Número Identificador

SEN2024 ________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL IV

HULA PROPERTIES, INC.

Apelante 

v.

NEDDA LIZ SMITH PLANAS 

Y OTROS

Apelado

KLAN202400410

Apelación

procedente del 

Tribunal de 

Primera 

Instancia, Sala de 

Caguas

Caso Núm.:

CG2020CV00314

Sobre:

Accesión y otros

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la

Jueza Rivera Marchand y el Juez Rodríguez Flores 

Rivera Marchand, Jueza Ponente 

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de junio de 2024.

Comparece ante nos, Hula Properties Inc., (Hula o apelante) y 

solicita que revisemos y revoquemos la Sentencia emitida el 14 de 

marzo de 20231 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior 

de Caguas (TPI o foro primario). En esta, el foro primario declaró No 

Ha Lugar la solicitud de sentencia sumaria instada por Hula y 

decretó la desestimación del caso sin perjuicio, por no ser el 

mecanismo de sentencia declaratoria el procedimiento adecuado 

para resolver la controversia central del caso.

Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

revocamos el dictamen apelado en cuanto a la desestimación de la 

demanda. Veamos.

I.

Según surge del expediente, el 31 de enero de 2020, Hula 

incoó una Demanda2 en contra de la Sucesión de Ángel Luis Planas 

López (Sucs. Planas López o apelada), compuesta por Nedda Liz 

1 Notificada el 16 de marzo de 2023. 

2 Apéndice, págs. 42-46.
KLAN202400410 2

Planas Smith y Ángel Luis Planas II sobre sentencia declaratoria y 

accesión. En la demanda, Hula alegó ser la dueña de un terreno 

ubicado en el Municipio de Aguas Buenas, en donde existe una 

edificación presuntamente propiedad de la Sucs. Planas López. Por 

esta razón, le solicitó al TPI lo siguiente: 

a. Se determine que la parte demandante es el titular del 

terreno donde enclava la edificación de la parte 

demandada;

b. Se determine que la parte demandada es un edificante de 

mala fe; ordene la destrucción de dicha edificación a su 

costo; ponga a la parte demandante en posesión del 

terreno; y 

c. En la alternativa que se determine que la parte 

demandada es un edificante de buena fe, determine el 

valor de indemnización y, una vez satisfecho el mismo, 

adjudique la titularidad de la edificación a la parte 

demandante y se ordene el desalojo de la parte 

demandada y/o cualquier ocupante de la misma; 

d. Condene a la parte demandada el pago de las costas, 

gastos y honorarios de abogado.

Por su parte, la Sucs. Planas López acreditó su alegación 

responsiva3 y expuso, entre otros, que procede hacer un estudio de 

tracto registral. Arguyó además que, existe controversia en cuanto 

al hecho de que el terreno es de dominio público y que los 

codemandados han sido dueños de la estructura por más de 40 

años.

Así las cosas, Hula presentó una Moción de Sentencia 

Sumaria4 en la cual propuso 37 hechos incontrovertidos. Además, 

para sostener su postura, anejó una copia de la escritura de 

compraventa, certificación del Registro de la Propiedad y la planilla 

de caudal relicto, entre otros documentos.

5 En esencia, expuso que 

3 Apéndice, págs. 48-51.

4 Apéndice, págs. 58-77.

5 Apéndice págs. 78-128: 1) Declaración jurada de Dimaris Quiñonez Ramos; 2) 

Escritura Núm. 1 de Compraventa del 5 de febrero de 2019; 3) Certificación de 

Propiedad Inmueble expedida por el Registro Inmobiliario el 25 de febrero de 2020; 

4) Noticia de El Vocero. “Cientos de planteles declarados en desuso” del 23 de abril 

de 2019; 5) Aviso Público sobre planteles escolares en desuso, obtenido de la 

página web de la Autoridad de Edificios Públicos; 6) Primer Pliego de 

Interrogatorios y Requerimiento de Producción de Documentos dirigido a la parte 

demandada; 7) Contestación al Interrogatorio y Requerimiento de Producción de 

Documentos, de Nedda Liz Planas-Smith; 8) Contestación al Interrogatorio y 

Requerimiento de Producción de Documentos, de Ángel Luis Planas II; 9) Resolución 

del 9 de marzo de 2010, dictada en el caso de EJV2010-0157 (611); 10) 

Documento del portal del Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales, con 

información de la propiedad núm. 198-071-068-10-004; 11) Documento del portal 
KLAN202400410 3

Hula adquirió una propiedad ubicada en el Municipio de Aguas 

Buenas, Puerto Rico.

6 Sostuvo que, la referida propiedad le 

pertenece al Gobierno de Puerto Rico desde el año 1918 y que la 

Sucs. Planas López había construido una edificación de mala fe en 

suelo ajeno.

Igualmente, en el referido petitorio, Hula planteó que la parte 

apelada no ostenta un título que demuestre que es dueña del terreno 

en donde edificó por lo que, al edificar, tenía conocimiento de que lo 

hacía en suelo ajeno. Además, arguyó que, por la Sucs. Planas López 

ser una edificante de mala fe no debía ser indemnizada y, por ende, 

se le debía ordenar demoler la estructura a su costo. Finalmente, 

solicitó la imposición de honorarios basado en que, presuntamente,

la Sucs. Planas López fue temeraria en la tramitación del pleito. 

Luego de varios trámites procesales, la Sucs. Planas López 

instó su Moción en Oposición a “Moción de Sentencia Sumaria”.7 De 

la oposición a la sentencia sumaria se desprende que, la parte 

apelada se limitó a relatar las razones por las cuales no procede que 

se dicte la sentencia sumaria. Es decir, no presentó algún 

documento o anejo para sostener su posición, conforme establece 

nuestro ordenamiento jurídico. 

En respuesta a ello, Hula incoó una Oposición A Escrito De La 

Parte Demandada Titulado “Moción En Oposición A ‘Moción De 

Sentencia Sumaria”,

8 en la cual manifestó que la oposición 

presentada por la parte apelada no cumplió con la Regla 36 de 

del Catastro Digital del Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales; 12) 

Escritura de Compraventa Núm. 92 del 27 de diciembre de 2006; 13) Planilla del 

Caudal Relicto de Ángel L. Planas López; 14) Declaración Jurada del Ingeniero 

Henry Rodríguez Molina y plano que lo acompaña. 

6 “RÚSTICA: Parcela de terreno localizada en el barrio Mulas de Aguas Buenas, 

compuesta de tres cuerdas (3 cdas.) equivalentes a Una hectárea, Diecisiete áreas 

y Noventa y Una centiáreas (1H, 17A, 91CA), lindantes por el Norte, con el camino 

vecinal de Juan Asencio y terrenos de la Junta Escolar de Aguas Buenas; por el 

Sur y el Este, con la finca de la que se segrega, propiedad de Luis Tomás Baliñas 

y Ruiz; y por el Oeste, con el mismo señor Baliñas y terrenos de la Junta Escolar 

de Aguas Buenas.”

7 Apéndice, págs. 135-140.

8 Apéndice, págs. 141-147.
KLAN202400410 4

Procedimiento Civil.

9 Como resultado, solicitó que el petitorio 

sumario se diera por sometido y, en su consecuencia, fuera 

declarado con lugar. 

Evaluado lo anterior, el TPI emitió la Sentencia apelada

mediante la cual declaró no ha lugar a la Moción de Sentencia 

Sumaria interpuesta por Hula. En esta consignó 22 hechos 

incontrovertidos y 14 controversias, para así concluir que, no 

procedía la adjudicación por la vía sumaria. Sin embargo, decretó la 

desestimación de la demanda sin perjuicio bajo el fundamento de 

que, el mecanismo de sentencia declaratoria no es el adecuado para 

resolver la controversia central. En su dictamen, el TPI consignó que 

los siguientes hechos no están en controversia: 

1. Mediante la Escritura Núm. Seis de 26 de enero de 1918 

ante el Notario Pedro Armando Rivera, la Junta Escolar 

del Municipio de Aguas Buenas cedió al Gobierno de 

Puerto Rico el terreno donde se ubicó la Escuela Luis T. 

Baliñas.

2. En algún momento posterior, se construyó la estructura 

en controversia en un terreno aledaño a donde ubicaba 

la referida Escuela Luis T. Baliñas. 

3. En el 1990, la estructura en controversia fue adquirida 

por Anastacia López Flores, madre del fenecido Ángel 

Planas López y abuela de los codemandados. 

4. Tomando dicha fecha como punto de partida, al momento 

de la radicación de la demanda de epígrafe, esta 

estructura llevaba unos treinta (30) años construida y/u 

ocupada por familiares de la Sucn. Planas-López y por el 

mismo Ángel Planas López. 

5. La Sucn. Planas-López acepta que la construcción de la 

estructura se hizo en suelo ajeno. 

6. La Sucn. Planas-López acepta que, cuando su abuela 

Anastacia López Flores compró la estructura, estaba bajo 

el entendido de que ubicaba en un terreno perteneciente 

al Municipio de Aguas Buenas. 

7. El 27 de diciembre de 2006 se otorgó la Escritura de 

Compraventa Núm. 92, ante la Notaria Ignalisa Santos 

Fernández, en la cual Anastacia López Flores vendió la 

propiedad en controversia al fenecido Ángel Planas López.

8. La estructura fue descrita en la referida escritura como:

Casa de concreto de dos (2) plantas dedicadas a 

vivienda que mide treinta y tres pies con seis 

pulgadas (36’-6”) de frente y cuarenta y siete p[i]es 

con cuatro pulgadas (47’-4”) de fondo. Contiene la 

primera planta cinco (5) habitaciones 

reestructurada a cuatro (4) habitaciones, un 

servicio sanitario, sala-comedor, cocina, terraza. 

La segunda planta contiene sala, comedor, cocina, 

tres (3) cuartos dormitorios, servicio sanitario, 

medio baño, balcón reestructurada a sala, 

comedor cocina, cuatro (4) cuartos dormitorios, 

9 32 LPRA Ap. V, R. 36. 
KLAN202400410 5

dos (2) servicios sanitarios, balcón y terraza. 

Enclava en un solar propiedad del Municipio de 

Aguas Buenas compuesto de CIENTO OCHENTA Y 

DOS METROS CUADRADOS (182 m/c) más o 

menos y que colinda por el Norte con carretera 

estatal ciento setenta y cuatro (174); por el Sur, 

con el Estado Libre Asociado de Puerto Rico; por el 

Este con Anastacia López viuda de Planas; y por el 

Oeste, con Agapito López.

9. Señala, además, que Anastacia López Flores “...adquirió 

la referida estructura mediante escritura de Compraventa 

número diez (100) [sic] otorgada en Aguas Buenas, Puerto 

Rico, el once (11) de agosto de mil novecientos noventa 

(1990) ante el notario Juan Correa Rodríguez...” y que no 

estaba inscrita en el Registro de la Propiedad. 

10. La propiedad en controversia está registrada en el Centro 

de Recaudación de Ingresos Municipales (en adelante 

CRIM) bajo el número de catastro 198-071-068-10-004. 

11. Ángel Luis Planas López falleció el 7 de noviembre de 

2009 en el Estado de Michigan, Estados Unidos. 

12. El 9 de marzo de 2010 se emitió Resolución en el caso 

EJV2010-0157 (611) declarando a los codemandados 

Nedda Lis Planas y Ángel Luis Planas II como sus únicos 

herederos. 

13. En el 2018 la Escuela Luis T. Baliñas fue declarada en 

desuso por el Departamento de Educación. 

14. El 19 de diciembre de 2018 el Comité de Evaluación y 

Disposición de Bienes Inmuebles de la Rama Ejecutiva 

del Gobierno de Puerto Rico emitió la Resolución 2018-

24, autorizando la venta de la propiedad inmueble donde 

ubicaba la Escuela Luis T. Baliñas, por el precio de 

$400,000.00. 

15. El 5 de febrero de 2019, ante la Notario María Luisa 

Fuster Zalduondo, se otorgó la Escritura Núm. Uno de 

Compraventa en la cual el Gobierno de Puerto Rico 

vendió a Hula el terreno donde ubicaba la Escuela Luis. 

T. Baliñas.

16. En dicha escritura, la propiedad fue descrita como:

Rústica: Parcela de terreno localizada en el barrio 

Mulas de Aguas Buenas, compuesta de tres 

cuerdas (3 cdas.) equivalentes a Una hectárea, 

Diecisiete áreas y Noventa y Una centiáreas (1H, 

17a, 91CA), lindantes por el Norte, con el camino 

vecinal Juan Asencio y terrenos de la Junta 

Escolar de Aguas Buenas; por el Sur y el Este, con 

la finca que se segrega, propiedad de Luis Tomás 

Baliñas y Ruiz; y por el Oeste, con el mismo señor 

Baliñas y terrenos de la Junta Escolar de Aguas 

Buenas.

17. Se indica, además, que esta propiedad está inscrita en el 

Registro de la Propiedad, sección Segunda de Caguas, en 

el Folio 73 del Tomo 19 de Aguas Buenas, Finca Núm. 

915 y que su número de catastro es 198-071-068-10.

18. El ingeniero Henry Rodríguez Molina fue contratado por 

Hula para realizar una mensura del terreno en 

controversia, ubicado en la carretera PR 174, Km 21.1, 

en el Barrio Mulas del Municipio de Aguas Buenas. 

19. Para dicha mensura, éste revisó el catastro digital del 

CRIM y, a base de su examen de dicho mapa catastral 

digital, preparó un plano de la propiedad en cuestión. 

20. El ingeniero Henry Rodríguez Molina concluyó que la 

estructura objeto del presente pleito ubica en el predio 

de terreno adquirido por Hula. 

21. El ingeniero concluyó que la estructura ubica en un área 

de terreno que era baldío. 
KLAN202400410 6

22. El 31 de enero de 2020 Hula presentó la acción de 

epígrafe en contra de la Sucn. Planas-López.10

Además, identificó catorce (14) controversias medulares que, 

a su entender, impiden la adjudicación de la causa por la vía 

sumaria, a saber:

1. La porción de terreno que específicamente fue donada al 

Gobierno de Puerto Rico por la Junta Escolar del 

Municipio de Aguas Buenas mediante la, antes 

mencionada, Escritura Núm. Seis (6) de 26 de enero de 

1918, otorgada ante el Notario Pedro Armando Rivera.

2. Qué remanente quedó perteneciente a la Junta Escolar 

del Municipio de Aguas Buenas, si alguno. 

3. La fecha en que se construyó la estructura en el terreno 

aledaño a la Escuela Luis T. Baliñas y quién la construyó. 

4. Con qué autorización, si alguna, se procedió a construir. 

5. La corrección de la inscripción de la estructura en el 

CRIM dado que, de una revisión a la información del 

Catastro Digital que indica HULA en su escrito surge que 

ésta se encuentra ubicada en una parcela separada al 

terreno de la Escuela Luis T. Baliñas y no indica tener 

titular alguno. 

6. La documentación provista al CRIM para probar la 

titularidad sobre la estructura en controversia y que le 

permitió su inscripción, si alguna. 

7. La fecha en que la Escuela Luis T. Baliñas fue construida, 

con anterioridad o posterioridad a la estructura en 

controversia.

8. La descripción específica de los puntos que identifican las 

colindancias del predio de terreno donde ubicaba la 

Escuela Luis T. Baliñas. 

9. Qué acción, si alguna, realizó el Departamento de 

Educación con relación a la ocupación de la porción de 

terreno en controversia. 

10. Qué acción, si alguna, realizó el Municipio de Aguas 

Buenas y/o la Junta Escolar con relación a la ocupación 

de la porción de terreno en controversia.

11. Qué verificación o estudio de título, si alguno, hizo el 

Gobierno de Puerto Rico previo a la venta del terreno 

donde ubicaba la Escuela Luis T. Baliñas. 

12. La representación que le hicieran a Hula en torno al 

terreno a ser vendido. 

13. El conocimiento previo que tuviese Hula con relación a 

la situación del predio en controversia. 

14. Si en esta acción se incluyeron a todas las partes 

indispensables.11

En desacuerdo, Hula presentó una Moción de 

Reconsideración,

12 en la cual arguyó, entre otras cosas, que el 

mecanismo de sentencia declaratoria es el adecuado para dilucidar 

la controversia y que, al amparo de las Reglas de Procedimiento 

Civil, procedía declarar con lugar la sentencia sumaria. Así las 

10 Apéndice, págs. 9-12.

11 Apéndice, págs. 12-13.

12 Apéndice, págs. 20-40.
KLAN202400410 7

cosas, el 27 de marzo de 2024, el foro a quo emitió una Resolución13

mediante la cual denegó el petitorio de reconsideración que instó 

Hula. 

Aun inconforme con el dictamen recurrido, Hula interpuso el 

recurso de apelación ante nos, por entender que el foro primario 

cometió los siguientes errores:

Erró el TPI al decretar la desestimación sin perjuicio de la 

demanda presentada por Hula bajo el fundamento de que el 

mecanismo de sentencia declaratoria no era el adecuado 

para atender la controversia ante su consideración. 

Erró el TPI al declarar no ha lugar la moción de sentencia 

sumaria presentada por Hula y crear sua sponte

controversias de hecho y derecho sobre asuntos que 

quedaron establecidos mediante la moción de sentencia 

sumaria.

El 29 de abril de 2024, emitimos una Resolución en la cual 

ordenamos a la parte apelante evidenciar el cumplimiento de las

Reglas 13(B) y 14(B) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones.

14

Además, apercibimos a la parte apelada a cumplir estrictamente con 

la Regla 22 de nuestro Reglamento.15 En cumplimiento con ello, el 

3 de junio de 2024, compareció la parte apelada mediante su Alegato 

en Oposición. Con el beneficio de sus posturas, procedemos a 

resolver. 

II.

A. Sentencia sumaria 

El mecanismo de sentencia sumaria provisto en la Regla 36 

de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R.36, permite a los 

tribunales disponer, parcial o totalmente, de litigios civiles en 

aquellas situaciones en las cuales no exista controversia material de 

hecho que requiera ventilarse en un juicio plenario, y el derecho así 

lo permita. Cruz Cruz y otra v. Casa Bella Corp. y otros, 2024 TSPR 

47, resuelto el 8 de mayo de 2024; SLG Fernández-Bernal v. RAD13 Apéndice, pág. 41.

14 4 LPRA Ap. XXII-B, R. B, R. 13(B) y R.14(B). 

15 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 22. 
KLAN202400410 8

MAN San Juan et al, 208 DPR 310 (2021). Este mecanismo lo puede 

utilizar la parte reclamante o aquella parte que se defiende de una 

reclamación. 32 LPRA Ap. V, R. 36.1 y 36.2. 

Mediante el mecanismo de sentencia sumaria, se procura 

profundizar en las alegaciones para verificar si, en efecto, los hechos 

ameritan dilucidarse en un juicio. León Torres v. Rivera Lebrón, 204 

DPR 20, 42 (2020). Este cauce sumario resulta beneficioso tanto 

para el tribunal, como para las partes en un pleito, pues se agiliza 

el proceso judicial, mientras simultáneamente se provee a los 

litigantes un mecanismo procesal encaminado a alcanzar un 

remedio justo, rápido y económico. Íd., págs. 42-43.

Como se sabe, en aras de prevalecer en una reclamación, la 

parte promovente debe presentar prueba incontrovertible sobre 

todos los elementos indispensables de su causa de acción. Por ello, 

y en lo pertinente al caso ante nos, una parte demandada puede 

solicitar una sentencia sumaria por insuficiencia de prueba. Dicha 

solicitud procede cuando la parte demandante no cuenta con 

evidencia suficiente para probar su caso. El promovente de la 

referida solicitud debe demostrar que: 1) la vista es innecesaria; 2) 

el demandante no cuenta con evidencia suficiente para probar algún 

hecho esencial; y 3) como cuestión de derecho procede la 

desestimación de la reclamación. Para ello es indispensable que se 

le haya brindado al promovido amplia oportunidad para realizar 

descubrimiento de prueba adecuado. Ramos Pérez v. Univisión 178 

DPR 200, 217-218 (2010); Medina v. M.S. & D. Química P.R., Inc., 

135 DPR 716 (1994).

Nuestro ordenamiento civil y su jurisprudencia interpretativa 

impone unos requisitos de forma con los cuales hay que cumplir al 

momento de presentar una solicitud de sentencia sumaria, a saber: 

(1) una exposición breve de las alegaciones de las partes; (2) los 

asuntos litigiosos o en controversia; (3) la causa de acción sobre la 
KLAN202400410 9

cual se solicita la sentencia sumaria; (4) una relación concisa, 

organizada y en párrafos enumerados de todos los hechos esenciales 

y pertinentes sobre los cuales no hay controversia sustancial, con 

indicación de los párrafos o las páginas de las declaraciones juradas 

u otra prueba admisible en evidencia donde se establecen estos 

hechos, así como de cualquier otro documento admisible en 

evidencia que se encuentre en el expediente del tribunal; (5) las 

razones por las cuales se debe dictar la sentencia, argumentando el 

derecho aplicable, y (6) el remedio que debe ser concedido. Oriental 

Bank v. Caballero García, 212 DPR 671, 679 (2023). Véase, además, 

la Regla 36.3 de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 36.3. Si el promovente de la moción incumple con estos 

requisitos, “el Tribunal no estará obligado a considerar su pedido”. 

Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 111 (2015). 

Por otro lado, “la parte que desafía una solicitud de sentencia 

sumaria no puede descansar en las aseveraciones o negaciones 

consignadas en su alegación”. León Torres v. Rivera Lebrón, supra, 

pág. 43. Por el contrario, quien se opone a que se declare con lugar 

esta solicitud viene obligado a enfrentar la moción de su adversario 

de forma tan detallada y específica como lo ha hecho el promovente 

puesto que, si incumple, corre el riesgo de que se dicte sentencia 

sumaria en su contra, si la misma procede en derecho. Íd. 

Por ello, en la oposición a una solicitud de sentencia sumaria, 

el promovido debe puntualizar aquellos hechos propuestos que 

pretende controvertir y, si así lo desea, someter hechos materiales 

adicionales que alega no están en disputa y que impiden que se dicte 

sentencia sumaria en su contra. Íd., pág. 44. Claro está, para cada 

uno de estos supuestos deberá hacer referencia a la prueba 

específica que sostiene su posición, según exigido por la antes citada 

Regla 36.3 de Procedimiento Civil; Birriel Colón v. Supermercado Los 
KLAN202400410 10

Colobos (Econo Rial, Inc.) e Integrand Assurance Company, 2023 

TSPR 120, resuelto el 3 de octubre de 2023.

En otras palabras, la parte opositora tiene el peso de presentar 

evidencia sustancial que apoye los hechos materiales que alega 

están en disputa. Íd. De lo anterior se puede colegir que, ante el 

incumplimiento de las partes con las formalidades de la Regla 36 de 

Procedimiento Civil de 2009, supra, la consideración de sus 

posiciones descansa en la sana discreción del Tribunal. Meléndez 

González et al. v. M. Cuebas, supra.

Al atender la solicitud, el Tribunal deberá asumir como ciertos 

los hechos no controvertidos que se encuentren sustentados por los 

documentos presentados por el promovente. E.L.A. v. Cole, 164 DPR 

608, 626 (2005). Toda inferencia razonable que pueda surgir de los 

hechos y de los documentos se debe interpretar en contra de quien 

solicita la sentencia sumaria, pues sólo procede si bajo ningún 

supuesto de hechos prevalece el promovido. Íd., pág. 625. Además, 

al evaluar los méritos de una solicitud de sentencia sumaria, el 

juzgador debe actuar guiado por la prudencia y ser consciente en 

todo momento que su determinación puede conllevar el que se prive 

a una de las partes de su “día en corte”, componente integral del 

debido proceso de ley. León Torres v. Rivera Lebrón, supra, pág. 44.

Sin embargo, la sentencia sumaria generalmente no 

procederá cuando existan controversias sobre hechos esenciales 

materiales, o si la controversia del caso está basada en elementos 

subjetivos como intención, propósitos mentales, negligencia o 

credibilidad. Cruz Cruz y otra v. Casa Bella Corp. y otros, supra.

Además, existen casos que no se deben resolver mediante sentencia 

sumaria porque resulta difícil reunir la verdad de los hechos 

mediante declaraciones juradas o deposiciones. Jusino et als. v. 

Walgreens, 155 DPR 560, 579 (2001). De igual modo, no es 
KLAN202400410 11

apropiado resolver por la vía sumaria “casos complejos o casos que 

involucren cuestiones de interés público”. Íd., pág. 579.

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha discutido los criterios 

que este Tribunal de Apelaciones debe considerar al momento de 

revisar una sentencia dictada sumariamente por el foro de instancia. 

Roldán Flores v. M. Cuebas, 199 DPR 664, 679-680 (2018); Meléndez 

González et al. v. M. Cuebas, supra, págs. 118-19. Nuestro más Alto 

Foro señaló que: 

[E]l Tribunal de Apelaciones debe: 1) examinar de novo el 

expediente y aplicar los criterios que la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, supra, y la jurisprudencia le exigen al 

foro primario; 2) revisar que tanto la moción de sentencia 

sumaria como su oposición cumplan con los requisitos de 

formas codificados en la referida Regla 36, supra; 3) revisar 

si en realidad existen hechos materiales en controversia y, 

de haberlos, cumplir con la exigencia de la Regla 36.4 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, de exponer 

concretamente cuáles hechos materiales encontró que están 

en controversia y cuáles están incontrovertidos; 4) y de 

encontrar que los hechos materiales realmente están 

incontrovertidos, debe proceder a revisar de novo si el 

Tribunal de Primera Instancia aplicó correctamente el 

Derecho a la controversia. Roldán Flores v. M. Cuebas, 

supra, pág. 679.

Conforme a lo anterior, “nos encontramos en la misma 

posición que el Tribunal de Primera Instancia para evaluar la 

procedencia de una sentencia sumaria”. González Santiago v. Baxter 

Healthcare, 202 DPR 281, 291 (2019). Por ello, nuestra revisión es 

una de novo y nuestro análisis debe regirse por las disposiciones de 

la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y su jurisprudencia 

interpretativa. Íd. De esta manera, si entendemos que los hechos 

materiales realmente están incontrovertidos, debemos revisar de 

novo si el foro primario aplicó correctamente el derecho. Íd.

B. Sentencia declaratoria

Para dilucidar la controversia ante nuestra consideración 

resulta imperativo establecer en qué circunstancias está disponible 

el mecanismo de sentencia declaratoria. La sentencia declaratoria 

se ha definido como un mecanismo “remedial y profiláctico que 
KLAN202400410 12

permite anticipar la dilucidación de los méritos de cualquier 

reclamación ante los tribunales”, siempre que se demuestre la 

existencia de un peligro real contra la parte que solicita la sentencia 

declaratoria. Sánchez et al. v. Srio. de Justicia et al., 157 DPR 360, 

383–384 (2002); Charana v. Pueblo, 109 DPR 641, 653 (1993).

La sentencia declaratoria se rige por las disposiciones de las 

Reglas de Procedimiento Civil. Específicamente, la Regla 59.1 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 59.1, le confiere facultad al 

tribunal para que pueda declarar derechos, estados y otras 

relaciones jurídicas independientemente de que se solicite otro 

remedio. La citada regla añade que la sentencia declaratoria puede 

ser afirmativa o negativa, y tiene el mismo efecto y la fuerza de las 

sentencias o resoluciones finales que dictan los tribunales. Según 

ha expresado nuestro Tribunal Supremo, una solicitud de sentencia 

declaratoria tiene como resultado una decisión judicial sobre 

cualquier discrepancia en la interpretación de la ley. Mun. Fajardo 

v. Srio. Justicia et al., 187 DPR 245, 254 (2012). Por su parte, el 

inciso (a) de la Regla 59.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

59.2, dispone que cualquier persona que tenga interés en una 

escritura, un testamento, un contrato o cuyos derechos, estado u 

otras relaciones jurídicas se vean afectados por un precepto legal, 

una ordenanza municipal, un contrato o una franquicia, podrá 

solicitar una sentencia declaratoria. 

Cónsono con lo anterior, el profesor Hernández Colón 

comenta que la sentencia declaratoria se dicta en un proceso en el 

que se alegan hechos que indican que existe una controversia entre 

las partes cuyos intereses legales son opuestos, sin que sea 

necesaria la existencia de una lesión previa de estos con el propósito 

de resolver la incertidumbre legal y promover la paz social. R. 

Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico: Derecho Procesal 

Civil, 5ta Ed., San Juan, Lexis, 2010, Sec. 6001, pág. 560. 
KLAN202400410 13

Por otro lado, la Regla 59.2 (c) de Procedimiento Civil, supra, 

aclara que “[l]a enumeración hecha en los incisos (a) y (b) de esta 

regla, no limita ni restringe el ejercicio de las facultades generales 

conferidas en la Regla 59.1 dentro de cualquier procedimiento en 

que se solicite un remedio declaratorio, siempre que una sentencia 

o decreto haya de poner fin a la controversia o despejar una 

incertidumbre.”

Sin embargo, debe añadirse que, la propia Regla 59.3 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.59.3, establece que: “El 

tribunal podrá negarse a dar o a registrar una sentencia o decreto 

declaratorio cuando tal sentencia o decreto, de ser hecho o 

registrado, no haya de poner fin a la incertidumbre o controversia

que originó el procedimiento.” Énfasis nuestro. De igual manera, es

menester aclarar que:

El requisito de la existencia de una controversia real está 

conectado con la regla al efecto de que la concesión de una 

sentencia declaratoria, considerada ésta como un remedio en 

equidad, descansa en el ejercicio de una sana discreción 

judicial. Énfasis nuestro. Moscoso v. Rivera, 76 DPR 481, 

493 (1954). 

III.

En el recurso ante nos, la parte apelante solicita que 

revoquemos la Sentencia dictada por el foro primario, que declaró la 

desestimación del caso de autos. En cuanto al primer error 

señalado, Hula arguye que incidió el TPI al desestimar sin perjuicio 

la causa de acción, por entender que el mecanismo de sentencia 

declaratoria no es el adecuado para el asunto en controversia. De 

otra parte, en el segundo error plantea que, erró el TPI al declarar 

No Ha Lugar la sentencia sumaria y, a su vez, crear controversias 

de hechos y derechos sobre asuntos que quedaron establecidos con 

el petitorio. Veamos. 

En primer lugar, nos corresponde determinar si incidió el foro 

primario al desestimar el caso, tras entender que la sentencia 
KLAN202400410 14

declaratoria es inaplicable al recurso de autos. Tal cual

mencionamos anteriormente, la utilización del mecanismo de 

sentencia declaratoria recae en la sana discreción del foro primario. 

De modo que, las Reglas de Procedimiento Civil, le otorgan la 

facultad al juzgador de determinar cuándo procede la sentencia 

declaratoria o, por el contrario, cuándo debe abstenerse de su uso.

En el recurso de autos, el TPI unilateralmente desestimó la 

causa de acción, por entender que la utilización de la sentencia 

declaratoria no aplica. Cabe señalar sin embargo que, aunque el foro 

primario posee amplia discreción sobre la procedencia de dicho 

remedio, el foro primario se equivocó al desestimar la causa de 

acción por el único fundamento de que una sentencia declaratoria 

no resolvería la controversia central. 

Resulta claro que, la demanda de epígrafe también incluye 

una causa de acción sobre accesión, la cual envuelve un 

procedimiento ordinario, producto del cual, las partes tendrán la 

oportunidad de presentar evidencia. Asimismo, podrán rebatir la 

prueba y el juzgador de hechos tendrá la oportunidad de dirimir la 

controversia y resolver conforme a derecho. Por lo cual, el foro 

primario erró al desestimar el caso de autos. 

A los fines de entender en el segundo error, habremos de 

revisar de novo la moción dispositiva de la apelante y su 

correspondiente oposición, en cumplimiento con el deber impuesto 

por Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra. Asimismo, 

debemos evaluar si las partes cumplieron con los requisitos de 

forma dispuestos en la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra. 

Superado lo anterior, debemos determinar si, en el presente caso, 

existen hechos materiales en controversia que impiden resolver 

sumariamente este asunto. 

Al evaluar el petitorio sumario de Hula constatamos que 

cumplió con las exigencias y formalidades requeridas por la Regla 
KLAN202400410 15

36.3(a), supra. En su moción dispositiva, Hula arguyó que no existe 

controversia con respecto a que ella compró al Gobierno de Puerto 

Rico la propiedad inmueble objeto de este litigio, en la cual la 

apelada construyó presuntamente de mala fe y con conocimiento de 

que era suelo ajeno. Añadió que, la apelada carece de una escritura 

o documento que acredite su titularidad, por lo cual, al edificar de 

mala fe en suelo ajeno no tiene derecho a indemnización alguna y 

deberá demoler la estructura a su cuenta y cargo. Argumentó

además que, la apelada no puede invocar como defensa la 

prescripción adquisitiva debido a que esta no aplica al Estado. Por 

último, imputó a la Sucs. Planas López haber incurrido en

temeridad, por lo cual, solicitó la imposición de honorarios a esos 

efectos.

A lo antes, la apelada se opuso y relató los fundamentos que 

establecen los hechos presuntamente en controversia que impiden 

la solución sumaria del presente asunto. Precisamos que, en su 

oposición, la apelada incumplió con varios de los requisitos de forma 

que dispone la Regla 36.3(b) de Procedimiento Civil, supra. En 

primer lugar, no enumeró los párrafos de los hechos que considera 

están en controversia, tal cual enumerados en el petitorio sumario 

de Hula. Además, no presentó documento alguno en respaldo a su 

postura, ni especificó qué prueba sustenta las presuntas 

controversias de hechos que señala, con referencia a la página o a 

la sección correspondiente. 

No obstante lo anterior, y debido a que los tribunales tenemos 

discreción para considerar una oposición a solicitud de sentencia 

sumaria defectuosa, no procede revertir el dictamen recurrido por 

este fundamento. Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra.

Finalizado el referido análisis, nos corresponde determinar si existen 

controversias medulares sobre los hechos ocurridos y si el foro 

primario aplicó correctamente el derecho. Veamos.
KLAN202400410 16

Luego de examinar de novo el petitorio sumario de Hula, la 

Oposición de la Sucs. Planas López y la totalidad de los documentos 

que forman parte del apéndice ante nuestra consideración, 

coincidimos con el TPI en cuanto a la existencia de 14 hechos 

medulares en controversia, según desglosados en el tracto procesal,

los cuales impiden la solución sumaria de la presente causa en esta 

etapa de los procesos. En efecto, subsisten controversias sobre los 

límites y la cabida del predio que adquirió Hula; los límites del predio 

que donó la Junta Escolar; la titularidad del predio en donde ubica 

la estructura de la apelada; y si la prescripción adquisitiva aplica a 

estos hechos.

Al evaluar la prueba que presentó Hula en apoyo a su 

petitorio, particularmente el plano que preparó el ingeniero Henry 

Rodríguez Molina, nos resulta insuficiente para establecer con 

certeza las colindancias, a manera de poder concluir que la 

propiedad de la Sucs. Planas López ocupa parte del terreno 

perteneciente a Hula.

Basado en lo anterior y de conformidad con la facultad que 

nos confirió el Tribunal Supremo en Meléndez González et al. v. M. 

Cuebas, supra, reconocemos que el TPI actuó correctamente al 

declarar no ha lugar la solicitud de sentencia sumaria que instó la 

apelante. El segundo error señalado no se cometió.

IV.

Por los fundamentos antes expuestos, revocamos

la Sentencia apelada en cuanto a la desestimación de la demanda 

bajo el fundamento de que el mecanismo de sentencia declaratoria 

no es el adecuado para resolver la controversia. No obstante,

confirmamos la determinación del foro primario que declara No Ha 

Lugar a la Moción de Sentencia Sumaria. Cónsono con lo anterior, 
KLAN202400410 17

devolvemos el caso al foro primario para la continuación de los 

procedimientos. 

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones