Número Identificador

RES2023___________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL VII

ROGELIO SANCHEZ 

MARTINEZ

recurrido

v.

MUNICIPIO 

AUTONOMO DE 

CAROLINA Y OTROS

peticionario

KLCE202301213

CERTIORARI

Procedente del

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 

Superior de Carolina

Civil Núm.:

CA2018CV02827

(401)

Sobre:

Prohibición sobre 

Represalias contra 

el Empleado

Panel integrado por su presidenta la juez Domínguez Irizarry, la juez 

Grana Martínez y el juez Pérez Ocasio

Pérez Ocasio, juez ponente

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de diciembre de 2023.

Comparece la parte peticionaria, el Municipio Autónomo de 

Carolina, su alcalde, José Carlos Aponte Dalmau y Jesús Morales 

Trujillo, mediante el recurso de epígrafe, y nos solicita la revocación 

de la Orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Carolina, el 2 de octubre del 2023, notificada el 3 del mismo mes y 

año. En el referido dictamen, el foro a quo declaró Con Lugar una 

solicitud de reconsideración presentada por la parte recurrida, el 

señor Rogelio Sánchez Martínez, y dejó sin efecto la fianza de no 

residente impuesta a este. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

deniega la expedición del auto solicitado.

I 

El 12 de octubre de 2018, el señor Sánchez Martínez instó 

una demanda en contra de la parte peticionaria, sobre la Ley Núm. 
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115-1991, 29 LPRA sec. 194 et seq, mejor conocida como la Ley de 

Represalias. En el pliego, alegó que trabajó en el Municipio 

Autónomo de Carolina desde el 3 de agosto de 2012, hasta el 31 de 

diciembre de 2017. Para entonces, ocupaba el puesto de conductor 

de vehículos de motor pesado. Adujo que fue despedido en represalia 

por unas presuntas quejas presentadas ante el alcalde del referido 

municipio. 

Tras varios incidentes procesales, entre los años 2018 a 2023, 

el 13 de septiembre de 2023, la parte aquí peticionaria presentó un 

escrito intitulado Breve Réplica. En el mismo, entre otras cosas, le 

indicó al tribunal de instancia que se le informó que el señor 

Sánchez Martínez residía fuera de la jurisdicción de Puerto Rico. 

Así, pues, el 15 de septiembre de 2023, el foro primario le 

ordenó al recurrido a que, en el término de dos (2) días, informará 

su dirección postal y física y acreditará su residencia. 

En cumplimiento con lo ordenado, el 17 de septiembre del 

2023, el señor Sánchez Martínez le indicó al tribunal que se 

encontraba residiendo en el estado de California.

Evaluado lo anterior, el 18 de septiembre de 2023, el Tribunal 

de Primera Instancia emitió una Orden en la que le impuso al 

recurrido una fianza de mil dólares ($1,000) conforme a las Regla 

69.5 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 69.5. 

En desacuerdo, el 28 de septiembre de 2023, el señor Sánchez 

Martínez presentó una solicitud de Reconsideración. En el petitorio, 

acentuó que la Regla 69.5, supra, tenía como propósito principal 

imponerle una fianza a la parte que resida fuera de Puerto Rico para 

garantizar las costas, gastos y honorarios de abogados a los que 

pueda ser condenada. Sin embargo, arguyó que la Ley de 

Reclamaciones Laborales, Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, 32 

LPRA 3118 et seq, disponía que todo caso radicado en los tribunales 

de Puerto Rico por un empleado, en el que se conceda la 
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reclamación, se condenará al patrono al pago de honorarios. 

Asimismo, aseveró, que el Artículo 2 de la Ley que Regula la 

Concesión de Honorarios de Abogado en los Casos de Reclamaciones 

de Trabajadores o Empleados contra sus Patronos, Ley Núm. 402 de 

12 de mayo de 1950, 32 LPRA sec. 3115, detallaba que cuando se 

dicte sentencia a favor del patrono o querellado, no se condenará al 

empleado querellante al pago de honorarios de abogado. Así pues, 

sostuvo que la Regla 69. 5, supra, iba en contra de los objetivos que 

perseguían las leyes laborales. En virtud de lo anterior, solicitó al 

tribunal que reconsiderara la fianza impuesta. 

El 2 de octubre de 2023, notificada, el 3 del mismo mes y año, 

el foro primario emitió una Orden en la declaró Con Lugar la solicitud 

de reconsideración y dejó sin efecto la fianza impuesta. 

Inconforme con dicha determinación, el 2 de noviembre del 

año en curso, la parte peticionaria acudió ante nos mediante el 

recurso del epígrafe y realizó el siguiente señalamiento de error:

Erró el TPI al revertir su Orden del 18 de septiembre de 

2023 y emitir la Orden notificada el 3 de octubre de 

2023, en la cual dejó sin efecto su determinación de 

requerir al demandante prestar fianza de no residente. 

En la misma fecha, la parte peticionaria presentó una Moción 

en Auxilio de Jurisdicción, mediante la cual solicitó que 

paralizáramos los procedimientos en el foro a quo, hasta la 

disposición final del recurso de epígrafe. 

Evaluada la petición, el 3 de noviembre de 2023, emitimos 

una Resolución en la que declaramos Con Lugar la solicitud de 

auxilio de jurisdicción y ordenamos la paralización de los 

procedimientos en el Tribunal de Primera Instancia. A su vez, 

solicitamos a la parte recurrida a presentar su posición conforme 

dispone la Regla 37 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XII-B, R. 37. 
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El 13 de noviembre del 2023, el señor Sánchez Martínez 

compareció en oposición.

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procedemos a resolver. 

II

A. Certiorari 

El certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un 

tribunal de jerarquía superior puede revisar discrecionalmente una 

decisión de un tribunal inferior. Rivera Gómez y otros v. Arcos de 

Dorados Puerto Rico, Inc. y otros, 2023 TSPR 65, 212 DPR ___ (2023); 

Torres González v. Zaragoza Meléndez, 2023 TSPR 46, 211 DPR ___ 

(2023); Caribbean Orthopedics v. Medshape et al., 207 DPR 994, 

1004 (2021); 800 Ponce de León v. AIG, 285 DPR 163, 174-175 

(2020). Ahora bien, tal discreción no opera en lo abstracto. Con 

respecto a lo anterior y para revisar los dictámenes interlocutorios 

del Tribunal de Primera Instancia, la Regla 52.1 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, dispone, en su parte pertinente, lo 

siguiente: 

El recurso de certiorari para revisar resoluciones u 

órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de 

Primera Instancia, solamente será expedido por el 

Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una 

resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 de este 

apéndice o de la denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo. No obstante, y por excepción a lo dispuesto 

anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá revisar 

órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el 

Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de 

decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos 

o peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios 

evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de 

relaciones de familia, en casos que revistan interés 

público o en cualquier otra situación en la cual esperar 

a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la 

justicia. Al denegar la expedición de un recurso de 

certiorari en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no 

tiene que fundamentar su decisión.

[. . .]
KLCE202301213 5

Según se desprende de la citada Regla, este foro apelativo 

intermedio podrá revisar órdenes interlocutorias discrecionalmente, 

cuando se recurre de decisiones sobre la admisibilidad de testigos 

de hechos o peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios 

evidenciarios, anotaciones de rebeldía o en casos de relaciones de 

familia o que revistan interés público, o en aquellas circunstancias 

en las que revisar el dictamen evitaría un irremediable fracaso de la 

justicia, entre otras contadas excepciones. Mun. de Caguas v. JRO 

Construction, 201 DPR 703, 710-711 (2019).

Luego de auscultar si el recurso discrecional cumple con las 

disposiciones de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, el 

tribunal procederá a evaluar el recurso a la luz de la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 

La mencionada regla expone los criterios que esta Curia deberá 

considerar para ejercer sabia y prudentemente su decisión de 

atender o no las controversias ante sí. Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, 175 DPR 83, 96-97 (2008). Véase, además, Rivera Gómez 

y otros v. Arcos de Dorados Puerto Rico, Inc. y otros, supra; Pueblo v. 

Rivera Montalvo, 205 DPR 352, 372 (2020). 

Así, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

supra, funge como complemento a la Regla 52.1 de Procedimiento 

Civil, supra. Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra. La 

precitada Regla dispone lo siguiente:

El [T]ribunal tomará en consideración los siguientes 

criterios al determinar la expedición de un auto de 

certiorari o de una orden de mostrar causa:

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho.

(B) Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema.

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia.
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(D) Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

(E) Si la etapa de los procedimientos en que se 

presenta el caso es la más propicia para su 

consideración.

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causa un fraccionamiento indebido del pleito 

y una dilación indeseable en la solución final del litigio.

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia. 4 LPRA Ap. XXIIB, R. 40.

Sin embargo, ninguno de los mencionados criterios es 

determinante, por sí solo, para este ejercicio y no constituye una 

lista exhaustiva. García v. Padró, 165 DPR 324, 335 (2005). Por lo 

que, de los factores esbozados “se deduce que el foro apelativo 

intermedio evaluará tanto la corrección de la decisión recurrida, así 

como la etapa del procedimiento en que es presentada; esto, para 

determinar si es la más apropiada para intervenir y no ocasionar un 

fraccionamiento indebido o una dilación injustificada del litigio”. 

Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, pág. 97. (Énfasis 

omitido).

Nuestro Tribunal Supremo ha expresado también que, de 

ordinario, el tribunal revisor “no intervendrá con el ejercicio de la 

discreción de los tribunales de instancia, salvo que se demuestre 

que hubo un craso abuso de discreción, o que el tribunal actuó con 

prejuicio o parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o 

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y 

que nuestra intervención en esa etapa evitará un perjuicio 

sustancial”. Zorniak Air Servs. v. Cessna Aircraft Co., 132 DPR 170, 

181 (1992), citando a Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 

745 (1986). Véase, además, Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 

140, 155 (2000).

Finalmente, precisa señalar que la denegatoria a expedir un 

recurso discrecional no implica la ausencia de error en el dictamen, 
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cuya revisión se solicitó, ni constituye una adjudicación en sus 

méritos. Al contrario, responde a la facultad discrecional del foro 

apelativo intermedio para no intervenir a destiempo con el trámite 

pautado por el foro de instancia. Torres Martinez v. Torres Ghigliotty, 

supra, pág. 98. 

III

La parte peticionaria aduce que el foro primario incidió en 

relevar al señor Sánchez Martínez de la fianza de no residente. 

Sostiene que, a pesar de que la Ley 402, supra, dispone que, cuando 

se dicte sentencia a favor de un patrono querellado en una 

reclamación laboral, no se le impondrá al empleado querellante el 

pago de honorarios, la misma especifica que, para efectos de aplicar 

la política pública promulgada, la palabra patrono incluirá las 

autoridades y corporaciones públicas del Gobierno Estatal o sus 

representantes. Así, pues, arguye, que, aunque el Municipio es una 

entidad gubernamental, no es gobierno estatal, ni una corporación 

pública. Por otra parte, plantea que en el caso de epígrafe no se 

encuentran presentes ninguna de las excepciones contempladas por 

el ordenamiento jurídico vigente para relevar a una persona de la 

aplicación de la Regla 69.5 de Procedimiento Civil, supra.

Precisa señalar que las leyes laborales persiguen dar acceso a 

la justicia a personas en una situación económica precaria, puesto 

que han sido cesanteados de su empleo, presuntamente, de forma 

injustificada. Así pues, nuestro más Alto Foro ha expresado que la 

legislación laboral es un instrumento de justicia social y debe 

interpretarse de la forma más favorable al obrero. Acevedo Arocho v. 

Departamento de Hacienda de Puerto Rico, 2023 TSPR 80, 212 DPR 

___ (2023); Whittenburg v. Col. Ntra. Sra. del Carmen, 182 DPR 937

951 (2011); Sánchez v. Sylvania Lighting, 167 DPR 247, 254 (2006).

Conforme a lo expuesto, entendemos que la Regla 69.5, supra, es 
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incompatible con todo caso en cual un empleado reclame un 

derecho contra su patrono.

En virtud de lo anterior, y luego de un examen sosegado del 

expediente ante nos, concluimos que no existe criterio jurídico que 

amerite nuestra intervención con lo resuelto por el foro primario, y 

que nuestra intervención, en esta etapa de los procedimientos, no 

resulta oportuna. Asimismo, entendemos que en el presente caso no 

se encuentran presentes ninguno de los criterios de la Regla 40 de 

nuestro reglamento, supra, que permiten que expidamos el recurso 

discrecional ante nos. Por tanto, denegamos expedir el auto de 

certiorari que nos ocupa. 

IV

Por los fundamentos que anteceden, se deniega la expedición 

del recurso de certiorari solicitado y se deja sin efecto la 

paralización de los procedimientos decretada mediante la Resolución 

emitida el 3 de noviembre de 2023. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

La Jueza Grana Martínez concurre sin opinión escrita.

LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS

Secretaria del Tribunal de Apelaciones