Número Identificador

RES 2 0 2 3

___________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL VIII

Elba Pesquera Sánchez

Peticionaria

v s

.

Julián Valles Acosta

Recurrido K L CE 202301270 CERTIORARI p rocedente de l Tribunal de Primera Instancia de Arec ibo, Sala Superior de Hatillo

Civil Núm.: HA2020CV00192 (101)

Sobre : Liquidación de Comunidad de Bienes

Panel integrado por su president e , el Jue z R i ve r a Colón , el Juez Mo nge Gó mez y el Juez Cruz Hiraldo

. Rivera Col ón , Juez Ponente

RESOLUCIÓN

En S an Juan, Puerto Rico, a 6 de diciembre de 20 2 3

. Comparece la parte peti cionaria , la Sra . Elba Pesquera

S ánchez (en adelante, “ Sra. Pesquera Sánchez ” o “ parte
peticionar ia ” ) para solicitarnos que se revoque la Resolución

em itida por el Tribunal de Prime r a I nstancia, Sala Superior de

Hatillo el 19 de octubre de 2023 y notificada el 20 de igual mes y

año. M ediante dicha “ Resolución ” se declara No Ha Lugar la

Solicitud de Sentencia Sumaria Pa rcial

. Examinada la solicitud de autos, la totalidad del expedient e

y el estado de derecho aplicable ante nuestra consideración , se
deni ega la expedición del auto de C er tiorari

.
I.
El 5 de enero de 1984, l a Sra. P esquera Sánchez con trajo

ma trimonio con el Sr. Juli án Vall és Acosta (en adelan te, “ Sr. Vall e s

Ac osta ” o “ par t e r ec urrida ” ) , bajo el r égimen de S ociedad L egal de

G ananciales. Durante el matrimonio , las partes adquirieron variosKL CE202301270 2

bienes , incluyendo cuentas de banco. E l 30 de octubre de 2000 ,
1 6 años más tarde, se divorciaron. Sin embargo, la Sentenci a no disp uso nad a acerca de la liquidación de l o bienes gananciales.

Así las cosas, el 17 de septiembre de 2020, l a Sra. Pesquera

S ánchez radicó una demanda sobre liquidación de comunidad de

bi enes gananciales en contra del recurrido. Alegó que , los bienes

se e nc uen t ran en t otal control del Sr. V alles Acosta

. Así pues,
solicitó la división de é stos

. El 15 de noviembre de 2020, el S r.
Valles Acosta mediante su Contestación a la Demanda reconoció la

ex istencia de la comunidad post ganancial, pero rechazó tener

con tro l ex clusivo sobre ella.
Luego de varios tr ámites procesales , el 14 de ju nio de 2023 , la parte peticionaria presentó una moción de Sentencia S umaria

Parcial , en donde indic ó que el recur rido de pos itó los fondos del

pa trim onio postganancial en cuentas de in v ers ión para su
be neficio exclusivo. Asimismo, a d ujo que , tiene derec ho a un

crédito , al incremen to en valor de las inver siones y a sus intereses.

Ese mismo día , e l Sr. Valles A costa radicó la Moción en Oposición

a Mo ci ón de Sentencia Sumaria Par cial , e n l a c ual expresó que la

Moci ón de S entencia Sumaria Parcial es una moci ón requiriendo
reabrir el descubrimiento de prueba , ya q ue la peticio naria solicit ó

los es tados emiti dos por las firmas de inversiones e instituciones

bancarias y las aport aciones y de pó s ito s efectuados a pla nes Keogh

o 401 K qu e t enga con su patrono. Luego de evaluar la prueba presentada, el 19 de octubre de
2023, el Tribunal de Primera Instancia emitió una “ Resolución” en

la cual dec laró No Ha Lugar a la Solicitud de Sentencia S umaria

P a r ci al.

Inconforme con lo anteriorme nte resue lto, la parte
peticionaria acudió a este Tribunal mediante el recurso de epígrafe , en que señaló los siguiente s errores:KL CE202301270 3 Primero: Erró el TPI y abusó de su discreción al denegar la Moción de Sentencia Sumari a P arc ial presentada por la recurrente por haber sido presentada luego de haber concluido el descubrimiento de prueba cuando el propio TPI había ordenado a las partes a informar el descubrimiento que estaba pendiente para calendarizarlo. Segundo: Erró el TP I y abusó de su discreción, al ordenarle a la recurrente que informara al TPI el descubrimiento de prueba que quedaba pendiente para calendarizarlo y cuando la recurrente así lo informa, en cumplimiento con lo dispuesto por el TPI, el TPI deniega la Moci ón de Sentencia Sumaria Parcial que presentó luego de los treinta días siguientes a la fecha establecida por el TPI para concluir con el descubrimiento de prueba. Tercero: Erró el TPI y abusó de su discreción al ordenarle al recurrente entregarle evidenci a d ocu mental a la recurrida, eximiendo a ésta de obtener dicha evidencia a través de los mecanismos de descubrimiento de prueba, y denegar la Moción de Sentencia Sumaria Parcial que presentó la recurrente basada en dicha evidencia documental por haber sido p r ese ntada a destiempo al haber sido presentada luego de haber concluido el descubrimiento de prueba cuando en ningún momento en este caso el TPI ha establecido fe cha límite para que las partes concluyan el descubrimiento de prueba, tal y como lo requiere l a Re gla 36.1 de Procedimiento Civil. Cuarto: Erró el TPI y abusó de su discreción al denegar la Moción de Sentencia Sumaria Parcial presentada por la recurrente sin hacer determinaciones de hechos esenciales y pertinentes sobre los cuales no hay controv er

s ia sustancial y aquellos que están realmente y de buena fe controvertidos, conforme lo ordena la Regla 36.4 de Procedimiento Civil. Quinto: Erró el TPI y abusó de su discreción al no dar por incontrovertidos los hechos propuestos de la Moción de Sente nc i a S umaria que fueron admitidos por la parte recurrida en su oposición a dicha moción. Sexto: Erró el TPI y abusó de su discreción al ignorar que en su Oposición a la Moción de Sentencia Sumaria Parcial de la recurrente el recurrido no controvirtió nin gu n o d e los hechos propuestos como incontrovertidos por la recurrente como era su deber como opositora de una moción de sentencia sumaria. Por consiguiente, el recurrido no rebatió la presunción de que el origen del caudal de la comunidad de bienes que ti en e co n la demandante es ganancial.
Séptimo: Erró el TPI y abusó de su discreción no adjudicar la única controversia de derecho objeto de la Moción de Sentencia Sumaria Parcial presentada por la recurrente al efecto de que le corresponde al recurrido elKL CE202301270 4

p es o de rebatir la presunción de ganancialidad que recae sobre el origen del caudal de la comunidad de bienes existente entre las partes cuando no hay controversia alguna de que el recurrido retiene el control exclusivo de bienes de la extinta sociedad lega l d e g ananciales de las partes que se encuentran en estado de indivisión tales como las aportaciones al P lan de C ompensación D iferida para el beneficio exclusivo del recurrido. Octavo: Erró el TPI y abuso de su discreción al no adjudicar el derecho de la re c urr ente sobre las aportaciones que hizo la extinta sociedad legal de gananciales de las partes al Plan de Compensación Diferida que tenía el recurrido con su patrono, planteamiento discutido por la recurrente en su Moción de Sentencia Sumaria Parcial qu e n o f ue controvertido por el recurrido.

I I.

A.

El auto de C ertiorari constituye un vehículo pr oc esa l

discreci onal que posibil ita a un tribunal de mayor jerarquía revisar

las determinaciones de un tribunal inferio r

. Mun. de Caguas v.

JRO Construction , 2 01 DPR 703, 711 (2019); IG B uilders et al. v.

BBVAPR , 185 DP R 307, 337

- 338 (2012)

. Si bien el auto d e

C er ti orari es un vehículo procesal extraordin ario de carácter

discre cional, al atender el recurso no debemos perder de vista las

demás áreas del derecho

. M u n. de Caguas v. JRO Const ru ction ,
supra

. La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.
52.1, dispone que, como norma general, dicho recurso solo será
expedido por este Tribunal de Apelaciones en dos instancias, a
saber: (1) cuando se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57; o (2) cuando se recurra de la denegatoria de una
moción de carácter dispositivo.
No obstante lo anterior, y a modo de excepción, este foro
apelativo intermedio podrá revisar órdenes o resoluciones

interlocut o ria s dictadas por el foro primario cuando se recurra de
lo siguiente: (1) decisiones sobre la admisibilidad de testigos de
hechos o peritos esenciales; (2) asuntos relativos a privilegiosKL CE202301270 5

evidenciarios; (3) anotaciones de rebeldía; (4) en casos de

relacio n es de familia; y (5) en casos que revistan interés público o
en cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación

consti tuiría un fracaso irremediable de la justicia. Íd.

As í , a los fines de ejercer sabiamente nuestra facultad

d is cre ci onal en la c ons ideración de los asuntos planteados

mediante dic ho recurso, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal
de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII

- B , R. 40 , d ispone que esta

s eg unda instancia judicial t omará en consi deración los siguientes

criterios a l d et erminar si p roc ede o no la expedición de un auto de

C ertiorari : (A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a diferencia de sus fundam entos, son contrarios a de recho

. (B) Si la situació n de hechos planteada es la más indicada para e l aná li sis del problema. (C) Si ha mediado prej uicio, parcialidad o er ror craso y manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de Prim era Instancia. (D) S i el asunto pla nt eado exige consideración más detenid a a la luz de los autos originales, lo s c ua les debe rán ser elevados , o de alegatos más elaborados. (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es la más propicia para su consideración

. (F) Si la expedi ci ón del auto o de la orden de mostrar
ca usa no causan un fraccionamiento in deb id o del pl eito y una dilación in d ese able e n la solución final del litigio. (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
causa evita un fracaso de la justicia

. Los tri bu nales de instancia poseen gran flexi bilidad y
discreción para lidiar con e l m an ejo diar io y la tramitación d e lo s

asunt os judiciales

. In re C ollazo I , 159 DPR 141 (2003). Así, se les ha reconocido a los jueces el poder y la autoridad suficien te

para co nd ucir los asuntos ante su consideraci ó n de la forma y
manera que su buen ju ici o les indi que. Íd.

E l Trib un a l S upremo de Puerto Rico ha establecido que,
como norma general, el Tribunal de Apelaciones no intervendrá enKL CE202301270 6

el manejo del caso ant e la c onsideración del Tribunal de Primera

Instancia

. Rivera y otros v. Bco

. Popular , 152 D PR 14 0, 155 ( 2000).

Este Tribu n al s ó lo intervendrá en el ejercicio de la discreción de l

Foro Primari o en aquellas situaciones en que se demuestre qu e este último: (1) ac tuó con prej uicio o parcialidad, (2) incurrió e n un

c ras o abuso de discreción o (3) se equivocó en interpretar o apli c ar cualquier norma procesal o de derecho sustantivo. Íd

. Cónsono con lo anterior, el Tribunal Supremo de Puerto Ri co ha reiterado que “la s de cisio nes discrecionales que toma el

Tribunal de P rim er a Instan cia no serán revocadas a menos q ue se demuestre que ese foro abusó de su discreción”. SLG Zapata

Rivera v. J.F. Montalvo , 189 DPR 414, 434 (2013). A tales efectos , el m áximo foro judicial e xpresó que , los foros apelativos no deben

busc ar administrar ni controlar el curso ordina rio de los casos

ante el fo r o p rimario. Íd

.
III. Luego de analizar el recurso ante nos, a la luz del d erecho

antes citado , y siguiendo los criterios pa ra la expedició n del auto

de C ertiorari , determinamos que se cumple con la Regla 52.1 de
Procedimiento Civil, supr a

. Sin embar go, lo s r e quisitos

establecidos por la Regla 40 de n uestro Reglamento, supra, no

están presente en este caso , por lo que no amerit a nue stra

intervención

. En consecuencia , denegamos la expedición del auto

de Certiorari

.
De c onformidad con lo resuelto por el Tr ib una l de Primera

I nstancia en su “ Resolución ” del 19 de octubre de 2023 , el tracto

p rocesal del presen t e caso demuestra que la parte peticionaria
presentó la Moción de Sentencia Sumari a Parcial , después de

haber t ranscurrido más de 30 d ías desde la finali za ció n del
descubrimiento de prueba

. E n otras palabras, no cumpl ió con lo

establecido en la Regla 3 6.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V,KL CE202301270 7

R. 36.1, la cual permite a la parte dema ndante solicitar que se
dicte se ntencia sumaria después de transcurrir 20 d ías desde q ue se emplaza a la parte dema ndada , pero no m á s tarde de los 30 días
siguientes a la fecha limite para con cluir el descubrimiento de

prue ba. I

d. Así pues, s e excedi ó del límite dispuesto por ley.

Tras e xaminar la prueba documental que const a en el
expediente apelativo, no ha llamos fundamento que justifique la
expedición del presente recurso. E valuados los hechos particulares
de este caso, resolvemos que el Tribunal de Primera Instancia no
abusó de su d iscreción. En vista de lo anterior , es cl ara mente evidente que el caso en cuestión no satisface ninguno de los
criterios establecidos en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal
de Apelaciones, supra , que exigiría la expedición del auto de

certiorari para r eemplazar el criterio del Tribunal de P r i mer a Instancia por el nuestro. Como resultado , denegamos la
expedición del auto de Certiorari.

IV.

Por los fundam entos expuestos , los que hacemos formar
parte d e est a sentencia , denegam os el recurso de Certiorari

s olicit ado por la Sra. Elba Pesquera Sánc hez

.
Lo acordó y manda el Tribunal , y lo certifica la Secretaria del
Tribunal de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oqu en d o S o l í s Sec reta ria del Tribunal de Apelacion es