Número Identificador

SEN2023 _____________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL III

EDUARDO M. JOGLAR 

CASTILLO

Recurrida

V.

LUIZ A. PENNA;

GERALD A. TORRES; 

AWCI, LLC

Peticionaria

KLCE202301203

Certiorari

procedente del 

Tribunal de 

Primera Instancia, 

Sala Superior de 

San Juan

Caso Núm.:

K AC2013-0185 

(504)

Sobre:

SENTENCIA 

DECLARATORIA

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, la Jueza

Grana Martínez y el Juez Rodríguez Flores.

Grana Martínez, Jueza Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de diciembre de 2023.

Los peticionarios, Luis A. Penna, Gerald A. Torres y AWCI LLC

(en adelante parte peticionaria), comparecen el 30 de octubre de 

2023 ante este Tribunal mediante un recurso de certiorari. En este 

nos solicitan que revisemos la sentencia emitida el 26 de septiembre 

de 2023, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San 

Juan, donde les ordenó pagar de forma solidaria los intereses presentencia y los honorarios de abogados. El recurrido, Eduardo M.

Joglar Castillo (en adelante, Joglar-Castillo, o recurrido) presentó su 

oposición al recurso el 9 de noviembre de 2023.

Con el beneficio de la comparecencia y por los fundamentos 

que se exponen a continuación, expedimos el auto y confirmamos el 

dictamen recurrido.

Queremos destacar que el presente litigio ha sido objeto de 

múltiples reclamaciones judiciales, con un tracto procesal 

sumamente prolongado. No obstante, nos limitaremos a la 

controversia que nos atañe.
KLCE202301203 2

I.

Los hechos procesales pertinentes para resolver este recurso 

son los siguientes.

El 14 de marzo de 2013, el recurrido presentó una demanda 

contra los peticionarios en la que solicitó la liquidación de sus 

intereses en la corporación de responsabilidad limitada AWCI. El 

señor Joglar Castillo hizo las alegaciones siguientes. Él y los señores 

Penna y Torres crearon la compañía AWCI y la registraron en el 

estado de Delaware. El 11 de marzo de 2013 informó a los 

peticionarios su renuncia por escrito, solicitó la disolución de la 

compañía y la liquidación de los activos, conforme a lo acuerdos 

suscritos en el acuerdo operacional.

Luis A. Penna, Gerald A. Torres y AWCI, LLC contestaron la 

demanda. Los peticionarios alegaron que el recurrido no tenía 

derecho a la liquidación, porque para eso era necesario que 

ocurriera la liquidación de AWCI y que los miembros remanentes no 

continuaran con su operación. Los señores Torres y Penna 

presentaron una reconvención por una alegada transferencia ilícita 

de fondos.

Merrill Lynch compareció al pleito motu proprio, como el 

Administrador de las cuentas de AWCI y solicitó autorización para 

depositar los fondos de la compañía. El TPI autorizó el depósito y 

consignó un cheque por $2,704,887.32.

El 29 de mayo de 2014, el Tribunal de Primera Instancia, (en 

adelante TPI), dictó una Sentencia Parcial en la que declaró NO HA 

LUGAR la petición del recurrido. El foro de primera instancia 

concluyó que AWCI no tenía que liquidar la participación del 

recurrido, porque el resto de sus miembros continuaron la operación 

de la compañía.

No obstante, el 30 de junio de 2015, el Tribunal de 

Apelaciones revocó esa decisión y reconoció el derecho del recurrido 
KLCE202301203 3

a recibir la liquidación que le corresponde, a partir de su renuncia.1

El caso fue devuelto al TPI para que continuara los procedimientos 

y liquidara la participación del recurrido en AWCI.

Sin embargo, AWCI solicitó autorización para presentar una 

reconvención, porque alegó que el recurrido indujo a Merrill Lynch 

a congelar la totalidad de sus fondos. El Tribunal de Primera 

Instancia autorizó la reconvención.

El 14 de septiembre de 2017, el TPI ordenó el desembolso a 

AWCI del 66.6% equivalente a $1,710,381.30, pero retuvo el 

depósito del 33.34% equivalente a los $994,506.02 que

corresponden a la participación del recurrido. El tribunal ordenó la 

retención, para responder en caso de que procediera la 

reconvención.

El 11 de diciembre de 2017, el recurrido presentó una Moción 

sobre Ejecución de Sentencia, en la que cuestionó la jurisdicción del 

TPI para aplazar la liquidación de su participación. El señor Joglar

Castillo solicitó la liquidación inmediata y alegó que el mecanismo 

apropiado para garantizar la reconvención era el embargo en 

aseguramiento de sentencia.

El TPI declaró NO HA LUGAR la Moción sobre Ejecución de 

Sentencia.

El 15 de marzo de 2018, el Tribunal de Apelaciones revocó al 

TPI en el KLCE201800171, porque concluyó que la retención de la 

participación del recurrido constituyó un embargo en 

aseguramiento de sentencia que no cumplió con la Regla 56.1 de 

Procedimiento Civil. El caso fue devuelto al TPI para que analizara 

la procedencia del embargo conforme a la regla citada.

El recurrido solicitó por segunda ocasión la ejecución de la 

sentencia y el desembolso de los fondos. El señor Joglar Castillo 

1 Véase KLAN201400895, KLAN201401266.
KLCE202301203 4

alegó que el Tribunal de Apelaciones reafirmó la validez de la 

sentencia que ordenó la liquidación de su participación y la 

ilegalidad de la retención. Además, solicitó el embargo en 

aseguramiento del pago de intereses pre y post sentencia.

El 7 de noviembre de 2018, el TPI dictó una Sentencia Parcial 

en la que desestimó las reconvenciones y una Resolución en la que 

declaró No Ha Lugar la solicitud de intereses pre y post sentencia. 

El TPI concluyó que Joglar Castillo no tenía ese derecho, porque la 

sentencia que dictó el Tribunal de Apelaciones el 30 de junio de 

2015, no ordenó el pago de una suma líquida, vencida y exigible. El 

foro primario resolvió que no podía hacer una determinación de 

temeridad, porque existía controversia sobre la cantidad final 

adeudada.

El 13 de febrero de 2019, el TPI ordenó el desembolso de los 

fondos al recurrido, pero denegó el pago de intereses pre y post 

sentencia.

El 18 de diciembre de 2020, el Tribunal de Apelaciones revocó 

al TPI en el KLAN201900298 y reconoció el derecho del recurrido a 

recibir el pago de intereses pre-sentencia y honorarios de abogado, 

a partir de su renuncia el 11 de marzo de 2013. No obstante, 

confirmó que el recurrido no tenía derecho a cobrar intereses post 

sentencia, debido a que el dinero estuvo consignado desde el 28 de 

mayo de 2014 y el tribunal ordenó el desembolso al poco tiempo de 

desestimadas las reconvenciones.

AWCI solicitó el desembolso de los fondos y alegó que los 

intereses pre-sentencia debían computarse hasta la notificación de 

la sentencia en la que el Tribunal de Apelaciones reconoció el 

derecho del recurrido a la liquidación de su participación. La 

decisión aludida se notificó el 13 de julio de 2015. La compañía 

adujo que el interés aplicable a esa fecha era el 4.25% y que la 

cantidad adeudada era $98,892.04.
KLCE202301203 5

El recurrido se opuso al desembolso de fondos a la 

peticionaria. Además, solicitó el pago de intereses pre-sentencia y 

honorarios hasta la sentencia del 19 de febrero de 2019. El señor 

Joglar Castillo alegó que, esa sentencia formaba parte de la

resolución del 13 de febrero de 2019, que ordenó el pago a su favor 

de $994,506.02. El recurrido reclamó el pago de $369,533.92 de 

intereses pre-sentencia, porque a esa fecha el interés aplicable era

el 6.25%. Por otro lado, reclamó una suma razonable de honorarios 

no inferior a $160,000.00. El recurrido arguyó que el grado de 

temeridad de los peticionarios fue muy alto y lo obligaron a 

desplegar una gran inversión de tiempo y recursos.

La peticionaria reiteró que los intereses pre-sentencia debían 

computarse hasta el 30 de junio de 2015 y que el interés vigente a 

esa fecha era el 4.25%. No obstante, negó la temeridad, se opuso a 

la cantidad de honorarios que reclamó el recurrido y alegó que, en 

todo caso, no debía ser más de $2,000.00. Por último, argumentó 

que el recurrido no presentó copia del contrato de servicios que 

suscribió con su abogado, ni un memorando con el desglose de los 

servicios profesionales.

Ambas partes presentaron escritos en apoyo a sus respectivas 

alegaciones y para refutar a la parte contraria.

El TPI rechazó las fechas propuestas por las partes para 

computar los intereses pre-sentencia, porque en ninguna se ordenó 

el pago de una suma determinada. El foro recurrido no estuvo de 

acuerdo con la fecha de 19 de febrero de 2019, porque la sentencia 

que se dictó ese día tuvo el objetivo de terminar el caso y no era 

necesaria para solicitar revisión de la cuantía concedida. Igualmente 

expresó su desacuerdo con la fecha de 30 de junio de 2015, que

propuso la peticionaria, porque dicha parte continuó negándose a 

hacer el desembolso, luego de esa decisión.
KLCE202301203 6

El foro primario calculó los intereses pre-sentencia, a partir 

del 11 de marzo de 2013, según lo dispuso por el Tribunal de 

Apelaciones y hasta el 13 de febrero de 2019, cuando se ordenó el 

desembolso de $994,506.02 al recurrido. El TPI rechazó interpretar 

literalmente la Regla 44.3(b) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

en la que el legislador dispuso que los intereses pre-sentencia se 

computan hasta la fecha de dictada la sentencia. Aunque reconoció 

que el 13 de febrero de 2019 el tribunal dictó una resolución, 

concluyó que lo importante es que dio a conocer la cuantía del 

principal a satisfacer. Por eso no le pareció importante si la decisión 

se tomó en una sentencia o en una resolución. El TPI concluyó que 

el derecho del recurrido a recibir la liquidación se resolvió en la 

sentencia que el Tribunal de Apelaciones dictó el 30 de junio de 

2015.2 No obstante, concluyó que la cuantía se determinó el 13 de 

febrero de 2019 y resolvió que la parte peticionaria debía pagar al 

recurrido $368,512.18 por concepto de intereses pre-sentencia.

Por otro lado, el TPI acogió como razonable la cantidad de-

$160,000.00 que el recurrido reclamó por honorarios de abogado. 

El tribunal fundamentó la decisión en el contrato de servicios 

profesionales del recurrido y su abogado y en varios factores que no 

especificó. Al foro primario le pareció irrazonable, injustificada y 

temeraria la cantidad de $2,000.00 propuesta por los peticionarios. 

El TPI hizo hincapié en que la parte peticionaria lo dejó desprovisto 

de factores para ajustar la cantidad que reclamó el recurrido y para 

determinar que la temeridad culminó con la sentencia del 30 de 

mayo de 2015. Por el contrario, concluyó que la temeridad de la 

peticionaria se configuró porque siempre alegó que la sentencia del 

30 de mayo de 2015 no era ejecutable y ahora cambia de opinión 

2 Véase KLAN201400895, KLAN201401266.
KLCE202301203 7

con la intención de reducir la cuantía de honorarios e intereses presentencia.

El 16 de agosto de 2022, el TPI dictó la resolución recurrida 

en la que declaró HA LUGAR la Solicitud de orden de pago de 

intereses pre-sentencia y honorarios de abogado y ordenó a los 

peticionarios a satisfacer solidariamente al demandante la cantidad 

de $528,512.18, desprendiéndose de ahí: (1) $368,512.18 por los 

intereses pre-sentencia y (2) $160,000.00 por los honorarios de 

abogado.

Luego de varios trámites procesales, que no son necesarios 

pormenorizar, el 16 de agosto de 2022 dictó una Resolución de 

Fijación de Cuantía interés pre-sentencia y honorarios de abogado. 

El 26 de agosto de 2022, el peticionario recurrió nuevamente a este 

Tribunal cuestionando la cuantía de los honorarios.3

Oportunamente, el Sr. Joglar Castillo presentó su oposición al 

recurso. Este Foro expidió el recurso y modificó la resolución 

recurrida. En esa sentencia, este Tribunal determinó que la 

temeridad había sido resuelta en una sentencia previa de este 

Tribunal que advino final y firme.

Acaecidos múltiples asuntos procesales, que no son 

necesarios discutir en lo que nos ocupa, el 26 de septiembre de 

2023, el TPI dictó la resolución recurrida, cumpliendo con las 

órdenes que emitió este Foro para que incluyera el análisis requerido 

para satisfacer la cuantía como una razonable. Aun inconforme, la 

parte peticionaria presenta este recurso y destaca los mismos 

señalamientos de error del recurso anterior:

4

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL IMPONER UNA CUANTÍA EN 

HONORARIOS DE ABOGADOS DE CARÁCTER 

PUNITIVO, CONTRARIO A LA NORMATIVA APLICABLE 

EN HONORARIOS DE ABOGADOS.

3 Véase KLCE20220941.

4 Id.
KLCE202301203 8

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL IMPONER EL PAGO DE INTERESES 

PRE-SENTENCIA DE LOS HONORARIOS “REALMENTE 

INCURRIDOS” POR EL RECURRIDO, IGNORANDO LA 

NORMATIVA APLICABLE PARA ELLO.

Con la comparecencia de ambas partes, procedemos a 

resolver.

II.

A. El Certiorari

El certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un 

tribunal de jerarquía superior puede revisar a su discreción una 

decisión de un tribunal inferior. 32 LPRA sec. 3491; Rivera Gómez y 

otros v. Arcos de Dorados Puerto Rico, Inc. y otros, 2023 TSPR 65, 

212 DPR ___ (2023); Caribbean Orthopedics Products of Puerto Rico, 

LLC v. Medshape, Inc., 207 DPR 994, 1004 (2021); 800 Ponce de León 

Corp. v. American International Insurance Company of Puerto Rico, 

205 DPR 163, 174 (2020); Mun. de Caguas v. JRO Construction, 201 

DPR 703, 710 (2019). Aunque la característica principal del recurso 

reside en el carácter discrecional del mismo, tal determinación no es 

irrestricta, está sujeta a los criterios señalados en la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil. Advertimos que esta Regla ha sufrido 

modificaciones a través del tiempo para expandir el marco 

discrecional que ostentan los foros revisores en la expedición del 

recurso.

En la actualidad, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil 

específicamente dispone que el recurso de certiorari solamente será 

expedido:

[p]ara revisar resoluciones u órdenes interlocutorias 

dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, cuando 

se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 56 

y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo.

No obstante, y por excepción a lo dispuesto 

anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá revisar 

órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el 

Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de 

decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos 
KLCE202301203 9

o peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios 

evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de 

relaciones de familia, en casos que revistan interés 

público o en cualquier otra situación en la cual esperar 

a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la 

justicia.

Al denegar la expedición de un recurso de certiorari en 

estos casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que 

fundamentar su decisión. Cualquier otra resolución u 

orden interlocutoria expedida por el Tribunal de 

Primera Instancia podrá ser revisada en el recurso de 

apelación que se interponga contra la sentencia sujeto 

a lo dispuesto en la Regla 50 sobre los errores no 

perjudiciales.

32 LPRA Ap. V, R. 52.1.

Superado el análisis al amparo de la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, supra, el foro apelativo deberá auscultar los 

criterios de la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones 

para guiar su discreción al intervenir con la resolución u orden 

interlocutoria recurrida. La Regla 40 dispone:

El tribunal tomará en consideración los siguientes 

criterios al determinar la expedición de un auto de 

certiorari o de una orden de mostrar causa:

A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, 

a diferencia de sus fundamentos, son contrarios a 

derecho. 

B) Si la situación de los hechos planteada es la más 

indicada para analizar el problema. 

C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto de la apreciación de la prueba por el Tribunal 

de Primera Instancia. 

D) Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, por los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 

caso es la más propicia para su consideración.

F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito 

y una dilación indeseable en la solución final del litigio.

G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia.
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B. Deferencia Judicial

La discreción de los tribunales de justicia se define como la 

facultad para resolver de una forma u otra, o de escoger entre varios 

cursos de acción. Citibank NA v. Cordero Badillo, 200 DPR 724, 735 

(2018). No obstante, la amplia discreción que se reconoce a las 

determinaciones del Tribunal de Primera Instancia no es absoluta. 

El ejercicio adecuado de esa discreción está atado al concepto de la 

razonabilidad. La discreción judicial se nutre de un juicio racional y 

no puede ejercerse al antojo y sin limitaciones. SLG Zapata Rivera v.

JF Montalvo, 189 DPR 414, 435 (2013).

Nuestro esquema probatorio otorga gran deferencia a las 

determinaciones de hecho, la apreciación de la prueba testifical y 

las adjudicaciones de credibilidad que realiza el juzgador del foro 

primario. Como norma general, los tribunales apelativos no 

intervenimos con la apreciación de la prueba, la adjudicación de 

credibilidad y las determinaciones de hechos que realiza ese foro. 

Tal deferencia obedece a que es el TPI el foro que mejor conoce las 

particularidades del caso, tiene el contacto con los litigantes y 

examina la prueba presentada por estos. Citibank NA v. Cordero 

Badillo, supra, págs. 735-736. Por eso, el foro de instancia es el que 

está en mejor posición para tomar las medidas para cimentar el 

curso a trazar en el caso hasta su disposición final. IG Builders et al 

v. BBVAPR, 185 DPR 288, 307 (2012).

Los tribunales revisores únicamente podremos sustituir el 

criterio del foro primario por el nuestro, en circunstancias 

extraordinarias en las que se pruebe que actuó con pasión, prejuicio 

o parcialidad, incurrió en craso abuso de discreción o en error 

manifiesto o de derecho. Citibank NA v. Cordero Badillo, supra, pág.

736.

Un tribunal incurre en abuso de discreción, cuando el juez 

ignora sin fundamento algún hecho material, le concedió demasiado 
KLCE202301203 11

peso a un hecho inmaterial y funda su decisión principalmente en 

ese hecho irrelevante, o a pesar de examinar todos los hechos del 

caso, hace un análisis liviano y la determinación resulta irrazonable.

Citibank NA v. Cordero Badillo, supra, pág. 736; Pueblo v. Custodio 

Colón, 192 DPR 567, 589 (2015).

C. Honorarios de Abogados y Temeridad

Los tribunales tienen el deber de imponer el pago de 

honorarios al abogado a cualquier parte o abogado que haya 

actuado de forma frívola o temeraria. El tribunal adjudicará en la 

sentencia la suma que entiende corresponde a esa conducta. Regla 

44.1(d) de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. R 44.1(d)

El concepto de temeridad es amplio. Un litigante es temerario 

cuando sus actuaciones ocasionan un pleito que pudo evitarse, 

provoca la prolongación indebida del trámite judicial u obliga a la 

otra parte a incurrir en gastos innecesarios para hacer valer sus 

derechos. La temeridad también es la conducta asumida por un 

litigante perdidoso que por su terquedad, testarudez, obstinación, 

contumacia, empecinamiento e insistencia en una actitud 

desprovista de fundamentos obliga a otra parte a asumir 

innecesariamente las molestias, gastos e inconvenientes de un 

pleito. SLG González Ramos-Figueroa Colón v. SLG Pacheco RomeroFulana de tal, 209 DPR 138, 148-149 (2022); Fernández v. San Juan 

Cement Co., Inc., 118 DPR 713, 717-719 (1987).

El tribunal tiene que calcular la cuantía de los honorarios por 

temeridad a base de los factores siguientes: (1) el grado de 

temeridad, (2) el trabajo realizado, (3) la duración y naturaleza 

del litigio, (4) la cuantía involucrada y (5) el nivel profesional de 

los abogados. COPR v. SPU, 181 DPR 299, 342-343 (2011). La 

cantidad concedida por los honorarios de abogados no equivale 

necesariamente al valor de los servicios legales prestados o pagados. 

Dicha cantidad es la suma que el tribunal estima que representa 
KLCE202301203 12

razonablemente el valor de esos servicios, tomando en 

consideración el grado de temeridad y demás circunstancias del 

caso. Santos Bermúdez v. Texaco PR Inc., 123 DPR 351, 357 (1989); 

Domínguez v. Fabián, 37 DPR 667 (1928). (Énfasis nuestro).

El Tribunal Supremo de Puerto Rico estableció en López Vicil 

v. ITT Intermedia, Inc., 143 DPR 574, 583-584 (1997), los criterios 

para imponer honorarios de abogado a favor del empleado victorioso 

en reclamos al amparo de la Ley 100 de 30 de junio de 1950. Cuando 

el abogado del obrero victorioso entiende que se justifica recibir una 

cuantía mayor de honorarios, puede solicitar el visto bueno del 

tribunal para cobrar sus servicios, a base de horas trabajadas. El 

abogado estará obligado a presentar un memorando juramentado 

en el que detalle las horas trabajadas y la tarifa que habrá de cobrar 

por hora. El tribunal evaluará la procedencia de la solicitud,

conforme al criterio de la razonabilidad. Los tribunales tienen 

discreción para aceptar o modificar la suma de honorarios 

reclamada en el memorando, pero siempre deberá consignar por 

escrito sus razones para llegar a determinada suma. A su vez, 

los tribunales apelativos no intervendrán con la determinación 

de honorarios del Tribunal de Primera Instancia excepto en 

casos de abuso de discreción. (Énfasis suplido).

La Regla 44.3 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V,

R44.3 (b), reconoce la procedencia de los intereses pre-sentencia o 

intereses por temeridad. Únicamente se conceden en los casos de 

cobro de dinero y daños y perjuicios y están sujetos a que la parte 

perdidosa haya sido temeraria en la tramitación de un pleito. Los 

intereses pre-sentencia solo proceden sobre la cuantía de la 

sentencia, sin incluir las costas y honorarios de abogado. SLG 

González Ramos-Figueroa Colón v. SLG Pacheco Romero-Fulana de 

tal, supra, pág. 146.
KLCE202301203 13

El inciso (b) de la regla citada dispone lo siguiente:

(b) El tribunal también impondrá a la parte que haya 

procedido con temeridad el pago de interés al tipo que 

haya fijado la Junta en virtud del inciso (a) de esta regla 

y que este en vigor al momento de dictarse la sentencia 

desde que haya surgido la causa de acción en todo caso 

de cobro de dinero y desde la presentación de la 

demanda en caso de daños y perjuicios, y hasta la fecha 

en que se dicte sentencia a computarse sobre la cuantía 

de la sentencia, excepto cuando la parte demandada sea 

el Estado Libre Asociado, sus municipios, agencias, 

instrumentalidades o funcionarios(as) en su carácter 

personal. El tipo de interés se hará constar en la 

sentencia.

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha sido consistente en 

que la temeridad requerida para imponer intereses pre-sentencia es 

la misma que acarrea el pago de honorarios de abogado, debido a 

que persiguen el mismo propósito. Los objetivos de ambas sanciones 

son disuadir la litigación frívola, compensar en lo posible los gastos 

incurridos por la parte que no ha sido temeraria y fomentar las 

transacciones en los pleitos. Una vez que el tribunal determina la 

temeridad, está obligado a imponer el pago de honorarios de 

abogado e intereses a la parte que incurrió en esa conducta. Los 

honorarios de abogado proceden en todo tipo de caso. Los intereses 

pre-sentencia solo proceden en los casos de daños y cobro de dinero. 

SLG González Ramos-Figueroa Colón v. SLG Pacheco Romero-Fulana 

de tal, supra. (Énfasis suplido). (Escolios omitidos).

La imposición de honorarios de abogado e intereses presentencia a la parte temeraria descansa en la sana discreción del 

foro primario. SLG González Ramos y Figueroa Colón v. SLG Pacheco 

Romero Fulana de tal, supra, pág. 150. Por esa razón, solo puede 

variarse en apelación si se demuestra que abusó de su discreción.

Íd.

Por otro lado, no debemos perder de perspectiva, que los 

criterios establecidos en COPR v. SPU, supra, son cónsonos con el 

Canon 24 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, C. 24. El 

Canon 24 regula la Fijación de Honorarios, a saber:
KLCE202301203 14

La fijación de honorarios profesionales debe regirse 

siempre por el principio de que nuestra profesión es una 

parte integrante de la administración de la justicia y no 

un mero negocio con fines de lucro. Al fijar el valor de 

los honorarios, deben considerarse los siguientes 

factores:

(1) el tiempo y trabajo requeridos, la novedad y 

dificultad de las cuestiones envueltas y la habilidad 

que requiere conducir propiamente el caso;

(2) si el aceptar la representación del caso en cuestión 

ha de impedir al abogado que se haga cargo de otros 

casos que probablemente han de surgir del mismo 

asunto, y en los cuales existe una razonable expectativa 

de que de lo contrario sus servicios serán solicitados o 

que tal representación implique la pérdida de otros 

asuntos extraños al caso en cuestión o el antagonismo 

con otros clientes;

(3) los honorarios que acostumbradamente se cobran 

en el distrito judicial por servicios similares;

(4) la cuantía envuelta en el litigio y los beneficios 

que ha de derivar el cliente de los servicios del 

abogado;

(5) la contingencia o certeza de la compensación; y

(6) la naturaleza de la gestión profesional, si es 

puramente casual o para un cliente constante.

[...]

III.

En el presente caso, la parte peticionaria alega 

incorrectamente que el TPI abusó de su discreción, porque ordenó 

el pago de $160,000.00 de honorarios de abogado, de manera 

punitiva, contrario a la normativa aplicable. Aduce, además, que el 

TPI impuso una cuantía “representativa” ignorando la normativa 

para ello. Por estar estrechamente relacionados los señalamientos 

de los errores, discutiremos los mismos en conjunto.

En un recurso anterior, presentado ante este foro, declaramos 

que: “[la] cuantía impuesta es irrazonable y contraria a derecho, 

debido a que el TPI no siguió las directrices establecidas por el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico para calcular la cuantía de 

honorarios por temeridad. El foro primario no incluyó un análisis 

del grado de temeridad, el trabajo realizado, la duración y 

naturaleza del litigio, la cuantía involucrada y el nivel 
KLCE202301203 15

profesional de los abogados”.

5 Emitido el dictamen previamente

mencionado, el foro de instancia emitió una Resolución sobre 

honorarios de abogados por temeridad.6

Desglosados los criterios establecidos por la jurisprudencia 

interpretativa y los que incumben a los profesionales del derecho 

emitidos en los cánones de ética, el foro a quo incluyó en su análisis 

ciertos factores que es menester destacar: este caso se radicó el 14 

de abril de 2013,

7 es decir, se ha prolongado por un período de diez 

(10) años y refleja aproximadamente 312 entradas en el Sistema 

TRIB.

8 Actualmente la magistrada que preside los procedimientos,

comenzó los mismos en su etapa post-sentencia, propiamente en el 

2021, es decir, este valor de honorarios no lo fijó ella. La temeridad 

de ambos quedó evidenciada y adjudicada por este Tribunal de 

Apelaciones en una sentencia que es final y firme, que data del año 

2015, no es permisible que quieran re-litigar un asunto resuelto.

9

De la misma manera, el peticionario de este caso ha radicado 

múltiples recursos a nivel apelativo, incluyendo una petición de 

certiorari que fue declarada No Ha Lugar por el Tribunal Supremo 

de Puerto Rico.

10 La cuantía de honorarios impuesta por el TPI se 

desprende de la reclamada que asciende a unos $994,506.02.

El TPI realiza un análisis comparativo entre los porcentajes 

que se utilizan a pagar entre las reclamaciones laborales, donde 

utilizan un 25% para la imposición base. De manera que, si el foro 

primario hubiera utilizado dicho porcentaje, o inclusive el utilizado 

para casos de daños y perjuicios y cobro de dinero, para adjudicar 

5 Véase, KLCE20220941.

6 Véase, Apéndice 58, pág. 542-546.

7 Véase, Apéndice 1, pág. 1-23.

8 Registro de transacciones para tribunales, Sistema TRIB.

9 Véase, KLAN201400895, KLAN201401266.

10 Véase, Apéndice 6, págs. 48-60, KLAN201400895, KLAN201401266; Apéndice 

12, págs.123-131, KLCE201800171; Apéndice 23, págs. 185-203, KLAN 

201900298; Apéndice 29, págs. 250-282; págs. 386-399, KLCE202200941; 

Apéndice 45, págs. 410-411, KLCE202200941; Apéndice 48, págs. 460-461, CC2023-074.
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los honorarios por temeridad, ciertamente serían superiores a la 

cuantía que la parte peticionaria está impugnando en este recurso.

Este litigio se ha prolongado innecesariamente por la 

temeridad con la que ha actuado la parte demandada. Este 

razonamiento ha sido expresado en varias ocasiones por este 

Tribunal. Recordemos que los honorarios concedidos y la 

temeridad que se ha determinado son para el cliente, es decir,

para ser adjudicados en este caso a la parte demandante, no a 

su representación legal. Tal menester es destacado por los 

Cánones de Ética, supra, las Reglas de Procedimiento Civil, supra, y 

la jurisprudencia interpretativa del Tribunal Supremo de Puerto 

Rico

Concluimos que ambos peticionarios responden 

solidariamente por el pago de los intereses pre-sentencia y los 

honorarios de abogado, porque su temeridad quedó evidenciada y se 

adjudicó en una sentencia que es final y firme. Toda vez que el TPI 

fundamentó su resolución acorde al mandato emitido previamente 

por este Foro, no se cometieron los señalamientos de errores 

señalados por el peticionario.

No observamos de la Resolución recurrida algún indicio de 

pasión, prejuicio o parcialidad, abuso de discreción o error 

manifiesto en la aplicación del derecho. Según el mandato previo de 

este Tribunal, el foro primario aplicó los criterios reconocidos en el 

ordenamiento legal llegando a una conclusión conforme a derecho.

IV.

Por los fundamentos antes expuestos se expide el auto y se 

confirma la sentencia recurrida.
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Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones