Número Identificador

SEN2024____________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL ESPECIAL

COLEGIO OTOQUI, 

INC.

Recurrente

v.

NEGOCIADO DE 

RECAUDACIONES

Recurridos

KLRA202300554

REVISIÓN JUDICIAL

Procedente de la 

Secretaría de 

Procedimiento 

Adjudicativo del 

Departamento de 

Hacienda

Caso Núm.:

2021P244

Sobre: Denegatoria 

de solicitud de 

prescripción de 

deuda de 

contribución sobre 

ingresos período 

contributivo 2001 

al 2011

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, el Juez 

Adames Soto y la Jueza Prats Palerm. 

Prats Palerm, Jueza Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de marzo de 2024.

Comparece la parte recurrente, el Colegio Otoquí, Inc. 

( ̈Colegio ̈  ̈recurrentes ̈) mediante Recurso de Revisión 

Administrativa solicitando que revisemos una Resolución emitida el 

25 de septiembre de 2023 por la Secretaría de Procedimiento 

Adjudicativo del Departamento de Hacienda ( ̈Hacienda ̈). El 

dictamen administrativo aludido acogió una solicitud de sentencia 

sumaria, declaró no ha lugar una Querella y determinó que las 

deudas contributivas imputadas a la parte recurrente no están 

prescritas, y por tanto su cobro es exigible.

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma el dictamen recurrido.

I.

La controversia ante nuestra consideración tiene su génesis 

en el 2001, fecha en la que el Colegio Otoquí señala que se organizó 

como una entidad sin fines de lucro. Alegaron que, con la intención 
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de obtener una exención contributiva, el Colegio contrató los 

servicios de la Sra. Marie Rivera, el Sr. Néstor Sánchez Rodríguez y 

MCR Accounting & Associates, LLC ( ̈contables ̈) para que 

gestionaran la solicitud ante el Departamento de Hacienda.

Adujeron que los contables nunca completaron la referida solicitud

y el Colegio operó bajo la presunción de que fueron debidamente 

constituidos como una entidad sin fines de lucro que gozaba de una 

exención contributiva.

Bajo este supuesto, durante los años contributivos del 2001 

al 2014, radicaron Formularios 480.7 – Planillas Informativas de 

Organización Exenta de Contribuciones.

Así las cosas, el 4 de septiembre de 2015, solicitaron ante 

Hacienda una certificación de vigencia como entidad sin fines de 

lucro. El 14 de septiembre de 2015, Hacienda les notificó que, de 

acuerdo con sus récords, no figuraban entre las organizaciones sin 

fines de lucro que disfrutan de exención contributiva.

El 29 de enero de 2016, el Negociado de Auditoría Fiscal de 

Hacienda le requirió al Colegio las Planillas de Contribuciones sobre 

Ingresos de Corporaciones mediante el Modelo SC 3101 – Razones 

por las cuales no está obligado a rendir Planillas, y el Modelo SC 

3101.1 – Razones por las cuales no está obligado en Ley a rendir 

Planillas, para los años 2001 al 2014. En cumplimiento, el 3 de 

marzo de 2016, el recurrente entregó las planillas de contribución 

sobre ingresos de los años requeridos.

Al tasar la deuda contributiva utilizando las planillas 

radicadas en marzo de 2016, el 18 de noviembre de 2016, el Área de 

Rentas Internas le notificó al recurrente una Certificación de Deuda

ascendente a $732,724.95, incluidos el principal, penalidades, 

intereses y recargos para los periodos contributivos de 2001 a 2014.

Posteriormente, el 15 de febrero de 2017, el Colegio presentó

ante el Negociado de Recaudaciones ( ̈Negociado ̈ o  ̈recurridos ̈) una 
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Solicitud de Prescripción de Deuda Contributiva para los periodos del

2002 al 2010. El Colegio argumentó que la deuda correspondiente a 

los referidos periodos estaba prescrita.

El 3 de agosto de 2021, el Negociado denegó la Solicitud de 

Prescripción y notificó que el cobro de deudas de contribución sobre 

ingresos para el periodo de 2001 al 20111 era exigible porque no 

habían transcurrido más de siete (7) años desde la fecha de tasación.

Fundamentó su determinación en que todas las planillas radicadas 

el 3 de marzo de 2016 fueron tasadas dentro del término de cuatro 

(4) años que establece el Código de Rentas Internas.

Consecuentemente, el 22 de septiembre de 2021, el Colegio 

presentó una Querella ante la Secretaría de Procedimiento 

Adjudicativo ( ̈SPA ̈) y solicitó que se le ordenara al Negociado a 

emitir una decisión sobre los planteamientos realizados en la 

solicitud de prescripción.

Luego de varios trámites procesales, ante la falta del 

Negociado de presentar su Contestación a la Querella, el 13 de junio 

de 2022, mediante Orden, se le anotó la rebeldía. No obstante, el 28 

de junio de 2022 el Negociado solicitó un término adicional para 

presentar la Contestación a la Querella. Dicha solicitud fue 

concedida mediante Orden del 12 de julio de 2022. Así las cosas, el 

18 de julio de 2022, el Negociado presentó su Contestación a la 

Querella.

El 28 de abril de 2023, ante la falta de cumplimiento con las 

órdenes de la SPA, el Colegio presentó una Segunda Solicitud de 

Anotación de Rebeldía. Posteriormente, el 4 de mayo de 2023,

mediante Orden, la SPA le anotó la rebeldía al Negociado.

1 Aunque la solicitud de prescripción fue para los años contributivos 2002 al 2010, 

el Negociado de Recaudaciones añadió en su determinación de denegatoria de 

prescripción los años contributivos 2001 y 2011.
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Posteriormente, el 1 de junio de 2023, el Colegio presentó una 

Solicitud de Resolución Sumaria. En apretada síntesis, los recurridos 

argumentaron que, Hacienda no tasó las respectivas deudas dentro 

de los términos prescriptivos aplicables. Por ende, señalaron que, 

las deudas correspondientes a los años 2001 entre 2011 

prescribieron en el 2016.

Como fundamento, acudieron a los casos de Beard v. 

Commissioner, 82 TC 766 (1984), Atlantic Land Improvement Co. v. 

US, 790 F.2d 853 (1986) y Germantown Trust Co. v. Commissioner, 

309 US 30 (1940) para argumentar que:

La norma prevaleciente a nivel federal es que la 

presentación de un formulario incorrecto activa el 

término prescriptivo si concurren cuatro elementos:

1) el documento contiene suficiente información para 

calcular la responsabilidad contributiva;

2) el documento aspira a ser una planilla; 

3) el contribuyente realizó un esfuerzo razonable y 

honesto para cumplir con los rigores del derecho 

contributivo;

4) el contribuyente firmó el documento bajo pena de 

perjurio.

Además, señaló que el Internal Revenue System ( ̈IRS ̈) adoptó 

tal norma en un memorando publicado en el 2015. Véase, Internal 

Revenue Service Memorandum, Office of Chief Counsel, Release 

Number: 20152101F.

El 7 de junio de 2023, se celebró una Conferencia que contó 

con la comparecencia de ambas partes. Durante la referida 

Conferencia la SPA verbalmente denegó la solicitud de resolución 

sumaria y señaló vista administrativa en su fondo.

Posteriormente, el 15 de agosto de 2023, el Colegio expresó su 

interés en solicitar reconsideración. Por esta razón, solicitó que la 

SPA emitiera mediante Resolución la determinación realizada en la 

Conferencia.

El 25 de septiembre de 2023, la SPA emitió una Resolución

mediante la cual determinó acoger la solicitud de resolución 
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sumaria, ya que se le había anotado la rebeldía al Negociado. A su 

vez, declaró No Ha Lugar la Querella y sostuvo la determinación 

realizada por el Negociado de Recaudaciones el 3 de agosto de 2021 

respecto al cobro de la deuda pendiente. Mediante el referido 

dictamen, la SPA expresó que:

A base [de] todo esto, y luego de analizado 

minuciosamente el expediente del caso y la Solicitud de 

Resolución Sumaria, esta Secretaría determina acoger la 

misma, por considerar que, se anotó la rebeldía al 

Negociado de Recaudaciones y que, con la información 

suministrada por el Colegio, podemos establecer que 

no hay hechos controvertidos y que, solo es 

necesario adjudicar la querella a base del derecho 

aplicable. [...]. (Énfasis suplidos).

En lo pertinente, respecto a la jurisprudencia federal citada 

por los recurrentes, la SPA determinó que, si bien es cierto la norma 

aplicable en la esfera federal, dicha norma no aplicaba en la presente 

controversia. Explicó, que:

La génesis de esta doctrina fue que una entidad que 

debió radicar y tributar a base de una planilla de

corporaciones, presentó una planilla de fideicomiso. En 

esa situación el IRS argumentó que debido a que se 

presentó el formulario incorrecto, el término 

prescriptivo no comenzó a transcurrir, pero el Tribunal 

Supremo de Estados Unidos rechazó tal argumento 

basándose en que lo importante es si de la cantidad de 

información provista en la planilla se puede computar 

la deuda del contribuyente.

A su vez, puntualizó que, la normativa federal a la que hizo 

referencia el Colegio se refiere a planillas que, de ordinario, 

producen una tasación contributiva. En cambio, señaló que, las 

Planillas Informativas radicadas por los recurrentes están diseñadas 

para informar sobre datos relacionados a entidades exentas de 

tributación, o sea, de ordinario, no producen una tasación 

contributiva. Por ende, la finalidad de las planillas radicadas por el 

Colegio era informar sobre las operaciones de una entidad jurídica 

que creían estar exenta de tributación. Bajo este supuesto, nunca 

tuvieron la intención de computar una contribución sobre un 

ingreso tributable. La SPA concluyó que, el término prescriptivo 
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comenzó a correr cuando el Colegio presentó las planillas 

correspondientes en el 2016.

Inconformes, el 25 de octubre de 2023, el Colegio presentó un 

Recurso de Revisión Administrativa solicitando que revisemos la 

Resolución emitida el 25 de septiembre de 2023 por la SPA. Realizó 

los siguientes señalamientos de errores:

1. Erró la Secretaría al no estimar probados todos 

los hechos propuestos en la solicitud de 

adjudicación sumaria del Colegio e imputar al 

Colegio intención aviesa que Hacienda ni siquiera 

había imputado. En la alternativa[,] erró la 

Secretaría al no celebrar la visa evidenciaría para 

dirimir la intención del Colegio al presentar las 

planillas.

2. Erró la Secretaría al no resolver la solicitud de 

resolución sumaria a favor del Colegio, bajo los 

criterios enumerados en la jurisprudencia federal 

aplicable.

3. Erró la Secretaría al atender alegaciones del 

Negociado que fueron eliminadas.

4. Erró la Secretaría al convalidar la presentación 

de planillas exigida por Hacienda en el año 2016, 

cuando ya habían transcurrido todos los períodos 

prescriptivos. En la alternativa, erró la Secretaría

al no celebrar vista evidenciaría para dirimir las 

circunstancias de la presentación de planillas 

exigida por Hacienda en el 2016.

El 7 de diciembre de 2023, el Negociado presentó su oposición 

al recurso y solicitó que confirmemos la Resolución del 25 de 

septiembre de 2023.

Examinado el expediente y con el beneficio de la 

comparecencia de ambas partes, resolvemos.

II.

A. La revisión judicial y la doctrina de la deferencia judicial

La Sección 4.1 de la Ley Núm. 38-2017, Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (LPAU), 3 

LPRA § 9671, dispone que las decisiones administrativas pueden ser 

revisadas por el Tribunal de Apelaciones. La finalidad de esta 
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disposición es delimitar la discreción de los organismos 

administrativos para asegurar que estos ejerzan sus funciones 

conforme a la ley y de forma razonable. Andrea Hernández Feliciano 

v. Municipio de Quebradillas, 2023 TSPR 6, resuelto el 20 de enero 

de 2023. Es norma reiterada que, al revisar las determinaciones de 

los organismos administrativos, los tribunales apelativos le 

conceden gran consideración y deferencia, por la experiencia y el 

conocimiento especializado que estos poseen. Íd. 

Por su parte, la Sección 4.5 de la LPAU, 3 LPRA § 9675, 

establece que los tribunales deben sostener las determinaciones de 

hechos de las agencias si están basadas en "evidencia sustancial 

que obra en el expediente administrativo". Como vemos, la norma 

anterior nunca ha pretendido ser absoluta. Por eso, el Tribunal 

Supremo ha resuelto con igual firmeza que, los tribunales no 

podemos imprimirle un sello de corrección, so pretexto de 

deferencia, a las determinaciones o interpretaciones administrativas 

irrazonables, ilegales, o simplemente contrarias a derecho. Super 

Asphalt v. AFI y otro, 206 DPR 803 (2021); Graciani Rodríguez v. 

Garaje Isla Verde, 202 DPR 117 (2019). 

Por otro lado, la citada Sección 4.5 de la LPAU, supra, dispone 

que "[l]as conclusiones de derecho serán revisables en todos sus 

aspectos por el tribunal". Aun así, se sustituirá el criterio de la 

agencia cuando no se pueda hallar fundamento racional que 

explique o justifique el dictamen administrativo. Rolón Martínez v. 

Superintendente, 201 DPR 26 (2018). Por ende, "los tribunales 

deben darle peso y deferencia a las interpretaciones que la agencia 

realice de aquellas leyes particulares que administra". Íd. Lo anterior 

responde a la vasta experiencia y al conocimiento especializado que 

tienen las agencias sobre los asuntos que le son encomendados. 

Capó Cruz v. Junta de Planificación, 204 DPR 581 (2020). 
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Por consiguiente, dada la presunción de corrección y 

regularidad que reviste a las determinaciones de hecho elaboradas 

por las agencias administrativas, éstas deben ser respetadas 

mientras la parte que las impugna no produzca evidencia suficiente 

para derrotarlas. Graciani Rodríguez v. Garaje Isla Verde, supra. Al 

revisar las decisiones de las agencias, el criterio rector que debe 

guiar a los tribunales es la razonabilidad de la actuación, aunque 

esta no tiene que ser la única o la más razonable. Andrea Hernández 

Feliciano v. Municipio de Quebradillas, supra.

Por lo tanto, si al momento de examinar un dictamen 

administrativo se determina que: (1) la decisión administrativa no 

está basada en evidencia sustancial; (2) la agencia erró en la 

aplicación de la ley; (3) el organismo administrativo actuó de manera 

irrazonable, arbitraria o ilegalmente; o (4) su actuación lesiona 

derechos constitucionales fundamentales, entonces la deferencia 

hacia los procedimientos administrativos cede. Íd.

Acorde con lo antes expuesto, la revisión judicial de los 

dictámenes administrativos está limitada a determinar si hay 

evidencia sustancial en el expediente para sostener la conclusión de 

la agencia o si esta actuó de forma arbitraria, caprichosa o ilegal. Íd. 

Por tanto, si una parte afectada por un dictamen administrativo 

impugna las determinaciones de hecho, esta tiene la obligación de 

derrotar, con suficiente evidencia, que la decisión del ente 

administrativo no está justificada por una evaluación justa del peso 

de la prueba que tuvo ante su consideración. Capó Cruz v. Junta de 

Planificación, supra; Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 77 (2004). 

De no identificarse y demostrarse esa otra prueba en el expediente 

administrativo, las determinaciones de hechos deben sostenerse por 

el tribunal revisor, pues el recurrente no ha logrado rebatir la 

presunción de corrección o legalidad. O.E.G. v. Rodríguez, 159 DPR 

98, 118 (2003).
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B. Prescripción de la tasación y cobro de una deuda contributiva

La facultad de tributación del Estado Libre Asociado es el más 

fundamental de sus poderes públicos y gubernamentales ya que se 

trata de un poder esencial a su subsistencia y para su supervivencia 

como un estado político. Burlington Air Express, Inc. v. Municipio de 

Carolina, 154 DPR 588 (2001); RCA v. Gob. de la Capital, 91 DPR 

416, (1964).

Todo procedimiento para el cobro de contribuciones está 

sujeto a: “(1) los trámites mínimos del debido proceso de ley; (2) la 

exigibilidad y validez de la deuda, y (3) los términos prescriptivos 

dispuestos en los diversos estatutos”. Rivera Santiago v. Srio de 

Hacienda, 119 DPR 265 (1987).

La Sección 6010.05 del Código de Rentas Internas de Puerto 

Rico ( ̈Código de Rentas Internas ̈), Ley Núm. 1 de 31 de Enero de 

2011, según enmendada, establece el periodo de prescripción para 

la tasación y el cobro de deudas contributivas. A tales efectos, 

dispone:

[...] [E]l monto de las contribuciones o impuestos 

establecidos por cualquier Subtítulo de este Código 

será tasado dentro de cuatro (4) años después de 

haberse rendido la planilla o declaración, y ningún 

procedimiento en corte sin tasación para el cobro de 

dichas contribuciones será comenzado después de la 

expiración de dicho período. [...].13 LPRA § 33005.

(Énfasis suplido).

Por otro lado, la Sección 6010.06 (d), 13 LPRA § 33006,

dispone los términos para cobrar una deuda que ha sido 

oportunamente tasada. La referida Sección establece que:

Cuando la tasación de cualquier contribución impuesta 

por este Código, incluyendo las contribuciones 

retenidas, hubiere sido hecha dentro del período de

prescripción propiamente aplicable a la misma, dicha 

contribución podrá ser cobrada mediante 

procedimiento de apremio o mediante procedimiento en 

corte siempre que se comiencen, 

(A) dentro de siete (7) años después de la 

tasación de la contribución, o 

(B) con anterioridad a la expiración de cualquier 

período para el cobro que se acuerde por escrito 

antes de cualquier período de siete (7) años entre 
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el Secretario y el contribuyente. Íd. (Énfasis 

suplido).

No obstante, la Sección 6006 (d) dispone, además, que el 

Secretario quedará impedido de cobrar aquellas deudas impuestas 

de las cuales ya han transcurrido diez (10) años desde que fueron 

tasadas. Íd. (Énfasis suplido).

Nuestro Código Civil define la prescripción como  ̈una defensa 

que se opone a quien no ejercita un derecho o acción dentro del 

plazo de tiempo que la ley fija para invocarlo ̈. 31 LPRA § 9481. De 

igual manera, establece que las acciones prescriben por el mero 

lapso del tiempo fijado por ley. Íd.

III.

En síntesis, el recurrente alega que la deuda contributiva en 

controversia está prescrita.

Mediante el primer señalamiento de error, el Colegio expuso 

que la SPA incidió al: (1) no estimar probados todos los hechos 

enumerados en la solicitud; (2) imputarle al Colegio una intención 

aviesa, y; (3) no celebrar una vista evidenciaria para dirimir la 

intención del Colegio al presentar las planillas.

En primer lugar, al presentar una solicitud de resolución 

sumaria, el foro tomará como cierto todos los hechos no 

controvertidos que presente el promovente. No obstante, esto no 

significa que automáticamente proceda la resolución sumaria o que 

el promovente tenga derecho a que se dicte sentencia a su favor.

Previo a resolver la controversia, el foro vendrá obligado a 

aplicar el derecho a los hechos presentados por el promovente. 

Surge de la Resolución que esto fue lo que hizo la SPA.

La Resolución expresa y claramente dispone que la SPA

estimó probado todos los hechos propuestos por el Colegio. Dispuso, 

al respecto, que  ̈[...] con la información suministrada por el Colegio, 

podemos establecer que no hay hechos controvertidos y que, 
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solo es necesario adjudicar la querella a base del derecho 

aplicable ̈. (Énfasis suplido).

En segundo lugar, alegan que la SPA le impuso una supuesta 

 ̈intención aviesa ̈ al Colegio. Luego de minuciosamente examinar el 

expediente y la Resolución, resulta forzoso concluir que la SPA no 

hizo alusión ni realizó conclusiones respecto a la intención del 

Colegio al presentar las planillas erróneas. La SPA únicamente 

examinó los hechos, tal y como fueron presentados por el Colegio, y 

aplicó el derecho para fundamentar sus conclusiones. Los 

recurrentes deben recordar que, aun cuando no hubieran tenido la 

intención de presentar planillas erróneas, como resultado de estas, 

durante los años 2001 al 2014 evadieron su responsabilidad 

contributiva. Como resultado de esta acción, en efecto, presentaron 

planillas falsas o fraudulentas.

En tercer lugar, si el foro decide acoger una solicitud de 

resolución sumaria, no procede la celebración de vistas posteriores 

para resolver la controversia.

Mediante el segundo señalamiento de error, el Colegio 

argumenta que la SPA erró al no aplicar la jurisprudencia federal 

esbozada por estos en la solicitud de sentencia sumaria para 

resolver la controversia. En la Solicitud de Resolución Sumaria, el 

Colegio utilizó la normativa federal para argumentar que el periodo 

prescriptivo comenzó a transcurrir tras la presentación de cada 

planilla en su respectivo año. Tal y como señaló la SPA en la 

Resolución, la jurisprudencia federal discutida por los recurrentes 

se refería a la presentación de planillas que generaban tasación 

contributiva, contrario a las planillas presentadas por los 

recurrentes.

El tercer señalamiento de error indica que la SPA incidió al 

considerar alegaciones realizadas por el Negociado que fueron 

eliminadas. No obstante, el Colegio no señaló cuáles fueron las 
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alegaciones supuestamente eliminadas y atendidas en la 

Resolución. Los recurrentes no nos pusieron en posición de 

determinar si se cometió el error señalado.

Por último, mediante el cuarto señalamiento de error, 

argumentan que: (1) la SPA erró al convalidar la presentación de las 

planillas radicadas en el 2016 cuando ya había transcurrido el 

periodo prescriptivo, y; (2) en la alternativa, la SPA debía celebrar 

una Vista Evidenciaria para dirimir las circunstancias de la 

presentación de las planillas en el 2016. 

Primero, los recurrentes aducen que Hacienda no tiene 

autoridad para ordenar la entrega de nuevas planillas para periodos 

durante los cuales ya se presentaron planillas, menos cuando el 

término para tasar la deuda está prescrito.

El Código de Rentas Internas establece un término 

prescriptivo de cuatro (4) años para tasar una deuda de

contribución, contados a partir de la radicación de la planilla. 

Además, dispone un término prescriptivo de siete (7) años para el 

cobro de la referida deuda, a partir de su tasación.

Las planillas radicadas por el Colegio hasta el 2014 no 

generaban una tasación contributiva, ya que los recurrentes 

incorrectamente radicaron planillas correspondientes a entidades 

exentas del pago de contribuciones. No es posible tasar una deuda 

contributiva utilizando una planilla que en sí no genera una 

tasación contributiva. Debido a esto, el término prescriptivo de 

cuatro (4) años comenzó a correr en el 2016 con la presentación de 

las Planillas de Corporación correspondientes. Dichas Planillas de 

Corporación generan una tasación contributiva y el periodo para 

realizar esta tasación comenzó a correr al momento de su 

presentación.

La facultad de tributación otorgada a Hacienda le permite 

ordenar la presentación de planillas cuando estas no se hayan 
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radicado. En el caso de autos, las planillas radicadas por el Colegio 

nunca fueron las que por Ley venían obligados a someter. Conforme 

a esto, el Colegio evadió su responsabilidad contributiva durante 

más de una década.

La presentación de las nuevas planillas no constituyó una 

mera enmienda a las planillas originalmente radicadas. Estas 

nuevas planillas, por primera vez, permitieron que Hacienda tasara 

la deuda debida por el Colegio y permitió que los recurrentes 

cumplieran con su responsabilidad contributiva.

Concluimos que, la SPA no cometió los errores señalados por 

los recurrentes.

IV.

Por todo lo anterior, se confirma el dictamen recurrido.

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones