Número Identificador

SEN2023___________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL I

GLADYS DEL VALLE 

VEGA, Y OTROS

Apelantes

v.

WALMART DE PUERTO 

RICO, INC., Y OTROS

Apelados

KLAN202200960

APELACIÓN

procedente del

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 

Superior de Caguas

Civil núm.:

CG2020CV01961 

(703)

Sobre:

Daños y Perjuicios

Panel integrado por su presidente el juez Sánchez Ramos, el juez 

Rivera Torres y el juez Salgado Schwarz.

Rivera Torres, Juez Ponente 

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2023.

Comparece ante este tribunal apelativo la Sra. Gladys Del 

Valle Vega, el Sr. Roberto Ríos Claudio y la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta por ambos, (en adelante el matrimonio 

Ríos-Del Valle o los apelantes) mediante el recurso de apelación de 

epígrafe solicitándonos que revoquemos la Sentencia dictada por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Caguas (TPI) el 11

de octubre de 2022, archivada en autos al día siguiente. Mediante 

este dictamen, el foro primario declaro Ha Lugar a la solicitud de 

sentencia sumaria presentada por Walmart de Puerto Rico (en 

adelante Walmart o la apelada). 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

confirmamos el dictamen apelado. 

I.

El 22 de septiembre de 2020 el matrimonio Ríos-Del Valle 

presentó la demanda de epígrafe. Alegaron que el 3 de agosto de 

2020 acudieron a la tienda Walmart en Caguas donde la Sra. Gladys 

Del Valle Vega (en adelante la señora Del Valle Vega) sufrió una
KLAN202200960 2

caída al ser golpeada por un carrito de bebé manejado por otra 

clienta nombrada como Fulana de Tal. Además, se adujo que 

Walmart fue negligente al violentar la Orden Ejecutiva emitida por 

el Gobierno de Puerto Rico como medida preventiva ante la 

pandemia provocada por el Covid-19 permitiendo en su local más 

personas de las autorizadas en el decreto. Señaló que, como 

resultado de la negligencia de las partes demandadas, esta sufrió

una fractura en el fémur de su pierna izquierda. El matrimonio RíosDel Valle valoró sus daños en $176,200.

El 2 de marzo de 2020 Walmart contestó la demanda negando 

el incumplimiento de la Orden Ejecutiva. Admitió que el matrimonio 

Ríos-Del Valle visitó la tienda y que hubo un choque entre la señora 

Del Valle Vega con otra clienta que empujaba un coche de bebé 

mientras discurrían por el pasillo principal. Entre las defensas 

afirmativas alegó no ser un garantizador absoluto y que la causa 

próxima fue la negligencia de la clienta que manejaba el coche de 

bebé. 

El descubrimiento de prueba culminó el 31 de diciembre de 

2021. Posteriormente se llevó a cabo la conferencia con antelación a 

juicio. El 8 de febrero de 2022 las partes presentaron una moción 

estipulando ocho (8) hechos entre ellos: (a) que el incidente fue 

captado por dos cámaras de seguridad de la tienda; (b) hubo un 

choque entre la Sra. Gladys Del Valle y un coche de bebé empujado 

por una cliente; (c) la señora cayó al piso y comenzó a quejarse, a 

gritar y a llorar del dolor que tenía en su pierna izquierda; y (d) el 

incidente ocurrió en la intersección de un pasillo principal con 

un pasillo lateral.

1

1 Véase el Apéndice del Recurso, a la pág. 3, renumerado a la pág. 152. 
KLAN202200960 3

El 22 de febrero de 2022 Walmart presentó una Moción de 

Sentencia Sumaria. En la referida moción propuso los siguientes 

veintinueve (29) hechos como incontrovertidos:

2

1. Que el 3 de agosto de 2020, los Demandantes 

acudieron a la tienda Walmart de Caguas a realizar 

compras.

2. A eso de las 9:24am la Co-Demandante sufrió una 

caída en la tienda Walmart Supercenter de Caguas. 

3. El incidente, que fue captado por dos cámaras de 

seguridad de la tienda. 

4. El incidente ocurrió en la intersección de un pasillo 

principal con un pasillo lateral. 

5. La caída fue como resultado de un choque entre 

la Co-Demandante y un coche de bebé empujado por 

una cliente. 

6. Al momento de incidente el área del incidente en el 

pasillo estaba despejada. 

7. Se observa a la Co-Demandante caminando por un 

pasillo lateral (lado derecho) hacia el pasillo principal. 

8. Cuando la Co-Demandante está entrando del pasillo 

lateral al pasillo principal tiene su cabeza girada hacia 

la izquierda. 

9. Seguido se observa a un coche de bebé venir por el 

pasillo principal por el lado derecho de la CoDemandante. 

10. La clienta está empujando el coche y a la misma vez 

mirando hacia su derecha en dirección a un carro de 

compras que le sigue. 

11. Entonces, más a menos a mitad de pasillo, la CoDemandante impacta la esquina delantera izquierda 

del coche con su pierna derecha cayendo al piso 

sobre su lado izquierdo. 

12. La Co-Demandante no vio el coche venir. 

13. El coche de bebé lo empujaba una cliente. 

14. El coche de bebé no era empujado por un empleado 

de la demandada.

15. Cuando la Co-Demandante cayó al piso comenzó a 

quejarse, gritar y a llorar del dolor que tenía en su 

pierna izquierda. 

16. Luego que cayó al piso varios clientes movieron, 

enderezaron, y acomodaron a la Co-Demandante en 

el piso.

17. El Co-Demandante levantó a la Co-Demandante 

del piso y fue asistido por un empleado de la tienda 

a sentarla en un carro eléctrico de impedidos. 

18. Los paramédicos movieron en brinquitos a la CoDemandante del carro eléctrico a la camilla. 

19. La Co-Demandante escribió en su relato que 

pasaba por la góndola de comforter y al llegar al pasillo 

principal tropezó con la rueda del coche de bebé de 

una cliente que pasaba en ese momento y se cayó al 

piso. 

20. La cliente Neisha Torres escribió en su relato: “yo 

bajaba por el pasillo de juguetes y la cliente venía 

saliendo de la góndola y tropezó con el coche.”

21. En el informe de incidente el Asistente de Gerente 

Julio Torres describió el incidente de la siguiente 

manera: “clienta tropezó con el coche de bebé de otra 

cliente, e identificó la causa del incidente como: 

Cliente/miembro. 

2 Íd., a las págs. 51-55. [Énfasis Nuestro]
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22. El Gerente General de la tienda Luis O. Pérez 

Figueroa, estaba caminando la tienda cuando se 

encontró con la escena del incidente. 

23. El coche de bebé no era propiedad de la Demandada 

o fue provisto por la Demandada a la clienta. La tienda 

no provee coches para uso por los clientes. 

24. La Co-Demandante admitió que no sabe cómo el 

haber [alegadamente] permitido la entrada de clientes 

a la tienda sin ningún tipo de control o restricción de 

capacidad contribuyó o tuvo que ver con el accidente. 

25. El Co-Demandante admitió que la cantidad de 

gente que había en la tienda y las medidas del 

COVID no tuvieron nada que ver con el incidente. 

No van al caso.

26. La Co-demandante fue transportada en ambulancia 

a HIMA, donde fue diagnosticada con una fractura 

intertrocantérica del fémur izquierdo, fue operada, y 

luego recibió terapia física. 

27. Referente a las lesiones físicas resultantes de la 

caída relatada por la Co-Demandante a ambos peritos, 

éstos coinciden en el diagnóstico y tratamiento. 

28. El Dr. Fausto Boria, fisiatra, le dio a la CoDemandante un 2% de impedimento las funciones 

fisiológicas generales y el Dr. Orlando Fernández, 

cirujano ortopeda, le dio un 3% de impedimento las 

funciones fisiológicas generales por la fractura 

intertrocantérica del fémur izquierdo. 

29. Ninguno de los peritos hace una determinación 

de causalidad o agravación de la fractura del fémur 

izquierdo en sus informes periciales. 

Según surge del expediente electrónico dicha moción fue 

acompañada con catorce (14) exhibits denominados desde la A 

hasta la L. Entre ellos, el Exhibit D-0 a D-21 que son tomas del video 

y el Exhibit D es un USB que contiene los videos.3 En esencia, 

Walmart argumentó que los apelantes no tienen prueba alguna para 

demostrar sus alegaciones y que la causa próxima de la negligencia 

fue de la propia apelante, la Sr. Gladys del Valle y de la otra clienta 

las cuales “distraídas, no poniendo atención por donde caminaban

y mirando en direcciones opuestas ...” chocan y resulta en la 

factura.4 Además, señalaron que el matrimonio Ríos-Del Valle

admitió que las medidas cautelares del COVID no tuvieron nada que

ver con el incidente, y también que no pueden establecer cómo es 

que contribuyeron o tuvieron que ver con el incidente. Por otro lado, 

3 Destacamos que la parte apelante presentó el Apéndice del Recurso el 15 de 

diciembre de 2022, según fuese ordenado en nuestra Resolución del 6 de 

diciembre. Sin embargo, no acompañó todos los anejos incluidos por la parte 

apelada en su solicitud de sentencia sumaria. El Apéndice solo incluyó los 

Exhibits E, G, H, I, y J. El Exhibit D y las tomas del video D-0 a D-21 fueron 

acompañadas por la parte apelada en el apéndice de su alegato. 

4 Véase el Apéndice del Recurso, a la pág. 62. 
KLAN202200960 5

indicó que “[l]os informes de ambos peritos relacionan la fractura 

del fémur con la caída, y no hacen determinación si los actos de

manipular o levantarla del piso agravó o causó la fractura.”

5

El 22 de abril de 2022 el matrimonio Ríos-Del Valle presentó 

su Oposición a Sentencia Sumaria en la cual reitera que existe 

controversia en cuanto al hecho de si “al levantar a la CoDemandante del piso se pudo haber agravado la fractura del fémur 

izquierdo causada por el impacto al caer al piso o la agravó.”

6 La 

moción fue acompañada con extractos de la deposición tomada al 

Sr. Roberto Ríos Claudio. Estos argumentaron que de su testimonio 

surge que “una vez la demandante cae al piso el gerente de la tienda 

ordena a su empleado y al co-demandante a levantar a la 

demandante sin esperar por los paramédicos. Sin la autorización de 

la actora, y con la objeción del actor, el empleado levanta a la 

demandante 28 pulgadas del piso por la rodilla y la coloca en una 

silla eléctrica. Ese hecho pudo haber fracturado la rodilla de la 

demandante o agravado el daño acaecido.”

7 A su vez, para 

controvertir los veintinueve (29) hechos propuestos Walmart, los 

apelantes solo exponen que:8

Dicha argumentación es una falacia, es inocua, in 

sustancia e impertinente a la controversia aquí en 

cuestión. LO AQUÍ EXPUESTO NO CONSTITUYE UN 

HECHO ESENCIAL Y MATERIAL PARA DIRIMIR SI 

WALMART ES RESPONSABLE POR LAS 

ACTUACIONES DE SUS EMPLEADOS “al levantar a la 

Co-Demandante del piso se pudo haber agravado la 

fractura del fémur izquierdo causada por el impacto al 

caer al piso o la agravó”. PEOR AÚN, LA PRUEBA 

DEMUESTRA LO CONTRARIO.

Las partes también presentaron sus respectivas réplicas y 

dúplicas. 

Analizadas las mociones; así como la prueba acompañada en 

los escritos, el TPI declaró Ha Lugar a la solicitud de sentencia 

5 Íd., a la pág. 65. 

6 Íd., a la pág. 85. 

7 Íd., a la pág. 115. [Énfasis nuestro]

8 Íd., a las págs. 87-109. 
KLAN202200960 6

sumaria presentada. En consecuencia, el foro primario dictó la 

Sentencia apelada en la cual consignó como hechos que no están en 

controversia, los veintinueve (29) hechos propuestos por Walmart. A 

su vez, concluyó que:9

...

 Habiendo culminado el descubrimiento de prueba 

en el presente caso y aprobado el informe de 

Conferencia y conforme los hechos incontrovertidos la 

parte demandante no cuenta con prueba para 

establecer la causalidad y negligencia de la parte 

demandada conforme alegado. Veamos. 

 Con relación a la negligencia por no cumplir con los 

protocolos del Covid de los hechos no controvertidos 

por la parte demandante surge que los propios 

demandantes admitieron que las medidas cautelares 

del Covid no tuvieron nada que ver con el incidente y 

que ni pueden establecer cómo es que contribuyeron o 

tuvieron que ver con el incidente. La parte demandante

no cuenta con prueba para establecer la violación de 

los protocolos del Covid y/o causalidad. Tampoco existe 

controversia en cuanto a que no existía condición 

peligrosa o conocimiento de peligrosidad por lo cual 

imputar negligencia a la demandada. 

 Con relación a la fractura o agravación de la 

fractura del fémur por haber levantado la demandante 

del piso, ciertamente la parte demandante no cuenta 

con prueba para probar la causalidad y por ende una 

causa de acción bajo el Art. 1802. Conforme los hechos 

no controvertidos la demandante fue manipulada en 

tres ocasiones. Conforme los hechos no controvertidos 

la parte demandante no tiene prueba pericial que 

relaciones el alegado acto de la demanda con el 

daño. Por otro lado, el testimonio de los paramédicos 

no constituye prueba admisible. La única prueba con 

la que cuenta la parte demandante es el testimonio del 

Co-Demandante Roberto Ríos Claudio. Dicho

testimonio es uno especulativo. Conforme establece 

la jurisprudencia aplicable la relación de causalidad 

no puede establecerse a base de especulaciones o 

conjeturas. En conclusión, la parte demandante no 

cuenta con prueba para probar su caso por lo que 

procede la desestimación de la causa de acción por 

insuficiencia de prueba.” [Énfasis nuestro] 

Inconforme, el matrimonio Ríos-Del Valle presentó una 

oportuna solicitud de reconsideración. El 31 de octubre, notificada 

el 1 de noviembre de 2022, el TPI dictó Resolución declarando No 

Ha Lugar al petitorio. 

9 Véase el Apéndice del Recurso, a las págs. 12 y 13, renumerado a las págs. 161 

y 162. 
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Aún insatisfechos con el dictamen, los apelantes presentaron

el recurso apelativo que nos ocupa imputándole al foro primario la 

comisión de los siguientes errores:

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

DICTAR SENTENCIA SUMARIA EN FAVOR DE LA 

PARTE APELADA Y DESESTIMAR LA DEMANDA 

HABIENDO EN AUTOS DOCUMENTOS Y PRUEBA 

ESENCIAL Y MATERIAL QUE ESTABLECE UNA 

GENUINA CONTROVERSIA DE HECHOS QUE 

IMPIDEN SUMARIAMENTE DESESTIMAR LA CAUSA 

DE ACCIÓN DE EPÍGRAFE.

ERRÓ EL TRIBUNAL AL DARLE CREDIBILIDAD Y 

VALOR PROBATORIO A UNA DECLARACIÓN JURADA 

EN UNA ETAPA PROCESAL Y NO SUSTANTIVA 

DURANTE EL PLEITO. 

El 6 de diciembre de 2022 dictamos una Resolución

concediéndole a la parte apelante el término de cinco (5) días para 

presentar la totalidad del apéndice y el plazo de treinta (30) días a 

la parte apelada para su oposición. El 15 de diciembre la parte 

apelante presentó el Apéndice.10 Por otro lado, concedimos a la parte 

apelada la prórroga solicitada.11 El 17 de enero de 2023 la parte 

apelada presentó su alegato en oposición. Asimismo, acompañó

Moción Informativa en Torno a Presentación Física de Video en 

relación con el Exhibit D, el USB. En consecuencia, nos damos por 

cumplidos y decretamos perfeccionado el recurso. 

Evaluado los escritos y el expediente apelativo; así como

estudiado el derecho aplicable, procedemos a resolver. 

II.

El mecanismo de Sentencia Sumaria

La Regla 36.1 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 36.1, autoriza a los tribunales a dictar sentencia de forma 

sumaria si mediante declaraciones juradas u otro tipo de prueba se 

demuestra la inexistencia de una controversia sustancial de hechos 

esenciales y pertinentes. De proceder este mecanismo discrecional 

10 Véase la nota al calce núm. 3. 

11 Véase la Resolución del 19 de diciembre de 2022. 
KLAN202200960 8

se aligeraría la tramitación de un caso, pues el tribunal solo 

tendría que aplicar el derecho. Oriental Bank v. Perapi et al., 192 

DPR 7, 25 (2014); Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213-214 

(2010). 

Los hechos materiales son los que pueden afectar el resultado 

de una reclamación, bajo el derecho sustantivo aplicable. Ramos 

Pérez v. Univisión Puerto Rico, Inc., supra. La controversia sobre el 

hecho material debe ser real. Al respecto, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico en Ramos Pérez v. Univisión Puerto Rico, Inc., supra, a 

las págs. 213-214, expresó que: Una controversia no es siempre real 

o sustancial, o genuina. La controversia debe ser de una calidad 

suficiente como para que sea necesario que un juez la dirima a través 

de un juicio plenario. La fórmula, debe ser, por lo tanto, que la moción 

de sentencia sumaria adecuadamente presentada solo puede 

negarse si la parte que se opone a ella presenta una oposición basada 

en hechos que puedan mover a un juez a resolver a su favor. Si el juez 

se convence de que no existe una posibilidad de que escuchar lo que 

lee no podrá a conducirlo a una decisión a favor de esa parte, debe 

dictar sentencia sumaria.

Por otra parte, es esencial reconocer que la Regla 36 de las de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36, establece de manera 

específica los requisitos de forma que debe cumplir la parte que 

promueve la moción de sentencia sumaria; así como la parte que 

se opone a ella. En lo pertinente, la parte promovente debe 

exponer un listado de hechos no controvertidos, desglosándolos 

en párrafos debidamente numerados y, para cada uno de ellos, 

especificar la página o el párrafo de la declaración jurada u otra 

prueba admisible que lo apoya. A su vez, la parte que se opone a la 

moción de sentencia sumaria está obligada a citar específicamente 

los párrafos según enumerados por el promovente que entiende 

están en controversia y, para cada uno de los que pretende 
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controvertir, detallar la evidencia admisible que sostiene su 

impugnación con cita a la página o sección pertinente. Meléndez 

González, et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100 (2015), SLG Zapata 

Rivera, v. J.F. Montalvo, supra. De este modo, “[s]e facilita ... el 

proceso adjudicativo al poner al tribunal en posición de evaluar 

conjuntamente las versiones encontradas para cada uno de los 

hechos refutados a la luz de las referencias a la prueba que 

alegadamente los apoya. Este sistema claramente agiliza la labor de 

los jueces de instancia y propende la disposición expedita de 

aquellas disputas que no necesitan de un juicio para su 

adjudicación.” SLG Zapata Rivera, v. J.F. Montalvo, supra, a la pág. 

434. 

De otro lado, la parte que se opone no puede descansar 

exclusivamente en sus alegaciones ni tomar una actitud pasiva. Toro 

Avilés v. P.R. Telephone Co., 117 DPR 369 (2009). Por el contrario, 

tiene que controvertir la prueba presentada por la parte 

solicitante, a fin de demostrar que sí existe controversia real 

sustancial sobre los hechos materiales del caso en cuestión. 

González Aristud v. Hosp. Pavía, 168 DPR 127 (2006). Por otro lado, 

es conocido que “[c]omo regla general, para derrotar [o sostener] una 

solicitud de sentencia sumaria la parte opositora debe presentar 

contradeclaraciones juradas y contradocumentos que pongan en 

controversia los hechos presentados por el promovente.” Ramos 

Pérez v. Univisión P.R., Inc., supra, a la pág. 215.

Además de la sentencia sumaria “tradicional”, existe una 

segunda modalidad de sentencia sumaria aplicable cuando una de 

las partes alega que la parte contraria no cuenta con suficiente 

evidencia para prevalecer en el juicio. La llamada sentencia sumaria 

por insuficiencia de prueba fue reconocida por el Tribunal Supremo 

en Medina v. M.S. & D. Química P.R., Inc., 135 DPR 716 (1994). Allí 

se determinó que, después de que las partes hayan realizado un 
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adecuado y apropiado descubrimiento de prueba, el promovente 

puede presentar su moción de sentencia sumaria alegando 

insuficiencia de prueba por parte del promovido. La moción puede 

acompañarla con todos los documentos relacionados con el 

descubrimiento de prueba o sin documento alguno, si [e]stos obran en 

el expediente del tribunal. La parte promovente tiene el peso de 

demostrarle al tribunal que la parte promovida no cuenta con 

evidencia admisible suficiente para probar, por lo menos, un elemento 

esencial indispensable para su caso. Puede, además, acompañar su 

moción con evidencia afirmativa, no necesariamente obtenida 

mediante la utilización de los mecanismos de descubrimiento de 

prueba, que niegue algún elemento esencial de la reclamación de la 

parte promovida. Íd., a la pág. 732. 

Advertimos, sin embargo, que la jurisprudencia citada 

requiere que el promovente de la moción de sentencia sumaria por 

insuficiencia de prueba alegue y demuestre todos los elementos 

requeridos para que prevalezca una moción de sentencia sumaria 

“tradicional”, más el elemento adicional de insuficiencia de la 

prueba. Esto se debe a que “[a] la modalidad de sentencia sumaria 

por insuficiencia de la prueba le aplican todas las normas y 

principios que tradicionalmente hemos indicado deben utilizarse por 

los tribunales al entender en una moción de sentencia sumaria.” Íd.

a la pág. 734. Si existiera duda sobre si hay prueba suficiente o no 

en torno a alguna controversia de hecho relevante, los tribunales 

deben denegar la solicitud de sentencia sumaria por ese 

fundamento. Íd. 

En Ramos Pérez v. Univisión Puerto Rico, 178 DPR 200 (2010) 

se reitera que bajo esta modalidad de Sentencia Sumaria se requiere 

que: 

“Dicha solicitud procede cuando la parte demandante 

no cuenta con evidencia suficiente para probar su caso. 

Bajo esta modalidad, el promovente debe demostrar 
KLAN202200960 11

que: (1) la vista es innecesaria; (2) el demandante no 

cuenta con evidencia suficiente para probar algún 

hecho esencial, y (3) como cuestión de derecho procede 

la desestimación de la reclamación. Id. Para disponer 

de una solicitud de sentencia sumaria por ausencia de 

prueba es indispensable que se le haya brindado al 

promovido amplia oportunidad para realizar un 

descubrimiento de prueba adecuado. Id. En estos 

casos, la parte promovente debe demostrar que la 

promovida no cuenta con “evidencia admisible 

suficiente para probar, por lo menos un elemento 

esencial indispensable para su caso”. Cuevas Segarra, 

op cit, pág. 618.”

En fin, de la parte promovida se espera lo siguiente; “para 

derrotar una moción de sentencia sumaria bajo la modalidad de la 

insuficiencia de la prueba, la parte promovida puede, entre otras 

cosas, presentar con su oposición prueba [...] que demuestre que 

existe evidencia para probar los elementos esenciales de su caso; o 

que hay prueba en el récord [...] que derrotaría la contención de 

insuficiencia del promovente; o que la moción es prematura porque 

el descubrimiento es inadecuado, está a medias o no se ha realizado; 

o que [e]ste, por su naturaleza, no es un caso que conviene se 

resuelva por el mecanismo expedito de la sentencia sumaria.”

Medina v. M.S. & D. Química P.R., Inc., supra, a la pág. 734.

En síntesis, bajo esta segunda modalidad, el promovente tiene 

el peso afirmativo de demostrar que las partes realizaron un 

descubrimiento de prueba completo, adecuado y apropiado, es decir, 

que ha explorado concienzudamente la posibilidad de la existencia 

de otra evidencia admisible para probar el caso. Además, tiene que 

persuadir al juzgador de los hechos de (1) que no es necesario 

celebrar una vista evidenciaria, (2) que su adversario no cuenta con 

suficiente evidencia para probar al menos un hecho esencial de su 

reclamación, (3) por lo que procede la desestimación de la 

reclamación como cuestión de derecho. Íd., a las págs. 733-734. 

“Claro está, consumado un descubrimiento de prueba adecuado, la 

parte promovida deberá presentar una oposición a la solicitud de 

sentencia sumaria debidamente fundamentada. No puede evadir la 
KLAN202200960 12

moción del promovente por el mero pretexto de que, a pesar de no 

contar con evidencia suficiente para probar un elemento 

indispensable para su reclamación, merece su “día en corte”.” 

Rodríguez Méndez v. Laser Eye, 195 DPR 769, 787 (2016). A su vez, 

como a ambas modalidades de sentencia sumaria le aplican las 

mismas reglas y principios, cuando existe duda sobre si hay o no 

prueba suficiente, la moción debe resolverse a favor de la parte 

promovida. Medina v. M.S. & D. Química P.R., Inc., supra, pág. 734.

En lo relativo al ejercicio de la facultad revisora de este 

Tribunal de Apelaciones sobre la procedencia de la sentencia 

sumaria, debemos utilizar los mismos criterios que el Tribunal 

de Primera Instancia. Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 

DPR 100, 115 (2015). En Meléndez González, el Tribunal Supremo 

atemperó este estándar a las exigencias de las nuevas Reglas de 

Procedimiento Civil y a lo que ya había establecido hace una década 

en Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 334-335 (2004). Así las cosas, 

consignó el siguiente estándar:

“Primero, reafirmamos lo que establecimos en Vera v. 

Dr. Bravo, supra, a saber: el Tribunal de Apelaciones se 

encuentra en la misma posición del Tribunal de 

Primera Instancia al momento de revisar Solicitudes de 

Sentencia Sumaria. En ese sentido, está regido por la 

Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y aplicará los 

mismos criterios que esa regla y la jurisprudencia le 

exigen al foro primario. Obviamente, el foro apelativo 

intermedio estará limitado en cuanto a que no puede 

tomar en consideración evidencia que las partes no 

presentaron ante el Tribunal de Primera Instancia y 

tampoco adjudicar los hechos materiales en 

controversia, ya que ello le compete al foro primario 

luego de celebrado un juicio en su fondo. La revisión 

del Tribunal de Apelaciones es de novo y debe examinar 

el expediente de la manera más favorable hacia la parte 

que se opuso a la Moción de Sentencia Sumaria en el 

foro primario, llevando a cabo todas las inferencias 

permisibles a su favor.

Segundo, por estar en la misma posición que el foro 

primario, el Tribunal de Apelaciones debe revisar que 

tanto la Moción de Sentencia Sumaria como su 

Oposición cumplan con los requisitos de forma 

codificados en la Regla 36 de Procedimiento Civil, 

supra, y discutidos en SLG Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, supra.
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Tercero, en el caso de revisión de una Sentencia 

dictada sumariamente, el Tribunal de Apelaciones 

debe revisar si en realidad existen hechos materiales 

en controversia. De haberlos, el foro apelativo 

intermedio tiene que cumplir con la exigencia de la 

Regla 36.4 de Procedimiento Civil y debe exponer 

concretamente cuáles hechos materiales encontró que 

están en controversia y cuáles están incontrovertidos. 

Esta determinación se puede hacer en la Sentencia que 

disponga del caso y puede hacer referencia al listado 

numerado de hechos incontrovertidos que emitió el foro 

primario en su Sentencia.

Cuarto, y por último, de encontrar que los hechos 

materiales realmente están incontrovertidos, el foro 

apelativo intermedio procederá entonces a revisar de 

novo si el Tribunal de Primera Instancia aplicó 

correctamente el Derecho a la controversia.” 

[Énfasis nuestro]. Meléndez González et al. v. M. 

Cuebas, supra, a las págs. 118-119. 

La acción de daños y perjuicios

Como es conocido el Código Civil de 1930 fue derogado por la 

Ley núm. 5-2020 la cual entró en vigor el 28 de noviembre de 2020. 

Así las cosas, el Artículo 1802 del Código Civil de 1930, 31 LPRA 

sec. 5141, fue derogado por los Artículos 1536 y 1545 del Código 

Civil de 2020, 31 LPRA secs. 10801 y 10810. Sin embargo, estos 

últimos no alteraron la normativa relacionada a las reclamaciones 

sobre daños y perjuicios ni su jurisprudencia interpretativa.

Así, el Artículo 1536 dispone que “[l]a persona que por culpa 

o negligencia causa daño a otra, viene obligada a repararlo”. Nuestro 

Tribunal Supremo ha establecido que la culpa o negligencia es la 

falta del debido cuidado que consiste esencialmente en no 

anticipar y prever las consecuencias racionales de un acto, o de la 

omisión de un acto, que una persona prudente y razonable habría 

de prever en las mismas circunstancias. Cruz Flores et al. v. Hospital 

Ryder Memorial, Inc. et al., 2022 TSPR 112, 210 DPR __, del 2 de 

septiembre de 2022; Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820, 

843 (2010); Valle v. ELA, 157 DPR 1 (2002). En Cruz Flores et al. v. 

Hospital Ryder Memorial, Inc. et al., supra, el alto foro reiteró:12

12 Las notas al calce fueron omitidas. 
KLAN202200960 14

[...] que el deber de previsión es el criterio central 

para que se adjudique responsabilidad por culpa o 

negligencia. 

Ahora bien, el deber de previsión no se extiende a 

todo riesgo posible, más bien, se debe examinar si un 

daño pudo ser el resultado natural y probable de un 

acto negligente. Es decir, debemos evaluar si después 

del suceso, ponderado retrospectivamente, tal daño 

aparece como la consecuencia razonable y ordinaria 

del acto que se alega fue negligente. Pues, la norma 

es que el riesgo que debe preverse debe estar basado 

en probabilidades y no en meras posibilidades. 

En sintonía con lo anterior, es requerido que entre 

dicho acto culposo o negligente y el daño sufrido deba 

existir un nexo causal adecuado. Esto es lo que en 

nuestro ordenamiento jurídico conocemos como la 

doctrina de la causalidad adecuada, la cual pregona 

que “no es causa toda condición sin la cual no se 

hubiera producido el daño, sino la que ordinariamente 

lo produce según la experiencia general”. De manera 

que, para surgir el elemento del nexo causal, debe de

existir una relación entre el daño y la consecuencia 

razonable, común y natural de la acción u omisión 

imputada al autor demandado. Por lo tanto, es esa 

relación directa la que permite concluir que el acto 

torticero imputado es la causa adecuada del daño 

reclamado. [Énfasis nuestro]

La doctrina de causa interventora

Una causa interventora se define como aquella que 

“desaparece un mal anterior como la causa próxima del accidente 

rompiendo la secuencia entre el mal anterior y los daños sufridos.” 

Ginés Meléndez v. Autoridad de Acueductos, 86 DPR 518, 522 (1962)

citando al American Law Report, 66 A.L.R.1121. “La prueba de la 

suficiencia de la causa interventora no es el mero hecho de su 

existencia sino su naturaleza y la manera en que afecta la 

continuidad de la operación de la primera causa y la única en ella y 

los daños alegados.” Íd., citando el 13 A.L.R. 1268. Por ende, “[u]na 

causa interventora es aquella que desaparece un mal anterior como 

la causa próxima del accidente rompiendo la secuencia entre el mal 

anterior y los daños sufridos,” Íd., citando el 66 A.L.R. 1121. Por 

ende, “[c]uando la línea de causalidad ha sido interrumpida por la 

intervención de alguna causa eficiente e independiente, esa causa 

interventora debe ser aceptada como la causa próxima”. Andino v. 

Central Victoria, Inc., 57 DPR 310, 319 (1940).
KLAN202200960 15

En cuanto a la doctrina de causa interventora como eximente 

de responsabilidad ocurre cuando el primer acto negligente es tan 

solo una circunstancia de los hechos que dieron ocasión a los daños 

y no la causa próxima y directa del accidente. Ginés Meléndez v. 

Autoridad de Acueductos, supra, a la pág. 522. En fin, “[l]a causa 

interventora ha de ser independiente, suficiente y adecuada para 

causar los daños resultantes.” Íd. 

Por último, citando el Tratado de Prosser On Torts (2d ed.), el 

Tribunal Supremo en Ginés Meléndez v. Autoridad de Acueductos, 

supra, a la pág. 523, expuso: 

Una causa interventora, ... es aquella que participa 

activamente en producir el resultado después que ha 

ocurrido la negligencia u omisión del actor. 

Ordinariamente un demandado no queda relevado de 

responsabilidad por una causa interventora que 

razonablemente pudo ser prevista, ni por una que sea 

un incidente normal del riesgo creado. Por el contrario, 

y como principio general, un demandado será relevado 

de responsabilidad por una causa interventora 

imprevisible y anormal que produce un resultado que 

no pudo ser previsto. La regla general en las 

jurisdicciones americanas es que el mero hecho de que 

haya un acto de un tercero interventor, no convierte la 

actuación del actor en una causa remota, si [e]ste pudo 

o debió haber previsto esta intervención. [citas 

omitidas]” 

Responsabilidad extracontractual de los establecimientos 

comerciales

En armonía con lo anterior y en atención a los elementos 

necesarios para establecer la responsabilidad en daños y perjuicios 

de los establecimientos comerciales conforme al Art. 1802, supra,

debemos reseñar que las empresas que operan establecimientos 

abiertos al público con fines comerciales tienen la obligación de 

mantenerlos en condiciones óptimas de seguridad, de manera que 

sus clientes no sufran daño alguno. Colón y otros v. Kmart y otros, 

154 DPR 510, 518 (2001).13

13 Citando a: Cotto v. C.M. Ins. Co., 116 DPR 644 (1985); Aponte Betancourt v. 

Meléndez, 87 DPR 652 (1963); Weber v. Mejías, 85 DPR 76, 79-80 (1962); 

Santaella Negrón v. Licari, 83 DPR 887 (1961); Goose v. Hilton Hotels, 79 DPR 523 

(1956); Gutiérrez v. Bahr, 78 DPR 473 (1955). 
KLAN202200960 16

De lo anterior se deriva, que dicho deber implica que el dueño 

u operador del establecimiento ejercerá un cuidado razonable para 

mantener la seguridad de las áreas accesibles al público. No 

obstante, se ha interpretado que el dueño del establecimiento no 

asume una responsabilidad absoluta por todos los daños que 

pueden sufrir sus clientes, pues no es un asegurador de estos. 

Íd. En consecuencia, [p]ara que se le imponga responsabilidad, el 

demandante tiene que probar que el dueño no ejerció el debido 

cuidado para que el local fuese seguro. En los casos de accidentes en 

establecimientos comerciales, este Tribunal ha impuesto 

responsabilidad siempre que el demandante pruebe que existían 

condiciones peligrosas dentro de las tiendas correspondientes, “las 

cuales eran de conocimiento de los propietarios o su conocimiento 

podía imputárseles a estos”. (cita omitida). En otras palabras, el 

demandante tiene que probar que su daño se debió a la existencia de 

una condición peligrosa, y que esa condición fue la que con mayor 

probabilidad ocasionó el daño, y que la misma era conocida por el 

demandado, o que debió conocerla. (cita omitida). Íd., a las págs. 518-

519. 

Acorde con lo anterior, el demandante tiene que probar que: 

(1) su daño se debió a la existencia de una condición peligrosa, 

(2) que esa condición fue la que con mayor probabilidad ocasionó el 

daño, (3) que la misma era conocida por el demandado, o que debió 

conocerla, y si (4) ante la existencia de la condición peligrosa y su 

conocimiento, transcurrió un término razonable suficiente para 

corregir la situación sin que se hubiera reparado. Si la parte 

demandante no establece con prueba estas condiciones, no procede 

la imposición de responsabilidad. 

Quantum de Prueba 

La Regla 110 de las Reglas de Evidencia de Puerto Rico, 32 

LPRA Ap. VI, R. 110, dispone que:
KLAN202200960 17

La juzgadora o el juzgador de hechos deberá evaluar 

la evidencia presentada con el propósito de determinar 

cuáles hechos han quedado establecidos o 

demostrados, con sujeción a los siguientes principios 

siguientes:

(a) El peso de la prueba recae sobre la parte que 

resultaría vencida de no presentarse evidencia por 

alguna de las partes.

(b) La obligación de presentar evidencia 

primeramente recae sobre la parte que sostiene la 

afirmativa en el asunto en controversia.

[...] [Énfasis nuestro]

Del citado inciso (b) surge la obligación que tiene un litigante,

que asevera un hecho como parte de la teoría de su caso, de probarlo 

cumplidamente. Así pues, no le corresponde a la parte demandada 

traer prueba para desmentir la alegación formulada por la 

demandante. Asoc. Auténtica Empl. v. Municipio de Bayamón, 111 

DPR 527, 531 (1981). La obligación de presentar evidencia 

primeramente recae sobre la parte que sostiene la afirmativa. 

Además, es norma trillada que meras alegaciones o teorías no 

constituyen prueba. Íd. Por tanto, en lo aquí pertinente, destacamos 

que la negligencia nunca se puede presumir, pues para concluir que 

el acto fue negligente se requiere prueba clara y específica. Colón 

y otros v. K-mart y otros, 154 DPR 510, 521 (2001).

III.

En esencia, los apelantes plantearon que el TPI erró al 

desestimarle su demanda en daños y perjuicios mediante el 

mecanismo de sentencia sumaria. Recordamos que en la modalidad 

de insuficiencia de prueba el promovente tiene que demostrar que 

las partes realizaron un descubrimiento de prueba completo, 

adecuado y apropiado, y que aún así la parte promovida no cuenta 

con suficiente evidencia para probar al menos un hecho esencial de 

su reclamación. Además, la parte promovida tiene que demostrar 

que existe evidencia para probar los elementos esenciales de su caso 

o establecer que la moción es una prematura. Adelantamos que,

ninguna de estas instancias, fueron cumplidas por los apelantes. 

Veamos. 
KLAN202200960 18

De entrada advertimos que las mociones presentadas por las 

partes cumplen con los formalidades procesales dispuestas en la 

Regla 36 de las de Procedimiento Civil, supra. Por lo que, podía 

considerar los escritos y resolver el caso de manera sumaria. Por su 

parte, los apelantes no controvirtieron alguno de los hechos 

consignados por el foro primario en la Sentencia apelada por lo que 

los acogemos y hacemos formar parte de este dictamen. 

En el presente recurso, los errores fueron argumentados 

conjunta y primordialmente, el matrimonio Ríos-Del Valle señaló

que el foro apelado dirimió credibilidad, lo cual está expresamente 

prohibido al evaluar una petición de sentencia sumaria. A esos 

efectos, estos indicaron en el escrito apelativo lo siguiente:14

[...] una vez la apelante cae al piso el gerente de la 

tienda ordena a su empleado y al codemandante a 

levantar a la demandante sin esperar por los 

paramédicos. Sin la autorización de la actora, y con 

la objeción del actor, el empleado levanta a la 

demandante 28 pulgadas del piso por la rodilla y la 

coloca[rla] en una silla eléctrica. Ese hecho pudo 

haber fracturado la rodilla de la demandante o 

agravado el daño acaecido. Así surge de la prueba al 

establecer que: 

P No, no, espérese, espérese, había que moverla, ¿y 

que usted contestó?

R Que no la podía mover.

P ¿Por qué?

R Porque podía tener algún golpe por dentro que 

uno no sabe. 

P ¿Y dónde usted aprendió eso?

R ¡Ja! Yo, en el trabajo, en el trabajo mío la gente 

se caía y no la podía mover. 

 Depo. A la p. 34, supra. 

Por tanto, los apelantes nos invitan a concluir que el 

testimonio vertido por el Sr. Roberto Ríos Claudio, en la deposición, 

derrota el hecho de la inexistencia de prueba para demostrar que 

la factura en el fémur fue agravada o provocada por un empleado 

14 Véase la Apelación Civil, a las págs. 12-13. Énfasis en el original e itálicas 

nuestras. 
KLAN202200960 19

de Walmart al levantar a la señora Del Valle Vega, 28 pulgadas 

del piso por la rodilla, y colocarla en una silla eléctrica. Sin embargo, 

de este argumento surge que estos ignoran totalmente que en 

nuestro estado de derecho es requerido que entre el acto culposo o 

negligente y el daño sufrido exista un nexo causal adecuado.

Como reseñamos, la doctrina de la causalidad adecuada 

dispone que no es causa toda condición sin la cual no se hubiera 

producido el daño, sino la que ordinariamente lo produce según 

la experiencia general. Así que, para surgir el elemento del nexo 

causal, debe de existir una relación entre el daño y la 

consecuencia razonable, común y natural de la acción u omisión 

imputada al autor demandado.

Sobre lo antedicho, puntualizamos que en el hecho núm. 29,

el TPI estableció que ninguno de los peritos hace una 

determinación de causalidad o agravación de la fractura del fémur 

izquierdo en sus informes periciales como consecuencia de haberla 

levantado. Más aún, de la oposición a la solicitud de sentencia 

sumaria no surge que el matrimonio Ríos-Del Valle cuente con dicha 

prueba para poder establecer el hecho que alegan conforme dispone 

la Regla 110 de las de Evidencia, antes citada. 

A su vez, tampoco existe prueba de alguna peligrosidad en el 

establecimiento que produjera el daño reclamado. Como indicamos, 

los propietarios de establecimientos comerciales, como lo es la 

apelada, son responsables por los daños ocasionados a causa de 

aquellas condiciones de peligrosidad existentes, siempre que 

estas sean conocidas por los propietarios o su conocimiento le sea 

imputable. En el presente caso, los apelantes ni tan siguiera 

argumentan cuál fue esa alegada condición de peligrosidad existente 

que provocó que la señora Del Valle Vega se fracturara el fémur. Por 

el contrario, reiteramos que estos fallaron en presentar prueba que 

controvierta alguno de los veintinueve (29) hechos consignados en 
KLAN202200960 20

la Sentencia apelada. Así las cosas, no existe controversia alguna en 

la forma en que ocurrieron los hechos. Esto es que: 

 El 3 de agosto de 2020 los apelantes visitaron la 

tienda Walmart en Caguas cuando a eso de las 9:24

am la señora Del Valle Vega fue impactada en su 

pierna derecha por la esquina delantera izquierda 

de un coche de bebé empujado por otra clienta. 

Accidente que ocurrió en la intersección de un 

pasillo principal con uno leteral. Al caer al piso 

comenzó a quejarse, gritar y a llorar del dolor que 

tenía en su pierna. Luego que cayó al piso, varios 

clientes movieron, enderezaron y acomodaron a la 

señora Del Valle Vega. El Sr. Roberto Ríos Claudio, 

esposo de la esta, la levantó del suelo asistido por 

un empleado de la tienda y la sentaron en un carro 

eléctrico de impedidos. Al llegar los paramédicos, 

estos movieron en “brinquitos” a la señora Del Valle 

Vega de la silla a una camilla y fue transportada en 

ambulancia al hospital HIMA donde fue 

diagnosticada con una fractura intertrocantérica 

del fémur izquierdo. La señora Del Valle Vega fue 

operada y luego recibió terapia física. 

Por ende, no existe prueba alguna que respalde cualquier 

alegación relativa a que en la intersección del pasillo principal con 

el lateral hubiese una condición de peligrosidad conocida por la 

apelada. Por el contrario, la causa próxima del daño sufrido por la 

señora Del Valle Vega fue la colisión -en dicha área- entre esta 

y el coche de bebé empujado por otra clienta y no por un 

empleado de Walmart. Cabe resaltar que, como bien expresó el foro 

primario, el incidente fue captado por dos cámaras de seguridad de 

la tienda. Las fotos obtenidas de las grabaciones, así como las 

grabaciones fueron incluidas por la parte apelada en su solicitud de 

sentencia sumaria. Sin embargo, la parte apelante no acompañó 

dicha prueba en el apéndice del recurso. Por su parte, la apelada

la presentó ante nos y pudimos observar cómo ocurrió el accidente,

lo cual sin duda demuestra que la causa próxima del daño sufrido 

por la señora Del Valle Vega fue la colisión entre esta y el coche de 

bebé empujado por otra clienta. 

Por otro lado, los apelantes no cuentan con prueba alguna 

para demostrar que el hecho de que un empleado de Walmart 

ayudara a levantar a la señora Del Valle Vega del suelo constituyó 
KLAN202200960 21

un acto negligente por el cual deba responder la empresa. Tampoco 

poseen prueba pericial para demostrar que dicho acto agravó el 

daño producido por la caída. El que el referido evento “pudo haber”

fracturado la rodilla de la demandante o agravado el daño acaecido

es puramente especulativo. En cuanto a este aspecto, 

puntualizamos que los apelantes no incluyeron en el apéndice 

copia de los informes periciales que fueron acompañados por la 

apelada en su moción dispositiva. Destacamos que en el informe 

rendido por el Dr. Fausto Boria, perito de los apelantes, este 

concluyó que:15

 Basado en la información disponible, con un grado 

razonable de certeza médica, existe relación causal 

entre la fractura del fémur izquierdo y los síntomas 

residuales en la extremidad izquierda y la lesión 

recibida en el establecimiento [de] Walmart. 

En el diagnóstico el doctor Boria indicó “[d]olor residual post 

fractura y fijación interna del muslo izquierdo.” Íd. A su vez, este 

consignó que “[l]a queja principal de la examinada es dolor en la 

rodilla izquierda.”16 Por lo que, precisa apuntar que de ninguno de 

los informes acompañados en el petitorio desestimatorio sumario 

surge que la señora Del Valle Vega sufriera alguna fractura en la 

rodilla como resultado de la caída, ni mucho menos que la misma 

ocurriera como consecuencia de haberla levantado. Dicha alegación, 

no solo resulta especulativa, sino que además se aparta de la 

realidad de cómo ocurrieron los hechos. Sobre este punto, y 

observados los videos acompañados en el Exhibit D, no surge que el 

empleado de Walmart levantara a la señora Del Valle Vega por la 

rodilla y mucho menos, que la elevara 28 pulgadas del piso para

luego colocarla en una silla eléctrica como alegó la parte 

demandante-apelante. 

Asimismo, cabe enfatizar que, de haber sido cierto, dicho acto 

15 Véase el Apéndice de la Parte Apelada, a la pág. 54. 

16 Íd., a la pág. 52. 
KLAN202200960 22

tampoco constituye una causa interventora. Al respecto, se hace 

menester consignar que en el presente recurso los apelantes no 

argumentaron los elementos de dicha doctrina para su 

aplicación. Por ello, y ante la falta de prueba que demuestre que la 

línea de causalidad fue interrumpida al levantar a la señora Del 

Valle Vega del piso, es forzoso razonar que este acto es tan solo una 

circunstancia del incidente primario, es decir, la caída al suelo 

provocada por la colisión con el coche de bebé. Por lo que, es 

totalmente desacertado y contrario a derecho la expresión 

argumentada por los apelantes al exponer que “[n]o tenemos que ser 

médicos, ni cruzar las fronteras del Mar Caribe para saber que 

levantar a una persona del piso, que está gritando y te pide que no 

lo hagas y aun así lo haces, le puedas ocasionar un daño, ya que es 

“la consecuencia natural y probable del acto u omisión.”

17 Sin 

duda, levantar a una persona del piso en determinadas situaciones 

pudieran ocasionar un daño. No obstante, es deber del promovente 

presentar evidencia que demuestre los elementos para que se 

configure una causa de acción en daños y perjuicios. Esto es, que 

efectivamente el acto del empleado al levantar fue negligente y que 

el alegado daño ocasionado, la fractura y su agravamiento, fue como 

consecuencia razonable y probable de dicho acto. Lo que 

evidentemente no hizo. Además, y como expusiéramos, tampoco 

existe evidencia que demuestre que el acto de levantarla agravó la 

fractura o produjera daños adicionales. Recordamos que en nuestra 

jurisdicción fue eliminada la doctrina de Res Ipsa Loquitur, la cual 

permitía realizar una inferencia permisible de negligencia.

18

En conclusión, los errores señalados no se cometieron. El foro 

apelado no erró al desestimar la demanda epígrafe mediante el 

mecanismo de sentencia sumaria en su modalidad de insuficiencia 

17 Véase la Apelación Civil, a la pág. 16. [Cita omitida y énfasis en el original].

18 Véase, Admor. F.S.E. v. Almacén Ramón Rosa, 151 DPR 711 (2000).
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de prueba. 

IV.

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma el dictamen 

apelado. 

Notifíquese.

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS

Secretaria del Tribunal de Apelaciones