer lugar de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo de asociación, dada la necesaria ratificación por cada Estado miembro. Una aplicación provisional del Acuerdo de asociación abarcaría el comercio y las medidas relacionadas con el comercio y exigiría que ambas Partes en el Acuerdo de asociación llegaran a un entendimiento para proceder de dicha manera. Ya existen casos de aplicación provisional de acuerdos de asociación (por ejemplo, con Líbano). En tal supuesto, los beneficios serían los establecidos en el Acuerdo de asociación firmado el 25 de junio de 2001. Ello afectaría, en particular, al desarme arancelario para los productos industriales importados en Egipto, y al régimen para los productos agrícolas, los productos pesqueros y los productos agrícolas transformados. Los productos industriales originarios de Egipto ya gozan de libre acceso a la Comunidad, de conformidad con el Acuerdo de cooperación firmado en 1977.

Con objeto de ejecutar los objetivos del Acuerdo y, en particular, en el marco de la Nueva Política de Vecindad, la Comisión velará por que se efectúen avances en todos los componentes del Acuerdo, incluido el artículo 3.

----

----

(2004/C 88 E/0414)

PREGUNTA ESCRITA P-2372/03

de Eija-Riitta Korhola (PPE-DE) a la Comisión

(16 de julio de 2003)

Asunto:   Traslado a centros penitenciarios de su país de los ciudadanos de la UE que cumplen condena en el extranjero

Con arreglo a informaciones facilitadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia, tan sólo en Venezuela ya hay 500 ciudadanos de la UE que cumplen condenas de larga duración, con frecuencia en condiciones totalmente inhumanas: en un caso, por ejemplo, el centro penitenciario no ofrece siquiera las condiciones mínimas de subsistencia y los propios presos deben abonar mensualmente 300 euros para compras imprescindibles, como sus alimentos diarios. Los transportes son largos e inhumanos.

A pesar de que Venezuela se ha adherido al Convenio internacional sobre cumplimiento de condenas en el país de origen (que se ratificó en abril), no parece posible alcanzar acuerdos en la práctica para el traslado concreto de los presos a su país de origen. Incluso los diferentes Estados miembros de la UE dan muestras de impotencia. Una de las razones del fracaso de los traslados podría ser la gran corrupción existente en la administración de ese país.

¿Estaría dispuesta la Comisión a iniciar a la mayor brevedad una ronda extraordinaria de negociaciones para que todos los ciudadanos de la UE que cumplen condena en Venezuela sean trasladados a su país de origen, donde cumplirían el resto de su condena? ¿Sería posible crear a tal efecto una delegación de alto nivel que se desplazara durante los próximos meses a Venezuela para examinar el asunto al más alto nivel con la Administración venezolana?

¿Tiene conocimiento la Comisión de la situación en otros terceros países? ¿No debería dotarse la Unión Europea de un mecanismo que le permitiera intervenir para lograr al menos un traslado más rápido a su país de origen de todos los ciudadanos de la UE que cumplen condenas en situaciones muy difíciles?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(12 de agosto de 2003)

La Comisión tiene conocimiento de la situación general en los centros penitenciarios venezolanos y de las condiciones de detención.

La protección consular de los ciudadanos de la UE compete a los Estados miembros respectivos y no a la Comunidad. Éstos siguen de cerca, a través de sus misiones diplomáticas, la situación de los ciudadanos de la Unión que cumplen condena en el extranjero. Algunos de los Estados miembros disponen de mecanismos de apoyo a los presos, que utilizan de la mejor manera posible, entre los que figuran la repatriación, la ayuda económica y la atención sanitaria.

Además del Convenio internacional sobre el cumplimiento de condenas en el país de origen, algunos Estados miembros han firmado acuerdos bilaterales con Venezuela, si bien los trámites que contemplan son engorrosos y pueden durar hasta dos años.

Tres Estados miembros, Alemania, Italia y los Países Bajos efectuaron una gestión ante el Ministro de Interior venezolano en mayo de 2003. La Comisión está dispuesta a consultar a los Estados miembros con el fin de emprender una gestión a escala de la UE ante las autoridades venezolanas para instarlas a cumplir las obligaciones derivadas del Convenio internacional sobre el cumplimiento de condenas en el país de origen y solicitar que los acuerdos bilaterales pertinentes con los Estados miembros se apliquen con mayor diligencia. En el marco de dicha gestión cabría también recordar a las autoridades venezolanas su obligación con arreglo al Derecho internacional de garantizar a los extranjeros unas condiciones de detención humanas.

Habida cuenta de la falta de competencia de la Comunidad en este ámbito, la Comisión no recibe información de manera sistemática sobre la situación de los ciudadanos de la Unión que cumplen condena en terceros países.

----

----

(2004/C 88 E/0415)

PREGUNTA ESCRITA E-2401/03

de Avril Doyle (PPE-DE) a la Comisión

(21 de julio de 2003)

Asunto:   Excepción del IVA en los envíos postales de las organizaciones benéficas

En relación con la propuesta de la Comisión de imponer el IVA en los envíos postales y reconociendo que ello supondrá una pesada carga financiera para las organizaciones benéficas que dependen del correo para recaudar fondos y que no pueden reclamar la devolución del IVA como cualquier empresa,

¿Puede la Comisión indicar si las organizaciones benéficas que en el marco de la legislación fiscal irlandesa tienen la dificultad específica de no poder reclamar el IVA podrían beneficiarse de una excepción de la legislación comunitaria?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(5 de septiembre de 2003)

La propuesta (1) de la Comisión por la que se modifica la Directiva 77/388/CEE (2) en lo que atañe al impuesto sobre el valor añadido aplicado en el sector de los servicios postales, permitiría a los Estados miembros aplicar un tipo reducido a la mayoría de los servicios postales utilizados en la actualidad por los consumidores privados. El alcance del tipo reducido propuesto incluiría la publicidad directa enviada por organizaciones caritativas para recaudar fondos. Según las estimaciones de la Comisión, los precios no se verían afectados si Irlanda aplicase un tipo reducido del 5 % a esos servicios postales. La razón es que en la actualidad An Post no puede deducir el IVA que paga en relación con sus costes, en su mayor parte un 21 %, el tipo de IVA estándar. Una vez adoptada la propuesta, los costes del Servicio Postal disminuirán, ya que podrá deducir el IVA abonado correspondiente.

El régimen del IVA tiene en cuenta el interés social específico de las actividades caritativas, en la medida en que quedan exentos del mismo determinados suministros de bienes y servicios realizados por organizaciones caritativas. No están exentos, sin embargo, los suministros realizados por otras empresas y adquiridos por dichas organizaciones. No resulta funcional concebir un régimen con arreglo al cual el IVA que se deba pagar por los servicios postales varíe en función de la persona que adquiera tales servicios. Ajustarse a un régimen con esas características resultaría muy oneroso para los operadores fiscales, y su control por parte de las administraciones fiscales no estaría exento de dificultades.

----

(1)  COM(2003) 234 final.

(2)  Sexta Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, en materia de armonización de las legislaciones de los Estados Miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido: base imponible uniforme, DO L 145 de 13.6.1977.

----

----

(2004/C 88 E/0416)

PREGUNTA ESCRITA E-2420/03

de Erik Meijer (GUE/NGL) a la Comisión

(21 de julio de 2003)

Asunto:   Acusaciones reiteradas de Israel contra los medios de comunicación y los manuales escolares palestinos y campaña conexa en contra de la ayuda financiera de la UE

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(12 de septiembre de 2003)

----

----

(2004/C 88 E/0417)

PREGUNTA ESCRITA E-2471/03

de Catherine Stihler (PSE) a la Comisión

(24 de julio de 2003)

Asunto:   Italia y el cumplimiento de la reglamentación sobre bienestar de los animales

The Independent ha informado recientemente de que, en Italia, la policía afirma que los pescadores están utilizando crías vivas de gato como cebos para pescar el gigantesco siluro.

Giuseppe Lagana, un oficial de policía de Mantua, en el valle del Po, señala que el primer caso de utilización de crías de gato en el río Po se detectó en mayo. El Sr. Lagana, que también es comandante de Ampana, una fuerza voluntaria italiana de protección de la naturaleza, dijo que el incidente no era aislado.

¿Podría confirmar la Comisión que Italia respeta plenamente la legislación general de la UE sobre bienestar de los animales?

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(11 de septiembre de 2003)

La Comisión ha señalado en muchas ocasiones que deplora la crueldad con los animales en todas sus formas y se sentiría profundamente consternada si se utilizaran crías vivas de gato como cebo tal como menciona Su Señoría en su pregunta.

No obstante, la legislación comunitaria en materia de bienestar de los animales tiene un ámbito de aplicación limitado y, básicamente, solamente contempla la cría de animales en las explotaciones y el sacrificio y la muerte de estos animales, el transporte de todas las especies y el trato que reciben los animales de laboratorio.

Por ejemplo, la prevención de la crueldad con los gatos domésticos entra dentro de las competencias exclusivas de los Estados miembros y, por tanto, corresponde a las autoridades italianas investigar las alegaciones mencionadas por Su Señoría.

----

----

(2004/C 88 E/0418)

PREGUNTA ESCRITA E-2476/03

de Juan Naranjo Escobar (PPE-DE) a la Comisión

(24 de julio de 2003)

Asunto:   IVA reducido para hoteles, restaurantes y cafeterías en la Unión Europea

Los servicios de hostelería, en el régimen actual, quedan incluidos en el anexo H de la sexta Directiva IVA.

En base a la misma, doce de los quince Estados miembros han decidido aplicar una tasa de IVA por debajo del 15 % para esta categoría de servicios, pero es evidente que la disparidad de tipos aplicables en los diversos países provoca un trato desigual que puede llegar a falsear la competencia en esta industria, que tan sensible es a cualquier cuestión de orden impositivo.

¿Tiene la Comisión intención de tomar medidas, en base a su poder de iniciativa, para sugerir a los Estados miembros que tengan en cuenta el cúmulo de circunstancias que inciden en el sector hotelero para que el IVA aplicable al mismo sea el más reducido posible?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(5 de septiembre de 2003)

En su Comunicación de 2000 (1), la Comisión definió una estrategia destinada a mejorar el funcionamiento del sistema del impuesto sobre el valor añadido (IVA) en el marco del mercado interior.

No está prevista ninguna modificación del nivel de tipos de IVA durante el período de aplicación de esa estrategia sobre el IVA. La Comisión, que respeta el principio de subsidiariedad, no quiere injerirse en la competencia fiscal de los Estados miembros más allá de lo necesario para el buen funcionamiento del mercado interior, especialmente por lo que se refiere a fijar los tipos de IVA que éstos desean aplicar.

Sin embargo, sí que corresponde a la Comisión proponer al Consejo las normas necesarias para garantizar un mejor funcionamiento del mercado interior, razón por la cual la Comisión ha optado por concentrarse en las incoherencias del sistema actual en materia de tipos y dar un paso significativo en esa dirección. Efectivamente, es importante garantizar un trato más equitativo por parte de todos los Estados miembros, incluidos los nuevos países que se adhieren, y acabar con las distorsiones que crea el hecho de que algunos pueden aplicar tipos reducidos en determinados sectores, cosa que está prohibida para otros.

En este contexto, el 23 de julio de 2003 la Comisión adoptó una propuesta de directiva relativa a los tipos reducidos (2). Además de los servicios de hostelería, ya están incluidos en la nueva lista de bienes y servicios que pueden acogerse a los tipos reducidos los de restauración. En cualquier caso, no se pone en tela de juicio el carácter facultativo de los tipos reducidos y, por lo tanto, corresponde a los Estados miembros decidir a qué sectores quieren aplicar esos tipos.

Es ahora el Consejo es el que tiene que decidir, por unanimidad, cuál será el ámbito de aplicación futuro de los tipos reducidos de IVA.

----

(1)  COM(2000) 348 final.

(2)  COM(2003) 397 final.

----

----

(2004/C 88 E/0419)

PREGUNTA ESCRITA E-2478/03

de Miet Smet (PPE-DE) a la Comisión

(24 de julio de 2003)

Asunto:   Derechos de la mujer en el Afganistán

La llegada al poder de los talibán en 1996 fue acompañada de un espectacular retroceso en la situación de las mujeres afganas, que a partir de ese momento se vieron sometidas a una represión extrema, tanto psicológica como física, al negárseles parcial o totalmente la asistencia médica, el acceso a la enseñanza, toda oportunidad de ganarse la vida y la libertad de circulación.

Son muchos los que confiaban en que el final de la época talibán marcaría el comienzo de un nuevo período para las mujeres afganas. En la Resolución del Parlamento Europeo de 5 de septiembre de 2002 (1), los diputados al PE subrayan la absoluta prioridad que ha de otorgarse a la condición de las mujeres en el Afganistán. Por otra parte, solicitan que el nuevo Gobierno afgano apruebe y aplique medidas efectivas para mejorar la condición de las mujeres en ese país. La Unión Europea está dispuesta a cooperar y prevé que una parte de las ayudas europeas al Afganistán se destine directamente a proyectos específicos relacionados con las mujeres.

Sin embargo, un año y medio después de la Conferencia de Bonn la situación de las mujeres dista mucho de ser favorable. En las zonas rurales, en las que viven tres cuartas partes de la población afgana, todavía no ha cambiado nada para las mujeres. Los diputados al PE que formaban parte de la delegación del PE que ha visitado el país han confirmado estos hechos: desde la caída de los talibán, los derechos de las mujeres tan sólo han continuado evolucionando en Kabul; en todo el país, sólo el 30 % de las niñas asiste a la escuela.

¿Cuál es la reacción de la Unión Europea ante las continuas violaciones de los derechos humanos? ¿Qué proyectos específicos relacionados con las mujeres financia la UE en el Afganistán? Además de apoyar este tipo de proyectos, ¿está adoptando la UE otro tipo de medidas para mejorar la situación de las mujeres? ¿Qué porcentaje del presupuesto europeo destinado al Afganistán se dedica en su totalidad a las mujeres?

Respuesta del Señor Patten en nombre de la Comisión

(18 de agosto de 2003)

La Comisión promueve el cambio mediante su programa de ayuda a Afganistán. En 2002 se financiaron proyectos específicos para la mujer, entre otros la rehabilitación de los baños para mujeres y un parque para mujeres en Kabul. La Comisión financió también varias iniciativas para promover la sociedad civil y alentar las intervenciones en favor de los grupos minoritarios o en situación de desventaja, entre otros las mujeres.

El Documento de Estrategia 2003-2004 subraya la necesidad de colocar a las mujeres en el meollo del enfoque de la Comisión hacia Afganistán. Se seguirán financiando proyectos específicos para mujeres (por ejemplo, baños para mujeres en seis ciudades regionales fuera de Kabul) y tratando de que sus necesidades específicas se integren en todos los proyectos. Se dedicará a proyectos específicos para la mujer un mínimo del 2 % del programa de reconstrucción de la Comisión. Sin embargo, para conseguir que la mujer se beneficie considerablemente de todas las intervenciones comunitarias es imprescindible un enfoque global basado en esa integración. Por ejemplo, el programa sanitario de la Comisión se centra en muy gran medida en las necesidades sanitarias de las mujeres.

De manera más general, la Comisión deberá garantizar, junto con la comunidad internacional, que los derechos de la mujer y el papel de éstas sean considerados elementos clave de la rehabilitación y la reconstrucción: desde facilitar su acceso a la atención sanitaria básica y a la educación hasta influir para que se las incluya en todos los aspectos del proceso de toma de decisiones. La Comisión es uno de los mayores contribuyentes en el sector de la sanidad, en el que la lucha contra la mortalidad infantil y materna, además de los problemas de salud vinculados a la reproducción, son cuestiones prioritarias.

La comunidad internacional deberá también esforzarse con el Gobierno para que la nueva Constitución consagre los Derechos Humanos para todos, incluidas las mujeres, y que éstos sean tutelados a través del sistema judicial. La Comisión está contribuyendo al fondo fiduciario para el Orden Público y al sector de la justicia. Con ello se ayudará a financiar la reforma judiciaria y se garantizará la aplicación efectiva de la legislación.

----

(1)  P5-TA(2002)0407.

----

----

(2004/C 88 E/0420)

PREGUNTA ESCRITA E-2486/03

de Maurizio Turco (NI) a la Comisión

(25 de julio de 2003)

Asunto:   Violación de la libertad religiosa en Uzbekistán en relación con los ciudadanos de la confesión adventista y de miembros de la Iglesia Protestante de Asia

Considerando lo siguiente:

Habida cuenta de las excelentes relaciones de cooperación existentes entre la Unión Europea y Uzbekistán a nivel económico y comercial, ¿puede indicar la Comisión:

----

----

(2004/C 88 E/0421)

PREGUNTA ESCRITA E-2487/03

de Maurizio Turco (NI) a la Comisión

(25 de julio de 2003)

Asunto:   Violación de la libertad religiosa en Turkmenistán y protección de las confesiones musulmana y ortodoxa rusa

Considerando lo siguiente:

----

----

(2004/C 88 E/0422)

PREGUNTA ESCRITA E-2543/03

de Maurizio Turco (NI) a la Comisión

(30 de julio de 2003)

Asunto:   Violación de la libertad religiosa en Armenia

Vistas las excelentes relaciones de cooperación a nivel económico y comercial entre la UE y Armenia,

¿puede decir la Comisión si está al corriente de los hechos expuestos y

qué iniciativas, en el ámbito de las relaciones de cooperación, podrían, a su juicio, constituir un instrumento serio y eficaz para inducir a Armenia a respetar la libertad religiosa?

Respuesta común

a las preguntas escritas E-2486/03, E-2487/03 y E-2543/03

dada por el Sr. Patten en nombre de la Comisión

(22 de agosto de 2003)

La Comisión se muestra preocupada ante el aumento de las violaciones de la libertad religiosa en la región del sur del Cáucaso y en el Asia Central. Asimismo está al corriente de la situación de los adventistas y de los miembros de la Iglesia Protestante de Asia, procedentes de las comunidades ortodoxas musulmanas y rusas, en Turkmenistán, y de los testigos de Jehová, en Armenia.

Dado que Uzbekistán, Kazajistán, Armenia y Georgia participan de los Acuerdos de Asociación y Cooperación (AAC) con la Unión, la Comisión trata, en cada reunión en del marco de los AAC, los asuntos relativos a las violaciones de los derechos humanos básicos, en general, y de la libertad religiosa, en particular. A pesar de que los AAC con Turkmenistán todavía no se han concretado, la Comisión también aborda estos temas con las autoridades turcomanas en cada reunión bilateral.

La Comisión desea reiterar la gran importancia que concede al derecho a la libertad de religión, de conciencia y de expresión. La Unión ha manifestado en repetidas ocasiones que los derechos humanos y la democratización deben constituir parte integrante del diálogo político con los terceros países. La Comisión, en su Comunicación de mayo de 2001 (1) al Consejo y al Parlamento Europeo acerca del papel de la Unión europea en el fomento de los derechos humanos y la democratización en terceros países1, se ha comprometido a dar prioridad a estas dos cuestiones en todos los programas comunitarios de asistencia.

La Comisión, además de su programa de asistencia Tacis, y dentro de la Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH), financia una serie de actividades con el fin de apoyar la libertad religiosa y el proceso de democratización en la región del sur del Cáucaso y en el Asia Central.

----

(1)  COM(2001) 252 final.

----

----

(2004/C 88 E/0423)

PREGUNTA ESCRITA E-2500/03

de Christopher Huhne (ELDR) a la Comisión

(25 de julio de 2003)

Asunto:   Exportaciones de vacuno

¿Podría enumerar la Comisión los países que siguen negándose a aceptar las exportaciones de vacuno de uno o varios Estados miembros, así como indicar las razones de dichas negativas? ¿Cuáles de estos países fueron en algún momento mercados importantes para las exportaciones de vacuno de la UE y qué medidas piensa tomar la Comisión para reabrir dichos mercados a las exportaciones comunitarias? ¿Cuántos de estos países son miembros de la Commonwealth?

Respuesta del Señor Pascal Lamy en nombre de la Comisión

(5 de septiembre de 2003)

La Comisión empieza a actuar desde el momento en que un Estado miembro o una industria comunitaria pone en su conocimiento cualquier prohibición de importación.

Entonces, evalúa la compatibilidad de las medidas adoptadas por el tercer país con las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y, en caso de considerar que puede haber una violación del Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de esta Organización, interviene adoptando una amplia gama de medidas posibles. Este proceso se lleva a cabo en consulta con los Estados miembros.

En este momento (agosto de 2003), la Comisión está al tanto de las siguientes prohibiciones de importación relativas al vacuno de la UE procedentes de uno o más Estados miembros:

Durante los contactos bilaterales y multilaterales —por ejemplo, en el Comité Sanitario y Fitosanitario de la OMC— con los países de que se trata, la Comisión ha suscitado con frecuencia la cuestión de las medidas de restricción comercial desproporcionadas que aplican terceros países en relación con la BSE en insistiendo en que las restricciones a la importación deben basarse en criterios científicos y ser compatibles con las normas internacionales. La Comisión es también responsable de la coordinación de la posición de los Estados miembros frente a las propuestas de cambios en el código sanitario para los animales de la Oficina Internacional de Epizootias, incluido el capítulo dedicado a la BSE. A este respecto, la Unión concentra sus esfuerzos en garantizar que las normas internacionales se basen en los datos científicos más recientes. Esta norma incluye las medidas justificables desde el punto de vista científico que los países importadores deberán adoptar en relación con la importación de bovinos y de productos derivados y tiene por objeto hacer que los intercambios comerciales se realicen en condiciones de seguridad. Además, la Comisión se está asegurando de que los diez países en vías de adhesión apliquen plenamente el acervo comunitario en el ámbito de la salud veterinaria y de la seguridad de los alimentos, incluyendo las medidas relativas a la BSE. Esto abrirá nuevos mercados para las exportaciones de vacuno de todos los actuales Estados miembros, ya que las restricciones existentes en los futuros Estados miembros que sean incompatibles con las normas comunitarias pertinentes tendrán que ser eliminadas. Por último, en sus contactos bilaterales con países terceros, la Comisión sigue insistiendo en que se reconozca que el conjunto de medidas de protección existentes es suficiente para el buen funcionamiento del comercio de vacuno y productos del vacuno de todos los Estados miembros.

La Comisión no tiene ningún acuerdo comercial formal con la Commonwealth, pero que es razonable presumir que la mayoría de los Países de la Commonwealth mantiene prohibiciones o restricciones para las exportaciones de carne de bovino de la Unión en razón de la BSE. La Comisión está actualmente negociando con Nueva Zelanda una serie de medidas destinadas a la apertura del mercado de este país para las importaciones de la Unión.

----

----

(2004/C 88 E/0424)

PREGUNTA ESCRITA E-2507/03

de Paolo Bartolozzi (PPE-DE) a la Comisión

(29 de julio de 2003)

Asunto:   Tasas del sector turístico

La cada vez más estrecha unión de los pueblos de los Estados miembros de la Comunidad debe reflejarse en la libre movilidad de las personas y de las cosas en las naciones de la Unión Europea.

El Tratado de Schengen prevé la libre circulación de los ciudadanos europeos sin restricciones nacionales en el territorio de la Unión Europea.

En algunas regiones italianas, concretamente, en Toscana, muchos municipios establecen tasas de entrada para los turistas, lo que constituye de hecho una limitación de la circulación libre y gratuita de las personas.

¿No opina la Comisión que, respetando las propias competencias, la UE debería intervenir para garantizar la circulación libre, gratuita y segura de las personas en el territorio de la Unión Europea, instando a los países miembros a que supriman las dificultades actuales?

Respuesta del Señor Bolkestein en nombre de la Comisión

(16 de septiembre de 2003)

Con la información que se facilita en la presente pregunta la Comisión no puede hacer una evaluación clara y completa del problema a que se hace referencia.

Desde un punto de vista general, la Comisión quiere recordar que el Tribunal de Justicia, en su sentencia de 16 de enero de 2003 (asunto C-388/01), dictaminó respecto a las tasas de entrada a los monumentos, etc., que las tasas preferentes que discriminan entre turistas extranjeros y turistas nacionales y que no estén justificadas por razones de orden público, seguridad y salud públicas (véase el artículo 46 del Tratado CE) o cualquier otra razón imperativa de interés general son incompatibles con la legislación comunitaria (véanse los artículos 12 y 49 del Tratado CE).

----

----

(2004/C 88 E/0425)

PREGUNTA ESCRITA E-2571/03

de Maurizio Turco (NI) a la Comisión

(6 de agosto de 2003)

Asunto:   Violación de la libertad religiosa en Azerbaiyán

Es un hecho que:

Vistas las excelentes relaciones de cooperación entre la Unión Europea y Azerbaiyán, ¿puede indicar la Comisión si tiene conocimiento de los hechos que se exponen? ¿Qué iniciativas podrían convertirse, en el ámbito de las relaciones de cooperación, en un instrumento serio y eficaz para inducir a Azerbaiyán a respetar la libertad religiosa?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(18 de septiembre de 2003)

La Comisión tiene conocimiento de la detención de Ismailov y Musayev.

La Comisión considera que el diálogo con Azerbaiyán en el marco de colaboración y cooperación con ese país es el mecanismo más adecuado para tratar los temas mencionados por Su Señoría. Por ello, se propone que en la primera oportunidad que se tenga se plantee a las autoridades azerbaiyanas la cuestión general de la libertad religiosa.

La Comisión está trabajando activamente en el fomento de los derechos humanos en Azerbaiyán con la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).

----

----

(2004/C 88 E/0426)

PREGUNTA ESCRITA E-2576/03

de Philip Claeys (NI) a la Comisión

(6 de agosto de 2003)

Asunto:   Boletín «Enlargement Weekly» disponible únicamente en inglés

Como cabía esperar, el sitio web de la Comisión presta una atención particular al actual proceso de ampliación de la Unión. De hecho, incluso se ha elaborado una página dedicada exclusivamente a la ampliación, en la que se incluye, entre otras cosas, el boletín «Enlargement Weekly». Como el mismo boletín informativo señala, éste «presenta un resumen de hasta dónde ha llegado la ampliación de la Unión Europea, quién hace qué en la UE, tanto a nivel institucional como en los países candidatos, y cómo se están superando los retos principales».

A diferencia del resto del sitio web, que, como es lógico, se ha redactado en todas las lenguas oficiales de la Unión, el boletín «Enlargement Weekly» sólo está disponible en inglés.

¿Qué elementos constituyen la base de esta limitación?

¿Prevé la Comisión una traducción de este boletín informativo? En caso afirmativo, ¿a partir de qué fecha estarán disponibles los textos en cuestión en las demás lenguas oficiales de la UE?

Respuesta del Sr. Verheugen en nombre de la Comisión

(15 de septiembre de 2003)

Aumentar el carácter multilingüe del sitio web dedicado a la ampliación ha sido una prioridad desde su creación en 2002. La primera prioridad consistió en proporcionar en todas las lenguas comunitarias las principales páginas, los textos más importantes y aquellas partes del sitio web que no fueran a ser objeto de revisión continua, como ocurre con buena parte del proceso de ampliación. Se trata de un proceso progresivo. El boletín «Enlargement Weekly» que menciona Su Señoría no es un documento oficial de la Comisión, sino un elemento de la estrategia de comunicación sobre la ampliación que la Comisión da a conocer al público según se especifica al pie de página web. Se produce todos los lunes para ofrecer información continua y rápidamente disponible sobre los principales acontecimientos en el proceso de ampliación. Al día siguiente se envía por correo electrónico un resumen de los artículos principales a unas 20 000 personas de todo el mundo que están suscritas a este servicio. Por lo tanto, requiere un producción rápida que inevitablemente se vería retrasada y encarecida si se necesitara más de una versión lingüística. Es el único motivo por el cual, en este caso concreto, la producción se limita a una sola lengua.

No hay planes para producir ninguna otra versión lingüística adicional de este boletín.

----

----

(2004/C 88 E/0427)

PREGUNTA ESCRITA P-2590/03

de Claude Moraes (PSE) a la Comisión

(4 de agosto de 2003)

Asunto:   Situación en Liberia

¿Qué hace la Comisión o el Alto Representante de la UE para la PESC, Javier Solana, en nombre de la UE, en relación con la actual situación en Liberia?

Respuesta del Sr. Nielson en nombre de la Comisión

(9 de septiembre de 2003)

El enfoque de la Unión con respecto a la región tiene como objetivo principal contribuir a la paz, la seguridad y la estabilidad estratégicas. Con este fin, la Unión participa en el Grupo de Contacto Internacional para Liberia (ICGL) a través del Sr. Dahlgren, Representante Especial de la Presidencia de la Unión del Río Mano, y de la Comisión.

La Presidencia y la Comisión participan como observadores en las conversaciones de paz de la Cedeao sobre Liberia que se celebran en Accra. También constituyen un apoyo político las declaraciones de la Unión de fecha 13 de junio de 2003, 23 de junio de 2003, 21 de julio de 2003 y 28 de julio de 2003. Desde el punto de vista financiero, la Comunidad aporta 390 000 euros a las conversaciones y está estudiando una solicitud de incremento de esta financiación. Asimismo, la Comisión está explorando las posibilidades jurídicas y financieras de contribuir al proceso de paz. Con motivo de una misión de estudio en Accra y Abuja (1 a 8 de agosto de 2003), la Comisión propuso la reprogramación de la financiación del Fondo Europeo de Desarrollo (FED) para Liberia, de conformidad con el procedimiento del Artículo 96 del Acuerdo de Cotonú, a fin de conceder ayuda urgente a algunos componente de la misión de paz de la Cedeao en dicho país. La preparación de una propuesta de financiación está en curso. Por último, la Oficina Humanitaria de la Comunidad Europea concede ayuda humanitaria a Liberia en forma de proyectos en los sectores de sanidad, nutrición, protección, saneamiento y agua.

----

----

(2004/C 88 E/0428)

PREGUNTA ESCRITA P-2617/03

de Emma Bonino (NI) a la Comisión

(25 de agosto de 2003)

Asunto:   Violación de la legalidad en el Líbano

¿Puede indicar la Comisión si:

Respuesta del Señor Patten en nombre de la Comisión

(16 de septiembre de 2003)

La Comisión está al corriente de la detención del abogado defensor de los derechos humanos Doctor Muhammad Mugraby el 8 de agosto de 2003 el cual, en espera de la resolución del caso, fue liberado recientemente.

La Comisión considera muy graves las violaciones del Estado de Derecho y de los principios de los derechos humanos y de la democracia, principios que el Gobierno del Líbano ha aceptado en el Acuerdo de Asociación recientemente firmado.

Por este motivo, la Comisión presentó recientemente al Parlamento y al Consejo su Comunicación «Un nuevo impulso a las iniciativas de la UE en el ámbito de los derechos humanos y la democratización, en colaboración con los socios mediterráneos» (1). La estrategia propuesta permitiría a la Unión redoblar sus esfuerzos en el ámbito del diálogo con los signatarios de la Declaración de Barcelona sobre cuestiones de derechos humanos y reforzar la financiación de la cooperación en ámbitos como el sistema judicial, el Estado de Derecho y el fortalecimiento de la sociedad civil. La Comisión está convencida de que un enfoque positivo, basado en incentivos, es la manera más eficaz y más productiva de contribuir a que sus asociados logren en la práctica niveles de aplicación del Estado de Derecho conformes con la Declaración de Barcelona y con el artículo 59 del Acuerdo de Asociación. Las diez medidas enumeradas en la Comunicación indican, a través de disposiciones concretas y prácticas, el modo en que la Comisión y la Unión tienen intención de consolidar e intensificar el diálogo político y la cooperación en materia de derechos humanos y democracia con el Líbano, así como con los demás países asociados de la zona euromediterránea, sin perjuicio del derecho de la Unión a manifestarse sobre casos específicos relacionados con los derechos humanos siempre que haya habido violaciones de éstos.

----

(1)  COM(2003) 294 final.

----

----

(2004/C 88 E/0429)

PREGUNTA ESCRITA E-2620/03

de Richard Howitt (PSE) a la Comisión

(2 de septiembre de 2003)

Asunto:   Violación de los derechos humanos en Colombia

En el contexto de las recientes matanzas de civiles por las fuerzas paramilitares en Colombia, y en particular los asesinatos de Rosemary Serrano Rojas e Ivan Carvajal Angarita, que fueron sacados de su hogar en Cucuta y asesinados en presencia de su hijo de cuatro años, y la presión que ejercen estos grupos paramilitares sobre el gobierno para evitar que se investiguen estos crímenes, ¿qué medidas adopta la Comisión en Colombia para instar al Presidente a acabar con dichos grupos paramilitares? Y más aún, ¿qué medidas tiene intención de adoptar la Comisión para garantizar que los crímenes cometidos por estos grupos paramilitares sean llevados ante la justicia?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(24 de septiembre de 2003)

La Comisión ha reiterado en varias ocasiones la preocupación que siente por la situación de los derechos humanos en Colombia, y ha instado al Gobierno del país a redoblar sus esfuerzos para adoptar medidas concretas contra la impunidad y la connivencia existente entre grupos paramilitares y miembros de las fuerzas armadas. La Comisión respalda las recomendaciones a este respecto de la Oficina en Bogotá del Alto Comisario de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (UNHRHC), y las observaciones realizadas por esta misma institución el 28 de agosto de 2003 sobre el proyecto de ley «relativa a la reincorporación de miembros de grupos armados ilegales» que remitió el Gobierno de Colombia al Congreso colombiano el 21 de agosto de 2003.

Entre las prioridades de la cooperación financiera y técnica entre la Comisión y el Gobierno colombiano, ocupa un lugar destacado la lucha contra la impunidad. En la programación indicativa plurianual de la pertinente línea presupuestaria (B7-310) se han asignado 10,5 millones de euros a la reforma del sistema judicial, haciendo especial hincapié en la lucha contra la impunidad. En el transcurso de 2004 se detallará el programa correspondiente.

Asimismo, la Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos (EIDHR, línea presupuestaria B7-701) tiene entre sus cometidos combatir los abusos contra los derechos humanos, y Colombia es uno de los países en los que se centra. En la actualidad se están llevando a cabo o están a punto de hacerlo 19 proyectos, por un valor total de 14 810 844 euros, con participación de 19 organizaciones no gubernamentales locales (ONG), y 7 ONG europeas, dos universidades y la Oficina en Bogotá de UNHRHC. Entre las actividades se encuentra un programa de microproyectos con una asignación anual de 500 000 euros, diseñado para reforzar la sociedad civil local, que se orienta fundamentalmente hacia la prevención y resolución pacífica de conflictos y a la prestación de ayuda a las víctimas de las violaciones de los derechos humanos a consecuencia de un conflicto.

El 2 de mayo de 2002, también se agregó a la lista de terroristas elaborada por la Unión Europea el grupo paramilitar Autodefensas unidas de Colombia (AUC) (a raíz de una propuesta de la Comisión (1), el Consejo adoptó, el 27 de diciembre de 2001, la Posición común 2001/931/PESC (2) y el Reglamento (CE) no 2580/2001 (3) del Consejo en el que se enumeran las personas, grupos y entidades a los que se han congelado los fondos y los recursos financieros, de conformidad con la Resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas).

----

(1)DO C 332 E de 27.11.2001.

(2)DO L 344 de 28.12.2001.

(3)  Reglamento (CE) no 2580/2001 del Consejo, de 27 de diciembre de 2001, sobre medidas restrictivas específicas dirigidas a determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo, DO L 344 de 28.12.2001.

----

----

(2004/C 88 E/0430)

PREGUNTA ESCRITA E-2621/03

de Piia-Noora Kauppi (PPE-DE) a la Comisión

(2 de septiembre de 2003)

Asunto:   Mayor seguridad de los consumidores mediante la utilización de marcas de calidad privadas adicionales

La Comisión Europea presentó recientemente su propuesta de revisión del «Nuevo Enfoque». En este contexto, está tomando también medidas adicionales para promover la utilización de la marca CE.

El propio fabricante pone la marca CE en el producto, declarando así su conformidad con las correspondientes directivas europeas. Con el objetivo de proteger al consumidor de productos defectuosos o incluso nocivos, este sistema de «autodeclaración» ha de estar basado en una vigilancia suficiente del mercado en los Estados miembros. Como resultado de varios debates sobre este asunto, parece que la vigilancia del mercado no puede garantizarse al mismo nivel en toda una Unión Europea en fase de ampliación.

Dada la situación actual, ¿tiene intención la Comisión de promover la utilización de marcas de certificación de calidad privadas reconocidas, que, facilitadas por un tercero independiente, después de superar una serie de pruebas y un control de la producción, certifiquen el buen funcionamiento y el uso seguro de un producto?

En ese caso, ¿por qué razón no está reflejado este punto en la revisión del «Nuevo Enfoque», que aumenta aún más los requisitos para la imposición de las marcas de calidad privadas adicionales? En muchos casos, no se permitirá a los organismos de certificación privados europeos aplicar sus marcas, aunque la falta de una vigilancia de mercado hace absolutamente necesaria la intervención de expertos independientes para garantizar la seguridad de los consumidores.

¿Es consciente la Comisión del hecho de que su actual enfoque tendrá como consecuencia una importante discriminación con respecto a los organismos de certificación privados europeos, mientras que los competidores de los EE.UU. (p.ej.: «UL») o de otros países no europeos seguirán pudiendo aplicar sus marcas de calidad en productos destinados al mercado europeo?

Respuesta del Sr. Liikanen en nombre de la Comisión

(7 de octubre de 2003)

El marcado CE simboliza la conformidad de un producto con los requisitos armonizados aplicables que contienen las correspondientes directivas del nuevo enfoque (1), y que el fabricante ha de cumplir. Al colocarlo sobre un producto, su fabricante está declarando que es conforme con todas las disposiciones comunitarias pertinentes y que se han seguido todos los procedimientos adecuados para evaluar su conformidad. El marcado CE es obligatorio y debe colocarse antes de que cualquier producto que esté obligado a llevarlo se comercialice o se ponga en servicio, salvo que directivas específicas dispongan otra cosa. Por el contrario, el marcado CE no debe colocarse sobre ningún producto que no esté contemplado en alguna directiva que establezca que dicho producto debe llevarlo. Como resultado de la amplia consulta que ha precedido a la publicación de la Comunicación, la Comisión ha comprobado que existe una gran necesidad de clarificar y promover el conocimiento del marcado CE y aclarar sus relaciones con las marcas voluntarias de los productos.

De acuerdo con el planteamiento global en materia de certificación y ensayo (2), se han elaborado módulos específicos para las diversas fases de los procedimientos de evaluación de la conformidad. A excepción del modulo A, que exige una declaración del fabricante, todo los módulos establecen la participación obligatoria de un tercero independiente (el llamado «organismo notificado») durante una o todas las fases de la evaluación de conformidad. Las respuestas recibidas durante el mencionado proceso de consulta han confirmado la eficacia de este sistema específico de control previo a la comercialización, cuya finalidad es garantizar tanto la flexibilidad para los fabricantes como la seguridad para los usuarios y consumidores de los productos de que se trata.

La Comisión ha considerado siempre que la vigilancia efectiva del mercado es una herramienta esencial para hacer cumplir las directivas del nuevo enfoque y ha subrayado, en numerosas ocasiones, la importancia de contar con un sistema eficaz y coherente de vigilancia del mercado en toda la Unión. El equilibrio adecuado entre los controles previos a la comercialización (procedimientos de evaluación de la conformidad) y posteriores a la comercialización (vigilancia del mercado) depende de las peculiaridades de los distintos sectores de productos. Sin embargo, debe hacerse hincapié en que, como ha demostrado claramente la experiencia fuera de la Unión, la vigilancia del mercado es independiente del sistema de evaluación de la conformidad que se aplique, e igualmente necesaria en los sistemas que establecen de modo general la certificación obligatoria a cargo de terceros.

Las directivas del nuevo enfoque y la Directiva relativa a la seguridad general de los productos (3) exigen específicamente a los Estados miembros que tomen todas las medidas necesarias para asegurarse de que solo pueden comercializarse y ponerse en servicio aquellos productos que, estando correctamente construidos, instalados y mantenidos, y siendo utilizados para lo que son, no ponen en peligro la seguridad y la salud de las personas u otros intereses contemplados en las directivas aplicables. Esto obliga a su vez a los Estados miembros a organizar y poner en práctica una vigilancia del mercado que sea eficaz y lo suficientemente amplia para detectar los productos no conformes. La Comisión se ha mostrado muy activa en este campo, animando a los Estados miembros a reforzar la cooperación administrativa entre sus autoridades nacionales de vigilancia del mercado y a nivelar sus grados de cumplimiento, así como apoyando iniciativas para aumentar la eficacia de los procedimientos de intercambio de información e iniciando proyectos dedicados a la vigilancia transfronteriza del mercado, en los que participan tanto Estados miembros como países candidatos.

En lo que se refiere a la relación que existe entre el marcado CE y las marcas voluntarias adicionales, la Comisión sigue pensando que estas últimas pueden colocarse sobre un producto siempre que tengan una función diferente a la del marcado CE, no confundan respecto del significado o la forma de éste y no reduzcan ni su legibilidad ni su visibilidad. El marcado CE no es una marca de calidad comercial para el consumidor, sino una marca administrativa dirigida a las autoridades nacionales de vigilancia del mercado. Se ha concebido como un «pasaporte europeo» para los productos que están en conformidad con la totalidad de los requisitos armonizados de la directiva o las directivas aplicables del nuevo enfoque, a fin de garantizar su libre circulación dentro del Espacio Económico Europeo (EEE) y más allá (donde el marcado CE esté reconocido). La Comisión no tiene conocimiento de que en el pasado se haya negado a ningún organismo de certificación privado el derecho a aplicar sus marcas.

Con respecto a las marcas de certificación privadas voluntarias que pueden ser aceptadas además del marcado CE, de acuerdo con lo expuesto anteriormente, la Comisión siempre ha entendido que, en principio, se ha de dejar que sean los mercados los que determinen si existe una demanda de esas marcas. La Comisión no ve que exista ni suficiente fundamento jurídico ni una necesidad específica de «promover la utilización» de marcas voluntarias. La existencia de una gran variedad de marcas de certificación privadas nacionales parece indicar con claridad que los servicios de certificación han atendido adecuadamente las necesidades de sus respectivos mercados a este respecto. En la actualidad, la Comisión está considerando la posibilidad de iniciar un estudio sobre el marcado privado voluntario, en el contexto de su estrategia del mercado interior.

----

(1)  Directiva 89/686/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, sobre aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros relativas a los equipos de protección individual, DO L 399 de 30.12.1989. Directiva 90/384/CEE del Consejo, de 20 de junio de 1990, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático, DO L 189 de 20.7.1990. Directiva 93/42/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, relativa a los productos sanitarios, DO L 169 de 12.7.1993. Directiva 96/48/CE del Consejo de 23 de julio de 1996 relativa a la interoperabilidad del sistema ferroviario transeuropeo de alta velocidad, DO L 235 de 17.9.1996. Directiva 98/79/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de octubre de 1998 sobre productos sanitarios para diagnóstico in vitro, DO L 331 de 7.12.1998.

(2)  Resolución del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, relativa a un planteamiento global en materia de evaluación de la conformidad, DO C 10 de 16.1.1990.

(3)  Directiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de diciembre de 2001, relativa a la seguridad general de los productos, DO L 11 de 15.1.2002.

----

----

(2004/C 88 E/0431)

PREGUNTA ESCRITA P-2646/03

de Elizabeth Lynne (ELDR) a la Comisión

(28 de agosto de 2003)

Asunto:   Número de partida de los dispositivos de ostomía

¿Es cierto que la Comisión propone trasladar los dispositivos de ostomía de la partida 9021 de la nomenclatura combinada (aparatos implantados para compensar una incapacidad) a la partida 3926 de esa misma nomenclatura (manufacturas de plástico)?

¿Es consciente la Comisión de que en la práctica esta propuesta encarecería los dispositivos de ostomía, habida cuenta de los derechos de importación aplicados, que equivaldrían a cero si dichos dispositivos estuvieran clasificados en la partida 9021?

¿Es consciente de que, si la Organización Mundial de Aduanas utiliza la partida propuesta, el acceso de las personas ostomizadas a tales productos va a ser extremadamente difícil y costoso en la Europa Oriental y en los países en desarrollo, y ello a causa de los derechos de importación más elevados que se aplican en dichos países?

¿A qué organizaciones ha consultado la Comisión al decidir proponer este cambio de partida?

¿Reconoce que los dispositivos de ostomía realizan las funciones de la parte extraída del intestino o de las vías urinarias?

¿No podrían considerarse como «aparatos que lleva la propia persona o se le implantan para compensar un defecto o una incapacidad» (partida 9021 de la nomenclatura combinada)?

En todo caso, ¿qué medidas piensa tomar la Comisión para garantizar que las personas con discapacidad (ostomizadas) en la Unión Europea y en los países en desarrollo no se vean perjudicadas por este cambio de partida en la nomenclatura combinada?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(23 de septiembre de 2003)

No. La Comisión no propone una reclasificación de los dispositivos de ostomía. La Comisión ha actuado para aclarar la clasificación de los dos componentes principales de los dispositivos de ostomía que se presentan por separado, a saber, la lámina adhesiva y la bolsa. Por lo tanto, en 1999 la Comisión adoptó la Decisión 2000/41/CE (1), por la que invalida algunas decisiones de Estados miembros sobre las llamadas informaciones arancelarias vinculantes que clasificaban de forma incorrecta ciertos componentes de los productos de ostomía en los códigos NC 9018 90 85 y 9021 90 90. Por otro lado, en 2002 la Comisión publicó las Notas Explicativas de la Nomenclatura Combinada (2) donde queda aclarado lo que se entiende por la expresión «para compensar un defecto o una incapacidad», a resultas de las cuales la lámina adhesiva y la bolsa no pueden clasificarse en la partida 9021 del Sistema Armonizado sino que deben clasificarse en función del material que las compone.

Sí. La Comisión es consciente de las repercusiones económicas que tiene la aplicación de la correcta clasificación de productos. No obstante, las decisiones de clasificación no se toman atendiendo a sus consecuencias económicas sino al objeto de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la Nomenclatura Combinada en la Unión.

Al determinar el tipo de derecho aplicable es necesario identificar la partida correcta en la nomenclatura utilizada en el Arancel Aduanero Común de la Comunidad (AAC) (3) de conformidad con sus reglas generales de interpretación. Estas normas se hallan en la parte introductoria del Arancel. Cabe destacar que los tipos arancelarios en cuestión son el resultado de las negociaciones arancelarias basadas en la nomenclatura del Sistema Armonizado en la Organización Mundial del Comercio/Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (OMC/GATT).

Sí. La Comisión es consciente de que algunos signatarios del Convenio del SA, como Estados Unidos y Noruega, clasifican los dos principales componentes del dispositivo de ostomía, es decir, la lámina adhesiva y la bolsa, en la partida SA 3962 en caso de estar hechos de plástico.

Ninguna. Cuando la Comisión adopta medidas de clasificación, lo hace para asegurar una aplicación uniforme dentro de la Unión del Arancel Aduanero Común, según lo previsto en el artículo 23 de la versión consolidada del Tratado CE. Al adoptar tales medidas, la Comisión aplica al producto afectado las normas de interpretación de la nomenclatura, basándose en la documentación disponible, que puede incluir controles de laboratorio.

Los productos que deben clasificarse son la lámina adhesiva y la bolsa. Su Señoría hallará la respuesta en la Nota Explicativa antes mencionada.

A nivel internacional, la Comisión estudia acciones de dos tipos.

La primera abordará una parte del problema de clasificación con la propuesta de que las láminas adhesivas se trasladen del Capítulo 39 al Capítulo 30. Por desgracia, el traslado de productos de una partida del SA a otro no resolverá todos los problemas económicos derivados de la clasificación de los productos.

Por lo tanto, estudiará la posibilidad de una segunda acción cuando se revisen los niveles arancelarios de todos los productos en el contexto de la próxima ronda de negociaciones multilaterales sobre acceso a los mercados para los productos industriales, con el fin de tener en cuenta las reivindicaciones de la industria europea.

----

(1)  Decisión 2000/41/CE de la Comisión, de 29 de diciembre de 1999, relativa a la validez de ciertas informaciones arancelarias vinculantes, DO L 13 de 19.1.2000.

(2)DO C 256 de 23.10.2002.

(3)  Los tipos derechos del AAC para 2003 están publicados en el DO L 290 de 28.10.2002.

----

----

(2004/C 88 E/0432)

PREGUNTA ESCRITA E-2661/03

de Ian Hudghton (Verts/ALE) a la Comisión

(10 de septiembre de 2003)

Asunto:   Personas desaparecidas en Chipre

Aunque Chipre se prepara para su adhesión a la Unión Europea el año próximo y Turquía es un Estado candidato, la cuestión de las personas desaparecidas, que se cree que fueron asesinadas o hechas prisioneras en la época de la invasión turca de la isla, en 1974, sigue sin resolverse.

En su respuesta de 2 de mayo de 2001 a la pregunta E-0506/01 (1), la Comisión indica que «Este asunto podrá abordarse de manera más detallada en el marco del diálogo político reforzado de la Unión con Turquía». ¿Puede la Comisión informar acerca de los progresos realizados en la materia?

Respuesta del Sr. Verheugen en nombre de la Comisión

(1 de octubre de 2003)

Los Srs. Clerides y Denktash se reunieron en junio y julio de 2002 para intercambiar propuestas sobre la cuestión de las personas desaparecidas. La base de este intercambio fue su acuerdo de 31 de julio de 1997. La parte greco-chipriota procedión con su programa de exhumaciones e identificaciones en las áreas que estaban bajo su control. Las investigaciones las está llevando a cabo el Instituto de Neurología y Genética finandiado por los Estados Unidos. La parte turco-chipriota hno ha designado todavía a los científicos que trabajarían con el Instituto. Actualmente, las Naciones Unidas intentan reanudar el trabajo de la Comisión de personas desaparecidas.

Entre sus medidas respecto de los turco-chipriotas de 30 de abril de 2003, el Gobierno de la República anunció varias medidas en relación con familiares de turco-chipriotas desaparecidos y muertos (Apéndice E). Las medidas prevén, entre otras cosas, el acceso a la información, reuniones entre familiares de personas desaparecidas y funcionarios del Gobierno, excavaciones exploratorias de tumbas y acuerdos para la creación de un banco de datos de ADN. El gobierno de la República publicó en la prensa turco-chipriota el 14 de junio de 2003 una lista de 500 turco-chipriotas cuyos casos se han presentado a la Comisión de personas desaparecidas. La Comisión se ha enterado también de que las autoridades gubernamentales han remitido oficialmente al Comité Internacional de la Cruz Roja información sobre la suerte de 201 turco-chipriotas desaparecidos.

----

(1)DO C 261 E de 18.9.2001, p. 130.

----

----

(2004/C 88 E/0433)

PREGUNTA ESCRITA E-2667/03

de Jean Lambert (Verts/ALE) a la Comisión

(10 de septiembre de 2003)

Asunto:   Comercio ilegal de maderas (Indonesia) y FLEGT ...

En mayo de 2003 la Comisión Europea lanzó un «Plan de Acción Forestal, Gubernamental y de Comercio» (FLEGT) para luchar contra la explotación clandestina y el comercio ilegal de madera.

El objeto de este plan de acción es luchar contra la explotación clandestina y el comercio de madera recogida de manera ilícita. Las medidas establecidas en el marco de este plan incluyen el apoyo a una gobernanza mejorada en los países productores de madera, la asociación voluntaria con países productores, para velar por que únicamente se comercialice en la UE la madera recogida legalmente, y esfuerzos para desarrollar la colaboración internacional para luchar contra el comercio de madera de origen ilícito.

Indonesia alberga el 10 % de los bosques tropicales que quedan en el mundo y está sufriendo una crisis de explotación clandestina. Más del 80 % de la explotación maderera en este país infringe la ley. La UE facilita ayuda financiera a Indonesia y busca la firma de un acuerdo para ayudar a la resolución del problema.

A pesar de ello, el comercio clandestino de ramin indonesio continúa. El ramin indonesio se «blanquea» clandestinamente a través de Malasia (el único país donde también crece) y sigue llegando a los mercados de la Unión Europea. En Italia y en el Reino Unido se han llevado a cabo incautaciones de ramin de origen ilegal.

¿Por qué ha pospuesto la Comisión Europea la inclusión del ramin en el Anexo B, conforme lo solicitó el Gobierno indonesio? ¿Tiene intención de incluirlo en la primera ocasión que se presente, es decir con ocasión de la reunión del comité CITES de la Unión Europea?

¿Apoya la Comisión el principio de que es necesario adoptar una legislación que haga ilegal la importación en la Unión Europea de madera talada ilegalmente?

¿Piensa la Comisión proponer legislación, conforme al procedimiento de codecisión, para apoyar el plan de acción y, en consecuencia, tratar de imponer sanciones más estrictas para quienes comercian con madera procedente de talas ilegales y con sus productos y los introducen en la Unión Europea?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(10 de octubre de 2003)

La Comisión y los Estados miembros no están convencidos de que la inclusión unilateral del ramin en el anexo Β del Reglamento (CE) no 338/97 del Consejo, de 9 de diciembre de 1996, relativo a la protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio (1) (que constituye la aplicación de la Convención CITES en la Comunidad) sea más eficaz que el actual régimen, dentro del cual el ramin está incluido en el apéndice III de la CITES y, por ende, en el anexo C del mencionado Reglamento. Con arreglo a las disposiciones actualmente vigentes, los importadores de ramin deben presentar un permiso de exportación si el envío procede de Indonesia o un certificado de origen del país exportador si procede de otro país. Lo único que añadiría la inclusión del ramin en el anexo Β del Reglamento (CE) no 338/97 sería que, además del permiso de exportación expedido por el país exportador, se exigiría también un permiso de importación del Estado miembro de que se tratara. Esto tendría un efecto bastante nimio. Probablemente sería más eficaz estimular a las administraciones aduaneras para que hicieran cumplir de manera más adecuada la normativa actual.

En la Unión se está haciendo ya un considerable esfuerzo para garantizar el cumplimiento de las disposiciones actuales y se están realizando incautaciones en los Estados miembros. En cualquier caso, dado que Malasia efectúa un importante suministro de su propio ramin, la Comunidad debe tener en cuenta su parecer antes de plantearse la adopción de medidas adicionales referentes a esta madera. La Comisión escribió al respecto a las autoridades de Malasia en junio de 2003 y está esperando su respuesta. No obstante, independientemente de la decisión que finalmente adopte la Unión, la mejor opción sería que el Gobierno indonesio solicitara la inclusión del ramin en el apéndice II de la CITES en la Decimotercera Conferencia de las Partes de ésta, que debe celebrarse en octubre de 2003. De este modo, el comercio de ramin se podría regular de manera más estricta, no sólo en la Unión, sino también a escala mundial.

La Comisión sostiene el principio de que la Unión no debe constituir un mercado para la madera procedente de talas ilegales. En el Plan FLEGT (2), mencionado en la pregunta, se propone la introducción de una normativa para potenciar los acuerdos voluntarios entre la Comunidad y los terceros países con objeto de prevenir la importación de tales países de madera obtenida ilegalmente. Una prohibición general de la importación de madera obtenida ilegalmente plantearía varios problemas y, por ello, la Comisión propone que esta opción se estudie más detalladamente y se informe del asunto en 2004. En general, la Comisión preferiría que la actuación fuese multilateral y no unilateral.

En lo que respecta al Plan FLEGT, la Comisión ha propuesto introducir una normativa para fomentar la aplicación de los acuerdos voluntarios de asociación del Plan FLEGT propuestos, de conformidad con el artículo 133 del Tratado CE y basándose en la integración de esa normativa en la política comercial común. En general, la normativa amparada en ese artículo no está sujeta a codecisión.

----

(1)DO L 61 de 3.3.1997.

(2)  COM(2003) 251 final.

----

----

(2004/C 88 E/0434)

PREGUNTA ESCRITA E-2674/03

de María Rodríguez Ramos (PSE) a la Comisión

(10 de septiembre de 2003)

Asunto:   Aplicación de la cláusula de salvaguardia a las importaciones a la UE de gajos de satsumas en conserva procedentes de China

En su reciente respuesta a mi pregunta E-1646/03 (1), la Comisión reconoce la urgencia de la solicitud de aplicación de la cláusula de salvaguardia a las importaciones de gajos de satsumas procedentes de China y afirma que «actualmente ha recibido una solicitud del Gobierno español, con toda la documentación requerida».

Teniendo en cuenta que España solicitó la aplicación de la cláusula a primeros de junio de 2002 y que la Comisión, el 12 de noviembre de 2002, en su respuesta a mi pregunta P-2956/02 (2), justificó su pasividad en la falta de rigor del expediente presentado por las autoridades españolas, considero necesario que el sector afectado conozca los verdaderos motivos del retraso de más de un año en la tramitación de este expediente.

En julio de 2003, la Comisión utiliza el término «actualmente», no obstante ¿puede la Comisión informar en qué fecha exacta las autoridades españolas enviaron un dossier con información suficiente acerca de la naturaleza y amplitud de la perturbación del comercio y de la gravedad del impacto en los productores comunitarios afectados, tal y como exigen las normas de la OMC?

Respuesta del Sr. Lamy en nombre de la Comisión

(23 de octubre de 2003)

Como se explicó a Su Señoría en la respuesta conjunta a sus preguntas escritas E-1646/03, E-1920/03 y 1921/03 (3), la Comisión recibió el 10 de junio de 2003, al amparo del mecanismo de salvaguardia transitorio (4), una solicitud formal de medidas de salvaguardia, acompañada de la documentación pertinente. España presentó de nuevo una solicitud al amparo de la normativa general de salvaguardia erga omnes, y esta solicitud se recibió el 20 de junio de 2003 (5).

Una vez estudiadas las solicitudes y previa consulta a los Estados miembros, el 11 de julio de 2003 (6) se abrieron investigaciones en virtud tanto del instrumento erga omnes como del mecanismo de salvaguardia transitorio; las investigaciones se han desarrollado durante todo el verano y siguen en curso; se mantiene informados a los Estados miembros sobre su evolución.

En cuanto al retraso de más de un año en relación con la propuesta inicial de abrir una investigación, la Comisión informa a Su Señoría que este tiempo fue necesario para aclarar algunas cuestiones jurídicas fundamentales sobre el asunto y asegurarse de que la solicitud española cumplía las altas normas exigidas por la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la normativa comunitaria. Como Su Señoría podrá comprender, reunir y evaluar la información correspondiente y realizar las consultas con todas las partes interesadas son tareas que llevan mucho tiempo pero que son absolutamente necesarias para establecer el tipo del presunto perjuicio y su alcance.

La Comisión señala que es la primera investigación realizada a tenor del Reglamento relativo al mecanismo de salvaguardia transitorio.

----

(1)  Ver página 363.

(2)DO C 161 E de 10.7.2003, p. 55.

(3)  Ver página 363.

(4)  Reglamento (CE) no 427/2003 del Consejo, de 3 de marzo de 2003, relativo a un mecanismo de salvaguardia transitorio aplicable a las importaciones de determinados productos originarios de la República Popular de China y por el que se modifica el Reglamento (CE) no 519/94, relativo al régimen común aplicable a las importaciones de determinados países terceros, DO L 65 de 8.3.2003.

(5)  Reglamento (CE) no 3285/1994 del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, sobre el régimen común aplicable a las importaciones, DO L 349 de 31.12.1994, y Reglamento (CE) no 519/1994 del Consejo, de 7 de marzo de 1994 sobre el régimen común aplicable a las importaciones de determinados países terceros, DO L 67 de 10.3.1994.

(6)DO C 162 de 11.7.2003.

----

----

(2004/C 88 E/0435)

PREGUNTA ESCRITA E-2676/03

de Ulrich Stockmann (PSE) a la Comisión

(10 de septiembre de 2003)

Asunto:   Acceso de DHL-Airways al mercado estadounidense

Desde la compra del operador de servicios de entrega urgente DHL por Deutsche Post World Net, UPS y FEDEX intentan de mil maneras mantener a DHL apartado del mercado norteamericano. UPS y FEDEX poseen en el mercado estadounidense de la entrega de paquetes una especie de monopolio compartido con un porcentaje del 80 %, en tanto que DHL únicamente tiene un porcentaje del 0,9 % en ese país. Para cerrar el mercado estadounidense a los competidores extranjeros, UPS y FEDEX usan como argumento político-jurídico la norma por la que se establece que las compañías aéreas sólo podrán ser consideradas compañías aéreas estadounidenses cuando al menos el 77 % de los votos en su dirección y el 51 % de sus acciones estén en manos de ciudadanos estadounidenses. La compañía aérea DHL reúne ambos criterios en los EE.UU., al haberse escindido en dos empresas distintas tras la compra de DHL por la DPAG y poseer DHL-International sólo el 25 % del capital de DHL-Airways. Así lo ha confirmado el Ministerio de Transportes (Department of Transportation —DOT), rechazando numerosas alegaciones de UPS y FEDEX. Sin embargo, el 16 de abril de 2004 se aprobó una enmienda al presupuesto de defensa, por la que se establece que las compañías de transporte aéreo que no estén realmente en manos de ciudadanos estadounidenses, realicen más del 50 % del volumen de negocios con una empresa extranjera o pertenezcan a un país tercero no podrán recibir encargos militares con cargo a los actuales fondos presupuestarios. Esta disposición sólo afecta a DHL-Airways, lo que supone una discriminación evidente de una sola empresa, puesto que el Pentágono y el Ministerio de Asuntos Exteriores son grandes clientes de DHL-Airways. La actitud anticompetitiva de FEDEX y UPS no se corresponde de ninguna manera con las facilidades empresariales de UPS en Europa. En tanto que UPS tan sólo en los Estados Unidos ya tiene un porcentaje de mercado del 64 % y el de DHL en ese país sólo representa el 0,9 %, en el competitivo mercado alemán Deutsche Post (DHL incluido) posee un porcentaje del 23 % y UPS del 8 %.

¿Tiene conocimiento la Comisión de esos hechos? ¿Qué medidas proyecta adoptar para paliar esa discriminación? ¿Qué acciones desea poner en práctica asimismo en el contexto de las negociaciones del acuerdo de «cielos abiertos» entre los EE.UU. y la UE, a fin de asegurar el acceso al mercado en los EE.UU. y lograr una reciprocidad plena?

Respuesta del Sr. Lamy en nombre de la Comisión

(14 de octubre de 2003)

La Comisión sigue de cerca los cambios relativos al acceso al mercado de los Estados Unidos de las empresas europeas.

La pregunta se refiere al acceso al mercado estadounidense de los operadores de servicios de entrega urgente DHL. La reciente normativa de los Estados Unidos establece nuevas restricciones por lo que se refiere a la propiedad de las compañías aéreas para poder beneficiarse de contratos militares. Más específicamente la sección 2710 de la Emergency Wartime Supplemental Appropriations Act de abril de 2003 establece lo siguiente: Ningún fondo previsto en la presente ley o en cualquier otra ley se puede adjudicar o utilizar para pagar el transporte en cuestión ... si lo realiza una compañía aérea no controlada realmente por ciudadanos norteamericanos ... una compañía aérea no se considera realmente controlada por ciudadanos norteamericanos si el producto de explotación de la empresa en los últimos tres años procede en una cantidad igual o superior al 50 % de una persona que no es ciudadano de los Estados Unidos y esta persona, directa o indirectamente, posee acciones que le dan derecho de voto en las compañías aéreas o si pertenece a una agencia o a un ente de un Estado extranjero.

Desde el punto de vista de la Comisión estas disposiciones son contrarias a los intereses europeos y en particular a los de DHL, que debe utilizar líneas aéreas estadounidenses para el transporte de las mercancías de la parte de sus servicios de entrega que requiere el transporte aéreo. Como estas compañías obtienen una parte enorme de su producto de explotación de DHL, tendrían que ser excluidas de los contratos militares con arreglo a la ley en cuestión.

No obstante, la Comisión también toma nota del hecho de que la sección 2710 contempla la posibilidad de que el Ministro de Defensa no aplique la restricción: El Ministro de Defensa tiene la facultad de celebrar un contrato para encomendar el transporte en cuestión a una compañía aérea que no posea tal certificado si decide que ninguna compañía aérea en posesión del certificado contemplado en la sección 41102 puede o tiene intención de prestar tal servicio de transporte. De acuerdo con la información en posesión de la Comisión, DHL presta actualmente servicios de distribución del correo a cargo del Departamento de Defensa a Iraq y a Afganistán.

Hay que señalar que DHL ha vendido su participación del 25 % de DHL Airways a inversores estadounidenses. DHL Airways ha pasado a llamarse AStar Air Cargo y es actualmente al 100 % propiedad de ciudadanos de los Estados Unidos.

La Comisión es consciente del hecho de que las compañías aéreas de transporte de mercancías de los Estados Unidos están autorizadas a efectuar vuelos dentro de la Unión mientras que las compañías aéreas de esta última no tienen la posibilidad de operar en el mercado nacional de los Estados Unidos. Esta situación de desequilibrio se tratará con ocasión de las próximas negociaciones sobre una zona abierta Estados Unidos-Unión Europea para la aviación. Estas negociaciones tienen por objeto abrir el mercado nacional de los Estados Unidos a las compañías aéreas de la Unión y viceversa. Un elemento clave en este ámbito es la supresión de las restricciones especiales que se aplican actualmente a la propiedad y el control de las compañías aéreas por parte de extranjeros.

----

----

(2004/C 88 E/0436)

PREGUNTA ESCRITA E-2677/03

de Bernd Lange (PSE) a la Comisión

(10 de septiembre de 2003)

Asunto:   Incumplimiento de la normativa sobre valores límite más estrictos de los gases de escape mediante la matriculación de los vehículos en una categoría distinta

Obviamente, se impone la tendencia a matricular vehículos de grandes dimensiones, como los todo terreno (SUV), que, básicamente, se usan como turismos (categoría M1), como vehículos industriales ligeros (categoría N1), debido a que su masa máxima es superior a los 2 500 kg.

¿No se vulneran con tal práctica los valores límite establecidos para los turismos en la Directiva 98/69/CE (1)? ¿Cómo proyecta la Comisión afrontar el problema?

¿Cuándo presentará la Comisión una propuesta de modificación de la Directiva 70/156/CEE (2) relativa a la homologación de vehículos a motor o de la Directiva 70/220/CEE (3) en la versión 98/69/CE (nota a pie de página 2 del cuadro del punto 5.3.1.4 del apartado 13 del anexo I), a fin de excluir tal posibilidad en el futuro?

Respuesta del Sr. Liikanen en nombre de la Comisión

(8 de octubre de 2003)

Durante cierto tiempo, la Directiva 70/220/CEE (4) incluyó la posibilidad de que los vehículos de la categoría M1 cuya masa máxima fuera superior a 2 500 kg se homologasen según los límites de emisión correspondientes a los vehículos de la categoría N1, que son menos estrictos. Esta práctica se mantuvo gracias a un acuerdo entre los legisladores en el procedimiento de conciliación, que dio como resultado la Directiva 98/69/CE (5). En esta Directiva también se concedió un año de plazo suplementario a dicha categoría de vehículos M1 para ajustarse a los límites de emisión pertinentes Euro III o Euro IV.

La Comisión no dispone actualmente de datos que confirmen las cifras de vehículos de pasajeros cuya masa máxima sea superior a 2 500 kg, incluidos los vehículos todo-terreno (por ejemplo, los vehículos 4 x 4 o los vehículos de ocio todo-terreno [sport utility vehicles, SUV]), que se registran como vehículos de categoría N1 o si los vehículos todo-terreno se proyectan deliberadamente con una masa superior al umbral de 2 500 kg para de ese modo estar sujetos a normas menos estrictas.

Por lo que respecta a la homologación de tipo, la categorización depende de la masa máxima del vehículo declarada por el fabricante. Los fabricantes de vehículos determinan la categoría de sus tipos de vehículos en función de las características de fabricación y con arreglo a lo dispuesto en el anexo II de la Directiva 70/156/CEE (6).

El 14 de julio de 2003, la Comisión adoptó una propuesta de refundición (7) de la Directiva 70/156/CEE, que tiene por objeto extender la homologación de tipo a todas las categorías de vehículos. Se propone que la homologación comunitaria de tipo sea obligatoria para los tipos nuevos de vehículos completos pertenecientes a la categoría N1 a partir del 1 de enero de 2007.

La Comisión es consciente de la preocupación existente acerca de la posibilidad de que los vehículos pesados de pasajeros se homologuen con arreglo a los límites de emisión de la categoría N1 y de esta manera cumplan requisitos menos estrictos que los que deberían cumplir si no fuera así. Por consiguiente, la Comisión, en el marco de su futura propuesta relativa a normas más estrictas en materia de emisiones (propuesta de Euro V), estudiará la conveniencia de eliminar la distinción entre los vehículos de la categoría M1 situados por encima de los 2 500 kg y los situados por debajo de dicho límite.

----

(1)DO L 350 de 28.12.1998, p. 1.

(2)DO L 42 de 23.2.1970, p. 1.

(3)DO L 76 de 6.4.1970, p. 1.

(4)  Directiva 70/220/CEE del Consejo, de 20 de marzo de 1970, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de medidas que deben adoptarse contra la contaminación del aire causada por los gases procedentes de los motores de explosión con los que están equipados los vehículos a motor.

(5)  Directiva 98/69/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 1998, relativa a las medidas que deben adoptarse contra la contaminación atmosférica causada por las emisiones de los vehículos de motor y por la que se modifica la Directiva 70/220/CEE del Consejo.

(6)  Directiva 70/156/CEE del Consejo, de 6 de febrero de 1970, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre la homologación de vehículos a motor y de sus remolques.

(7)  COM(2003)418 final.

----

----

(2004/C 88 E/0437)

PREGUNTA ESCRITA E-2690/03

de Erik Meijer (GUE/NGL) a la Comisión

(10 de septiembre de 2003)

Asunto:   Competencia de los cantones suizos para convertirse independientemente en paraísos fiscales para las empresas internacionales

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(16 de octubre de 2003)

La Comisión es consciente de que el sistema federal suizo permite que el impuesto de sociedades se recaude a nivel federal, cantonal o municipal y que el tipo del impuesto de sociedades aplicado en los distintos cantones difiera de unos a otros. La diferencia de tipos impositivos entre distintos municipios suizos que de lo anterior se deriva ha sido objeto, durante muchos años, de debate político en el propio país. La Comisión no posee información específica sobre los efectos de la competencia fiscal entre cantones suizos, ni tampoco sobre el número de empresas que, pese a desarrollar su actividad fundamentalmente en la Unión Europea, son residentes en el cantón suizo de Schwyz.

Las preguntas que formula Su Señoría parecen sugerir que el cantón de Schwyz atrae inversión pasiva, sin verdadera presencia económica o actividad económica real en el mismo. Sin embargo, cabe señalar que la normativa fiscal de los Estados miembros y los tratados bilaterales que éstos han suscrito con Suiza en materia tributaria contienen disposiciones específicas tendentes a limitar las posibilidades de crear estructuras de planificación fiscal, entre ellas, las empresas consistentes en una mera dirección de conveniencia (mailbox companies). En la mayoría de los Estados miembros, se han adoptado también disposiciones nacionales concretas de prevención del fraude, destinadas a desalentar las estrategias de planificación fiscal agresivas basadas en la ubicación ficticia de inversión pasiva en territorios con bajo nivel impositivo.

La Comisión considera que la competencia leal en materia tributaria puede tener efectos positivos, entre otros, el de reducir las cargas fiscales innecesarias y aumentar la competitividad de la Unión Europea. Sin embargo, toda competencia fiscal desleal que afecte, de manera significativa, a la localizatión de las empresas, sin repercusiones globales positivas, resulta perjudicial. A ello obedece que la Comisión esté participando activamente en la labor encaminada a hacer frente a la competencia fiscal perniciosa en la Unión ampliada, especialmente a través del procedimiento conexo al código de conducta. Por los mismos motivos, la Comisión está también tomando parte activa en los trabajos de prevención de la competencia fiscal perniciosa que lleva a cabo la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), la cual plantea el problema a escala mundial y trata de modificar el comportamiento tanto de los paraísos fiscales como de los propios Estados miembros de la OCDE (incluida Suiza), en la medida en que éstos ejercen una competencia fiscal perjudicial.

Hasta la fecha, únicamente se han mantenido conversaciones —tanto en la Unión Europea como en otros foros, incluida la OCDE— con Suiza, dado que las relaciones internacionales son competencia de la Confederación. Con arreglo al Derecho internacional, la Comunidad debe respetar la división constitucional de poderes del país y celebrar cualquier consulta con el Gobierno Federal.

Aun no excluyendo un cambio de planteamiento en el futuro, la Comisión está convencida de que, actualmente, las actuaciones antes mencionadas constituyen la mejor manera de garantizar una competencia leal en materia tributaria a escala verdaderamente mundial, y no cree conveniente, en esta fase, especular sobre otras posibles medidas.

----

----

(2004/C 88 E/0438)

PREGUNTA ESCRITA E-2700/03

de Glenys Kinnock (PSE) a la Comisión

(10 de septiembre de 2003)

Asunto:   Investigación del secuestro de Peter Shaw

¿Podría ofrecer la Comisión una relación clara y detallada de los avances realizados por las autoridades georgianas en la investigación de las circunstancias que rodearon el secuestro de Peter Shaw?

¿No considera inaceptable la Comisión que se disponga de tan poca información y no considera asimismo que Peter Shaw tiene pleno derecho a que se lleve a cabo una investigación exhaustiva y completa?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(3 de octubre de 2003)

Desde que Peter Shaw recuperó la libertad, en noviembre de 2002, la Comisión ha aprovechado todas las ocasiones que se le han presentado para reiterar al Gobierno de Georgia la importancia que da al procesamiento de sus secuestradores. La Comisión considera este hecho un ejemplo significativo de los esfuerzos para consolidar el Estado de Derecho en Georgia. El próximo Consejo de Cooperación UE-Georgia ofrecerá una nueva ocasión para discutir el estado de las investigaciones.

A través de su Delegación, y en cooperación con la Embajada del Reino Unido en Georgia, la Comisión ha recabado periódicamente información del Fiscal General de ese país sobre la evolución de las investigaciones. El Fiscal General ha informado recientemente a la Comisión de que el caso aún está siendo investigado. Los individuos implicados en el secuestro de Peter Shaw han sido identificados, pero es necesario reunir pruebas adicionales para poder proceder a su detención y procesamiento. El Sr. Chichiashvili, de nacionalidad georgiana y buscado en su país por diversos secuestros, entre ellos el de Peter Shaw, fue detenido en Moscú.

La Comisión lamenta profundamente que, casi un año después de la liberación de Peter Shaw, los autores del secuestro no hayan sido juzgados todavía y que el sospechoso detenido en Moscú aún no haya sido extraditado.

La Comisión comparte el punto de vista de Su Señoría de que se debería disponer de más información y ha solicitado a las autoridades georgianas que redacten un informe detallado sobre el estado de las investigaciones. La Comisión está determinada a hacer todo lo posible para seguir de cerca la evolución del proceso.

----

----

(2004/C 88 E/0439)

PREGUNTA ESCRITA E-2701/03

de Geoffrey Van Orden (PPE-DE) a la Comisión

(11 de septiembre de 2003)

Asunto:   Financiación para la protección de la infancia en Bulgaria

En el ámbito de la financiación de preadhesión para Bulgaria, ¿qué importes se han destinado a proyectos en materia de protección y bienestar infantil y qué propuestas se han presentado para la asignación de más fondos a ese sector?

Respuesta del Sr. Verheugen en nombre de la Comisión

(30 de septiembre de 2003)

Tal como se señala en el informe periódico 2002 de la Comisión (1) sobre los progresos realizados por Bulgaria en la vía de la adhesión, ese país debe seguir avanzando en la reforma del sistema de cuidados infantiles, asegurándose de que se respete plenamente la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, que se actúe siempre en interés de los niños y que la colocación en instituciones sólo se utiliza como último recurso.

La Comisión apoya los esfuerzos de Bulgaria en este campo con la financiación de preadhesión. Actualmente se está ejecutando un proyecto Phare titulado «reforma del bienestar infantil», con 3,5 millones de euros de financiación de Phare y una cofinanciación búlgara de 0,5 millones de euros, en parte a través de hermanamiento. El proyecto tiene por objeto la ayuda a las autoridades para mejorar las políticas respecto a los niños marginados socialmente (incluido un número significativo de niños romaníes y niños con discapacidades). El proyecto aporta asistencia y formación a los organismos nacionales y regionales pertinentes e intenta promover el desarrollo de formas alternativas de cuidado de niños así como apoyo a la reforma de la gestión y los cuidados infantiles en varios centros de acogida seleccionados.

Se ha aprobado otro proyecto, que recibirá ayuda de preadhesión prevista para 2003, titulado «mejora de la calidad de vida de personas con discapacidades mentales» (presupuesto Phare de 2 millones de euros y cofinanciación búlgara de 0,67 millones). Su objeto es apoyar el desarrollo y la mejora de servicios médicos, sociales y educativos alternativos para niños y adultos con deficiencias psíquicas.

Varios proyectos aportan una ayuda indirecta a la protección infantil en Bulgaria, por ejemplo el proyecto «integración de la población romaní» (presupuesto Phare de 1,65 millones de euros, que tiene por objeto mejorar la asistencia escolar de los niños romaníes, eliminando los obstáculos económicos y culturales en los niveles preescolar y primario, así como incrementar el número de maestros especializados en trabajar en un entorno multicultural y a introducir un plan de estudios nacional multicultural revisado. Hay también proyectos relacionados con la sociedad civil que incluyen actividades en el ámbito de la integración social de los grupos vulnerables.

Finalmente, en el marco del programa plurianual 2004-2006 se prevé un aumento de la ayuda de preadhesión. Se esperan en un futuro próximo las propuestas pertinentes de las autoridades búlgaras.

La Comisión seguirá de cerca los progresos en este campo, trabajando en estrecha colaboración con otros donantes importantes y organismos internacionales tales como el Banco Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

----

(1)  COM(2002) 700 final.

----

----

(2004/C 88 E/0440)

PREGUNTA ESCRITA P-2723/03

de Francisca Sauquillo Pérez del Arco (PSE) a la Comisión

(3 de septiembre de 2003)

Asunto:   Iniciativa europea para la democracia y los derechos humanos y los pueblos indígenas

Una de las áreas temáticas prioritarias de la iniciativa europea para la democracia y los derechos humanos (IEDDH) debe ser, según la Comisión, la lucha contra el racismo, la xenofobia y la discriminación de las minorías étnicas y los pueblos indígenas; el Consejo también ha confirmado en distintas ocasiones su compromiso con la ayuda a los pueblos indígenas (Conclusiones del Consejo de junio de 2001 y de noviembre de 2002). Sin embargo, hay noticias de que en el presupuesto de la IEDDH para el 2004, no hay ninguna mención a los pueblos indígenas.

¿Puede la Comisión confirmar que, de acuerdo con las orientaciones del Consejo, de la misma Comisión y del Parlamento Europeo, en el documento de programación de la IEDDH, cuya elaboración se encuentra actualmente en curso, se tendrá en cuenta a los pueblos indígenas, con una mención y una partida presupuestaria específica?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(26 de septiembre de 2003)

A raíz de los compromisos de la Unión en favor del apoyo a los derechos de los pueblos indígenas, la Iniciativa europea para la democracia y los derechos humanos (IEDDH) contribuye a la consecución de esos objetivos mediante el acceso a la financiación de proyectos de organizaciones que representan a los pueblos indígenas o que colaboran con ellos. El documento de programación de la IEDDH de 2002-2004 se refiere una ayuda específica al derecho de los pueblos indígenas a fomentar sus derechos y al fomento del respeto de los derechos de los pueblos indígenas a escala internacional. Dicho documento incluye una asignación indicativa de 15 millones de euros en concepto de ayuda a los proyectos correspondientes para el período 2002-2004. En el marco de esta programación plurianual y de los objetivos definidos, la actualización de la programación de la IEDDH para 2004 sigue ofreciendo oportunidades de financiación de proyectos en apoyo de los derechos de los pueblos indígenas a escala global y regional y a nivel de países diana.

----

----

(2004/C 88 E/0441)

PREGUNTA ESCRITA P-2726/03

de Nelly Maes (Verts/ALE) a la Comisión

(10 de septiembre de 2003)

Asunto:   Centros escolares de la minoría rusa en Letonia

Las lenguas son parte de la riqueza de Europa. Distintas Cartas internacionales reconocen el derecho de los ciudadanos a mantener y desarrollar sus propias lenguas.

En Letonia, la importante comunidad rusófona se opone a los planes del gobierno relativos a la supresión del sistema educativo para las minorías. En su Resolución sobre los progresos realizados por Letonia en la vía de la adhesión (2002), el Parlamento Europeo pedía la realización de un examen sobre las posibilidades de conservación de la educación secundaria en las lenguas minoritarias.

¿Considera la Comisión que esta actitud es compatible con los valores europeos que se derivan de los derechos fundamentales y con la diversidad cultural y lingüística? ¿Ha solicitado la Comisión algún tipo de información a las autoridades letonas sobre este asunto?

¿Considera la Comisión que una Europa de los ciudadanos debe impulsar la protección y el desarrollo de todas las lenguas? ¿Tiene previsto la Comisión apoyar proyectos de organizaciones que trabajan en favor de la lengua rusa y de otras lenguas minoritarias de Letonia?

Respuesta del Sr. Verheugen en nombre de la Comisión

(25 de septiembre de 2003)

Desde el dictamen de 1997 sobre la solicitud de adhesión de Letonia, la Comisión ha reiterado que Letonia sigue cumpliendo los criterios políticos de adhesión, a saber, el respeto de la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y la protección de las minorías. Esa postura es compartida por organizaciones internacionales de derechos humanos y ha sido aprobada por los Estados miembros en el contexto de la ampliación.

La Comisión concede gran importancia a la integración de las minorías en la sociedad letona, ajustándose plenamente a las normas europeas en cuanto a los derechos de las minorías nacionales, incluida la transición prevista a la enseñanza bilingüe en las escuelas para las minorías, y está siguiendo de cerca la evolución al respecto. La Comisión no tiene conocimiento de que Letonia tenga la intención de eliminar los sistemas de enseñanza para las minorías. Por el contrario, Letonia es un país pluricultural, que apoya la enseñanza en ocho lenguas minoritarias, incluido el ruso. Además, la reforma de la enseñanza de 1998, que introduce gradualmente la enseñanza bilingüe, se considera un elemento esencial del desarrollo de una sociedad integrada en Letonia.

El Alto Comisario para las Minorías de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), que se halla muy activo en la cuestión de la reforma de la enseñanza en las escuelas para las minorías, lo ha confirmado y ha aclarado que, si bien la promoción de la lengua estatal es un derecho legítimo, las minorías también tienen derecho a conservar su lengua materna y su identidad cultural.

La Comisión considera que la capacidad de todos los jóvenes letones para hablar tanto su lengua nacional como su lengua materna les beneficia social y económicamente a largo plazo y contribuirá al proceso de integración.

Desde su informe periódico de 2002 (1), la Comisión ha aprovechado todas las oportunidades de que ha dispuesto para subrayar que en la fase transitoria debe haber en las escuelas para las minorías la suficiente flexibilidad para garantizar la igualdad de oportunidades educativas para los grupos minoritarios así como un estrecho diálogo con los mismos.

Con el respaldo de la OSCE, Letonia ha adoptado una serie de medidas para facilitar el proceso transitorio en 2004 en lo que respecta al paso gradual en las escuelas secundarias a partir del décimo nivel a un plan de estudios en que el 60 % de las asignaturas se enseñen en letón o de modo bilingüe y el 40 % en la lengua minoritaria, así como a la modificación de la legislación correspondiente.

Se presta especial atención al mantenimiento de un diálogo sistemático con todos los interesados (escuelas para las minorías, maestros, alumnos, padres, etc.), incluido un apoyo específico a los mismos para que mejoren sus competencias bilingües a fin de facilitar la fase de transición. El Ministro letón de Integración Social, que fue un antiguo director de una organización de defensa de los derechos humanos de las minorías y que supervisa las actividades de la Fundación para la Integración Social y sus programas de ayuda, participa activamente en este proceso.

Es evidente que hay dificultades prácticas al respecto, que se reflejan en las preocupaciones de las personas implicadas en el exigente proceso transitorio de la reforma educativa para las minorías étnicas en Letonia. Conscientes de ello, las autoridades letonas han confirmado su propósito de aplicar calendarios personalizados a las escuelas que tengan especiales dificultades en el proceso transitorio.

La Comisión continúa siguiendo de cerca el proceso de integración social y lo ha venido apoyando desde 1996 con financiación de Phare, incluida, más recientemente (desde 2000), la asistencia a organizaciones que actúan en favor especialmente de las minorías de lengua rusa.

Por último, la Comisión aplica una política general de fomento de las lenguas regionales y minoritarias y su utilización en los Estados miembros actuales y futuros. Ha publicado recientemente el plan de acción «Promover el aprendizaje de idiomas y la diversidad lingüística». La diversidad lingüística es uno de los componentes del objetivo general de la diversidad cultural (2), consagrado en el Tratado CE (artículo 151).

----

(1)  COM(2002) 700 final.

(2)  COM(2003) 449 final.

----

----

(2004/C 88 E/0442)

PREGUNTA ESCRITA P-2727/03

de Antonio Tajani (PPE-DE) a la Comisión

(10 de septiembre de 2003)

Asunto:   Telekom Serbia

El antiguo subsecretario de Asuntos Exteriores italiano y actual secretario del Partido de los Demócratas de Izquierda, Piero Frassino, afirma que la Unión Europea fomentó las inversiones en Serbia durante la dictadura de Milosevic.

¿Puede la Comisión confirmar esta declaración?

¿Cuál de las instituciones comunitarias alentó a las empresas europeas, y de qué modo, para que invirtieran en ese país durante la dictadura de Milosevic?

¿Cuál de las instituciones comunitarias está autorizada a dar el visto bueno a las inversiones fuera del territorio de la Unión Europea y, en este caso concreto, en la antigua Yugoslavia?

¿Está al corriente la Comisión de que en los documentos de investigación de las Naciones Unidas sobre el tesoro escondido de Slobodan Milosevic, entregados al Tribunal de La Haya, figuran ingresos de unos 500 millones de euros procedentes de Italia en favor de empresas «off-shore» con sede en Chipre?

¿Está al corriente la Comisión de que los investigadores de las Naciones Unidas consideran que estos ingresos son una parte del pago de la cuota de Telekom Serbia (29 %), adquirida por Telecom Italia?

¿Posee la Comisión noticias de utilidad a efectos de la investigación para descubrir el origen económico del tesoro escondido de Milosevic?

¿Qué iniciativas piensa tomar la Comisión para contribuir a que se aclaren estos hechos?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(10 de octubre de 2003)

En ausencia de sanciones económicas y financieras impuestas por la Comunidad Europea, de conformidad con la posición común de la UE relativa a un determinado Estado tercero, las empresas europeas pueden invertir libremente en el Estado en cuestión. Es importante subrayar que, en el período a que parece hacer referencia Su Señoría, la República Federal de Yugoslavia no estaba sujeta a ningún embargo sobre las inversiones en aplicación del derecho comunitario. En general, las instituciones europeas no preconizan un «visto bueno», una «autorización» o un «incentivo» específicos por lo que respecta a las inversiones efectuadas fuera de la Unión Europea.

A pesar de los estrechos contactos establecidos con las respectivas instituciones, la Comisión no está en condiciones de emitir una opinión sobre pormenores específicos de las investigaciones efectuadas por el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia y otros organismos que velan por el cumplimiento de la ley en este campo.

----

----

(2004/C 88 E/0443)

PREGUNTA ESCRITA E-2741/03

de Richard Corbett (PSE) a la Comisión

(11 de septiembre de 2003)

Asunto:   Croacia

Al examinar la solicitud de adhesión de Croacia a la Unión Europea, ¿tomará en cuenta la Comisión la situación en Krajina por lo que concierne al regreso a sus hogares de la población expulsada por las fuerzas croatas en 1995? ¿Considera la Comisión que el regreso de las personas desplazadas y el trato de las minorías son asuntos a los que se pueden aplicar los criterios de Copenhague para la adhesión a la Unión Europea?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(26 de septiembre de 2003)

Al considerar la solicitud de adhesión de Croacia a la Unión Europea, la Comisión examinará el grado de conformidad de ese país con los criterios establecidos en los Artículos 6 y 49 del Tratado constitutivo de la Unión Europea y desarrollados en las conclusiones del Consejo Europeo de Copenhague (1993). De acuerdo con esos criterios (los llamados «criterios de Copenhague»), todo miembro futuro debe cumplir las condiciones siguientes: i) ser una democracia estable que respete el Estado de Derecho, los derechos humanos y la protección de las minorías; ii) tener una economía de mercado en funcionamiento y disponer de la capacidad necesaria para hacer frente a la presión competitiva y a las fuerzas de mercado dentro de la Unión; y iii) adoptar las normas y políticas comunes que conforman el Derecho comunitario.

Por consiguiente, el proceso de retorno a Croacia de las personas expulsadas por la guerra y el trato dispensado a las minorías serán factores fundamentales para valorar el cumplimiento de los criterios de Copenhague por el Gobierno de aquel país. Sobre la base de esa valoración, la Comisión recomendará al Consejo que se abran o no las negociaciones de adhesión con Croacia en la primavera de 2004.

----

----

(2004/C 88 E/0444)

PREGUNTA ESCRITA E-2796/03

de Erik Meijer (GUE/NGL) a la Comisión

(19 de septiembre de 2003)

Asunto:   Incertidumbre en relación con la necesidad de que las autoridades nacionales ofrezcan una compensación financiera por proyectos regionales que ya no serán financiados por los fondos regionales de la UE después de 2006

Respuesta del Señor Barnier en nombre de la Comisión

(22 de octubre de 2003)

La Comisión está actualmente formulando propuestas para reformar las políticas regionales y de cohesión para el período posterior al 2006. Las propuestas se presentarán en el Tercer Informe de Cohesión, que deberá ser aprobado antes de que finalice 2003. Las propuestas deberán ser coherentes con las propuestas globales sobre las nuevas perspectivas financieras que abarquen el mismo período, que también tienen que ser adoptadas. Es prematuro, por lo tanto, especular sobre la naturaleza de las propuestas de la Comisión relativas a las políticas regionales y de cohesión, aunque puede decirse que las opciones para el futuro no necesariamente se limitarán a las dos mencionadas por Su Señoría.

La Comisión está al tanto del debate que está llevándose a cabo en los Países Bajos y en otros Estados miembros. Evidentemente, es importante tener un marco de planificación estable para la política regional, y de ahí que se estén elaborando propuestas sobre el futuro para presentarlas lo antes posible al Parlamento y al Consejo.

Se trata de decidir los nuevos reglamentos con tiempo suficiente para que los Estados miembros y las autoridades regionales y locales puedan preparar una nueva generación de programas que deberán empezar a ejecutarse desde principios de 2007.

Las decisiones sobre la elegibilidad de las regiones y sobre las dotaciones financieras deberán seguir a la adopción de los nuevos reglamentos. Cuando las decisiones dependan de la responsabilidad de la Comisión, se adoptarán lo más rápidamente posible y los resultados serán publicados en el Diario Oficial.

----

----

(2004/C 88 E/0445)

PREGUNTA ESCRITA E-2843/03

de Astrid Thors (ELDR) a la Comisión

(25 de septiembre de 2003)

Asunto:   Internamiento de menores en instituciones de Letonia

El Consejo concede gran importancia al hecho de que los países candidatos respeten los criterios políticos de adhesión establecidos por el Consejo Europeo de Copenhague, sobre todo los relacionados con la democracia, con el Estado de Derecho, con los derechos humanos y con la protección de las minorías (H-0350/03, respuesta escrita del Consejo de 4.6.2003.).

¿En algún momento ha tenido en cuenta la Comisión la situación de los menores internados en centros de acogida de Letonia, sobre todo considerando que la Comisión ha intentado desarrollar estrategias similares en otros países candidatos?

Respuesta del Sr. Verheugen en nombre de la Comisión

(22 de octubre de 2003)

Desde el dictamen de 1997, la Comisión ha concluido en sus sucesivos Informes Periódicos Anuales que Letonia sigue cumpliendo los denominados criterios políticos de Copenhague, es decir, el respeto de la democracia, del Estado de Derecho, de los derechos humanos y de la protección de las minorías. El país continúa abordando todas las cuestiones pendientes en este ámbito.

Εn el contexto de los derechos de los menores, Letonia ha ratificado varias convenciones, tales como la Convención Europea sobre el ejercicio de los derechos del niño (mayo de 2001) así como el Convenio Europeo relativo al reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia de custodia de menores y restablecimiento de dicha custodia (abril de 2002). Dentro de las evidentes limitaciones de un país en transición, Letonia continúa invirtiendo en la mejora de las instituciones sociales, incluidas las de acogida de menores.

Letonia es la auténtica responsable de la aplicación de la política en favor de los menores. No obstante, la Comisión ha prestado asistencia para proyectos a través de las organizaciones no gubernamentales (ONG) que operan en este ámbito, en virtud del programa intersectorial Access, a fin de mejorar la situación de los niños en los centros de acogida letones. Esta ayuda se dirige a las instituciones de protección infantil como orfanatos, escuelas con niños en situaciones de riesgo, centros diurnos de acogida para niños desfavorecidos y familias con problemas sociopsicológicos y de integración, así como niños vulnerables desde un punto de vista social y sanitario, como por ejemplo los niños de la calle o víctimas de malos tratos.

La Comisión continuará realizando un seguimiento de la situación en Letonia hasta el momento de la adhesión. Los alentadores progresos actuales en el ámbito de la cohesión económica y social así como la futura disponibilidad de Fondos Estructurales contribuirán sin duda a lograr ulteriores mejoras en las instituciones sociales letonas, incluidos los centros de acogida de menores.

----

----

(2004/C 88 E/0446)

PREGUNTA ESCRITA E-2856/03

de Jens-Peter Bonde (EDD) a la Comisión

(26 de septiembre de 2003)

Asunto:   El estatuto de la lengua turca

¿Podría indicar la Comisión qué estatuto tendrá la lengua turca tras la ampliación el 1 de mayo de 2004 con Chipre y establecer una comparación con el estatuto de las lenguas gaélica y luxemburguesa?

Respuesta del Sr. Verheugen en nombre de la Comisión

(21 de octubre de 2003)

De no alcanzarse un acuerdo antes del 1 de mayo de 2004, la lengua turca no logrará el estatus de lengua oficial o de trabajo de las instituciones de la Unión, dado que el Tratado de Adhesión no prevé ninguna disposición al respecto. En cambio, el Protocolo No 10 del Anexo del Tratado de Adhesión prevé en ese caso la suspensión de la aplicación del acervo comunitario en aquellas zonas de Chipre en las que el Gobierno no ejerza un control efectivo.

La Comisión continúa alentando a todas las partes a lograr una solución al problema de Chipre antes del 1 de mayo de 2004. El mencionado Protocolo No 10 contiene una cláusula de habilitación que permite adaptaciones de las condiciones de acceso de Chipre a la Unión Europea en lo concerniente a la comunidad turcochipriota. Dichas adaptaciones pueden referirse asimismo al estatus de la lengua turca.

La Comisión ha decidido asignar 3 millones de euros para la traducción al turco de los textos más importantes del acervo comunitario a fin de preparar y facilitar el proceso aproximación de la zona septentrional de Chipre a la Unión. Este proyecto está actualmente en curso.

----

----

(2004/C 88 E/0447)

PREGUNTA ESCRITA E-2857/03

de Graham Watson (ELDR) a la Comisión

(26 de septiembre de 2003)

Asunto:   La República de Seychelles

¿Es consciente la Comisión de los recientes asesinatos cometidos en la República de Seychelles, instigados, según la opinión generalizada, por el Gobierno?

¿Qué acciones ha previsto tomar al respecto?

Respuesta del Sr. Nielson en nombre de la Comisión

(5 de noviembre de 2003)

La Comisión está al corriente del incremento de los delitos violentos en la República de Seychelles y se muestra preocupada por esta situación. Al parecer, dicho aumento se debe, al menos en parte, al empeoramiento de las condiciones socioeconómicas. También tiene conocimiento de las denuncias relativas a la participación de las fuerzas de seguridad del Gobierno, si bien carece de información de primera mano que las respalde.

Si la Comisión tuviera pruebas de la implicación del Gobierno en delitos recientes o si hubiera otras muestras de deterioro de la situación por lo que se refiere al respeto de los derechos humanos, se reconsiderarían las relaciones con la República de Seychelles.

----

----

(2004/C 88 E/0448)

PREGUNTA ESCRITA E-2859/03

de Mario Borghezio (NI) a la Comisión

(26 de septiembre de 2003)

Asunto:   Importancia de los fondos europeos destinados a los fundamentalistas islámicos palestinos de Hamás

Considerando que la Unión Europea financia cuantiosamente la Autoridad Nacional Palestina y que ha dado definitivamente luz verde, durante la reciente Cumbre de Riva del Garda, a la inclusión de la organización palestina Hamás en la lista negra de movimientos terroristas cuya financiación debe suspenderse. ¿Puede indicar la Comisión el volumen de los fondos europeos asignados hasta la fecha, directa e indirectamente, a favor de Hamás?

Respuesta del Sr. Nielson en nombre de la Comisión

(17 de noviembre de 2003)

La Unión no ha suscrito contrato alguno, ni concedido ninguna ayuda directa ni indirecta a la organización Hamás.

----

----

(2004/C 88 E/0449)

PREGUNTA ESCRITA E-2904/03

de Miet Smet (PPE-DE) a la Comisión

(1 de octubre de 2003)

Asunto:   Programa CARDS

La UE fomenta el apoyo al Estado de Derecho, la gobernanza, la responsabilidad pública y la libertad de opinión en los Balcanes Occidentales a través del programa regional de asistencia comunitaria a la reconstrucción, el desarrollo y la estabilización CARDS («Community Assistance for reconstruction, development and stabilisation»). En el marco de este programa regional CARDS, la Comisión Europea publicó en 2002 una convocatoria de propuestas para el «Apoyo al Estado de Derecho, la gobernanza, la responsabilidad pública y la libertad de opinión» (114716/C/G/Multi).

De la antigua Yugoslavia se recibieron al menos tres respuestas de centros de la mujer (el Centro de Estudios de la Mujer de Belgrado, el Centro de Estudios de la Mujer de Zagreb y la Red Académica Alternativa de Belgrado), acompañadas en cada caso de una propuesta de proyecto. Pese al hecho de que el fomento de la igualdad de participación entre hombres y mujeres en el proceso de democratización constituía una de las prioridades del Programa CARDS de Estabilización Democrática para 2002, ninguno de los tres centros mencionados obtuvo ayuda de la UE para la financiación de sus proyectos.

¿Hay otras organizaciones activas en el ámbito de la promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres que hayan obtenido financiación de la UE para sus proyectos a través de la convocatoria de propuestas 114716/C/G/Multi? En caso afirmativo, ¿de qué organizaciones se trata?

¿Por qué razón no se ha dado un curso favorable a las propuestas de proyectos del Centro de Estudios de la Mujer de Belgrado, el Centro de Estudios de la Mujer de Zagreb y la Red Académica Alternativa de Belgrado?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(14 de noviembre de 2003)

La Comisión se esfuerza al máximo por conseguir que la igualdad de trato entre hombres y mujeres se integre en todos los programas de asistencia de la Comunidad Europea. La selección de los proyectos que participan en las convocatorias de propuestas dentro del Programa de Asistencia Comunitaria a la Reconstrucción, el Desarrollo y la Estabilización (CARDS) sigue unos procedimientos de evaluación muy estrictos, cuyo objetivo es seleccionar las propuestas que mejor se adapten a los recursos financieros disponibles.

Por lo que respecta al proyecto propuesto que menciona Su Señoría, es importante recalcar que de las 130 propuestas recibidas de los seis Estados beneficiarios de los Balcanes Occidentales, sólo nueve han sido escogidas. Estas nueve fueron seleccionadas estrictamente sobre la base de la calidad de los proyectos en relación con factores como la capacidad de gestión y la sostenibilidad de las propuestas. Desgraciadamente, las tres organizaciones que menciona Su Señoría no consiguieron obtener una evaluación que les permitiera ser financiadas. No obstante, puede que a Su Señoría le interese saber que la Organización No Gubernamental (ONG) «Woman Kind World Wide» recibirá una subvención para desarrollar, con la ayuda de los socios locales, un Programa de Liderazgo de la Mujer Albanesa.

Con carácter general, la promoción de la igualdad de participación de hombres y mujeres en el proceso de democratización de Serbia y Montenegro constituye también una de las prioridades de la Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH). El programa de microproyectos IEDDH 2000, que finalizará en diciembre de 2003, ha apoyado a cuatro organizaciones locales femeninas serbias (Centro de la Mujer de Novi Sad; línea telefónica directa de socorro y Centro para Muchachas; Grupo Multiétnico Seleus de la Mujer; y Centro Autónomo de la Mujer) y dos organizaciones locales femeninas de Montenegro (Liga de Votantes Femeninas de Montenegro y Foro de la Mujer). La Comisión seguirá prestando especial atención a la igualdad de trato entre hombres y mujeres en los programas CARDS y IEDDH.

----

----

(2004/C 88 E/0450)

PREGUNTA ESCRITA E-2956/03

de Bart Staes (Verts/ALE) a la Comisión

(8 de octubre de 2003)

Asunto:   Aumento de la ayuda destinada al Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población (FNUAP)

A pesar de que el Ministerio estadounidense de Asuntos Exteriores declaró inocente al FNUAP de la práctica de abortos y esterilizaciones forzadas, la Cámara de diputados estadounidense decidió el martes 23 de julio la suspensión de la ayuda estadounidense a dicho Fondo. A causa de ello, este Fondo dejará de percibir en 2004 y 2005 aproximadamente 100 millones de dólares.

El Fondo ayuda a los países en desarrollo en la creación de una buena asistencia sanitaria ginecológica y es un órgano importante contra la explosión demográfica y otras tendencias demográficas que conducen a la pobreza. En este contexto, el Fondo se encarga, entre otros cometidos, de la (información sobre) anticoncepción. La suspensión de la contribución estadounidense tiene como consecuencia que no se podrán evitar dos millones de embarazos no deseados y 800 000 abortos. Los cálculos indican que miles de niños y de madres morirán en el puerperio por falta de recursos.

¿Qué opina la Comisión sobre esta medida estadounidense y ha comunicado su punto de vista también a los responsables políticos de los Estados Unidos?

¿Está dispuesta la Comisión a destinar (en lo sucesivo) ayuda suplementaria al FNUAP para salvar una cantidad considerable de vidas humanas?

En caso afirmativo, ¿a cuánto va a ascender la ayuda suplementaria prevista por la Comisión?

En caso negativo, ¿por qué motivos?

Respuesta del Señor Nielson en nombre de la Comisión

(19 de noviembre de 2003)

La Comisión está muy decepcionada ante la decisión adoptada por la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de suspender las contribuciones al FNUAP. Apoya plenamente las políticas establecidas en el Programa de Acción adoptado en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, celebrada en el Cairo en 1994. Asimismo, considera que esta última decisión por parte de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos pone en peligro la ejecución del Programa.

La Comisión ha prestado asistencia a los proyectos del FNUAP en muchas ocasiones. El año pasado, financió un proyecto en apoyo del FNUAP por 20 millones de euros como parte de un paquete de 32 millones de euros para salud en materia de reproducción y sexualidad, tras previos recortes del apoyo de los Estados Unidos. Se han destinado otros 12 millones de euros para una ampliación de este Programa. La Comisión también está dispuesta a revisar cualquier propuesta recibida del FNUAP en la convocatoria de propuestas contenida en el Reglamento (CE) no 1567/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2003, relativo a la ayuda para políticas y acciones sobre la salud y derechos en materia de reproducción y sexualidad en los países en desarrollo (1). En el proyecto de presupuesto para 2004, esta línea presupuestaria se ha incrementado hasta 17,8 millones de euros con objeto de hacer frente al aumento de las necesidades en este sector.

----

(1)DO L 224 de 6.9.2003.

----

----

(2004/C 88 E/0451)

PREGUNTA ESCRITA P-2972/03

de Bill Newton Dunn (ELDR) a la Comisión

(6 de octubre de 2003)

Asunto:   Fondos de la UE para Kenya

¿Puede precisar la Comisión quién se ha beneficiado de las ayudas europeas concedidas a Kenya, y en particular a la región de Giratu, y cómo efectúa el seguimiento de estas ayudas? ¿Qué mecanismos existen para controlar la distribución de estos fondos? Si tales mecanismos no existen, ¿puede la Comisión explicar las razones? Asimismo, ¿puede la Comisión proporcionar información sobre la fuente de financiación para plazas de educación secundaria para niños en Kenya y en la región de Giratu

Respuesta del Señor Nielson en nombre de la Comisión

(24 de octubre de 2003)

El Informe Estratégico Por País es la base de la cooperación entre la Comunidad y Kenya y en él se incluye un programa indicativo. El Informe será negociado con el Gobierno de Kenia en apoyo de políticas sectoriales y macroeconómicas. El Programa Estratégico sobre el País del 9o Fondo Europeo de Desarrollo (FED), aprobado por la Comisión el 16 de septiembre de 2003 (215 millones de euros de ayuda programable para el período 2003-2007) se centra principalmente en el apoyo presupuestario general, el desarrollo rural y el transporte por carretera. La enseñanza no es un sector de concentración para la cooperación comunitaria. Se remite directamente a Su Señoría y a la Secretaría del Parlamento un ejemplar del Informe Estratégico.

Todas las acciones financiadas por la Comunidad son objeto de una evaluación detallada para establecer unos objetivos claramente definidos, los beneficiarios y los resultados a alcanzar mediante una serie de actividades. También tienen sistemas de control adaptados a las diferentes actividades, que proporcionan con regularidad informaciones operativas y financieras. Puede estar también incluido un control externo. Además, los programas comunitarios, en general, son objeto de evaluaciones intermedias y finales para sacar provecho de lo aprendido y mejorar los resultados.

Desde el punto de vista financiero, cada vez se utilizan más las auditorías externas regulares para confirmar que los fondos se han empleado correctamente. La sección de finanzas y contratación de la Delegación en Kenia (desconcentrada desde abril de 2002) también realiza sus propios controles de utilización de los fondos.

Si bien la enseñanza no es un sector de concentración por lo que se refiere al apoyo comunitario en Kenia, se ha proporcionado asistencia a cierto número de escuelas con cargo al Fundo Fiduciario de Desarrollo Comunitario (CDTF), que procura apoyar programas de auto ayuda. Se remite directamente a Su Señoría y a la Secretaría del Parlamento una lista de escuelas secundarias que reciben ayuda del CDTF. Hasta la fecha, el CDTF no ha prestado apoyo a ningún proyecto en la región de Gitaru.

----

----

(2004/C 88 E/0452)

PREGUNTA ESCRITA P-2990/03

de Professor Sir Neil MacCormick (Verts/ALE) a la Comisión

(6 de octubre de 2003)

Asunto:   Decretos Benes (octubre de 2002)

En relación con los documentos de información general y los informes de expertos que se elaboraron en el contexto del dictamen oficial de la Comisión sobre los Decretos Benes (octubre de 2002), ¿puede responder la Comisión a las siguientes cuestiones?

Respuesta del Señor Verheugen en nombre de la Comisión

(24 de octubre de 2003)

El documento titulado «Los decretos presidenciales checos a la luz del acervo comunitario — conclusiones resumidas de los servicios de la Comisión», fechado el 14 de octubre de 2002, se facilitó al Parlamento y al público en general. Se envía ahora otro ejemplar de ese documento directamente a Su Señoría y a la Secretaría del Parlamento.

----

----

(2004/C 88 E/0453)

PREGUNTA ESCRITA E-2997/03

de Bill Newton Dunn (ELDR) a la Comisión

(14 de octubre de 2003)

Asunto:   Doble imposición en Finlandia y el Reino Unido

En mi circunscripción electoral hay dos personas de origen finés que viven actualmente en el Reino Unido. El marido percibe una pensión de Finlandia. Lo que ocurre es que la Oficina liquidadora de Helsinki descuenta de esta pensión un impuesto local del 17 % antes de abonarla. El porcentaje deducido se destina al parecer a servicios varios como extinción de incendios, alumbrado público, bibliotecas, subvenciones a clases nocturnas, etc., de la ciudad de Helsinki.

Teniendo en cuenta que el matrimonio vive ahora en el Reino Unido y no está en situación de disfrutar de ninguno de estos servicios en Helsinki, ¿es correcto que se le aplique una retención del 17 % de la pensión?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(12 de noviembre de 2003)

Por lo general, los Estados miembros son libres de decidir sobre la distribución entre sí de los derechos de imposición. Tal como dispuso el Tribunal de Justicia en el caso Gilly (Asunto C-336/96, apartado 24), los Estados miembros tienen competencia para establecer los criterios de imposición de las rentas y del patrimonio con el fin de suprimir, llegado el caso mediante acuerdos, la doble imposición.

La aplicación del acuerdo sobre imposición entre Finlandia y el Reino Unido compete, en principio, a los Estados miembros implicados. Dicho acuerdo confiere a Finlandia el derecho exclusivo de gravar las pensiones abonadas por su país conforme a la legislación de la seguridad social finlandesa. Asimismo, le otorga el derecho exclusivo de gravar las pensiones abonadas por el Estado a nacionales finlandeses por servicios prestados en Finlandia. El acuerdo contempla expresamente el impuesto «municipal» finlandés. Sin embargo, las pensiones privadas abonadas por Finlandia al Reino Unido sólo pueden gravarse en este último país. Así pues, para saber si el acuerdo sobre imposición se aplica correctamente en el caso a que se refiere Su Señoría, es preciso conocer el tipo de pensión que percibe el interesado.

----

----

(2004/C 88 E/0454)

PREGUNTA ESCRITA E-3006/03

de Joachim Wuermeling (PPE-DE) a la Comisión

(14 de octubre de 2003)

Asunto:   Exenciones fiscales en la República Checa

Respuesta del Sr. Verheugen en nombre de la Comisión

(5 de diciembre de 2003)

----

----

(2004/C 88 E/0455)

PREGUNTA ESCRITA P-3020/03

de Anna Karamanou (PSE) a la Comisión

(8 de octubre de 2003)

Asunto:   Derechos humanos en Rumania — Matrimonios de gitanos menores de edad

El drama de la gitana de doce años, Ana María Sioaba, la joven princesa de la comunidad Rom de Rumania que se vio obligada a contraer matrimonio a pesar de sus desesperadas negativas, ha sacado a la luz las graves violaciones de los derechos humanos fundamentales en un país candidato a la adhesión a la Unión Europea en 2007.

La adhesión de los gitanos a sus tradiciones constituye, en casos como éste, una flagrante violación de los derechos humanos de los jóvenes gitanos. No sólo no se les pregunta si quieren casarse ni con quién, sino que se ven obligados mediante la violencia a someterse a la elección de sus familiares de sexo masculino. Todo esto se produce ante la tolerancia, cuando no la complicidad, del Gobierno, que opta por no aplicar las leyes ni el Derecho del país, en particular a los gitanos. Es característico que la edad legal para contraer matrimonio en Rumania sea de 18 años, aunque en algunos casos pueda contraerse matrimonio a los 16. Sin embargo, de forma específica en lo referente a los gitanos, las autoridades miran hacia otra parte, con el resultado de que se perpetúa la mencionada práctica de los matrimonios forzosos.

¿Qué medidas piensa tomar la Comisión y qué gestiones piensa realizar ante el Gobierno de Rumania para que proteja los derechos humanos de los gitanos menores de edad, teniendo en cuenta que la candidatura para la adhesión de Rumania a la Unión Europea hace necesario un importante avance de este país en lo referente a la protección de los derechos humanos?

Respuesta del Señor Verheugen en nombre de la Comisión

(24 de octubre de 2003)

La Comisión está al tanto del casamiento al estilo tradicional entre dos gitanos menores, que tuvo lugar recientemente en Rumania. Ese matrimonio no tiene valor jurídico dado que ninguno de los dos menores ha alcanzado la edad legal para contraer matrimonio con arreglo a la legislación rumana.

La Comisión puede informar a Su Señoría de que el Departamento de Protección Infantil de la provincia en que se celebró el tradicional casamiento llegó a un acuerdo con los padres de los interesados, en virtud del cuál ambos menores han regresado a sus hogares paternos, seguirán asistiendo a la escuela y participarán en sesiones de asesoramiento en el Servicio de Protección Infantil hasta que alcancen la edad legal para contraer matrimonio.

----

----

(2004/C 88 E/0456)

PREGUNTA ESCRITA P-3023/03

de Anders Wijkman (PPE-DE) a la Comisión

(8 de octubre de 2003)

Asunto:   La lucha contra la meningitis en África

Con frecuencia se producen en África epidemias de meningitis que se cobran la vida de miles de personas y dejan discapacitadas para siempre a otras muchas. La aparición de una nueva variante de la bacteria W135, causante de la meningitis, ha hecho que la vacuna tradicional sea insuficiente, e incluso posiblemente ineficaz. En un tiempo récord, una empresa de capital público y privado ha conseguido producir, bajo la égida de la OMS, una vacuna contra la nueva bacteria. A fin de estar debidamente preparados ante la eventualidad de que se produzcan, como es de temer, nuevos brotes en algunas zonas de África a principios del año 2004, serán necesarios varios millones de dosis de estas nuevas vacunas. El coste estimado de un programa de preparación eficaz es de unos 8,5 millones de euros. La mayor parte de esta cantidad deberá desembolsarse de inmediato, porque no puede esperarse hasta que se declare la epidemia.

¿Qué función tiene intención de asumir la UE en relación con los esfuerzos necesarios para evitar que pueda producirse en un futuro próximo una grave epidemia de meningitis en los llamados «países del cinturón de la meningitis»?

Respuesta del Sr. Nielson en nombre de la Comisión

(18 de noviembre de 2003)

La Comisión Europea tiene conocimiento de la preocupante situación provocada por las epidemias de meningitis en África, sobre todo con la aparición de la nueva cepa W135.

La Comunidad Europea está prestando apoyo en África Occidental, la región más afectada, al programa regional «Apoyo a la Independencia de África en el ámbito de las Vacunas». Este programa estrecha la coordinación entre los países de la región en lo que se refiere a la gestión y la utilización de las existencias de vacunas, en colaboración con la OMS. El programa, en colaboración con ECHO, resultó ser el más eficaz contra la epidemia de fiebre amarilla del año pasado en la región y podría servir también de apoyo a iniciativas relacionadas de lucha contra las epidemias de meningitis.

En la actualidad, la Comisión Europea está elaborando un programa de asistencia sanitaria en el marco de la Estrategia Regional para África Occidental (15 millones de euros). La Comisión Europea está estudiando las posibilidades de preparación (incluidas las existencias de vacunas), pronta detección y respuesta ante las principales epidemias (incluida la meningitis) que se declaren en la región. Se conseguirá una prevención más eficaz haciendo llegar la vacuna trivalente a los países en que la enfermedad es endémica, aplicando estrategias tales como las respaldadas por la Alianza Mundial para el Fomento de la Vacunación y la Inmunización (GAVI) y otros agentes en la región pero sigue habiendo dificultades técnicas respecto a la inmunogenicidad de la vacuna para los niños y, por tanto, respecto a su inclusión en el programa ampliado de inmunización. Además, la Comunidad Europea financia la investigación de vacunas más eficaces y apropiadas contra la meningitis.

La Comunidad Europea ha establecido asimismo una estrategia clara respecto a la preparación ante las catástrofes y a su prevención (DPP); es necesario aumentar el apoyo a la DPP en la programación periódica de la CE (dotación A o B), a reserva de que los países socios respeten las prioridades.

En el último año, la Comunidad Europea, a través de ECHO, ha suministrado financiación por valor de 920 000 euros para intervenciones contra brotes de meningitis en África. La mayor parte de esa contribución sirvió para adquirir alrededor de 600 000 dosis de vacuna contra la meningitis, siendo la mayoría de ellas ACW trivalentes, incluidos los serotipos clásicos A y C, y la nueva cepa resistente W135. Actualmente, ECHO está diseñando un programa de un año para reaccionar con mayor rapidez ante la aparición de epidemias de la región. La Comisión está contribuyendo también a los servicios esenciales de prevención y de asistencia, que serán la base de la capacidad a largo plazo de alerta rápida, detección y reacción ante las epidemias de la región.

En el marco de las intervenciones humanitarias realizadas por la Oficina de Ayuda Humanitaria (ECHO), como principio general no se pueden financiar asignaciones previas de existencias en relación con la previsión de una situación de emergencia humanitaria potencial. La política de ECHO es ocuparse de las necesidades detectadas en una crisis humanitaria determinada, poniendo rápidamente a disposición recursos a través de los socios de ECHO encargados de la prestación de la ayuda cuando se producen las situaciones de emergencia, previa presentación de propuestas operativas por parte de organizaciones humanitarias. ECHO financia los costes de los socios en el período operativo y puede considerar también la financiación del coste de los productos adquiridos y almacenados antes de que se firme la subvención y distribuidos posteriormente, siempre que dichas existencias se utilicen durante el período previsto en el contrato y en el marco de la operación financiada.

----

----

(2004/C 88 E/0457)

PREGUNTA ESCRITA P-3057/03

de Bartho Pronk (PPE-DE) a la Comisión

(14 de octubre de 2003)

Asunto:   Situación de los derechos humanos en Guatemala, concretamente la situación del Sr. Rigoberto Dueñas Morales

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(5 de noviembre de 2003)

La Comisión tiene conocimiento del caso de D. Rigoberto Duenãs Morales en Guatemala. Está intentando recabar mayor información sobre el asunto e intercambiando opiniones con los Estados miembros antes de decidir qué medidas podrían adoptarse. También se han entablado contactos al respecto con D. José Pinzón, Secretario General de la Central General de Trabajadores de Guatemala.

La Comisión se muestra preocupada por el deterioro general de la situación de los derechos humanos y la impunidad en el país, tal como han señalado recientemente las organizaciones locales e internacionales de derechos humanos y, entre ellas, la Misión de las Naciones Unidas en Guatemala (Minugua) y la Comisión Interamericana de derechos humanos de la Organización de los Estados Americanos. En particular, tal como declararon la Presidencia de la Unión el 22 de agosto de 2003 y el Consejo Europeo el 18 de octubre de 2003, la Comisión muestra inquietud por el aumento de tensión y las continuas violaciones de los derechos humanos ocurridos durante la fase preelectoral.

En este contexto, la Comisión y los Estados miembros han solicitado a los representantes del sistema judicial, entre los que figura el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, que intensifiquen la labor de investigación de las violaciones de los derechos humanos y de lucha contra la impunidad. Por lo que se refiere a las inminentes elecciones, se ha desplegado en todo el país desde finales de septiembre de 2003 una Misión de observación electoral de la Unión con el fin de supervisar todo el proceso electoral hasta principios de enero de 2004. Además de proporcionar un informe exhaustivo y de formular recomendaciones sobre dicho proceso, la Misión de observación tiene por objeto fomentar la confianza de los electores guatemaltecos en el proceso electoral y reducir la tensión y la violencia en el país.

Cabe destacar que la Comisión está presente en Guatemala en el marco de programas de cooperación destinados a alentar a las contrapartes y las autoridades locales a progresar en determinados ámbitos como son el respeto de los derechos humanos y el sistema judicial, entre los que figura la Iniciativa europea para la democracia y los derechos humanos (IEDDH).

Por último, uno de los objetivos principales de la Comisión a raíz de la reunión del Grupo Consultivo celebrada en la ciudad de Guatemala en mayo de 2003 consiste en impulsar a las autoridades y la sociedad guatemaltecas a acelerar la aplicación de los acuerdos de paz firmados en 1996, así como fomentar los derechos humanos y la lucha contra la impunidad.

----

----

(2004/C 88 E/0458)

PREGUNTA ESCRITA E-3080/03

de David Bowe (PSE) a la Comisión

(20 de octubre de 2003)

Asunto:   Suministro de agua potable en Palestina

Según la Organización Mundial de la Salud, la cantidad mínima de agua necesaria en los hogares es de 100 litros por persona y día. Las estadísticas oficiales demuestran que en los hogares palestinos, la cantidad media que gasta una persona al día se sitúa entre 57 y 76 litros, mientras que los israelíes consumen una cantidad cuatro veces superior.

¿Piensa la UE intervenir de alguna manera en favor de un reparto más equilibrado de este recurso básico? Si no tuviera la intención de hacerlo, ¿cuáles son sus motivos?

----

----

(2004/C 88 E/0459)

PREGUNTA ESCRITA E-3081/03

de David Bowe (PSE) a la Comisión

(20 de octubre de 2003)

Asunto:   Saneamiento de aguas residuales en Palestina

Únicamente el 37,5 % de los hogares palestinos está conectado a un sistema de evacuación de aguas residuales. Esta situación origina serios peligros para el medio ambiente.

¿Es la Comisión consciente de las consecuencias de esta situación para la salud de la población palestina? ¿Qué acciones piensa emprender para abordar el problema?

----

----

(2004/C 88 E/0460)

PREGUNTA ESCRITA E-3082/03

de David Bowe (PSE) a la Comisión

(20 de octubre de 2003)

Asunto:   Supuestos vertidos de residuos tóxicos en Palestina por parte de Israel

¿Sabe la Comisión que se acusa a Israel de depositar residuos tóxicos en las proximidades de asentamientos palestinos, en violación del acuerdo israelo-palestino de Oslo II? ¿Emprenderá alguna acción para evitar que Israel siga violando este acuerdo? Si no tuviera la intención de hacerlo, ¿cuáles son sus motivos?

Respuesta común

a las preguntas escritas E-3080/03, E-3081/03 y E-3082/03

dada por el Sr. Patten en nombre de la Comisión

(21 de noviembre de 2003)

La Comisión, junto con los Estados miembros, conceden a los palestinos casi la mitad de toda la ayuda financiera que reciben, siendo el principal donante individual. El objetivo de la ayuda es reforzar las instituciones del futuro Estado palestino, satisfaciendo al mismo tiempo las necesidades más urgentes de la población.

La Comisión, en estrecha cooperación con otros donantes internacionales, trata a través de algunos proyectos locales el problema general de los servicios de sanidad básicos, la educación, los servicios sociales y el problema más concreto del abastecimiento y el tratamiento del agua. Por ejemplo, con su contribución de 60 millones de euros anuales al presupuesto ordinario del Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (OOPS), apoya las labores de este organismo, que se encarga del abastecimiento de agua a los refugiados palestinos y del tratamiento de las aguas residuales y los residuos sólidos.

Además, a través del programa de la ayuda de emergencia concedida a los municipios palestinos actualmente en ejecución, dotado con 30 millones de euros, la Comisión contribuye a la rehabilitación de los servicios públicos básicos de los municipios del Cisjordania y Gaza. A cargo de este programa se realizan, por ejemplo, los proyectos de reemplazo de las tuberías del agua en Belén y la rehabilitación de las carreteras, incluida la construcción de un nuevo sistema de alcantarillado, en Gaza.

Asimismo, la Comisión considera que el agua es un elemento importante del Proceso de Paz en Oriente Medio. Ha apoyado financiera y políticamente las labores del Representante Especial de la UE para los problemas hídricos y participa de manera activa en el subgrupo de trabajo del Consejo sobre este asunto. Ha lanzado también un proyecto regional, el Proyecto de Bancos Regionales de Datos sobre el Agua (BRDA), en el que participan las instituciones y organismos gubernamentales de Israel, Jordania y Palestina responsables del agua, para desarrollar un sistema de control a tiempo real con objeto de mejorar la capacidad de prevención y gestión de cambios fundamentales en las cuencas fluviales y de alimentación.

La Comisión es consciente de las informaciones según las cuales Israel ha vertido grandes cantidades de residuos peligrosos sin tratar en Cisjordania y Gaza. También somos conscientes de la falta de infraestructuras en los Territorios Palestinos para procesar los residuos peligrosos y separarlos de los no peligrosos. La Comisión participó en el estudio teórico sobre el medio ambiente en los Territorios Palestinos ocupados, realizado en enero de 2003, por el Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas. El estudio plantea la cuestión del presunto vertido sin llegar a una conclusión. Recomienda no obstante la realización de un estudio sobre el terreno para recopilar pruebas al respecto.

----

----

(2004/C 88 E/0461)

PREGUNTA ESCRITA P-3110/03

de María Sornosa Martínez (PSE) a la Comisión

(17 de octubre de 2003)

Asunto:   Retirada de la financiación comunitaria para el proyecto Juan XXIII en Alicante (España)

El Ministerio de Hacienda se ha dirigido recientemente al Ayuntamiento de Alicante para comunicarles la decisión formal de la Comisión Europea de interrumpir la adjudicación de Fondos FEDER para la rehabilitación del barrio de Juan XXIII en el municipio alicantino.

¿Podría informar la Comisión de cuáles han sido los motivos que le han impulsado a retirar las ayudas comunitarias para este proyecto?

Respuesta del Sr. Barnier en nombre de la Comisión

(11 de noviembre de 2003)

La Comisión pone en conocimiento de Su Señoría que el proyecto de rehabilitación del barrio de Juan XXIII en Alicante a que se refiere no ha sido objeto de propuesta de cofinanciación alguna a la Comisión en el marco de los Fondos Estructurales.

La Comisión se ha dirigido a las autoridades del Ministerio de Economía, responsables del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en España. Dichas autoridades confirman que el proyecto considerado quedó excluido de una posible cofinanciación comunitaria en el marco del programa operativo local (2000-2006) por motivos relacionados con el cumplimiento de la normativa comunitaria en materia de contratación pública.

La Comisión recuerda a Su Señoría que, con arreglo al principio de subsidiariedad, tanto la selección de los proyectos cofinanciados con cargo los Fondos Estructurales dentro de cada programa como su ejecución son competencia exclusiva de los Estados miembros.

----

----

(2004/C 88 E/0462)

PREGUNTA ESCRITA P-3132/03

de José Ribeiro e Castro (UEN) a la Comisión

(17 de octubre de 2003)

Asunto:   Cuba — Iniciativa Sajarov

El 4 de septiembre de 2003, en la sesión plenaria de Estrasburgo, el Parlamento Europeo aprobó por una amplísima mayoría una resolución relativa a Cuba, en cuyo apartado 12 se lee lo siguiente:

Esta parte de la Resolución fue una consecuencia de lo que denominé «Iniciativa Sajarov», promovida por mi en el Parlamento Europeo y que ya había merecido la firma individual de 205 diputados. También me referí a este asunto en cartas de 28 de mayo, 3 de julio y 24 de septiembre de 2003, dirigidas al Presidente de la Comisión.

Mientras tanto, se ha sabido que el propio Oswaldo Payá ha entregado más de 14 000 firmas en el Parlamento cubano, en el marco del desarrollo del «Proyecto Varela». El hecho merece destacarse particularmente, a la vista de las durísimas condiciones a las que se enfrentan actualmente los demócratas cubanos.

¿Puede comunicar la Comisión si ya ha iniciado alguna diligencia para dar cumplimiento a la «Iniciativa Sajarov», citada en el apartado 12 de la Resolución sobre Cuba, aprobada el 4 de septiembre de 2003 y, en caso afirmativo, especificar cuáles son?

Ante la reciente entrega de más de 14 000 firmas al Parlamento cubano por Oswaldo Payá, en el marco del «Proyecto Varela», que ya ha merecido una amplia cobertura por parte de los medios de comunicación, ¿no considera la Comisión que éste es el mejor momento para concretar esa solicitud expresa del Parlamento Europeo?

Respuesta del Sr. Nielson en nombre de la Comisión

(5 de febrero de 2004)

La Comisión ha tomado nota de la Resolución del Parlamento sobre Cuba, adoptada el 4 de septiembre de 2003 y, en particular, de su punto 12 relativo a Oswaldo Payá. La Comisión es plenamente consciente de la situación del Sr. Paya y deplora la decisión de las autoridades cubanas de no permitirle desplazarse a Bruselas para participar en una reunión de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, el 1 de diciembre de 2003.

El 5 de junio de 2003, la Unión decidió una serie de medidas en respuestas a las adoptadas por las autoridades cubanas contra miembros de la oposición y periodistas independientes. Por otra parte, los acontecimientos en Cuba condujeron posteriormente al Consejo a reexaminar su Posición Común relativa a Cuba (1) el 21 de julio de 2003 (2), con casi seis meses de antelación a la fecha prevista.

La Comisión y los Estados miembros continúan siguiendo atentamente la evolución de la situación en Cuba, en especial en lo que respecta a miembros de la oposición como Oswaldo Payá. La Comisión desea proporcionarles todo el apoyo posible en la actual situación, lo que implica, obviamente, tener plenamente en cuenta las difíciles circunstancias en que viven.

La Comisión respalda firmemente los esfuerzos de democratización en Cuba y, tanto el Presidente como los Miembros de la Comisión competentes tendrán mucho gusto en reunirse con el Sr. Payá cuando venga a Bruselas.

----

(1)  Posición Común 96/697/CFSP sobre Cuba definida por el Consejo con arreglo al artículo J.2 del Tratado de la Unión Europea, DO L 322 de 12.12.1996.

(2)  http://europa.eu.int/abc/doc/off/bull/en/200307/p1061 54.htm.

----

----

(2004/C 88 E/0463)

PREGUNTA ESCRITA E-3147/03

de Ilda Figueiredo (GUE/NGL) a la Comisión

(23 de octubre de 2003)

Asunto:   Reciente escalada de agresión por parte de Israel en Oriente Próximo

En una reciente visita realizada a Palestina con otros parlamentarios, esta diputada ha podido comprobar que el Gobierno de Israel, a pesar de las críticas y protestas, prosigue:

Mientras tanto, Israel ha aumentado su escalada de agresión militar atacando a Siria, por primera vez desde 1974.

Frente a esta realidad, no basta con expresar «preocupación» ni mucho menos aceptar, siguiendo los pasos de los EE.UU., la equiparación del nivel de responsabilidades entre Israel y Palestina, confundiendo agresor y agredido, o exigiendo cínicamente a las autoridades palestinas que controlen los actos terroristas, mientras que Israel destruye todos los medios de que disponen.

En este contexto y considerando asimismo los sucesivos llamamientos de las autoridades palestinas, ¿puede indicar la Comisión:

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(4 de diciembre de 2003)

La Unión reconoce el derecho irrevocable de Israel de vivir en paz y seguridad dentro de los confines reconocidos a nivel internacional. Continúa exhortando a la Autoridad Palestina, en cuanto órgano directivo legítimo de los Territorios Palestinos, a que haga todo lo posible por impedir los actos terroristas, llevar a los culpables ante la justicia y desmantelar todas las redes terroristas. Al mismo tiempo, la Unión solicita la creación de un Estado palestino soberano, democrático y viable. Los Jefes de Estado de la Unión han suscrito la «Hoja de ruta» y, de conformidad con sus propuestas y las resoluciones de las Naciones Unidas al respecto, han invitado repetidamente a Israel a retirar las fuerzas militares y suspender la ocupación, interrumpir las ejecuciones extrajudiciales, modificar el trazado de la barrera de seguridad, suprimir las barreras y otras restricciones impuestas al pueblo palestino, así como desmantelar los puestos avanzados y suspender la expansión de los asentamientos.

Por lo que respecta a la suspensión del Acuerdo de asociación con Israel, la Comisión reconoce la frustración de quienes sienten que las cosas han ido de mal a peor en los últimos tres años. En conjunto, sin embargo, la Comisión, reflejando la opinión expresada por los Ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea en el Consejo «Relaciones Exteriores», considera que la suspensión del acuerdo en este momento disminuiría en vez de aumentar la respuesta de las autoridades israelíes a los esfuerzos realizados por la comunidad internacional para lograr una solución duradera.

----

----

(2004/C 88 E/0464)

PREGUNTA ESCRITA P-3179/03

de Glyn Ford (PSE) a la Comisión

(20 de octubre de 2003)

Asunto:   Estancamiento en Camboya

¿Se ha manifestado la Comisión de algún modo ante las autoridades de Camboya con objeto de contribuir a que se resuelva el actual estancamiento constitucional, especialmente en el contexto de la historia agitada y violenta del país?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(12 de noviembre de 2003)

La Comisión y los Estados miembros representados en Phnom Penh siguen de cerca la reciente evolución política de Camboya. Los representantes de la Comisión han instado en varias ocasiones a todos los partidos políticos para que hagan todo lo posible de forma pacífica para alcanzar un acuerdo sobre la formación de un nuevo Gobierno que refleje las aspiraciones del electorado.

----

----

(2004/C 88 E/0465)

PREGUNTA ESCRITA E-3181/03

de Antonio Tajani (PPE-DE) a la Comisión

(27 de octubre de 2003)

Asunto:   Envío de observadores de la UE al Referéndum sobre Chávez

En Venezuela cada vez se agrava más la crisis política, económica e institucional por la que atraviesa el país. Desde la victoria de Chávez en las elecciones de 1998 a la Presidencia de la República, una serie de acontecimientos ha producido una gravísima ruptura entre los ciudadanos venezolanos.

El violento populismo de Chávez, que declara estar llevando a cabo una fantasmal revolución «bolivariana», ha desembocado en continuas consultas electorales que sólo han logrado provocar una serie de durísimos enfrentamientos callejeros, meses de huelgas, muertos y heridos. Las intervenciones del antiguo Presidente estadounidense Carter y del Presidente de la Organización de Estados Americanos Gaviria no han logrado calmar la situación. Chávez ha concluido una estrecha alianza con Castro y declara querer instaurar en Venezuela el modelo político y social de este último. Tampoco faltó en el pasado una visita al dictador Sadam Husein. Sus relaciones con las FARC, los sanguinarios guerrilleros comunistas narcotraficantes de Colombia, levantan enormes polémicas. En una de sus últimas reuniones, la Internacional Socialista ha expresado una clara y firme condena de la política y los métodos del Presidente Hugo Chávez. En este marco, se observa la presencia de una vasta oposición compuesta por sindicatos, empresarios, partidos políticos tradicionales y medios informativos. Todas estas fuerzas, que cuentan con el apoyo claro y decidido de la Iglesia Católica, se han agrupado en la denominada Coordinadora Democrática, que ha solicitado al Consejo Electoral nacional, tras una tentativa fallida en agosto, que dé inicio a las formalidades necesarias para la recogida de firmas para un referéndum que se celebraría dentro de tres meses. La Constitución venezolana prevé la posibilidad de convocar, a petición del 20 % de los electores, un referéndum de revocación una vez transcurrida la mitad del mandato.

¿Qué iniciativas prevé emprender la Comisión Europea para proteger los derechos democráticos de los venezolanos? ¿Qué tiene previsto hacer la Comisión Europea para tranquilizar y proteger a las numerosas comunidades italiana, española y portuguesa existentes en Venezuela?

¿Tiene previsto el Presidente Prodi intervenir directamente y solicitar a Chávez autorización para una visita de representantes de la Comisión, a fin de comprobar cómo se utilizan los fondos para la cooperación procedentes de la UE?

¿Prevé la Comisión Europea promover el envío de observadores de la UE para comprobar la regularidad del proceso de recogida de firmas para el referéndum y el desarrollo democrático del mismo?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(11 de diciembre de 2003)

La Comisión está siguiendo muy de cerca la situación política de Venezuela. La UE ha apoyado plenamente a la OEA (Organización de Estados Americanos), junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Centro Carter en el Grupo de trabajo tripartito, y el Grupo de Amigos, en sus esfuerzos para facilitar un diálogo nacional. La UE ha recalcado en varias Declaraciones la necesidad de una solución pacífica, democrática, constitucional y electoral. Por otra parte, la Comisión ha ofrecido asistencia financiera y técnica para la aplicación del acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la oposición el 29 de mayo de 2003. Para conseguir este objetivo, la Comisión firmó un proyecto para asistir a la OEA en sus esfuerzos para aplicar el acuerdo, que incluye el apoyo para una solución electoral, la investigación de los acontecimientos de abril de 2002 y el desarme de la población civil. El importe presupuestado es de 600 000 euros. La Comisión está trabajando con la OEA con vistas a hacer posible la oportuna aplicación del proyecto.

Por otra parte, la Comisión está siguiendo muy de cerca los acontecimientos relativos a un posible referéndum/elección y esta dispuesta a considerar el suministro de ayuda, posiblemente incluyendo observación electoral, en caso de que las autoridades venezolanas le inviten a hacerlo. Cualquier decisión para desplegar una misión de observación electoral de la UE dependería de las recomendaciones efectuadas por una misión exploratoria preliminar sobre si las condiciones in situ son favorables a dicha misión, así como sobre las necesidades, el calendario y las capacidades financieras. En cualquier caso, un referéndum de revocación y unas nuevas elecciones sólo podrían llevarse a cabo si se recoge el número necesario de firmas de acuerdo con la Constitución venezolana. Por lo que respecta a la recogida de firmas para solicitar un referéndum sobre la revocación del Presidente Chávez, el CNE (Consejo Nacional Electoral) ha invitado a la OEA, al PNUD y al Centro Carter a actuar como observadores, pero no se ha cursado ninguna invitación a la Unión Europea.

No se ha tomado ninguna acción concreta a nivel de la UE para proteger a los ciudadanos de la UE en Venezuela. Su protección y su apoyo corren normalmente a cargo de sus Estados miembros de origen.

Por lo que respecta a la cooperación bilateral al desarrollo, la Delegación de la Comisión en Caracas supervisa la ejecución de los proyectos. Representantes de la Comisión con base en Bruselas visitan periódicamente el país, y no han experimentado ninguna dificultad en acceder a los proyectos de la Comisión. Ni a ellos ni a la Delegación de la Comisión en Caracas les consta que se haya realizado un uso inapropiado de los fondos de cooperación.

----

----

(2004/C 88 E/0466)

PREGUNTA ESCRITA E-3190/03

de Roberta Angelilli (UEN) a la Comisión

(28 de octubre de 2003)

Asunto:   Promoción del piloto que ocasionó la masacre del monte Cermis

El 3 de febrero de 1998, un avión del Cuerpo de Marínes de los Estados Unidos de América, estacionado en la base aérea de Aviano en el marco de la operación Deliberate Guard, despego para una misión programada de entrenamiento de navegación a baja altura. Poco después, el avión chocó con los cables del teleférico que conecta el pueblo de Cavalese (Trento) con el monte Cermis, que en ese punto se encontraban a una altura estimada de 300 a 400 pies sobre el fondo del valle, cuando la cabina de pasajeros, en descenso, estaba a unos 300 metros de la estación de llegada.

El impacto provocó la rotura instantánea del cable portador y del cable tractor y la cabina se precipitó al suelo muriendo sus veinte ocupantes.

La jurisdicción del proceso abierto para establecer las culpabilidades fue atribuida a un tribunal militar de los Estados Unidos, que decidió no tener en cuenta ni sancionar la posible responsabilidad de los superiores de los cuatro militares que formaban la tripulación. El jueves 4 de marzo de 1999, los ocho miembros del tribunal militar de Camp Lejeune, todos oficiales del Cuerpo de Marínes, declararon también no culpable al piloto del avión. La sentencia provocó sorpresa, desconcierto e indignación en Italia y en el resto de los países europeos, porque parece contradecir la evidencia de los hechos y admitir que una tragedia tan cruenta puede acontecer como consecuencia de un vuelo de entrenamiento en tiempo de paz, en ausencia de averías que puedan justificar la pérdida de control del avión, sin que se establezca ninguna responsabilidad de orden penal.

La prensa italiana publica estos días la noticia de que el capitán Chandler Seagrave, piloto en la misión al Cermis, ya condenado por esta masacre por la comisión parlamentaria italiana que investigó los hechos, no sólo no ha sido castigado por la tragedia provocada, sino que, recientemente, ha sido promovido al grado de mayor por el Ejército estadounidense.

Considerando que este acto constituye un grave ultraje a la memoria de las veinte víctimas y un insulto a sus familias,

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(26 de noviembre de 2003)

El asunto planteado por Su Señoría es competencia de las autoridades judiciales de los Estados Unidos y de Italia. No existe ningún fundamento para que la Comisión se pronuncie al respecto.

----

----

(2004/C 88 E/0467)

PREGUNTA ESCRITA P-3247/03

de Baroness Sarah Ludford (ELDR) a la Comisión

(28 de octubre de 2003)

Asunto:   Informe anual sobre Turquía

¿Podría abordar la Comisión las siguientes preguntas urgentes en su informe anual sobre los progresos que ha realizado Turquía respecto al cumplimiento de los criterios de adhesión de la Unión Europea, previsto para el 5 de noviembre?

----

----

(2004/C 88 E/0468)

PREGUNTA ESCRITA E-3249/03

de Richard Howitt (PSE), Jean Lambert (Verts/ALE) y Renate Sommer (PPE-DE) a la Comisión

(3 de noviembre de 2003)

Asunto:   Informe anual sobre Turquía

¿Podría abordar la Comisión las siguientes preguntas urgentes en su informe anual sobre los progresos que ha realizado Turquía respecto al cumplimiento de los criterios de adhesión de la Unión Europea, previsto para el 5 de noviembre?

Respuesta común

a las preguntas escritas P-3247/03 y E-3249/03

dada por el Sr. Verheugen en nombre de la Comisión

(19 de noviembre de 2003)

En su Informe Periódico sobre los progresos de Turquía en la vía hacia la adhesión, publicado el 5 de noviembre de 2003 (1), la Comisión expone su evaluación de los avances experimentados durante el último año y la situación global con respecto a los derechos humanos y la protección de las minorías.

Por lo que atañe a las cuestiones específicas suscitadas por Su Señoría con respecto al proyecto de oleoducto Baku-Tbilisi-Ceyhan, toda posible violación en materia de derechos humanos o protección de las minorías debida a la ejecución del proyecto de oleoducto debería estudiarse en el contexto de los criterios políticos de Copenhague. Para Turquía, en esta etapa, todavía no es vinculante el acervo en materia de medio ambiente, pero la Comisión tiene conocimiento de que se han llevado a cabo para este proyecto evaluaciones de impacto ambiental para, por ejemplo, satisfacer las condiciones de las organizaciones internacionales de préstamos.

----

(1)  COM(2003) 676 def.

----

----

(2004/C 88 E/0469)

PREGUNTA ESCRITA E-3253/03

de Cristiana Muscardini (UEN) a la Comisión

(3 de noviembre de 2003)

Asunto:   Somalia: situación interna, prófugos y terrorismo

La muerte por hambre, privaciones o ahogamiento de prófugos somalíes procedentes en su mayoría de Mogadiscio cerca de las costas italianas, nos recuerda los miles de somalíes fallecidos desde 1991 en el océano Indico, en el golfo de Aden, en el mar Rojo: todos ellos en desesperada fuga de un régimen dictatorial vinculado al integrismo islámico, responsable de la muerte de la misionera laica Tonelli y de dos ciudadanos ingleses pertenecientes a SOS y representado por organizaciones terroristas como Al-Ittihad y Al-Islah.

Considerando que el presidente ad interim Salad Hassan, cuyo mandato venció hace meses y que, según la lista de las organizaciones terroristas internacionales, es jefe de Al-Islah, ha abandonado la Conferencia de Nairobi, que dura ya más de un año, y pide que se anule todo lo que los representantes de los Estados somalíes han acordado en Nairobi bajo la mirada de observadores internacionales, para proponer una Conferencia de reconciliación en Mogadiscio, ciudad de la cual huyen los somalíes incluso al precio de ir hacia la muerte;

Considerando que el presidente del TNG ha lanzado una proclama contra los líderes somalíes, que denuncian a los «hermanos musulmanes» acusados de terrorismo a los kenianos y a los norteamericanos y ha pedido la descongelación de los 8,5 millones de dólares de la red financiera de Al-Barakat, afirmando que son fondos privados, entre los que se encuentran los suyos;

Considerando que en Somalia siguen produciéndose asesinatos y ejecuciones de milicianos que se rebelan contra el integrismo y el terrorismo y que en la «nueva coalición» de Mogadiscio parece estar presente Jumale, número uno de Al-Barakat, ya expulsado de los Emiratos Árabes;

Respuesta del Sr. Nielson en nombre de la Comisión

(12 de diciembre de 2003)

Desde el inicio en octubre de 2002 de la conferencia de paz de la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD) celebrada en Kenia, la Comisión ha venido brindando un respaldo activo; ha realizado una contribución financiera considerable al proceso (5,6 millones de euros) y forma parte del grupo de observadores internacionales que asiste a la conferencia.

Asimismo, la Comisión ha participado en varias misiones de la troica de la Unión, a diversos niveles, destinadas a destacar ante los principales interlocutores internacionales la situación en Somalia y a instarles a apoyar las negociaciones de paz de la IGAD.

El fundamento jurídico de la lucha europea contra el terrorismo, que constituye un objetivo político de primer orden para la Unión, reside en el denominado «tercer pilar», en particular en las disposiciones relativas a la cooperación policial y judicial en materia penal. A este respecto, la Comisión ha formulado diversas propuestas para facilitar la cooperación en esos dos ámbitos, entre las que figuran la orden de detención europea y una definición común de terrorismo. Además de ello, la Comisión ha desempeñado, junto con los Estados miembros, un papel activo en la lucha contra la financiación del terrorismo y ha aplicado las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 1373/2001, relativa a la congelación de capitales, y 1390/2002 sobre las sanciones aplicables a los talibanes.

La Comisión desea señalar que se atiene estrictamente a las prescripciones del Consejo de Seguridad relativas a la lista elaborada conforme a las Resoluciones 1267/1999 y 1333/2000, y en relación con las personas y organizaciones pertenecientes o asociadas a los talibanes o a Al-Qaeda, incluso en Somalia.

Pese a la difícil situación que prevalece en Somalia, la Comisión ha mantenido una presencia permanente en el país, donde ejerce una función destacada en la comunidad de proveedores de fondos. En 2003 se prevén desembolsos por importe de 25 millones de euros, distribuidos en los diversos sectores de la ayuda (ayuda humanitaria, rehabilitación y desarrollo). En los próximos años, el apoyo se llevará a cabo a través de un paquete especial de ayuda a Somalia, que contempla 199 millones de euros para el período 2002-2007. Además de ello, la Comisión seguirá movilizando fondos de diversas líneas de su presupuesto, que incluirán la ayuda prestada a través de su Oficina de Ayuda Humanitaria.

----

----

(2004/C 88 E/0470)

PREGUNTA ESCRITA E-3270/03

de Baroness Sarah Ludford (ELDR) a la Comisión

(4 de noviembre de 2003)

Asunto:   Progresos en el Camerún

En el contexto de la reunión de donantes relativa al Camerún prevista para el 29 de octubre, ¿qué informaciones ha recibido la Comisión en cuanto a los progresos realizados por el Camerún en su transición hacia la democracia, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos? Y en concreto, ¿cree la Comisión que se están adoptando las reformas necesarias para permitir la celebración de unas elecciones presidenciales libres y justas en octubre de 2004?

Respuesta del Sr. Nielson en nombre de la Comisión

(10 de diciembre de 2003)

En el contexto de la reunión de los socios internacionales de Camerún patrocinada por la Commonwealth, que tuvo lugar el 31 de octubre de 2003 en Londres, la Comisión recibió el informe titulado «Consolidando el proceso electoral en Camerún». Este informe, elaborado por un equipo de expertos de la Commonwealth, subraya los defectos en la organización de las anteriores elecciones en Camerún y propone medidas concretas para corregir la situación. En la propia reunión las autoridades camerunesas informaron acerca de sus planes de llevar a cabo una profunda reforma en lo que atañe a la organización de las elecciones, los derechos humanos, el Estado de Derecho, la descentralización y de la independencia de la judicatura. En concreto, las autoridades camerunesas se comprometieron a presentar a las sesiones de marzo de 2004 y de junio de 2004 la legislación sobre la reforma de la Comisión nacional para derechos humanos y libertades y el Observatorio electoral nacional, para aumentar la independencia de estos organismos y su descentralización.

En el campo de la organización de las elecciones, la Comisión lamenta que no hayan comenzado todavía a ejecutarse las reformas necesarias. La Comisión, así como los otros donantes presentes en la reunión en Londres, exhortaron al Gobierno a acelerar las medidas que es preciso adoptar, subrayando la necesidad de: a) un calendario claro y público de los diversos procesos y procedimientos hasta la elección presidencial en octubre de 2004; b) la elaboración de un nuevo censo de votantes; c) la adopción de la legislación propuesta sobre el Observatorio tan pronto como sea posible, para permitir su aplicación a tiempo antes de las elecciones; y d) garantizar que todos los aspectos del proceso electoral se efectúan con consultas y transparencia plenas.

La Comisión seguirá de cerca a las medidas concretas que adopte el Gobierno.

----

----

(2004/C 88 E/0471)

PREGUNTA ESCRITA E-3277/03

de Cristiana Muscardini (UEN) a la Comisión

(5 de noviembre de 2003)

Asunto:   Nuevas relaciones con Libia

Tras el levantamiento del embargo a Libia, que le había sido impuesto por sus errores de apoyo al terrorismo, la Unión Europea debería tener la posibilidad de establecer nuevas relaciones con dicho Estado, teniendo en cuenta, entre otras cosas, la política mediterránea que desea el Parlamento desde hace algunos años.

¿Podría hacer saber la Comisión:

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(1 de diciembre de 2003)

El levantamiento de las sanciones de las Naciones Unidas el 12 de septiembre de 2003 es un paso importante hacia la reintegración de Libia en la comunidad internacional. Esta era una de las condiciones para que Libia se adhiriera al proceso de Barcelona, que es el marco de las relaciones de la Unión con los demás países del Mediterráneo. Libia está invitada a ser miembro de pleno derecho del proceso de Barcelona en cuanto haya aceptado completamente su acervo.

La adhesión de Libia al proceso de Barcelona es el punto principal de la política de la Unión en relación con ese país. Al mismo tiempo, se está planteando la posible cooperación en ámbitos específicos como, por ejemplo, la inmigración ilegal.

En el contexto de la ampliación de la Unión, hay que considerar cómo puede integrarse Libia en la política de relación con sus países vecinos, con la base del respeto de los valores compartidos.

El problema de la compensación por los bienes confiscados a los italianos expulsados por el régimen libio es bilateral y, por tanto, no se está tratando en el ámbito de la UE.

----

----

(2004/C 88 E/0472)

PREGUNTA ESCRITA E-3319/03

de Alexandros Alavanos (GUE/NGL) a la Comisión

(10 de noviembre de 2003)

Asunto:   Minas e inmigrantes en la frontera grecoturca

Durante los últimos años, muchos inmigrantes han perdido con frecuencia la vida en su intento por atravesar la frontera grecoturca. Recientemente, siete ciudadanos paquistaníes resultaron despedazados al intentar cruzarla a través de un campo de minas. Conviene señalar que, según datos del Estado Mayor del Ejército griego, desde 1999 han resultado muertos por minas 31 inmigrantes cuando intentaban pasar ilegalmente de Turquía a Grecia.

Dado que la frontera grecoturca forma parte de las fronteras exteriores de la Unión Europea,

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(10 de diciembre de 2003)

El 25 de septiembre de 2003 Grecia y Turquía se adhirieron formalmente al Tratado de prohibición de minas. La Comisión espera que con este paso conjunto se pondrá fin al sufrimiento causado por las minas antipersonas en la frontera entre ambos países.

Además, como parte de las medidas de consolidación de la confianza acordadas en el contexto de sus relaciones bilaterales, ambos países se han comprometido a limpiar sus zonas fronterizas de minas terrestres, tal como se mencionaba en el informe periódico de la Comisión de noviembre de 2001 (2).

El Reglamento (CE) no 1725/2001 del Consejo del 23 de julio de 2001 relativo a las acciones contra las minas terrestres antipersonas en terceros países excepto los países en desarrollo (3) no se aplica a los Estados miembros.

----

(1)DO C 197 de 12.7.2001, p. 193.

(2)  COM(2001) 700 final.

(3)DO L 234 de 1.9.2001.

----

----

(2004/C 88 E/0473)

PREGUNTA ESCRITA E-3347/03

de Esko Seppänen (GUE/NGL) a la Comisión

(13 de noviembre de 2003)

Asunto:   Ampliación y prestaciones de la seguridad social

Con la ampliación de la UE y la extensión de la libre circulación de los ciudadanos de la UE a nuevas regiones surgirán nuevos problemas. Uno de ellos lo constituye la diferencia de nivel en materia de sanidad pública entre los antiguos Estados miembros y los nuevos. Por ejemplo, en Estonia existen enfermedades que son muy resistentes a los antibióticos y cuya propagación de un país a otro se verá favorecida con la adhesión. El número de infectados por el VIH en ese país es el mismo que en Finlandia pese a que su población es tres veces menor. Dado que el tratamiento de los pacientes infectados por el VIH es caro y que el nivel del tratamiento es mejor en los actuales Estados miembros de la UE que en los nuevos, el traslado de enfermos a otros países de la UE en busca de mejores tratamientos puede suponer nuevos problemas. En opinión de la Comisión, ¿es posible impedir la libre circulación, de un país a otro, de las personas portadoras de enfermedades peligrosas que buscan un tratamiento mejor? ¿En qué fase se encuentra el proyecto de creación de una oficina de enfermedades contagiosas? ¿Dónde está prevista la ubicación de su sede?

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(18 de diciembre de 2003)

Su Señoría ha planteado varias cuestiones, la primera de las cuales hace referencia a la difusión de enfermedades transmisibles de un país a otro. A fin de disponer de un mecanismo para observar los modelos de desarrollo de las enfermedades y reaccionar ante ellos, la Comunidad ha creado una red comunitaria de vigilancia epidemiológica y de control de las enfermedades transmisibles con arreglo a la Decisión no 2119/98/CE del Parlamento y el Consejo de 24 de septiembre de 1998 (1). Con este mecanismo puede efectuarse un seguimiento continuo de enfermedades que son una importante amenaza para la salud pública y permite disponer de un sistema de alerta y respuesta con el que las autoridades nacionales competentes pueden intercambiar rápidamente la información pertinente. Los países adherentes han realizado importantes progresos en la adopción de medidas para cumplir las disposiciones establecidas en la mencionada Decisión.

Por lo que respecta a las cuestiones relacionadas con la movilidad de los pacientes entre los Estados miembros, se están examinando en el actual proceso de reflexión de alto nivel sobre la movilidad de los pacientes y la evolución de la asistencia sanitaria en la Unión.

La reunión final de este proceso de reflexión se celebró el 8 de diciembre de 2003. La Comisión tiene previsto responder a las recomendaciones del proceso mediante una Comunicación a principios de 2004. Por lo que respecta más específicamente a la cuestión de la asunción de los gastos médicos incurridos en otro Estado miembro, debe señalarse que el Tribunal, en una serie de sentencias (2), ha reconocido que los pacientes tienen derecho a recibir tratamiento médico en otro Estado miembro y a que se les reembolse. Además, el Tribunal ha clarificado las condiciones en las que puede ejercerse este derecho a fin de garantizar, en particular, el equilibrio financiero de los sistemas de seguridad social de los Estados miembros así como un elevado nivel de salud pública.

Por último, por lo que se refiere a los progresos alcanzados en el establecimiento del Centro europeo de enfermedades transmisibles, la Comisión adoptó en julio de 2003 una propuesta de Reglamento por el que se crea un Centro europeo para la prevención y el control de las enfermedades (CECE) (3). Esta propuesta tiene por objeto crear un Centro europeo que proporcione un enfoque estructurado y sistemático del control de las enfermedades transmisibles y otras graves amenazas para la salud que afecten a los ciudadanos de la Unión. La creación del CECE como una agencia europea independiente movilizaría y reforzaría significativamente las sinergias entre los centros nacionales existentes para el control de las enfermedades. Está previsto que comience su andadura en 2005. La Comisión no ha propuesto ninguna ubicación para este Centro, ya que las instituciones abordarán este asunto cuando se haya acordado el contenido de la propuesta.

----

(1)DO L 268 de 3.10.1998.

(2)  Sentencia Kohll, Asunto C-155/96 de 28.4.98, Rec. 1998 p. I-1931, Sentencia Decker, Asunto C-120/95 de 28.4.98, Rec. 1998 p. I-1831, Sentencia Smits y Peerbooms, Asunto C-157/99 de 12.7.01, Rec. 2001 p. I-05473, Sentencia Vanbraekel, Asunto C-368/98 de 12.7.01, Rec. 2001 p. I-05363, Sentencia V.G. Müller-Fauré c/Onderlinge Waarborgmaatschappij O.Z Zorkverzekeringen UA y Ε.Ε. Μ. Van Riet c/Onderlinge Waarborgmaatschappij ZAO Zorkverzekeringen. Asunto C-385/99 de 13.5.03 (pendiente de publicación), Sentencia Patricia Inizan/Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hauts de Seine affaire C-56/01 de 23.10.03 (pendiente de publicación).

(3)  COM(2003)441 final.

----

----

(2004/C 88 E/0474)

PREGUNTA ESCRITA E-3369/03

de Cees Bremmer (PPE-DE) a la Comisión

(14 de noviembre de 2003)

Asunto:   Detención de un ciudadano de la UE en Tailandia

¿Está la Comisión al corriente de la condena de un ciudadano europeo, el neerlandés Machiel Kuijt, a cadena perpetua por supuesto tráfico de drogas, pendiente del recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Fiscal de Tailandia después de que Machiel Kuijt fuera absuelto ya en marzo de 2002 por la justicia tailandesa, y de que ni Machiel Kuijt ni su abogado, Geert-Jan Knoops, han sido informados hasta la fecha de la motivación de la sentencia?

¿Está la Comisión al corriente de las condiciones especialmente degradantes en las que Machiel Kuijt permanece detenido desde 1997 en la prisión de Klong Prem, en Bangkok, donde se aplica un régimen estricto de castigos corporales públicos, donde los asesinatos y las violaciones están a la orden del día, donde escasea el agua y donde las visitas de familiares están autorizadas hasta la fecha tan sólo dos veces al año?

¿No considera la Comisión que los hechos arriba descritos constituyen una grave violación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (y en particular de los artículos 10 y 14), pacto del que Tailandia es Parte desde el 29 de enero de 1997?

¿Tiene la Comisión la intención de presionar cuanto antes a las autoridades tailandesas para que faciliten un procedimiento judicial público y justo y pongan fin a las degradantes condiciones en que se mantiene preso a Machiel Kuijt?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(17 de diciembre de 2003)

La Comisión, a través de su Delegación en Bangkok, ha seguido el caso de Machiel Kuijt, en estrecho contacto con la Embajada de los Países Bajos en Tailandia.

La Comisión tiene conocimiento de las recientes decisiones judiciales en relación con este caso y de las condiciones de encarcelamiento del Sr. Kuijt a que alude Su Señoría.

La Comisión no interviene en los asuntos de carácter consular ni tampoco se pronuncia oficialmente al respecto, salvo en el contexto de una actuación de la Unión previamente acordada con los Estados miembros.

A juicio de la Comisión, y tal como se indica en su respuesta a la pregunta escrita E-2775/03 del Sr. Maaten (1), cualquier intervención en el caso del Sr. Kuijt es ante todo competencia de las autoridades neerlandesas.

La Comisión sugiere, por tanto, que Su Señoría se dirija primero al Gobierno neerlandés, si así lo estima oportuno, para discutir este asunto.

----

(1)  Ver página 114.

----

----

(2004/C 88 E/0475)

PREGUNTA ESCRITA E-3476/03

de Charles Tannock (PPE-DE) a la Comisión

(24 de noviembre de 2003)

Asunto:   Desaparición de un ciudadano etíope antiguo coordinador para la ayuda de la Unión Europea

El Sr. Amanti Abdisa Jigi era el director del departamento de desarrollo de la Asociación de Ayuda del Pueblo Oromo (ORA) antes de que, en 1996, la sede etíope de esta organización fuera clausurada por la fuerza y todos sus bienes fueran incautados por el Gobierno etíope. La ORA era una organización de ayuda reconocida oficialmente y entre sus contribuyentes las organizaciones Norwegian People's Aid, Comic Relief, Christian Aid y la Comisión Europea. El Sr. Abdisa interpuso un recurso ante los tribunales por este cierre, sin obtener resultado. El 20 de agosto de 2000, a su llegada al aeropuerto de Addis Ababa, en el que se encontraba de camino a una conferencia en Kenya, el Sr. Abdisa fue conducido fuera del avión y detenido por las fuerzas de seguridad del Gobierno etíope. El 25 de enero de 2003 el Sr. Abdisa fue visto mientras era transportado desde la zona Bole de Addis Abeba, cercana al aeropuerto, hasta un destino que era, al parecer, la prisión de Shoa Robit. Su detención viola tanto las leyes del Derecho Internacional como la Constitución etíope, que establece que cualquier persona detenida deberá ser conducida a un tribunal durante las 48 horas posteriores a su detención y se le garantizará un juicio rápido y justo acorde con las normas internacionales.

¿Está enterada la Comisión Europea de la desaparición del Sr. Abdisa, teniendo en cuenta que la Comisión ha asignado 500 millones de euros a su programa en Etiopía para los cuatro próximos años? ¿Puede indicar la Comisión si prevé recabar, a varios niveles del gobierno etíope, información acerca del control de las prisiones, concretamente en lo que se refiere al paradero del Sr. Abdisa y a los cargos que se le imputan? La ORA cubre el territorio del Frente de Liberación Oromo en la región de Oromia, donde habita aproximadamente el 40 % de la población total de Etiopía. Los problemas que se plantean en esta región tienen consecuencias para Europa, ya que en Alemania existe una sede de la ORA que se ocupa de ayudar a los refugiados etíopes.

Respuesta del Sr. Nielson en nombre de la Comisión

(10 de diciembre de 2003)

La Comisión ha efectuado diversas tentativas infructuosas de dar con el paradero del Sr. Amanti. Ni el Ministerio de Justicia ni la Autoridad federal de prisiones tienen noticias suyas. Tras la información proporcionada por Su Señoría de que el Sr. Amanti podría estar detenido en Shoa Robit, la delegación de la Comisión en Addis Ababa se puso en contacto, a través de un Estado miembro, con la Autoridad federal de prisiones para solicitarle que consultara los registros y la documentación de Shoa. La Comisión mantendrá a Su Señoría informada de cualquier avance.

La Comisión agradecería todo tipo de información que pudiera ayudar en la búsqueda del Sr. Amanti. En anteriores contactos de la Comisión, el Ministerio de Justicia y la Autoridad federal de prisiones se han mostrado siempre dispuestos a aportar información, incluso en casos potencialmente sensibles, siempre que exista algún tipo de registro. La Comisión teme que, por distintas razones, simplemente no existan registros ni documentos relativos al Sr. Amanti. Ninguna organización en Etiopía contactada por la Comisión posee registros o documentos relativos al Sr. Amanti.

----

----

(2004/C 88 E/0476)

PREGUNTA ESCRITA E-3496/03

de José Ribeiro e Castro (UEN) a la Comisión

(24 de noviembre de 2003)

Asunto:   Colombia — Rehenes del ELN

Una grabación en vídeo del movimiento guerrillero colombiano Ejército de Liberación Nacional (ELN), difundida por la agencia Reuters, demuestra que los siete turistas que fueron secuestrados el pasado día 12 de Septiembre durante una visita a unas ruinas indígenas siguen vivos.

De los siete rehenes, tres son nacionales de los Estados Miembros de la Unión (un español, un británico y una alemana) y cuatro son ciudadanos israelíes.

La guerrilla ha aceptado liberar gradualmente a los rehenes cuando una Comisión Humanitaria se haya desplazado y haya sido testigo de las difíciles condiciones de vida que soportan los habitantes de Sierra Nevada, pero ha advertido de que los matará en caso de que el ejército colombiano trate de intervenir para rescatarlos.

¿Puede confirmar la Comisión:

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(22 de diciembre de 2003)

Desde que Su Señoría formuló su pregunta, dos de los tres ciudadanos europeos que habían sido secuestrados han sido liberados por la guerrilla del ELN gracias a la mediación de la Iglesia Católica, con la asistencia de las Naciones Unidas. Un ciudadano europeo sigue retenido por la guerrilla del ELN, que ha prometido liberarlo antes de Navidad junto con los otros cuatro rehenes israelíes.

Las personas ya liberadas aseguran que no fueron maltratadas por sus secuestradores.

La Comisión condena firmemente éstos y todos los demás secuestros que tienen lugar en Colombia, y exige la liberación inmediata e incondicional del ciudadano europeo y de las demás personas que permanecen secuestradas. Sus secuestradores son responsables de su salud y de su seguridad.

La Comisión no ha hecho ninguna gestión ante el Gobierno de Colombia, las organizaciones humanitarias o el ELN. La protección diplomática y consular entra dentro de las competencias de los Estados miembros, y no de la Comunidad. El artículo 20 del Tratado CE únicamente contempla el derecho de todo ciudadano de la Unión a acogerse, en el territorio de un tercer país en el que no esté representado el Estado miembro del que sea nacional, a la protección de las autoridades diplomáticas y consulares de cualquier Estado miembro, en las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado.

----

----

(2004/C 88 E/0477)

PREGUNTA ESCRITA E-3497/03

de José Ribeiro e Castro (UEN) a la Comisión

(24 de noviembre de 2003)

Asunto:   Georgia — Elecciones parlamentarias

Según los medios de comunicación social, la oposición de Georgia acusa a responsables de los gobiernos regionales de haber manipulado el resultado de las recientes elecciones parlamentarias. Miles de personas se han lanzado a las calles.

Los líderes de la oposición de Georgia exigen que el Presidente Shevardnadze sea llevado ante los tribunales, en caso de que no cese a los responsables de los supuestos fraudes en el escrutinio.

Según los primeros resultados parciales, una vez escrutados el 60 % de los votos y de acuerdo con fuentes oficiales, parece que la coalición gubernamental supera a la oposición en un 2 % de los votos.

¿Puede decir la Comisión:

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(17 de diciembre de 2003)

Tal como expone Su Señoría en su pregunta, Georgia atraviesa una difícil situación a raíz de tras los últimos acontecimientos.

La Unión es consciente de la necesidad de contribuir a garantizar que en las nuevas elecciones en Georgia, presidenciales y parlamentarias, se respetarán los criterios internacionales y está analizando cómo colaborar con la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa y la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos, así como la comunidad internacional en general, para lograr ese fin.

La Comisión desea recordar a Su Señoria que su delegación en Georgia no tiene responsabilidades consulares respecto a los ciudadanos de la Unión. La seguridad de estos ciudadanos es gestionada por las embajadas de la Unión en el país, con la que la delegación de la Comisión se mantiene en estrecho contacto.

----

----

(2004/C 88 E/0478)

PREGUNTA ESCRITA E-3500/03

de Michl Ebner (PPE-DE) a la Comisión

(24 de noviembre de 2003)

Asunto:   Adhesión de Croacia a la UE

En junio de 2004 se adherirán a la Unión diez nuevos Estados miembros, y en el 2007 lo harán los también candidatos Bulgaria y Rumania, siempre que satisfagan los criterios establecidos.

¿Qué está haciendo la Comisión para preparar a Croacia para la eventualidad de que su adhesión a la UE se produzca junto con la de Bulgaria o Rumania?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(16 de enero de 2004)

Croacia solicitó la adhesión a la Unión Europea en febrero de 2003 y en abril de 2003 el Consejo pidió a la Comisión que preparara un Dictamen sobre dicha solicitud. La Comisión tiene intención de emitir su dictamen en la primavera de 2004 y actualmente está evaluando si Croacia cumple los tres criterios de Copenhague. Es, por lo tanto, prematuro aventurarse a adelantar las conclusiones del dictamen y cuál será la consequente decisión que adoptará el Consejo.

El Consejo Europeo de 12 de diciembre de 2003 concluyó que, por lo que respecta a Rumania y Bulgaria, «las negociaciones para la adhesión pueden llevarse a buen término en 2004 según los méritos de cada país, y se puede firmar el Tratado de Adhesión lo antes posible en 2005». De ello se deduce que las negociaciones para la adhesión de estos dos países están ya en una fase muy adelantada.

Croacia entrará a formar parte de la Unión en cuanto esté preparada, es decir cuando haya satisfecho los criterios necesarios y concluido las negociaciones para la adhesión. El ritmo de las reformas vendrá marcado por la celeridad que se imprima a las negociaciones.

----

----

(2004/C 88 E/0479)

PREGUNTA ESCRITA E-3517/03

de Baroness Sarah Ludford (ELDR) a la Comisión

(25 de noviembre de 2003)

Asunto:   Comercio justo y solidario

¿Se consideraría discriminatorio, según la normativa sobre contratación pública de la Unión Europea, estipular que en las licitaciones públicas para los servicios de catering deben emplearse productos de comercio justo y solidario?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(8 de enero de 2004)

Una vez que una entidad adjudicadora toma una decisión en cuanto al objeto del contrato para sus servicios de «catering» (el tipo de productos genéricos que desea adquirir), es libre de definir las especificaciones técnicas de esos productos. No obstante, los requisitos deben estar relacionados con las características o las prestaciones de los productos (por ejemplo, vasos o platos fabricados con material reciclado) o con la elaboración de los productos (por ejemplo, productos biológicos).

Una entidad adjudicadora que desea adquirir productos del comercio justo (esto es, productos certificados que utilizan las normas definidas por la organización privada Fair-trade Labelling Organisations International) para servicios de «catering» debe definir las especificaciones técnicas de los productos en relación con las prestaciones sociales y medioambientales inherentes a la denominación. Si bien la entidad adjudicadora puede indicar que se considera que los productos con esa denominación respetan las especificaciones técnicas, también debe permitir que los operadores económicos demuestren la conformidad con las especificaciones técnicas mediante otros medios de prueba. Sólo un examen caso por caso permite determinar las diversas normas (o parte de ellas) del comercio justo que describen las características o las prestaciones del producto que va a adquirirse.

Las entidades adjudicadoras deben respetar en la adquisición de bienes los principios comunitarios fundamentales, incluido el principio de igualdad de trato, del cual la no discriminación es una expresión específica. De la jurisprudencia consolidada del Tribunal de Justicia de las CE se desprende que, en virtud del Tratado CE, no sólo se prohíben los actos discriminatorios de iure, sino también los actos que perjudiquen a los ciudadanos extranjeros con respecto a los nacionales (discriminación de facto).

Debido a la amplia gama de normas incluidas en la denominación «comercio justo» y al gran número de productos disponibles en el comercio de «catering», sólo es posible determinar caso por caso si una entidad adjudicadora infringe el principio de no discriminación, teniendo en cuenta todas las circunstancias de la adquisición.

----

----

(2004/C 88 E/0480)

PREGUNTA ESCRITA E-3521/03

de Anne Van Lancker (PSE) a la Comisión

(25 de noviembre de 2003)

Asunto:   Violaciones de los derechos humanos en los Estados Unidos

Fernando González, René González, Gerardo Hernández, Ramón Labanino y Antonio Guerrero son cinco cubanos encarcelados en los Estados Unidos tras ser condenados por conspiración con la intención de espiar y asesinar. En realidad, estas personas se habían infiltrado en organizaciones cubanas de Miami con el fin de evitar actos terroristas contra Cuba. El proceso contra los cinco cubanos se desarrolló en Miami. Con una comunidad de emigrantes cubanos en su mayoría contraria al Gobierno de Cuba, esta ciudad no puede considerarse un lugar neutro para la celebración de este tipo de procesos. Por consiguiente, la celebración del proceso en esta ciudad constituye una violación de la Quinta y Sexta Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. Estas personas fueron condenadas sin ninguna prueba. Sobre la base de estos datos, 105 diputados británicos han firmado una moción en la que se solicita la revisión del proceso. Por otra parte, hasta la fecha se ha denegado el derecho de visita a las esposas de dos de los condenados, que ya llevan cinco años en prisión (Gerardo Hernández y René González). Amnistía Internacional ya ha denunciado la denegación del derecho de visita.

¿Está la Comisión al corriente de este asunto? ¿Tiene la intención de señalarlo a la atención del Gobierno estadounidense en el marco de sus relaciones con los Estados Unidos?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(15 de enero de 2004)

La Unión no se ha pronunciado con respecto al caso mencionado por Su Señoría. Por lo general, la Unión sólo interviene en casos específicos cuando se trata de la pena de muerte o cuando el caso se incluye en el ámbito de aplicación de las directrices establecidas por la Posición Común del Consejo de 29 de junio de 1998.

----

----

(2004/C 88 E/0481)

PREGUNTA ESCRITA E-3550/03

de José Ribeiro e Castro (UEN) a la Comisión

(28 de noviembre de 2003)

Asunto:   Zimbabwe — Censura y represión

Durante las últimas semanas, el Gobierno del partido del Presidente Mugabe (ZANU-PF), en el poder, cerró el único diario independiente de Zimbabwe, el Daily News, y recrudeció la represión sobre opositores y disidentes políticos. Los abogados de este periódico recurrieron ante el Tribunal Administrativo local con objeto de obtener la anulación de la decisión de cierre, anulación que les fue concedida mediante sentencia de 24 de octubre, en la que se reconocía que la Comisión Gubernamental para los Medios de Comunicación e Información no disponía de legitimidad para suspender la publicación del periódico.

Tras sacar a la calle una única edición, la policía volvió a cerrar el periódico, basándose en que la interposición de un recurso ante el Tribunal Supremo por parte del Gobierno dejaba sin efecto la sentencia anterior. El Tribunal Supremo de Zimbabwe, presidido en la actualidad por el Juez Godfrey Chidyausiku, antiguo ministro de Mugabe, podrá tardar años en examinar este recurso.

Ante este clima de violencia e intimidación, el partido opositor Movement for Democratic Change (MDC) al parecer se ha reorganizado para poder actuar en la clandestinidad.

Según John Makumbe, Profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Zimbabwe en Harare, el próximo objetivo serán las organizaciones no gubernamentales, habida cuenta de que el Parlamento de este país está preparando legislación que exige el registro de estas organizaciones y prevé la posibilidad de suspender a sus dirigentes.

¿Puede indicar la Comisión:

Respuesta del Sr. Nielson en nombre de la Comisión

(9 de enero de 2004)

La Comisión está al tanto de los hechos que menciona Su Señoría y sigue muy de cerca y con preocupación los acontecimientos de Zimbabwe. La Unión ha reaccionado con prontitud ante los últimos ataques contra los derechos fundamentales perpetrados por el Gobierno de Zimbabwe.

Profundamente preocupada por el deterioro de la situación actual con respecto a lo anterior, la Comisión ha apoyado plenamente las dos últimas Declaraciones hechas por la Presidencia en nombre de la Unión en relación con esos asuntos: el 18 de septiembre de 2003, una declaración sobre la Libertad de Prensa en Zimbabwe, en la cual la Unión condenaba el cierre del periódico Daily News y, recientemente, el 28 de noviembre de 2003, una declaración en la que se expresaba la preocupación por la situación actual de Zimbabwe, se hacía un llamamiento al Gobierno de Zimbabwe para que respete los derechos fundamentales y se le instaba a iniciar un diálogo activo y constructivo con las partes interesadas del interior del país como vía para resolver la crisis actual.

La Comisión no puede confirmar la información a que hace referencia Su Señoría sobre la inminente promulgación de leyes que infringen la libertad e independencia de la prensa y de las organizaciones no gubernamentales (ONG) que operan en Zimbabwe.

La Comisión tiene intención de continuar su asistencia a los actores de la sociedad civil con el fin de apoyar los proyectos y actividades relacionados con los derechos humanos y la democratización para ayudarles a aumentar su capacidad de promover el diálogo interno.

----

----

(2004/C 88 E/0482)

PREGUNTA ESCRITA E-3560/03

de José Ribeiro e Castro (UEN) a la Comisión

(1 de diciembre de 2003)

Asunto:   Redes de financiación internacional de Al Qaeda

Según publicó el diario británico Financial Times el pasado 11 de noviembre de 2003, un informe de las Naciones Unidas reveló que, a pesar de los «progresos considerables» alcanzados, Al Qaeda y los que la financian siguen actuando en los mercados financieros mundiales.

El sistema internacional establecido para poner fin al flujo de recursos financieros destinados a Al Qaeda está poniéndose peligrosamente en tela de juicio por la cooperación inadecuada que prestan muchos Estados, por las lagunas legislativas y por la falta de determinación política al afrontar este gravísimo problema.

En dicho informe se hace especial referencia a Youssef Nada y a Ahmed Nasreddin, administradores del grupo financiero Al-Taqwa, considerado por los Estados Unidos como el recaudador de fondos más importante para esta organización terrorista. Investigadores europeos y estadounidenses consideran que este grupo es el núcleo de múltiples redes de financiación de actividades terroristas y cuenta con la colaboración de varias organizaciones islámicas de carácter financiero e incluso caritativo.

Al parecer, ambas personas siguen manteniendo intereses y propiedades en Suiza e Italia, a pesar de que se les ha calificado como «financieros terroristas» y de que se han «congelado» sus cuentas bancarias.

El recurso a off-shore y a trusts parece ser la forma más habitual de burlar la titularidad y procedencia de dichos flujos financieros.

Youssef Nada viajó al aparecer en enero a Liechtenstein para modificar el registro de dos empresas vinculadas al grupo Al Taqwa, en incumplimiento de la prohibición impuesta por las Naciones Unidas.

Al Qaeda, los talibanes y sus colaboradores y asociados siguen teniendo, según el informe, la capacidad de obtener, exigir, recaudar, transferir y distribuir cantidades considerables.

¿Puede indicarr la Comisión:

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(12 de enero de 2004)

La Comisión tiene conocimiento del segundo informe presentado por el Grupo de vigilancia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que preside el Sr. Chandler, al Comité de sanciones contra los talibanes y la red Al-Qaida del Consejo de Seguridad de la ONU (en lo sucesivo denominado Comité de la ONU). El informe, que se presentó el 1 de diciembre de 2003, si bien, al parecer, al diario británico Financial Times tuvo conocimiento del mismo antes de esa fecha, se refiere a la aplicación de las medidas restrictivas destinadas a Usamah bin Ladin y a la red Al-Qaida e impuestas por el Consejo de Seguridad de la ONU en varias Resoluciones fundadas en el Capítulo VII de la Carta de la ONU.

La Comisión considera que compete en primer lugar al Comité de la ONU y, por tanto, al propio Consejo de Seguridad de dicha Organización valorar si la información recogida en el informe del Grupo de vigilancia justifica la imposición de medidas adicionales o la modificación de las que están vigentes. El Consejo de Seguridad examinará las resoluciones pertinentes en enero de 2004.

Por lo que se refiere a las medidas vigentes, cabe señalar que el Reglamento (CE) no 881/2002 del Consejo (1) dispone la congelación de fondos y recursos económicos de las personas, grupos o entidades que, según el Comité de la ONU, se ajusten a las condiciones establecidas en las Resoluciones 1267(1999) ó 1390(2002). El Reglamento prohíbe asimismo poner fondos o recursos económicos a disposición de tales personas, grupos o entidades.

Si bien es cierto que el Reglamento antes mencionado limita la utilización de fondos o recursos económicos que sean propiedad de tales personas, grupos o entidades, las medidas contempladas no equivalen a la confiscación, de manera que esas personas, grupos o entidades mantienen sus propiedades e intereses hasta que, en virtud de las disposiciones (penales o de otro tipo) aplicables en los Estados miembros, una autoridad competente decida otra cosa.

En el segundo informe del Grupo de vigilancia se citan diversas actividades de Youssef Nada y Ahmed Idris Nasreddin como ejemplo del uso continuo de sociedades ficticias y offshore trusts por parte de personas, grupos o entidades indicadas por el Comité de la ONU. Los motivos por los cuales el Grupo de vigilancia eligió a esas personas para realizar una investigación exhaustiva, tal como se denomina en el apartado 70 del informe, no están del todo claros. No obstante, el ejemplo pone de manifiesto que para impedir de manera eficaz la financiación del terrorismo es preciso supeditar el registro de personas jurídicas y entidades a unos requisitos adecuados, pues es el único modo de que las autoridades puedan identificar a sus beneficiarios reales.

Ni Suiza ni Liechtenstein han facilitado a la Comisión información alguna sobre posibles actividades del Sr. Nada ni del grupo financiero Al Taqwa en la Comunidad. Corresponde a los Estados miembros indagar sobre el incumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 881/2002 y el vínculo de personas jurídicas o entidades con personas, grupos o entidades que, según el Comité de la ONU, cumplen las condiciones contempladas en las Resoluciones 1267(1999) ó 1390(2002). En su caso, los Estados miembros deberían proponer a dicho Comité una indagación similar sobre la persona jurídica o entidad en cuestión.

----

(1)  Reglamento (CE) no 881/2002 del Consejo, de 27 de mayo de 2002, por el que se imponen determinadas medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas personas y entidades asociadas con Usamah bin Ladin, la red Al-Qaida y los talibanes y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 467/2001 del Consejo por el que se prohíbe la exportación de determinadas mercancías y servicios a Afganistán, se refuerza la prohibición de vuelos y se amplía la congelación de capitales y otros recursos financieros de los talibanes de Afganistán, DO L 139 de 29.5.2002.

----

----

(2004/C 88 E/0483)

PREGUNTA ESCRITA E-3567/03

de Chris Davies (ELDR) a la Comisión

(2 de diciembre de 2003)

Asunto:   Agua para la vida

El 3 de septiembre de 2002, la Unión Europea lanzó su «iniciativa global sobre el agua destinada a crear la cooperación estratégica para conseguir los objetivos de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible sobre el agua limpia y alcantarillado» que tiene por objeto reducir a la mitad el número de personas que carecen de acceso al agua potable y al alcantarillado para el año 2015.

Respuesta del Sr. Nielson en nombre de la Comisión

(28 de enero de 2004)

----

----

(2004/C 88 E/0484)

PREGUNTA ESCRITA E-3570/03

de Gerhard Schmid (PSE) a la Comisión

(5 de diciembre de 2003)

Asunto:   Creación de unidades aduaneras móviles en la República Federal de Alemania tras la adhesión de la República Checa a la Unión Europea

En el Anexo V del Acta de adhesión se prohíbe la importación de determinados productos agrícolas de aquellas explotaciones que sólo deberán reunir plenamente los criterios estructurales de Derecho veterinario de la Unión Europea tras un período transitorio. Los Servicios Federales de Aduanas, por consiguiente, deben velar por el respeto de esa prohibición de importación, lo que se hará mediante las llamadas unidades aduaneras móviles, pues a partir del 1 de mayo de 2004 desaparecerán los controles de mercancías en las fronteras. Las autoridades alemanas ya han indicado que no podrán crearse unidades móviles a discreción.

¿Podría indicar la Comisión si, por lo que a ella respecta, hay límites al número o densidad de las unidades aduaneras móviles y cuál debería ser, en su opinión, la norma de densidad de empleo de las unidades aduaneras móviles? La pregunta obedece al hecho de que el Tratado de adhesión permite a los Estados miembros realizar los controles necesarios en el marco del sistema general de propiedad, transporte y control de las mercancías sujetas a impuestos sobre el consumo, siempre que con ello no se obstaculice el funcionamiento del mercado interior.

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(9 de enero de 2004)

Tal como señala Su Señoría, los productos de las explotaciones a las que se ha otorgado un período transitorio respecto de determinados criterios estructurales podrán comercializarse únicamente en el mercado nacional, por lo que no podrán enviarse a otros Estados miembros.

El anexo V del Acta de Adhesión hace mención de determinadas explotaciones de la República Checa y establece normas para garantizar esta limitación en la comercialización. Además, la Comisión está preparando actualmente unas normas de aplicación detalladas sobre el control y la comercialización de estos productos. La responsabilidad global de asegurar el cumplimiento de las normas de la Comunidad incumbe al país de origen. En lo que respecta al país de destino, serán aplicables las normas generales fijadas en la Directiva 89/662/CEE del Consejo, de 11 de diciembre de 1989, relativa a los controles veterinarios aplicables en los intercambios intracomunitarios con vistas a la realización del mercado interior (1). En este contexto, son aplicables las disposiciones de la letra a) del apartado 1 del artículo 5 del capítulo II de la Directiva, a saber:

La intervención de las unidades aduaneras móviles es posible pero debe conformarse a esta Directiva. La Comisión no impone ninguna restricción ni norma en cuanto a la frecuencia de estos controles sobre la circulación de mercancías sometidas a impuestos sobre consumos específicos, aspecto que entra en el ámbito de los princicpios de subsidiariedad. No obstante, al instaurar estos controles los Estados miembros debe asegurarse del respeto de los principios que rigen en mercado interior.

----

(1)DO L 395 de 30.12.1989.

----

----

(2004/C 88 E/0485)

PREGUNTA ESCRITA E-3591/03

de José Ribeiro e Castro (UEN) a la Comisión

(5 de diciembre de 2003)

Asunto:   Costa de Marfil — reanudación de la guerra

Las fuerzas rebeldes que controlan el norte de Costa de Marfil han proclamado ayer el estado de emergencia en las zonas donde operan, acusando al Presidente Laurent Gbagbo de estar preparando de nuevo la guerra, interrumpida a comienzos de este año.

Los desacuerdos acerca de un gobierno de unidad nacional han colocado a ambos bandos al borde de nuevos enfrentamientos, cuatro meses después de declararse oficialmente el final del conflicto.

Políticos de otros países del África Occidental han tratado de salvar el proceso de paz; sin embargo, los rebeldes que, en septiembre, abandonaron el ejecutivo de transición, denuncian ahora que el Presidente está planeando atacar las ciudades de Man y Bouaké.

En este contexto, ¿puede indicar la Comisión:

Respuesta del Sr. Nielson en nombre de la Comisión

(15 de enero de 2004)

La Comisión está siguiendo atentamente la evolución de la situación política en Costa de Marfil, tanto desde sus servicios centrales como a través de su Delegación en Abiyán. Por lo que se refiere a los servicios centrales, además del seguimiento diario de la situación, un grupo de trabajo específico presidido por el Director responsable de África central y occidental se reúne de forma periódica. El grupo de trabajo está integrado por respresentantes de todas las Direcciones Generales competentes de la Comisión. En Abiyán se ha nombrado recientemente un consejero político en la Delegación, cuyo jefe es, además, uno de los 13 miembros del Comité de Supervisión del Acuerdo de Marcoussis, que se reúne, al menos, una vez por semana.

A través del Comité de Supervisión del Acuerdo de Marcoussis, la Comisión está en comunicación con ambas Partes. Por otro lado, el 13 de noviembre de 2003, el Presidente Prodi visitó Abiyán, donde celebró un encuentro con el Presidente Ggbabo, con el Primer Ministro Diarra y algunos miembros de su Gobierno, con el Comité de Supervisión del Acuerdo de Marcoussis y con las diez fuerzas políticas signatarias de dicho Acuerdo. El Presidente Prodi insistió en la necesidad de que las Partes lleguen a un acuerdo y declaró que la Unión está dispuesta a conceder ayudas a Costa de Marfil, pero sólo cuando se restablezca la paz, para lo cual se han de iniciar el proceso de desarme y la reunificación del país. Asimismo instó a las Fuerzas Nuevas a volver al Consejo de Ministros, y al Presidente Gbagbo y al Gobierno, a aplicar íntegramente el Acuerdo de Marcoussis.

El asunto sigue siendo competencia de los Estados miembros. La Comisión no dispone de recursos logísticos para garantizar la seguridad de los ciudadanos de la Unión en terceros países.

----

----

(2004/C 88 E/0486)

PREGUNTA ESCRITA E-3674/03

de Ilda Figueiredo (GUE/NGL) a la Comisión

(9 de diciembre de 2003)

Asunto:   Industria textil y de la confección

Como es sabido, los EE.UU. han decidido adoptar medidas de protección frente a las importaciones de diversos productos, en particular, tejidos de punto y lencería femenina procedentes de China, basándose en las quejas de varias organizaciones profesionales representativas de la industria textil nacional.

Paralelamente, en la Unión Europea, la importación de productos textiles y de confección procedentes de China ha aumentado considerablemente en 2002, principalmente en el caso de productos ya liberalizados. La Asociación Textil y de la Confección de Portugal indica, a modo de ejemplo, que para los anoraks y chándals, China ha pasado de una cuota de mercado inferior al 20 % en 2001 a más del 50 % en 2002, provocando una disminución de los precios del orden del 40 %.

Con esta medida proteccionista americana, pueden producirse desvíos comerciales hacia Europa y nuevas presiones en el mercado comunitario, lo cual pondría en peligro a las industrias de países como Portugal, en zonas donde el sector textil y de la confección constituye la principal actividad económica.

En este contexto, ¿puede indicar la Comisión cuál es el seguimiento de esta situación y qué medidas piensa adoptar para la protección de la industria, el empleo y el desarrollo regional en zonas como Vale do Ave, Vale do Cávado, As Beiras y otras, en donde esta industria es primordial?

Respuesta del Sr. Lamy en nombre de la Comisión

(9 de febrero de 2004)

La Comisión es plenamente consciente de las inquietudes que expresa Su Señoría en relación con el potencial de exportación de China y los resultados ya logrados de incremento de la cuota de este país en el mercado de la UE. El valor de las exportaciones de China ha crecido a un ritmo superior al de las de cualquier otro país. Su porcentaje de las importaciones de la UE ha aumentado de 6,6 % a 11,5 % para los productos textiles entre 1994 y los primeros nueve meses de 2003, de 13,8 % a 19,3 % para los productos de confección, y de 11,4 % a 17,7 % en textiles y confección durante el mismo período, y China se ha mantenido constantemente como principal proveedor de la UE.

Aparte de las medidas generales de salvaguardia de la Organización Mundial del Comercio vigentes, que sirven para contrarrestar el riesgo de perturbación del mercado, China está sujeta también a medidas de salvaguardia específicas que pueden aplicarse de conformidad con el Protocolo de Adhesión de China a la OMC. De hecho, los Estados Unidos (EE.UU.) adoptaron medidas de conformidad con la salvaguardia específica relativa a los textiles, en vigor desde el 24 de diciembre de 2003, contra las exportaciones chinas de tres productos: los tejidos de punto, las batas y los albornoces, y los sujetadores. Es obvio que puede existir un riesgo de desviación del comercio, pero las medidas de los EE.UU. sólo pueden tener un efecto limitado, no sólo porque la producción estadounidense de los productos en cuestión es pequeña. Estas medidas no implicarán un recorte de las exportaciones chinas a los EE.UU., sino un freno a su crecimiento, que por sí mismo limitará los riesgos de desviación comercial. Por lo que respecta a la repercusión en la UE, no parece que haya un riesgo significativo de desviación comercial de los tejidos de punto o los sujetadores, la mayoría de cuyos tipos están aún sujetos a contingentes. La repercusión puede ser mayor en el caso de las batas, ya que no existen contingentes de la UE, y, aunque China es ya el mayor proveedor de la UE, las importaciones de estos productos en la UE han aumentado ya considerablemente durante los últimos años.

La Comisión comparte la opinión de que habrá que supervisar estrictamente la repercusión de las medidas de los EE.UU. y, en concreto, el riesgo de desviación. No obstante, es posible que la UE tenga que recurrir también en última instancia a remedios comerciales, de conformidad con los acuerdos de la OMC y con las disposiciones del Protocolo de Adhesión de China a la OMC.

----

----

(2004/C 88 E/0487)

PREGUNTA ESCRITA E-3851/03

de Baroness Sarah Ludford (ELDR) a la Comisión

(16 de diciembre de 2003)

Asunto:   Ratificación de convenios internacionales en el ámbito de los derechos humanos

¿Puede la comisión dar a conocer la situación actual (desglosada por países) en lo que concierne a la firma y la ratificación por parte de los 25 Estados miembros, actuales y futuros, de todos los convenios de las Naciones Unidas, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, del Consejo de Europa y de otros convenios internacionales en materia de derechos humanos, igualdad, protección de las minorías y lucha contra las discriminaciones?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(30 de enero de 2004)

Existen varios convenios de Naciones Unidas en materia de derechos humanos, igualdad, protección de las minorías y no discriminación.

Los Estados miembros actuales y futuros son parte de los siguientes convenios:

Asimismo, en el seno del Consejo de Europa hay una serie de convenciones y protocolos en el ámbito de los derechos humanos, la igualdad, la protección de las minorías y la no discriminación. Hay que destacar el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y el Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes. Los 25 Estados miembros actuales y futuros son signatarios.

Su pregunta también menciona la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). A la Comisión no le consta que existan convenios sobre derechos humanos, igualdad, protección de minorías y no discriminación en el ámbito de la OCDE. En lo que respecta a las Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), los 25 miembros actuales y futuros de la Unión son Estados participantes y en calidad de tales suscriben los compromisos políticos de la OSCE en los ámbitos de derechos humanos, igualdad, protección de las minorías y no discriminación. La OSCE, en cuanto organización política, no dispone de textos jurídicamente vinculantes en estos ámbitos.

----

----

(2004/C 88 E/0488)

PREGUNTA ESCRITA E-3859/03

de Raffaele Costa (PPE-DE) a la Comisión

(16 de diciembre de 2003)

Asunto:   Financiación de pequeños proyectos en el ámbito del programa Tacis 2002

Considerando que el porcentaje de las financiaciones en el ámbito del programa Tacis asignadas a los pequeños proyectos aumentó en un 15 % en 2002, ¿puede decir la Comisión cuántos pequeños proyectos se subvencionaron y los importes correspondientes? ¿Puede decir asimismo si se ha verificado el resultado de dichos proyectos?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(4 de marzo de 2004)

La Comisión entiende que Su Señoría se refiere a los dos tipos principales de «pequeños proyectos» que contempla Tacis, a saber, el Mecanismo Tacis de financiación de pequeños proyectos de cooperación transfronteriza y el capítulo destinado a la sociedad civil del Programa de asociación para la consolidación institucional. En lo que atañe al citado mecanismo, se otorgó una asignación de 6,7 millones de euros al amparo del Programa Tacis de acción para la cooperación transfronteriza. Al respecto, se solicitó financiación para 32 pequeños proyectos, que fueron aceptados. Además, se aceptaron también 12 microproyectos (de un importe inferior a 50 000 euros cada uno). La última fase de evaluación de microproyectos ha culminado recientemente. En las próximas semanas, se celebrarán los contratos correspondientes a los microproyectos seleccionados.

En cuanto al Programa de cooperación para la consolidación institucional, se asignó un total de 11,7 millones de euros al capítulo de apoyo a la sociedad civil y las iniciativas locales, dentro del AP de 2002. Se solicitó financiación para 62 proyectos, de los cuales se seleccionaron 61 antes de diciembre de 2003.

En ambos casos, los primeros proyectos se han iniciado recientemente, por lo que es demasiado pronto para valorar los resultados. Los proyectos serán objeto de seguimiento y supervisión por las Delegaciones.

----

----

(2004/C 88 E/0489)

PREGUNTA ESCRITA E-3881/03

de Emmanouil Bakopoulos (GUE/NGL) a la Comisión

(16 de diciembre de 2003)

Asunto:   Degradación ecológica del humedal de Almyra de la provincia de Xanthi

A mediados de la década de los ochenta comenzó en la región costera de la provincia de Xanthi una intensa actividad constructora que ha tenido como resultado la desaparición de grandes extensiones de humedales.

Durante los últimos años se ha llevado a cabo, además, la desecación artificial de carácter ilegal del humedal de Almyra, que está incluido en el Convenio de Ramsar y varias partes del cual pertenecen a la zona de protección especial (de conformidad con la Directiva 79/409/CEE (1)), mientras que en otras partes se han encontrado restos arqueológicos.

Los trabajos que comenzaron en 1997 cubren una superficie de 0,25 hectáreas, en la que se prevé edificar viviendas. Por el momento no ha habido actuación pública alguna dirigida a restaurar el entorno.

¿Está informada la Comisión del caso mencionado? En caso afirmativo, ¿qué medidas ha tomado para que se restaure el humedal de Almyra?

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(23 de febrero de 2004)

La Comisión ha sido informada por las organizaciones no gubernamentales locales de la situación de los humedales de Almyra en la prefectura de Tracia y la preocupación manifestada por la protección del lugar. La mayoría de las cuestiones planteadas hacen referencia a la construcción de viviendas en la zona, a asuntos de propiedad y a la aplicación incorrecta de la legislación sobre construcciones urbanas. Sin embargo, la Comunidad no tiene ninguna competencia en tales asuntos. Además, las autoridades nacionales han adoptado ya medidas apropiadas a este respecto (revocación de permisos e imposición de sanciones).

No obstante, aún no se ha abordado el problema general relacionado con la protección adecuada del lugar «Limnes kai Limnothalasses Thrakis—Evryteri perioxi kai paraktia zoni», propuesto como lugar de interés comunitario conforme a la Directiva de los hábitat, Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitat naturales y de la fauna y flora silvestres (2) (código GR113009) por sus objetivos de protección. Al estudiar las denuncias presentadas, la Comisión observó que la Decisión Ministerial Común 5796/1996, por la que se designaban como parque nacional las zonas del delta del Nestos y de los lagos Vistónida e Ismárida, ya no estaba en vigor. Según la legislación griega, el marco jurídico necesario para proteger los lugares y cumplir los objetivos fijados en la Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres, y la Directiva 92/43/CEE, está formado por un plan de gestión aprobado (estudio medioambiental específico), una Decisión Ministerial Común y un órgano de gestión.

Según la información disponible, las autoridades griegas han adoptado la Ley 3044/2002, que prevé el establecimiento de 25 órganos de gestión para varios lugares que Grecia ha propuesto ya para su inclusión en la red Natura 2000. Esta ley establece un órgano de gestión para la zona «delta del Nestos-Vistónida-Ismárida» y fue seguida por la Decisión Ministerial Común 125208/394/30.1.2003, que establecía la composición de la dirección del órgano de gestión. Al parecer, aún no ha finalizado el proceso de creación y puesta en funcionamiento del órgano de gestión. Se espera que su pleno establecimiento contribuya a los objetivos de protección de estas zonas, la aplicación de los planes de gestión aprobados y su protección eficaz.

Sin embargo, dado que no se había aplicado el marco jurídico nacional, la Comisión inició un procedimiento de infracción de conformidad con el artículo 226 del Tratado CE, considerando que Grecia había incumplido su obligación de atribuir a la zona de protección especial un marco jurídico adecuado que velara por su protección y su conservación. La Comisión asegura a Su Señoría que no vacilará en adoptar las medidas apropiadas para garantizar la aplicación correcta de la legislación medioambiental comunitaria.

----

(1)DO L 103 de 25.4.1979, p. 1.

(2)DO L 206 de 22.7.1992.

----

----

(2004/C 88 E/0490)

PREGUNTA ESCRITA E-3967/03

de Gian Gobbo (NI) a la Comisión

(5 de enero de 2004)

Asunto:   Indemnización de los bienes expropiados en Croacia a los refugiados de Istria

En vista de la decisión que debe adoptar el Consejo de entablar negociaciones con Croacia, ¿no considera la Comisión que sería útil y necesario plantear la dolorosa cuestión de las expropiaciones sufridas por los ciudadanos italianos y europeos que fueron obligados a abandonar sus tierras y propiedades inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial por las autoridades yugoslavas constituidas poco antes?

¿No le parece que las disposiciones alegadas por las autoridades croatas para justificar su negativa a devolver sus bienes a los refugiados de Istria contravienen los principios de la Unión Europea y los del Convenio Europeo de Derechos Humanos?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(6 de febrero de 2004)

La cuestión de las expropiaciones después de la Segunda Guerra Mundial es una cuestión bilateral abierta entre los países afectados, y la Comisión no tiene competencia jurídica en el asunto.

Sin embargo, basándose en el principio de las relaciones de buena vecindad, la Comisión ha recomendado en varias ocasiones a Croacia que encuentre una solución aceptable al problema mediante el diálogo con las partes afectadas. El problema se ha mencionado en el último Informe sobre el proceso de estabilización y asociación correspondiente a Croacia, de abril de 2003, y en las reuniones periódicas entre la Comisión y el Gobierno de Croacia.

----

----

(2004/C 88 E/0491)

PREGUNTA ESCRITA E-3977/03

de Paulo Casaca (PSE) a la Comisión

(5 de enero de 2004)

Asunto:   Mediación del conflicto en Nepal

La guerra civil de Nepal se ha agravado considerablemente en los últimos años. En este contexto, diversas organizaciones no gubernamentales, algunas con sede en Nepal y otras en territorio europeo, han visitado recientemente el Parlamento Europeo para expresar sus preocupaciones sobre este asunto.

Uno de los principales problemas expuestos concierne a los desastrosos efectos de la guerra en los menores, que sufren un doble maltrato: o bien se les obliga a colaborar en las actividades de la guerrilla o, incluso aunque no participen en tales actividades, son considerados sospechosos de colaboración y tratados como tal por las autoridades nepalesas.

¿No considera la Comisión que la Unión Europea podría desempeñar un papel útil de mediador en este conflicto?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(9 de febrero de 2004)

La Comisión está de acuerdo con Su Señoría en que la violencia en Nepal resulta muy preocupante y que la interrupción de la tregua y las negociaciones de paz por parte de los maoístas el 27 de agosto de 2003 ha generado una nueva ola de inestabilidad y guerrilla urbana y un elevado número de víctimas.

La Comisión, cuyo principal objetivo reside en la lucha contra la pobreza, ha previsto recursos para atenuar las repercusiones del conflicto. En el nuevo informe estratégico sobre el país, aprobado por la Comisión el 18 de diciembre de 2003, se presta especial atención a la reducción de la pobreza, la buena gobernanza y la consolidación de la democracia, en particular en la región centro-oeste, mejorando las condiciones de vida de los agricultores y disminuyendo la influencia maoísta. La Comisión también participa activamente con los medios de comunicación, la sociedad civil y las comunidades locales en actividades destinadas a mitigar el conflicto.

La defensa de los derechos humanos constituye otro aspecto fundamental de la actuación de la UE en Nepal. El conflicto está causando un deterioro preocupante de la situación de los derechos humanos. La Comisión se ha comprometido, a través de la Iniciativa europea para la democracia y los derechos humanos, a intensificar su apoyo a los proyectos de fomento del respeto de los derechos humanos, entre los que figuran los derechos de los niños y los adolescentes en Nepal. En concreto, la Iniciativa respalda la Comisión de Derechos Humanos. Además de ello, en 2003 se implantó en Nepal un régimen de microproyectos. La UE también se ha comprometido a observar las elecciones, en el caso de que se celebren.

La Comisión tiene el convencimiento de que no cabe una resolución militar del conflicto y que resulta crucial la declaración de otra tregua. Sin embargo, por el momento no parece haber lugar para la mediación externa. Pese a que el país se enfrenta a una crisis constitucional y un impasse político, las autoridades nepalíes no han solicitado mediación externa. La Comisión se está concentrando en las medidas de fomento de la confianza para restablecer el grado necesario de crédito entre las fuerzas políticas locales y promover la participación de la sociedad civil en el proceso de paz.

----

----

(2004/C 88 E/0492)

PREGUNTA ESCRITA E-3982/03

de Miquel Mayol i Raynal (Verts/ALE) a la Comisión

(6 de enero de 2004)

Asunto:   Derechos políticos de la minoría macedonia de Grecia

La minoría macedonia de Grecia está representada en la Alianza Libre Europea a través del Partido Rainbow (Ouranio Toxo).

Tras ser objeto de insultos y amenazas, este partido se ha visto físicamente incapacitado para celebrar su congreso con vistas a preparar las elecciones europeas por parte de organizaciones griegas de inspiración fascista.

A pesar de numerosas intervenciones ante las autoridades griegas, tanto locales como nacionales, éstas han dejado que dichos grupos actuaran. El congreso del partido, en principio fijado para el 30 de noviembre y retrasado al 7 de diciembre, ha sido aplazado sine die debido a los riesgos que implica su celebración.

¿Tiene la Comisión conocimiento de esta violación de los derechos políticos de las minorías?

¿Conoce las razones de la pasividad de las autoridades griegas al respecto?

Respuesta complementaria del Sr. Vitorino en nombre de la Comisión

(27 de mayo de 2004)

De acuerdo con su respuesta de espera a la pregunta escrita E-3982/03 (1) de Su Señoría, la Comisión se dirigió a las autoridades griegas el 17 de febrero de 2004, pidiéndoles información sobre los hechos aludidos.

En su respuesta, recibida por la Comisión el 30 de marzo de 2004, estas autoridades hacían las siguientes observaciones:

La Comisión considera satisfactorias las explicaciones de las autoridades griegas.

Por otra parte, la Comisión informa a Su Señoría que las autoridades griegas protestan contra la utilización de la expresión «minoría macedonia». Subrayan que no existe en Grecia una minoría que ostente tal nombre. Mantienen que en Macedonia occidental residen personas que, además de la lengua griega, hablan un idioma eslavo local. Sólo algunas de estas personas desean que se les reconozca un estatuto de minoría nacional. No obstante, la apropiación del término «Macedonio» para designar a estas personas es fuente de confusión semántica y cultural, puesto que este término se utiliza exclusivamente para designar a los griegos originarios de Macedonia, que son alrededor de dos millones de personas.

----

(1)DO C 78 E de 27.3.2004, p. 888.

----

----

(2004/C 88 E/0493)

PREGUNTA ESCRITA E-4010/03

de Reino Paasilinna (PSE) a la Comisión

(8 de enero de 2004)

Asunto:   Seguridad del suministro de electricidad

La Directiva 2003/54/CE sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad (1) se adoptó el 26 de junio de 2003. En su preámbulo, en particular en los considerandos 23, 24 y 26, se hace hincapié en garantizar la seguridad del suministro, la protección de los consumidores vulnerables y en el cumplimiento de los requisitos de servicio público.

¿Qué medidas concretas ha adoptado la Comisión para que los Estados miembros respeten las obligaciones mencionadas? La seguridad del suministro constituye un motivo de particular preocupación, principalmente en invierno. Los cortes de electricidad, de larga duración y amplio alcance, que se han producido durante este invierno han demostrado la vulnerabilidad de las redes actuales.

¿De qué modo va a velar la Comisión por que el mercado interior del sector de las redes de energía, plenamente operativo, no genere una inseguridad cada vez mayor?

Respuesta de la Sra. de Palacio en nombre de la Comisión

(6 de febrero de 2004)

La cuestión de la seguridad del suministro es un aspecto crucial para que funcione el mercado interior. Esto es igualmente aplicable al mantenimiento y elevación del nivel del servicio público y a la protección de los consumidores vulnerables. Por consiguiente, en la nueva Directiva 2003/54/CE (2) (Directiva de la electricidad) se hace gran hincapié en estos puntos, exigiendo a los Estados miembros que supervisen el equilibrio entre la oferta y la demanda en sus redes de electricidad y prevean los pertinentes mecanismos de reserva que podrían utilizarse en caso de que el mercado no fuera capaz de garantizar la seguridad del suministro.

Los Estados miembros están en proceso de transposición de esta Directiva a su ordenamiento jurídico nacional. La Comisión evaluará si han cumplido sus obligaciones respecto a estos puntos cuando cada Estado miembro le comunique su legislación nacional. En caso de que un Estado miembro no aplicara la Directiva correctamente, la Comisión incoaría un procedimiento de infracción. Sin embargo, la Comisión espera que los Estados miembros traspongan fielmente la Directiva. En todo caso, la Comisión realizará una evaluación comparativa de los enfoques adoptados por los Estados miembros para potenciar los que constituyan las mejores prácticas.

Por otra parte, el 10 de diciembre de 2003 la Comisión publicó una Propuesta de Directiva sobre las medidas de salvaguarda de la seguridad del abastecimiento de electricidad y la inversión en infraestructura (3). Esta propuesta pretende garantizar que los Estados miembros dispongan de una política clara de seguridad de suministro ya preestablecida para asegurar un marco normativo estable y una distribución clara de las responsabilidades. Además, con ella se pretende garantizar la realización de todas las inversiones necesarias en las infraestructuras transfronterizas para consolidar la seguridad de suministro y el pleno desarrollo de la competencia en todo el mercado interior.

----

(1)DO L 176 de 15.7.2003, p. 37.

(2)  Directiva 2003/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 96/92/CE — Declaraciones sobre las actividades de desmantelamiento y de gestión de residuos.

(3)  COM(2003) 740 final.

----

----

(2004/C 88 E/0494)

PREGUNTA ESCRITA E-4027/03

de Geoffrey Van Orden (PPE-DE) a la Comisión

(9 de enero de 2004)

Asunto:   Deducciones fiscales de las plusvalías

A la hora de calcular el impuesto sobre la plusvalía que ha de pagarse sobre el precio de venta de un bien inmobiliario de uso doméstico, en Francia puede deducirse el coste de las mejoras al inmueble del impuesto total que ha de pagarse.

¿Eso mismo se aplica también si las obras para mejorar el inmueble las lleva a cabo una empresa británica y se pagan en libras esterlinas?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(10 de febrero de 2004)

Este asunto compete al Gobierno francés y no a la Comisión. Los impuestos directos no están armonizados en la Unión Europea y los Estados miembros tienen la facultad de implantar su propio derecho fiscal, obviamente siempre y cuando respeten las libertades fundamentales contempladas en el Tratado constitutivo de la Unión Europea.

Una de esas libertades se refiere a la prestación de servicios. Una normativa fiscal que no permita deducir el coste de las obras realizadas por una empresa establecida en otro Estado miembro resultaría discriminatoria por razones de nacionalidad o lugar de residencia del prestador de servicios. En tal caso, constituiría una violación del Tratado CE. No obstante, la Comisión no tiene motivos para creer que en Francia esté vigente una norma de esa índole.

----

----

(2004/C 88 E/0495)

PREGUNTA ESCRITA E-0008/04

de Philip Claeys (NI) a la Comisión

(16 de enero de 2004)

Asunto:   Adhesión de Chipre e inmigración

A raíz de las elecciones celebradas recientemente en la parte turca de Chipre, los partidos de la oposición han manifestado su preocupación ante la inscripción masiva de ciudadanos turcos en el censo. Los vínculos existentes entre el «Presidente» Rauf Denktash (y las fuerzas políticas que le rodean) y Turquía son muy estrechos. Esta situación puede originar algunos problemas tras la adhesión de Chipre. Por ejemplo, no es totalmente irreal el riesgo de que la zona de Chipre ocupada sea utilizada por Turquía como zona de tránsito para permitir la inmigración de ciudadanos turcos hacia otros Estados miembros de la Unión Europea. De esa manera podría eludirse la prohibición de inmigración a la mayor parte de los Estados miembros de la Unión Europea. Al fin y al cabo, el Gobierno de Chipre fomenta la libre circulación de personas en toda la isla.

¿Qué medidas se propone adoptar la Comisión para hacer frente a este problema potencial? ¿Se ha consultado ya al respecto a las autoridades de Chipre?

Respuesta del Sr. Verheugen en nombre de la Comisión

(4 de marzo de 2004)

Chipre está dividido de facto por una zona de seguridad impuesta por las Naciones Unidas (NU. Es una línea divisoria entre la parte septentrional del país y las Zonas controladas por el Gobierno que sólo puede atravesarse en tres pasos fronterizos.

La política de la República de Chipre autoriza a atravesar únicamente a todos los ciudadanos de la República, los ciudadanos de la UE, y los nacionales de terceros países que residan legalmente en la parte septentrional, así como a los ciudadanos de la UE y los nacionales de terceros países que entraron en la isla a través de las Zonas controladas por el Gobierno. De ello se deduce que los nacionales de terceros países que entraron a través de la parte septentrional no están autorizados a atravesar las Zonas controladas por el Gobierno.

En caso de que se produjera una solución antes del 1 de mayo de 2004, se trataría la cuestión en el plan Annan que servirá de base a la Unión Europea para establecer una normativa más pormenorizada.

Si no se llegara a una solución antes del 1 de mayo de 2004, el artículo 2 del Protocolo 10 del Acta de Adhesión prevé la adopción por parte del Consejo de una decisión relativa a las condiciones en las que se podrá atravesar la línea divisoria. La Comisión preparará una propuesta de Reglamento del Consejo de conformidad con el presente artículo.

No existe riesgo alguno de que se produzca una inmigración ilegal que penetre en los Estados miembros a través de Chipre, ya que los nuevos Estados miembros sólo se irán incorporando a la zona Schengen de forma paulatina.

----

----

(2004/C 88 E/0496)

PREGUNTA ESCRITA P-0027/04

de Marco Pannella (NI) a la Comisión

(9 de enero de 2004)

Asunto:   Siguen los asesinatos y torturas por parte de funcionarios del Gobierno del Viet Nam

El 13 de diciembre de 2003, un grupo de policías paramilitares vietnamitas del distrito de Dak Doa acordonó la aldea de Plei O Dot, ayuntamiento de Ia Bang, distrito de Dak Doa, provincia de Gia Lai, y detuvo a dos habitantes de la aldea, Nih de 41 años de edad y So de 44, ambos cristianos y miembros de la Montagnard Foundation Inc. (MFI) y del Partido Radical Transnacional (PRT);

Nih estaba registrado con el número 338 y So con el número 373 en las listas de adherentes de la MFI y del PRT que están a disposición de las autoridades nacionales e internacionales que quieran investigar estos episodios;

Ambos detenidos fueron conducidos a la prisión del distrito de Dak Doa donde sufrieron tortura en forma de golpes y descargas eléctricas. Nih se negó a responder a las preguntas y a renunciar a Cristo, y el Mayor Tuan, de la policía de Dak Doa, lo apuñalo en el pecho y a continuación le cortó el cuello;

El 15 de diciembre de 2003, la policía vietnamita entregó el cadáver de Nih a la familia, en Plei O Dot, y le impidió celebrar los funerales, declarando que querían que todos los habitantes de la aldea vieran lo que les sucede a los que no son amigos del Gobierno de Viet Nam. No se sabe si el cadáver ha recibido sepultura;

Nih era un campesino que se ocupaba del servicio laico en la iglesia local y siempre rechazó el control que el Gobierno ejerce sobre las actividades religiosas de su iglesia. Fue asesinado porque proporcionaba alimentos y ayuda a los refugiados montañeses escondidos en la jungla fronteriza entre Viet Nam y Camboya. Nih deja una esposa y tres hijos, que también han sufrido amenazas y discriminaciones.

¿Conoce la Comisión estos hechos? En caso negativo, ¿qué curso se da a las garantías de vigilancia continua, visto que ni una sola vez se ha llegado a condenar al Gobierno vietnamita o a adoptar sanciones, para comprobar y garantizar que los responsables de estas atrocidades sean procesados y que las víctimas sean inmediatamente liberadas?

¿Qué piensa del hecho de que el Gobierno de Viet Nam considera como un delito el ejercicio del derecho político de pertenecer a una ONG que tiene estatuto consultivo ante el CES de las Naciones Unidas, o al Partido Radical Transnacional, que promueve el respeto de los derechos humanos con medios no violentos?

¿No cree que, en el ámbito de los acuerdos de cooperación, debe pedir que se permita el acceso de una delegación europea a los altiplanos centrales de Viet Nam?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(30 de enero de 2004)

La Comisión está al tanto de los informes en los que se describen los incidentes en cuestión ocurridos en la provincia de Gia Lai, pero no ha podido verificarlos, ya que sigue siendo difícil obtener información independiente y verificable sobre la situación de las Tierras Altas del Centro.

Como bien sabe Su Señoría, la Unión sigue de cerca los problemas relacionados con los derechos humanos en Vietnam y presta una atención especial a la situación de las Tierras Altas del Centro.

En cuanto a la situación en dicha zona, la Unión ha hecho continuos llamamientos al Gobierno de Vietnam para facilitar el acceso a la región de misiones de la Unión, así como del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y de otros organismos y representantes de las Naciones Unidas, para poder hacer una evaluación directa, completa e independiente de la situación sobre el terreno. El Gobierno de Vietnam ha permitido que la Unión efectúe misiones de la Troica —acompañadas— en la región, la última de ellas en diciembre de 2003. No obstante, el acceso sigue estando controlado.

La Unión ha manifestado en todo momento su inquietud por las violaciones constatadas de los derechos humanos, incluidos los casos de personas perseguidas por la expresión pacífica de sus opiniones personales. En este contexto, la Comisión desea remitir a Su Señoría a su respuesta conjunta a las preguntas escritas E-3001/03 a E-3003/03 (1) sobre el problema de las violaciones notificadas de los derechos humanos en las Tierras Altas del Centro, que sigue siendo plenamente válida.

----

(1)DO C 70 E de 20.3.2004, p. 190.

----

----

(2004/C 88 E/0497)

PREGUNTA ESCRITA E-0089/04

de Astrid Thors (ELDR) a la Comisión

(21 de enero de 2004)

Asunto:   Gestión de residuos nucleares en Rusia

El año pasado se registraron avances importantes para impulsar una gestión responsable de los residuos radiactivos en Rusia, en particular en lo que se refiere a los procedentes de los submarinos nucleares en el noroeste del país. La cooperación en materia de medio ambiente en el marco de la Dimensión septentrional brinda importantes posibilidades de financiación (más de 160 millones de euros disponibles). Asimismo, se firmó, pero no se ratificó, el Acuerdo MNEPR celebrado con Rusia sobre rendición de cuentas y fiscalidad en materia de residuos nucleares. No obstante, sigue siendo necesario un plan de acción sobre la gestión y el almacenamiento definitivo de los residuos y, además, también podría mejorarse la cooperación con distintos donantes. Por otro lado, en un seminario celebrado el 26 de noviembre de 2003 con la participación de la Duma rusa y del Parlamento Europeo quedó patente que siguen pendientes distintas cuestiones relacionadas con el control.

¿Qué medidas ha adoptado la Comisión o tiene conocimiento de que se hayan adoptado con vistas a que todas las partes que participan en la eliminación y la financiación puedan llegar a un acuerdo sobre un programa de gestión? ¿Qué garantías tiene la Comisión de que el proyecto de eliminación de residuos genere un nivel más elevado de seguridad y de que el combustible ya utilizado no se vuelva a utilizar con fines militares?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(3 de marzo de 2004)

La Comisión siempre ha reconocido la magnitud del problema que plantean los residuos nucleares en Rusia, especialmente en el noroeste del país, y ha promovido activamente un enfoque común para reforzar la coordinación entre los distintos donantes y Rusia. Con la ratificación del Acuerdo MNEPR, el 28 de noviembre de 2003 por la Duma y el 10 de diciembre de 2003 por el Consejo de la Federación, se abrió la vía para que se hiciera efectiva la Asociación Medioambiental de la Dimensión Septentrional (NDEP) en el ámbito de la gestión de los residuos nucleares. En 2003/2004, la Comisión aportará una contribución al Fondo por un total de 50 millones de euros, de los cuales 40 millones se asignarán al sector nuclear.

La Comisión ha apoyado la creación de un Comité Operativo Nuclear que garantice una firme coordinación, no sólo de las actividades financiadas por el Fondo, sino también de los programas de muchos donantes bilaterales, la mayoría de los cuales están representados en el Comité. La primera reunión de éste se celebró el 2 de febrero de 2004 y se convino en un proyecto para desarrollar un plan de gestión estratégica para los residuos radiactivos en el noroeste de Rusia, proyecto que se llevará a cabo en los próximos meses y que proporcionará una base sólida para la coordinación y selección en el futuro de los proyectos que hay que apoyar.

La selección de los proyectos tendrá que hacerse con arreglo a criterios dentro de los cuales tendrá suma importancia la seguridad nuclear, la protección, la efectividad en función de los costes y los beneficios ambientales. La NDEP financiará únicamente actividades destinadas a garantizar una gestión y almacenamiento seguros de los residuos nucleares (combustible nuclear consumido y residuos radiactivos) en el noroeste de Rusia.

----

----

(2004/C 88 E/0498)

PREGUNTA ESCRITA E-0091/04

de Ilka Schröder (GUE/NGL) a la Comisión

(21 de enero de 2004)

Asunto:   Consecuencias de la inclusión de Hamás en la lista de organizaciones terroristas

Desde septiembre de 2003, la UE incluye a la organización palestina Hamás en su totalidad en su lista de organizaciones terroristas (Posición Común 2003/651/PESC (1)), y ya desde diciembre de 2001 a su rama militar Izz al-Din al-Qassem. Conforme a la Posición Común 2001/931/PESC (2), la inclusión en esta lista supone la congelación de recursos financieros y económicos, la asistencia mutua y la cooperación policial y judicial en materia penal en la lucha contra el terrorismo. Conforme al Reglamento (CE) no 2580/2001 (3), se congelarán los recursos financieros y económicos de las personas y las organizaciones incluidas en la lista; además, tampoco se les podrán proporcionar nuevos recursos (salvo para fines humanitarios).

En opinión del Comisario Patten, la inclusión en la lista implica que los Estados miembros se proporcionen «la asistencia mutua más amplia posible» en la lucha contra el terrorismo, a través de la cooperación policial y judicial, y que se apliquen las restricciones financieras establecidas en el Reglamento (CE) no 2580/2001 (véase su respuesta a la pregunta escrita E-2774/03 (4) de Theresa Villiers).

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(12 de marzo de 2004)

La Comisión señala que la decisión de incluir en su totalidad a Hamas en la lista de organizaciones terroristas fue adoptada unánimemente por el Consejo. Como la decisión se basa en el Tratado de la Unión Europea (artículos 15 y 34), los Estados miembros han de asegurarse de que sus políticas nacionales se ajustan a la Posición Común.

La Comisión es consciente de que Su Señoría ha formulado también al Consejo (pregunta escrita E-0090/04) las preguntas mencionadas y remite a la respuesta proporcionada por el Consejo en lo tocante a la información sobre las medidas de los Estados miembros en el ámbito de la cooperación policial y judicial, incluidos los datos sobre las órdenes de congelación dictadas por las autoridades judiciales. Convendría añadir, no obstante, que la Decisión 2003/48/JAI del Consejo, de 19 de diciembre de 2002 (5), relativa a la aplicación de medidas específicas de cooperación policial y judicial en la lucha contra el terrorismo, se adoptó para dar substancia al artículo 4 de la Posición Común 2001/931/PESC. Esa decisión aspira a mejorar la cooperación policial y judicial relativa a los «delitos de terrorismo en que intervenga cualquiera de las personas, grupos o entidades que figuran en la lista» y, en especial, a garantizar que Europol y Eurojust reciban la información que precisan para llevar a cabo sus tareas. Insta también a los Estados miembros a tomar las medidas necesarias para constituir equipos conjuntos de investigación a fin de llevar a cabo investigaciones judiciales relativas a delitos de terrorismo en que intervenga cualquiera de las personas, grupos o entidades que figuran en la lista y a garantizar que, en tales casos, las solicitudes de asistencia mutua y reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales sean tramitadas con carácter de urgencia.

El Reglamento (CE) no 2580/2001 del Consejo, de 27 de diciembre de 2001, sobre medidas restrictivas específicas dirigidas a determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo, es directamente aplicable en todos los Estados miembros y prohíbe, entre otras cosas, las donaciones a Hamas (letra b del apartado 1 del artículo 2). El Reglamento obliga también a todas las personas bajo la jurisdicción de la Comunidad a congelar los fondos y activos que pertenecen a Hamas. La Comisión, sin embargo, no ha recibido informe alguno sobre la detección, en la Comunidad, de cuentas pertenecientes a Hamas.

El Reglamento (CE) no 2580/2001 no exige que se congelen los fondos y los activos pertenecientes a individuos que puedan tener vínculos con Hamas, a menos que tales individuos estén incluidos en la lista pertinente. Sin embargo, procede señalar que el Reglamento sí prohíbe que fondos y recursos económicos se pongan a disposición de las personas, grupos o entidades enumerados en la lista, como Hamas, o que se utilicen en su beneficio. La prohibición también abarca los casos en que la puesta a disposición de fondos se realiza de manera indirecta. El Reglamento prohíbe también la participación en actividades que eludan dicha prohibición.

La Comisión tiene entendido que los Estados miembros están analizando la conveniencia de extender las restricciones financieras previstas en el Reglamento (CE) no 2580/2001 a varias personas, grupos y entidades que pudieran tener vínculos con Hamas, con el fin aumentar la eficacia de la labor dirigida a reducir la financiación de las actividades terroristas de Hamas. En su opinión, en esta fase la divulgación de cualquier nombre comprometería las investigaciones.

----

(1)DO L 229 de 13.9.2003, p. 42.

(2)DO L 344 de 28.12.2001, p. 93.

(3)DO L 344 de 28.12.2001, p. 70.

(4)DO C 70 E de 20.3.2004, p. 140.

(5)DO L 16 de 22.1.2003.

----

----

(2004/C 88 E/0499)

PREGUNTA ESCRITA E-0097/04

de Jean Lambert (Verts/ALE) a la Comisión

(22 de enero de 2004)

Asunto:   Ayudas ambientales a Santa Lucía

¿Ha recibido Santa Lucía fondos comunitarios, incluidos fondos para un programa turístico comunitario de protección del patrimonio natural? ¿Cuál es el importe concedido? ¿Cuál es el método utilizado para justificar los gastos? ¿Qué importancia medioambiental tienen los programas?

¿Está al corriente la Comisión del reciente asesinato de Jane Tipson, cofundadora de la Coalición del Caribe Oriental para la Conciencia Medioambiental y coordinadora del programa regional en Santa Lucía?

¿Conoce la Comisión las denuncias de corrupción generalizada y de apropiación indebida de los fondos comunitarios en Santa Lucía, así como las denuncias de que los importes asignados específicamente a los proyectos medioambientales no se utilizan debidamente? En caso afirmativo, ¿qué medidas ha tomado la Comisión para garantizar la utilización correcta de los fondos?

Respuesta del Sr. Nielson en nombre de la Comisión

(4 de marzo de 2004)

Por ser uno de los Estados ACP (países de África, Caribe y Pacífico) Santa Lucía recibe financiación del Fondo Europeo de Desarrollo (FED) en virtud del Acuerdo de asociación de Cotonú y también de líneas presupuestarias específicas tales como el marco especial de asistencia a los cultivadores tradicionales de plátanos. La ayuda comunitaria a Santa Lucía ha ascendido, desde 1985, a 98 millones de euros, de los cuales 58 millones eran transferencias de Stabex (éste era un plan con arreglo a los Convenios de Lomé para compensar a los países ACP por sus pérdidas en los ingresos de exportación de determinados cultivos básicos) y 24,2 millones de euros en préstamos y capital de riesgo del Banco Europeo de Inversiones (BEI).

Efectivamente, con los fondos Stabex se financió y se ejecutó un programa turístico comunitario de protección del patrimonio, que se acabó en 2003. El proyecto tenía un valor de 2 millones de euros y tuvo como resultado la apertura de un parque abierto al público. Además, fomentó el ecoturismo dentro del sector privado.

La ejecución siguió los procedimientos FED normales del marco Stabex: se prepararon planes de trabajo detallados como base para adelantar los fondos. El informe de finalización sobre la ejecución del proyecto, incluidos todos los datos financieros y las cuentas, lo recibió la Delegación el 18 de febrero de 2004 y se está analizando detalladamente. Está prevista una auditoría específica para ese proyecto que se espera comience a principios de marzo de 2004. Además está iniciándose una auditoría detallada y amplia a cargo de auditores externos independientes para todos los programas Stabex, que deberá estar concluida a mediados de 2004.

La Comisión y el Gobierno de Santa Lucía toman muy en serio cualquier alegación de uso indebido de los fondos. El Gobierno, por su parte, también está haciendo investigaciones exhaustivas del asunto.

Jane Tipson era miembro de la Coalición del Caribe Oriental para la Sensibilización Ambiental (ECCEA), organización que era beneficiaria de una subvención financiada con cargo a la línea presupuestaria Medioambiente (Β7 6200) para un proyecto titulado «Iniciativa regional para promover el turismo natural basado en la comunidad, la educación ambiental y la conservación de los ecosistemas isleños en el Caribe Oriental». Este proyecto se inició en abril de 2000 y terminó el 31 de diciembre de 2003. Su coste era de 1,7 millones, de los cuales la Comisión aportó 1,4. Dentro de este proyecto de alcance regional, algunas actividades se desarrollaron en Santa Lucía, entre otras las relacionadas con la comunicación y la promoción del ecoturismo y la sana gestión ambiental en el Caribe Oriental.

La Comisión lamenta profundamente la muerte de Jane Tipson. Se ha detenido al supuesto asesino e iniciado los procedimientos judiciales normales.

----

----

(2004/C 88 E/0500)

PREGUNTA ESCRITA E-0113/04

de Raina Echerer (Verts/ALE) y Eurig Wyn (Verts/ALE) a la Comisión

(26 de enero de 2004)

Asunto:   Lengua maltesa y próxima legislatura parlamentaria

Las lenguas son una de las mayores riquezas de Europa y, por consiguiente, es esencial que las instituciones europeas protejan y fomenten la diversidad lingüística y cultural en Europa. El Parlamento Europeo y la Comisión Europea siempre han considerado importante poseer las herramientas adecuadas de traducción e interpretación en todas las lenguas oficiales de la Unión Europea. Se nos ha comunicado empero que es probable que no haya suficientes traductores e intérpretes de lengua maltesa. Por consiguiente, existe el riesgo real de que los diputados y funcionarios malteses no puedan expresarse en maltés en ninguna institución comunitaria a partir del 1 de mayo de 2004.

Malta debería haber ofrecido intérpretes y traductores en número suficiente para que el maltés fuera una lengua oficial de las instituciones europeas, pues forma parte del proceso de ampliación. Sin embargo, esas especialidades sólo han comenzado a impartirse durante el actual curso académico, a media jornada, en la Universidad de Malta, por lo que no se cuenta con suficientes profesionales en este ámbito. Al hilo de lo expuesto:

Respuesta del Sr. Verheugen en nombre de la Comisión

(5 de marzo de 2004)

La Comisión comparte la opinión de que la diversidad lingüística y cultural constituye un activo para la Unión que es preciso preservar. El reconocimiento de la lengua maltesa como lengua oficial de la UE refleja este principio.

La organización y el contenido de la formación compete a las autoridades nacionales. En el marco de los preparativos para la ampliación, la Comisión ha mantenido durante los dos últimos años diversos contactos con las autoridades maltesas y los organismos interesados a propósito de la formación de intérpretes y traductores. En esos encuentros se hizo hincapié en la necesidad de desarrollar oportunamente los preparativos adecuados para garantizar la disponibilidad de traductores convenientemente cualificados y, en particular, de intérpretes, puesto que no había tradición de interpretación en maltés.

La Comisión no fue plenamente consciente de la gravedad de la escasez de traductores e intérpretes cualificados en lengua maltesa hasta que convocó una convocatoria de solicitudes de participación a mediados de 2003. El reducido número de solicitudes cualificadas recibidas evidenció esta insuficiencia, obviamente relacionada con el pequeño tamaño de la población maltesa. Al mismo tiempo, la Comisión se comprometió a crear una oficina de traducción en Malta para ayudar a las autoridades maltesas a hallar una solución a este problema.

En la actualidad, la Comisión considera la posibilidad de apoyar a las autoridades maltesas, con ayuda financiera, en la organización de cursos de formación para intérpretes y traductores. La experiencia de la Comisión muestra, no obstante, que estos cursos han de organizarse cuidadosamente y según normas profesionales estrictas si se desea que los traductores e intérpretes formados alcancen las cualificaciones requeridas por las instituciones de la UE. La Comisión colabora con las autoridades maltesas para lograr este resultado tan pronto como sea posible.

----

----

(2004/C 88 E/0501)

PREGUNTA ESCRITA E-0202/04

de Michl Ebner (PPE-DE) a la Comisión

(29 de enero de 2004)

Asunto:   Falta de claridad en los criterios para la exclusión de solicitantes de contratos financiados por la UE

En la «Guía práctica de los procedimientos contractuales financiados por el presupuesto general de las Comunidades Europeas en el marco de las acciones exteriores» se regula el procedimiento para la solicitud y la concesión de contratos financiados por la UE.

Aunque la guía fue retocada en el año 2003, en algunos aspectos es demasiado rigurosa, pero, por otra parte, deja un amplio margen de interpretación en lo referente a las solicitudes de empresas y expertos. Así, por ejemplo, el punto 2.3.6 sobre los conflictos de intereses de la guía resulta tan restrictivo que, de acuerdo con él, quedan excluidas las empresas que hayan participado en alguna de las fases previas de un proyecto. Este motivo de exclusión se refiere a todas las empresas de un mismo grupo de empresas, también internacional, independientemente de las proporciones de la participación en el mismo, incluso cuando ésta sea sólo del 1 %. Podría perfectamente ocurrir que fuesen precisamente estos solicitantes los que pudiesen proporcionar los mejores resultados.

Además, debido a su formulación poco clara, algunas disposiciones son interpretadas de maneras distintas por las distintas Delegaciones. Esto lleva de nuevo a malentendidos en el procedimiento de selección y, con ello, a que los resultados de la ejecución no necesariamente sean los mejores posibles.

¿Ha estudiado la Comisión todas las consecuencias legales de la «Guía práctica» y se ha asegurado de su correcta interpretación en todos los idiomas? En caso contrario, ¿qué pretende hacer la Comisión para eliminar la falta de claridad?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(15 de marzo de 2004)

Los principios en los que se basa la «Guía práctica» se definen en el apartado 1 del artículo 89 del Reglamento Financiero, de 25 de junio de 2002, aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (1). Todos los contratos públicos financiados en todo o en parte por el presupuesto deben cumplir los principios de transparencia, proporcionalidad, igualdad de trato y no discriminación. Con arreglo al artículo 94 bis del Reglamento Financiero, no podrán concederse contratos a licitadores o candidatos que, durante el procedimiento de contratación pública, estén sujetos a un «conflicto de intereses».

En el caso de las acciones externas, estos principios se han aplicado de la siguiente manera:

----

(1)DO L 248 de 16.9.2002.

(2)DO L 357 de 31.12.2002.

(3)  SEC(2003) 387/2.

(4)  Decisión SEC(1999) 1801/2.

----

----

(2004/C 88 E/0502)

PREGUNTA ESCRITA E-0226/04

de Margrietus van den Berg (PSE) a la Comisión

(2 de febrero de 2004)

Asunto:   Fábricas de fécula en los países en desarrollo

Durante una visita de trabajo a Veendam me expusieron las posibilidades de la producción de fécula a base de mandioca en los países en desarrollo y los factores que bloquean la realización de proyectos en este ámbito. En muchos países en desarrollo, la mandioca suele ser un cultivo interior que medra en el entorno natural y se puede utilizar perfectamente para la producción de fécula. La fécula es una materia prima para las industrias alimenticia, textil y papelera. La construcción de una fábrica de fécula puede generar muchos puestos de trabajo en regiones rurales de países en desarrollo que con frecuencia afrontan unos índices elevados de desempleo. Se crearían muchos puestos de trabajo en la agricultura, en la industria y en la clase social de los pequeños empresarios y trabajadores autónomos. La financiación de la construcción de tal fábrica asciende a un importe situado entre 4 y 5 millones de euros. Se trata de una inversión calculable, capaz de dar un impulso positivo considerable a las economías locales en regiones en desarrollo. Los inversores particulares están interesados en participar en proyectos con capital de riesgo, pero eso no es suficiente para la ejecución de los proyectos. También los bancos han de participar mediante préstamos, pero éstos se muestran menos cooperadores. Los bancos participantes desean garantías para los préstamos por ellos otorgados. La puesta a disposición de garantías bancarias por la Unión Europea para la financiación de tales proyectos sería sumamente valiosa y convencería a los bancos para participar. Esto significaría luz verde para unas inversiones de escala relativamente pequeña con unas ventajas económicas muy considerables para la economía local de los países en desarrollo.

Respuesta del Sr. Nielson en nombre de la Comisión

(12 de marzo de 2004)

----

----

(2004/C 88 E/0503)

PREGUNTA ESCRITA E-0254/04

de Elspeth Attwooll (ELDR) a la Comisión

(3 de febrero de 2004)

Asunto:   Mecanismo mundial de financiación de medicamentos contra la tuberculosis (Global TB Drug Facility)

¿Tiene intención la Comisión de contribuir financieramente al mecanismo mundial de financiación de medicamentos contra la tuberculosis (Global TB Drug Facility)? En caso afirmativo, ¿podría indicar el importe que podría proponer?

Respuesta del Sr. Nielson en nombre de la Comisión

(18 de marzo de 2004)

La Comisión reconoce el importante papel desempeñado por el Fondo Global para los medicamentos contra la tuberculosis (Global TB Drug Facility) (GDF) en la asociación Stop TB, de cara a ampliar el acceso y la disponibilidad de medicamentos de alta calidad contra la tuberculosis con objeto de facilitar la expansión del Tratamiento breve bajo observación directa (DOTS) para controlar la tuberculosis en todo el mundo.

La Comisión no tiene intención de facilitar ayuda directa al GDF. Su contribución se canaliza a través del Programa de acción: «Acción acelerada sobre el virus de inmunodeficiencia humana/síndrome de inmunodeficiencia adquirida (VIH/SIDA), la malaria y la tuberculosis en el contexto de la lucha contra la pobreza», que constituye una respuesta coherente y de amplio alcance de la Comunidad para el período 2001-2006. En el período 2003-2006, el importe de la ayuda programada de la Comunidad a través de los diversos instrumentos financieros para hacer frente al VIH/SIDA, la malaria y la tuberculosis totalizará cerca de 1 200 millones de euros (con una media anual de 300 millones de euros). Este importe incluye el apoyo al Fondo Global para combatir el HIV/SIDA, la malaria y la tuberculosis. La Comisión ha desembolsado al Fondo 120 millones de euros para 2002 y ha previsto ayudas por 340 millones de euros para los años 2003-2006. El 17 % de los fondos asignados en las fases iniciales se destinó a programas de control de la tuberculosis. Se calcula que estos proyectos cubrirán el tratamiento breve bajo observación directa (DOTS) de 2,8 millones de pacientes, en comparación con 830 000 en 2000. Además, el 46 % de los fondos para todas las enfermedades se ha asignado al suministro de medicamentos y productos básicos. Por otro lado, casi todos los programas sanitarios bilaterales de la Comisión prevén un enfoque integrado para mejorar la prestación de asistencia primaria. Esto incluye el diagnóstico y el tratamiento apropiado de la tuberculosis, garantizando así que los medicamentos contra la tuberculosis se utilizan de forma eficaz y evitando la aparición de nuevas cepas resistentes a estos medicamentos.

----

----

(2004/C 88 E/0504)

PREGUNTA ESCRITA E-0266/04

de John McCartin (PPE-DE) a la Comisión

(4 de febrero de 2004)

Asunto:   Importaciones de carne de pollo en la Unión Europea

¿Puede la Comisión informar de la cantidad de carne de pollo que se ha importado a la Unión Europea durante los últimos seis meses de los que se disponga de estadísticas? ¿Influiría significativamente la suspensión de dichas importaciones en el mercado europeo de la carne?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(16 de marzo de 2004)

Durante los seis primeros meses de 2003, la UE importó 411 000 toneladas de carne de pollo, incluidas aves vivas y productos derivados. El nivel de las importaciones fue un 26 % superior al correspondiente al mismo período de 2002.

Se estima que en 2003 las importaciones de carne de aves alcanzaron las 800 000 toneladas, lo que equivale respectivamente al 9 % y al 2 % de dichas carnes y de toda la carne consumida en la UE.

Los principales proveedores de carnes de pollo a la UE en 2003 fueron Brasil (400 000 toneladas estimadas), Tailandia (190 000 toneladas estimadas) y los países de Europa Central y Oriental.

Se puede considerar la suspensión total de las importaciones de carne de pollo al mercado de la UE como ejercicio hipotético. Aunque tal suspensión podría reducir la disponibilidad de dicha carne entre los consumidores comunitarios, lo haría en una medida inferior al 9 % señalado, pues la falta de importaciones se vería compensada, al menos parcialmente, con carnes de pollo y cerdo europeas. Téngase en cuenta que en 2003 la UE exportó en torno a 1 000 000 de toneladas de carne de pollo y tuvo una balanza comercial favorable de 200 000 toneladas de este tipo de carne.

La posible influencia de la suspensión sería proporcionalmente menor cuanto más breve fuese el período en que se aplicase. Por otra parte, las reducciones de la disponibilidad de carne en la Unión Europea de quince miembros después del 1 de mayo de 2004 se vería mitigada por una mayor disponibilidad de carne procedente de los nuevos Estados miembros.

----

----

(2004/C 88 E/0505)

PREGUNTA ESCRITA P-0302/04

de Christa Randzio-Plath (PSE) a la Comisión

(2 de febrero de 2004)

Asunto:   Condiciones laborales de las trabajadoras del sector de la floricultura en África, Asia Y América Latina

Alemania es el mayor mercado de distribución de flores cortadas procedentes de América Latina, Asia y África. Quienes trabajan en las plantaciones de estas regiones, en su inmensa mayoría mujeres, reciben salarios bajísimos y sus contratos laborales son inseguros. Además, las malas condiciones de trabajo, como la utilización de plaguicidas en su mayor parte prohibidos en Europa, sin la protección necesaria, de ropa o de otro tipo, son causa de graves peligros para la salud, como el cáncer, las enfermedades de las vías respiratorias, los abortos, y los nacimientos de niños con deformidades. Las trabajadoras que se organizan en sindicatos son víctima de represión y discriminación por parte de la administración de las plantaciones, por lo que resulta muy difícil conseguir una mejora de las condiciones de trabajo a nivel autóctono.

Respuesta del Sr. Lamy en nombre de la Comisión

(1 de marzo de 2004)

El respeto de los derechos humanos, incluyendo en ellos las normas laborales básicas, es una prioridad de la UE. En su política comercial, la UE promueve la aplicación efectiva de las normas laborales básicas (definidas en los Convenios de la OMT) mediante instrumentos positivos, en particular del Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG). Con este sistema, un país puede disfrutar de preferencias arancelarias adicionales si cumple las normas laborales básicas acordadas internacionalmente (los convenios básicos de la OMT) o si aplica sustancialmente las normas y directrices sobre la gestión sostenible de los bosques tropicales acordadas internacionalmente. Muchos de los acuerdos bilaterales de la Comunidad en vigor se refieren también a las normas laborales básicas, por ejemplo el Acuerdo de Cotonú y el Acuerdo con Chile. En este contexto tiene importancia el papel complementario de la asistencia técnica.

----

(1)  COM(2002) 347 de 2.7.2002.

----

----

(2004/C 88 E/0506)

PREGUNTA ESCRITA E-0306/04

de Gerhard Schmid (PSE) a la Comisión

(6 de febrero de 2004)

Asunto:   Agentes armados en los aviones

Las autoridades de los Estados Unidos han pedido a las compañías aéreas europeas que protejan algunos de sus vuelos transatlánticos con agentes armados (sky marshals) que viajen a bordo. Algunos Estados miembros están dispuestos a utilizar este método, otros lo rechazan rotundamente.

Un aspecto problemático del recurso a acompañantes armados es el tipo de munición que han de llevar, toda vez que no es posible usar munición convencional, debido a su excesiva fuerza de impacto.

¿Puede indicar la Comisión:

Respuesta del Sr. Vitorino en nombre de la Comisión

(16 de marzo de 2004)

La Comisión no posee datos sobre el armamento, municiones y técnicas de intervención de los acompañantes de vuelos armados, ya que, dada la naturaleza de estas misiones, esa información es confidencial. Los medios empleados por los agentes de policía de un Estado miembro son responsabilidad de este último, el cual está sujeto al respeto del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Las exigencia que Estados Unidos ha dirigido a las Compañías aéreas de varios Estados miembros para que determinados vuelos cuenten con la presencia a bordo de agentes armados obliga a plantearse en el futuro una respuesta común que permita organizar la cooperación con las autoridades estadounidenses sobre una base más equilibrada. Para la Comisión, la cuestión de los agentes a bordo no es sino una parte del problema más general de la aprobación de medidas de seguridad óptimas para los vuelos transatlánticos o interiores. La Comisión ha iniciado un debate global con los Estados miembros teniendo en cuenta las divergencias existentes.

----

----

(2004/C 88 E/0507)

PREGUNTA ESCRITA E-0318/04

de Glenys Kinnock (PSE) a la Comisión

(6 de febrero de 2004)

Asunto:   Personas con discapacidad psíquica en Rusia

¿Es consciente la Comisión de la falta de protección jurídica de las personas con discapacidad psíquica en Rusia?

¿Podría la Comisión determinar y aclarar qué medidas tiene intención de adoptar en nombre de estas personas y si esta cuestión se ha planteado al más alto nivel posible con las autoridades competentes?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(10 de marzo de 2004)

De acuerdo con la información de que dispone la Comisión, la Constitución rusa no trata directamente de la discriminación de las personas discapacitadas. Y, aunque existen leyes antidiscriminatorias, parece que no se hacen cumplir.

La Comisión lleva trabajando varios años, mediante el programa TACIS, para mejorar el tratamiento de los discapacitados en Rusia, Un ejemplo es el programa «Asociación en sanidad, educación y asistencia social», integrado en Programa de acción Tacis para Rusia en cooperación con el Ministerio de Educación, que ha fomentado la detección precoz de las discapacidades y la mejor atención a los niños rusos de varias regiones del país.

Se están preparando otros proyectos, que se realizarán en conjunción con el Ministerio ruso Trabajo y Desarrollo Social.

Entre sus objetivos están:

La Comisión ha apoyado también a varias ONG, obras de caridad, asociaciones de padres y organizaciones religiosas mediante su Programa Sociedad Civil, con objeto de fomentar la mejor atención y tratamiento de los discapacitados, y en particular de los niños discapacitados.

----

----

(2004/C 88 E/0508)

PREGUNTA ESCRITA P-0341/04

de Philip Claeys (NI) a la Comisión

(4 de febrero de 2004)

Asunto:   Introducción de una etiqueta comunitaria «made in the EU»

Según parece, la Comisión está considerando la posibilidad de introducir una etiqueta comunitaria «made in the EU» (fabricado en la UE).

¿Es cierta esta información? En caso afirmativo, ¿para cuándo se anunciará una propuesta concreta?

¿Cuál es el valor añadido de una etiqueta europea en comparación con las etiquetas nacionales de los Estados miembros?

¿Se ha consultado a este respecto a representantes de los sectores industriales? En caso afirmativo, ¿cuáles son las reacciones?

¿Cabría la posibilidad de combinar una etiqueta europea con una etiqueta nacional?

Respuesta del Sr. Lamy en nombre de la Comisión

(2 de marzo de 2004)

A la vista del renovado interés que han manifestado algunos sectores industriales y Estados miembros por un Reglamento comunitario sobre una marca de origen, el 19 de diciembre de 2003 la Comisión decidió, a fin de impulsar el debate, presentar al Comité 133 un documento de trabajo en el que se analizaban las consecuencias de un sistema de este tipo. Por el momento la Comisión no presenta ninguna propuesta concreta sino que invita a los Estados miembros a efectuar consultas en sus países al respecto.

El documento —disponible en el sitio Internet de comercio exterior de la Comisión— describe las ventajas e inconvenientes de una marca de origen «fabricado en la UE» y señala varias opciones:

El documento no aborda específicamente la cuestión de los sistemas de marcas de origen nacional y debe señalarse que no hay ninguna propuesta que ponga en entredicho la continuidad de su utilización. Todas las partes interesadas, a nivel nacional y de la UE, han de definir sus intereses en lo que respecta al desarrollo de un Reglamento comunitario sobre la marca de origen, incluido el valor añadido que supondría la creación de una indicación de origen «fabricado en la UE» y, en caso de que sean favorables al cambio, la naturaleza y el ámbito del reglamento.

La Comisión se ha puesto en contacto con diversos representantes de la industria y de los consumidores y está recibiendo comentarios y sugerencias. Teniendo en cuenta la fase actual de consultas, la Comisión podría presentar al Consejo y al Parlamento los resultados de estas consultas a finales de marzo de 2004, aunque también es posible que se precise un período más largo.

----

----

(2004/C 88 E/0509)

PREGUNTA ESCRITA E-0352/04

de Roberta Angelilli (UEN) a la Comisión

(12 de febrero de 2004)

Asunto:   El caso Parmalat y sus repercusiones en la producción lácteo-quesera del Lazio

Las consecuencias del conocido escándalo Parmalat se han dejado sentir especialmente entre los productores del Lazio, ya que la sociedad había adquirido la Central lechera de Roma y controlaba de hecho el 70 % del mercado del Lazio. Eso ha tenido graves repercusiones para la totalidad de la cadena nacional de leche fresca, muy concentrada en la región; según una estadística reciente, el Lazio ocupa el quinto puesto en la producción de leche fresca de Italia, con el 33 % del producto nacional, y el primer puesto en consumo, mientras que, en el resto de Italia, se tiende a favorecer la compra de leche de larga conservación o microfiltrado.

Las empresas agrarias dependientes de la cadena lácteo-quesera del Lazio se han visto por tanto doblemente perjudicadas, sea con respecto al riesgo de crisis, ya desatada, de la Central lechera de Roma, sea desde el punto de vista de los créditos no pagados por Parmalat a los productores, cuya leche llega a los establecimientos mediante asociaciones y cooperativas.

El Ministerio italiano de políticas agrarias ya ha puesto en marcha un mecanismo de incentivos para realizar los llamados «contratos de cadena», pensados para apoyar a los ganaderos con el fin de que obtengan, de manera conjunta, una racionalización del sistema dentro de cada cadena alimentaria, aumentando así la eficacia y la producción. Esta disposición permitirá mitigar algunos de los daños causados por la crisis de Parmalat a escala nacional.

Considerando la necesidad de intervenir específicamente en el territorio de la región del Lazio por las razones expuestas y teniendo presente que las políticas agrarias regionales son competencia de la Unión Europea, ¿podría la Comisión indicar:

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(6 de abril de 2004)

En la región de Lacio, el Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA) contribuye a la cofinanciación del Plan de desarrollo rural Lacio 2000/2006 y del programa Leader+. Estos dos programas no contemplan medidas específicas vinculadas a las situaciones de crisis del sector agrario, pero comprenden un conjunto de intervenciones para favorecer el desarrollo de las explotaciones agrícolas y la transformación o comercialización de los productos, así como para favorecer el desarrollo de las zonas rurales de Lacio. No obstante, tratándose de los efectos negativos derivados del escándalo Parmalat, el Reglamento (CE) no 1257/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999, sobre la ayuda al desarrollo rural a cargo del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA) y por el que se modifican y derogan determinados Reglamentos (1), no dispone de instrumentos apropiados para poder intervenir en favor de los pequeños productores de leche afectados por la crisis de Parmalat.

Debe señalarse que la aplicación de las ayudas cofinanciadas a escala comunitaria, en virtud de los programas antes citados, es competencia de las autoridades nacionales y regionales italianas. La Comisión garantiza el seguimiento y el control de los programas, pero no tiene competencias en la gestión sobre el terreno de las diferentes medidas.

Por consiguiente, el «Assesorato all'Agricoltura» de la región de Lacio, entidad encargada de la gestión del programa, es el organismo que podría facilitar datos específicos de los diferentes beneficiarios.

Respecto a la tercera pregunta de Su Señoría, la organización común de mercados dispone de instrumentos de apoyo al mercado, como el régimen de cuotas, las restituciones por exportación, medidas de comercialización de mantequilla y leche en polvo y la intervención. Tratándose del asunto Parmalat, ninguno de estos instrumentos puede utilizarse de manera específica para contribuir a alcanzar una posible solución.

La Comisión tiene competencias para autorizar las ayudas estatales otorgadas por Italia al sector agrario en virtud de los artículos 87 y 88 del Tratado CE. Los agricultores del sector lechero pueden, en su caso, disfrutar de las ayudas nacionales o regionales existentes que la Comisión ya ha autorizado o de nuevas ayudas que se puedan notificar en virtud del artículo 88 del Tratado CE o que se han eximido en virtud del Reglamento (CE) no 1/2004 de la Comisión, de 23 de diciembre de 2003, sobre la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales para las pequeñas y medianas empresas dedicadas a la producción, transformación y comercialización de productos agrarios (2).

Cuando se notifican las ayudas estatales al sector agrario, la Comisión examina su compatibilidad con el mercado común de acuerdo con el Reglamento anterior y con las orientaciones comunitarias sobre las ayudas estatales en el sector agrario. Las ayudas a las empresas en crisis se examinan con arreglo a las Directrices comunitarias sobre ayudas de Estado de salvamento y reestructuración de empresas en crisis.

La Comisión examina actualmente la compatibilidad con las normas del ámbito de las ayudas estatales de las disposiciones del decreto-ley italiano de 27 de enero de 2004 n.16, disposiciones urgentes relativas a los sectores de la agricultura y la pesca. Ese decreto establece medidas de apoyo a los agricultores lecheros que no han recibido un pago por su producto.

----

(1)DO L 160 de 26.6.1999.

(2)DO L 1 de 3.1.2004.

----

----

(2004/C 88 E/0510)

PREGUNTA ESCRITA E-0403/04

de Erik Meijer (GUE/NGL) a la Comisión

(16 de febrero de 2004)

Asunto:   Distorsión de la competencia en detrimento del medio ambiente y del trabajo humano en la producción barata de aluminio primario (producto semielaborado) en Islandia

Fuente: Diario neerlandés «NRC-Handelsblad» de 29 de enero de 2004.

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(23 de marzo de 2004)

----

(1)DO L 18 de 21.1.1997.

(2)  El régimen jurídico de los empleados extranjeros está regulado en la legislación islandesa por la Ley no 55/1980 sobre los sueldos y las condiciones de empleo de los trabajadores y el seguro obligatorio de los derechos de pensión, cuyo artículo 1 incluye los derechos a un sueldo mínimo, a la retribución de las horas extraordinarias, el derecho a vacaciones, la jornada laboral máxima y el tiempo de descanso; la Ley no 46/1980 sobre el entorno de trabajo y la salud y la seguridad en el lugar de trabajo; la Ley no 95/2000 sobre la baja por maternidad o paternidad y el permiso parental; y la Ley no 30/1987 sobre las vacaciones pagadas.

----

----

(2004/C 88 E/0511)

PREGUNTA ESCRITA E-0406/04

de Jules Maaten (ELDR) y Jan Mulder (ELDR) a la Comisión

(17 de febrero de 2004)

Asunto:   Perjuicios sufridos por el agricultor neerlandés dedicado al cultivo de cebollas en Polonia

Respuesta del Sr. Verheugen en nombre de la Comisión

(23 de marzo de 2004)

La respuesta de la Comisión a los tres primeros puntos planteados por Su Señoría es afirmativa.

El caso en cuestión suscita preocupaciones respecto al correcto funcionamiento de los organismos responsables de aplicar la ley en Polonia y, en un contexto más amplio, la coexistencia e integración de los extranjeros en el país. Además, el caso ilustra claramente la importancia de un marco económico y jurídico fiable y, en particular, de una organización judicial y de policía imparcial y eficiente para lograr el éxito de las inversiones extranjeras en Polonia. Ejemplos como este pueden tener repercusiones negativas sobre el clima general de las inversiones en Polonia.

La Comisión toma en serio la cuestión. Sin embargo, como bien sabe Su Señoría, la Comisión no puede interferir en acciones legales.

Paralelamente a las acciones legales tomadas, el ciudadano holandés puede presentar el caso al defensor del pueblo polaco.

----

----

(2004/C 88 E/0512)

PREGUNTA ESCRITA E-0446/04

de Torben Lund (PSE) a la Comisión

(23 de febrero de 2004)

Asunto:   Libertad de prensa en Rusia

Desde hace un tiempo, un buen número de organizaciones independientes han venido demostrando, de forma cada vez más exhaustiva, las graves agresiones contra la libertad de prensa durante el período de presidencia del señor Putin. Dichas agresiones comprenden retiradas de licencias de la prensa libre, homicidio y encarcelamiento de periodistas, y cierre y amenazas contra los medios.

Los ataques se han dirigido, en primera instancia, contra aquellos periodistas y medios de comunicación que se han ocupado de la situación en Chechenia, de la corrupción y de los abusos de poder, y que han prestado un apoyo sistemático a la oposición política del presidente Putin.

Ahora, el gobierno de Putin amplía sus ataques a la libertad de prensa a través de su política de visados.

La periodista danesa Vibeke Sperling, que ha sido corresponsal de la radio nacional danesa Danmarks Radio y de varios diarios nacionales (el último, el diario Politiken) en la Unión Soviética y en Rusia desde principios de los años 80, ha recibido una negativa a su solicitud de visado para Rusia. Ni el ministro de Asuntos Exteriores ruso ni el embajador ruso en Copenhague han querido informar del motivo por el que dicho visado le ha sido denegado. El desarrollo democrático de Rusia en estos años es muy preocupante.

Por todo ello, solicitamos de la Comisión información acerca de cómo piensa proceder en lo relativo a la creciente agresión del gobierno ruso a la libertad de prensa en Rusia, así como en lo concerniente a la negativa a conceder visados a corresponsales de prensa que los medios europeos desean establecer en Rusia.

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(22 de marzo de 2004)

La Comisión se muestra preocupada por la información sobre los ataques a la libertad de prensa en Rusia y sigue de cerca los acontecimientos y, en particular, el caso concreto de la Sra. Sperling, del que está al corriente. Si bien es cierto que la decisión de conceder o no un visado es una prerrogativa de Rusia, resulta extremadamente deplorable que el país haya elegido una línea de actuación restrictiva y poco transparente. A este respecto, la Comisión desea recordar la declaración pública efectuada por la Unión Europea en julio de 2003, en la que expresaba su preocupación por la libertad de los medios de comunicación.

En su reciente Comunicación sobre las relaciones con Rusia, la Comisión destacaba la necesidad de que la UE mantenga un diálogo abierto y franco para instar a Rusia a respetar los valores que ha suscrito como miembro de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y del Consejo de Europa, como el respeto de los derechos humanos y la libertad de los medios de comunicación. Estos aspectos se abordan con frecuencia en el marco del diálogo político entre la UE y las autoridades rusas.

La actividad de la Comisión no se limita al diálogo político. Dada su preocupación por la libertad de los medios de comunicación, la Comisión confiere máxima importancia al respaldo del desarrollo en Rusia de unos medios independientes y pluralistas. Así, por ejemplo, en la convocatoria de propuestas de 2004 de la Iniciativa europea para la democracia y los derechos humanos (IEDDH), uno de los ámbitos temáticos prioritarios ha sido la libertad de los medios de comunicación. La Comisión desea centrarse en varias actividades, entre las que figuran las siguientes: apoyo a la consolidación de la libertad de expresión y de los medios de comunicación independientes, en especial a escala regional; fomento de la profesionalidad y la ética en el periodismo ruso; potenciación del marco jurídico e institucional respecto a la protección de la libertad de prensa; capacitación de los periodistas para que puedan emprender acciones en defensa de sus derechos; mejora de la calidad de gestión de los medios de comunicación, con objeto de garantizar la viabilidad financiera, el cumplimiento de la legislación fiscal y, en última instancia, la independencia de hecho; apoyo a los medios de comunicación independientes de las comunidades locales y mejora de la calidad y la cobertura de los aspectos relativos a los derechos humanos en los medios de comunicación.

----

----

(2004/C 88 E/0513)

PREGUNTA ESCRITA E-0449/04

de Charles Tannock (PPE-DE) a la Comisión

(23 de febrero de 2004)

Asunto:   Iglesias monolíticas excavadas en la roca en Lalibela, Etiopía

La serie de iglesias monolíticas de Lalibela, Etiopía, excavadas en la roca durante el siglo XI, constituye un tesoro singular y único. Por desgracia, la falta de recursos que invertir en su conservación está deparando la aceleración del incipiente deterioro que afecta a estos edificios únicos y de incalculable valor.

¿Puede confirmar la Comisión si es cierto que la UE, en colaboración con las Naciones Unidas, se ha comprometido a invertir en la conservación de las iglesias mencionadas? En caso afirmativo, ¿podría indicar dónde se ha invertido el dinero y qué presupuesto se ha destinado a tan loable proyecto?

Respuesta del Sr. Nielson en nombre de la Comisión

(6 de abril de 2004)

La Comisión ha decidido contribuir a la preservación y conservación de las iglesias de Lalibela. En mayo de 2002 se firmó un Acuerdo de Financiación por importe de 9 100 000 euros. El proyecto prevé, principalmente, la construcción de nuevos refugios para las iglesias, que sustituirán a los existentes y darán mejor protección a las iglesias hasta que se elabore y ejecute un plan global de conservación.

Este proyecto complementa actividades anteriores financiadas por la Comisión y dedicadas al diseño de los refugios y el registro de los tesoros culturales.

La Comisión ha cooperado en esta labor con las Naciones Unidas, principalmente en el pasado, en la preparación del concurso internacional de arquitectura para el diseño de los refugios.

La ejecución del proyecto puede resumirse de la siguiente manera:

----

----

(2004/C 88 E/0514)

PREGUNTA ESCRITA E-0461/04

de José Ribeiro e Castro (UEN) a la Comisión

(23 de febrero de 2004)

Asunto:   Zimbabwe — Resolución del Parlamento Europeo

En carta con fecha de 26 de enero de 2004, la Embajada y Misión para las Comunidades Europeas de la República de Zimbabwe transmitió a los diputados al Parlamento Europeo la respuesta del Gobierno de este país a la Resolución que el Parlamento aprobó el 15 de enero de 2004 (P5_TA-PROV(2004)0033).

En esta respuesta, el Gobierno zimbabwense considera que la Resolución es una «obvia pieza de propaganda», «contaminada por la hipocresía y arrogancia», llena de «wishful thinking» y «falsificación objetiva», que contiene afirmaciones «infundadas», «anacrónicas», «frívolas» y «tendenciosas»; además, acusa al Parlamento Europeo de «atizar el fuego de la división e instigar a la confrontación», de «no preocuparse por los zimbabwenses negros», sino únicamente «por la devolución de tierras a los hacendados blancos», y a algunos gobiernos europeos de «articular una estrategia de destitución del Gobierno zimbabwense».

La respuesta deja además por responder preguntas que contienen una clara insinuación: «— Quién saboteó, finalmente, la economía zimbabwense? ¿Quién es responsable de las dificultades a las que se enfrentan los zimbabwenses?».

¿Tiene conocimiento la Comisión de esta respuesta?

¿Cómo la califica, formal y materialmente?

¿Qué comentarios le merecen las acusaciones realizadas contra el Parlamento Europeo y los gobiernos de los Estados miembros?

¿Tiene intención de responder al Gobierno de Zimbabwe? ¿Lo ha hecho ya? ¿De qué forma y a través de qué medios?

¿Mantiene la convicción de que las elecciones celebradas en este país no fueron libres ni justas?

¿Qué credibilidad le merecen los supuestos «resultados» invocados y las acusaciones realizadas contra el Parlamento Europeo por el Gobierno de Zimbabwe?

Respuesta del Sr. Nielson en nombre de la Comisión

(6 de abril de 2004)

La Comisión está al corriente de la respuesta mencionada por Su Señoría, dado que la Embajada de la República de Zimbabue le remitió una copia de su carta al Presidente del Parlamento en la que se adjunta la respuesta a la Resolución del Parlamento con respecto a ese país.

Mediante nota verbal de 20 de febrero de 2004, la Comisión acusó recibo de la carta sin añadir comentario alguno sobre el contenido de la respuesta del Gobierno de Zimbabue.

La Comisión no comparte el análisis realizado por las autoridades de Zimbabwe.

La Comisión no ha cambiado de opinión con respecto a la forma en que se desarrollaron las elecciones presidenciales de marzo de 2002, caracterizadas por un recurso sistemático a la violencia, la intimidación y la manipulación electoral que llevó a la UE a concluir que los resultados de dichas elecciones no reflejaban la voluntad de la población.

La opinión crítica de la Comisión respecto de la actual situación es sobradamente conocida, y ha constituido la base de su reciente propuesta, aprobada por el Consejo, de prorrogar por un período de 12 meses las medidas contra Zimbabue. Por otro lado, la Comisión no ha desaprovechado ninguna oportunidad de transmitir al Gobierno de ese país su preocupación por el estado actual de la cuestión. La Comisión recuerda las declaraciones efectuadas por la UE en relación con la huelga de 3 de junio de 2003, la declaración sobre la libertad de prensa de 18 de septiembre de 2003, la declaraciones realizadas el 28 de noviembre de 2003, y aquellas más recientes de 10 de febrero de 2004 sobre los últimos acontecimientos en el país. Mediante dichas declaraciones, se insta al Gobierno de Zimbabue a respetar los derechos fundamentales, urgiéndole a entablar un diálogo activo y constructivo con los interlocutores internos a fin de progresar en la solución de la crisis actual.

----

----

(2004/C 88 E/0515)

PREGUNTA ESCRITA E-0492/04

de José Ribeiro e Castro (UEN) a la Comisión

(23 de febrero de 2004)

Asunto:   Mozambique — Posible tráfico de órganos — Amenazas a ciudadanas europeas

Cinco misioneras «Siervas de María», cuatro de las cuales son ciudadanas de la Unión Europea (de nacionalidad española) y una brasileña, que trabajan en la región de Nampula desde hace más de treinta años, han recibido amenazas de muerte por haber denunciado el tráfico de órganos y muertes de niños y jóvenes en esta región. Estas amenazas han sido denunciadas recientemente por los medios de comunicación social.

Su convento está situado precisamente entre la propiedad adonde traen a las víctimas y el aeropuerto adonde, supuestamente, se envían los órganos. Las religiosas afirman tener testimonios de personas que consiguieron escapar a los intentos de rapto y que se refugiaron en el convento, así como diversas pruebas documentales. La hermana Maria Elilda dos Santos, de nacionalidad brasileña, que fue la primera en alertar de esta situación, ha realizado algunas investigaciones en Nampula y ha descubierto, entre otras cosas, un cadáver al que se le habían extraído los ojos, el corazón y los riñones.

Desde que denunciaran estos hechos macabros, ya han sido víctimas de múltiples amenazas y de cuatro emboscadas de las que escaparon milagrosamente. Las religiosas temen por su seguridad y acusan de corrupción a determinados miembros de las autoridades locales, que, hasta la fecha, no han hecho nada para combatir realmente los crímenes denunciados y conocidos. Las religiosas piden que «desde la prensa internacional se presione para poner fin a esta situación».

Por consiguiente, ¿podría la Comisión responder a las siguientes preguntas?

Respuesta del Sr. Nielson en nombre de la Comisión

(6 de abril de 2004)

Desde que se tuvo conocimiento de esos presuntos crímenes tan execrables y tal como se indica en la respuesta de la Comisión a las preguntas escritas de Su Señoría E-0143/04 y E-0072/04 (1), la Comisión ha estado siguiendo muy de cerca la situación con los Jefes de Misión de la UE, el Director de la Liga de Derechos Humanos (LDH) y el Gobierno.

El Gobierno de Mozambique, a través de la Fiscalía General de la República, ha iniciado una investigación con un equipo interinstitucional en el que participan la Oficina del Fiscal General, la Policía de Investigación y la sección de la Liga de Derechos Humanos de la ciudad de Nampula. A través de la investigación en curso se seguirá profundizando en los casos comunicados, si bien, en relación con los 14 casos denunciados, no se ha podido establecer prueba alguna de que se esté produciendo un tráfico ilegal de órganos humanos. Por otro lado, Mozambique ha mostrado su voluntad política de llevar ante los tribunales a toda persona responsable de tales crímenes.

La Comisión es consciente de la preocupación que suscita la seguridad de las religiosas y aunque este problema no sea competencia de la Comisión y se pueda resolver más eficazmente a través de intervenciones de las embajadas de los respectivos Estados miembros, la Comisión examinará el modo más indicado de plantear la cuestión al Gobierno en el marco de la cooperación UE y del diálogo político UE-Mozambique.

La Comisión garantiza a Su Señoría que, en el ámbito de sus competencias, seguirá ayudando al Gobierno de Mozambique a reforzar su capacidad de investigación a fin de que la justicia prevalezca en el país.

----

(1)  Ver página 169.

----

----

(2004/C 88 E/0516)

PREGUNTA ESCRITA E-0493/04

de Ilda Figueiredo (GUE/NGL) a la Comisión

(23 de febrero de 2004)

Asunto:   Cierre de las Minas de Panasqueira, en Portugal

Los mineros de las Minas de Panasqueira, en Portugal, se ven amenazados nuevamente por el desempleo. La actual administración de la mina, Primary Metal Incorporated, multinacional de capital mayoritaria-mente canadiense, amenaza con cerrar la mina, argumentando dificultades financieras, la depreciación del dólar, la bajada de los precios del mineral, la competencia china y la eventual venta por parte de los Estados Unidos de 1 500 toneladas de volframio de sus reservas estratégicas de defensa.

Así, cerca de 220 mineros y sus familias, en una zona serrana del interior de Portugal, donde no hay alternativas de empleo, se ven amenazados por el desempleo y la pobreza debido a las políticas monetarias y de competencia europeas, a la falta de responsabilidad social de las multinacionales y a la liberalización del mercado mundial (OMC).

A la luz de lo anteriormente expuesto, ¿podría la Comisión Europea informar acerca de las medidas que va a adoptar para, junto con el Gobierno portugués, garantizar los derechos de estos trabajadores y apoyar el funcionamiento normal de las Minas de Panasqueira?

Respuesta del Sr. Dimas en nombre de la Comisión

(7 de abril de 2004)

La Comisión señala a la atención de Su Señoría que, de conformidad con la legislación comunitaria, esta institución no tiene autoridad alguna para impedir o aplazar el cierre de una empresa, ya que dicha decisión corresponde a los propietarios de ésta, con arreglo a los procedimientos adecuados.

En este sentido, la Comisión señala que en varias directivas comunitarias se establecen procedimientos de información y consulta a los representantes de los trabajadores que pueden ser aplicables en los casos de cierre de empresas, en concreto, la Directiva 98/59/CE del Consejo, de 20 de julio de 1998, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a los despidos colectivos (1) y la Directiva 94/45/CE del Consejo, de 22 de septiembre de 1994, sobre la constitución de un comité de empresa europeo o de un procedimiento de información y consulta a los trabajadores en las empresas y grupos de empresas de dimensión comunitaria (2). Además, el 11 de marzo de 2002, el Parlamento y el Consejo adoptaron una nueva Directiva destinada a completar el mecanismo comunitario sobre la cuestión (Directiva 2002/14/CE, por la que se establece un marco general relativo a la información y a la consulta de los trabajadores en la Comunidad Europea (3)). Ya se ha procedido a la transposición de las dos primeras Directivas a la legislación nacional de los Estados miembros, mientras que el plazo para la transposición de la tercera vence el 23 de marzo de 2005. Corresponde a las autoridades nacionales competentes (en particular a los tribunales) determinar, caso por caso, si su aplicación es correcta y efectiva.

Es importante recordar que en la Directiva 98/59/CE sobre despidos colectivos se establece que, cuando un empresario tenga la intención de efectuar despidos colectivos, deberá consultar, en tiempo hábil, a los representantes de los trabajadores con vistas a llegar a un acuerdo. Dichas consultas versarán, como mínimo, sobre las posibilidades de evitar o reducir los despidos colectivos y de atenuar sus consecuencias mediante el recurso a medidas sociales de acompañamiento destinadas, en especial, a la ayuda para la readaptación o la reconversión de los trabajadores despedidos.

----

(1)DO L 225 de 12.8.1998.

(2)DO L 254 de 30.9.1994.

(3)DO L 80 de 23.3.2002.

----

----

(2004/C 88 E/0517)

PREGUNTA ESCRITA E-0500/04

de Salvador Garriga Polledo (PPE-DE) a la Comisión

(23 de febrero de 2004)

Asunto:   Protección de la dignidad de la mujer árabe

La reciente condena proferida por el gran muftí saudí, jeque Abdul-Aziz al Sheij contra la mayor empresaria del país saudita: Lubna al Olayan, por atreverse a dar una Conferencia sin velo, ante hombres, en la ciudad de Yeda no ha dejado de sorprender en los medios sociales de la Unión Europea.

Al Olayan, que asistía a un Foro económico, fue advertida por el gran muftí de las graves consecuencias que pueden derivarse de su conducta ultrajante.

Cuando en un mundo, tan interrelacionado como el nuestro, se trata de luchar sin tregua por que se le reconozca a la mujer su más auténtica condición de dignidad humana, absolutamente equiparable al hombre, ¿provoca la referida condena del gran muftí una especial reacción por parte de la Comisión Europea?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(23 de marzo de 2004)

La Comisión comparte la opinión expresada por Su Señoría acerca de la importancia de garantizar los derechos humanos básicos de las mujeres y, en especial, el principio de igualdad y ausencia de discriminación en el mundo entero.

Su Señoría debe ser también plenamente consciente de la especificidad de la situación de las mujeres en Arabia Saudita. Como el caso de la Sra. Lubna Al Olayan pone de relieve, actualmente está teniendo lugar en el país un importante debate acerca de los derechos de las mujeres y acerca del papel de éstas en la sociedad. Sin duda alguna, la prensa ha contribuido a un mayor conocimiento del problema en Europa, lo que constituye un desarrollo positivo. La Comisión cree que es importante continuar supervisando de cerca los debates y las reformas incipientes en Arabia Saudita y en algunos otros países de la zona, a fin de seguir fomentando la universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos, y en especial, los derechos de las mujeres. La Comisión continuará en esa línea a través de la delegación que acaba de abrir en Riad.

Por otra parte, la Comisión está negociando actualmente con los países del Consejo de Cooperación del Golfo un acuerdo de libre comercio, uno de cuyos elementos esenciales será una cláusula sobre los derechos humanos, a fin de apoyar el respeto de derechos humanos por parte de los Gobiernos de estos países. Los derechos humanos también son un componente esencial del diálogo político entre la Unión Europea y el Consejo de Cooperación del Golfo, tanto a nivel ministerial como a nivel de directores. En este contexto, la UE ha expresado en repetidas ocasiones su preocupación por la situación de las mujeres y la Comisión no dudará en plantear de nuevo esta cuestión en ocasiones futuras.

----

----

(2004/C 88 E/0518)

PREGUNTA ESCRITA E-0516/04

de Anna Karamanou (PSE) a la Comisión

(24 de febrero de 2004)

Asunto:   Transplantes ilegales de órganos de niños entre Albania y países receptores de la UE

En varias publicaciones de la prensa albanesa, en las que se hace referencia a datos de autoridades oficiales italianas, se menciona que en una clínica de la ciudad albanesa de Fieri se extraen órganos a niños y se trasladan, para realizar transplantes, a Italia y Francia. En este asunto, según la prensa albanesa, están implicados médicos italianos y franceses. Los médicos movilizan las redes albanesas que se encargan de buscar niños ofreciendo compensaciones a sus padres y de asegurar los transplantes. Finalmente, se indica que 39 niños albaneses han desaparecido sin dejar rastro y que no han sido reclamados ni siquiera por sus padres.

¿Qué acciones pretende llevar a cabo la Comisión para ejercer presión tanto sobre el gobierno albanés a fin de que finalice inmediatamente con estos serios casos, como sobre los Estados miembros de la UE con el fin de mejorar la colaboración judicial y policial existente entre ellos?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(6 de abril de 2004)

La Comisión está al corriente de las acusaciones según las cuales una clínica de Fieri (Albania) está implicada en el tráfico de órganos infantiles a la UE. La Comisión se ha puesto en contacto con la Misión de Asistencia Policial de la UE en Albania y ha seguido con interés la reacción de las autoridades albanesas ante el problema. La Misión de Asistencia Policial de la UE ha confirmado que las policías albanesas e italiana están investigando el caso. Las autoridades albanesas, de momento, han expresado sus dudas acerca de la existencia de esa clínica, aduciendo que, a su conocimiento, en el país no existen la tecnología ni la especialización necesarias para extraer y transportar órganos destinados al trasplante.

Aparte de los resultados de las investigaciones sobre este caso concreto, el tráfico de seres humanos, incluidos los niños, sigue siendo un problema en Albania. La Comisión, especialmente en el contexto de las actuales negociaciones de un Acuerdo de estabilización y asociación con Albania, está presionando constantemente a las autoridades albanesas con vistas a incrementar el esfuerzo para abordar correctamente el problema. Si bien los informes indican que Albania ha logrado reducir los flujos de migración ilegal y tráfico de seres humanos a través del Adriático, sigue siendo necesaria una actuación más firme para solucionar el problema.

Para atajar eficazmente ese tráfico es esencial la cooperación regional e internacional. Albania y la UE están cooperando al respecto en el ámbito de Justicia e Interior. Sin embargo, la Comisión ha insistido reiteradamente en la necesidad de intensificar la colaboración, especialmente entre Albania y sus países vecinos, con objeto de mejorar los resultados de la lucha contra estas actividades delictivas. La Comisión también ha destacado la importancia que tiene para Albania adoptar las medidas necesarias para llegar a un acuerdo con Europol, que supondría una valiosa contribución para consolidar la cooperación en la lucha contra la delincuencia organizada. En este contexto, es importante observar que, desde el 1 de enero de 2002, las competencias de Europol incluyen el comercio ilícito de órganos y tejidos humanos y que, actualmente, Europol está recopilando información en los Estados miembros sobre la situación en la Unión Europea.

En lo que respecta a la situación en la Unión Europea, se ha adoptado un considerable número de medidas para mejorar la cooperación entre las policías de los Estados miembros y las administraciones aduaneras y reforzar las fronteras exteriores. Concretamente en lo que se refiere al tráfico de órganos humanos, Grecia presentó en febrero de 2003 una iniciativa para que el Consejo adoptara una decisión marco de prevención y control del mismo. El objetivo de la propuesta es determinar qué tipos de conducta deben perseguirse en todos los Estados miembros y las penas mínimas que deben aplicarse a esos delitos. La Comisión, en principio, acogió la propuesta con satisfacción, y ha querido apoyar la iniciativa griega invitando a presentar solicitudes de financiación de otros proyectos en este ámbito dentro del programa AGIS de cooperación policial y judicial en materia penal de 2004.

----

----

(2004/C 88 E/0519)

PREGUNTA ESCRITA E-0518/04

de Elena Paciotti (PSE) a la Comisión

(24 de febrero de 2004)

Asunto:   Violación de los derechos fundamentales de un ciudadano de la Unión por parte de Estados Unidos

El ciudadano italiano Marco Fornari, hijo de diplomáticos de carrera y por este motivo nacido en Gedda, Arabia Saudí, donde el padre prestaba servicio, ha estudiado en la Universidad Suffolk de Boston y actualmente se encuentra matriculado en la de Lubbock, en Texas. Después del ataque del 11 de septiembre, su nombre fue incluido en la lista negra de personas sospechosas a causa del lugar de nacimiento. Tras numerosos interrogatorios, las autoridades de Dallas le comunicaron que su situación se había aclarado. Volvió a Italia para pasar las vacaciones de Navidad y a su regreso le detuvieron en el aeropuerto de Dallas, donde le esposaron, le ataron con una cadena a otros detenidos y le encerraron en una celda fría sin poder avisar a nadie, para al día siguiente embarcarle en el primer avión para Europa, con destino a Stuttgart. La misma suerte corrió un hombre de negocios sueco, encerrado en la misma celda. Marco Fornari, a quien se le ha impedido regresar a Estados Unidos, ha perdido el semestre de estudios pero tiene que seguir pagando el alquiler de su apartamento, donde siguen estando los libros y sus objetos personales.

Se trata de una absurda, humillante y clamorosa violación de los derechos más elementales de los ciudadanos europeos.

Habida cuenta de lo expuesto, ¿qué medidas prevé emprender la Comisión para defender los derechos de nuestros ciudadanos frente a los Estados Unidos?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(30 de marzo de 2004)

Las declaraciones efectuadas por la UE a raíz de los sucesos del 11 de septiembre de 2001, especialmente en el seno de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (NU) y del Tercer Comité de la Asamblea General de las Naciones Unidas, han recalcado constantemente que la lucha contra el terrorismo debe estar condicionada por el mantenimiento del respeto de los derechos humanos, y no al contrario.

La Comisión quiere, por lo tanto, agradecer a Su Señoría el hecho de que haya puesto en su conocimiento las circunstancias en que se ha producido la detención en EE.UU. de este ciudadano italiano. Si bien no es de la competencia de la Comisión intervenir en este caso, tiene sin duda la máxima importancia que todos los países respeten sus compromisos internacionales para garantizar la protección jurídica.

----

----

(2004/C 88 E/0520)

PREGUNTA ESCRITA E-0536/04

de John Bowis (PPE-DE) a la Comisión

(24 de febrero de 2004)

Asunto:   Colombia

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(22 de marzo de 2004)

----

(1)  http://europa.eu.int/comm/external_relations/colombia/csp/index.htm.

----

----

(2004/C 88 E/0521)

PREGUNTA ESCRITA E-0539/04

de Ilda Figueiredo (GUE/NGL) a la Comisión

(24 de febrero de 2004)

Asunto:   Aplicación de los Fondos Estructurales en Portugal

¿Puede informar la Comisión acerca de cuántos y cuáles son los programas específicos del tercer marco comunitario de apoyo, todavía en curso en Portugal, que tienen una tasa de aplicación inferior al 30 %? ¿Y cuáles son los programas con pagos inferiores al 15 % de la contribución global?

¿Puede informar también acerca de cuáles son los programas ya concluidos con respecto a los cuales la Comisión solicitó el reembolso de dotaciones o denegó el pago del montante global? ¿Cuáles fueron las razones de esa decisión?

¿Cuáles eran los importes y los programas de los Fondos Estructurales para Portugal afectados por la regla N+2, a finales de 2003? ¿Cuál es el importe global, por programa de los Fondos Estructurales para Portugal afectado, hasta la fecha, por la regla N+2?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(30 de abril de 2004)

La ejecución de los Fondos estructurales se lleva a cabo en Portugal de manera satisfactoria en términos generales, si se tiene en cuenta, en particular, los esfuerzos realizados en 2003 para clausurar la gran mayoría de los programas correspondientes al período 1994-1999.

Aún están en vías de ejecución los programas operativos (PO) del 3o marco comunitario de apoyo (MCA), que abarcan en efecto la totalidad del período 2000-2006, razón por la que hasta ahora no se ha cerrado ninguna de estas intervenciones.

Por lo que se refiere a los pagos realizados con relación a los créditos programados para el período 2000-2004 el porcentaje de ejecución global del MCA, a finales del mes de febrero, ascendía al 64 %, distribuido de la siguiente forma: Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 63 %, Fondo Social Europeo (FSE) 75 %, Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA) 49 % e Instrumento financiero de orientación de la pesca (IFOP) 60 %.

Por lo que se refiere al FEDER, el FSE y el FEOGA, hasta el momento actual no hay ningún programa que tenga un porcentaje de ejecución inferior al 30 %. En cuanto al IFOP, dos programas operativos tienen un porcentaje inferior al 30 %: el PO destinado al Alentejo y el PO Centro, pero ninguno de los programas presenta un porcentaje inferior al 15 %.

Según las estimaciones que la Comisión acaba de comunicar a las autoridades portuguesas, solamente los programas «Economía» (FSE), con un importe de 2 009 015,59 euros y «Asistencia Técnica» con un importe de 2 634 957,55 euros (FEDER) y 901 971 euros (FSE), se han visto afectados por la aplicación de la «norma N+2» en 2003. Hasta 2003, la aplicación de la «norma N+2» en Portugal sólo tuvo repercusiones en el PO Salud (FSE), con un importe de 1069113,50 euros. Las medidas IFOP de los Programas Regionales se acogen a una excepción debido a la aprobación tardía de los regímenes de ayudas para el sector pesquero.

El cierre del período 1994-1999 afecta a 50 programas. En el momento del cierre, la Comisión debe generalmente proceder a adaptaciones de los importes solicitados por el Estado miembro, en función de distintos parámetros tales como los resultados de las auditorías efectuadas por las autoridades de control nacional o comunitario. Estas deducciones, marginales con relación a las cofinanciaciones concedidas, afectaron a varios programas. En otros programas «Salud e Integración Social», «Bases do Conhecimento e Inovação» (Bases del Conocimiento y la Innovación), «Infraestruturas de Apoio ao Desenvolvimento» (Infraestructuras de apoyo al desarrollo), «Modernização do Tecido Económico» (Modernización del tejido económico), «Alentejo» e «IMIT», aún no ha terminado la instrucción de la solicitud de pago del saldo. Respecto de algunos de estos programas, no obstante, la Comisión ya procedió a un primer pago de una parte del saldo solicitado. Por el momento, la Comisión no ha procedido a recuperar importes ya pagados.

----

----

(2004/C 88 E/0522)

PREGUNTA ESCRITA E-0571/04

de Herbert Bösch (PSE) a la Comisión

(26 de febrero de 2004)

Asunto:   Financiación por parte de la UE de las necesidades de las personas discapacitadas en el ámbito de la cooperación para el desarrollo

A pesar de que la Unión Europea expresó en los objetivos del Milenio en materia de desarrollo su compromiso de reducir la pobreza, meta que no se puede cumplir sin tener en cuenta las necesidades de las personas discapacitadas, éstas siguen sin estar suficientemente incluidas en la cooperación para el desarrollo financiada por la Unión Europea.

De acuerdo con la respuesta de 16 de septiembre de 2003 a la pregunta parlamentaria E-2162/03 (1) la Comisión ha emitido una nota orientativa sobre la discapacidad y el desarrollo para los servicios y las delegaciones de la Unión Europea, que se supone ofrece orientaciones acerca de cómo abordar de forma eficaz las cuestiones relativas a la discapacidad en el ámbito de la cooperación para el desarrollo. Se supone que esta nota orientativa se ha difundido ampliamente entre todos los servicios y que subraya la importancia de integrar las cuestiones relativas a la discapacidad en el diálogo político y en los programas nacionales. La respuesta también hacía referencia a las directrices para la revisión a medio período aplicables a los países ACP que se estaban elaborando en ese momento, y que se suponía estaban destinadas a investigar hasta que punto los programas nacionales responden a las necesidades de las personas discapacitadas.

Respuesta del Sr. Nielson en nombre de la Comisión

(1 de abril de 2004)

----

(1)  Ver página 70.

----

----

(2004/C 88 E/0523)

PREGUNTA ESCRITA E-0572/04

de Graham Watson (ELDR) a la Comisión

(26 de febrero de 2004)

Asunto:   Hospitales psiquiátricos checos

¿Podría explicar la Comisión los compromisos adoptados por la República Checa para mejorar sus instalaciones de salud mental, tales como el Hospital Psiquiátrico Bohnice de Praga, antes de su adhesión a la Unión Europea?

Respuesta del Sr. Verheugen en nombre de la Comisión

(13 de abril de 2004)

Actualmente, diferentes leyes contienen disposiciones relativas a los derechos de los pacientes en la República Checa, destacando la Ley no 20/1966 sobre atención sanitaria, que ha sido modificada en varias ocasiones. La citada Ley incluye, particularmente, disposiciones sobre el tratamiento sin consentimiento, el derecho a presentan denuncias o recursos y a pedir indemnizaciones por daños causados.

La Comisión ha sido informada de que se está elaborando una propuesta de una nueva ley sobre servicios de atención sanitaria, que incluye un capítulo específico sobre los derechos de los pacientes. Además, está en curso una modificación de la ley de seguridad social, con vistas a prohibir la utilización de camas cubiertas con jaulas o redes metálicas en los hospitales psiquiátricos e instituciones para deficientes mentales. Con esta finalidad, también está en preparación un conjunto de directrices nacionales y un proyecto piloto, que deberá demostrar al personal la forma de sustituir el uso de tales medios restrictivos por prácticas modernas.

La República Checa se ha comprometido a respetar y promover los derechos humanos y las libertades fundamentales, habiendo creado instituciones para asegurar y acompañar la aplicación de estos derechos, lo cual, a su vez, proporciona una base sólida para evaluar y desarrollar el estatuto de los derechos de los pacientes. Una mayor sensibilización de la opinión pública y la participación de las organizaciones no gubernamentales (ONG) deberán asimismo contribuir a tratar más en profundidad la cuestión de los derechos de los pacientes. La aplicación de esos derechos dependerá también de la situación general en el sector de la atención sanitaria en términos de recursos disponibles, formación y supervisión de los profesionales sanitarios y las entidades responsables.

----

----

(2004/C 88 E/0524)

PREGUNTA ESCRITA E-0577/04

de José Ribeiro e Castro (UEN) a la Comisión

(26 de febrero de 2004)

Asunto:   Cuba — Iniciativa Sajarov

En reciente respuesta a mi pregunta P-3132/03 (1) de 17 de octubre de 2003, sobre el cumplimiento de la «Iniciativa Sajarov» por parte de la Comisión Europea, el Comisario Nielson afirma: «La Comisión apoya firmemente los esfuerzos de democratización en Cuba e indudablemente será un placer para el Presidente y los Comisarios competentes reunirse con Oswaldo Payá, en caso de que éste decida desplazarse hasta Bruselas».

También el Presidente de la Comisión, el Secretario General del Consejo y Alto Comisario para la PESC (concretamente por carta, de 9 de enero de 2004) y, por aquellos entonces, la Presidencia italiana manifestaron por escrito ese mismo deseo y disposición.

Por eso, como sabemos, Oswaldo Payá decidió desplazarse a Bruselas. El problema es que las autoridades cubanas no lo dejan salir, le impiden viajar y lo retienen en La Habana, en contra de su voluntad.

Επ realidad, además de la frustrada invitación de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa a la reunión celebrada el 1 de diciembre de 2003 —ya comentada anteriormente en aquella pregunta/respuesta— el régimen de Fidel Castro impidió de nuevo que Oswaldo Payá se desplazase a Bruselas a finales de enero, para participar en la ceremonia de entrega del Premio Sajarov a su sucesor: Kofi Annan y las Naciones Unidas, en memoria de Sérgio Vieira de Mello.

Por eso, en estos momentos el Parlamento Europeo mantiene una «invitación abierta» a Oswaldo Payá, para que venga en cuanto lo dejen salir.

Conozco las diligencias y esfuerzos realizados a través de la delegación de la Comisión en La Habana, pero debemos preguntarnos qué más podemos y debemos hacer frente al bloqueo de Payá en Cuba, en contra de su voluntad. Así pues, pregunto a la Comisión:

¿Qué más está dispuesta a hacer para que la voluntad de Oswaldo Payá de desplazarse a Europa sea respetada? ¿Qué medidas concretas ha tomado ya o prevé tomar en este ámbito, especialmente en coordinación con el Consejo y con los Estados miembros?

¿Está estudiando la Comisión la posibilidad de sumarse expresamente a la «invitación abierta» del Parlamento Europeo para que Oswaldo Payá se desplace a la Unión Europea y sus instituciones en cualquier medida en la que le sea permitido?

Respuesta del Sr. Nielson en nombre de la Comisión

(5 de abril de 2004)

La Comisión, a través de su Delegación en La Habana, mantiene contactos regulares con el Sr. Payá. Nuestro encargado de negocios celebra reuniones frecuentes con él y uno de los temas de discusión recurrentes es cómo facilitar su visita al Parlamento y a otras instituciones de la UE.

Se ha acordado con el Sr. Payá que, una vez que tenga en sus manos la invitación abierta del Parlamento, se dirija a la Delegación en La Habana. Si fuera necesario y él lo desea, la Comisión, a través de su representación en La Habana, estaría dispuesta a asociarse a los trámites administrativos necesarios ante las autoridades cubanas para la solicitud del visado. No obstante, hay que recordar a este respecto que la Delegación de la Comisión se encuentra actualmente «congelada diplomáticamente», por lo que no puede celebrar discusiones políticas con las autoridades sobre esta cuestión.

Todas las medidas que la Comisión toma en Cuba en materia de derechos humanos se llevan a cabo en estrecha cooperación y se acuerdan previamente con los Estados miembros, tanto en Bruselas como en La Habana.

La Comisión apoya la iniciativa del Parlamento y acogería con satisfacción que las autoridades cubanas permitieran la visita del Sr. Payá a las instituciones de la UE, incluidos, naturalmente, los correspondientes servicios de la Comisión. Los dos Comisarios responsables de Desarrollo y Ayuda Humanitaria y de Relaciones Exteriores han expresado reiteramente su interés en recibir al Sr. Payá con este motivo.

----

(1)  Ver página 451.

----

----

(2004/C 88 E/0525)

PREGUNTA ESCRITA E-0584/04

de Nirj Deva (PPE-DE) a la Comisión

(26 de febrero de 2004)

Asunto:   Dinero para ayudas de la UE a Zimbabwe

Tras las observaciones señaladas por el Tribunal de Cuentas europeo en su Informe anual para el ejercicio económico de 2002, y más concretamente en la parte titulada «Informe sobre las actividades de los sexto, séptimo y octavo Fondos de Desarrollo Europeos», Capítulo V — «Un caso particular: la decisión del Consejo»Asuntos generales«y la situación monetaria de Zimbabwe», (1), quiero preguntar si la Comisión va a emprender un control oficial de auditoría sobre la aplicación de su ayuda financiera a Zimbabwe, que hizo posible que miembros incluidos en la lista negra del régimen de Mugabe —según se enumera en el Reglamento (CE) no 310/2002 (2) del Consejo relativo a determinadas medidas restrictivas con respeto a Zimbabwe, Artículo 2 y Anexo 1 — para enriquecerse con el dinero de la UE al aplicar «un tipo de cambio desvinculado de la realidad del mercado monetario, que en 2002, se tradujo por una reducción del 89% del valor de los recursos del FED en detrimento de la población hacia la que se orientaba la ayuda»(véase el Informe Anual 2002 del Tribunal de Cuentas europeo, Capítulo V, punto (a) del apartado 68)?

Respuesta del Sr. Nielson en nombre de la Comisión

(6 de abril de 2004)

La Comisión disiente del punto de vista del Tribunal de Cuentas por las siguientes razones:

En 2002, la ayuda comunitaria total a Zimbabue fue de 94 millones de euros, de los cuales sólo 8 millones se gastaron dentro del país. Por ejemplo, la ayuda alimentaria, los factores de producción agrícolas y el material médico se compraron en países vecinos.

Por estos motivos, la Comisión no cree que esté justificada una auditoría.

----

(1)DO C 286 de 28.11.2003, p. 355 y ss.

(2)JO L 50 de 21.2.2002, p. 4.

----

----

(2004/C 88 E/0526)

PREGUNTA ESCRITA E-0606/04

de Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) a la Comisión

(27 de febrero de 2004)

Asunto:   Cumplimiento del principio de adicionalidad con respecto a la financiación de los Fondos Estructurales y del Fondo de Cohesión por parte del Gobierno del Estado español

¿Ha hecho la Comisión, en los dos últimos años, algún análisis específico relativo al principio de adicionalidad con respecto a la financiación de los Fondos Estructurales y del Fondo de Cohesión por parte del Gobierno del Estado español? ¿Cuáles fueron los resultados del análisis? ¿Habrá comprobado la Comisión la relación existente entre la política presupuestaria de déficit cero que practica el Gobierno español y el cumplimiento del principio comunitario de adicionalidad, de forma que se garantice la aplicación integral de nuevas inversiones públicas que dicen acompañar a los fondos comunitarios?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(30 de abril de 2004)

El artículo 11 del Reglamento (CE) no 1260/1999 del Consejo, de 21 de junio de 1999, por el que se establecen disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales (1), prevé que la Comisión procederá a una comprobación intermedia del principio de adicionalidad en los Estados miembros y regiones que se beneficien de la ayuda de los Fondos Estructurales. El Fondo de cohesión no está sujeto al principio de adicionalidad.

Por lo que se refiere a España, los resultados del ejercicio revelan que España ha respetado el principio de adicionalidad. En efecto, los gastos públicos nacionales aumentaron, como media anual durante el período comprendido entre 2000 y 2002, un 3,61 % en relación con el nivel fijado al inicio del período por las autoridades españolas, con el acuerdo de los servicios de la Comisión.

El respeto del principio de adicionalidad —según el cual la financiación comunitaria no puede sustituir a los gastos estructurales públicos o asimilables de los Estados miembros— no es incompatible, a priori, con una política presupuestaria sana. La estabilidad macroeconómica es necesaria para crear las condiciones para el crecimiento económico. La experiencia de los países de cohesión demuestra que el rigor presupuestario se puede conciliar con el mantenimiento de un elevado nivel de inversión en prioridades bien definidas en favor de las regiones menos favorecidas.

----

(1)DO L 161 de 26.6.1999.

----

----

(2004/C 88 E/0527)

PREGUNTA ESCRITA E-0609/04

de Ulrich Stockmann (PSE) a la Comisión

(1 de marzo de 2004)

Asunto:   Aduanas y ampliación

Tras la ampliación del 1 de mayo de 2004 y la consiguiente ampliación del mercado interior europeo se suprimirá gran parte de los servicios que ofrecen los transportes aduaneros.

En multitud de ámbitos políticos se han acordado períodos transitorios para llevar a cabo la transposición del acervo comunitario. ¿Ha ocurrido así también en el campo de las aduanas, de las formalidades aduaneras, de los servicios de aduanas? ¿Con qué países se han acordado períodos transitorios, y qué características precisas presentan dichos acuerdos? ¿Qué cambios afectarán a los transportes aduaneros a partir del 1 de mayo de 2004?

Respuesta del Sr. Verheugen en nombre de la Comisión

(15 de abril de 2004)

A partir del primer día de adhesión, las administraciones aduaneras de los nuevos Estados miembros de la Unión tendrán que efectuar la gestión y el control de sus fronteras, que en ese momento pasarán a ser las fronteras exteriores de la UE, en interés de la población y de los operadores comerciales de la UE.

En el capítulo unión aduanera se han concedido dos períodos transitorios. Ambos se refieren a la aplicación del Arancel Aduanero Común tras la adhesión.

Se ha concedido a Malta un período transitorio de cinco años para la importación de tejidos de lana peinada o pelo fino peinado (código NC 5112 11 10), tejidos de mezclilla («denim») (código NC 5209 42 00), tejidos de filamentos artificiales (código NC 5408 22 10) y otros complementos (accesorios) de vestir (código NC 6217 10 00), con un calendario progresivo de ejecución que implica un contingente anual máximo y un derecho ad valorem creciente.

A Hungría se le ha concedido un período transitorio de tres años para las importaciones de aluminio sin alear (código NC 7601 10 00), con un calendario progresivo de ejecución que implica un contingente de importación decreciente y un derecho ad valorem creciente.

No se han concedido períodos transitorios respecto a la parte restante del acervo comunitario que incluye el Código Aduanero Comunitario y las respectivas disposiciones de aplicación, la Nomenclatura Combinada y demás normativa conexa no comprendida en el ámbito de aplicación del Código Aduanero, como la relativa a las mercancías pirata, los precursores de drogas y la exportación de bienes culturales. No obstante, el anexo IV-5 del Acta de Adhesión contiene disposiciones técnicas específicas destinadas a resolver las situaciones que derivan de la transición entre 11 territorios aduaneros separados (UE 15 + 10) y un territorio aduanero ampliado (UE25), por ejemplo, los casos en que el procedimiento relativo a las mercancías se inicia al amparo de un régimen y se concluye en otro, simplemente como resultado de la ampliación. El anexo trata igualmente la cuestión de la validez de las autorizaciones. Son aplicables determinadas disposiciones especiales a las zonas de soberanía del Reino Unido en Chipre que figuran en el Protocolo no 3 anejo al Tratado de adhesión.

El resultado de las negociaciones implica que los nuevos Estados miembros se integrarán en el territorio aduanero de la Comunidad y aplicarán plenamente todos los regímenes aduaneros como lo hacen actualmente los actuales Estados miembros. Los intercambios comerciales con los nuevos Estados miembros y entre éstos se considerarán como transacciones intracomunitarias y no estarán sujetas a formalidades o control aduaneros, como ya sucede en el Mercado Único. Las mercancías que se encuentren en libre práctica en un nuevo Estado miembro o en uno de los actuales en el momento de la adhesión continuarán en libre práctica en el ámbito de la Unión ampliada, lo cual tendrá repercusiones en las actividades de los agentes de aduanas a dos niveles: por un lado, las formalidades y los regímenes aduaneros serán idénticos en los veinticinco Estados miembros y, por otro, sus servicios no serán necesarios para las nuevas transacciones intracomunitarias.

En el sitio web de la Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduanera, en la base Europa (http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/customs/customs.htm), se puede consultar un documento de información sobre las medidas transitorias del Acta de Adhesión en materia aduanera, tal como se describen más arriba.

----

----

(2004/C 88 E/0528)

PREGUNTA ESCRITA E-0616/04

de Klaus Hänsch (PSE) a la Comisión

(1 de marzo de 2004)

Asunto:   Asignación de recursos de la UE

Se ruega a la Comisión que informe de lo siguiente en relación con la asignación de fondos de la UE al distrito de Mettmann y a las ciudades de Duisburg, Dusseldorf, Neuss, Remscheid, Solingen y Wuppertal (en Renania del Norte-Westfalia):

Respuesta complementaria del Sr. Prodi en nombre de la Comisión

(15 de junio de 2004)

Habida cuenta de la amplitud de la respuesta, la Comisión la envía directamente a Su Señoría y a la Secretaría General del Parlamento.

----

----

(2004/C 88 E/0529)

PREGUNTA ESCRITA E-0620/04

de Concepció Ferrer (PPE-DE) a la Comisión

(1 de marzo de 2004)

Asunto:   Exportación de material militar a países africanos como material de caza

Ante las informaciones aparecidas provenientes de distintas ONG de reconocido prestigio (Oxfam-Intermón, Amnistía Internacional, Greenpeace) y la Escuela de Cultura de Paz de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), en las que se dice que el Estado español ha estado exportando a países africanos, como Ghana, Guinea Conakry, República Centroafricana, Mauritania, Costa de Marfil, Senegal, Guinea Bissau, Angola, Burkina Fasso y Camerún, material militar como si se tratara de material de caza.

Según la información aparecida, consta en el Registro de Aduanas de la Agencia Tributaria del Estado español que los cartuchos exportados pesaban una media de 40 kg y tenían un importe medio de 120 EUR por unidad.

Considerando que parece difícil que exista material de caza de estas dimensiones,

Teniendo en cuenta que dichas exportaciones de municiones ascendieron a algo más de 4 millones de euros en 2002,

¿Tiene la Comisión Europea conocimiento de dichas exportaciones del Estado español?

Caso de tener conocimiento de dicha información, ¿ha tomado o piensa tomar la Comisión alguna iniciativa?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(15 de abril de 2004)

La Comisión no tiene conocimiento de las exportaciones citadas. La Comisión tampoco tiene ni autoridad ni medios para poder confirmar o desmentir la utilización final descrita por Su Señoría.

La autorización de exportaciones de armas es responsabilidad plena de los Gobiernos nacionales, por lo que no resulta procedente que la Comisión se pronuncie o comente las actuaciones y prácticas de los Estados miembros en este ámbito.

----

----

(2004/C 88 E/0530)

PREGUNTA ESCRITA P-0626/04

de Juan Ferrández Lezaun (Verts/ALE) a la Comisión

(24 de febrero de 2004)

Asunto:   Proyectos alternativos al Plan Hidrológico Nacional (ΡΗΝ) español

El Gobierno español ha presentado su solicitud de financiación con fondos europeos para un proyecto de trasvase del río Ebro en el marco del ΡΗΝ español. Como ya ha declarado en diversas ocasiones la Comisión europea, debido a la gran envergadura del mismo, se llevará a cabo una evaluación global de dicho proyecto.

En el caso de que exista dictamen negativo por parte de la Comisión europea a esta evaluación global, ¿es cierto que los fondos comunitarios previstos no podrán ser asignados a este proyecto?

¿Tiene constancia la Comisión de que el Gobierno español tenga proyectos alternativos para el caso de que se le niegue la financiación comunitaria al proyecto de trasvase del Ebro presentado?

¿Qué ocurrirá con estos fondos que estaban asignados a España?

Respuesta del Sr. Barnier en nombre de la Comisión

(29 de marzo de 2004)

La financiación de grandes proyectos mediante los dos instrumentos financieros comunitarios principales disponibles para España, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y el Fondo de Cohesión, está sujeta al respeto de las disposiciones que regulan esos fondos y a los documentos de programación adoptados para su ejecución.

La Comisión decide acerca de la cofinanciación de los grandes proyectos de conformidad con los Reglamentos comunitarios pertinentes sobre los citados fondos y en el pleno respeto de la restante legislación y políticas comunitarias aplicables.

Actualmente, la Comisión está efectuando un análisis de los proyectos presentados. La decisión sobre la posible asignación de fondos comunitarios para estos proyectos solamente puede tomarse una vez que se haya analizado cuidadosamente toda la información. Por lo tanto, es demasiado temprano para especular acerca del resultado de esta evaluación.

La Comisión no tiene ninguna indicación que le permita saber si, en caso de denegación, las autoridades españolas tienen proyectos alternativos a aquellos para los que solicita financiación.

----

----

(2004/C 88 E/0531)

PREGUNTA ESCRITA E-0627/04

de María Sornosa Martínez (PSE) a la Comisión

(3 de marzo de 2004)

Asunto:   Incumplimiento de la legislación comunitaria en controles veterinarios fronterizos en España

Basándose en un procedimiento de instrucción (1), la Subdirección General de Sanidad Exterior y Veterinaria (SGSEV) del Ministerio de Sanidad y Consumo español está ordenando a los veterinarios oficiales de los Puestos de Inspección Fronterizos que admitan como descargas directas de productos pesqueros partidas que no cumplen dicha condición, según las normas comunitarias vigentes, e incluso exime de pasar los controles veterinarios preceptivos (y, por lo tanto, de pagar las tasas correspondientes) a determinados productos que no están exceptuados por dichas normas. La autoridad mencionada también admite que el capitán de un buque pesquero —parte interesada en la operación comercial— pueda ir más allá de firmar una simple declaración y firme, sin estar dotado de la capacidad técnica para ello, certificados sanitarios de origen en representación de la autoridad competente del país de origen.

Temendo en cuenta lo dispuesto en la Directiva 97/78/CE (2) sobre control veterinario de los productos procedentes de países terceros, en la Directiva 91/493/CEE (3) sobre producción y puesta en el mercado de productos pesqueros y de acuicultura, en la Decisión 93/13/CEE (4) (actualizada y ampliada a través del Reglamento (CE) no 136/2004 (5)) sobre controles veterinarios en los puestos de inspección fronteriza, y en el Reglamento (CE) no 1093/94 (6) sobre condiciones de los busques de pesca de terceros países,

----

(1)  Instrucción de la Subdirección General de Sanidad Exterior y Veterinaria de 1 de octubre de 2003 sobre control documental en los productos pesqueros de descarga directa.

(2)DO L 24 de 30.1.1998, p. 9.

(3)DO L 298 de 24.9.1991, p. 15.

(4)DO L 9 de 15.1.1993, p. 33.

(5)DO L 21 de 28.1.2004, p. 11.

(6)DO L 121 de 12.5.1994, p. 3.

----

----

(2004/C 88 E/0532)

PREGUNTA ESCRITA E-0628/04

de María Sornosa Martínez (PSE) a la Comisión

(3 de marzo de 2004)

Asunto:   Irregularidades documentales de los permisos a productos de países terceros en los controles fronterizos españoles

Basándose en un procedimiento de instrucción (1), la Subdirección General de Sanidad Exterior y Veterinaria (SGSEV) del Ministerio de Sanidad y Consumo español está ordenando a los veterinarios oficiales de los Puestos de Inspección Fronterizos que admitan partidas de productos de terceros países que no cumplen con las normas comunitarias vigentes de certificación e identidad del producto. En concreto, dicho organismo ha ordenado a los inspectores encargados de verificar las condiciones de importación que no obstaculicen la entrada de productos de países extracomunitarios aunque existan problemas a su llegada a puerto, como la falta del certificado sanitario del país de origen en su forma original (se admite una simple copia de fax).

Los inspectores también han recibido instrucciones de pasar por alto consideraciones documentales como la consideración oficial de «país autorizado» para el país de origen —desde el mismo momento en que el producto sale de puerto y no cuando llega—, la falta de notificación en plazo correcto y por escrito de las deficiencias observadas en el producto —problema que se suele suplir con una declaración jurada del agente comercial—, la falta de datos sobre lote, código, fecha de fabricación, exceso de mercancía, etc.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en la Decisión 93/13/CEE (2) (actualizada y ampliada a través del Reglamento (CE) no 136/2004 (3)) y la Directiva 97/78/CE (4):

Respuesta complementaria

común a las preguntas escritas E-0627/04 y E-0628/04

dada por el Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(17 de junio de 2004)

La Comisión se ha puesto en contacto con las autoridades españolas y ha obtenido una copia de las instrucciones internas españolas a las que se refieren las preguntas.

Las instrucciones son detalladas y contienen orientaciones para diversas situaciones prácticas que pueden surgir en los puestos de inspección fronterizos de los Estados miembros que reciben productos de origen animal, así como instrucciones para la descarga de pescado y productos pesqueros.

La Comisión considera que muchas de las cuestiones tratadas relativas a controles veterinarios se aplican bajo la responsabilidad del veterinario oficial del puesto de inspección fronterizo.

En lo que respecta a las importaciones de productos pesqueros y a los controles veterinarios, en determinadas ámbitos de las instrucciones la interpretación de las autoridades españolas sobre los requisitos de certificación UE requiere una clarificación adicional. La Comisión ya ha comentado estas instrucciones con un representante de las autoridades españolas a la luz de la evolución reciente de la legislación en este ámbito. Las autoridades españolas han aceptado aclarar las instrucciones para evitar malentendidos por parte de los inspectores de los puestos de inspección fronterizos.

La Comisión está de acuerdo en que si no se presenta un certificado sanitario original con una partida de productos importados, la legislación de la Unión Europea requiere que no se autorice la entrada de dicha partida.

Las instrucciones no autorizan la importación de productos que no procedan de países autorizados y de establecimientos autorizados de dichos países. Desde el punto de vista de la higiene, las instrucciones no indican que se trate de forma más indulgente a los productos de terceros países que a los de los Estados miembros.

La Comisión considera, por tanto, que las instrucciones respetan la legislación comunitaria y no suponen un trato injusto de los productos comunitarios ni obligan a los veterinarios españoles a ignorar la normativa comunitaria.

----

(1)  Instrucción de la Subdirección General de Sanidad Exterior y Veterinaria de 11 de abril de 2002 sobre defectos subsanables en el control de mercancías.

(2)DO L 9 de 15.1.1993, p. 33.

(3)DO L 21 de 28.1.2004, p. 11.

(4)DO L 24 de 30.1.1998, p. 9.

----

----

(2004/C 88 E/0533)

PREGUNTA ESCRITA E-0715/04

de José García-Margallo y Marfil (PPE-DE) a la Comisión

(10 de marzo de 2004)

Asunto:   Incremento del IVA en Polonia para los cítricos

Recientemente un Proyecto de Ley sobre impuestos de mercancías y servicios ha sido aprobado en el Parlamento de Polonia. Este Proyecto de Ley supone un encarecimiento importante de los impuestos al consumo que afectan especialmente a los cítricos y otros productos de importación. En concreto, este borrador prevé que los cítricos soporten un IVA del 22 % frente al resto de frutas y verduras producidas en Polonia que tendrán una cuota de IVA del 7 %.

Según la legislación comunitaria, todos los productos alimenticios pueden acogerse a la cuota más baja de IVA, pero corresponde a cada Estado miembro determinar el tipo impositivo que cabe aplicar a estos productos.

Sin embargo, este Proyecto de Ley supone una grave distorsión de la competencia al favorecer a unos productos, en su mayoría de producción local, en detrimento de otros producidos mayoritariamente en otros países de la Unión Europea como es el caso de los cítricos, así como otras frutas de importación. De hecho, la situación actual, que afecta directamente a la citricultura comunitaria, ya discrimina a los cítricos al aplicársele un tipo del 7 % frente al 3 % que se aplica a otros productos sustitutivos, lo que supone una total arbitrariedad dada la similitud de costes de los cítricos con estos otros productos de perfil similar que no se ven afectados por la medida.

¿Qué medidas va a tomar la Comisión ante esta posible discriminación fiscal realizada por Polonia sobre los cítricos provenientes de otros Estados miembros y de importación con respecto a la producción interior polaca de otros productos similares de forma que se salvaguarden los principios de libre competencia en el mercado interior?

----

----

(2004/C 88 E/0534)

PREGUNTA ESCRITA P-0822/04

de María Sornosa Martínez (PSE) a la Comisión

(8 de marzo de 2004)

Asunto:   Distorsión de la competencia por parte de Polonia

Esta diputada ha podido acceder a ciertas informaciones que afirman que el Gobierno de la República de Polonia tiene en proyecto una modificación del IVA que supondrá una variación del tipo aplicable a los cítricos, pasando dicho tipo del actual 7 % a un 22 %. Este proyecto legislativo polaco (borrador 1874 del Proyecto de Ley) y, en concreto su artículo 36, suponen un encarecimiento importante de los impuestos al consumo que afectan a los cítricos y a otros productos de importación. Este proyecto de Ley, que se encuentra a la espera de ser ratificado por el Senado polaco, supone una grave distorsión de la competencia al favorecer a los productos locales en detrimento de otros productos del resto de países comunitarios, como es el caso de los cítricos que, de hecho, ya sufren una discriminación, pues actualmente se aplica a los de otros países de la UE un tipo del 7 % frente al 3 % de otros productos similares de elaboración local. Teniendo en cuenta la inminente incorporación de Polonia a la Unión Europea:

¿Qué medidas piensa emprender la Comisión ante este país para evitar una posible violación de la legislación comunitaria sobre competencia?

Respuesta común

a las preguntas escritas E-0715/04 y P-0822/04

dada por el Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(5 de abril de 2004)

Según el artículo 12 de la Sexta Directiva del IVA (1), los Estados miembros tienen que aplicar un tipo normal no inferior al 15 % y pueden aplicar uno o dos tipos reducidos no inferiores al 5 %. En principio, esos tipos reducidos se aplicarán solamente a las entregas de las categorías de bienes y servicios especificadas en el anexo H de la Directiva. La primera categoría en ese anexo incluye productos alimenticios para el consumo humano y animal.

El Tratado de Adhesión autoriza a Polonia a aplicar un tipo super reducido del 3 % hasta el 30 de abril 2008. Polonia puede, ciertamente, aplicar este tipo, pero ha de respetar la legislación comunitario, en particular los principios en que se basa el sistema del IVA y de las disposiciones del Tratado CE.

La Comisión ya ha recibido información acerca de que el proyecto de ley polaca sobre el IVA fija un tipo super reducido del 3 % (que se aumentará hasta del 7 % el 30 de abril de 2008) para la fruta, a excepción de kiwis, papayas y otras «frutas meridionales». Estos últimos productos, que incluyen algunos tipos de fruta que no se cultivan en Polonia y que se importa a ese país de algunos Estados miembros (cítricos en particular), quedarán sujetos al tipo normal del impuesto (22 % en Polonia, según el proyecto de ley).

Este sistema podrían infringir el Derecho comunitario.

Por esa razón, la Comisión ya ha enviado una carta a este respecto a las autoridades polacas, en la que les señala lo siguientes aspectos:

La Comisión espera que las autoridades polacas adoptarán las medidas necesarias para garantizar que el proyecto de ley sobre el IVA se ajusta a los requisitos del Derecho comunitario.

----

(1)  Sexta Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, en materia de armonización de las legislaciones de los Estados Miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido: base imponible uniforme, DO L 145 de 13.6.1977, modificada en último lugar por la Directiva 2004/15/CE del Consejo del 10 de febrero de 2004, DO L 52 de 21.2.2004.

----

----

(2004/C 88 E/0535)

PREGUNTA ESCRITA E-0725/04

de Daniela Raschhofer (NI) a la Comisión

(11 de marzo de 2004)

Asunto:   Adhesión de Letonia

El 1 de mayo de este año, Letonia ingresará en la Unión. Como sabe la Comisión, en Letonia viven diversas minorías, entre las que se encuentran los rusos. Con la adhesión de Letonia, se aplicará en este país el acervo comunitario, en virtud del cual no pueden establecerse disposiciones discriminatorias en el Derecho nacional de Letonia.

Respuesta del Sr. Verheugen en nombre de la Comisión

(27 de abril de 2004)

Tal como indicaba la Comisión en sus informes periódicos sobre la preparación para la adhesión, Letonia reúne los requisitos políticos para su adhesión a la UE, entre los que se incluye la protección de las minorías.

En el informe global de seguimiento de Letonia de 2003 (1) se mencionaban algunas restricciones que se mantenían en lo referente a los requisitos de ciudadanía y lengua, por lo que respecta a las cuatro libertades. La Comisión subrayó que las disposiciones legales sobre conocimientos de lenguas y su aplicación deben ajustarse plenamente a los principios del interés justificado, la proporcionalidad y la no discriminación, y sólo pueden aplicarse en circunstancias muy excepcionales y caso por caso. Desde entonces, según se ha observado, Letonia ha modificado su legislación, por ejemplo eliminando restricciones sobre los servicios de seguridad y la abogacía, para adecuarse al acervo.

En el contexto de la legislación contra la discriminación, Letonia ha abordado las cuestiones pendientes, entre ellas la equiparación de la legislación y la creación de un organismo encargado de la igualdad, y se ha comprometido a lograr la equiparación en las cuestiones pendientes antes de la adhesión.

Επ lo que se refiere concretamente a las minorías étnicas, se animó encarecidamente a Letonia a fomentar la integración de la minoría rusa y, en especial, a seguir agilizando los procedimientos de naturalización y adoptar otras medidas eficaces para aumentar la tasa de naturalización. Desde entonces, se han dado varios pasos para facilitar el proceso y las solicitudes de naturalización se han duplicado.

En lo que respecta a la libre circulación, es competencia de los Estados miembros decidir si los poseedores de pasaportes de no nacionales están eximidos del visado. Después de la adhesión, los Estados miembros podrán seguir eximiendo del visado a los titulares de esos pasaportes. Siendo miembros de Schengen, los no nacionales podrán viajar a la zona Schengen con sus pasaportes y un permiso de residencia sin solicitar el visado.

----

(1)  COM(2003) 675 final.

----

----

(2004/C 88 E/0536)

PREGUNTA ESCRITA E-0728/04

de Roberta Angelilli (UEN) a la Comisión

(11 de marzo de 2004)

Asunto:   Ansaldo-Breda: posibles controles de la financiación concedida por la UE

En la reunión celebrada en Bruselas en las últimas semanas con las delegaciones sindicales y los trabajadores de la empresa Ansaldo-Breda, se puso de manifiesto que dicha empresa recibió en el pasado ayudas a la actividad productiva en zonas desfavorecidas del país, como prevé la ley italiana no 488/92, a través de una cofinanciación por parte de la UE. En particular, se desembolsaron ayudas para los trabajos de sustitución del techo de Ethernit de la propia empresa, a fin de adaptar el lugar de trabajo a las disposiciones europeas en materia de protección de los trabajadores.

En cambio, estas ayudas no se destinaron a la protección del medio ambiente del territorio, teniendo en cuenta la existencia de un importante acuífero cerca del establecimiento.

En vista de lo precedente, ¿podría la Comisión indicar:

Respuesta complementaria del Sr. Barrot en nombre de la Comisión

(22 de junio de 2004)

El Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) cofinanció, durante los períodos de programación de 1994 a 1999 y de 2000 a 2006, acciones al amparo de la Ley italiana no 488/92 encaminadas a reforzar el tejido industrial de las zonas italianas elegibles.

En este contexto, el FEDER cofinanció inversiones efectuadas por las empresas mencionadas por Su Señoría, con vistas a la reestructuración, la modernización o la ampliación de establecimientos industriales situados en las regiones de Basilicata, Puglia, Campania y Sicilia (se remite directamente a Su Señoría, así como a la Secretaría General del Parlamento, un cuadro con información detallada transmitida por las autoridades italianas).

Por su parte, Ansaldo Breda participa en cuatro proyectos de investigación del 5o Programa Marco de investigación y desarrollo tecnológico (IDT) con una contribución financiera de 867 617 euros y en dos proyectos de investigación del 6o Programa Marco con una contribución financiera de 822 115 euros.

Estas intervenciones son competencia de la administración italiana, que es la autoridad encargada de la gestión del programa (Ministerio de las Actividades Productivas) y que es responsable, en especial, de las actividades de selección y acompañamiento de los proyectos específicos. Por consiguiente, Su Señoría deberá dirigirse a esta administración para obtener información más exacta sobre la cuestión.

En general, en las acciones comunitarias de gestión descentralizada, la Comisión habitualmente se limita a realizar controles de sistema y controles in situ por muestreo.

----

----

(2004/C 88 E/0537)

PREGUNTA ESCRITA P-0733/04

de Giuseppe Di Lello Finuoli (GUE/NGL) a la Comisión

(4 de marzo de 2004)

Asunto:   Cofinanciación europea de la línea ferroviaria Gazzi-Annunziata en Messina. Obra realizada en marco del Programa Operativo Plurifondo (POP 1994-1999)

De las declaraciones de políticos y personas relacionadas con las obras, publicadas en la prensa local siciliana, se deduce que los fondos comunitarios para la construcción del ferrocarril no se han perdido debido a que la obra fue concluida antes del 31 de marzo de 2002.

Si bien estamos dispuestos a aceptar como concluida una obra que, tras la fecha anteriormente mencionada, ha requerido diversas intervenciones para la puesta en marcha del servicio y en la que algunos tramos urbanos aún están afectados por las obras y no han sido reparados, en virtud de un legítimo derecho a la información sobre las obras públicas, deseo plantear las siguientes preguntas a la Comisión:

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(29 de abril de 2004)

La Comisión confirma que el proyecto citado por Su Señoría fue financiado en el marco del Programa Operativo Plurifondo (POP) 1994-1999 de Sicilia. Una de las condiciones que permiten a la Comisión la cofinanciación de un proyecto es el hecho de que éste esté terminado y se halle en funcionamiento en la fecha final prevista por la decisión de adopción del programa. En este sentido, en el informe final del POP de Sicilia, la autoridad de gestión declaró que las condiciones se habían respetado efectivamente.

En aplicación del principio de subsidiariedad, que exige que sean las autoridades nacionales las que asuman la responsabilidad principal de velar por el cumplimiento de la normativa comunitaria, fue la región de Sicilia la responsable de la selección y del seguimiento de la ejecución de los proyectos financiados en el marco del POP 1994-1999 de Sicilia.

La Comisión aceptó la sentencia del tribunal administrativo regional (Tribunale Administrativo Regionale — TAR) de 6 de julio de 2001, por la que se declaró que no era preciso sujetar el proyecto a una evaluación del impacto ambiental (EIA).

----

----

(2004/C 88 E/0538)

PREGUNTA ESCRITA E-0740/04

de José García-Margallo y Marfil (PPE-DE) a la Comisión

(11 de marzo de 2004)

Asunto:   Agencia contra el Fraude Fiscal

El fraude fiscal en la Unión Europea priva a los Estados miembros de importantes ingresos. Simplemente en el ámbito del IVA, el fraude fiscal representa, según las estimaciones, un 10 % de los ingresos, lo que supone 70 000 millones de euros.

¿Ha considerado la Comisión proponer la creación de una Agencia contra el Fraude Fiscal, a semejanza de la multitud de agencias independientes ya existentes en la Unión?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(23 de abril de 2004)

En efecto, el fraude del IVA plantea un problema importante en la Comunidad al afectar a los ingresos por IVA de los Estados miembros, falsear la competencia y amenazar los intercambios comerciales legítimos. Aunque la recaudación y el control del IVA incumben principalmente a los Estados miembros, la Comisión tiene el deber de velar por la existencia de un marco jurídico eficiente que permita la cooperación transfronteriza de las Administraciones de los Estados miembros y la ejecución efectiva de las disposiciones de los Estados miembros en materia de fraude transnacional del IVA. Por ello, la Comisión ha elaborado una propuesta para el refuerzo de la asistencia mutua y el intercambio de información específica para los expedientes de fraude, adoptada por el Consejo el 8 de octubre de 2003, y que entró en vigor el 1 de en enero de 2004. Este Reglamento (1) ha agilizado considerablemente el marco jurídico para la cooperación administrativa entre los Estados miembros y, por lo tanto, representa para éstos una herramienta importante en la lucha contra el fraude del IVA. A este respecto, la Comisión presentará en breve un informe al Consejo y al Parlamento sobre el recurso a la cooperación administrativa en la lucha contra el fraude del IVA. Por otro lado, al tiempo que el nuevo reglamento sobre la cooperación administrativa era un requisito previo para mejorar la cooperación entre los Estados miembros en la lucha contra el fraude del IVA, también era necesario acompañar esta iniciativa legislativa con medidas concretas, que contribuyeran a una mayor cooperación entre las diferentes Administraciones fiscales y sus funcionarios. Como muy bien sabe Su Señoría, el programa Fiscalis 2003-2007 (2) fue adoptado por el Consejo y el Parlamento para mejorar el día a día de la cooperación entre funcionarios de los Estados miembros.

Se dará otro paso importante con la propuesta que actualmente está preparando la Comisión de un nuevo reglamento sobre la asistencia administrativa para la protección de los intereses financieros de la Comunidad contra el fraude y otras actividades ilegales. Esta propuesta contemplará, entre otras cosas, el fraude transnacional del IVA y las actividades conexas de blanqueo de dinero. Abordará los intercambios de información entre los Estados miembros y la Comisión, y su objetivo es proporcionar a ésta una mejor plataforma desde la cual coordinar el control del fraude transnacional del IVA y efectuar los análisis de riesgos y de datos relacionados con este problema.

La creación de una agencia comunitaria de lucha contra el fraude fiscal como sugiere Su Señoría resultaría difícil porque hay Estados miembros que no estarían dispuestos a renunciar a su soberanía en el ámbito de la recaudación y el control de impuestos. Además, la Comisión considera que, en este momento, no se justifica una medida de este tipo. La Comisión seguirá trabajando, según proceda, en la instauración de un entorno legislativo sólido y de una maquinaria de cooperación administrativa mejorada para hacer posible que los Estados miembros puedan cooperar entre ellos y con la Comisión de manera eficiente y efectiva para combatir el fraude del IVA transnacional.

Por último, y para información de Su Señoría, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) de la Comisión ya dispone de un equipo dedicado al IVA y que asiste a los Estados miembros en la coordinación de las operaciones relacionadas con los asuntos de fraude del IVA transfronterizo en aplicación del artículo 280 del Tratado CE. La Dirección de Inteligencia de la OLAF y la Unidad de Magistrados también aportan su apoyo a los Estados miembros durante la fase de investigación y la fase judicial de los asuntos en curso.

----

(1)  Reglamento (CE) no 1798/2003 del Consejo, de 7 de octubre de 2003, relativo a la cooperación administrativa en el ámbito del impuesto sobre el valor añadido y por el que se deroga el Reglamento (CEE) no 218/9, DO L 264 de 15.10.2003.

(2)  Decisión no 2235/2002/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de diciembre de 2002, por la que se adopta un programa comunitario destinado a mejorar el funcionamiento de los sistemas fiscales en el mercado interior (programa Fiscalis 2003-2007), DO L 341 de 17.12.2002.

----

----

(2004/C 88 E/0539)

PREGUNTA ESCRITA E-0742/04

de José García-Margallo y Marfil (PPE-DE) a la Comisión

(11 de marzo de 2004)

Asunto:   Impacto regional de la Iniciativa de Crecimiento

La «Iniciativa Europea de Crecimiento», adoptada por el Consejo Europeo en diciembre 2003, tiene como objetivo acercar la economía europea a los objetivos de la estrategia de Lisboa, es decir, de convertirse en la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo antes de 2010.

¿Cómo pueden los gobiernos regionales contribuir a las reformas estructurales orientadas a lograr una mayor competitividad, promover el pleno empleo y dar respuesta a los retos medioambientales? ¿Se ha tenido en cuenta esta dimensión regional en la planificación de la «Iniciativa de Crecimiento»?

¿Se ha hecho por parte de la Comisión una evaluación región por región del impacto de la «Iniciativa de Crecimiento»? Si ése es el caso, ¿cuál es la situación respecto de la Comunidad Valenciana en España?

Respuesta del Sr. Prodi en nombre de la Comisión

(23 de abril de 2004)

El objetivo de la Iniciativa Europea de Crecimiento es contribuir a realizar los objetivos fijados en la estrategia de Lisboa, sobre todo estimulando la inversión tanto en redes transeuropeas de transporte como en redes energéticas y en una sociedad basada en el conocimiento. Con este fin se recogieron proyectos, programas y tecnologías en la Comunicación de la Comisión titulada «Iniciativa Europea de crecimiento — Invertir en redes y conocimiento para estimular el crecimiento y el empleo» (1).

La Comisión no ha llevado a cabo una evaluación por región del impacto que la Iniciativa podría tener. En cuanto a los proyectos y programas en el contexto de las redes transeuropeas de transporte y energéticas, el objetivo es mejorar las conexiones y capacidades transfronterizas así como hacer frente a embotellamientos reales o potenciales y conectar todas las regiones europeas a estas redes.

Las Orientaciones Generales de Política Económica, la estrategia del mercado interior y las directrices y recomendaciones sobre empleo señalan varios ámbitos donde otras reformas estructurales derivarían en más y mejores trabajos, una mayor productividad y por lo tanto en un crecimiento más alto. Los Gobiernos regionales pueden, en especial, contribuir reorientando el gasto público y las inversiones hacia proyectos que refuercen el crecimiento y el empleo, asegurando la aplicación eficaz de sus planes de inversión y buscando una mayor rentabilidad del apoyo público prestado a la inversión privada.

Para un gran número de Gobiernos regionales los programas de inversión son cofinanciados en parte por los fondos estructurales de la UE. Su evaluación intermedia actual brinda una oportunidad de reorientación y mejora de la calidad. Una mejor eficacia se logrará mediante la futura reforma de los fondos estructurales, incluido el Fondo Social Europeo, con el fin de reforzar las agendas de Lisboa y Gotemburgo centrándose en la competitividad, el desarrollo viable y el empleo, según lo propuesto por la Comisión en su Comunicación «Construir nuestro futuro común — Retos políticos y medios presupuestarios de la Unión ampliada (2007-2013)» (2) y en el tercer informe de cohesión.

----

(1)  COM(2003) 690 final.

(2)  COM(2004) 101 final.

----

----

(2004/C 88 E/0540)

PREGUNTA ESCRITA E-0744/04

de José García-Margallo y Marfil (PPE-DE) a la Comisión

(11 de marzo de 2004)

Asunto:   Fomentar la participación de las PYME en proyectos de innovación y de I+D

¿Dispone la Comisión de información referente al número y el nivel de financiación correspondientes a proyectos participados por PYME europeas en las políticas de innovación y de I+D desde la puesta en marcha del 6o Programa Marco de I+D?

¿Qué porcentaje del total ha correspondido a proyectos con participación de PYME españolas?

A juicio de la Comisión, ¿cuál sería la política más adecuada a aplicar en Europa para fomentar la participacion de las PYME europeas en proyectos de innovación y de investigación y así disminuir el diferencial que nos separa de las empresas estadounidenses?

Respuesta del Sr. Busquin en nombre de la Comisión

(21 de abril de 2004)

El Sexto Programa Marco para acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración (2002-2006) se esfuerza por fomentar la participación de las pequeñas y medianas empresas (PYME) de dos modos, principalmente. Por un lado, el programa cuenta con actividades horizontales destinadas a las PYME (dotadas de un presupuesto de 430 millones de euros) y, por otro, existe la obligación de reservar a las PYME, como mínimo, el 15 % del presupuesto asignado a las siete prioridades temáticas (1 700 millones de euros, aproximadamente). Habida cuenta de que las PYME son vitales para Europa —tanto en la realización de avances científicos y tecnológicos sustanciales, como en la transformación de los resultados de la investigación en productos y servicios acertados— se fomenta especialmente su participación, junto con universidades y empresas de mayor envergadura, en las actividades del programa específico «Integración y fortalecimiento del Espacio Europeo de la Investigación», ya sea a través de proyectos integrados o de otros instrumentos de investigación.

Los resultados de las primeras convocatorias de propuestas (fecha límite: 24 de junio de 2003) de las siete prioridades temáticas del programa específico «Integración y fortalecimiento del Espacio Europeo de la Investigación» del Sexto Programa Marco, cuya aplicación se realiza a través de cuatro instrumentos principales (proyectos integrados, acciones de apoyo específicas, acciones de coordinación y proyectos específicos de investigación focalizados) permiten ofrecer la siguiente información orientativa:

Debe tenerse presente que estas cifras son provisionales y se refieren a las propuestas presentadas. Podrán ofrecerse datos más definitivos una vez haya finalizado la negociación de los contratos de las propuestas seleccionadas.

Las acciones de Información Económica y Tecnológica constituyen un instrumento que permite fomentar la innovación entre las PYME y facilitar su participación en el Sexto Programa Marco. Dentro de determinadas prioridades temáticas se han organizado proyectos integrados específicamente dedicados a las PYME. Por último, los programas horizontales (como el de acciones de investigación colectiva y cooperativa) permiten efectuar un fomento activo de la participación de las PYME con una capacidad de investigación limitada.

----

----

(2004/C 88 E/0541)

PREGUNTA ESCRITA E-0747/04

de José García-Margallo y Marfil (PPE-DE) a la Comisión

(11 de marzo de 2004)

Asunto:   Cláusula de salvaguardia sobre las importaciones de satsumas

En noviembre de 2003 la UE introdujo una cláusula de salvaguardia provisional para restringir la entrada de mandarinas en conserva procedentes de países terceros, en especial de China, tras observar el incremento fulgurante registrado en los últimos años por las importaciones, que están causando graves daños a las producciones comunitarias.

La Unión Europea introdujo un contingente de 11 389 toneladas para las conservas procedentes de China y de 906 toneladas para las importaciones originarias de otros países.

Por encima de esas cantidades, las exportaciones efectuadas al mercado comunitario tienen que pagar un derecho de aduana adicional, que está resultando insuficiente pues los envíos ya han superado con creces los contingentes establecidos. La cláusula de salvaguardia finalizará además el próximo 10 de abril.

¿Tiene intención la Comisión Europea de prorrogar dicha cláusula más allá de esa fecha y de introducir los ajustes necesarios para que se convierta en un mecanismo eficaz de protección del mercado comunitario?

Respuesta del Sr. Lamy en nombre de la Comisión

(21 de abril de 2004)

El 7 de abril de 2004, tras haber celebrado consultas con los Estados miembros, la Comisión adoptó una propuesta destinada a introducir medidas de salvaguardia definitivas sobre las importaciones a la Comunidad de mandarinas en conserva (satsumas). Las medidas de salvaguardia provisionales expiraron el 10 de abril de 2004 y, a fin de evitar una laguna en la protección a los productores de la Comunidad, las medidas definitivas entrarán en vigor el 11 de abril de 2004 y permanecerán vigentes hasta el 8 de noviembre de 2007, ofreciendo a la industria comunitaria el período de respiro necesario para llevar a cabo la reestructuración.

Teniendo en cuenta los persistentes altos niveles de las importaciones en los últimos meses de 2003 y la evidencia de que los importadores procedían a su almacenamiento antes de la imposición de las medidas provisionales, así como las fluctuaciones de los tipos de cambio, el nivel de los derechos (301 euros por tonelada) en virtud de las medidas definitivas es sustancialmente más alto que el aplicable con arreglo a las medidas provisionales (155 euros por tonelada).

----

----

(2004/C 88 E/0542)

PREGUNTA ESCRITA E-0760/04

de José García-Margallo y Marfil (PPE-DE) a la Comisión

(11 de marzo de 2004)

Asunto:   Aplicación del Plan de acción sobre los servicios financieros (PASF) en los nuevos Estados miembros

¿Contempla la Comisión la adopción de medidas de acompañamiento para la aplicación del PASF en los nuevos Estados miembros, que en lo esencial no participaron en la redacción de las principales directivas establecidas por dicho Plan?

Respuesta del Sr. Verheugen en nombre de la Comisión

(21 de abril de 2004)

Las medidas del Plan de acción sobre los servicios financieros (PASF), que tienen como plazo de aplicación el 1 de mayo de 2004, formarán parte del acervo que todos los países adherentes tendrán que asumir y aplicar a partir de la fecha de adhesión.

Cuando los plazos de aplicación de las medidas del PASF sean posteriores a mayo de 2004, este plazo también será aplicable a los países adherentes. Durante el último año (2003) delegados de los citados países participaron como observadores en todos los comités institucionales de preparación y reglamentación a fin de estar plenamente informados de estas medidas.

La Comisión recuerda que el Acta de Adhesión prevé medidas transitorias, de ámbito y tiempo limitados, para Directivas específicas en el sector de los servicios financieros. Estas medidas transitorias son aplicables al mercado local; no será posible acogerse al acceso directo al mercado interior europeo si se aplica una normativa menos estricta. Todas las medidas transitorias terminarán a finales de 2007 a más tardar. Las medidas se refieren al capital mínimo exigido a las entidades de crédito organizadas en forma de sociedades cooperativas en virtud de la Directiva 94/19/CE (1) (respecto a Chipre, Hungría, Polonia y Eslovenia) y la Directiva relativa a los sistemas de garantía de depósitos (2) (respecto a Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia y Eslovaquia).

Por último, la Comisión ha mantenido durante un tiempo un intenso diálogo con los países adherentes en materia de servicios financieros, principalmente a través de revisiones inter pares realizadas por expertos de la EU15, lo que ha dado lugar a la elaboración por esos países de recomendaciones y planes de acción para garantizar la aplicación efectiva del acervo en este ámbito, incluidas medidas del PASF ya adoptadas.

----

(1)  Directiva 2000/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de marzo de 2000, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio, DO L 126 de 26.5.2000.

(2)  Directiva 94/19/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 1994, relativa a los sistemas de garantía de depósitos, DO L 135 de 31.5.1994.

----

----

(2004/C 88 E/0543)

PREGUNTA ESCRITA E-0772/04

de Maurizio Turco (NI) a la Comisión

(11 de marzo de 2004)

Asunto:   Violación de la libertad religiosa en Austria

Vistos,

Considerando que,

¿Puede dar constancia la Comisión del conocimiento de los hechos descritos?

¿Considera la Comisión que las actuaciones descritas atentan contra los derechos fundamentales garantizados en los artículos 10 y 22 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y, por lo tanto, afectan al contenido esencial de éstos protegidos expresamente por el artículo 52 del mismo cuerpo legal?;

¿Considera asimismo la Comisión que estos hechos son contrarios al artículo 6 del TUE y, por tanto, a los principios comunes a todos los Estados miembros de respeto de los derechos humanos y fundamentales?;

¿Puede informar la Comisión de qué manera tiene intención de disuadir a Austria de la realización de estas conductas contrarias al derecho a la libertad religiosa?

En caso de no condena expresa de las actuaciones relatadas por parte de esta Institución, ¿en base a qué principios legales apoyará su postura?

Respuesta del Sr. Vitorino en nombre de la Comisión

(28 de abril de 2004)

Por lo que se refiere a la denegación por las autoridades austríacas del visado de entrada a su territorio a determinados religiosos, la Comisión desea recordar que, conforme a las disposiciones relativas a la expedición de visados uniformes válidos en el territorio de los Estados adherentes al Convenio de Schengen, cada Estado miembro estudia las solicitudes de visado con arreglo a una serie de criterios, que figuran en la Instrucción Consular Común. No obstante, la decisión de conceder o rechazar el visado depende de la valoración que efectúe cada Estado miembro. La Instrucción Consular Común no impone a los Estados miembros la obligación de justificar posibles denegaciones de visado.

En cuanto a la concesión de un permiso de trabajo específico a los religiosos nacionales de terceros países, la Comisión desea recordar que, por el momento, no existen normas comunitarias que regulen la entrada y estancia para fines de trabajo de nacionales de terceros países, y que toda decisión en este ámbito es competencia de los Estados miembros.

Por otra parte, la Comisión carece de competencias para intervenir ante posibles violaciones de los derechos fundamentales y, concretamente, el de libertad religiosa, salvo en caso de que se produzcan en el marco del Derecho comunitario y de su aplicación.

Por último, cabe recordar que toda persona que considere que se han vulnerado sus derechos fundamentales puede interponer recurso ante el Tribunal europeo de derechos humanos, una vez agotadas las acciones emprendidas en el ámbito nacional.

----

----

(2004/C 88 E/0544)

PREGUNTA ESCRITA E-0775/04

de Maurizio Turco (NI) a la Comisión

(11 de marzo de 2004)

Asunto:   Violación de la libertad religiosa en Alemania

Vistos,

Considerando que,

¿Puede dar constancia la Comisión del conocimiento de los hechos descritos?

¿Considera la Comisión que las actuaciones descritas atentan contra los derechos fundamentales garantizados en los artículos 10 y 22 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y que, por lo tanto, afectan al contenido esencial de éstos protegidos expresamente por el artículo 52 del mismo cuerpo legal?;

¿Considera asimismo la Comisión que estos hechos son contrarios al artículo 6 del TUE y, por tanto, a los principios comunes a todos los Estados miembros de respeto de los derechos humanos y Fundamentales?;

¿Puede informar la Comisión de qué manera tiene intención de disuadir a Alemania de ejercer estas conductas contrarias al derecho a la libertad religiosa?

En caso de no condena expresa de las actuaciones relatadas por parte de esta Institución, ¿en base a qué principios legales apoyará su postura?

Respuesta del Sr. Vitorino en nombre de la Comisión

(29 de abril de 2004)

La Comisión no tiene conocimiento de los hechos a los que alude Su Señoría.

Por lo que se refiere a la denegación de un visado de entrada en su territorio impuesto por las autoridades alemanas al jefe de la iglesia de la unificación, el Sr. Moon, y a su esposa, la Comisión desea recordar que, sobre la base de las disposiciones relativas a la expedición de visados uniformes válidos para el territorio de los Estados adherentes al Convenio de Schengen, cada Estado miembro examina una demanda de visado tomando como base una serie de criterios que se indican en la instrucción consular común. No obstante, la decisión de conceder o rechazar dicho visado depende de la valoración realizada por cada Estado miembro. La instrucción consular común no impone a los Estados miembros la obligación de justificar una posible denegación de visado.

En opinión de la Comisión, las cuestiones relativas al estatuto de la iglesia de la cienciología y de otras comunidades religiosas en Alemania entran en el ámbito de la «Declaración sobre el estatuto de las iglesias y las organizaciones no confesionales» aneja al Tratado de Ámsterdam, según la cual «La Unión Europea respeta y no prejuzga el estatuto reconocido, en virtud del derecho nacional, a las iglesias y las asociaciones o comunidades religiosas en los Estados miembros. La Unión Europea respeta asimismo el estatuto de las organizaciones filosóficas y no confesionales.»

Por otra parte, la Comisión sólo tiene competencia para intervenir, en particular, respecto a posibles violaciones de los derechos fundamentales y de la libertad religiosa, cuando éstas se producen en el marco del Derecho comunitario y de su aplicación.

A este respecto, como todos los Estados miembros, desde el 2 de diciembre de 2003 Alemania se ve obligada a aplicar la Directiva 2000/78/CE del Consejo de 27 de noviembre de 2000 que prohíbe la discriminación por motivos de religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual en el empleo y la ocupación (1).

En el marco de su examen de la aplicación por los Estados miembros de la Directiva mencionada, la Comisión envió a Alemania un escrito de requerimiento relativo a la no comunicación de las medidas de transposición adoptadas por dicho Estado.

Por último, hay que recordar que si una persona considera que sus derechos fundamentales han sido violados, dispone de la posibilidad de interponer un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, una vez agotados los medios internos.

----

(1)DO L 303 de 2.12.2000.

----

----

(2004/C 88 E/0545)

PREGUNTA ESCRITA E-0776/04

de Maurizio Turco (NI) a la Comisión

(11 de marzo de 2004)

Asunto:   Violación de la libertad religiosa en Grecia

Vistos,

Considerando que,

¿Conoce el Consejo los hechos descritos? Si los ha tomado en consideración y evaluado, ¿cuáles son las conclusiones de la evaluación?

¿Considera las actuaciones descritas como atentatorias contra los derechos garantizados en los artículos 10, 22 y 52 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, así como contrarias al artículo 6 del TUE?

En caso de no condena expresa de las actuaciones relatadas por parte de esta Institución, ¿en base a qué principios legales apoyará su postura?

La respuesta del Sr. Vitorino en nombre de la Comisión

(29 de abril de 2004)

Su Señoría se refiere a hechos o prácticas de carácter muy distinto que supondrían una violación de la libertad religiosa en Grecia. Estos hechos y prácticas no han sido puestos en conocimiento de la Comisión.

La evaluación que la Comisión podría hacer de los mismos y las iniciativas que podría tomar eventualmente en relación con ellos depende de su posible incorporación al ordenamiento jurídico comunitario.

Algunos de los hechos observados escapan completamente al Derecho comunitario y la Comisión no estaría pues en condiciones de actuar. Tal es el caso de la denegación de concesión de una autorización de trabajo específica para los miembros de grupos religiosos nacionales de terceros países, dado que no existen normas comunitarias relativas a la entrada y la estancia a efectos de trabajo de los nacionales de terceros países y que toda decisión en este ámbito es de la competencia de los Estados miembros.

Algunas prácticas observadas parecen cubiertas por la declaración relativa al estatuto de las iglesias y organizaciones no confesionales, adjunta al Tratado de Ámsterdam, según la cual la Unión respeta el estatuto del que se benefician en virtud del Derecho nacional las iglesias y las asociaciones o comunidades religiosas en los Estados miembros. Esto es cierto por lo que se refiere a las condiciones administrativas vinculadas al ejercicio de prácticas religiosas distintas de las de la Iglesia Ortodoxa o los impuestos pagados por las organizaciones religiosas mencionados por Su Señoría.

La lista de prácticas y grupos religiosos considerados como sacrílegos por la Iglesia Ortodoxa y los comportamientos sociales que podrían resultar de la misma afecta sólo a las personas individualmente y no merece por tanto ninguna observación.

Por lo que se refiere a las prácticas eventualmente discriminatorias respecto a las personas para acceder a la carrera y la promoción en la función pública, la Comisión recuerda que Grecia se ve obligada a aplicar la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, que prohíbe la discriminación por motivos de religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual por lo que se refiere al empleo y la ocupación (1). Esta Directiva debe ser aplicada por todos los Estados miembros desde el 2 de diciembre de 2003.

En el marco de su examen de la aplicación por los Estados miembros de la Directiva mencionada, la Comisión remitió a Grecia una carta de emplazamiento relativa a la no comunicación de las medidas de transposición adoptadas por este Estado.

----

(1)DO L 303 de 2.12.2000.

----

----

(2004/C 88 E/0546)

PREGUNTA ESCRITA E-0786/04

de Proinsias De Rossa (PSE) a la Comisión

(11 de marzo de 2004)

Asunto:   Cooperación policial y derechos humanos

Con la intención de intensificar la lucha contra el terrorismo y la delincuencia internacionales, la Presidencia irlandesa ha dado prioridad a una mayor colaboración entre los servicios policiales, aduaneros y de seguridad de todos los Estados miembros.

¿Garantizará la Comisión que los acuerdos de cooperación entre los servicios policiales de los Estados miembros respetarán las normas y prácticas en materia de derechos humanos? ¿Tiene la Comisión la intención de presionar para que se incluyan disposiciones en materia de responsabilidad a fin de que dichos servicios puedan garantizar la plena protección de los derechos humanos?

Respuesta del Sr. Vitorino en nombre de la Comisión

(29 de abril de 2004)

Todos los acuerdos de cooperación entre los servicios de las fuerzas del orden establecidos por instrumentos adoptados con arreglo al título VI del Tratado de la Unión Europea se consideran cuidadosamente por lo que se refiere a su compatibilidad con el artículo 6 de las disposiciones comunes de ese Tratado.

La Comisión siempre ha estado particularmente atenta a la necesidad de conciliar una política de mejora de la seguridad con el total respeto a los derechos fundamentales y libertades y del Estado de Derecho. El respeto del Estado de Derecho y de los derechos fundamentales es un requisito absoluto de la legalidad de toda acción pública. La misión de la Comisión es la de promover este equilibrio en toda la Unión, creando cuando es preciso el marco legislativo necesario, para lograr el objetivo principal de la Unión de crear y promover una zona de libertad, seguridad y justicia.

Las medidas legales adoptadas por la Unión Europea respetan plenamente los principios reconocidos por el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea y reflejados en la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea. Cuando es pertinente, algunas Decisiones marco incluyen la referencia específica en este sentido a los derechos humanos en su preámbulo, por ejemplo la Decisión marco sobre el mandamiento de detención europeo y la Decisión marco sobre la lucha contra el terrorismo, ambas de 13 de junio de 2002.

Por otra parte, todos los Estados miembros actuales, al igual que los futuros, han aprobado la Recomendación Rec (2001) 10 de 19 de septiembre de 2001 del Comité de ministros del Consejo de Europa a los Estados miembros sobre el Código europeo de deontología policial (1), que resalta la necesidad de establecer principios y directrices comunes europeos, entre otras cosas para que la responsabilidad de la policía salvaguarde la seguridad y los derechos del individuo en las sociedades democráticas que se rigen por el Estado de Derecho. El principio de responsabilidad se establece con mayor detalle en los apartados 15 y 16: los Estados miembros tienen la responsabilidad de ejercer una supervisión independiente de la policía siguiendo los principios establecidos.

Al aplicar la ley de la Unión, los Estados miembros y los servicios de sus fuerzas del orden deben respetar los derechos fundamentales reconocidos por el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea y reflejados en la Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea y en los instrumentos internacionales que, como principios jurídicos generales, forman parte integrante del Derecho de la Unión y están protegidos por el mismo.

----

(1)  http://www.supremecourt.ge/english/Annex2.pdf.

----

----

(2004/C 88 E/0547)

PREGUNTA ESCRITA P-0788/04

de Giacomo Santini (PPE-DE) a la Comisión

(5 de marzo de 2004)

Asunto:   Competencia desleal en la importación de sulfato de cobre

La producción de sulfato de cobre está adquiriendo en el mundo una importancia cada vez mayor en la alimentación animal, en los tratamientos agrícolas (defensa contra los hongos de la vid) y en la electrónica y la galvánica. En los últimos años, la producción europea se ha redimensionado considerablemente debido a las importaciones masivas de terceros países (Uzbekistán, Ucrania, la Federación de Rusia, la Ex República Yugoslava de Macedonia, Serbia y Montenegro, China) hasta el punto de entrar en crisis. El mayor productor europeo está en Italia (Manica SpA, de Rovereto, provincia de Trento) y sigue en el mercado junto a pocas empresas sobrevivientes de Italia, España y Francia. La causa principal de la crisis es la excesiva cantidad de sulfato de cobre microcristalino, denominado «nieve», importado de los citados terceros países en condiciones evidentes de competencia desleal: entre 50 000 y 60 000 toneladas cada año. Semejante cantidad representa más de dos tercios del mercado europeo. Por otro lado, los bajos niveles de calidad de la producción extracomunitaria dan lugar a graves preocupaciones, ya que ponen en peligro la salud de los animales y la integridad del medio ambiente. El reciente Reglamento (CE) no 133/2003 (1) ha añadido importantes limitaciones al empleo de algunas sales, entre ellas el cobre, en la alimentación de los animales, por motivos relacionados con las deposiciones de los cerdos en las tierras y en los cursos de agua. Estas limitaciones perjudican nuevamente a las exportaciones europeas.

Esta situación podría conducir al cierre de las pocas plantas europeas sobrevivientes, con grave perjuicio para la calidad del producto y el empleo.

Respuesta del Sr. Lamy en nombre de la Comisión

(1 de abril de 2004)

----

(1)DO L 22 de 25.1.2003, p. 18.

(2)DO L 56 de 6.3.1996, p. 1.

(3)  Reglamento (CE) no 384/96 del Consejo, de 22 de diciembre de 1995, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea, cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 461/2004 del Consejo, de 8 de marzo de 2004, DO L 77 de 13.3.2004 (el «Reglamento de base»).

(4)  Directiva 91/414/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1991, relativa a la comercialización de productos fitosanitarios, DO L 230 de 19.8.1991.

----

----

(2004/C 88 E/0548)

PREGUNTA ESCRITA E-0806/04

de Antonio Di Pietro (ELDR) a la Comisión

(15 de marzo de 2004)

Asunto:   Ley Tremonti— Mediaset

Gracias a la Ley no 489 de 8 de agosto de 1994 (de ahora en adelante «Ley Tremonti»), la empresa Mediaset, que opera en el sector de la información y los medios de comunicación, ha obtenido importantes desgravaciones fiscales (por un valor de alrededor de 243 mil millones de las antiguas liras italianas). Como consecuencia directa de dichas desgravaciones, Mediaset ha reforzado notablemente su posición de dominio en el mercado, ha colmado el enorme déficit que la aquejaba y ha logrado cotizar en bolsa. Algunas de las decisiones relativas a dicha Ley fueron determinadas de forma decisiva por el titular de la empresa, quien, al mismo tiempo, ocupa el cargo de Presidente del Consejo de Ministros y, por consiguiente, se encuentra en una situación evidente de conflicto de intereses. En efecto, en el sector concreto y limitado del mercado de los medios de comunicación televisivos, la empresa Mediaset ha resultado ser en la práctica la beneficiaria exclusiva o principal de la disposición legal mencionada. La participación de la empresa beneficiaria en las decisiones relativas a las normas o disposiciones correspondientes constituye un grave delito en materia de competencia cuando dicha participación se produce, como ocurre de forma evidente en el caso que nos ocupa, «en una medida tal que se pueda considerar de peso, al menos en caso de que dichas disposiciones modifiquen la posición de la empresa en cuestión en el mercado de forma significativa» (conclusiones del Abogado General Sr. FG Jacobs, de 21 de marzo de 1991, asunto Extramet).

Asimismo, las acciones de una empresa dirigidas a la promulgación, a través de sus representantes, de disposiciones de favor cuyo objeto consiste en reforzar su posición de dominio, o bien a excluir a terceros del mercado (Tribunal de Apelación de Milán, ord. de 9-13 de julio de 1998 y sent. de 22 de marzo — 16 de junio de 2000), como en el caso que nos ocupa resulta evidente, constituye un grave delito en materia de competencia. Por otra parte, las situaciones de conflicto de intereses suponen una alteración grave del órgano en cuyo seno se producen.

¿Podría explicar la Comisión por qué motivo no ha procedido a adoptar algún tipo de medida para salvaguardar la competencia en el mercado analógico italiano de los medios de comunicación, seriamente afectado por los delitos de competencia descritos, considerando, por otra parte, que en el caso que nos ocupa, la inacción de la Comisión podría determinar la prescripción de tales delitos, lo que supondría una serie de perjuicios para el mercado y el erario comunitario e italiano de una importancia considerable?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión

(30 de abril de 2004)

A raíz de una alegación, la Comisión ya consideró el tema de la pregunta y concluyó que no había motivos suficientes para continuar con la investigación del asunto, dado que no había indicios de una posible infracción de la legislación comunitaria en materia de competencia.

En cuanto a la alegación de que la participación de la empresa en las decisiones relativas a la ley supone una violación de la legislación en materia de competencia, habida cuenta del conflicto de intereses, la Comisión considera lo siguiente: la legislación en materia de competencia no hace referencia alguna al conflicto de intereses, por lo que la Comisión no dispone de medios legales para afrontar dicha situación de conflicto de intereses, por sí sola, con independencia de sus efectos en el mercado. La Comisión sí puede, sin embargo, intervenir en una situación de abuso de posición dominante o de ayudas estatales.

No obstante, en relación a la posición dominante, el mero hecho que Mediaset fuese beneficiaria con arreglo a la Ley no 489 de 8 de agosto de 1994 de legislación fiscal, que no estaba destinada únicamente a Mediaset, ni siquiera exclusivamente a empresas de radio o televisión, no se puede considerar como un abuso de posición dominante.

Además, en este asunto en particular, se supone que el conflicto de intereses tendría que haber afectado la competencia a través de la normativa sobre concesión de desgravaciones fiscales. Las distorsiones de la competencia debidas a la concesión de ventajas mediante recursos estatales se evalúan de conformidad con las normas sobre ayudas estatales del Tratado. Es jurisprudencia consolidada que el artículo 87 «no establece una distinción según las causas o los objetivos de las intervenciones estatales, sino que las define en función de sus efectos». Lo que la Comisión tiene que valorar es si una medida se ajusta a la definición del Tratado de ayuda estatal. Los elementos señalados en la pregunta realizada por Su Señoría no muestran que éste sea el caso y la posibilidad de que un conflicto de intereses haya podido desempeñar un papel importante en la elaboración de una medida como ésta no puede alterar dicha evaluación.

----

----

(2004/C 88 E/0549)

PREGUNTA ESCRITA P-0810/04

de José Ribeiro e Castro (UEN) a la Comisión

(8 de marzo de 2004)

Asunto:   Asesinato de una misionera en Nampula (Mozambique)

El pasado 24 de febrero fue encontrada muerta en su apartamento de Nampula la misionera brasileña de 53 años perteneciente a la Iglesia Evangélica de Confesión Luterana Doraci Edinger, que colaboraba en la construcción de escuelas y hospitales y en la perforación de pozos para abastecimiento de agua en esa región.

Tras haberse desechado el robo como móvil del crimen, han surgido rumores sobre la relación entre este bárbaro asesinato y un posible tráfico de órganos en la región.

Por otra parte, la autopsia ha revelado que la misionera fue asesinada a martillazos, crimen por el que ya se ha detenido a cinco sospechosos.

En la comunidad religiosa y, en especial, entre las religiosas católicas que denunciaron el tráfico de órganos, crece la inquietud por las posibles represalias.

Respuesta del Sr. Nielson en nombre de la Comisión

(5 de abril de 2004)

La Comisión está al corriente del omicidio de la misionera brasileña Doraci Edinger y se puso en contacto al respecto con la Embajada de Brasil. Sobre la base de la información disponible, ésta considera que no existen vínculos con presuntos traficantes de órganos.

Por lo que se refiere a la seguridad de las misioneras, aunque este problema no es competencia de la Comisión y se pueda resolver más eficazmente a través de intervenciones de las embajadas de los respectivos Estados miembros, la Comisión examinará el modo más indicado de plantear la cuestión al Gobierno en el marco de la cooperación UE y del diálogo político UE-Mozambique.

La Comisión asegura a Su Señoría que, dentro de los límites de su competencia, estará en contacto con la oficina del Fiscal General y la Liga de los Derechos Humanos y seguirá los progresos de la investigación.

----

----

(2004/C 88 E/0550)

PREGUNTA ESCRITA E-0813/04

de Johanna Boogerd-Quaak (ELDR) a la Comisión

(15 de marzo de 2004)

Asunto:   Ayudas agroambientales

El 5 de febrero de 2004, tuve el honor de presentar una conferencia sobre los programas agroambientales, «Cómo mejorar las medidas agroambientales para el uso sostenible de la biodiversidad», organizada por la UICN.

Durante esa conferencia, se formularon observaciones críticas sobre el cálculo de las ayudas agroambientales basado en las normas actuales del Reglamento (CE) no 1257/1999 (1) relativo al desarrollo rural.

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(28 de abril de 2004)

La conferencia presentada por Su Señoría ha contribuido ciertamente a un reflexión muy útil sobre la actual concepción de las medidas agroambientales y sobre sus perspectivas de evolución. La Comisión ha tomado nota de las cuestiones suscitadas durante la conferencia, incluidas las críticas. En el caso de medidas de carácter tan general y que abarcan tal variedad de objetivos y condiciones regionales y locales, es previsible que se produzcan ciertas deficiencias.

----

(1)DO L 160 de 26.6.1999, p. 80.

----

----

(2004/C 88 E/0551)

PREGUNTA ESCRITA E-0815/04

de Charles Tannock (PPE-DE) a la Comisión

(15 de marzo de 2004)

Asunto:   Detención masiva de cristianos evangélicos eritreos

¿Está al corriente la Comisión de la persecución que está teniendo lugar en Eritrea contra los cristianos evangélicos? En una reciente campaña de las autoridades eritreas, fueron detenidos 51 cristianos evangélicos, lo que eleva a 347 el total estimado de ciudadanos detenidos y encarcelados en nueve lugares de Eritrea por sus creencias religiosas.

En Eritrea, sólo están reconocidas como religiones oficiales la ortodoxa, la católica, la luterana evangélica y la musulmana, todas las demás son «ilegales». Por consiguiente, desde mayo de 2002, todas las iglesias evangélicas eritreas se han visto obligadas a cerrar y se han prohibido las reuniones para el culto en lugares públicos e incluso en las viviendas. De acuerdo con la creencia de la Unión Europea de que la libertad de practicar de forma pacífica la propia religión sin persecución constituye un derecho humano fundamental, es evidente que el Gobierno eritreo viola gravemente esos derechos humanos.

¿Qué medidas tiene intención de adoptar la Comisión para garantizar la liberación de los 347 presos religiosos eritreos? Por otra parte, ¿qué medidas puede adoptar para crear una mayor tolerancia hacia las diferentes religiones en Eritrea y la suspensión de la prohibición de todas las religiones denominadas no oficiales?

Respuesta del Sr. Nielson en nombre de la Comisión

(22 de abril de 2004)

La Comisión está al corriente de que en Eritrea se está produciendo una persecución motivada por las creencias religiosas, y recuerda que la Constitución eritrea establece la libertad de religión. No obstante, el Gobierno restringe este derecho en la práctica. Sólo se permite reunirse libremente a los cuatro grupos religiosos del país autorizados por el Gobierno: los cristianos ortodoxos, los musulmanes, los católicos y los miembros de la Iglesia Evangélica de Eritrea (afiliada a la Federación Luterana Mundial).

En mayo de 2002, el Ministro de Información promulgó un decreto en virtud del cual todos los grupos religiosos debían registrarse, si bien ello no se aplicó a los cuatro grupos autorizados. A los restantes grupos se les hizo saber que, hasta que fueran aprobadas las solicitudes de registro, no podrían celebrar actividades ni servicios religiosos. Hasta el momento no se ha concedido ninguna autorización.

A partir de entonces, según varios informes recibidos, se ha intensificado la persecución. El Gobierno ha hostigado, arrestado y detenido a miembros de grupos religiosos protestantes no autorizados, conocidos colectivamente a nivel local como «pentes», a miembros de movimientos reformistas procedentes de la Iglesia copta o existentes en su interior, a Testigos de Jehová y a seguidores de la fe Baha'i. Los informes afirman que en algunas ocasiones la policía maltrató físicamente a los detenidos, y que se exigió de algunos de ellos que firmaran declaraciones por las que renunciaban a su fe o aceptaban no practicarla como condición para ser liberados. Se afirma que estos acontecimientos afectaron a centenares de individuos.

Los Testigos de Jehová se ven particularmente afectados, debido a su negativa a cumplir los deberes del Servicio Nacional. A muchos de ellos se les expulsó de viviendas de propiedad gubernamental o no se les permitió ocuparlas, les fue denegado el pasaporte y el visado de salida, y a algunos se les denegó o retiró la tarjeta de identidad. A finales de 2003, unos once Testigos de Jehová permanecían al parecer detenidos sin cargos. El Servicio Nacional es obligatorio en Eritrea para todos los varones entre los 18 y los 45 años y para todas las hembras entre los 18 y los 28 años, y el Gobierno no ha previsto alternativas no militares.

La Comisión admite que lo anteriormente expuesto constituye una violación de los derechos humanos fundamentales y, en coordinación con los Estados miembros, sigue de cerca los acontecimientos. Esta cuestión será discutida en el marco del diálogo político previsto por el artículo 8 del Acuerdo de Cotonú. El diálogo fue reemprendido en 2003, tras el período de suspensión que siguió a las enérgicas medidas tomadas contra la oposición política y los medios de comunicación a finales de 2001. En una primera fase resultó difícil tratar las cuestiones políticas sensibles. No obstante, está a punto de dar comienzo una segunda fase, en la que se ha garantizado a la Unión Europea que será posible discutir los derechos civiles, políticos, religiosos, económicos, sociales y culturales.

----

----

(2004/C 88 E/0552)

PREGUNTA ESCRITA E-0821/04

de Ilda Figueiredo (GUE/NGL) a la Comisión

(15 de marzo de 2004)

Asunto:   Firma del Acuerdo de Agadir

El 25 de febrero de 2004, en presencia del Comisario Patten, se produjo la firma del acuerdo de libre comercio entre Jordania, Egipto, Túnez y Marruecos, denominado Acuerdo de Agadir debido a las declaraciones políticas pronunciadas por los países mencionados a propósito de dicho acuerdo en Agadir en mayo de 2001. Este acuerdo forma parte del objetivo más amplio de la asociación entre la UE y los países de la cuenca del Mediterráneo, en el marco del Proceso de Barcelona, iniciado en 1995, de crear una zona de libre comercio euromediterránea hasta 2010.

¿Qué repercusiones considera la Comisión que tendrá este proceso sobre los productos comunitarios específicamente mediterráneos, especialmente en Portugal? ¿Qué repercusiones considera la Comisión que tendrá este proceso, más concretamente, en el sector hortofrutícola y la industria de las conservas, incluidas las de pescado (sardinas, atún, etc.), especialmente en Portugal?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(27 de abril de 2004)

El Acuerdo de Agadir, firmado el 25 de febrero de 2004, es un acuerdo de libre comercio entre cuatro países del Mediterráneo: Marruecos, Túnez, Egipto y Jordania. La Unión Europea ha fomentado activamente dicho Acuerdo, pero no es parte del mismo. Cada uno de esos cuatro países ha celebrado con la Unión Europea, en el contexto de la colaboración euromediterránea, Acuerdos de Asociación que incluyen disposiciones de libre comercio. Los Acuerdos con Marruecos, Túnez y Jordania están ya vigentes. El Acuerdo con Egipto lo estará en fecha próxima, y sus disposiciones sobre comercio y asuntos comerciales entraron en vigor ya el 1 de enero de 2004. Por tanto, el Acuerdo de Agadir no deberá tener ninguna repercusión sectorial directa en la UE.

La política de la Comisión es incentivar la celebración de acuerdos de libre comercio entre los países del sur del Mediterráneo para complementar, de este modo, la dimensión económica Norte-Sur de la colaboración euromediterránea con una dimensión Sur-Sur que atraiga más inversión y fomente el comercio entre socios. En esta línea, el Acuerdo de Agadir constituye un paso adelante en la creación gradual de la zona de libre comercio euromediterránea y deberá influir positivamente en las relaciones comerciales de los cuatro países signatarios y en el desarrollo de las relaciones económicas y comerciales en toda la región. La Comisión está muy atenta a la repercusión y los avances que resulten de la introducción del libre comercio y está financiando un estudio de impacto en la sostenibilidad en la zona de libre comercio euromediterránea. El estudio está en su fase inicial y su objetivo es hacer una evaluación global, económica, social y de medio ambiente, de la sostenibilidad del libre comercio en la región euromediterránea.

----

----

(2004/C 88 E/0553)

PREGUNTA ESCRITA E-0833/04

de Catherine Stihler (PSE) a la Comisión

(15 de marzo de 2004)

Asunto:   Tipo de IVA del 0 % o del 5 % para todos los libros de audio

¿Puede informar la Comisión sobre si tendría alguna objeción, y, en caso afirmativo, por qué motivo, a que el Gobierno del Reino Unido aplique un tipo de IVA reducido del 0 % o del 5 % a todos los libros de audio? Esto aproximaría los libros de audio al tipo de IVA del 0 % que se aplica a los libros impresos en el Reino Unido y garantizaría que no se penaliza a las personas con pérdida de visión por leer libros en un formato de audio en lugar de en formato impreso. Estas medidas cuentan con el apoyo del Royal National Institute of the Blind Scotland y otras organizaciones de y para personas con problemas de pérdida de visión.

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(30 de abril de 2004)

Conforme a la actual legislación comunitaria, el Reino Unido no tiene ningún fundamento jurídico para aplicar un tipo reducido del IVA del 0 % ó del 5 % a los audiolibros.

La Directiva 92/77/CEE del Consejo (1) autorizó el mantenimiento de los tipos cero como excepción temporal durante un período transitorio previo a la introducción de un sistema definitivo del IVA que supondría la imposición en el país de origen. Se permite siempre que esos tipos estuvieran legalmente en vigor el 1 de enero de 1991. Conforme a estas disposiciones, se permitió al Reino Unido aplicar el tipo cero a los libros pero no a los audiolibros. Esta clase de excepción es una no aplicación de las normas habituales que prevén la aplicación del tipo normal del IVA a todas las transacciones imponibles con una opción para que los Estados miembros apliquen un tipo reducido solamente a los bienes y servicios enumerados en el anexo H (lista de bienes y servicios que puede estar sujeta a tipos reducidos del IVA) de la Sexta Directiva 77/388/CEE del IVA (2). Los audiolibros no están, como tal, incluidos en el anexo H y están sujetos al tipo normal de IVA.

Se han analizado cuidadosamente las ventajas de ampliar el ámbito de aplicación de los tipos reducidos a sectores nuevos. Por razones históricas, el tipo reducido se aplica a los libros en 12 Estados miembros y el tipo cero en dos Estados miembros (Dinamarca aplica un índice único del 25 % a todos los bienes y servicios). Por otra parte, los 15 Estados miembros aplican, actualmente, el tipo normal del IVA a los soportes de audio.

La propuesta de Directiva relativa a los tipos reducidos del IVA (3) de 23 de julio de 2003 aspira esencialmente a mejorar el funcionamiento del mercado interior racionalizando el uso de los tipos reducidos por los Estados miembros para evitar posibles distorsiones y brindando a los Estados miembros las mismas posibilidades de aplicar los tipos reducidos.

En cuanto a la racionalización de la situación actual, la categoría 6 del anexo H no ha sido modificada por la propuesta de la Comisión, por lo que pueden mantenerse los tipos reducidos aplicados a los libros. Por otra parte, la Comisión propone la inclusión en la categoría 4 de las siguientes mercancías:

En caso de que esta propuesta se adopte, los soportes de audio, vídeo o de otro tipo especialmente diseñados o especialmente adaptados para los minusválidos podrían estar sujetos a un tipo reducido del IVA. Como no hay ninguna otra definición a nivel comunitario, los Estados miembros tendrán que determinar si los audiolibros deben considerarse integrados en esta categoría aunque la población en general pueda también comprarlos y utilizarlos.

La Comisión es consciente del problema al que se refiere Su Señoría y tendrá esta cuestión en mente durante la negociación de la propuesta de la Comisión de 23 de julio de 2003, que actualmente examina el Consejo.

Ahora corresponde al Consejo decidir, por unanimidad, y a la luz del dictamen del Parlamento, sobre el futuro ámbito de aplicación de los tipos reducidos del IVA, pero quizás podría encontrarse una solución más específica a este problema concreto fuera del sistema del IVA, por un sistema nacional de subvenciones o devoluciones para compensar el IVA pagado. Este asunto es de la competencia de las autoridades del Reino Unido.

----

(1)  Directiva 92/77/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, por la que se completa el sistema común del impuesto sobre el valor añadido y se modifica la Directiva 77/388/CEE (aproximación de los tipos del IVA) — DO L 316 de 31.10.1992.

(2)  Sexta Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido: base imponible uniforme. DO L 145 de 13.6.1977.

(3)  COM(2003) 397 final.

----

----

(2004/C 88 E/0554)

PREGUNTA ESCRITA E-0852/04

de Michl Ebner (PPE-DE) a la Comisión

(19 de marzo de 2004)

Asunto:   Proyectos de construcción en África Oriental

África Oriental se extiende al este de la fosa tectónica centroafricana entre Etiopía y el Rovuma y engloba los países de Uganda, Kenya, Rwanda, Burundi y Tanzanía. Dichos países se caracterizan por contar con unas instituciones públicas débiles y subfinanciadas que con frecuencia son incapaces de desempeñar importantes tareas que corresponden al Estado y apenas han dado cumplimiento a los requisitos mínimos que exige un desarrollo sostenible. La pobreza y el subdesarrollo son el resultado de ello. Por otra parte, el agua corriente, la electricidad y unas infraestructuras que funcionen correctamente constituyen una rareza y las deficientes instituciones educativas y un estado de salud asimismo deteriorado dificultan el progreso.

Dado que tales regiones no cuentan con recursos financieros propios para hacer frente a la miseria, dependen de la inyección de capital y de la labor de desarrollo del extranjero.

Habida cuenta del estado precario en que se encuentra África Oriental,

Respuesta del Sr. Nielson en nombre de la Comisión

(27 de abril de 2004)

El planteamiento que la Unión viene aplicando desde noviembre de 2000 en materia de política de desarrollo se articula en torno a la lucha contra la pobreza y se centra en tres sectores prioritarios de cooperación: el desarrollo económico, el desarrollo social y humano, la integración y la cooperación regional.

En el marco de este planteamiento, las prioridades se establecen por países y el principio relativo a la concentración de los recursos en uno o dos sectores prioritarios constituye la clave de la cooperación. La construcción desempeña un papel más o menos importante, según el caso, en el contexto de esta cooperación, si bien es imposible calcular el valor de todas nuestras intervenciones en este sector, ya que están incluidas en programas más amplios.

La mayor parte de los proyectos de construcción de edificios corresponde a dos sectores prioritarios, a saber, la salud y la educación, aunque existen otros sectores que se benefician también de ayudas a la renovación de infraestructuras como medida de acompañamiento de programas de proyección más amplia. El Fondo Europeo de Desarrollo (FED) financia la construcción y renovación de numerosas infraestructuras sanitarias, desde pequeños dispensarios hasta hospitales de referencia. Lo mismo ocurre en el sector de la educación, en el que el FED presta ayuda a la creación y renovación de centros de enseñanza primaria, técnica y universitaria. La ayuda dedicada a la creación de infraestructuras sanitarias se situaba sólo en la década 1990-2000 en torno a 150 millones de euros, para el conjunto de los países de la región del África, Caribe y Pacífico (ACP), lo que representa el 30 % de los recursos del FED dedicados al sector de la sanidad. A modo de ejemplo, cabe mencionar la construcción de dos hospitales en Malaui, por un total de 23 millones de euros cada uno. Otro ejemplo en la región en cuestión: el 17 de febrero de 2004, la Comisión adoptó la decisión de financiar con un importe de 8 millones de euros la renovación del edificio de la Asamblea Nacional y la construcción de un edificio para el Tribunal Supremo y el Ministerio de Justicia en Ruanda. Esta operación de financiación demuestra la voluntad de Ruanda de establecer un Estado de Derecho y de buena gobernanza, con la ayuda de la Unión Europea.

Todos estos proyectos son diseñados de acuerdo con las normas aplicables en el sector por oficinas técnicas especializadas tanto comunitarias como locales, que cuentan con la colaboración de arquitectos, ingenieros y geómetras.

La ejecución de las obras se adjudica a empresas de obras públicas tras la correspondiente licitación. Teniendo en cuenta las características de estas obras (escasa tecnicidad y coste menos elevado en comparación, por ejemplo, con la construcción de carreteras), la mayoría de las obras de construcción de edificios se encomienda a empresas locales, lo que refuerza la incidencia socioeconómica de estos proyectos.

----

----

(2004/C 88 E/0555)

PREGUNTA ESCRITA E-0854/04

de Roger Helmer (PPE-DE) a la Comisión

(19 de marzo de 2004)

Asunto:   Aranceles exteriores comunes

En relación con la pregunta escrita P-0472/04 (1), de Roger Helmer (PPE-DE), y la respuesta ofrecida por la Sra. Schreyer, en nombre de la Comisión, el 5 de marzo de 2004:

Respuesta de la Sra. Schreyer en nombre de la Comisión

(30 de abril de 2004)

Con relación a la pregunta escrita P-0472/04 de Su Señoría y a mi respuesta de 5 de marzo de 2004 en nombre de la Comisión:

Los tres sectores más importantes (por capítulos de la nomenclatura combinada) en valor de las importaciones objeto de medidas antidumping o antisubvenciones fueron los siguientes:

----

(1)DO C 84 E de 3.4.2004, p. 594.

----

----

(2004/C 88 E/0556)

PREGUNTA ESCRITA E-0874/04

de Salvador Garriga Polledo (PPE-DE) a la Comisión

(22 de marzo de 2004)

Asunto:   Boicot a la vacuna contra la polio por los integristas nigerianos

Hasta siete países han registrado, en el último año, casos de polio por culpa de las autoridades islámicas del norte de Nigeria, según una denuncia de la presidenta de Unicef.

Las autoridades islámicas han suspendido las campañas de vacunación porque afirman que en los preparados han encontrado estrógenos, una hormona que es la base de la píldora anticonceptiva.

¿Puede indicar la Comisión si, de acuerdo con los medios coercitivos de que dispone, podría gestionar ante las referidas autoridades islámicas que renuncien al mencionado boicot, para evitar que siga habiendo niños paralizados porque se retrase su vacunación debido a rumores infundados?

Respuesta del Sr. Nielson en nombre de la Comisión

(30 de abril de 2004)

Nigeria sigue registrando una de las mayores incidencias de poliomielitis del mundo, por lo que es un país prioritario en la erradicación mundial de esa enfermedad. La Comunidad contribuye a la Iniciativa Mundial para la Erradicación de la Poliomielitis a través de varios instrumentos y con una dotación complementaria específica para la vacunación contra la poliomielitis en Nigeria. La Comisión está tramitando la asignación de fondos adicionales para la lucha contra esta enfermedad en esa región.

A través de su delegación en Nigeria, la Comisión mantiene un diálogo con las autoridades nigerianas y seguirá respaldando y mejorando los programas de erradicación de la poliomielitis en la región. La Comisión es consciente de que el reciente brote de poliomielitis en el norte de Nigeria, que se ha propagado a otros países africanos, supone un importante revés para la campaña internacional de erradicación coordinada por la asociación mundial para la erradicación de la poliomielitis. Cabe señalar que el Presidente Obasanjo se ha comprometido a erradicar el poliovirus en Nigeria antes del plazo mundial fijado en 2005. A pesar de todo, hay pruebas de que se han suspendido campañas de vacunación en el norte de Nigeria, lo cual permite la propagación del virus. Según la información de que dispone la Comisión, esa situación sólo se ha producido en Nigeria y cabe esperar que la aplicación fructífera de la vacunación en el conjunto de la región convencerá a las autoridades de la importancia de reanudar los programas. De hecho, en su última cumbre, celebrada en Malasia en octubre de 2003, la Organización de la Conferencia Islámica (OCI) aprobó una resolución relativa a la erradicación de la poliomielitis en todos sus Estados miembros. En la actualidad, 52 de los 57 miembros de la OCI están libres de poliomielitis.

La Organización Mundial de la Salud y la asociación mundial para la erradicación de la poliomielitis trabajan, en calidad de órganos ejecutivos, en aspectos técnicos concretos como la posible presencia de estrógenos en las vacunas.

----

----

(2004/C 88 E/0557)

PREGUNTA ESCRITA E-0878/04

de Antonio Di Pietro (ELDR) a la Comisión

(22 de marzo de 2004)

Asunto:   Sociedad Acque Albule de Tívoli

La sociedad Acque Albule SpA (Sociedad Anónima) se encarga de la gestión de una serie fuentes termales famosas y apreciadas desde la antigüedad. El Ayuntamiento de Tívoli, en la provincia de Roma, accionista único de dicha sociedad hasta diciembre de 2001, ha procedido recientemente a la liberación del 40 % del capital social de la empresa a favor de un grupo privado, alegando una supuesta intención de recapitalizar la sociedad. El Tribunal de Roma ha declarado irregular y nula dicha operación. Asimismo, el Tribunal de Cuentas italiano ha constatado una serie de graves irregularidades en el balance social de dicha empresa. Las acciones de la sociedad Acque Albule SpA parecen haber sido infravaloradas en gran medida y, por otra parte, se ha tratado de una operación absolutamente falta de transparencia (el documento de valoración ni siquiera se ha hecho público). A pesar de los compromisos contractuales contraídos por el grupo privado mencionado y de la ingente financiación procedente de las arcas del CIPE (Comité interministerial para la programación económica), se ha despedido a casi todos los empleados que trabajaban en la empresa. Recientemente, por último, la prensa ha dado a conocer el hecho de que la sociedad Acque Albule SpA ha decidido proceder a la emisión de obligaciones y disfrutar de una ulterior serie de ayudas públicas de forma ilegítima.

¿Qué tipo de medidas piensa poner en práctica la Comisión en relación con una operación de cesión de un ingente patrimonio público si ningún tipo de garantía de transparencia, la emisión de obligaciones públicas que parece que no cuentan con las correspondientes garantías y las cuantiosas ayudas públicas dirigidas a nivelar el déficit del balance social de la empresa Acque Albule SpA con vistas al mantenimiento de los puestos de trabajo existentes en la misma, a la luz del despido de sus empleados?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión

(29 de abril de 2004)

La Comunicación de la Comisión relativa a los elementos de ayuda en las ventas de terrenos y construcciones por parte de los poderes públicos, publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea (1), trata si la venta de propiedad pública, en lo referente a las ventas de terrenos y edificios, por debajo de su valor puede contener un elemento de ayuda estatal a favor de los compradores.

En la Comunicación se indica que:

y

Los principios anteriormente mencionados también podrían ser pertinentes en la evaluación de las ventas de otros tipos de activos públicos.

Teniendo en cuenta la información proporcionada, la Comisión tiene intención de enviar una carta a las autoridades solicitando información con el fin de recopilar más datos, tanto en relación con otros aspectos del caso como para evaluar la posible presencia de ayuda estatal.

----

(1)DO C 209 de 10.7.1997.

----

----

(2004/C 88 E/0558)

PREGUNTA ESCRITA E-0889/04

de Nelly Maes (Verts/ALE) a la Comisión

(22 de marzo de 2004)

Asunto:   Elecciones en Irán

Las recientes elecciones en Irán fueron una parodia de democracia. Los candidatos más independientes fueron repelidos por las autoridades religiosas que con ello demostraron una vez más su omnipotencia. A pesar de esta intervención, las elecciones prosiguieron. Con ello se demuestra que los llamados reformistas en Irán no han obtenido resultados.

La Comisión Europea ha defendido el diálogo con Irán para fomentar los derechos humanos y la democracia.

¿Qué conclusiones saca la Comisión de los recientes acontecimientos para el diálogo con las autoridades iraníes?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(28 de abril de 2004)

En sus conclusiones de febrero de 2004, el Consejo manifestó su profundo pesar y decepción por el trato discriminatorio dispensado en Irán a un gran número de candidatos, a quienes se impidió concurrir a las elecciones parlamentarias del 20 de febrero de 2004. El Consejo hizo votos por que Irán retome la senda de la reforma y la democratización.

La Comisión comparte los sentimientos del Consejo y estima que las elecciones, viciadas de origen, han afectado negativamente al clima general de las relaciones entre la UE e Irán. El planteamiento preciso que se adopte respecto de Irán ante este revés en el proceso democrático habrá de someterse a ulterior reflexión y análisis. Con todo, la Comisión sigue creyendo que la reanudación del Diálogo global redunda en interés de la UE. Señala, entre otras cosas, que el Diálogo específico sobre los derechos humanos iniciado en diciembre de 2002 ha arrojado algunos resultados, no por limitados menos patentes, y considera que, pese a las dificultades imperantes, merece otra oportunidad.

----

----

(2004/C 88 E/0559)

PREGUNTA ESCRITA E-0899/04

de Patricia McKenna (Verts/ALE) a la Comisión

(24 de marzo de 2004)

Asunto:   Representación de los Estados miembros grandes en el Comité Ejecutivo del BCE

¿Tiene intención la Comisión de contestar a las recientes informaciones publicadas por el Financial Times (8 de marzo de 2004), en las que se afirma que Alemania, Italia, Francia y España tratan de sentar un precedente para que los Estados miembros grandes estén siempre representados en el Comité Ejecutivo del BCE compuesto por seis miembros? ¿Se permitirá que se produzca esta situación? En caso afirmativo, ¿en qué circunstancias?

Respuesta del Sr. Prodi en nombre de la Comisión

(23 de abril de 2004)

Las normas y el procedimiento para el nombramiento de los miembros del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE) están establecidos en la letra b) del apartado 2 del artículo 112 del Tratado CE, así como en el apartado 2 del artículo 11 de los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo. La decisión se toma de común acuerdo (es decir, por unanimidad sin abstenciones) de los Gobiernos de los Estados miembros representados por sus Jefes de Estado o de Gobierno, sobre la base de una recomendación del Consejo y tras consultar al Parlamento Europeo y al Consejo de Gobierno del BCE. Cabe destacar que sólo los Estados miembros que pertenecen a la zona euro pueden tomar parte en las decisiones pertinentes del Consejo y de los Gobiernos de conformidad con el apartado 4 del artículo 122 del Tratado CE.

El Tratado CE establece dos requisitos para la elección de los miembros del Consejo Ejecutivo. En primer lugar, deberán nombrarse entre personalidades de reconocido prestigio y experiencia profesional en asuntos monetarios o bancarios. En segundo lugar, deberán ser nacionales de los Estados miembros participantes. Además, los miembros del Comité Ejecutivo actúan a título personal y no en calidad de representantes de su país de origen. Por lo tanto, cualquier idea de representación de los Estados miembros no se ajustaría a las normas y principios que regulan el nombramiento de los miembros del Comité Ejecutivo.

----

----

(2004/C 88 E/0560)

PREGUNTA ESCRITA E-0918/04

de Proinsias De Rossa (PSE) a la Comisión

(26 de marzo de 2004)

Asunto:   Comprobaciones aleatorias de los seguros de responsabilidad civil de automóviles procedentes de otros Estados miembros en Irlanda

¿Qué respuesta ha recibido de Irlanda la Comisión, en su caso, al dictamen motivado que le envió en julio de 2001 (tal y como se anunció en el comunicado de prensa IP/01/1101) relativo a la práctica de Irlanda de realizar comprobaciones aleatorias de los seguros de responsabilidad civil de los automóviles procedentes de otros Estados miembros, violando así posiblemente la Primera Directiva sobre seguros de responsabilidad civil de los vehículos automóviles 72/166/CEE (1)? ¿Qué acción emprendió como consecuencia la Comisión o piensa emprender, con respecto a esta cuestión?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(30 de abril de 2004)

A raíz del dictamen motivado enviado por la Comisión el 26 de julio de 2001, Irlanda se ajustó a la legislación comunitaria modificando su legislación. Dada la preocupación de la Comisión sobre la materia, Irlanda aceptó sustituir la normativa administrativa por la que se aplica el apartado 1 del artículo 2 de la primera Directiva sobre el seguro del automóvil (2) por disposiciones legales. Esta disposición eliminó los controles de la carta verde de los vehículos estacionados habitualmente en un Estado miembro que penetran en el territorio de otro Estado miembro, con el fin de facilitar la libre circulación de vehículos y de personas dentro de la UE.

Επ concreto, la Sección 4 de los actos legislativos de Irlanda denominados «European Communities (Road Traffic) (Compulsory Insurance) (Amendment) Regulations (S.I. no 463 de 2001)» ahora ofrece una cobertura legal con efecto desde el 12 de octubre de 2001. De conformidad con la nueva disposición, la Sección 69 de la Irish Road Traffic Act, 1961 (Ley no 24 de 1961), que en un principio permitía controles aleatorios de vehículos de otros Estados de la UE, dejará de aplicarse a los vehículos de tracción mecánica estacionados habitualmente en los países del EEE y de la UE, con excepción de Irlanda.

Como consecuencia de la modificación de la ley irlandesa por la que se restableció su conformidad con la legislación comunitaria, la Comisión cerró este procedimiento de infración en la reunión celebrada el 20 de marzo de 2002.

----

(1)DO L 103 de 2.5.1972, p. 1.

(2)  Directiva 72/166/CEE del Consejo, de 24 de abril de 1972, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros, sobre el seguro de la responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos automóviles, así como del control de la obligación de asegurar esta responsabilidad, DO L 103 de 2.5.1972.

----

----

(2004/C 88 E/0561)

PREGUNTA ESCRITA E-0919/04

de Proinsias De Rossa (PSE) a la Comisión

(26 de marzo de 2004)

Asunto:   Tráfico de seres humanos

El tráfico de seres humanos es un problema mundial que va en ascenso. La mayor parte de este tráfico lo componen mujeres y niños, con mucha frecuencia para los fines de la explotación sexual.

La Comisión ha reconocido que el tráfico de seres humanos es un tipo de crimen organizado que necesita ser tratado en el plano europeo y ha emprendido acciones para hacer frente a este problema, por ejemplo, estableciendo el Grupo de expertos en la trata de seres humanos.

¿Va a cooperar la Comisión con otros actores internacionales a nivel mundial, para desarrollar medidas para combatir el tráfico de seres humanos en todo el mundo? ¿Qué tipo de acciones se han propuesto? ¿Qué va a hacer la Comisión para fomentar que los Estados miembros de la Unión Europea y todos los signatarios de la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia transnacional organizada ratifiquen y apliquen la Convención y se comprometan con su «Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niños»?

Respuesta del Sr. Vitorino en nombre de la Comisión

(30 de abril de 2004)

La Comisión está en contacto permanente con otros actores internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización para la Seguridad y la Cooperación Europea (OSCE) y el Consejo de Europa, con los que coopera en la lucha contra la trata de seres humanos. Es de destacar que la Comisión ha firmado, en nombre de la Comunidad, el Protocolo de las Naciones Unidas para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional. La Comisión ha invitado reiteradamente a los Estados miembros a ratificar este Protocolo lo antes posible. Para promover y acelerar la aplicación práctica del Protocolo en la UE, la Comisión presentó una propuesta de Decisión marco del Consejo relativa a la lucha contra la trata de seres humanos (1), que fue adoptada el 19 de julio de 2002. Los Estados miembros tienen que dar cumplimiento a esta Decisión marco antes de agosto de 2004. También cabe señalar que, en octubre de 2003, el Consejo adoptó una Resolución titulada «Lucha contra la trata de seres humanos, en especial las mujeres» a fin de acelerar la ratificación y aplicación por los Estados miembros de todos los instrumentos internacionales de lucha contra la trata de seres humanos y para intensificar la cooperación internacional en materia de prevención, protección de las víctimas y asistencia.

En febrero de 2003, la Comisión contribuyó a una reunión tripartita ampliada, organizada por la ONU en Ginebra. A esta reunión asistieron representantes de diversas organizaciones e instituciones internacionales y supranacionales, como la OSCE, el Consejo de Europa, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) entre otras, con el objetivo de coordinar mejor sus políticas y medidas de lucha contra la trata de seres humanos. En mayo de 2003, la Comisión asistió a la XII sesión de la Comisión de prevención del crimen de la ONU, que giró en torno al problema de la trata de seres humanos, especialmente mujeres y niños.

La Comisión también participa en las negociaciones del Consejo de Europa acerca de un Convenio Europeo sobre medidas que deben adoptarse en la lucha contra la trata de seres humanos. A este respecto es de señalar que la Comisión presentará lo antes posible al Consejo una recomendación de decisión del Consejo por la que se autoriza a la Comisión a negociar el proyecto de Convenio y las directivas correspondientes que cubran las competencias comunitarias pertinentes para algunos artículos del proyecto de convenio. Además, para los demás asuntos pertenecientes al tercer pilar, la Comisión presentará una propuesta de posición común.

La prevención de la trata de seres humanos y la lucha contra este fenómeno ocupan un lugar permanente en la agenda de las relaciones entre la UE y terceros países de Europa Oriental y de los Balcanes Occidentales. En el contexto del diálogo UE-África, la Comisión apoyó la elaboración de un plan de acción en materia de trata de seres humanos que —por motivos ajenos a esta cuestión— todavía no ha sido aprobado. Otro ejemplo de la labor que desarrolla la Comisión es su participación como observador en el llamado «proceso de Bali», que es una iniciativa regional que incluye reuniones a nivel político y de expertos en el sudeste asiático que son el resultado de la conferencia celebrada en Bali en febrero de 2002 sobre el contrabando y la trata de personas y otros delitos transnacionales conexos.

----

(1)DO L 203 de 1.8.2002.

----

----

(2004/C 88 E/0562)

PREGUNTA ESCRITA E-0922/04

de Proinsias De Rossa (PSE) a la Comisión

(26 de marzo de 2004)

Asunto:   IVA sobre servicios postales

Cuando presentó su propuesta de aplicación del IVA a los servicios postales (1) en mayo de 2003, la Comisión afirmó que el hecho de que los operadores postales pudieran deducir sus costes [de IVA] «mitigaría las subidas de precios por lo que respecta a los consumidores privados» (fuente — comunicado de prensa de la Comisión IP/03/633).

¿Cómo puede conciliarse esta declaración con las declaraciones de An Post en Irlanda de que no tiene previsto «aprobar» ningún ahorro de los costes de IVA actuales en forma de impuesto reducido si se aprueba esta Directiva como sugiere la Comisión? Si An Post no deduce estos costes de IVA, ¿cuánto estima la Comisión que pueden subir los precios en Irlanda, si se aprueba la Directiva?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(30 de abril de 2004)

En mayo de 2003, al presentar su propuesta por la que se modifica la sexta Directiva IVA (2) en relación con el IVA aplicado al sector postal, la Comisión explicó que, una vez adoptada la Directiva, los operadores postales públicos podrían, por primera vez, obtener el derecho de deducir el IVA de sus costes. De este modo se mitigarían los aumentos de precios por lo que respecta a los usuarios privados.

Según Su Señoría, el proveedor irlandés del servicio universal, An Post, ha declarado que si se aprueba esta directiva no tiene previsto «hacer llegar» a los usuarios potenciales ningún ahorro de los costes actuales del IVA en forma de tarifa reducida. En virtud de la normativa del Tratado CE, en particular del artículo 82, y de las disposiciones de la Directiva 97/67/CE (3), los operadores postales del sector público no pueden fijar los precios de sus servicios, sobre todo en el sector reservado, con independencia de sus costes. La Directiva 97/67/CE establece que los Estados miembros designarán autoridades de reglamentación nacionales con el cometido particular de garantizar la conformidad con las obligaciones derivadas de la Directiva, especialmente por lo que respecta a la aplicación del principio de que los precios tienen que estar en relación con los costes. El objetivo de las obligaciones previstas en el artículo 14 de la Directiva en relación con la transparencia de las cuentas es permitir a las autoridades de reglamentación la ejecución de dicho principio. Podemos concluir que la autoridad de reglamentación irlandesa, Comreg, dispone de los medios necesarios para garantizar que los precios aplicados por An Post reflejan sus costes y que cuando éstos diminuyan de resultas de una dedución del IVA por parte de An Post, el ahorro se refleje realmente en los precios aplicados por el operador.

----

(1)  COM(2003)234.

(2)  Sexta directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido: base imponible uniforme, DO L 145 de 13.6.1977.

(3)  Directiva 97/67/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 diciembre de 1997, relativa a las normas comunes para el desarrollo del mercado interior de los servicios postales de la Comunidad y la mejora de la calidad del servicio, DO L 15 de 21.1.1998.

----

----

(2004/C 88 E/0563)

PREGUNTA ESCRITA E-0939/04

de Robert Evans (PSE) a la Comisión

(26 de marzo de 2004)

Asunto:   Etiopía

Al parecer, la crisis continúa en Etiopía y la situación tiene pocas trazas de mejorar.

¿Podría la Comisión indicar la actual contribución de la UE en comida y ayuda al desarrollo y si la considera adecuada?

¿Podría indicar la Comisión asimismo si sus conversaciones con el Gobierno de Etiopía sobre seguridad alimentaria han avanzado?

Respuesta del Sr. Nielson en nombre de la Comisión

(27 de abril de 2004)

La Comisión está ayudando a atajar los problemas de seguridad alimentaria a largo plazo y el riesgo de hambruna con todos sus instrumentos políticos y financieros. A través de ellos ofrece un paquete coherente de ayuda a Etiopía.

2003 fue un año especialmente difícil. La Comisión dio una respuesta sin precedentes, esencialmente a través de la línea presupuestaria de ayuda alimentaria. Para atender las necesidades de aproximadamente 13 millones de personas que vivían en condiciones de grave inseguridad alimentaria, se asignaron más de 400 000 toneladas de cereales, de las cuales se entregaron 360 000, por un importe de más de 120 millones de euros. Posteriormente, entre septiembre y noviembre de 2003, se dio una cosecha excepcionalmente buena del principal cultivo del país (kremt) y, de este modo, aumentó la disponibilidad de alimentos a precios más asequibles. Se registraron notables excedentes de cereales comercializables (aproximadamente 1,1 millones de toneladas según los estudios sobre disponibilidad de cereales del SIDA/PMA/CE (1)). Sin embargo, a pesar de ello, la vulnerabilidad sigue siendo alta: más de siete millones de personas necesitarán casi un millón de toneladas de ayuda alimentaria en 2004. En un año de producción excedentaria conviene importar la menor ayuda alimentaria posible para evitar una desmotivación de los productores locales.

La intención de la Comisión es cubrir aproximadamente el 20 % de las necesidades de 2004 y, para evitar distorsiones del mercado, comprar predominantemente productos alimenticios en los mercados locales.

Además, si bien la respuesta a corto plazo a la crisis alimentaria de 2003 fue muy efectiva, la Comisión está cada vez más preocupada por el aumento de la vulnerabilidad y la pobreza de un amplio sector de la población etíope. Aunque la ayuda alimentaria salve vidas, no garantiza la subsistencia, y cada nueva crisis aumenta el número de personas que caen en la pobreza y la inseguridad alimentaria crónica.

Desde 1996 la Comisión mantiene con el Gobierno etíope, los Estados miembros y otros donantes un diálogo, que se ha intensificado en los últimos dos años y que ha destacado la necesidad de afrontar la inseguridad alimentaria crónica a través de diversos medios y desarrollar una estrategia de seguridad alimentaria a largo plazo. La Comisión ha contribuido financieramente a esta labor con tres programas, desde 1998, por un total de 46 millones de euros.

El pasado año, la estrategia del Gobierno dio lugar a la iniciativa «Nueva coalición para la seguridad alimentaria en Etiopía». Una piedra angular de este nuevo programa es la creación de redes de seguridad para la población estructuralmente vulnerable o afectada por la inseguridad alimentaria crónica, con objeto de sustituir progresivamente los sistemas de urgencia. Cabe señalar a este respecto que es necesario convencer a todos los donantes, incluidos los Estados Unidos y algunas organizaciones no gubernamentales (ONG), de que modifiquen sus propios programas de ayuda alimentaria hacia un planteamiento más estructural de la seguridad alimentaria.

La Comisión ha acordado asignar 120 millones de euros para una estrategia de seguridad alimentaria plurianual y, en especial, 60 millones de euros de ayuda a las redes de seguridad, con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo/Programa Indicativo Nacional (FED/PIN) del 9o FED, y 60 millones de euros de la línea presupuestaria de seguridad alimentaria. Está previsto asignar estos fondos en 2004 mediante un programa de ayuda presupuestaria.

Por último, la Oficina de Ayuda Humanitaria (ECHO) asignó, en 2003, cuatro millones de euros como complemento de la ayuda alimentaria para hacer frente a la sequía. En gran medida fue ésta una ayuda a la ganadería pastoril, con objeto de que los pastores pudieran mantener su dieta basada en la leche de sus animales. Además, proporcionó alimentación terapéutica a la población afectada por desnutrición grave. En noviembre de 2003 asignó dos millones de euros al Comité Internacional de la Cruz Roja para facilitar durante un año servicios sanitarios y asistenciales, al amparo de la Convención de Ginebra, a las víctimas de los conflictos étnicos en el país, y, en marzo de 2004, otro millón de euros a las víctimas de la sequía. ECHO sigue estando muy atenta a la situación humanitaria y siempre dispuesta a atender las necesidades de urgencia no alimentaria.

----

(1)  Organismo Sueco de Desarrollo Internacional/Programa Mundial de Alimentos/Comisión Europa.

----

----

(2004/C 88 E/0564)

PREGUNTA ESCRITA E-0946/04

de Ilda Figueiredo (GUE/NGL) a la Comisión

(26 de marzo de 2004)

Asunto:   Leche para las escuelas en Portugal

En Portugal, una parte significativa de las escuelas está siendo abastecida con leche suministrada por empresas españolas, a pesar de que existe una producción suficiente en el país y de que Portugal se encuentra en una fase de recesión económica.

¿Puede indicar la Comisión si a la vista de las dificultades que registran los productores de leche portugueses a la hora de dar salida a su producción, no podría conseguirse que el programa «Leche para los escolares» utilice preferentemente la producción nacional, colaborando de esta manera en la defensa de los pequeños productores de leche y de la agricultura familiar, característica de la agricultura portuguesa?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(30 de abril de 2004)

La Comisión, al tiempo que resalta la importancia del programa comunitario de «Leche para los escolares» para los niños que proceden de medios desfavorecidos, considera que el funcionamiento actual del citado régimen debe ser coherente con las políticas horizontales del mercado interior y, en particular, con la política de competencia.

Así pues, está descartado discriminar a los proveedores de leche para las escuelas por motivos de nacionalidad.

----

----

(2004/C 88 E/0565)

PREGUNTA ESCRITA E-0955/04

de Philip Claeys (NI) a la Comisión

(29 de marzo de 2004)

Asunto:   Declaraciones del Comisario Verheugen sobre la posible adhesión de Turquía a la UE

Según el periódico alemán Die Welt de 24 de febrero de 2004, el Comisario Günter Verheugen había declarado catorce días antes que, en otoño, la Comisión recomendaría formalmente al Consejo el inicio de las negociaciones con Turquía.

¿Es correcta esta información?

En caso afirmativo, ¿ya se encuentra el informe de la Comisión sobre el posible inicio de las negociaciones de preadhesión con Turquía en un estado avanzado, de modo que ya pueden sacarse este tipo de conclusiones?

En caso negativo, ¿ha desmentido la Comisión o, en su caso, el Comisario competente, la información publicada en Die Welt? En caso afirmativo, ¿por qué motivo?

¿Considera la Comisión conveniente que sus miembros, o los Jefes de Gobierno de los actuales Estados miembros, hagan declaraciones públicas sobre las conclusiones de este importante informe que todavía no se ha concluido, y menos aún publicado?

Respuesta del Sr. Verheugen en nombre de la Comisión

(30 de abril de 2004)

La prensa especula a menudo sobre el hecho de que la Comisión vaya a recomendar la iniciación de negociaciones de adhesión con Turquía a finales de 2004. La información del artículo a que hace referencia Su Señoría es inexacta.

La función de la Comisión, fijada por el Consejo de Copenhague de diciembre de 2002, está muy clara y se ha indicado en numerosas ocasiones: en el otoño de 2004, preparará el Informe periódico y una recomendación relativa al cumplimiento de los criterios políticos de Copenhague por parte de Turquía. El informe se basará en un análisis imparcial y objetivo.

----

----

(2004/C 88 E/0566)

PREGUNTA ESCRITA E-0986/04

de Richard Corbett (PSE) a la Comisión

(30 de marzo de 2004)

Asunto:   Diamantes manchados de sangre

¿Tiene la Dirección General de Competencia acceso a los datos que obran en poder de la Dirección General de Relaciones Exteriores relativos al Acuerdo Kimberley sobre el rastreo de la certificación de origen de los diamantes y el seguimiento de existencias de esta piedra preciosa, para evitar la entrada en el mercado de «diamantes manchados de sangre»?

¿Considera la Comisión que los datos que, a tales efectos, obran en su poder podrían arrojar más luz sobre las prácticas comerciales de las empresas que operan en el sector de los diamantes? ¿Evaluará dichos datos en el contexto del examen de las prácticas restrictivas que constituyen los acuerdos de «Supplier of Choice» firmados por el grupo De Beers?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión

(30 de abril de 2004)

En respuesta a la pregunta escrita de Su Señoría, conviene quizá aclarar los objetivos del proceso de Kimberley y el papel de la Comisión en el mismo.

El sistema de certificación del Proceso de Kimberley (SCPK), una iniciativa multilateral puesta en marcha con el respaldo de Naciones Unidas para frenar el comercio de «diamantes conflictivos», ha desarrollado varios instrumentos internos para promover la aplicación efectiva de sus requisitos por todos los participantes en el sistema, en especial, la comunicación periódica de estadísticas sobre el comercio y la producción de diamantes en bruto y un sistema de la «evaluación inter pares» de la aplicación del sistema por parte de los de los participantes en el sistema. La Comisión y, concretamente, la Dirección General (DG) de relaciones exteriores, que representa a la Comunidad como participante en el SCPK, tiene acceso a la información que se pone a disposición de todos los participantes para garantizar y fomentar la aplicación del sistema. Sin embargo, toda la información en cuestión procede de los participantes en el proceso de Kimberley y se facilita exclusivamente con objeto de garantizar la aplicación del sistema, de forma que la Comunidad, como los demás participantes en el SCPK, está sujeta a estrictas condiciones de confidencialidad en lo que respecta a los datos a que tiene acceso en calidad de participante.

Por lo tanto, la Comisión desea insistir en que puesto que la aplicación del SCPK no concierne en absoluto a la DG de Competencia (las disposiciones estadísticas y de supervisión del sistema sólo se refieren a datos de producción y flujos comerciales globales, a la aplicación del sistema por parte de los participantes y no a medidas de empresas en particular), los datos estadísticos y de otra índole sobre la aplicación del SCPK a los que la Comisión tiene acceso, en representación de la Comunidad como participante en el SCPK, no se ponen a disposición de la DG de Competencia. La Comisión cree que la utilización de datos facilitados por los participantes en el SCPK para cualquier otro fin que no sea el de potenciar la aplicación del SCPK sería contrario a las disposiciones del sistema y mermaría la eficacia del SCPK, instrumento esencial de lucha contra el tráfico de diamantes conflictivos.

En consecuencia, la DG de Competencia no puede tener acceso ni utilizar los datos sensibles recopilados en este contexto para examinar las prácticas «Supplier of Choice», supuestamente restrictivas, de De Beers. No obstante, si la DG de Competencia considera que precisa de información sobre las prácticas comerciales de determinadas empresas para realizar su propia evaluación de la competencia en el mercado de diamantes, puede sin duda alguna hacer uso de sus competencias de investigación para recabar esa información de la empresas u organizaciones pertinentes.

Como ya se indicó en la respuesta de la Comisión a la anterior pregunta oral H-0637/03 planteada por Su Señoría durante el turno de preguntas de la sesión parlamentaria de noviembre de 2003 (1), tras autorizar la aplicación de los acuerdos de «Supplier of Choice» por parte de De Beers en enero de 2003, la DG de Competencia se comprometió a examinar de cerca el mercado de diamantes si llegaba a tener conocimiento de elementos de hecho o de derecho que incidieran en la postura adoptada por la Comisión en relación con los acuerdos de «Supplier of Choice».

A raíz de las alegaciones presentadas por varias empresas en relación con la aplicación de los mencionados acuerdos por parte de De Beers, la DG de Competencia ha enviado una serie de requerimientos de información a varios operadores y está recopilando las respuestas. Una vez que las haya analizado, la Comisión se planteará, si procede, el paso siguiente.

----

(1)  Respuesta oral, 18.11.2003.

----

----

(2004/C 88 E/0567)

PREGUNTA ESCRITA E-0990/04

de Jan Wiersma (PSE) a la Comisión

(30 de marzo de 2004)

Asunto:   Los recientes enfrentamientos entre los kurdos sirios y las autoridades sirias (en marzo de 2004)

¿Ha adquirido la Comisión conocimiento de los recientes enfrentamientos entre los kurdos sirios y el Ejército sirio? En caso afirmativo, ¿cuál es su reacción a los mismos?

¿Podría indicar la Comisión a qué se deben estos disturbios, en los que muchas personas perdieron la vida? ¿Son una consecuencia de la mala relación entre las autoridades sirias y los kurdos sirios?

¿Tiene la Comisión intención de plantear esta cuestión en el marco de las deliberaciones sobre el Acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Siria?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(30 de abril de 2004)

A través de su Delegación de Damasco, y junto con las embajadas de los Estados miembros, la Comisión ha tratado de obtener un panorama lo más claro y completo posible sobre los hechos ocurridos en la semana siguiente al 12 de marzo de 2004. La troica local de la UE se reunió con el Ministro de Asuntos Exteriores sirio para conseguir información, expresar su preocupación por la situación y subrayar la importancia de que se respeten los derechos humanos. La troica expresó el interés que sigue teniendo la Unión Europea en este asunto y pidió que se la mantuviera informada sobre la evolución de la situación.

La Comisión no posee información con la que pueda determinar las causas directas de la violencia generalizada, al margen del hecho de que empezó con disturbios en un partido de fútbol en la ciudad de Quamishli. Los disturbios se extendieron rápidamente a otras ciudades con una amplia población kurda, produciéndose reacciones violentas y muertes.

Tal y como se ha indicado anteriormente, la Comisión ha tratado este asunto con los Estados miembros en Damasco y también durante sus contactos con las autoridades sirias.

----

----

(2004/C 88 E/0568)

PREGUNTA ESCRITA E-0997/04

de Dominique Souchet (NI) a la Comisión

(31 de marzo de 2004)

Asunto:   Comercialización de los productos fitosanitarios

El sistema comunitario de homologación de los productos fitosanitarios instaurado por la Directiva 91/414/CEE (1) se basa fundamentalmente en un sistema de evaluación de las sustancias activas que prevé la designación de un Estado miembro ponente para cada sustancia. En esta fase de evaluación se recopilan los estudios realizados por las propias empresas fitosanitarias y se envían a la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria.

En opinión de la Comisión, ¿permite este procedimiento de evaluación no contradictorio adoptar una decisión sobre la homologación de una sustancia de forma suficientemente objetiva?

Por otro lado, los protocolos previstos en los estudios, que permiten evaluar el grado de toxicidad de las sustancias, no han sido adaptados en función de la aparición de nuevas moléculas en el mercado.

¿No convendría adaptar su pliego de condiciones de forma que se puedan tener en cuenta los efectos y los modos de acción de estas nuevas sustancias, so pena de no poder conocer todos los posibles efectos tóxicos de una nueva molécula?

Por otra parte, el proceso de evaluación de las sustancias activas se basa en un sistema en cuatro fases que se corresponden con 4 listas de sustancias.

Al ser las propias empresas afectadas las que deciden qué estudios se realizarán como prioridad en cada una de las fases, ¿no considera la Comisión que el mejor modo de garantizar el respeto de los imperativos sanitarios y medioambientales es un sistema de estas características?

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(30 de abril de 2004)

La Directiva 91/414/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1991, relativa a los productos fitosanitarios, se basa en el principio de que es el solicitante quien debe presentar la prueba de la conformidad a los requisitos esenciales que esa Directiva. Por lo tanto, es normal que el solicitante prepare, reúna y presente los estudios necesarios para apoyar su solicitud. El Estado miembro ponente debe comprobar si el expediente está completo y, sólo entonces, comienza la evaluación propiamente dicha. La siguiente fase es el envío del expediente de evaluación («draft assessment report») a los demás Estados miembros para su comprobación («peer review»). La Comisión adopta la decisión final con arreglo a los procedimientos que se describen en la Directiva y sus Reglamentos de aplicación. La Comisión debe consultar al Comité permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal y puede también recabar dictámenes científicos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, que desempeña ahora las tareas que antes correspondían a varios comités científicos, como el Comité científico de los plaguicidas o el Comité científico de las plantas. También pueden tomarse en consideración comentarios pertinentes de terceros. Además de a los Estados miembros, el solicitante ha de responder a preguntas técnicas. Obviamente, los debates se circunscriben a consideraciones científicas y técnicas relacionadas directamente con la evaluación del riesgo.

Una vez considerados los diversos elementos del expediente (incluido, en su caso, el dictamen de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria), la Comisión lo pasa al Comité permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal, el cual emite su dictamen sobre las medidas que proceda adoptar. Éstas pueden consistir en la inclusión de la sustancia en el anexo I de la Directiva, con las instrucciones necesarias para garantizar su uso correcto, o en la no inclusión. En ambos casos, se adopta un acto oficial.

Por lo tanto, la Comisión considera que el procedimiento actual garantiza un grado suficiente de transparencia e independencia, al mismo tiempo que prevé los mecanismos necesarios para que todos los interesados puedan expresarse.

Por lo que respecta a la segunda parte de la pregunta, ha de tenerse en cuenta que el artículo 7 de la Directiva 91/414/CEE establece que el solicitante debe comunicar inmediatamente a la autoridad competente toda nueva información acerca de los efectos potencialmente peligrosos. La autoridad competente transmite la información de inmediato a los demás Estados miembros y a la Comisión, y ésta la pone en conocimiento del Comité.

Otra cuestión distinta es la de la rapidez del progreso científico y tecnológico y el riesgo consiguiente de que los estudios presentados pierdan actualidad. La Comisión es consciente de que, en los procedimientos de evaluación que duran varios años, los estudios pueden quedar desfasados. Sin embargo, la experiencia demuestra que esos casos son excepcionales. Aunque a veces se exijan estudios suplementarios en el curso del procedimiento, no sería razonable someter una y otra vez al solicitante a nuevos requisitos, y conviene limitar el carácter retroactivo a los casos en los que los datos existentes queden desautorizados por hechos nuevos.

En general, las decisiones de este tipo sólo podrán tomarse caso por caso, teniendo presente el elevado nivel de protección que deben reflejar las medidas comunitarias, la importancia del riesgo y la necesidad de dar garantías de seguridad jurídica al solicitante.

No obstante, la Comisión subraya que las eventualidades a que hemos aludido no sólo pueden presentarse durante la evaluación de las sustancias, sino también después de su autorización. Por ello, las autorizaciones tienen una validez limitada y su prórroga está sujeta a una nueva evaluación. Además, los Estados miembros siempre tienen la posibilidad de recurrir a procedimientos de salvaguardia en relación con productos que, por diversas razones, no cumplan o dejen de cumplir el nivel de seguridad requerido.

Por último, los anexos II y III de la Directiva, en los que se enumeran los requisitos de los expedientes que han de presentarse, están siendo adaptados para reflejar los últimos avances de la ciencia y la técnica.

En cuanto a la separación en cuatro fases para la evaluación de las sustancias, ha de señalarse que se trata de una diferenciación basada en consideraciones que atienden primeramente a la seguridad (se concede prioridad a las sustancias de amplio uso o cuyas características tóxicas o ecotóxicas requieran una especial atención) y, en segundo lugar, a la eficacia en la utilización de los recursos.

La Comisión desea subrayar que, sea cual sea la fase en la que se clasifique una sustancia dada, el expediente debe contener los estudios que señale la legislación comunitaria. Las excepciones a esta norma, por ejemplo, en los casos en que determinadas exigencias reglamentarias no se consideren pertinentes, requieren la aceptación explícita de la Comisión.

Además, la ausencia o insuficiencia injustificadas de datos faculta a la Comisión para optar directamente por no autorizar las sustancias de que se trate.

Por ello, la Comisión considera que los márgenes de maniobra del solicitante son bastante limitados por lo que respecta a los estudios que deben presentarse.

----

(1)DO L 230 de 19.8.1991, p. 1.

----

----

(2004/C 88 E/0569)

PREGUNTA ESCRITA E-1003/04

de Daniel Hannan (PPE-DE) a la Comisión

(31 de marzo de 2004)

Asunto:   Proyecto de autopista en Rumania

La UE ha amenazado recientemente con posponer la adhesión de Rumania si dicho país no logra combatir con éxito la corrupción. Cabe esperar que el Gobierno rumano haya tomado nota, si bien existen indicios de que tal problema persiste e incluso de que se está agravando. Un ejemplo concreto de ello lo constituye el proyecto de autopista transilvana, que destruiría uno de los últimos entornos medievales que quedan en Europa sin ofrecer ventajas más que a las personas bien relacionadas que han adquirido tierras en la zona donde se va a construir la autopista mencionada. Existe, por otra parte, un proyecto que cuenta con el respaldo de la UE para construir una autopista que, partiendo de la frontera húngara, atraviese Rumania pasando por Brasov, la principal ciudad de Transilvania, y Bucarest hasta llegar al Mar Negro. En consecuencia, el nuevo plan de construcción de una segunda autopista que parta de Brasov y discurra en paralelo a la primera, apenas a ochenta kilómetros de ésta, y acabe desviándose absurdamente hasta atravesar la frontera húngara, se antoja superfluo. Dicho proyecto no se ha sacado a concurso. No se ha efectuado evaluación ambiental o cálculo de cifras de tráfico alguno antes de aprobarlo y el contrato se ha asignado a la empresa estadounidense Becthel mediante un «decreto» de urgencia, proceso específicamente concebido para eludir el control parlamentario. Existen asimismo pruebas que señalan que las tierras necesarias para construir la autopista se han expropiado injustamente. Un estudio efectuado por la Sociedad Académica Rumana afirma que los 3 000 millones de euros necesarios para la autopista Bechtel bastarían para financiar la rehabilitación de toda la infraestructura viaria de los 3 000 municipios con que cuenta Rumania o bien para completar las obras de modernización de más 3 500 kilómetros de carreteras nacionales.

¿Puede indicar la Comisión cuál es su posición con respecto al proyecto de autopista de Bechtel? ¿Está de acuerdo la Comisión con que, en apariencia, el Gobierno rumano ha hecho muy poco para resolver los problemas ligados a la corrupción? ¿Está asimismo de acuerdo con que no redunda en interés de nadie el ver un entorno y un patrimonio de valor incomparable destruidos para siempre por culpa de proyectos ineficaces, innecesarios y corruptos?

Respuesta del Sr. Verheugen en nombre de la Comisión

(30 de abril de 2004)

La decisión de no aplicar las normas en materia de contratación pública vigentes en Rumania, que están destinadas a aplicar las directivas europeas en materia de contratación pública, y de adjudicar el contrato para la construcción de la autopista Brasov-Cluj-Bors sin publicar una licitación, hace que surjan dudas sobre el compromiso del Gobierno rumano de respetar procedimientos de contratación pública transparentes. La Comisión a pedido a Rumania que suministre más información a fin de poder evaluar las consecuencias de esta decisión. Como no hubo una licitación pública y transparente, la Comisión Europea ha dejado claro a las autoridades rumanas que no concederá ayuda financiera alguna para el proyecto y no apoyará a ninguna institución financiera internacional para la construcción de esta autopista.

La Comisión considera que los procedimientos de contratación pública abiertos y transparentes constituyen un elemento importante de la lucha contra la corrupción, como se indica en la reciente Comunicación relativa a una política global de la UE contra la corrupción (1). La Comisión, por consiguiente, considera que los esfuerzos del Gobierno contra la corrupción deberían incluir un compromiso firme de utilizar procedimientos de contratación pública abiertos y transparentes y de abstenerse de introducir derogaciones de las normas de contratación pública mediante las que se aplican las directivas europeas.

Más en general, de los informes y estudios internacionales se desprende que la corrupción en Rumania sigue siendo un problema sistemático que mina el Estado de Derecho, limita la reforma económica y el desarrollo y contribuye enormemente a impedir la inversión extranjera directa. La Comisión tiene conocimiento de algunas medias tomadas por la administración rumana en los últimos dieciocho meses para tratar de poner remedio a esta situación: adoptó un plan de acción nacional revisado de lucha contra la corrupción en diciembre de 2002; votó una serie de textos legislativos anticorrupción en abril de 2003 y creó una oficina nacional de la fiscalía en septiembre de 2002. Gracias a estas medidas, existe un marco legal apropiado y teóricamente se han asignado medios humanos y financieros suficientes para poder luchar contra la corrupción de manera efectiva. La ausencia constante de resultados en la investigación de la corrupción de alto nivel plantea cuestiones sobre el grado de apoyo político otorgado para resolver seriamente este problema.

----

(1)  COM(2003) 317 final de 28.5.2003.

----

----

(2004/C 88 E/0570)

PREGUNTA ESCRITA E-1004/04

de Daniel Hannan (PPE-DE) a la Comisión

(31 de marzo de 2004)

Asunto:   Amenaza a la paz y a la democracia en Adjaria

La República Autónoma de Adjaria, Georgia, a la que la Constitución georgiana otorga la facultad de autogobierno, sobrevivió durante trece años a las amenazas a su paz y su estabilidad procedentes del derrocado régimen de Edvar Shevardnadze. Actualmente, en el año 2004, Adjaria reconoce plenamente la autoridad general del Gobierno central de Tbilisi, si bien se enfrenta a nuevas amenazas de desestabilización procedentes, esta vez, del Gobierno del recién elegido Presidente Mijaíl Saakashvili. El domingo 14 de marzo, transportes militares acorazados y tropas fuertemente armadas se apostaron en la frontera administrativa de Adjaria. Se teme que dichas maniobras se hayan efectuado con el objetivo de socavar el normal desarrollo del proceso de las elecciones parlamentarias que se celebrarán próximamente (el 27 de marzo de 2004).

¿Puede indicar la Comisión si está de acuerdo con que dichas cuestiones regionales deberían resolverse mediante un diálogo pacífico, sin que penda la amenaza del recurso a la fuerza militar? ¿Está asimismo de acuerdo con que unas elecciones se desarrollan mejor en una atmósfera de estabilidad y confianza, y que la aparición de la Guardia Nacional Georgiana en las calles de una República, por otra parte, pacífica y económicamente próspera, en la que el partido del Presidente disfruta de un escaso respaldo, constituiría un acto de agresión contra los ciudadanos de Georgia perpetrado por su propio gobierno?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(23 de abril de 2004)

La Comisión se permite remitir a Su Señoría a la Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea sobre la situación de la República autónoma georgiana de Adjaria emitida el 17 de marzo de 2004. En dicha Declaración se instaba a las partes a que evitasen una escalada que pudiera desembocar en actos de violencia. También se instaba a las autoridades de la República autónoma georgiana de Adjaria a que respetasen los derechos humanos, los principios democráticos y el Estado de Derecho y a que permitiesen que se prepararan ordenadamente unas elecciones parlamentarias libres y justas.

La Comisión también remite a Su Señoría a la Declaración emitida por la Presidencia en nombre de la UE relativa a las elecciones parlamentarias de Georgia, y muy especialmente, a la referencia a las conclusiones preliminares de la Misión Internacional de Observación de las Elecciones (IEOM en sus siglas inglesas), así como a la preocupación de dicha Misión por la nula intención de las autoridades de Adjaria de garantizar condiciones suficientes para llevar a cabo unas elecciones democráticas significativas en esa región. En dicha Declaración también se incita a las autoridades de Georgia a trabajar de manera constructiva con la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y el Consejo de Europa para seguir democratizando el país.

La Comisión continúa instando al gobierno central de Tiflis y a las autoridades de Batumi a que traten de hallar una solución pacífica que sea aceptable para todas las partes por el bien de Georgia.

----

----

(2004/C 88 E/0571)

PREGUNTA ESCRITA E-1012/04

de Mario Borghezio (NI) a la Comisión

(1 de abril de 2004)

Asunto:   ¿Quién quiere que no se investigue sobre la corrupción en Eurolandia?

Las incursiones de la policía belga, que irrumpió por la fuerza en las oficinas del corresponsal en Bruselas del semanario alemán Stern, Hans Martin Tillack, autor de una serie de investigaciones sobre el escándalo Eurostat y otras delicadas cuestiones sobre la corrupción de las instituciones de la Unión Europea, constituyen un acto de inaudita gravedad que viola el principio de libertad de prensa.

¿No considera la Comisión que las acciones policiales, emprendidas probablemente por iniciativa de la OLAF, no en contra de los corruptos, sino de los que informan sobre la corrupción, demuestran que en realidad en las altas esferas de las instituciones europeas se teme el rayo de luz que las investigaciones periodísticas serias pueden arrojar sobre aspectos reservados y poco encomiables de los fraudes y demás actos de corrupción en Eurolandia?

Respuesta de la Sra. Schreyer en nombre de la Comisión

(30 de abril de 2004)

Conforme a las indicaciones de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), la Comisión informa a su Señoría de que en febrero de 2004 la susodicha Oficina transmitió a las autoridades judiciales competentes un expediente sobre las presuntas infracciones criminales.

La transmisión a las autoridades judiciales del Estado miembro en cuestión de información sobre hechos que puedan dar lugar a acciones penales está prevista en los apartados 1 y 2 del artículo 10 del Reglamento (CE) no 1073/1999 (1).

Las autoridades judiciales nacionales instruyen con total independencia los expedientes que les son transmitidos.

----

(1)  Reglamento (CE) no 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 1999, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), DO L 136 de 31.5.1999.

----

----

(2004/C 88 E/0572)

PREGUNTA ESCRITA E-1021/04

de Paolo Bartolozzi (PPE-DE) a la Comisión

(5 de abril de 2004)

Asunto:   Depósito aduanero de mercancías de importación en tránsito

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(30 de abril de 2004)

La Comisión no está al corriente de los problemas que señala Su Señoría. Ante la falta de datos que permitan analizar el problema más en profundidad, no es posible ofrecer una respuesta específica en relación con cada uno de los extremos planteados. No obstante, siempre que existan sospechas de que las mercancías son de contrabando, estará justificado realizar investigaciones intensivas y prolongadas.

La legislación aduanera comunitaria no establece que las administraciones aduaneras deban realizar los controles en determinados plazos. El artículo 37 del Código aduanero comunitario (1) estipula que las mercancías introducidas en el territorio aduanero de la Comunidad estarán bajo vigilancia aduanera desde su introducción. Las mercancías podrán ser objeto de controles realizados por las autoridades aduaneras conforme a las disposiciones vigentes. Permanecerán bajo vigilancia aduanera todo el tiempo que sea necesario para determinar su estatuto aduanero y, cuando se trate de mercancías no comunitarias, hasta que cambien de estatuto aduanero o pasen a una zona franca o un depósito franco, o sean reexportadas o destruidas.

Las mercancías introducidas en el territorio aduanero de la Comunidad deben presentarse en una aduana y recibir destino aduanero (por ejemplo, la asignación de un régimen aduanero, tal como despacho a libre práctica, transito o depósito aduanero). Con esta finalidad, es preciso presentar una declaración ante la aduana.

Según lo dispuesto en el artículo 68 del citado Código, para la comprobación de las declaraciones, las autoridades aduaneras podrán proceder:

El artículo 73 del Código estipula que cuando se reúnan las condiciones de inclusión en el régimen de que se trate y siempre que las mercancías no sean objeto de medidas de prohibición o restricción, las autoridades aduaneras concederán el levante de las mercancías en cuanto se hayan comprobado, o admitido sin comprobación, los datos de la declaración. Se procederá de la misma forma cuando la comprobación no haya podido concluir en un plazo razonable y la presencia de las mercancías a efectos de dicha comprobación ya no sea necesaria.

La legislación aduanera comunitaria no contiene disposiciones que prevean indemnizaciones en caso de demora en el levante de las mercancías.

----

(1)  Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario, DO L 302 de 19.10.1992 — Reglamento cuya última modificación la constituye el Acta de adhesión de 2003.

----

----

(2004/C 88 E/0573)

PREGUNTA ESCRITA E-1054/04

de Franz Turchi (UEN) a la Comisión

(5 de abril de 2004)

Asunto:   Aumento de las tasas escolares en las escuelas europeas

El Consejo Superior de las Escuelas Europeas se reunió en Bruselas el pasado 15 de marzo. Durante dicha reunión, uno de los temas que se debatieron fue el aumento de las tasas escolares por alumno y curso escolar.

Con 12 votos a favor y 5 en contra (de Italia, Grecia, España, Portugal y los Países Bajos), se decidió aumentar las tasas en un 11 %, más el índice de inflación medio europeo, para el curso escolar 2005-2006.

Teniendo en cuenta que los padres de los alumnos se manifiestan extremadamente preocupados, ya que no se trata de un tipo de decisión que favorezca la difusión de la enseñanza,

y que el representante de los padres de los alumnos expresó, durante la reunión, su preocupación por el aumento previsto, ya que conduciría a la eliminación de los alumnos incluidos en la Categoría III, es decir, los que no son «de derecho», de las escuelas europeas, ¿qué medidas va a emprender la Comisión para no limitar el acceso a las escuelas europeas en un futuro próximo?

Respuesta del Sr. Kinnock en nombre de la Comisión

(30 de abril de 2004)

Se ruega a Su Señoría consulte la respuesta de la Comisión a la pregunta escrita E-0237/04 de la Sra. Miet Smet (1) relativa a las tasas de las Escuelas Europeas y las razones de su incremento, decidido por el Consejo Superior, que es el órgano de representantes de todos los Estados miembros en el cual la Comisión tiene un delegado y un voto.

Las tasas aprobadas por el Consejo Superior el 15 de marzo de 2004 para todos los alumnos de la Categoría III (a saber, alumnos cuyos padres no trabajan en ninguna de las Instituciones de la UE) para el curso escolar 2005-2006 ascienden a 2 400 euros para preescolar, 3 300 euros para la educación primaria y 4 500 euros para la educación secundaria. Estas tasas están muy por debajo del coste medio real de cada alumno, que es de casi 11 000 euros. A sugerencia de la Comisión, el Consejo Superior está creando un grupo de trabajo para examinar la cuestión de las tasas, la exoneración de las mismas y el acceso de los alumnos de la Categoría III en los años venideros.

----

(1)DO C 84 E de 3.4.2004, p. 339.

----

----

(2004/C 88 E/0574)

PREGUNTA ESCRITA E-1065/04

de Anna Karamanou (PSE) a la Comisión

(6 de abril de 2004)

Asunto:   Funcionamiento «legal» de redes de pedofilia en Europa — Jóvenes del caso Dutroux

En Dinamarca funciona de forma legal una asociación de pedofilia con página web propia, a través de la cual se coordinan y se organizan redes de pedofilia a nivel europeo e internacional. Dinamarca no constituye un ejemplo único, ya que en muchos otros países se observan fenómenos similares.

Este asunto, junto con la celebración, con un retraso de 7 años, del juicio del caso Dutroux en Bélgica, pone de manifiesto una vez más la actividad criminal de las redes de pedofilia, sobre las que recientemente la CE ha adoptado un acuerdo marco para luchar contra la explotación sexual y la pornografía infantiles,

¿Puede informar la Comisión sobre si las intervenciones legislativas realizadas y las iniciativas políticas adoptadas hasta ahora combaten de forma contundente, a nivel europeo, este fenómeno abominable que constituye una violación evidente de los derechos humanos y de la dignidad humana? Concretamente, ¿qué medidas pretende tomar la Comisión para que los Estados miembros cumplan sus obligaciones y para prohibir que organizaciones de este tipo hagan uso de las posibilidades que ofrece la tecnología digital?

Respuesta del Sr. Vitorino en nombre de la Comisión

(30 de abril de 2004)

La Comisión comparte por entero la preocupación de Su Señoría por el problema de la pornografía infantil en Internet. Hay que redoblar esfuerzos para acabar con los contenidos de Internet nocivos e ilícitos por medio de la cooperación internacional, especialmente entre las autoridades policiales y judiciales, pero también entre el Estado y la industria de Internet, las líneas directas de denuncia de este problema y las organizaciones no gubernamentales, con el fin de luchar eficazmente contra este fenómeno execrable.

La principal responsabilidad en la lucha contra los contenidos ilícitos (incluida la pornografía infantil) corresponde a las autoridades policiales y judiciales de los Estados miembros, que cooperan a nivel internacional en la lucha contra la pornografía infantil en Internet a través de los canales de comunicaciones existentes, como Europol, Eurojust e Interpol. A este respecto, la Comisión quisiera informar a Su Señoría de que recientemente se han cerrado en Europa varios foros electrónicos de debate utilizados por pedófilos.

La Unión Europea viene desempeñando desde 1996 un papel precursor en la lucha contra los contenidos ilícitos y nocivos, siguiendo un enfoque aprobado unánimemente por el Parlamento y el Consejo. El plan de acción para una Internet más segura adoptado por el Consejo y el Parlamento en 1999 (1) es un elemento importante de la labor desarrollada por la Comisión en este ámbito. Este plan aporta financiación para una red europea de líneas directas que permiten a los usuarios denunciar los contenidos ilícitos, incluida la pornografía infantil.

Como Su Señoría bien sabrá, la estrategia de la UE para luchar contra la pornografía infantil también comprende instrumentos jurídicos y medidas prácticas de lucha contra los delitos informáticos y la pornografía infantil. Entre ellos figuran la Decisión marco del Consejo sobre la aproximación de las legislaciones y las sanciones en el campo de la explotación sexual de los niños, con especial referencia a la pornografía infantil en Internet (2), la Recomendación del Consejo de septiembre de 1998 relativa a la protección de los menores y de la dignidad humana (3) y la Decisión del Consejo de mayo de 2000 relativa a la lucha contra la pornografía infantil en Internet (4).

La Comisión apoya los esfuerzos de varios Estados miembros, Europol y terceros países en el marco del programa AGIS, que financia un estudio de ejecución sobre el establecimiento de una compleja base de datos de imágenes de pornografía infantil conectada internacionalmente basada en el incipiente sistema de Interpol. Dicha base de datos, que sería técnica y jurídicamente posible, tendrá que tener en cuenta los distintos ordenamientos jurídicos nacionales en materia de pornografía infantil y protección de datos personales.

Esta base de datos pondrá en manos de la policía una herramienta eficaz de cara a la identificación de las víctimas de la explotación sexual infantil y de los culpables de dicho delito en la Red en todo el mundo. Asimismo, evitará que se dupliquen esfuerzos inútilmente y permitirá estrechar la cooperación internacional en la materia.

La Comisión cree que esta base de datos tendrá gran incidencia en la lucha contra este horrendo crimen, ya que mejorará el intercambio de información, limitará las duplicaciones y aumentará considerablemente la capacidad de análisis.

La lucha contra la explotación sexual de los niños y la pornografía infantil y el respeto de los derechos humanos fundamentales son objetivos prioritarios de la Comisión. A su juicio, las medidas legislativas vigentes en estos ámbitos y los continuos esfuerzos de promoción de una utilización más segura de Internet y de lucha por erradicar los contenidos ilícitos y nocivos de Internet contribuyen sustancialmente a alcanzar estos objetivos.

----

(1)DO L 33 de 6.2.1999.

(2)  Decisión marco 2004/68/JAI del Consejo, de 22 de diciembre de 2003, relativa a la lucha contra la explotación sexual de los niños y la pornografía infantil, DO L 13 de 20.1.2004.

(3)DO L 270 de 7.10.1998.

(4)DO L 138 de 9.6.2000.

----

----

(2004/C 88 E/0575)

PREGUNTA ESCRITA E-1069/04

de Nicole Thomas-Mauro (UEN) a la Comisión

(6 de abril de 2004)

Asunto:   Contradicción de la Comisión en la cuestión del vino

La Comisión aprobó a finales de marzo una serie de acciones de información y promoción en favor de los productos agrícolas en terceros países. Los productos en cuestión son vinos, frutas, aceites de oliva, quesos y productos biológicos.

Los Estados miembros han trasmitido a la Comisión, para que los examine, seis programas de promoción e información. Los cinco programas que se han aceptado están orientados a los Estados Unidos, el Canadá, el Japón, Suiza, Rusia, el Brasil y China.

Los gastos estimados para la Unión Europea ascienden a unos 3 millones de euros (50 % del presupuesto de los programas).

Por otra parte, la Comisión propone, a través de la reglamentación relativa a las alegaciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos, la exención de toda promoción del vino.

La Comisión fomenta, por una parte, la promoción del vino, como producto agrícola, en terceros países (para favorecer el sector) utilizando fondos europeos. En cambio, excluye en su propuesta de reglamento (1) cualquier posibilidad de promoción de un consumo moderado del vino en la Unión Europea, consumo que participa en los beneficios demostrados científicamente de la dieta alimentaria mediterránea.

¿Puede justificar la Comisión la contradicción de una acción dirigida en el exterior frente a una política prohibitiva llevada a cabo en el interior de la UE?

¿La Comisión, que se arroga el monopolio de la buena «promoción», no puede dejar hacer a los productores de vino la promoción de sus productos, por supuesto dentro de los marcos reglamentarios establecidos?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(30 de abril de 2004)

----

(1)  COM(2003) 424 final.

(2)DO C 175 de 20.6.2001.

(3)DO L 328 de 23.12.2000.

(4)DO L 327 de 21.12.1999.

----

----

(2004/C 88 E/0576)

PREGUNTA ESCRITA E-1073/04

de Proinsias De Rossa (PSE) a la Comisión

(6 de abril de 2004)

Asunto:   Calidad arquitectónica en el entorno urbano y rural

¿Qué seguimiento ha tenido la Resolución aprobada en la reunión de 23 de noviembre de 2000 del Consejo de Cultura sobre «Calidad arquitectónica en el entorno urbano y rural»? ¿Qué iniciativas ha adoptado la Comisión o está considerando adoptar en relación con esta cuestión desde la aprobación de esta Resolución, especialmente en lo que respecta a la petición de que busque formas y medios de garantizar, en la aplicación de los Fondos Estructurales, una «consideración más amplia de la calidad arquitectónica y la conservación del patrimonio cultural»?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(30 de abril de 2004)

Los proyectos en el ámbito de la cultura, como por ejemplo, los relacionados con la calidad arquitectónica del entorno edificado, ocupan un lugar destacado en los programas de desarrollo regional que se acogen a una ayuda con cargo a los Fondos Estructurales de la Unión Europea. A fin de comprender mejor la naturaleza de las intervenciones en este ámbito, la Comisión emprendió un estudio específico en el marco del cual se remitió un amplio cuestionario a los Estados miembros. Los resultados de dicho estudio se encuentran disponibles, en forma de documento de trabajo de los servicios de la Comisión, en el siguiente sitio de Internet: http://europa.eu.int/comm/culture/eac/sources_info/compolitics/fond_structurel_en.html.

----

----

(2004/C 88 E/0577)

PREGUNTA ESCRITA E-1074/04

de Proinsias De Rossa (PSE) a la Comisión

(6 de abril de 2004)

Asunto:   Los derechos humanos y el Acuerdo de Cotonú

El Acuerdo de Cotonú, firmado por la UE y 77 Estados de África, del Caribe y del Pacífico en 2000, tiene por objeto mejorar la cooperación económica y al desarrollo entre la UE y los países ACP.

Este Acuerdo subraya asimismo el papel de los derechos humanos en la política de relaciones exteriores de la Unión mediante la inclusión del respeto de los derechos humanos, los principios democráticos basados en el Estado de Derecho y una gobernanza transparente y responsable como elementos clave del primer pilar del Acuerdo de asociación.

Desde la firma del Acuerdo, ¿qué seguimiento ha realizado la Comisión del funcionamiento de la dimensión política del Acuerdo de Cotonú? ¿Ha examinado la Comisión los niveles de los derechos humanos en los países socios? ¿Ha adoptado, o pretende adoptar, la Comisión medidas contra algún país para abordar las violaciones de las disposiciones en materia de derechos humanos del Acuerdo de Cotonú? ¿Se plantearán estas cuestiones a los Estados ACP durante la revisión de 2005 del Acuerdo de Cotonú?

Respuesta del Sr. Nielson en nombre de la Comisión

(30 de abril de 2004)

Tal como se afirma en el artículo 9 del Acuerdo de Cotonú, el respeto de los derechos humanos, los principios democráticos basados en el Estado de Derecho y la buena gobernanza constituyen los elementos esenciales del Acuerdo. La Asociación, a través de la cooperación y las estrategias de desarrollo, apoya la promoción de estos principios concediendo ayuda para las reformas políticas, institucionales y jurídicas que emprenden los países socios, y a través del diálogo político permanente entre las Partes.

El diálogo regular es el principal instrumento para llevar a cabo una evaluación periódica conjunta de los progresos realizados y los cambios experimentados respecto a los elementos esenciales y fundamentales del Acuerdo, teniendo en cuenta el contexto de cada país. El diálogo contribuye al entendimiento mutuo y puede evitar situaciones conducentes al inicio de un procedimiento de consulta y la adopción de las consiguientes medidas, incluida la suspensión de la cooperación, contempladas en los Artículos 96 y 97 del Acuerdo de Cotonú.

El Artículo 96 prevé que en caso de violación de uno de los elementos esenciales, una Parte invitará a la otra a celebrar consultas. Estas consultas tienen por objeto examinar la situación con vistas a encontrar una solución aceptable para ambas Partes. Cuando no se encuentre una solución, en casos de emergencia o cuando la otra Parte deniegue la consulta, se pueden tomar las medidas oportunas. En este contexto, la suspensión de la cooperación sería el último recurso. Las medidas oportunas, que han de ser proporcionales a la violación del elemento esencial, tienen por objeto enviar al Gobierno una señal clara respecto a dichos elementos.

Desde la firma del Acuerdo de Cotonú en 2000, la UE ha aceptado mantener consultas con nueve países de África, el Caribe y el Pacífico (1) y se han aplicado las medidas oportunas en seis casos en los que las consultas han finalizado (2).

Por lo que se refiere a la revisión del Acuerdo de Cotonú, las negociaciones deben iniciarse en mayo de 2004. La UE y el Grupo ACP preparan en la actualidad sus respectivos mandatos de negociación.

----

(1)  Haití, Costa de Marfil, Fiyi, Liberia, Zimbabwe, República Centroafricana, Togo, Guinea Bissau y la República de Guinea.

(2)  Haití, Costa de Marfil, Fiyi, Liberia, Zimbabwe, República Centroafricana.

----

----

(2004/C 88 E/0578)

PREGUNTA ESCRITA E-1080/04

de Proinsias De Rossa (PSE) a la Comisión

(6 de abril de 2004)

Asunto:   Defensores de los Derechos humanos

El desarrollo de directrices relativas a los defensores de los derechos humanos es una de las prioridades manifestadas por la Presidencia irlandesa de la Unión Europea. Pese a que la Unión Europea ha subrayado la importancia que reviste la protección de los defensores de los derechos humanos, carece de una política específica para reforzar el apoyo que les presta en todo el mundo.

¿Qué propuestas formales del Consejo ha recibido al respecto la Comisión? ¿Está la Comisión de acuerdo en que la introducción de dichas directrices es necesaria para reforzar la eficacia de la política de la Unión Europea en materia de derechos humanos? ¿Prevé la Comisión debatir el tema de los defensores de los derechos humanos en su próxima comunicación relativa a los derechos humanos y la democratización?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(30 de abril de 2004)

La Comisión ha acogido con satisfacción y apoyado plenamente la iniciativa de la Presidencia irlandesa de adoptar una serie de directrices de la Unión Europea en apoyo de los defensores de los derechos humanos.

Aun cuando los Estados miembros y las instituciones de la Unión Europea han rendido homenaje en repetidas ocasiones al papel fundamental desempeñado por los defensores de los derechos humanos, las directrices de la Unión Europea antes citadas aportarán una política coherente y visible de apoyo a los defensores de los derechos humanos en el marco de las relaciones de la Unión Europea con terceros países y a través de programas de ayuda de la Comunidad y de los Estados miembros.

La relevancia política lograda por las anteriores directrices de la Unión Europea tendentes a la observancia de los derechos humanos (como los relativos a la pena de muerte, la tortura y los niños en los conflictos armados) destaca el valor añadido que reviste la adopción de directrices de la Unión Europea a nivel de la EU.

En cuanto a la pregunta de Su Señoría acerca de la posible inclusión de la cuestión de los defensores de los derechos humanos en la próxima Comunicación sobre derechos humanos y democratización, la Comisión no tiene prevista actualmente una nueva Comunicación tras su Comunicación de mayo de 2001 sobre «el papel de la Unión Europea en el fomento de los derechos humanos y la democratización en terceros países» (1).

----

(1)DO C 227 E de 24.9.2002.

----

----

(2004/C 88 E/0579)

PREGUNTA ESCRITA P-1092/04

de Jean Lambert (Verts/ALE) a la Comisión

(5 de abril de 2004)

Asunto:   Discriminación por pertenencia a castas

La discriminación basada en la pertenencia a castas afecta a más de 260 millones de personas en todo el mundo. Estas comunidades discriminadas sufren una segregación física y social, son víctima de graves injusticias ante la ley y tienen un acceso limitado a la tierra, el empleo, la educación y la protección sanitaria. En su informe de seguimiento de la Conferencia Mundial contra el Racismo, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el racismo afirmó que se debe conceder prioridad a esta cuestión, en el marco del seguimiento de la Conferencia de Durban, en la lucha contra todo tipo de discriminación y el fomento de los derechos humanos en todo el mundo.

A escala de la Unión Europea se han efectuado recomendaciones para tomar acciones contra la discriminación por pertenencia a castas, especialmente a través de las resoluciones del Parlamento Europeo sobre los derechos humanos en el mundo y sus recomendaciones a los períodos de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Por el contrario, al parecer, la Comisión y el Consejo no han emprendido ninguna acción para fomentar el diálogo sobre derechos políticos y humanos con los países en que existen castas, por lo que se refiere a la persistencia de este tipo de discriminación. El análisis de la discriminación por la pertenencia a castas debe formar parte del informe anual del Consejo en materia de derechos humanos. Aún no se ha evaluado la eficacia de la política de derechos humanos de la Unión Europea en el ámbito de la discriminación por pertenencia a castas.

Habida cuenta de la persistencia de violaciones graves de los derechos humanos:

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(26 de abril de 2004)

La Comisión es consciente del problema que plantea la discriminación basada en la pertenencia a castas a escala mundial y, concretamente, en el sur de Asia y en África. La Comisión considera muy grave esta cuestión y se ha comprometido a resolver este problema de forma sistemática y activa.

Los proyectos destinados a luchar contra la discriminación respecto a los Dalits pueden beneficiarse de la ayuda de la Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos. El 27 de abril de 2002, se lanzó en el contexto de dicha Iniciativa una convocatoria de propuestas destinada a tratar de forma específica la cuestión de la discriminación basada en la pertenencia a castas, siendo uno de los criterios de subvencionabilidad: «la discriminación basada en la pertenencia a castas (es decir, la pertenencia por nacimiento a un grupo social considerado inferior a grupos sociales superiores, incluso sin diferencias étnicas, y sujeto tradicionalmente a formas de segregación y discriminación social y laboral)».

En el caso de la India, la Comisión espera lograr a través de su colaboración en los sectores sociales, especialmente en la enseñanza primaria, una importante contribución a la eliminación progresiva de la discriminación basada en la pertenencia a castas y la discriminación por razones de sexo. La Comisión está convencida de que, si ayuda a la India a conseguir su objetivo de desarrollo del milenio consistente en la enseñanza primaria para todos, centrándose en los niños «a los que es difícil llegar», como los niños dalits y de entorno tribal, estos niños tendrán mayores oportunidades de ocupar puestos en todos los niveles de la sociedad india. Todos los acuerdos comunitarios de cooperación celebrados desde 1995 incluyen cláusulas relativas a los derechos humanos y constituyen la base de un diálogo positivo sobre las cuestiones relativas a dichos derechos. La cuestión de los derechos humanos constituye uno de los temas que se abordan periódicamente en el contexto del diálogo político entre la UE y la India, concretamente en todas las reuniones ministeriales y de altos funcionarios.

La Comisión toma nota de la sugerencia de Su Señoría relativa a un ponente especial sobre discriminación basada en la pertenencia a castas. No obstante, la creación de tal mandato requeriría la aprobación de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

La Comisión prosigue sus esfuerzos en este sentido tanto en la Comisión de Derechos Humanos como en otros foros, subrayando la importancia de la lucha contra el racismo, la xenofobia y la intolerancia. La UE realiza por ejemplo una declaración sobre estas cuestiones con motivo de las sesiones anuales de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y el Tercer Comité de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La declaración conjunta UE-India efectuada en noviembre de 2003 en la cuarta cumbre de Nueva Delhi reitera que la democracia constituye la mejor garantía a efectos de la protección y promoción de los derechos humanos y reafirma la voluntad de ambas partes de tratar la cuestión de los derechos humanos de forma global (1). Se espera que esta cuestión figure en la Declaración de la 5a Cumbre que debe celebrarse durante el segundo semestre de 2004. La UE y la India han acordado además tratar el tema de la democracia y los derechos humanos en las reuniones ministeriales y de altos funcionarios.

----

(1)  «Afirmamos que la democracia constituye una garantía fundamental a efectos de la protección y promoción de los derechos humanos. Todos los derechos humanos, incluido el derecho al desarrollo personal, económico, social y cultural, son universales, indisolubles, interdependientes e interrelacionados. Consideramos de igual importancia los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y estamos comprometidos en su pleno cumplimiento. Debe recurrirse a la cooperación internacional para la protección y promoción de los derechos humanos a través del diálogo y la comprensión mutua en un marco global. Afirmamos nuestra voluntad de debatir la cuestión de los derechos humanos de forma global.».

----

----

(2004/C 88 E/0580)

PREGUNTA ESCRITA E-1097/04

de Adriana Poli Bortone (UEN) a la Comisión

(13 de abril de 2004)

Asunto:   Reglamento (CE) no 2331/2003

El 23 de diciembre de 2003, con la adopción del Reglamento (CE) no 2331/2003 (1), algunos países, como la Argentina y la India, volvieron a gozar del estatuto de países beneficiarios del sistema comunitario de preferencias arancelarias para el período 2002-2004, beneficiándose, a partir del 1 de enero de 2005, de reducciones de las alícuotas de importación de la Unión Europea para algunos tipos de pieles acabadas.

Considerando que:

En vista de todo lo anterior, ¿puede indicar la Comisión si considera necesario revisar el Reglamento (CE) no 2331/2003?

Respuesta del Sr. Lamy en nombre de la Comisión

(30 de abril de 2004)

El Reglamento (CE) no 2331/2003 de la Comisión de 23 de diciembre de 2003 se adoptó en el marco del artículo 12 del Reglamento (CE) no 2501/2001 del Consejo relativo a la aplicación de un sistema de preferencias arancelarias generalizadas (SPG) en favor de los países en desarrollo. Así pues, la adopción del Reglamento no 2331/2003 por parte de la Comisión responde a la obligación de esta última de actuar, en aplicación de un marco legal fijado por el Consejo.

En virtud del SPG, régimen con carácter plurianual, la Comisión debe adaptar cada año el ámbito de aplicación de las preferencias, obligación que, por lo que respecta al año 2005, se ha cumplido ya mediante la adopción del Reglamento no 2331/2003. El SPG equivale a una oferta comercial limitada, por lo que es preciso asegurarse de que se concede a los países y productos que realmente lo necesitan. Así pues, el artículo 12 mencionado establece un mecanismo de «idoneidad/no idoneidad» que permite, o bien suprimir el SPG en relación con los países o productos cuya competitividad en el mercado nacional esté garantizada, o bien restablecerlo en relación con aquellos países o productos que dejaron de acogerse al mismo en un momento dado pero que, desde entonces, hayan dejado de ser competitivos.

Se trata pues de un mecanismo no político y de naturaleza estrictamente económica. Prevalecen los criterios objetivos que figuran en el artículo 12 (modificado por el artículo 1 del Reglamento (CE) no 2211/2003 del Consejo, de 15 de diciembre de 2003 (2)). El restablecimiento en 2005 de las preferencias para la India y Argentina en relación con los productos en cuestión responde a la aplicación de esos criterios objetivos.

Las medidas de protección comercial permiten combatir el dumping, siempre que se reúnan las condiciones necesarias. La cuestión relacionada con las barreras arancelarias y no arancelarias a las exportaciones se encuentra entre las prioridades de la Comisión en el marco del «Programa de Doha para el Desarrollo» por un lado, y de las negociaciones bilaterales, por otro.

El 1 de enero de 2006, se adoptará un nuevo régimen de preferencias generalizadas, previa consulta de todas las partes interesadas. Invito a Su Señoría a que estimule la participación activa en dichas consultas de las asociaciones del sector industrial y de otros sectores.

----

(1)DO L 346 de 31.12.2003, p. 3.

(2)DO L 332 de 19.12.2003.

----

----

(2004/C 88 E/0581)

PREGUNTA ESCRITA P-1104/04

de Francesco Speroni (NI) a la Comisión

(5 de abril de 2004)

Asunto:   Plátanos «Figue»

¿Puede indicar la Comisión el motivo concreto por el que en su día se consideró oportuno excluir los plátanos «Figue» del ámbito de aplicación del Reglamento (CE) no 2257/94 (1) y si en la actualidad sigue teniendo vigencia?

¿Considera conveniente ampliar la exclusión a otros tipos de plátanos, como, por ejemplo, los rojos?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(30 de abril de 2004)

La Comisión informa a Su Señoría de que en la respuesta a su pregunta escrita P-3283/03 (2), ya le indicó que las únicas variedades concernidas por las normas de calidad que figuran en el anexo I del Reglamento (CE) no 2257/94 de la Comisión, de 16 de septiembre de 1994, por el que se fijan las normas de calidad para los plátanos, eran las variedades Musa (AAA) spp, subgrupos Cavendish y Gros Michel. Todas las variedades de plátanos no pertenecientes a estos subgrupos quedan, por lo tanto, excluidas de la aplicación de las normas de calidad comunitarias para los plátanos. Este es el caso de los plátanos «Figue».

En cuanto a los plátanos denominados «rojos», pertenecen al grupo AAA, subgrupo «Figue rose», por lo que no quedan cubiertos por la citada normativa.

Cuando se llevó a cabo la reglamentación de las normas de calidad, estos productos quedaron excluidos del ámbito de aplicación del Reglamento (CE) no 2257/94 debido a sus características muy específicas y a las diferencias de comercialización en comparación con los plátanos pertenecientes a los subgrupos Cavendish y Gros Michel.

Sin embargo, los productos incluidos en dichas variedades deben respetar las normas horizontales que regulan la comercialización de los productos alimentarios (normas fitosanitarias, de salud pública, etiquetado, etc.).

----

(1)DO L 245 de 20.9.1994, p. 6.

(2)DO C 78 E de 27.3.2004, p. 255.

----

----

(2004/C 88 E/0582)

PREGUNTA ESCRITA P-1123/04

de Roy Perry (PPE-DE) a la Comisión

(5 de abril de 2004)

Asunto:   Recursos ante tribunales ordinarios

Los Estatutos vigentes de la Federación Internacional de Asociaciones de Fútbol, FIFA (Reglamento de aplicación de los Estatutos de la FIFA; órdenes en vigor del Congreso) impide que los clubes profesionales de fútbol de la UE puedan servirse de la vía legal ordinaria a la hora de presentar recurso. Los apartados 2 y 3 del artículo 61 de los Estatutos de la FIFA rezan:

De conformidad con los Estatutos, en el caso de producirse una disputa entre los clubes y la FIFA u otras partes interesadas del mundo de fútbol, se deberá interponer recurso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo de Suiza. En este sentido, el apartado 1 del artículo 59 de los Estatutos de la FIFA reza:

¿Podría indicar la comisión si los artículos 59 y 61 de la FIFA son compatibles con los principios del mercado interior de la UE y con la legislación comunitaria (por ejemplo, con el artículo 81 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea)?

Respuesta del Sr. Prodi en nombre de la Comisión

(30 de abril de 2004)

En primer lugar, la Comisión quiere resaltar que las consideraciones que se exponen a continuación respecto a los artículos 59 y 61 de los estatutos de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) también se aplican a los estatutos de la Unión Europea de Fútbol Asociación (UEFA) que recogen disposiciones similares y cuya calidad de miembro, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 5, se limita exclusivamente a las asociaciones nacionales de fútbol del continente europeo.

La Comisión desea señalar que una norma que excluya el recurso a los tribunales nacionales e imponga el arbitraje obligatorio, como los artículos 59 y 61 de los estatutos de la FIFA, puede constituir un obstáculo al principio de libre acceso al empleo. Ese principio constituye un derecho fundamental que el Tratado CE concede individualmente a cualquier trabajador de la Comunidad, reconocido en la jurisprudencia del Tribunal (1). Por otra parte, la existencia de una vía de recurso judicial contra cualquier decisión de una autoridad nacional que deniegue a un particular el beneficio del libre acceso al empleo es esencial para garantizar la protección efectiva de ese derecho fundamental. Esta exigencia constituye un principio general del Derecho comunitario derivado de las tradiciones constitucionales que comparten los Estados miembros y que ha quedado consagrado en los artículos 6 y 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (véase también el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales).

Por lo que se refiere a la posible infracción de los artículos 81 y 82, dicha norma podría ser contraria al Tratado CE, siempre que la exclusión del acceso a los tribunales facilite acuerdos o comportamientos contrarios a la competencia.

En consecuencia, a la hora de examinar los casos que se le someten, la Comisión vela porque se respeten estos principios de libre acceso al empleo y de libre competencia. Así, por ejemplo, la Comisión quiere recordar que a raíz de su intervención, el artículo 42 del Reglamento de la FIFA, permite ahora una excepción al régimen de los artículos 59 y 61 del Estatuto de la FIFA en lo relativo al Estatuto y la Transferencia de Jugadores y el recurso ante los tribunales.

La Comisión también desea recordar a Su Señoría que las decisiones del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), que tiene su sede en Suiza, pueden impugnarse ante los tribunales ordinarios de este país en condiciones y por motivos determinados.

----

(1)  C-222/86, la sentencia Heylens de 15 de octubre de 1987, Rec. 1987 p. 4097.

----

----

(2004/C 88 E/0583)

PREGUNTA ESCRITA P-1124/04

de Professor Sir Neil MacCormick (Verts/ALE) a la Comisión

(6 de abril de 2004)

Asunto:   Concesiones fiscales a las explotaciones dedicadas a la cría de sementales

¿Podría indicar la Comisión qué opina de la práctica irlandesa de conceder exenciones fiscales a las explotaciones de sementales en lo que respecta a las subvenciones nominativas abonadas cada vez que un semental insemina a una yegua?

¿Acaso esta práctica no se trata de una forma ilegítima de ayuda estatal a las explotaciones dedicadas a la cría de sementales en Irlanda?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(30 de abril de 2004)

La Comisión ha recibido una reclamación formal referente a la práctica irlandesa de conceder exenciones fiscales a las explotaciones de sementales. Debido a las dudas de la Comisión acerca de la compatibilidad de dicha práctica con las normas sobre ayudas estatales, se está examinando la misma de acuerdo con el artículo 88 del Tratado CE (ayuda estatal no NN 32/04).

----

----

(2004/C 88 E/0584)

PREGUNTA ESCRITA P-1126/04

de Véronique De Keyser (PSE) a la Comisión

(6 de abril de 2004)

Asunto:   Utilización de los Fondos Estructurales

Al parecer, una parte de los Fondos Estructurales asignados a Letonia se destina a restaurar castillos y otras propiedades que vuelven a adquirir antiguos aristócratas que aún viven en el exilio o han vuelto recientemente al país. Es decir, dichos fondos se destinan a restaurar bienes privados readquiridos a bajo precio y no a la restauración del patrimonio público. La recuperacíón de algunas propiedades ha llegado al extremo de provocar la expropiación de escuelas. Me sorprenda que los Fondos Estructurales puedan utilizarse de esta manera y quisiera verificar la exactitud de esta información aparecida el 31 de marzo de 2004 en la emisión Des racines et des ailes del canal de televisión France 3.

¿Se lleva a cabo un control minucioso de la utilización de los Fondos Estructurales en los países bálticos, el cual pueda hacerse público, denegando o confirmando esta información?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(30 de abril de 2004)

La asistencia de la Unión Europea a Letonia mediante los Fondos Estructurales va a encuadrarse en el Documento Único de Programación del Objetivo 1 negociado con las autoridades letonas, que debe aprobarse antes de la fecha de adhesión, el 1 de mayo de 2004 (1).

Por consiguiente aún no se han hecho pagos de este programa. Las autoridades letonas están realizando el trabajo preparatorio necesario para determinar los criterios de selección en los que se basará la definición de los proyectos que subvencionará el programa, selección que se hará de una forma transparente y competitiva.

El DUP (documento único de programación) puede consultarse en http://www.esfondi.lv.

----

(1)  El DUP puede consultarse en http://www.esfondi.lv.

----

----

(2004/C 88 E/0585)

PREGUNTA ESCRITA P-1141/04

de Göran Färm (PSE) a la Comisión

(6 de abril de 2004)

Asunto:   Patentes europeas en los Estados Unidos

Hace algunos años el autor de la presente pregunta atrajo la atención de la Comisión sobre el proteccionismo sistemático que existía en el sistema jurídico estadounidense y que desgraciadamente todavía continúa. Diversos procesos iniciados ante los tribunales estadounidenses por investigadores e inventores europeos con vistas a defender sus patentes han chocado con una obstrucción más o menos abierta por parte de los tribunales, en violación del acuerdo ADPIC, que los EE.UU. han firmado y que garantiza a los titulares de patentes extranjeros el derecho a iniciar acciones ante los tribunales de los países firmantes del acuerdo. El proceso que el Dr. Håkon Lans, inventor sueco, sostiene desde hace algunos años ante los tribunales estadounidenses es un perfecto ejemplo del proteccionismo al que se hace referencia. ¿Tiene intención la Comisión de intervenir ante el Gobierno norteamericano en relación con el asunto Lans para poner de manifiesto este ejemplo e indicar claramente que la UE no va a tolerar tal discriminación?

Respuesta del Sr. Lamy en nombre de la Comisión

(27 de abril de 2004)

La Comisión pone gran empeño en vigilar atentamente la conducta de sus socios comerciales, a fin de garantizar el cumplimiento, por parte de éstos, de lo dispuesto en el Acuerdo ADPIC.

En lo que se refiere a las dificultades con que se enfrenta el Dr. Håkan Lans, inventor sueco, la Comisión, en colaboración con el propio Dr. Lans, ha examinado en profundidad todos los aspectos del asunto. Lamentablemente, se ha llegado a la conclusión de que, en este caso, no existen posibles vías legales de recurso en el ámbito de la política comercial.

Como es lógico, la Comisión investigará exhaustivamente cualquier otro caso que le sea señalado y que ponga en entredicho el tratamiento dispensado por el sistema jurídico de los Estados Unidos a los derechos de patente de investigadores e inventores europeos al amparo del Acuerdo ADPIC.

----

----

(2004/C 88 E/0586)

PREGUNTA ESCRITA E-1145/04

de Ilda Figueiredo (GUE/NGL) a la Comisión

(15 de abril de 2004)

Asunto:   Creación de un servicio comunitario de inspección

La Comisión insiste en crear un servicio comunitario de inspección, que deberá funcionar ya en 2006, y a finales de 2003 expiró la legislación relativa a las ayudas financieras comunitarias concedidas a los Estados miembros para crear estructuras de control. Podría responder a las siguientes respuestas:

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(30 de abril de 2004)

En noviembre de 2003, la Comisión propuso una prórroga, hasta el 31 de diciembre de 2005, del régimen de participación financiera de la Comunidad en los programas de control de la actividad pesquera realizados por los Estados miembros (1). El objetivo de dicha prórroga era, precisamente, tener en cuenta la creación de una agencia de control de las actividades pesqueras, que está previsto que entre en funcionamiento en 2006.

La letra h) del apartado 1 del artículo 4 de la propuesta de Decisión del Consejo prevé la participación financiera de la Comunidad para la adquisición y modernización de buques y aeronaves para la inspección y vigilancia de las actividades pesqueras por parte de las autoridades competentes. El Consejo debería aprobar dicho texto próximamente.

Las solicitudes de financiación de los programas, relativas al año 2004, deben presentarse antes del 1 de junio de 2004.

----

(1)  COM(2003) 706 final de 20.11.2003.

----

----

(2004/C 88 E/0587)

PREGUNTA ESCRITA P-1154/04

de Brice Hortefeux (PPE-DE) a la Comisión

(6 de abril de 2004)

Asunto:   Lucha antiterrorista

Una vez más los atentados de Madrid confirman la regla de que Europa tiene necesidad de crisis, es decir, de dramas para avanzar. Después de meses de tergiversaciones estériles, se reconoce por fin que Europa necesita una Constitución que dé a la Unión los medios que necesita para protegerse contra los que la amenazan y para crear el espacio común de libertad y seguridad que los ciudadanos reclaman desde hace tanto tiempo.

No obstante, la prioridad no debería ser, como han propuesto algunos, hinchar los organismos existentes ni aumentar la burocracia, sino saber si los gobiernos están decididos a utilizar el espacio europeo para desarrollar la cooperación policial y judicial. A tal fin existen ya Europol y Eurojust, pero se utilizan poco y mal. Más grave aún, el informe de la Secretaría del Consejo sobre el plan de acción terrorista prueba que el obstáculo principal a la eficacia de la cooperación es sobre todo de carácter político, y se llama desconfianza. No es posible que los terroristas no tengan fronteras y que los servicios de policía, de justicia y de información las tengan dentro incluso de la Unión Europea.

En este contexto, ¿cuál es la postura de la Comisión frente a semejante «cultivo del secreto»?

¿Se han tomado medidas para paliar las carencias denunciadas en el informe citado de la Secretaría del Consejo? En caso afirmativo, ¿cuáles?

Respuesta del Sr. Vitorino en nombre de la Comisión

(30 de abril de 2004)

La Comisión comparte la opinión de Su Señoría de que la dificultad de compartir información entre los servicios de policía y de inteligencia de los Estados miembros es uno de los obstáculos principales para la cooperación policial internacional. Este hecho tiene un impacto negativo directo en los esfuerzos para la lucha contra el terrorismo.

El acopio y tratamiento de la información son esenciales para prevenir, detectar e investigar el terrorismo. El éxito de la prevención, la investigación y el procesamiento posterior de los delitos depende de la calidad de la información recopilada, de su análisis, y especialmente de su protección frente a posibles usos por parte de personas u organizaciones no autorizadas. Esto explica la dificultad natural para compartir la información.

La Decisión del Consejo 2003/48/JAI, de 19 de diciembre de 2002, relativa a la aplicación de medidas específicas de cooperación policial y judicial en la lucha contra el terrorismo de acuerdo con el artículo 4 de la Posición común 2001/931/PESC, constituye un importante paso adelante para la mejora del intercambio de información.

Tales dificultades no sólo son evidentes en los contactos internacionales, sino también entre diversas fuerzas de policía de un mismo país (y a veces incluso en una misma fuerza). El nivel de intercambio de información crece con el tiempo a consecuencia de la continuidad y refuerzo de la cooperación dentro de los organismos establecidos por la Unión, tales como los Grupos de trabajo del Consejo, Europol, Eurojust o el grupo de trabajo de los Directores de la policía. Este proceso natural es, no obstante, muy lento en su desarrollo. Resulta por lo tanto necesario encontrar el medio de que podamos avanzar más rápidamente.

La manera concreta de aumentar una cultura de la confianza y la cooperación son las actividades de formación del Colegio europeo de la policía (CEPOL) y del programa de sensibilización de Europol así como la incorporación de servicios de inteligencia/seguridad en las actividades llevadas a cabo por Europol.

La Comisión ha presentado recientemente medidas concretas que pueden ayudar a corregir la situación mencionada, tales como una Comunicación (1) relativa a determinadas acciones que deben emprenderse en el ámbito de la lucha contra el terrorismo y otras formas graves de delincuencia, en particular, con el fin de mejorar los intercambios de información. La Comisión ha presentado asimismo una propuesta de Decisión del Consejo relativa al intercambio de información y a la cooperación sobre delitos de terrorismo (1).

----

(1)  COM(2004) 221 final.

----

----

(2004/C 88 E/0588)

PREGUNTA ESCRITA P-1155/04

de Marco Formentini (ELDR) a la Comisión

(7 de abril de 2004)

Asunto:   Solicitud de intervención de la Comisión Europea en el litigio entre Investmart bv y la República Checa por la quiebra de Union Banka

Considerando que entre las condiciones necesarias para la adhesión de los países candidatos a la Unión Europea figuraba en particular la adecuación de las legislaciones nacionales y de los procedimientos administrativos, así como de los usos de la administración pública, a los principios jurídicos vigentes en la Unión, se quiere señalar a la Comisión una serie de abusos y errores cometidos a partir de diciembre de 2002 en perjuicio de la empresa neerlandesa Investmart bv y de su accionista mayoritario, el ciudadano italiano Paolo Catalfamo, como consecuencia de las inversiones que éste realizara en Union Banka, que en esa época era el cuarto banco en importancia de la República Checa.

Las inversiones, junto a un amplio plan de reestructuración, habían sido acordadas por los inversores con el Banco Central checo y con el Ministerio de Hacienda. Al cabo de un año y medio de compromisos varios por parte de los inversores, las autoridades checas declararon la quiebra del banco, por sorpresa y de manera imprudente, causando graves daños a los inversores. Estos hechos han tenido gran repercusión en la República Checa y en la prensa económica internacional.

¿Puede la Comisión solicitar información a las autoridades checas que, a la vista de que se ha incoado un procedimiento de arbitraje para obtener una indemnización por los daños, estimados en unos 300 millones de euros, han manifestado que el Gobierno checo está dispuesto a resolver el litigio por la vía amigable, para conocer sus verdaderas intenciones e instarles a resolver el problema de manera correcta y justa?

Respuesta del Sr. Verheugen en nombre de la Comisión

(30 de abril de 2004)

El sector bancario de la República Checa ha atravesado un difícil proceso de reestructuración. A fin de proteger el mercado interior, la Comisión debe cerciorarse de que exista igualdad de trato, impidiendo que se otorguen ayudas estatales contrarias a las normas de la UE que regulan la competencia.

El procedimiento de quiebra es en la República Checa un proceso judicial y la Comisión no puede hacer observaciones sobre procedimientos en curso. Corresponde al sistema judicial checo emitir una decisión en este caso.

----

----

(2004/C 88 E/0589)

PREGUNTA ESCRITA P-1201/04

de Roberta Angelilli (UEN) a la Comisión

(14 de abril de 2004)

Asunto:   Ayuntamiento de Roma — Incumplimiento de la Decisión de la Comisión 2000/628/CE con relación a las ayudas de Estado concedidas a la ACCL (Azienda Comunale Centrale del Latte)

Tras la respuesta del 30 de marzo de 2004 a la pregunta E-0470/04 (1), en el expediente en posesión de la Comisión no consta que los plazos y procedimientos para la recuperación de los importes de que se trata se le hayan comunicado en el plazo de dos meses a partir de la fecha de la notificación de la propia Decisión, como prevé la normativa vigente. Asimismo, no está claro por qué la Comisión, al examinar las presuntas irregularidades sobre las ayudas de Estado concedidas a la ACCL, no tuvo en cuenta el dictamen anterior de la consultora JP Morgan, encargada de elaborar un plan de reestructuración industrial. De hecho, JP Morgan ya denunció en 1996, en el informe en anexo a la Decisión del Pleno del Ayuntamiento de Roma no 145 de 28 de julio de 1997 (págs. 36 y 37 y págs. 198 y 199), que existía incompatibilidad con la normativa comunitaria en materia de ayudas de Estado, en incumplimiento de los artículos 87, 88 y 89 del TCE, mediante recursos públicos.

Por tanto, el Ayuntamiento de Roma tenía conocimiento desde 1996 del hecho de que el procedimiento de privatización de la ACCL era incompatible con el mercado común y que con posterioridad a dicha operación nunca habría podido restituir dichas cantidades.

En estas circunstancias:

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(30 de abril de 2004)

El 11 de abril de 2000, la Comisión aprobó una decisión sobre las ayudas concedidas por Italia a la Azienda Comunale Centrale del Latte di Roma (3).

----

(1)DO C 84 E de 3.4.2004, p. 592.

(2)DO L 83 de 27.3.1999, p. 1.

(3)  Decisión de la Comisión, de 11 de abril de 2000, sobre las ayudas concedidas por Italia a Centrale del Latte di Roma, DO L 265 de 19.10.2000.

(4)DO L 83 de 27.3.1999.

----

PREGUNTAS ESCRITAS CON RESPUESTA (Parte 3)

----

(2004/C 88 E/0590)

PREGUNTA ESCRITA E-3077/01

de Luis Berenguer Fuster (PSE) a la Comisión

(9 de noviembre de 2001)

Asunto:   Expediente por ayudas públicas al Parque Temático «Terra Mítica» (Alicante)

La Sociedad Parque Temático de Alicante (SPTA), sociedad pública participada en su totalidad por la Generalitat Valenciana, ha firmado sendos acuerdos con dos filiales de la multinacional norteamericana Viacom denominadas Paramount Parks y Paramount Pictures. En virtud del acuerdo firmado con la primera de esas empresas, Paramount Parks se compromete a gestionar durante cuatro años el Parque Temático«Terra Mítica». Simultáneamente Paramount Pictures firmó un contrato asumiendo determinada colaboración en la Ciudad de la Luz de Alicante. Para este segundo contrato la Generalitat Valenciana ha prestado un aval a la Sociedad Parque Temático de Alicante de hasta 6 000 000 USD.

A pesar de la cortina de humo desplegada para disimular que el aval público no va destinado a Terra Mítica, hay ciertos datos que así permiten presumirlo;

Con todos estos antecedentes; se pregunta a la Comisión:

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión

(10 de enero de 2002)

La Comisión agradece a Su Señoría la información transmitida. La Comisión va a dirigirse a las autoridades españolas con el fin de obtener una información más completa que le permita evaluar los hechos pertinentes a la luz de la normativa sobre ayudas estatales, en particular, en el contexto del expediente «Terra Mítica» (1). La Comisión no dejará de comunicar el resultado de sus investigaciones.

----

(1)DO C 300 de 26.10.2001.

----

----

(2004/C 88 E/0591)

PREGUNTA ESCRITA P-2951/02

de Rosa Miguélez Ramos (PSE) a la Comisión

(14 de octubre de 2002)

Asunto:   Reparto de fondos estructurales

¿Podría detallar la Comisión el reparto por cada municipio en Galicia (España) de los recursos invertidos por los fondos estructurales en el período de programación 1994-1999?

Respuesta complementaria del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(29 de abril de 2004)

Las autoridades españolas responsables han informado a la Comisión de que la información solicitada en relación con la región de Galicia sólo está disponible a escala geográfica de municipios de forma incompleta. Esas mismas autoridades han informado a la Comisión de que la repartición de los Fondos Estructurales a nivel de provincias durante el período de programación 1994-1999 para la región de Galicia, desglosada por provincias, es la que se indica a continuación:

En lo que atañe a la participación del Fondo Social Europeo (FSE), las autoridades españolas han señalado que, teniendo en cuenta la naturaleza de las operaciones financiadas por dicho Fondo y el elevado número de programas operativos (regionales y plurirregionales) y de organismos encargados de la gestión en Galicia, la repartición solicitada resulta muy difícil. El importe correspondiente al FSE y al período 1994-1999 para la Comunidad Autónoma de Galicia asciende a 576,13 millones de euros. Este importe incluye la contribución del programa regional y de los programas operativos a escala nacional.

----

----

(2004/C 88 E/0592)

PREGUNTA ESCRITA E-3207/02

de Kathleen Van Brempt (PSE) a la Comisión

(12 de noviembre de 2002)

Asunto:   Caramelos de nicotina

Diversos fabricantes de tabaco, entre los que se encuentra la British American Tobacco, han anunciado la comercialización de un caramelo mentolado que contiene tanta nicotina como un cigarrillo. Los fabricantes han creado el «cigalett» para que los fumadores enfrentados a las crecientes prohibiciones de fumar puedan disponer de nicotina en todo momento.

¿Cuál es la reacción de la Comisión ante este nuevo producto?

¿Tiene intención la Comisión de prohibir el «cigalett»?

En caso negativo, ¿prevendrá la Comisión a la población de los efectos adictivos de este caramelo?

¿Cuál es el contenido del etiquetado de este «cigalett»?

Respuesta complementaria del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(10 de marzo de 2003)

A la Comisión le preocupan todos los productos nuevos cuya posible finalidad sea que los consumidores desarrollen adicción a la nicotina. Por lo que se refiere al producto cigalett al que se refiere Su Señoría, si bien la Comisión no dispone de pruebas definitivas relativas a la composición exacta del producto en cuestión, la información disponible parece indicar que este producto contiene tabaco y pertenece a la categoría de productos del tabaco que define la Directiva 2001/37/CE del Parlamento y del Consejo relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de fabricación, presentación y venta de los productos del tabaco (1) (en adelante, «la Directiva»), por lo que no se encuentra en el ámbito de la legislación relativa a los alimentos.

De conformidad con la Directiva, los «productos del tabaco» son «los productos destinados a ser fumados, aspirados, chupados o mascados, desde el momento en que estén constituidos, incluso parcialmente, por tabaco, genéticamente modificado o no». La misma Directiva define el «tabaco de uso oral» como «todos los productos destinados al uso oral, con excepción de los productos para fumar o mascar, constituidos total o parcialmente por tabaco en forma de polvo, de partículas finas o en cualquier combinación de esas formas, en particular los presentados en sobres de dosis o en sobres porosos, o con un aspecto que sugiera un producto comestible». El producto en cuestión parece entrar en esta categoría, ya que, según la información de que dispone la Comisión, está fabricado con tabaco en polvo comprimido para que se disuelva en la boca. La Directiva requiere que los Estados miembros prohíban la comercialización del tabaco para uso oral; sin embargo, se ha concedido a Suecia una excepción a la mencionada prohibición.

Si se confirma que el producto contiene tabaco, y si su finalidad no es masticarlo sino que se disuelva en la boca, su comercialización queda prohibida en todos los Estados miembros excepto en Suecia.

Por lo que se refiere al etiquetado, de conformidad con el artículo 4 de la Directiva, los productos del tabaco para uso oral cuya comercialización esté autorizada deben llevar la siguiente advertencia sanitaria: «Este producto del tabaco puede ser nocivo para su salud y crea adicción».

Su Señoría puede estar segura de que la Comisión seguirá con mucha atención los acontecimientos en este sector y de que tomará todas las medidas a su alcance para preservar la salud pública.

----

(1)DO L 194 de 18.7.2001.

----

----

(2004/C 88 E/0593)

PREGUNTA ESCRITA P-3445/02

de Wolfgang Ilgenfritz (NI) a la Comisión

(27 de noviembre de 2002)

Asunto:   Arrendamiento financiero (leasing) de turismos en el extranjero; traslado del lugar de prestación al interior del país; modificación de las Directivas relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios

El 10 de octubre de 2002 tuvo lugar la presentación de las conclusiones del Abogado General Geelhoed en el asunto C-155/01, sobre la tributación en concepto de autoconsumo en el caso del «leasing» de turismos en el extranjero. En su dictamen, el Abogado General se adhiere a la opinión de la denunciante, según la cual la tributación en concepto de autoconsumo (subapartado 2 del apartado 1 del artículo 1 de la Ley del impuesto sobre el volumen de negocios austríaca) en dicho caso es contraria a las disposiciones de la Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados Miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios. Para ello se basa en el apartado 1 del artículo 9 de la Directiva, donde se establece que, en el caso del arrendamiento de vehículos, los servicios se considerarán prestados en el lugar donde esté situada la sede de la actividad económica de quien los preste.

Según informaciones proporcionadas por el Ministerio de Hacienda austríaco (BMF), se prevé modificar la Directiva relativa a los impuestos sobre el volumen de negocios de modo que los servicios se consideren prestados no en el lugar donde esté situada la sede de la sociedad de arrendamiento financiero, sino en el lugar de la sede de la empresa en la que se utilice el turismo.

¿Puede indicar la Comisión si está a favor de que se modifique la Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados Miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios, en virtud de la cual el lugar de prestación se traslada de la sede de la sociedad de arrendamiento financiero a la sede de la empresa en la que se utiliza el turismo?

En caso afirmativo, ¿cuándo tendrá lugar la mencionada modificación?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(7 de enero de 2003)

La Comisión presentó en junio de 1998 una propuesta de directiva (1) destinada a sustituir el procedimiento de devolución de la Octava Directiva del IVA (2) por un sistema de deducción transfronteriza del IVA abonado en otro Estado miembro. Según esta propuesta, los sujetos pasivos pueden recuperar el IVA directamente en la declaración del IVA que presentan en el Estado miembro de establecimiento con arreglo a las normas sobre el derecho a la deducción de ese Estado miembro. La Comisión considera que la adopción de esta propuesta solventaría los problemas que tiene Austria con el arrendamiento de vehículos de motor.

A pesar del amplio apoyo con que cuenta la propuesta en el Parlamento Europeo y el Comité Económico y Social, el Consejo todavía no la ha adoptado por unanimidad.

En el Consejo Ecofin del 4 de junio de 2002, el Consejo tomó nota de la intención de la Presidencia de reanudar las conversaciones sobre la deducción transfronteriza del IVA y la armonización del derecho a deducir el IVA en el caso de los vehículos de turismo, así como también el propósito de la Comisión de dar prioridad a la labor de revisión del artículo 9 de la Sexta Directiva del IVA (3), que se refiere al lugar de prestación de los servicios.

Tras una consulta inicial a los Estados miembros, la Comisión ha llegado a la conclusión de que debe centrar su actividad futura en la modernización de las normas relativas al lugar de suministro de servicios entre empresas (B2B), incluido el arrendamiento transfronterizo de medios de transporte. Una de las alternativas que se discutirán con los Estados miembros es la modificación de la Sexta Directiva del IVA, tal y como ha propuesto Su Señoría.

La Comisión espera poder elaborar propuestas de modificación del artículo 9 de la Sexta Directiva del IVA durante el año 2003.

----

(1)DO C 219 de 15.7.1998.

(2)  Octava Directiva 79/1072/CEE del Consejo, de 6 de diciembre de 1979, en materia de armonización de las legislaciones de los Estados Miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Modalidades de devolución del Impuesto sobre el valor añadido a los sujetos pasivos no establecidos en el interior del país (DO L 331 de 27.12.1979).

(3)  Sexta Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, en materia de armonización de las legislaciones de los Estados Miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido: base imponible uniforme (DO L 145 de 13.6.1977).

----

----

(2004/C 88 E/0594)

PREGUNTA ESCRITA E-3512/02

de Herman Vermeer (ELDR) a la Comisión

(10 de diciembre de 2002)

Asunto:   Problemática de reconocimiento mutuo en el puerto de Amberes en relación con los visados concedidos por un Estado signatario de Schengen

A partir del 1 de octubre de 2002 se ha ampliado la lista Vision en el puerto de Amberes. Las nacionalidades incluidas en dicha lista Vision se suelen anunciar a través de un denominado impreso STVZ. Las personas que tengan una nacionalidad que figura en esta lista Vision no pueden continuar su viaje dentro de uno de los Estados signatarios de Schengen. Lo que sí pueden es volver desde Bélgica a su país de origen o ser trasladadas a países no signatarios de Schengen, como el Reino Unido o Suiza. La norma también se aplica en sentido inverso. Los miembros de la tripulación que tengan una nacionalidad que figura en esta lista Vision y que deseen entrar en Bélgica a través de Amsterdam (Schiphol), Francfort o París no pueden pasar por la frontera belga para enrolarse en su buque atracado en un puerto belga. Por lo tanto, se les obliga a llegar directamente a Bélgica o a través de países no signatarios de Schengen, como Suiza y Gran Bretaña. La consecuencia de esta obligación de registro es que la policía fronteriza belga ya no reconoce los visados concedidos por un socio de Schengen. En mi opinión, esto no es compatible con los acuerdos concluidos dentro de los países signatarios de Schengen y por parte de dichos países.

¿Podría la Comisión, como órgano de vigilancia del Acuerdo de Schengen, examinar y explicar exhaustivamente este asunto? ¿Hasta qué punto permite el Acuerdo de Schengen la elaboración de una lista Vision por las autoridades belgas? ¿Cuáles son los criterios de las autoridades belgas para incluir a un país en esta lista? ¿Por qué motivos pueden entrar directamente en Bélgica las nacionalidades que figuran en esa lista o a través de Estados no signatarios de Schengen? ¿Constituye esta lista Vision ampliada posiblemente una medida encubierta de ayuda al aeropuerto nacional de Bruselas? ¿Podría la Comisión aclarar esta cuestión?

Respuesta complementaria del Sr. Vitorino en nombre de la Comisión

(2 de julio de 2004)

Tras estudiar la información remitida por las Autoridades competentes, la Comisión tiene a bien someter a Su Señoría la siguiente información complementaria:

----

(1)DO L 64 de 7.3.2003.

----

----

(2004/C 88 E/0595)

PREGUNTA ESCRITA E-3753/02

de Kathleen Van Brempt (PSE) a la Comisión

(20 de diciembre de 2002)

Asunto:   Impuesto sobre el queroseno

Desde hace varios años, la Comisión recibe preguntas parlamentarias sobre la introducción de un impuesto sobre el queroseno. La Comisión responde cada vez que está a favor de dicha introducción, pero que no consigue llegar a un acuerdo a nivel internacional. Esto hace que pasen los años sin que se tome iniciativa alguna.

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(5 de febrero de 2003)

Respecto de la actual exención obligatoria de los impuestos especiales armonizados sobre los aceites minerales utilizados como carburante para la navegación aérea (con exclusión de la aviación privada de recreo), la Comisión precisa lo siguiente:

----

(1)DO C 382 de 18.12.1996.

(2)DO C 139 de 6.5.1997.

(3)  COM(2000) 110 final.

----

----

(2004/C 88 E/0596)

PREGUNTA ESCRITA E-3801/02

de Jules Maaten (ELDR) a la Comisión

(7 de enero de 2003)

Asunto:   Impuestos sobre el tabaco para cigarrillos de hierbas medicinales

En referencia a las respuestas de la Comisión de 23 de abril de 2002 (E-0721/02 (1)) a las preguntas formuladas por Jules Maaten, desearía plantear las siguientes preguntas.

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(24 de febrero de 2003)

----

(1)DO C 277 E de 14.11.2002, p. 81.

----

----

(2004/C 88 E/0597)

PREGUNTA ESCRITA P-3926/02

de Niels Busk (ELDR) a la Comisión

(9 de enero de 2003)

Asunto:   Impuesto de producción en Francia

En relación con mi pregunta P-2720/01 (1), ¿puede la Comisión precisar qué medidas se han adoptado a este respecto y en qué se han basado?

¿Puede igualmente la Comisión indicar para cuándo se espera una solución?

Respuesta complementaria del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(29 de agosto de 2003)

Como complemento a su primera respuesta, la Comisión le puede informar de lo siguiente. A raíz de un primer examen del asunto, la Comisión decidió, con fecha de 9 de julio de 2003, incoar un procedimiento formal de investigación, según lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 88 del Tratado CE, en relación con las cuotas francesas en favor de la asociación nacional interprofesional del ganado y las carnes (Interbev).

Su Señoría puede enterarse de los pormenores de este procedimiento gracias a la publicación que se hará próximamente en el Diario Oficial de la Unión Europea. La Comisión se esforzará en tomar una decisión en un plazo de 18 meses a partir de la apertura de dicho procedimiento y no dejará de informar a Su Señoría del resultado final de su investigación.

----

(1)DO C 93 E de 18.4.2002, p. 179.

----

----

(2004/C 88 E/0598)

PREGUNTA ESCRITA P-0020/03

de Claude Moraes (PSE) a la Comisión

(10 de enero de 2003)

Asunto:   Discriminación según castas en la India

Los dalits, antiguamente denominados intocables, sufren toda forma de discriminación concebible. Están clasificados por debajo del grupo inferior del sistema social de castas de la India y no se les permite convivir o casarse con miembros de familias de castas superiores, ni siquiera beber de la misma agua que ellos. El 10 de octubre de 2002, en la tercera cumbre UE-India, la UE emitió una declaración junto con la India en la que se afirmaba un compromiso mutuo para fortalecer los derechos humanos y mantener un diálogo bilateral continuo sobre esta cuestión. Pocos días después de la declaración citada, cinco dalits fueron muertos a golpes por miembros de castas superiores por haber despellejado vacas muertas (actividad con la que se ganan la vida), debido a rumores de que habían sacrificado los animales ilegalmente. Este incidente es consecuencia de las tensiones entre castas y la continuada discriminación según castas que han caracterizado la vida en zonas rurales de la India.

¿Qué medidas concretas contempla adoptar la UE para ejercer presión sobre las autoridades indias con el fin de que cesen la discriminación y represión ampliamente extendidas que sufren las castas oprimidas de la India?

¿No coincide la Comisión en que debería promoverse en mayor medida el debate en la UE con el fin de abordar de manera suficiente el asunto de la discriminación según castas y otras formas afines de discriminación? ¿Qué iniciativas es probable que se emprendan en este sentido?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(30 de enero de 2003)

La Comisión tiene conocimiento de los numerosos casos de discriminación de castas que, lamentablemente, siguen produciéndose en la India moderna. No obstante, se han logrado importantes avances. Por ejemplo, el primer ministro del Estado más poblado de la India (Uttar Pradesh) es una mujer dalit, algo que hubiera sido inconcebible hace no mucho tiempo.

Como lo señala acertadamente Su Señoría, en la declaración conjunta a la prensa realizada en la Cumbre UE-India de Copenhague se reitera el firme compromiso de ambas partes de mantener un diálogo sobre derechos humanos. Ese empeño ya se realiza en todas las reuniones de alto nivel entre la UE y la India.

Sin embargo, conviene recordar que la India es una democracia en la que rige el imperio de la ley y la prensa es libre y activa. El debate interno es el vehículo más importante del cambio en este campo. Además, la India tiene el programa de discriminación positiva más amplio y antiguo. Se reservan no sólo puestos de trabajo en la administración o en las universidades a las personas según la casta sino también 85 de los 535 escaños del Parlamento a los dalits.

Desde un punto de vista más pragmático, la Comisión financia numerosos proyectos en la India dentro de la Iniciativa Europea para los Derechos Humanos y la Democracia; varios de esos proyectos se dirigen a los dalits y a otras comunidades privadas de derechos políticos.

Además, la Comisión contribuye al sistema educativo de la India con una subvención de 200 millones de euros. La Comisión está firmemente convencida de que ayudando a la India a conseguir su objetivo de desarrollo del milenio consistente en la educación primaria para todos, centrándose en los niños «a los que es difícil llegar», como los niños dalit y de entorno tribal, los dalits tendrán mayores oportunidades de ocupar puestos en todos los niveles de la sociedad india.

----

----

(2004/C 88 E/0599)

PREGUNTA ESCRITA E-0079/03

de Margot Keßler (PSE) a la Comisión

(23 de enero de 2003)

Asunto:   Situación de las personas con discapacidad psíquica en los países candidatos

Según informe la «European Association of Societies of Persons with Intellectual Disability and their Families», conocida como «Inclusion Europe», la situación de las personas con discapacidad psíquica es preocupante en muchos de los futuros Estados miembros. La situación ha mejorado en algunos lugares desde 1989 para los niños con dichas discapacidades, pero no para los adultos. Las condiciones descritas en el informe de Amnistía Internacional «Bulgaria: Maltrato y detención arbitraria de personas con discapacidad mental» publicado en 2002, son un ejemplo de ello. La existencia de estas personas está marcada a menudo por el aislamiento, la invasión de su privacidad y la falta de atenciones.

Respuesta del Comisario Verheugen en nombre de la Comisión

(28 de febrero de 2003)

Los derechos de las personas con discapacidad intelectual son derechos humanos que la Comisión toma muy seriamente. Por lo tanto la Comisión supervisó la situación de las personas con discapacidad en los países candidatos a través de informes anuales sobre el progreso de cada país candidato.

Más específicamente, la situación de las personas con discapacidad se evaluó en los informes periódicos 2002, adoptados por la Comisión el 9 de octubre de 2002 (1), para Bulgaria, Chipre, la República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia y Turquía. En la mayoría de los casos se ha subrayado la necesidad de progresos sustanciales ulteriores.

En su comunicación recientemente adoptada sobre un instrumento jurídicamente vinculante de la ONU para promover y proteger los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad (2), la Comisión establece su apoyo total a la elaboración de tal instrumento y declara que incluso si no hay duda de que las normas generales sobre derechos humanos se aplican a las personas con discapacidad, hay pruebas amplias de que se enfrentan a la falta de disfrute efectivo igual de sus derechos. Observa que mientras que esta situación se ha resaltado en el contexto internacional, está también reflejada en los países europeos.

Además, la no discriminación y la mejora de la situación de las personas con discapacidad concuerda también con los principios reconocidos por la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (artículos 21 y 26).

La Comisión pondrá en marcha un estudio de la situación en los Estados miembros presentes y futuros. Los resultados finales se esperan para mediados del 2005.

Sobre la base del artículo 13 del Tratado CE, el Consejo adoptó la Directiva 2000/78/CE, de 27 de noviembre de 2000, que establece un marco general para la igualdad de trato en el empleo (3), que prohíbe la discriminación, directa o indirecta, contra una persona con una incapacidad. Además obliga a los empresarios a tomar medidas apropiadas para permitir que las personas con discapacidad participen en el empleo, a menos que esto constituyera una carga desproporcionada para la empresa. La Directiva forma parte del acervo comunitario, que tendrá que ser transpuesto por los países candidatos en la fecha de adhesión.

La Comisión considera que el Año Europeo de las Personas con Discapacidad, el 2003, debería ayudar a aumentar la conciencia y se anima a los países candidatos a preparar acciones nacionales adecuadas. Varios países candidatos están planeando acontecimientos nacionales en este contexto.

También se han dado los pasos necesarios para permitir la participación de los países candidatos en el programa comunitario contra la discriminación, que prevé la promoción de medidas para combatir la discriminación basadas, entre otras cosas, en la incapacidad. Hay también un programa específico de ayuda en este ámbito financiado por PHARE.

La mejora de la situación de las personas con discapacidad intelectual requeriría el desarrollo de políticas coordinadas e integradas y estrategias. Implicaría la mejora de la infraestructura de asistencia social, la integración de una perspectiva de incapacidad en todos los sectores pertinentes de formulación política, la promulgación de una legislación antidiscriminación completa y una sensibilización del público.

La Comisión continuará apoyando los preparativos para la adhesión en el campo de la no discriminación. Por otra parte, teniendo en cuenta la aplicación apropiada de las directivas pertinentes de la Comisión sobre no discriminación, la Comisión ha puesto en marcha un estudio para examinar la situación en los países candidatos con respecto a las disposiciones legales a nivel nacional relativas a la discriminación por razones de, entre otras cosas, incapacidad. Los resultados finales se esperan en junio de 2003.

----

(1)  COM(2002) 700 final.

(2)  COM(2003) 16 final.

(3)DO L 303 de 2.12.2000.

----

----

(2004/C 88 E/0600)

PREGUNTA ESCRITA E-0113/03

de Mogens Camre (UEN) a la Comisión

(28 de enero de 2003)

Asunto:   Trabajadores migrantes de los nuevos Estados miembros

En relación con la próxima ampliación de la UE, diversos centros de investigación europeos han intentado calcular cuántos trabajadores migrantes los actuales Estados miembros pueden esperar de los diez nuevos países. La Comisión Europea ha hecho un resumen de las investigaciones más exhaustivas en su nota informativa «La libre circulación de trabajadores en el contexto de la ampliación», de 6 de marzo de 2001. En esta nota se concluye que la mayor parte de los trabajadores migrantes se concentrará en Alemania y Austria.

Estas investigaciones son, sin embargo, incompletas ya que no tienen en cuanta que tanto para Alemania como para Austria existe un período transitorio de siete años. Por otra parte, las primeras investigaciones tampoco tienen en cuenta que la CE/UE nunca se ha ampliado a tantos países con un nivel de bienestar bajo. Estas investigaciones se refieren por regla general a la adhesión en los años 80 de España, Portugal y Grecia y señalan que nivel de bienestar en estos países era más bajo que el de los otros países miembros. Además, no se tiene en cuenta que los entonces países miembros de la CE establecieron períodos transitorios para la libre circulación de trabajadores procedentes de los nuevos países miembros.

El 9 de noviembre de 2002, la revista Ugebrevet A4 publicó una encuesta Gallup que mostró que 150 000 polacos y 70 000 estonios prevén buscar trabajo en Dinamarca desde el momento en que estos países se adhieran a la UE. Esta es la primera investigación que se publica en Dinamarca que tiene en cuenta que Alemania y Austria establecen un período transitorio de siete años en relación con la libre circulación de trabajadores. Estas cifras son muy diferentes a las de las investigaciones, que, como se ha dicho, no tienen en cuenta el período transitorio de Alemania y Austria.

¿Puede la Comisión proporcionar una previsión de las consecuencias que tendrá en el número de trabajadores migrantes procedentes de los nuevos Estados miembros el hecho de que Alemania y Austria han proclamado que van a establecer un período transitorio de siete años, de manera que los trabajadores de los nuevos Estados miembros no puedan solicitar trabajo en estos países en los siete primeros años de adhesión? ¿Puede la Comisión incluir en su respuesta un previsión sobre cuántos trabajadores migrantes que habrían solicitado trabajo en los dos países citados lo van a solicitar en otros de los actuales Estados miembros?

Respuesta del Comisario Verheugen en nombre de la Comisión

(28 de febrero de 2003)

La Comisión ha estudiado cuidadosamente toda la información científica disponible relativa a los flujos potenciales de inmigración desde países candidatos tras la adhesión y también ha encargado un estudio a un grupo de institutos de investigación independientes. Además ha preparado la nota informativa mencionada por Su Señoría («La libre circulación de trabajadores en el contexto de la ampliación»), cuyo propósito es proporcionar información efectiva así como las opciones para un debate de orientación sobre este problema en el contexto de las negociaciones de adhesión. La nota tomó completamente en consideración los precedentes de las adhesiones de España y Portugal. Con toda la información disponible la Comisión concluyó que los flujos de inmigración difícilmente pueden predecirse con métodos científicos y que las pruebas históricas comparables son raras. Mientras que la experiencia previa muestra que la supresión de las barreras a la libre circulación en el caso de la adhesión de los países meridionales tuvo solamente un impacto moderado, la Comisión tuvo en cuenta explícitamente la gran diferencia de renta entre los actuales Estados miembros y los países candidatos así como el hecho de que el diferencial de renta es más amplia que en cualquier otra ronda de ampliación y que Alemania y Austria parecen estar más afectadas. Como consecuencia la Comisión aconsejó que el Consejo siguiera un planteamiento prudente pero flexible en las negociaciones de ampliación y presentó un acuerdo transitorio para todos los países candidatos, que fue aceptado y forma ahora parte del tratado de adhesión. Este acuerdo transitorio permite a todos los Estados miembros actuales controlar y regular el acceso de trabajadores de los nuevos Estados miembros a sus mercados laborales nacionales con arreglo a sus normas nacionales por un máximo de siete años. En consecuencia no se pone a ningún Estado miembro actual en una posición en que es incapaz de responder completamente a sus propias necesidades. La única disposición que es específica a Alemania y Austria indica que ambos tienen derecho a aplicar medidas de acompañamiento nacionales para hacer frente a disturbios graves o amenazas de disturbios, en sectores de servicios sensibles y específicos (como la construcción o la limpieza industrial) en sus mercados laborales, que podían producirse en ciertas regiones debido a la prestación transfronteriza de servicios con envío de trabajadores.

Por el momento la Comisión no ha recibido ninguna información oficial de los Estados miembros actuales sobre cómo se proponen aplicar el acuerdo transitorio después de la adhesión. Sin embargo, una declaración incorporada en el tratado de adhesión declarará que los Estados miembros actuales se esforzarán en conceder un creciente acceso al mercado laboral conforme al derecho nacional, con objeto de acelerar la aproximación al acervo, e incluso a estimular la mejora del acceso antes de la adhesión.

Puesto que cada Estado miembro tiene la oportunidad de elegir hasta qué punto desea liberalizar la libre circulación de trabajadores con respecto a los nuevos Estados miembros, la Comisión no está todavía en condiciones de evaluar los efectos de las políticas de los Estados miembros en los mercados laborales de otros Estados miembros. Por otra parte, incluso si las políticas de inmigración de determinados Estados miembros durante los períodos transitorios fueran conocidas, no existirían datos comparables sobre bolsas y flujos de inmigración para todos los Estados miembros o solamente existirían para períodos cortos de tiempo, lo que dificultar seriamente la evaluación de modelos econométricos en la UE-15. Finalmente, el impacto de la ampliación misma no puede calcularse en esta fase porque la ampliación consolidará otras posibilidades de crecimiento y empleo en los futuros Estados miembros y experiencias previas sugieren que la gente no emigra o puede incluso regresar a su país de origen después de la adhesión de éste a la Unión.

La Comisión no considera las encuestas de opinión como instrumento conveniente para una evaluación cuantitativa del potencial de inmigración. Las respuestas son generalmente subjetivas e indican intenciones, no elecciones. Esta es una de las lecciones de la encuesta socioeconómica de Alemania (GSOEP), donde cada año se pide a la población de Alemania del Este si tienen previsto mudarse a Alemania Occidental. Los resultados muestran que sólo alrededor del 5 % de quienes, a principios de los años 90, manifestaron su intención de trasladarse a Alemania Occidental así lo habían hecho cinco años más tarde.

----

----

(2004/C 88 E/0601)

PREGUNTA ESCRITA E-0130/03

de Margrietus van den Berg (PSE) a la Comisión

(28 de enero de 2003)

Asunto:   Aplicación del apartado 6 de la Declaración de Doha relativa al acuerdo sobre los ADPIC y la salud pública

En el apartado 6 de la Declaración de Doha se indica que « ... el Acuerdo sobre los ADPIC no impide ni deberá impedir que los Miembros adopten medidas para proteger la salud pública» y que «dicho Acuerdo ADPIC puede y deberá ser interpretado y aplicado de una manera que apoye el derecho de los Miembros de la OMC de proteger la salud pública y, en particular, de promover el acceso a los medicamentos para todos.»

En la letra b) del apartado 5 de la Declaración se reitera asimismo que cada Miembro de la OMC tiene el derecho de conceder licencias obligatorias y la libertad de determinar las bases sobre las cuales se conceden tales licencias.

¿No considera la Comisión que ni la Declaración de Doha ni el Acuerdo sobre los ADPIC restringen la aplicación de esos principios a determinados tipos de problemas de salud pública, con exclusión de otros, ni limitan su elegibilidad a determinados tipos de países?

¿No considera la Comisión que el objetivo del apartado 6 de la Declaración de Doha es asegurar que los Miembros de la OMC que no poseen una capacidad adecuada de producción puedan beneficiarse plenamente de las disposiciones de esa Declaración, al igual que los Miembros de la OMC que sí poseen tal capacidad?

¿No reconoce la Comisión, por consiguiente, que la imposición de restricciones, tanto nuevas como adicionales, a la interpretación del apartado 6 violaría el espíritu de la Declaración de Doha y que los países en desarrollo podrían considerarla razonablemente una prueba de «mala fe»?

Respuesta del Sr. Lamy en nombre de la Comisión

(25 de febrero de 2003)

La declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) y la salud pública confirmó y clarificó las facilidades existentes en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC, especialmente por lo que se refiere a las licencias obligatorias y la importación paralela, y reafirmó la importancia de los artículos 7 y 8 del Acuerdo sobre los ADPIC en su interpretación. Tiene un valor legal importante en la medida en que sirve de guía para la interpretación del Acuerdo sobre los ADPIC.

El párrafo 6 de la Declaración trata un problema que no pudo resolverse en Doha y para el cual el Acuerdo sobre los ADPIC no proporciona una solución ad hoc. Por tanto, en términos estrictos, el párrafo 6 no trata sobre la aplicación de la Declaración de Doha. La Declaración puede ser aplicada en sí misma por todos los miembros sin necesidad de otros instrumentos jurídicos internacionales. El párrafo 6 trata sobre la inclusión de una mayor flexibilidad en el Acuerdo ADPIC y la Declaración Doha. Se pretende crear nuevas posibilidades conforme al Acuerdo para resolver los problemas de los países sin capacidad de fabricación en el sector farmacéutico, permitiendo que tengan un acceso efectivo a la licencia obligatoria.

La diferencia principal con la licencia obligatoria según lo previsto en el Acuerdo sobre los ADPIC es que la producción tiene lugar en un país y que la totalidad de la misma se exporta a otro país (de acuerdo con las normas actuales de los ADPIC, la producción y el consumo de una parte substancial de la producción debe tener lugar en el mismo país). Por lo tanto, las condiciones impuestas al uso de tales permisos deben adaptarse a esta realidad. En consecuencia, no se trata de imponer restricciones adicionales y complejas, sino adaptar las condiciones a las circunstancias existentes. Esto es lo que se ha hecho en el caso del proyecto de Decisión de 16 de diciembre de 2002 (1), que contiene unas salvaguardias mínimas contra la desviación del comercio y que, por otra parte, especifica (según lo propuesto por la Unión) que tales medidas deben ser proporcionadas a las capacidades administrativas de los países concernidos. Este acuerdo, aprobado por todos los miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) (menos uno), y que efectivamente permitiría a los países sin capacidad de fabricación beneficiarse de las licencias obligatorias, respeta completamente el espíritu de la Declaración de Doha.

Como Su Señoría sabe, la Unión aprobó en su totalidad el texto del 16 de diciembre de 2002, incluido el aspecto relativo a las enfermedades en referencia al párrafo 1 de la Declaración de Doha. La Comisión lamenta que los Estados Unidos no se adhirieran al consenso y la Unión continuará sus esfuerzos para conseguir una solución multilateral cuanto antes. No puede aceptar que estas negociaciones terminen en fracaso. Los miembros de la OMC se han comprometido en Doha a encontrar una solución multilateral, así que este compromiso debe mantenerse. Con este fin, la Unión ha tomado recientemente la iniciativa de proponer que se recurra a la Organización Mundial de la Salud para garantizar la flexibilidad en la aplicación del sistema en la línea marcada por el espíritu de la Declaración de Doha.

----

(1)  Proyecto de Decisión del Presidente del Consejo ADPIC de la OMC (referencia: JOB (02) 217).

----

----

(2004/C 88 E/0602)

PREGUNTA ESCRITA E-0170/03

de Bob van den Bos (ELDR) a la Comisión

(29 de enero de 2003)

Asunto:   Bangladesh

El 21 de noviembre de 2002 el Parlamento Europeo aprobó una resolución de urgencia sobre Bangladesh al hilo de las informaciones recibidas sobre supuestas violaciones de los derechos humanos en el marco de la operación «Clean Heart» llevada a cabo por las FF.AA. de Bangladesh y el aparente deterioro del respeto de los derechos humanos en ese país.

En la resolución del Parlamento Europeo se «pide a la Comisión que intervenga ante el Gobierno de Bangladesh en el marco del Acuerdo de cooperación Unión Europea-Bangladesh para garantizar que cesan las violaciones (y) se protegen los derechos humanos». ¿Podría informarnos la Comisión de las gestiones que ha realizado hasta el momento a tal efecto?

¿Qué otras medidas proyecta adoptar para animar al Gobierno de Bangladesh a respetar los derechos humanos en su país?

----

----

(2004/C 88 E/0603)

PREGUNTA ESCRITA E-0242/03

de Nirj Deva (PPE-DE) a la Comisión

(4 de febrero de 2003)

Asunto:   Derechos humanos en Bangladesh

¿Es cierto que, desde las elecciones de 2001, el Gobierno de Bangladesh ha fomentado un régimen de terror? Amnistía Internacional, entre otros, afirma que los asesinatos se han convertido en moneda corriente, que se ha limitado la libertad de prensa y que se ha concedido impunidad al ejército por las acciones cometidas durante la Operación Corazón Limpio (16 de octubre de 2002 a 9 de enero de 2003).

¿Qué medidas propone la Comisión para asegurar que se pondrá fin a dicha impunidad y que se hará comparecer ante la justicia a las personas acusadas de graves violaciones de los derechos humanos?

Respuesta común

a las preguntas escritas E-0170/03 y E-0242/03

dada por el Sr. Patten en nombre de la Comisión

(25 de febrero de 2003)

En la sesión del Parlamento del 21 de noviembre de 2002, la Comisión expresó la honda preocupación de la Unión por la situación de los derechos humanos en Bangladesh, el deterioro en el cumplimiento de la ley y el orden en el país y los continuos informes sobre torturas y muertes en las cárceles tras el lanzamiento de la operación Clean Heart. Sólo recientemente, el miembro de la Comisión responsable de las relaciones exteriores ha remitido al Ministro de Finanzas del Gobierno de Bangladesh su inquietud sobre la decisión del mismo de conceder la inmunidad de los cuerpos de policía que han participado en los actos cometidos durante la operación. Exhortó al Gobierno de Bangladesh a poner en marcha una investigación completamente transparente sobre las muertes durante el tiempo de encarcelamiento, según lo prometido anteriormente por el primer ministro Khaleda Zia, y garantizar que iniciarán las debidas actuaciones judiciales contra los policías responsables de las violaciones de los derechos humanos.

El artículo 1 del Acuerdo de Cooperación entre la Comunidad y la República Popular de Bangladesh sobre colaboración y desarrollo (1), establece que el respeto de los derechos humanos y los principios democráticos tal como vienen fijados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos es parte integrante de las políticas nacionales e internacionales de la Unión y de Bangladesh y constituye un elemento esencial del Acuerdo. Sobre esta base, la Unión ofrece al Gobierno y a la sociedad civil de Bangladesh un diálogo constructivo y global sobre los derechos humanos, la democracia y los problemas de gobernanza. Un elemento de este proceso de colaboración con el Gobierno de Bangladesh es la próxima reunión del subgrupo especializado de la Comisión conjunta sobre derechos humanos y gobernanza.

Además, el Programa Indicativo Nacional 2003-2005 para Bangladesh, el cual ha sido suscrito por el Gobierno de Bangladesh, prevé una cantidad de 9 millones de eurospara la promoción de la democracia y los derechos humanos.

Finalmente, la Comisión desearía señalar que participa activamente en el grupo local de asesoría en Dhaka, así como en el Foro sobre desarrollo de Bangladesh, los cuáles constituyen plataformas para trasladar las preocupaciones comunitarias sobre los derechos humanos y la democracia al Gobierno de Bangladesh y para trabajar con él sobre estos problemas.

----

(1)DO L 118 de 27.4.2001.

----

----

(2004/C 88 E/0604)

PREGUNTA ESCRITA P-0176/03

de Ilda Figueiredo (GUE/NGL) a la Comisión

(24 de enero de 2003)

Asunto:   Consecuencias de la liberalización de la agricultura a nivel mundial

En la edición de la Agence Europe del 6 de noviembre de 2002 se señala la existencia de un estudio realizado por la Comisión sobre las consecuencias de la liberalización completa del comercio agrario a nivel mundial para la agricultura de los países de la Unión Europea.

En la noticia se destaca que el Comisario Pascal Lamy indicó que tal liberalización significaría la eliminación de cerca del 85 % de las explotaciones agrarias de los países de la Unión Europea, recayendo el peso obviamente sobre las pequeñas y medianas explotaciones familiares. Es evidente que tal evolución significaría el fin de la agricultura de los países de la Unión Europea, de su soberanía alimentaria y de su equilibrio territorial.

Hay que señalar, además, la contradicción que implica que en el momento en que los Estados Unidos de América deciden reforzar la ayuda a sus productores agrarios, la Unión Europea decide tomar medidas para reducir las ayudas a sus propios productores agrarios.

¿Puede facilitarme la Comisión los datos en que se basa el estudio de referencia, así como sus conclusiones?

Respuesta del Comisario Lamy en nombre de la Comisión

(27 de febrero de 2003)

El artículo del 6 de noviembre de 2002 de la Agence Europe no hace referencia a un estudio específico de la Comisión, según sugiere Su Señoría. Dada la naturaleza especial de la agricultura como fuente de alimentos y otros beneficios, una liberalización súbita y completa del comercio agrícola mundial, según algunos lo piden, no puede aceptarse. Una liberalización tan completa tendría ciertamente implicaciones graves para la continuidad de la agricultura europea en términos sociales, económicos y ambientales. Los números citados en el artículo son un ejemplo.

Dicho esto, la UE persigue los objetivos reflejados en la declaración de Doha, que prevé negociaciones destinadas a, entre otras cosas, «mejoras sustanciales en el acceso al mercado». La UE negociará sobre dicha base.

----

----

(2004/C 88 E/0605)

PREGUNTA ESCRITA P-0207/03

de Daniel Hannan (PPE-DE) a la Comisión

(27 de enero de 2003)

Asunto:   Referéndum en Malta

¿Puede indicar la Comisión a cuánto asciende la cantidad de dinero comunitario proveniente de información o de otros fondos enviada a Malta antes del referéndum? ¿Qué cantidad de dinero ha asignado la Comisión, en general, para la celebración de referendos en los países candidatos a la adhesión?

Respuesta del Sr. Verheugen en nombre de la Comisión

(14 de febrero de 2003)

El importe total de los fondos preadhesión asignados por la Comunidad a Malta entre 2000 y 2004 asciende a 38 millones de euros, con arreglo al Reglamento (CE) no 555/2000 del Consejo, de 13 de marzo de 2000, relativo a la aplicación de medidas en el marco de la estrategia de preadhesión para la República de Chipre y la República de Malta (1). Sin embargo, 2 millones de euros, que habían sido asignados para 2004, no se comprometerán porque se prevé que la adhesión de Malta tendrá lugar en 2004. Por tanto, Malta habrá recibido en la práctica 36 millones de euros de ayudas preadhesión. De esta cantidad, 0,7 millones de euros han sido asignados a actividades relacionadas con la información.

Con respecto a los referendums en otros países candidatos, el artículo 49 del Tratado de la Unión Europea establece que el Tratado de Adhesión «se someterá a la ratificación de todos los Estados contratantes, de conformidad con sus respectivas normas constitucionales». La responsabilidad de organizar un referendum compete a las autoridades pertinentes del país de que se trate. La Comisión no financia la organización de los referendums o las campañas asociadas con ellos en ningún país candidato, ni participa de ninguna otra manera. La Comisión aplica una estrategia de comunicación para la ampliación en todos los Estados miembros y países candidatos. La estrategia está en gran parte descentralizada. En los países candidatos de la Europa central, se financia con el presupuesto de Phare y es aplicada por la Delegación de la Comisión. Los detalles sobre la financiación exacta de los programas globales e individuales y la aplicación en la práctica de la estrategia de comunicación pueden consultarse en las actualizaciones periódicas que aparecen en el sitio web de la Comisión, en la dirección: http://europa.eu.int/comm/enlargement/commu-nication/index.htm.

----

(1)DO L 68 de 16.3.2000.

----

----

(2004/C 88 E/0606)

PREGUNTA ESCRITA E-0208/03

de Patricia McKenna (Verts/ALE) a la Comisión

(3 de febrero de 2003)

Asunto:   Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios

¿Qué gestiones ha realizado la Comisión para evaluar las repercusiones del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS) en los servicios públicos de los Estados miembros?

En caso de que la Comisión no haya ordenado ninguna evaluación independiente de las repercusiones del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS) en los servicios públicos de los Estados miembros, ¿tiene la intención de hacerlo?

Respuesta del Sr. Lamy en nombre de la Comisión

(6 de marzo de 2003)

Dado el alcance del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) y la flexibilidad que éste permite a los miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) para definir sus compromisos, el AGCS no constituye una amenaza para los servicios públicos ni en la Comunidad ni en ningún otro lugar. Por consiguiente, la Comisión no ha considerado necesario ordenar una evaluación independiente según lo sugerido por Su Señoría.

En este sentido cabe recordar que los sectores público y privado se interrelacionan hoy de múltiples maneras para proporcionar servicios públicos. La medida en la que interviene el sector privado en comparación con el público depende de las tradiciones nacionales y de las condiciones legales existentes en cada país. Por ejemplo, hoy en día, el sector público presta servicios públicos de forma directa (a través de las instituciones públicas tradicionales) o indirecta (a través de empresas públicas de carácter comercial). En algunos casos los miembros encomiendan la prestación de servicios públicos a un proveedor privado al que se confieren derechos especiales o exclusivos. En otros casos los Estados miembros se basan íntegramente en el mercado privado. Además, la experiencia demuestra que en algunos sectores relacionados con la prestación de servicios públicos hay maneras de abrir tales sectores a la competencia manteniendo al mismo tiempo, y en muchos casos mejorando, la disponibilidad, calidad y asequibilidad de tales servicios. Por ejemplo, los precios de la telefonía fija de larga distancia han bajado un 49 % a raíz de la liberalización del sector de las telecomunicaciones en la Comunidad sin poner en peligro la disponibilidad y calidad del servicio. De hecho la disponibilidad de teléfonos móviles ha aumentado del 22 % al 73 % y la penetración de Internet ha aumentado del 8 % hasta un 36 % desde que el sector se abrió a la competencia. El nuevo marco regulador de las telecomunicaciones aspira a aumentar el nivel de competencia garantizando al mismo tiempo la prestación de un grupo mínimo de servicios a todos los usuarios finales a un precio asequible mediante la Directiva servicio universal (1).

El AGCS tiene plenamente en cuenta la diversidad de soluciones existentes en los Estados miembros con objeto de prestar tales servicios y les confiere total libertad a la hora de elegir el modelo para conseguirlo.

Primero, los servicios públicos que no se prestan con carácter comercial ni en competencia con uno o varios proveedores de servicio no están sujetos al acuerdo en virtud del artículo I:3 c) del AGCS.

En segundo lugar, incluso para los servicios públicos incluidos en el AGCS, los miembros de la OMC disponen de varias opciones políticas en virtud del Acuerdo, tales como:

Siempre que lo han considerado necesario, la Comunidad y otros miembros han utilizado la flexibilidad descrita anteriormente para proteger sus servicios públicos y no hay pruebas de que el AGCS haya afectado a los servicios públicos en la Comunidad.

----

(1)  Directiva 2002/22/CE del Parlamento y del Consejo del 7 de marzo de 2002 relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas, DO L 108 de 24.4.2002.

----

----

(2004/C 88 E/0607)

PREGUNTA ESCRITA E-0247/03

de Charles Tannock (PPE-DE) a la Comisión

(5 de febrero de 2003)

Asunto:   Posible incumplimiento del acuerdo de asociación de la UE

El nuevo Acuerdo de Asociación de la UE con Chile, sobre el que el Parlamento emitirá probablemente en breve su dictamen conforme, es un acuerdo de gran amplitud y muy innovador, ya que se celebra con un país no candidato. Este acuerdo será muy bien recibido a ambos lados del Atlántico.

La Comisión también ha señalado que, en su opinión, el acuerdo respeta plenamente los compromisos contraídos en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

¿Podría indicar la Comisión, sin embargo, qué mecanismos de control se han previsto para evitar que las empresas que no están domiciliadas en países que forman parte del acuerdo utilicen la Unión Europea como vía para exportar sin aranceles a Chile o utilicen Chile para exportar sin aranceles a la Unión Europea?

Respuesta del Sr. Lamy en nombre de la Comisión

(21 de febrero de 2003)

El pilar comercial del Acuerdo de asociación Unión-Chile es efectivamente uno de los acuerdos más innovadores y ambiciosos negociados nunca por la Comunidad con un país no candidato. La parte comercial del acuerdo entró en vigor (con carácter provisional) el 1 de febrero de 2003.

Según lo indicado por Su Señoría, la Comisión considera que tal acuerdo es compatible con los requisitos de la OMC, en especial el artículo XXIV del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) y el artículo V del Acuerdo General sobre Comercio y Servicios (AGCS).

Como en todos los acuerdos que comprenden una zona de libre comercio de mercancías, para beneficiarse de las preferencias arancelarias, en el momento de la exportación de un producto, éste debe considerarse como originario de la Comunidad o de Chile. Con este fin, debe cumplir con las normas de origen establecidas en un anexo específico del Acuerdo (anexo III y sus apéndices). A este respecto, cuando el producto exportado no ha sido «enteramente elaborado» en una de las dos partes, las mercancías importadas de terceros países deben haber sido sometidas a un nivel suficiente de trabajo o tratamiento de acuerdo con la regla específica de origen establecida para que el producto final sea exportado (en la práctica esto significa que no es posible exportar un producto, por ejemplo, de Brasil a Chile y reexportar el mismo producto a la Unión en virtud del trato preferente concedido conforme al Acuerdo de la Unión/Chile).

Cuando se estima que las mercancías son originarias, deben ir acompañadas en la importación por las pruebas «de origen» definidas claramente en el Acuerdo. Además, el anexo III antes mencionado contiene las disposiciones sobre la cooperación administrativa, que establecen procedimientos de verificación del origen de las mercancías que deben llevarse a cabo en colaboración entre las autoridades de las dos partes (1).

Además, los posibles conflictos en los procedimientos de verificación pueden plantearse en primer lugar ante un Comité específico (Comité especial sobre la cooperación aduanera y las normas de origen).

En definitiva, el Acuerdo de asociación incluye un mecanismo general de solución de diferencias en caso de infracción de las obligaciones previstas en el acuerdo por cualquiera de las partes. Este sistema, que es comparable al mecanismo de solución de las diferencias de la OMC, prevé el recurso a árbitros independientes, cuya decisión será obligatoria e irá acompañada de sanciones comerciales.

Conviene mencionar asimismo que el Acuerdo de asociación incluye una cláusula (artículo 82) relativa a la aplicación del trato preferente, que aborda los casos de fraude y/o la falta sistemática de cooperación administrativa relacionada con, entre otras cosas, el origen. En determinadas condiciones y circunstancias, esto puede llevar a la retirada temporal de los beneficios preferenciales.

----

(1)  El apartado 1 del artículo 31 del Anexo III establece que: «La verificación a posteriori de las pruebas de origen se efectuará al azar o cuando las autoridades aduaneras del país importador tengan dudas razonables acerca de la autenticidad de dichos documentos, del carácter originario de los productos o de la observancia de los demás requisitos del presente Anexo».

----

----

(2004/C 88 E/0608)

PREGUNTA ESCRITA P-0264/03

de Joachim Wuermeling (PPE-DE) a la Comisión

(30 de enero de 2003)

Asunto:   Discriminación contra inversores de la UE en la República Checa

Desde la apertura de las fronteras están intentando establecerse en la República Checa ciudadanos y pequeñas y medianas empresas de la UE. Con vistas a su adhesión a la UE, prevista para mayo de 2004, la República Checa ha asumido el compromiso de incorporar el acervo comunitario y asegurar un funcionamiento eficiente de la administración y del sistema judicial con el fin de cumplir los criterios de Copenhague.

¿Tiene conocimiento la Comisión de casos en que se hayan discriminado a los extranjeros procedentes de la UE frente a los nacionales de la República Checa con respecto al establecimiento de negocios y empresas de servicios?

¿Puede confirmar la Comisión que la legislación de la República Checa no contempla la posibilidad de recurrir judicialmente un acto administrativo?

¿Es verdad que el procedimiento de inscripción en el Registro Mercantil puede acortarse hasta en un año si se paga un soborno?

¿Tiene constancia la Comisión del caso del Sr. Engert, a quien se están poniendo trabas abusivas y desproporcionadas por tener una escuela de esquí en Bozi Dar?

Respuesta del Comisario Verheugen en nombre de la Comisión

(28 de febrero de 2003)

La Comisión informa a Su Señoría que la Comisión ha recibido un pequeño número de denuncias de ciudadanos o empresas de la Unión con respecto al establecimiento de negocios y la prestación de servicios en la República Checa. Sin embargo, las acusaciones de discriminación son raras y la mayor parte de las cuestiones planteadas son problemas generales ligados a las normas sobre empresas.

Considerando que la República Checa ha sido estos últimos años el mayor beneficiario de inversión directa extranjera per cápita entre los países candidatos, el número de denuncias (sobre cualquier base) es extraordinariamente pequeño.

Cualquier denuncia, cualesquiera que sean sus argumentos, se evalúa seriamente y se gestiona en función de sus características particulares. La Comisión es consciente de la existencia de imperfecciones en el marco jurídico checo para las empresas y lo ha subrayado en sus informes periódicos. El marco legislativo actual se está modificando con la nueva legislación sobre comercio (ley sobre empresas), contratación pública y quiebras, que está siendo preparada y supervisada de cerca por la Comisión con objeto de garantizar su adecuación completa a la legislación comunitaria.

No es correcto decir que el ordenamiento jurídico checo no contiene ninguna disposición sobre denuncias contra medidas tomadas por las autoridades. Todas las decisiones y otros actos de los organismos administrativos (Gobierno central o local y otras entidades que ejercen un poder público) que afectan a los derechos subjetivos y las obligaciones de las personas naturales o jurídicas están en principio sometidas a la legislación vigente, a menos que la propia ley lo determine de otro modo. Las excepciones a esta regla general en la ley 150/2002 (Recopilación sobre el Código de procedimiento de los tribunal administrativos), son relativamente pocas y sobre se refieren a información confidencial y a asuntos de seguridad del Estado (por ejemplo, decisiones sobre controles de seguridad, que son importantes para que los individuos puedan acceder a determinados puestos de la función pública).

Los tribunales civiles son competentes para controlar las decisiones de organismos administrativos que se ocupan de derecho civil, derecho de la familia, relaciones laborales y derecho mercantil (artículos 7 y 244ss. del Código de procedimiento civil), mientras que los tribunales (en principio secciones especiales de los tribunal regionales) actúan como tribunales administrativos (con arreglo al Código de procedimiento de los tribunales administrativos) tienen jurisdicción para las demás decisiones, las infracciones que no constituyen decisiones y la no adopción de medidas por cualquier entidad pública o privada que actúa como organismo administrativo (artículos 2-4 y 65ss de la ley 150/2002 Coll.).

La revisión judicial de decisiones administrativas es aún un concepto relativamente nuevo en el ambiente legal checo actual y por lo tanto aunque los textos básicos están razonablemente claros, la puesta en práctica puede ser desigual en la práctica. El Tribunal administrativo Supremo, que debe unificar la jurisprudencia de los tribunales regionales que actúan en su capacidad judicial administrativa, está empezando a funcionar.

La República Checa también tiene un Defensor del Pueblo consolidado, al que las denuncias sobre asuntos administrativos pueden presentarse.

Por lo que se refiere a la referencia de Su Señoría a sobornos, la Comisión no posee ninguna prueba material de tales alegaciones.

Se han tomado varias iniciativas para mejorar el funcionamiento del registro mercantil pero han sido de momento infructuosas. Un proyecto de ley de un parlamentario para privatizar el registro comercial (para hacerlo independiente y responsable) fue rechazado por la cámara de diputados en diciembre de 2001.

Las cuestiones relativas al registro comercial han sido planteadas constantemente por la comunidad empresarial (tanto checa como comunitaria) y las cámaras de comercio en la República Checa. La cuestión del funcionamiento eficaz de los registros mercantiles se resaltó en el informe periódico de 2002 y la Comisión sigue de cerca la situación.

Finalmente, la Comisión no es consciente del caso de Bozi Dar mencionado por Su Señoría pero estudiaría toda denuncia justificada que el Sr. Engert pudiera enviar.

----

----

(2004/C 88 E/0609)

PREGUNTA ESCRITA E-0277/03

de Brian Simpson (PSE) a la Comisión

(7 de febrero de 2003)

Asunto:   Importaciones de sosa

¿Tiene la Comisión la intención de investigar las prácticas de competencia desleal que los EE.UU. están desarrollando para la sosa en el mercado de la UE? ¿Piensa la Comisión apoyar, en el marco de la futura ronda de la OMC, el mantenimiento de los aranceles a la importación de dicho producto y garantizar que, en caso de que efectivamente haya que suprimirlos, la supresión se lleva a cabo de manera gradual y controlada?

Respuesta del Comisario Lamy en nombre de la Comisión

(10 de marzo de 2003)

Por lo que se refiere al dumping de sosa por Estados Unidos en el mercado europeo, la Comisión quiere informar a Su Señoría que los procedimientos antidumping se llevan a cabo sobre la base del Reglamento (CE) no 384/96 del Consejo, de 22 de diciembre de 1995, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea (1), que estipula que una industria de la Comunidad tiene que presentar una denuncia ante la Comisión. Esta denuncia debería incluir suficientes pruebas sobre el perjuicio y el dumping. Hasta ahora no se ha recibido tal denuncia. En caso de que dicha información llegue a la Comisión, por supuesto que se examinarán las pruebas.

Por lo que se refiere a las negociaciones multilaterales actuales conforme a la agenda de desarrollo de Doha, la Comunidad propone que todos los miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) reduzcan considerablemente todos los derechos arancelarios comprimiéndolos en una gama más baja de tarifas para eliminar los aranceles más elevados y las tarifas altas. Dado que el principal objetivo de esta ronda es el desarrollo viable y que las excepciones y una mayor protección de los sectores pueden solamente resultar en distorsiones y costes que los países en desarrollo y menos desarrollados no pueden permitirse, el mecanismo se aplicará sin proteger a ningún sector. Esto no impide que la Comunidad proponga calendarios de ejecución que están de acuerdo con nuestras sensibilidades económicas.

----

(1)DO L 56 de 6.3.1996.

----

----

(2004/C 88 E/0610)

PREGUNTA ESCRITA P-0306/03

de Hanja Maij-Weggen (PPE-DE) a la Comisión

(4 de febrero de 2003)

Asunto:   Situación de los derechos humanos en Zimbabwe

¿Está la Comisión al corriente de la amenaza con bombas incendiarias del 22 de enero de que fue víctima Amani Trust, organización no gubernamental en Zimbabwe que presta ayuda a las víctimas de la tortura? ¿Sabe también la Comisión que a consecuencia de ello Amani Trust ha tenido que suspender su actividad?

¿Está la Comisión al corriente de la situación de Job Shikala, miembro del parlamento por el MDC, Gabriel Shumba, jurista que trabaja para Forum, una organización no gubernamental de defensa de los derechos humanos, Charles Mutama, el obispo Shumba y T. Magaya? De los exámenes médicos se desprende que las cinco personas han sido objeto de torturas con corrientes eléctricas.

¿Está dispuesta la Comisión a pedir que se examine la situación de estos ciudadanos, así como la situación actual de Amani Trust y a comunicar los resultados de esta investigación a través de una respuesta a la presente pregunta?

Respuesta del Comisario Nielson en nombre de la Comisión

(7 de marzo de 2003)

La Comisión es consciente de los hechos planteados por Su Señoría, que pueden considerarse como ejemplos concretos de la degradación actual en la situación de los derechos humanos en Zimbabue. Los informes recibidos de la Delegación de la Comisión en Harare confirman los incidentes violentos cada vez mayores de origen político, algunos de los cuales son expuestos por Su Señoría.

La Unión reaccionó publicando, el 20 de febrero de 2003, una declaración que expresa su preocupación por las recientes detenciones arbitrarias, el tratamiento inhumano y la tortura de miembros de la oposición y de organizaciones civiles. La Unión invita al Gobierno de Zimbabue a poner fin a cualquier tipo de acoso, intimidación y violencia contra ellos. Exhorta al Gobierno y a todos los actores políticos a abrir un diálogo serio destinado a superar los problemas abrumadores actuales que acechan a Zimbabue en los frentes humanitario, social y económico.

El respeto de los derechos humanos, que forma parte de los elementos esenciales de Cotonú, es una de las condiciones que se controla constantemente dentro del marco de la Decisión del Consejo de 18 febrero de 2002 sobre consultas de conformidad con el artículo 96 del Acuerdo de Cotonú. Por lo tanto la Comisión sigue de cerca la situación de los derechos humanos y ha tomado y continuará tomando medidas apropiadas en respuesta a la situación deteriorada en este país. Sin embargo la Comisión no está en condiciones de realizar investigaciones e informar sobre casos individuales.

La Comisión deplora el acoso al cual el Amani Trust estuvo sujeto y que lo obligó a cesar sus operaciones. Era una organización independiente y reputada que ofrecía ayuda a las víctimas de todas las formas de violencia organizada, cuyo trabajo en circunstancias difíciles en Zimbabue siempre fue apreciado.

----

----

(2004/C 88 E/0611)

PREGUNTA ESCRITA E-0401/03

de Roy Perry (PPE-DE) a la Comisión

(17 de febrero de 2003)

Asunto:   Transparencia en la aplicación de la legislación en materia de radiodifusión por parte de la República Checa

En su último informe regular sobre la República Checa (1), la Comisión Europea critica la escasa transparencia y estabilidad que sigue caracterizando en la República checa a la propiedad y el control de las cadenas de televisión privadas. En el informe se observa que ha surgido ahora una nueva polémica que tendrá que resolverse probablemente también ante un tribunal de arbitraje internacional. La Comisión señala asimismo que el Consejo checo de radiodifusión debería velar por que la normativa en materia de radiodifusión se aplique en los plazos previstos de forma objetiva y efectiva, y que sigue siendo particularmente importante establecer y supervisar con eficacia un marco reglamentario transparente y fiable.

¿Qué seguimiento tiene previsto la Comisión en el futuro para la forma en que la República Checa tratará los conflictos del pasado, como el caso de la cadena de televisión TV3 al que se alude en el informe (la nueva polémica arriba mencionada), donde los inversores de la CE se vieron discriminados por una decisión del Consejo de radiodifusión checo en relación con un traspaso de licencia? ¿Tiene la Comisión prevista alguna acción concreta a este respecto?

Respuesta del Comisario Verheugen en nombre de la Comisión

(13 de marzo de 2003)

Las preocupaciones expresadas por la Comisión en su informe periódico 2002 (2) reflejan los dos conflictos en curso referentes a la inversión extranjera en emisoras comerciales checas de televisión y los desacuerdos adicionales de mediados de 2002 (ahora al parecer solucionados) en la República Checa sobre el control del mayor canal comercial. Que estos tres problemas pudieran desarrollarse sugiere que deberían tomarse medidas por parte de las autoridades checas para mejorar la situación en el sector a través de la modificación de la legislación pertinente, la modificación de la práctica reguladora, o una combinación de ambas.

El informe 2002 también resalta el papel central que el regulador desempeña en tal ambiente, particularmente en un momento en que (tras la adopción reciente de la nueva legislación) se establecen los precedentes y debe asentarse su autoridad.

El acervo audiovisual no detalla requisitos específicos sobre normas del sector de la difusión ni sobre los procesos de licencias que han centrado la disputa en torno a TV3. La Directiva Televisión sin fronteras (3) requiere que los Estados miembros estén en condiciones de ejecutar efectivamente el acervo, lo que da a la Comisión argumentos para expresar preocupaciones sobre el estado general de las normas en el sector, y pide mejoras pero no requiere modelos exactos de normas o licencias.

Ha habido numerosos contactos entre funcionarios y partes interesadas en la disputa sobre TV3 y la Comisión sigue los avances muy de cerca. Las alegaciones de discriminación son tomadas muy en serio por la Comisión, al igual que los deberes ligados a la supervisión de los países candidatos. La Comisión reflejará adecuadamente los progresos en este sector al presentar su informe de supervisión 2003.

Sin embargo el margen de la Comisión para «acciones específicas» en conflictos comerciales tales como este, es limitado, en especial cuando tales conflictos están sub judice. El inversor extranjero presentó una demanda en la República Checa inmediatamente después de que el regulador tomara su decisión contestada; la demanda fue rechazada por el Tribunal municipal de Praga y el Tribunal constitucional checo está considerando la apelación. El inversor extranjero está a punto de presentar una demanda basada en el Tratado bilateral de inversiones República Checa-Bélgica/Luxemburgo. Los procedimientos legales deben seguir su curso. La Comisión continuará poniendo de relieve ante las autoridades checas la importancia de una supervisión efectiva de un marco regulador transparente y fiable.

----

(1)  (SEC(2002) 1402, capítulo 20, páginas 99-101, de 9 de octubre de 2002).

(2)  COM(2002) 700 final.

(3)  Directiva 89/552/CEE del Consejo, de 3 de octubre de 1989, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva, DO L 298 de 17.10.1989.

----

----

(2004/C 88 E/0612)

PREGUNTA ESCRITA E-0796/03

de Concepció Ferrer (PPE-DE) a la Comisión

(14 de marzo de 2003)

Asunto:   La burocracia y el FED

Distintas organizaciones benéficas y no gubernamentales han denunciado recientemente el bloqueo de 11 200 millones de euros del FED para proyectos destinados a la lucha contra el sida, la tuberculosis y la malaria debido a problemas administrativos.

¿Podría la Comisión confirmar el hecho y las cifras?

¿Podría la Comisión explicar qué tipo de actuaciones ha llevado o está llevando a cabo para, por un lado, poner fin a esta situación y, por otro, procurar que no se repita?

Respuesta del Sr. Nielson en nombre de la Comisión

(28 de abril de 2003)

Esta pregunta constituye una buena oportunidad para que la Comisión aclare algo que se publicó en la prensa y que puede calificarse como un grave malentendido del modus operandi de los Fondos Europeos de Desarrollo (FED).

Los Fondos Europeos de Desarrollo han sido constituidos por la Comunidad para beneficiar a los países de África, el Caribe y el Pacífico (ACP) a través de protocolos financieros quinquenales. Dentro del 6o, 7o y 8o FED, que todavía siguen operativos hasta la entrada en vigor del 9o FED el 1 de abril de 2003, se ha asignado un importe total de 32 400 millones de euros a los países ACP (1). A finales de febrero de 2003, se habían comprometido 29 700 millones de este importe (92 %) y desembolsado 21 300 millones (66 %). Esto significa que todavía quedan 2 700 millones para compromisos (previstos esencialmente a lo largo de 2003) y 11 100 millones para desembolsos.

Contrariamente a la información mencionada por Su Señoría, estos fondos no se han destinado a proyectos para luchar contra el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), la tuberculosis y la malaria. Los fondos del 6o, 7o y 8o FED se han destinado a programas nacionales, varios instrumentos horizontales (apoyo al ajuste estructural, reducción de la deuda, ayuda de emergencia, etc.) y a la cooperación e integración regional.

Una pequeña parte de los fondos asignados a la cooperación regional se ha destinado en 2002 a una contribución de 60 millones de euros del FED al Fondo Global para luchar contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria. Este importe, de hecho, todavía no se ha desembolsado, ya que el acuerdo de contribución se está negociando entre el Fondo Global y la Comisión. De acuerdo con las disposiciones del Acuerdo de Cotonú, el acuerdo de contribución con el Fondo Global debe garantizar que la contribución del FED se utiliza en beneficio de los países ACP. Esperamos que este acuerdo se celebre en breve.

También se ha comprometido una contribución de 60 millones de euros al Fondo Global con cargo al presupuesto comunitario.

----

(1)  El importe total disponible dentro del 6o, 7o y 8o FED, que cubre la cooperación con los Países y Territorios de Ultramar, es de 32 800 millones de euros.

----

----

(2004/C 88 E/0613)

PREGUNTA ESCRITA E-0830/03

de Roberta Angelilli (UEN) a la Comisión

(18 de marzo de 2003)

Asunto:   Utilización de los fondos del programa Cultura 2000 por parte del ayuntamiento de Frosinone

En el mes de septiembre de 2002, el Comité de Vigilancia del Ministerio de Economía del Gobierno italiano presentó el balance de los gastos de los fondos concedidos por la UE.

Esta investigación revelaba igualmente la preocupante lentitud e ineficacia con la que algunas entidades territoriales proceden a la adjudicación de los proyectos.

La Comisión Europea también ha subrayado, en diversas ocasiones, la preocupación acerca de la insuficiente utilización de los fondos europeos por parte de las entidades locales.

Teniendo en cuenta que algunas entidades locales y territoriales en particular, como es el caso del municipio de Frosinone, registran una gran necesidad de fondos europeos para valorizar el espacio cultural común en sus diferencias y en sus tradiciones, impulsando la creación de puestos de trabajo y la movilidad profesional, el acceso al arte y la cultura y la difusión de los mismos, se solicita a la Comisión que responda a las siguientes preguntas:

----

----

(2004/C 88 E/0614)

PREGUNTA ESCRITA E-0892/03

de Roberta Angelilli (UEN) a la Comisión

(21 de marzo de 2003)

Asunto:   Utilización de los fondos del programa Cultura 2000 por parte del Ayuntamiento de Fiumicino

En el mes de septiembre de 2002, el Comité de Vigilancia del Ministerio de Economía italiano presentó el balance de los gastos de los fondos concedidos por la UE.

Esta investigación revelaba igualmente la preocupante lentitud e ineficacia con la que algunas entidades territoriales proceden a la adjudicación de los proyectos.

La Comisión Europea también ha subrayado, en diversas ocasiones, la preocupación acerca de la insuficiente utilización de los fondos europeos por parte de las entidades locales.

Teniendo en cuenta que algunas entidades locales en particular, como es el caso del Ayuntamiento de Fiumicino, registran una gran necesidad de fondos europeos para valorizar el espacio cultural común en sus diferencias y en sus tradiciones, impulsando la creación de puestos de trabajo y la movilidad profesional, el acceso al arte y la cultura y la difusión de los mismos, se solicita a la Comisión que responda a las siguientes preguntas:

----

----

(2004/C 88 E/0615)

PREGUNTA ESCRITA E-0978/03

de Roberta Angelilli (UEN) a la Comisión

(27 de marzo de 2003)

Asunto:   Utilización de los fondos del Programa Cultura 2000 por parte del Municipio de Ancona

En septiembre de 2002, el Comité de Vigilancia del Ministerio de Economía del Gobierno italiano presentó las cuentas correspondientes a los gastos efectuados con cargo a los fondos puestos a disposición por la Unión Europea.

Esta investigación ha permitido constatar la preocupante lentitud e ineficacia con que algunas entidades territoriales proceden a la adjudicación de los proyectos.

La Comisión ha manifestado en varias ocasiones su preocupación por la insuficiente utilización de los fondos europeos por parte de las entidades locales.

Considerando que algunas entidades locales territoriales, como por ejemplo el Municipio de Ancona, tienen gran necesidad de utilizar los fondos europeos para valorizar el espacio cultural común en su diversidad y tradiciones; fomentar la creación y la movilidad profesional, así como el acceso al arte y a la cultura y su difusión.

----

----

(2004/C 88 E/0616)

PREGUNTA ESCRITA E-0979/03

de Roberta Angelilli (UEN) a la Comisión

(27 de marzo de 2003)

Asunto:   Utilización de los fondos del programa Cultura 2000 por parte del ayuntamiento de Carrara

En el mes de septiembre de 2002, el Comité de Vigilancia del Ministerio de Economía del Gobierno italiano presentó el balance de los gastos de los fondos concedidos por la UE.

Esta investigación revelaba igualmente la preocupante lentitud e ineficacia con la que algunas entidades territoriales proceden a la adjudicación de los proyectos.

La Comisión Europea también ha subrayado, en diversas ocasiones, la preocupación acerca de la insuficiente utilización de los fondos europeos por parte de las entidades locales.

Teniendo en cuenta que algunas entidades locales y territoriales en particular, como es el caso del municipio de Carrara, registran una gran necesidad de fondos europeos para valorizar el espacio cultural común en sus diferencias y en sus tradiciones, impulsando la creación de puestos de trabajo y la movilidad profesional, el acceso al arte y la cultura y la difusión de los mismos,

se solicita a la Comisión que responda a las siguientes preguntas:

----

----

(2004/C 88 E/0617)

PREGUNTA ESCRITA E-0980/03

de Roberta Angelilli (UEN) a la Comisión

(27 de marzo de 2003)

Asunto:   Utilización de los fondos del programa Cultura 2000 por parte del ayuntamiento de Florencia

En el mes de septiembre de 2002, el Comité de Vigilancia del Ministerio de Economía del Gobierno italiano presentó el balance de los gastos de los fondos concedidos por la UE.

Esta investigación revelaba igualmente la preocupante lentitud e ineficacia con la que algunas entidades territoriales proceden a la adjudicación de los proyectos.

La Comisión Europea también ha subrayado, en diversas ocasiones, la preocupación acerca de la insuficiente utilización de los fondos europeos por parte de las entidades locales.

Teniendo en cuenta que algunas entidades locales y territoriales en particular, como es el caso del municipio de Florencia, registran una gran necesidad de fondos europeos para valorizar el espacio cultural común en sus diferencias y en sus tradiciones, impulsando la creación de puestos de trabajo y la movilidad profesional, el acceso al arte y la cultura y la difusión de los mismos,

se solicita a la Comisión que responda a las siguientes preguntas:

----

----

(2004/C 88 E/0618)

PREGUNTA ESCRITA E-0981/03

de Roberta Angelilli (UEN) a la Comisión

(27 de marzo de 2003)

Asunto:   Utilización de los fondos del programa Cultura 2000 por parte del ayuntamiento de Liorna

En el mes de septiembre de 2002, el Comité de Vigilancia del Ministerio de Economía del Gobierno italiano presentó el balance de los gastos de los fondos concedidos por la UE.

Esta investigación revelaba igualmente la preocupante lentitud e ineficacia con la que algunas entidades territoriales proceden a la adjudicación de los proyectos.

La Comisión Europea también ha subrayado, en diversas ocasiones, la preocupación acerca de la insuficiente utilización de los fondos europeos por parte de las entidades locales.

Teniendo en cuenta que algunas entidades locales y territoriales en particular, como es el caso del municipio de Liorna, registran una gran necesidad de fondos europeos para valorizar el espacio cultural común en sus diferencias y en sus tradiciones, impulsando la creación de puestos de trabajo y la movilidad profesional, el acceso al arte y la cultura y la difusión de los mismos,

se solicita a la Comisión que responda a las siguientes preguntas:

----

----

(2004/C 88 E/0619)

PREGUNTA ESCRITA E-0982/03

de Roberta Angelilli (UEN) a la Comisión

(27 de marzo de 2003)

Asunto:   Utilización de los fondos del programa Cultura 2000 por parte del ayuntamiento de Macerata

En el mes de septiembre de 2002, el Comité de Vigilancia del Ministerio de Economía del Gobierno italiano presentó el balance de los gastos de los fondos concedidos por la UE.

Esta investigación revelaba igualmente la preocupante lentitud e ineficacia con la que algunas entidades territoriales proceden a la adjudicación de los proyectos.

La Comisión Europea también ha subrayado, en diversas ocasiones, la preocupación acerca de la insuficiente utilización de los fondos europeos por parte de las entidades locales.

Teniendo en cuenta que algunas entidades locales y territoriales en particular, como es el caso del municipio de Macerata, registran una gran necesidad de fondos europeos para valorizar el espacio cultural común en sus diferencias y en sus tradiciones, impulsando la creación de puestos de trabajo y la movilidad profesional, el acceso al arte y la cultura y la difusión de los mismos,

se solicita a la Comisión que responda a las siguientes preguntas:

----

----

(2004/C 88 E/0620)

PREGUNTA ESCRITA E-0983/03

de Roberta Angelilli (UEN) a la Comisión

(27 de marzo de 2003)

Asunto:   Utilización de los fondos del programa Cultura 2000 por parte del ayuntamiento de Massa

En el mes de septiembre de 2002, el Comité de Vigilancia del Ministerio de Economía del Gobierno italiano presentó el balance de los gastos de los fondos concedidos por la UE.

Esta investigación revelaba igualmente la preocupante lentitud e ineficacia con la que algunas entidades territoriales proceden a la adjudicación de los proyectos.

La Comisión Europea también ha subrayado, en diversas ocasiones, la preocupación acerca de la insuficiente utilización de los fondos europeos por parte de las entidades locales.

Teniendo en cuenta que algunas entidades locales y territoriales en particular, como es el caso del municipio de Massa, registran una gran necesidad de fondos europeos para valorizar el espacio cultural común en sus diferencias y en sus tradiciones, impulsando la creación de puestos de trabajo y la movilidad profesional, el acceso al arte y la cultura y la difusión de los mismos,

se solicita a la Comisión que responda a las siguientes preguntas:

----

----

(2004/C 88 E/0621)

PREGUNTA ESCRITA E-0984/03

de Roberta Angelilli (UEN) a la Comisión

(27 de marzo de 2003)

Asunto:   Utilización de los fondos del programa Cultura 2000 por parte del ayuntamiento de Perusa

En el mes de septiembre de 2002, el Comité de Vigilancia del Ministerio de Economía del Gobierno italiano presentó el balance de los gastos de los fondos concedidos por la UE.

Esta investigación revelaba igualmente la preocupante lentitud e ineficacia con la que algunas entidades territoriales proceden a la adjudicación de los proyectos.

La Comisión Europea también ha subrayado, en diversas ocasiones, la preocupación acerca de la insuficiente utilización de los fondos europeos por parte de las entidades locales.

Teniendo en cuenta que algunas entidades locales y territoriales en particular, como es el caso del municipio de Perusa, registran una gran necesidad de fondos europeos para valorizar el espacio cultural común en sus diferencias y en sus tradiciones, impulsando la creación de puestos de trabajo y la movilidad profesional, el acceso al arte y la cultura y la difusión de los mismos,

se solicita a la Comisión que responda a las siguientes preguntas:

----

----

(2004/C 88 E/0622)

PREGUNTA ESCRITA E-0985/03

de Roberta Angelilli (UEN) a la Comisión

(27 de marzo de 2003)

Asunto:   Utilización de los fondos del programa Cultura 2000 por parte del ayuntamiento de Pésaro

En el mes de septiembre de 2002, el Comité de Vigilancia del Ministerio de Economía del Gobierno italiano presentó el balance de los gastos de los fondos concedidos por la UE.

Esta investigación revelaba igualmente la preocupante lentitud e ineficacia con la que algunas entidades territoriales proceden a la adjudicación de los proyectos.

La Comisión Europea también ha subrayado, en diversas ocasiones, la preocupación acerca de la insuficiente utilización de los fondos europeos por parte de las entidades locales.

Teniendo en cuenta que algunas entidades locales y territoriales en particular, como es el caso del municipio de Pésaro, registran una gran necesidad de fondos europeos para valorizar el espacio cultural común en sus diferencias y en sus tradiciones, impulsando la creación de puestos de trabajo y la movilidad profesional, el acceso al arte y la cultura y la difusión de los mismos,

se solicita a la Comisión que responda a las siguientes preguntas:

----

----

(2004/C 88 E/0623)

PREGUNTA ESCRITA E-0986/03

de Roberta Angelilli (UEN) a la Comisión

(27 de marzo de 2003)

Asunto:   Utilización de los fondos del programa Cultura 2000 por parte del ayuntamiento de Pisa

En el mes de septiembre de 2002, el Comité de Vigilancia del Ministerio de Economía del Gobierno italiano presentó el balance de los gastos de los fondos concedidos por la UE.

Esta investigación revelaba igualmente la preocupante lentitud e ineficacia con la que algunas entidades territoriales proceden a la adjudicación de los proyectos.

La Comisión Europea también ha subrayado, en diversas ocasiones, la preocupación acerca de la insuficiente utilización de los fondos europeos por parte de las entidades locales.

Teniendo en cuenta que algunas entidades locales y territoriales en particular, como es el caso del municipio de Pisa, registran una gran necesidad de fondos europeos para valorizar el espacio cultural común en sus diferencias y en sus tradiciones, impulsando la creación de puestos de trabajo y la movilidad profesional, el acceso al arte y la cultura y la difusión de los mismos,

se solicita a la Comisión que responda a las siguientes preguntas:

----

----

(2004/C 88 E/0624)

PREGUNTA ESCRITA E-0987/03

de Roberta Angelilli (UEN) a la Comisión

(27 de marzo de 2003)

Asunto:   Utilización de los fondos del programa Cultura 2000 por parte del ayuntamiento de Pistoia

En el mes de septiembre de 2002, el Comité de Vigilancia del Ministerio de Economía del Gobierno italiano presentó el balance de los gastos de los fondos concedidos por la UE.

Esta investigación revelaba igualmente la preocupante lentitud e ineficacia con la que algunas entidades territoriales proceden a la adjudicación de los proyectos.

La Comisión Europea también ha subrayado, en diversas ocasiones, la preocupación acerca de la insuficiente utilización de los fondos europeos por parte de las entidades locales.

Teniendo en cuenta que algunas entidades locales y territoriales en particular, como es el caso del municipio de Pistoia, registran una gran necesidad de fondos europeos para valorizar el espacio cultural común en sus diferencias y en sus tradiciones, impulsando la creación de puestos de trabajo y la movilidad profesional, el acceso al arte y la cultura y la difusión de los mismos,

se solicita a la Comisión que responda a las siguientes preguntas:

----

----

(2004/C 88 E/0625)

PREGUNTA ESCRITA E-0988/03

de Roberta Angelilli (UEN) a la Comisión

(27 de marzo de 2003)

Asunto:   Utilización de los fondos del programa Cultura 2000 por parte del ayuntamiento de Prato

En el mes de septiembre de 2002, el Comité de Vigilancia del Ministerio de Economía del Gobierno italiano presentó el balance de los gastos de los fondos concedidos por la UE.

Esta investigación revelaba igualmente la preocupante lentitud e ineficacia con la que algunas entidades territoriales proceden a la adjudicación de los proyectos.

La Comisión Europea también ha subrayado, en diversas ocasiones, la preocupación acerca de la insuficiente utilización de los fondos europeos por parte de las entidades locales.

Teniendo en cuenta que algunas entidades locales y territoriales en particular, como es el caso del municipio de Prato, registran una gran necesidad de fondos europeos para valorizar el espacio cultural común en sus diferencias y en sus tradiciones, impulsando la creación de puestos de trabajo y la movilidad profesional, el acceso al arte y la cultura y la difusión de los mismos,

se solicita a la Comisión que responda a las siguientes preguntas:

----

----

(2004/C 88 E/0626)

PREGUNTA ESCRITA E-0989/03

de Roberta Angelilli (UEN) a la Comisión

(27 de marzo de 2003)

Asunto:   Utilización de los fondos del programa Cultura 2000 por parte del ayuntamiento de Siena

En el mes de septiembre de 2002, el Comité de Vigilancia del Ministerio de Economía del Gobierno italiano presentó el balance de los gastos de los fondos concedidos por la UE.

Esta investigación revelaba igualmente la preocupante lentitud e ineficacia con la que algunas entidades territoriales proceden a la adjudicación de los proyectos.

La Comisión Europea también ha subrayado, en diversas ocasiones, la preocupación acerca de la insuficiente utilización de los fondos europeos por parte de las entidades locales.

Teniendo en cuenta que algunas entidades locales y territoriales en particular, como es el caso del municipio de Siena, registran una gran necesidad de fondos europeos para valorizar el espacio cultural común en sus diferencias y en sus tradiciones, impulsando la creación de puestos de trabajo y la movilidad profesional, el acceso al arte y la cultura y la difusión de los mismos,

se solicita a la Comisión que responda a las siguientes preguntas:

----

----

(2004/C 88 E/0627)

PREGUNTA ESCRITA E-0990/03

de Roberta Angelilli (UEN) a la Comisión

(27 de marzo de 2003)

Asunto:   Utilización de los fondos del programa Cultura 2000 por parte del ayuntamiento de Terni

En el mes de septiembre de 2002, el Comité de Vigilancia del Ministerio de Economía del Gobierno italiano presentó el balance de los gastos de los fondos concedidos por la UE.

Esta investigación revelaba igualmente la preocupante lentitud e ineficacia con la que algunas entidades territoriales proceden a la adjudicación de los proyectos.

La Comisión Europea también ha subrayado, en diversas ocasiones, la preocupación acerca de la insuficiente utilización de los fondos europeos por parte de las entidades locales.

Teniendo en cuenta que algunas entidades locales y territoriales en particular, como es el caso del municipio de Terni, registran una gran necesidad de fondos europeos para valorizar el espacio cultural común en sus diferencias y en sus tradiciones, impulsando la creación de puestos de trabajo y la movilidad profesional, el acceso al arte y la cultura y la difusión de los mismos,

se solicita a la Comisión que responda a las siguientes preguntas:

Respuesta complementaria

común a las preguntas escritas E-0830/03, E-0892/03, E-0978/03, E-0979/03, E-0980/03, E-0981/03, E-0982/03, E-0983/03, E-0984/03, E-0985/03, E-0986/03, E-0987/03, E-0988/03, E-0989/03 y E-0990/03 dada por la Sra. Reding en nombre de la Comisión

(30 de julio de 2003)

La Comisión desea llamar la atención de Su Señoría sobre el hecho de que el programa «Cultura 2000» es un programa comunitario basado en una decisión del Parlamento Europeo y del Consejo y ejecutado directamente por la Comisión, y no un instrumento de financiación en el marco de los Fondos Estructurales. Por tanto, es importante señalar que los fondos del programa «Cultura 2000» no son gestionados por las autoridades locales o regionales, sino que son concedidos por la Comisión según las normas y criterios indicados en la Decisión por la que se creaba dicho programa.

El programa «Cultura 2000» tiene como objetivo apoyar proyectos coproducidos y cofinanciados por al menos tres operadores con sede en al menos tres de los países que participan en el programa. Las condiciones y criterios de participación en el programa «Cultura 2000» se definen mediante unas convocatorias de propuestas publicadas anualmente a las que los operadores responden enviando sus proyectos directamente a la Comisión.

En ese contexto, la concesión de subvenciones depende directa y exclusivamente del buen funcionamiento de los proyectos (responsabilidad de los operadores culturales de los proyectos seleccionados), controlado por la sección operativa encargada del programa «Cultura 2000».

Por otra parte, la Comisión indicar a Su Señoría que toda la información relativa a los proyectos apoyados por el programa «Cultura 2000» se encuentra disponible en el sitio web http://europa.eu.int/comm/culture/c2000.

Por último, cabe señalar que, de entre los afectados por la cuestión que plantea Su Señoría, el único ayuntamiento que había presentado en 2002 un proyecto en calidad de socio principal en el marco del programa «Cultura 2000» era el ayuntamiento de Pesaro. Dicho proyecto fue seleccionado y recibió una ayuda económica de 82 987 euros.

Si Su Señoría desea más información, puede dirigirse igualmente a las autoridades territoriales.

----

----

(2004/C 88 E/0628)

PREGUNTA ESCRITA E-0915/03

de Claude Moraes (PSE) a la Comisión

(24 de marzo de 2003)

Asunto:   Cifras del Programa Alimentario Mundial UE/NU

¿A cuanto ascienden los fondos asignados por la Unión Europea al Programa Alimentario Mundial de las Naciones Unidas para ayuda de emergencia en África Austral (Malawi, Zambia, Mozambique, Zimbabwe y Lesotho) durante los años 2001 y 2002?

Respuesta del Sr. Nielson en nombre de la Comisión

(29 de abril de 2003)

A partir de abril de 2002 se han efectuado, en el marco de los presupuestos de 2001 y 2002 y con cargo a la línea presupuestaria para la seguridad alimentaria (LPSA) Β7-20, asignaciones directas de fondos en favor del Programa Mundial de Alimentos (PMA), destinadas a la adquisición local y regional de ayuda alimentaria para África Austral, en particular Zimbabue y Zambia. Las asignaciones, que ascienden a un total de 72,5 millones de euros, lo que equivale a 157 900 toneladas de ayuda alimentaria, se distribuyen como sigue:

En Malaui, la ayuda alimentaria de la Comunidad se asigna al Gobierno (ayuda directa), que está empleando el PMA para operaciones de distribución; en 2002, el Gobierno de Malaui ha contratado localmente al PMA cerca de 6,0 millones de euros procedentes de las contribuciones comunitarias.

En 2002 se concedieron al Programa Mundial de Alimentos, como ayuda humanitaria, 10 400 millones de euros procedentes de la línea presupuestaria B7-210 del presupuesto de la Comunidad. En 2001, no se proporcionó ayuda humanitaria al PMA para los cinco países en cuestión.

La ayuda humanitaria de 2002 se reparte del siguiente modo:

Además, algunos Estados miembros han aportado fondos a través del PMA.

----

----

(2004/C 88 E/0629)

PREGUNTA ESCRITA E-1117/03

de Bart Staes (Verts/ALE) a la Comisión

(1 de abril de 2003)

Asunto:   Etiquetado de los productos alimenticios tras la ampliación

La ampliación se producirá en breve. Tras la misma, la UE contará con 19 lenguas oficiales y diversos alfabetos. Ello podrá plantear problemas a la hora de etiquetar los productos alimenticios. Las etiquetas de estos productos estarán repletas de información y resultarán confusas, y, además, está el problema de la falta de uniformidad de los datos que se incluyen en las etiquetas de los productos.

Quizás fuera conveniente completar las disposiciones obligatorias existentes en materia de legislación europea con una serie de símbolos claros reconocibles (pictogramas) para la indicación de determinadas características de los productos, como por ejemplo: producto apto para diabéticos, producto vegetariano, producto biológico, producto de bajo contenido en grasas, producto artesanal, especialidad regional, producto genéticamente manipulado, producto no probado en animales, etc.

¿Podría indicar la Comisión si tiene intención de elaborar una amplia lista de pictogramas y de hacer que su utilización sea obligatoria en el etiquetado de productos? En caso negativo, ¿cómo piensa abordar este problema potencial de las etiquetas de productos abarrotadas de información?

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(8 de mayo de 2003)

En primer lugar, la Comisión subraya que son los fabricantes de productos alimenticios los que optan por el etiquetado multilingüe, ya que la legislación aplicable en la materia, la Directiva 2000/13/CE (1), no impone este tipo de etiquetado, sino que prevé esencialmente que la información de las etiquetas figure en una lengua que el consumidor comprenda fácilmente y que, en su propio territorio, el Estado miembro de comercialización del producto pueda disponer que dicha información figure al menos en una o varias lenguas que el Estado determinará entre las lenguas oficiales de la Comunidad. En la mayor parte de los Estados miembros, sólo es obligatorio el uso de una lengua en el etiquetado.

Estas disposiciones no excluyen la posibilidad de que las menciones de etiquetado figuren en varias lenguas, siempre y cuando, de acuerdo con lo dispuesto en la Directiva, sean fácilmente comprensibles y estén inscritas en un lugar destacado y de forma que sean fácilmente visibles, claramente legibles e indelebles.

Lógicamente estos principios seguirán siendo de aplicación tras la próxima ampliación.

Sin embargo, la Comisión está de acuerdo con Su Señoría en que un uso excesivo del etiquetado multilingüe podría afectar a la claridad y la legibilidad de las menciones de etiquetado, especialmente si se trata de embalajes de dimensiones reducidas. En este sentido, ya pueden observarse una serie de prácticas, ajenas a la cuestión de la ampliación, que resultan discutibles.

En general, la Comisión desea que se proceda a la adaptación de la legislación comunitaria relativa al etiquetado de los productos alimenticios, entre otras razones, para garantizar la claridad y la legibilidad de la información. Por ello, recientemente se ha puesto en marcha una evaluación de dicha legislación, que deberá determinar los aspectos que deben ser adaptados y servirá de base para la preparación de futuras propuestas. Dicha evaluación se concluirá a finales de 2003.

En este contexto, podrá estudiarse la posible utilización de símbolos o pictogramas.

----

(1)  Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de marzo de 2000, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios, DO L 109 de 6.5.2000.

----

----

(2004/C 88 E/0630)

PREGUNTA ESCRITA E-1297/03

de José Ribeiro e Castro (UEN) a la Comisión

(7 de abril de 2003)

Asunto:   Masacre en Cachemira

Según informaciones de diferentes medios de comunicación, se ha producido un recrudecimiento del conflicto en la zona de Cachemira bajo administración india.

El 24 de marzo de 2003 se perpetró en Nadi Marg, al sur de Srinagar, el asesinato de 24 hindúes, entre ellos 11 mujeres y dos niños.

Al parecer, el móvil de esta masacre fue la venganza por el asesinato, perpetrado el día anterior, de Abdul Majid Dar, antiguo líder de Hizbul Mujahidin, uno de los principales movimientos guerrilleros contrarios a la India.

Estos hechos recientes hacen temer que se reavive el conflicto entre la India y el Pakistán ahora que la atención mundial se centra casi exclusivamente en la cuestión iraquí.

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(12 de mayo de 2003)

La Comisión comparte el punto de vista de Su Señoría de que las tensiones indo-pakistaníes siguen constituyendo un serio problema. La Comisión se halla también perfectamente al corriente de los acontecimientos de Nandimarg y ha condenado de la manera más clara posible este acto de violencia y terrorismo, que ha producido una pérdida tan trágica de vidas inocentes.

El Miembro de la Comisión encargado de las relaciones exteriores expresó su indignación y solidaridad en una carta que escribió a su homólogo indio, el Ministro de Asuntos Exteriores Yashwant Sinha, y la Presidencia hizo lo mismo en nombre de la Unión.

La Comisión considera que la única manera de salir del conflicto entre la India y Pakistán es una solución pacífica. Ésta ha sido desde hace tiempo la política constante de la Unión Europea. La Comisión señala periódicamente las responsabilidades respectivas de la India y Pakistán, y seguirá insistiendo en que se ponga fin al terrorismo transfronterizo y se reanude el diálogo entre ambos gobiernos.

La Unión Europea reconoce la importancia crítica de las relaciones entre la India y Pakistán para la paz y la seguridad mundiales, y concede a esta cuestión una constante y plena atención, independientemente de los acontecimientos del resto del mundo. La Comisión también ha prestado todo su apoyo a los esfuerzos de la comunidad internacional para que ambas partes emprendan una rápida desescalada de tensión a corto plazo, y avancen hacia una solución pacífica a largo plazo. Sólo las propias partes en el conflicto pueden alcanzar una solución pacífica, y el papel de la comunidad internacional es alentar a ambas partes para que adopten las medidas necesarias en este sentido.

----

----

(2004/C 88 E/0631)

PREGUNTA ESCRITA E-1342/03

de Benedetto Della Vedova (NI) a la Comisión

(9 de abril de 2003)

Asunto:   Derecho a la libertad religiosa en la India

El pasado 26 de marzo la Asamblea del Estado de Gujarat, en el noroeste de la India, aprobó una ley de iniciativa gubernamental sobre las conversiones religiosas forzadas, la «Freedom of Religion Bill» (Ley de libertad religiosa).

La agencia de prensa misionera MISNA ha divulgado anticipadamente parte del texto de dicha ley:

Cabe añadir que la aprobación de esta disposición se produce en un momento en el que las autoridades policiales están elaborando una especie de censo y recogiendo información sobre la presencia de cristianos durante el período comprendido ente 1998 y 2003, incluidos, además, el número y las razones de su llegada a la zona, el número de conversiones que se han producido, los hijos nacidos durante este período y los matrimonios entre cristianos y personas pertenecientes a otras religiones.

Teniendo en cuenta que esta ley, que sigue a las ya en vigor en otros Estados indios como Tamil Nadu, Madhya Pradesh y Orissa, se inscribe en un clima de fuertes amenazas y tensiones con respecto las minorías cristiana y musulmana, hacia las cuales la actitud del Partido Bharatiya Janata, actualmente en el poder en la India, es bien conocida,

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(16 de mayo de 2003)

La Comisión está al corriente de la intención de la Asamblea del Estado de Gujarat de aprobar una «Freedom of Religion Bill» (Ley de libertad religiosa), como plantea Su Señoría, y de que esta ley podría afectar de manera adversa a las minorías religiosas. Tal como señala Su Señoría, este asunto no se limita al Estado de Gujarat, puesto que existen disposiciones similares en otros Estados como Tamil Nadu, Madhya Pradesh y Orissa, lo que crea la impresión de que este tipo de legislación podría proliferar a nivel nacional. Actualmente no se dispone todavía del texto exacto del proyecto de ley, pero la Comisión naturalmente se mantendrá informada de cerca sobre la evolución de la situación.

La Comisión comparte el temor de Su Señoría de que este tipo de legislación estatal podría restringir la libertad de ejercer su derecho a la libertad religiosa de los ciudadanos indios.

La Comisión tratará este asunto del mismo modo que hace con todas las demás cuestiones relacionadas con la democracia y los derechos humanos en India, a saber, mediante su política consensuada de mantener un diálogo regular, permanente y constructivo con el Gobierno indio.

----

----

(2004/C 88 E/0632)

PREGUNTA ESCRITA E-1507/03

de Ilda Figueiredo (GUE/NGL) a la Comisión

(5 de mayo de 2003)

Asunto:   Insolvencia de Grundig AG y defensa de los puestos de trabajo en Portugal

Los medios de comunicación acaban de hacer pública la noticia de que, el 14 de abril de 2003, la empresa Grundig AG solicitó la declaración de insolvencia administrada por la propia empresa ante el Tribunal comarcal de Núremberg (Alemania).

Como es sabido, Grundig AG controla en Braga (Portugal) la empresa Car InterMedia System (CIS), que da empleo a casi 700 trabajadores en la fabricación de autorradios. Asimismo influye en un 30 % de la producción de Fehst Componentes, Lda., empresa que a su vez da empleo a más de 300 trabajadores, lo que demuestra la viabilidad y autonomía de CIS.

La repercusión de Grundig AG en el empleo y el desarrollo de la región de Braga es muy importante, por lo que se ha recibido con preocupación la noticia de las decisiones adoptadas en Alemania. Cabe señalar que no existen otras alternativas de empleo y que, recientemente, las deslocalizaciones de otras multinacionales en el norte del país han contribuido a agravar el fenómeno del desempleo.

Respuesta complementaria de la Sra. Diamantopoulou en nombre de la Comisión

(2 de diciembre de 2003)

La Comisión comunica a Su Señoría que el grupo Grundig recibió las siguientes ayudas:

Las ayudas del FEDER fueron atribuidas por el Estado miembro en el marco de un régimen de ayuda aprobado por la Comisión. El Estado miembro debe velar por el respeto de las disposiciones comunitarias.

Si en el plazo de cinco años tras la decisión de las autoridades competentes sobre la contribución de los Fondos Estructurales se produce una modificación sustancial en una operación cofinanciada por razón del cese de la actividad de producción cofinanciada o del cambio de su ubicación, los Estados miembros tienen la obligación de informar de ello a la Comisión. El apartado 4 del artículo 30 del Reglamento del Consejo por el que se establecen disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales (aplicable al período de programación 2000-2006) establece que, cuando se produzca tal modificación, será de aplicación el artículo 39 sobre correcciones financieras.

Además, para prevenir los problemas de relocalización, en las directrices relativas a las ayudas estatales con fines regionales, adoptadas por la Comisión el 10 de marzo de 1998, se prevé el mantenimiento de los activos financiados y el de los empleos creados durante, al menos, cinco años a partir del momento en que se realizó la inversión para la cual se concedió la ayuda.

----

----

(2004/C 88 E/0633)

PREGUNTA ESCRITA P-1555/03

de Eija-Riitta Korhola (PPE-DE) a la Comisión

(2 de mayo de 2003)

Asunto:   Prevención de daños ocasionados por el alcohol

Agradezco la respuesta dada por el Comisario Frits Bolkestein el 14 de abril de 2003, en nombre de Comisión, a mi pregunta P-0870/03 (1).

No obstante, el Sr. Bolkestein no ha respondido a mi pregunta sobre las posibilidades de recurso a los artículos 30 y 95 del Tratado constitutivo,

por lo que reitero la parte final de la pregunta:

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(16 de junio de 2003)

El artículo 26 de la Directiva 92/12/CEE del Consejo, de 25 de febrero de 1992, relativa al régimen general, tenencia, circulación y controles de los productos objeto de impuestos especiales (2), autoriza a Dinamarca, Finlandia y Suecia a aplicar restricciones en la cantidad de productos sujetos a impuestos especiales introducidos en su territorio por particulares para su uso personal a partir de otros Estados miembros, sin pagar nuevamente un impuesto especial. Estas excepciones expiran el 31 de diciembre de 2003. Esta Directiva se basa en el artículo 99, actual artículo 93, del Tratado CE. Cualquier prórroga de las excepciones autorizadas por el artículo 26 de la Directiva requeriría una modificación de esta disposición basada en el mismo artículo del Tratado y no puede basarse en los artículos 30 ó 95 del mismo.

Fuera del ámbito impositivo, cualquier medida no fiscal que adopte un Estado miembro por razones de salud pública en sectores no armonizados y que pueda dar lugar a una restricción de las importaciones de bebidas alcohólicas debe evaluarse caso por caso para decidir si se ajusta a lo dispuesto en el artículo 30 del Tratado CE, o en el artículo 95 si el sector en cuestión está ya sujeto a medidas de armonización a escala comunitaria.

----

(1)DO C 33 E de 6.2.2004, p. 85.

(2)DO L 76 de 23.3.1992.

----

----

(2004/C 88 E/0634)

PREGUNTA ESCRITA E-1690/03

de Anders Wijkman (PPE-DE) a la Comisión

(21 de mayo de 2003)

Asunto:   Carne de animales silvestres

La Comisión está elaborando un manual en materia de medio ambiente, para proyectos de cooperación y desarrollo, que lleva el titulo de Integración de los problemas medioambientales en la cooperación económica y para el desarrollo. La Unión Europea se ha comprometido a integrar el medio ambiente en otros ámbitos de sus políticas, lo que constituye un proceso especialmente importante.

La carne de animales silvestres no se ha incluido en el manual, pese a que este tipo de carne es parte integrante de las cuestiones relativas a los bosques y la pobreza. Los proyectos de desarrollo y cooperación pueden tener repercusiones muy importantes para la caza furtiva y los canales que utiliza el comercio ilegal.

¿Esta dispuesta la Comisión a incluir la carne de animales silvestres en el manual?

Respuesta del Sr. Nielson en nombre de la Comisión

(25 de julio de 2003)

La carne de animales silvestres es un asunto muy destacado. Se calcula que hasta 150 millones de pobres (una octava parte de las personas más pobres del mundo) perciben la fauna y la flora silvestres como un importante medio de vida (que cobra cada vez más importancia por el desarrollo del turismo). En los lugares en los que la fauna y la flora silvestres entran en declive, los pobres se adaptan, pero con frecuencia lo hacen a costa de su nivel de vida a través de la reducción de su renta y de las oportunidades de diversificación, así como de una mayor vulnerabilidad.

Habida cuenta de que la reducción de la pobreza es el principio rector de la política de cooperación para el desarrollo de la Comisión, ésta mejorará la integración de las cuestiones relacionadas con la carne de animales silvestres.

Para ello, se proponen tres direcciones:

También se están tomando medidas orientadas a limitar el comercio hacia la Unión de carne ilegal de animales silvestres. Por ejemplo, una Decisión de la Comisión (1) ha introducido recientemente nuevas normas que prohiben la importación personal en la Unión de todo tipo de carne y leche procedente de terceros países. Dichas normas eliminan las excepciones anteriores que permitían la importación de pequeñas cantidades de carne y leche para uso personal. La introducción de las nuevas normas sobre las importaciones personales se ve reforzada por una campaña de carteles en una amplia gama de idiomas. Los carteles están expuestos en los puntos de entrada en la Unión Europea para asegurarse de que todos los viajeros están informados de las nuevas normas.

----

(1)  Decisión 2002/995/CE de la Comisión de 9 de diciembre de 2002 por la que se establecen medidas cautelares provisionales respecto a las importaciones de productos de origen animal destinados al consumo particular, DO L 353 de 30.12.2002.

----

----

(2004/C 88 E/0635)

PREGUNTA ESCRITA E-1706/03

de Gabriele Stauner (PPE-DE) a la Comisión

(22 de mayo de 2003)

Asunto:   Programas Medstat y Medstat II

Desde 1996, la Comisión ha puesto a disposición de los Programas Medstat y Medstat II la cantidad de 50 millones de euros a cargo del presupuesto comunitario.

Este dinero se destina a apoyar e impulsar los sistemas estadísticos de los países asociados mediterráneos.

¿Podría facilitar la Comisión una lista detallada de los beneficiarios de estos fondos e indicar la cantidad abonada en cada caso?

¿Podría comunicar la Comisión quién adopta las decisiones en el marco de este programa en cuanto a la adjudicación de estos fondos, así como indicar los criterios y procedimientos elegidos para escoger a los beneficiarios?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(15 de julio de 2003)

Medstat — Cooperación estadística euromediterránea — Fase 1a: 20 millones de euros

Medstat — Cooperación estadística euromediterránea — Fase 2a: 30 millones de euros

Fase 1a de Medstat.

El programa Medstat no prevé ayudas directas, sino asistencia técnica, transferencia de conocimientos técnicos, armonización e intercambio de datos, etc.

Los beneficiarios de Medstat son los Institutos Nacionales de Estadística de los doce países socios mediterráneos (INE). Son también beneficiarias todas aquellas instituciones mediterráneas que intervienen en la recogida, compilación y difusión de estadísticas finales y meta datos, esto es, además de los INE, lo que en general se conoce como Sistemas Estadísticos Nacionales Mediterráneos (SENM). El programa es útil también para los principales usuarios de los datos estadísticos; entre otros, los Gobiernos, de cara a la formulación de las políticas económica, social y sectorial.

El desglose estimativo que figura en la propuesta de financiación aprobada por la Comisión, en julio de 1996, en relación con la ayuda directa a los Sistemas Estadísticos (primordialmente, las oficinas de estadística) de los países socios mediterráneos es el siguiente:

Se remite directamente a Su Señoría y a la Secretaría del Parlamento un cuadro detallado en el que figura la lista de los proyectos, los nombres de los consultores y los importes, tanto previstos como ya desembolsados, así como el remanente de saldo (anexo 1).

Fase 2a de Medstat.

Medstat 2 supone la continuidad de las actuaciones emprendidas en Medstat 1. El proyecto preparado en 2001 recoge el siguiente desglose estimativo:

El Comité de directores reúne, al menos una vez al año, a los Presidentes y Directores Generales de los servicios estadísticos de los países socios mediterráneos y de los países de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), la Dirección General de Relaciones Exteriores, EuropeAid y Eurostat. En estas reuniones se debate sobre las decisiones y las líneas estratégicas que deben adoptarse. Además, el Comité elabora un informe crítico sobre las actividades desarrolladas desde la última reunión celebrada y emite orientaciones sobre el trabajo a realizar a medio y largo plazo. La gestión del programa se basa en las prioridades y orientaciones que fijan, que van acompañadas de indicaciones sobre los recursos que será necesario asignar. Basándose en esta información, la Comisión decide sobre la financiación de las medidas.

Fase 1a de Medstat. La propuesta de financiación aprobada por la Comisión en julio de 1996 estipulaba en su apartado V, «Procedimientos de ejecución», que el programa regional de cooperación en el ámbito estadístico estará coordinado por la Comisión (Eurostat e EuropeAid), en colaboración con las oficinas nacionales de estadística de los Estados miembros de la UE. El programa se ejecutará a través de la red del «Centro Europeo de Estadísticas y Desarrollo» (CESD).

Fase 2a de Medstat. En la segunda fase del programa, se decidió comprobar si, dadas las especiales características de la tarea, puede ser positivo lanzar una licitación competitiva. En consecuencia, en el segundo semestre de 2002, se lanzó una convocatoria de licitación restringida, cuyo procedimiento está aún en curso.

----

----

(2004/C 88 E/0636)

PREGUNTA ESCRITA E-1716/03

de Mogens Camre (UEN) a la Comisión

(23 de mayo de 2003)

Asunto:   Declaraciones de Poul Nielson sobre la presencia de los EE.UU. en el Iraq

El viernes 9 de mayo de 2003, el Comisario encargado del Desarrollo hizo unas declaraciones que cuestionan las intenciones de los EE.UU. en el Iraq. El Comisario afirmó que, debido a su presencia en el país, los EE.UU. iban a convertirse en miembros de la OPEP porque se habían apoderado del petróleo, y que la situación no podía explicarse de otra manera.

Estas declaraciones son inadmisibles. La presencia de los EE.UU. en el Iraq tiene como objetivo evitar el derrumbe del país y garantizar que los ingresos del petróleo iraquí sean utilizados para transformar al país en una sociedad democrática moderna, libre de fundamentalismo islámico. El mundo no puede tolerar la existencia de Estados dictatoriales que siembran el terror tanto en el interior como en el exterior de sus fronteras. No hace falta tener más que un mínimo de discernimiento para darse cuenta de que las consecuencias para los iraquíes serían desastrosas si la coalición abandonara el Iraq dejando que la facciones en conflicto arruinaran el futuro del país.

En la medida en que la Comisión es un órgano colegiado que no permite que los comisarios expresen opiniones divergentes sobre cuestiones políticas, ¿podría indicar la Comisión si las declaraciones de Poul Nielson reflejan la posición oficial del colegio de Comisarios sobre la presencia de la coalición internacional en el Iraq?

Respuesta del Sr. Nielson en nombre de la Comisión

(4 de agosto de 2003)

Las declaraciones efectuadas por el miembro de la Comisión responsable de desarrollo, y el razonamiento subyacente a las mismas, destacaban que si no se da a las Naciones Unidas un papel decisivo en la fase de reconstrucción, sería muy difícil que los Estados Unidos pudieran evitar irse deslizando hacia una función de detentador del poder y controlador del petróleo. La cuestión fundamental que se quiere poner de relieve es que la única manera de evitar que el problema es promover, sin ambigüedad alguna, el multilateralismo y la legitimidad, algo que sólo puede garantizarse si no son las fuerzas de ocupación quienes gobiernan. Si las fuerzas de ocupación no pasan a segundo plano cuando llegue el momento de establecer el sistema y la distribución de importantes recursos petrolíferos (que solamente obtendrá legitimidad con la implicación de las Naciones Unidas), existe el riesgo de que los iraquíes designados por los Estados Unidos no sean percibidos como la opción correcta por otros iraquíes, y un apoyo amplio entre la población iraquí es fundamental para la estabilidad y la normalización del futuro Irak.

Sus declaraciones son coherentes con la descripción de la función de las fuerzas de ocupación (la autoridad) en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (UNSCR) del 22 de mayo de 2003.

Evidentemente, las declaraciones del miembro de la Comisión reflejan su análisis de la situación, que no es especialmente original ni polémico. El Sr. Camre podía también haberse documentado a partir del amplio y constructivo debate sobre Irak que tuvo lugar en la sesión plenaria del Parlamento en Estrasburgo el 14 de mayo de 2003, en el que el Comisario representaba a la Comisión.

----

----

(2004/C 88 E/0637)

PREGUNTA ESCRITA E-1768/03

de John Cushnahan (PPE-DE) a la Comisión

(28 de mayo de 2003)

Asunto:   Rehabilitación para víctimas de torturas

¿Está de acuerdo la Comisión en que, tras el final de la guerra, una de las prioridades esenciales en el Iraq es atender a las necesidades del pueblo iraquí, especialmente de las víctimas de torturas y tratos inhumanos, que eran tan habituales durante el régimen de Sadam Husein? En muchos centros de rehabilitación fuera del Iraq han recibido tratamiento supervivientes de torturas infligidas en dicho país. ¿Está de acuerdo la Comisión en que resulta esencial que dichos centros continúen realizando esta importante labor? No obstante, la prioridad que antes concedía la Unión Europea a la rehabilitación de las víctimas se ha desplazado ahora a la prevención, lo que ha originado la drástica reducción de los fondos que la Unión Europea destina a la rehabilitación, de 14,5 millones de euros se ha pasado a 8,2 millones entre 2001 y 2002, lo que significa una disminución del 45 %. ¿Está dispuesta la Comisión a reconocer la importancia de que las ayudas de la Unión Europea se destinen tanto a prevenir la tortura como a la rehabilitación de las víctimas? ¿Está dispuesta la Comisión a reconsiderar la reducción de los fondos que destina a la rehabilitación de las víctimas de torturas para garantizar que se pueda seguir realizando esta labor tan vital?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(2 de julio de 2003)

La Comisión comparte la opinión expresada por Su Señoría de que las necesidades del pueblo iraquí, y en especial las de quienes han sufrido torturas y tratos inhumanos bajo el régimen de Sadam Hussein, deben ser objeto de atención específica en el marco de una posible intervención humanitaria. La Comisión está examinando actualmente qué actividades podrían apoyarse a corto y medio plazo en Iraq, una vez que se haya establecido el marco político apropiado para la contribución de la Comisión a la reconstrucción de Iraq tras la guerra. Los derechos humanos, incluida la rehabilitación de las víctimas de torturas, se consideran uno de los posibles ámbitos prioritarios.

La Comisión decidió dar un planteamiento más estratégico a la financiación concedida a través de la Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos. En su Comunicación de mayo de 2001 (1) sobre los derechos humanos y la democratización se definen cuatro prioridades temáticas para el futuro apoyo de la Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos, entre ellas la lucha contra la tortura. De acuerdo con la necesidad de orientar más eficazmente unos fondos limitados, en la Comunicación se subraya también que, frente a la prestación de apoyo a los centros de rehabilitación, la Unión debe centrarse en la medida de lo posible en la prevención de la tortura. En el consiguiente documento de programación de la Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos correspondiente a 2002-2004 se observó que la financiación se reorientaría hacia la prevención de la tortura a largo plazo.

La reducción de los fondos destinados a los centros de rehabilitación se ha acompañado de medidas encaminadas a reducir progresivamente la actual dependencia respecto de la financiación comunitaria, a fin de capacitar a los centros para buscar fondos procedentes de otras fuentes. Por ejemplo, en la convocatoria de 2001 se redujo el porcentaje máximo de apoyo para los proyectos de rehabilitación al 60 % en el caso de los centros situados en la Unión y al 80 % en el caso de los proyectos situados fuera de la Unión. Estos porcentajes se redujeron aún más en la convocatoria de 2002, a 50 % y 75 % respectivamente. A este respecto, la importancia concedida a los aspectos de sostenibilidad durante el proceso de evaluación es un factor determinante para las decisiones de financiación de la Comisión. Además, la «consolidación institucional», que incluye el desarrollo de capacidades de recaudación de fondos, fue explícitamente financiable en 2001 y 2002.

En la convocatoria de propuestas correspondiente a 2002 se trató de continuar este proceso. La convocatoria, cuyo importe fue de 25 millones de euros, comprendía la financiación de proyectos de prevención de la tortura y de centros de rehabilitación, con el plan de distribuir 1/3 y 2/3 de los fondos disponibles a cada uno de estos dos ámbitos respectivamente. Todos los proyectos presentados fueron evaluados por dos expertos, uno especializado en dirección de proyectos y el otro especializado en los problemas psiquiátricos y psicológicos. Los proyectos se clasificaron según la calificación otorgada a cada uno de ellos y se seleccionaron velando por mantener el equilibrio en la distribución geográfica de las actividades propuestas.

La calidad de los proyectos presentados por los centros de rehabilitación para llevar a cabo actividades dentro de la Unión (línea presupuestaria Β5-813) obtuvo una calificación que permitía respetar el equilibrio previsto. Sin embargo, los proyectos presentados por centros establecidos fuera de la Unión obtuvieron calificaciones bastante bajas (a veces inferiores al mínimo exigido), que no permitieron seleccionar suficientes proyectos de rehabilitación para respetar el equilibrio previsto de 2/3-1/3. Se asignaron alrededor de 4,5 millones de euros a centros situados fuera de la Unión (para el período 2002-2003), y unos 8 millones de euros para proyectos de prevención de la tortura. Se asignaron aproximadamente 4 millones de euros para centros de rehabilitación dentro de la Unión, además de otros 2 millones de euros para proyectos que incluían actividades de apoyo a las víctimas de la tortura.

La probabilidad de que los centros cierren al verse privados de ayuda comunitaria debe considerarse a la luz de la política expresada de reemplazar la rehabilitación por prevención y de las medidas descritas de acompañamiento de ese cambio de política. La concesión de ayuda a los centros únicamente puede estar basada en normas de competencia que aseguren a los contribuyentes de la Unión la rentabilidad de su dinero mediante la financiación exclusiva de las mejores propuestas, que cumplan unos requisitos mínimos de calidad.

No es posible reasignar a los centros de rehabilitación fondos correspondientes al presupuesto de 2003. Para ello habría que introducir recortes en otras importantes prioridades de derechos humanos de la Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos, incumpliendo su programación y las normas establecidas en el Reglamento Financiero revisado (2). Sin embargo, está previsto celebrar en 2003 otra convocatoria por valor de 5,5 millones de euros dirigida a los centros situados dentro de la Unión.

----

(1)  COM(2001) 252 final.

(2)  Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas, DO L 248 de 16.9.2002.

----

----

(2004/C 88 E/0638)

PREGUNTA ESCRITA E-1891/03

de Margrietus van den Berg (PSE) y Jan Wiersma (PSE) a la Comisión

(6 de junio de 2003)

Asunto:   Actividades nucleares del Irán

La Unión Europea está negociando un tratado de comercio con el Irán. Este país realiza actividades nucleares que la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA) no considera totalmente transparentes. En febrero de 2003, la visita que funcionarios de la AIEA realizaron al Irán no disipó sus dudas, por lo que han pedido a este país que responda por escrito a sus preguntas.

¿Opina la Comisión que la transparencia total de las actividades nucleares es un requisito previo a la firma de un tratado de comercio?

¿Qué medidas tomará la Comisión si la transparencia no es total?

¿Está la Comisión dispuesta a interrumpir las negociaciones si la transparencia no es total?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(17 de julio de 2003)

La Unión Europea ha declarado en repetidas ocasiones que la cuestión de las armas de destrucción masiva constituye una de los temas más preocupantes de sus relaciones con Irán. Aunque reconoce el derecho que asiste a ese país, como parte del Tratado de No Proliferación (TNP), de desarrollar la energía nuclear para fines pacíficos, la Comisión apoya firmemente la opinión de la Unión conforme a la cual Irán debe actuar de manera plenamente transparente ajustándose a dicho Tratado. En este contexto, la Comisión acoge con satisfacción el informe de la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA), pero observa con preocupación que, según se informa, Irán no ha satisfecho algunas de sus obligaciones en el marco del acuerdo de salvaguardias del TNP. Confía en que Irán abordará sin demora estas deficiencias y espera que adopte medidas para sumarse a los instrumentos internacionales pertinentes en aras de una mayor transparencia.

La Unión Europea seguirá sometiendo a continuo escrutinio los avances realizados por Irán en este ámbito. Es indudable que la pronta adopción por parte de Irán de medidas positivas en relación con sus actividades nucleares, incluida la total transparencia, impulsaría las negociaciones sobre el acuerdo comercial y de cooperación. En caso contrario se obtendrá el resultado opuesto.

----

----

(2004/C 88 E/0639)

PREGUNTA ESCRITA E-1902/03

de Lord Inglewood (PPE-DE) a la Comisión

(11 de junio de 2003)

Asunto:   El IVA y el mercado europeo del arte

¿Está la Comisión de acuerdo con las conclusiones expuestas en el estudio «El IVA y el mercado europeo del arte» (VAT and the European Art Market) publicado en 2003 por la Federación Europea de Bellas Artes? En caso negativo, ¿podría la Comisión explicar los motivos? En particular, ¿enviará la Comisión una propuesta relativa a un sistema de registro único, tal como propone el estudio mencionado?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(14 de julio de 2003)

La mayor parte del estudio «El IVA y el mercado europeo del arte» aparece recogida en una guía detallada para los marchantes de arte en la que se explican las obligaciones impuestas por los Estados miembros con respecto al IVA. La Comisión considera loable la iniciativa de la Federación Europea de Bellas Artes de recopilar y publicar esta información.

Tras la adopción de la Directiva sobre el tratamiento de los servicios electrónicos con respecto al IVA (1), mencionada en el estudio de la Federación Europea de Bellas Artes, la Comisión está totalmente comprometida con el concepto de «ventanilla única», gracias al cual los marchantes podrán hacer frente a sus obligaciones fiscales en el Estado miembro en el que estén establecidos. A este respecto, la Comisión ha encargado un gran estudio sobre las obligaciones a las que deben hacer frente los sujetos pasivos que deseen comerciar en su Estado miembro y en los demás. Las conclusiones del estudio están actualmente siendo objeto de consulta pública en el sitio Internet «Tu voz en Europa» (2). La Comisión tendrá en cuenta las observaciones recibidas a través de esta consulta a la hora de redactar una propuesta (lo cual tiene previsto hacer en 2004) sobre la simplificación de las obligaciones, incluidas las de registro.

----

(1)  Directiva 2002/38/CE del Consejo, de 7 de mayo de 2002, por la que se modifica y se modifica temporalmente la Directiva 77/388/CEE respecto del régimen del impuesto sobre el valor añadido aplicable a los servicios de radiodifusión y de televisión y a algunos servicios prestados por vía electrónica, DO L 128 de 15.5.2002.

(2)  http://europa.eu.int/yourvoice/consultations/index_es.htm.

----

----

(2004/C 88 E/0640)

PREGUNTA ESCRITA E-2041/03

de Maurizio Turco (NI) a la Comisión

(19 de junio de 2003)

Asunto:   Violación de la libertad religiosa en Rusia a través de los acuerdos exclusivos de cooperación con la Iglesia Ortodoxa Rusa

Considerando que:

Vistos los acuerdos de cooperación celebrados entre la Iglesia Ortodoxa Rusa y:

Considerando que el aumento constante de los acuerdos de concordato entre la Iglesia Ortodoxa Rusa y diferentes órganos estatales, tanto a nivel federal como local, ha dado a dicha iglesia un poder excepcional y discriminatorio respecto de las otras religiones y un acceso exclusivo a las cárceles, el ejército, las escuelas y los hospitales;

¿Puede decir la Comisión:

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(16 de julio de 2003)

La Comisión tiene conocimiento de las dificultades a las que han de hacer frente los grupos religiosos en Rusia.

Dado que el pleno respeto de los derechos humanos es uno de los valores fundamentales en que se basa la asociación entre la UE y Rusia, la Comisión recuerda con frecuencia, en el ámbito del diálogo político con este país, la necesidad de que garantice dicho respeto.

La Comisión seguirá ejerciendo presión sobre las autoridades nacionales para que se apliquen los principales convenios internacionales y europeos sobre derechos humanos ratificados por Rusia, que contemplan la libertad de religión y de creencias. Al parecer, ciertas medidas conceden privilegios a la iglesia ortodoxa rusa respecto a otras religiones, lo cual puede resultar incompatible con el principio de la neutralidad del Estado en relación con las instituciones religiosas. Por otra parte, cabe recordar que Rusia es un país prioritario por lo que respecta a la Iniciativa europea para la democracia y los derechos humanos, programa de la Comisión destinado, entre otras cosas, al fomento de los derechos humanos.

----

----

(2004/C 88 E/0641)

PREGUNTA ESCRITA E-2224/03

de Paulo Casaca (PSE) a la Comisión

(2 de julio de 2003)

Asunto:   Protocolo adicional para la salvaguardia de los materiales nucleares

En respuesta a mi pregunta H-0867/02 (1), la Comisión afirmó que la Unión sigue alentando al Irán a que respete el Protocolo adicional del Organismo Internacional de Energía Atómica para la salvaguardia de los materiales nucleares, y que parece que, en general, ese país ha respetado tales disposiciones, aceptando incluso que se inspeccionen sus instalaciones nucleares.

En efecto, el pasado 17 de junio, el Organismo Internacional de Energía Atómica confirmó las acusaciones hechas por la oposición democrática contra el régimen teocrático de Teherán, el Consejo Nacional de Resistencia del Irán, acusaciones a que se refirió el autor de la pregunta y ampliamente conocidas en la fecha de la respuesta de la Comisión, lo que demuestra que los hechos, tal y como los apreció la Comisión, no correspondían ni corresponden a la realidad.

¿Cómo explica la Comisión que, hace pocos meses, esa Institución se limitara a hacerse eco de la propaganda del régimen dictatorial del Irán y no «considerara» oportuno tener en cuenta la información, ahora confirmada, de las intenciones belicosas del régimen represor iraní?

¿No considera necesario la Comisión prestar más atención a la información objetiva sobre la realidad en el Irán en lugar de limitarse a aceptar de manera no crítica la propaganda del régimen?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(6 de agosto de 2003)

La UE ha reiterado en numerosas ocasiones que las armas de destrucción masiva son uno de los principales temas de interés en su relación con Irán. Aun reconociendo el derecho de este país, en su calidad de parte en el Tratado de no proliferación, a generar energía nuclear para fines pacíficos, la Comisión respalda firmemente la opinión de la UE de que Irán debe ser plenamente transparente y cumplir dicho Tratado. La Comisión se congratuló por el informe de la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA), de junio de 2003, pero manifestó su preocupación por el hecho de que Irán incumpliera ciertas obligaciones que le incumben en virtud del acuerdo de medidas de salvaguarda del mencionado Tratado de no proliferación. La Comisión confía en que Irán resolverá este problema sin demora y adoptará las disposiciones oportunas para adherirse a los pertinentes instrumentos internacionales (p.ej., el Protocolo adicional de la AIEA) al objeto de garantizar la necesaria transparencia.

Naturalmente, la Comisión no se limita, como afirma Su Señoría, a «hacerse eco de la propaganda» de un «régimen dictatorial» con «intenciones belicosas». La Comisión, junto con los Estados miembros, ha hecho cuanto estaba en su mano por basarse en información objetiva. A este respecto, la Comisión mantiene sus reservas por lo que se refiere a considerar al Consejo Nacional de la Resistencia Iraní la «oposición democrática» al régimen de Teherán.

----

(1)  Respuesta escrita de 14.1.2003.

----

----

(2004/C 88 E/0642)

PREGUNTA ESCRITA E-2266/03

de Erik Meijer (GUE/NGL) a la Comisión

(9 de julio de 2003)

Asunto:   Financiación y acuerdos por parte de la UE para la construcción de campos de acogida en los futuros Estados miembros de la UE para refugiados solicitantes de acceso en los actuales Estados miembros

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(22 de septiembre de 2003)

----

(1)  Directiva 2003/9/EC del Consejo del 27 de enero de 2003 por la que se aprueban normas mínimas para la acogida de los solicitantes de asilo en los Estados miembros, DO L 31 de 6.2.2003.

(2)  COM(2003) 315 final.

----

----

(2004/C 88 E/0643)

PREGUNTA ESCRITA E-2527/03

de Glenys Kinnock (PSE) a la Comisión

(29 de julio de 2003)

Asunto:   Ron

La UE ha reconocido la importancia del sector del ron para el desarrollo económico y social de algunos países ACP. El Acuerdo CE-EE.UU. sobre los alcoholes blancos contiene disposiciones especiales para el ron a fin de respaldar ese reconocimiento. Los términos del Memorándum Especial sobre el ron que figura como anexo a ese acuerdo de franquicia establecen un arancel residual que permite a los productores de ron, tanto de los países ACP como de la UE en los Departamentos de Ultramar franceses, seguir manteniendo una pequeña preferencia en el mercado europeo hasta el momento en que estos proveedores tradicionales puedan pasar de ser productores de variedades de ron de base a fabricantes de unos productos de marca con un valor añadido que les permita competir con productores de terceros países que frecuentemente cuentan con amplios subsidios.

¿Podría indicar la Comisión qué medidas tiene previsto adoptar durante la próxima revisión del SPG a fin de garantizar el mantenimiento de sus compromisos con los productores ACP? ¿Podría confirmar la Comisión si el ron está excluido de la revisión del SPG?

Respuesta del Sr. Lamy en nombre de la Comisión

(22 de agosto de 2003)

La Declaración común sobre el ron (Declaración XXV) del Acuerdo de Partenariado entre los Países de África, el Caribe y el Pacífico (ACP) y la Unión Europea reconoce la importancia del sector del ron para el desarrollo económico y social de varios países y regiones ACP. La UE es consciente del reto que estos afrontan, inter alia, por la liberalización del mercado europeo del ron.

La Unión ha aprobado un programa de 70 millones de euros con objeto de cumplir con esta declaración y ayudar a los exportadores de ron de los países ACP a aumentar su competitividad y a la industria del ron de estos Estados a pasar de la producción de mercancía a granel, a la elaboración de productos de marca con un alto valor añadido. En la actualidad el programa se encuentra plenamente en funcionamiento, una vez consolidada la Asociación Regional de Productores de Ron del Caribe (WIRSPA) como encargada de la gestión de las distintas actividades de dicho programa.

Los acuerdos generales del actual esquema del Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG) de la Unión, que concluye el 31 de diciembre de 2004, no incluyen el ron. Sí está incluido, no obstante, en el esquema SPG para los países menos adelantados, que pueden importar todo tipo de productos, a excepción de armas y munición, sin pagar aranceles (dentro de la iniciativa denominada «Todo Menos Armas»). La Comisión no prevé un cambio en la situación del ron tras la revisión del actual SPG.

----

----

(2004/C 88 E/0644)

PREGUNTA ESCRITA P-2622/03

de Philip Claeys (NI) a la Comisión

(28 de agosto de 2003)

Asunto:   Relaciones con Libia

El líder libio Coronel Gadafi ha asumido, a principios de este mes, la responsabilidad del atentado con bomba que sufrió en 1988 el vuelo 103 de Pan Am sobre Lockerbie. En aquel ataque terrorista murieron 207 personas. Libia está dispuesta ahora a compensar económicamente a los familiares de las víctimas, a fin de que se supriman las sanciones internacionales de que es objeto.

El pasado 18 de agosto, el Presidente de la Comisión, Romano Prodi, mantuvo una conversación telefónica con el Coronel Gadafi. Se habló de la normalización de las relaciones entre Libia y la UE. Se invitó a Libia a que participara en proceso euromediterráneo.

Sin embargo, los problemas respecto a los ataques terroristas libios de aquella época no se han resuelto completamente. Francia se opone al levantamiento de las sanciones contra Libia, mientras no se haya compensado a los familiares de las víctimas del atentado de 1989 contra un avión UTA en Nigeria. En aquel atentado murieron 170 personas. ¿Se propone la Comisión normalizar las relaciones con Libia antes de que se haya dado satisfacción a esta demanda francesa?

Libia tiene un deplorable pasado en cuanto a su participación en el terrorismo internacional y apoyo al mismo. ¿La normalización de las relaciones con la UE está vinculada a condiciones y garantías a ese respecto?¿A qué acuerdos formales se aspira en este ámbito?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(19 de septiembre de 2003)

Las Naciones Unidas (ONU) impusieron sanciones a Libia en 1992 y 1993 como consecuencia del atentado con bomba de Lockerbie. En 1999 las Naciones Unidas suspendieron dichas sanciones como consecuencia de la cooperación libia en la investigación de Lockerbie. A raíz de un acuerdo alcanzado sobre Lockerbie entre Estados Unidos, el Reino Unido y Libia, el 18 de agosto de 2003 el Reino Unido y Bulgaria presentaron un proyecto de Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para levantar las sanciones de la ONU.

Con este telón de fondo, el Coronel Gadafi llamó al Presidente Prodi; el Presidente incitó a Libia a que resolviera el asunto de Lockerbie y todos los demás que tiene pendientes, a partir de las peticiones de la comunidad internacional. El levantamiento de las sanciones de la ONU como resultado de una votación favorable de dicha organización, la cual aún no se ha realizado, representaría un paso importante hacia la reintegración de Libia en la comunidad internacional. Actualmente, este país es un observador del proceso de Barcelona y está invitado a convertirse en miembro de pleno derecho con la condición insoslayable de que acepte el acervo de Barcelona sin restricciones (y también de que se levanten las sanciones de la ONU). Libia está asimismo incluida en la nueva política de vecindad de la Unión, en el contexto de una relación basada en el respeto de valores compartidos.

El asunto de la UTA, juzgado por el poder judicial francés, se ha vuelto a tratar ahora como resultado del acuerdo de Lockerbie (que retrasa las sanciones). Si se levantan las sanciones de la ONU, las conversaciones entre Francia y Libia deberían concluir de manera satisfactoria.

----

----

(2004/C 88 E/0645)

PREGUNTA ESCRITA E-2660/03

de Elisabeth Jeggle (PPE-DE) a la Comisión

(10 de septiembre de 2003)

Asunto:   Control de adhesivos caducados de la ITV en los Estados miembros de la UE

Hemos tenido conocimiento de que en Grecia muchos ciudadanos griegos circulan con vehículos de matricula alemana con un adhesivo caducado de la ITV.

En consecuencia:

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(5 de noviembre de 2003)

Por lo que respecta a las normas y disposiciones aplicables cuando un turismo usado, registrado en un Estado miembro y acompañado de un certificado de conformidad con un tipo de vehículo para el que se haya concedido la homologación CE, se transfiere para su uso a otro Estado miembro, cabe señalar que ya no es necesario que las autoridades competentes de éste último sometan el vehículo a inspección a la hora de matricularlo. El turismo ha de matricularse sobre la base de la homologación CE, que es válida en todos los Estados miembros.

Si el vehículo dispone de un certificado de conformidad con arreglo a la homologación nacional, los Estados miembros no pueden negarse a homologarlo y matricularlo alegando características técnicas, salvo que haya motivos relacionados con la protección de la salud, la vida o el medio ambiente, en cuyo caso deben pormenorizarlos y fundamentarlos. El hecho de que un vehículo homologado y matriculado en un Estado miembro no se ajuste a la homologación del Estado miembro de destino o presente características técnicas distintas de las contempladas en la legislación de éste no justifica de por sí la denegación de la homologación y la matrícula del vehículo en cuestión.

Pueden efectuarse inspecciones técnicas del estado físico del vehículo siempre y cuando resulten necesarias y no discriminatorias, es decir, que se realicen en las mismas condiciones y conforme a los mismos procedimientos que se aplican a los vehículos matriculados en el Estado miembro de destino.

Los turismos nuevos o usados transferidos a Grecia con carácter permanente deben matricularse si su propietario es un particular con residencia normal en ese país. Con arreglo a la legislación comunitaria (1), se entiende por residencia normal el lugar en que una persona vive habitualmente, durante por lo menos 185 días por año civil, por razones personales y profesionales. El Estado miembro de que se trate (Grecia, en este caso) debe fijar el plazo de matriculación, que, en principio, ha de ser breve. Lo mismo es aplicable a los vehículos matriculados en Alemania que se transfieren a Grecia con carácter permanente cuando el propietario transfiere su residencia normal a dicho Estado miembro.

Los turismos con matrícula alemana pueden desplazarse temporalmente a Grecia para el uso privado de un particular con residencia normal en un Estado miembro que no sea Grecia. La normativa comunitaria vigente (2) dispone las condiciones que han de respetarse en ese caso y entre ellas figura la provisionalidad del desplazamiento, cuya duración no debe superar en general los seis meses por período de doce meses.

La Directiva 1996/96/CE (3) relativa a la inspección técnica obligatoria establece una serie de normas mínimas (una primera inspección técnica obligatoria de los vehículos que tengan cuatro años y, a continuación, al menos cada dos años). Dado que se trata de normas mínimas, los Estados miembros pueden decidir aplicar normas más estrictas. Grecia y Alemania aplican los requisitos mínimos de la Directiva, con una inspección cada dos años. El control del plazo de validez de los certificados y las sanciones en caso de infracción quedan en el ámbito de la subsidiariedad.

----

(1)  Directiva 83/183/CEE del Consejo, de 28 de marzo de 1983, relativa a las franquicias fiscales aplicables a las importaciones definitivas de bienes personales de los particulares procedentes de un Estado miembro, en su versión modificada y vigente - DO L 105 de 23.4.1983.

(2)  Directiva 83/182/CEE del Consejo, de 28 de marzo de 1983, relativa a las franquicias fiscales aplicables en el interior de la Comunidad en materia de importación temporal de determinados medios de transporte, en su versión modificada y vigente - DO L 105 de 23.4.1983.

(3)  Directiva 96/96/CE del Consejo, de 20 de diciembre de 1996, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros relativas a la inspección técnica de los vehículos de motor y de sus remolques, DO L 46 de 17.2.1997.

----

----

(2004/C 88 E/0646)

PREGUNTA ESCRITA P-2697/03

de Francesco Fiori (PPE-DE) a la Comisión

(2 de septiembre de 2003)

Asunto:   Irregularidades aduaneras y sanitarias en las importaciones de carne de pollo y de pavo

Se ha informado a la Comisión en repetidas ocasiones de la existencia de irregularidades aduaneras y sanitarias concernientes a las importaciones de carne de pollo y de pavo, en la medida en que las carnes ligeramente saladas o preparadas escapan a la aplicación del arancel comunitario 0207 previsto para todas las carnes de ave congeladas.

La persistencia de esta situación ambigua acarrea notables perjuicios a los productores (italianos y europeos), afectados por prácticas comerciales desleales, y elevados riesgos para los consumidores, que no están suficientemente protegidos contra prácticas sanitarias y de cría que no se ajustan a las normas europeas.

El retraso en la aplicación de estas medidas podría ocasionar ulteriores daños injustificados a los productores europeos, algunos de los cuales ya han sido irremediablemente perjudicados.

Respuesta del Sr. Lamy en nombre de la Comisión

(16 de octubre de 2003)

----

(1)  Reglamento (CE) no 1223/2002 de la Comisión, de 8 de julio de 2002, relativo a la clasificación de ciertas mercancías en la nomenclatura combinada, DO L 179 de 9.7.2002.

(2)DO L 36 de 12.2.2003.

----

----

(2004/C 88 E/0647)

PREGUNTA ESCRITA E-2910/03

de Joan Vallvé (ELDR) a la Comisión

(2 de octubre de 2003)

Asunto:   Problemas en la frontera germano-polaca

El viernes 19 de septiembre, la Mesa de la Asociación de Regiones Fronterizas Europeas celebró en Burg (Spreewald) su reunión anual.

Con ocasión de este encuentro, se me informó, en mi calidad de diputado al PE, sobre el problema siguiente:

Por motivos presupuestarios y con miras a la próxima adhesión de Polonia a la UE, las autoridades aduaneras han rescindido a partir del 1 de octubre de 2003 el contrato de alquiler relativo a la zona de estacionamiento habilitada en la explanada del antiguo aeropuerto de Preschen (Partido judicial de Spree- Neiße), junto al paso fronterizo de la autopista A15 en Forst/Olszyna. El propietario de estos terrenos gestiona un espacio de estacionamiento para 700 camiones, con superficies adicionales para transportes peligrosos (ADR) y transportes especiales, vehículos vacíos y remolques, además de instalaciones sanitarias y lugares de estacionamiento para los tiempos de reposo de los conductores de camiones. Un servicio de recogida de basuras, así como ofertas de restauración y de comida rápida sirven para hacer más llevaderas las largas horas de espera.

Si no se llegara de aquí al 1 de octubre 2003 a un acuerdo de prórroga, se producirán inevitablemente enormes colas de camiones en la autopista, con todos los consabidos inconvenientes.

Si a la inaceptable situación en el paso fronterizo de Guben-Schlagsdorf, donde se producen casi a diario retenciones de camiones, con congestiones de tráfico que hacen en algunos casos impracticable incluso la travesía urbana de Guben, viniera a sumarse ahora el cierre de la zona de estacionamiento de Preschen, se generaría un caos circulatorio.

Como diputado al PE y presidente de la Asociación de Regiones Fronterizas Europeas me gustaría saber: ¿Piensa la Comisión intervenir en favor de alguna medida capaz de resolver estos problemas en la frontera germano-polaca?

Respuesta del Señor Bolkestein en nombre de la Comisión

(6 de noviembre de 2003)

La Comisión toma nota de las observaciones de Su Señoría sobre la posibilidad de que haya problemas en el futuro en la frontera germano-polaca, en el paso fronterizo de Forst-Olszyna. Sin embargo, por lo que se refiere a las instalaciones existentes para los controles aduaneros y basándonos en la información de que disponemos, no está claro hasta en qué medida estas instalaciones se van a ver afectadas por la expiración del contrato de alquiler en cuestión. Por añadidura, los aspectos administrativos y de organización de los servicios aduaneros no entran dentro de las competencias de la Comisión sino que pertenecen plenamente al ámbito de competencias de los Estados miembros. En consecuencia, y aunque los Estados miembros tengan que respetar determinados principios comunitarios, la provisión de esas instalaciones e infraestructuras es un asunto meramente de competencia nacional. Por último, la Comisión no está facultada para intervenir respecto a las medidas contractuales locales de las cuales dependen esas instalaciones.

----

----

(2004/C 88 E/0648)

PREGUNTA ESCRITA E-2957/03

de Mogens Camre (UEN) a la Comisión

(8 de octubre de 2003)

Asunto:   Propuesta de modificación de la Directiva 94/35/CE presentada por la Comisión

En un informe publicado en la revista científica «Headache» (mayo de 2003) se menciona, en la página 555, que las personas que tienen una determinada disposición pueden sufrir ataques de migraña si ingieren la sustancia sucralosa.

Se está examinando la inclusión de esta sustancia, como un nuevo aditivo, en la lista de aditivos autorizados. Así, en un documento de 16 de mayo de 2003, la Comisión ha presentado una propuesta revisada de modificación de la Directiva 94/35/CE (1), de 30 de junio de 1994, relativa a los edulcorantes utilizados en los productos alimenticios. La modificación prevé que la UE autorice la sustancia activa «Splenda» (sucralosa) con el código E955.

La propuesta de modificación incluye también a la sustancia E962 (sal de aspartama acesulfama). Se sabe que la aspartama es una sustancia que provoca migrañas, pero no se han realizado investigaciones sobre la sal de aspartama acesulfama.

¿Piensa la Comisión adoptar medidas para hacer que estas sustancias (así como otros aditivos en los productos alimenticios) sean exhaustivamente investigadas con vistas a determinar eventuales efectos provocadores de migraña antes de que se incluyan en la lista de aditivos autorizados?

Respuesta complementaria del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(11 de noviembre de 2003)

La Comisión garantiza a Su Señoría que el Comité científico de alimentación humana examinó la seguridad de todos los aditivos alimentarios, incluidos los edulcorantes, antes de su autorización. En la actualidad, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria ha sustituido al Comité en esta tarea.

En efecto, se ha propuesto la autorización de dos nuevos edulcorantes en el proceso de modificación de la Directiva 94/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de junio de 1994, relativa a los edulcorantes utilizados en los productos alimenticios (2): la sucralosa y la sal de aspartamo y acesulfamo. El Comité científico de alimentación humana examinó las garantías de seguridad de estas dos sustancias antes de que fueran propuestas para su autorización por la Comisión.

El Comité científico de alimentación humana emitió su dictamen sobre la sucralosa en septiembre de 2000. Concluyó que la sucralosa es aceptable como edulcorante de uso alimentario general y estableció una ingesta diaria admisible (IDA) de 0-15 mg/kg de peso corporal.

El Comité científico de alimentación humana examinó la sal de aspartamo y acesulfamo en marzo de 2000 y concluyó que el uso de esta sal no plantea cuestiones de seguridad adicionales, ya que solo representa una fuente alternativa de aspartamo y acesulfamo. La Directiva 94/35/CE había autorizado ya el uso de estas sustancias como edulcorantes.

A petición de la Comisión, el Comité científico de alimentación humana, en colaboración con las autoridades británicas y francesas de seguridad alimentaria, ha vuelto a evaluar el aspartamo. Con este fin, los científicos han revisado toda la literatura científica publicada sobre el tema desde el último dictamen, lo que supone alrededor de 150 artículos. El dictamen resultante, adoptado en diciembre de 2002, vuelve a confirmar que el uso del aspartamo es seguro y que la ingesta de este edulcorante, aun tratándose de grupos que consumen una cantidad elevada, incluidos adultos, niños y diabéticos de todas las edades, continúa por debajo de la ingesta diaria admisible. Aunque los datos que el Comité ha evaluado sobre dolores de cabeza no gozan todos de la misma calidad, un ensayo bien controlado en doble ciego y cruzado demostró que la probabilidad de sufrir dolores de cabeza por el consumo de aspartamo no era mayor que por el consumo de un placebo.

Además, durante la segunda lectura de la modificación de la Directiva 94/35/CE, la Comisión se ha comprometido a presentar en un plazo de dos años a partir de la entrada en vigor de la misma un informe intermedio sobre la nueva evaluación de los aditivos alimentarios, especialmente de los dos nuevos edulcorantes autorizados.

Por las razones antes expuestas, la Comisión no considera que sea necesaria otra evaluación más de estos edulcorantes.

----

(1)DO L 237 de 10.9.1994, p. 3.

(2)DO L 237 de 10.9.1994, p. 3.

----

----

(2004/C 88 E/0649)

PREGUNTA ESCRITA P-2992/03

de Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE-DE) a la Comisión

(6 de octubre de 2003)

Asunto:   Producción de sustancias narcóticas en el Afganistán

Según los datos oficiales de la comisión competente de las Naciones Unidas, el pasado año el Afganistán obtuvo una cosecha récord de narcóticos. En concreto, la producción de sustancias narcóticas se duplicó con referencia a la época de gobierno del país por los talibanes, ya que el nuevo régimen no pudo asegurar cultivos de trigo y maíz interesantes para los agricultores y garantizar la absorción de la producción.

A una pregunta anterior de este diputado sobre el mismo tema (E-3357/01 (1)), el Comisario Nielson había informado de que, en el marco de la partida B7-302 (2), la Comisión Europea había fijado como prioridad financiar cultivos y fuentes de ingresos alternativos en las provincias más afectadas por el decreto de prohibición de producir opio mediante un importe de 90 millones de euros.

¿Ha llevado a cabo la Comisión una evaluación de la financiación proporcionada hasta la fecha (período 2001-2004) y de las consecuencias que ha tenido ésta para los cultivadores? ¿A qué atribuye el fracaso? ¿Piensa continuar la financiación citada? En caso afirmativo, ¿cuáles serán las principales orientaciones de la misma? ¿Qué medidas complementarias piensa tomar para evitar esta trágica situación de la producción y propagación de las sustancias narcóticas?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(4 de noviembre de 2003)

Contexto

En 1999, Afganistán era el mayor productor mundial de adormidera, con una producción estimada de 4 600 toneladas de opio, equivalente al 70 % de la producción mundial. Tras el decreto de prohibición de cultivo de la adormidera por parte de los talibanes (cuyo principal objetivo era mantener altos los precios, más que reducir la producción), en 2001 la producción disminuyó drásticamente. Pero, en 2002, la producción volvió a alcanzar los niveles de 1999.

Para 2003 se prevé una cosecha excepcional, que coincidirá con precios de producción altísimos para el opio bruto (según fuentes inoficiales, entre 100 y 300 USD por kilogramo, para una cosecha media por hectárea de entre 35 y 40 kg de opio bruto), lo cual hace el cultivo de la adormidera sumamente rentable para los agricultores y los trabajadores agrícolas (que, según las organizaciones no gubernamentales —ONG—, reciben hasta 9 USD diarios, cuando el salario normal de la agricultura se sitúa entre 1 y 2 USD al día). Los altos precios y la cosecha excepcional prevista indican un aumento de la demanda de opio de fuera de Afganistán.

En esas condiciones es casi imposible encontrar cultivos o desarrollar actividades no agrarias que puedan competir a corto plazo con el cultivo de la adormidera. El hecho de que la Autoridad Provisional Afgana (APA) controle sólo una parte del país impide la aplicación efectiva de la ley, otro de los motivos por los que hasta ahora no se han realizado progresos en la lucha contra el cultivo de la adormidera.

La intervención normativa por parte de dicha Autoridad, como los precios subvencionados o los programas de compras para garantizar el mercado a los cultivadores de cereal no constituye una alternativa válida. En primer lugar, la adormidera se cultiva principalmente en parcelas de pequeñas dimensiones, mientras que el cereal, que tiene problemas de comercialización, se cultiva, sobre todo, en explotaciones de grandes dimensiones. En segundo lugar, la intervención normativa estaría en contradicción con el objetivo declarado por la APA de garantizar una economía de mercado de tipo liberal. Por último, esta intervención exigiría una infraestructura y un poder adquisitivo considerables de los que actualmente no dispone la APA.

Medidas de la Comunidad y de los demás donantes

La Comisión, toda la comunidad de donantes y la APA consideran que el aumento del cultivo de la adormidera representa un serio peligro para el proceso de reconstrucción política y socioeconómica de Afganistán, por ser la principal fuente de ingresos de las fuerzas hostiles a la APA (sobre todo, los caudillos locales y Al-Qaeda). Entretanto se ha puesto de manifiesto que los medios de vida alternativos (muy difíciles de introducir en la situación actual) representan sólo uno de los elementos de la lucha contra el cultivo ilegal de la adormidera. Tan importante es hacer respetar la ley como educar a la población para que tome conciencia de la ilegalidad del cultivo de la adormidera y de las gravísimas consecuencias del consumo de opio para la salud y para la sociedad.

Para dar una respuesta a la complejidad de la lucha contra el cultivo ilegal de adormidera, la APA elaboró la Estrategia Nacional Antidroga (con la ayuda técnica del Reino Unido, principal donante en materia de lucha contra la droga, y de la Comisión). En el ámbito de dicha Estrategia, basada en los elementos mencionados, la Comisión está prestando apoyo para la reconstrucción de los sistemas de producción rural destruidos por la guerra civil y por la reciente sequía. En 2002/2003 se destinarán a esos fines unos 140 millones de euros. En el cuadro enviado directamente a Su Señoría y a la Secretaría del Parlamento Europeo figuran los detalles al respecto.

Sin embargo, la ayuda no tendría sentido si no se tomase también en consideración el aspecto de la Estrategia relativo al respeto de la ley. Así, la Comisión decidió contribuir con más de 70 millones de euros (financiados en 2002 y 2003 a partir de las líneas presupuestarias B7-300 y B7-305) para el restablecimiento del orden público y la legalidad, garantizando el pago de los salarios, el equipamiento y la formación de las fuerzas de policía afganas. Esta medida es un complemento directo de la contribución de Alemania, principal donante en lo que se refiere al restablecimiento de las fuerzas nacionales de policía.

Resultados obtenidos y medidas futuras de la Comisión

La erradicación del cultivo de la adormidera requiere un largo plazo de tiempo (en Pakistán y en Tailandia, por ejemplo, se necesitaron 15 años para alcanzar resultados satisfactorios). La inseguridad existente y el control limitado del país por parte de la APA crean un entorno propicio a los cultivos ilegales. Además, la demanda creciente de opio en los países vecinos, con gobiernos débiles, dificulta aún más la erradicación de esos cultivos en Afganistán. Estos hechos, así como la enorme pobreza rural y la falta de sensibilidad generalizada de la población en lo que se refiere a la producción ilegal y a los peligros del consumo constituyen los principales motivos del impacto limitado hasta el momento del programa apoyado por la Comisión y por la comunidad internacional. Sin embargo, la Comunidad y los demás socios (especialmente, el Reino Unido y Alemania) siguen prestando apoyo al Gobierno en esta materia, teniendo en cuenta que sólo con un empeño continuado por parte del Gobierno afgano se podrán lograr los objetivos propuestos en la Estrategia Nacional Antidroga, que siguen siendo las directrices fundamentales para cualquier intervención.

Dado que es necesaria una mayor comprensión de las causas socioeconómicas de la producción de droga, la Comisión está elaborando en la actualidad un proyecto para examinar esos aspectos e integrar los resultados en los proyectos.

Además, la Comisión persistirá en la lucha contra la pobreza rural, que es la principal causa del cultivo de la adormidera. La rehabilitación de las infraestructuras de riego y la ayuda a la horticultura (Afganistán era un exportador muy importante de fruta y frutos secos antes de la guerra civil) son esenciales para el restablecimiento de otros sistemas de cultivo eficientes que constituyen alternativas más interesantes para los agricultores. La Comunidad se considera el organismo más importante en lo que se refiere a este aspecto de los medios de vida alternativos previstos por la Estrategia Nacional Antidroga. La Comisión y otros donantes (Banco Mundial y Estados Unidos) están ayudando a la prestación de asistencia sanitaria a la población rural, como medida complementaria.

Otra condición fundamental para la estrategia antidroga es que la APA logre un mayor control del país, que se restablezca pronto la seguridad y que se ponga fin a la anarquía reinante en algunas regiones. La ayuda al respecto proviene de Alemania (formación y restablecimiento de la policía nacional) y de la Comunidad, a través del Fondo fiduciario para el orden y la legalidad en Afganistán (Law and Order Trust Fund for Afghanistan, LOTFA), que garantiza el pago de los salarios y el equipamiento de la policía, y contribuye a reforzar la capacidad de lucha contra el tráfico de droga de la policía de fronteras. La ampliación de la fuerza internacional ISAF a las provincias y la creación de equipos provinciales de reconstrucción, decididas recientemente por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, junto con la reconstitución del ejército nacional, apoyada por Francia y Estados Unidos, también contribuirán a mejorar en el futuro la situación en materia de seguridad.

Se ha enviado directamente a Su Señoría y a la Secretaría del Parlamento Europeo una copia de la sinopsis de los programas de la Comisión para Afganistán.

----

(1)DO C 277 E de 14.11.2002, p. 2.

(2)  B7-302: «Ayuda a las poblaciones desarraigadas en los países de Asia y Latinoamérica». Ayuda prevista para las actividades en Afganistán en el período 2001-2004: 90 millones de euros, aproximadamente.

----

----

(2004/C 88 E/0650)

PREGUNTA ESCRITA E-3021/03

de Anna Karamanou (PSE) a la Comisión

(14 de octubre de 2003)

Asunto:   Tráfico de menores en Afganistán

Recientemente se ha hecho público, con ocasión del correspondiente informe de Unicef, el problema del tráfico de menores en Afganistán, que adquiere cada vez mayores proporciones. En concreto, la policía afgana ha descubierto un grupo de unos 50 niños (algunos de ellos de cuatro años de edad) procedentes de la provincia de Badakjshán, situada al nordeste del país, que eran conducidos por carretera a través de la vecina provincia de Takjar con destino desconocido. Las autoridades sospechan que los niños estaban destinados a realizar estudios en escuelas religiosas de Pakistán o Irán, o bien a la venta y posterior traslado a países del extranjero con fines de trabajo ilegal o explotación sexual. El representante de Unicef hizo referencia a informaciones no confirmadas procedentes del sur del país, de acuerdo con las cuales también allí desaparecen niños.

En efecto, de acuerdo con un alto funcionario de la policía afgana, existen testimonios acerca de paquistaníes que entran en Afganistán, viajan a regiones remotas y ofrecen dinero a los aldeanos pobres, quedándose a cambio con sus hijos. Les prometen que los niños recibirán una buena educación religiosa y la «luz divina». Por último, existe el temor de que estos niños sean enviados a escuelas religiosas para sufrir un lavado de cerebro, y posteriormente pasar a formar parte de las filas de los servicios secretos paquistaníes o de grupos religiosos. En algunos casos, son vendidos como trabajadores o se convierten en víctimas de la explotación sexual.

¿Qué medidas piensa tomar la Comisión y qué programas financiará para ayudar al Gobierno central de Afganistán y para establecer un mejor control policial en el conjunto del país, de forma que se pueda poner fin a los fenómenos de explotación de la población y, en particular, al tráfico de niños?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(6 de noviembre de 2003)

Los recientes informes sobre secuestros de niños en Afganistán preocupan también a la Comisión, la cual se congratula de la decisión del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) de enviar a un experto en derechos del niño al norte de Afganistán.

La Comisión y los Estados miembros se han comprometido en la implantación de un sistema judicial y policial sólido que permita garantizar una aplicación eficaz de la ley en Afganistán:

Alemania es el principal proveedor de fondos para la reforma policial. En diciembre de 2003, se habrán impartido planes de formación a un total de 5 000 policías tanto nuevos como en servicio y Alemania va a ampliar la formación policial a las distintas provincias. A tal fin, la Comisión aportó en 2002 una ayuda de 10 millones de euros al Fondo fiduciario para el Orden Público (encargado del pago de los sueldos y de la formación de los policías) y otros 15,5 millones de euros en 2003. Tiene previsto además dedicar otros 60 millones de euros a dicho Fondo en 2003-2004.

Italia es el principal proveedor de fondos para la reforma judicial. Se han dedicado hasta la fecha 20 millones de dólares a dicha reforma, incluida la renovación de edificios en Kabul y la formación de 120 juristas. La Comisión e Italia están cofinanciando un importe de 6 millones de euros para el año en curso, destinado a la renovación de centros judiciales locales y a la formación del personal local.

La nueva Constitución también tendrá una importancia fundamental a este respecto. La declaración efectuada con motivo de la conferencia sobre Afganistán celebrada el 21 de septiembre de 2003 en Dubai pone de relieve la importancia de consagrar los derechos humanos en todos los casos, incluidos los de las mujeres y los niños, y subraya que la UE tiene constancia de que Afganistán reconoce sus obligaciones con arreglo al Derecho internacional, especialmente por lo que respecta a los derechos humanos, y confía en que la nueva Constitución respete plenamente estas obligaciones. La Troika que visitó Afganistán los días 19 y 20 de octubre de 2003 subrayó la importancia que reviste el cumplimiento de estas obligaciones.

----

----

(2004/C 88 E/0651)

PREGUNTA ESCRITA E-3031/03

de Ilda Figueiredo (GUE/NGL) a la Comisión

(17 de octubre de 2003)

Asunto:   Ayudas comunitarias en el ámbito de la cultura

El movimiento asociativo constituye uno de los ejes centrales del desarrollo social de un país, no sólo por lo que implica de participación activa y de organización de los ciudadanos, sino también por los servicios que presta, especialmente en el ámbito de la cultura y del deporte. Las asociaciones de carácter recreativo son en muchas ocasiones los principales agentes de la divulgación y preservación del patrimonio cultural de muchas regiones y contribuyen a la riqueza y a la diversidad cultural de la Unión Europea. Entre estas asociaciones figuran el teatro aficionado, grupos folklóricos, bandas de música, escuelas de música y diferentes espacios de exposición artística. La gran mayoría de estas asociaciones carece de medios, especialmente económicos, para cubrir las necesidades derivadas de la labor que desempeñan en pro de la comunidad, sobre todo por lo que se refiere a la ocupación del tiempo libre. En muchas ocasiones he podido apreciar directamente esta realidad y la falta de información sobre las ayudas, especialmente a escala comunitaria.

Respuesta complementaria de la Sra. Reding en nombre de la Comisión

(23 de enero de 2004)

La Comisión desea señalar a Su Señoría que es difícil tener una visión general del gran número de actividades y programas de la Unión en el ámbito de la cultura. En efecto, además del programa Cultura 2000, específicamente dedicado a la cooperación cultural y destinado a apoyar proyectos coproducidos y cofinanciados por un mínimo de tres operadores, un gran número de programas europeos posee una dimensión cultural en numerosos ámbitos de actividad: apoyo a los sectores culturales, investigación tecnológica, educación y formación en el ámbito del arte, desarrollo regional, cooperación con países terceros, etc.

Estos programas están gestionados por diferentes Direcciones Generales y servicios de la Comisión, y aplican sus propias normas de funcionamiento y de concesión de subvenciones. Con el fin de favorecer la creación de redes sobre informaciones culturales destinadas a permitir el acceso de todos los ciudadanos a los contenidos culturales europeos, la Comisión inauguró en marzo de 2002 un portal dedicado a Europa y la cultura. Este portal tiene como objetivo guiar a los ciudadanos, los operadores culturales y las instituciones locales, regionales o nacionales a través de los ámbitos de intervención de la Unión que tienen algún tipo de relación con la cultura (1).

Por lo que respecta a los programas basados en el artículo 151 del Tratado CE (en primer lugar los antiguos programas Rafael, Ariane y Calidoscopio, y posteriormente Cultura 2000 a partir del año 2000) y a las ayudas concedidas por estos programas, debe señalarse que la dimensión europea y el carácter obligatoriamente transnacional de los proyectos financiados no permiten realizar un desglose preciso por Estado miembro de las cantidades otorgadas en forma de subvenciones. No obstante, la evaluación intermedia del programa Cultura 2000 (que puede consultarse en Internet (2)) y la evaluación de los programas Rafael, Ariane y Calidoscopio (cuyos resultados se publicaran próximamente en Internet) permiten evaluar su repercusión y sus ventajas.

En cuanto a la dimensión cultural de los Fondos Estructurales, debe recordarse que la cultura no es propiamente uno de los objetivos de estos fondos. Las acciones realizadas en el ámbito de la cultura puede recibir una cofinanciación de los Fondos Estructurales en la medida en que contribuyan de manera directa o indirecta (especialmente a través de la creación de empleo) a conseguir el objetivo de cohesión económica y social. De forma general, debe subrayarse que es difícil cuantificar la financiación concedida por los Fondos Estructurales en el ámbito de la cultura, habida cuenta de que este sector se define de una forma relativamente amplia. La Comisión prepara en la actualidad un documento de trabajo de sus servicios sobre la utilización de los Fondos Estructurales en el sector de la cultura durante el período de 1994 a 1999. Este documento se basará en las informaciones transmitidas por los Estados miembros sobre los Fondos Estructurales destinados a la cultura durante el período mencionado.

----

(1)  http://europa.eu.int/comm/culture/.

(2)  http://europa.eu.int/comm/culture/eac/sources_info/studies_evaluation/studies_fr.html.

----

----

(2004/C 88 E/0652)

PREGUNTA ESCRITA P-3091/03

de Glenys Kinnock (PSE) a la Comisión

(14 de octubre de 2003)

Asunto:   Peter Shaw/Georgia

¿Puede la Comisión confirmar que las autoridades de Georgia, incluyendo al fiscal general, siguen investigando activamente las circunstancias en las que se produjo el secuestro de Peter Shaw?

¿Es cierto que dos personas relacionadas con el secuestro han sido puestas en libertad supuestamente por falta de pruebas? La Comisión, en su respuesta a una pregunta anterior (E-2700/03 (1)) sobre este asunto, señaló que las autoridades de Georgia habían de presentar un informe escrito sobre sus investigaciones. ¿Ha recibido la Comisión el citado informe detallado?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(7 de noviembre de 2003)

La Comisión continua aprovechando todas las ocasiones de señalar a las autoridades de Georgia la importancia que atribuye a la identificación y el procesamiento de los secuestradores de Peter Shaw. La Comisión espera que las autoridades georgianas continúen investigando el secuestro.

La Comisión no tiene información relativa a la pregunta de Su Señoría respecto a la puesta en libertad de dos individuos relacionados con el secuestro.

La Comisión confirma que ha solicitado a las autoridades georgianas un informe escrito detallado sobre la situación en que se encuentran las investigaciones sobre el secuestro. Las autoridades georgianas han precisado que responderán a esta petición cuando tengan información suficiente para llevar el caso ante los tribunales. La Comisión continuará insistiendo por lo que se refiere al informe.

El miembro de la Comisión responsable de Relaciones Exteriores sigue de cerca esta cuestión, tratada personalmente, así como la necesidad de un informe escrito, con el Ministro de Asuntos Exteriores georgiano, el Sr. Irakli Menagarashvili, cuando participó en el reciente Consejo de cooperación UE-Georgia.

----

(1)  Ver página 433.

----

----

(2004/C 88 E/0653)

PREGUNTA ESCRITA E-3117/03

de Maurizio Turco (NI) a la Comisión

(22 de octubre de 2003)

Asunto:   Importaciones ilegales de productos textiles procedentes de China

Sabiendo que:

¿Puede indicar la Comisión:

Respuesta del Sr. Lamy en nombre de la Comisión

(8 de diciembre de 2003)

La Comisión es consciente de alegaciones tales como el incumplimiento de los derechos laborales básicos, la existencia de declaraciones de origen falsas y la elusión de las cuotas, así como el incumplimiento de los derechos de propiedad intelectual, por algunos países exportadores que no respetan las obligaciones de los compromisos contraídos en virtud de los acuerdos textiles bilaterales celebrados con la Comunidad.

Por lo que se refiere a los límites cuantitativos a las exportaciones de textiles y ropa de vestir vigentes en virtud de acuerdos bilaterales, se gestionan mediante un sistema de doble control según el cual las autoridades comunitarias conceden las licencias de importación sólo tras la presentación de licencias de exportación válidas y a condición de la disponibilidad de la cantidad correspondiente dentro de los contingentes. Asimismo, es necesaria la presentación de certificados de origen para evitar la elusión de los contingentes, un hecho que causa perjuicio tanto a la Comunidad como al país socio; cuando se sospecha una elusión, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) puede realizar investigaciones; si se prueba su existencia se intenta un ajuste de los contingentes para reparar la situación.

Mediante el Reglamento (CE) no 1383/2003 de 22 de julio de 2003 (1) la Comunidad reforzó sus intervenciones aduaneras en los casos de mercancías sospechosas de vulnerar determinados derechos de propiedad intelectual y las medidas que deben tomarse respecto de las mercancías que vulneren esos derechos.

La cuestión de los controles en las fronteras exteriores es extremadamente importante para la Comisión y ha llevado a la reciente publicación de una Comunicación relativa al «papel de la aduana en la gestión integrada de las fronteras exteriores» (2), en la que se fijan la estrategia y la orientación adoptadas y que incluye varias recomendaciones con objeto de que los Estados miembros mejoren los controles. Por lo que respecta concretamente a la usurpación de marcas, se han emprendido una serie de medidas; gracias a una nueva ley aduanera (Reglamento (CE) no 1383/2003 de 22 de julio de 2003), se reforzarán los controles aduaneros, especialmente en el campo de los derechos de propiedad intelectual y a través del programa «Aduana 2007» se establece una cooperación reforzada con los Estados miembros y con las empresas afectadas por la falsificación y las copias.

En materia de política comercial, la Comunidad es contraria a una postura basada en la imposición de sanciones y a las medidas encaminadas a utilizar los derechos laborales con fines proteccionistas. Por ello, promociona la aplicación efectiva de los derechos laborales fundamentales a través de instrumentos adecuados y sobre la base de la concesión de incentivos, por ejemplo mediante el Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG), que permite a los países beneficiarios obtener preferencias adicionales cuando se suscriben las normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y el Acuerdo de Cotonú, firmado entre la Comunidad, sus Estados miembros y los países de África, el Caribe y el Pacífico (ACP), que contiene disposiciones específicas sobre comercio y normas de trabajo.

----

(1)DO L 196 de 2.8.2003.

(2)  COM(2003) 452 final.

----

----

(2004/C 88 E/0654)

PREGUNTA ESCRITA E-3220/03

de Christopher Heaton-Harris (PPE-DE) a la Comisión

(31 de octubre de 2003)

Asunto:   Normas de desarrollo del Reglamento financiero y Dirección General de Ampliación

Según las nuevas Normas de Desarrollo de la Comisión existe un límite para las operaciones de pago de 45 días «a partir de la fecha en la que se registre una solicitud de operación de pago admisible».

¿Podría detallar la Comisión cuándo la Dirección General de Ampliación ha incumplido este requisito? ¿Se ha llevado a cabo alguna auditoría en esta Dirección General desde que entraron en vigor las nuevas Normas de desarrollo el 1 de enero de 2003? En tal caso, ¿podría la Comisión proporcionar datos sobre los informes en relación con el intervalo de tiempo de los pagos realizados? ¿Qué procedimientos se llevan a cabo en la Dirección General de Ampliación para asegurar que los pagos se realizan dentro del plazo de 45 días?

Respuesta del Sr. Verheugen en nombre de la Comisión

(18 de diciembre de 2003)

La pregunta de Su Señoría se refiere a la aplicación del nuevo Reglamento Financiero en lo tocante a las disposiciones sobre plazos máximos de pago y auditorías en diversos servicios de la Comisión. Como Su Señoría sin duda sabrá, las normas en materia de plazos máximos de pago sólo se aplican a los compromisos jurídicos de la Comisión contraídos con posterioridad al 1 de enero de 2003. El antiguo Reglamento Financiero, aplicable hasta esa fecha, no contenía ninguna disposición específica en relación con los plazos en los que han de efectuarse los pagos.

En la actualidad, las normas en materia de plazos de pago se establecen en el artículo 106 de las Normas de Desarrollo del Reglamento Financiero (1). Por norma general, el plazo es de 45 días a partir de la fecha de registro de toda solicitud de pago admisible, o de 30 días cuando se trate de pagos relacionados con contratos de servicios o suministros.

En el apartado 3 del artículo 106 se establecen disposiciones complementarias relativas a los pagos correspondientes a contratos o convenios de subvención en virtud de los cuales, antes de realizar un pago, la Comisión deba aprobar un informe. El plazo de pago en tales casos no comienza a contar en tanto no se haya aprobado el informe. Si se trata de contratos de servicios técnicos particularmente complejos, el plazo para la aprobación del informe puede llegar a los 60 días.

Con arreglo al apartado 4 del artículo 106 de las Normas de Desarrollo, puede tomarse la decisión de suspender el plazo de pago cuando los documentos presentados no justifiquen la solicitud de pago o cuando la Comisión tenga dudas acerca de la admisibilidad de dicha solicitud. En tales casos, el plazo no comienza a correr nuevamente hasta que no se registre la solicitud de pago debidamente formulada. La Comisión considera que esta disposición es esencial para evitar los pagos indebidos y garantizar una buena gestión financiera.

La Dirección General de Ampliación de la Comisión hace cuanto está en sus manos para realizar los pagos en el menor plazo posible y cumpliendo con los requisitos impuestos por el nuevo Reglamento Financiero, en la medida en que los recursos humanos disponibles se lo permiten. Se han dado instrucciones claras a los funcionarios de todos los niveles, haciendo hincapié en la importancia de efectuar los pagos con prontitud y, en cualquier caso, dentro de los plazos establecidos por el Reglamento Financiero. El personal directivo viene prestando atención a este aspecto y se ha establecido un procedimiento de seguimiento mejorado para cerciorarse de que los pagos se realizan lo antes posible, sin perjuicio de una buena gestión financiera. Las cifras relativas a los plazos de pago registrados en la Dirección General de Ampliación serán enviadas directamente a Su Señoría.

----

(1)  Reglamento (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Comisión, de 23 de diciembre de 2002, sobre normas de desarrollo del Reglamento (CE, EURATOM) no 1605/2002 del Consejo, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas, DO L 357 de 31.12.2002.

----

----

(2004/C 88 E/0655)

PREGUNTA ESCRITA E-3221/03

de Christopher Heaton-Harris (PPE-DE) a la Comisión

(31 de octubre de 2003)

Asunto:   Normas del desarrollo del Reglamento financiero, Dirección General de Desarrollo y Oficina de Ayuda Humanitaria

Según las nuevas Normas de desarrollo de la Comisión, existe un plazo máximo para las operaciones de pago de 45 días «a partir de la fecha de registro de la correspondiente solicitud de pago admisible».

¿Podría detallar la Comisión cuándo la Dirección General de Desarrollo y la Oficina de Ayuda Humanitaria han incumplido este requisito? ¿Se ha llevado a cabo alguna auditoría en esta Dirección General desde que entraron en vigor las nuevas Normas de desarrollo el 1 de enero de 2003? En tal caso, ¿podría la Comisión proporcionar datos sobre los informes en relación con el intervalo de tiempo de los pagos realizados? ¿Qué procedimientos se llevan a cabo en la Dirección General de Desarrollo y en la Oficina de Ayuda Humanitaria para asegurar que los pagos se realizan dentro del plazo de 45 días?

Respuesta del Sr. Nielson en nombre de la Comisión

(17 de febrero de 2004)

En la actualidad, los plazos para las operaciones de pago son los establecidos en el artículo 106 de las normas de desarrollo del Reglamento financiero (1). La norma general es cuarenta y cinco días naturales a partir de la fecha de registro de la correspondiente solicitud de pago admisible, o treinta días naturales para los pagos correspondientes a contratos de servicios o de suministro, salvo que en el contrato se disponga otra cosa.

De conformidad con el apartado 4 del artículo 106 de las normas de desarrollo del Reglamento financiero, podrá decidirse suspender el plazo de pago si los documentos presentados no justifican el pago o si la Comisión tiene duda de la admisibilidad de los gastos que figuran en una solicitud de pago. En estas situaciones, el período de pago empezará a contar de nuevo cuando se registre una solicitud de pago debidamente formulada. La Comisión opina que esta disposición es esencial para garantizar por un lado la no realización de pagos no admisibles y, por otro, la solidez de la gestión financiera.

La Dirección General de Desarrollo (DG DEV) pone todo su interés en procesar los pagos de acuerdo con las normas establecidas en el nuevo Reglamento financiero en los plazos más breves posibles. Todas las unidades operativas han recibido instrucciones en las que se establece un calendario de plazos máximos en cada nivel del circuito financiero interno y se insta a respetarlos. Para observar los retrasos en los pagos se ha utilizado un indicador financiero de los mismos, cuyos datos proceden del sistema contable de la Comisión. El retraso medio de los pagos (el tiempo transcurrido entre la fecha de registro de la factura y la fecha valor del banco) para la DG DEV en 2003 fue de 44 días para las líneas presupuestarias A (gastos administrativos) y de 22 días para las líneas Β (gastos operacionales). Si contamos ambos tipos de líneas presupuestarias, el retraso medio de los pagos para la DG DEV en 2003 fue de 32,13 días. No se incluyen en estas cifras los pagos efectuados por la DG de Administración y Personal (ADMIN) para dos líneas A (misiones y reuniones de expertos).

El único informe presentado por la DG DEV en relación con la escala temporal de los pagos realizados en 2003 es el «Informe relativo a los indicadores financieros», presentado a efectos de información de la gestión, Que proporciona valiosa información a la administración, a los ordenadores de cada subdelegación y a la célula financiera de la DG.

----

(1)  Reglamento (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Comisión, de 23 de diciembre de 2002, sobre normas de desarrollo del Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas. DO L 357 de 31.12.2002.

----

----

(2004/C 88 E/0656)

PREGUNTA ESCRITA E-3257/03

de Margrietus van den Berg (PSE) a la Comisión

(3 de noviembre de 2003)

Asunto:   IVA aplicado a empresas de reciclaje

Una de las principales tareas de las empresas de reciclaje consiste en reconocer y aprovechar las posibilidades de reutilización. A tal fin, dichas empresas recogen, seleccionan, reparan y comercializan de nuevo los productos desechados. En Bélgica, el sector del reciclaje de residuos está autorizado a aplicar un tipo reducido de IVA del 6 %, sobre la base de argumentos sociales. En los Países Bajos se ha intentado en repetidas ocasiones aplicar el mismo tipo reducido al sector del reciclaje de residuos, esgrimiendo argumentos sociales y medioambientales. No obstante, a día de hoy no se ha logrado el objetivo marcado. Entretanto, la Comisión ha presentado al Parlamento Europeo y al Consejo la Comunicación (1) sobre una Política de Productos Integrada, en la que se hace referencia a medidas fiscales destinadas a favorecer a los productos más ecológicos, si bien no se menciona específicamente el sector del reciclaje de residuos.

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(19 de diciembre de 2003)

La Comisión está concluyendo la consulta de las partes interesadas sobre la estrategia temática para la prevención y el reciclado de residuos. En este contexto, además de con otros muchos interesados, ha mantenido contactos con Rreuse, principalmente en relación con las cuestiones relativas a la reparación y la reutilización de productos y equipos.

El período de consulta sobre la estrategia temática para la prevención y el reciclado de residuos (2) acaba de finalizar el 30 de noviembre de 2003. Si bien es cierto que entre los temas abordados en la Comunicación al respecto figuran los instrumentos económicos, aún no se han sacado conclusiones concretas de las contribuciones de las diversas partes interesadas.

Tal como se recoge en la Comunicación, la Comisión aprecia la valiosa contribución de las empresas de reciclado al desarrollo sostenible: en efecto, la Comunicación aborda numerosas cuestiones relacionadas con el reciclado que pueden desempeñar un papel fundamental en la concepción general de la gestión sostenible de los recursos.

La política de productos integrada (PPI) aborda el comportamiento ecológico de los productos durante todo su ciclo de vida y confiere, por tanto, gran importancia al reciclado y la reutilización. Las tecnologías y los procedimientos empleados en las operaciones de reciclado pueden contribuir a evitar las repercusiones medioambientales negativas al final del ciclo de vida de los productos, ahorrar energía y recursos y favorecer un diseño de productos más ecológico.

Tal como mencionaba en su Comunicación sobre la estrategia para mejorar el funcionamiento del régimen del IVA, aprobada en 2000 (3), el 23 de julio de 2003 la Comisión adoptó la propuesta de directiva relativa a la revisión y la racionalización de las normas y las excepciones aplicables a los tipos reducidos del IVA (4), con el objetivo principal de mejorar el mercado interior, en concreto, simplificando y uniformizando la aplicación del IVA.

La propuesta no contempla ninguna disposición particular aplicable a las empresas de reciclado, puesto que la Sexta Directiva sobre el IVA (5) ya dispone medidas en favor de ese sector.

En primer lugar, la actividad de estas empresas está cubierta, en la mayoría de los casos, por el régimen especial aplicable a los bienes de ocasión, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección contemplado en el artículo 26 bis de dicha Directiva. Ello significa que en las ventas de bienes de ocasión por parte de estos profesionales, denominados sujetos pasivos revendedores, solo se grava el margen beneficiario, es decir, la diferencia entre el precio de venta solicitado por el sujeto pasivo revendedor por el bien y el precio de compra.

Por otra parte, la categoría 14 del anexo H de dicha Directiva dispone que los Estados miembros pueden aplicar un tipo reducido de IVA (mínimo del 5 % ) a la «entrega de bienes y prestación de servicios por parte de organizaciones caritativas reconocidas por los Estados miembros, dedicadas a obras de bienestar y de seguridad social, en tanto en cuanto no estén exentos en virtud de lo dispuesto en el artículo 13». Ello significa, por ejemplo, que un Estado miembro podría aplicar un tipo reducido de IVA a la reventa de bienes recogidos por organismos de carácter social reconocido.

Cabe señalar, no obstante, que en materia de IVA, rige el principio de aplicación del tipo normal. La aplicación de un tipo reducido se deja a la discreción de los Estados miembros, lo cual puede explicar que en ese sector algunos de ellos contemplen un tipo reducido y otros no.

En conclusión, no parece necesario adoptar otras medidas especiales de reducción del tipo de IVA en el sector objeto de la pregunta.

----

(1)  COM(2003) 302.

(2)  COM(2003) 301 final.

(3)  COM(2000) 348 final.

(4)  COM(2003) 397 final.

(5)  Sexta Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, en materia de armonización de las legislaciones de los Estados Miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios, DO L 145 de 13.6.1977.

----

----

(2004/C 88 E/0657)

PREGUNTA ESCRITA E-3305/03

de Claude Moraes (PSE) a la Comisión

(10 de noviembre de 2003)

Asunto:   Derechos humanos en Túnez

El artículo 2 del Acuerdo de Asociación con Túnez establece que las relaciones entre ambas partes, al igual que el propio Acuerdo, se basan en el respeto de los derechos humanos y los principios democráticos por los que se rigen sus políticas nacionales e internacionales y que constituyen un elemento esencial del Acuerdo. No obstante, y contrariamente al compromiso asumido por el Presidente Zine El Ben Ali para mejorar la situación de los derechos humanos en el país, estos derechos siguen siendo sistemáticamente violados.

¿Puede explicar la Comisión qué medidas se están aplicando para garantizar que los compromisos en materia de derechos humanos son llevados a la práctica por el Gobierno tunecino?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(12 de diciembre de 2003)

El Acuerdo de asociación Unión-Túnez contiene un artículo que esboza lo que las Partes consideran los valores y principios esenciales que fundamentan su asociación.

El Acuerdo de asociación establece las estructuras necesarias para discutir todos los aspectos del Acuerdo, particularmente el Consejo de Asociación (ministerial), el Comité de Asociación (altos funcionarios) y, desde septiembre de 2003, una serie de subcomités específicos sectoriales (expertos). Todos estos foros son competentes para tratar de cuestiones relacionadas con los derechos humanos y la democracia de manera apropiada.

Por otra parte, el reciente Consejo de Asociación celebrado el 30 de septiembre de 2003 acordó que «en caso de que las Partes así lo decidan ... estas cuestiones podrán también ser discutidas por un grupo de trabajo o un subcomité específico del Comité de Asociación». Las cuestiones relativas a los derechos humanos fueron también discutidas durante el diálogo político que tuvo lugar con Túnez el 29 de septiembre de 2003 al margen del Consejo de Asociación.

En este contexto, la Unión recordó la «importancia que concede a la realización y profundización de las discusiones sobre derechos humanos y democratización con Túnez, de manera estructurada y con vistas a alcanzar puntos de comprensión mutua sobre estas cuestiones» (Declaración de la Unión en el 4o Consejo de Asociación). Dichos subcomités específicos ya están siendo creados con Marruecos y Jordania. Dichas consultas se añaden a los instrumentos diplomáticos tradicionales, como las gestiones y declaraciones realizadas por la Unión con objeto de promover los objetivos de derechos humanos.

El impacto real de estas consultas depende obviamente de la intensidad con que se realicen (la Comisión siempre actúa en relación con estas cuestiones en estrecha coordinación con los Estados miembros) y del modo en que sean recibidas por el país socio. Se considera que las iniciativas de la Comisión de cara a la política de vecindad de una Europa más amplia y su Comunicación sobre el fomento de los derechos humanos en el Mediterráneo (1) constituirán incentivos útiles para que nuestros socios adopten nuevas medidas además de sus compromisos oficiales.

Por otra parte, la Comisión está elaborando programas de cooperación financiados por MEDA en apoyo de los medios de comunicación de Túnez (formación de periodistas) y de la modernización del poder judicial. Las organizaciones no gubernamentales que trabajan para fomentar los derechos humanos en Túnez tienen acceso a la financiación con cargo a la Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos 2002-2004, unos de cuyos países destinatarios en este período es Túnez.

----

(1)  COM(2003) 294 final.

----

----

(2004/C 88 E/0658)

PREGUNTA ESCRITA E-3310/03

de Philip Claeys (NI) a la Comisión

(10 de noviembre de 2003)

Asunto:   Oleoducto Bakú-Tbilisi-Ceyhan e infracciones del acervo comunitario por Turquía

La construcción de un oleoducto entre Bakú (Azerbaiyán), Tbilisi (Georgia) y Ceyhan (Turquía) por lo visto va a suponer una serie de infracciones en el ámbito del medio ambiente y de los derechos humanos si la normativa europea fuese aplicable a Turquía. Se habla de la falta de un verdadero informe de impacto medioambiental, de expropiaciones ilícitas, etc. Varias ONG ya han formulado propuestas al respecto.

El Estado turco es uno de los principales participantes en el consorcio que desea construir el oleoducto. Sin embargo, como país candidato se puede esperar de Turquía que asuma los criterios de Copenhague, es decir, también el denominado «acervo comunitario». En el contexto del proyecto mencionado ello no parece ser el caso en absoluto.

¿En qué medida sigue la Comisión el expediente del oleoducto Bakú-Tbilisi-Ceyhan? ¿Se ha puesto en contacto al respecto con las autoridades turcas? En caso afirmativo, ¿cuáles han sido los resultados de estas conversaciones?

Turquía recibe de la Unión Europea ayuda de preadhesión. ¿Considera la Comisión la posibilidad de congelar esta ayuda (en su caso, parcialmente) si Turquía siguiera infringiendo los criterios de Copenhague? ¿Existe en ese contexto un calendario concreto?

Respuesta del Sr. Verheugen en nombre de la Comisión

(5 de diciembre de 2003)

En su informe periódico sobre los progresos de Turquía hacia la adhesión publicado el 5 de noviembre de 2003, la Comisión expone su valoración de la evolución durante el pasado año y de la situación general por lo que respecta a los derechos humanos y la protección de las minorías.

En cuanto a las preguntas específicas que plantea Su Señoría en relación con el proyecto de oleoducto Bakú-Tbilisi-Ceyhan, cualquier violación de los derechos humanos que pueda derivarse de la ejecución del proyecto de oleoducto debería considerarse en el contexto de los criterios políticos de Copenhague.

Aunque en la fase actual Turquía no está obligada por el acervo sobre medio ambiente, la Comisión sabe que se han llevado a cabo evaluaciones del impacto medioambiental de este proyecto, por ejemplo, para cumplir las condiciones de las organizaciones de crédito internacionales.

La Comisión continúa observando la evolución de este proyecto.

----

----

(2004/C 88 E/0659)

PREGUNTA ESCRITA P-3331/03

de Anne Van Lancker (PSE) a la Comisión

(5 de noviembre de 2003)

Asunto:   Supresión de la financiación destinada a los programas de prevención del sida/VIH entre los refugiados

El 27 de agosto de 2003, el Departamento de Estado estadounidense anunció que iba a suprimir la financiación destinada a un programa de prevención del sida/VIH entre los refugiados gestionado por RHR Consortium, cuyos miembros son: American Refugee Committee (ARC), CARE, Columbia University Heilbrunn Center for Population and Family Health, International Rescue Committee (IRC), JSI Research and Training Institute (JSI R&T), Marie Stopes International (MSI), y Women's Commission for Refugee Women and Children (WCRWC).

El 29 de agosto de 2003, el Presidente George W. Bush hizo público un Memorándum por el que se amplía el ámbito de aplicación de la «Mexico City Policy», que hasta entonces sólo se aplicaba a programas administrados por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), a todos los fondos de planificación familiar voluntaria administrados por el Departamento de Estado. Este órgano todavía está estudiando qué otros programas y organizaciones podrían verse afectados por la ampliación del ámbito de aplicación de la política estadounidense.

A la vista de estos últimos hechos, ¿estaría la Comisión dispuesta, una vez más, a adelantar fondos para minimizar los perjuicios causados a los programas de prevención del sida/VIH entre los refugiados?

Respuesta del Sr. Nielson en nombre de la Comisión

(11 de diciembre de 2003)

La Comisión siente preocupación ante las decisiones adoptadas por la Administración estadounidense en el sentido de aplicar lo que se conoce como «Política de la Ciudad de México». Esta política perjudica gravemente los esfuerzos de diversas organizaciones por hacer frente de forma eficaz a la amenaza que el virus de inmunodeficiencia humana/síndrome de inmunodeficiencia adquirida (VHI/SIDA) supone para la salud y la vida de la población de los países en vías de desarrollo y para el desarrollo en general. La Comisión desempeña un papel muy activo en el apoyo de la prevención del VHI/SIDA, conforme a lo previsto en su Programa de acción sobre las enfermedades contagiosas, dirigido al VIH/SIDA, la tuberculosis y la malaria y que, entre otras cosas, comprende importantes donativos al Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria (GFATM).

A fin de contribuir a solucionar la falta de fondos de que adolecen ciertas organizaciones fundamentales, debido a las decisiones adoptadas por Estados Unidos, la Comisión ha decidido respaldar el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) mediante financiación adicional. No se han asignado fondos destinados específicamente al problema del VHI/SIDA entre los refugiados. Sin embargo, dentro de los programas sanitarios de los campos de refugiados, la Comisión financia toda una serie de actividades. En cada país en que se desarrollan estas actividades, se tiene en cuenta el contexto nacional, el diálogo con las autoridades nacionales y la situación de los refugiados frente a la población local para evitar divergencias entre las condiciones de vida de uno y otro grupo.

Así, la Oficina Humanitaria de la Comisión (ECHO) ha financiado actividades de sensibilización frente al VHI/SIDA. Cabe citar «obras de teatro» sobre los problemas de esa enfermedad y el aporte de material para la formación del personal local que trabaja en los campos de refugiados y los centros de acogida, así como para los refugiados que vuelven a su país de origen. Además, la Comisión ha financiado medidas destinadas a garantizar la seguridad de las transfusiones de sangre y la aplicación de precauciones generales, la distribución de preservativos y la detección de infecciones de transmisión sexual (ITS). A todos los refugiados que acuden a los centros de salud de los campos se les ofrece la realización de análisis y asesoramiento, pero, por lo que se refiere a los cuidados y al tratamiento, se les remite a los hospitales nacionales.

----

----

(2004/C 88 E/0660)

PREGUNTA ESCRITA E-3357/03

de Stavros Xarchakos (PPE-DE) a la Comisión

(13 de noviembre de 2003)

Asunto:   Profanación del templo de Santa Sofía de Estambul

El templo de Santa Sofía de Estambul (que forma parte del patrimonio cultural universal y constituye un símbolo cumbre de la cristiandad, independientemente de la pertenencia a una u otra doctrina) vuelve a ser objetivo de la política de carácter devastador y provocador de las autoridades turcas. En los últimos días, la prensa internacional ha dado publicidad a la colocación de un «invernadero»' de plástico totalmente antiestético en el interior de este recinto sagrado (!), dentro del cual se exponen «obras de arte» hechas con ... lechuga (!) de un artista asiático, y en diversos puntos del templo se han colocado —como culminación de toda esta «actuación plástica»— receptores de televisión que transmiten a un volumen elevado servicios religiosos musulmanes. Esta actitud de menosprecio de las autoridades turcas para con un templo (cuya historia cuenta muchos siglos y que constituyó el símbolo de un gran imperio cristiano, el de Bizancio, floreciente por más de 1 000 años) es una nueva muestra del modo como Turquía (país candidato a la adhesión a la UE) concibe el respeto de los símbolos de otras religiones.

¿Cómo podría intervenir la Comisión Europea de manera urgente para que este templo cristiano con carácter de símbolo se coloque bajo la protección de algún organismo europeo (en el que podría participar también la Dirección General de Educación y Cultura de la Comisión Europea) con el fin de protegerlo contra profanaciones y destrucciones como la descrita?

Respuesta del Sr. Verheugen en nombre de la Comisión

(22 de diciembre de 2003)

En su respuesta a las preguntas escritas E-2962/03, del Diputado Sr. Alavanos (1), y E-2995/03, de la Diputada Sra. Kratsa-Tsagaropoulou (2), la Comisión formuló una serie de observaciones sobre preocupaciones análogas a las que expresa Su Señoría. En el ámbito de los preparativos para la adhesión, la Comisión sigue de cerca los progresos que va haciendo Turquía para adoptar la normativa comunitaria pertinente en la esfera de la cultura. La salvaguardia del patrimonio nacional no es competencia de la Comunidad.

Por lo que respecta a una posible intervención, el programa comunitario de asistencia financiera a Turquía no prevé la concesión de ayuda financiera para la conservación o la restauración de obras de carácter religioso o cultural como las que alberga el templo de Santa Sofía.

----

(1)DO C 78 E de 27.3.2004, p. 771.

(2)  Ver página 125.

----

----

(2004/C 88 E/0661)

PREGUNTA ESCRITA E-3366/03

de Avril Doyle (PPE-DE) a la Comisión

(14 de noviembre de 2003)

Asunto:   Situación de los derechos humanos en Chechenia

¿Puede la Comisión indicar qué medidas que han sido adoptadas por la Unión Europea para poner de relieve las violaciones de los derechos humanos y del derecho humanitario internacional en Chechenia, con especial referencia a los casos de Said-Jusein Imakaev y de su padre, Said Jusein?

¿Puede la Comisión indicar asimismo si estas cuestiones se examinarán en la inminente cumbre UE-Rusia que se celebrará en Roma el 6 de noviembre e informar brevemente sobre los resultados de esta reunión, con particular referencia a Chechenia?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(18 de diciembre de 2003)

La Comisión está siguiendo de cerca los acontecimientos de Chechenia. La Comisión apoya una solución política del conflicto que respete la integridad territorial de Rusia, así como todo auténtico esfuerzo por conseguir una paz duradera.

La Comisión ha tomado nota con preocupación de los inquietantes informes de violación de los derechos humanos en Chechenia. La Comisión está también al corriente del caso mencionado, que ha sido llevado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Lamentablemente, no se trata de un caso aislado: un total de 2 343 personas han desaparecido desde agosto de 1999, según los datos de la oficina del Sr. Sultygov, representante presidencial de derechos humanos en Chechenia. Las organizaciones de derechos humanos informan que en 2003 varios centenares de personas desaparecieron en Chechenia (muchas de ellas de manera violenta).

La Comisión aprovechó la oportunidad del Consejo Europeo del 6 de noviembre de 2003 en Roma para expresar su preocupación ante los informes sobre las violaciones en curso de los derechos humanos. La Comisión considera de la máxima importancia que los desplazados internos dispongan de más opciones que la de volver a Chechenia.

Éste es el caso, debido particularmente a la circunstancia de que la situación de la seguridad en Chechenia no ha hecho más que degradarse desde el referéndum constitucional y las elecciones presidenciales, y a la vista de la insatisfactoria situación humanitaria. En relación con este último punto, la Comisión lamenta que Rusia no haya tomado todavía medidas concretas para facilitar el suministro de ayuda humanitaria —proporcionando a las organizaciones no gubernamentales (ONG) acceso a las comunicaciones de frecuencia muy alta (VHF) de las Naciones Unidas, proporcionando seguridad a los trabajadores humanitarios (se mencionó concretamente el caso del trabajador humanitario secuestrado Arjan Erkel) y permitiendo a la Oficina de Ayuda Humanitaria (ECHO) abrir una oficina en Nazran, Ingushetia— pese a las constantes solicitudes en este sentido.

La Comisión seguirá celebrando reuniones en el marco del diálogo político Unión-Rusia para invitar a las autoridades rusas a mejorar la situación del Cáucaso septentrional.

La Comisión proporciona apoyo a las ONG de la región mediante la Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos, con objeto de apoyar el desarrollo de una sociedad civil que funcione adecuadamente. También se han ejecutado varios programas de formación en cooperación con el Consejo de Europa.

----

----

(2004/C 88 E/0662)

PREGUNTA ESCRITA E-3377/03

de Elisabeth Schroedter (Verts/ALE) y Inger Schörling (Verts/ALE) a la Comisión

(14 de noviembre de 2003)

Asunto:   Extracción de petróleo por parte de Rusia en el mar Báltico, cerca del Istmo de Courlandia (yacimiento de petróleo D6)

La compañía petrolera rusa LUKoil va a iniciar las extracciones de crudo del yacimiento de petróleo D6 antes de finales de 2003. El yacimiento D6 está situado a sólo 22 kilómetros de la costa rusa y a 6 kilómetros de la frontera lituana. Cualquier vertido de petróleo constituiría un peligro para el Istmo de Courlandia (Curonian Spit) en Rusia y en Lituania, y posiblemente también para las costas de Finlandia y Suecia. El Istmo de Courlandia es Patrimonio Mundial, parque nacional y formará parte de Natura 2000 una vez que Lituania haya ingresado en la UE. Percibe ya fondos procedentes de LIFE. La zona es conocida por su medio ambiente sensible. El turismo, que depende de la existencia de playas limpias, representa un factor económico de primer orden en la zona. Las autoridades rusas no han llevado a cabo una Evaluación del Impacto Ambiental (EIA) de carácter internacional y transparente. El segundo Plan de acción de la dimensión septentrional, aprobado a mediados de octubre, pide la cooperación con Rusia a fin de cumplir lo estipulado en el Convenio de Espoo y hacer realidad la cooperación transfronteriza en cuestiones de medio ambiente.

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(19 de diciembre de 2003)

----

(1)  Las Recomendaciones Helcom relevantes a este respecto son concretamente la Recomendación 18/2 (de 12 de marzo de 1997) sobre las actividades en alta mar y la Recomendación 19/17 (de 24 de marzo de 1998) sobre medidas de lucha contra la contaminación procedente de instalaciones en alta mar. A petición de la delegación de Lituania, en una reciente reunión de los jefes de las delegaciones Helcom (Helsinki, 27-28 de octubre de 2003) se acordó la revisión de estas Recomendaciones en cooperación con los expertos competentes de la Comisión OSPAR y de la Asociación Internacional de Productores de Petróleo y de Gas.

----

----

(2004/C 88 E/0663)

PREGUNTA ESCRITA E-3380/03

de Christos Zacharakis (PPE-DE) y Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) a la Comisión

(14 de noviembre de 2003)

Asunto:   Gestiones ante las autoridades egipcias con miras a la aplicación de los principios de la democracia y la protección de los derechos humanos

En 1989, las autoridades egipcias detuvieron en Suez, condenaron a muerte y, a continuación —por presiones europeas—, conmutaron sus condenas por cadena perpetua a tres marinos griegos del buque «Thanasis», acusados de tráfico ilegal, aunque nunca quedó demostrada su culpabilidad.

El asunto ocupó de manera especial a los medios de comunicación, se realizaron al respecto numerosas emisiones en la radio y la televisión griegas, y se publicó un libro en el que se refiere la condena sin pruebas y las miserables condiciones de reclusión reinantes en las cárceles egipcias. Dos de los tres marinos ya han fallecido en prisión, mientras que el tercero, Konstantinos Kastanias, gravemente enfermo, agoniza en la prisión de El-Kanater.

Dado que el PE ha expresado en reiteradas ocasiones la necesidad de reforzar la democracia en Egipto (Resoluciones P5_TA(2002)0378 y P5_TA(2002)0410) y se ha referido al caso concreto de las miserables condiciones de reclusión de Konstantinos Kastanias, solicitando a las autoridades egipcias que permitan su traslado a Grecia por razones humanitarias (Resolución P5_TA-PROV(2003)0192, 10.4.2003), ¿qué medidas urgentes se propone tomar la Comisión, especialmente en el marco de la cooperación con Egipto, con arreglo al artículo 2 del Acuerdo de Asociación de Egipto con la UE, que exige el respeto de los derechos humanos y de los principios democráticos, así como a la declaración realizada por el Comisario Chris Patten ante el Pleno del PE el 5.9.2002, en la que hacía un llamamiento a Egipto para que adopte las normas judiciales y democráticas más elevadas si pretende hacer realidad sus ambiciones políticas y en materia de desarrollo, de modo que dicho país preste oídos a la solicitud del PE y permita el traslado a Grecia del agonizante Konstantinos Kastanias, de acuerdo con la Resolución P5_TA-PROV(2003)0192 del PE, de 10.4.2003, antes citada?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(11 de diciembre de 2003)

La Comisión está al corriente de la reclusión de Konstantinos Kastanias en una prisión egipcia por tráfico de drogas y de su condena a muerte (posteriormente sustituida por cadena perpetua). La Comisión está al corriente de que en 1996, por motivos humanitarios, las autoridades egipcias repatriaron a Nikos Zagelidis, una de las dos otras personas que recibieron la misma condena.

La Comisión está siguiendo este asunto y se ha mantenido en contacto con las autoridades griegas y egipcias.

La Comisión está dispuesta a apoyar cualquier nuevo esfuerzo diplomático realizado por Grecia o por la Presidencia de la Unión para la transferencia por motivos humanitarios del Sr. Kastanias a Grecia en virtud de los actuales acuerdos bilaterales sobre intercambio de presos.

----

----

(2004/C 88 E/0664)

PREGUNTA ESCRITA P-3391/03

de Luigi Vinci (GUE/NGL) a la Comisión

(10 de noviembre de 2003)

Asunto:   Negociaciones entre Turquía y la Comisión sobre el proceso a Leyla Zana

Un reciente artículo en el prestigioso diario turco Hurriyet firmado por su corresponsal en Bruselas alude a una negociación entre Turquía y la Comisión sobre la propuesta turca de dictar una sentencia exculpatoria firme en el proceso contra Leyla Zana a cambio de la inclusión de Kadek (Congreso para la Libertad y la Democracia en el Kurdistán) en la lista europea de organizaciones terroristas.

¿Puede confirmar la Comisión la veracidad de esta noticia o, en caso contrario, desmentirla oficialmente?

Respuesta del Sr. Verheugen en nombre de la Comisión

(5 de diciembre de 2003)

La Comisión desea informar a Su Señoría de que el artículo al que hace referencia no tiene fundamento de hecho. No hay ninguna negociación entre la Comisión y el Gobierno de Turquía sobre los temas mencionados en la pregunta.

La Comisión dio a conocer su valoración del nuevo juicio en curso del asunto Sadak, Zana, Dicle y Dogan en su Informe Periódico de 2003, publicado el 5 de noviembre de 2003 (1), y seguirá observando de cerca esta cuestión.

----

(1)  COM(2003) 676 final.

----

----

(2004/C 88 E/0665)

PREGUNTA ESCRITA E-3396/03

de Roberta Angelilli (UEN) a la Comisión

(17 de noviembre de 2003)

Asunto:   Falta de pago de la indemnización a los exiliados italianos de la ex Yugoslavia

La Asociación cultural «Movimento nazionale Istria Fiume Dalmazia» trabaja desde hace muchos años en pos del reconocimiento de los derechos de los exiliados italianos (unos 350 000) que abandonaron Yugoslavia por razones históricas conocidas.

Se firmaron dos acuerdos, uno en Osimo en 1975, y otro en Roma en 1983, en los que se reconocía el derecho a una indemnización equitativa de todos los exiliados italianos que habían tenido que abandonar sus bienes inmuebles. No obstante, tras la disolución de Yugoslavia, los nuevos países (Eslovenia y Croacia) no cumplieron con el pago de las sucesivas cuotas pactadas. Según un estudio reciente de la comisión técnica creada por la Provincia de Trieste de común acuerdo con la Provincia de Roma y el Ayuntamiento de Trieste, se deberían revisar los acuerdos de 1983 para eliminar la exclusión de los ciudadanos extranjeros de las leyes de «desnacionalización», así como los obstáculos burocráticos que existen para la adquisición de bienes inmuebles en territorio esloveno.

Por todo lo anterior:

Respuesta del Sr. Verheugen en nombre de la Comisión

(9 de enero de 2004)

Los acuerdos celebrados entre Italia y Yugoslavia en 1975 y 1983 son acuerdos bilaterales entre dos Estados soberanos sobre cuestiones de propiedad inmobiliaria. Eslovenia ha informado a la Comisión de que, siendo uno de los Estados sucesores de la República Socialista Federal de Yugoslavia (RSFY), ha asumido las obligaciones relativas a las compensaciones pagaderas en virtud del acuerdo.

El Tratado CE y el Tratado de la Unión Europea no afectan a los sistemas de propiedad inmobiliaria en los Estados miembros; así pues, las cuestiones de propiedad inmobiliaria están sometidas a la legislación nacional y los principios de los Tratados no les son aplicables.

En lo que respecta a las disposiciones de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, ésta sólo afecta a las instituciones de la Unión y a los Estados miembros cuando se trata de aplicar la legislación de la Unión. Dado que los regímenes de propiedad inmobiliaria no están regulados por la legislación de la Unión, la Carta no resulta aplicable en esta materia.

----

----

(2004/C 88 E/0666)

PREGUNTA ESCRITA P-3401/03

de Alexandros Alavanos (GUE/NGL) a la Comisión

(11 de noviembre de 2003)

Asunto:   Asunto Loizidou

El tiempo transcurrido desde que el TEDH dictó sentencia sin que Turquía la haya ejecutado constituye una afrenta a la autoridad del Tribunal.

Ahora, Turquía pone dos condiciones principales para ejecutar la sentencia:

Dado que, en el marco del diálogo político reforzado entre la UE y Turquía, se prevé el respeto de las sentencias del TEDH y que la ejecución de la sentencia judicial en el asunto Loizidou sigue pendiente en el fondo desde 1996, ¿qué medidas se propone tomar la Comisión para que Turquía ejecute la sentencia del TEDH sin repercusiones ni compromisos inaceptables?

Respuesta del Sr. Verheugen en nombre de la Comisión

(5 de diciembre de 2003)

La Comisión ha seguido de cerca el asunto de Loizidou contra Turquía al que hace referencia Su Señoría. Como destacó la Comisión en su Informe Periódico de 2003 (1), a pesar del compromiso contraído por Turquía en junio de 2003 de abonar antes de octubre de 2003, a más tardar, la indemnización concedida a la Sra. Loizidou por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, aún no se ha efectuado ningún pago.

La resolución de este asunto es una prioridad clara de los viceministras del Consejo de Europa, que se han ocupado de él con frecuencia en sus recientes reuniones semanales. El Consejo de Europa ha seguido instando firmemente a Turquía a que pague, sin condiciones, la indemnización concedida por el Tribunal.

Una de las prioridades mencionadas en el Acuerdo de Asociación para Turquía es el respeto de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En cumplimiento de esa prioridad, la Comisión seguirá observando de cerca las sentencias no ejecutadas por Turquía, incluido este asunto.

----

(1)  COM(2003) 676 final.

----

----

(2004/C 88 E/0667)

PREGUNTA ESCRITA E-3467/03

de John Bowis (PPE-DE) a la Comisión

(21 de noviembre de 2003)

Asunto:   Oleoducto Chad-Camerún

¿Puede la Comisión facilitar información actualizada sobre el proyecto de oleoducto entre el Chad y el Camerún, incluyendo lo concerniente a los beneficios que han obtenido las comunidades locales y las garantías de protección del medio ambiente afectado? ¿A qué deberían destinarse los ingresos procedentes del petróleo? ¿Qué impacto sanitario y social tiene en estos dos países el crecimiento de la actividad económica relacionada con el oleoducto?

Respuesta del Sr. Nielson en nombre de la Comisión

(19 de diciembre de 2003)

La producción petrolífera en Chad comenzó en junio de 2003 y, en julio del mismo año, el petróleo empezó a pasar por el nuevo oleoducto. El 9 de octubre de 2003 el Presidente del país, Idriss Deby, inauguró oficialmente el oleoducto entre Chad y Camerún, de 1000 km de longitud, en presencia de otros cuatro Jefes de Estado de la zona.

El coste total de la extracción de petróleo de Chad y de su transporte a Camerún por el oleoducto se calcula en 3 700 millones de dólares, que representan una de las mayores inversiones del sector privado en África. El Banco Europeo de Inversiones (BEI) participa en la financiación con un importe de 144 millones de euros, 35,7 de los cuales van destinados al Gobierno de Camerún y 20,3 a Chad a partir del capital de riesgo del Fondo Europeo de Desarrollo (FED). Se espera que el proyecto produzca 225 000 barriles diarios de petróleo y un total de ingresos de 12 000 millones de dólares. Los ingresos públicos estimados son de 1 700 millones de dólares para Chad y 505 millones de dólares para Camerún en el período operativo de 28 años.

La justificación del proyecto desde el punto de vista del desarrollo se basa en que los ingresos que produzca permitirán a los Gobiernos invertir más en programas de lucha contra la pobreza, sanidad, educación y desarrollo rural.

Según la Ley de gestión de ingresos, el 85 % de los ingresos durante los primeros diez años de producción se invertirá en sectores sociales prioritarios, como son la educación, la sanidad, los servicios sociales y la agricultura. Esta inversión no sustituirá el gasto público en estos sectores, sino que constituirá un recurso adicional.

El proyecto representa una forma totalmente nueva de proyecto de industria extractiva debido al detalle y cuidado con que se elabora y se crea el programa de gestión de ingresos. De hecho, la participación del Banco Mundial ha financiado el desarrollo de un programa de gestión sana de ingresos, ha fomentado la aplicación de políticas sociales y de medio ambiente estrictas del grupo y ha dado lugar a amplias consultas en ambos países y en todo el mundo.

Como resultado, las consecuencias netas del proyecto en el medio natural y humano serán mínimas. El oleoducto discurre bajo tierra en la mayor parte de su trayectoria, sigue la infraestructura existente y cumple las políticas de protección del Banco Mundial, incluidas las referentes a cuestiones de medio ambiente, hábitats naturales, comunidades indígenas, reasentamientos y patrimonio cultural y forestal. Sólo se ha perdido una pequeña superficie de selva tropical debido a la construcción y, para compensar esa pérdida, se han creado en Camerún dos nuevos parques nacionales de grandes dimensiones. El consorcio petrolífero ha elaborado un plan general de actuación en caso de fugas de petróleo acorde con las prácticas correctas internacionales.

Se ha introducido un plan para realizar una campaña intensiva de IEC (información, educación y comunicación) destinada a la población local de la zona petrolífera. Además, los dos Gobiernos están aplicando programas complementarios para incrementar la capacidad de los servicios sanitarios descentralizados, programas que incluyen intervenciones relacionadas con el síndrome de inmunodeficien-cia adquirida (SIDA). Se ha contratado a organizaciones no gubernamentales (ONG) cualificadas para ayudar a las comunidades asentadas en la trayectoria del oleoducto a elaborar, presentar y aplicar proyectos comunitarios en los sectores de la sanidad y la educación.

----

----

(2004/C 88 E/0668)

PREGUNTA ESCRITA E-3676/03

de Ilda Figueiredo (GUE/NGL) a la Comisión

(9 de diciembre de 2003)

Asunto:   Petición colectiva de CNASTI

En el Foro Mundial sobre la Educación celebrado en Dakar, la comunidad internacional asumió como objetivo principal asegurar que todos los niños del mundo tengan acceso, de aquí a 2015, a una educación básica de calidad y gratuita, y eliminar, de aquí a 2005, las desigualdades entre los sexos en materia educativa. Ese mismo año, estos objetivos se vieron reflejados en los objetivos de desarrollo de las Naciones Unidas para el Milenio.

En el marco de la campaña «De la explotación a la educación», iniciada en Portugal por la Confederación Nacional de Acción sobre el Trabajo Infantil (CNASTI), en calidad de coordinadora nacional de la Marcha Global contra el Trabajo Infantil, se entregó una petición colectiva en la que se solicita a la Comisión Europea medidas, entre otras, para aumentar significativamente los fondos destinados a la educación en el ámbito de la cooperación y el desarrollo internacional, apoyar plenamente la Iniciativa de carácter urgente en términos de educación y ampliar el programa a todos los países con planes de educación sólidos, así como excluir explícitamente la educación de los sectores que van a ser liberalizados en el marco del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS) de la OMC.

¿Puede facilitar la Comisión información sobre las medidas efectivas que ya ha adoptado en relación con las reivindicaciones anteriormente expuestas?

Respuesta del Sr. Nielson en nombre de la Comisión

(20 de febrero de 2004)

Los objetivos establecidos en Dakar para conseguir la «Educación para todos» y los «Objetivos de Desarrollo del Milenio» de las Naciones Unidas en el campo de la educación forman la base de la política de desarrollo de la Comunidad en el campo de la educación, tal como se establece en la Comunicación de la Comisión de marzo de 2002 (1) sobre «Contribución de la educación y la formación a la reducción de la pobreza en los países en desarrollo». La Comunicación también recalca que deberá incrementarse la financiación de la Comunidad destinada a la educación, en particular la enseñanza primaria.

En conjunto, se calcula que la Comisión ha programado 1 300 millones de euros para la educación en los países en desarrollo a lo largo de cinco años. Esta cifra no representa el esfuerzo total, ya que no tiene en cuenta unos 1 700 millones de euros para financiación que irán a los países de África, el Caribe y el Pacífico (ACP) con cargo al 9o Fondo Europeo de Desarrollo (FED) en forma de apoyo macroeconómico vinculado a los resultados sociales, particularmente la educación y la salud.

Dado que la cooperación de la Comunidad al desarrollo está programada plurianualmente, sólo se dispone de un margen limitado para incrementar la financiación de la educación hasta la siguiente fase de la programación. Con todo, existe alguna flexibilidad en los Estados ACP gracias al ejercicio consistente en volver a comprometer los fondos no gastados de los FED anteriores, y gracias a la evaluación intermedia de 2004. Por supuesto, ateniéndose al principio de titularidad, los países beneficiarios son quienes deciden en definitiva la utilización de los fondos que les han sido asignados.

En este contexto, la Comisión acogió favorablemente la Iniciativa de Educación Acelerada (IEA) de «Educación para todos», como una oportunidad de incrementar el apoyo a la enseñanza primaria. La IEA también será tenida en cuenta en la siguiente fase de programación de los Estados no ACP que se benefician de la IEA. Por otra parte, la Comisión ha desempeñado un buen papel en el segundo pilar por lo que respecta a la armonización de los procedimientos de la IEA con los otros donantes, particularmente los Estados miembros de la UE.

En relación con el tema concreto de los servicios de educación y el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS), la Comunidad y sus Estados miembros ya han contraído varios compromisos dentro de la Ronda Uruguay del GATS por lo que respecta a los servicios de educación financiados con fondos privados. Estos compromisos incluyen la posibilidad de que los proveedores extranjeros accedan en cierta medida al territorio de la Unión, pero no han obstaculizado en absoluto el derecho de los Estados miembros a decidir cuál es la organización más apropiada para el suministro de servicios de educación. Ello se atiene a las disposiciones del GATS que excluyen de su alcance únicamente a los servicios suministrados por orden del gobierno, permitiendo al mismo tiempo a los miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) conservar la flexibilidad necesaria, así como el derecho, en los ámbitos que le corresponden, de decidir cuál es la estructura más adecuada para la organización de cada sector.

----

(1)  COM(2002) 116 final.

----

----

(2004/C 88 E/0669)

PREGUNTA ESCRITA E-3857/03

de Raffaele Costa (PPE-DE) a la Comisión

(16 de diciembre de 2003)

Asunto:   Programa de ayuda al desarrollo en la India

En el ámbito del programa de ayuda al desarrollo en la India, que en 2001 representaba 84 millones de euros, se financió una serie de proyectos. ¿Podría la Comisión dar a conocer el número exacto de proyectos financiados y si para cada uno de ellos se verificó la buena ejecución del gasto y de las iniciativas emprendidas?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(2 de febrero de 2004)

El importe mencionado por Su Señoría se compone de los desembolsos totales (84 millones de euros) para la India durante 2001. En comparación, los desembolsos ascendieron a más de 103 millones de euros en 2002 y a aproximadamente el mismo importe en 2003.

En 2001, la cartera de las principales actividades comunitarias de cooperación al desarrollo que se están ejecutando en la India pueden dividirse en tres grandes categorías:

En su informe más reciente (Informe especial no 10/2003 sobre la «Eficacia de la gestión de la Comisión en la cooperación al desarrollo en la India respecto del objetivo de ayudar a los pobres y obtener efectos sostenibles»), el Tribunal de Cuentas llegó a la conclusión de que la gestión de la Comisión ha resultado fructífera en lo que se refiere al objetivo de ayudar a los pobres y de obtener la sostenibilidad. Por otra parte, la Comisión vela por que todos sus proyectos principales (de más de 1 millón de euros) sean objeto de una supervisión externa al menos una vez al año.

----

----

(2004/C 88 E/0670)

PREGUNTA ESCRITA E-3868/03

de Piia-Noora Kauppi (PPE-DE), Riitta Myller (PSE), Samuli Pohjamo (ELDR) y Ari Vatanen (PPE-DE) a la Comisión

(16 de diciembre de 2003)

Asunto:   Temperatura de cálculo de los impuestos sobre los combustibles

En Finlandia, durante los últimos años, se ha estado debatiendo continuamente sobre la interpretación correcta de la Directiva 92/81/CEE (1) del Consejo relativa a la armonización de las estructuras del impuesto especial sobre los hidrocarburos. En la legislación anterior relativa a los impuestos sobre los combustibles, el punto de partida era una fiscalidad basada en el volumen en litros. Esto significaba que el combustible se gravaba sobre la base de la temperatura del combustible en el momento de ser cargado en un camión cisterna en la terminal. Por término medio, la temperatura era de + 8 °C.

La nueva directiva, por otra parte, está basada en la llamada fiscalidad sobre los litros normalizados (+ 15°C). El apartado 1 del artículo 3 de la Directiva 92/81/CEE del Consejo, traducido al finés, establece que cada Estado miembro recaudará un impuesto especial específico sobre los hidrocarburos, que se calculará por 1 000 litros de producto a una temperatura de 15 °C.

Según el artículo 5 de la Ley sobre los impuestos específicos para los combustibles líquidos (29 de diciembre de 1994/1472) promulgada sobre la base de la directiva y actualmente en vigor en Finlandia, el impuesto específico y la tasa por mantenimiento de existencias preventivas deben recaudarse sobre el producto a 15 °C. La temperatura media en Finlandia es de + 8 °C y no de +15 °C como ocurre en la Europa central y meridional. A efectos fiscales, la diferencia en la temperatura es de 7 grados.

Varios países nórdicos, a saber, Suecia, Dinamarca y Noruega, aplican otro enfoque para interpretar dicha directiva. Dinamarca formaba ya parte de la UE cuando se modificó la fiscalidad de modo que los impuestos sobre los combustibles se debían recaudar sobre la base de los litros normalizados (+15 °C). Dinamarca ha interpretado la nueva directiva fiscal para que la legislación fiscal danesa corresponda al nivel fiscal mínimo requerido por la directiva de la UE. Dinamarca continúa recaudando los impuestos sobre la base del volumen en litros. Por otra parte, Suecia y Finlandia se adhirieron a la UE al mismo tiempo en 1995. Suecia sabía cómo actuaba Dinamarca. Según la interpretación que se ha dado en Suecia, los impuestos sobre la gasolina pueden recaudarse también sobre la base del volumen en litros, es decir, sobre la base de la temperatura verdadera. Noruega también recauda los impuestos sobre la base del volumen en litros.

Con referencia a lo mencionado, ¿puede indicar la Comisión si, sobre la base de la directiva, Finlandia puede interpretar el artículo 5 de la Ley sobre los impuestos específicos para los combustibles líquidos (29 de diciembre de 1994/1472) de manera que los impuestos sobre los combustibles puedan recaudarse en Finlandia sobre la base de una temperatura de + 8 °C?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(15 de enero de 2004)

La Comisión se remite a su respuesta a la pregunta escrita P-2439/01 (2) del Sr. Vatanen.

En su respuesta, la Comisión precisaba que el apartado 1 del artículo 3 de la Directiva 92/81/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la armonización de las estructuras del impuesto especial sobre los hidrocarburos (3), prevé un impuesto especial específico calculado por 1000 litros de producto a una temperatura de 15°C. La Directiva 92/81/CEE fue derogada a partir del 1 de enero de 2004 por la Directiva 2003/96/CE del Consejo, de 27 de octubre de 2003, por la que se reestructura el régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad (4); pero, de nuevo, el apartado 2 del artículo 12 de la nueva Directiva prevé que para los productos energéticos con niveles de imposición basados en el volumen, éste se medirá a una temperatura de 15 °C.

Durante las discusiones previas a la adopción de la Directiva 2003/96/CE, el Consejo introdujo una declaración en las actas del Consejo (5) que señalaba que: «En el cálculo del impuesto los Estados miembros no necesitar ajustar la cantidad en función de la temperatura de cada transacción, sino que pueden adoptar procedimientos nacionales simplificados para tener en cuenta las variaciones de temperatura. Los ajustes de la temperatura de referencia se calcularán sobre la base de los cuadros publicados por la Organización Internacional de Normalización con las referencias ISO 91/1 — 1982 o cualquier revisión posterior.»

De conformidad con el artículo 6 de la Directiva 92/12/CEE del Consejo, de 25 de febrero de 1992, relativa al régimen general, tenencia, circulación y controles de los productos objeto de impuestos especiales (6), el impuesto especial sobre el consumo de productos sujetos a dicho impuesto se devengará en el momento de su puesta a consumo, es decir, cuando los hidrocarburos salen de un depósito fiscal, o en el de su importación. La Comisión está plenamente de acuerdo en la importancia de garantizar que en el momento de la puesta a consumo el cálculo a efectos fiscales del volumen de hidrocarburos no se vea alterado por factores relacionados con la temperatura, independientemente de la época del año y del lugar a partir del cual se efectúe la puesta a consumo. En los contactos regulares que la Comisión mantiene con todos los Estados miembros, sobre una base bilateral o a través del Comité de Impuestos Especiales, ningún Estado miembro manifestó haber experimentado dificultades hasta el momento en la aplicación de esta disposición.

En la práctica, en el conjunto de la Comunidad se aplica un denominador común, que convierte el volumen de la masa específica de hidrocarburos, medido a cualquier temperatura ambiente, en el volumen correspondiente a la temperatura de referencia de 15 °C. Las Directivas 92/81/CEE y 2003/96/CE no contienen ningún método o una indicación que puedan ser útiles para las administraciones nacionales a la hora de efectuar esta conversión, aparentemente porque las normas internacionales vigentes (7), definidas por las organizaciones internacionales especializadas, regulan esta conversión de modo suficiente. Efectivamente, estas organizaciones han establecido cuadros científicos detallados que contienen unos coeficientes correctores de volumen para cada temperatura y para la masa específica de los hidrocarburos.

No parece haber razones válidas para modificar la temperatura de referencia de los 15 °C actuales a 8 °C, ya que los Estados miembros pueden convertir fácilmente cualquier volumen de hidrocarburos, medido a cualquier temperatura ambiente, en el volumen correspondiente a la temperatura de referencia de 15 °C. Por consiguiente, la Comisión considera que la sección 5 de la ley finlandesa sobre impuestos especiales de los combustibles líquidos (29 de diciembre de 1994/1472), que establece el principio de imposición en 15 °C, puede considerarse conforme con las Directivas antes mencionadas.

----

(1)DO L 316 de 31.10.1992, p. 12.

(2)DO C 160 de 4.7.2002.

(3)DO L 316 de 31.10.1992.

(4)DO L 283 de 31.10.2003.

(5)  Documento del Consejo 14140/03, PV/CONS 60 Add 1, ode 24.11.2003.

(6)DO L 76 de 23.3.1992.

(7)  En particular los cuadros de la Sociedad Americana para la Prueba de Materiales (ASTM) o de la Organización Internacional de Normalización (ISO) 91/1/1982.

----

----

(2004/C 88 E/0671)

PREGUNTA ESCRITA E-3880/03

de Emmanouil Bakopoulos (GUE/NGL) a la Comisión

(16 de diciembre de 2003)

Asunto:   Pasaporte para los animales domésticos

La Comisión Europea ha fijado el mes de julio de 2004 como fecha de entrada en vigor del pasaporte para animales domésticos. Dicho pasaporte valdrá como certificado sanitario del animal doméstico y ofrecerá a su propietario la posibilidad de transportarlo libremente por toda Europa, a excepción del Reino Unido, Irlanda y Suecia. Sin embargo, hasta fechas recientes, todo propietario que quisiera viajar con un animal doméstico por la Unión Europea había de presentar un certificado válido de vacuna contra la rabia, que de todos modos se registra en la cartilla sanitaria del animal.

Por consiguiente, ¿puede indicar la Comisión qué cambia, en el fondo, en el transporte de animales domésticos dentro de la Unión Europea?

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(26 de enero de 2004)

El Reglamento (CE) no 998/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, por el que se aprueban las normas zoosanitarias aplicables a los desplazamientos de animales de compañía sin ánimo comercial, y se modifica la Directiva 92/65/CEE del Consejo (1) entró en vigor el 3 de julio de 2003. Por tanto, la Decisión de la Comisión por la que se fija el modelo de pasaporte, establecida con arreglo al segundo párrafo del artículo 17 del mencionado Reglamento es aplicable a partir de esta misma fecha.

Por lo tanto, los requisitos aplicables al transporte de carnívoros domésticos están establecidos en el Reglamento (CE) no 998/2003. La norma general para el desplazamiento de estos animales entre los Estados miembros, excepto Irlanda, el Reino Unido y Suecia, es la presentación de un certificado válido de vacuna contra la rabia.

El objetivo del pasaporte es introducir, a escala de la unión, un documento veterinario único y normalizado que facilitará los posibles controles sobre los gatos, perros y hurones que se desplazan por el territorio europeo. Su finalidad es reemplazar los diferentes documentos existentes actualmente en los Estados miembros, que planteaban varias dificultades de orden lingüístico y se presentaban en diferentes formatos, lo que no facilitaba su utilización en los desplazamientos a través de la Unión.

El veterinario podrá cumplimentar el pasaporte en el momento en que deba desplazarse al animal. Se trata de un certificado veterinario europeo que acompañará al animal durante toda su vida y en el que se podrán introducir todos los datos relativos a su situación sanitaria.

Además, el pasaporte servirá también para los desplazamientos a Irlanda, el Reino Unido y Suecia. Las rúbricas correspondientes a las disposiciones específicas a que pueden acogerse estos tres Estados miembros durante un período de cinco años deberán cumplimentarse de acuerdo con las mismas.

----

(1)DO L 146 de 13.6.2003.

----

----

(2004/C 88 E/0672)

PREGUNTA ESCRITA E-3920/03

de Graham Watson (ELDR) a la Comisión

(17 de diciembre de 2003)

Asunto:   ECHO

Teniendo en cuenta las protestas de los periodistas, ¿tiene la Comisión la intención de cambiar su política, a fin de permitir a los periodistas viajar a Mogadiscio (Somalia) a bordo de los aviones de la Oficina Europea de Ayuda Humanitaria (ECHO)?

Respuesta del Sr. Nielson en nombre de la Comisión

(30 de enero de 2004)

La Comisión está al corriente de los argumentos presentados por el Sr. Alberizzi, corresponsal del Corriere della Sera, que deseaba que los periodistas que viajaban a Somalia pudieran hacerlo a través de ECHO Flight.

Como ya se señaló en su respuesta a la carta abierta del Sr. Alberizzi (1), la Comisión no puede modificar su política sobre la utilización de ECHO Flight. ECHO Flight es un servicio humanitario para apoyar proyectos humanitarios y de rehabilitación en Somalia, el norte de Kenia y la República Democrática del Congo, transportando el material y el personal humanitario necesario para la ejecución de estos proyectos. Dado su carácter humanitario, y con el fin de conservar el acceso a zonas en conflicto, es de vital importancia que ECHO Flight demuestre en todo momento neutralidad e imparcialidad. Cualquier relación con mensajes políticos, tal como podría ocurrir con las visitas de políticos, funcionarios políticos e incluso periodistas, podría hacer peligrar estos principios básicos.

Por estas razones, debe observarse una política restrictiva en lo que se refiere a la utilización de ECHO Flight.

----

(1)  http://europa.eu.int/comm/echo/pdf_files/letter_echo_flight.pdf.

----

----

(2004/C 88 E/0673)

PREGUNTA ESCRITA P-3936/03

de Christopher Heaton-Harris (PPE-DE) a la Comisión

(16 de diciembre de 2003)

Asunto:   Italtrend

Teniendo en cuenta las recientes informaciones aparecidas en la prensa sobre la empresa italiana Italtrend, se pide a la Comisión que responda a las siguientes preguntas:

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(18 de febrero de 2004)

En relación con las respuestas dadas sobre esta cuestión a European Voice, así como a la pregunta E-3586/03 del Sr. Borghezio (1), se señala que, a 31 de diciembre de 2003, el importe total de los trabajos de Italtrend con la Comisión, desde el 1 de septiembre de 1999, en el sector de la ayuda externa asciende a 7,97 millones de euros, correspondientes al valor de los contratos firmados con esta empresa en el sector mencionado, desde la fecha citada. El número de contratos firmados durante este mismo período es de cuarenta y nueve.

De estos cuarenta y nueve contratos, cuarenta y tres son contratos de prestación de servicios por un valor inferior a 200 000 euros atribuidos en el ámbito del denominado contrato-marco. El contrato-marco estaba supeditado a concurso publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea. A raíz de este concurso público, cincuenta y ocho empresas fueron inscritas en una lista restringida para consulta posterior a fin de adjudicarles contratos de prestación de servicios de corta duración inferiores a 200 000 euros.

Por lo que se refiere a los otros seis contratos, uno fue otorgado a través de convocatorias de propuestas, dos mediante licitación restringida con anuncio publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea, uno mediante procedimiento por negociación y dos mediante acuerdo directo.

----

(1)DO C 84 E de 3.4.2004, p. 508.

----

----

(2004/C 88 E/0674)

PREGUNTA ESCRITA E-3959/03

de José Ribeiro e Castro (UEN) a la Comisión

(5 de enero de 2004)

Asunto:   África — Escasez y seguridad alimentaria

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) ha lanzado una alarma sobre la escasez de alimentos, debida a las malas cosechas o a la existencia de conflictos, que está poniendo en peligro a 23 países del continente africano, entre los que se cuentan Angola, Cabo Verde, Côte d'Ivoire, Kenya y Somalia.

Su informe subraya que «el impacto de las sequías en ciertas regiones es especialmente grave» y que Somalia se muestra preocupada por una «grave crisis humanitaria» en la meseta de Sool, pues se estima que, sólo en este país, 93 000 personas tienen allí necesidad de ayuda alimentaria y humanitaria de urgencia, lo mismo que en Eritrea, donde 1,4 millones de personas pueden llegar a necesitar ayuda alimentaria.

En África Occidental, esta organización considera que Guinea-Bissau y Mauritania están expuestas a la penuria alimentaria.

La situación es idéntica en Côte d'Ivoire, mientras que en Liberia y Sierra Leona la situación alimentaria está mejorando, debido al regreso de los refugiados, que están dando un nuevo impulso a la agricultura de esos países.

La República Democrática del Congo y Burundi se presentan como países problemáticos, ya que la inseguridad sigue siendo la nota dominante.

Los datos de la FAO indican que Zimbabwe es uno de los países más expuestos a la penuria alimentaria.

En Angola, la Organización para la Agricultura y la Alimentación prevé que será necesaria ayuda alimentaria para 1,4 millones de personas.

El informe de esta organización menciona además que en el continente africano la epidemia de sida tiene efectos devastadores en la seguridad alimentaria de la región del África subsahariana.

Por todo lo expuesto, ¿podría la Comisión responder a las siguientes preguntas?

Respuesta del Sr. Nielson en nombre de la Comisión

(23 de febrero de 2004)

----

----

(2004/C 88 E/0675)

PREGUNTA ESCRITA E-3972/03

de Erik Meijer (GUE/NGL) a la Comisión

(5 de enero de 2004)

Asunto:   Campaña en Bulgaria en contra del reparto y de la gestión de fondos para el desarrollo de la sociedad civil por la delegación de la UE en Sofía y respuesta a este malestar

----

----

(2004/C 88 E/0676)

PREGUNTA ESCRITA E-3973/03

de Erik Meijer (GUE/NGL) a la Comisión

(5 de enero de 2004)

Asunto:   Desatención al Consejo Nacional de Asuntos Étnicos y Demográficos (CNAED) con motivo de la asignación de fondos de la UE para la participación social en Bulgaria

----

----

(2004/C 88 E/0677)

PREGUNTA ESCRITA E-4011/03

de Erik Meijer (GUE/NGL) a la Comisión

(9 de enero de 2004)

Asunto:   Ejecución del proyecto PHARE BG 0102.06 en Bulgaria: fuerte divergencia entre las propuestas preparadas y la adjudicación efectiva

----

----

(2004/C 88 E/0678)

PREGUNTA ESCRITA E-4012/03

de Erik Meijer (GUE/NGL) a la Comisión

(9 de enero de 2004)

Asunto:   Ejecución del proyecto PHARE BG 0102.06 en Bulgaria: comunicación tardía de decisiones y cuestionamiento del modo de pago

----

(1)DO C 78 E de 27.3.2004, p. 378.

----

----

(2004/C 88 E/0679)

PREGUNTA ESCRITA E-4013/03

de Erik Meijer (GUE/NGL) a la Comisión

(9 de enero de 2004)

Asunto:   Ejecución del proyecto PHARE BG 0102.06 en Bulgaria: falta de información sobre el responsable de la gestión, las decisiones y la evaluación

----

(1)DO C 78 E de 27.3.2004, p. 378.

----

----

(2004/C 88 E/0680)

PREGUNTA ESCRITA E-4014/03

de Erik Meijer (GUE/NGL) a la Comisión

(9 de enero de 2004)

Asunto:   Ejecución del proyecto PHARE BG 0102.06 en Bulgaria: retraso de la ejecución y falta de claridad sobre el destino de los excedentes derivados

Respuesta común a las preguntas escritas E-3972/03, E-3973/02, E-4011/03, E-4012/03, E-4013/03 y E-4014/03 dada por el Sr. Verheugen en nombre de la Comisión

(25 de febrero de 2004)

Su Señoría plantea seis preguntas en relación con 30 cuestiones, relacionadas, todas ellas, con los procedimientos de contratación en el marco del programa Phare aplicados a dos proyectos en Bulgaria.

La Comisión desea señalar que, de conformidad con las normas en materia de gestión descentralizada de la ayuda de preadhesión, en Bulgaria, son las autoridades nacionales quienes gestionan el programa Phare con arreglo al Sistema de Gestión Descentralizada.

Las normas de procedimiento aplicables a todos los proyectos Phare se recogen en la Guía Práctica de los procedimientos de contratación de Phare, ISPA y Sapard. En los dos casos mencionados por Su Señoría, las autoridades búlgaras han respetado estrictamente dichas normas, como suele ser lo habitual. Los proyectos seleccionados al final del proceso fueron remitidos a la Delegación de la Comisión en Sofía, Bulgaria, para su aprobación. A continuación, la Delegación aprobó las recomendaciones efectuadas por los Poderes Adjudicadores.

Los proyectos a los que alude Su Señoría son el denominado proyecto de «Integración Social» (BG 0102.06 por un importe total de 4 863 000 euros, incluida la cofinanciación nacional) y el proyecto independiente «Desarrollo de la Sociedad Civil» (BG 0104.03 por un importe total de 2 500 000 euros). En el caso del proyecto de Integración social, el Poder Adjudicador competente es el Ministerio de desarrollo Regional, mientras que en el caso de proyecto de Desarrollo de la Sociedad Civil es el Ministerio de Hacienda. Los Poderes Adjudicadores lanzaron las convocatorias abiertas de propuestas, seleccionaron los proyectos y supervisaron la aplicación de los mismos.

Ambas convocatorias de propuestas dieron lugar a numerosas ofertas. No obstante, sólo se seleccionaron para su financiación aquellos proyectos que cumplían las normas de calidad establecidas en la Guía práctica de procedimientos de contratación de Phare, ISPA y Sapard, independientemente de su situación geográfica. Esta forma de proceder provocó cierto desequilibrio en el número de subvenciones recibidas por las distintas regiones. La Comisión no ha recibido denuncia alguna de apropiación indebida de fondos y, por tanto, no puede realizar ningún comentario en relación con el caso específico mencionado.

Más en concreto y por lo que respecta al proyecto Phare de Integración Social (BG 0102.06 Phare), la Comisión confirma que existían créditos disponibles por valor de 966 000 euros (incluida la cofinanciación nacional búlgara) (1) para la asistencia a 12 centros romaníes de información y cultura, como máximo, y para impartir formación en lectura, escritura y cálculo a 4 500 romaníes. No obstante, sólo se seleccionó un número relativamente limitado de propuestas.

Una vez que la Comisión ha aprobado las subvenciones, corresponde al Poder Adjudicador búlgaro proceder a la notificación y/o a la firma de los contratos. La Comisión es consciente de la exigüidad del plazo concedido y ha debatido en numerosas ocasiones con las autoridades búlgaras la necesidad de acelerar los procedimientos.

Los resultados del procedimiento de selección se publicaron en los sitios de Internet de las instituciones competentes, es decir, el Ministerio de Desarrollo Regional (2) en su calidad de Poder Adjudicador y el Ministerio de Política Social y Laboral que actúa como Unidad de Gestión del Proyecto.

Tal corno se preveía en la descripción del proyecto de Integración social (BG0102.06), el Poder Adjudicador creó un Comité Director destinado a la coordinación global del proyecto. La responsabilidad exclusiva de la convocatoria del Comité recae exclusivamente en el Poder Adjudicador. La composición del Comité figura en la Ficha del Proyecto publicada en todos los sitios de Internet correspondientes (3). Éste está formado por los ministerios y agencias competentes, así como por la Asociación Industrial Búlgara, la Cámara de Comercio, la Confederación de Sindicatos de Bulgaria, el Sindicato «Podkrepa», la Unión de Discapacitados de Bulgaria, el Consejo Nacional para Asunto Étnicos y Demográficos y la Delegación de la Comisión en Sofía.

Los nombres de los miembros del Comité de evaluación, y por ende, de los asesores, no se han hecho públicos. Así pues, la Comisión no se encuentra capacitada para confirmar si un miembro del Comité de Evaluación participó al mismo tiempo en uno de los proyectos individuales financiados en virtud del proyecto BG0102.06.

La práctica habitual en la aplicación de los proyectos Phare destinados a ayudar a la minoría romaní es la estrecha colaboración con los representantes de este grupo étnico. La Comisión mantiene la postura que ya avanzó en la respuesta a la pregunta escrita de Su Señoría E-1647/ (4), es decir, que para que los proyectos tengan éxito es fundamental una auténtica implicación de la población romaní y de las organizaciones que los representan en la identificación de las necesidades, la preparación de la estructura del proyecto y en su aplicación.

Ni el Consejo Nacional para Asuntos Étnicos y Demográficos ni el Ministerio de Cultura han pedido a la Comisión explicaciones en relación con ninguna de las decisiones mencionadas en la pregunta escrita E-4011/03.

El plazo para la estipulación de los contratos en relación con el proyecto de Integración Social ha expirado. Así pues, ninguno de los créditos de compromiso remanentes puede utilizarse. Todos los créditos de pago no empleados deberán reintegrarse al Presupuesto de la Comunidad. No obstante, la Comisión seguirá financiando la integración social en Bulgaria a través de la ayuda de preadhesión, y todas las organizaciones que en esta ocasión no hayan tenido éxito podrán volver a concursar en futuros proyectos de naturaleza similar. Cada proyecto se evaluará por separado.

La Comisión lamenta no hallarse en situación de comprobar o analizar las denuncias realizadas por Su Señoría, al estar relacionadas con procedimientos de contratación gestionados por las autoridades búlgaras. No obstante, la Comisión está decidida a garantizar una asignación de fondos transparente y correcta y a asegurar que toda información motivada y documentada sobre cualquier práctica fraudulenta o corrupta que se haya producido será debidamente investigada.

El proyecto de Desarrollo de la Sociedad Civil (BG 0104.03) en relación con el cual Su Señoría plantea otras preguntas no tiene ninguna relación con el Proyecto de Integración Social. Se trata de un programa destinado al desarrollo de las organizaciones no gubernamentales (ONG) y gestionado por el Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Asuntos Exteriores (no participan en el proyecto ni el Consejo Nacional de Asuntos Étnicos y Demográficos ni el Ministerio de Cultura). La Comisión no está en posesión de prueba alguna que demuestre que miembros del personal han actuado de forma ilegal. La Comisión asegura a Su Señoría que la Delegación de la Comisión y el Comité Parlamentario sobre la Sociedad Civil en la Asamblea Nacional Búlgara mantienen una cooperación muy estrecha y productiva.

----

(1)  Véase también http://europa.eu.int/comm/enlargement/fiche_projet/document/bg0102-06-social_inclusion.pdf.

(2)  http://www.mrrb.government.bg/pdocs/doc_618.htm.

(3)  Por ejemplo http://europa.eu.int/comm/enlargement/fiche_projet/index.cfm?page=399702&c=BULGARIA&a=2001.

(4)DO C 78 E de 27.3.2004, p. 378.

----

----

(2004/C 88 E/0681)

PREGUNTA ESCRITA E-3974/03

de Paulo Casaca (PSE) a la Comisión

(5 de enero de 2004)

Asunto:   Modificación del sistema de apoyo a los productores de plátanos de los Estados ACP

En la pasada sesión del Parlamento Europeo del mes de septiembre, en el contexto del debate sobre el informe relativo al régimen especial de ayuda a los proveedores tradicionales de plátanos de los Estados ACP (A5-0164/2003), quedó claro que el actual sistema de apoyo a los productores de plátanos de los Estados ACP carece de las más elementales normas de transparencia y objetividad, con lo que se perjudica de manera inaceptable a los productores de plátanos de Côte d'Ivoire.

¿Cuándo tiene previsto la Comisión presentar las necesarias modificaciones a la normativa en vigor?

Respuesta del Sr. Nielson en nombre de la Comisión

(23 de febrero de 2004)

Los distintos importes asignados anualmente a cada proveedor tradicional de plátanos de África, del Caribe y del Pacífico (ACP) se calculan con arreglo a los criterios definidos en el Reglamento (CE) no 1609/99 de la Comisión (1). En particular, el precio de coste, seguro y flete (CIF) indicado en las estadísticas de Eurostat se utiliza como parámetro para evaluar las diferencias de competitividad entre los proveedores ACP y los de terceros países, mientras que la importancia del sector del plátano en la economía de los países interesados se refleja en los factores fijos de cálculo enumerados en el Reglamento de la Comisión. Esta base de cálculo es uniforme para todos los beneficiarios, de modo que asegura la transparencia y la objetividad.

Recientemente, representantes de los productores de plátanos de Costa de Marfil se pusieron en contacto con la Comisión a fin de manifestarle su inquietud sobre el método utilizado a la hora de establecer los datos pertinentes sobre las importaciones en la Comunidad. La Comisión está investigando el asunto, que debatirá también en breve con las administraciones aduaneras de los Estados miembros.

Lo anterior se ha comunicado recientemente por escrito a la organización de productores de plátanos de Costa de Marfil (OCAB).

----

(1)  Reglamento (CE) no 1609/1999 de la Comisión, de 22 de julio de 1999, por el que se estipulan las normas de desarrollo para la aplicación del Reglamento (CE) no 856/1999 del Consejo por el que se establece un régimen especial de ayuda para los proveedores tradicionales de plátanos ACP, DO L 190 de 23.7.1999.

----

----

(2004/C 88 E/0682)

PREGUNTA ESCRITA E-3992/03

de Giles Chichester (PPE-DE) y Geoffrey Van Orden (PPE-DE) a la Comisión

(7 de enero de 2004)

Asunto:   Presentación de la evaluación inter pares de la central nuclear de Kozloduy

Considerando la carta de 24 de octubre de 2002 dirigida al Consejo y a la Comisión por el Presidente de Bulgaria, Georgi Purvanov, en la que pide una evaluación inter pares de la seguridad de las unidades 3 y 4 de la central nuclear de Kozloduy; teniendo en cuenta que la Comisión publicó los términos de referencia de dicha evaluación el 28 de enero de 2003 y recordando que la evaluación inter pares se llevó a cabo los días 16 y 17 de noviembre de 2003, ¿puede confirmar la Comisión que no se perderá más tiempo en transmitir los esperados resultados positivos de dicha evaluación al Consejo y al Gobierno búlgaro, con la recomendación de que se retire la solicitud de cierre de dichas unidades, que ya no tiene justificación técnica o económica, y de que el cierre de la central no subsista como condición previa para la adhesión de Bulgaria a la Unión Europea?

----

----

(2004/C 88 E/0683)

PREGUNTA ESCRITA E-3993/03

de Giles Chichester (PPE-DE) y Geoffrey Van Orden (PPE-DE) a la Comisión

(7 de enero de 2004)

Asunto:   Modificación de la fecha para el cierre de las unidades de la central nuclear de Kozloduy

Considerando que el acuerdo celebrado el 29 de noviembre de 1999 entre el Consejo y la República de Bulgaria (a propuesta de la Comisión) sobre el cierre de cuatro unidades de la central nuclear de Kozloduy como condición para la adhesión de Bulgaria a la Unión Europea se basa en criterios establecidos hace diez años; considerando asimismo que en 2002 el OIEA declaró que estas unidades corresponden al nivel de mejoras observadas en otras centrales de la misma época, y que se esperan los resultados de la evaluación inter pares del Consejo, de noviembre de 2003, ¿no considera la Comisión que con arreglo a los resultados positivos de dicha evaluación debería sugerir al Gobierno búlgaro y al Consejo que reconsideren el acuerdo sobre la fecha de cierre, puesto que ya no tiene una base técnica?

Respuesta común

a las preguntas escritas E-3992/03 y E-3993/03

dada por el Sr. Verheugen en nombre de la Comisión

(11 de febrero de 2004)

Bulgaria se comprometió, en el marco de las negociaciones de adhesión, a cerrar las unidades 1 y 2 de la central nuclear de Kozloduy antes de 2003. Bulgaria se comprometió también a cerrar las unidades 3 y 4 de la central en 2006. Con arreglo al mecanismo denominado «revisión inter pares», bajo los auspicios del Consejo, la Unión dispuso el envío de una misión de expertos a Bulgaria, tal como se había acordado en las negociaciones de adhesión.

Haciendo honor a su compromiso relativo al cierre de las unidades 1 y 2, Bulgaria cerró estas dos unidades (reactores del tipo VVER-440/320) con vistas a su cierre definitivo al final de 2002.

La misión de expertos, realizada bajo los auspicios del Consejo de la Unión Europea durante el período comprendido entre el 16 y el 19 de noviembre de 2003, estaba compuesta por representantes de los Estados miembros. El objetivo de la misión, tal como lo definió el Consejo, era esencialmente supervisar y verificar in situ el estado de aplicación de las recomendaciones pertinentes que figuran en el Informe de 2001 sobre seguridad nuclear en el contexto de la ampliación y el posterior Informe de 2002 sobre el estado de la revisión inter pares, informes ambos elaborados por el Grupo de Cuestiones Atómicas del Consejo de la Unión Europea. En consecuencia, la misión de expertos no se limitó únicamente a supervisar la aplicación de las recomendaciones por lo que respecta a las unidades 3 y 4 de la central nuclear de Kozloduy, sino que también incluyó entre otras cosas cuestiones relativas a la Autoridad Búlgara de Seguridad Nuclear.

El trabajo de la misión de expertos forma parte del mecanismo de revisión inter pares establecido para Bulgaria, y debe ser considerado continuación del trabajo anterior realizado dentro del Consejo a través del Grupo de Cuestiones Atómicas y su organización ad hoc, el Grupo de trabajo sobre seguridad nuclear. El mecanismo de revisión inter pares es un proceso continuo basado en el intercambio de información entre los países candidatos y la Unión. En consecuencia, el ejercicio técnico realizado por la misión de expertos no constituye una evaluación completamente nueva de la situación de la seguridad nuclear en Bulgaria.

La Comisión recuerda que la evaluación de la seguridad nuclear en los países candidatos, tal como se refleja en los anteriores informes del Grupo de Cuestiones Atómicas, ha sido realizada con vistas a definir la posición de la Unión respecto de un «alto nivel de seguridad nuclear», y ha sido el resultado de un considerable esfuerzo colectivo bajo varias presidencias de la Unión. Se ha alcanzado en la Unión un alto grado de convergencia sobre la esencia de los requisitos técnicos y organizativos y las buenas prácticas. En varios ámbitos, estos requisitos van más lejos que los que figuran en los instrumentos internacionales. Esta perspectiva común de la Unión se ha reflejado en la evaluación relativa a las centrales nucleares.

Las unidades 3 y 4 de la central nuclear de Kozloduy (reactores del tipo VVER-440/230), como es el caso de las restantes instalaciones nucleares en los países candidatos, han sido revisadas de manera coherente y armonizada, y por lo que a estas unidades respecta los informes del Grupo de Cuestiones Atómicas han recalcado la importancia de su cierre definitivo en 2006. Los programas de mejora de la seguridad definidos para estas unidades deberán en consecuencia ser considerados dentro del contexto de esta fecha de cierre. Por ello, el mecanismo de revisión inter pares, que implica la realización de misiones de expertos, no persigue en absoluto el objetivo de volver a revisar la viabilidad del funcionamiento de las unidades 3 y 4 con posterioridad a 2006.

Bulgaria deberá seguir aplicando todas las recomendaciones que figuran en los informes del Grupo de Cuestiones Atómicas con respecto a las prioridades asignadas, incluida la plena ejecución de los programas existentes de mejora de la seguridad. Teniendo en cuenta los resultados de la misión de expertos, el Grupo de Cuestiones Atómicas del Consejo preparará un informe completo con arreglo al mandato y el objetivo del ejercicio de la revisión inter pares. Se espera que este informe esté finalizado para finales de abril de 2004; constituirá una versión actualizada del Informe de 2002 del Grupo de Cuestiones Atómicas.

----

----

(2004/C 88 E/0684)

PREGUNTA ESCRITA E-4019/03

de Margrietus van den Berg (PSE) a la Comisión

(9 de enero de 2004)

Asunto:   Foro sobre Birmania

El 15 de diciembre de 2003, el Gobierno de Tailandia organizó una reunión en Bangkok sobre el plan (Road map) para Birmania/Myanmar. No se invitó a la UE (ni a países críticos como los Países Bajos, el Reino Unido y los países escandinavos) a participar en esta reunión. Sólo se había invitado a determinados Estados miembros de la UE porque en la práctica siempre se han opuesto a unas medidas punitivas más rigurosas contra el régimen de este país (Alemania, Francia, Italia y Austria).

Es sumamente importante que los Estados miembros de la UE presentes se hayan atenido a la Posición Común de la UE sobre Birmania/Myanmar como hilo conductor. La UE también ha de intentar participar en el seguimiento. Finalmente, es de la máxima importancia que se deje claro frente al conjunto de los países asiáticos que no va a haber solución para los problemas en Birmania/Myanmar sin la participación activa tanto de la oposición democrática (NLD) como de las minorías étnicas. La UE no se ha de dejar dividir por la manipulación de unos países contra otros.

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(11 de febrero de 2004)

La Comisión, y todos los Estados miembros, siguen pidiendo al Gobierno de Birmania/Myanmar que inicie un diálogo sustancial con Aung San Suu Kyi, la Liga Nacional para la Democracia y los grupos étnicos minoritarios. Ésta fue también la línea seguida por los Estados miembros que participaron en la reunión de Bangkok de 15 de diciembre de 2003.

La Posición Común deberá renovarse antes del 29 de abril de 2004. Dado que todavía están en curso los debates en los correspondientes grupos de trabajo del Consejo, Su Señoría comprenderá que la Comisión no se halla actualmente en posición de comentar o de prever el resultado de estos debates.

La Unión Europea ha manifestado en varias ocasiones su preocupación por lo que respecta a la situación de Birmania/Myanmar con los países asiáticos vecinos, incluida la India y China, animando a éstos a utilizar su influencia para alentar al régimen birmano a adoptar algunas medidas firmes de cara a la reconciliación nacional y el regreso a la democracia.

----

----

(2004/C 88 E/0685)

PREGUNTA ESCRITA E-4038/03

de Herbert Bösch (PSE) a la Comisión

(12 de enero de 2004)

Asunto:   Reciclado de residuos radiactivos en Ucrania

El 10 de noviembre de 2003, el Comisario de Relaciones Exteriores, Sr. Chris Patten, participó en Kiev en una Conferencia sobre la iniciativa «Una Europa más amplia — nuevos países vecinos de la UE». Con ocasión de su viaje visitó también la central nuclear de Chernóbil y colocó la primera piedra de un centro industrial de reciclado de residuos radiactivos.

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(24 de febrero de 2004)

----

----

(2004/C 88 E/0686)

PREGUNTA ESCRITA E-4051/03

de Hiltrud Breyer (Verts/ALE) a la Comisión

(12 de enero de 2004)

Asunto:   Exportación de plantas nucleares a la República Popular China

El plutonio que contienen los elementos combustibles de los reactores atómicos civiles chinos no puede utilizarse —a falta de instalaciones de reprocesamiento— para la producción de combustible MOX. Las existencias militares de plutonio no son suficientes para una utilización económica de una fábrica de MOX. Además no está claro, si los reactores atómicos existentes pueden funcionar con elementos combustibles MOX. Renombrados expertos consideran que se pueden transformar las instalaciones de reprocesamiento de plutonio para cabezas atómicas.

La OIEA es de la opinión de que no está legalmente facultada ni dispone de los recursos personales y financieros necesarios para garantizar un control eficaz de las instalaciones nucleares importadas.

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(24 de febrero de 2004)

La Comisión sabe que existe la posibilidad de que Alemania exporte a China una instalación de fabricación de combustible MOX. También tiene conocimiento del hecho de que China ha expresado el deseo de adquirir elementos de combustible SNR-300; no dispone todavía de información oficial sobre los motivos del interés chino por estos materiales y equipos. De echo, el proceso de fabricación de MOX no está diseñado para contribuir a la producción de armas nucleares, sino que más bien constituye un paso importante de la reducción del plutonio a través de su consumo en los reactores de agua ligera.

El Reglamento (CE) no 1334/2000 del Consejo, de 22 de junio de 2000, por el que se establece un régimen comunitario de control de las exportaciones de productos y tecnología de doble uso, en adelante «reglamento de doble uso», contempla la exportación en cuestión, que, por consiguiente, está sometida a una autorización. La partida figura en el anexo I (0B00 5) y las disposiciones pertinentes son los artículos 3 y 8 del reglamento de doble uso.

Con arreglo al apartado 1 del artículo 3 de dicho reglamento, se requiere una autorización para todos los productos que figuran en el anexo I. La Comisión considera que la instalación MOX citada en la pregunta corresponde, desde el punto de vista técnico, a los productos contempladas en la partida 0B005 del anexo I del reglamento de doble uso. Por consiguiente, se requiere una autorización con arreglo al apartado 1 del artículo 3.

De acuerdo con la información de que dispone la Comisión, la autoridad alemana encargada de expedir la autorización recibió una consulta de la empresa alemana Siemens, en la que se preguntaba si se iba a conceder una autorización de exportación de la instalación a China. Por lo que sabe la Comisión, todavía no se ha tomado una decisión. La decisión de conceder o no la autorización, sin embargo, es competencia exclusiva del Estado miembro. En el artículo 8 del reglamento sólo figuran, de manera incompleta, determinados aspectos que el Estado miembro debe tener en cuenta al tomar la decisión, y la Comisión no tiene autoridad para intervenir. Los Estados miembros sólo pueden poner en cuestión la decisión una vez que ha sido adoptada, pero las condiciones de una acción de este tipo están totalmente especificadas en el Reglamento.

La autoridad competente para el control de las instalaciones nucleares es el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) y no se ha informado a la Comisión de la declaración del OIEA. No obstante, China es uno de los cinco Estados dotados de armas nucleares citados en el Tratado de no proliferación. El OIEA puede por lo tanto efectuar controles sólo sobre una base voluntaria de ambas partes. Habría que evaluar también la eficacia de tales controles desde el punto de vista coste/beneficio. La Comisión quisiera señalar además que China es miembro del Comité Zangger, que controla la exportación de material nuclear.

Por lo que se refiere al embargo de armamento dispuesto por la UE con respecto a China, el Consejo Europeo del 12 de diciembre de 2003 invitó al Consejo de Asuntos Generales a reexaminar la cuestión. La primera discusión tuvo lugar en el Consejo de Asuntos Generales de enero de 2004; prosiguen los trabajos en los grupos de trabajo del Consejo y no se espera que se tome una decisión antes de marzo de 2004.

----

(1)DO L 159 de 30.6.2000, p. 1.

----

----

(2004/C 88 E/0687)

PREGUNTA ESCRITA E-4058/03

de Elspeth Attwooll (ELDR) a la Comisión

(13 de enero de 2004)

Asunto:   Legislación sobre las armas en Turquía

En los primeros cinco meses de 2003, 1 094 personas fallecieron y 10 513 resultaron heridas por arma de fuego en Turquía. El 7 de julio de 2003, Alistair Grimason, de dos años y medio, murió al ser alcanzado por una bala perdida mientras dormía en su cochecito en un café. El Gobierno turco ha tomado desde entonces medidas para endurecer su legislación sobre los delitos relacionados con las armas de fuego.

¿Tiene conocimiento la Comisión de estas estadísticas y puede confirmar si considerará asuntos tales como la difusión de las armas de fuego y la legislación sobre la posesión de armas de fuego y los delitos relacionados con las mismas cuando examine las solicitudes de adhesión a la UE?

Respuesta del Sr. Verheugen en nombre de la Comisión

(20 de febrero de 2004)

La Comisión está al corriente de los perturbadores hechos mencionados por Su Señoría y comparte su preocupación por lo que respecta a la cifra de muertes y heridas causadas por armas de fuego en Turquía.

La cuestión del control de las armas de fuego no está contemplada específicamente por los criterios políticos de Copenhague. Se exige de todos los países candidatos que se adhieran a la Convención de 2000 de las Naciones Unidas contra la delincuencia transnacional organizada (la Convención de Palermo) y sus Protocolos. Turquía se ha adherido a la Convención, y el 28 de junio de 2002 firmó el Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones. Turquía no ha ratificado aún este Protocolo. La Comisión seguirá supervisando los avances realizados en relación con este tema.

----

----

(2004/C 88 E/0688)

PREGUNTA ESCRITA E-4077/03

de Chris Davies (ELDR) a la Comisión

(14 de enero de 2004)

Asunto:   ONG

¿Cuáles son las condiciones que según la Comisión debe reunir una organización para ser considerada ONG con suficiente legitimidad como para recibir fondos de la Unión Europea, destinados a la ayuda humanitaria en circunstancias concretas?

Respuesta del Sr. Nielson en nombre de la Comisión

(3 de marzo de 2004)

La Comisión financia a las organizaciones no gubernamentales (ONG) que ayudan en las crisis humanitarias naturales u obra del hombre mediante su Oficina de Ayuda Humanitaria (ECHO).

Para tener derecho a la financiación de ECHO, las ONG humanitarias tienen que superar un proceso de selección que puede resultar en la firma de un acuerdo marco de asociación con ECHO. Este acuerdo, que fija los principios de la colaboración entre ECHO y las organizaciones humanitarias, define los papeles, derechos y obligaciones respectivos y contiene las cláusulas legales aplicables a las operaciones humanitarias financiadas por ECHO, así como los requisitos que deben cumplir las ONG para seguir siendo socios de ECHO, así como el procedimiento de selección de ONG que aplica la Oficina.

La selección de ONG socios se haced con criterios de subvencionabilidad y adecuación bien definidos. Algunos de ellos corresponden al marco reglamentario de la Comisión, y otros obedecen a la necesidad de introducir normas de calidad y responsabilidad, resultantes del debate habido desde hace ya algunos años en la sociedad civil y entre ECHO y sus socios.

Los criterios jurídicos sobre la subvencionabilidad y la adecuación provienen de tres reglamentos: el Reglamento de la Comisión sobre la ayuda humanitaria (1), el régimen del Consejo aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (2) y sus normas de desarrollo (3).

En particular, los criterios de subvencionabilidad tienen en cuenta el país donde la ONG tiene su sede principal (artículo 7.1 del Reglamento (CE) del Consejo no 1257/96), la integridad moral de la organización (artículo 93 del Reglamento (CE) del Consejo no 1605/2002) y la obligación de presentar estados financieros auditados por una entidad profesional externa (artículo 173.4 del Reglamento (CE, Euratom) de la Comisión no 2342/2002. También se pide la adhesión a un código donde consten los principios de neutralidad, imparcialidad e independencia en la entrega de la ayuda. Los criterios de adecuación tienen también en cuenta la capacidad administrativa, operativa y financiera de la ONG (artículo 7.2 del Reglamento (CE) del Consejo no 1257/96), y en particular su experiencia y especialización en el ámbito humanitario. Entre otras cosas se examina el porcentaje del presupuesto de la ONG dedicado a actividades de ayuda humanitaria y los niveles mínimos de calidad en los diferentes niveles.

Antes de celebrar un acuerdo de asociación con una ONG, ECHO verifica de varias formas que cumple los criterios de subvencionabilidad y adecuación. Entre ellas está la información y documentación facilitada por ella, la consulta a autoridades nacionales relevantes y auditorías de verificación hechas por el personal de ECHO en los locales de la organización. Una vez admitidas a la asociación, se verifica anualmente que las ONG siguen cumpliendo los requisitos de subvencionabilidad. Una vez seleccionadas para financiación, ECHO audita regularmente los proyectos de las ONG socios y los propios proyectos de ECHO, tanto en la sede como sobre el terreno, normalmente, como mínimo anualmente.

Toda la información sobre el proceso que usa ECHO para elegir a las ONG está publicado en el sitio web de la Oficina (4). El texto del acuerdo marco de asociación también está en red: los requisitos que deben cumplir las ONG figuran en los artículos 6 a 14 del Título II de las Disposiciones.

----

(1)  Reglamento (CE) no 1257/96 del Consejo de 20 de junio de 1996 sobre la ayuda humanitaria, DO L 163 de 2.7.1996.

(2)  Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas, DO L 248 de 16.9.2002.

(3)  Reglamento (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Comisión, de 23 de diciembre de 2002, sobre normas de desarrollo del Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas, DO L 357 de 31.12.2002.

(4)  http://europa.eu.int/comm/dgs/humanitarias_aid/index_en.htm.

----

----

(2004/C 88 E/0689)

PREGUNTA ESCRITA E-4081/03

de Chris Davies (ELDR) a la Comisión

(14 de enero de 2004)

Asunto:   Tuberculosis

El Servicio Mundial de Adquisición de Medicamentos ha conseguido suministrar durante los últimos dos años medicamentos seguros y baratos contra la tuberculosis a casi dos millones de personas de 46 países.

Sin embargo, esta organización está urgentemente necesitada de fondos adicionales para poder continuar su labor.

¿Reconoce la Comisión la contribución del Servicio Mundial de Adquisición de Medicamentos en la lucha contra la tuberculosis? ¿Ha previsto conceder fondos a esta organización para que pueda continuar su labor?

Respuesta del Sr. Nielson en nombre de Comisión

(20 de febrero de 2004)

La Comisión reconoce el important papel desempeñado por el Fondo Global para los medicamentos contra la tuberculosis (Global Tuberculosis Drug Facility) (GDF) en la asociación «Alto a la tuberculosis» (Stop TB) de cara a ampliar el acceso y la disponibilidad de medicamentos de alta calidad contra la tuberculosis con objeto de facilitar la expansión del Tratamiento Acortado Directamente Observado (Global Directly Observed Treatment Short-regime) (DOTS) para controlar la tuberculosis a escala mundial.

La Comisión ya apoya actualmente la lucha contra la tuberculosis como parte del Programa de acción «Acción acelerada sobre el virus de inmunodeficiencia humana/síndrome de inmunodeficiencia adquirida (VIH/SIDA), la malaria y la tuberculosis en el contexto de la lucha contra la pobreza», que elaboró una respuesta amplia y coherente de la Comunidad para 2001-2006. El apoyo programado por la Comunidad, a través de los diversos instrumentos financieros para hacer frente al VIH/SIDA, la malaria y la tuberculosis, totalizará cerca de 1 200 millones de euros para el período 2003-2006. Esta cifra incluye el apoyo al Fondo Global para combatir el HIV/SIDA, la tuberculosis y la malaria. La Comisión ha desembolsado 120 millones de euros al Fondo para 2002 y ha programado un apoyo de 340 millones de euros para 2003-2006, de los que ya se han pagado 170 millones de euros. El 17 % de los fondos asignados en las fases iniciales se destinó a programas de control de la tuberculosis. Se calcula que estos proyectos proporcionarán al Tratamiento Acortado Directamente Observado (DOTS) una cobertura para 2,8 millones de pacientes, frente a una cobertura de 830 000 pacientes en 2000. Por otra parte, el 46 % de los fondos para todas las enfermedades se ha asignado al suministro de medicamentos y productos básicos. A la vista de ello, la Comisión no pretende suministrar apoyo directo al GDF.

----

----

(2004/C 88 E/0690)

PREGUNTA ESCRITA E-4083/03

de Bob van den Bos (ELDR) y Johanna Boogerd-Quaak (ELDR) a la Comisión

(14 de enero de 2004)

Asunto:   Birmania

La situación de los derechos humanos en Birmania sigue siendo extremadamente mala.

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(17 de febrero de 2004)

----

----

(2004/C 88 E/0691)

PREGUNTA ESCRITA E-4084/03

de Miet Smet (PPE-DE) a la Comisión

(14 de enero de 2004)

Asunto:   Suspensión de acuerdos de cooperación y aplazamiento de la firma de tales acuerdos

En su respuesta a mi pregunta E-0520/03 (1) de 24 de febrero de 2003 sobre el respeto de los derechos de la mujer en el Pakistán, el Consejo comunica que hasta la fecha no se ha suspendido ningún acuerdo con un tercer país que contenga como «elemento esencial» una cláusula sobre el respeto de los derechos humanos.

En una serie de casos, en que se habían violado elementos esenciales del acuerdo, la UE ha suspendido determinadas disposiciones de los acuerdos. Ello fue el caso de las disposiciones financieras del Acuerdo de Cotonú con Zimbabwe (2002), las Comores (2000), Côte d'Ivoire (2000), Fiji (2000), Haití (2000) y Liberia (2001). Mediante mi pregunta E-2903/03 (2) dirigida a la Comisión, de 1 de octubre de 2003, deseaba saber qué violaciones de los elementos esenciales del acuerdo dieron lugar a dicha suspensión. La respuesta de la Comisión, de 25 de noviembre de 2003, no es satisfactoria, dado que no responde a mi pregunta específica.

Lo mismo vale para la pregunta sobre Croacia (1995), el Pakistán (1999), Argelia (1998) y Rusia (1995) en cuyos casos se aplazó la firma de los acuerdos de cooperación debido a la preocupación en el ámbito de los derechos humanos. ¿De qué violaciones específicas de los derechos humanos se trataba en estos casos? ¿Se trataba de violaciones en el ámbito de la violencia contra la mujer? ¿De cuáles?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(19 de febrero de 2004)

La Comisión remite a sus respuestas a las preguntas escritas E-2903/03 y E-3343/03, de la Sra. Smet y del Sr. Camre (3), respectivamente, así como a la respuesta del Consejo a la pregunta escrita E-0520/03 de la Sra. Smet.

La Comunicación de la Comisión sobre la inclusión del respeto de los principios democráticos y de los derechos humanos en los acuerdos entre la Comunidad y terceros países (4) de 1995, prevé una serie de medidas que se pueden tomar en caso de violación de una cláusula, con la condición de que la aplicación de las medidas debe respetar «el principio de proporcionalidad entre la violación mencionada y el grado de reacción» (5).

La UE nunca ha suspendido completamente un acuerdo de cooperación. La decisión de invocar la cláusula relativa a los «elementos esenciales» la toma el Consejo de la Unión Europea. Hay que señalar también que la cláusula relativa a los «elementos esenciales» nunca ha sido invocada específicamente a causa de actos de violencia contra las mujeres, sino como consecuencia de una deterioración más general de la situación de los derechos humanos en un país determinado.

En respuesta a las preguntas específicas se Su Señoría sobre la suspensión parcial o el aplazamiento de la firma de los acuerdos de cooperación, la Comisión puede suministrar la siguiente información:

----

(1)DO C 280 E de 21.11.2003, p. 62.

(2)DO C 78 E de 27.3.2004, p. 441.

(3)DO C 78 E de 27.3.2004, p. 526.

(4)  COM(95) 216 final.

(5)  Véase el anexo 2 de la Comunicación anteriormente citada para una lista de las medidas que se pueden tomar en caso de violaciones graves de los derechos humanos.

(6)DO L 46 de 20.2.2003.

(7)DO L 183 de 6.7.2001.

(8)DO L 120 de 28.4.2001.

----

----

(2004/C 88 E/0692)

PREGUNTA ESCRITA P-4088/03

de Dana Scallon (PPE-DE) a la Comisión

(8 de enero de 2004)

Asunto:   Definición del concepto «salud reproductiva»

El 16 de diciembre de 2003, el Consejo de la UE declaró que el concepto «salud reproductiva» no incluye lo siguiente: el apoyo, la ayuda, la facilitación, el fomento, la promoción, el patrocinio o la incentivación del aborto (en alemán, «die Förderung von Abtreibung»).

¿De qué manera se propone la Comisión tomar en consideración esta definición al seleccionar a las organizaciones socias de la UE encargadas de la aplicación de las políticas comunitarias en el ámbito de la salud y los derechos reproductivos?

¿Puede confirmar la Comisión que las organizaciones solicitantes que no realizan abortos o actividades relacionadas con el aborto puedan obtener los fondos comunitarios que solicitan en el ámbito de la salud y los derechos reproductivos?

Respuesta del Sr. Nielson en nombre de la Comisión

(1 de marzo de 2004)

En la sesión del Parlamento de 16 de diciembre de 2003, el representante del Consejo, en su respuesta a la pregunta formulada por Su Señoría, hizo referencia al considerando 16 del Reglamento (CE) n 1567/2003 del Parlamento y del Consejo, de 15 de julio de 2003, relativo a la ayuda para políticas y acciones sobre la salud y derechos en materia de reproducción y sexualidad en los países en desarrollo (1), en el que se decla claramente que al amparo de ese Reglamento no se concede ningún tipo de incentivos para el fomento de abortos.

La Comisión apoya plenamente la política de la Conferencia internacional sobre la población y el desarrollo y su programa de actuación en el ámbito de la sanidad sexual y reproductiva. La selección de organizaciones viene regulada por el Reglamento mencionado.

Sin la menor duda, las organizaciones que no efectúan abortos ni llevan a cabo actividades relacionadas pueden presentar propuestas, y éstas ser aceptadas, en las licitaciones abiertas que publica la Comisión en el ámbito de la salud y los derechos relativos a la sexualidad y la procreación.

----

(1)DO L 224 de 6.9.2003.

----

----

(2004/C 88 E/0693)

PREGUNTA ESCRITA P-0002/04

de Bernd Posselt (PPE-DE) a la Comisión

(9 de enero de 2004)

Asunto:   Definición del concepto «salud sexual y reproductiva»

El 16 de diciembre de 2003, la Presidencia italiana contestó que «no» a mi pregunta sobre si el concepto «salud sexual y reproductiva» contempla la posibilidad de financiar abortos. ¿Encaja esta interpretación con la definición de la Comisión?

Respuesta del Sr. Nielson en nombre de la Comisión

(23 de febrero de 2004)

En el decimosexto considerando del Reglamento (CE) no 1567/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2003, relativo a la ayuda para políticas y acciones sobre la salud y derechos en materia de reproducción y sexualidad en los países en desarrollo (1), se establece que: «En ningún caso cabe apoyar, conforme al presente Reglamento, los incentivos para fomentar la esterilización o el aborto [...]». Este planteamiento está en consonancia con el programa de acción aprobado en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo celebrada en El Cairo en 1994, sobre el que se basa la política comunitaria.

----

(1)DO L 224 de 6.9.2003.

----

----

(2004/C 88 E/0694)

PREGUNTA ESCRITA E-0007/04

de Philip Claeys (NI) a la Comisión

(16 de enero de 2004)

Asunto:   Adhesión de Chipre y lenguas oficiales

Chipre tiene dos lenguas oficiales: el griego y el turco. La Constitución establece además que uno de los dos vicepresidentes debe ser turcochipriota. Sin embargo, debido a la ocupación turca de la parte septentrional de la isla, estas disposiciones constitucionales no se están aplicando. En tales circunstancias, el reconocimiento del turco como lengua oficial de la Unión Europea podría interpretarse como un reconocimiento implícito de la ocupación turca de la parte septentrional de Chipre.

Si no se produce ningún cambio en la situación institucional y política actual, ¿podría implicar la adhesión de Chipre el 1 de mayo de 2004 que el turco se convertirá en lengua oficial de la Unión Europea? De ser éste el caso, ¿qué argumentos considera la Comisión decisivos?

Respuesta del Sr. Verheugen en nombre de la Comisión

(1 de marzo de 2004)

Con arreglo al Tratado de Adhesión de 2003, el turco no es idioma oficial de la Unión Europea, dado que no se ha presentado ninguna solicitud al respecto.

Tras un arreglo político para el problema de Chipre y una reunificación de la isla, la República Unida de Chipre tiene la posibilidad de pedir que se reconozca el turco como idioma oficial de la Comunidad. El Consejo tendría entonces que modificar los Reglamentos 1/1958/CEE y 1/1958/Euratom por los que se fija el régimen lingüístico de las dos Comunidades (1). La base jurídica para tal adaptación y las modalidades correspondientes serían el artículo 4 del Protocolo no 10 del Acta de Adhesión, que establece que, en caso de solución, el Consejo determinará, por unanimidad y basándose en una propuesta de la Comisión, las adaptaciones de las condiciones relativas a la adhesión de Chipre a la Unión Europea en lo concerniente a la comunidad turco chipriota.

Hay que observar que en 1999 la Comisión decidió dedicar 3 millones de euros para la traducción del acervo al turco con objeto de preparar y facilitar el proceso de acercar la parte norte de Chipre a la Unión Europea.

----

(1)  DO B 17 de 6.10.1958.

----

----

(2004/C 88 E/0695)

PREGUNTA ESCRITA E-0032/04

de Erik Meijer (GUE/NGL) a la Comisión

(20 de enero de 2004)

Asunto:   Estatuto prolongado de apátrida para una parte de la población permanente de tres futuros Estados miembros de la UE que hasta 1991 formaron parte de la Unión Soviética

Respuesta del Sr. Verheugen en nombre de la Comisión

(1 de marzo de 2004)

Para cuando Estonia y Lituania recuperaron su independencia en 1991, alrededor de una cuarta parte de la población de ambos países estaba constituida por inmigrantes de otras Repúblicas soviéticas, como resultado de una política deliberada de cambio de población ejercida por el régimen soviético. En el caso de Lituania esto no alcanzó las mismas proporciones, por lo que la cuestión de la ciudadanía no ha sido un problema en ese país.

Los residentes y sus descendientes que tenían la nacionalidad de esos Estados en 1940 fueron considerados ciudadanos de los países cuando éstos recuperaron su independencia en 1991. Al resto de la población que residía permanentemente en los territorios de esos países —se trata principalmente, aunque no exclusivamente, de ciudadanos originarios de otras Repúblicas de la Unión Soviética— se le dio la posibilidad, que todavía tienen, de solicitar la ciudadanía. Las condiciones para obtenerla en Estonia y en Letonia se han modificado a raíz del dictamen de organismos internacionales competentes en esos asuntos, tales como el Alto Comisario para las Minorías de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Como consta en los Informes Periódicos sobre los progresos de esos países en su preparación para la adhesión a la UE, la Comisión está convencida de que en esa esfera se respetan los derechos humanos.

Según la información de que dispone la Comisión, actualmente hay cerca de un 12 % de la población que reside en Estonia que no tiene la ciudadanía Estonia, ni la de ningún otro país. Para Letonia, la cifra estaría alrededor del 21 %. Esas personas tienen permisos de residencia y pueden trabajar, estudiar, acogerse a los planes de beneficios sociales y viajar al extranjero, para lo cual se les expiden pasaportes especiales, aceptados internacionalmente. Sin embargo, la Comisión insta a los países a que sigan haciendo todos los esfuerzos posibles por integrar a esas personas en sus sociedades y facilitarles el proceso de obtener la nacionalidad. En opinión de la Comisión tienen que esforzarse todas las partes implicadas. Se está facilitando ayuda financiera para conseguir ese objetivo y se espera que la cantidad de «no ciudadanos» disminuya aún más después de la adhesión y a mayor velocidad que en el pasado: no hay duda de que habrá más personas que soliciten la ciudadanía cuando se den cuenta de que les interesa para integrarse en los países y en la UE, aunque puedan seguir manteniendo su identidad cultural.

----

----

(2004/C 88 E/0696)

PREGUNTA ESCRITA E-0034/04

de Erik Meijer (GUE/NGL) a la Comisión

(20 de enero de 2004)

Asunto:   Venta de cigarrillos libres de impuestos a mitad de precio a través de pedidos efectuados por Internet en Rumania y enviados por particulares

Fuente: Programa televisivo «Nova», emitido el 30 de diciembre de 2003 por la cadena neerlandesa «Nederland 3».

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(16 de febrero de 2004)

----

(1)  Reglamento (CEE) No 918/83 del Consejo, de 28 de marzo de 1983, relativo al establecimiento de un régimen comunitario de franquicias aduaneras, DO L 105 de 23.4.1983. Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) No 355/94 del Consejo, de 14 de febrero de 1994, DO L 46 de 18.2.1994.

(2)  Directiva 78/1035/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, relativa a las franquicias aplicables a la importación de mercancías objeto de pequeños envíos sin carácter comercial provenientes de países terceros, DO L 366 de 28.12.1978. Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 85/576/CEE del Consejo, de 20 de diciembre de 1985, DO L 372 de 31.12.1985.

(3)  Ver página 146.

----

----

(2004/C 88 E/0697)

PREGUNTA ESCRITA E-0085/04

de Matti Wuori (Verts/ALE) a la Comisión

(20 de enero de 2004)

Asunto:   Falta de un marco jurídico para las ONG en Malta

Malta, que se convertirá en Estado miembro de la UE el 1 de mayo próximo, no cuenta con un marco jurídico de regulación de las actividades de las organizaciones no gubernamentales. Ello impide que las ONG existentes, incluidas las ONG de desarrollo (ONGD) que han obtenido excelentes resultados, desarrollen plenamente su potencial. La existencia de un marco jurídico les permitiría establecer acuerdos de asociación con ONG europeas.

¿No cree la Comisión que debería ejercer presión sobre el Gobierno de Malta para la creación sin demora del marco jurídico necesario? Este sería un paso constructivo hacia el reconocimiento de la experiencia y el mandato de las ONG existentes, incluidas las ONGD que trabajan en el sector del desarrollo internacional, y proporcionaría el aliento necesario para que las ONG y las ONGD continúen e intensifiquen su labor solidaria.

Respuesta del Sr. Verheugen en nombre de la Comisión

(25 de febrero de 2004)

La legislación comunitaria no impone a los Estados miembros la obligación de disponer de un marco legal que regule las organizaciones no gubernamentales (ONG). Ello se deja a la facultad discrecional de cada Estado. En consecuencia, la Comisión no tiene competencia para «ejercer presión sobre el Gobierno de Malta» en este tema.

La Comisión, durante todo el período de preadhesión y siempre que lo ha considerado oportuno y posible, ha insistido en que los proyectos financiados por la Comunidad incluyan ONG. En el contexto de su apoyo a las ONG, la Comisión está dispuesta a examinar proyectos específicos en relación con la aplicación de la legislación y las políticas comunitarias en Malta.

----

----

(2004/C 88 E/0698)

PREGUNTA ESCRITA E-0096/04

de Alexandros Alavanos (GUE/NGL) a la Comisión

(21 de enero de 2004)

Asunto:   Compra de armamento por parte de Turquía a Israel a cambio de agua

Según lo publicado en la prensa, en la reunión celebrada en Jerusalén el lunes 5 de enero entre el Primer Ministro israelí, Ariel Sharon, y el Ministro de Energía turco, Zekí Chacán, se firmaron definitivamente los acuerdos entre ambos países en virtud de los cuales Turquía adquirirá un gran número de tanques israelíes de nueva y alta tecnología en apoyo a sus fuerzas aéreas. A cambio, Turquía entregará a Israel durante veinte años unos 50 millones de metros cúbicos de agua al año procedente del río Manavgat, en Anatolia; este volumen de agua será transportado por una flota de buques cisterna de enormes dimensiones. Cabe señalar que Israel afronta graves problemas para la desalinización de sus recursos acuíferos.

Dado que Turquía ha presentado una solicitud de adhesión a la Unión Europea, ¿qué información tiene la Comisión sobre el contenido de estos acuerdos? ¿Informará a su vez al Parlamento Europeo al respecto?

Respuesta del Sr. Verheugen en nombre de la Comisión

(25 de febrero de 2004)

La Comisión no tiene conocimiento concreto ni ha sido informada oficialmente sobre el contenido de los acuerdos mencionados por Su Señoría.

Tal como declaró el Consejo Europeo de Copenhague de 1993: «La adhesión requiere que el país candidato haya alcanzado una estabilidad de instituciones que garantice la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y el respeto y protección de las minorías [...]». En su próximo informe periódico, la Comisión evaluará específicamente el avance de Turquía en la senda de la adhesión en función de esos criterios.

----

----

(2004/C 88 E/0699)

PREGUNTA ESCRITA E-0104/04

de José Ribeiro e Castro (UEN) a la Comisión

(22 de enero de 2004)

Asunto:   Namibia — Amenaza de invasión de haciendas

A raíz del punto muerto en que quedaron las negociaciones entre el Sindicato de Trabajadores Rurales de Namibia (NAFWU) y la Unión Agrícola de Namibia (NAU), que agrupa a la mayoría de los propietarios de explotaciones agrícolas del país, la central sindical anunció que proyecta invadir algunas haciendas, lo que hace temer una repetición, aunque sin apoyo oficial, de lo que viene sucediendo en Zimbabwe, tal como revelaron el diario «The Namibian» y alguna comunicación social internacional.

La situación de tensión se ha agravado tras anunciar el NAFWU que dichas acciones podrían comenzar este mes.

Cabe recordar que, desde su independencia, la República de Namibia ha intentado establecer ciertas condiciones de equidad en cuanto a la propiedad de las tierras mediante la adopción de un programa denominado «willing seller, willing buyer», que le reserva un derecho de preferencia cuando los propietarios desean vender, sin tomar ni protagonizar ninguna medida de expropiación violenta o forzosa.

Al acercarse la campaña electoral del próximo Presidente de la República, que sucederá a Sam Nujoma tras 14 años en el poder, se prevé que este tema pueda utilizarse para espolear a las masas, con los perjuicios humanos y materiales que tal uso pueda acarrear.

¿Podría la Comisión facilitar la siguiente información?

Respuesta del Sr. Nielson en nombre de la Comisión

(4 de marzo de 2004)

La Comisión conoce el problema de la propiedad de las tierras agrícolas comerciales de Namibia, así como algunos casos concretos de conflictividad laboral en este contexto, a los que se ha dado amplia cobertura en los medios de comunicación locales.

Por lo que respecta a a la evolución de la situación, la Comisión confía en que el Gobierno seguirá cumpliendo la ley e impedirá actuaciones ilícitas. Las prudentes pero estrictas declaraciones efectuadas por el Gobierno en relación con ciertos casos individuales indican que respalda plenamente la aplicación del principio acordado según el cual el comprador y el vendedor han de obrar de común acuerdo («willing buyer-willing seller»), principio que excluye toda actuación ilícita.

La Comisión, a través de su Delegación en Namibia, mantiene sólidos contactos con las autoridades competentes, en particular con el Ministro de Reforma Agraria y el Ministro de Agricultura, así como con la Commercial Farmers Union (Unión Agrícola de Namibia) y la Namibian National Farmers Union (Unión Nacional Agrícola de Namibia). A través del diálogo permanente con estas instituciones, la Comisión ha llegado a la conclusión de que el Gobierno sigue velando por que cualquier posible conflicto se resuelva pacíficamente y conforme a la ley, al tiempo que pondrá todo su empeño en evitar confrontaciones. Así pues, cabe excluir cualquier repercusión negativa sobre los países vecinos (o el riesgo de que Namibia siga el mismo camino que Zimbawue).

Namibia ha celebrado recientemente Acuerdos de protección de las inversiones con diversos Estados miembros. Ello reforzará la seguridad jurídica en lo que se refiere a la protección de la propiedad y las inversiones.

En el marco del Acuerdo de asociación de Cotonú y el correspondiente Documento estratégico nacional de la Comisión sobre Namibia, se ha acordado que el principal centro de interés de la futura cooperación para el desarrollo en este país sea el desarrollo rural, incluida la reforma agraria. Ciertamente, la Comisión reconoce la gran importancia que este tema reviste para el desarrollo de Namibia y considera que el éxito del programa de reforma agraria puede ser un factor eficaz de cara a la consolidación del proceso de reconciliación y desarrollo de la democracia en este país. Se están adoptando las medidas necesarias para ofrecer ayuda en este sentido. Ignorar la necesidad de la reforma agraria, incluidas medidas para impulsar una distribución más justa de la tierra, sería un error y restaría eficacia a la lucha contra la pobreza. Esto es válido en lo que se refiere al papel de la Comisión en la cooperación con Namibia, pero también en lo que respecta al resto de la región.

----

----

(2004/C 88 E/0700)

PREGUNTA ESCRITA E-0116/04

de Dana Scallon (PPE-DE) a la Comisión

(26 de enero de 2004)

Asunto:   Proyectos Leader II — Asunto Blue Dragon

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(2 de abril de 2004)

El programa Leader II, vigente entre 1994 y 1999, se encuentra actualmente en fase de cierre, por lo que no se pueden todavía precisar los datos definitivos sobre los importes pagados realmente a cada Estado miembro.

No obstante, la asignación inicial a España con cargo al programa Leader II en el período comprendido entre 1994 y 1999 ascendió a 1162 millones de euros, importe que equivale al 30 % del presupuesto total.

Según la información proporcionada por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), ésta abrió una investigación el 1 de febrero de 2001, que se cerró el 12 de diciembre de 2002.

Tras el inicio de la investigación, la Comisión y la OLAF compartieron en todo momento los datos sobre el asunto pese al aplazamiento de las iniciativas de investigación debido a las inspecciones nacionales ya en curso.

A raíz de sus inspecciones, las autoridades españolas emitieron una orden de ingreso de 46 874,42 euros a cargo del GAL por las irregularidades detectadas en la gestión del proyecto de la sociedad Blue Dragon.

Según la información que obra en poder de la Comisión, las diligencias judiciales tanto en Francia como en España no se dado lugar a investigaciones penales. Las autoridades francesas se inhibieron por no considerarse competentes territorialmente. Las autoridades españolas no dieron curso a la denuncia por la falta de apoyo de las partes civiles.

La Comisión del Control Presupuestario recibirá próximamente de la OLAF información detallada sobre el asunto.

Las demás cuestiones planteadas en la pregunta de Su Señoría, en particular en los apartados 3 y 4, recogen algunas quejas expresadas por la sociedad Blue Dragon en la denuncia presentada a la Comisión, que se encuentra en fase de instrucción. A este respecto, se ha solicitado información detallada a las autoridades españolas. Como la respuesta llegará próximamente, la Comisión cree oportuno aplazar la transmisión de datos ulteriores sobre este asunto hasta después del examen de la respuesta española.

----

----

(2004/C 88 E/0701)

PREGUNTA ESCRITA E-0118/04

de Monica Frassoni (Verts/ALE) y Daniel Cohn-Bendit (Verts/ALE) a la Comisión

(26 de enero de 2004)

Asunto:   Eliminación de votantes del censo electoral de Malta

Hasta el año pasado, los dos principales partidos políticos de Malta solían proceder a un ejercicio de eliminación de votantes dos veces al año, cuando miles de votantes del partido rival se eliminaban del censo electoral basándose en una interpretación respecto a la residencia, la salud mental, etc.

El 21 de marzo de 2003, El Tribunal Constitucional de Malta, a instancias de un partido perjudicado, formuló una definición de «residencia» (Asunto Cassola, Juez Tonio Mallia, Asunto: Harry Vassallo contra la Comisión Electoral y John Mary Magro, no 6/2003/1). La definición del Tribunal Constitucional dice lo siguiente: «la palabra»residencia«no significa presencia física en el país».

Por otra parte, la nueva ley para las elecciones europeas en Malta (Ley no XVI de 2003, publicada en la Malta Government Gazette de 26 de noviembre de 2003) prevé explícitamente que todos los ciudadanos malteses que viven en los 25 Estados miembros de la UE tienen derecho a votar y a presentarse como candidatos en las elecciones de Malta.

¿Está informada la Comisión del hecho de que, a pesar de la definición constitucional y la legislación en vigor para las elecciones europeas, el Partido Laborista de Malta ha solicitado de nuevo que se eliminen 1684 ciudadanos malteses del censo electoral? Las vistas se iniciarán ante los tribunales malteses en la última semana de enero y los empleados malteses en las instituciones europeas se encuentran entre las personas afectadas.

¿Qué se propone hacer la Comisión contra el intento ilegal del Partido Laborista de Malta de evitar que ciudadanos malteses participen en las próximas elecciones europeas en Malta

Respuesta del Sr. Verheugen en nombre de la Comisión

(26 de febrero de 2004)

La Constitución de Malta reconoce todos los derechos humanos y civiles fundamentales. Para ejercer el derecho de voto en las elecciones generales, los ciudadanos malteses deben cumplir requisitos relacionados con la ciudadanía, la edad y la residencia. La Comisión tiene conocimiento de que, tras la denuncia presentada por un ciudadano maltés cuyo derecho de voto había sido recusado por un partido, el Tribunal Constitucional de Malta falló que el término «residencia» no significa presencia física en el país, sino que comprende y permite ausencias periódicas del mismo.

Por consiguiente, cualquier recusación por un partido político del derecho de voto de un ciudadano debe ser tratada por un Tribunal maltés competente, atendiendo a las interpretaciones del Tribunal Constitucional. No es competencia de la Comisión interferir en el funcionamiento de la justicia maltesa, ni comentar la actitud de un partido político concreto al respecto. En efecto, en opinión de la Comisión, el sistema judicial maltés está en condiciones de garantizar el pleno respeto del derecho de voto de los ciudadanos, tal como establece la legislación maltesa. La Comisión observa que en el pasado, los tribunales malteses fallaron en contra de los intentos de denegar a ciudadanos malteses su derecho de voto.

Asimismo, la Comisión señala que, según la ley recientemente adoptada sobre las elecciones europeas en Malta, todos los ciudadanos malteses que viven en los 25 Estados miembros tienen derecho a votar y a presentarse como candidatos a las elecciones al Parlamento Europeo en Malta. Esto ha sido posible porque la Constitución del país contempla las elecciones generales, pero no las elecciones europeas. La Comisión observa con interés esta evolución que parece coherente con la mayor presencia internacional de Malta.

----

----

(2004/C 88 E/0702)

PREGUNTA ESCRITA E-0120/04

de Adriana Poli Bortone (UEN) a la Comisión

(26 de enero de 2004)

Asunto:   Muerte de 20 ciudadanos albaneses

En los últimos días, una vez más ha naufragado una patera procedente de las costas de Albania, causando la muerte de 20 ciudadanos albaneses.

De las noticias de la prensa italiana parece que se puede deducir una connivencia entre las autoridades libanesas y los propietarios de las pateras. Si esto fuera cierto, este hecho pondría en duda las buenas relaciones que Italia, en particular, tiene la intención de seguir desarrollando en el proceso de democratización real de Albania.

¿Podría indicar la Comisión si tiene la intención de investigar un episodio trágico que, en cualquier caso, ha puesto de manifiesto la falta de control en territorio albanés y en las costas?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(25 de febrero de 2004)

La Comisión lamenta el accidente de 9 de enero de 2004 en el que más de 20 ciudadanos albanos fallecieron en el Mar Jónico cuando intentaban llegar a Italia ilegalmente. Pese a las garantías anteriormente dadas por el Gobierno de Albania, en cuanto a la reducción del número de motoras y botes neumáticos con dirección a Italia, el mencionado hecho ha puesto de relieve la absoluta necesidad de que las autoridades albanas presten mayor atención a este problema. Es el mensaje que el Presidente de la Comisión transmitió claramente al Primer Ministro, Sr. Nano, en la reunión celebrada el 20 de enero de 2004 en Bruselas.

Las primeras investigaciones indicaron que miembros de la policía de Albania estaban directamente implicados en ese tráfico. En esta ocasión, la reacción de las autoridades albanas fue inmediata: rápidamente se efectuaron detenciones y se adoptaron otras medidas contra los organizadores de la operación y quienes intervinieron en ella. No obstante, las autoridades albanas tienen aún que demostrar que pueden realizar investigaciones más extensas, y garantizar las oportunas acciones judiciales frente a las personas involucradas. Además, deben demostrar que las reacciones posteriores a la mencionada tragedia representan el comienzo de una actuación rigurosa y decidida contra la delincuencia organizada y el contrabando de seres humanos.

La Comisión otorga una importancia primordial al seguimiento de los avances de Albania en materia de Justicia y Política Interior. En consecuencia, seguirá observando muy de cerca los acontecimientos en torno a este caso, así como la situación general de Albania, con el propósito de ejercer, en su caso, la necesaria presión política para contribuir a que Albania tome medidas frente a estos graves problemas.

----

----

(2004/C 88 E/0703)

PREGUNTA ESCRITA E-0137/04

de Jillian Evans (Verts/ALE) a la Comisión

(26 de enero de 2004)

Asunto:   El caso de la Sra. Siham Qandah (Jordania)

¿Está informada la Comisión del caso de la ciudadana jordana Siham Qandah? La Sra. Qandah es cristiana y se enfrenta a la amenaza de perder la custodia de sus dos hijos por no educarlos como musulmanes.

La Sra. Qandah se quedó viuda en 1994 y, posteriormente, le comunicaron que no cumplía los requisitos para cobrar la pensión de viudedad por su marido, que había sido militar, ya que, sin ella saberlo y según documentos por lo visto falsificados, su esposo se había convertido al Islam en 1991. Parece que los tribunales jordanos han amenazado a la Sra. Qandah con condenarla a prisión y han intentado conceder la custodia de los niños a su hermano con el que no se habla y que se ha convertido al Islam.

¿Cuál es la política de la Comisión en estos casos de intervención supuestamente tolerada por el Estado que viola el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(23 de febrero de 2004)

La Comisión sigue de cerca el caso concreto de la Sra. Siham Qandah. La situación de la Sra. Qandah está relacionada con la cuestión más amplia de la compatibilidad de la aplicación de la ley Shari'ah con los convenios internacionales sobre derechos humanos firmados por Jordania pero aún no plenamente transpuestos en su legislación nacional. La Comisión coincide con Su Señoría en que la aplicación de la Shari'ah en Jordania puede provocar graves dificultades a las familias mixtas con miembros cristianos y musulmanes y puede conducir a situaciones incompatibles con estos convenios.

Como sabe Su Señoría, Jordania es signataria del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La Comisión ha señalado la necesidad de que Jordania aplique efectivamente sus compromisos asumidos en virtud de los acuerdos internacionales sobre derechos humanos, incluidos los compromisos relativos a la protección de los derechos de las mujeres y de los niños. La Comisión considera de primordial importancia la cuestión de la defensa de los derechos humanos, en particular los de mujeres y niños, y continuará destacando su importancia en sus futuros contactos con las autoridades jordanas.

En virtud del Acuerdo de Asociación UE-Jordania, la Unión y Jordania están estableciendo un diálogo político constante al más alto nivel, dirigido, entre otras cosas, a mejorar la situación de los derechos humanos en Jordania. Esto incluye la cooperación en cuestiones específicas relacionadas con los derechos humanos, así como la mejora de la aplicación de los convenios internacionales.

----

----

(2004/C 88 E/0704)

PREGUNTA ESCRITA E-0144/04

de José Ribeiro e Castro (UEN) a la Comisión

(26 de enero de 2004)

Asunto:   Cuba — Delegación de la Comisión

En respuesta a mi anterior pregunta P-2303/03 (1), el Comisario Señor Nielson informó de que el Gobierno cubano había expresado su conformidad con el nombramiento del Jefe de la Delegación de la Comisión en Cuba el 14 de abril de 2003.

En la fecha de la respuesta, no se había previsto ninguna fecha para la presentación de credenciales.

¿Puede decir la Comisión:

— si se ha producido alguna evolución con respecto a estos hechos? Es decir, ¿se ha fijado fecha para la presentación de credenciales?

— ¿Qué diligencias se han llevado a cabo para regularizar esta situación?

— ¿Han presentado las autoridades cubanas una justificación con respecto a este retraso?

— ¿Cómo interpreta la Comisión este retraso y qué comentarios puede hacer al respecto?

Respuesta del Sr. Nielson en nombre de la Comisión

(20 de febrero de 2004)

Aún no se ha fijado la fecha para la presentación de credenciales, a pesar de haber recibido indicaciones oficiales de la inminencia de la ceremonia en tres ocasiones. Hay que señalar que el Jefe de la Delegación de la Comisión en Santo Domingo ya aparece en la reciente «Lista de los miembros del cuerpo diplomático y consular acreditados en Cuba», publicado en 2004, como Jefe «designado» no residente de la Delegación de las Comunidades Europeas en la Habana.

Durante los últimos meses, el encargado de negocios de la Comisión en la Habana ha solicitado repetidamente a las autoridades que indiquen una fecha para la presentación de credenciales. La última vez que esta cuestión se señaló oficialmente a las autoridades fue el 24 de noviembre de 2003, en una reunión celebrada con el Ministro de Asuntos Exteriores cubano. Se han adoptado iniciativas similares con las Embajadas cubanas de Santo Domingo y de Bruselas.

Hasta el momento no se ha recibido respuesta a la petición de fijar una fecha concreta.

La Comisión asume que las autoridades cubanas pueden considerar que el estado actual de las relaciones bilaterales no es satisfactorio para formalizar la acreditación del Jefe de Delegación de la Comisión en la Habana. Hay que recordar el bloqueo diplomático impuesto a todas las misiones de la UE a Cuba que han invitado a disidentes y opositores políticos a las ceremonias de celebración de sus fiestas nacionales respectivas. Los disidentes cubanos fueron invitados a la recepción del Día de Schuman, que tuvo lugar el 9 de mayo de 2003 en la Habana.

----

(1)  Ver página 76.

----

----

(2004/C 88 E/0705)

PREGUNTA ESCRITA E-0146/04

de José Ribeiro e Castro (UEN) a la Comisión

(26 de enero de 2004)

Asunto:   Venezuela — referéndum

De conformidad con la Constitución de Venezuela, es posible convocar un referéndum para destituir a los Jefes de Estado cuando hayan cumplido la mitad del mandato. También se establece que, para convocar dicho referéndum de destitución, es necesario recoger las firmas de, al menos, el 20 % de los 11 millones de electores venezolanos, es decir, de unos 2,6 millones.

Con este objetivo como se sabe, la oposición venezolana entregó, en agosto pasado, al Consejo Nacional Electoral (CNE), un total de 120 cajas que contenían cerca de 3 millones de firmas destinadas a permitir la realización de un referéndum para destituir al Presidente Hugo Chávez.

Según los medios de comunicación, las autoridades acaban de anunciar el inicio del proceso de comprobación de las firmas recogidas, lo que parece ser un procedimiento destinado evidentemente a retrasar y obstaculizar la plena democratización del país.

Esta situación ha llevado a la oposición a poner en tela de juicio la idoneidad del CNE después del continuo aplazamiento de este proceso, y ya se han llevado a cabo protestas frente a la sede de este organismo.

¿Puede decir la Comisión:

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(2 de marzo de 2004)

La constitución venezolana prevé la posibilidad de organizar un referéndum de destitución de cargos electos a mitad de su mandato. Así se reiteró en el Acuerdo firmado el 29 de mayo de 2003 entre el Gobierno y la oposición. Con este objetivo, la oposición ha recogido firmas para solicitar una consulta sobre la destitución del Presidente Chávez y 27 miembros de la asamblea nacional favorables al gobierno; los partidarios del Gobierno también han recogido firmas para organizar un referéndum contra 37 miembros de la asamblea nacional favorables a la oposición.

El Consejo electoral nacional (CEN) está verificando las firmas presentadas el 19 de diciembre de 2003 por la oposición y las presentadas anteriormente por los partidarios de Gobierno; se preveía que este proceso hubiera finalizado el 13 de febrero de 2004, pero se ha retrasado hasta finales de febrero o inicios de marzo de 2004. Si el número de firmas es suficiente (más de 2,4 millones para la destitución del Presidente) el CEN debe organizar la consulta en el plazo de 97 días (finales de mayo de 2004). Por lo tanto, la validación de firmas es de importancia clave. El CEN está llevando a cabo la verificación bajo considerable presión, pero ha recibido un apoyo internacional fuerte, entre otros el de la UE. El proceso avanza con algunas dificultades de menor importancia, aunque la oposición ha acusado a algunos miembros del CEN de retrasos intencionales en su trabajo.

La Organización de Estados Americanos (OEA) y el Centro Carter (CC), invitados por el Gobierno, están observando la verificación de las firmas, para garantizar la transparencia del proceso y demostrar que se ha realizado con imparcialidad. Inicialmente se había invitado a la OEA y al CC a estar presentes sólo en dos de los seis pasos del proceso de verificación pero, a raíz de una petición de la OEA, la invitación se amplió a todas las etapas.

La Comisión apoya financieramente a la OEA en la aplicación del Acuerdo de 29 de mayo de 2003, con una cantidad de EUR 600 000. La Comisión no desempeña ninguna otra función pues no ha sido invitada a observar la recogida de firmas ni a apoyar la verificación.

La Comisión apoya los esfuerzos CEN para cumplir su función constitucional de verificación de firmas y no tiene ninguna razón para creer que el CEN no logrará cumplir su cometido. Es muy importante que tanto los partidarios del Gobierno como la oposición se comprometan públicamente a aceptar cualquier decisión que respete la constitución y los principios democráticos. La UE ha exhortado públicamente a ambas partes a actuar en este sentido (declaración del 22 de diciembre de 2003). El Presidente Chávez y algunos sectores de la oposición así lo han hecho, lo que ha contribuido a disminuir las posibles tensiones políticas.

Si la decisión del CEN indica que ha de realizarse un referéndum presidencial, y a condición de que las autoridades venezolanas inviten a la Unión Europea en calidad de observador, la Comisión desplegará una misión exploratoria de observación electoral a Venezuela, para efectuar recomendaciones en cuanto a si el despliegue de una misión plena de observación de la UE sería aconsejable, útil y posible, de conformidad con la práctica expuesta en la Comunicación de la Comisión sobre las misiones de apoyo y observación electoral de la UE (1).

La Comisión muestra su satisfacción por el hecho de que la recogida de firmas se haya realizado en un clima de tolerancia y de retención, y espera que el mismo espíritu de tolerancia prevalezca durante el proceso de verificación y en el momento en que el CEN anuncie los resultados.

----

(1)  COM(2000) 191 final.

----

----

(2004/C 88 E/0706)

PREGUNTA ESCRITA E-0148/04

de Cees Bremmer (PPE-DE) a la Comisión

(26 de enero de 2004)

Asunto:   Derechos humanos en Birmania

¿Está la Comisión al corriente de las violaciones muy graves de los derechos humanos en Birmania, que comete la junta militar desde las últimas elecciones democráticas en 1990? Se trata de la opresión de varios grupos de la población, lo que ha conducido, entre otras cuestiones, al problema de los refugiados birmanos en el noreste de la India (concretamente los cristianos del grupo de población Chin) que huyen del terror del ejército birmano, y al problema de los refugiados birmanos musulmanes Rohingya en Bangladesh.

¿Comparte la Comisión el punto de vista de que Birmania incumple gravemente las obligaciones derivadas de su pertenencia a las Naciones Unidas y de que la comunidad internacional, y especialmente la Comunidad Europea, han de recordar a Birmania sus obligaciones?

¿Comparte la Comisión el punto de vista de que la problemática de los derechos humanos en Birmania sólo se puede resolver si, mediante un diálogo entre la junta militar, la oposición democrática y los grupos étnicos, se inicia un proceso de democratización?

Habida cuenta del párrafo anterior, ¿está dispuesta la Comisión a contribuir al refuerzo de la sociedad civil que aún se encuentra en una fase frágil en Birmania, por ejemplo, en el ámbito de la asistencia sanitaria, la enseñanza y el medio ambiente, donde, a causa de la falta de recursos financieros e iniciativas organizadas, se registran las necesidades más urgentes?

¿Está también dispuesta la Comisión a contribuir a la solución de la problemática de los refugiados, solicitando a las autoridades de la India que dejen de presionar a los birmanos desplazados en el noreste de la India y facilitando la ayuda humanitaria? ¿Está dispuesta la Comisión a presionar a las autoridades de Bangladesh y al ACNUR, de modo que los refugiados birmanos musulmanes Rohingya en los campos oficiales reconocidos en el sur de Bangladesh no se vean obligados a regresar, y de modo que los refugiados musulmanes Rohingya no reconocidos reciban alguna forma de asistencia humanitaria?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(25 de febrero de 2004)

La Comisión está al corriente de las denuncias de persecuciones de grupos étnicos minoritarios por los militares de Birmania (Myanmar) y ha manifestado repetidas veces su inquietud al Gobierno birmano ante la situación de los derechos humanos en el país, particularmente en las zonas de las minorías étnicas.

En todo momento, la Comisión se ha declarado convencida de que una solución durable de la situación política, imprescindible para un mayor respeto de los derechos humanos en Birmania, debe sustentarse en un acuerdo entre el Consejo Estatal de Paz y Desarrollo (SPDC — State Peace and Development Council), la «oposición» elegida democráticamente y las minorías étnicas.

De conformidad con la Posición común de la UE sobre Birmania (Myanmar), la ayuda humanitaria y la ayuda al desarrollo destinadas a Birmania siguen suspendidas. No obstante, caben excepciones en favor de programas definidos conjuntamente con grupos democráticos y realizados con su participación en ámbitos como la educación básica, la salud y la mitigación de la pobreza. También es posible el apoyo a iniciativas en favor de los derechos humanos y la democracia.

Actualmente, la ayuda humanitaria de la Comisión a Birmania (Myanmar) asciende globalmente a unos 10 millones de euros anuales y se destina principalmente a los refugiados, repatriados y desplazados internos. Las actividades abarcan sectores como la ayuda alimentaria, la sanidad básica, la lucha contra el virus de la inmunodeficiencia humana/síndrome de inmunodeficiencia adquirida (VIH/SIDA), el agua y el saneamiento. Todos los programas humanitarios son ejecutados por organizaciones no gubernamentales (ONG) u organizaciones internacionales.

Respecto a la situación de los refugiados birmanos en Bangladesh y la India, la Comisión ha discutido sus preocupaciones al respecto con las autoridades bangladeshíes e indias en reiteradas ocasiones.

Por otra parte, la Comisión proporciona una importante asistencia financiera a la población rohingya, en Bangladesh y en el Estado de Rakhine en Birmania. En esta operación coopera plenamente con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Para evitar toda repatriación forzada, la Comisión seguirá vigilando de cerca la situación de los refugiados rohingya y, en caso necesario, podría realizar otras acciones.

----

----

(2004/C 88 E/0707)

PREGUNTA ESCRITA E-0188/04

de Marco Cappato (NI) a la Comisión

(29 de enero de 2004)

Asunto:   Caso de dos ciudadanos de Côte d'Ivoire

El pasado 4 de diciembre, cuando se encontraban a bordo de su vehículo, un Peugeot 405 de color gris con matrícula 2532CE01, Gbane Aboubacar y su hermano Soule Ouattara fueron secuestrados por un comando armado en los alrededores del centro cultural de Treichville, en Côte d'Ivoire.

Desde entonces, las gestiones de su familia, que reside en Koumassi, no han tenido fruto. Las búsquedas efectuadas en las comisarías y cuarteles de gendarmería de la capital, Abiyán, no han dado hasta la fecha ningún resultado. Los padres de las víctimas y sus correligionarios, el Partido Democrático de Côte d'Ivoire (PDCI RDA), siguen profundamente afectados por este nuevo episodio de violencia en el país.

¿Dispone la Comisión Europea de información sobre este caso de secuestro, que se produjo en condiciones misteriosas?

¿Podría la Comisión intervenir ante las autoridades de Côte d'Ivoire para que pueda hallarse una solución positiva a este secuestro tan pronto como sea posible?

Respuesta del Sr. Nielson en nombre de la Comisión

(26 de febrero de 2004)

La Comisión está al corriente del caso del Sr. Gbane Aboubacar y su hermano, el Sr. Soule Ouattara. Su secuestro fue mencionado en diversos periódicos, tales como «Le Nouveau Réveil» y «Le Libéral».

El partido al que pertenece el Sr. Aboubacar, el PDCI-RDA, investigó en las comisarías del barrio y la prisión central («Maison d'Arrêt et de Correction»), en Abiyán, pero no obtuvo ninguna información.

El Comité Internacional de la Cruz Roja no fue informado ni por la familia ni por el PDCI, y no sabía nada de este asunto.

La «Ligue Ivoirienne des Droits de l'Homme» (LIDHO; Liga Marfileña de Derechos Humanos) supo del caso a través de la prensa escrita. Su dirección examinó el asunto el 26 de enero de 2004, pero decidió no seguir investigando, ya que ni la familia ni el PDCI habían pedido su ayuda.

El «Mouvement Ivoirien des Droits Humains» (MIDH; Movimiento Marfileño de Derechos Humanos) intentó obtener más información de la familia, pero ésta no quiso dar detalles y sugirió que se preguntara al PDCI. Entretanto, la familia se ha trasladado a un domicilio desconocido.

La Delegación de la Comisión en Costa de Marfil suscitará este asunto ante el Gobierno.

----

----

(2004/C 88 E/0708)

PREGUNTA ESCRITA E-0213/04

de Sir Robert Atkins (PPE-DE) a la Comisión

(30 de enero de 2004)

Asunto:   Acuerdo de Supresión de los Aranceles Aduaneros Aplicables a los Productos Farmacéuticos

El Acuerdo de Supresión de los Aranceles Aduaneros Aplicables a los Productos Farmacéuticos, celebrado por 22 países (1) durante la Ronda Comercial de Uruguay entró en vigor el 1 de enero de 1995. Este acuerdo ha supuesto la supresión de los aranceles aduaneros aplicables a miles de productos farmacéuticos e incluye el compromiso de no sustituir las barreras arancelarias por barreras no arancelarias e incluso cubre los productos importados procedentes de Estados no signatarios del acuerdo. Todos los productos farmacéuticos acabados (2) están cubiertos automáticamente por el Acuerdo, mientras que a los ingredientes activos y a los productos intermedios (utilizados en la fabricación de productos farmacéuticos acabados) no se les aplica automáticamente un «arancel cero» sino que deben añadirse formalmente en la lista de productos elegibles.

Durante la Ronda de Uruguay, los países signatarios del Acuerdo se comprometieron a actualizar la lista de productos cubiertos por éste por lo menos una vez cada tres años para incluir nuevos ingredientes activos y productos intermedios desarrollados desde la firma del mismo. La segunda actualización entró en vigor en julio de 1999 (3), por lo que la tercera actualización (Actualización III) debería haberse llevado a cabo hace 18 meses. Desde la actualización de 1999 se han desarrollado miles de productos nuevos, que están a la espera de que se reconozca que se les puede aplicar el arancel cero.

Asimismo, los negociadores de la OMC podrían plantearse la simplificación de la metodología para garantizar que las actualizaciones ya no sean necesarias en el futuro e impulsar a más Estados miembros de la OMC a adherirse al Acuerdo. Una iniciativa de esta naturaleza entraría dentro del ámbito de la nueva ronda comercial y, si bien sería bienvenida, no debería impedir ni retrasar en mayor medida la conclusión rápida de la actualización acordada en la Ronda de Uruguay, que debería haberse llevado a cabo hace ya mucho tiempo.

¿Podría indicar la Comisión la fase en que se encuentra la CE en relación con la tercera actualización del Acuerdo de Supresión de los Aranceles Aduaneros Aplicables a los Productos Farmacéuticos, que debería haberse llevado a cabo hace 18 meses de conformidad con el calendario acordado durante la Ronda de Uruguay? ¿Podría informar sobre cuándo se prevé que finalice el proceso de actualización?

Respuesta del Sr. Lamy en nombre de la Comisión

(10 de marzo de 2004)

El Acuerdo de Supresión de los Aranceles Aduaneros Aplicables a los Productos Farmacéuticos es un acuerdo no vinculante entre los principales países productores de productos farmacéuticos con vistas a reducir a cero sus consolidaciones de derechos sobre determinados productos farmacéuticos, incluidos los ingredientes activos y los productos intermedios. Debido a que constantemente se están desarrollando nuevos productos farmacéuticos, el acuerdo prevé revisiones periódicas de estos productos. Cualquiera de los participantes podría haber iniciado el proceso para la tercera actualización (Actualización III) que debía haberse completado en 2002, aunque fue de hecho la Unión Europea quien propuso y llevó adelante las dos anteriores actualizaciones. Dado el interés de la industria farmacéutica de la Unión Europea, la Comisión está considerando actualmente poner en marcha la Actualización III.

Por lo que respecta a la simplificación de los procedimientos de actualización y la ampliación del Acuerdo a otros miembros de la OMC, la Comisión considerará ciertamente dichas opciones si redundaran en el interés general de la Unión Europea dentro del Programa de Desarrollo de Doha.

----

(1)  Australia, el Canadá, la República Checa, las Comunidades Europeas, el Japón, Noruega, Eslovaquia, Suecia, Suiza y los Estados Unidos de América.

(2)  El Acuerdo se refiere a los productos clasificados en el capítulo 30 del Sistema de Aranceles Armonizado (que incluye la totalidad de los productos farmacéuticos acabados).

(3)  Con la excepción del Japón, donde entró en vigor en junio de 2000.

----

----

(2004/C 88 E/0709)

PREGUNTA ESCRITA E-0216/04

de Marco Pannella (NI) a la Comisión

(30 de enero de 2004)

Asunto:   Violación de la libertad religiosa en Viet Nam

Según el Informe Internacional sobre la Libertad Religiosa 2003 elaborado por el Departamento de Estado, en Viet Nam han ocurrido restricciones significativas de actividades de grupos religiosos no reconocidos por el Gobierno.

El Partido Comunista impuso graves restricciones a las jerarquías y el clero de los grupos religiosos.

En este sentido el Gobierno vietnamita:

Asimismo, Mua Bua Senh y Vang Seo Giao, protestantes hmong, murieron en julio de 2002 después de haber sido golpeados por las autoridades.

Además, se registraron casos de personas condenadas por la «práctica ilegal de la religión» en virtud del artículo 258 del Código Penal (hasta 3 años de prisión). Algunas de las medidas de la ley usada para condenar a los presos religiosos conculcan instrumentos internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos.

La Oficina de Asuntos Religiosos vulnera la libertad religiosa a través de los funcionarios del Gobierno y las fuerzas de seguridad, que han perseguido y detenido de forma arbitraria a practicantes de la religión.

El personal de la embajada de EE.UU. informó a los miembros del Gobierno de que la falta de progreso en asuntos religiosos y Derechos humanos son un impedimento para la completa normalización de relaciones bilaterales.

La Comisión Europea, ha instado al Gobierno de Viet Nam a que consolide su respeto por la libertad política y religiosa pero no ha tomado ninguna medida adicional contra éste y su posición en este tema es de simple «seguimiento de la situación», difiriendo, de este modo, de la postura norteamericana.

En vista de lo anterior,

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(25 de febrero de 2004)

En el contexto del diálogo sobre los derechos humanos con las autoridades vietnamitas, así como en otros ámbitos, entre ellos las misiones de la troika de la UE a las Tierras Altas Centrales (la última, en diciembre de 2003), la UE ha mencionado constantemente las graves restricciones existentes en Vietnam en materia de libertad religiosa. En particular, la UE ha expresado su gran inquietud sobre la situación de las comunidades protestantes en las Tierras Altas Centrales y las medidas adoptadas contra la Iglesia Budista Unificada de Vietnam (Unified Buddhist Church of Vietnam, UBCV). Ha solicitado que sean liberados los pastores y adeptos protestantes detenidos, así como los dirigentes religiosos y los monjes de la UBCV que están en la misma situación, y exhortado al Gobierno a retomar el diálogo con esa Iglesia.

La UE ha solicitado también la liberación de los otros detenidos y presos de conciencia que, en vulneración de los instrumentos jurídicos internacionales de los que Vietnam es parte, han sido detenidos por haber manifestado pacíficamente su opinión personal. Ha expresado su preocupación por la formulación vaga y la aplicación discrecional de algunas leyes vietnamitas y solicitado su revisión. Entre ellas figuran varias disposiciones del Código Penal, por ejemplo la citada por Su Señoría, y el Decreto no CP/31, que permite ordenar el arresto domiciliario de ciudadanos, por un período máximo de dos años, sin la intervención de un juez. A este respecto, la UE ha sugerido que se invite a acudir a Vietnam a especialistas del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas.

La UE ha presionado al Gobierno para que aumente la transparencia por lo que respecta a las cuestiones relacionadas con los derechos humanos, haciendo referencia al deterioro que está causando la falta de apertura actual a la imagen internacional de Vietnam. A este respecto, la UE ha solicitado que se conceda acceso sin restricciones a todo el país (incluidas las Tierras Altas Centrales) a las misiones independientes de supervisión de los ponentes de la ONU para los derechos humanos, en particular al Ponente Especial sobre Libertad Religiosa, así como al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y a las organizaciones no gubernamentales (ONG) acreditadas que se ocupan de los derechos humanos. También ha solicitado al Gobierno que permita a los diplomáticos de los Estados miembros de la UE visitar a los presos de conciencia y supervisar los juicios de disidentes.

La UE seguirá solicitando mejoras por lo que respecta a la situación de los derechos humanos en Vietnam en toda ocasión, incluidas las reuniones del Grupo Consultivo, y proporcionará apoyo a través de programas de cooperación para impulsar cambios concretos sobre el terreno.

----

----

(2004/C 88 E/0710)

PREGUNTA ESCRITA E-0218/04

de Eija-Riitta Korhola (PPE-DE) a la Comisión

(30 de enero de 2004)

Asunto:   Medidas prácticas en la política sobre Chechenia de la UE

La Unión Europea, con una congruencia digna de elogio, sacó la cuestión de Chechenia en su diálogo con Rusia, pero la crítica de las violaciones de los derechos humanos no ha ido de ningún modo más allá del ámbito de las conversaciones.

Por ejemplo, la organización de defensa de los derechos humanos Memorial ha señalado en sus estudios graves violaciones de los derechos humanos. Memorial tiene conocimiento de 2 800«desapariciones», de las cuales se sabe que sólo 47 se han convertido en procesos conformes a derecho. La organización conoce sólo tres o cuatro casos en que se haya impuesto una condena larga a militares.

¿Qué posibilidades tiene la Unión Europea de influir más intensamente para que los líderes rusos lleguen a dar mayor capacidad de acción a los medios de comunicación y a los miembros de la Duma que hasta el momento han sido críticos con la política seguida en Chechenia?

¿Limita la dependencia de los recursos energéticos procedentes de Rusia la libertad de acción en política exterior de la UE más allá de lo exigido por la cortesía en los usos diplomáticos?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(5 de marzo de 2004)

Lamentablemente, el conflicto actual en Chechenia no muestra signos de «normalización». Hay, en efecto, informes inquietantes sobre la existencia de violaciones de los derechos humanos. Además, desde el referéndum constitucional de marzo de 2003, la situación de la seguridad no ha hecho sino empeorar, y los efectos se dejan sentir más allá del Cáucaso septentrional.

La Comisión considera que es fundamental restablecer el Estado de Derecho y el pleno respeto de los derechos humanos (incluida la libertad de los medios de comunicación) en Chechenia, si se desea hallar una solución duradera para el conflicto. Entre las cuestiones concretas abordadas por la Comisión con las autoridades rusas figura el derecho de acceso a Chechenia. En particular, ha insistido al respecto por lo que se refiere a las organizaciones no gubernamentales (ONG) que participan en la prestación de ayuda humanitaria, aunque a la Comisión le inquieta también el hecho de que a los periodistas les resulte cada vez más difícil, cuando no imposible, desplazarse a la República para informar sobre la situación.

La Comisión es muy consciente de la falta de reportajes en Rusia sobre la situación en Chechenia. Además de las crecientes restricciones impuestas a las actividades de los medios de comunicación rusos, incluida la clausura de TVS, el último canal privado de televisión que restaba a nivel nacional en 2003, muchos periodistas rusos han observado que los medios de comunicación rusos atenúan deliberadamente las críticas a la política rusa en Chechenia por temor a represalias por parte de las autoridades.

En estas circunstancias, la Comisión considera esencial mantener un diálogo franco y abierto, para subrayar la necesidad de que Rusia respete los valores con los que se ha comprometido como miembro de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y del Consejo de Europa, incluido el respeto por los derechos humanos y la libertad de los medios de comunicación. Como expone en su reciente Comunicación al Consejo y al Parlamento sobre las relaciones con Rusia, la Comisión considera que la UE puede influir en la evolución de ese país si está dispuesta a abordar cuestiones espinosas con las autoridades rusas de manera clara y directa. Se sugiere que la UE confirme que los valores europeos compartidos siguen siendo la base para la profundización de las relaciones y que la UE y sus Estados miembros expresen con vigor y coherencia su inquietud sobre la vulneración de los derechos humanos.

La postura firme de la Comisión respecto al historial de Rusia en materia de derechos humanos en modo alguno se ve «limitada» por sus relaciones con ese país en materia económica o energética.

----

----

(2004/C 88 E/0711)

PREGUNTA ESCRITA E-0221/04

de Maurizio Turco (NI) a la Comisión

(30 de enero de 2004)

Asunto:   Investigaciones de la Fiscalía de Milán sobre las empresas de auditoría Grant Thornton y Deloitte & Touche en el marco del escándalo de Parmalat

Teniendo en cuenta que en relación con el escándalo de Parmalat, la Fiscalía de Milán está investigando a Grant Thornton y a Deloitte & Touche, empresas de auditoría; la acusación se refiere a la violación de la ley 231 sobre las personas jurídicas, basada en una directiva de la Unión Europea; el 31 de diciembre de 2003 terminaron en la cárcel dos auditores de Grant Thornton y fueron sucesivamente investigados dos auditores de Deloitte & Touche bajo la acusación de agiotaje, falsedad de cuentas, comunicaciones sociales falsas y estafa con agravantes;

¿Puede indicar la Comisión si conoce los hechos expuestos?

En el caso de que las empresas Grant Thornton y Deloitte & Touche tuviesen relación con la Comisión, ¿tiene ésta intención de ponerse en contacto con la Fiscalía de Milán para conocer las razones de las investigaciones o la naturaleza de las posibles violaciones de la ley y la implicación de las empresas, y para prevenir asimismo posibles violaciones que afecten a las instituciones comunitarias?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(11 de marzo de 2004)

La Comisión está siguiendo de cerca la quiebra de la empresa Parmalat. Sin embargo, es demasiado pronto para extraer conclusiones de este complejísimo asunto, ya que la instrucción judicial prosigue.

Por lo que se refiere al trabajo de auditoría que deben realizar Grant Thornton y Deloitte en la relación con proyectos específicos financiados por la Comisión, ésta continuará supervisándolo a fin de asegurar que se lleva a cabo de acuerdo con las normas más exigentes.

----

----

(2004/C 88 E/0712)

PREGUNTA ESCRITA E-0248/04

de Glenys Kinnock (PSE) a la Comisión

(3 de febrero de 2004)

Asunto:   Niños de etnia gitana en Bulgaria

¿Está al corriente la Comisión de que gran número de niños que salen de Bulgaria con destino a otros países son bebés saludables de los que al menos se puede localizar a un progenitor y de que el 90 % del total proceden de minorías étnicas? Además, el 65 % de los niños a cargo de la asistencia pública son de origen gitano.

El Acuerdo de Asociación para la Adhesión de 2003 estipula que Bulgaria debe «impulsar una reforma del sistema de asistencia infantil que reduzca sistemáticamente el número de niños acogidos en instituciones asistenciales, en particular a través de la creación de servicios sociales alternativos destinados a los niños y las familias».

¿Puede especificar la Comisión de qué forma el proceso de adhesión de Bulgaria contribuye a garantizar la ayuda, en particular, a los niños gitanos y a sus familias, y qué medidas piensa tomar la Comisión si no se constatan avances demostrables en la situación al acercarse la fecha de adhesión en 2007?

Respuesta del Sr. Verheugen en nombre de la Comisión

(1 de marzo de 2004)

La Comisión tiene conocimiento de la información proporcionada por Su Señoría sobre la elevada proporción de niños de etnia gitana acogidos en diversas instituciones asistenciales. La Comisión también es consciente de la situación relativa a la adopción internacional en Bulgaria.

En el informe periódico de 2003 sobre el avance de Bulgaria en la senda de la adhesión, la Comisión ha descrito la situación y las cuestiones relativas al bienestar infantil y a la minoría gitana. La Comisión supervisa atentamente los progresos efectuados en estos ámbitos y consulta periódicamente al respecto a las autoridades búlgaras competentes. Las autoridades búlgaras se han esforzado por reducir el elevado número de niños confiados a instituciones. Ya se han aprobado reformas del marco jurídico en materia de protección infantil y política de lucha contra la discriminación; en la actualidad, el reto consiste en asegurar el cumplimiento íntegro de esa nueva legislación y del plan de acción adoptado recientemente en materia de desinstitucionalización. Además, un nuevo plan de acción para la ejecución del «Programa marco de integración equitativa de la población gitana en la sociedad búlgara» prevé apoyo presupuestario específico para determinadas medidas, como la mejora del acceso y de la calidad de la educación de los niños de etnia gitana, así como de la protección social concedida a las familias gitanas. La Comisión ha subrayado que se requiere una intervención firme y continua para hacer frente a la desventaja social generalizada que padece la comunidad gitana.

La Comisión ha planteado la necesidad de regular de manera más adecuada las normas sobre adopción, incluida la adopción internacional. En 2003, las modificaciones del Derecho de Familia establecieron un sistema más diáfano. Sin embargo, es necesario proseguir la labor para garantizar que la adopción internacional siga siendo una medida de último recurso utilizada exclusivamente cuando redunde en mayor beneficio de los intereses del niño.

La Comisión ha apoyado los esfuerzos realizados por Bulgaria en estos ámbitos a través de fondos de preadhesión al amparo del programa Phare. Por lo que respecta al bienestar infantil, se ha prestado asistencia para mejorar las políticas y la prestación de asistencia para los niños marginados socialmente, lo que incluye un numero significativo de niños gitanos. La Comisión ha proporcionado apoyo y formación al Organismo Estatal de Protección de la Infancia, la nueva entidad búlgara responsable de la supervisión de la reforma de la asistencia infantil, así como a los departamentos locales de protección de la infancia. También ha tratado de proporcionar apoyo al Gobierno búlgaro en la concepción de formas alternativas de asistencia infantil y en la reforma de la gestión y la asistencia infantil proporcionada en algunas instituciones seccionadas. Se están desarrollando otros proyectos dirigidos a mejorar los servicios sociales para los discapacitados, reducir el absentismo escolar de los niños de etnia gitana y aumentar la integración social de los grupos vulnerables.

En el marco de la programación plurianual para el período 2004-2006, actualmente en fase de negociación con las autoridades búlgaras, está prevista la concesión de asistencia de preadhesión suplementaria en este ámbito a los niños gitanos y a sus familias.

La Comisión seguirá supervisando atentamente el respeto de Bulgaria de las libertades y los derechos humanos, en particular por lo que respecta a la comunidad gitana y al bienestar infantil.

La evaluación del avance de Bulgaria en la senda de la adhesión y las negociaciones de adhesión proseguirán con arreglo a la misma base y según principios idénticos a los aplicados a los diez países de próxima adhesión.

----

----

(2004/C 88 E/0713)

PREGUNTA ESCRITA P-0312/04

de Elspeth Attwooll (ELDR) a la Comisión

(2 de febrero de 2004)

Asunto:   Ayuda al desarrollo

¿Cuál es la contribución total del presupuesto de la UE a la ayuda a los países en desarrollo, en importe y en porcentaje del Producto nacional Bruto (PNB)? ¿Puede facilitar la Comisión una cifra equivalente para los EE.UU?

Si se tienen en cuenta los presupuestos de cada uno de los Estados miembros de la UE añadidos a la contribución del presupuesto de la UE, ¿cuál es la contribución total de la UE a la ayuda a los países en desarrollo, en importe y en porcentaje del PNB de la UE?

¿Qué resultados arroja la comparación del presupuesto que el Reino Unido destina a la ayuda a los países en desarrollo con el de los otros 14 Estados miembros y los 10 Estados candidatos a la adhesión, en porcentaje del PNB?

Respuesta del Sr. Nielson en nombre de la Comisión

(10 de marzo de 2004)

En 2002, la contribución total de la Unión Europea para la ayuda oficial al desarrollo fue de 29 949 millones de dólares, que equivalían al 0,365 % del Producto Nacional Bruto (PNB). La contribución total de EE.UU. a la ayuda oficial fue de 13 290 millones de dólares, equivalentes al 0,13 % del PNB. Estos dos porcentajes se hallan respectivamente por encima y por debajo de la media de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos y la Dirección de Cooperación al Desarrollo (OCDE/DCD), que corresponde al 0,23 % del PNB (con un tipo de cambio EUR/$ de 1,28).

El presupuesto gestionado por la Comunidad Europea ascendió a 6 962 millones de euros en 2002 y fue incluido por los Estados miembros en sus estadísticas sobre la base de sus claves de contribución para el presupuesto y el Fondo Europeo de Desarrollo.

La clasificación de los Estados miembros en función del % de PNB para 2002 fue la siguiente:

Los diez países adherentes tienen colectivamente un porcentaje medio de asistencia oficial al desarrollo (AOD) de aproximadamente el 0,03 % de su PNB.

----

----

(2004/C 88 E/0714)

PREGUNTA ESCRITA E-0401/04

de Concepció Ferrer (PPE-DE) a la Comisión

(16 de febrero de 2004)

Asunto:   El trasvase del río Ebro

Ante las noticias aparecidas recientemente según las cuales Bruselas constata que España no ha aplicado correctamente la directiva que exige que los efectos medioambientales de determinados proyectos se analicen antes de su aprobación, garantizando una consulta previa, y teniendo en cuenta que la Comisión ha presentado la correspondiente denuncia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación a dicha incorrecta aplicación en el caso de una regulación aplicada en la tramitación del trasvase del Ebro, en el marco del Plan Hidrológico Nacional del Estado español, ¿podría la Comisión informar en qué medida el incumplimiento del Gobierno español puede afectar al desarrollo del Plan Hidrológico Nacional, toda vez que fuentes del Ministerio de Medio Ambiente del Gobierno español han declarado que «aunque el tribunal dijera que tenemos que cambiar este aspecto de la ley, esto no invalidaría las decisiones que se han tomado»?

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(23 de marzo de 2004)

Tal y como indica Su Señoría, la Comisión ha decidido recientemente interponer un recurso por incumplimiento contra España ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en virtud de lo dispuesto en el artículo 226 del Tratado CE, debido a la incorporación incorrecta en el ordenamiento jurídico español de varias disposiciones de la Directiva 85/337/CEE del Consejo, del 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medioambiente (1), modificada por la Directiva 97/11/CE del Consejo, del 3 de marzo de 1997 (2).

No obstante, conviene subrayar que esa decisión se adoptó con arreglo a un procedimiento de infracción incoado por la Comisión para examinar la compatibilidad de la legislación española que incorpora la Directiva 97/11/CE. Se trata de un procedimiento general que no guarda relación con casos específicos, como aquél a que alude Su Señoría. Las infracciones que motivan esta decisión son el incumplimiento del régimen transitorio previsto por la Directiva 97/11/CE, así como de las obligaciones señaladas en los artículos 3 y 9 de la Directiva, no estando éstas claramente incorporadas en el derecho español.

Dicho procedimiento de infracción no implica que la Directiva sobre la evaluación del impacto medioambiental se aplique siempre de forma incorrecta en España. Las posibles consecuencias para cada proyecto específico deberán determinarse tras un examen caso por caso del procedimiento seguido.

----

(1)DO L 175 de 5.7.1985.

(2)DO L 73 de 14.3.1997.

----

----

(2004/C 88 E/0715)

PREGUNTA ESCRITA P-0409/04

de Carlos Coelho (PPE-DE) a la Comisión

(6 de febrero de 2004)

Asunto:   Derechos inherentes a la ciudadanía europea

El Tratado de Amsterdam completó la definición del concepto de ciudadanía europea al señalar que ésta no substituye a la ciudadanía nacional, sino que la completa, y al mismo tiempo consolidó los derechos ligados ella.

Posteriormente, en la Carta de los Derechos Fundamentales, proclamada en 2000 (en Niza), se recopilaron en un texto único todos los derechos personales, cívicos y políticos, así como los derechos económicos y sociales que el ciudadano europeo tiene garantizados.

Entre estos derechos está incluido el derecho a votar o a presentarse como candidato a las elecciones para el PE o a las elecciones municipales en el país de la UE en el que se resida.

Por esta razón me sorprendió enterarme, a través de una carta enviada por Jason Azzopardi, Secretario Internacional del Partido Nacionalista de Malta, de la denuncia de una situación grave de violación de los derechos de centenas de ciudadanos malteses, al serles denegado el derecho a votar en las próximas elecciones de junio al Parlamento Europeo, por residir temporalmente fuera de su país por razones profesionales, de formación o de estudios.

¿Conoce la Comisión esta situación? ¿Cuál es su opinión acerca de este tipo de comportamiento, que parece ser una clara violación de un derecho que le es reconocido a cualquier ciudadano europeo?

Respuesta del Sr. Verheugen en nombre de la Comisión

(15 de marzo de 2004)

Se remite a Su Señoría a la respuesta de la Comisión a la pregunta escrita E-0118/04 de la Sra. Frassoni y del Sr. Cohn-Bendit (1).

----

(1)  Ver página 682.

----

----

(2004/C 88 E/0716)

PREGUNTA ESCRITA E-0427/04

de Christopher Huhne (ELDR) a la Comisión

(17 de febrero de 2004)

Asunto:   Residencia de nacionales de un Estado miembro en otro

¿Podría revelar la Comisión el número de nacionales de cada Estado miembro que han residido en cada uno de los demás Estados miembros durante cada uno de los últimos diez años para los que se disponga de cifras?

¿Podría indicar asimismo el número de nacionales de terceros países que han residido en cada uno de los Estados miembros en cada uno de los últimos diez años, señalando, a ser posible, el número de nacionales de los Estados Unidos?

Respuesta del Sr. Solbes Mira en nombre de la Comisión

(16 de marzo de 2004)

Los cuadros remitidos directamente a Su Señoría y a la Secretaría del Parlamento indican el número de ciudadanos no nacionales residentes en los Estados miembros en el período que va de 1994 a 2003. Cuando es factible, ese número se desagrega por ciudadanías de cada uno de los Estados miembros, por el número total de ciudadanos de países no miembros de la UE y por el número de ciudadanos americanos. Para maximizar la serie de datos, el cuadro correspondiente a 1994 incluye las cifras de Austria, Finlandia y Suecia, a pesar de que entonces estos países aún no eran miembros de la UE.

Las cifras que figuran en estos cuadros se basan en los datos de que dispone actualmente Eurostat, datos que le son suministrados por los institutos nacionales de estadística en respuesta a la petición anual de datos relacionados con los flujos de migración y con las cifras de inmigración.

Por las razones que se exponen más abajo, a estas cuestiones sólo puede darse una respuesta parcial. No se dispone de estadísticas sobre la población no nacional para todos los Estados miembros y para todos los años y, cuando se dispone de cifras, se impone una cierta cautela para interpretarlas. En Europa se utilizan diferentes fuentes de datos y distintas definiciones del concepto de residencia, lo cual puede afectar a la comparabilidad de las estadísticas de los diversos Estados miembros.

El cuadro correspondiente a 2001 es el más completo. La ronda de censos de población de 2001 ofrece datos adicionales que pueden servir para verificar las cifras de otras fuentes de datos o para proporcionar información cuando no se dispone de otros datos. Las estadísticas sobre la población no nacional de Luxemburgo y Austria se basan en el censo y, por consiguiente, sólo están disponibles para 2001. Del mismo modo, sólo se dispone de estadísticas de Francia para 1999, año en que se realizó el último censo en ese país.

----

----

(2004/C 88 E/0717)

PREGUNTA ESCRITA E-0496/04

de María Sornosa Martínez (PSE) y María Valenciano Martínez-Orozco (PSE) a la Comisión

(23 de febrero de 2004)

Asunto:   Investigación sobre becas del Ministerio de Trabajo español

En su respuesta a la pregunta E-2188/03 (1) de estas diputadas sobre una posible discriminación hacia las mujeres embarazadas por parte del Ministerio de Trabajo español en la concesión de becas de trabajo, la Comisión reconocía una posible infracción del Derecho comunitario en materia de igualdad de trato entre hombres y mujeres y anunciaba la apertura de una investigación.

¿Podría la Comisión informar sobre el estado de dicha investigación, así como sobre los términos en los que las autoridades españolas han dado respuesta, si la hubiere, a dicho requerimiento?

Respuesta complementaria del Sr. Dimas en nombre de la Comisión

(29 de junio de 2004)

En las preguntas escritas nos E-2188/03 y E-0496/04, sus Señorías preguntaban a la Comisión si consideraba que la reglamentación que rige la concesión de becas por parte del Instituto de la Mujer se ajusta a la Directiva 92/85/CEE (2).

Como ya se indicó, la Comisión ha estado en contacto con las autoridades españolas en relación con esta cuestión. Estas indicaron que el artículo 12 de la Orden Ministerial TAS/939/2003, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de becas de formación en el Instituto de la Mujer para el año 2003, prevé la posibilidad de suspender temporalmente la beca en caso de maternidad, adopción y acogimiento, tanto permanente como preadoptivo. En virtud de la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, de conciliación de la vida familiar y laboral, este derecho se reconoce también a los padres beneficiarios de una beca. Las personas beneficiarias que hagan uso de esta posibilidad de conformidad con esta disposición podrán incorporarse a la actividad formativa y completarla una vez transcurrido el plazo de suspensión de la beca.

Las autoridades españolas indicaron que los beneficiarios de estas becas no son empleados y no están por tanto sometidos al Estatuto de los Trabajadores ni a ninguna otra disposición de la legislación laboral pues ni las cantidades abonadas tienen carácter de salario o retribución ni la relación entre el beneficiario y el organismo responsable de su concesión puede equipararse a la existente entre un empleador y un trabajador. A tal respecto, el apartado 2 del artículo 7 de la Orden Ministerial establece que, en virtud del principio de legalidad, la concesión y el disfrute de la becas no establecen ninguna relación laboral o estatutaria entre las personas beneficiarias y el Instituto de la Mujer.

La Directiva 92/85/CEE prevé una protección mínima, incluido el derecho a un permiso de maternidad de al menos catorce semanas consecutivas para las tres categorías de trabajadoras, a saber trabajadoras embarazadas, que hayan dado a luz o en período de lactancia. Sin embargo, dado que los beneficiarios de las becas de formación concedidas por el instituto de la Mujer no son trabajadores sino personas en formación, no entran dentro del ámbito de aplicación de la Directiva 92/85/CEE.

Por lo demás, no puede entenderse que exista discriminación por motivo de sexo, ya que la posibilidad de suspender la beca está abierta tanto a los hombres como a las mujeres.

----

(1)DO C 33 E de 6.2.2004, p. 232.

(2)  Directiva 92/85/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia (décima Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE), DO L 348 de 28.11.1992.

----

----

(2004/C 88 E/0718)

PREGUNTA ESCRITA E-0526/04

de Matti Wuori (Verts/ALE) a la Comisión

(24 de febrero de 2004)

Asunto:   Ampliación del Puerto de Arinaga (Gran Canaria, España)

La Autoridad Portuaria de Las Palmas de Gran Canaria ha presentado a información pública (Boletín Oficial de Canarias del viernes 14 de noviembre de 2003) el Proyecto Básico de Ampliación del Puerto de Arinaga, que afecta a los Municipios de Agüimes y Santa Lucía. El futuro muelle, que ocupa 2,2 km lineales de costa, tendrá como objetivo la carga y descarga de pasajeros y mercancías como gas y petróleo. Los perjuicios que generará la construcción de la ampliación del Puerto de Arinaga son mucho mayores que los discutibles beneficios socioeconómicos que conllevaría, además de la influencia en el tejido empresarial del Puerto de La Luz y Las Palmas debido a la derivación de parte del tráfico de contenedores y barcos al Puerto de Arinaga. Este proyecto tendrá efectos graves sobre los ecosistemas litorales marinos más productivos y los sebadales, reduciendo las áreas de reproducción y crías de especies de interés pesquero para los pescadores de Agüimes (19 284 habitantes) y Santa Lucía (40 011 habitantes). Además afecta las posibilidades de desarrollo de turismo verde de la zona. El Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto no ha sido elaborado con la seriedad metodológica y pericia requeridas, pues muchas de sus afirmaciones no están justificadas desde un punto de vista científico (tales como: las alternativas existentes a este puerto, la no influencia en la dinámica sedimentaria litoral y, por lo tanto, la ausencia de efectos sobre la Playa del Inglés y la Playa de Maspalomas; la ausencia de efectos sobre el régimen natural de oleaje y viento que llega a Pozo Izquierdo, lugar más importante de Europa para la práctica del windsurf; la ausencia de efectos sobre parte del Lugar de Interés Comunitario (LIC) de «Playa del Cabrón» y sobre los sebadales de la Bahía de Arinaga; la falta de cuantificación de las poblaciones de especies protegidas afectadas ni del interés del área en el contexto insular; el interés real del proyecto para la población de los municipios lindantes; la pérdida de oportunidades de ocio y de recursos marinos explotables).

¿Puede la Comisión exigir que es estudien proyectos alternativos que no tengan efectos negativos sobre las zonas LIC e IBA (Important Bird Areas) interesadas por el proyecto ni comprometan las posibilidades de desarrollo de actividades sostenibles en la zona (zonas de práctica de deportes acuáticos, pesca, marisqueo, baño y ocio)?

----

----

(2004/C 88 E/0719)

PREGUNTA ESCRITA E-0527/04

de Matti Wuori (Verts/ALE) a la Comisión

(24 de febrero de 2004)

Asunto:   Ampliación del Puerto de Arinaga (Gran Canaria, España)

La Autoridad Portuaria de Las Palmas de Gran Canaria ha presentado a información pública (Boletín Oficial de Canarias del viernes 14 de noviembre de 2003) el Proyecto Básico de Ampliación del Puerto de Arinaga, que afecta a los Municipios de Agüimes y Santa Lucía. El Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto presenta múltiples omisiones poco justificables en un estudio de este tipo. Entre dichas omisiones figuran: los posibles efectos negativos sobre las playas turísticas del sur de la isla, tras la desclasificación de parte del Espacio Natural Protegido de La Isleta y la ampliación del Puerto de Las Palmas (no se justifica la creación de otra zona portuaria y comercial, además no es necesario un puerto de esta envergadura para la descarga de gas); la extensión de los sebadales que serán afectados es mayor que la de los incluidos en el Lugar de Interés Comunitario (LIC) anteriormente mencionado; el incumplimiento de los condicionantes de la declaración de impacto de la primera fase; los graves daños ocasionados durante la construcción de la primera fase en los sebadales del LIC marino mencionado, en el que se han efectuado dragados y actuaciones sin contar con una declaración de impacto ni la preceptiva autorización administrativa para afectar a especies catalogadas; la existencia de puertos o áreas alternativas con menores impactos ambientales y, por lo tanto, con un menor coste ambiental. Este proyecto tendrá como consecuencia la destrucción de una parte significativa del IBA (Important Bird Area) 351, área ésta de gran importancia para la conservación de diversas especies de aves y que ya se encuentra fragmentada desde hace unos años por la construcción de una central térmica. Se agravarían todavía más las consecuencias negativas que se han producido tras la construcción de la primera fase del proyecto en los sebadales del LIC ES7010053. La práctica de windsurf y surf en esta zona, visitada por aproximadamente 10 000 windsurfistas al año, se verá gravemente afectada, acabando con su práctica en Punta de La Gaviota y condicionando la de Pozo Izquierdo, zona de reconocido valor para este deporte como muestran los diferentes campeonatos mundiales allí celebrados desde hace 13 años de forma consecutiva.

¿Puede la Comisión averiguar si el Estudio de Impacto Ambiental ha tenido en cuenta todas las consecuencias de la ampliación del puerto así como el establecimiento de un sistema compensatorio por los efectos sobre parte de un LIC, parte de un IBA, la pérdida de un sistema de salinas y de una importante zona de ocio y deportiva?

Respuesta común

a las preguntas escritas E-0526/04 y E-0527/04

dada por el Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(21 de abril de 2004)

La Comisión no tiene conocimiento de los supuestos hechos a que se refiere Su Señoría.

El artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora (1) establece que «cualquier plan o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del lugar o sin ser necesario para la misma, pueda afectar de forma apreciable a los citados lugares, ya sea individualmente o en combinación con otros planes y proyectos, se someterá a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los objetivos de conservación de dicho lugar. A la vista de las conclusiones de la evaluación de las repercusiones en el lugar y supeditado a lo dispuesto en el apartado 4, las autoridades nacionales competentes sólo se declararán de acuerdo con dicho plan o proyecto tras haberse asegurado de que no causará perjuicio a la integridad del lugar en cuestión y, si procede, tras haberlo sometido a información pública.»

Del mismo modo, las instalaciones portuarias requieren una evaluación del impacto ambiental (EIA) de conformidad con lo dispuesto en la Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985 (2), modificada por la Directiva 97/11/CE del Consejo, de 3 de marzo de 1997, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (3).

Con la información de que dispone, la Comisión no está en condiciones de determinar si existe una infracción a la legislación comunitaria aplicable en materia de medio ambiente.

----

(1)DO L 206 de 22.7.1992.

(2)DO L 175 de 5.7.1985.

(3)DO L 73 de 14.3.1997.

----

----

(2004/C 88 E/0720)

PREGUNTA ESCRITA E-0569/04

de Herbert Bösch (PSE) a la Comisión

(26 de febrero de 2004)

Asunto:   Programa Leonardo da Vinci

El programa Leonardo da Vinci de la Comisión Europea pretende contribuir a la aplicación de la política de formación profesional de la UE. La Unión Europea debe preparar mejor a sus ciudadanos para entrar en el mercado laboral y, de este modo, reducir el número de desempleados. Además, la economía necesita trabajadores cualificados para mantener el ritmo de los cambios científicos y tecnológicos. En vista de ello, el programa Leonardo da Vinci de la Comisión Europea sirve de laboratorio innovador en el ámbito del aprendizaje durante toda la vida.

¿Podría la Comisión presentar una lista de los proyectos aprobados por el programa Leonardo, indicando el responsable del proyecto, el importe de las subvenciones y las cantidades pagadas y pendientes de pago?

¿Existen diferencias o asimetrías llamativas entre los países y encargados de los proyectos en lo que se refiere a diversos criterios, como la cuantía del presupuesto, el porcentaje de financiación y los resultados efectivos?

¿Cómo realiza la Comisión un examen final rápido y sencillo de los proyectos que han recibido ayudas y cuánto tiempo pasa entre el fin del proyecto y el examen final?

¿En qué países se observan a menudo dificultades para realizar el examen final?

Respuesta complementaria de la Sra. Reding en nombre de la Comisión

(11 de junio de 2004)

La Comisión comparte la preocupación de Su Señoría sobre la calidad de los resultados de los proyectos innovadores Leonardo da Vinci y la necesidad de procedimientos de gestión eficaces.

Entre 2000 y 2003, La Comisión seleccionó 1 100 proyectos innovadores para un presupuesto aproximado de 350 millones de euros. Las listas de los proyectos seleccionados, que contienen, en particular, el presupuesto de cada proyecto y el nombre de su promotor, se transmitieron al Parlamento en el momento de la selección, en aplicación de las normas de Comitología.

Después de la selección por parte de la Comisión, la gestión de los proyectos (es decir, la firma de los contratos con los promotores, el seguimiento de los proyectos, el análisis de los informes y los pagos) es, en más de un 90 % de los casos, responsabilidad de una red de agencias nacionales designadas por las autoridades nacionales de los países participantes. La Comisión sólo gestiona directamente una pequeña parte de los proyectos.

Los primeros proyectos comenzaron en diciembre de 2000. Normalmente, su duración es de treinta y seis meses. El informe final del promotor debe presentarse en un plazo de dos meses después de la finalización del proyecto.

Para garantizar la buena gestión de los fondos comunitarios, los pagos finales son objeto de una evaluación basada en un control de los gastos y los resultados obtenidos. Para aceptar un gasto, la Comisión o las agencias nacionales deben disponer de los justificantes adecuados.

Cundo se presenta el informe final, sus resultados son analizados por la Comisión o por las agencias nacionales, y por un experto independiente.

Las agencias nacionales están examinando actualmente los informes finales de los proyectos seleccionados en 2000 y presentarán su primer informe a la Comisión durante el verano de 2004. Hay que señalar que la Comisión ya ha transferido a las agencias nacionales fondos suficientes para que puedan pagar el saldo de los contratos a los promotores cuando hayan terminado la evaluación y acepten los informes finales.

Es aún demasiado pronto para decir si, en algunos países, hay más casos problemáticos que en otros y mayores diferencias de apreciación entre las agencias y los promotores.

Para los proyectos que gestiona directamente, la Comisión ya ha recibido una treintena de informes finales. Se ha efectuado el pago final a la mitad de ellos. Los demás expedientes están en fase de análisis o a punto de pagarse. El informe final y los resultados de cada proyecto son analizados paralelamente por una persona que trabaja en la Comisión y un experto externo contratado para ello, con el apoyo logístico de una oficina de asistencia técnica.

Es frecuente que los promotores olviden presentar algunos documentos en sus informes finales, lo que obliga a realizar solicitudes complementarias y alarga el plazo de tramitación de los expedientes.

La Comisión se basará en la experiencia del análisis de estos primeros expedientes para reducir los plazos de evaluación de los informes finales y de pago, gracias a un mejor seguimiento y a una simplificación de los procedimientos de evaluación.

----

----

(2004/C 88 E/0721)

PREGUNTA ESCRITA E-0661/04

de Alexander de Roo (Verts/ALE) a la Comisión

(9 de marzo de 2004)

Asunto:   Contratación pública relativa a la transferencia hidrológica Júcar-Vinalopó

El Gobierno español instaura las denominadas Sociedades Estatales del Agua a partir del año 1997, al igual que había hecho antes con otros ámbitos administrativos. Entre estas sociedades, el Gobierno español creó la sociedad estatal Aguas del Júcar, Sociedad Anónima (AJUSA), con objeto de contratar, construir y explotar toda clase de obras hidráulicas. Se trata de una sociedad unipersonal, cuyo único socio es el Estado español. Entre los proyectos encomendados a AJUSA se encuentra la ejecución de las obras de la transferencia del Júcar al Vinalopó. Para la realización de este proyecto cuenta con un presupuesto de doscientos cuatro millones de euros, de los cuales cincuenta y cuatro millones de euros pretenden ser financiados con Fondos Europeos. A partir del mes de abril de 2001, AJUSA ha sacado diversas licitaciones a concurso público relacionadas con la transferencia del Júcar al Vinalopó. En el mes de enero de 2003, sacó a concurso público la licitación de la asistencia técnica relativa a los trámites del expediente de expropiación forzosa necesarios para la ejecución de las obras de transferencia del Júcar al Vinalopó, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) número 20 de 23 de enero de 2003, y dotada de un presupuesto total de 417 600 euros. Sin embargo, a pesar del valor de dicho concurso no ha sido publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea. Consultado el suplemento del Diario Oficial a través de Tenders Electronic Daily no aparece publicada esta licitación. Las adjudicaciones de este contrato de asistencia técnica para la realización de los trámites del expediente de expropiación forzosa han sido publicadas en el BOE número 87 de 11 de abril 2003 (Anexo I). La contratación de los trámites del expediente de expropiación forzosa para la ejecución de las obras de la transferencia del Júcar al Vinalopó es un «contrato público de servicios» que está sujeto a la regulación comunitaria establecida en el artículo 2.a de la Directiva 92/50/CEE (1) del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de servicios.

¿Cuál va ser la actuación de la Comisión Europea ante este incumplimiento del Derecho comunitario?

¿La Comisión Europea ha adoptado ya alguna medida al respecto?

¿No considera la Comisión que el respeto de las normas comunitarias de mercados públicos debe ser condición previa para cualquiera cofinanciación comunitaria de las transferencias del Júcar al Vinalopó?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(22 de abril de 2004)

La Comisión ha recibido una queja relativa a la adjudicación de un contrato de servicios sobre el procedimiento de expropiación de terrenos para construir la infraestructura destinada a la transferencia del río Júcar al río Vinalopó. A pesar de que el presupuesto del concurso superaba los límites máximos establecidos en la Directiva 92/50/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de servicios, parece ser que no se publicó ningún anuncio de licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea. No obstante, de conformidad con lo establecido en el artículo 9 de la Directiva, los servicios que entran dentro de una de las categorías enumeradas en el anexo IB de la Directiva no están sometidos a varias de las obligaciones establecidas en dicho artículo, entre otras la de publicación previa del anuncio de licitación en el Diario Oficial. El anexo IB incluye la categoría de «servicios jurídicos» y una categoría residual de «otros servicios». Esta última categoría debe interpretarse de forma restrictiva, y solamente puede clasificarse un servicio en la misma si no puede entrar de forma plausible en una de las otras categorías de los anexos IA o IB de la Directiva 92/50/CEE.

La Comisión no dispone por el momento de suficiente información sobre el contrato y, por tanto, no puede excluir que este tipo de servicio, que era el objeto del concurso, entre en una de las categorías enumeradas en el anexo IB, en cuyo caso la no publicación de un anuncio de licitación en el Diario Oficial no sería incompatible con la Directiva 92/50/CEE. Por otra parte, si se determina que este servicio concreto no entra en ninguna de las categorías enumeradas en el anexo IB, la no publicación del anuncio de licitación en el Diario Oficial sería un incumplimiento de la Directiva 92/50/CEE. A este respecto, la Comisión considera que AJUSA es un «organismo de derecho público» y una «entidad adjudicadora» tal como se define en la Directiva.

La Comisión se ha puesto en contacto con las autoridades españolas a fin de obtener más información sobre el tipo de servicio de que se trataba y sobre las circunstancias del concurso.

Tal como señala Su Señoría, y como establece claramente el marco reglamentario comunitario vigente, el cumplimiento de las normas comunitarias en materia de contratación pública es un requisito esencial para cualquier proyecto financiado con fondos comunitarios.

----

(1)DO L 209 de 24.7.1992, p. 1.

----

----

(2004/C 88 E/0722)

PREGUNTA ESCRITA E-0669/04

de Proinsias De Rossa (PSE) a la Comisión

(9 de marzo de 2004)

Asunto:   Cualificaciones profesionales

¿Qué respuesta ha recibido la Comisión, en su caso, del Gobierno irlandés al dictamen motivado remitido a Irlanda en abril de 2003, como se anuncia en IP/02/1406, en relación con la falta de transposición por parte de Irlanda de la Directiva 2001/19/CE (1) a partir del plazo del 1 de enero de 2003?

¿Qué medidas ha tomado o se plantea tomar la Comisión al respecto?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(16 de abril de 2004)

Entretanto, Irlanda ha notificado medidas respecto de todas las profesiones contempladas en la Directiva 2001/19/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de mayo de 2001, por la que se modifican las Directivas 89/48/CEE y 92/51/CEE del Consejo, relativas al sistema general de reconocimiento de las calificaciones profesionales, y las Directivas 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE y 93/16/CEE del Consejo, relativas a las profesiones de enfermero responsable de cuidados generales, odontólogo, veterinario, matrona, arquitecto, farmacéutico y médico.

Por tanto, los servicios competentes de la Comisión propondrán en breve al Colegio la clausura del procedimiento de infracción motivado por la no comunicación de las medidas nacionales de aplicación.

----

(1)DO L 206 de 31.7.2001, p. 1.

----

----

(2004/C 88 E/0723)

PREGUNTA ESCRITA E-0676/04

de Proinsias De Rossa (PSE) a la Comisión

(9 de marzo de 2004)

Asunto:   Asignación de recursos para la carne de animales silvestres

Tras la aprobación por el Parlamento Europeo del informe De Rossa sobre la petición 461/2000, ¿qué recursos se han desembolsado o se han previsto para mejorar la gestión de la vida silvestre? ¿Qué recursos se han previsto para apoyar la incorporación de criterios relativos a la fauna silvestre y a la carne de animales silvestres en las evaluaciones de la pobreza?

----

----

(2004/C 88 E/0724)

PREGUNTA ESCRITA E-0677/04

de Proinsias De Rossa (PSE) a la Comisión

(9 de marzo de 2004)

Asunto:   Carne de animales silvestres: gestión de la vida silvestre en las concesiones forestales

Tras la aprobación por el Parlamento Europeo del informe De Rossa sobre la petición 461/2000, ¿tiene la Comisión la intención de apoyar las medidas encaminadas a introducir la gestión de la vida silvestre en las concesiones forestales de las selvas tropicales de África Central y Occidental por parte del sector y de las ONG dedicadas a la conservación de la naturaleza? ¿Propone la Comisión adoptar medidas concretas para promover la gestión sostenible de la vida silvestre por parte de las compañías madereras?

----

----

(2004/C 88 E/0725)

PREGUNTA ESCRITA E-0678/04

de Proinsias De Rossa (PSE) a la Comisión

(9 de marzo de 2004)

Asunto:   Carne de animales silvestres: Plan de acción sobre biodiversidad

Tras el apoyo prestado por el Parlamento Europeo al informe De Rossa sobre la Petición 461/2000 y el Plan de acción sobre biodiversidad 2000, ¿qué inversiones se han efectuado para apoyar una gestión mejor de la fauna con vistas a cumplir los objetivos del Plan de acción sobre biodiversidad?

----

----

(2004/C 88 E/0726)

PREGUNTA ESCRITA E-0681/04

de Proinsias De Rossa (PSE) a la Comisión

(9 de marzo de 2004)

Asunto:   Carne de animales silvestres: evaluaciones de la pobreza

Tras el apoyo prestado por el Parlamento Europeo al informe De Rossa sobre la petición 461/2000, ¿va a financiar la Comisión la investigación sobre la importancia de la carne de animales silvestres y la fauna para la subsistencia de la gente pobre, especialmente en el África occidental y central?

¿Qué medidas ha adoptado la Comisión para incluir criterios en sus evaluaciones de la pobreza y en los documentos de estrategia del país que tengan en cuenta la importancia de la fauna salvaje y la carne de animales silvestres para la subsistencia de los pobres en los países del África occidental y central? ¿Va a publicar la Comisión estos criterios? ¿Se van a tomar medidas para incluir estas consideraciones en las evaluaciones y estrategias existentes?

Respuesta común

a las preguntas escritas E-0676/04, E-0677/04, E-0678/04 y E-0681/04

dada por el Sr. Nielson en nombre de la Comisión

(27 de abril de 2004)

Por lo que respecta a los informes estratégicos sobre el país, la revisión intermedia que se está llevando a cabo exige, en el caso de los países de África, el Caribe y el Pacífico (ACP), un perfil medioambiental del país como anexo a los documentos relativos a dicha revisión. Dicho perfil debe señalar las cuestiones importantes en materia de medio ambiente, incluidas las relativas a la biodiversidad y la carne de animales silvestres, y servir de base por lo tanto para el futuro diálogo con el país socio, con el fin de tratar estos problemas. Deben aprobarse aún criterios específicos al respecto.

La Comisión no lleva a cabo sus propias evaluaciones sobre la pobreza, sino que utiliza las que realizan otros donantes o gobiernos nacionales.

Cabe subrayar que la programación de los recursos, especialmente los del Fondo Europeo de Desarrollo (FED), ya se había llevado a cabo en gran medida en el momento en que el Parlamento adoptó el informe De Rossa, y por consiguiente, el margen de actuación era bastante limitado. En el marco del 9o FED, se han asignado específicamente al medio ambiente algunos importes limitados. La política relativa a la asignación de los recursos se centra en el apoyo presupuestario y en los programas sectoriales. Los proyectos de investigación sobre los problemas específicos citados en la pregunta escrita deben analizarse desde esta perspectiva. Además, en el contexto del 6o programa marco de investigación y desarrollo tecnológico (6o PM), uno de los programas de trabajo se centra específicamente en la biodiversidad y podría utilizarse por lo tanto para la investigación sobre cuestiones relativas a la carne de animales silvestres. Para más información sobre esta política y las condiciones de participación, véase: http://europa.eu.int/comm/research/iscp/indexen.html.

Algunas respuestas a las cuestiones planteadas pueden encontrarse no obstante en determinadas acciones ya en curso o que van a iniciarse en breve. Se trata concretamente de programas que ofrecen alternativas a la caza furtiva (Congo, Camerún, Gabón), la financiación de estudios de mercado y de asentamiento específicos y la creación de un observatorio, Ecopas (Benín, Níger y Burkina Faso) and Ecofac (seis países centroafricanos). Con respecto a este último, la preparación de la cuarta fase está en curso y tendrá en cuenta algunos de estos aspectos de forma específica.

Además, en el contexto de la reciente convocatoria de propuestas con cargo a la línea presupuestaria relativa al medio ambiente, se insta a la presentación de propuestas conformes a las acciones incluidas en el plan de acción sobre biodiversidad, a efectos de la cooperación económica y en materia de desarrollo.

La Comisión admite que las concesiones forestales y la gestión de la fauna silvestre deben formar parte integrante de la respuesta a la crisis de la carne de animales silvestres, motivo por el que apoya al «World Wide Fund for Nature» con una subvención de 1,4 millones de euros para colaborar en Gabón con concesionarios de bosques privados y encontrar los modos de controlar la caza, incluida la caza furtiva, en las concesiones forestales privadas. Además, el programa relativo a los ecosistemas forestales en África central (Ecofac) ha iniciado la elaboración de protocolos con vistas a la colaboración con el sector privado a fin de tratar el problema de la caza no sostenible de animales silvestres en las concesiones forestales industriales.

----

----

(2004/C 88 E/0727)

PREGUNTA ESCRITA E-0682/04

de Proinsias De Rossa (PSE) a la Comisión

(9 de marzo de 2004)

Asunto:   Carne de animales silvestres: estrategias de desarrollo

Tras el apoyo prestado por la Comisión Europea a la Declaración Ministerial sobre la aplicación de las leyes y la gobernanza forestales en África, ¿qué conversaciones ha mantenido la Comisión con los Gobiernos del Camerún y de Ghana con respecto a la aplicación de medidas orientativas relativas a la carne de animales silvestres? ¿Qué apoyo piensa facilitar la Comisión para ayudar a estos países a que apliquen las medidas orientativas relativas a la carne de animales silvestres y las incluyan en sus estrategias de desarrollo?

Respuesta del Sr. Nielson en nombre de la Comisión

(27 de abril de 2004)

Las medidas orientativas relativas a la carne de animales silvestres forman parte de la declaración adoptada con ocasión de la puesta en marcha del Proceso ministerial para la aplicación de las leyes y la gobernanza forestales en África (AFLEG) en Yaundé en 2003. El principal objetivo de esta declaración es generar un compromiso para consolidar la gobernanza del sector forestal y combatir la tala clandestina. Hasta ahora, la Comisión no ha mantenido conversaciones con los Gobiernos de Ghana y Camerún sobre la aplicación específica de las medidas orientativas relativas a la carne de animales silvestres fijadas en la declaración. Aparte de la cooperación actual, no hay disposiciones de apoyo concretas para ayudar a los países a aplicar las medidas orientativas relativas a la carne de animales silvestres e integrarlas en sus estrategias de desarrollo.

No obstante, la Comisión está trabajando para garantizar un seguimiento decidido del Proceso ministerial AFLEG, entre otros aspectos, mediante el apoyo financiero y el diálogo con los países socios. Este último se ha centrado en la consecución del objetivo global de la declaración, consistente en la consolidación de la gobernanza en el sector forestal en África. El refuerzo de la gobernanza de dicho sector apoyará, a su vez, mejoras de muchos aspectos de la gestión forestal en dicho continente, incluidas las cuestiones relacionadas con la carne de animales silvestres.

Las medidas de seguimiento de la Conferencia ministerial AFLEG deben reflejar una filosofía de compromiso por parte de los gobiernos africanos, la sociedad civil de ese continente y el sector privado. Las actividades de seguimiento estarán sometidas a una forma de coordinación central poco rígida, pero la responsabilidad principal sobre ellas recae decididamente en los gobiernos y organizaciones, que deben aportar su contribución de la mejor manera que consideren posible. La Comisión proporciona apoyo técnico, político y financiero a estas actividades.

En Camerún el Fondo Europeo de Desarrollo está financiando una «Célula para el Medio Ambiente y la Silvicultura» que proporciona apoyo para ayudar al Gobierno a abordar retos que van surgiendo en relación con los bosques y el medio ambiente, incluida la carne de animales silvestres.

En otros muchos países africanos la Comisión proporciona apoyo a los gobiernos, la sociedad civil y la población local para facilitar la gestión sostenible de las zonas protegidas y concesiones forestales, así como de los recursos naturales que se hallan en ellas. Dicho apoyo se seguirá manteniendo.

----

----

(2004/C 88 E/0728)

PREGUNTA ESCRITA P-0687/04

de Marcelino Oreja Arburúa (PPE-DE) a la Comisión

(3 de marzo de 2004)

Asunto:   Vulneración del principio de libre circulación de mercancías

Varias empresas lácteas de diferentes Estados Miembros producen yogures de acuerdo con sus legislaciones nacionales, en su modalidad yogures pasteurizados después de la fermentación, yogures tratados térmicamente o yogures de larga vida. Algunas de estas sociedades exportan sus yogures a Portugal y otras podrían hacerlo en el futuro. A consecuencia de ello, los yogures pasteurizados de los distintos Estados Miembros deberían adaptarse a la normativa del país de destino, en este caso la normativa de Portugal que exige un cambio de denominación, de «yogur» a «postre lácteo», denominación totalmente ajena a su naturaleza. La denominación diferente de un mismo producto en el Estado de exportación y en el de importación da lugar en este caso a la aplicación de tipos impositivos indirectos que gravan su circulación: en el caso español, un cinco por ciento para el producto del yogur en España y un diecinueve por ciento en el caso referido de postre lácteo, denominación obligada en Portugal, constituyendo de esta forma una medida de efecto equivalente. Además, y teniendo en cuenta la constante e ingente jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en los asuntos Cassis de Dijon (TJCE 120/78 de 20.02.1979), Smanor (TJCE 298/87 de 14.07.1988), Deserbais (TJCE 286/86 de 22.09.1988), Procureur du Roi v Dassonville (TJCE 8/74 de 11.07.1974), REWE (TJCE 120/76 de 20.02.1979), Rau (TJCE 261/81 de10.11.1982), o el asunto de la Commisión v Alemania (El asunto de la cerveza) (TJCE 178/84 de 12.03.1987), considero que se vulnera claramente el principio de reconocimiento mutuo de la legislación del país de fabricación, ya que provoca que la comercialización del producto del yogur importado sea más difícil y onerosa, debido al coste adicional del etiquetado y packaging, repercutiendo de igual forma en el consumidor, el cual puede verse confundido ante un nombre tan genérico como «postre lácteo», así como por un etiquetado multilingüístico, en el que se lee en diferentes idiomas denominaciones contradictorias sobre la naturaleza del producto para el consumidor.

Por tanto, ¿no considera la Comisión que Portugal incumple una de las obligaciones establecidas en el Tratado, vulnerando el principio de libre circulación de mercancías, así como la Directiva de Etiquetado de Alimentos 2000/13/CE (1) (artículo 5 y considerandos preliminares 2, 6, 8 y 14), y en caso afirmativo, qué tipo de iniciativas pretende impulsar?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(21 de abril de 2004)

De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la compatibilidad de los requisitos de etiquetado portugueses con el artículo 28 del Tratado CE estará sujeta a que:

La Comisión está examinando la necesidad de establecer una normativa aplicable al yogur y los productos similares que incluya los aspectos mencionados por Su Señoría.

Tras ese examen, que concluirá en breve plazo, cuando se considere necesario y conveniente establecer una normativa adicional, la Comisión presentará la propuesta oportuna al Parlamento y al Consejo.

----

(1)DO L 109 de 6.5.2000, p. 29.

----

----

(2004/C 88 E/0729)

PREGUNTA ESCRITA E-0708/04

de Erik Meijer (GUE/NGL) a la Comisión

(10 de marzo de 2004)

Asunto:   Desaparición de las últimas fuentes de ingresos para la población gitana en la parte oriental de Eslovaquia y sus consecuencias (saqueos, enfrentamientos violentos y emigración)

Respuesta del Sr. Verheugen en nombre de la Comisión

(29 de abril de 2004)

La Comisión ha tomado nota de la introducción de un nuevo sistema de seguridad social en Eslovaquia que implica recortes sustanciales de las prestaciones sociales a partir del inicio de marzo de 2004 y está preocupada por el malestar y los disturbios protagonizados por los gitanos en la parte oriental del país. La Comisión sigue de cerca la situación sobre el terreno.

En general, como es obvio, la Comisión rechaza la utilización de la violencia como protesta social o de cualquier tipo. A medio plazo, el proceso de amplias reformas económicas emprendido por el Gobierno eslovaco, debería aumentar el crecimiento de la productividad y el índice de empleo en el país.

Ahora bien, la Comisión ha estado en estrecho contacto con las autoridades eslovacas en relación con esta cuestión y ha expresado su esperanza de que el Gobierno eslovaco utilizará urgentemente los medios a su alcance para llegar a una solución razonable de esta delicada cuestión. La Comisión ha señalado que se debería prestar especial atención al alivio de la pobreza de los sectores más desfavorecidos de la población, que son los que probablemente se verán más afectados por la reducción de las prestaciones sociales. Habría que aumentar las oportunidades de empleo en las zonas más pobres del país y, en particular, en la parte oriental. En este contexto, la Comisión acoge con satisfacción un documento de 14 puntos recientemente presentado por el Gobierno eslovaco sobre los modos de mejorar la situación de los ciudadanos más desfavorecidos, en particular los gitanos. Las autoridades eslovacas ha garantizado también a la Comisión que vigilarán estrechamente el comportamiento de la policía en esa parte del país.

Por lo que se refiere a la posible emigración de gitanos de Eslovaquia, por supuesto, como apunta Su Señoría, existe la posibilidad de que parte de esa población salga del país, temporalmente o por largos períodos, para ganarse la vida en otros lugares. Pero en este contexto hay que observar que durante los dos primeros años siguientes a la adhesión, los actuales Estados miembros admitirán trabajadores de los futuros Estados miembros con arreglo a la normativa nacional y no a la normativa comunitaria y que, en general, seguirán vigentes las medidas restrictivas.

La Comisión se ha comprometido a apoyar a las autoridades eslovacas en la medida de sus posibilidades para que esta cuestión se resuelva con la mayor rapidez. Si bien no existe una solución a corto plazo al problema del empleo de la población gitana en la zona oriental de Eslovaquia, los Fondos estructurales, mediante un planteamiento integrador, mejorarán ciertamente la situación económica y social de esta población y ayudarán a crear empleo adicional que debería beneficiar a las comunidades gitanas

El Marco Comunitario de Apoyo a Eslovaquia, en particular, aborda el problema de los gitanos y tratará la marginalización de los mismos con una estrategia de integración. Se aplicará un desarrollo selectivo de los establecimientos que implique mejoras en la educación, la salud, el agua, las aguas residuales y las infraestructuras viarias. Algunas de estas medidas serán financiadas en un 80 % por la UE (para la cofinanciación del gasto público el límite normal es el 75 %). El objetivo será comenzar un proceso de mejora de las condiciones de vida y de trabajo, sobre todo un planteamiento integrado de la educación, asesoramiento e información que ayude a crear oportunidades, sobre todo para los jóvenes. La Comisión trabaja en la actualidad con las autoridades eslovacas para crear un subcomité del Comité de seguimiento del marco comunitario de apoyo (MCA) para cuestiones relacionadas con los gitanos, que proporcionaría asesoramiento sobre financiación en esta área en Eslovaquia.

Además, el Fondo Social Europeo apoya programas que proporcionan vías de empleo para los grupos desfavorecidos, muchos de los cuales forman parte de la minoría gitana; el objetivo último de estos programas es el empleo estable, pero también mejorarán inmediatamente la situación de ingresos de los participantes mediante la concesión de una «ayuda a la activación». Además, el Gobierno está preparando un programa de becas para alumnos de grupos desfavorecidos que no solamente alentará la participación de los niños gitanos en la educación secundaria, sino que también proporcionará recursos financieros adicionales a las familias de los alumnos. Este programa, que empezará probablemente en mayo de 2004, será cofinanciado por el Fondo Social Europeo.

----

----

(2004/C 88 E/0730)

PREGUNTA ESCRITA P-0721/04

de Daniela Raschhofer (NI) a la Comisión

(4 de marzo de 2004)

Asunto:   El Decreto Benes no 33/1945 y el caso Hugo Salm

En vísperas de la decisión sobre la adhesión de la República Checa a la Unión Europea hubo una amplia discusión pública sobre la legalidad de los Decretos Benes que, por su efecto discriminatorio, no son compatibles con el acervo jurídico de la UE.

En una resolución del Consejo Nacional checo de abril de 2002 se decía, en relación con los Decretos Benes, que «hoy, sobre esta base no pueden surgir nuevas relaciones de derecho». Esta es una de las razones por las que también la Comisión declaró que los Decretos Benes no suponen un obstáculo para la adhesión de la República Checa a la UE.

En el caso presente se trata de los herederos del Príncipe Hugo Salm.

El Tribunal Supremo Administrativo de la República Checa confirmó en noviembre de 2003 una decisión de Stanislav Gross, Ministro del Interior, que éste había tomado basándose en el Decreto Benes no 33/1945.

Mediante el Decreto no 33, de 2 de agosto de 1945, fueron «privados de la ciudadanía todos los habitantes checoslovacos de nacionalidad alemana o húngara», excepto aquellos que pudiesen probar haber sido fieles a la República Checoslovaca.

Con la sentencia del Tribunal Supremo Administrativo se confirma que el Decreto ha servido y sirve para crear nuevas relaciones de derecho.

Por ello me permito formular las siguientes preguntas:

Respuesta del Sr. Verheugen en nombre de la Comisión

(7 de abril de 2004)

La Comisión ha recibido recientemente la decisión del Tribunal Supremo Administrativo de la República Checa, de 27 de noviembre de 2003, a que se refiere Su Señoría. La Comisión todavía no ha realizado un examen jurídico completo de esta decisión. Respecto al derecho del Parlamento a una respuesta rápida, sobre la base de un examen preliminar, y de una traducción todavía no autorizada, la Comisión está en posición de declarar lo siguiente:

El 14 de octubre de 2002, la Comisión presentó las conclusiones sumarias de una investigación completa de los decretos presidenciales checoslovacos pertinentes de 1945 y 1946, así como de la legislación conexa en materia de restitución. El resultado fue claro: al amparo de esos decretos, no es posible proceder a nuevas expropiaciones. La decisión del Tribunal Supremo Administrativo checo de 27 de noviembre de 2003 no contradice estas conclusiones, sino que confirma su validez.

La decisión del Tribunal Supremo Administrativo de la República Checa no constituye una nueva aplicación del decreto en cuestión, ni crea nuevas relaciones jurídicas. Es fundamental reconocer que el Tribunal no emitió una sentencia sobre el hecho de que el solicitante (el fallecido Conde Hugo Salm) fuera o no ciudadano checoslovaco, lo cual está fuera de duda. El Tribunal se limitó simplemente a examinar si el solicitante había mantenido su ciudadanía checoslovaca en 1945 de conformidad con la ley entonces vigente, es decir el Decreto no 33/1945, que fue invocado por los denunciantes en su favor. Aparte de algunas otras consideraciones jurídicas y de procedimiento, el Tribunal tenía que establecer ciertos hechos históricos; no ordenó una retirada de ciudadanía, y mucho menos una nueva expropiación.

El Tribunal remitió a las conclusiones del Tribunal Constitucional en otro caso (Caso no 114/96), en el que se ordenó a las autoridades realizar un proceso administrativo de conformidad con el decreto (alegando que la persona en cuestión no había sido privada de la ciudadanía), que se había iniciado después de la guerra y nunca llegó a cerrarse durante el régimen comunista. Ello es posible porque el procedimiento para determinar si una persona mantiene la ciudadanía en un momento dado se rige por las normas aplicables en la fecha en que la persona adquirió o perdió la ciudadanía. Por el contrario, ese examen histórico sólo se puede realizar en beneficio de las víctimas de los decretos y, si se concluye que el decreto en cuestión no se aplicó en su momento de conformidad con sus disposiciones, el acto histórico administrativo puede ser declarado nulo. Por consiguiente, se puede confirmar la ciudadanía retroactivamente, y restituir la propiedad, pero ésta no se puede retirar por un nuevo acto jurídico basado en el decreto. En efecto, el Tribunal consideró que, aunque el Decreto no 33/1945 se revocó en 1949, sus disposiciones que rigen la conservación de la ciudadanía, es decir, las que favorecen a los ciudadanos, eran todavía aplicables y podían ser invocadas por las víctimas de una aplicación incorrecta de los Decretos Presidenciales.

Sobre la base de un examen preliminar, la Comisión considera que la decisión en cuestión no parece estar en contradicción con el acervo ni con los principios del Estado de Derecho, dado que se han descubierto nuevos hechos importantes.

----

----

(2004/C 88 E/0731)

PREGUNTA ESCRITA E-0756/04

de José García-Margallo y Marfil (PPE-DE) a la Comisión

(11 de marzo de 2004)

Asunto:   Consecuencias de la integración de los mercados financieros europeos a escala nacional y regional

¿Ha encargado la Comisión estudios para evaluar las consecuencias que tienen sobre los mercados financieros nacionales y regionales las modificaciones estructurales que introduce la nueva legislación europea sobre servicios financieros y en particular, el posible debilitamiento de las plazas financieras regionales respecto a las de ámbito nacional?

¿No existe el riesgo de que se produzca una concentración de las operaciones financieras en un número reducido de plazas (3 ó 4) en Europa?

Respuesta del Comisario Bolkestein en nombre de la Comisión

(23 de abril de 2004)

Aunque la Comisión no ha realizado sistemáticamente estudios para obtener una respuesta a la cuestión concreta de las repercusiones en los mercados financieros nacionales y regionales de los cambios introducidos por la nueva legislación sobre servicios financieros, determinadas propuestas legislativas han sido acompañadas por estudios (por ejemplo, estudios sobre pensiones complementarias, que están disponibles en el sitio internet de la DG de Mercado Interior; estudios de impacto de la próxima Directiva sobre reaseguros y de la Directiva sobre adecuación del capital, que se harán públicos cuando se presente la propuesta de la Comisión, etc.) o evaluaciones de la situación de un segmento de mercado específico en toda la UE (por ejemplo, el estudio «Creación de un mercado interior de la banca: estimación de los cambios estructurales inducidos por la desregulación y la moneda única»).

Además de estos estudios y evaluaciones específicos, la política general seguida al proponer legislación sobre servicios financieros es organizar amplias consultas con los interesados antes de que estas propuestas legislativas se rematen. Este procedimiento puede ayudar a determinar si efectivamente una medida legislativa específica podría afectar negativamente a un segmento de mercado regional o nacional. Además es intención de la Comisión dedicar en el futuro más atención a la evaluación de impacto de las propuestas legislativas relativas a segmentos de mercados o regiones específicos.

Un estudio encargado por la DG de Asuntos Económicos y Financieros (1) concluye que los beneficios de una mayor integración de los mercados financieros de la UE serían compartidos, aunque no igualmente distribuidos entre los Estados miembros. Mientras en algunos Estados miembros los sectores industriales tendría un mejor acceso a mercados financieros no nacionales, el sector financiero se beneficiaría relativamente en otros Estados miembros por un incremento de la demanda.

En la primavera de 2004 la Comisión presentará un primer informe anual sobre el estado de integración del sistema financiero de la UE. De este informe se deduce claramente que al desarrollarse la integración surgirán naturalmente polos regionales y transfronterizos, mientras que otros mercados podrían ver reducida su importancia. Una mayor concentración del mercado en el avance hacia la integración no puede excluirse a priori pero se espera que los mercados regionales y nacionales se reorganicen para cosechar los beneficios de unos mercados cada vez más integrados y líquidos.

----

(1)  «Financial Market Integration, Corporate Financing and Economic Growth» por Mariassunta Giannetti, Luigi Guiso, Tullio Jappelli, Mario Padula y Marco Pagano (2002).

----

----

(2004/C 88 E/0732)

PREGUNTA ESCRITA E-0811/04

de Enrique Monsonís Domingo (ELDR) y Joan Vallvé (ELDR) a la Comisión

(15 de marzo de 2004)

Asunto:   Plagas en cítricos

Las fronteras de la Unión Europea, presentan una gran permeabilidad ante la entrada de productos cítricos de países terceros, debido al débil control en las inspecciones y a la falta de inspectores especializados en plagas citrícolas de cuarentena.

El verano pasado (2003) sólo en el Estado español, se detectaron plagas de cuarentena procedentes de cítricos de Brasil y Argentina. En la pasada campaña citrícola, se importaron unos 190 000 tm de cítricos de países terceros, destacando Argentina con 59 000 tm y Brasil con unas 25 000 tm. En las inspecciones se detectaron tres tipos de enfermedades de cuarentena, no presentes en la citricultura europea: la Xanthomonas axonopodis pv. Citri que provoca el cancro de los cítricos, la Guignardia citricarpa que provoca la aparición de la «mancha negra» en la piel de los cítricos y finalmente también se encontró el hongo Elsinoe spp.

De los cítricos procedentes de Argentina se rehusaron un total de 993 tm y 2 226 tm de Brasil. Las inspecciones han dado un resultado de 83 envíos rehusados de estos países en el Estado español. Finalmente, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del Estado español prohibió las importaciones de cítricos procedentes de ambos países mencionados a través de la Orden APA/3151/2003 de 12 de noviembre. Existe una petición al Comité Fitosanitario Europeo, para extender esta prohibición al resto de la Unión Europea, que parece tomará una decisión los próximos 22 y 23 de marzo.

¿Puede la Comisión indicar si está previsto suspender las importaciones de cítricos de Argentina y Brasil a la Unión Europea, para la próxima campaña citrícola del Hemisferio Sur? O, en caso de no prohibirlas, ¿está previsto implantar un protocolo de importación específico? En caso de establecer un protocolo de importación, ¿está previsto exigir un control en origen con la presencia de inspectores europeos y la implantación de un sistema de trazadores? ¿Qué medidas está previsto adoptar para evitar la entrada de plagas y enfermedades de cuarentena de cítricos en la Unión Europea? ¿Prevén la designación de puertos europeos específicos para la entrada de frutas y hortalizas provenientes de países terceros, en los que haya inspectores cualificados en estas plagas y/o enfermedades?

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(23 de abril de 2004)

En este momento, la Comisión tiene el honor de informar a Su Señoría que no tiene intención de suspender las importaciones argentinas y brasileñas de productos cítricos en la Union par la próxima campaña.

En efecto, la Comisión presentó a los Estados miembros durante la reunión del Comité Fitosanitario Permanente de marzo de 2004 un proyecto de decisión relativa a medidas de emergencia provisionales respecto a determinados cítricos originarios de Argentina y Brasil. Este proyecto de decisión correspondería al «protocolo de importación específico» al que se refiere Su Señoría.

Los principales elementos de este proyecto, que acaba de recibir un dictamen favorable en el mencionado comité y deberá ser adoptado a continuación por la Comisión, se pueden resumir de la siguiente manera: los frutos de las variedades Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., y de sus híbridos (denominados en lo sucesivo «cítricos»), originarios de Argentina o Brasil sólo se podrán introducir en el territorio de la Comunidad si son conformes con determinadas exigencias específicas que se presentan en forma de dos opciones:

Por otra parte, los productos cítricos en cuestión sólo podrán introducirse en la Comunidad si proceden de un sistema de producción que garantice su rastreabilidad desde el lugar de producción hasta el lugar de exportación hacia la Comunidad, y deberán enviarse los elementos de ese sistema de producción a la Comisión.

Por último, cada Estado miembro que importe cítricos originarios de Argentina o Brasil deberá enviar a la Comisión y los demás Estados miembros un informe técnico detallado sobre los resultados de los controles fitosanitario s realizados sobre dichos cítricos. La Comisión seguirá de forma periódica la situación durante toda la campaña de exportación 2004. Si las medidas previstas no bastan para impedir la entrada de las enfermedades en cuestión en la Comunidad o si no se han respetado, la Comisión podría adoptar medidas más severas o medidas sustitutivas, de conformidad con la legislación fitosanitaria vigente (apartado 3 del artículo 16 de la Directiva 2000/29/CE (1)).

La Comisión considera que las medidas propuestas serán capaces de limitar en todo lo posible la entrada de plagas y enfermedades de cuarentena de los cítricos en la Union.

Por el contrario, no está previsto que inspectores de la Oficina Alimentaria y Veterinaria procedan a un control en origen. No obstante, podría preverse que dicha Oficina de Inspección realice próximamente una misión de inspección en los dos países terceros afectados para comprobar las condiciones de producción y exportación hacia la Comunidad de los frutos de la variedad Citrus en cuestión, y de aplicación del nuevo régimen en la forma en que lo instaura el proyecto de decisión anteriormente mencionado.

Por último, tampoco está previsto designar puertos europeos específicos para llevar a cabo inspecciones especializadas en lo relativo a los frutos y verduras procedentes de terceros países.

----

(1)  Directiva 2000/29/CE del Consejo, de 8 de mayo de 2000, relativa a las medidas de protección contra la introducción en la Comunidad de organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales y contra su propagación en el interior de la Comunidad, DO L 169 de 10.7.2000. Directiva modificada en última instancia por la Directiva 2003/116/CE de la Comisión, DO L 321 de 6.12.2003.

----

----

(2004/C 88 E/0733)

PREGUNTA ESCRITA P-0841/04

de Cristiana Muscardini (UEN) a la Comisión

(9 de marzo de 2004)

Asunto:   Mutilaciones sexuales en las mujeres

Son más de cien millones las mujeres en el mundo que han padecido graves mutilaciones sexuales. Todos los años, dos millones y medio de mujeres se ven sometidas a prácticas abominables que ponen en peligro incluso la vida de las jóvenes víctimas. En la Unión Europea se registra un preocupante aumento de esas prácticas, que causan a sus víctimas graves minusvalías físicas y mentales. Estos usos violan los derechos humanos y la dignidad de la persona, y son asimismo contrarios al conjunto de normas para la protección de la integridad física del ciudadano.

¿Puede indicar la Comisión, por qué el 8 de marzo no ha sido declarado día de lucha contra las prácticas de mutilación sexual femenina?

¿Puede decir la Comisión asimismo por qué no ha sido adoptada todavía ninguna directiva que establezca normas para la prohibición de prácticas de mutilación sexual femenina y prevea campañas de información en la materia, sobre todo en interés de los inmigrantes procedentes de países en que tales prácticas siguen aplicándose lícitamente?

¿Puede indicar finalmente por qué no se incluye en los acuerdos comerciales y de cooperación con los Gobiernos de estos países una declaración por la que las partes se comprometen a luchar en su territorio contra prácticas de mutilación sexual femenina?

Respuesta del Sr. Nielson en nombre de la Comisión

(22 de abril de 2004)

La Comisión y la comunidad internacional han reconocido que la mutilación genital femenina constituye una violación fundamental de los derechos humanos de las mujeres (Plataforma de acción de Pekín y Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer).

No obstante, sólo en tres países europeos —Suecia, Reino Unido y Noruega— existen leyes específicas que prohíben todas o algunas de las formas de esa práctica. Suecia estableció la legislación pertinente ya en 1982. El Reino Unido prohibió la mutilación genital femenina en 1985, mediante la Ley de prohibición de la circuncisión femenina (Prohibition of Female Circumcision Act). Noruega siguió el ejemplo de estos países en 1998. En los restantes Estados miembros sólo existen leyes generales que prohíben las lesiones corporales graves, sin que se haga referencia específica a la mutilación genital femenina.

Fomentar y defender los valores de la Unión, basados en la justicia, la igualdad entre hombres y mujeres y los derechos humanos, son tareas esenciales de la Comisión. Por lo tanto, no puede tolerar, ni dentro de las fronteras de la Unión ni en cualquier otra parte del mundo, prácticas como la mencionada, que son indignas de una sociedad moderna y que, en particular, sojuzgan a las mujeres.

La Comisión considera que la mutilación genital femenina sólo desaparecerá cuando todas las personas, incluidas las mujeres, se convenzan de que pueden abandonar tal práctica sin tener que renunciar a otros aspectos relacionados de su cultura. Para ello, la comisión estima que se necesitan estrategias múltiples, que incluyan acciones destinadas a la formación del personal sanitario y de asistencia social. Otra herramienta importante es la difusión de información adecuada que destaque las peligrosas consecuencias de tal práctica para la salud.

El programa Daphne de la Comisión, dirigido a erradicar la violencia contra niños, jóvenes y mujeres (2000-2003), incluyó la mutilación genital femenina entre las prioridades de su programa anual (y de la convocatoria de propuestas) durante dos años consecutivos, 2001 y 2002, lo que dio lugar a la financiación de diez proyectos en este ámbito concreto, seis de los cuales son bienales, lo que significa que las actividades abordarán el tema en profundidad. Las acciones representan una financiación europea superior a 1,6 millones de euros.

Utilizar el programa Daphne para luchar contra esta práctica ayuda a las organizaciones de base a colaborar entre sí, pero también con el mundo académico y las autoridades, para afrontar el problema sobre el terreno y, la mayor parte de las veces, con la participación directa de las víctimas. El programa Daphne II (2004 — 2008) será aprobado próximamente y proseguirá esta lucha.

El tema general internacional del 8 de marzo (Día Internacional de la Mujer) es elegido por la Organización de las Naciones Unidas. La Comisión elige también anualmente un tema específico para esa jornada (en 2003 fue la mutilación genital femenina) sin que esté previsto repetir el mismo tema cada año.

La Comisión es consciente de que la inmensa mayoría de las mutilaciones genitales que tienen lugar en el mundo se producen en los países en desarrollo, no en Europa. En la parte III del Acuerdo de Cotonú, relativa a las estrategias de cooperación, exige que se preste especial atención a integrar las cuestiones demográficas en las estrategias de desarrollo con el fin de mejorar la salud genética, la asistencia sanitaria primaria, la planificación familiar y la prevención contra las mutilaciones genitales de las mujeres (letra c del apartado 1 del artículo 25). En nuestras negociaciones con los países de África, el Caribe y el Pacífico (ACP), subrayamos las prioridades relacionadas con la salud sexual y reproductiva y los derechos a ella asociados, incluida la mutilación genital femenina, y seguiremos haciéndolo. Numerosos países están ya adoptando medidas dirigidas a prohibir tal práctica, promulgando la legislación pertinente y estableciendo programas de educación adecuados. La Comisión estima que el enfoque apropiado debe basarse en el diálogo y la cooperación y no piensa que resulte útil incluir en los acuerdos comerciales y de cooperación una cláusula vinculante que obligue a los países a adoptar medidas.

----

----

(2004/C 88 E/0734)

PREGUNTA ESCRITA E-0853/04

de Terence Wynn (PSE) a la Comisión

(19 de marzo de 2004)

Asunto:   Nuevo Reglamento relativo a la exportación y al envío de azúcar desde regiones ultraperiféricas

He llegado a entender que, el 20 de enero, la Comisión sometió al examen del Comité de gestión de intercambios una propuesta para modificar el Reglamento (CE) no 20/2002 (1) de la Comisión relativo a las autorizaciones de exportación y envío desde las regiones ultraperiféricas de productos incluidos en los regímenes POSEI (regímenes para el desarrollo de productos agrarios locales y el abastecimiento de algunos alimentos).

En el caso de Madeira, se tienen en cuenta una gran cantidad de productos, aunque Madeira no posee una producción o una refinería de azúcar local.

Sin embargo, se prohibirá a las Azores, que cuentan con una activa industria de producción y refinado de azúcar, exportar a los Estados Unidos y al Canadá (sus mercados tradicionales) o enviar a los mercados europeos sus productos locales y artesanos en cuya elaboración se utilice azúcar local, como licores, productos lácteos y mermeladas.

¿Estaría de acuerdo la Comisión con las anteriores declaraciones públicas de un diputado al Parlamento Europeo, según las cuales esta institución mantiene una actitud que perjudica las instalaciones azucareras de las Azores?

¿Podría confirmar la Comisión si normalmente se abastece a Madeira a través de empresas filiales o asociadas de British Sugar?

¿Podría confirmar la Comisión si una empresa filial de British Sugar intentó y no consiguió adquirir una participación de control en la única empresa productora y refinadora de azúcar de las Azores?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(30 de abril de 2004)

La Comisión adoptó el 16 de marzo de 2004 el Reglamento (CE) no 489/2004 de la Comisión, de 16 de marzo de 2004, que modifica el Reglamento (CE) no 20/2002 por el que se aprueban disposiciones de aplicación de los regímenes específicos de abastecimiento de las regiones ultraperiféricas establecidos mediante los Reglamentos del Consejo (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001 y (CE) no 1454/2001 (2).

Mediante dicho Reglamento, la Comisión ha dado por concluida la reforma de los regímenes POSEI de 2001, precisando las condiciones bajo las cuales los productos transformados en las regiones ultraperiféricas francesas y portuguesas pueden exportarse en el marco del comercio regional.

En vista de lo expuesto, la Comisión puede responder a Su Señoría lo siguiente:

----

(1)DO L 8 de 11.1.2002, p. 1.

(2)DO L 79 de 17.3.2004.

----

----

(2004/C 88 E/0735)

PREGUNTA ESCRITA E-0877/04

de Patricia McKenna (Verts/ALE) a la Comisión

(22 de marzo de 2004)

Asunto:   Resolución del conflicto del Sudán

La guerra que se está librando en el Sudán ha costado la vida a millones de personas y ha provocado el desplazamiento de otras tantas. Ahora surge la esperanza de poner fin al conflicto. La presencia de un «mediador honesto» en las negociaciones de paz contribuiría en gran medida al éxito de las mismas. Una resolución pacífica del conflicto en el Sudán debe involucrar a toda la población sudanesa, en particular a las tribus que se hallan alejadas de la toma de decisiones y de los centros de poder.

¿Estaría la Comisión dispuesta a actuar en calidad de «mediadora honesta» en el marco de las negociaciones de paz? ¿Estaría dispuesta a comprometer recursos que permitan instaurar una paz duradera en la región?

Respuesta del Sr. Nielson en nombre de la Comisión

(27 de abril de 2004)

Desde 1993 se vienen manteniendo conversaciones de paz entre el Gobierno de Sudán y el M/EPLS (1), bajo los auspicios de la Autoridad Intergubernamental sobre el Desarrollo (IGAD). Inicialmente, la observación internacional se limitaba a la presencia de los miembros de esta organización regional del Cuerno de África, pero, desde mediados de 2002, el grupo de observadores se amplió a la «troika de Sudán» (Noruega, Reino Unido y Estados Unidos) y, posteriormente, a la «troika ampliada», formada por Italia, Noruega, el Reino Unido, los Estados Unidos, las Naciones Unidas y la Unión Africana. Sólo con esta fórmula, que reúne a los vecinos más próximos de Sudán con algunos de los interlocutores internacionales más importantes, se han logrado avances sustanciales. En los dos últimos años se ha negociado una serie de documentos que pueden considerarse los cimientos de un acuerdo global: especialmente el Protocolo de Machakos (20 de julio de 2002), un Acuerdo sobre disposiciones de seguridad (25 de septiembre de 2003) y un Acuerdo sobre la distribución de riqueza (7 de enero de 2004). El 18 de noviembre de 2002 se firmó un principio de Acuerdo de alto el fuego y, desde entonces, los combates han cesado en el Sur del país, con la salvedad de escaramuzas ocasionales, principalmente entre la milicia favorable al Gobierno (FDSS) y el M/EPLS.

La experiencia en otros conflictos demuestra que la efectividad no está en un solo mediador imparcial, sino en la participación conjunta y coordinada de los principales representantes de los intereses externos. Las negociaciones de paz de Sudán, auspiciadas por la IGAD, responden a este concepto de participación global, y han dado resultados significativos. El proceso de paz actual prevé dos fases: la primera, con participación de los dos principales beligerantes, va encaminada a un Acuerdo global, y la segunda reunirá a todos los interlocutores políticos y sociales de Sudán en un proceso de revisión constitucional y democratización gradual. La segunda fase tendrá lugar en un período de transición de seis años y medio.

Ninguna participación exterior puede sustituir la voluntad auténtica de las partes para lograr una solución pacífica. Las frecuentes interrupciones del proceso de paz hacen dudar de la existencia del compromiso necesario de los dos beligerantes principales, el Gobierno sudanés y el M/EPLS, en pro de la paz. Los interesados exteriores deberán actuar con paciencia y ejercer una presión continua y mesurada para llevar adelante las negociaciones.

La Comisión está apoyando, financiera y políticamente, el proceso de la paz de la IGAD y la labor del Equipo de Verificación y Control, mecanismo creado para supervisar el cese de las hostilidades (1,5 millones de euros del Mecanismo de Reacción Rápida (MRR)). Está planteándose también la ayuda, por mediación del MRR, a la organización de conversaciones de alto el fuego entre los beligerantes de Darfur (Sudán occidental), donde, a principios de 2003, estalló un importante conflicto armado, al principio en el ámbito del prolongado conflicto de Sudán meridional pero que, recientemente, se ha convertido en la segunda crisis humanitaria más grave del Cuerno de África y de África oriental.

La cooperación para el desarrollo con Sudán se suspendió en 1990, tras el golpe de Estado y el deterioro de la situación de los derechos políticos y humanos en el país. Está previsto reanudarla siempre y cuando se firme un Acuerdo de paz entre el Gobierno y el M/EPLS. Las actividades preparatorias están aún en curso, financiadas por varias líneas presupuestarias dentro del programa «Humanitarian Plus» (18 millones de euros). Además, se han elaborado dos documentos de programación, uno dedicado a la rehabilitación y el fomento de las capacidades (52 millones de euros del 6o Fondo Europeo de Desarrollo (FED)) y otro, financiado por Stabex (191 millones de euros), centrado en la seguridad alimentaria. Estos programas, junto a la asignación del 9o FED (dotación A de 135 millones de euros y dotación Β de 20 millones de euros), representan el «dividendo de paz» que se pondrá a disposición de Sudán cuando se firme y se materialice un acuerdo global de paz.

----

(1)  Movimiento Popular para la Liberación del Sudán y Ejército Popular para la Liberación del Sudán.

----

----

(2004/C 88 E/0736)

PREGUNTA ESCRITA E-0901/04

de Graham Watson (ELDR) a la Comisión

(24 de marzo de 2004)

Asunto:   El trato dispensado a los animales en los mercados de ganado

¿Podría decir la Comisión qué procedimientos por infracción, de conformidad con el artículo 226 del Tratado, se han iniciado contra Estados miembros a causa de la aplicación inadecuada de las disposiciones jurídicas de la UE relativas al bienestar de los animales?

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(22 de abril de 2004)

El trato de animales en los mercados de ganado se rige únicamente por la legislación comunitaria actualmente en vigor, en la medida en que entra en el ámbito de aplicación de la Directiva 91/628/CEE del Consejo, de 19 de noviembre de 1991, sobre la protección de los animales durante el transporte (1), modificada por la Directiva 95/29/CE (2).

El transporte y la descarga de los animales en los mercados de ganado quedarían cubiertos cuando el trayecto hasta el mercado fuera superior a 50 km, pero una vez que los animales dejan de estar bajo el control del transportista la Directiva no se aplica hasta que no se inicia su carga para el trayecto a partir del mercado.

La propuesta de la Comisión en favor de un nuevo reglamento sobre la protección de los animales transportados busca, en especial, ampliar la protección garantizada por la legislación comunitaria a los animales en los mercados de ganado. El personal que maneja animales en los mercados debería recibir la formación necesaria. Los operadores de los mercados de ganado serían responsables de la protección del bienestar de los animales durante su estancia en ellos, incluida la carga y descarga. Los operadores del mercado también serían responsables de introducir y controlar las medidas apropiadas para asegurar el respeto en sus instalaciones de las normas pertinentes.

En 2000 se incoaron varios procedimientos de infracción contra Bélgica relacionados, en particular, con graves deficiencias de protección del bienestar de los animales en cuanto a su carga y descarga en mercados de ganado.

Tras registrarse nuevos incidentes, Bélgica modificó su legislación y adoptó disposiciones estrictas que incluyen acciones judiciales contra los supuestos responsables de algunos de estos incidentes. A raíz de los informes de la Oficina Alimentaria y Veterinaria (OAV), que señalaban una mejora de la situación, la Comisión decidió en consecuencia interrumpir los procedimientos de infracción.

En los últimos años también se han comunicado a la Comisión otros incidentes relativos a presuntos maltratos de animales en mercados de ganado en otros Estados miembros. No obstante, la intervención de los servicios de la Comisión permitió en la mayoría de los casos la adopción de medidas para mejorar la situación. No se consideró necesario incoar ningún procedimiento de infracción por estos incidentes.

En lo que se refiere a la posición general de la Comisión sobre la incoación de procedimientos de infracción relacionados con posibles violaciones a la legislación comunitaria en materia de bienestar de los animales, remitimos a Su Señoría a la respuesta a la pregunta escrita E-2884/02 del Sr. Erik Meijer de 20 de noviembre de 2002 (3).

----

(1)DO L 340 de 11.12.1991.

(2)DO L 148 de 30.6.1995.

(3)DO C 155 E de 3.7.2003.

----

----

(2004/C 88 E/0737)

PREGUNTA ESCRITA E-0921/04

de Proinsias De Rossa (PSE) a la Comisión

(26 de marzo de 2004)

Asunto:   Armas nucleares israelíes

¿Puede la Comisión explicar brevemente su postura ante el hecho de que Israel no haya firmado el Tratado de No Proliferación Nuclear y la falta de supervisión del órgano de vigilancia de las Naciones Unidas, OIEA, del programa nuclear de Israel?

¿Qué pasos van a dar la Comisión y los Estados miembros para crear una zona libre de armas nucleares en Oriente Próximo?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(29 de abril de 2004)

La firma del Tratado de No Proliferación Nuclear es voluntaria.

La estrategia de la UE contra la proliferación de las armas de destrucción masiva, adoptada en diciembre de 2003, refleja la altísima prioridad que concede la Unión a los tratados y convenciones multilaterales sobre no proliferación y desarme. Una medida específica de la estrategia se refiere a una gestión diplomática para fomentar la adhesión, cumplimiento y universalización de los tratados y convenios. La UE y la Comisión aprovechan todas las oportunidades que se les brindan para recordar a Israel la importancia de la generación de confianza a nivel regional.

----

----

(2004/C 88 E/0738)

PREGUNTA ESCRITA P-0956/04

de Brian Crowley (UEN) a la Comisión

(23 de marzo de 2004)

Asunto:   Disociación, jubilación en la agricultura y familias

¿Puede confirmar la Comisión que ha recibido un llamamiento del grupo de agricultores jubilados del oeste de Cork con respecto a las consecuencias perjudiciales de la disociación en la devolución de las tierras arrendadas? ¿Comprende la Comisión que se ha visto gravemente perjudicado el derecho de esos agricultores, que se acogieron al plan de jubilación anticipada de buena fe, a entregar esas tierras a sus hijos e hijas como herencia legítima para que las aprovecharan plenamente? ¿Qué medidas tiene pensado adoptar la Comisión para garantizar que los hijos e hijas de esos agricultores puedan heredar granjas capaces de ofrecerles un medio de subsistencia adecuado?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(21 de abril de 2004)

La reforma de la política agrícola común se dirige a los agricultores en activo. No se ha establecido ninguna disposición que garantice el derecho a la percepción de pagos a los propietarios de los terrenos que se han jubilado durante el período de referencia y cuyo terreno ha sido, por tanto, arrendado. Los derechos de ayuda están destinados a los arrendatarios que hayan ejercido una actividad agraria durante el período de referencia en el terreno en cuestión. Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo, los agricultores no pueden confiar legítimamente en que se mantenga una situación existente que puede ser modificada por las instituciones comunitarias en ejercicio de sus poderes discrecionales.

Los agricultores pueden producir sin derechos o comprar derechos en el mercado, aunque no están obligados a ello, y, naturalmente, también pueden seguir arrendando el terreno a agricultores con derechos pero sin tierra suficiente.

No obstante, no se pretende privar a dichas familias de agricultores de futuros derechos a pagos ni impedir que sus descendientes hereden unos terrenos que podrían procurarles una vida digna.

La Comisión sabe que los agricultores que participaron en programas de jubilación anticipada pueden haber arrendado sus tierras temporalmente con la idea de que, un día, cualquiera de sus descendientes pudiera sucederles.

Para garantizar la fácil cesión de la explotación o de una parte de la misma dentro de una familia, la Comisión ha desarrollado, en estrecha colaboración con las autoridades irlandesas, una solución que permita evitar que los descendientes no puedan asumir la sucesión de un terreno familiar que haya sido arrendado durante el período de referencia. Se considerará que dichas personas se encuentran en una situación especial, de acuerdo con el apartado 4 del artículo 42 del Reglamento (CE) no 1782/2003, de 29 de septiembre de 2003, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores (1). Como consecuencia, en el Reglamento de aplicación de la Comisión, en vías de adopción, se prevé la concesión de derechos de pago provenientes de la reserva nacional a las personas en la situación anteriormente mencionada que se hagan cargo de un terreno familiar.

----

(1)DO L 270 de 21.10.2003.

----

----

(2004/C 88 E/0739)

PREGUNTA ESCRITA P-0985/04

de Antonio Di Pietro (ELDR) a la Comisión

(24 de marzo de 2004)

Asunto:   Desapariciones de niños en Mozambique

Desde julio de 2003, en Mozambique, y en particular en el área de Nampula, continúan desapareciendo de forma alarmante niños de la calle, destinados a ser vendidos y asesinados con el propósito de utilizar sus órganos para el comercio ilegal de órganos para transplantes.

Esta inaudita denuncia fue formulada el pasado mes de febrero por las misioneras de la diócesis de Nampula, monjas Siervas de María, que escribieron al obispo Monseñor Tomé y denunciaron detalladamente los terribles hechos a la autoridad local, de acuerdo con los relatos de los familiares y de los profesores de los niños desaparecidos.

Los documentos en vídeo y fotográficos que consiguió tomar con una cámara de vídeo Elida Dos Santos, una brasileña laica consagrada que vive en el Monasterio de Nampula, no hacen más que corroborar que nos hallamos ante una dramática situación de emergencia y que no se trata sólo de graves sospechas. En las imágenes se ven los cuerpos mutilados de los niños con órganos extirpados, mientras que algunos cuerpos han sido hallados en sacos sepultados en zonas aisladas.

Por otra parte, y a consecuencia de la movilización de los misioneros y misioneras de Mozambique contra esta horrible red de traficantes inhumanos, el pasado 24 de febrero una misionera luterana, Doraci Edinger, que se había movilizado con el fin de ayudar a los pequeños de Nampula, fue encontrada muerta en su apartamento, asesinada a golpes de martillo.

Igualmente, el Santo Padre Juan Pablo II, ha intervenido de forma oficial con todo el peso de su autoridad moral durante la homilía del miércoles de ceniza, con el propósito de que se intervenga en Mozambique y se ponga fin a este «tráfico infame de órganos humanos».

Ante tan dramáticas noticias y la indiferencia de las organizaciones internacionales, ¿podría adoptar la Comisión medidas concretas y urgentes, interviniendo ante las autoridades mozambiqueñas competentes, con miras a garantizar, por medio de las medidas apropiadas, la protección de los niños y de los religiosos y religiosas de Nampula?

Respuesta del Sr. Nielson en nombre de la Comisión

(29 de abril de 2004)

Como a Su Señoría, a la Comisión también le preocupan las alegaciones de los execrables crímenes relacionados con la desaparición de niños y el tráfico de órganos en Mozambique.

En relación con tales delitos, la Comisión se puso en contacto con la Fiscalía General de la República a través de su Delegación en Maputo. La Fiscalía ha confirmado que se ha iniciado una investigación con un equipo interinstitucional en el que participan la Oficina del Fiscal General, la Policía de Investigación y la sección de la Liga de Derechos Humanos de Nampula, no sólo en esta región sino también en otras regiones del país. A través de la investigación en curso se seguirá profundizando en los casos comunicados, si bien, en relación con los casos denunciados, no se han encontrado pruebas de que se esté produciendo un tráfico ilegal de órganos humanos. Por otro lado, Mozambique ha mostrado su voluntad política de llevar ante los tribunales a toda persona responsable de tales crímenes. Este grave asunto se debatió en el Parlamento mozambiqueño, que solicitó al Gobierno que intensificara los esfuerzos para esclarecer los hechos y llevar a los tribunales a toda persona involucrada en estos crímenes.

Esta cuestión se planteará en el marco del diálogo político UE-Mozambique.

La Comisión es consciente de la preocupación que suscita la seguridad de las religiosas y aunque este problema no sea competencia de la Comisión y se pueda resolver más eficazmente a través de intervenciones de las embajadas de los respectivos Estados miembros, la Comisión examinará el modo más indicado de plantear la cuestión al Gobierno en el marco de la cooperación UE y del diálogo político UE-Mozambique.

Mozambique ha estado recibiendo ayuda para el sistema judicial (planificación estratégica, acceso a la justicia, derechos humanos, reforma del sistema penitenciario, formación en materia jurídica, sala de lo Civil de Maputo, policía de Mozambique) de la UE (Dinamarca, España, Irlanda, Italia, Holanda y Portugal), Noruega, el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas y la Agencia de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID).

La Comisión garantiza a Su Señoría que, en el ámbito de sus competencias, seguirá ayudando al Gobierno de Mozambique a reforzar su capacidad de investigación a fin de que la justicia prevalezca en el país.

----

----

(2004/C 88 E/0740)

PREGUNTA ESCRITA P-1000/04

de Michiel van Hulten (PSE) a la Comisión

(24 de marzo de 2004)

Asunto:   Publicación del libro «Las fronteras de Europa» (De grenzen van Europa) por el Comisario Bolkestein

El pasado miércoles 10 de marzo, el Comisario Bolkestein publicó el libro «Las fronteras de Europa». En el programa de la televisión neerlandesa Buitenhof del pasado 7 de marzo, el Comisario Bolkestein comentó la elaboración de su libro, afirmando que la elaboración práctica y los acabados habían llevado muchísimo tiempo y si no llegaba a disponer de diferentes secretarias de diferentes idiomas en su gabinete y si no hubiera dispuesto de los servicios de traducción de la Comisión, nunca habría logrado acabar el libro.

Respuesta del Sr. Prodi en nombre de la Comisión

(27 de abril de 2004)

La elaboración y publicación del libro «las Fronteras de Europa» respetaron el código de conducta de los Comisarios. El Comisario Bolkestein informó al Presidente de su intención de publicar el libro el 3 de febrero de 2004. Además, los derechos de autor sobre esta obra, redactada en el ejercicio de sus funciones, se destinarán a una organización caritativa de su elección. Por motivos de discreción, el Comisario entiende que no es conveniente revelar el nombre de la organización beneficiaria.

La realización del libro es parte integrante de su trabajo como Comisario Europeo y pretende estimular el debate sobre temas europeos tales como la integración europea y el futuro de Europa. Por otra parte, el libro tenía por objetivo llamar la atención del ciudadano europeo sobre las elecciones europeas y contribuir así a una mayor participación en ellas. Cabe asimismo destacar que la elaboración del libro en ningún caso ha interferido con la realización de las demás tareas propias de las funciones de Comisario.

La ayuda técnica brindada al Sr. Bolkestein por los servicios de la Comisión para la elaboración de su libro se encuadra en una lógica de apoyo a la realización de una tarea que figura entre sus funciones de Comisario. Por lo demás, dicha ayuda técnica en ningún caso ha impedido la eficaz realización por dichos servicios de las demás tareas que les incumben.

----

----

(2004/C 88 E/0741)

PREGUNTA ESCRITA P-1007/04

de Manuel Medina Ortega (PSE) a la Comisión

(25 de marzo de 2004)

Asunto:   Desglose de la partida POSEI en el presupuesto 2004

Hasta el año 2004, el presupuesto anual comunitario consagraba, en el marco del FEOGA-Garantía, una línea presupuestaria para cada POSEI, estableciendo dos subpartidas dentro de cada uno: una relativa al «Abastecimiento» y otra referente a «Otras medidas», esto es, al apoyo a las producciones locales. Se trataba de la partida B1-320 Poseidom (B1-3200 Abastecimiento y B1-3201 Otras medidas), B1-321 Poseima (B1-3210 Abastecimiento y B1-3211 Otras medidas) y B1-322 Poseican (B1-3220 Abastecimiento y B1-3221 Otras medidas).

Con motivo de los cambios introducidos en la estructura del presupuesto de 2004, las líneas presupuestarias de los POSEI aparecen globalizadas y unificadas, en el marco del Título 05 sobre agricultura y desarrollo rural, en la partida 05 02 11 04, en la que también se contienen los montantes correspondientes a las Islas del Mar Egeo y otros como, por ejemplo, las subvenciones para el suministro de arroz a la Reunión, que anteriormente aparecían separadas. Con este sistema se pierden la claridad y transparencia anteriores al no poderse distinguir las cantidades asignadas a cada POSEI y, dentro de cada uno de éstos, las referentes a cada una de las subpartidas anteriormente mencionadas. Asimismo, y dado que la ejecución del año 2002 aparece también globalizada, resulta imposible deducir lo que se ha ejecutado dentro de cada POSEI.

¿Cuál es la cantidad asignada para el ejercicio 2004 al Poseican?

¿De la cantidad asignada al Poseican, qué montante se destina al Régimen Específico de Abastecimiento, y qué montante se destina a medidas de apoyo a las producciones locales?

¿A cuánto ascendieron las cantidades efectivamente pagadas durante los años 2002 y 2003 en concepto de Régimen Específico de Abastecimiento, por un lado, y de Otras medidas del Poseican, por otro?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(21 de abril de 2004)

Los créditos asignados al programa Poseican para el ejercicio 2004 ascienden a 137 millones de euros, de los que 103 millones de euros corresponden al régimen específico de abastecimiento y 34 millones de euros a las medidas de apoyo a las producciones locales.

Les gastos reales comprobados en 2002 y 2003 ascienden a:

----

----

(2004/C 88 E/0742)

PREGUNTA ESCRITA E-1064/04

de André Brie (GUE/NGL) a la Comisión

(6 de abril de 2004)

Asunto:   Irregularidades en la construcción de la carretera estatal S 282 A en el Estado libre de Sajonia

Con la presente pregunta se pretende llamar la atención de la Comisión sobre el problema de la construcción de la carretera estatal S 282 A en el Estado libre de Sajonia, que ya fue objeto de una petición (N° 364/2000) presentada al Parlamento Europeo. El 25 de mayo de 2002 fue incluida en el registro y el 20 de febrero de 2003 fue sometida a examen en la Comisión de Peticiones y, desde entonces, se está a la espera de recibir más información de las autoridades alemanas.

Desde la presentación de la petición hace ya más de cuatro años y la construcción durante este tiempo de la carretera estatal S 282 A, han salido a la luz diversas informaciones controvertidas, que se exponen a continuación.

En primer lugar, cabe referirse a los datos relativos a los costes.

En una carta dirigida al Sr. Nino Gemelli (presidente de la Comisión de Peticiones) con fecha de 23 de mayo de 2003, el Embajador Dr. Schönfelder (representación permanente de Alemania ante la UE) confirmó, con referencia a las autoridades alemanas, la cantidad de 50 millones de euros para la construcción de la carretera S 282 A.

En un escrito enviado al Sr. Iltgen, Presidente del Parlamento regional de Sajonia, con fecha de 19 de mayo de 2003, el Ministro de Economía y Empleo del Estado libre de Sajonia cifra los costes totales para la construcción de la carretera en 4,63 millones de euros, y unas semanas más tarde (4.7.2003) comunica, en relación con la misma pregunta dirigida al Presidente del Parlamento regional, únicamente la cantidad de 4,3 millones de euros.

Asimismo, existe la sospecha de que la construcción de la carretera S 282 A fue clasificada de forma errónea, aunque consciente, como «ampliación», ya que un año después de la finalización de la carretera, ésta ya había sido bajada de categoría pasando de «suprarregional» (categoría II) a «regional» (categoría III).

¿Es consciente la Comisión de esta situación contradictoria? ¿En qué medida? ¿No convendría, en este caso en concreto, examinar y esclarecer esta cuestión sobre el terreno?

Respuesta complementaria del Sr. Barrot en nombre de la Comisión

(28 de junio de 2004)

Según las informaciones recibidas por la Comisión de la autoridad de gestión el 16 de abril de 2004 en Sajonia, la situación de las inversiones del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el proyecto citado por Su Señoría es la siguiente:

La carretera, Staatsstraße 282 A, ha sido reconstruida con apoyo del FEDER. La planificación preveía un coste total de 9 081 millones de euros. Hasta ahora se han gastado 5,3 millones de euros, y está previsto para dentro de poco un desembolso suplementario de 0,705 millones de euros. El FEDER contribuye con el 75 % de los costes totales.

La Comisión tiene información de que han podido darse incoherencias en la presentación de las cifras relativas a este proyecto debido a que fueron proporcionadas en diferentes momentos y que, por consiguiente, se referían a la situación en diferentes etapas de ejecución.

Por lo que respecta al cambio de categoría de la carretera, la autoridad de gestión del programa ha informado a la Comisión de que dicha carretera había subido de la categoría local a la estatal en 1997, y que no ha habido ningún cambio.

----

----

(2004/C 88 E/0743)

PREGUNTA ESCRITA E-1081/04

de Maria Sanders-ten Holte (ELDR) a la Comisión

(6 de abril de 2004)

Asunto:   Escuelas Europeas más pequeñas

En su Resolución de 17 de diciembre de 2002, el Parlamento Europeo señaló que las Escuelas Europeas contribuían al fortalecimiento de la idea europea y a la integración europea. Sin embargo, varias de las Escuelas Europeas más pequeñas están amenazadas de cierre. El Parlamento Europeo también indicó que debían explorarse las posibilidades de cooperar (financieramente) con las autoridades locales, regionales o nacionales, debiéndose seguir sobre todo dando una gran prioridad a la diversidad lingüística.

En mayo de 2003, el Consejo de Administración de las Escuelas Europeas estableció grupos de trabajo para examinar la viabilidad de cada una de las pequeñas escuelas.

Respuesta del Sr. Kinnock en nombre de la Comisión

(30 de abril de 2004)

El proceso presupuestario al que se refiere Su Señoría es el mismo, independientemente del tamaño de las diferentes Escuelas Europeas. Durante la reunión del comité administrativo y financiero de la Junta de Gobierno celebrada a finales de marzo de 2004, los proyectos de presupuesto para 2005 de cada Escuela Europea se establecieron por unanimidad con el acuerdo del Director de cada una de ellas. El importe de la ayuda solicitada del presupuesto de la UE se comunicó la Comisión, y ésta lo presentará a la autoridad presupuestaria

Los informes del Grupo de Trabajo relativos a la viabilidad a largo plazo de las pequeñas Escuelas Europeas no tenían conexión con el proyecto de presupuesto 2005, sino que se presentaron a la Junta de Gobierno en la reunión de finales de enero de 2004 como una cuestión totalmente diferente. Dada la aparente falta de alternativas innovadoras y viables, sobre todo en lo que se refiere a la cooperación con las escuelas locales, regionales o nacionales, se dio a los grupos de trabajo una última oportunidad para que elaboraran más su informe y presentaran una versión revisada en la reunión de la Junta de Gobierno que se había de celebrar a finales de abril de 2004.

Sobre el asunto de la apertura del Bachillerato Europeo a un público más amplio en otras escuelas diferentes de las Europeas, la Comisión participa activamente en un grupo de trabajo de la Junta de Gobierno que examina la viabilidad y las modalidades de esta propuesta, pero no considera que la admisión en las Escuelas Europeas, fuertemente subvencionadas, de un mayor número de alumnos del exterior sea un modo apropiado de abrir al público el Bachillerato Europeo. Su Señoría reparará también en que, puesto que los sistemas de educación nacionales siguen siendo competencia de los Estados miembros, la Comisión no tiene poder efectivo de iniciativa en esta área.

La Comisión está de acuerdo con Su Señoría en que la diversidad lingüística de la próxima ampliación someterá a presión la enseñanza de las lenguas materna en las Escuelas Europeas. Los criterios establecidos por la Junta de Gobierno en octubre de 2002 en relación con el número de alumnos necesario para abrir una nueva sección lingüística justifican la apertura de las secciones polaca, húngara y checa en Bruselas y Luxemburgo a partir de septiembre de 2004. Ahora bien, las Escuelas Europeas están contratando profesores a tiempo completo y a tiempo parcial para que los hijos de funcionarios de la UE de las nacionalidades para las que no haya sección lingüística reciban enseñanza en su lengua materna.

----

----

(2004/C 88 E/0744)

PREGUNTA ESCRITA P-1125/04

de Daniela Raschhofer (NI) a la Comisión

(6 de abril de 2004)

Asunto:   Programas de la Unión Europea en Turquía. Posibles repercusiones de la plena adhesión

Antes de que en diciembre de 2004 el Consejo Europeo tome una decisión sobre el inicio de las negociaciones de adhesión con Turquía, deberían dilucidarse las cuestiones siguientes:

Respuesta del Sr. Verheugen en nombre de la Comisión

(29 de abril de 2004)

Hasta el año 2002, Turquía recibió ayudas comunitarias en el marco del Programa MEDA y en el de dos Reglamentos adoptados en apoyo de la unión aduanera (1) y del desarrollo económico y social (2) de ese país. El 17 de diciembre de 2001, el Consejo adoptó un Reglamento relativo a la asistencia financiera de preadhesión para Turquía. Este Reglamento entró en vigor en enero del año siguiente y hoy sigue siendo el fundamento jurídico en el que se enmarca la cooperación financiera con dicho país.

Durante el período 2000-2003, el importe medio anual de la ayuda financiera concedida a Turquía se elevó a 177 millones de euros. En abril de 2003, sin embargo, el Parlamento, el Consejo y la Comisión llegaron a un acuerdo para incluir a ese Estado en la rúbrica de preadhesión de las perspectivas financieras y para aumentar sustancialmente durante el período 2004-2006 la asistencia financiera otorgada al mismo, asistencia que quedó fijada en 1 050 millones de euros para el conjunto del período (250 millones en el 2004, 300 en el 2005 y 500 en el 2006).

Es preciso recordar que la decisión que deberá tomar el Consejo Europeo de diciembre de 2004 con relación a Turquía se basará en una valoración de si ese Estado cumple o no los criterios políticos de Copenhague. Aunque es evidente que la adhesión de un país con el tamaño y la población de Turquía tendría, en general, un fuerte impacto en la Unión y en sus políticas e instituciones, las consecuencias financieras concretas y/o las obligaciones que tal adhesión representaría para la UE no podrán conocerse hasta que concluyan las negociaciones que, en su caso, se celebren.

----

(1)  Reglamento (CE) no 764/2000 del Consejo, de 10 de abril de 2000, relativo a la realización de acciones encaminadas a profundizar la unión aduanera CE-Turquía (DO L 94 de 14.4.2000).

(2)  Reglamento (CE) no 257/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de enero de 2001, relativo a las acciones encaminadas a lograr el desarrollo económico y social de Turquía (DO L 39 de 9.2.2001).

----

----

(2004/C 88 E/0745)

PREGUNTA ESCRITA P-1190/04

de Joan Vallvé (ELDR) a la Comisión

(14 de abril de 2004)

Asunto:   Fórum de las Culturas 2004

Este Diputado formuló una pregunta sobre el Fórum de las Culturas que se inaugurará en Barcelona el próximo 9 de mayo (H-0539/03 (1)). La Comisión contestó en fecha 21 de octubre de 2003, afirmando que seguía con atención los trabajos preparativos del Fórum y que llevaba a cabo una serie de iniciativas para fomentar el diálogo entre las culturas.

Estando próxima la fecha de inauguración del Fórum, ¿cuáles son las iniciativas que piensa llevar a cabo la Comisión Europea? ¿Puede comunicar también si, en el diálogo de las culturas que se menciona, se tendrán en cuenta las especificidades culturales de Catalunya, concretamente la lengua catalana, oficial en los actos del Fórum?

Respuesta de la Sra. Reding en nombre de la Comisión

(30 de abril de 2004)

La Comisión ha presentado recientemente, en su comunicación «La ciudadanía en acción» las líneas generales del futuro programa cultural de nueva generación. Para este futuro programa propone fomentar el diálogo entre las culturas, pues la contribución al diálogo intercultural es uno de los valores añadidos esenciales de la acción cultural desarrollada a escala comunitaria.

En cuanto al Fórum que se celebrará en Barcelona de mayo a septiembre de 2004, la Comisión, no siendo su instigadora, sólo puede recordar que seguirá con gran atención los trabajos del mismo. Por ello, en lo tocante a las lenguas de este evento, la Comisión sugiere a Su Señoría que se ponga en contacto con sus organizadores, la Unesco, el Estado español, la Generalitat de Catalunya y el Ajuntament de Barcelona. En cualquier caso, el sitio web de esta manifestación (http://www.barcelona2004.org) puede consultarse en tres idiomas: castellano, catalán e inglés.

----

(1)  Pregunta escrita de 21.10.2003.

----

----

(2004/C 88 E/0746)

PREGUNTA ESCRITA P-1200/04

de Charles Tannock (PPE-DE) a la Comisión

(14 de abril de 2004)

Asunto:   Reconocimiento de la UE de los avances de Ucrania hasta haber alcanzado el estatuto de economía de mercado

Los avances en la evaluación de la compatibilidad de la economía de Ucrania con los criterios establecidos por la legislación antidumping de la UE parecen haberse detenido. Este proceso se inició en septiembre de 2000, cuando se concedió a Ucrania un estatuto especial de economía de mercado, y en octubre de 2000 comenzaron las negociaciones con el fin de obtener el estatuto pleno de economía de mercado. La Comisión Europea ha examinado, tal y como lo requiere la práctica habitual, el cumplimiento por parte de Ucrania de una serie de requisitos para el estatuto de economía de mercado, en particular: no interferencia del Estado en los procedimientos de toma de decisiones de las empresas y en la asignación de los activos, clara contabilidad empresarial y procedimientos de auditoría independientes, distorsiones persistentes del mercado que se arrastran desde la época de economía planificada durante el período soviético, seguridad jurídica de los títulos y procedimientos de quiebra con arreglo a las normas internacionales, así como la existencia de un mecanismo flotante de cambio de divisas determinado por el mercado.

En septiembre de 2002, el Sr. Prodi se reunió con el Presidente de Ucrania, Leonid Kuchma, y le aseguró que la CE anunciaría su decisión dentro de los seis meses siguientes a las respuestas extensas del Gobierno de Ucrania sobre la naturaleza de economía de mercado de la economía ucraniana. A pesar de las nuevas preguntas planteadas en el marco de los comités de cooperación con Ucrania cuarto y sexto, y de nuevas seguridades por parte del Comisario de comercio exterior, Sr. Lamy, en cuanto a la preparación de Ucrania en octubre de 2003, este país aún no ha recibido una respuesta sobre si se le va a conceder el estatuto pleno de economía de mercado. Además, la economía ucraniana ha seguido progresando en los últimos tres años. Por ejemplo, su PIB ha aumentado un 8,5 % entre 2002 y 2003, no existe interferencia del Estado en el proceso de toma de decisiones de las empresas, las empresas tienen iguales derechos para ejercer su actividad con independencia de su forma de propiedad, la regulación de los precios se realiza casi enteramente a través de mecanismos de libre mercado en vez a través del Estado, y más del 90 % del mercado es privado, con menos del 10 % de propiedad estatal.

Teniendo en cuenta estos hechos objetivos y la decisión geopolítica de conceder a Rusia el estatuto pleno de economía de mercado, ¿está paralizando la Comisión de forma deliberada esta decisión por razones políticas y no sobre la base de los estrictos criterios económicos necesarios?

Respuesta del Sr. Lamy en nombre de la Comisión

(30 de abril de 2004)

La determinación de si se debe conceder a un país el estatuto de economía de mercado a los efectos de las investigaciones llevadas a cabo en los procedimientos de defensa comercial es un análisis técnico, en el que se utilizan parámetros precisos con el fin de determinar si los costes y los precios de las empresas pueden emplearse en las investigaciones de defensa comercial.

Conviene señalar que la Comisión examina cada solicitud de concesión del estatuto de economía de mercado por sí misma, sin hacer ninguna comparación con la situación existente en otros países que también han solicitado ese estatuto.

La solicitud oficial de Ucrania a la Comisión de que se le concediese el estatuto de economía de mercado para las investigaciones de defensa comercial se recibió en mayo de 2002. La evaluación preliminar de la Comisión se dio a conocer en marzo de 2003. En dicha evaluación se señalaron cinco campos en los que se pedía información adicional o mayores avances. Ucrania envió esa información en tres etapas, a saber, en junio de 2003, diciembre de 2003 y enero de 2004.

El Comisario de Comercio no ha dado ninguna garantía en cuanto a la preparación de Ucrania para la concesión del estatuto de economía de mercado. De hecho, los servicios de defensa comercial de la Comisión se comprometieron a finalizar durante el mes de abril de 2004 su evaluación de los avances conseguidos en los cinco campos problemáticos señalados en marzo de 2003. Acto seguido se transmitirá el documento correspondiente a los Estados miembros y a las autoridades de Ucrania.

Por consiguiente, la evaluación sobre la concesión del estatuto pleno de economía de mercado terminará próximamente. En este contexto, la Comisión se congratula por los avances logrados por Ucrania en lo que se refiere a la reforma económica, lo cual representa un paso adelante en su labor de cumplimiento de los criterios de concesión del estatuto de economía de mercado. La Comisión sigue comprometida, como lo ha estado siempre, a conceder a Ucrania el estatuto de economía de mercado en cuanto este país haya realizado suficientes avances en los campos señalados y se den las condiciones técnicas necesarias.

Por otra parte, debe tenerse presente que las empresas ucranias pueden solicitar a título individual recibir el trato de economía de mercado.

----

----

(2004/C 88 E/0747)

PREGUNTA ESCRITA P-1203/04

de Gianfranco Dell'Alba (NI) a la Comisión

(14 de abril de 2004)

Asunto:   Presuntas irregularidades en la gestión de los recursos del Fondo Europeo de Desarrollo (FED) destinados al proyecto 8.ACP.PNG.003

Respuesta complementaria del Sr. Nielson en nombre de la Comisión

(8 de julio de 2004)

Tras recibir documentación adicional de la Delegación de Papúa Nueva Guinea, la Comisión puede ahora formular una respuesta al punto 2) de la pregunta escrita citada en epígrafe.

Los dos contratos mencionados no resultan del todo comparables en lo que respecta al alcance de los servicios, puesto que el segundo, entonces adjudicado a PAC/ETS, incluía una revisión adicional del diseño que no estaba prevista en el contrato original. Esto explica el importe más elevado del segundo contrato.

Se solicitaron servicios adicionales para realizar estudios geotécnicos complementarios en algunos de los edificios.

En una fase posterior, la entidad adjudicadora solicitó una nueva modificación en el diseño del edificio Unitech, tras detectarse algunas deficiencias en el trabajo correspondiente al diseño original. Esta es la razón de la cláusula adicional mencionada en la pregunta escrita.

No obstante, la Comisión ha iniciado una investigación más detallada para comprobar si los importes establecidos en el contrato resultan plenamente justificados.

----

Rectificaciones

----

(2004/C 88 E/0748)

RECTIFICATIVOS

Rectificativo de la respuesta a la pregunta escrita P-2323/03 de la Sra. Schreyer en nombre de la Comisión

(«Diario Oficial de la Unión Europea» C 65 E de 13 de marzo de 2004)

En la página 131, la letra b) del apartado 2 se redactará como sigue:

----