Número Identificador

SEN2024________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL I

MARÍA I. DE LEÓN 

MONROUZEAU

Recurrente

V.

NEGOCIADO DE SEGURIDAD 

DE EMPLEO (NSE)

Recurridos

KLRA202300608

Revisión Judicial 

procedente del 

Departamento del 

Trabajo y Recursos 

Humanos Negociado 

de Seguridad de 

empleo

Caso Núm: A-01779-

23S

Sobre:

Inelegibilidad a los 

beneficios del Seguro 

Por Desempleo 

Sección 4(b)(3) de la 

Ley de Seguridad de 

Empleo de Puerto 

Rico

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez 

Pagán Ocasio y el Juez Marrero Guerrero.

Pagán Ocasio, juez ponente

SENTENC IA

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de enero de 2024.

I.

El 27 de noviembre de 2023, la señora María L. De León 

Monrouzeau (señora De León Monrouzeau o recurrente) presentó, 

por derecho propio, una Solicitud de revisión administrativa en la 

que solicitó que revisemos una Decisión del Secretario del Trabajo y 

Recursos Humanos emitida por la Oficina de Apelaciones ante el 

Secretario del Trabajo y Recursos Humanos (Oficina de Apelaciones

ante el Secretario) el 5 de octubre de 2023.1 En la decisión, se validó 

una Determinación dictada por la División de Apelaciones de la 

agencia, que a su vez confirmó la determinación del Negociado de 

Seguridad de Empleo (NSE o parte recurrida) el 16 de mayo de 2023 

en la que, a su vez, denegó una solicitud de beneficios por desempleo

promovida por la recurrente.

1 Apéndice de la Solicitud de revisión administrativa, Anejo 15. 
KLRA202300608 2

El 29 de noviembre de 2023, emitimos una Resolución en la 

que le concedimos al Departamento del Trabajo y Recursos 

Humanos (DTRH) hasta el 27 de diciembre de 2023 para presentar 

su alegato en oposición.

El 27 de diciembre de 2023, Atenas Community Health 

Center, Inc. (ACHC), patrono de la señora De León Monrouzeau, 

radicó una Solicitud de intervención y autorización para presentar 

Alegato del patrono en oposición a solicitud de revisión en la que nos 

solicitó que autorizáramos su intervención en el caso y la 

presentación de su alegato en oposición al recurso de epígrafe.

Ese mismo día, el NSE presentó una Solicitud de breve término 

adicional en la que nos solicitó que le concediéramos un término 

adicional de diez (10) días para exponer su posición en cuanto al 

recurso.

El 8 de enero de 2024, emitimos una Resolución en la que le 

concedimos al NSE hasta el 19 de enero de 2024 para expresar su 

posición sobre el recurso y autorizamos la intervención solicitada 

por ACHC.

Ese mismo día, el NSE radicó un Escrito en cumplimiento de 

Resolución para exponer su posición en el que argumentó que 

procedía confirmar la determinación de la agencia. 

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procedemos a esbozar el derecho relevante a la controversia ante 

nos.

II.

El caso de marras tiene su génesis el 12 de abril de 2023 

cuando la señora De León Monrouzeau fue despedida 

inmediatamente de su empleo en ACHC por un incidente ocurrido 

con una supervisora. 

A raíz de ello, el 20 de abril de 2023, la recurrente solicitó los 

beneficios del seguro por desempleo al amparo de la Ley de 
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Seguridad de Empleo de Puerto Rico, Ley Núm. 74 de 21 de junio de 

1956, según enmendada, 24 LPRA secs. 701 et seq., (Ley Núm. 74-

1956).

El 2 de mayo de 2023, el NSE emitió una Transcripción de 

salarios y determinación monetaria en la que se detallaron los 

beneficios a los que podría tener derecho la señora De León 

Monrouzeau.

2

El 16 de mayo de 2023, el NSE emitió una Determinación en 

la que denegó la solicitud de beneficios promovida por la recurrente 

bajo el fundamento de que quedó descalificada por conducta 

incorrecta con relación al empleo (insubordinación), en virtud de la 

Sección 4(b)(3) de la Ley Núm. 74-1956, 29 LPRA sec. 704(b)(3).

3 En 

concreto, el NSE consignó la siguiente expresión:

USTED FUE DESPEDIDO DE SU EMPLEO POR 

INSUBORDINACI[Ó]N. LA INFORMACI[Ó]N OBTENIDA 

REVELA QUE INCURRI[Ó] EN DICHA FALTA.

SE CONSIDERA QUE UN TRABAJADOR QUE 

OBSERVE UNA ACTITUD INAPROPIADA, EN SU 

LUGAR DE TRABAJO, INCURRE EN CONDUCTA 

INCORRECTA EN RELACI[Ó]N CON SU EMPLEO.

SE DESCALIFICA DESDE 4/23/23 E 

INDEFINIDAMENTE HASTA TANTO TRABAJE EN UN 

EMPLEO CUBIERTO DURANTE UN PERIODO NO 

MENOR DE CUATRO SEMANAS Y GANE DIEZ VECES 

SU BENEFICIO SEMANAL ASIGNADO.

[...]

En desacuerdo, la señora De León Monrouzeau radicó una 

Apelación de determinación en la que impugnó la Determinación del 

NSE.4 En el escrito, la recurrente narró su versión de los hechos que 

motivaron el despido, los cuales tenían que ver con una discrepancia 

con la Subdirectora de Finanzas de ACHC por el pago de días de 

vacaciones. En esencia, planteó que no correspondía que se le 

privara del beneficio de seguro por desempleo a raíz del incidente. 

2 Íd., Anejo 1.

3 Íd., Anejo 2.

4 Íd., Anejo 4.
KLRA202300608 4

Posteriormente, el NSE emitió una Orden y señalamiento de 

audiencia ante el árbitro: Audiencia telefónica en la que citó a la 

recurrente y a su último patrono, ACHC, a una audiencia telefónica 

ante la Árbitra a celebrarse el 10 de julio de 2023.5

El 27 de junio de 2023, la señora De León Monrouzeau solicitó 

una audiencia presencial ante la Árbitra asignada al caso.6

El 28 de junio de 2023, la División de Apelaciones declaró No 

Ha Lugar la solicitud de audiencia presencial promovida por la 

recurrente.7

Posteriormente, el 5 de julio de 2023, la División de 

Apelaciones pospuso la audiencia telefónica.8

El 15 de agosto de 2023, se celebró la audiencia telefónica 

ante la Árbitra.

9

El 22 de agosto de 2023, la señora De León Monrouzeau 

solicitó la inhibición de la Árbitra, basándose en que la funcionaria

había solicitado empleo en el Poder Ejecutivo mientras presidía el 

caso.10 A su entender, existía conflicto debido a que ACHC era una 

corporación cuasi pública con una Junta de Directores presidida 

por el alcalde del Municipio de Manatí, quien, a su vez, era afín 

políticamente al Gobernador de Puerto Rico.

Ese mismo día, la Árbitra emitió una Resolución en la que 

confirmó la Determinación del NSE y concluyó que la señora De León 

Monrouzeau era inelegible para los beneficios de compensación de 

seguro por desempleo.11 Concretamente, consignó las siguientes 

determinaciones de hechos:

1. Reclamante trabajó para el patrono, Atenas Community 

Health Center, como Contable desde 16 de marzo de 2022 

hasta el 12 de abril de 2023.

5 Íd., Anejo 5.

6 Íd., Anejo 6.

7 Íd., Anejos 7 y 8.

8 Íd., Anejos 9 y 10.

9 Lo anterior surge de la posterior Resolución emitida por la Árbitra el 22 de agosto 

de 2023, véase Íd., Anejo 13.

10 Íd., Anejo 12.

11 Íd., Anejo 13.
KLRA202300608 5

2. Patrono condujo una investigación por hechos donde se 

le imputada [sic] a la reclamante faltas a las normas de 

conducta e insubordinación.

3. La reclamante bajo testimonio juramentado y no 

controvertido testificó que la Sra. Yaribet Ayala, Sub 

Directora de la Oficina de Recursos Humanos, se personó 

a tomarle su testimonio como parte del proceso interno 

investigativo. La reclamante de manera libre y voluntaria 

declinó presentar su testimonio y participar de la 

investigación realizada por patrono.

4. La investigación concluyó que la reclamante incurrió en 

las faltas imputadas.

5. La parte reclamante fue despedida por faltas a las normas 

de comportamiento apropiado de la empresa e 

insubordinación.

Asimismo, declaró No Ha Lugar la petición de inhibición promovida 

por la recurrente.

El 2 de septiembre de 2023, la señora De León Monrouzeau 

presentó una Apelación de resolución ante la Oficina de Apelaciones

ante el Secretario en la que impugnó la Resolución emitida por la 

Árbitra.

12 En ella, adujo que el peso de la prueba le correspondía al 

patrono y que ACHC no presentó prueba documental alguna. 

Asimismo, esbozó que la Árbitra omitió de sus determinaciones de 

hechos varias declaraciones pertinentes y materiales hechas por la 

recurrente en la vista celebrada, impidiendo la justa resolución del 

caso.

El 5 de octubre de 2023, la Oficina de Apelaciones ante el 

Secretario emitió la Decisión del Secretario del Trabajo y Recursos 

Humanos recurrida en la que adoptó las determinaciones de la 

Árbitra y, en consecuencia, confirmó la Resolución apelada.

13

El 18 de octubre de 2023, la señora De León Monrouzeau

radicó una Moción de reconsideración en la que solicitó que la Oficina 

de Apelaciones ante el Secretario reconsiderara la determinación.

14

En ella, planteó que la decisión de la Árbitra la privaba del derecho 

propietario sobre los beneficios que la Ley Núm. 74-1956, supra, le

proveía, que el peso de la prueba recaía sobre el patrono, que ACHC 

12 Íd., Anejo 14.

13 Íd., Anejo 15.

14 Íd., Anejo 16.
KLRA202300608 6

no presentó prueba documental y que la Árbitra omitió de sus 

determinaciones varias declaraciones, pertinentes y materiales, que 

se hicieron sin que el patrono las controvirtiera. Asimismo, adujo 

que, contrario a lo ventilado ante la Árbitra, la señora Yarivette Ayala 

no fungió como Subdirectora de Finanzas de la compañía.

El 27 de octubre de 2023, la Oficina de Apelaciones ante el 

Secretario emitió una Decisión del Secretario del Trabajo y Recursos 

Humanos en reconsideración en la que declaró No Ha Lugar la 

solicitud de reconsideración presentada por la recurrente.15

Inconforme, el 27 de noviembre de 2023, la señora De León 

Monrouzeau presentó el recurso de epígrafe y le imputó al organismo 

administrativo la comisión del siguiente error:

Erró el Secretario del Departamento del Trabajo y 

Recursos Humanos en confirmar la decisión de la 

Árbitro sin el patrono haber presentado prueba 

documental alguna, ni testigos presenciales de la 

alegada conducta impropia por la cual se me despidió 

de inmediato, ni evidencia de acuse de recibo por mi 

persona del Reglamento y/o Manual de Empleados del

patrono, tampoco Recursos Humanos tuvo algún tipo 

de acercamiento de su parte a quien subscribe en 

relaci[ó]n de alegada conducta impropia, excepto el 

mismo día del despido inmediato.

Según planteó, en la audiencia ante la Árbitra en la que la agencia 

basó su determinación final, no se presentó prueba documental 

alguna, ni testigos sobre el alegado incidente que provocó el despido. 

En adición, esbozó que las actuaciones de ACHC fueron arbitrarias 

y caprichosas, rechazó haber cometido una falta grave que motivara 

su despido injustificado y arguyó que ACHC no demostró hechos 

concretos que justificaran su despido inmediato. También, resaltó 

que, como cuestión de hechos, no hubo amonestaciones verbales ni 

escritas respecto a violaciones al Manual de Conducta del Empleado 

con anterioridad a la fecha del despido inmediato.

15 Íd., Anejo 17.
KLRA202300608 7

El 29 de noviembre de 2023, emitimos una Resolución en la 

que le concedimos al Departamento del Trabajo y Recursos 

Humanos (DTRH) hasta el 27 de diciembre de 2023 para presentar 

su alegato en oposición.

El 27 de diciembre de 2023, ACHC radicó una Solicitud de 

intervención y autorización para presentar Alegato del patrono en 

oposición a solicitud de revisión en la que nos solicitó que 

autoricemos tanto su comparecencia como parte interventora en el 

pleito como la presentación de un alegato en oposición al recurso de 

epígrafe. Posteriormente, el 8 de enero de 2024, emitimos una 

Resolución en la que autorizamos la intervención de ACHC.

En el Alegato del patrono en oposición a solicitud de revisión, 

ACHC planteó que correspondía declarar No Ha Lugar la Solicitud 

de revisión. En su escrito, arguyó que: (1) la señora De León 

Monrouzeau no tiene legitimación activa para instar el presente 

recurso, toda vez que no puede demostrar que la determinación del 

NSE le ocasionó un daño preciso; (2) aún si tuviera legitimación, se 

debería denegar el recurso, puesto que la recurrente no demostró 

que la agencia erró al aplicar la ley, actuó de manera arbitraria, 

irrazonable o ilegal, o lesionó derechos constitucionales 

fundamentales; (3) las determinaciones de hecho de la Árbitra 

estuvieron basadas en el testimonio de la recurrente, quien admitió 

que incumplió con una solicitud del patrono, y de una representante 

del patrono, quien testificó con conocimiento personal sobre la 

investigación posterior que se llevó a cabo; y (4) la determinación 

recurrida merece entera deferencia por parte de esta Curia. 

También, subrayó que recaía en la recurrente el peso de la prueba 

de demostrar que la agencia basó su adjudicación de credibilidad o 

sus determinaciones de hecho o derecho en elementos de 

parcialidad, sin sustento en la prueba o irrazonablemente. Por 
KLRA202300608 8

último, hizo hincapié en que la recurrente admitió que ocurrió un 

incidente con su supervisora.

El 8 de enero de 2024, el NSE radicó un Escrito en 

cumplimiento de resolución en el que argumentó que procedía 

confirmar la determinación de la agencia. En suma, planteó que la 

recurrente no nos puso en posición de variar la apreciación de la 

prueba por parte de la agencia, ni derrotó la presunción de legalidad 

y corrección que la cobija. Por un lado, arguyó que no presentó un 

método para la reproducción de la prueba desfilada ante la Árbitra. 

Por el otro, esbozó que, en la audiencia telefónica celebrada el 15 de 

agosto de 2023, declararon tanto la directora de Recursos Humanos 

de ACHC, la señora María Oquendo Rivera (señora Oquendo Rivera), 

como la señora De León Monrouzeau. Sobre el testimonio de la 

señora Oquendo Rivera, adujo que esta testificó sobre 

amonestaciones verbales que se le hicieron a la recurrente por 

violación al comportamiento de la empresa debido a faltas de respeto 

a su supervisora e insubordinación y sobre un incidente previo al 

despido. Sobre el testimonio de la recurrente, alegó que admitió que 

no atendió los requerimientos de su supervisora; que expulsó a la 

supervisora de su oficina en repetidos incidentes; y que no quiso 

participar en la investigación realizada por el patrono.

A continuación, esbozamos el derecho relevante a la 

controversia ante nos.

III.

A.

La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno 

de Puerto Rico, Ley Núm. 38 de 2017, según enmendada, 3 LPRA 

secs. 9601 et seq., (LPAU) establece el alcance de la revisión judicial 

de las determinaciones de las agencias administrativas. A tenor de 

esta y la jurisprudencia aplicable, la revisión judicial consiste, 

esencialmente, en determinar si la actuación de la agencia se dio 
KLRA202300608 9

dentro de las facultades que le fueron conferidas por ley, si es 

compatible con la política pública que la origina y si es legal y 

razonable. Capó Cruz v. Junta de Planificación, 204 DPR 581, 

590-591 (2020); Rolón Martínez v. Supte. Policía, 201 DPR 26, 35 

(2018). Es decir, que este tipo de revisión busca limitar la discreción 

de las agencias y garantizar que estas desempeñen sus funciones de 

acuerdo con los confines de la ley. García Reyes v. Cruz Auto 

Corp., 173 DPR 870, 891-892 (2008). De la mano con esto, es norma 

reiterada de derecho que los foros revisores le concederán gran 

deferencia y consideración a las decisiones de las agencias 

administrativas, debido a la vasta experiencia y el conocimiento 

especializado sobre los asuntos que le fueron delegados. Graciani 

Rodríguez v. Garage Isla Verde, LLC, 202 DPR 117, 126 (2019); 

Rolón Martínez v. Supte. Policía, supra. Conforme a ello, los 

tribunales deben ser cautelosos al intervenir con las decisiones de 

los organismos administrativos. Metropolitana, S.E. v. A.R.Pe., 

138 DPR 200, 213 (1995); Gallardo v. Clavell, 131 DPR 275, 289–

290 (1992).

Por las razones antes aludidas, las decisiones de las agencias 

administrativas gozan de una presunción de regularidad y 

corrección. Capó Cruz v. Junta de Planificación, supra; Rolón 

Martínez v. Supte. Policía, supra; García v. Cruz Auto Corp., 

supra, pág. 892. La presunción de corrección que acarrea una 

decisión administrativa deberá sostenerse por los tribunales a 

menos que la misma logre ser derrotada mediante la identificación 

de evidencia en contrario que obre en el expediente 

administrativo. Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 DPR 64, 130 (1998). 

Así, al momento de revisar una decisión administrativa, el 

criterio rector para los tribunales será la razonabilidad en la 

actuación de la agencia. Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 76 

(2004). Cónsono con ello, será necesario determinar si la agencia 
KLRA202300608 10

actuó de forma arbitraria, ilegal o de manera tan irrazonable que su 

actuación constituyó un abuso de discreción. Rolón Martínez v. 

Supte Policía, supra, pág. 35. 

Según ha quedado establecido como norma general, el 

ejercicio de revisión judicial de una decisión administrativa se limita 

a tres asuntos: (1) la concesión del remedio apropiado; (2) la revisión 

de las determinaciones de hecho conforme al criterio de evidencia 

sustancial que obra en el expediente administrativo; y (3) la revisión 

completa y absoluta de las conclusiones de derecho. Asoc. Fcias. v. 

Caribe Specialty et al. II, 179 DPR 923, 940 (2010).

De esta forma, en el contexto de las determinaciones de 

hechos realizadas por las agencias administrativas, nuestro más 

alto foro ha pautado que los tribunales no deben intervenir o alterar 

las determinaciones de hechos de un organismo administrativo “si 

las mismas están sostenidas por evidencia sustancial que surja del 

expediente administrativo considerado en su totalidad”. Otero 

Mercado v. Toyota, 163 DPR 716, 727-728 (2005); Domínguez v. 

Caguas Expressway Motors, Inc., 148 DPR 387, 397 (1999).

Dentro de este marco, evidencia sustancial se entiende como 

“aquella evidencia pertinente que una mente razonable pueda 

aceptar como adecuada para sostener una conclusión”. Ramírez v. 

Depto. de Salud, 147 DPR 901, 905 (1999). Por ello, la parte que 

alegue que alegue ausencia de evidencia sustancial debe demostrar 

que existe: 

“[O]tra prueba en el récord que razonablemente 

reduzca o menoscabe el peso de tal evidencia, hasta el punto 

de que un tribunal no pueda, concienzudamente, concluir 

que la evidencia sea sustancial [...] hasta el punto que se 

demuestre claramente que la decisión [del organismo 

administrativo] no está justificada por una evaluación justa 

del peso de la prueba” que tuvo ante su consideración. 

Metropolitana S.E. v. A.R.Pe., 138 DPR 200, 213 (1995) 

citando a Hilton Hotels International, Inc. v. Junta de 

Salario Mínimo, 74 DPR 670, 686 (1983).

En otras palabras, la parte recurrente tiene la obligación de derrotar 

la presunción de corrección de los procesos y de las decisiones 
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administrativas. Fac. C. Soc. Aplicadas, Inc. v. C.E.S., 133 DPR 

521, 532 (1993). Si no demuestra que existe esa otra prueba, las 

determinaciones de hechos del organismo administrativo deben ser 

sostenidas por el tribunal revisor. Ramírez v. Depto. de Salud, 

supra, pág. 905. 

Ahora bien, cuando se trate de conclusiones de derecho que 

no envuelvan interpretaciones dentro del área de especialización de 

la agencia, éstas se revisarán por los tribunales sin circunscribirse 

al razonamiento que haya hecho la agencia. Capó Cruz v. Junta de 

Planificación, supra; Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409, 432 

(2003); Rivera v. A & C Development Corp., 144 DPR 450, 461 

(1997). Cuando las determinaciones de las agencias estén 

entremezcladas con conclusiones de derecho, el tribunal tendrá 

amplia facultad para revisarlas, como si fuesen una cuestión de 

derecho propiamente. Pacheco v. Estancias, supra, pág. 433;

Rivera v. A & C Development Corp., supra. En nuestro 

ordenamiento jurídico, es norma reiterada que, en el proceso de 

revisión judicial, los tribunales tienen la facultad de revocar al foro 

administrativo en materias jurídicas. Véase, además, la Sec. 4.5 de 

LPAU, 3 LPRA sec. 9675.

Es pertinente señalar que nuestro sistema de adjudicación 

administrativo busca “alentar la solución informal de las 

controversias”, según establece la Sec. 1.2 de la LPAU, supra sec. 

9602. Para ello, la LPAU permite que las agencias establezcan las 

reglas y procedimientos que regirán ante sí para la solución rápida 

e informal de las controversias; siempre salvaguardando los 

derechos garantizados por ley. Íd. Por lo cual, las agencias no 

quedan sometidas a un procedimiento rígido que obstaculiza la 

producción de una solución rápida, justa y económica. Íd. 

En suma, la referida deferencia debe ceder cuando se 

demuestre que: (1) la decisión no está basada en evidencia 
KLRA202300608 12

sustancial; (2) la agencia ha errado en la aplicación de la ley; (3) la 

actuación de la agencia resulta ser arbitraria, irrazonable o ilegal; y 

(4) la actuación administrativa lesiona derechos constitucionales 

fundamentales. The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, 185 DPR 

800, 822 (2012) (citando a Empresas Ferrer v. A.R.PE., 172 DPR 

254, 264 (2007)).

B.

Cónsono con el deber de la parte que cuestiona una 

determinación de una agencia administrativa de derrotar la 

presunción de corrección y regularidad que las cobija, nuestro 

Tribunal Supremo ha establecido que cuando se impugna una 

determinación de hecho que se base en la prueba oral desfilada y la 

credibilidad que le mereció el foro, entonces corresponderá traer a 

la consideración la transcripción de la vista celebrada o una 

exposición narrativa de la prueba. Graciani Rodríguez v. Garage 

Isla Verde, LLC, 202 DPR 117, 129 (2019) citando a Camacho 

Torres v. AAFET, 168 DPR 66, 92 (2006). Es decir, el Tribunal de 

Apelaciones no debe intervenir con la apreciación de la prueba oral

hecha por una agencia cuando no tenga forma de evaluar la 

evidencia presentada porque la parte promovente del recurso no 

haya elevado una transcripción o una exposición narrativa de la 

prueba. Íd.

Es por lo anterior que nuestra reglamentación del proceso 

apelativo regula la presentación de la reproducción de la prueba oral 

desfilada ante el ente administrativo. Íd. En específico, la Regla 66 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 

66, prescribe lo siguiente:

(A) Cuando se apuntare error en la apreciación de la prueba 

oral o que alguna determinación de hechos no esté sostenida 

por la prueba y sea necesario recurrir a la reproducción de 

la prueba oral, la parte recurrente lo hará constar en moción 

por separado, presentada junto al escrito inicial de revisión. 

De no solicitarlo así la parte recurrente, las demás partes 

podrán efectuar igual solicitud dentro de diez días contados 

a partir de la notificación del recurso de revisión. 
KLRA202300608 13

(B) En dicha moción la parte interesada sustanciará y 

probará la necesidad de recurrir a la prueba oral, con vista a 

las determinaciones de hechos de la agencia o del 

funcionario o funcionaria, haciendo referencia a las 

cuestiones planteadas en la solicitud de revisión y al 

contenido de los testimonios específicos que se interesa 

utilizar. La omisión de cumplir con esta regla podrá dar lugar 

a que se declare sin lugar la moción. 

(C) La reproducción de la prueba oral se hará conforme a lo 

estatuido en las Reglas 76 y 76.1 de este Reglamento, 

debiendo efectuar la agencia los trámites que corresponden 

al Tribunal de Primera Instancia.

C.

La Ley Núm. 74-1956, supra, fue aprobada para promover la 

seguridad de empleos y proveer para el pago de compensación a 

personas desempleadas mediante la acumulación de reservas. 24 

LPRA sec. 701. En aras de cumplir dicho propósito, la referida Ley 

prescribe, en su Sección 4, las condiciones para recibir el beneficio 

diseñado por el estatuto. supra sec. 704. Entre ellas, designó tanto 

criterios de elegibilidad como factores de descalificación, quedando 

estas últimas contenidas en el inciso (b) de la sección. 29 LPRA sec. 

704(b). En lo pertinente, dicha sección establece lo siguiente:

(b) Descalificaciones. — Un trabajador asegurado no será 

descalificado para recibir crédito por semana de espera o 

beneficios por cualquier semana de desempleo a menos que, 

con respecto a dicha semana, el Director determine que:

[...]

(3) fue despedido o suspendido por conducta incorrecta en 

relación con su trabajo, en cuyo caso no podrá recibir 

beneficio por la semana en que fue despedido o suspendido 

y hasta que haya prestado servicios en empleo cubierto bajo 

esta ley o bajo la ley de cualquier estado de los Estados 

Unidos durante un período no menor de cuatro (4) semanas 

y haya devengado salarios equivalentes a diez (10) veces su 

beneficio semanal; o

[...] 29 LPRA sec. 704(b)(3).

Ahora bien, el procedimiento estatuido por la Ley Núm. 74-

1956, supra, consiste, a grandes rasgos, en: (1) una determinación 

emitida por el Director del NSE respecto a las solicitudes que 

cualquier persona puede presentar para que se designe su condición 

de asegurado, conforme establece el inciso (b) de la Sección 5, 29 

LPRA sec. 705(b); (2) la posibilidad de solicitar reconsideración ante 

el Director del NSE, según permite el inciso (g) de la Sección 5, 29 
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LPRA sec. 705(g); (3) la apelación de la determinación del Director 

ante un árbitro designado por el Secretario del Trabajo y Recursos 

Humanos, al amparo de la Sección 6, 29 LPRA sec. 706; y (4) la 

revisión final de la determinación del árbitro por el Secretario del 

Trabajo y Recursos Humanos.

IV.

En el caso de marras, la determinación final de la agencia 

recurrida sostuvo la denegatoria de beneficios por desempleo a la 

señora De León Monrouzeau tras concluir que fue despedida por 

haber incurrido en conducta incorrecta, consistente en faltas a las 

normas de comportamiento apropiado de la empresa e 

insubordinación. La decisión fue la culminación del proceso 

administrativo, promovido por la recurrente, en búsqueda de recibir 

dicho beneficio, provisto por la Ley Núm. 74-1956, supra. En dicho 

proceso se observaron todas las garantías del debido proceso de ley.

En desacuerdo, la señora De León Monrouzeau arguyó que el 

Secretario del Trabajo y Recursos Humanos erró al confirmar la 

denegatoria porque ACHC no presentó prueba documental, ni 

testigos de la alegada conducta impropia, ni evidencia de recibo del 

Reglamento o Manual de Empleados. Asimismo, en su imputación 

de error, señaló que la división de Recursos Humanos de ACHC no 

tuvo ningún acercamiento hacia la recurrente con relación a la 

alegada conducta impropia, excepto en el día de su despido. En 

suma, rechazó haber cometido una falta de tal gravedad que 

justificara su despido, planteó que las actuaciones del patrono 

fueron arbitrarias y caprichosas y argumentó que el patrono no 

demostró hechos que establecieran que el despido fue justificado.

Ahora bien, en su argumentación del error señalado, la 

recurrente cuestionó la apreciación de la prueba por parte de la 

Árbitra que presidió la presentación de evidencia sobre los hechos 
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del caso. No obstante, no acompañó su recurso de método alguno 

de reproducción de la prueba desfilada y examinada por la Árbitra.

En apoyo de la determinación recurrida, ACHC alegó que la 

recurrente carece de legitimación activa para promover el presente 

recurso, que tampoco demostró que la agencia erró o actuó 

arbitraria, irrazonable o ilegalmente, que las determinaciones de 

hecho se basaron en el testimonio desfilado y que la recurrente 

admitió que el incidente con la supervisora ocurrió. En 

consecuencia, arguyó que la debida deferencia a la agencia 

administrativa no debía ceder.

A lo anterior, se sumó la posición del NSE, comunicada por el 

Procurador General, mediante la que aseveró que la señora De León 

Monrouzeau no colocó a esta Curia en posición de variar la 

apreciación de la prueba por parte de la agencia, ni derrotó la 

presunción de corrección que cobija dicha determinación. Para 

sostener lo anterior, hizo referencia al testimonio vertido ante la 

agencia por la propia recurrente y por la directora de Recursos 

Humanos de ACHC sobre el incidente que provocó el despido.

Tras un análisis objetivo, sereno y cuidadoso del expediente,

en correcta práctica adjudicativa apelativa, concluimos que no se 

cometió el error señalado y, por lo tanto, corresponde confirmar la 

determinación recurrida.

En primer lugar, la señora De León Monrouzeau no nos colocó 

en posición de evaluar efectiva y objetivamente el error imputado 

respecto a la apreciación de la prueba. En su escrito, la recurrente 

intentó cuestionar las determinaciones de hechos formuladas por la 

Árbitra, aduciendo que no se basaron en evidencia sustancial, que

no se presentó prueba documental y que no se examinaron testigos 

del evento de conducta impropia. Sin embargo, no suministró 

método alguno de reproducción de la prueba examinada por la 

Árbitra, en incumplimiento de la Regla 66 del Reglamento del 
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Tribunal de Apelaciones, supra. Ello tiene un efecto fatal para su 

planteamiento de error relacionado a la apreciación de la prueba, 

toda vez que no es posible analizar la prueba desfilada en la 

audiencia celebrada el 15 de agosto de 2023 ante la agencia.

En segundo lugar, tampoco le asiste la razón en cuanto a los 

méritos de su reclamo. Por una parte, en definitiva, la recurrente no 

demostró que existe otra prueba en récord que razonablemente 

reduzca el peso de la evidencia considerada en este caso. Por la otra, 

tanto de su escrito ante esta Curia como de mociones presentadas 

ante el foro inferior surge que la recurrente admitió que hubo un 

incidente entre ella y su supervisora, lo cual desembocó en una 

investigación del patrono en la que decidió no participar ni aportar 

a su defensa. Sobre el suceso, se dedicó a reducir su magnitud, 

aduciendo que no debía justificar su despido inmediato, pese a 

reconocer que no atendió los planteamientos de su supervisora y 

que insistió en expulsarla de la oficina. Por lo anterior, no derrotó la 

presunción de corrección de la decisión administrativa en cuanto a 

las conclusiones de hecho y, aún más, no justificó preterir la 

deferencia que le debemos a dicho foro en esta materia. 

En vista de lo precedente, procede confirmar la Decisión del 

Secretario del Trabajo y Recursos Humanos.

V.

Por los fundamentos pormenorizados, se confirma la 

determinación recurrida.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones.

 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

 Secretaria del Tribunal de Apelaciones