Número Identificador

SEN2024________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL I

Master Roofing, Inc.

Peticionario

v.

Junta de Subastas de la 

Administración de 

Servicios Generales; 

Administración de 

Servicios Generales 

representadas por el 

Gobierno de Puerto Rico, 

representado por el 

Secretario de Justicia, 

Hon. Domingo Emanuelli 

Hernández

Peticionadas

KLRX202400003

Mandamus

Administración de 

Servicios GeneralesJunta de Subastas

23J-08274

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez 

Pagán Ocasio, el Juez Marrero Guerrero y la Jueza Boria 

Vizcarrondo.

Marrero Guerrero, Juez ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de abril de 2024.

Comparece Master Roofing, Inc. (en adelante, Master Roofing 

o parte peticionaria), mediante el recurso de Mandamus, y nos 

solicita que ordenemos a la Junta de Subastas de la Administración 

de Servicios Generales (en adelante, Junta de Subastas o parte 

peticionada) notificar de inmediato la Resolución de Adjudicación 

Enmendada Núm. 23J-08274 a Master Roofing y a su representante 

legal, dado que afirman no haber recibido la notificación 

correspondiente.1 En esencia, la parte peticionaria alega que la 

Junta de Subastas incumplió con su deber ministerial e incurrió en 

una violación al debido proceso de ley al no notificarles, a pesar de 

ser partes con interés en el procedimiento relacionado con la 

Subasta Formal Núm. 23J-08274.

1 Apéndice del recurso de Mandamus de Master Roofing, págs. 70-83.
KLRX202400003 2

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

desestima el recurso de epígrafe. Explicamos. 

-IEl 30 de enero de 2023, la Junta de Subastas emitió una 

convocatoria para la participación de la Subasta Formal Núm. 23J08274. El propósito de la subasta era establecer contratos de 

selección múltiple para la impermeabilización de techos de concreto 

dirigidos a los departamentos, dependencias, agencias e 

instrumentalidades de la Rama Ejecutiva, así como a las

corporaciones públicas y municipios del Gobierno de Puerto Rico.

Aquellas personas interesadas en participar en el proceso de 

subasta debían presentar sus ofertas tanto física como

electrónicamente en la oficina de la Junta de Subastas antes del 3 

de abril de 2023 a las 10:00 a.m. A tales efectos, el acto de apertura 

se llevó a cabo ese mismo día a las 10:30 a.m., con la participación 

de veinticinco (25) licitadores. 

Después de completar varios trámites relacionados con el

proceso de subasta, el 8 de septiembre de 2023, la parte peticionada 

emitió una Resolución de Adjudicación en la que concedió la buena 

pro de la Subasta Formal Núm. 23J-08274 a varios licitadores. Para 

lograr esta determinación, la agencia evaluó los siguientes criterios: 

(1) el precio ofrecido por los licitadores; (2) el cumplimiento con las 

instrucciones generales, los términos, las condiciones y las 

especificaciones; y (3) la representación del mejor valor para el 

Gobierno de Puerto Rico.2 Además, la agencia dividió la convocatoria

en nueve (9) zonas, que incluían los pueblos de San Juan, Bayamón, 

Arecibo, Aguadilla, Mayagüez, Ponce, Guayama, Humacao, y las 

Islas Municipio de Vieques y Culebra. Con ese fin, calificó 

favorablemente a aquellos licitadores que cumplieran con al menos 

2 Íd., págs. 1-13. 
KLRX202400003 3

dos (2) de los tres (3) criterios establecidos para ser seleccionados

en cada zona.

En consecuencia, el 18 de septiembre de 2023, la Junta de 

Subastas notificó a los licitadores participantes sobre la 

adjudicación de la Subasta Formal Núm. 23J-08274 mediante

correo electrónico.3 Respecto a los hechos que nos ocupan, Master 

Roofing fue seleccionado en la Región 9, que comprende las Islas 

Municipios de Vieques y Culebra, pero no fue escogido para las 

restantes regiones.

El 10 de octubre de 2023, Master Roofing, representado por 

la Lcda. Bárbara Cruz Muñiz, presentó una Solicitud de Revisión

Administrativa [...] ante la Junta Revisora de la Administración de 

Servicios Generales (en adelante, Junta Revisora).4 En esta 

solicitud, argumentó que: (1) la Junta de Subastas erró al adjudicar 

una subasta formal sin contar con la mayoría requerida para 

establecer el quórum de los miembros de la Junta; (2) la notificación 

sobre la subasta fue defectuosa al incluir una tabla sobre Evaluación 

de Ofertas por Región que era ininteligible y carecía de una leyenda; 

(3) la adjudicación no incluyó una definición de los términos

“partidas razonables”, “partida esencial” y “costo de partidas 

esenciales”; y (4) la parte peticionada no especificó cómo aplicaron

los criterios establecidos para la adjudicación de la buena pro.

Dadas estas circunstancias, Master Roofing planteó que la 

Junta de Subastas incumplió con la Ley Núm. 73 de 2019, Ley de 

la Administración de Servicios Generales para la Centralización de 

las Compras del Gobierno de Puerto Rico de 2019, 3 LPRA secs. 

9831-9841h (en adelante, Ley Núm. 73-2019), lo que significó una 

violación al debido proceso de ley. Por consiguiente, solicitó la 

3 Íd., pág. 13. 

4 Íd., págs. 51-62.
KLRX202400003 4

revocación de la adjudicación de la Subasta Formal Núm. 23J08274.5

El 16 de noviembre de 2023, la Junta Revisora emitió una 

Resolución en la que determinó que la Resolución de Adjudicación de 

la Junta de Subastas fue deficiente debido a que la tabla intitulada 

Evaluación de Ofertas por Región era ilegible. Sostuvo que dicha

tabla era un elemento esencial de la resolución, ya que de ahí surge 

el análisis de las ofertas presentadas y las razones por las cuales 

fueron rechazadas o aceptadas por la parte peticionada. Agregó que

la ilegibilidad de la tabla privó a las partes de su derecho a conocer 

las razones por las cuales la agencia tomó su decisión, tal como lo 

exige el Art. 53 de la Ley Núm. 73-2019 y la jurisprudencia aplicable. 

También señaló que la notificación defectuosa privó a la Junta 

Revisora de su función de revisión, al no contar con los fundamentos 

utilizados por la Junta de Subastas para llegar a su determinación. 

Así las cosas, manifestó que no tenía jurisdicción para resolver el 

caso y que el plazo para solicitar revisión judicial no comenzó a

transcurrir. Finalmente, ordenó a la Junta de Subastas realizar una

nueva notificación, la cual debe incluir los anejos de manera legible, 

con el fin de garantizar el debido proceso de ley.

El 27 de noviembre de 2023, la Junta de Subastas emitió una 

Resolución de Adjudicación Enmendada a los efectos de incluir como 

anejos los precios presentados por los diferentes licitadores en sus 

ofertas.

6 No obstante, la agencia afirmó que la tabla intitulada 

Evaluación de Ofertas por Región es una herramienta elaborada por 

ellos para resumir los datos de las ofertas individuales y no es un 

elemento requerido que deba incluirse en la resolución. Sostuvo que 

la Ley Núm. 73-2019 y el Reglamento Núm. 9230, Reglamento 

5 Al igual que la parte peticionaria, los licitadores D Waterproofing, Corp. y JC 

Remodeling, Inc., impugnaron por separado la Resolución de Adjudicación ante la 

Junta de Subastas.

6 Íd., págs. 70-83.
KLRX202400003 5

Uniforme de Compras y Subastas de Bienes, Obras y Servicios No 

Profesionales de la Administración de Servicios Generales del 

Gobierno de Puerto Rico, solo requieren que la notificación incluya: 

(1) los nombres de los licitadores que participaron y una síntesis de 

sus propuestas; (2) los criterios que se tomaron en cuenta para 

adjudicar la subasta; (3) los defectos, si algunos, que tuvieran las 

propuestas de los licitadores perdidosos; y (4) la disponibilidad y el 

plazo para solicitar la reconsideración y revisión judicial. Por otra 

parte, la Junta de Subastas reconoció que la calidad de la tabla 

disminuyó al ser escaneada y enviada por correo electrónico. Sin 

embargo, afirmó que la tabla original forma parte del expediente y 

puede ser examinada si se solicita, ya que es legible a simple vista 

por una persona con visión promedio. 

De acuerdo con lo anterior, la Junta de Subastas optó por no

adjuntar la aludida tabla en la Resolución de Adjudicación 

Enmendada. En su lugar, incluyó las ofertas de todos los licitadores 

de manera íntegra como anejos. Recalcó que las partes “podrán 

hacer el mismo ejercicio que realizó la Junta de Subastas, sacar sus 

propios cálculos y contrastarlos con lo esbozado en las Secciones III 

y IV” de la Resolución de Adjudicación Enmendada.

7 Además, 

proporcionó un enlace en la plataforma de YouTube para que las 

partes pudieran acceder al acto de apertura y validar las ofertas de 

los licitadores.

El 21 de febrero de 2024, Master Roofing, a través de la Lcda. 

Cruz Muñiz, presentó una Moción Urgente como Requerimiento Previo 

a la Junta Revisora de Subastas.

8 En esta solicitud, argumentó, en 

esencia, que se mantuvo en la espera de recibir la Resolución de 

Adjudicación Enmendada junto con sus anejos en una forma legible.

Ante el excesivo tiempo transcurrido sin recibir dicha resolución, la 

7 Íd., págs. 72-73.

8 Íd., págs. 84-88.
KLRX202400003 6

representante legal consultó con la página en línea de la 

Administración de Servicios Generales. Durante este proceso, alegó 

que se percató de la existencia de dos (2) documentos idénticos, 

intitulados “Resolución de Adjudicación Enmendada SF 23J08274”. Detalló que en ambos documentos aparece una certificación 

que indica que el 27 de noviembre de 2023 se envió por correo 

electrónico una copia fiel y exacta a los licitadores que presentaron

ofertas para la subasta en cuestión, junto con una lista de los 

veinticinco (25) licitadores y sus respectivos correos electrónicos. 

Sin embargo, enfatizó que ella, en su calidad como representante

legal de Master Roofing, no fue incluida en la lista de partes 

notificadas. Esto, a pesar de que consta en los registros del caso que 

fue ella quien presentó la impugnación de la resolución original de 

la subasta ante la Junta Revisora. 

Además, aseguró que el Presidente de Master Roofing, el Sr.

Juan C. Sánchez Pérez, no recibió la resolución enmendada el 27 de 

noviembre de 2023 ni en una fecha posterior a través de su correo 

electrónico. Por estas razones, solicitó a la Junta Revisora que 

ordene a la parte peticionada que notifique, en un término de 

cuarenta y ocho (48) horas, la decisión tomada respecto a la Subasta 

Formal Núm. 23J-08274. Sin embargo, la Junta Revisora no emitió 

ninguna determinación. 

El 28 de febrero de 2024, Master Roofing presentó ante 

nosotros un recurso de Mandamus en el que señaló la comisión del 

siguiente error:

LA JUNTA DE SUBASTAS DE LA ASG INCUMPLIÓ CON 

EL DEBER MINISTERIAL DE NOTIFICARLE AL 

PETICIONARIO Y A SU REPRESENTANTE LEGAL LA 

RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN ENMENDADA, 

CONFORME LO DISPONE LA LEY.

El mismo día, Master Roofing presentó una copia del 

emplazamiento diligenciado sobre el recurso de epígrafe. Cabe 

resaltar que, este emplazamiento fue dirigido al Secretario de 
KLRX202400003 7

Justicia, Hon. Domingo Emanuelli Hernández, el cual fue 

recibido por la Secretaria Auxiliar del Departamento de Justicia, la 

Sra. Ruth Irizarry. 

Por su parte, el 11 de marzo de 2024, el Gobierno de Puerto 

Rico, a través de la Oficina del Procurador General de Puerto Rico,

presentó una Solicitud de Desestimación y Escrito en Cumplimiento 

de Orden al Honorable Tribunal. En esencia, argumentó que la 

petición de Mandamus presentada por Master Roofing no fue 

perfeccionada conforme exige nuestro ordenamiento jurídico ni

notificada a los demás licitadores. Como alternativa, solicitó la 

denegatoria del recurso por carecer de méritos para su expedición. 

Para sustentar su posición sobre el incumplimiento con 

nuestro ordenamiento jurídico, el Estado explicó que el recurso de 

mandamus debe dirigirse hacia la persona a quien la ley le impone 

el deber ministerial aducido y quien tiene la capacidad de cumplirlo 

para forzar su ejecución. Sin embargo, subrayó que la petición de 

Mandamus presentada por Master Roofing no está dirigida a la 

Presidenta de la Junta de Subastas de la Administración de 

Servicios Generales, la Sra. Ana M. Silva Torres, quien, según la Ley 

Núm. 73-2019, es la funcionaria designada para el supuesto deber 

ministerial objeto de la reclamación. Por lo tanto, argumentó que el 

Tribunal de Apelaciones no adquirió jurisdicción sobre el asunto.

Además, manifestó que la falta de notificación del recurso a los 

demás licitadores participantes en la Subasta Formal Núm. 23J0874 menoscaba sus derechos. En consecuencia, solicitó la 

desestimación de la petición de Mandamus.

El 13 de marzo de 2024, Master Roofing presentó una 

Oposición a Solicitud de Desestimación. En esta moción, alegó que 

el recurso de Mandamus no fue notificado a la Junta de Subastas

debido a que es una agencia que no posee capacidad jurídica 

separada del Gobierno de Puerto Rico para ser demandada o 
KLRX202400003 8

demandar, según lo establecido en la Ley Núm. 73-2019. Especificó 

que se incluyó al Gobierno de Puerto Rico para el diligenciamiento 

del emplazamiento, en virtud de lo requerido por la Regla 4.4 (f) de 

las Reglas de Procedimiento Civil. A su vez, sostuvo que mientras la 

Adminstración de Servicios Generales o su Junta de Subastas 

carezcan de capacidad jurídica para demandar y ser demandadas, 

nuestro estado de derecho exige que el emplazamiento se realice por 

conducto del Secretario de Justicia. Por estas razones, la parte 

peticionaria emplazó al Hon. Domingo Emanuelli Hernández.

Finalmente, cuestionó la notificación de la Resolución de 

Adjudicación Enmendada emitida por la Junta de Subastas debido 

a su falta de confiabilidad.

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procedemos a discutir las normas jurídicas aplicables a este recurso

-II-

-ALa jurisdicción es el poder o autoridad que ostentan los 

tribunales para considerar y decidir los casos o controversias que 

tienen ante sí. Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico y Para la 

Naturaleza, Inc. v. ELA, 211 DPR 521 (2023); Beltrán Cintrón y otros 

v. Estado Libre Asociado, 2004 DPR 89, 101 (2020); Torres Alvarado 

v. Madera Atiles, 202 DPR 495, 499-500 (2019). Por esta razón, la 

falta de jurisdicción de un tribunal incide directamente sobre el 

poder del mismo para adjudicar una controversia. Allied Mgmt. 

Group v. Oriental Bank, 204 DPR 374, 386 (2020). En ese sentido, 

es norma reiterada que los tribunales son celosos guardianes de su 

jurisdicción y tienen el deber ineludible de auscultar dicho asunto 

con preferencia a cualesquiera otros. Pueblo v. Torres Medina, 211 

DPR 950 (2023).

De ese modo, la ausencia de jurisdicción trae varias 

consecuencias, tales como: (1) que no sea susceptible de ser 
KLRX202400003 9

subsanada; (2) las partes no puedan conferírsela voluntariamente a 

un tribunal como tampoco puede éste arrogársela; (3) conlleva la 

nulidad de los dictámenes emitidos; (4) impone a los tribunales el 

ineludible deber de auscultar su propia jurisdicción; (5) obliga a los 

tribunales apelativos a examinar la jurisdicción del foro de donde 

procede el recurso; y (6) puede presentarse en cualquier etapa del 

procedimiento, a instancia de las partes o por el tribunal motu 

proprio. Allied Mgmt. Group v. Oriental Bank, supra.

Por consiguiente, un tribunal no tiene discreción para asumir 

jurisdicción donde no la hay, si carece de jurisdicción, deberá así 

declararlo y desestimar la reclamación sin entrar en sus méritos, 

pues la falta de jurisdicción no es susceptible de ser subsanada.

Íd.; Beltrán Cintrón y otros v. Estado Libre Asociado, supra; Mun. De 

San Sebastián v. QMC Telecom, 190 DPR 652, 660 (2014); Pérez Soto 

v. Cantera Pérez, Inc. et al., 188 DPR 98, 105 (2013).

En lo aquí pertinente, la Regla 83 del Tribunal de Apelaciones,

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83, dispone que:

(B) Una parte podrá solicitar en cualquier momento la 

desestimación de un recurso por los motivos siguientes:

(1) que el Tribunal de Apelaciones carece de jurisdicción;

(2) que el recurso fue presentado fuera del término de 

cumplimiento estricto dispuesto por ley sin que exista justa 

causa para ello; 

(3) que no se ha presentado o proseguido con diligencia o de 

buena fe; 

(4) que el recurso es frívolo y surge claramente que no se ha 

presentado una controversia sustancial o que ha sido 

interpuesto para demorar los procedimientos, o 

(5) que el recurso se ha convertido en académico.

(C) El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa propia, podrá 

desestimar un recurso de apelación o denegar un auto 

discrecional por cualquiera de los motivos consignados en el 

inciso (B) precedente.

(Énfasis nuestro).
KLRX202400003 10

-BEl Artículo 649 del Código de Enjuiciamiento Civil define al 

mandamus como “un auto altamente privilegiado dictado por el 

Tribunal Supremo del Estado Libre Asociado, o por el Tribunal de 

Primera Instancia de Puerto Rico, a nombre del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, y dirigido a alguna persona o personas 

naturales, a una corporación o a un tribunal judicial de inferior 

categoría, dentro de su jurisdicción, requiriéndoles para el 

cumplimiento de algún acto que en dicho auto se exprese y que esté 

dentro de sus atribuciones o deberes”. 32 LPRA sec. 3421; AMPR v. 

Srio. Educación, ELA, 178 DPR 253, 263 (2010). Cabe precisar que 

el Artículo 4.006 de la Ley de la Judicatura del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, Ley 201-2003, según enmendada, 4 LPRA 

sec. 24y, expresamente confiere autoridad a cualquier panel del 

Tribunal de Apelaciones, y a cada uno de sus jueces y juezas de 

expedir autos de mandamus. Ahora bien, la frase “altamente 

privilegiado”, contenida en el Artículo 649 del Código de 

Enjuiciamiento Civil, se refiere a que la expedición del auto no se 

invoca como cuestión de derecho, sino que descansa en la sana 

discreción del foro judicial. Asoc. Res. Piñones, Inc. v. JCA, 142 DPR 

599 (1997) (Voto Particular de Conformidad del Juez Hernández 

Denton). Por lo cual, este auto solo se expide cuando el tribunal está 

convencido de que con él se cumplirán propósitos de utilidad social 

e individual. Dávila v. Superintendente de Elecciones, 82 DPR 264 

(1960). 

La expedición del auto de mandamus procede para hacer 

cumplir un deber ministerial claramente establecido por ley o que 

resulte del empleo, cargo o función pública. Noriega v. Hernández 

Colón, 135 DPR 406, 447–448 (1994). Un deber ministerial es un 

deber impuesto por ley que no permite discreción en su ejercicio, 

debido a que es mandatorio e imperativo. En ese sentido, el acto es 
KLRX202400003 11

ministerial cuando la ley prescribe y define el deber que debe ser 

cumplido con tal precisión y certeza que no da margen al ejercicio 

de la discreción o juicio. Álvarez de Choudens v. Tribunal Superior, 

103 DPR 235, 242 (1974). 

En lo pertinente, la Regla 54 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 54, dispone que solo procede expedir el auto de mandamus

cuando “el derecho a exigir la inmediata ejecución de un acto sea 

evidente y aparezca que no se podrá dar ninguna excusa para no 

ejecutarlo [...]”. Además, esta regla dispone que “[e]l auto de 

mandamus, tanto perentorio como alternativo, podrá obtenerse 

presentando una solicitud jurada al efecto”. Íd.

La norma claramente establecida por la jurisprudencia del 

Tribunal Supremo precisa que para mover la discreción de un 

tribunal hacia la expedición de un mandamus no es suficiente con 

que la parte promovida tenga el deber ministerial alegado, sino que 

la parte promovente también debe tener un derecho definido a lo 

reclamado. Espina v. Calderón, Juez, y Sucn. Espina, Int., 75 DPR 

76, 84 (1953). Por otra parte, el auto de mandamus no podrá 

dictarse en los casos en que se encuentre un recurso adecuado y 

eficaz en el curso ordinario de la ley. Art. 651 del Código de 

Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 3423. Lo anterior se debe a que,

el objeto del auto no es reemplazar remedios legales sino suplir la 

falta de estos. AMPR v. Srio. Educación, ELA, supra.

Recapitulando, para determinar si se expide un mandamus se 

deben tomar en cuenta las siguientes consideraciones: (1) que el 

mandamus es el recurso apropiado cuando el peticionario no 

dispone de otro remedio legal adecuado para hacer valer su derecho 

y cuando se trate del incumplimiento de un deber ministerial que se 

alega ha sido impuesto por ley; (2) la solicitud de mandamus debe 

ir dirigida contra el funcionario principal encargado del 

cumplimiento del deber, levantar cuestiones de interés y plantear 
KLRX202400003 12

un problema que requiera una solución pronta y definitiva; (3) el 

peticionario debe establecer que hizo un requerimiento previo al 

funcionario para que este realizase el acto para cuyo cumplimiento 

se solicita la orden del tribunal; y (4) el peticionario tiene un interés 

indiscutible en el derecho que se reclama, distinto al que pueda 

tener cualquier otro ciudadano. Dávila v. Superintendente de 

Elecciones, supra. 

-CLa Asamblea Legislativa de Puerto Rico promulgó la Ley Núm. 

73 de 2019, Ley de la Administración de Servicios Generales para la 

Centralización de las Compras del Gobierno de Puerto Rico de 2019, 

3 LPRA secs. 9831-9841h (en adelante, Ley Núm. 73-2019). Esta ley

establece como política pública la centralización de los procesos de 

compras gubernamentales de bienes, obras y servicios, con el 

objetivo de generar mayores ahorros fiscales en beneficio del Pueblo 

de Puerto Rico. De acuerdo con lo anterior, se delegó en la 

Administración de Servicios Generales (en adelante, la ASG) la 

responsabilidad de implementar dicha política pública y de 

coordinar y dirigir el proceso de adquisición de bienes y servicios, 

así como la contratación de servicios del Gobierno de Puerto Rico. 

PVH Motor, LLC. v. ASG, 209 DPR 122 (2022). 

Como parte de las disposiciones de la Ley Núm. 73-

2019, supra, se creó la Junta de Subastas adscrita a la ASG para 

evaluar y adjudicar, mediante un procedimiento uniforme, las

subastas del Gobierno de Puerto Rico que se realicen en

cumplimiento con las disposiciones de la Ley Núm. 73-2019. Art. 

47, 3 LPRA sec. 9836. 

Dicha Junta estará compuesta por un (1) Presidente y cuatro 

(4) miembros asociados. Íd., Art. 48, sec. 9836a. Entre las facultades 

y deberes del Presidente o Presidenta se encuentran: (1) representar 

a la Junta de Subastas en todas aquellas funciones inherentes a su 
KLRX202400003 13

cargo; (2) dirigir los procesos de la Junta de Subastas; (3) hacer que 

se cumpla con el procedimiento para la celebración y 

adjudicación de las subastas de conformidad con la legislación 

y reglamentación aplicable; entre otras facultades, funciones o 

deberes establecidos por ley o por reglamento. Íd., Art. 52, sec. 

9836e.

-IIIConforme al tracto procesal reseñado, así como el derecho 

aplicable, según el mismo fuera expuesto previamente, nos 

corresponde desestimar el recurso de epígrafe por falta de 

jurisdicción. Nos explicamos.

Es importante recalcar que el mandamus es un auto 

altamente privilegiado que va dirigido a alguna persona o personas 

naturales, a una corporación o a un tribunal de inferior categoría, 

dentro de su jurisdicción, con el propósito de exigirles que cumplan 

con algún acto que en dicho auto se exprese y que esté dentro de 

sus atribuciones o deberes. Artículo 649 del Código de 

Enjuiciamiento Civil, supra; AMPR v. Srio. Educación, ELA supra,

pág. 263. Por lo tanto, la solicitud de mandamus debe ir 

específicamente dirigida contra el funcionario principal 

encargado del cumplimiento del deber. Dávila v. Superintendente 

de Elecciones, supra.

En este caso, Master Roofing diligenció el emplazamiento

correspondiente al recurso de epígrafe por medio del Secretario de 

Justicia, Hon. Domingo Emanuelli Hernández. Sin embargo, no es 

responsabilidad del Secretario de Justicia cumplir con lo solicitado 

en la petición de Mandamus, que es ordenar a la Junta de Subastas 

de la ASG que notifique inmediatamente la Resolución de 

Adjudicación Enmendada. Según el Artículo 48 de la Ley Núm. 73-

2019, 3 LPRA sec. 9836a, esta función corresponde a la Presidenta 

de la Junta de Subastas, quien tiene la responsabilidad de dirigir 
KLRX202400003 14

los procesos de la Junta de Subastas y asegurar que se cumpla con 

el procedimiento para la celebración y adjudicación de las subastas

conforme a la legislación y reglamentación aplicable.

Por lo tanto, la petición de Mandamus no se perfeccionó 

conforme exige nuestro ordenamiento jurídico. Ante esto, nos 

corresponde concluir que carecemos de jurisdicción para entrar en 

los méritos del caso.

-IVPor los fundamentos que anteceden, desestimamos, sin 

perjuicio, el recurso de mandamus instado por la parte peticionaria, 

por falta de jurisdicción.9

Lo acuerda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones.

El Juez Sánchez Ramos disiente, pues, al tratarse de una 

funcionaria de una agencia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

(“ELA”), demandada en su capacidad oficial, el recurso se dirigió a 

la parte indicada (ELA), quien fue debidamente emplazada a través 

del Secretario de Justicia. Del epígrafe y el contenido del escrito 

claramente surge la naturaleza de la reclamación y la persona, 

dentro del ELA, que se alega incumplió con un deber 

ministerial. Por otra parte, la peticionaria cumplió con el requisito 

de cursar un requerimiento previo a la funcionaria (presidenta de la 

Junta de Subastas de la Administración de Servicios Generales), ello 

a través del escrito sometido a la referida Junta el 21 de febrero de 

2024.

9 Ante lo resuelto, no procede que consideremos los méritos de la alegada falta de 

notificación adecuada de la Resolución de Adjudicación Enmendada, asunto que 

sin embargo podría ser considerado motu proprio por la Junta de Subastas, o 

planteado mediante el recurso adecuado.
KLRX202400003 15

Finalmente, y en los méritos, el récord demuestra que la Junta 

omitió cumplir con su deber ministerial de notificar adecuadamente 

la Resolución de Adjudicación Enmendada SF 23J-08274, por lo 

cual hubiese expedido el auto solicitado.

 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

 Secretaria del Tribunal de Apelaciones