Número Identificador: 

SEN2023___________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL ESPECIAL

CONSEJO DE

TITULARES

CONDOMINIO HARBOR

PLAZA

DEMANDANTE(S)- RECURRIDA(S)

V.

HARBOR PLAZA CORP.

ET. AL.

DEMANDADA(S)-RECURRIDA(S)

V.

WHEATLAND TUBE,

LLC.,

ET. AL.

TERCERA

DEMANDADA(S)-PETICIONARIA(S)

KLCE202201254

Certiorari

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 

Superior de SAN 

JUAN

Caso Núm. 

SJ2018CV09567

(801)

Sobre:

Defectos/Prácticas 

Indeseables de 

Construcción; Vicios 

Ocultos; Ruina; 

Daños y Perjuicios

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón; la Juez Barresi 

Ramos; y la Jueza Rivera Pérez

Barresi Ramos, juez ponente

S E N T E N C I A

En San Juan, Puerto Rico, hoy día 30 de noviembre de 2023.

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, Wheatland Tube, LLC 

(Wheatland), de manera especial, sin someterse a la jurisdicción o 

competencia, mediante Petición de Certiorari instada el 16 de noviembre de 

2022. En su escrito, nos solicita que revisemos la Resolución decretada el 4 

de agosto de 2022 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San 

Juan.1 Mediante la referida determinación judicial, declaró no ha lugar la 

Moción de Desestimación de la Demanda Contra Tercero (SUMAC #200) al 

Amparo de las Reglas 10.2(2) y 10.2(5) de Procedimiento Civil presentada el 

6 de julio de 2021 por Wheatland.

2

1 Este dictamen judicial fue notificado y archivado en autos el 4 de agosto de 2022. Véase 

Apéndice de la Petición de Certiorari, págs. 310- 322.

2

Íd., págs. 229- 255.
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Exponemos el trasfondo fáctico y procesal que acompaña a la presente 

controversia.

- I -

El 31 de octubre de 2018, el Consejo de Titulares del Condominio 

Harbor Plaza (Consejo Harbor Plaza) incoó una Demanda sobre defectos y 

prácticas indeseables de construcción; vicios ocultos; ruina; y daños y 

perjuicios.

3 En su reclamación judicial, alegó, entre otras cosas, que, para 

noviembre de 2017, la Junta de Directores del Condominio Harbor Plaza

determinó inspeccionar las tuberías del sistema de enfriamiento en todos los 

apartamentos y encontró ochenta y cuatro (84) filtraciones en diferentes tubos 

del sistema. Además, hallaron dieciocho (18) abrazaderas mecánicas

colocadas para cubrir algunas de las filtraciones que el desarrollador nunca 

notificó su instalación al Consejo de Titulares ni a la Junta de Directores antes 

de la transferencia de la administración del condominio. Indicó, además que 

el costo de reemplazar las tuberías del sistema de enfriamiento se estima en 

una cuantía no menor de $600,000.00.

4 En la aludida Demanda, el Consejo 

Harbor Plaza incluyó como partes codemandadas a OG Industrial/ Tecnical 

Services, entidad que prestó servicios de limpieza y mantenimiento al sistema 

de enfriamiento previo a la transferencia de la administración del condominio;

Universal Protection & Maintenance, firma que prestó servicios de limpieza y 

mantenimiento al sistema de enfriamiento después de la transferencia de la 

administración del condominio; International Chemtex Puerto Rico Inc, 

compañía que además de encargarse de la limpieza y/o mantenimiento, 

también ofreció servicios de monitoreo y/o pruebas mensuales a las torres de 

enfriamiento, y Engineered Products Company, Inc., empresa que 

manufacturó, fabricó, ensamblo, soldó, mercadeó y/o distribuyó las piezas, 

tubos y/o el sistema de torres de enfriamiento. El restante de las entidades o 

corporaciones fueron incluidas como compañías aseguradoras o fiadoras de 

nombre desconocido.

5

3 Véase Apéndice de la Petición de Certiorari, págs. 1- 7.

4

Id., pág. 6. 

5 Las compañías aseguradoras fueron incluidas como nombre desconocido X y Y. Las 

compañías fiadoras fueron incluidas como E y F. De igual manera, cinco (5) partes 
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Más adelante, el 8 de abril de 2019, Harbor Plaza Corp. presentó una 

Contestación a la Demanda conteniendo sus defensas afirmativas.

6 El día 8 

de mayo de 2019, Harbor Plaza Corp. presentó una Demanda Contra 

Terceros para incluir causas de acción contra: Rexach Builders Corp.; Air 

Mech, Inc.; y Fidelity and Deposit Company of Maryland.

7

El 26 de agosto de 2019, International Chemtex Puerto Rico, Inc. 

presentó su Contestación a Demanda conteniendo sus defensas afirmativas.

8

A los pocos días, el 30 de agosto de 2019, Harbor Plaza Corp. presentó una 

Demanda Contra Copartes para incluir OG Industrial/Technical Services Inc.; 

Universal Protection and Maintenance; Engineered Products Company, Inc.;

International Chemtex Puerto Rico, Inc.; Compañías Fiadoras de Nombre 

Desconocidos E y F; y Demandados de Nombre Desconocidos A, B, C, D y 

E.9

Después, el 23 de septiembre de 2019, International Chemtex Puerto 

Rico, Inc. presentó una Contestación a Demanda Contra CoPartes y 

Reconvención Contra CoParte.

10 El 3 de octubre de 2019, International 

Chemtex Puerto Rico, Inc. presentó su Contestación Enmendada a Demanda 

Contra CoPartes y Reconvención Contra CoParte.

11 Ese mismo día, Harbor 

Plaza Corp. presentó una Contestación a Reconvención sobre Demanda 

Contra CoParte.

12

El 7 de octubre de 2019, Air-Mech, Inc. presentó su Demanda Contra 

Terceros para incluir a CIB Corporation.13 En esa misma fecha, presentó su 

Contestación a Demanda Contra Terceros.

14 También, ese día, Rexach 

Builders Corp. presentó una Contestación a Demanda Contra Tercero.

15

Posteriormente, el 18 de diciembre de 2019, Air-Mech, Inc. presentó su 

Demanda Contra Terceros Enmendada arguyendo que de demostrarse que 

codemandadas fueron incluidas con nombres desconocidos A, B, C, D y F. Véase, Apéndice 

de la Petición de Certiorari, págs. 3– 5. 

6 Véase Apéndice de la Petición de Certiorari, págs. 8- 24.

7

Íd., pág. 25- 31.

8

Íd., págs. 32- 39.

9

Íd., págs. 40- 45.

10 Íd., págs. 46- 57.

11 Íd., págs. 58- 70.

12 Íd., págs. 71- 89.

13 Íd., págs. 90- 94.

14 Íd., págs. 95- 101.

15 Íd., págs. 102- 120.
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en efecto los tubos utilizados en la construcción e instalación del sistema de 

enfriamiento no son de la más alta calidad o su calidad es la razón de los 

daños presuntamente sufridos son CIB Corporation y Wheatland quienes 

responden directamente a la parte demandante por los daños que puedan 

probar.16

Más tarde, el 21 de enero de 2020, International Chemtex Puerto Rico, 

Inc. presentó una Contestación Enmendada a Demanda.17 A los pocos 

meses, el 15 de julio de 2020, Consejo Harbor Plaza presentó Moción para 

Solicitar Autorización para Enmendar Demanda.

18

El 27 de agosto de 2020, Consejo Harbor Plaza presentó una Primera 

Demanda Enmendada.

19 En el inciso 13 expresó: “[p]or información y creencia 

Wheatland Tube con dirección 700 South Dock Street, Sharon, PA 16146 es 

la entidad que manufacturó los tubos utilizados en el sistema de enfriamiento

del Condominio Habor Plaza, los vendió a CIB Corporation, y esta se los 

vende a su vez a Air Mech”. Por otro lado, en el inciso 28 argumentó: “[l]os 

codemandados de nombre desconocido B y F, Rexach Construction,

Engineered Products Company, Inc., Air Mech, CIB Corporation y Wheatland 

Tube Inc., fueron quienes fabricaron, manufacturaron, instalaron y 

mercadearon el referido sistema de enfriamiento, y/o sus componentes; 

quienes faltaron a su deber de ejercer un grado razonable de cuidado en la 

fabricación, selección de materiales, soldadura, manufactura, y mercadeo del 

sistema, y fallaron en tomar todas las medidas y control de calidad necesarios 

para evitar situaciones y faltas en el sistema como las aquí detalladas”. Cabe 

señalar que en dicho documento las partes codemandadas A, B, C, D, E

y F seguían siendo entidades o compañías de nombre desconocido.

20

Ese mismo día, el foro de instancia dictó Resolución enunciando: 

El Tribunal Supremo ha [resuelto] que al momento de evaluar 

una solicitud al amparo de la Regla 13.1 de Procedimiento Civil

el foro de instancia tiene discreción para aceptar o negar las 

alegaciones enmendadas. De hecho, el principio que debe regir 

es de ejercer liberalidad para concederlas; luego de [sic] pasar 

16 Véase Apéndice de la Petición de Certiorari, págs. 121- 125.

17 Íd., págs. 126- 134.

18 Véase Entrada núm. 129 del expediente electrónico del Sistema Unificado de Manejo y 

Administración de Casos (SUMAC).

19 Véase Apéndice de la Petición de Certiorari, págs. 135- 142.

20 Id., págs. 136– 139. 
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juicio sobre los [siguientes] elementos: (1) el impacto del tiempo 

transcurrido previo a la enmienda; (2) la razón de la demora; (3) 

el perjuicio a la otra parte; y (4) la procedencia de la enmienda 

solicitada. SLG Sierra v. Rodríguez, 163 DPR 738 (2005); 

Epifanio Vidal Inc., v. Suro, 103 DPR 793 (1976). Sobre los 

mismos, también ha sido enfático en que el paso del tiempo por 

[sí] solo no es una razón para no permitir las enmiendas... 

[a]tendidas las posiciones de las partes a la luz del trámite 

procesal y etapa del caso en que se encuentra, se autoriza la 

radicación de la Primera Demanda Enmendada. A tales fines, 

deberá radicarse como documento independiente en el 

expediente [...].

21

Así las cosas, el 31 de agosto de 2020, Air-Mech, Inc. presentó una 

Moción Solicitando Término Adicional para Emplazar al Tercero Demandado, 

Wheatland Tube o en la Alternativa sobre Desistimiento Sin Perjuicio.

22 En 

dicho escrito, expuso que por razones atribuibles a la pandemia no había 

podido emplazar a Wheatland; había realizado gestiones con emplazadores 

en el área de Pennsylvania pero sus esfuerzos no habían resultado en lograr 

el diligenciamiento personal; y solicitó un término adicional de treinta (30) días 

o en la alternativa, se permitiera el desistimiento sin perjuicio. Al mismo 

tiempo, el foro primario dictaminó Sentencia Parcial disponiendo en lo 

pertinente: “examinada la moción radicada se tiene a Air–Mech Inc. como 

desistida sin perjuicio de su causa de acción contra Wheatland Tube 

exclusivamente”.23

El 16 de septiembre de 2020, Harbor Plaza Corp. presentó una 

Contestación a Primera Demanda Enmendada.24 A los pocos días, el 21 de 

septiembre de 2020, International Chemtex Puerto Rico, Inc. presentó una 

Contestación a Primera Demanda Enmendada.25

Por su parte, el 24 de septiembre de 2020, Rexach Builders Corp. 

presentó su Demanda Contra Copartes para incluir causas de acción contra: 

Air Mech; y CIB Corporation.

26 Días después, el 28 de octubre de 2020, CIB 

Corporation presentó una Contestación a Demanda Contra Copartes 

Presentada por Rexach Builders Corp Contra CIB Corporation.

27 El 30 de 

21 Véase Entrada núm. 152 del expediente electrónico del Sistema Unificado de Manejo y 

Administración de Casos (SUMAC).

22 Véase Apéndice de la Petición de Certiorari, págs. 143- 144.

23 Dicha determinación judicial fue notificada y archivada en autos el 1 de septiembre de 2020. 

Íd. págs. 145- 146.

24 Íd., págs. 147- 168.

25 Íd., págs. 169- 178.

26 Íd., págs. 179- 186.

27 Íd., págs. 187- 192.
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octubre de 2020, CIB Corporation presentó su Contestación a Demanda 

Contra Terceros Presentada por Air-Mech Inc Contra CIB Corporation.28

El 16 de noviembre de 2020, Air-Mech, Inc. presentó una Contestación 

a Demanda Contra Copartes.

29 El 30 de noviembre de 2020, CIB Corporation 

presentó una Contestación a Primera Demanda Enmendada.

30

Al tiempo, el 30 de diciembre de 2020, CIB Corporation presentó su

Demanda Contra Tercero de CIB Corporation Contra Wheatland Tube,

alegando, entre otras cosas, que Wheatland colocó en el mercado unos 

productos defectuosos, instalados en el sistema de enfriamiento del 

Condominio, que deben ser reemplazados, por las fallas que se alegan en la 

Demanda; y una Demanda Contra Tercero de CIB Corporation Contra 

Universal Insurance Company.31

Luego de varios incidentes procesales, el 6 de julio de 2021, 

Wheatland, de manera especial, sin someterse a la jurisdicción o 

competencia del tribunal y sin renunciar a defensa alguna, presentó la Moción 

de Desestimación de la Demanda Contra Tercero (SUMAC #200) al Amparo 

de las Reglas 10.2(2) y 10.2(5) de Procedimiento Civil.32 En esencia, 

Wheatland adujo que es una compañía de responsabilidad limitada 

organizada al amparo de las leyes del estado de Pennsylvania y con oficina 

principal en el estado de Illinois, Estados Unidos. Añadió que no posee 

contactos continuos ni sistemáticos con Puerto Rico, por lo que, no está sujeta 

a la jurisdicción general de los tribunales en Puerto Rico. También, argumentó

que el Consejo Harbor Plaza no emplazó mediante edictos a las partes 

codemandadas desconocidas, por tanto, después de haber expirado el 

término de ciento veinte (120) días, procedía que el foro primario desestimara 

la Demanda en cuanto a ellos se refiere. Wheatland aseguró que no se 

interrumpió el plazo de un (1) año para entablar una reclamación judicial en 

su contra.

28 Véase Apéndice de la Petición de Certiorari, págs. 193- 197.

29 Íd., págs. 198- 205.

30 Íd., págs. 206- 215.

31 Íd., págs. 216- 221 y 222- 228.

32 Íd., págs. 229– 255.
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El 2 de agosto de 2021, CIB Corporation presentó una Moción de 

Oposición a Moción de Desestimación de Demanda Contra Tercero Dirigida 

Hacia Wheatland Tube.33 Tres (3) días después, el 5 de agosto de 2021, 

Wheatland presentó una Moción Informando Intención de Replicar a 

Oposición a Moción de Desestimación de Demanda Contra Tercero (SUMAC 

#259).34 El mismo día, Consejo Harbor Plaza presentó su Moción 

Uniéndonos a la Oposición a Solicitud de Desestimación de CIB Corp.

35

De este modo, el 23 de agosto de 2021, Wheatland presentó una 

Réplica a Moción de Oposición a Moción de Desestimación de Demanda 

Contra Tercero Dirigida Hacia Wheatland Tube.

36 Mas tarde, el 7 de 

septiembre de 2021, Wheatland presentó una Réplica a Moción Uniéndose a 

la Oposición a Solicitud de Desestimación de CIB Corp, Presentada por el 

Consejo.

37

Así las cosas, el 4 de agosto de 2022, se determinó la Resolución

impugnada. El 19 de agosto de 2022, Wheatland presentó una Moción de 

Reconsideración de Resolución (SUMAC #300) aduciendo que la mera 

presencia de sus productos en el mercado de Puerto Rico no satisface el 

estándar requerido para implicar la existencia de contactos mínimos.

38 El 11 

de octubre de 2022, CIB Corporation presentó una Oposición a Moción de 

Reconsideración de Resolución (Entrada 315).39 Ulteriormente, el 17 de 

octubre de 2022, el foro a quo determinó no ha lugar a la Moción de 

Reconsideración de Resolución.

40

Insatisfecha, el 26 de noviembre de 2022, Wheatland, de manera 

especial, sin someterse a la jurisdicción o competencia del tribunal y sin 

renunciar a defensa alguna, instó ante nos una Petición de Certiorari. En su 

recurso, señala el(los) siguiente(s) error(es): 

Erró el TPI en su Resolución del 4 de agosto de 2022 al determinar 

que, ante la notificación oportuna del emplazamiento de la 

33 Véase Apéndice de la Petición de Certiorari, págs. 256- 269.

34 Íd., págs. 270- 271.

35 Íd., págs. 272- 280.

36 Íd., págs. 283- 297.

37 Íd., págs. 298- 309.

38 Íd., págs. 323- 337.

39 Íd., págs. 338- 346.

40 Este pronunciamiento judicial fue notificado y archivado en autos el 17 de octubre de 2022. 

Íd., págs. 347- 349.
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Demanda Contra Tercero por parte CIB, la acción principal del caso 

de epígrafe no está prescrita respecto a Wheatland Tube.

Erró el TPI al no concluir en la Resolución del 4 de agosto de 2022 

que es improcedente la teoría de daños continuos del Consejo y 

CIB.

Erró el TPI al no determinar en la Resolución del 4 de agosto de 

2022 que no se configuran los requisitos de jurisdicción general ni 

jurisdicción específica, incluyendo los factores de Gestalt, para 

tener jurisdicción sobre la persona de Wheatland Tube, por lo que 

procede desestimar la Demanda Contra Tercero.

El 18 de noviembre de 2022, decretamos Resolución en la cual, entre 

otras cosas, concedimos un plazo perentorio de diez (10) días para mostrar 

causa por la cual no debamos expedir el auto de certiorari y revocar el 

dictamen impugnado. 

El 1 de diciembre de 2022, CIB Corporation presentó su Moción en 

Cumplimiento de lo Ordenado y en Oposición a la Expedición del Recurso de 

Certiorari. Ese mismo día, Harbor Plaza Corp. presentó Moción en 

Cumplimiento de Orden y Oposición a Expedición de Auto de Certiorari; e

International Chemtex Puerto Rico, Inc. presentó su Moción en Cumplimiento 

de Resolución uniéndose a las oposiciones. Consecuentemente, el 8 de 

diciembre de 2022, Consejo Harbor Plaza presentó su Memorando en 

Oposición a la Expedición del Auto de Certiorari, en síntesis, argumentó que 

Wheatland vende sus productos en Puerto Rico, y mantiene relaciones 

comerciales con múltiples distribuidores y suplidores que forman parte de su 

mercado, por lo que, obtiene beneficio económico por ganancia en las 

ventas.41

El 12 de diciembre de 2022, Wheatland presentó su Oposición a 

Mociones [de CIB, Harbor Plaza e International Chemtex] en Cumplimiento de 

Resolución de Mostrar Causa, y Solicitud de Vista Oral Conforme a la Regla 

80(A) del Reglamento de este Honorable Tribunal. En resumen, planteó que 

el litigio lleva más de cuatro (4) años y se encuentra en una fase avanzada de 

los procedimientos, y, de denegarse la expedición, causaría que Wheatland

se enfrente al pleito de manera desventajada. 

41 Véase: Memorando en Oposición a la Expedición del Auto de Certiorari, pág. 16. 
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Así pues, el 16 de febrero de 2023, Consejo Harbor Plaza presentó 

Moción Informativa y en Solicitud de Desglose, mediante la cual indicó que la 

mencionada moción en oposición presentada por Wheatland, no les fue 

notificada. 

El 23 de febrero de 2023, Wheatland presentó su Oposición a Moción 

Informativa y en Solicitud de Desglose. Arguyó que el mismo 12 de diciembre 

de 2022, notificó oportunamente a todas las partes mediante sus respectivas 

representaciones legales.

El 27 de febrero de 2023, este tribunal revisor emitió Resolución 

concediéndole a Wheatland y a Harbor Plaza Corp. el término de diez (10) 

días para exponer sus posiciones sobre la solicitud de desglose presentada 

por Consejo Harbor Plaza. Al día siguiente, el 28 de febrero de 2023, este 

foro apelativo declaró no ha lugar a la solicitud de desglose presentada por 

Consejo Harbor Plaza y se apercibió a las partes sobre el cumplimiento de 

la Regla 68 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. 

Posteriormente, el 27 de marzo de 2023, Wheatland presentó Moción 

de Orden Provisional en Auxilio de Jurisdicción, señalando que está siendo 

forzada a participar afirmativa o activamente en los procedimientos, 

incluyendo descubrimiento de prueba, ante el foro primario y ello, atenta

contra sus defensas y planteamientos esbozados. El 29 de marzo de 2023, 

intimamos Resolución en la cual se declaró ha lugar la solicitud de auxilio de 

jurisdicción y ordenó la paralización de los procedimientos. 

Ante ello, el 4 de abril de 2023, Consejo Harbor Plaza presentó 

Solicitud de Reconsideración a la Paralización de los Procedimientos en 

Auxilio de Jurisdicción solicitando que se levante la paralización de los 

procedimientos para que continué con el descubrimiento de prueba. El día 18 

de abril de 2023, se determinó no ha lugar a la solicitud de reconsideración.

Evaluado concienzudamente el expediente del caso y contando con el 

beneficio de la comparecencia de todas las partes, nos encontramos en 

posición de adjudicar. Puntualizamos las normas de derecho pertinentes a 

la(s) controversia(s) planteada(s). 
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- II -

- A -

El recurso de certiorari permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar 

discrecionalmente las órdenes o resoluciones interlocutorias emitidas por una 

corte de inferior instancia judicial.42 Por ello, la determinación de expedir o 

denegar este tipo de recurso se encuentra enmarcada dentro de la discreción 

judicial.43

De ordinario, la discreción consiste en “una forma de razonabilidad 

aplicada al discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera”.44

Empero, el ejercicio de la discreción concedida “no implica la potestad de 

actuar arbitrariamente, en una u otra forma, haciendo abstracción del resto 

del derecho”.45

Ahora bien, en los procesos civiles, la expedición de un auto de 

certiorari se encuentra delimitada a las instancias y excepciones contenidas 

en la Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil de 2009.46 La mencionada 

Regla dispone que solo se expedirá un recurso de certiorari cuando, “se 

recurra de una resolución u orden bajo remedios provisionales de la Regla 56, 

injunctions de la Regla 57 o de la denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo”.47 

En ese sentido, y a manera de excepción, se podrá expedir este auto 

discrecional cuando:

(1) se recurra de decisiones sobre la admisibilidad de testigos de 

hechos o peritos esenciales;

(2) en asuntos relacionados a privilegios evidenciarios;

(3) en casos de anotaciones de rebeldía;

(4) en casos de relaciones de familia; 

(5) en casos revestidos de interés público; o 

(6) en cualquier situación en la que esperar a una apelación 

constituiría un fracaso irremediable de la justicia.48

Lo anterior constituye tan solo la primera parte de nuestro análisis 

sobre la procedencia de un recurso de certiorari para revisar un dictamen del 

42 Rivera et al. v. Arcos Dorados et al., 2023 TSPR 65; 211 DPR ___ (2023); Torres González 

v. Zaragoza Meléndez, 2023 TSPR 46; 211 DPR ___ (2023); McNeil Healthcare v. Mun. Las 

Piedras I, 206 DPR 391, 403 (2021).

43 Íd. 

44 Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 729 (2016). 

45 Íd. 

46 32 LPRA Ap. V, R. 52.1; Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra; McNeil Healthcare 

v. Mun. Las Piedras I, supra; Scotiabank v. ZAF Corp et al., 202 DPR 478 (2019). 

47 Caribbean Orthopedics v. Medshape et al., 207 DPR 994, 1004 (2021). 

48 4 LPRA Ap. XXII-B; IG Builders v. BBVAPR, 185 DPR 307, 339-340 (2012).
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Tribunal de Primera Instancia. De modo que, aun cuando un asunto esté 

comprendido entre las materias que las Reglas de Procedimiento Civil de 

2009 nos autorizan a revisar, el ejercicio prudente de esta facultad nos 

requiere tomar en consideración, además, los criterios dispuestos en la Regla 

40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones.49

Por otro lado, el examen de los [recursos] discrecionales no se da en 

el vacío o en ausencia de otros parámetros.50 Para ello, la Regla 40 de nuestro 

Reglamento instituye los indicadores a considerar al evaluar si se debe o no 

expedir un recurso de certiorari. A saber:

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 

diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho;

(B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada para 

el análisis del problema; 

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de Primera 

Instancia.;

(D) Si el asunto planteado exige una consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser 

elevados, o de alegatos más elaborados; 

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es 

la más propicia para su consideración; 

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no 

causan un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación 

indeseable en la solución final del litigio; y

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa evita 

un fracaso de la justicia.51

Es preciso aclarar, que la anterior no constituye una lista exhaustiva, y 

ninguno de estos criterios es determinante, por sí solo, para justificar el 

ejercicio de nuestra jurisdicción.52 Esto es, los anteriores criterios nos sirven 

de guía para poder determinar de la forma más sabia y prudente si se justifica 

nuestra intervención en la etapa del procedimiento en que se encuentra el 

caso.53 Ello, pues distinto al recurso de apelación, este Tribunal posee 

discreción para expedir el auto de certiorari.54 La delimitación que imponen 

estas disposiciones reglamentarias tiene “como propósito evitar la dilación 

49 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. McNeil Healthcare v. Mun. Las Piedras I, supra, pág. 404; 800 

Ponce de León v. AIG, 205 DPR 163 (2020).

50 McNeil Healthcare v. Mun. Las Piedras I, supra, pág. 404; 800 Ponce de León v. AIG, supra.

51 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40; Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra; Rivera Figueroa 

v. Joe ́s European Shop, 183 DPR 580 (2011). 

52 García v. Padró, 165 DPR 324, 335 esc. 15 (2005).

53 Mun. de Caguas v. JRO Construction, 201 DPR 703, 712 (2019).

54 Feliberty v. Soc. de Gananciales, 147 DPR 834, 837 (1999).
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que causaría la revisión judicial de controversias que pueden esperar a ser 

planteadas a través del recurso de apelación.”55

Finalmente, este Tribunal solo intervendrá con las determinaciones 

interlocutorias discrecionales procesales del tribunal sentenciador cuando 

este último haya incurrido en un craso abuso de discreción.56 Esto es, “que el 

tribunal actuó con prejuicio o parcialidad, o que se equivocó en la 

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de derecho 

sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará un perjuicio 

sustancial”.57

- B -

La Regla 10.2 de las de Procedimiento Civil de 2009 instituye que las 

defensas de hecho o de derecho contra una reclamación deben presentarse 

antes de una alegación responsiva. Una moción de desestimación bajo la 

precitada regla es aquella que presenta la parte demandada previo a

contestar la demanda solicitando que se desestime la causa de acción

presentada en su contra.58

Dicha Regla dispone como fundamentos para la desestimación: (1) 

falta de jurisdicción sobre la materia; (2) falta de jurisdicción sobre la persona; 

(3) insuficiencia del emplazamiento; (4) insuficiencia del diligenciamiento del 

emplazamiento; (5) dejar de exponer una reclamación que justifique la 

concesión de un remedio; o (6) dejar de acumular una parte indispensable.59

La falta de jurisdicción constituye “una defensa irrenunciable, que 

puede ser planteada a petición de parte o el tribunal motu proprio y en 

cualquier etapa de los procedimientos, incluso en fases apelativas”.60

El estándar adjudicativo al evaluar una moción de desestimación exige 

que los tribunales tomen como ciertos “todos los hechos bien alegados de la 

demanda y que hayan sido aseverados de manera clara y concluyente”. 61 La 

55 Scotiabank v. ZAF Corp. et al., 202 DPR 478, 486– 487 (2019); Mun. de Caguas v. JRO 

Construction, supra.

56 García Rubiera v. Asociación, 165 DPR 311, 322 (2005).

57 Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986).

58 Véase: Rafael Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico: Derecho Procesal Civil, 

6ta edición, Lexis Nexis, (2017)., págs. 305– 306.

59 32 LPRA Ap. V, R. 10.2.

60 PR Eco Park et al. v. Mun. de Yauco, 202 DPR 525, 539 (2019).

61 González Méndez v. Acción Social et al., 196 DPR 213 (2016).
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obligación de tomar como ciertos únicamente los hechos bien alegados de la 

demanda supone excluir del análisis las conclusiones de derecho o las 

alegaciones redactadas de tal forma que su contenido resulte hipotético.62

Como parte de este estándar adjudicativo, los tribunales están 

llamados a interpretar las alegaciones de la demanda conjuntamente y de 

forma liberal a favor de la parte demandante, resolviendo toda duda a su favor 

y concediendo el beneficio de cuanta inferencia sea posible hacer de los 

hechos bien alegados en la demanda.63 Ante ello, “debemos considerar, ‘si a 

la luz de la situación más favorable al demandante, y resolviendo toda duda a 

favor de [e]ste, la demanda es suficiente para constituir una reclamación 

válida’”.64 Luego, debe determinar si, a base de esos hechos que aceptó como 

ciertos, la demanda establece una reclamación plausible que justifique la 

concesión de un remedio. Así, si de este análisis el Tribunal entiende que no 

se cumple con el estándar de plausibilidad entonces debe desestimar la 

demanda, pues no debe permitir que proceda una demanda insuficiente bajo 

el pretexto de que se podrán probar las alegaciones con el descubrimiento de 

prueba.65

De esta forma, solo procederá una moción de desestimación cuando la 

parte demandante no demuestre tener derecho a remedio alguno bajo 

cualesquiera hechos y estado de derecho que pudiera probar en un juicio.66

Esto es, no “procede la desestimación, si la demanda es susceptible de ser 

enmendada”.

67

- C -

La Regla 15.4 de las de Procedimiento Civil de 2009 permite que se 

pueda demandar a una persona cuyo nombre se desconoce designándole 

en la demanda con un nombre ficticio. En lo pertinente establece: 

62 José A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, San Juan, Pubs. JTS, 2011, 

T. II, págs. 529 (citado en Asociación Puertorriqueña de Importadores de Cerveza, Inc. v. 

ELA, 171 DPR 140, 149 (2007) (Rebollo López, opinión de conformidad)).

63 González Méndez v. Acción Social et al., supra, pág. 234.

64 Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., 174 DPR 409 (2008).

65 Véase: Rafael Hernández Colón, Derecho Procesal Civil, 5ta ed., San Juan, LexisNexis, 

2010, pág. 268.

66 Colón Rivera et al. v. ELA, 189 DPR 1033, 1049 (2013), que cita a R. Hernández Colón, 

Derecho Procesal Civil, 4ta ed., San Juan, Ed. Lexis-Nexis, 2007, pág. 231. Ortiz Matías v. 

Mora Development Corp., 187 DPR 649 (2013).

67 Ortiz Matías v. Mora Development Corp., supra. 
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Cuando una parte demandante ignore el verdadero nombre de 

una parte demandada, deberá hacer constar este hecho en la 

demanda exponiendo la reclamación específica que alega tener 

contra dicha parte demandada. En tal caso, la parte demandante 

podrá designar con un nombre ficticio a dicha parte demandada 

en cualquier alegación o procedimiento, y al descubrirse el 

verdadero nombre, hará con toda prontitud la enmienda 

correspondiente en la alegación o procedimiento.68

Esencialmente, esta norma busca suplir las garantías de los términos 

prescriptivos en los momentos en que, a pesar de la debida diligencia y de 

conocer la identidad de la parte demandada, se desconoce su nombre 

correcto.69 Esto es así, pues la ignorancia del verdadero nombre de la parte

demandada debe ser real y legítima, no falsa ni espuria.70 De ahí que se 

requiere una alegación afirmativa de que se desconoce el nombre de la parte

demandada que se intenta incluir.71

En armonía con lo antes discutido, la Regla 15.4 de las de 

Procedimiento Civil de 2009 instaura que en caso de que la parte demandante 

desconozca el verdadero nombre de la parte demandada, es permitido que 

este último sea designado en la demanda con un nombre ficticio, 

enmendándose posteriormente la alegación, para designarle con su 

verdadero nombre en el momento que se tenga conocimiento de este. Una 

vez enmendado el nombre, está se retrotrae a la fecha de la demanda 

original.72

La prescripción es una institución que extingue el derecho a ejercitar 

una causa de acción cuando la parte legitimada deja de hacerlo dentro del 

término determinado por ley.73 Sobre ese particular, el Artículo 1861 del 

Código Civil de 1930 dispone lo siguiente: “[l]as acciones prescriben por el 

mero lapso del tiempo fijado por la ley”.74

Un término prescriptivo puede interrumpirse de tres (3) maneras: 

mediante la correspondiente acción judicial; mediante reclamación 

68 32 LPRA Ap. V, R. 15.4. 

69 Núñez González v. Jiménez Miranda, 122 DPR 134, 139 (1988). 

70 Padín v. Cia. Fom. Ind., 150 DPR 403, 417 (2000).

71 Ortiz Díaz v. R&R Motors Sales Corp., 131 DPR 829, 836 (1992); Ortiz v. Gobierno 

Municipal de Ponce, 94 DPR 472 (1967).

72 Núñez González v. Jiménez Miranda, supra, págs. 142-143 (1988); Fuentes v. Tribl. de 

Distrito, 73 DPR 959, 986-987 (1952). 

73 Rivera Ruiz el al. v. Mun. de Ponce et al., 196 DPR 410, 415 (2016); Fraguada Bonilla v. 

Hosp. Aux. Mutuo, 186 DPR 365, 372-373 (2012).

74 31 LPRA § 5291.
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extrajudicial; y por el reconocimiento de la deuda por parte del deudor.75 “Una 

vez se interrumpe la prescripción, el término prescriptivo comienza a 

transcurrir nuevamente”.76

De tal forma que, una vez se agota un término prescriptivo se extingue 

el derecho a ejercer la causa de acción y la persona sujeta a responder queda 

exonerada.77 La eficacia de esta figura jurídica es automática y se produce 

ipso iure con el transcurso del tiempo fijado por ley, a menos que se realcen 

los actos interruptores dispuestos en el Código Civil.78

Cuando existen dos o más cocausantes de un daño, todos responden 

de forma solidaria ante la persona perjudicada.79 En estos casos, “la 

presentación oportuna de una demanda contra un presunto cocausante no 

interrumpe el término prescriptivo contra el resto de los alegados cocausantes 

[...]”.80 Por tanto, cuando existen cocausantes de un daño, el perjudicado 

“deberá interrumpir la prescripción en relación con cada cocausante por 

separado, dentro del término de un año establecido por el Art. 1868 del Código 

Civil, si interesa conservar su causa de acción contra cada uno de ellos”.81

De forma similar, “[u]n cocausante demandado no puede traer al pleito 

mediante demanda contra tercero a un presunto cocausante solidario con 

respecto a quien la causa de acción del perjudicado prescribió”.82 “Prescrita a 

su favor la causa de acción, ese alegado cocausante no está sujeto a 

responderle al perjudicado ni tampoco, mediante una acción de nivelación, a 

los cocausantes demandados”.83 En estos casos, “[s]i después de celebrado 

el juicio el tribunal concluyera que el presunto cocausante que no fue 

demandado a tiempo en efecto contribuyó a producir el daño, el por ciento de 

responsabilidad que se le atribuya se descontará de la indemnización del 

perjudicado”.84

75 Artículo 1873 del Código Civil de PR de 1930, 31 LPRA ant. sec. 5303.

76 Maldonado Rivera v. Suárez y otros, 195 DPR 182, 193 (2016)

77 Maldonado Rivera v. Suárez y otros, supra. 

78 Artículo 1197 del Código Civil de 2020, 31 LPRA sec. 9489; Santos de García v. Banco 

Popular, supra, pág. 766. 

79 Cubano v. Jiménez, 32 DPR 167, 170 (1923).

80 Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, supra, pág. 389.

81 Id., pág. 389 (citas omitidas).

82 Maldonado Rivera v. Suárez y otros, supra, pág. 211.

83 Id.

84 Id., pág. 212.
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- D -

En consonancia, la jurisdicción sobre la persona es “[e]l poder del 

tribunal para sujetar a una parte a su decisión”.85 Un tribunal adquiere 

jurisdicción sobre la persona de la parte demandada de dos (2) maneras: 

mediante el uso adecuado de las normas procesales de emplazamiento 

provistas en las Reglas de Procedimiento Civil de 2009 y, mediante la 

sumisión voluntaria de la parte demandada a la jurisdicción del tribunal, lo que 

puede ser de forma explícita o tácita.86 De modo que, la Regla 10.8(a) de las 

de Procedimiento Civil de 2009 prescribe que la defensa de falta de 

jurisdicción sobre la persona se entenderá renunciada: (1) si no se incluye en 

una moción de acumulación de defensas conforme a la Regla 10.7 de las de 

Procedimiento Civil de 2009; o (2) si no se formula mediante una moción de 

desestimación ni se incluye en una alegación responsiva o mediante una 

enmienda que no requiera la autorización del tribunal a tenor con lo dispuesto 

por la Regla 13.1 de las de Procedimiento Civil de 2009.

87

De tal forma, la falta de jurisdicción sobre la persona es una defensa 

afirmativa a la cual se puede renunciar expresa o tácitamente.88 Al respecto,

el Máximo Foro ha manifestado que aquella parte que comparece 

voluntariamente y realiza algún acto sustancial que la constituya parte en el 

pleito, se somete a la jurisdicción del tribunal.89

En ese sentido, entre los actos sustanciales se encuentra: (1) presentar 

alegaciones sin plantear la falta de jurisdicción sobre la persona; y (2) cumplir 

voluntariamente con las órdenes del tribunal.90 En estos casos, la 

comparecencia suple la omisión del emplazamiento y es suficiente para que 

el tribunal adquiera jurisdicción.

91

Así pues, la defensa de falta de jurisdicción sobre la persona es 

renunciable. Se trata de una defensa que debe tramitarse según dispone la 

85 Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 701 (2012), citando a Rafael

Hernández Colón, Derecho Procesal Civil, 5ta ed., San Juan, Lexisnexis, 2010, pág. 40. 

86 Cirino González v. Adm. de Corrección, et al., 190 DPR 14, 29 (2014). 

87 32 LPRA Ap. V, R. 10.8(a). 

88 Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., supra, pág. 702; Márquez v. Barreto, 143 DPR 137, 

143 (1997). 

89 Cirino González v. Adm. Corrección, et al., supra, pág. 37.

90 Vázquez v. López, 160 DPR 714, 721 (2003); Qume Caribe, Inc. v. Srio. de Hacienda, 153 

DPR 700, 711 (2001).

91 Cancel Rivera v. González Ruiz, 200 DPR 319, 330 (2018).
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Regla 10.2 de las de Procedimiento Civil de 2009, por lo que, hay que 

presentar la alegación de falta de jurisdicción “en la primera oportunidad y no 

deben presentarse otras mociones y otras alegaciones, ya que implicaría una 

renuncia a los efectos del emplazamiento.92 Una moción posterior levantando 

esos defectos sería tardía y no prosperaría”.93 

- III -

Acorde con lo expuesto, la Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil de 

2009 nos permite expedir el auto solicitado cuando se recurre de una 

resolución u orden bajo remedios provisionales de las Reglas 56 y 57 de las 

de Procedimiento Civil de 2009 o de la denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo. Esta última de las instancias, es precisamente el tipo de 

determinación de la que se recurre en el presente recurso. Por ello, estamos 

ante una determinación sobre la cual podemos expedir el auto de certiorari. 

En el caso de autos, Wheatland, en síntesis, señaló que el foro 

primario erró: (1) al determinar que ante la notificación oportuna del 

emplazamiento de la demanda contra tercero instada por CIB Corporation la 

acción principal no está prescrita en su contra; (2) al no concluir que es 

improcedente la teoría de daños continuos; y (3) al no determinar que no se 

configuran los requisitos de jurisdicción general ni jurisdicción específica, 

incluyendo los factores de Gestalt, para tener jurisdicción sobre la persona de 

Wheatland.

En este caso, el 31 de octubre de 2018, se entabló la Demanda sobre 

defectos y prácticas indeseables de construcción; vicios ocultos; ruina; y 

daños y perjuicios por unas alegadas filtraciones en el sistema de enfriamiento 

del condominio que incluyó: OG Industrial/ Tecnical Services; Universal 

Protection & Maintenance; International Chemtex Puerto Rico Inc; Engineered 

Products Company, Inc., y otras compañías aseguradoras o fiadoras de 

nombres desconocidos.

94 Al año siguiente, en diciembre de 2019, Air Mech, 

92 32 LPRA Ap. V, R. 10.2. 

93 Cirino González v. Adm. Corrección, et al., supra, pág. 36.

94 En noviembre de 2017, luego de una inspección de las tuberías del sistema de 

enfriamiento de los apartamentos, la Junta de Directores del Condominio Harbor Plaza advino 

en conocimiento de las filtraciones. A partir de esta fecha, comenzó el término prescriptivo.
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Inc. instó Demanda Contra Terceros Enmendada para incluir daños sufridos 

por causa de Wheatland.

Después, el 27 de agosto de 2020, Consejo Harbor Plaza presentó 

una Primera Demanda Enmendada. El inciso 13 expresó: “[p]or información y 

creencia Wheatland Tube con dirección 700 South Dock Street, Sharon, PA 

16146 es la entidad que manufacturó los tubos utilizados en el sistema de 

enfriamiento del Condominio Habor Plaza, los vendió a CIB Corporation, y 

esta se los vende a su vez a Air Mech”. En el aludido escrito, reiteró las 

demás alegaciones dirigidas a las partes; aseguradoras o fiadoras de 

nombres desconocidos contenidas en la Demanda.

95 En diciembre de 

2020, CIB Corporation presentó su Demanda Contra Tercero de CIB 

Corporation Contra Wheatland Tube.

En conformidad con la teoría cognoscitiva del daño, el término 

prescriptivo de un (1) año contemplado en el Artículo 1868 del Código Civil de 

1930 comienza de discurrir cuando el perjudicado conoce o debió conocer 

que sufrió un daño; quien lo ocasionó, así como los elementos necesarios 

para ejercitar su causa de acción.96 Ahora bien, la jurisprudencia ha 

pronunciado que cuando haya varios cocausantes, se deberá interrumpir para 

cada uno por separado (obligación in solidum) y un demandado no puede traer 

al pleito mediante demanda contra tercero a un presunto cocausante solidario 

con respecto a quien la causa de acción del perjudicado prescribió.

Por tanto, analizado los distintos reclamos, podemos colegir que con 

las enmiendas se incluyó a Wheatland como una nueva parte a destiempo

ello sin una debida sustitución de parte. Esto es, a tenor con la Regla 15.4 de 

las de Procedimiento Civil de 2009, al momento de advenir en conocimiento 

de la existencia de Wheatland se debió haber sustituido o enmendado para 

designar con el verdadero nombre una de las partes de nombre desconocido

lo cual hubiese permitido retrotraer la enmienda a la fecha de la demanda o 

reclamación original. El Alto Foro ha concluido que “si con la enmienda se 

intenta añadir un nuevo demandante o demandado, el momento que 

95 No se efectuó sustitución de parte.

96 Desde noviembre de 2017, la Junta de Directores del Condominio Harbor Plaza conoce 

sobre las filtraciones del sistema de enfriamiento del edificio.
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determina el término prescriptivo es cuándo se incluye el nuevo demandante 

o demandado por primera vez en la demanda”.97 En consecuencia, no se 

interrumpió el término prescriptivo de un (1) año contra Wheatland. Al 

transcurrir el periodo de tiempo establecido por la ley sin reclamo alguno por 

parte del titular del derecho, se origina una presunción legal de abandono y 

se extinguió el término prescriptivo de un (1) año para ejercer la causa de 

acción contra Wheatland.

98 Por tanto, procede la desestimación de la 

Demanda contra Tercero entablado el 30 de diciembre de 2020 por CIB 

Corporation.

Ante ello, entendemos que no procede la discusión de los otros dos (2) 

señalamientos de error.

- IV -

Por los fundamentos antes expuestos, expedimos el auto de certiorari; 

en consecuencia, se revoca la Resolución intimada el 4 de agosto de 2022; 

se desestima, con perjuicio, la Demanda contra Tercero, así como cualquier

otra reclamación contra Wheatland; y se ordena la continuación de los 

procedimientos cónsono con lo aquí dispuesto. 

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaría del Tribunal de 

Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones

97 Ortiz Díaz v. R & R Motors Sales Corp., 131 DPR 829, 837- 838 (1992).

98 Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, supra, citando a Zambrana Maldonado v. ELA, 129 

DPR 740, 752 (1992).