Número Identificador

RES2023________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL ESPECIAL1

HÉCTOR RODRÍGUEZ BLÁZQUEZ 

Peticionario

v.

JUAN M. COLÓN RIVERA Y 

OTROS 

Recurrido

KLCE202301416

Certiorari

procedente del 

Tribunal de 

Primera 

Instancia, Sala

Superior de 

Mayagüez 

Caso Núm. 

MZ2021CV00119

Sobre: 

Persecución 

Maliciosa

Panel integrado por su presidente, el Juez Bonilla Ortiz, 

el Juez Pagán Ocasio y la Juez Santiago Calderón2

Pagán Ocasio, juez ponente

RESOLUC IÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 2 de febrero de 2024.

I.

El 13 de diciembre de 2023, el señor Héctor Rodríguez 

Blázquez (señor Rodríguez Blázquez o peticionario) presentó una 

Petición de Certiorari en la que solicitó que revoquemos una 

Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Mayagüez (TPI o foro primario) el 17 de octubre de 2023, 

notificada y archivada en autos ese mismo día.3 En el dictamen, el 

TPI declaró No Ha Lugar una solicitud de inhibición presentada por 

el peticionario en relación al juez que preside el pleito por 

persecución maliciosa y difamación que promueve en contra del 

señor Juan M. Colón Rivera, su esposa la señora Nydia E. Irizarry 

Martínez y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos;

1 OAJP-2021-086 del 4 de noviembre de 2021.

2 Mediante Orden Administrativa OATA-2023-221, se designa a la Juez Santiago 

Calderón en sustitución de la Jueza Birriel Cardona, quien dejó de ejercer 

funciones como Jueza del Tribunal de Apelaciones.

3 Apéndice de la Petición de Certiorari, págs. 970-976.
KLCE202301416 2

el señor Roberto Vázquez Ramos, su esposa la señora Irma Rivera 

Ramos y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos; el 

señor Javier Colón Irizarry (señor Colón Irizarry), el señor Luis 

Muñiz Colón; Caribbean Urocentre, CSP; Advanced Urology Group, 

LLC (Advanced Urology Group); y West Urology Group, PSC (en 

conjunto, recurridos). A juicio del foro primario, las determinaciones 

o acciones del juez asignado al caso en las que se basó la solicitud 

de inhibición no eran suficientes para determinar que tenía un 

ánimo prejuiciado y parcializado a favor de los recurridos.

El 14 de diciembre de 2023, el señor Rodríguez Blázquez 

radicó una Moción informativa sobre notificaciones en la que informó 

que notificó el recurso a las partes por correo certificado y 

electrónico.

El 18 de diciembre de 2023, emitimos una Resolución en la 

que le concedimos a todos los recurridos un término de diez (10) 

días para expresar su posición en cuanto a los méritos del recurso.

El 26 de diciembre de 2023, el señor Colón Irizarry y Advanced 

Urology Group presentaron una Solicitud de prór[r]oga para 

presentar oposición a expedición de Certiorari e informativa de cierre 

en la que solicitaron una prórroga de veinte (20) días adicionales, 

entre otras cosas.

El 27 de diciembre de 2023, el señor Roberto Vázquez Ramos, 

la señora Irma Rivera Ramos, el señor Luis Muñiz Colón, el señor 

Juan Colón Rivera, la señora Nydia Irizarry Martínez, West Urology 

Group PSC y Caribbean Urocentre, CSP radicaron una Moción 

solicitando prórroga para contestar solicitud de expedición de 

Certiorari en la que solicitaron una prórroga de veinte (20) días 

adicionales.

El 9 de enero de 2024, emitimos una Resolución en la que le 

concedimos a todos los recurridos una prórroga final hasta el 19 de 

enero de 2024 para expresar su posición.
KLCE202301416 3

El 19 de enero de 2024, el señor Colón Irizarry y Advanced 

Urology Group presentaron una moción para adoptar por referencia 

la oposición que presentaron los demás recurridos, más dicho 

escrito no fue radicado hasta varios días después.

El 23 de enero de 2024, el señor Roberto Vázquez Ramos, la 

señora Irma Rivera Ramos, el señor Luis Muñiz Colón, el señor Juan 

Colón Rivera, la señora Nydia Irizarry Martínez, West Urology Group 

PSC y Caribbean Urocentre, CSP radicaron una Oposición a la 

expedición del auto de Certiorari en la que solicitaron que 

deneguemos la expedición del recurso o, en la alternativa, 

confirmemos la Resolución recurrida.

Contando con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

pormenorizaremos escuetamente los hechos procesales atinentes a 

la petición de Certiorari.

II.

El 29 de enero de 2021, el señor Rodríguez Blázquez presentó 

una Demanda en reclamo de daños y perjuicios por persecución 

maliciosa y difamación en contra de los recurridos.4 En resumen, el 

peticionario les imputó haber promovido una demanda en la Corte 

Federal para el Distrito de Puerto Rico por prácticas monopolísticas 

con alegaciones falsas de que rindió servicios médicos inferiores, así 

como haber acudido a los medios de comunicación para repetir los 

supuestos alegatos infundados. Por todo ello, solicitó una 

indemnización de dos partidas de no menos de quinientos mil 

dólares ($500,000) cada una por los daños resultantes de la 

persecución maliciosa y por la difamación, respectivamente.

Luego de múltiples trámites procesales, los cuales incluyeron 

el descubrimiento de prueba escrito y la toma de deposiciones, el 11 

de septiembre de 2023, el señor Rodríguez Blázquez radicó dos 

4 Íd., págs. 1-11. 
KLCE202301416 4

mociones: una Solicitud de recusación o inhibición del Honorable 

Juez Superior Tomás E. Báez Collado5 y una Solicitud de permiso 

para enmendar la Demanda6. 

En su Solicitud de recusación, el peticionario argumentó que, 

desde una perspectiva de un observador informado, objetivo y 

razonable, el Hon. Juez Tomás E. Báez Collado (Juez Báez Collado), 

quien presidía el caso, estaba parcializado a favor de los recurridos 

o, al menos, presentaba la apariencia de estarlo durante el 

transcurso del caso. Para sustentar esa posición, incluyó en la 

moción una tabla con un relato de los incidentes procesales junto a 

su análisis para cada uno de porqué, desde su perspectiva, se podía 

deducir parcialidad de estos. Según esbozó, en resumidas cuentas, 

la parcialidad del Juez Báez Collado se podía inferir porque: (1) 

limitó el descubrimiento de prueba al demandante, impidiendo que 

se descubrieran las comunicaciones entre los recurridos; (2) 

permitió innumerables incumplimientos a los recurridos, 

denegando seis mociones del peticionario en las que se solicitó el 

desacato, la anotación de rebeldía o la eliminación de las 

alegaciones; (3) le concedió a los recurridos cinco términos 

perentorios para que mostraran causa y cumplieran con las órdenes 

del foro primario, pero, en lugar de declarar la rebeldía ante el

incumplimiento de cada uno de los plazos, continuó otorgando 

extensiones; (4) denegó la anotación de rebeldía sin hacer más 

expresiones y sin que las partes pagaran la totalidad de las 

sanciones que le habían sido impuestas y no habían sometido las 

contestaciones juramentadas de una de las recurridas.

Ahora bien, en cuanto a la Solicitud de permiso para enmendar 

la Demanda, el peticionario solicitó autorización para radicar una 

Demanda Enmendada en la que se cambiaba la forma de identificar 

5 Íd., págs. 885-906.

6 Íd., págs. 907-924.
KLCE202301416 5

a los recurridos como “los urólogos del oeste” y se añadían varias 

alegaciones. Esta petición fue denegada por el TPI en una Resolución 

y Orden del 20 de octubre de 2023, la cual fue objeto de 

impugnación por el peticionario en el KLCE202301415.

El 14 de septiembre de 2023, West Urology Group, Caribbean 

Urocentre CSP, el señor Luis M. Muñiz Colón, el señor Roberto 

Vázquez Ramos, la señora Irma Rivera Ramos, la señora Nydia 

Irizarry Martínez y el señor Juan Colón Rivera presentaron una 

Moción en oposición a solicitud de recusación en la que solicitaron 

que el TPI declarara No Ha Lugar la solicitud de recusación.

7 En 

síntesis, plantearon que las acciones imputadas al Juez Báez 

Collado se cimentaron en asuntos y acciones pertinentes al trámite 

judicial. Asimismo, denunciaron que el peticionario no demostró de 

forma alguna que el juez actuó con prejuicio o parcialidad.

El 19 de septiembre de 2023, el Juez Báez Collado emitió una 

Resolución en la que determinó que no procedía su inhibición y, en 

cumplimiento de la reglamentación vigente, remitió la controversia 

a la Jueza Administradora de la región.8

El 25 de septiembre de 2023, la Jueza Administradora de la 

Región Judicial de Mayagüez, Hon. Maura Santiago Ducós, emitió 

una Orden de Asignación de Regla 63, notificada a las partes y 

archivada en autos el 10 de octubre de 2023, en la que asignó al 

Hon. William Machado Aldarondo para atender la Solicitud de 

recusación.

9

El 17 de octubre del 2023, el TPI emitió la Resolución recurrida 

en la que denegó la recusación solicitada porque, según concluyó, 

el Juez Báez Collado no actuó de manera parcializada a favor de los 

demandados, toda vez que no se identificó conducta, acto o 

7 Íd., págs. 927-937.

8 Íd., pág. 967.

9 Íd., pág. 969.
KLCE202301416 6

determinación alguna que llevara a concluir lo contrario.

10 Expresó 

el foro primario que, luego de evaluar las mociones presentadas por 

las partes, el expediente del caso y las grabaciones de las vistas 

celebradas, correspondía determinar que: (1) los procesos fueron 

dirigidos de una manera justa con un tono respetuoso y deferente; 

(2) las decisiones fueron tomadas dándole la oportunidad a todas 

las partes de exponer y fundamentar sus posturas; (3) las decisiones 

no respondieron en forma alguna a un ejercicio realizado en el vacío, 

ni fueron arbitrarias, parcializadas o prejuiciadas en contra del 

peticionario; (4) el Juez Báez Collado tomó decisiones a favor y en 

contra de ambas partes y le impuso sanciones económicas a los 

recurridos; y (5) aun aceptando el argumento del peticionario de que 

la falta de severidad del juez demostraba parcialidad, ello no 

constituía una de las causas de recusación de un juez. Con todo ello 

en mente, resolvió que las decisiones del Juez Báez Collado eran 

cónsonas con su obligación de velar por el orden de los procesos.

El 30 de octubre de 2023, el señor Rodríguez Blázquez radicó 

una Moción de reconsideración en cuanto a la denegatoria de la 

recusación.11

El 14 de noviembre de 2023, el TPI declaró No Ha Lugar la 

reconsideración.12

Inconforme, el señor Rodríguez Blázquez presentó la Petición 

de Certiorari de epígrafe y le imputó al foro primario la comisión de 

los siguientes tres errores:

PRIMER ERROR: ERRÓ EL TPI AL DENEGAR LA SOLICITUD 

DE RECUSACIÓN DEL JUEZ BÁEZ COLLADO A PESAR DE 

ESTE INCURRIR EN CONDUCTA PARCIALIZADA HACIA LA 

PARTE DEMANDADA, VIOLÁNDOLE EL DEBIDO PROCESO 

DE LEY A LA PARTE DEMANDANTE.

SEGUNDO ERROR: ERRÓ EL TPI AL DENEGAR LA 

SOLICITUD DE RECUSACIÓN DEL JUEZ BÁEZ COLLADO 

POR NO EXISTIR UNA PARCIALIDAD PROBADA, AUN 

CUANDO EL TRIBUNAL SUPREMO HA DICHO QUE LA 

10 Íd., págs. 970-976.

11 Íd., págs. 986-994.

12 Íd., pág. 1019.
KLCE202301416 7

MERA APARIENCIA DE PARCIALIDAD ES SUFICIENTE 

PARA LA RECUSACIÓN DE UN JUEZ.

TERCER ERROR: ERRÓ EL TPI AL DENEGAR LA SOLICITUD 

DE RECUSACIÓN DEL JUEZ BÁEZ COLLADO, BASANDOSE 

ÚNICAMENTE EN LA CONDUCTA VERBAL DEL JUEZ 

HACIA LAS PARTES, Y NO TOMAR EN CONSIDERACIÓN EL 

EXPEDIENTE DEL CASO EN SU TOTALIDAD.

En apoyo de sus señalamientos, arguyó que la parcialidad en 

este caso surgía de que el Juez Báez Collado: (1) eximió a uno de los 

recurridos de contestar bajo juramento un interrogatorio cursado 

dos años antes por el Peticionario; (2) eximió a los recurridos de 

pagar sanciones previamente impuestas, aun cuando no cumplieron 

con la orden por la cual se impuso la sanción; (3) permitió que los 

recurridos incumplieran con las órdenes de mostrar causa sin 

consecuencia alguna; (4) limitó el descubrimiento pretendido por el 

peticionario, llegando a impedir que se descubrieran las 

comunicaciones entre los recurridos; (5) denegó la extensión del 

descubrimiento de prueba al peticionario, pero luego lo concedió a 

los recurridos; y (6) no le permitió al peticionario enmendar la 

demanda para conformar las alegaciones a la información obtenida 

en deposiciones sin que afectara el caso.

El 23 de enero de 2024, el señor Roberto Vázquez Ramos, la 

señora Irma Rivera Ramos, el señor Luis Muñiz Colón, el señor Juan 

Colón Rivera, la señora Nydia Irizarry Martínez, West Urology Group 

PSC y Caribbean Urocentre, CSP radicaron una Oposición a la

expedición del auto de Certiorari en la que solicitaron que 

deneguemos la expedición del recurso o, en la alternativa, 

confirmemos la Resolución recurrida. En síntesis, argumentaron 

que los recurridos contestaron las mociones y siguieron el manejo 

del caso establecido por el TPI. En cambio, plantearon que el 

peticionario no demostró que denegar la recusación conllevaría un 

fracaso irremediable de la justicia, ni probó que el TPI actuó con 

prejuicio o parcialidad. Además, adujeron que la determinación 

recurrida estuvo basada en la totalidad del expediente, lo cual quedó 
KLCE202301416 8

consignado en la Resolución. A su vez, puntualizaron que la mayoría 

de los eventos que mencionó el peticionario no podían ser 

considerados en virtud de la Regla 63.1 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 63.1 y, además, estaban dentro de la discreción del 

Juez Báez Collado para establecer el manejo del caso. Por último, 

rechazaron que la denegatoria de un requerimiento de inspección de 

artefactos por excesivo y oneroso demostrara parcialidad, toda vez 

que el dictamen fue objeto de evaluación por esta Curia en el caso 

KLCE202300672, en el cual se denegó la expedición del auto. 

El señor Colón Irizarry y Advanced Urology Group adoptaron 

por referencia el contenido de la oposición, en conformidad con una 

moción a esos efectos, presentada el 19 de enero de 2024.

III.

El auto de certiorari es un remedio procesal discrecional que 

permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las 

determinaciones de un tribunal inferior. Medina Nazario v. McNeil 

Healthcare LLC, 194 DPR 723, 728 (2016). Véase, además, IG 

Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337 (2012). A diferencia 

de una apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la facultad 

de expedir el auto de certiorari de forma discrecional. Rivera 

Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011).

La Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil de 2009, según 

enmendada, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1,13 establece las instancias en 

13 Esta Regla dispone que:

[....] 

El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes 

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, 

solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando se 

recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la 

denegatoria de una moción de carácter dispositivo. No obstante, y 

por excepción a lo dispuesto anteriormente, el Tribunal de 

Apelaciones podrá revisar órdenes o resoluciones interlocutorias 

dictadas por el Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de 

decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos 

esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciarios (sic), 

anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones de familia, en casos 

que revistan interés público o en cualquier otra situación en la cual 

esperar a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la 

justicia. Al denegar la expedición de un recurso de certiorari en 
KLCE202301416 9

las que el foro revisor posee autoridad para expedir un auto de 

certiorari sobre materia civil. Scotiabank v. ZAF Corporation, et 

als., 202 DPR 478 (2019). La citada regla delimita el alcance 

jurisdiccional del Tribunal de Apelaciones para atender un recurso 

de certiorari que trate sobre la revisión de dictámenes interlocutorios 

del Tribunal de Primera Instancia. Mun. de Caguas v. JRO 

Construction, 201 DPR 703 (2019). Nuestro rol al atender recursos 

de certiorari descansa en la premisa de que es el foro de instancia 

quien está en mejor posición para resolver controversias 

interlocutorias, o de manejo del caso, y en la cautela que debemos 

ejercer para no interrumpir injustificadamente el curso corriente de 

los pleitos que se ventilan ante ese foro. Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008).

Si el asunto sobre el cual versa el recurso de certiorari está 

comprendido en una de las instancias establecidas en la Regla 52.1 

de Procedimiento Civil, supra, debemos pasar entonces a un 

segundo escrutinio. El mismo se caracteriza por la discreción que 

ha sido conferida al Tribunal de Apelaciones para autorizar, expedir 

y adjudicar en sus méritos el caso.

Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia y 

prudente nuestra facultad discrecional, la Regla 40 del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, establece los 

criterios que debemos tomar en consideración al atender una 

solicitud de expedición de un auto de certiorari.

14 

estos casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar 

su decisión. 

Cualquier otra resolución u orden interlocutoria expedida 

por el Tribunal de Primera Instancia podrá ser revisada en el 

recurso de apelación que se interponga contra la sentencia sujeto 

a lo dispuesto en la Regla 50 sobre los errores no perjudiciales. 

(Énfasis nuestro).

14 Esta Regla dispone lo siguiente: 

El Tribunal tomará en consideración los siguientes criterios al 

determinar la expedición de un auto de certiorari o de una orden 

de mostrar causa:

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 

diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.
KLCE202301416 10

Reiteradamente, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

expresado que en su misión de hacer justicia la discreción “es el más 

poderoso instrumento reservado a los jueces”. Rodríguez v. Pérez, 

161 DPR 637, 651 (2004); Banco Metropolitano v. Berríos, 110 

DPR 721, 725 (1981). La discreción se refiere a “la facultad que tiene 

[el tribunal] para resolver de una forma u otra, o de escoger entre 

varios cursos de acción”. Citibank et al. v. ACBI et al., 200 DPR 

724, 735 (2018); García López y otro v. E.L.A., 185 DPR 371 

(2012). En ese sentido, ha sido definida como “una forma de 

razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una 

conclusión justiciera”. Íd.; Medina Nazario v. McNeil Healthcare 

LLC, supra, pág. 729. Lo anterior “no significa poder actuar en una 

forma u otra, haciendo abstracción del resto del Derecho”. Hietel v. 

PRTC, 182 DPR 451, 459 (2011); Pueblo v. Rivera Santiago, 176 

DPR 559, 580 (2009); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 

(2001); Bco. Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR 651, 

658 (1997). Ello, ciertamente, constituiría un abuso de discreción. 

En ese sentido, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

establecido que “la discreción que cobija al Tribunal de Primera 

Instancia en sus determinaciones discrecionales es amplia, por lo 

que sus decisiones merecen gran deferencia”. Citibank et al. v. 

ACBI et al., supra, pág. 735. Cónsono con ello, es norma reiterada 

que este tribunal no intervendrá “con determinaciones emitidas por 

(B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada para 

el análisis del problema.

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto 

en la apreciación de la prueba por el Tribunal de Primera 

Instancia.

(D) Si el asunto planteado exige consideración más detenida a la 

luz de los autos originales, los cuales deberán ser elevados, o de 

alegatos más elaborados.

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es la 

más propicia para su consideración.

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no 

causan un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación 

indeseable en la solución final del litigio.

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa evita 

un fracaso de la justicia. (Énfasis nuestro). 
KLCE202301416 11

el foro primario y sustituir el criterio utilizado por dicho foro en el 

ejercicio de su discreción, salvo que se pruebe que dicho foro actuó 

con prejuicio o parcialidad, incurrió en craso abuso con el ejercicio 

de la discreción, o que incurrió en error manifiesto”. Íd., pág. 736. 

Véase, además, Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 

689, 709 (2012); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 

(1986).

IV.

Tras un análisis objetivo, sereno y cuidadoso de la Petición de 

Certiorari, a la luz de los criterios esbozados tanto en la Regla 52.1 

de Procedimiento Civil, supra, como en la Regla 40 del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, supra, resolvemos que debemos 

abstenernos de ejercer nuestra función revisora. A nuestro juicio, 

no atisbamos motivo, error, o indicio de pasión, prejuicio, 

parcialidad o abuso de discreción alguno que amerite nuestra

intervención. Nos reafirmamos en que no intervendremos con la 

determinación recurrida de no inhibir al magistrado que preside el 

caso. La determinación del foro primario de denegar la recusación 

solicitada por el peticionario, evaluó la totalidad del expediente del 

caso y es esencialmente correcta en derecho.

V.

Por las razones esbozadas, se deniega la expedición del auto 

de certiorari.

Notifíquese.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones