Número Identificador

SEN2024 _________________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL IV

OSCAR RÍOS RIVERA

Apelante

v.

EDWIN MULERO; 

BAYAMÓN MEDICAL

CENTER CORP.; ST. 

JAMES SECURITY 

SERVICES, LLC.; 

COMPAÑÍA DE 

SEGURIDAD A; 

ASEGURADORAS X, Y, 

Z; FULANO DE TAL; 

SUTANA DE TAL

Apelado

KLAN202400381

APELACIÓN

procedente del 

Tribunal de 

Primera 

Instancia, Sala 

Superior de

Bayamón

Civil Núm.:

BY2022CV06256

Sobre: Daños y 

Perjuicios

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la 

Jueza Rivera Marchand y el Juez Rodríguez Flores.

Cintrón Cintrón, Jueza Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de julio de 2024.

Comparece ante este Foro, el señor Oscar Ríos Rivera (señor 

Ríos Rivera o apelante) y solicita que revisemos la Sentencia Parcial

emitida el 14 de marzo de 2024, por el Tribunal de Primera Instancia 

(TPI), Sala Superior de Bayamón. Mediante dicho dictamen, el TPI 

desestimó con perjuicio la Demanda por daños y perjuicios

presentada contra Bayamón Medical Center, Corp. (BMC o apelado),

por estar cobijados por la inmunidad patronal conferida bajo la 

póliza de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE).

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la Sentencia Parcial apelada. 

I.

Surge del expediente que el 8 de diciembre de 2022, el señor 

Ríos Rivera presentó una Demanda por daños y perjuicios en contra 

del señor Edwin Mulero, BMC y St. James Security Services por 
KLAN202400381 2

hechos ocurridos el 18 de abril de 2022.1 En la demanda, el señor 

Ríos Rivera alegó que el día de los hechos se encontraba 

desempeñando labores de mantenimiento, cambiando una botella 

vacía de cinco galones de agua por una nueva en un dispensador de 

agua y que, en el proceso, derramó un poco de agua en el piso, lo 

cual le molestó al señor Mulero. Arguyó que, a eso de las 10:00 am

se dirigió a tomar el elevador en el cual se encontraba solo el señor 

Mulero y este último, sin razón, procedió a agredirlo, golpeándolo en 

la parte de atrás de la cabeza. Añadió que, al abrir las puertas del 

elevador, el señor Mulero continuó agrediéndolo en el pasillo del 

hospital en el que se encontraban, en el cual una compañera de 

trabajo logró detenerlos. Además, expuso que fue llevado a la sala 

de emergencias donde le brindaron primeros auxilios al curar las 

heridas en su rostro y al ajustar su hombro izquierdo, el cual estaba 

fuera de posición. Esbozó que, posteriormente, recibió tratamiento 

médico y los beneficios de la CFSE, bajo la póliza obrero patronal 

expedida a favor de BMC. 

A tenor con lo anterior, el señor Ríos Rivera le imputó a BMC 

responsabilidad por una presunta omisión en: (1) establecer

políticas sobre normas de conducta en el lugar de empleo y proveer 

adiestramientos sobre el particular; (2) ser diligente en la 

contratación del señor Mulero; (3) tomar medidas para evitar la 

conducta violenta del señor Mulero y (4) adiestrar adecuadamente a 

sus supervisores para atender la conducta violenta del señor 

Mulero.

El 11 de enero de 2023, BMC presentó su Contestación a 

Demanda, en la cual negó las aseveraciones atinentes a la 

responsabilidad o el deber de responder por los actos criminales no 

1 El señor Ríos Rivera presentó cargos criminales contra el señor Mulero por los 

hechos alegados en la demanda, bajo el número de caso BY2022CR00461, en el 

cual el señor Mulero hizo alegación de culpabilidad por un cargo menor.
KLAN202400381 3

previsibles del señor Mulero. Sostuvo que su corporación tenía unas 

políticas claras sobre conducta, específicamente de cero tolerancias

a actos de agresividad en el empleo, las cuales procuran la seguridad 

de todas las personas que allí laboran. Añadió que tomó las medidas 

apropiadas para evitar que la conducta violenta del señor Mulero 

causara daños a sus compañeros de trabajo. Ello, pues al momento 

de reclutamiento y durante su relación de empleo, las certificaciones 

de antecedentes penales del señor Mulero siempre reflejaban un 

resultado negativo, por cual BMC no podía prever su conducta 

criminal futura. Aseguró que no eran responsables por los hechos 

ocurridos, toda vez que el señor Mulero no actuó en el ejercicio de 

la autoridad conferida por el patrono, ni en protección de los 

intereses de BMC.

Luego de varios trámites procesales, el 19 de octubre de 2023, 

BMC presentó una Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial, en la cual 

propuso cinco (5) hechos incontrovertidos, en aras de que se dictara 

sentencia sumaria a su favor, desestimando así la Demanda en su 

contra. En síntesis, expuso que es un patrono asegurado bajo la Ley 

Núm. 45 de 18 de abril de 1935, según enmendada, conocida como 

Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, por 

lo cual le cobijaba la inmunidad patronal. En virtud de ello, alegó 

que procedía la desestimación de la demanda. Enfatizó que el foro

primario debía determinar si se trataba de un “accidente de trabajo”, 

y si aplicaba alguna de las excepciones a la doctrina de inmunidad 

patronal. Lo anterior, toda vez que surgía de los hechos relatados en 

la demanda que la agresión física que sufrió el señor Ríos Rivera en 

efecto fue un accidente de trabajo porque se relacionaba con actos 

o funciones inherentes de su empleo en el curso del trabajo y como 

consecuencia de éste.2

2 Del Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC) surge que 

a la solicitud de sentencia sumaria se anejaron los siguientes documentos: 
KLAN202400381 4

En reacción, el 26 de enero de 2024, el señor Ríos Rivera 

presentó su Oposición Solicitud Sentencia Sumaria Parcial. En esta, 

alegó que aplicaba la excepción de una reclamación de un empleado 

que sufra daños cuando la actuación patronal no está relacionada 

con la obligación del empleado de cumplir las responsabilidades y 

funciones inherentes de su trabajo. Lo anterior, pues la conducta 

negligente de BMC en la selección, retención y recontratación del 

señor Mulero no tenía relación alguna con las labores de plomero, 

posición por la cual fue contratado. Afirmó que era empleado de 

BMC al momento de los hechos, que fue agredido por otro empleado 

que el patrono mantuvo en su empleo a pesar de su comportamiento 

agresivo reiterado en el lugar de trabajo y que recibió tratamiento en 

la CFSE.3

Evaluadas las posturas de ambas partes, el 14 de marzo de 

2024, el TPI emitió la Sentencia Parcial que hoy revisamos. En 

síntesis, concluyó que en casos donde ocurre una agresión, en el 

cual un empleado agrede a otro, la jurisprudencia ha resuelto que 

los patronos tienen inmunidad. Citando el caso resuelto por el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico, López Cotto v. Western Auto, 171 

DPR 185 (2007), determinó que el patrono no responde de los actos 

intencionales y de agresión cometidos por un empleado hacia otro. 

Así las cosas, concedió la Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial

presentada por BMC y en su consecuencia, desestimó, con perjuicio, 

la acción contra dicho hospital. 

Inconforme con la determinación del foro primario, el señor 

Ríos Rivera acude ante nos mediante el recurso de epígrafe. Como 

parte de su comparecencia, señala que el foro de instancia cometió 

los siguientes errores:

Declaración Jurada de Marla Berríos; Certificación CFSE; Entrevista a Oscar Ríos 

Rivera 25-abr-2022; Carta a Edwin Mulero 1-nov-2022; Informe de Hallazgos; 

Carta Separación de Empleo y Póliza Actual CFSE.

3 Del SUMAC no surge que a la oposición a la solicitud de sentencia sumaria se 

anejaron documentos.
KLAN202400381 5

Erró el Tribunal de Primera Instancia al dictar 

Sentencia Sumaria Parcial desestimando con perjuicio 

la acción contra Bayamón Medical Center sin que 

hubiese terminado el descubrimiento de prueba, por lo 

que no tenía elementos suficientes para determinar si

la conducta de Bayamón Medical Center estaba 

protegida por la inmunidad patronal bajo la Ley 45-

1935. 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al fundamentar 

su sentencia en una jurisprudencia que no aplica a los 

hechos de este caso por lo que debe distinguirse, 

además, la base teórica de dicha jurisprudencia ha 

evolucionado significativamente.

El 18 de abril de 2024, este Tribunal concedió mediante 

Resolución, 20 días a BMC para presentar su alegato. El 8 de mayo 

de 2024, este instó su escrito en oposición, por lo que, con el 

beneficio de la comparecencia de todas las partes, resolvemos. 

II.

A.

La Regla 36 de Procedimiento Civil dispone el mecanismo 

extraordinario y discrecional de la sentencia sumaria. 32 LPRA, Ap. 

V, R. 36. El propósito principal de este mecanismo procesal es 

propiciar la solución justa, rápida y económica de litigios civiles que 

no presentan controversias genuinas de hechos materiales, por lo 

que puede prescindirse del juicio plenario. Serrano Picón v. 

Multinational Life Ins, 212 DPR 981 (2023).4 Los tribunales pueden 

dictar sentencia sumaria respecto a una parte de una reclamación 

o sobre la totalidad de esta. 32 LPRA Ap. V, R. 36.1; Meléndez 

González v. M. Cuebas, 193 DPR 100 (2015). La sentencia sumaria 

procederá si las alegaciones, deposiciones, contestaciones a 

interrogatorios y admisiones ofrecidas, junto a cualquier declaración 

jurada que se presente, si alguna, demuestran que no hay 

controversia real y sustancial sobre algún hecho esencial y 

pertinente y que, como cuestión de derecho, procede 

4 Véase, además: Oriental Bank v. Caballero García, 212 DPR 671 (2023); Ferrer 

et. al. v. PRTC, 209 DPR 574, 580-581 (2022); González Santiago v. Baxter 

Healthcare, 202 DPR 281, 290 (2019); Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 

213-214 (2010).
KLAN202400381 6

hacerlo. González Meléndez v. Mun. San Juan et al., 212 DPR 601 

(2023). 

El promovente debe presentar una moción fundamentada en 

declaraciones juradas o en cualquier evidencia que demuestre la 

inexistencia de una controversia sustancial de hechos esenciales y 

pertinentes sobre la totalidad o parte de la reclamación. 32 LPRA 

Ap. V, R. 36.1; Universal Ins. y otro v. ELA y otros, 211 DPR 455 

(2023). La controversia sobre los hechos esenciales que genera el 

litigio tiene que ser real, no especulativa o abstracta. Es decir, tiene 

que ser de naturaleza tal que permita concluir que existe una 

controversia real y sustancial sobre hechos relevantes y 

pertinentes. Ramos Pérez v. Univisión, supra, págs. 213-214, 

seguido en Meléndez González v. M. Cuebas, supra, pág. 110.

Nuestro ordenamiento civil y su jurisprudencia interpretativa 

dispone que se deben cumplir unos requisitos de forma los cuales 

deben satisfacerse al momento de presentar una solicitud de 

sentencia sumaria. Estos requisitos son: (1) una exposición breve de 

las alegaciones de las partes; (2) los asuntos litigiosos o en 

controversia; (3) la causa de acción sobre la cual se solicita la 

sentencia sumaria, (4) una relación concisa, organizada y en 

párrafos enumerados de todos los hechos esenciales y pertinentes 

sobre los cuales no hay controversia sustancial, con indicación de 

los párrafos o las páginas de las declaraciones juradas u otra prueba 

admisible en evidencia donde se establecen estos hechos, así como 

de cualquier otro documento admisible en evidencia que se 

encuentre en el expediente del Tribunal; (5) las razones por las 

cuales se debe dictar sentencia, argumentando el derecho aplicable, 

y (6) el remedio que debe ser concedido. 32 LPRA Ap. V, R. 36.3; 

Pérez Vargas v. Office Depot, 203 DPR 687 (2019). 

Por su parte, le corresponde a la parte promovida refutar 

dicha moción a través de declaraciones juradas u otra 
KLAN202400381 7

documentación que apoye su posición. Esto es, la parte que se 

opone debe proveer evidencia sustancial de los hechos materiales 

que están en disputa. León Torres v. Rivera Lebrón, 204 DPR 20 

(2020). El hecho de no oponerse a la solicitud 

de sentencia sumaria no implica necesariamente que ésta proceda 

si existe una controversia legítima sobre un hecho material. Sin 

embargo, el demandante no puede descansar en las aseveraciones 

generales de su demanda, “sino que, a tenor con la Regla 36.5, 

estará obligada a ‘demostrar que [tiene] prueba para sustanciar sus 

alegaciones'”. La Regla 36.5 de Procedimiento Civil, dispone que de 

no producirse por parte del opositor una exposición de hechos 

materiales bajo juramento, deberá dictarse sentencia sumaria en su 

contra. 32 LPRA Ap. V, R. 36.5; Ramos Pérez v. Univisión, supra, 

págs. 215-216.

La Regla 36.4 de Procedimiento Civil, establece que, si no se 

dicta sentencia sobre la totalidad del pleito, ni se concede todo el 

remedio solicitado o se deniega la moción de sentencia sumaria, y 

por tanto, es necesario celebrar juicio, será obligatorio que el 

Tribunal en su dictamen determine los hechos esenciales sobre los 

cuales no haya controversia sustancial y aquellos que sí se 

encuentran genuinamente en controversia. 32 LPRA Ap. V, R.36.4

Cónsono con lo anterior, nuestro estado de derecho le impone 

y exige al TPI, exponer los hechos materiales y esenciales que están 

en controversia, así como los que no lo están, independientemente 

de cómo resuelvan una solicitud de sentencia sumaria. Meléndez 

González v. M. Cuebas, supra, pág. 117. Al evaluar la solicitud 

de sentencia sumaria, el juzgador deberá: (1) analizar los 

documentos que acompañan la moción solicitando 

la sentencia sumaria, los incluidos con la moción en oposición y 

aquellos que obren en el expediente judicial y; (2) determinar si el 

oponente controvirtió algún hecho material o si hay alegaciones de 
KLAN202400381 8

la demanda que no han sido controvertidas o refutadas en forma 

alguna por los documentos. PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 

DPR 881, 913-914 (1994).

Por último, en Meléndez González v. M. Cuebas, supra, el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico estableció el estándar de revisión 

que debe utilizar este foro apelativo intermedio al revisar 

denegatorias o concesiones de mociones de sentencia sumaria. 

Conforme a ello, debemos utilizar los mismos criterios que los 

tribunales de primera instancia al determinar si procede dictar 

sumariamente una sentencia. En esta tarea sólo podemos 

considerar los documentos que se presentaron ante el foro de 

primera instancia y determinar si existe o no alguna controversia 

genuina de hechos pertinentes y esenciales, y si el derecho se aplicó 

de forma correcta. La tarea de adjudicar los hechos relevantes y 

esenciales en disputa le corresponde únicamente al foro de primera 

instancia en el ejercicio de su sana discreción. Vera v. Dr. Bravo, 161 

DPR 308, 334 (2004). Finalmente, debemos revisar de novo si el 

Tribunal de Primera Instancia aplicó correctamente el derecho a la 

controversia. Meléndez González v. M. Cuebas, supra, pág. 119.

B.

La Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del 

Trabajo, Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935, según enmendada (Ley 

Núm. 45), 11 LPRA sec. 1 et seq., es un estatuto de carácter remedial 

que pretende consagrar ciertas protecciones y beneficios al obrero 

que sufre un accidente, lesión o enfermedad en el curso de 

trabajo. Lebrón Bonilla v. ELA, 155 DPR 475, 481 (2001); Cátala v. 

F.S.E., 148 DPR 94, 99 (1999). Con tal intención, dicha Ley instituye 

un sistema de seguro compulsorio y exclusivo para compensar a los 

trabajadores que sufran lesiones o enfermedades en el curso del 

empleo, brindándoles un remedio rápido, eficiente y libre de las 

complejidades de una reclamación ordinaria en daños. Hernández 
KLAN202400381 9

Morales et al. v. CFSE, 183 DPR 232, 240 (2011). El referido seguro 

indemniza al obrero que se ha lesionado, incapacitado, enfermado o 

fallecido a causa de un accidente ocurrido en el trabajo. Martínez v. 

Bristol Myers, Inc., 147 DPR 383 (1999); Pacheco Pietri y otros v. ELA 

y otros, 133 DPR 907, 914 (1993). 

El Artículo 2 de la Ley Núm. 45, establece que están 

protegidos todos los obreros y empleados que trabajen por patronos 

asegurados, aquellos que cumplan con sus respectivas aportaciones 

patronales, que sufran lesiones, se inutilicen, o pierdan la vida por 

accidentes procedentes de un acto o función inherente a su trabajo 

o empleo, o que acontezcan en el curso o a causa de este, siendo 

acreedores a los remedios comprendidos en la misma. 11 LPRA sec. 

2. Conforme esta Ley, para que un evento se pueda catalogar como 

un accidente de trabajo se deben cumplir los siguientes requisitos:

(1) provenir de cualquier acto o función del obrero;

(2) ser inherente al trabajo o empleo que desempeña el 

obrero; 

(3) ocurrir en el curso del trabajo;

(4) ser consecuencia de éste.

Así, la protección brindada en el referido Art. 2 de la Ley Núm. 

45 se extiende a las lesiones sufridas como consecuencia de 

accidentes que provengan de cualquier acto o función inherente al 

trabajo de un empleado u obrero, que ocurran en el curso de dicho

trabajo o como consecuencia de éste. Lebrón Bonilla v. ELA, supra,

pág. 484; Ortiz Pérez v. F.S.E., 137 DPR 367, 372-373 (1994).

5

Por ende, para poder reclamar dentro del contexto de la 

Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, 

se requiere la existencia de un nexo causal entre la lesión, 

enfermedad, o muerte del obrero y su trabajo. Es decir, el 

accidente sufrido por el obrero carece de protección si este no 

cumple con uno de los citados requisitos, por lo que corresponde a 

5 Véase, además: Odriozola v. S. Cosmetic Dist. Corp., 116 DPR 485, 501 (1985); 

Admor., F.S.E. v. Comision Industrial, 101 DPR 56, 58 (1973). 
KLAN202400381 10

la parte que solicita la compensación demostrar que el suceso 

sufrido está cobijado bajo la mencionada Ley. Lebrón Bonilla v. ELA, 

supra, pág. 484, citando a Ortiz Pérez v. F.S.E., supra, pág. 373. 

(Énfasis nuestro).

Nuestro Más Alto Foro, en Guzmán y otros v. ELA, 156 DPR 

693, 731 (2002), estableció que “[l]a inmunidad patronal no es 

eximente cuando: (1) el daño sufrido por el obrero se debe a un acto 

intencional o discriminatorio del patrono; (2) cuando el patrono del 

obrero que sufre el accidente en el escenario del trabajo no está 

asegurado; o (3) el patrono demandado hubiera actuado en virtud 

de doble capacidad o personalidad. En tales casos, el patrono 

responderá civilmente ante los tribunales e indemnizará al 

empleado que haya sufrido el “accidente de trabajo”.”

Asimismo, en Ortiz Pérez v. F.S.E., supra, el Tribunal Supremo

de Puerto Rico estableció que la referida Ley fue enmendada a los 

efectos de proveer beneficios de tan importante legislación social en 

aquellos casos en que un obrero sea agredido intencional e 

ilegalmente por un tercero, como muy bien podría ser un compañero 

de trabajo. Para ello, basta demostrar una relación causal entre el 

trabajo o la ocupación del obrero y su lesión, incapacidad o muerte. 

Para lo anterior, constituyó las normas respecto a lesiones 

provenientes de compañeros de empleo. A estos efectos, estas 

normas son las siguientes: (1) serán compensables las lesiones 

surgidas de una riña en la cual el empleado lesionado no fue el 

agresor y la pelea ocurrió por razón del trabajo; (2) no serán 

compensables las lesiones del empleado agresor aun cuando la riña 

ocurra por razón del empleo; (3) de ordinario, serán compensables 

las lesiones de todo empleado lesionado cuando exista prueba 

conflictiva sobre el origen de la pelea, y (4) no serán compensables 

las lesiones cuando no haya prueba sobre el origen y el motivo de la 

pelea. (Énfasis nuestro).
KLAN202400381 11

III.

En la presente causa, por estar íntimamente relacionados, 

discutiremos los señalamientos de error en conjunto. En síntesis, el 

señor Ríos Rivera aduce que los hechos incontrovertidos que alegó 

BMC en su Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial no van dirigidos a 

derrotar las alegaciones sobre la negligencia de estos en la 

contratación, adiestramiento y retención del señor Mulero que 

surgen de la demanda. Enfatiza que es necesario que el TPI aquilate 

la prueba que debe ser presentada sobre la conducta intencional del 

patrono al contratar a una persona que desde la entrevista de 

empleo mostró una conducta antisocial, y sobre el mal manejo del 

patrono, BMC, de mantener un ambiente de trabajo libre de una 

persona agresiva, antisocial, violenta e incapaz de tener control 

sobre sus acciones. Señala que BMC conocía desde que contrató al 

señor Mulero de la posibilidad de problemas de salud mental y que 

posteriormente, este último tuvo problemas de agresividad, 

violencia, siendo incapaz de controlar sus acciones. Por lo anterior, 

alega que BMC no puede gozar de la inmunidad patronal que provee 

la Ley Núm. 45.

Por su parte, BMC arguye que el señor Ríos Rivera se benefició 

de los servicios que provee la CFSE, bajo la póliza obrero patronal 

expedida a favor de estos, y que no se dan los criterios para que 

aplique alguna excepción a la inmunidad patronal por la cual están 

cobijados. Además, señala que el señor Ríos Rivera presentó 

reclamaciones nuevas que no fueron alegadas en el foro primario. 

Finalmente, asegura que el conocer o no conocer la conducta 

agresiva y violenta del señor Mulero, no revela que medió actuación 

intencional o negligente alguna por parte de BMC. Veamos. 

En este caso, los hechos que dieron lugar a la controversia 

que hoy atendemos, versan sobre un accidente de trabajo que es 

compensable bajo la Ley Núm. 45, así como lo ha establecido 
KLAN202400381 12

jurisprudencialmente el Tribunal Supremo de Puerto Rico y como lo 

determinó el TPI. Para ello, es necesario repasar la normativa 

aplicable a los hechos. 

Recordemos que Nuestro Mas Alto Foro, en Ortiz Pérez v. 

F.S.E., supra, a la pág. 375, citando a Atiles, Admor, v. Com.

Industrial y Sucn. Álvarez, supra, a la pág. 23, estableció que “[p]oco 

importa que una lesión sea consecuencia de una agresión entre dos 

obreros del mismo patrono si, al momento de ocurrir, ambos 

estaban realizando la labor que el patrono les ha encomendado y la 

agresión surge con motivo de dicha labor.” Además, según 

mencionamos anteriormente, y aplicable a estos hechos, se 

constituye una de las normas respecto a lesiones provenientes de 

compañeros de empleo. A tales efectos, reiteramos que es la primera 

norma la que aplica, la cual establece que “serán compensables las 

lesiones surgidas de una riña en la cual el empleado lesionado 

no fue el agresor y la pelea ocurrió por razón del trabajo”. 

En el caso de autos, el señor Ríos Rivera se encontraba en su 

lugar de trabajo, realizando labores como personal de 

mantenimiento, cuando fue agredido por el señor Mulero, sin 

motivo, situación que le provocó lesiones corporales que fueron 

atendidas en su momento por la CFSE. Lo último, bajo la póliza 

obrero patronal expedida a favor de BMC. Ello, producto de una riña 

entre empleados que laboraban en BMC, mientras se encontraban 

en función de sus labores. Por lo tanto, los hechos que dieron lugar 

a la demanda en el caso de epígrafe sí están cobijados bajo la Ley 

Núm. 45, supra. 

Aun si se le imputara negligencia a BMC por los hechos 

ocurridos, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha establecido que la 

conducta negligente incurrida por parte del patrono no constituye 

excepción a la inmunidad patronal. Guzmán y otros v. ELA, supra. 

Añádase a ello, que para que prospere una reclamación como la que 
KLAN202400381 13

hoy atendemos, es necesario que se pruebe el elemento de intención 

para que se active la excepción a la protección de la inmunidad 

patronal de la Ley Núm. 45. 

En este caso, el señor Ríos Rivera no logró rebatir con 

especificación, detalle y evidencia que existía controversia sobre los 

hechos materiales contenidos en la solicitud de sentencia sumaria 

presentada por BMC. La totalidad de la prueba en el expediente 

apoya la disposición sumaria de la Demanda de epígrafe a favor de

BMC, pues respalda la inexistencia de controversia sobre los hechos 

materiales del caso y sustenta las conclusiones jurídicas del TPI. En 

particular, no existe duda acerca de que BMC está cobijado por la 

inmunidad patronal que provee la Ley Núm. 45, por tratarse de 

actos intencionales llevados a cabo por un compañero del empleado 

lesionado. 

En consecuencia, luego de examinar las mociones sobre 

sentencia sumaria y la documentación anejada, así como la 

normativa imperante, concluimos que los errores señalados por el 

apelante no se cometieron y que no incidió, ni abusó de su 

discreción el TPI al conceder el remedio sumario de la desestimación 

solicitado por BMC. Por tanto, procede se confirme su dictamen. 

IV.

Por los fundamentos que anteceden, se confirma la Sentencia 

Parcial impugnada. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones