Número Identificador

RES2023 ___________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL VIII

Elba Pesquera Sánchez

Peticionaria

 vs.

Julián Valles Acosta

Recurrido

KLCE202301270

CERTIORARI

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia de Arecibo, 

Sala Superior de 

Hatillo

Civil Núm.:

HA2020CV00192 

(101)

Sobre: Liquidación 

de Comunidad de 

Bienes

Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, el Juez

Monge Gómez y el Juez Cruz Hiraldo.

Rivera Colón, Juez Ponente

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 6 de diciembre de 2023.

Comparece la parte peticionaria, la Sra. Elba Pesquera 

Sánchez (en adelante, “Sra. Pesquera Sánchez” o “parte 

peticionaria”) para solicitarnos que se revoque la Resolución 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Hatillo el 19 de octubre de 2023 y notificada el 20 de igual mes y 

año. Mediante dicha “Resolución” se declara No Ha Lugar la 

Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial.

Examinada la solicitud de autos, la totalidad del expediente

y el estado de derecho aplicable ante nuestra consideración, se 

deniega la expedición del auto de Certiorari. 

I.

El 5 de enero de 1984, la Sra. Pesquera Sánchez contrajo 

matrimonio con el Sr. Julián Vallés Acosta (en adelante, “Sr. Valles 

Acosta” o “parte recurrida”), bajo el régimen de Sociedad Legal de 

Gananciales. Durante el matrimonio, las partes adquirieron varios 
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bienes, incluyendo cuentas de banco. El 30 de octubre de 2000, 

16 años más tarde, se divorciaron. Sin embargo, la Sentencia no

dispuso nada acerca de la liquidación de lo bienes gananciales. 

Así las cosas, el 17 de septiembre de 2020, la Sra. Pesquera 

Sánchez radicó una demanda sobre liquidación de comunidad de 

bienes gananciales en contra del recurrido. Alegó que, los bienes 

se encuentran en total control del Sr. Valles Acosta. Así pues, 

solicitó la división de éstos. El 15 de noviembre de 2020, el Sr. 

Valles Acosta mediante su Contestación a la Demanda reconoció la 

existencia de la comunidad post ganancial, pero rechazó tener 

control exclusivo sobre ella. 

Luego de varios trámites procesales, el 14 de junio de 2023, 

la parte peticionaria presentó una moción de Sentencia Sumaria 

Parcial, en donde indicó que el recurrido depositó los fondos del 

patrimonio postganancial en cuentas de inversión para su 

beneficio exclusivo. Asimismo, adujo que, tiene derecho a un 

crédito, al incremento en valor de las inversiones y a sus intereses. 

Ese mismo día, el Sr. Valles Acosta radicó la Moción en Oposición

a Moción de Sentencia Sumaria Parcial, en la cual expresó que la 

Moción de Sentencia Sumaria Parcial es una moción requiriendo

reabrir el descubrimiento de prueba, ya que la peticionaria solicitó

los estados emitidos por las firmas de inversiones e instituciones 

bancarias y las aportaciones y depósitos efectuados a planes Keogh 

o 401K que tenga con su patrono. 

Luego de evaluar la prueba presentada, el 19 de octubre de 

2023, el Tribunal de Primera Instancia emitió una “Resolución” en

la cual declaró No Ha Lugar a la Solicitud de Sentencia Sumaria

Parcial. 

Inconforme con lo anteriormente resuelto, la parte 

peticionaria acudió a este Tribunal mediante el recurso de epígrafe, 

en que señaló los siguientes errores: 
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Primero: Erró el TPI y abusó de su discreción al denegar 

la Moción de Sentencia Sumaria Parcial presentada por 

la recurrente por haber sido presentada luego de haber 

concluido el descubrimiento de prueba cuando el propio 

TPI había ordenado a las partes a informar el 

descubrimiento que estaba pendiente para 

calendarizarlo.

Segundo: Erró el TPI y abusó de su discreción, al 

ordenarle a la recurrente que informara al TPI el 

descubrimiento de prueba que quedaba pendiente para 

calendarizarlo y cuando la recurrente así lo informa, en 

cumplimiento con lo dispuesto por el TPI, el TPI deniega 

la Moción de Sentencia Sumaria Parcial que presentó 

luego de los treinta días siguientes a la fecha 

establecida por el TPI para concluir con el 

descubrimiento de prueba.

Tercero: Erró el TPI y abusó de su discreción al 

ordenarle al recurrente entregarle evidencia documental 

a la recurrida, eximiendo a ésta de obtener dicha 

evidencia a través de los mecanismos de 

descubrimiento de prueba, y denegar la Moción de 

Sentencia Sumaria Parcial que presentó la recurrente 

basada en dicha evidencia documental por haber sido

presentada a destiempo al haber sido presentada luego 

de haber concluido el descubrimiento de prueba cuando 

en ningún momento en este caso el TPI ha establecido 

fecha límite para que las partes concluyan el 

descubrimiento de prueba, tal y como lo requiere la

Regla 36.1 de Procedimiento Civil.

Cuarto: Erró el TPI y abusó de su discreción al denegar 

la Moción de Sentencia Sumaria Parcial presentada por 

la recurrente sin hacer determinaciones de hechos 

esenciales y pertinentes sobre los cuales no hay 

controversia sustancial y aquellos que están realmente 

y de buena fe controvertidos, conforme lo ordena la 

Regla 36.4 de Procedimiento Civil.

Quinto: Erró el TPI y abusó de su discreción al no dar 

por incontrovertidos los hechos propuestos de la Moción 

de Sentencia Sumaria que fueron admitidos por la parte 

recurrida en su oposición a dicha moción.

Sexto: Erró el TPI y abusó de su discreción al ignorar 

que en su Oposición a la Moción de Sentencia Sumaria 

Parcial de la recurrente el recurrido no controvirtió 

ninguno de los hechos propuestos como incontrovertidos 

por la recurrente como era su deber como opositora de 

una moción de sentencia sumaria. Por consiguiente, el 

recurrido no rebatió la presunción de que el origen del 

caudal de la comunidad de bienes que tiene con la 

demandante es ganancial.

Séptimo: Erró el TPI y abusó de su discreción no 

adjudicar la única controversia de derecho objeto de la 

Moción de Sentencia Sumaria Parcial presentada por la 

recurrente al efecto de que le corresponde al recurrido el 
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peso de rebatir la presunción de ganancialidad que 

recae sobre el origen del caudal de la comunidad de 

bienes existente entre las partes cuando no hay 

controversia alguna de que el recurrido retiene el control 

exclusivo de bienes de la extinta sociedad legal de 

gananciales de las partes que se encuentran en estado 

de indivisión tales como las aportaciones al Plan de 

Compensación Diferida para el beneficio exclusivo del 

recurrido.

Octavo: Erró el TPI y abuso de su discreción al no 

adjudicar el derecho de la recurrente sobre las 

aportaciones que hizo la extinta sociedad legal de 

gananciales de las partes al Plan de Compensación 

Diferida que tenía el recurrido con su patrono, 

planteamiento discutido por la recurrente en su Moción 

de Sentencia Sumaria Parcial que no fue controvertido 

por el recurrido.

II.

A.

El auto de Certiorari constituye un vehículo procesal 

discrecional que posibilita a un tribunal de mayor jerarquía revisar 

las determinaciones de un tribunal inferior. Mun. de Caguas v. 

JRO Construction, 201 DPR 703, 711 (2019); IG Builders et al. v. 

BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012). Si bien el auto de

Certiorari es un vehículo procesal extraordinario de carácter 

discrecional, al atender el recurso no debemos perder de vista las 

demás áreas del derecho. Mun. de Caguas v. JRO Construction,

supra. La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

52.1, dispone que, como norma general, dicho recurso solo será 

expedido por este Tribunal de Apelaciones en dos instancias, a 

saber: (1) cuando se recurra de una resolución u orden bajo las 

Reglas 56 y 57; o (2) cuando se recurra de la denegatoria de una 

moción de carácter dispositivo.

No obstante lo anterior, y a modo de excepción, este foro 

apelativo intermedio podrá revisar órdenes o resoluciones 

interlocutorias dictadas por el foro primario cuando se recurra de 

lo siguiente: (1) decisiones sobre la admisibilidad de testigos de 

hechos o peritos esenciales; (2) asuntos relativos a privilegios 
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evidenciarios; (3) anotaciones de rebeldía; (4) en casos de 

relaciones de familia; y (5) en casos que revistan interés público o 

en cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación 

constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Íd.

Así, a los fines de ejercer sabiamente nuestra facultad 

discrecional en la consideración de los asuntos planteados 

mediante dicho recurso, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, dispone que esta 

segunda instancia judicial tomará en consideración los siguientes 

criterios al determinar si procede o no la expedición de un auto de

Certiorari:

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho.

(B) Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema.

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia.

(D) Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos más 

elaborados.

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 

caso es la más propicia para su consideración.

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar

causa no causan un fraccionamiento indebido del 

pleito y una dilación indeseable en la solución final 

del litigio.

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia.

Los tribunales de instancia poseen gran flexibilidad y 

discreción para lidiar con el manejo diario y la tramitación de los 

asuntos judiciales. In re Collazo I, 159 DPR 141 (2003). Así, se 

les ha reconocido a los jueces el poder y la autoridad suficiente 

para conducir los asuntos ante su consideración de la forma y 

manera que su buen juicio les indique. Íd.

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha establecido que, 

como norma general, el Tribunal de Apelaciones no intervendrá en 
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el manejo del caso ante la consideración del Tribunal de Primera 

Instancia. Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 155 (2000). 

Este Tribunal sólo intervendrá en el ejercicio de la discreción del 

Foro Primario en aquellas situaciones en que se demuestre que 

este último: (1) actuó con prejuicio o parcialidad, (2) incurrió en un

craso abuso de discreción o (3) se equivocó en interpretar o aplicar 

cualquier norma procesal o de derecho sustantivo. Íd.

Cónsono con lo anterior, el Tribunal Supremo de Puerto Rico

ha reiterado que “las decisiones discrecionales que toma el 

Tribunal de Primera Instancia no serán revocadas a menos que se 

demuestre que ese foro abusó de su discreción”. SLG ZapataRivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 434 (2013). A tales efectos, 

el máximo foro judicial expresó que, los foros apelativos no deben 

buscar administrar ni controlar el curso ordinario de los casos 

ante el foro primario. Íd.

III.

Luego de analizar el recurso ante nos, a la luz del derecho 

antes citado, y siguiendo los criterios para la expedición del auto 

de Certiorari, determinamos que se cumple con la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, supra. Sin embargo, los requisitos

establecidos por la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, no 

están presente en este caso, por lo que no amerita nuestra 

intervención. En consecuencia, denegamos la expedición del auto 

de Certiorari.

De conformidad con lo resuelto por el Tribunal de Primera 

Instancia en su “Resolución” del 19 de octubre de 2023, el tracto 

procesal del presente caso demuestra que la parte peticionaria

presentó la Moción de Sentencia Sumaria Parcial, después de 

haber transcurrido más de 30 días desde la finalización del 

descubrimiento de prueba. En otras palabras, no cumplió con lo 

establecido en la Regla 36.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 
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R. 36.1, la cual permite a la parte demandante solicitar que se 

dicte sentencia sumaria después de transcurrir 20 días desde que 

se emplaza a la parte demandada, pero no más tarde de los 30 días

siguientes a la fecha limite para concluir el descubrimiento de 

prueba. Id. Así pues, se excedió del límite dispuesto por ley.

Tras examinar la prueba documental que consta en el 

expediente apelativo, no hallamos fundamento que justifique la 

expedición del presente recurso. Evaluados los hechos particulares 

de este caso, resolvemos que el Tribunal de Primera Instancia no 

abusó de su discreción. En vista de lo anterior, es claramente 

evidente que el caso en cuestión no satisface ninguno de los 

criterios establecidos en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, supra, que exigiría la expedición del auto de 

certiorari para reemplazar el criterio del Tribunal de Primera 

Instancia por el nuestro. Como resultado, denegamos la 

expedición del auto de Certiorari.

IV. 

Por los fundamentos expuestos, los que hacemos formar 

parte de esta sentencia, denegamos el recurso de Certiorari 

solicitado por la Sra. Elba Pesquera Sánchez. 

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

 Secretaria del Tribunal de Apelaciones