Número Identificador

RES2023________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL VIII

EL PUEBLO DE 

PUERTO RICO

Recurrido

v

JUAN QUIÑONES 

MELÉNDEZ

Imputado

KLCE202300607

CERTIORARI

Procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 

Superior de Fajardo

Crim. Núm.:

N1VP202200768

Por: Art. 106A 

Código Penal

PUEBLO DE PUERTO 

RICO 

Recurrido

v.

JAYSON M. 

RODRÍGUEZ 

GONZÁLEZ

Imputado 

Crim. Núm.:

N1VP202200769

Por: Art. 106A 

Código Penal

EL PUEBLO DE 

PUERTO RICO

Recurrido

v.

CHRISTIAN J. RIVERA 

MELÉNDEZ

Peticionario

Crim. Núm.:

N1VP202200770

Por: Art. 106A 

Código Penal

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Domínguez Irizarry, la 

Jueza Rivera Marchand y la Jueza Aldebol Mora

Rivera Marchand, Jueza Ponente

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2023.

Comparece ante nos, el Sr. Christian Rivera Meléndez (Sr. 

Rivera Meléndez o peticionario) mediante una Petición de Certiorari,
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acompañada de una Urgente: Moción en Auxilio de Jurisdicción.

Solicita que, en auxilio de jurisdicción, paralicemos la continuación 

de la vista preliminar pautada para el 31 de mayo de 2023 a la 1:30 

pm y que revoquemos la Resolución que notificó el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Fajardo (TPI o foro primario) el 

18 de abril de 2023. Mediante su dictamen, el foro primario denegó 

el Memorando en apoyo a solicitud de evidencia exculpatoria que 

instó el Sr. Rivera Meléndez.

Por los fundamentos que exponemos a continuación, procede

denegar la moción en auxilio de jurisdicción y la expedición del auto 

de certiorari. Veamos.

I.

Surge del expediente ante esta Curia que, el Ministerio Público 

presentó denuncias por violaciones al Artículo 106.A del Código 

Penal de 2004, Ley Núm. 149 de 18 de junio de 2004, (asesinato en 

primer grado), en contra de los imputados de epígrafe, por hechos 

ocurridos el 28 de junio de 2012.

Superadas las etapas iniciales, dio comienzo la vista 

preliminar. En ella, la representación legal del Sr. Rivera Meléndez 

discutió extensamente el convenio de inmunidad y cooperación 

(convenio) otorgado entre el Ministerio Público y el testigo principal

de este caso, Jan Carlos Velázquez Vázquez (Sr. Velázquez Vázquez). 

Surge del expediente que, el convenio menciona que el Sr. Velázquez 

Vázquez está cooperando con el Ministerio Público en 13 querellas, 

sin embargo, de la faz del documento se desprende que, varias de 

ellas estaban tachadas o suprimidas impidiéndole a la defensa del 

Sr. Rivera Meléndez ver su contenido, particularmente, el número 

de querella y la fiscalía que realiza la investigación.

En reacción, el Ministerio Público expresó su anuencia a

proveer los números de querellas de los casos ya radicados, mas no 

los correspondientes a los casos aún bajo investigación, por motivos 

de seguridad, entre otros factores. A esos efectos, durante la vista, 
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el Ministerio Público reveló al Sr. Rivera Meléndez los números de 4 

querellas que pasaron de la etapa investigativa.

Así las cosas, el Sr. Rivera Meléndez presentó un Memorando 

en apoyo a solicitud de evidencia exculpatoria. Allí, argumentó tener 

derecho a obtener como evidencia exculpatoria todos los datos 

suprimidos, así como, la información sobre los beneficios que se le 

concederán al Sr. Velázquez Vázquez a cambio de su testimonio en 

las querellas tachadas. Añadió tener derecho a toda información y 

evidencia que examinó el propio Sr. Velázquez Vázquez que surgen 

de los expedientes de las querellas tachadas o suprimidas.

Por su parte, el Ministerio Público presentó una Moción en 

oposición a la pretensión de la defensa que no tiene nada que ver con 

solicitud de prueba exculpatoria. Argumentó que, no existe prueba 

exculpatoria que divulgar y que lo solicitado por la defensa no 

constituye prueba exculpatoria. Expuso que, los beneficios 

concedidos al Sr. Velázquez Vázquez, surgen íntegramente del 

convenio, son los mismos para todos los casos y no guardan relación 

con los números de querellas suprimidas. Alegó que, la solicitud del 

Rivera Meléndez es una expedición de pesca en los expedientes del 

Ministerio Público.

Evaluadas las posturas de ambas partes, el foro primario 

emitió el dictamen impugnado. Allí, concluyó que la defensa no 

estableció cuál es la evidencia exculpatoria que posee el Ministerio 

Público. Expuso, además, que el Sr. Rivera Meléndez no ha 

demostrado el estándar de materialidad en este caso, establecido 

jurisprudencialmente.1 El foro primario consideró que, el 

peticionario no estableció que, las querellas bajo investigación en las 

cuales el Sr. Velázquez Vázquez está cooperando, constituyan 

prueba exculpatoria relacionada con los delitos imputados en el 

caso de epígrafe. Sobre tales determinó denegar el petitorio del Sr. 

Rivera Meléndez. 

1 El foro primario destacó lo resuelto en Pueblo v Vélez Bonilla, 189 DPR 705 

(2013).
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Inconforme, el peticionario acude ante esta Curia mediante 

Petición de Certiorari, acompañada de una Urgente Moción en Auxilio 

de Jurisdicción. En su recurso, señala como error lo siguiente:

Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar no ha 

lugar la petición de descubrimiento de evidencia 

exculpatoria porque: 1) el Ministerio Público indujo a 

error al foro primario y a la defensa en cuanto el número 

de versiones del acuerdo de cooperación e inmunidad 

parcial que firmó el Sr. Velázquez Vázquez (testigo 

estrella) con el estado; 2) procede que el Ministerio 

Fiscal entregue al referido foro judicial los expedientes 

de los casos criminales, incluidos en el (los) 

“convenio(s)”, para que evalúe su contenido y 

proporcione a la defensa la evidencia de carácter 

exculpatorio que obre en dichos sumarios fiscales, 

antes de comenzar el desfile de prueba de cargo en la 

vista preliminar.

Hemos examinado con detenimiento el recurso sometido por 

la recurrente. Optamos por prescindir de los términos, escritos o 

procedimientos ulteriores "con el propósito de lograr su más justo y 

eficiente despacho". Regla 7 (b) (5) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7 (b) (5).

II.

A. Certiorari

El recurso de certiorari es un auto procesal extraordinario por 

el cual un peticionario solicita a un tribunal de mayor jerarquía que 

revise y corrija las determinaciones de un tribunal inferior. Rivera 

Gómez y otros v. Arcos Dorados Puerto Rico, Inc. y otros, 2023 TSPR 

65, resuelto el 8 de mayo de 2023; Torres González v. Zaragoza 

Meléndez, 2023 TSPR 46, resuelto el 12 de abril de 2023. Es norma 

reiterada que, una resolución u orden interlocutoria, contrario a una 

sentencia, es revisable ante el Tribunal de Apelaciones mediante 

auto de certiorari. Rivera Gómez y otros v. Arcos Dorados Puerto Rico, 

Inc. y otros, supra. A diferencia del recurso de apelación, el tribunal 

revisor tiene la facultad de expedir el auto de certiorari de manera 

discrecional. Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra.

A esos efectos, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, señala los criterios que 
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debemos tomar en consideración al evaluar si procede expedir el 

auto de certiorari. La citada Regla dispone:

El Tribunal tomará en consideración los siguientes 

criterios al determinar la expedición de un auto de 

certiorari o de una orden de mostrar causa:

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho.

(B) Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema.

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia.

(D) Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 

caso es la más propicia para su consideración.

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito 

y una dilación indeseable en la solución final del litigio.

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia.

El foro apelativo debe ejercer su facultad revisora solamente 

en aquellos casos en que se demuestre que el dictamen emitido por 

el foro de instancia es arbitrario o constituye un exceso de 

discreción. Pueblo v. Rivera Montalvo, 205 DPR 352 (2020).

III.

El peticionario nos solicita la revocación de un dictamen 

interlocutorio emitido por el foro primario, pendiente la celebración 

de la vista preliminar. En él, el TPI denegó la solicitud de los 

imputados de descubrir la información relacionada a los números 

de querellas y a la región donde se llevan a cabo varias

investigaciones en curso, por entender que no constituye prueba 

exculpatoria que el Ministerio Público esté obligado a descubrir.

Al entender sobre la expedición de un auto de certiorari de 

naturaleza discrecional, a esta Curia le corresponde dilucidar, en 

esta etapa de los procedimientos, si el foro primario actuó 

arbitrariamente o en exceso de su discreción al denegar la referida
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solicitud interpuesta por el señor Rivera Meléndez. Los estándares 

de revisión según la normativa antes expuesta establecen los 

parámetros para los tribunales apelativos revisar decisiones 

interlocutorias del foro primario. Con esta premisa conceptual 

establecida, corresponde al peticionario fundamentar como el TPI 

excedió los parámetros legales o no consideró adecuadamente el 

derecho aplicable, así como, los factores y criterios que emanan de 

la normativa antes expuesta. 

Tras un examen sosegado del recurso de epígrafe, concluimos 

que no concurren los criterios que justifiquen nuestra intervención 

sobre la Resolución recurrida, la cual no se aparta del estado de 

derecho vigente y aplicable a los asuntos relacionados a la prueba 

exculpatoria, según analizado por el foro primario. Tampoco 

identificamos indicio de pasión, parcialidad o error manifiesto en la 

determinación emitida. Por ello, al amparo de los dispuesto en la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, 

colegimos que lo razonable es abstenernos de ejercer nuestra 

función revisora en esta etapa de los procedimientos. 

IV.

Por los fundamentos esbozados, declaramos no ha lugar la 

Urgente: Moción en Auxilio de Jurisdicción y denegamos la expedición 

del auto de certiorari.

Notifíquese inmediatamente.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones