Número Identificador

SEN2023 ________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL XI

WILFREDO G. SANTOS 

VÁZQUEZ

RECURRENTE

V.

DEPARTAMENTO DE 

CORRECCIÓN Y 

REHABILITACIÓN

RECURRIDOS

KLRA202300622

REVISIÓN 

ADMINISTRATIVA

procedente del 

Departamento de 

Corrección y 

Rehabilitación

Querella Núm.:

215-23-075

Panel integrado por su presidenta, la Juez Brignoni Mártir, el Juez 

Candelaria Rosa, la Jueza Álvarez Esnard, y la Jueza Díaz Rivera.

Brignoni Mártir, Juez Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de enero de 2024

El señor Wilfredo G. Santos Vázquez (en adelante, el recurrente o el 

señor Santos Vázquez), confinado en la Institución Correccional 501 de 

Bayamón, presentó ante este Tribunal un Escrito de Revisión Judicial. En

su recurso nos solicita que revoquemos una Resolución emitida el 17 de 

agosto de 2023 y notificada el 28 de septiembre de 2023 por el 

Departamento de Corrección y Rehabilitación (en adelante, el DCR o la 

agencia recurrida). 

Por los fundamentos que exponemos a continuación, desestimamos el 

presente recurso por falta de jurisdicción. 

I.

El 28 de junio de 2023, un oficial correccional presentó un Informe 

de Querella de Incidente Disciplinario contra el señor Santos Vázquez ante 

el Departamento de Corrección y Rehabilitación.1 En síntesis, alegó que el 

recurrente desobedeció una directriz correccional durante el tiempo de 

aseo personal. Señaló, a su vez, que éste produjo ruidos excesivos y lanzó 

una bandeja de alimentos al área común. 

1 Apéndice del recurrente, pág. 4.
KLRA202300622 2

Ante tales alegaciones, el DCR celebró una vista disciplinaria el 9 de 

agosto de 2023. El 17 de agosto de 2023, emitió una Resolución, notificada 

el 28 de noviembre de 2023.2 En la aludida determinación, declaró incurso 

al recurrente y resolvió que éste infringió el Código 135 del Reglamento 

para Establecer Procedimiento Disciplinario de la Población Correccional, 

Reglamento Núm. 9921 de 8 de octubre de 2020 (en adelante, Reglamento 

Disciplinario), por desobedecer una orden directa de un empleado 

correccional. Además, decretó la suspensión del privilegio de comisaría, 

recreación activa, visitas, y actividades especiales en el periodo de 

cincuenta (50) días.

En desacuerdo con el proceder administrativo, el 5 de octubre de 

2023, el recurrente sometió una Solicitud de Reconsideración de Decisión 

de Informe Disciplinario para Confinado.

3 Sin respuesta al respecto, el 27 

de noviembre de 2023, presentó ante nos un recurso de Revisión Judicial. 

En su escrito, planteó los siguientes señalamientos de error:

LA VISTA NO SE EFECTUÓ CONFORME A LA 

REGLAMENTACIÓN DEL “D.C.R.” Y EL INCUMPLIMIENTO

CON LA NORMA PERJUDICA A CUALQUIER PARTE. LA 

SECCIÓN DE LA REGLA SE ESPECIFICA EN EL 

ARTÍCULO (EN ADELANTE ART.) VI INCISO 1 ENTRE 

OTROS.

SE VIOLÓ EL DEBIDO PROCESO DEL(A) CONFINADA (EL 

DERECHO ESPECIFICA EN EL ART. VI INCISO 1 D ESTE 

RECURSO ENTRE OTROS.

LA DETERMINACIÓN DEL OFICIAL EXAMINADOR D. 

VISTA DISCIPLINARIA NO ESTÁ APOYADA POR LA 

PRUEBA PRESENTADA Y LA EVIDENCIA QUE OBRA EN 

EL EXPEDIENTE.

EL OFICIAL EXAMINADOR DE VISTA DISCIPLINARIA Q. 

PRESCIDIÓ LA VISTA ACTUÓ DE MANERA PREJUICIADA 

CONTRA ESTA CONFINADA (EN EL ART. VI INCISO 4

SEÑALO LAS ALEGACIONES DE PREJUICIO CON 

EVIDENCIA).

El 15 de diciembre de 2023, este Tribunal emitió Resolución

concediendo al DCR veinte (20) días para someter su alegato en oposición. 

En el ínterin, el 19 de diciembre de 2023, el DCR notificó al recurrente sobre 

2 Apéndice del recurrente, págs. 1-3.

3 Apéndice de la agencia recurrida, pág. 4
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una Determinación emitida el 3 de noviembre de 2023 en torno a la solicitud 

de reconsideración. 4 En dicho dictamen, declaró Con Lugar la aludida 

petición y revocó la Resolución recurrida. Al respecto, dispuso lo siguiente: 

Al hacer un examen y análisis del expediente administrativo 

del caso que nos ocupa, trasluce que el Oficial Examinador 

celebró vista administrativa el 9 de agosto de 2023. La 

Resolución fue emitida el 17 de agosto de 2023, dentro 

del término de siete (7) días laborables de celebrada la 

vista, esto conforme dispone la Regla 28 (2) del 

Reglamento Disciplinario. De la Resolución se observa

que se entregó la resolución el 28 de septiembre de 2023 

por el Oficial de Querellas. Es decir, que se hizo entrega 

de la resolución fuera del término que establece la Regla 

34 precitada.

Tomamos conocimiento que el Oficial de Querellas, Ricardo 

J. Casiano para la fecha de la vista administrativa del 

querellado estaba de vacaciones y se nombró oficial 

correccional Jaremid Serrano Avilés que lo sustituyera. 

Aparentemente, el oficial correccional no hizo entrega al 

querellado recurrente de la Resolución dentro del término que 

dispone la Regla 34 del Reglamento Disciplinario, supra, es 

decir, dentro del día laborable siguiente al recibo de la 

Resolución emitida por parte del Oficial Examinador. No 

surge del expediente una hoja de incidente que explicara la 

razón de haber entregado tardíamente la Resolución al 

querellado que sirviera de justa causa. Por lo que en virtud 

de lo que dispone la Regla 34 del Reglamento 

Disciplinario, se incumplió con la entrega de la 

Resolución al día laborable siguiente de haberse emitido 

la Resolución por el Oficial Examinador. Por lo que se 

violó el debido proceso de ley al querellado. (Énfasis 

nuestro).5

Posteriormente, el 8 de enero de 2024, la agencia recurrida presentó 

un Escrito en Cumplimiento de Orden y Solicitud de Desestimación. En 

esencia, advirtió que mientras el recurso se encontraba presentado ante el 

foro apelativo, la agencia acogió la solicitud de reconsideración y procedió 

a revocar la determinación recurrida. Por tanto, solicitó la desestimación la 

causa de acción presentada bajo el fundamento de ausencia jurisdicción 

por razón de academicidad. 

II.

Como es sabido, “los tribunales podemos evaluar únicamente 

aquellos casos que son justiciables”. Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera 

Schatz, 180 DPR 920, 931 (2011); Lozada Tirado et al. v. Testigos Jehová, 

4 Apéndice de la agencia recurrida, págs. 1-3.

5 Apéndice de la agencia recurrida, pág. 2.
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177 DPR 893, 907 (2010). La intervención judicial solo tendrá lugar cuando 

exista “una controversia genuina entre partes opuestas que tienen un 

interés real en obtener un remedio que afecte sus relaciones jurídicas”. 

Hernández Montañez v. Parés Alicea, 208 DPR 727, 738 (2022); Suárez 

Cáceres v. Com. Estatal Elecciones, 176 DPR 31, 60 (2009). En ese 

sentido, los tribunales solo pueden decidir asuntos instados “en un contexto 

adversativo y en una forma históricamente visualizada como capaz de ser 

resuelta a través del proceso judicial”. Pueblo v. Díaz Alicea, 204 DPR 472, 

481 (2020).

Un asunto no es justiciable cuando unos hechos posteriores lo 

tornan académico. (Énfasis suplido). UPR v. Laborde Torres Y Otros, 180 

DPR 253, 280 (2010); Noriega v. Hernández Colón, 135 DPR 406 (1994). 

La condición académica surge “cuando los cambios fácticos o judiciales 

acaecidos durante el trámite judicial tornan en ficticia su solución, 

convirtiéndose así en una opinión consultiva sobre asuntos abstracto”. 

Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, supra, págs. 932-933; San 

Gerónimo Caribe Project v. A.R.Pe., 174 DPR 640, 652 (2008). En estos 

casos, la “condición de controversia viva y presente se ha perdido”. Asoc. 

Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, supra, pág. 933; P.P.D. v. Gobernador I, 

139 DPR 643, 676 (1995).

En tales circunstancias, el fallo que emita el tribunal no tiene efectos 

prácticos por tratarse de un asunto inexistente. Lozada Tirado v. Testigos 

Jehová, supra, pág. 908; San Gerónimo Caribe Project v. ARPe, 174 DPR 

640, 652 (2008). Por tanto, su deber es abstenerse de considerar los 

méritos de ese caso. Super Asphalt Pavement, Corp. v. Autoridad para el 

Financiamiento de Puerto Rico, 206 DPR 803, 816 (2021); CEE v. Depto. 

de Estado, 134 DPR 927, 936 (1993). Una vez el tribunal determine que 

el recurso es académico, le corresponde desestimar el pleito. (Énfasis 

nuestro). Moreno v. UPR II, 178 DPR 969, 974 (2010); ELA. v. Aguayo, 80 

DPR 552, 562 (1958). Tal proceder evita el uso inadecuado de recursos 
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judiciales. Moreno v. UPR II, supra, pág. 974; P.N.P. v. Carrasquillo, 166 

DPR 70, 75 (2005).

III.

En el presente caso, el señor Santos Vázquez nos solicita la 

revocación de la resolución recurrida que decretó que éste incurrió en 

desacato por quebrantar una directriz correccional. Contiende que el 

dictamen agencial no está respaldado en evidencia suficiente. Por tanto, 

sostiene que la agencia recurrida actuó en contravención al debido proceso 

de ley. Tras examinar sosegadamente el recurso presentado, resulta 

forzoso concluir que éste se tornó académico. Veamos.

Surge del expediente ante nuestra consideración que, el 17 de 

agosto de 2023, el DCR emitió una Resolución notificada el 28 de 

septiembre de 2023. Insatisfecho con la determinación agencial, el 

recurrente sometió una Solicitud de Reconsideración de Decisión de 

Informe Disciplinario para Confinado el 5 de octubre de 2023.

Posteriormente, el 27 de noviembre de 2023, presentó un recurso de 

Revisión Judicial ante el foro intermedio. En respuesta, esta Curia ordenó 

al DCR a expresarse respecto al recurso instado. Previo a su 

comparecencia ante el foro intermedio, el 19 de diciembre de 2023, el 

DCR notificó la Determinación emitida el 3 de noviembre de 2023, la 

cual revocó el dictamen recurrido y dejó sin efecto la sanción 

impuesta. (Énfasis nuestro).

Ante tales circunstancias, este Tribunal está imposibilitado de 

atender el recurso en sus méritos. Adviértase que, nuestras facultades 

revisoras están limitadas al examen judicial de controversias vivas y 

presentes producidas en un contexto adversativo. Fotoperiodistas v. Rivera 

Schatz, supra, págs. 932-933. Una vez el DCR revocó el dictamen 

recurrido, el recurso instado se tornó académico. Tales cambios 

fácticos acaecidos durante el trámite ante el foro apelativo 

imposibilitan el ejercicio de nuestras facultades revisoras. (Énfasis 

nuestro).
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A la luz del marco legal reseñado, el foro apelativo perdió la 

jurisdicción para examinar el recurso presentado, toda vez que la 

controversia se tornó académica. En vista de lo anterior, nos corresponde 

desestimar el pleito instado de conformidad a la Regla 83 B (1) del Tribunal 

de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B R. 83 B (1).

IV.

Por los fundamentos antes expuestos, desestimamos el presente 

recurso por falta de jurisdicción, pues el recurso presentado se tornó 

académico. 

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones