Número Identificador

SEN2023________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL III

IDALIA M. DÍAZ PEDROZA

Parte Recurrida

v.

AUTORIDAD DE 

ACUEDUCTOS Y 

ALCANTARILLADOS DE 

PUERTO RICO

Parte Recurrente

KLRA202300075

Revisión de 

Decisión 

Administrativa

procedente la 

Oficina de 

Apelaciones de la 

Autoridad de 

Acueductos y 

Alcantarillados 

Caso núm.: 

OA-21-013

Sobre: 

Revisión de escala y 

Revalorización de 

puesto

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, la Juez 

Grana Martínez, el Juez Rodríguez Flores y el Juez Monge Gómez.1

Rodríguez Flores, Juez Ponente.

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 8 de enero de 2024.

La parte recurrente, Autoridad de Acueductos y 

Alcantarillados (AAA o parte recurrente), solicita que revoquemos la 

Resolución Final Parcial emitida por la Oficina de Apelaciones de la 

AAA (en adelante OA) el 14 de noviembre de 2022 y notificada en 

igual fecha. Mediante el referido dictamen, la OA ordenó a la AAA 

realizar un estudio de revalorización correspondiente al perfil de 

clase de Asesor Legal que ocupa la parte recurrida, la Lcda. Idalia 

M. Díaz Pedroza (Lcda. Díaz Pedroza o parte recurrida).

Mediante Resolución emitida el 14 de marzo de 2023, 

ordenamos a la Oficina de Apelaciones de la AAA a someter copia 

certificada del expediente administrativo OA-21-013, el cual la 

agencia nos presentó el 13 de abril de 2023.

1 Véase Orden Administrativa OAJP-2022-099A.
KLRA202300075 2

Evaluados los escritos presentados por las partes, así como la 

copia certificada del expediente administrativo, desestimamos el 

recurso por falta de jurisdicción. 

I.

El 2 de diciembre de 2020, la Lcda. Idalia M. Díaz Pedroza 

notificó una carta2 a la Sra. Glorimar Chiclana, Directora de 

Recursos Humanos y Relaciones Laborales de la AAA. En esta, la 

Lcda. Díaz Pedroza solicitó la revisión y/o reevaluación de la escala 

salarial del puesto de Asesor Legal y que se reevaluara su salario, 

bajo la doctrina de igual paga por igual trabajo y/o los criterios 

establecidos por la Ley de Igualdad Salarial. Al no recibir respuesta, 

el 23 de diciembre de 2020, la Lcda. Díaz Pedroza cursó una 

segunda carta3 a la Sra. Chiclana en la que informó que estaría 

presentado su solicitud ante la Oficina de Apelaciones de la AAA, 

por haber transcurrido el término establecido sin recibir respuesta 

a su primera carta. 

Así, el 9 de julio de 2021, la Lcda. Idalia M. Díaz Pedroza 

presentó una apelación ante la Oficina de Apelaciones de la AAA. En 

resumen, la Lcda. Díaz Pedroza expuso que es abogada y empleada 

de la División Legal de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados 

en donde ocupa un puesto de Asesora Legal4. Arguyó que comenzó 

a trabajar para la AAA el 26 de febrero de 2015, con un salario de 

$3,335.87 mensuales. Alegó que existen otros empleados dentro de 

la clase de asesor legal en el servicio de carrera que cuentan con 

cualificaciones y experiencia inferiores a la Lcda. Díaz Pedroza y que 

estos reciben mayor compensación, a pesar de realizar tareas de 

menor complejidad. La Lcda. Díaz Pedroza arguyó que la clase de 

Gerente Técnico está ubicada en una escala de retribución superior 

2 Véase, apéndice del recurso, págs. 179-185.

3

Id. pág. 186.

4 Puesto número 1504-0017.
KLRA202300075 3

(escala 8) a la de Asesor Legal (escala 7). La Lcda. Díaz Pedroza 

señaló que, tomando en cuenta las clases y valor relativo de los 

puestos dentro de la estructura organizacional, era necesario se 

reevaluara la clase de asesor legal a escala 8. Por ello, la Lcda. Díaz 

Pedroza solicitó a la OA que declarase con lugar su apelación y 

concediera los siguientes remedios:

1) Se iguale o se ajuste el sueldo de la querellante (sic) a

tenor con los criterios expuestos en la política y/o plan 

afirmativo, reglamentos y normas de la AAA, relacionados 

a la ley de Igual paga por Igual trabajo; y/o

2) Se conceda un aumento de sueldo, diferencial y/o 

cualquier otro tipo de compensación adicional que 

proceda a tenor con el artículo 9 de las normas de 

retribución y/o el artículo 15.1 y 15.2 del reglamento de 

recursos humanos de la AAA.

3) Se ordene la revalorización del puesto de Asesor Legal a 

la escala 8 con las consecuencias legales que esto pueda 

tener.5

La AAA presentó su Contestación a la Apelación el 23 de julio 

de 20216. Luego de varios trámites procesales, el 2 de junio de 2022, 

la Lcda. Díaz Pedroza presentó una Moción de Sentencia Sumaria. 

En esta, alegó que la revalorización del puesto que ejerce como 

asesora legal se justifica bajo la sección 9.3(2) del Reglamento de 

Recursos Humanos de la AAA y formuló los hechos que entiende que 

no están en controversia, por los cuales procede se conceda el 

remedio solicitado. 

En respuesta, el 26 de julio de 2022, la AAA se opuso a la 

solicitud de la Lcda. Díaz Pedroza7. Aunque la AAA coincidió con la 

recurrida en que no existía controversia sobre los hechos 

propuestos, por su parte alegó que las funciones y factores 

compensables del puesto no han cambiado y que la revalorización 

de un puesto y estructura de sueldos son prerrogativas gerenciales. 

La AAA adujo que la norma aplicable a la revalorización de puestos 

la establece la sección 9.3 del Reglamento de Recursos Humanos de 

5 Véase, Apelación, apéndice del recurso págs. 176-178.

6 Apéndice del recurso, págs. 169-175.

7 Apéndice del recurso, págs. 71-85.
KLRA202300075 4

la AAA (aprobado 28 de febrero de 2008) y que no se ha dado 

ninguna de las circunstancias allí establecidas para proceder con la 

revalorización. Además, la AAA señaló que la reclamación estaba 

prescrita. Lo anterior, porque el plan de clasificación se aprobó en 

2007, ninguno de los asesores legales impugnó la valorización de su 

clase y, para la fecha de nombramiento de la Lcda. Díaz Pedroza, la 

OA había adjudicado las impugnaciones al plan de clasificación 

presentada por varios empleados. Por ello, la AAA solicitó se dictara 

resolución sumaria parcial a su favor desestimando la reclamación 

de revalorización del puesto. 

Por su parte, el 5 de agosto de 2022, la Lcda. Díaz Pedroza 

presentó un escrito de réplica, el cual acompañó de varios 

documentos. La OA le concedió un término a la AAA para expresar 

su posición en torno a la réplica. 

Finalmente, el 14 de noviembre de 2022, notificada en igual 

fecha, la OA emitió la Resolución Final Parcial8 recurrida. En esta, la 

OA destacó lo siguiente:

Breve introducción

[...]

Cabe señalar que la apelante además de solicitar 

la revalorización del puesto que desempeña como 

Asesor(a) Legal reclama en el recurso de apelación 

sometido ante este Foro igual paga por igual trabajo y 

un aumento salarial en una escala salarial superior. 

Ahora bien, lo que nos compete atender y resolver 

en esta etapa procesal son las solicitudes de la apelante 

y de la Autoridad de resoluciones sumarias respecto a 

la revalorización del puesto de Asesor(a) Legal.

Determinaciones de Hechos no Controvertidos

Los hechos que a continuación determinamos 

son aquellos que se desprenden de los documentos 

oficiales de la Autoridad y de otros bajo juramento que 

fueron acompañados por la apelante con sus escritos. 

La Autoridad no ofreció prueba documental y 

descans[ó] para sus argumentos en un análisis de los 

documentos oficiales presentados por la apelante y la 

reglamentación aplicable. 

8 Id., págs. 22-38.
KLRA202300075 5

Los hechos que más adelante se consignan no 

existen controversias reales y sustanciales sobre los 

mismos. Así, no es necesaria la celebración de una vista 

plenaria para dilucidar estos. Gladys Bobé v. UBS 

Financial, 198 DPR 6 (2019) págs. 20-21. (Subrayado 

en el original).

Hechos

1. La apelante ocupa el puesto de Asesora Legal en el 

servicio de carrera de la Autoridad y labora en la 

división legal desde el mes de febrero de 2015.

2. El 8 de noviembre de 2007, la Autoridad aprobó el

Manu[a]l del Plan de Clasificación y Retribución del 

Personal Gerencial del Servicio de Carrera.

3. El referido Manual fue adoptado a tenor con la Ley 

Número 184 del 3 de agosto de 2004, la que fue 

sustituida por la Ley 8 de 2017 conocida como Ley 

para la Administración y Transformación de los 

Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico. La 

Autoridad no ha efectuado ningún cambio o enmienda 

al Manu[a]l del Plan de Clasificación, ni al Reglamento 

de Recursos Humanos el cual fue aprobado el 28 de 

febrero de 2008.

4. El Manual establece que el Plan de Clasificación y 

Retribución se compone de dos procesos 

independientes que se completan entre sí: (a) la 

identificación, análisis y clasificación de los puestos 

gerenciales que responden a las necesidades de 

servicios y necesidades operacionales, en las áreas 

medulares y de apoyo de la Autoridad y (b) el diseño y 

desarrollo de las Estructuras de Sueldos a la cual se 

asignar[á]n las clases, según las normas de 

administración que respondan a la política de 

administración de sueldos de la Autoridad.

5. El desarrollo de un Plan de Clasificación consiste de 

un proceso a través del cual se estudian, se analizan 

y se ordenan, en forma sistemática, los diferentes 

puestos que integran la organización para su 

agrupación en clases. Conforme el análisis se 

establece el valor relativo de las clases, según sean 

iguales o sustancialmente similares en cuanto a la 

naturaleza y complejidad de los deberes de los puestos 

incluidos en las mismas clases y el grado de autoridad 

y responsabilidad delegado.

6. Un puesto se define como el conjunto de deberes y 

responsabilidades que requieren el empleo de una 

persona durante una jornada de trabajo parcial o 

completa. Una clase puede consistir de un puesto o 

grupo de puestos cuyos deberes, naturaleza del 

trabajo, autoridad y responsabilidad sean de tal modo 

semejante que pueda razonablemente denominarse 

con el mismo título. Una serie de clases significa la 
KLRA202300075 6

agrupación de clases que reflejan los distintos niveles 

jerárquicos de trabajo existentes en la organización.

7. Durante este proceso se identifican los problemas 

para atraer y retener talento, situaciones de inequidad 

interna o externa, tendencias de compensación en el 

mercado competitivo, disponibilidad de talento y otras 

oportunidades que permitan analizar y realinear el 

programa de administración de sueldos y otra 

compensación directa e indirecta, con las estrategias, 

en este caso las de la Autoridad.

8. El sistema de valorización de Perfiles de Clases 

consiste de los siguientes valores compensables: (1) 

Responsabilidad Gerencial (30%); (2) Complejidad 

Técnica (20%); (3) Preparación Académica (20%); (4) 

Experiencia (15%); (5) Licencias/Certificaciones 

(10%).

9. Entre las responsabilidades del Directorado de 

Recursos Humanos y Relaciones Laborales de la 

Autoridad bajo el Manual del Plan de Clasificación y 

Retribución del Personal Gerencial del 8 de noviembre 

de 2007, se encuentran: asegurar que las normas de 

administración del Plan de Clasificación se apliquen 

uniformemente y consistentemente.

10. El puesto de Asesor(a) Legal está ubicado en la escala 

7 de la Estructura de Sueldos de la Autoridad. Según 

la Escala; esta consiste en un sueldo mínimo a un 

máximo, con distintas gradaciones.

11. Se toma conocimiento administrativo cuasi judicial 

que el 17 de junio de 2022 la Junta de Gobierno de la 

Autoridad aprobó la Resolución Número 3302, a los 

fines de enmendar la Resolución 2342 de 30 de 

octubre de 2007, para revisar y establecer nuevos 

tipos mínimos y máximos a las escalas salariales de 

los empleados gerenciales de carrera y 

administrativos de la Autoridad. Esta enmienda fue 

efectiva el 1ro de julio de 2022. Dicha enmienda solo 

afectó a las ocho (8) escalas de retribución aquí 

concernidas.

12.También, se ubican en la escala número 7 los puestos 

de Asesor(a) Técnico(a), Gerente de Cumplimiento, 

Gerente de Laboratorio, Gerente de Mantenimiento 

Preventivo, Gerente de Redes de Acueductos y 

Alcantarillados, Gerente de Servicio al Cliente, y el 

Gerente de Tecnología de Sistemas de Información.

[...]

En virtud de las anteriores determinaciones, la OA concluyó 

que la lectura del perfil de la clase de asesor legal era suficiente para 
KLRA202300075 7

concluir que procedía que la Autoridad realizara la revalorización del 

perfil y la escala salarial. Como parte de sus determinaciones, la OA 

reiteró que lo que estaba bajo consideración era la revalorización del 

puesto, no si se debía ordenar o no ubicar la clase de asesor legal a 

la estala salarial 8. Sobre el particular, la OA enfatizó que no 

adelantaba criterio en cuanto a la solicitud de reubicar el puesto de 

asesor legal en la escala 8, y que no estaba en posición de así 

hacerlo9. Al final de la resolución, la OA consignó lo siguiente:

A tenor de todo lo anterior y en vista que no existe razón 

alguna para posponer esta decisión, por tratarse de una 

causa de acción separada e independiente a las otras 

que plantea la apelante en este recurso, se emite la 

presente Resolución Final Parcial. 

También, la OA consignó en su resolución el apercibimiento a 

las partes sobre los términos para solicitar reconsideración del 

dictamen, así como de revisión judicial.

Inconforme, el 5 de diciembre de 2022 la AAA presentó una 

Moción de Reconsideración de Resolución Parcial Final10. La AAA

alegó que la OA no expresó bajo cuál criterio de la Sección 9.3 del 

Reglamento de Recursos Humanos procedía la revalorización 

ordenada. Añadió que tampoco establecen los cambios en los 

requisitos mínimos y funciones del puesto que justifiquen dicha 

revalorización, de conformidad con las normas reglamentarias. 

Argumentó que lo resuelto por la OA acarrea que sean los empleados 

y la OA quienes decidan cuándo y cómo se lleven a cabo las 

revalorizaciones de puestos en la Autoridad. La AAA señaló que ello 

abre la puerta para que se entienda que un puesto debe ser 

revalorizado sin que estén presentes los criterios reglamentarios 

aplicables. Adujo que la Lcda. Díaz Pedroza no cumplió con la carga 

probatoria de demostrar que el puesto ha sufrido cambios en los 

9 Íd., a la pág. 36.

10 Íd., págs. 13-21.
KLRA202300075 8

requisitos mínimos o funciones, por lo que procedía que la OA 

reconsiderara el dictamen emitido. 

El 5 de diciembre de 2022, notificada el 6 de diciembre de 

2022, la OA acogió la moción de reconsideración y concedió término 

a la Lcda. Díaz Pedroza, quien compareció mediante Oposición a 

Moción de Reconsideración, presentada el 28 de diciembre de 202211.

En su escrito, la Lcda. Díaz Pedroza argumentó que el perfil de la 

clase de asesor legal fue modificado en 2012 para incluir 

competencias técnicas adicionales y licencias relacionadas con la 

práctica en la esfera federal, lo cual no existía cuando se aprobó el 

plan de clasificación de 2008. Por tal razón, la Lcda. Díaz Pedroza 

arguyó que dicho cambio era suficiente para que se ordenara el 

estudio de revalorización, a tenor con la Sección 9.3 (2), (3) y (4). La 

Autoridad presentó escrito de réplica12.

Finalmente, el 12 de enero de 2023, notificada el 13 de enero 

de 2023, la OA declaró No Ha Lugar la solicitud de reconsideración 

de la Autoridad13. 

Inconforme, la Autoridad acude ante nos vía solicitud de 

revisión administrativa y formuló el siguiente señalamiento de error: 

ERRÓ LA OA AL DETERMINAR QUE PROCEDE LA 

REVALORIZACIÓN DE LA CLASE DE PUESTO DE 

ASESOR LEGAL, A PESAR DE QUE LA RECLAMACIÓN 

ESTÁ PRESCRITA Y NO SE CUMPLE CON LOS 

CRITERIOS REGLAMENTARIOS PARA QUE PROCEDA 

TAL REVISIÓN Y DE NO ESTABLECERSE CAMBIO 

ALGUNO EN LOS CRITERIOS DE VALORIZACIÓN DE 

PUESTO.

El 14 de marzo de 2023, la Lcda. Idalia M. Díaz Pedroza 

compareció ante este foro intermedio mediante Moción de 

Desestimación al Amparo de la Regla 83 del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones. En síntesis, la Lcda. Díaz Pedroza argumenta que la 

11 Véase, Oposición a Moción de Reconsideración”, apéndice del recurso, págs. 6-

11.

12 Véase, Réplica a “Oposición a Moción de Reconsideración”, apéndice del recurso, 

págs. 3-5.

13 Véase, Resolución, apéndice del recurso, págs. 1-2.
KLRA202300075 9

resolución recurrida es interlocutoria, por lo que no es revisable 

directamente ante este foro. Lo anterior, porque la resolución no 

pone fin a las controversias del caso y no constituye una 

adjudicación de los remedios solicitados por la recurrida ante la OA. 

El 23 de marzo de 2023, la AAA presentó Oposición a Moción 

de Desestimación presentada por la recurrida y en solicitud de que se 

de por sometido el recurso sin oposición, y arguye que la resolución 

de la OA pone fin a la controversia de revalorización del puesto de 

Asesor(a) Legal y que la OA incluso apercibió a las partes sobre los 

términos para acudir en revisión ante este foro apelativo. La AAA 

entiende que, aunque la resolución está denominada como parcial, 

le da finalidad a una reclamación independiente presentada por la 

Lcda. Díaz Pedroza.

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, estamos 

en posición de resolver. 

II.

A.

La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno 

de Puerto Rico, Ley Núm. 38 de 30 de junio de 2017, según 

enmendada14, establece un procedimiento uniforme para la revisión 

judicial de órdenes y resoluciones dictadas por las agencias 

administrativas de Puerto Rico. Por virtud de dicha ley, una parte 

que haya sido afectada adversamente por una orden o resolución 

final de una agencia y que haya agotado todos los remedios 

administrativos disponibles, podrá presentar un recurso de revisión 

ante el Tribunal de Apelaciones dentro de un término de treinta (30) 

días contados a partir de la fecha de archivo en autos de copia de la 

notificación de la orden o resolución final de la agencia. Sobre el 

14 3 L.P.R.A. § 9601 et seq.
KLRA202300075 10

particular, la Sección 4.2 de la Ley 38-2017, supra, establece lo 

siguiente:

Una parte adversamente afectada por una orden o 

resolución final de una agencia y que haya agotado 

todos los remedios provistos por la agencia o por el 

organismo administrativo apelativo 

correspondiente podrá presentar una solicitud de 

revisión ante el Tribunal de Apelaciones, dentro de 

un término de treinta (30) días contados a partir de 

la fecha del archivo en autos de la copia de la 

notificación de la orden o resolución final de la 

agencia o a partir de la fecha aplicable de las dispuestas 

en la Sección 3.15 de esta Ley, cuando el término para 

solicitar la revisión judicial haya sido interrumpido 

mediante la presentación oportuna de una moción de 

reconsideración. La parte notificará la presentación de 

la solicitud de revisión a la agencia y a todas las partes 

dentro del término para solicitar dicha revisión. La 

notificación podrá hacerse por correo. Disponiéndose, 

que si la fecha de archivo en autos de copia de la 

notificación de la orden o resolución final de la agencia 

o del organismo administrativo apelativo 

correspondiente es distinta a la del depósito en el correo 

de dicha notificación, el término se calculará a partir de 

la fecha del depósito en el correo.15 (Énfasis nuestro)

Por otra parte, la sección 1.3 de la Ley 38-2017, supra,

dispone que una orden o resolución “[s]ignifica cualquier decisión o 

acción agencial de aplicación particular que adjudique derechos u 

obligaciones de una o más personas específicas, o que imponga

penalidades o sanciones administrativas excluyendo órdenes 

ejecutivas emitidas por el Gobernador.”16 De igual forma, dicho 

estatuto especifica que una orden o resolución parcial es aquella 

“acción agencial que adjudique algún derecho u obligación que no 

ponga fin a la controversia total sino a un aspecto específico de la 

misma.”

17 También define una orden interlocutoria como aquella 

“acción de la agencia en un procedimiento adjudicativo que 

disponga de algún asunto meramente procesal.”18

La Asamblea Legislativa limitó la revisión judicial 

exclusivamente a las órdenes finales de las agencias. Al así hacerlo, 

15 3 LPRA § 9672.

16 3 LPRA § 9603(g).

17 3 LPRA § 9603(h).

18 3 LPRA§ 9603(i).
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se aseguró que la intervención judicial se realizara después de que 

concluyeran los trámites administrativos y se adjudicaran todas las 

controversias pendientes ante la agencia. La intención legislativa 

consistió en evitar una intromisión indebida y a destiempo en el 

trámite administrativo por parte de los tribunales.19 Al respecto, el 

Artículo 4.2 de la Ley 38-2017, supra, expresa lo siguiente:

[...]

Una orden o resolución interlocutoria de una agencia, 

incluyendo aquellas que se emitan en procesos que se 

desarrollen por etapas, no serán revisables 

directamente. La disposición interlocutoria de la 

agencia podrá ser objeto de un señalamiento de error en 

el recurso de revisión de la orden o resolución final de 

la agencia.

[...]

3 LPRA § 9672.

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que una 

orden o resolución final es aquella que culmina el procedimiento 

administrativo, tiene efectos sustanciales sobre las partes y resuelve 

todas las controversias ante la agencia, les pone fin, sin dejar 

pendiente una para ser decidida en el futuro.20 El Alto Foro ha 

determinado, además, que una orden o resolución final tiene las 

características de una sentencia en un procedimiento judicial 

porque resuelve finalmente la cuestión litigiosa y de la misma puede 

apelarse o solicitarse revisión.21 Es decir, una orden o resolución 

final de una agencia administrativa es aquella que dispone del caso 

ante la agencia y tiene efectos adjudicativos y dispositivos sobre las 

partes. Se trata de la resolución que culmina en forma final el 

procedimiento administrativo respecto a todas las controversias.22

Ello a su vez hace ejecutable entre las partes la decisión 

administrativa y por ende susceptible de revisión judicial. 

19 Comisionado de Seguros v. Universal, 167 DPR 21 (2006).

20 Íd. página 29, citando a ARPE v. Coordinadora, 165 DPR 850 (2005); Tosado v. 

AEE, 165 DPR 377 (2005); J. Exam. Tec. Méd. v. Elías et al., 144 DPR 483 (1997).

21 J. Exam. Tec. Méd. v. Elías et al., supra.

22 Íd.
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El Tribunal Supremo de Estados Unidos, en Bennett v. Spear, 

expresó dos condiciones que tienen que ser satisfechas para que 

una decisión administrativa pueda ser considerada final. Primero, 

la actuación de la agencia debe representar la culminación de su 

proceso decisorio; y segundo, la actuación administrativa debe ser 

una en la cual se determinen todos los derechos y obligaciones de 

las partes o surjan consecuencias legales. 23

No obstante, aunque es necesario que la orden o resolución 

sea final para que sea susceptible de revisión por parte del Tribunal 

de Apelaciones, en el caso Junta Examinadora de Tecnólogos 

Médicos v. Elías, supra, el Tribunal Supremo expresó que una 

situación clara de falta de jurisdicción de la agencia es una 

excepción a la norma de que sólo serán revisables ante el Tribunal 

de Apelaciones las resoluciones finales de una agencia 

administrativa. Comenta el tratadista Demetrio Fernández sobre la 

referida normativa jurisprudencial, lo siguiente: 

Es innecesario e injusto requerirle a una parte que 

litigue si el organismo administrativo carece de 

jurisdicción con el solo fin de que se cumpla con el 

requisito de finalidad.24

Lo anterior fue reiterado por nuestro Tribunal Supremo en el 

caso de Procuradora del Paciente v. MCS, 163 DPR 21 (2004), donde 

se reafirmó la doctrina de que un caso claro de falta de jurisdicción 

de una agencia administrativa constituye una excepción a la norma 

de la finalidad. No obstante, es preciso aclarar que “no toda 

alegación de ausencia de jurisdicción va a tener el efecto de liberar 

a la parte de culminar sus gestiones en la agencia”25 ni implicará 

una aplicación automática de la excepción. Sólo en aquellos casos 

en los que carece realmente de jurisdicción la agencia 

23 Comisionado de Seguros v. Universal, 167 DPR 21 (2006).

24 Íd. citando a D. Fernández, Derecho Administrativo y Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme, 2da ed., Colombia, Ed. Forum, 2001, págs. 474-475; J. 

Exam. Tec. Méd. v. Elías et al., supra, pág. 492.

25 Colón Ventura v. Méndez, 130 DPR 433, 444 (1992).
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administrativa, el proceso administrativo se convierte en final por 

no quedar asuntos o controversias pendientes de dilucidar por la 

agencia y sólo entonces sería revisable por el Tribunal de 

Apelaciones. 

B.

Como bien es sabido, ante la situación en la que un tribunal 

carece de autoridad para atender un recurso, solamente procede 

decretar la desestimación del caso ante su consideración.26 “Las 

cuestiones de jurisdicción por ser privilegiadas deben ser resueltas 

con preferencia, y de carecer un tribunal de jurisdicción lo único que 

puede hacer es así declararlo”.27 Al realizar esta determinación, 

debe desestimarse la reclamación “sin entrar en los méritos de la 

cuestión ante sí”.28 Por tal razón, la ausencia de jurisdicción es 

insubsanable.29

Además, cabe destacar que “[la] jurisdicción es el poder o 

autoridad de un tribunal para considerar y decidir casos y 

controversias”.30 Particularmente, el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico ha enfatizado consistentemente que la falta de jurisdicción 

“trae consigo las consecuencias siguientes: (1) no es susceptible de 

ser subsanada; (2) las partes no pueden voluntariamente 

conferírsela a un tribunal como tampoco puede éste arrogársela; (3) 

conlleva la nulidad de los dictámenes emitidos; (4) impone a los 

tribunales el ineludible deber de auscultar su propia jurisdicción; 

(5) impone a los tribunales apelativos el deber de examinar la 

jurisdicción del foro de donde procede el recurso, y (6) puede 

26 Lozada Sánchez et al. v. JCA, 184 DPR 898, 909 (2012).

27Pérez Rosa v. Morales Rosado, 172 DPR 216, 222 (2007); Carattini v. Collazo 

Syst. Analysis, Inc., 158 DPR 345, 355 (2003).

28 González Santos v. Bourns P.R., Inc., 125 DPR 48, 63 (1989).

29 SLG Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 683 (2011); Vázquez v. ARPE, 

128 DPR 513, 537 (1991). 

30 SLG Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, supra, pág. 682.
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presentarse en cualquier etapa del procedimiento, a instancia de las 

partes o por el tribunal motu proprio”.31

Por consiguiente, un tribunal que carece de jurisdicción 

solamente tiene jurisdicción para así declararlo y desestimar el 

caso.32 A tenor con lo anterior, les corresponde a los tribunales ser 

los guardianes de su jurisdicción, independientemente de que la 

cuestión haya sido planteada anteriormente o no.33

Por su parte, la Regla 83 (B) y (C) del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, le confiere autoridad al Tribunal 

para desestimar un recurso por cualquiera de las siguientes 

circunstancias: 

Regla 83 Desistimiento y desestimación

 [...] 

(B) Una parte podrá solicitar en cualquier momento la 

desestimación de un recurso por los motivos 

siguientes:

 

(1) que el Tribunal de Apelaciones carece de 

jurisdicción; 

(2) que el recurso fue presentado fuera del 

término de cumplimiento estricto dispuesto por 

ley sin que exista justa causa para ello. 

(3) que no se ha presentado o proseguido con 

diligencia o de buena fe; 

 

(4) que el recurso es frívolo y surge claramente 

que no se ha presentado una controversia 

sustancial o que ha sido interpuesto para 

demorar los procedimientos;

 

(5) que el recurso se ha convertido en 

académico.

 

(C) El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa propia, 

podrá desestimar un recurso de apelación o denegar un 

auto discrecional por cualesquiera de los motivos 

consignados en el inciso (B) precedente. 

(Énfasis nuestro)

31 González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 855 (2009), citando a

Pagán v. Alcalde Mun. de Cataño, 143 DPR 314, 326 (1997). 

32 SLG Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 883 (2007). 

33 Dávila Pollock et als. v. R.F. Mortgage, 182 DPR 86, 97 (2011); SLG SzendreyRamos v. F. Castillo, supra, pág. 882.
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III.

De entrada, discutiremos la alegación de la Lcda. Díaz 

Pedroza, respecto a si el dictamen recurrido es revisable por este 

foro apelativo. Veamos. La resolución emitida por la OA constituye 

la determinación de la agencia sobre la solicitud de sentencia 

sumaria que presentó la Lcda. Díaz Pedroza. En dicha solicitud, la 

recurrida específicamente solicitó se ordene la revalorización del 

puesto de asesor legal y se asigne a escala 8. De una lectura de la 

resolución recurrida, surge que esta pone fin a la controversia entre 

las partes en cuanto al reclamo sobre revalorización del puesto de 

asesor legal. La resolución apercibe a las partes sobre los términos 

para solicitar reconsideración en la agencia, así como de su derecho 

a acudir en revisión ante este foro. 

Sin embargo, la resolución recurrida no pone fin a todas las 

controversias presentadas ante la OA. A saber, aún está pendiente 

ante la OA si procede que el puesto de Asesor(a) Legal se asigne a la 

escala salarial 8, así como también queda pendiente la solicitud de 

la Lcda. Díaz Pedroza de que se le iguale o ajuste su sueldo a tenor 

con los reglamentos y normas de la AAA relacionados a la Ley de 

Igual Paga por Igual Trabajo. Aun cuando la resolución recurrida 

incorporó el lenguaje utilizado en los dictámenes parciales judiciales

que establecen las Reglas de Procedimiento Civil, e incluyó los 

apercibimientos sobre los términos para solicitar reconsideración y 

acudir en revisión judicial, esta no puede considerarse como una 

resolución final conforme definida y establecida en la Ley 38-2017. 

El Tribunal Supremo ha enfatizado que la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme desplaza y predomina 

cualquier reglamentación de una agencia que sea contrario a ella, lo 

cual incluye los asuntos de revisión judicial.34 Por lo anterior, aun 

34 Veáse, ACT v. PROSOL et als., 2010 DPR 897 (2022), citando a Cordero Vargas 

v. Pérez Pérez, 198 DPR 858 (2017).
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cuando la AAA arguye que el dictamen recurrido puso fin a la 

controversia expuesta por las partes en sus solicitudes sumarias, y 

que incluye el lenguaje sobre revisión judicial, ello no significa que 

la Resolución Final Parcial emitida por la OA es un dictamen 

revisable directamente por este foro intermedio cuando el trámite 

administrativo no ha culminado ante la OA.

Salta a la vista que, en la parte introductoria la resolución 

recurrida expresó los remedios solicitados por la Lcda. Díaz Pedroza. 

Seguidamente, se consigna que lo que la resolución atiende y 

resuelve “en esta etapa procesal” son las solicitudes de la apelante 

y de la Autoridad de resoluciones sumarias respecto a la 

revalorización del puesto de Asesor(a) Legal. Por último, la OA 

expresó en su dictamen que no adelantaba criterio en cuanto a la 

solicitud de reubicar el puesto de asesor legal en la escala 8. En 

virtud de lo anterior, estamos ante una resolución parcial que no es 

revisable directamente por este foro. Tampoco estamos ante la 

excepción del requisito de finalidad por falta de jurisdicción de la 

agencia. Por tal razón, procede la desestimación del presente 

recurso, por falta de jurisdicción.

Destacamos que la disposición interlocutoria de la OA en la 

resolución recurrida puede ser objeto de un señalamiento de error 

en el recurso de revisión del dictamen final de la OA una vez 

concluya el trámite administrativo en su totalidad. 

Dicho de otro modo, una vez se adjudiquen de forma final 

todas las controversias presentadas ante la consideración de la OA 

la parte adversamente afectada por la determinación final de la 

agencia podrá entonces acudir ante este foro vía recurso de revisión. 

IV.

Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el 

presente recurso por falta de jurisdicción.
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Notifíquese.

Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

 Secretaria del Tribunal de Apelaciones