# Diario Oficial C 91/2007

| | ISSN 1725-244X |
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| Diario Oficial
  de la Unión Europea | C 91 |
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| Edición en lengua española | Comunicaciones e informaciones | 50o año26 de abril de 2007 |

ISSN 1725-244X

Diario Oficial

de la Unión Europea

C 91

Edición en lengua española

Comunicaciones e informaciones

50o año26 de abril de 2007

---

| Número de información | Sumario | Página |
| --- | --- | --- |
| | I   Resoluciones, recomendaciones, orientaciones y dictámenes |
| | DICTÁMENES |
| | Supervisor Europeo de Protección de Datos |
| 2007/C 091/01 | Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1073/1999 relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) | 1 |
| 2007/C 091/02 | Segundo dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la propuesta de Decisión marco del Consejo relativa a la protección de datos personales tratados en el marco de la cooperación policial y judicial en materia penal | 9 |
| 2007/C 091/03 | Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se adoptan las normas de aplicación del Reglamento (CE) no 883/2004 sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social (COM(2006)16 final) | 15 |

Número de información

Sumario

Página

I   Resoluciones, recomendaciones, orientaciones y dictámenes

DICTÁMENES

Supervisor Europeo de Protección de Datos

2007/C 091/01

Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1073/1999 relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF)

o

1

2007/C 091/02

Segundo dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la propuesta de Decisión marco del Consejo relativa a la protección de datos personales tratados en el marco de la cooperación policial y judicial en materia penal

9

2007/C 091/03

Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se adoptan las normas de aplicación del Reglamento (CE) no 883/2004 sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social (COM(2006)16 final)

o

15

| | II   Comunicaciones |
| --- | --- |
| | COMUNICACIONES PROCEDENTES DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA |
| | Comisión |
| 2007/C 091/04 | No oposición a una concentración notificada [Asunto no COMP/M.4577 — Blackstone/Cardinal Health (PTS Division)] (
  1
  ) | 24 |
| 2007/C 091/05 | No oposición a una concentración notificada (Asunto no COMP/M.4594 — OEP/Arvinmeritor Emissions Technologies Business) (
  1
  ) | 24 |

II   Comunicaciones

COMUNICACIONES PROCEDENTES DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA

Comisión

2007/C 091/04

No oposición a una concentración notificada [Asunto no COMP/M.4577 — Blackstone/Cardinal Health (PTS Division)] (
  1
  )

o

1

24

2007/C 091/05

No oposición a una concentración notificada (Asunto no COMP/M.4594 — OEP/Arvinmeritor Emissions Technologies Business) (
  1
  )

o

1

24

| | IV   Informaciones |
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| | INFORMACIONES PROCEDENTES DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA |
| | Comisión |
| 2007/C 091/06 | Tipo de cambio del euro | 25 |
| | INFORMACIONES PROCEDENTES DE LOS ESTADOS MIEMBROS |
| 2007/C 091/07 | Días festivos en 2007 | 26 |
| 2007/C 091/08 | Información resumida comunicada por los Estados miembros acerca de las ayudas estatales concedidas de conformidad con el Reglamento (CE) no 1/2004 de la Comisión, de 23 de diciembre de 2003, sobre la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales para las pequeñas y medianas empresas dedicadas a la producción, transformación y comercialización de productos agrarios | 27 |
| | INFORMACIONES RELATIVAS AL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO |
| | Órgano de Vigilancia de la AELC |
| 2007/C 091/09 | Días festivos en 2007: Estados AELC del EEE e instituciones del EEE | 33 |

IV   Informaciones

INFORMACIONES PROCEDENTES DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA

Comisión

2007/C 091/06

Tipo de cambio del euro

25

INFORMACIONES PROCEDENTES DE LOS ESTADOS MIEMBROS

2007/C 091/07

Días festivos en 2007

26

2007/C 091/08

Información resumida comunicada por los Estados miembros acerca de las ayudas estatales concedidas de conformidad con el Reglamento (CE) no 1/2004 de la Comisión, de 23 de diciembre de 2003, sobre la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales para las pequeñas y medianas empresas dedicadas a la producción, transformación y comercialización de productos agrarios

o

27

INFORMACIONES RELATIVAS AL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO

Órgano de Vigilancia de la AELC

2007/C 091/09

Días festivos en 2007: Estados AELC del EEE e instituciones del EEE

33

| | V   Dictámenes |
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| | PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A LA APLICACIÓN DE LA POLÍTICA DE COMPETENCIA |
| | Comisión |
| 2007/C 091/10 | Ayuda estatal — Reino Unido — Ayuda estatal no C 7/07 (ex NN 82/06 y NN 83/06) — Presunta ayuda a Royal Mail y POL — Invitación a presentar observaciones en aplicación del artículo 88, apartado 2, del Tratado CE (
  1
  ) | 34 |
| 2007/C 091/11 | Notificación previa de una operación de concentración [Caso no COMP/M.4654 — IPR/MITSUI (UK Electricity generation business)] — Caso susceptible de ser tratado por procedimiento simplificado (
  1
  ) | 42 |
| 2007/C 091/12 | Notificación previa de una operación de concentración (Asunto no COMP/M.4658 — Bridgepoint Capital/Wolters Kluwer Educational Division) — Asunto que podría ser tramitado conforme al procedimiento simplificado (
  1
  ) | 43 |
| 2007/C 091/13 | Notificación previa de una operación de concentración (Asunto no COMP/M.4498 — HgCapital/Denton) (
  1
  ) | 44 |

V   Dictámenes

PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A LA APLICACIÓN DE LA POLÍTICA DE COMPETENCIA

Comisión

2007/C 091/10

Ayuda estatal — Reino Unido — Ayuda estatal no C 7/07 (ex NN 82/06 y NN 83/06) — Presunta ayuda a Royal Mail y POL — Invitación a presentar observaciones en aplicación del artículo 88, apartado 2, del Tratado CE (
  1
  )

o

1

34

2007/C 091/11

Notificación previa de una operación de concentración [Caso no COMP/M.4654 — IPR/MITSUI (UK Electricity generation business)] — Caso susceptible de ser tratado por procedimiento simplificado (
  1
  )

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1

42

2007/C 091/12

Notificación previa de una operación de concentración (Asunto no COMP/M.4658 — Bridgepoint Capital/Wolters Kluwer Educational Division) — Asunto que podría ser tramitado conforme al procedimiento simplificado (
  1
  )

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1

43

2007/C 091/13

Notificación previa de una operación de concentración (Asunto no COMP/M.4498 — HgCapital/Denton) (
  1
  )

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1

44

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| | (1)   Texto pertinente a efectos del EEE |

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(1)   Texto pertinente a efectos del EEE

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| ES | |
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ES

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I Resoluciones, recomendaciones, orientaciones y dictámenes

DICTÁMENES

Supervisor Europeo de Protección de Datos

| 26.4.2007 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 91/1 |
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26.4.2007

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 91/1

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Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1073/1999 relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF)

(2007/C 91/01)

EL SUPERVISOR EUROPEO DE PROTECCIÓN DE DATOS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular su artículo 286,

Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y en particular su artículo 8,

Vista la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (1),

Visto el Reglamento (CE) no 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos (2) personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos, y en particular su artículo 41,

Vista la petición de un dictamen de conformidad con el artículo 28, apartado 2, del Reglamento (CE) no 45/2001 recibida de la Comisión el 15 de septiembre de 2006;

HA ADOPTADO EL SIGUIENTE DICTAMEN:

I.   INTRODUCCIÓN

| 1. | La Propuesta de Reglamento por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 1999, relativo a las investigaciones efectuadas por la OLAF (3) (en adelante «la Propuesta») contiene revisiones de la mayoría de los artículos del Reglamento (CE) no 1073/1999 (4). El presente Reglamento establece las normas operativas que deben seguir los implicados en las investigaciones de la OLAF y, como tal, constituye el fundamento jurídico para las actividades operativas de la OLAF. |
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1.

La Propuesta de Reglamento por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 1999, relativo a las investigaciones efectuadas por la OLAF (3) (en adelante «la Propuesta») contiene revisiones de la mayoría de los artículos del Reglamento (CE) no 1073/1999 (4). El presente Reglamento establece las normas operativas que deben seguir los implicados en las investigaciones de la OLAF y, como tal, constituye el fundamento jurídico para las actividades operativas de la OLAF.

Consulta al SEPD

| 2. | La Propuesta fue enviada por la Comisión al SEPD el 15 de septiembre de 2006. El SEPD entiende esta comunicación como una solicitud de asesorar a las instituciones y organismos comunitarios, según lo previsto en el artículo 28, apartado 2, del Reglamento (CE) no 45/2001, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos [en adelante el Reglamento (CE) no 45/2001]. Teniendo en cuenta el carácter obligatorio del artículo 28, apartado 2, del Reglamento (CE) no 45/2001, el SEPD acoge con satisfacción la referencia explícita a esta consulta en el preámbulo de la Propuesta. |
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2.

La Propuesta fue enviada por la Comisión al SEPD el 15 de septiembre de 2006. El SEPD entiende esta comunicación como una solicitud de asesorar a las instituciones y organismos comunitarios, según lo previsto en el artículo 28, apartado 2, del Reglamento (CE) no 45/2001, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos [en adelante el Reglamento (CE) no 45/2001]. Teniendo en cuenta el carácter obligatorio del artículo 28, apartado 2, del Reglamento (CE) no 45/2001, el SEPD acoge con satisfacción la referencia explícita a esta consulta en el preámbulo de la Propuesta.

| 3. | Los comentarios que se formulan en el presente dictamen se aplican mutatis mutandis a la Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (Euratom) no 1074/1999 del Consejo, de 25 de mayo de 1999, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) (5). |
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3.

Los comentarios que se formulan en el presente dictamen se aplican mutatis mutandis a la Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (Euratom) no 1074/1999 del Consejo, de 25 de mayo de 1999, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) (5).

Importancia de la Propuesta y de la asesoría del SEPD

| 4. | El SEPD considera importante emitir un dictamen sobre esta Propuesta habida cuenta de sus repercusiones en los derechos de las personas a la protección de sus datos y a la intimidad. Teniendo en cuenta que la Propuesta establece nuevas normas que ha de cumplir la OLAF al llevar a cabo investigaciones sobre presuntas actividades ilegales, es esencial asegurarse de que, al llevar a cabo esta tarea, estén correctamente garantizados los derechos a la protección de datos y a la intimidad de las personas implicadas en tales investigaciones, de los presuntos infractores y también de los miembros de personal y otras personas que proporcionen información a la OLAF. Esto es tanto más importante dado el carácter particularmente delicado de la información que la OLAF puede recoger potencialmente, que incluye datos relativos a las presuntas infracciones, a las infracciones, a las sanciones penales, datos médicos, así como información que serviría para privar a individuos de un derecho, beneficio o contrato en la medida en que dicha información representa un riesgo particular para los derechos y las libertades de los interesados. |
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4.

El SEPD considera importante emitir un dictamen sobre esta Propuesta habida cuenta de sus repercusiones en los derechos de las personas a la protección de sus datos y a la intimidad. Teniendo en cuenta que la Propuesta establece nuevas normas que ha de cumplir la OLAF al llevar a cabo investigaciones sobre presuntas actividades ilegales, es esencial asegurarse de que, al llevar a cabo esta tarea, estén correctamente garantizados los derechos a la protección de datos y a la intimidad de las personas implicadas en tales investigaciones, de los presuntos infractores y también de los miembros de personal y otras personas que proporcionen información a la OLAF. Esto es tanto más importante dado el carácter particularmente delicado de la información que la OLAF puede recoger potencialmente, que incluye datos relativos a las presuntas infracciones, a las infracciones, a las sanciones penales, datos médicos, así como información que serviría para privar a individuos de un derecho, beneficio o contrato en la medida en que dicha información representa un riesgo particular para los derechos y las libertades de los interesados.

Principales elementos de la Propuesta y comentarios preliminares

| 5. | Las modificaciones propuestas al Reglamento (CE) no 1073/1999 responden a diversos fines y objetivos (6). Como muestra, algunas enmiendas aspiran a mejorar la eficacia y eficiencia de las investigaciones de la OLAF, por ejemplo para asegurarse de que los poderes de investigación de la OLAF cubran a los operadores económicos de los Estados miembros que reciben fondos comunitarios. Otras se proponen facilitar el intercambio de información sobre presuntas infracciones entre la OLAF y las diversas instituciones interesadas, tanto a escala de la UE como al nivel nacional (7). Por último, parte de las modificaciones propuestas intentan garantizar los derechos de las personas implicadas en una investigación, incluido su derecho a la protección de sus datos y a la intimidad, así como reforzar las garantías procesales. |
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5.

Las modificaciones propuestas al Reglamento (CE) no 1073/1999 responden a diversos fines y objetivos (6). Como muestra, algunas enmiendas aspiran a mejorar la eficacia y eficiencia de las investigaciones de la OLAF, por ejemplo para asegurarse de que los poderes de investigación de la OLAF cubran a los operadores económicos de los Estados miembros que reciben fondos comunitarios. Otras se proponen facilitar el intercambio de información sobre presuntas infracciones entre la OLAF y las diversas instituciones interesadas, tanto a escala de la UE como al nivel nacional (7). Por último, parte de las modificaciones propuestas intentan garantizar los derechos de las personas implicadas en una investigación, incluido su derecho a la protección de sus datos y a la intimidad, así como reforzar las garantías procesales.

| 6. | El SEPD está de acuerdo con la importancia de los fines y objetivos perseguidos por las modificaciones propuestas y, en este sentido, acoge con satisfacción la Propuesta. El SEPD valora particularmente las garantías procesales otorgadas a las personas en virtud de la Propuesta. Esto es particularmente cierto en lo relativo a la posibilidad para los sospechosos de pedir un dictamen del Consejero supervisor sobre el respeto de las garantías procesales durante la investigación. El SEPD está también satisfecho con las enmiendas que aspiran a proporcionar más información a los denunciantes de irregularidades y a los informadores. Desde la perspectiva de la protección de los derechos de las personas a la protección de sus datos personales y a su intimidad, el SEPD considera que, en general, la Propuesta contiene mejoras respecto a la situación actual. Por ejemplo, el SEPD acoge con agrado el reconocimiento de la aplicación de varios derechos de protección de los datos durante las investigaciones, por ejemplo el derecho del sospechoso a ser informado de la investigación y a dar a conocer su opinión. |
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6.

El SEPD está de acuerdo con la importancia de los fines y objetivos perseguidos por las modificaciones propuestas y, en este sentido, acoge con satisfacción la Propuesta. El SEPD valora particularmente las garantías procesales otorgadas a las personas en virtud de la Propuesta. Esto es particularmente cierto en lo relativo a la posibilidad para los sospechosos de pedir un dictamen del Consejero supervisor sobre el respeto de las garantías procesales durante la investigación. El SEPD está también satisfecho con las enmiendas que aspiran a proporcionar más información a los denunciantes de irregularidades y a los informadores. Desde la perspectiva de la protección de los derechos de las personas a la protección de sus datos personales y a su intimidad, el SEPD considera que, en general, la Propuesta contiene mejoras respecto a la situación actual. Por ejemplo, el SEPD acoge con agrado el reconocimiento de la aplicación de varios derechos de protección de los datos durante las investigaciones, por ejemplo el derecho del sospechoso a ser informado de la investigación y a dar a conocer su opinión.

| 7. | Sin embargo, a pesar de la impresión positiva global, el SEPD considera que, desde el punto de vista de la protección de los datos personales, la Propuesta podría mejorarse aún, sin que se vean comprometidos los fines que persigue. En especial, el SEPD ve con preocupación que la Propuesta pueda considerarse como una lex specialis que regula el tratamiento de datos personales recogidos en el ámbito de las investigaciones de la OLAF, que estaría por encima de la aplicación del marco general de protección de datos contenido en el Reglamento (CE) no 45/2001. Esto es particularmente preocupante si se considera que las normas de protección de datos contenidas en la Propuesta son menos exigentes que las contenidas en el Reglamento (CE) no 45/2001, y ello sin ninguna justificación aparente. |
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7.

Sin embargo, a pesar de la impresión positiva global, el SEPD considera que, desde el punto de vista de la protección de los datos personales, la Propuesta podría mejorarse aún, sin que se vean comprometidos los fines que persigue. En especial, el SEPD ve con preocupación que la Propuesta pueda considerarse como una lex specialis que regula el tratamiento de datos personales recogidos en el ámbito de las investigaciones de la OLAF, que estaría por encima de la aplicación del marco general de protección de datos contenido en el Reglamento (CE) no 45/2001. Esto es particularmente preocupante si se considera que las normas de protección de datos contenidas en la Propuesta son menos exigentes que las contenidas en el Reglamento (CE) no 45/2001, y ello sin ninguna justificación aparente.

| 8. | Para evitar que se llegue a esto, la siguiente sección ofrece un análisis de la Propuesta que, por una parte, describe sus deficiencias y, por otra, sugiere maneras específicas de subsanarlas. Obviamente, el alcance de este análisis se limita a las disposiciones que repercuten en la protección de los datos personales, en concreto el artículo 1, apartados 5, 6 y 7, con arreglo al cual se modifican o añaden los artículos 7bis, 8 y 8bis. |
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8.

Para evitar que se llegue a esto, la siguiente sección ofrece un análisis de la Propuesta que, por una parte, describe sus deficiencias y, por otra, sugiere maneras específicas de subsanarlas. Obviamente, el alcance de este análisis se limita a las disposiciones que repercuten en la protección de los datos personales, en concreto el artículo 1, apartados 5, 6 y 7, con arreglo al cual se modifican o añaden los artículos 7bis, 8 y 8bis.

II.   ANÁLISIS DE LA PROPUESTA

II. 1.   Examen de la Propuesta artículo por artículo

II. 1. a.   Principio de calidad de los datos

| 9. | El principio de calidad de los datos, que se reconoce en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 45/2001, abarca diversos aspectos específicos. En especial, de conformidad con este principio, los datos personales deben ser exactos, deben ajustarse a la realidad objetiva y deben también estar completos y actualizados. En segundo lugar, los datos no deben ser excesivos y deben ser adecuados, de modo que haya un vínculo entre la información y el fin para el que se pretende utilizarla. La Propuesta incorpora el principio de calidad de los datos a través del artículo 1, apartado 5, con arreglo al cual se añade el artículo 7bis por el que la OLAF ha de buscar pruebas a cargo y a descargo del interesado. |
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9.

El principio de calidad de los datos, que se reconoce en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 45/2001, abarca diversos aspectos específicos. En especial, de conformidad con este principio, los datos personales deben ser exactos, deben ajustarse a la realidad objetiva y deben también estar completos y actualizados. En segundo lugar, los datos no deben ser excesivos y deben ser adecuados, de modo que haya un vínculo entre la información y el fin para el que se pretende utilizarla. La Propuesta incorpora el principio de calidad de los datos a través del artículo 1, apartado 5, con arreglo al cual se añade el artículo 7bis por el que la OLAF ha de buscar pruebas a cargo y a descargo del interesado.

| 10. | El SEPD acoge con satisfacción que se incluya la obligación de buscar pruebas a cargo y a descargo porque afecta a la exactitud y a la integridad de los datos tratados, contribuyendo por tanto al cumplimiento del principio de calidad de los datos, y aumentando así las salvaguardias globales de protección de datos en el contexto de las investigaciones de la OLAF. |
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10.

El SEPD acoge con satisfacción que se incluya la obligación de buscar pruebas a cargo y a descargo porque afecta a la exactitud y a la integridad de los datos tratados, contribuyendo por tanto al cumplimiento del principio de calidad de los datos, y aumentando así las salvaguardias globales de protección de datos en el contexto de las investigaciones de la OLAF.

II.1.b   Derecho a la información

| 11. | De conformidad con este derecho, quienes recogen datos personales han de informar a los interesados de que sus datos están siendo recogidos y tratados. Los individuos tienen derecho además a ser informados, entre otras cosas, de la finalidad del tratamiento, los destinatarios de los datos y los derechos específicos de los que los individuos, como interesados, disfrutan. La obligación de dar información sobre el tratamiento de sus datos debe asegurar la imparcialidad del tratamiento de la información personal del individuo y es, al mismo tiempo, una salvaguardia imprescindible para los derechos individuales. La Propuesta reconoce este derecho en el artículo 1, apartado 5, con arreglo al cual se añade el artículo 7bis, apartado 2, párrafo primero, y en el artículo 1, apartado 7, por el cual se añade el artículo 8bis. |
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11.

De conformidad con este derecho, quienes recogen datos personales han de informar a los interesados de que sus datos están siendo recogidos y tratados. Los individuos tienen derecho además a ser informados, entre otras cosas, de la finalidad del tratamiento, los destinatarios de los datos y los derechos específicos de los que los individuos, como interesados, disfrutan. La obligación de dar información sobre el tratamiento de sus datos debe asegurar la imparcialidad del tratamiento de la información personal del individuo y es, al mismo tiempo, una salvaguardia imprescindible para los derechos individuales. La Propuesta reconoce este derecho en el artículo 1, apartado 5, con arreglo al cual se añade el artículo 7bis, apartado 2, párrafo primero, y en el artículo 1, apartado 7, por el cual se añade el artículo 8bis.

| 12. | El SEPD acoge con satisfacción la inclusión del artículo 7bis, apartado 2, párrafo primero, y del artículo 8bis, en la medida en que contribuyen al respeto del derecho a la información en materia de protección de datos expuesto en los artículos 11 y 12 del Reglamento (CE) no 45/2001, en el contexto específico de las investigaciones llevadas a cabo por la OLAF. |
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12.

El SEPD acoge con satisfacción la inclusión del artículo 7bis, apartado 2, párrafo primero, y del artículo 8bis, en la medida en que contribuyen al respeto del derecho a la información en materia de protección de datos expuesto en los artículos 11 y 12 del Reglamento (CE) no 45/2001, en el contexto específico de las investigaciones llevadas a cabo por la OLAF.

| 13. | Además de contemplar el derecho a ser informado del tratamiento de su información personal, los artículos 11 y 12, que se aplican respectivamente a las situaciones en las que la información sobre un individuo se recoge directamente de él o de terceros, establecen la información que debe darse necesariamente a los individuos de modo que estén en condiciones de tener información exacta y completa sobre la existencia de una operación de tratamiento referente a ellos. Esta información incluye, entre otros elementos, los fines para los cuales los datos serán utilizados y los destinatarios potenciales de los datos, así como la existencia del derecho de acceso a los datos. |
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13.

Además de contemplar el derecho a ser informado del tratamiento de su información personal, los artículos 11 y 12, que se aplican respectivamente a las situaciones en las que la información sobre un individuo se recoge directamente de él o de terceros, establecen la información que debe darse necesariamente a los individuos de modo que estén en condiciones de tener información exacta y completa sobre la existencia de una operación de tratamiento referente a ellos. Esta información incluye, entre otros elementos, los fines para los cuales los datos serán utilizados y los destinatarios potenciales de los datos, así como la existencia del derecho de acceso a los datos.

| 14. | Desgraciadamente, ni el artículo 7bis, apartado 2, párrafo primero, ni el artículo 8bis contienen requisitos de información similares a los artículos 11 y 12 del Reglamento (CE) no 45/2001, con lo que no se especifica la información que se debe dar a los individuos para asegurar la imparcialidad del tratamiento. El SEPD considera que el artículo 7bis, apartado 2, párrafo primero, y el artículo 8bis deben ser coherentes con los artículos 11 y 12 del Reglamento (CE) no 45/2001. Con este fin, el SEPD sugiere la inclusión en el artículo 7bis, apartado 2, párrafo primero, y en el artículo 8bis de una referencia expresa a la aplicación de los artículos 11 y 12 del Reglamento (CE) no 45/2001. |
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14.

Desgraciadamente, ni el artículo 7bis, apartado 2, párrafo primero, ni el artículo 8bis contienen requisitos de información similares a los artículos 11 y 12 del Reglamento (CE) no 45/2001, con lo que no se especifica la información que se debe dar a los individuos para asegurar la imparcialidad del tratamiento. El SEPD considera que el artículo 7bis, apartado 2, párrafo primero, y el artículo 8bis deben ser coherentes con los artículos 11 y 12 del Reglamento (CE) no 45/2001. Con este fin, el SEPD sugiere la inclusión en el artículo 7bis, apartado 2, párrafo primero, y en el artículo 8bis de una referencia expresa a la aplicación de los artículos 11 y 12 del Reglamento (CE) no 45/2001.

| 15. | El SEPD considera que si no se incluye una referencia a los artículos 11 y 12 se creará una situación jurídica confusa. Efectivamente, la Propuesta crearía un marco jurídico de regulación del derecho de información en el contexto de investigaciones de la OLAF que diferiría del marco general expuesto por los artículos 11 y 12 del Reglamento (CE) no 45/2001. Por desgracia, dicho marco proporcionaría menos salvaguardias de protección de los datos que el marco general. El SEPD no ve razón alguna que justifique este resultado tan desafortunado. |
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15.

El SEPD considera que si no se incluye una referencia a los artículos 11 y 12 se creará una situación jurídica confusa. Efectivamente, la Propuesta crearía un marco jurídico de regulación del derecho de información en el contexto de investigaciones de la OLAF que diferiría del marco general expuesto por los artículos 11 y 12 del Reglamento (CE) no 45/2001. Por desgracia, dicho marco proporcionaría menos salvaguardias de protección de los datos que el marco general. El SEPD no ve razón alguna que justifique este resultado tan desafortunado.

| 16. | El artículo 7bis, apartado 2, y el artículo 8bis, párrafo segundo, de la Propuesta prevén una excepción a su aplicación si al proporcionar la información se perjudicara a los resultados de la investigación. De conformidad con la excepción, el Director General de OLAF tiene derecho a diferir el cumplimiento de la obligación de pedir a la persona implicada que formule observaciones. |
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16.

El artículo 7bis, apartado 2, y el artículo 8bis, párrafo segundo, de la Propuesta prevén una excepción a su aplicación si al proporcionar la información se perjudicara a los resultados de la investigación. De conformidad con la excepción, el Director General de OLAF tiene derecho a diferir el cumplimiento de la obligación de pedir a la persona implicada que formule observaciones.

| 17. | El SEPD observa que la posibilidad de limitar la provisión de información en determinados casos específicos está en consonancia con el artículo 20 del Reglamento (CE) no 45/2001, que establece ciertas restricciones a este derecho, como cuando ello es necesario para (i) la prevención e investigación de infracciones penales, (ii) la salvaguardia de un interés económico o financiero de un Estado miembro o de las Comunidades Europeas, así como (iii) la protección del interesado o de los derechos y libertades de otras personas. |
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17.

El SEPD observa que la posibilidad de limitar la provisión de información en determinados casos específicos está en consonancia con el artículo 20 del Reglamento (CE) no 45/2001, que establece ciertas restricciones a este derecho, como cuando ello es necesario para (i) la prevención e investigación de infracciones penales, (ii) la salvaguardia de un interés económico o financiero de un Estado miembro o de las Comunidades Europeas, así como (iii) la protección del interesado o de los derechos y libertades de otras personas.

| 18. | El SEPD observa que, de conformidad con el artículo 20 del Reglamento (CE) no 45/2001, la limitación del derecho a la información va acompañada de diversas salvaguardias de protección de los datos. En especial, el artículo 20, apartado 3, establece que, si se impone una limitación, se informará al interesado de las razones principales para ello, así como de su derecho a recurrir al Supervisor Europeo de Protección de Datos. La facilitación de dicha información puede diferirse si con ello la investigación se ve perjudicada. |
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18.

El SEPD observa que, de conformidad con el artículo 20 del Reglamento (CE) no 45/2001, la limitación del derecho a la información va acompañada de diversas salvaguardias de protección de los datos. En especial, el artículo 20, apartado 3, establece que, si se impone una limitación, se informará al interesado de las razones principales para ello, así como de su derecho a recurrir al Supervisor Europeo de Protección de Datos. La facilitación de dicha información puede diferirse si con ello la investigación se ve perjudicada.

| 19. | Sin embargo, en la Propuesta las disposiciones que establecen limitaciones del derecho a la información no van acompañadas de las salvaguardias de protección de los datos previstas en el artículo 20 del Reglamento (CE) no 45/2001. Así, en el contexto de las investigaciones de la OLAF, las limitaciones del derecho a la información se contemplan sin las salvaguardias que se aplicarían bajo el marco general de protección de datos, lo que el SEPD no encuentra apropiado. Para resolver esta situación, el SEPD sugiere que la limitación del derecho a la información del artículo 7bis, apartado 2, párrafo segundo, y del artículo 8bis, se vincule a las garantías del artículo 20 Reglamento (CE) no 45/2001. |
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19.

Sin embargo, en la Propuesta las disposiciones que establecen limitaciones del derecho a la información no van acompañadas de las salvaguardias de protección de los datos previstas en el artículo 20 del Reglamento (CE) no 45/2001. Así, en el contexto de las investigaciones de la OLAF, las limitaciones del derecho a la información se contemplan sin las salvaguardias que se aplicarían bajo el marco general de protección de datos, lo que el SEPD no encuentra apropiado. Para resolver esta situación, el SEPD sugiere que la limitación del derecho a la información del artículo 7bis, apartado 2, párrafo segundo, y del artículo 8bis, se vincule a las garantías del artículo 20 Reglamento (CE) no 45/2001.

II.1.c   Derecho de acceso

| 20. | El derecho de acceso da a los individuos la posibilidad de conocer si se está tratando información sobre ellos y de qué tipo. La Propuesta reconoce este derecho en el artículo 1, apartado 5, por el cual se añaden el artículo 7bis, apartado 2, párrafo segundo, y apartado 3. |
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20.

El derecho de acceso da a los individuos la posibilidad de conocer si se está tratando información sobre ellos y de qué tipo. La Propuesta reconoce este derecho en el artículo 1, apartado 5, por el cual se añaden el artículo 7bis, apartado 2, párrafo segundo, y apartado 3.

| 21. | Las modificaciones mencionadas, es decir, el artículo 7bis, apartado 2, párrafo segundo, y apartado 3, establecen el derecho del presunto infractor a que se le informe sobre todos los asuntos referentes a él. En concreto, establecen cómo se ejercerá este derecho en el contexto de las investigaciones de la OLAF. En primer lugar, la información se proporcionará al término de una investigación, es decir, al final de la misma. En segundo lugar, se proporcionará en forma de un resumen de los hechos relativos al individuo. Además, también se proporcionará el acceso al acta de la entrevista con el sospechoso. |
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21.

Las modificaciones mencionadas, es decir, el artículo 7bis, apartado 2, párrafo segundo, y apartado 3, establecen el derecho del presunto infractor a que se le informe sobre todos los asuntos referentes a él. En concreto, establecen cómo se ejercerá este derecho en el contexto de las investigaciones de la OLAF. En primer lugar, la información se proporcionará al término de una investigación, es decir, al final de la misma. En segundo lugar, se proporcionará en forma de un resumen de los hechos relativos al individuo. Además, también se proporcionará el acceso al acta de la entrevista con el sospechoso.

| 22. | El SEPD acoge con satisfacción la inclusión del artículo 7bis, apartado 2, párrafo segundo, y apartado 3 en la medida en que especifican en el contexto de las investigaciones de la OLAF el derecho de acceso en materia de protección de los datos establecido por el artículo 13 del Reglamento (CE) no 45/2001. Sin embargo, el SEPD considera que la manera en que este derecho se reconoce en la Propuesta admite mejora. El SEPD ve con preocupación que el derecho de acceso, según se formula en la Propuesta, es inferior al mismo derecho conforme al Reglamento (CE) no 45/2001. |
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22.

El SEPD acoge con satisfacción la inclusión del artículo 7bis, apartado 2, párrafo segundo, y apartado 3 en la medida en que especifican en el contexto de las investigaciones de la OLAF el derecho de acceso en materia de protección de los datos establecido por el artículo 13 del Reglamento (CE) no 45/2001. Sin embargo, el SEPD considera que la manera en que este derecho se reconoce en la Propuesta admite mejora. El SEPD ve con preocupación que el derecho de acceso, según se formula en la Propuesta, es inferior al mismo derecho conforme al Reglamento (CE) no 45/2001.

| 23. | Conforme al Reglamento (CE) no 45/2001, como cuestión de principio general, los individuos tienen derecho a ejercer el derecho de acceso a sus datos personales, a menos que se dé una de las situaciones específicas del citado artículo 20 del Reglamento (CE) no 45/2001, que justifique la limitación de ese derecho. En tal caso, el acceso puede restringirse hasta que las circunstancias cambien. |
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23.

Conforme al Reglamento (CE) no 45/2001, como cuestión de principio general, los individuos tienen derecho a ejercer el derecho de acceso a sus datos personales, a menos que se dé una de las situaciones específicas del citado artículo 20 del Reglamento (CE) no 45/2001, que justifique la limitación de ese derecho. En tal caso, el acceso puede restringirse hasta que las circunstancias cambien.

| 24. | El SEPD observa que la Propuesta no reconoce la aplicación del derecho de acceso como principio general. En cambio, la Propuesta prevé la aplicación del derecho de acceso en determinadas etapas procesales y por lo que se refiere a determinados documentos. Hasta cierto punto, puede decirse que conforme a la Propuesta, el derecho de acceso tiene tanto limitaciones temporales como materiales. |
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24.

El SEPD observa que la Propuesta no reconoce la aplicación del derecho de acceso como principio general. En cambio, la Propuesta prevé la aplicación del derecho de acceso en determinadas etapas procesales y por lo que se refiere a determinados documentos. Hasta cierto punto, puede decirse que conforme a la Propuesta, el derecho de acceso tiene tanto limitaciones temporales como materiales.

| 25. | En efecto, de conformidad con el artículo 7bis, apartado 2, párrafo segundo, el acceso puede obtenerse solamente al término de una investigación, cuando se da al individuo un resumen de los hechos que le afectan y cuando el individuo se haya entrevistado con la OLAF y se haya levantado acta de la entrevista. Fuera de estas dos etapas del procedimiento, por regla general, no hay acceso alguno a la información personal. En lo que respecta al material al cual se concede el acceso, el SEPD ve que, conforme a la Propuesta, solamente es posible el acceso al resumen de los hechos referentes al individuo y al acta de la entrevista, con arreglo al artículo 7bis, apartado 2, párrafo segundo, y apartado 3, respectivamente. El acceso no se aplica a ninguna otra información sobre el individuo que pueda poseerse, como copias de los documentos, correos electrónicos, transcripciones telefónicas, etc. |
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25.

En efecto, de conformidad con el artículo 7bis, apartado 2, párrafo segundo, el acceso puede obtenerse solamente al término de una investigación, cuando se da al individuo un resumen de los hechos que le afectan y cuando el individuo se haya entrevistado con la OLAF y se haya levantado acta de la entrevista. Fuera de estas dos etapas del procedimiento, por regla general, no hay acceso alguno a la información personal. En lo que respecta al material al cual se concede el acceso, el SEPD ve que, conforme a la Propuesta, solamente es posible el acceso al resumen de los hechos referentes al individuo y al acta de la entrevista, con arreglo al artículo 7bis, apartado 2, párrafo segundo, y apartado 3, respectivamente. El acceso no se aplica a ninguna otra información sobre el individuo que pueda poseerse, como copias de los documentos, correos electrónicos, transcripciones telefónicas, etc.

| 26. | El SEPD coincide con la Propuesta en que el acceso a la información personal es pertinente en las dos fases procesales y en relación con los dos documentos especificados por la Propuesta y acoge con satisfacción que reconozca ese derecho en esas circunstancias. No obstante, el SEPD considera que, como cuestión de principio general, la Propuesta debe también reconocer la existencia de un derecho de acceso más allá de los dos casos mencionados explícitamente por la Propuesta. |
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26.

El SEPD coincide con la Propuesta en que el acceso a la información personal es pertinente en las dos fases procesales y en relación con los dos documentos especificados por la Propuesta y acoge con satisfacción que reconozca ese derecho en esas circunstancias. No obstante, el SEPD considera que, como cuestión de principio general, la Propuesta debe también reconocer la existencia de un derecho de acceso más allá de los dos casos mencionados explícitamente por la Propuesta.

| 27. | El SEPD es consciente de que puede haber cierta oposición a la idea del reconocimiento del derecho de acceso, por regla general, en el curso de una investigación. Sin embargo, el SEPD recuerda que, si en ciertos casos de investigación hay necesidad de salvaguardar la confidencialidad de la investigación, de conformidad con el artículo 20 del Reglamento (CE) no 45/2001, la OLAF podrá diferir el acceso. Efectivamente, la OLAF puede basarse en el artículo 20 para diferir el acceso, por ejemplo para salvaguardar la prevención e investigación de infracciones penales y de otro tipo. Así pues, la concesión del derecho de acceso como cuestión de principio general no impide las limitaciones ad hoc de tales derechos, cuando se den las circunstancias expuestas. |
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27.

El SEPD es consciente de que puede haber cierta oposición a la idea del reconocimiento del derecho de acceso, por regla general, en el curso de una investigación. Sin embargo, el SEPD recuerda que, si en ciertos casos de investigación hay necesidad de salvaguardar la confidencialidad de la investigación, de conformidad con el artículo 20 del Reglamento (CE) no 45/2001, la OLAF podrá diferir el acceso. Efectivamente, la OLAF puede basarse en el artículo 20 para diferir el acceso, por ejemplo para salvaguardar la prevención e investigación de infracciones penales y de otro tipo. Así pues, la concesión del derecho de acceso como cuestión de principio general no impide las limitaciones ad hoc de tales derechos, cuando se den las circunstancias expuestas.

| 28. | A la luz de lo mencionado, y para asegurar que existe un derecho efectivo de acceso en el curso de una investigación que también reconoce las limitaciones potenciales del mismo, el SEPD sugiere que se incluya en la Propuesta una referencia clara al derecho del individuo a acceder a sus datos personales contenidos en un expediente de investigación de la OLAF. En especial, el SEPD considera que debe insertarse un párrafo con el siguiente texto en el artículo 7bis, apartado 2, entre el párrafo primero y el segundo: «Toda persona implicada en una investigación tiene derecho a acceder a los datos personales relacionados con ella que se recaben en el curso de la investigación. Dicho derecho puede estar sujeto a las limitaciones previstas en el artículo 20 del Reglamento (CE) no 45/2001». |
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28.

A la luz de lo mencionado, y para asegurar que existe un derecho efectivo de acceso en el curso de una investigación que también reconoce las limitaciones potenciales del mismo, el SEPD sugiere que se incluya en la Propuesta una referencia clara al derecho del individuo a acceder a sus datos personales contenidos en un expediente de investigación de la OLAF. En especial, el SEPD considera que debe insertarse un párrafo con el siguiente texto en el artículo 7bis, apartado 2, entre el párrafo primero y el segundo: «Toda persona implicada en una investigación tiene derecho a acceder a los datos personales relacionados con ella que se recaben en el curso de la investigación. Dicho derecho puede estar sujeto a las limitaciones previstas en el artículo 20 del Reglamento (CE) no 45/2001».

| 29. | Este párrafo establecería, como principio general, la aplicación del derecho de acceso. Con ello se conseguiría, no sólo la coherencia sino también que los individuos afectados por las investigaciones de OLAF no estén sujetos a un régimen menos benévolo en materia de acceso a datos personales. |
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29.

Este párrafo establecería, como principio general, la aplicación del derecho de acceso. Con ello se conseguiría, no sólo la coherencia sino también que los individuos afectados por las investigaciones de OLAF no estén sujetos a un régimen menos benévolo en materia de acceso a datos personales.

II.1.d   Derecho de rectificación

| 30. | El derecho de acceso es anterior al derecho de rectificación. Una vez que los individuos han tenido la oportunidad de acceder a sus datos y verificar la exactitud y la legitimidad del tratamiento, el derecho de rectificación permite que exijan la rectificación de cualquier información incompleta o inexacta. |
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30.

El derecho de acceso es anterior al derecho de rectificación. Una vez que los individuos han tenido la oportunidad de acceder a sus datos y verificar la exactitud y la legitimidad del tratamiento, el derecho de rectificación permite que exijan la rectificación de cualquier información incompleta o inexacta.

| 31. | Conforme a la Propuesta, el derecho de rectificación está regulado junto con el derecho de acceso. El artículo 1, apartado 5, por el cual se introducen el artículo 7bis, apartado 2, párrafo segundo, y apartado 3, hace referencia a la posibilidad de que el presunto infractor dé a conocer su opinión. |
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31.

Conforme a la Propuesta, el derecho de rectificación está regulado junto con el derecho de acceso. El artículo 1, apartado 5, por el cual se introducen el artículo 7bis, apartado 2, párrafo segundo, y apartado 3, hace referencia a la posibilidad de que el presunto infractor dé a conocer su opinión.

| 32. | El SEPD observa que, en sentido estricto, la Propuesta no establece el derecho de rectificación como tal. En cambio, la Propuesta establece a derecho «a presentar sus observaciones» y «para aprobarla o formular o para añadir observaciones» (en ambos casos relativos a la información personal). El SEPD considera que tales privilegios son equivalentes al derecho de rectificación y que coinciden con el artículo 14 del Reglamento (CE) no 45/2001, que establece el marco jurídico del derecho a rectificar la información inexacta. El SEPD considera que, en el contexto de las investigaciones de la OLAF, no es posible otorgar a los individuos la posibilidad de «rectificar »sin más la información que consideren incompleta o inexacta, obviamente porque, en muchos casos, la investigación consiste precisamente en determinar si la información es inexacta. Esta es la razón por la que, en este contexto, puede otorgarse el derecho de rectificación, como hace la Propuesta, permitiendo al individuo que dé a conocer su opinión y permitiendo que formule observaciones relativas a la información personal de que se trate. |
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32.

El SEPD observa que, en sentido estricto, la Propuesta no establece el derecho de rectificación como tal. En cambio, la Propuesta establece a derecho «a presentar sus observaciones» y «para aprobarla o formular o para añadir observaciones» (en ambos casos relativos a la información personal). El SEPD considera que tales privilegios son equivalentes al derecho de rectificación y que coinciden con el artículo 14 del Reglamento (CE) no 45/2001, que establece el marco jurídico del derecho a rectificar la información inexacta. El SEPD considera que, en el contexto de las investigaciones de la OLAF, no es posible otorgar a los individuos la posibilidad de «rectificar »sin más la información que consideren incompleta o inexacta, obviamente porque, en muchos casos, la investigación consiste precisamente en determinar si la información es inexacta. Esta es la razón por la que, en este contexto, puede otorgarse el derecho de rectificación, como hace la Propuesta, permitiendo al individuo que dé a conocer su opinión y permitiendo que formule observaciones relativas a la información personal de que se trate.

| 33. | Además de lo mencionado, el SEPD considera que los mismos comentarios hechos anteriormente en relación con el modo en que la Propuesta regula el derecho de acceso se aplican mutatis mutandis al derecho de rectificación. Efectivamente, conforme a la Propuesta, el derecho de rectificación presenta los mismos defectos que se describieron en relación con el derecho de acceso: la Propuesta no reconoce el derecho a rectificar como cuestión de principio general, sino que lo limita indebidamente al resumen de las alegaciones y al informe que sigue a una entrevista. |
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33.

Además de lo mencionado, el SEPD considera que los mismos comentarios hechos anteriormente en relación con el modo en que la Propuesta regula el derecho de acceso se aplican mutatis mutandis al derecho de rectificación. Efectivamente, conforme a la Propuesta, el derecho de rectificación presenta los mismos defectos que se describieron en relación con el derecho de acceso: la Propuesta no reconoce el derecho a rectificar como cuestión de principio general, sino que lo limita indebidamente al resumen de las alegaciones y al informe que sigue a una entrevista.

| 34. | El SEPD considera que la Propuesta debe reconocer el derecho de rectificación como derecho general, no parcial. Con este fin, el SEPD sugiere la inserción en la Propuesta de una disposición que reconozca la aplicación del derecho de rectificación. En especial, después de la frase «Toda persona implicada en una investigación tiene en todo momento derecho a acceder a los datos personales relacionados con ella que se recaben en el curso de la investigación»debe añadirse: «y a formular observaciones sobre si los datos personales son inexactos o incompletos». El SEPD recuerda que, aplicando el artículo 20 del Reglamento (CE) no 45/2001, la OLAF puede aún limitar el derecho de rectificación para salvaguardar la prevención, investigación, detección y procesamiento de infracciones penales. |
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34.

El SEPD considera que la Propuesta debe reconocer el derecho de rectificación como derecho general, no parcial. Con este fin, el SEPD sugiere la inserción en la Propuesta de una disposición que reconozca la aplicación del derecho de rectificación. En especial, después de la frase «Toda persona implicada en una investigación tiene en todo momento derecho a acceder a los datos personales relacionados con ella que se recaben en el curso de la investigación»debe añadirse: «y a formular observaciones sobre si los datos personales son inexactos o incompletos». El SEPD recuerda que, aplicando el artículo 20 del Reglamento (CE) no 45/2001, la OLAF puede aún limitar el derecho de rectificación para salvaguardar la prevención, investigación, detección y procesamiento de infracciones penales.

| 35. | El artículo 7bis, apartado 2, párrafo tercero, prevé la posibilidad de excluir la aplicación del derecho de acceso y de rectificación. Como se ha indicado en relación con la limitación del derecho a la información, tales limitaciones deberían ir acompañadas de las salvaguardias que se aplican en el contexto del artículo 20 del Reglamento (CE) no 45/2001. Con este fin, el SEPD sugiere que la limitación de la aplicación de tales derechos conforme a la Propuesta se vincule a una referencia expresa al artículo 20. |
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35.

El artículo 7bis, apartado 2, párrafo tercero, prevé la posibilidad de excluir la aplicación del derecho de acceso y de rectificación. Como se ha indicado en relación con la limitación del derecho a la información, tales limitaciones deberían ir acompañadas de las salvaguardias que se aplican en el contexto del artículo 20 del Reglamento (CE) no 45/2001. Con este fin, el SEPD sugiere que la limitación de la aplicación de tales derechos conforme a la Propuesta se vincule a una referencia expresa al artículo 20.

II. 1.e   Intercambios de información personal

| 36. | La Propuesta establece intercambios de datos personales dentro de las instituciones europeas y con las autoridades de los Estados miembros. De hecho, uno de los objetivos de la Propuesta es aumentar el intercambio de información entre la OLAF y las autoridades tanto al nivel de la UE como de los Estados miembros. |
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36.

La Propuesta establece intercambios de datos personales dentro de las instituciones europeas y con las autoridades de los Estados miembros. De hecho, uno de los objetivos de la Propuesta es aumentar el intercambio de información entre la OLAF y las autoridades tanto al nivel de la UE como de los Estados miembros.

| 37. | A este respecto, el SEPD querría subrayar que estos intercambios debían permitirse solamente en la medida en que sean necesarios para el caso específico, a fin de cumplir los objetivos de la investigación. Además, de conformidad con el artículo 7 del Reglamento (CE) no 45/2001, el SEPD recuerda que el destinatario de los datos los tratará solamente para los fines para los cuales se han transmitido. |
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37.

A este respecto, el SEPD querría subrayar que estos intercambios debían permitirse solamente en la medida en que sean necesarios para el caso específico, a fin de cumplir los objetivos de la investigación. Además, de conformidad con el artículo 7 del Reglamento (CE) no 45/2001, el SEPD recuerda que el destinatario de los datos los tratará solamente para los fines para los cuales se han transmitido.

| 38. | La Propuesta no contempla los intercambios de datos personales con terceros países, o la cooperación internacional. Sin embargo, en este contexto, cabe asumir que tal cooperación pueda tener lugar. A este respecto, el SEPD querría destacar que estos intercambios deberían permitirse solamente si el tercer país asegura un nivel adecuado de protección de los datos personales o si la transferencia se ve cubierta por una de las excepciones establecidas por el artículo 9, apartado 6, del Reglamento (CE) no 45/2001. Además, el SEPD recuerda que las mismas normas son aplicables a los intercambios de información entre la OLAF y las instituciones y organismos de la UE que no sean organismos comunitarios, como EUROPOL o EUROJUST. En estos casos, el SEPD espera que se apruebe la legislación apropiada que reconozca la suficiencia del marco de protección de datos que rige tales instituciones, con lo que se facilitaría la transferencia de información a las mismas en virtud del artículo 9, apartado 2, del Reglamento (CE) no 45/2001. Otra posibilidad sería aprobar nueva legislación por la que se considerara el régimen de protección de datos de las citadas instituciones como equivalente al de los organismos e instituciones comunitarios, en virtud del artículo 7 del Reglamento (CE) no 45/2001, que también surtiría el efecto de suprimir la restricción de transferencia de datos a aquellas instituciones. |
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38.

La Propuesta no contempla los intercambios de datos personales con terceros países, o la cooperación internacional. Sin embargo, en este contexto, cabe asumir que tal cooperación pueda tener lugar. A este respecto, el SEPD querría destacar que estos intercambios deberían permitirse solamente si el tercer país asegura un nivel adecuado de protección de los datos personales o si la transferencia se ve cubierta por una de las excepciones establecidas por el artículo 9, apartado 6, del Reglamento (CE) no 45/2001. Además, el SEPD recuerda que las mismas normas son aplicables a los intercambios de información entre la OLAF y las instituciones y organismos de la UE que no sean organismos comunitarios, como EUROPOL o EUROJUST. En estos casos, el SEPD espera que se apruebe la legislación apropiada que reconozca la suficiencia del marco de protección de datos que rige tales instituciones, con lo que se facilitaría la transferencia de información a las mismas en virtud del artículo 9, apartado 2, del Reglamento (CE) no 45/2001. Otra posibilidad sería aprobar nueva legislación por la que se considerara el régimen de protección de datos de las citadas instituciones como equivalente al de los organismos e instituciones comunitarios, en virtud del artículo 7 del Reglamento (CE) no 45/2001, que también surtiría el efecto de suprimir la restricción de transferencia de datos a aquellas instituciones.

II.1.f   Cumplimiento del Reglamento (CE) no 45/2001

| 39. | La Propuesta ha modificado el artículo 8, apartado 3, para incluir una referencia expresa a la aplicación del Reglamento (CE) no 45/2001. El SEPD acoge con satisfacción la modificación del artículo 8, apartado 3, en la medida en que confirma que siempre que la Propuesta no especifique cómo se aplican los requisitos de protección de datos en el contexto de investigaciones de la OLAF, se aplicará por defecto el Reglamento (CE) no 45/2001. |
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39.

La Propuesta ha modificado el artículo 8, apartado 3, para incluir una referencia expresa a la aplicación del Reglamento (CE) no 45/2001. El SEPD acoge con satisfacción la modificación del artículo 8, apartado 3, en la medida en que confirma que siempre que la Propuesta no especifique cómo se aplican los requisitos de protección de datos en el contexto de investigaciones de la OLAF, se aplicará por defecto el Reglamento (CE) no 45/2001.

| 40. | Sin embargo, el SEPD considera que el artículo 8, apartado 3, aislada, es decir, sin las modificaciones sugeridas en el presente dictamen, no es suficiente para asegurar un nivel de protección de los datos personales por lo menos equivalente al previsto en el Reglamento (CE) no 45/2001. El artículo 8, apartado 3, por sí mismo no es bastante porque podría interpretarse que sólo es pertinente siempre que la Propuesta no especifique cómo se aplican los requisitos de protección de datos en el contexto de las investigaciones de la OLAF. Sin embargo, cuando la Propuesta sí especifique la aplicación de los requisitos de protección de datos y lo haga estableciendo un régimen menos protector, podría entonces considerarse que dicho régimen insatisfactorio prevalecería sobre la protección general de los datos contenida en el Reglamento (CE) no 45/2001. Las modificaciones específicas sugeridas en la presente Opinión pretenden evitar el riesgo de dicha interpretación. |
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40.

Sin embargo, el SEPD considera que el artículo 8, apartado 3, aislada, es decir, sin las modificaciones sugeridas en el presente dictamen, no es suficiente para asegurar un nivel de protección de los datos personales por lo menos equivalente al previsto en el Reglamento (CE) no 45/2001. El artículo 8, apartado 3, por sí mismo no es bastante porque podría interpretarse que sólo es pertinente siempre que la Propuesta no especifique cómo se aplican los requisitos de protección de datos en el contexto de las investigaciones de la OLAF. Sin embargo, cuando la Propuesta sí especifique la aplicación de los requisitos de protección de datos y lo haga estableciendo un régimen menos protector, podría entonces considerarse que dicho régimen insatisfactorio prevalecería sobre la protección general de los datos contenida en el Reglamento (CE) no 45/2001. Las modificaciones específicas sugeridas en la presente Opinión pretenden evitar el riesgo de dicha interpretación.

III.   CONSIDERACIONES ADICIONALES

III. 1.   Protección de los denunciantes de irregularidades

| 41. | El SEPD está completamente de acuerdo con la Propuesta en que, en aras de una mayor transparencia, es necesario asegurar un grado adecuado de información para los denunciantes de irregularidades, y acoge con satisfacción la obligación que contiene la Propuesta de facilitar a los informadores información sobre si se abre o no una investigación. |
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41.

El SEPD está completamente de acuerdo con la Propuesta en que, en aras de una mayor transparencia, es necesario asegurar un grado adecuado de información para los denunciantes de irregularidades, y acoge con satisfacción la obligación que contiene la Propuesta de facilitar a los informadores información sobre si se abre o no una investigación.

| 42. | El SEPD recomienda que se respete la confidencialidad de la identidad de los denunciantes de irregularidades durante las investigaciones de la OLAF y en las etapas posteriores. Con este fin, el SEPD es de la opinión de que sería preciso que esta Propuesta incluyera un nuevo apartado que garantice la confidencialidad de los denunciantes de irregularidades. Las actuales garantías (Comunicación de la Comisión SEC/2004/151/2) no parecen suficientes desde un punto de vista jurídico. El SEPD observa que tal disposición estaría en consonancia con el dictamen del Grupo «Protección de Datos »del artículo 29, que se ocupa de la aplicación de las normas de protección de datos de la UE a los regímenes internos de denuncia de irregularidades (8). |
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42.

El SEPD recomienda que se respete la confidencialidad de la identidad de los denunciantes de irregularidades durante las investigaciones de la OLAF y en las etapas posteriores. Con este fin, el SEPD es de la opinión de que sería preciso que esta Propuesta incluyera un nuevo apartado que garantice la confidencialidad de los denunciantes de irregularidades. Las actuales garantías (Comunicación de la Comisión SEC/2004/151/2) no parecen suficientes desde un punto de vista jurídico. El SEPD observa que tal disposición estaría en consonancia con el dictamen del Grupo «Protección de Datos »del artículo 29, que se ocupa de la aplicación de las normas de protección de datos de la UE a los regímenes internos de denuncia de irregularidades (8).

IV.   CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

| 43. | El SEPD acoge con satisfacción esta Propuesta en la medida en que hace más explícitas las garantías procesales de los individuos afectados por las investigaciones de la OLAF, incluida la protección de los datos personales de dichos individuos. |
| --- | --- |

43.

El SEPD acoge con satisfacción esta Propuesta en la medida en que hace más explícitas las garantías procesales de los individuos afectados por las investigaciones de la OLAF, incluida la protección de los datos personales de dichos individuos.

| 44. | Desde la perspectiva de la protección de los derechos de las personas a la protección de sus datos personales y a su intimidad, el SEPD considera que la Propuesta contiene en general mejoras respecto del marco jurídico actual. Entre las mejoras cabe citar el artículo 7bis, apartado 2, párrafo primero, y el artículo 8bis, en la medida en que contribuyen al respeto del derecho a la información, así como el artículo 7bis, apartado 2, párrafo segundo, y apartado 3, que confirma la aplicación del derecho parcial de acceso y de rectificación en el contexto de las investigaciones de la OLAF. |
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44.

Desde la perspectiva de la protección de los derechos de las personas a la protección de sus datos personales y a su intimidad, el SEPD considera que la Propuesta contiene en general mejoras respecto del marco jurídico actual. Entre las mejoras cabe citar el artículo 7bis, apartado 2, párrafo primero, y el artículo 8bis, en la medida en que contribuyen al respeto del derecho a la información, así como el artículo 7bis, apartado 2, párrafo segundo, y apartado 3, que confirma la aplicación del derecho parcial de acceso y de rectificación en el contexto de las investigaciones de la OLAF.

| 45. | Además, el SEPD acoge con satisfacción que la Propuesta reconozca que el Reglamento (CE) no 45/2001 se aplica a todas las actividades de tratamiento de datos llevadas a cabo en el contexto de las investigaciones de la OLAF, pues contribuirá a garantizar una aplicación coherente y homogénea de las normas relativas a la protección de los derechos fundamentales y la libertades de las personas por lo que se refiere al tratamiento de la información personal. |
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45.

Además, el SEPD acoge con satisfacción que la Propuesta reconozca que el Reglamento (CE) no 45/2001 se aplica a todas las actividades de tratamiento de datos llevadas a cabo en el contexto de las investigaciones de la OLAF, pues contribuirá a garantizar una aplicación coherente y homogénea de las normas relativas a la protección de los derechos fundamentales y la libertades de las personas por lo que se refiere al tratamiento de la información personal.

| 46. | Aunque el SEPD valora las modificaciones encaminadas a reforzar los derechos procesales y de protección de los datos expuestos más arriba, ve con preocupación el hecho de que la mayoría de las modificaciones propuestas no alcanzan las normas mínimas de protección de datos contenidas en el Reglamento (CE) no 45/2001. El SEPD teme que, si se pudiera considerar que la Propuesta prevalece sobre la aplicación del marco general de protección de datos establecido por el Reglamento (CE) no 45/2001, esto implicaría una mitigación inaceptable de las normas de protección de datos en el contexto de las investigaciones de la OLAF. En opinión del SEPD, esto es particularmente preocupante habida cuenta del carácter delicado de los datos que pueden recabarse en el marco de las investigaciones de la OLAF. Para no llegar a ello, el SEPD pide al legislador comunitario que tenga en cuenta los siguientes problemas e introduzca en la Propuesta las modificaciones correspondientes, a fin de resolverlos: |
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46.

Aunque el SEPD valora las modificaciones encaminadas a reforzar los derechos procesales y de protección de los datos expuestos más arriba, ve con preocupación el hecho de que la mayoría de las modificaciones propuestas no alcanzan las normas mínimas de protección de datos contenidas en el Reglamento (CE) no 45/2001. El SEPD teme que, si se pudiera considerar que la Propuesta prevalece sobre la aplicación del marco general de protección de datos establecido por el Reglamento (CE) no 45/2001, esto implicaría una mitigación inaceptable de las normas de protección de datos en el contexto de las investigaciones de la OLAF. En opinión del SEPD, esto es particularmente preocupante habida cuenta del carácter delicado de los datos que pueden recabarse en el marco de las investigaciones de la OLAF. Para no llegar a ello, el SEPD pide al legislador comunitario que tenga en cuenta los siguientes problemas e introduzca en la Propuesta las modificaciones correspondientes, a fin de resolverlos:

| 47. | Deficiencias relativas al derecho a la información en el contexto de las investigaciones de la OLAF:
  Informar a los individuos para garantizar un proceso justo constituye una salvaguardia imprescindible que no debe ponerse indebidamente en peligro, como hace la Propuesta. Para evitarlo, la Propuesta debe modificarse del siguiente modo:






  (i) | El artículo 7bis, apartado 2, párrafo primero, y el artículo 8bis deberían incluir una referencia explícita a los artículos 11 y 12 del Reglamento (CE) no 45/2001 para garantizar un proceso justo. |
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47.

Informar a los individuos para garantizar un proceso justo constituye una salvaguardia imprescindible que no debe ponerse indebidamente en peligro, como hace la Propuesta. Para evitarlo, la Propuesta debe modificarse del siguiente modo:

(i)

El artículo 7bis, apartado 2, párrafo primero, y el artículo 8bis deberían incluir una referencia explícita a los artículos 11 y 12 del Reglamento (CE) no 45/2001 para garantizar un proceso justo.

| (ii) | La limitación del derecho a la información del artículo 7bis, apartado 2, párrafo primero, y del artículo 8bis, párrafo segundo, debería vincularse a las salvaguardias del artículo 20 del Reglamento (CE) no 45/2001. |
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(ii)

La limitación del derecho a la información del artículo 7bis, apartado 2, párrafo primero, y del artículo 8bis, párrafo segundo, debería vincularse a las salvaguardias del artículo 20 del Reglamento (CE) no 45/2001.

| 48. | Deficiencias relativas al derecho de acceso en el contexto de las investigaciones de la OLAF:
  Proporcionar el acceso a la información personal de modo que los individuos puedan conocer si se están tratando los datos referentes a ellos constituye un pilar básico para el respeto de los datos personales. Para asegurar el derecho de acceso efectivo, la Propuesta debe modificarse del siguiente modo:






  (i) | Debería añadirse una nueva disposición que reconozca como principio general el derecho de acceso a la información personal recabada en el contexto de las investigaciones de la OLAF, que podría insertarse entre los párrafos primero y segundo del artículo 7bis, apartado 2. Esta disposición podría redactarse del siguiente modo: «Toda persona implicada en una investigación tiene derecho a acceder a los datos personales relacionados con ella que se recaben en el curso de la investigación. Dicho derecho puede estar sujeto a las limitaciones previstas en el artículo 20 del Reglamento (CE) no 45/2001». |
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48.

Proporcionar el acceso a la información personal de modo que los individuos puedan conocer si se están tratando los datos referentes a ellos constituye un pilar básico para el respeto de los datos personales. Para asegurar el derecho de acceso efectivo, la Propuesta debe modificarse del siguiente modo:

(i)

Debería añadirse una nueva disposición que reconozca como principio general el derecho de acceso a la información personal recabada en el contexto de las investigaciones de la OLAF, que podría insertarse entre los párrafos primero y segundo del artículo 7bis, apartado 2. Esta disposición podría redactarse del siguiente modo: «Toda persona implicada en una investigación tiene derecho a acceder a los datos personales relacionados con ella que se recaben en el curso de la investigación. Dicho derecho puede estar sujeto a las limitaciones previstas en el artículo 20 del Reglamento (CE) no 45/2001».

| 49. | Deficiencias relativas al derecho de rectificación en el contexto de las investigaciones de la OLAF:
  El derecho a rectificar la información inexacta o incompleta es una consecuencia natural del derecho de acceso a la información personal y, como tal, constituye una piedra angular de la protección del derecho a los datos personales. Las restricciones al derecho de rectificación deberían contemplarse únicamente en la medida en que lo permita el Reglamento (CE) no 45/2001. La Propuesta contiene restricciones adicionales que deben evitarse del siguiente modo:






  (i) | Debería añadirse una disposición que declare que los sospechosos tienen un derecho general a dar a conocer sus opiniones en relación con cualquier información que haga referencia a ellos, salvo si se aplica una excepción en virtud del artículo 20 de del Reglamento (CE) no 45/2001. En especial, después de declarar que cualquier persona implicada en una investigación tiene «en todo momento derecho a acceder a los datos personales relacionados con ella que se recaben en el curso de la investigación», debe añadirse que un individuo tiene el consiguiente derecho «a formular observaciones sobre si los datos personales son inexactos o incompletos». |
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49.

El derecho a rectificar la información inexacta o incompleta es una consecuencia natural del derecho de acceso a la información personal y, como tal, constituye una piedra angular de la protección del derecho a los datos personales. Las restricciones al derecho de rectificación deberían contemplarse únicamente en la medida en que lo permita el Reglamento (CE) no 45/2001. La Propuesta contiene restricciones adicionales que deben evitarse del siguiente modo:

(i)

Debería añadirse una disposición que declare que los sospechosos tienen un derecho general a dar a conocer sus opiniones en relación con cualquier información que haga referencia a ellos, salvo si se aplica una excepción en virtud del artículo 20 de del Reglamento (CE) no 45/2001. En especial, después de declarar que cualquier persona implicada en una investigación tiene «en todo momento derecho a acceder a los datos personales relacionados con ella que se recaben en el curso de la investigación», debe añadirse que un individuo tiene el consiguiente derecho «a formular observaciones sobre si los datos personales son inexactos o incompletos».

| (ii) | El SEPD sugiere que la limitación del derecho del acceso y de rectificación prevista en el artículo 7bis, apartado 2, párrafo tercero, se vincule a las garantías del artículo 20 del Reglamento (CE) no 45/2001. |
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(ii)

El SEPD sugiere que la limitación del derecho del acceso y de rectificación prevista en el artículo 7bis, apartado 2, párrafo tercero, se vincule a las garantías del artículo 20 del Reglamento (CE) no 45/2001.

| 50. | Además de lo mencionado, el SEPD opina que sería adecuado que la Propuesta incluyera un nuevo párrafo que garantice la confidencialidad de los denunciantes de irregularidades. |
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50.

Además de lo mencionado, el SEPD opina que sería adecuado que la Propuesta incluyera un nuevo párrafo que garantice la confidencialidad de los denunciantes de irregularidades.

Hecho en Bruselas, el 27 de octubre de 2006.

Peter HUSTINX

Supervisor Europeo de Protección de Datos

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(1)  DO L 281 de 23.11.1995, p. 31.

1

(2)  DO L 8 de 12.1.2001, p. 1.

2

(3)  DO L 136 de 31.5.1999, p. 1.

3

(4)  La Propuesta modifica los artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, y 15.

4

(5)  DO L 136 de 31.5.1999, p. 8.

5

(6)  Parte de los problemas que intenta solucionar la Propuesta fueron suscitados en el pasado por el Tribunal de Cuentas, el Parlamento Europeo y la propia evaluación que hizo la OLAF de las actividades de la Oficina.

6

(7)  La Propuesta establece un grupo de medidas para asegurarse de que los flujos de información van en todas las direcciones: de OLAF a las instituciones y los Estados miembros y viceversa.

7

(8)  Dictamen 1/2006 sobre la aplicación de la protección de normas de la UE sobre protección de datos a los regímenes internos en los ámbitos de la contabilidad, las auditorías contables internas, los asuntos de auditoria, la lucha contra el soborno, las actividades bancarias y el delito financiero (00195/06/EN WP 117).

8

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| 26.4.2007 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 91/9 |
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26.4.2007

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 91/9

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Segundo dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la propuesta de Decisión marco del Consejo relativa a la protección de datos personales tratados en el marco de la cooperación policial y judicial en materia penal

(2007/C 91/02)

EL SUPERVISOR EUROPEO DE PROTECCIÓN DE DATOS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular su artículo 286,

Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y en particular su artículo 8,

Vista la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (1),

Visto el Reglamento (CE) no 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos (2), y en particular su artículo 41,

HA ADOPTADO EL SIGUIENTE DICTAMEN:

| 1. | El 19 de diciembre de 2005, el Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD) formuló un dictamen (3) sobre la propuesta de Decisión marco del Consejo relativa a la protección de datos personales tratados en el marco de la cooperación policial y judicial en materia penal que había presentado la Comisión. En dicho dictamen, destacó la importancia de la propuesta por considerar que constituye un instrumento eficaz para la protección de los datos personales en el ámbito regulado por el Título VI del Tratado de la UE. Semejante instrumento no sólo debe respetar los principios de la protección de datos establecidos en el Conveniono 108 del Consejo de Europa (4) y, más concretamente, de la Directiva 95/46/CE, sino proporcionar además un cuerpo adicional de normas que tengan en cuenta la especificidad del ámbito policial y judicial. El SEPD considera esencial que la Decisión marco abarque todos los aspectos del tratamiento de datos policiales y judiciales, incluso los que no hayan sido transmitidos o facilitados por las autoridades competentes de otros Estados miembros. La coherencia de la protección de los datos personales es esencial, con independencia del lugar de su tratamiento, del ente que lo realice o de la finalidad para la cual se traten los datos. El SEPD ha formulado varias propuestas para mejorar el nivel de protección. |
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1.

El 19 de diciembre de 2005, el Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD) formuló un dictamen (3) sobre la propuesta de Decisión marco del Consejo relativa a la protección de datos personales tratados en el marco de la cooperación policial y judicial en materia penal que había presentado la Comisión. En dicho dictamen, destacó la importancia de la propuesta por considerar que constituye un instrumento eficaz para la protección de los datos personales en el ámbito regulado por el Título VI del Tratado de la UE. Semejante instrumento no sólo debe respetar los principios de la protección de datos establecidos en el Conveniono 108 del Consejo de Europa (4) y, más concretamente, de la Directiva 95/46/CE, sino proporcionar además un cuerpo adicional de normas que tengan en cuenta la especificidad del ámbito policial y judicial. El SEPD considera esencial que la Decisión marco abarque todos los aspectos del tratamiento de datos policiales y judiciales, incluso los que no hayan sido transmitidos o facilitados por las autoridades competentes de otros Estados miembros. La coherencia de la protección de los datos personales es esencial, con independencia del lugar de su tratamiento, del ente que lo realice o de la finalidad para la cual se traten los datos. El SEPD ha formulado varias propuestas para mejorar el nivel de protección.

| 2. | El 27 de septiembre de 2006, el Parlamento Europeo adoptó una resolución legislativa sobre la propuesta de la Comisión que, en términos generales, iba en el mismo sentido que el dictamen del SEPD, a saber: apoyo global a la propuesta y enmiendas encaminadas a mejorar el grado de protección ofrecido por la Decisión marco. |
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2.

El 27 de septiembre de 2006, el Parlamento Europeo adoptó una resolución legislativa sobre la propuesta de la Comisión que, en términos generales, iba en el mismo sentido que el dictamen del SEPD, a saber: apoyo global a la propuesta y enmiendas encaminadas a mejorar el grado de protección ofrecido por la Decisión marco.

| 3. | La propuesta de la Comisión está siendo debatida en la actualidad por el Consejo que, al parecer (5), está progresando en sus trabajos y modificando elementos esenciales del texto de la propuesta. La Presidencia del Consejo está haciendo un gran esfuerzo por imprimir mayor impulso a esta labor, y pretende alcanzar una orientación común sobre los elementos principales de la propuesta a más tardar en diciembre de 2006. |
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3.

La propuesta de la Comisión está siendo debatida en la actualidad por el Consejo que, al parecer (5), está progresando en sus trabajos y modificando elementos esenciales del texto de la propuesta. La Presidencia del Consejo está haciendo un gran esfuerzo por imprimir mayor impulso a esta labor, y pretende alcanzar una orientación común sobre los elementos principales de la propuesta a más tardar en diciembre de 2006.

| 4. | El SEPD se congratula de que el Consejo esté prestando gran atención a esta importante propuesta. Sin embargo, está preocupado por la forma en que está evolucionando este expediente. Los textos que está debatiendo el Consejo no incorporan las enmiendas propuestas por el Parlamento Europeo ni los dictámenes del SEPD y de la Conferencia de las autoridades europeas de protección de datos. Antes bien, en un número no desdeñable de casos, se han suprimido o debilitado considerablemente disposiciones de la propuesta de la Comisión que ofrecían garantías a los ciudadanos. Como consecuencia de ello, existe un riesgo importante de que el nivel de protección resultante de esta propuesta sea inferior al garantizado por la Directiva 95/46/CE, e incluso por el Convenio no108 del Consejo de Europa, cuya formulación es aún más general y que es vinculante para los Estados miembros. |
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4.

El SEPD se congratula de que el Consejo esté prestando gran atención a esta importante propuesta. Sin embargo, está preocupado por la forma en que está evolucionando este expediente. Los textos que está debatiendo el Consejo no incorporan las enmiendas propuestas por el Parlamento Europeo ni los dictámenes del SEPD y de la Conferencia de las autoridades europeas de protección de datos. Antes bien, en un número no desdeñable de casos, se han suprimido o debilitado considerablemente disposiciones de la propuesta de la Comisión que ofrecían garantías a los ciudadanos. Como consecuencia de ello, existe un riesgo importante de que el nivel de protección resultante de esta propuesta sea inferior al garantizado por la Directiva 95/46/CE, e incluso por el Convenio no108 del Consejo de Europa, cuya formulación es aún más general y que es vinculante para los Estados miembros.

| 5. | El SEPD observa también que la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo ha expresado recientemente su preocupación por la orientación que está siguiendo el Consejo en lo que respecta a esta propuesta de Decisión marco. |
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5.

El SEPD observa también que la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo ha expresado recientemente su preocupación por la orientación que está siguiendo el Consejo en lo que respecta a esta propuesta de Decisión marco.

| 6. | Las razones indicadas han llevado al SEPD a emitir este segundo dictamen, que se centra en algunos elementos esenciales, sin repetir todos los argumentos del dictamen de diciembre de 2005, que siguen siendo plenamente válidos. |
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6.

Las razones indicadas han llevado al SEPD a emitir este segundo dictamen, que se centra en algunos elementos esenciales, sin repetir todos los argumentos del dictamen de diciembre de 2005, que siguen siendo plenamente válidos.

Problema general

| 7. | En el espacio de libertad, seguridad y justicia que se está desarrollando, el intercambio de información policial y judicial entre los Estados miembros está adquiriendo cada vez más importancia. Se han propuesto o adoptado diversos instrumentos jurídicos encaminados a facilitar este intercambio de información. El SEPD destaca, una vez más, que se necesita en este contexto un marco jurídico sólido que proteja a la persona a la que se refieren los datos («el interesado») y garantice el respeto de los derechos fundamentales del ciudadano. La presente (propuesta de) Decisión marco guarda una relación directa con las propuestas encaminadas a facilitar ese intercambio de información. |
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7.

En el espacio de libertad, seguridad y justicia que se está desarrollando, el intercambio de información policial y judicial entre los Estados miembros está adquiriendo cada vez más importancia. Se han propuesto o adoptado diversos instrumentos jurídicos encaminados a facilitar este intercambio de información. El SEPD destaca, una vez más, que se necesita en este contexto un marco jurídico sólido que proteja a la persona a la que se refieren los datos («el interesado») y garantice el respeto de los derechos fundamentales del ciudadano. La presente (propuesta de) Decisión marco guarda una relación directa con las propuestas encaminadas a facilitar ese intercambio de información.

| 8. | Aunque el SEPD reconoce la importancia de que el Consejo adopte la Decisión marco lo antes posible, advierte de que la rapidez del proceso decisorio no debe ir en detrimento del nivel de protección. Los textos que el Consejo está debatiendo en la actualidad suscitan dudas en cuanto a la idoneidad del resultado final, que debe garantizar al ciudadano una protección eficaz. En la situación actual, el objetivo de rapidez podría dar lugar a que disposiciones posiblemente controvertidas queden suprimidas o rebajadas. La falta de tiempo para alcanzar un consenso sobre este tipo de disposiciones podría comprometer la calidad de la Decisión marco. |
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8.

Aunque el SEPD reconoce la importancia de que el Consejo adopte la Decisión marco lo antes posible, advierte de que la rapidez del proceso decisorio no debe ir en detrimento del nivel de protección. Los textos que el Consejo está debatiendo en la actualidad suscitan dudas en cuanto a la idoneidad del resultado final, que debe garantizar al ciudadano una protección eficaz. En la situación actual, el objetivo de rapidez podría dar lugar a que disposiciones posiblemente controvertidas queden suprimidas o rebajadas. La falta de tiempo para alcanzar un consenso sobre este tipo de disposiciones podría comprometer la calidad de la Decisión marco.

| 9. | Así las cosas, el SEPD recomienda que el Consejo prolongue las negociaciones para alcanzar un resultado que garantice una protección suficiente. |
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9.

Así las cosas, el SEPD recomienda que el Consejo prolongue las negociaciones para alcanzar un resultado que garantice una protección suficiente.

Aplicabilidad al tratamiento de datos a escala nacional

| 10. | Éste era uno de los elementos esenciales del dictamen de 2005 y ha sido objeto de intensos debates desde entonces. Las normas comunes de protección de datos deben aplicarse a todos los datos tratados en el ámbito de la cooperación policial y judicial, y no limitarse a los intercambios transfronterizos entre Estados miembros. Si se establece un ámbito de aplicación más limitado no se podrá ofrecer la protección adecuada, tal como exige el artículo 30.1.b) del Tratado de la UE. Este aspecto ha sido destacado en varias ocasiones, no sólo por el SEPD sino también por otras partes interesadas. |
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10.

Éste era uno de los elementos esenciales del dictamen de 2005 y ha sido objeto de intensos debates desde entonces. Las normas comunes de protección de datos deben aplicarse a todos los datos tratados en el ámbito de la cooperación policial y judicial, y no limitarse a los intercambios transfronterizos entre Estados miembros. Si se establece un ámbito de aplicación más limitado no se podrá ofrecer la protección adecuada, tal como exige el artículo 30.1.b) del Tratado de la UE. Este aspecto ha sido destacado en varias ocasiones, no sólo por el SEPD sino también por otras partes interesadas.

| 11. | En su dictamen de diciembre de 2005, el SEPD indicó que restringir la Decisión marco a los datos que se intercambian con otros Estados miembros redundaría en que su ámbito de aplicación resultase especialmente inseguro e incierto, lo que se opondría a su objetivo esencial. En el momento en que se recopilan o procesan los datos personales, no se sabe si más adelante serán o no objeto de intercambio con las autoridades competentes de otros Estados miembros. |
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11.

En su dictamen de diciembre de 2005, el SEPD indicó que restringir la Decisión marco a los datos que se intercambian con otros Estados miembros redundaría en que su ámbito de aplicación resultase especialmente inseguro e incierto, lo que se opondría a su objetivo esencial. En el momento en que se recopilan o procesan los datos personales, no se sabe si más adelante serán o no objeto de intercambio con las autoridades competentes de otros Estados miembros.

| 12. | Por esta razón, un ámbito de aplicación más restringido sería inviable y obligaría a establecer distinciones difíciles y de gran precisión entre las bases de datos de las autoridades policiales, lo cual sólo añadiría para éstas un elemento de complejidad y de coste, además de perjudicar a la seguridad jurídica de las personas. |
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12.

Por esta razón, un ámbito de aplicación más restringido sería inviable y obligaría a establecer distinciones difíciles y de gran precisión entre las bases de datos de las autoridades policiales, lo cual sólo añadiría para éstas un elemento de complejidad y de coste, además de perjudicar a la seguridad jurídica de las personas.

| 13. | Dos ejemplos ilustran estas consecuencias. En primer lugar, un factor que aumentaría la complejidad y el coste es el hecho de que los expedientes penales se componen con frecuencia de datos que proceden de diferentes autoridades. Si se limita el ámbito de aplicación, ciertas partes de estos expedientes mixtos -las que contienen datos procedentes de autoridades de otros Estados miembros- quedarían protegidas por la Decisión marco, pero no así otras. En segundo lugar, semejante limitación mermaría la seguridad jurídica de las personas ya que, con un ámbito de aplicación más restringido, la Decisión marco no se aplicaría a los datos procedentes de terceros países que no hayan sido objeto de intercambios entre los Estados miembros. Resulta claro que el tratamiento de tales datos entraña riesgos específicos para el interesado si no existe obligación legal, por ejemplo, de comprobar su fiabilidad. Estaríamos en ese caso si un Estado miembro utilizase a efectos policiales las listas de «viajeros no admisibles »de terceros países. |
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13.

Dos ejemplos ilustran estas consecuencias. En primer lugar, un factor que aumentaría la complejidad y el coste es el hecho de que los expedientes penales se componen con frecuencia de datos que proceden de diferentes autoridades. Si se limita el ámbito de aplicación, ciertas partes de estos expedientes mixtos -las que contienen datos procedentes de autoridades de otros Estados miembros- quedarían protegidas por la Decisión marco, pero no así otras. En segundo lugar, semejante limitación mermaría la seguridad jurídica de las personas ya que, con un ámbito de aplicación más restringido, la Decisión marco no se aplicaría a los datos procedentes de terceros países que no hayan sido objeto de intercambios entre los Estados miembros. Resulta claro que el tratamiento de tales datos entraña riesgos específicos para el interesado si no existe obligación legal, por ejemplo, de comprobar su fiabilidad. Estaríamos en ese caso si un Estado miembro utilizase a efectos policiales las listas de «viajeros no admisibles »de terceros países.

| 14. | El SEPD insiste en que es necesario un alto grado de protección de datos en el ámbito de la cooperación policial y judicial, donde el tratamiento de datos personales plantea, por su propia naturaleza, riesgos específicos para el ciudadano, como se ha reconocido por ejemplo en el artículo 30.1.b) del Tratado de la UE. Por otra parte, la existencia de diferencias sustanciales en materia de protección de datos entre el primer y el tercer pilar no sólo afectaría al derecho del ciudadano a la protección de sus datos personales, sino también a la eficiencia de la labor policial y a la confianza mutua entre Estados miembros. |
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14.

El SEPD insiste en que es necesario un alto grado de protección de datos en el ámbito de la cooperación policial y judicial, donde el tratamiento de datos personales plantea, por su propia naturaleza, riesgos específicos para el ciudadano, como se ha reconocido por ejemplo en el artículo 30.1.b) del Tratado de la UE. Por otra parte, la existencia de diferencias sustanciales en materia de protección de datos entre el primer y el tercer pilar no sólo afectaría al derecho del ciudadano a la protección de sus datos personales, sino también a la eficiencia de la labor policial y a la confianza mutua entre Estados miembros.

| 15. | La propuesta persigue esos dos objetivos. Por una parte, debe proporcionar al ciudadano garantías frente al uso abusivo de sus datos personales. Al ciudadano afectado poco le importa si los datos sobre su persona son objeto de tratamiento en el contexto de un intercambio entre Estados miembros o en un contexto puramente nacional. Por otra parte, la propuesta debe contribuir a la confianza mutua entre los Estados miembros, condición indispensable para que el intercambio de información se efectúe adecuadamente. La aplicación de normas comunes al tratamiento de datos facilitará la aceptación de los datos intercambiados entre Estados miembros. |
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15.

La propuesta persigue esos dos objetivos. Por una parte, debe proporcionar al ciudadano garantías frente al uso abusivo de sus datos personales. Al ciudadano afectado poco le importa si los datos sobre su persona son objeto de tratamiento en el contexto de un intercambio entre Estados miembros o en un contexto puramente nacional. Por otra parte, la propuesta debe contribuir a la confianza mutua entre los Estados miembros, condición indispensable para que el intercambio de información se efectúe adecuadamente. La aplicación de normas comunes al tratamiento de datos facilitará la aceptación de los datos intercambiados entre Estados miembros.

| 16. | El SEPD advierte que limitar el ámbito de aplicación de la Decisión marco a los datos que son objeto de intercambio no garantizaría plenamente la consolidación de un entorno de confianza entre las autoridades de los Estados miembros. Por otra parte, un texto limitado no protegería al ciudadano adecuadamente. En tales circunstancias, la Decisión marco dejaría de ofrecer al ciudadano garantías suficientes frente a una posible utilización abusiva de sus datos por parte de las autoridades públicas. A juicio del SEPD, esta «función protectora »de la legislación es esencial, aunque sólo sea para garantizar que la Unión Europea respete los derechos fundamentales conforme al artículo 6 del Tratado de la UE. |
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16.

El SEPD advierte que limitar el ámbito de aplicación de la Decisión marco a los datos que son objeto de intercambio no garantizaría plenamente la consolidación de un entorno de confianza entre las autoridades de los Estados miembros. Por otra parte, un texto limitado no protegería al ciudadano adecuadamente. En tales circunstancias, la Decisión marco dejaría de ofrecer al ciudadano garantías suficientes frente a una posible utilización abusiva de sus datos por parte de las autoridades públicas. A juicio del SEPD, esta «función protectora »de la legislación es esencial, aunque sólo sea para garantizar que la Unión Europea respete los derechos fundamentales conforme al artículo 6 del Tratado de la UE.

| 17. | Puede aducirse, por último, un argumento estratégico en favor de una Decisión marco aplicable a todas las formas de tratamiento. Como han demostrado las recientes negociaciones con Estados Unidos para un nuevo acuerdo sobre el tratamiento y transferencia de los datos de los pasajeros de las compañías aéreas (6), la existencia de una legislación firme en la UE que proteja al ciudadano en todas las situaciones internas a la Unión fortalecería también la posición de ésta en sus negociaciones con terceros países. De no existir semejante legislación, resultaría difícil insistir en supeditar la transmisión de datos personales a un nivel adecuado de protección en terceros países. |
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17.

Puede aducirse, por último, un argumento estratégico en favor de una Decisión marco aplicable a todas las formas de tratamiento. Como han demostrado las recientes negociaciones con Estados Unidos para un nuevo acuerdo sobre el tratamiento y transferencia de los datos de los pasajeros de las compañías aéreas (6), la existencia de una legislación firme en la UE que proteja al ciudadano en todas las situaciones internas a la Unión fortalecería también la posición de ésta en sus negociaciones con terceros países. De no existir semejante legislación, resultaría difícil insistir en supeditar la transmisión de datos personales a un nivel adecuado de protección en terceros países.

Otras cuestiones

| 18. | Énfasis en la calidad de los datos. El artículo 4 de la propuesta de la Comisión no sólo recoge los principios mas relevantes relativos a la calidad de los datos de la Directiva 95/46/CE sino que contiene además algunas normas específicas. Establece una distinción entre los diferentes tipos de personas a las que pueden referirse los datos (personas sospechosas, condenadas, víctimas, testigos, etc.). Los datos relativos a estas personas deben ser objeto de un tratamiento diferenciado, con garantías específicas, especialmente en el caso de las personas sobre las cuales no recae ninguna sospecha. Contiene además disposiciones que obligan a los Estados miembros a establecer distinciones entre los datos según su exactitud y su grado de fiabilidad. Se trata de una disposición importante, pues las autoridades policiales emplean también datos no verificados, basados en presunciones y no necesariamente en hechos. El SEPD considera que estas disposiciones son garantías esenciales, que no deben suprimirse de la propuesta ni hacerse optativas. |
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18.

Énfasis en la calidad de los datos. El artículo 4 de la propuesta de la Comisión no sólo recoge los principios mas relevantes relativos a la calidad de los datos de la Directiva 95/46/CE sino que contiene además algunas normas específicas. Establece una distinción entre los diferentes tipos de personas a las que pueden referirse los datos (personas sospechosas, condenadas, víctimas, testigos, etc.). Los datos relativos a estas personas deben ser objeto de un tratamiento diferenciado, con garantías específicas, especialmente en el caso de las personas sobre las cuales no recae ninguna sospecha. Contiene además disposiciones que obligan a los Estados miembros a establecer distinciones entre los datos según su exactitud y su grado de fiabilidad. Se trata de una disposición importante, pues las autoridades policiales emplean también datos no verificados, basados en presunciones y no necesariamente en hechos. El SEPD considera que estas disposiciones son garantías esenciales, que no deben suprimirse de la propuesta ni hacerse optativas.

| 19. | Tratamiento de datos y limitación de los fines del tratamiento. En su dictamen de diciembre de 2005, el SEPD analizó la necesidad de mejorar las disposiciones relativas a la utilización posterior de datos recopilados por una autoridad para un fin específico. La cuestión que inquieta ahora al SEPD por lo que respecta al artículo 5 guarda relación sobre todo con su opinión de que, si bien es necesario autorizar el tratamiento (ulterior) de datos para fines más amplios, la legislación debe supeditar ese tratamiento a condiciones estrictas con el fin de proteger al interesado. El SEPD considera aventurado optar por soluciones que dejen esta cuestión a la discreción de la legislación nacional o que no limiten las condiciones del tratamiento ulterior de conformidad con la Directiva 95/46/CE y con el Convenio no 108 del Consejo de Europa (7). El tratamiento de categorías especiales de datos, por su parte, se regula en la Directiva 95/46/CE y en el Convenio no 108 estableciendo una prohibición general con excepciones (8). El SEPD teme que en la Decisión marco se suprima la prohibición general y que, por ende, la excepción se convierta en la regla. Semejante solución no sólo sería incompatible con la Directiva 95/46/CE sino que tampoco se ajustaría al Convenio n.o 108. |
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19.

Tratamiento de datos y limitación de los fines del tratamiento. En su dictamen de diciembre de 2005, el SEPD analizó la necesidad de mejorar las disposiciones relativas a la utilización posterior de datos recopilados por una autoridad para un fin específico. La cuestión que inquieta ahora al SEPD por lo que respecta al artículo 5 guarda relación sobre todo con su opinión de que, si bien es necesario autorizar el tratamiento (ulterior) de datos para fines más amplios, la legislación debe supeditar ese tratamiento a condiciones estrictas con el fin de proteger al interesado. El SEPD considera aventurado optar por soluciones que dejen esta cuestión a la discreción de la legislación nacional o que no limiten las condiciones del tratamiento ulterior de conformidad con la Directiva 95/46/CE y con el Convenio no 108 del Consejo de Europa (7). El tratamiento de categorías especiales de datos, por su parte, se regula en la Directiva 95/46/CE y en el Convenio no 108 estableciendo una prohibición general con excepciones (8). El SEPD teme que en la Decisión marco se suprima la prohibición general y que, por ende, la excepción se convierta en la regla. Semejante solución no sólo sería incompatible con la Directiva 95/46/CE sino que tampoco se ajustaría al Convenio n.o 108.

| 20. | Intercambio de datos con otras autoridades y con particulares. La propuesta de la Comisión establece limitaciones y garantías específicas en lo que respecta al intercambio de información con autoridades distintas de las policiales y judiciales, con particulares y con autoridades de terceros países. El SEPD destaca la importancia de esas disposiciones específicas por las siguientes razones: en primer lugar, el intercambio de información con esos «terceros »entraña riesgos específicos (quebrantamiento de las normas de seguridad, tratamiento ulterior para fines diferentes, etc.); en segundo lugar, la intervención de terceros en la labor policial y judicial y en el tratamiento de la información correspondiente se está convirtiendo en algo cada vez más frecuente. La Directiva 2006/24/CE sobre la conservación de datos (9), el acuerdo con Estados Unidos sobre los datos de los registros de nombres de pasajeros y el llamado «asunto SWIFT» (10) son buenos ejemplos de ello. En tercer lugar, la sentencia del Tribunal de Justicia de 30 de mayo de 2006 sobre el acuerdo PNR (11) plantea serias dudas sobre la protección de los datos personales recopilados por operadores privados para fines comerciales y posteriormente tratados para fines policiales o judiciales. |
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20.

Intercambio de datos con otras autoridades y con particulares. La propuesta de la Comisión establece limitaciones y garantías específicas en lo que respecta al intercambio de información con autoridades distintas de las policiales y judiciales, con particulares y con autoridades de terceros países. El SEPD destaca la importancia de esas disposiciones específicas por las siguientes razones: en primer lugar, el intercambio de información con esos «terceros »entraña riesgos específicos (quebrantamiento de las normas de seguridad, tratamiento ulterior para fines diferentes, etc.); en segundo lugar, la intervención de terceros en la labor policial y judicial y en el tratamiento de la información correspondiente se está convirtiendo en algo cada vez más frecuente. La Directiva 2006/24/CE sobre la conservación de datos (9), el acuerdo con Estados Unidos sobre los datos de los registros de nombres de pasajeros y el llamado «asunto SWIFT» (10) son buenos ejemplos de ello. En tercer lugar, la sentencia del Tribunal de Justicia de 30 de mayo de 2006 sobre el acuerdo PNR (11) plantea serias dudas sobre la protección de los datos personales recopilados por operadores privados para fines comerciales y posteriormente tratados para fines policiales o judiciales.

| 21. | Por otra parte, es importante que la propuesta regule con precisión la cuestión de la transferencia de datos hacia o desde otros entes (públicos o privados) dentro de la UE, y que ofrezca soluciones coherentes con la Directiva 95/46/CE. Esas soluciones deben garantizar que las consecuencias de la estructura de pilares -en particular la incertidumbre acerca de la delimitación de los dos pilares en lo que respecta al intercambio de datos personales entre las autoridades policiales y judiciales y otras partes- no mermen la eficacia de la protección. |
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21.

Por otra parte, es importante que la propuesta regule con precisión la cuestión de la transferencia de datos hacia o desde otros entes (públicos o privados) dentro de la UE, y que ofrezca soluciones coherentes con la Directiva 95/46/CE. Esas soluciones deben garantizar que las consecuencias de la estructura de pilares -en particular la incertidumbre acerca de la delimitación de los dos pilares en lo que respecta al intercambio de datos personales entre las autoridades policiales y judiciales y otras partes- no mermen la eficacia de la protección.

| 22. | En lo tocante a la transferencia de datos desde y hacia terceros países, la propuesta de la Comisión prevé una decisión de esta institución sobre el carácter adecuado de la protección de datos. Si esta disposición no fuese aceptada por el Consejo, cada Estado miembro decidiría sobre esa idoneidad por sí mismo o, peor aún, transferiría los datos sin examinar el nivel de protección garantizado en el tercer país. Además, la inexistencia de un sistema armonizado para el intercambio de datos personales podría:






  — | Menoscabar la confianza entre las autoridades de los Estados miembros, que podrían estar menos dispuestas a compartir información con las autoridades de otro Estado miembro si éste puede compartirla a su vez con las autoridades de terceros países sin que existan garantías claras. |
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22.

En lo tocante a la transferencia de datos desde y hacia terceros países, la propuesta de la Comisión prevé una decisión de esta institución sobre el carácter adecuado de la protección de datos. Si esta disposición no fuese aceptada por el Consejo, cada Estado miembro decidiría sobre esa idoneidad por sí mismo o, peor aún, transferiría los datos sin examinar el nivel de protección garantizado en el tercer país. Además, la inexistencia de un sistema armonizado para el intercambio de datos personales podría:

—

Menoscabar la confianza entre las autoridades de los Estados miembros, que podrían estar menos dispuestas a compartir información con las autoridades de otro Estado miembro si éste puede compartirla a su vez con las autoridades de terceros países sin que existan garantías claras.

| — | Dar lugar a que se eluda la normativa, ya que si la autoridad de un Estado miembro no puede recibir información directa de otro Estado miembro debido a la protección garantizada por la Decisión marco, podría solicitar asistencia a una autoridad de un país tercero. |
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Dar lugar a que se eluda la normativa, ya que si la autoridad de un Estado miembro no puede recibir información directa de otro Estado miembro debido a la protección garantizada por la Decisión marco, podría solicitar asistencia a una autoridad de un país tercero.

| — | Inducir a las autoridades de terceros países a solicitar la información a los Estados miembros que supediten las transferencias de datos a condiciones menos restrictivas. |
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Inducir a las autoridades de terceros países a solicitar la información a los Estados miembros que supediten las transferencias de datos a condiciones menos restrictivas.

El SEPD considera indispensable que se establezcan mecanismos que garanticen normas comunes y decisiones coordinadas en lo que respecta a la idoneidad de la protección de datos, también para dar cumplimiento al Convenio no 108 del Consejo de Europa (en particular su artículo 12) (12). El texto de la Decisión marco debe prever este tipo de mecanismos.

| 23. | El SEPD tiene entendido que varios Estados miembros cuestionan la base jurídica de la inclusión de una disposición sobre el intercambio de datos personales con terceros países en caso de que dichos datos no hayan sido transferidos o facilitados por la autoridad competente de otro Estado miembro. Sin embargo, opina que no hay motivo para cuestionar esa base jurídica. Los ejemplos presentados en el dictamen de diciembre de 2005 y los argumentos mencionados en el apartado anterior demuestran que existe una relación directa entre esos intercambios con terceros países y la cooperación policial y judicial prevista por el artículo 29 del Tratado de la UE. La disposición sobre el intercambio de datos personales con terceros países debe entenderse como una disposición adicional y necesaria para alcanzar los objetivos del artículo 29 del Tratado de la UE, en conjunción con su artículo 6, en particular el objetivo de una cooperación más estrecha entre las fuerzas policiales con el debido respeto de los derechos fundamentales. |
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23.

El SEPD tiene entendido que varios Estados miembros cuestionan la base jurídica de la inclusión de una disposición sobre el intercambio de datos personales con terceros países en caso de que dichos datos no hayan sido transferidos o facilitados por la autoridad competente de otro Estado miembro. Sin embargo, opina que no hay motivo para cuestionar esa base jurídica. Los ejemplos presentados en el dictamen de diciembre de 2005 y los argumentos mencionados en el apartado anterior demuestran que existe una relación directa entre esos intercambios con terceros países y la cooperación policial y judicial prevista por el artículo 29 del Tratado de la UE. La disposición sobre el intercambio de datos personales con terceros países debe entenderse como una disposición adicional y necesaria para alcanzar los objetivos del artículo 29 del Tratado de la UE, en conjunción con su artículo 6, en particular el objetivo de una cooperación más estrecha entre las fuerzas policiales con el debido respeto de los derechos fundamentales.

| 24. | Derechos del interesado. El interesado tiene derecho a que se le informe del tratamiento de que sean objeto sus datos personales. Este derecho está ligado al principio de tratamiento leal y legítimo de los datos personales, que se respeta en la Decisión marco y que está protegido además en virtud del Convenio no 108 del Consejo de Europa, en particular sus artículos 5.a) y 8. Un elemento esencial de este derecho es que la información debe ser facilitada de oficio por el responsable del tratamiento. Puesto que el interesado normalmente no sabe ni puede saber si se están tratando datos que le conciernen, exigir que sea el interesado quien solicite esa información sería contrario a la naturaleza de este derecho. Naturalmente, este derecho de información está sujeto a excepciones, y está claro que tales excepciones pueden desempeñar un papel importante en el ámbito de la actuación policial y judicial, puesto que la divulgación de información sobre una investigación criminal puede perjudicar a la investigación. Sin embargo, cualquier solución que condicione el derecho de información a una solicitud del interesado sería inaceptable e incompatible con el Convenio no 108 del Consejo de Europa. |
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24.

Derechos del interesado. El interesado tiene derecho a que se le informe del tratamiento de que sean objeto sus datos personales. Este derecho está ligado al principio de tratamiento leal y legítimo de los datos personales, que se respeta en la Decisión marco y que está protegido además en virtud del Convenio no 108 del Consejo de Europa, en particular sus artículos 5.a) y 8. Un elemento esencial de este derecho es que la información debe ser facilitada de oficio por el responsable del tratamiento. Puesto que el interesado normalmente no sabe ni puede saber si se están tratando datos que le conciernen, exigir que sea el interesado quien solicite esa información sería contrario a la naturaleza de este derecho. Naturalmente, este derecho de información está sujeto a excepciones, y está claro que tales excepciones pueden desempeñar un papel importante en el ámbito de la actuación policial y judicial, puesto que la divulgación de información sobre una investigación criminal puede perjudicar a la investigación. Sin embargo, cualquier solución que condicione el derecho de información a una solicitud del interesado sería inaceptable e incompatible con el Convenio no 108 del Consejo de Europa.

| 25. | El SEPD destaca que la posición de las autoridades de protección de datos debe ser coherente con la posición que les atribuye la Directiva 95/46/CE. Esta posición es especialmente importante en el ámbito de la cooperación policial y judicial. La cooperación entre las autoridades policiales y judiciales en la lucha contra el terrorismo y otras formas graves de delincuencia requiere a menudo el tratamiento de datos personales confidenciales y exige excepciones a los derechos del interesado (véase, p. ej., el apartado anterior sobre el derecho de información). |
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25.

El SEPD destaca que la posición de las autoridades de protección de datos debe ser coherente con la posición que les atribuye la Directiva 95/46/CE. Esta posición es especialmente importante en el ámbito de la cooperación policial y judicial. La cooperación entre las autoridades policiales y judiciales en la lucha contra el terrorismo y otras formas graves de delincuencia requiere a menudo el tratamiento de datos personales confidenciales y exige excepciones a los derechos del interesado (véase, p. ej., el apartado anterior sobre el derecho de información).

| 26. | El SEPD señala en primer lugar que es necesario que las autoridades supervisen e inspeccionen eficazmente el tratamiento de datos personales en el ámbito de aplicación de la Decisión marco, especialmente en caso de intercambio de datos personales entre los Estados miembros a efectos de cooperación policial. En segundo lugar, la función de asesoramiento de las autoridades debe quedar garantizada, tanto a escala nacional como dentro de la red institucionalizada de autoridades de protección de datos constituida por el grupo de autoridades (denominado «Grupo del Artículo 29 »con arreglo a la Directiva). La aportación de las autoridades de protección de datos es necesaria para dar mayor coherencia a la protección establecida por la Directiva 95/46/CE, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales y para alcanzar plenamente la armonización entre los Estados miembros, también en la práctica. |
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26.

El SEPD señala en primer lugar que es necesario que las autoridades supervisen e inspeccionen eficazmente el tratamiento de datos personales en el ámbito de aplicación de la Decisión marco, especialmente en caso de intercambio de datos personales entre los Estados miembros a efectos de cooperación policial. En segundo lugar, la función de asesoramiento de las autoridades debe quedar garantizada, tanto a escala nacional como dentro de la red institucionalizada de autoridades de protección de datos constituida por el grupo de autoridades (denominado «Grupo del Artículo 29 »con arreglo a la Directiva). La aportación de las autoridades de protección de datos es necesaria para dar mayor coherencia a la protección establecida por la Directiva 95/46/CE, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales y para alcanzar plenamente la armonización entre los Estados miembros, también en la práctica.

| 27. | El artículo 24 de la propuesta de la Comisión contiene normas detalladas sobre seguridad, comparables a las recogidas en el Convenio Europol. El SEPD considera que esas normas no deben suprimirse de la propuesta, porque un nivel armonizado de seguridad es un instrumento importante para aumentar la confianza, tanto la del interesado como entre las autoridades de los Estados miembros. |
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27.

El artículo 24 de la propuesta de la Comisión contiene normas detalladas sobre seguridad, comparables a las recogidas en el Convenio Europol. El SEPD considera que esas normas no deben suprimirse de la propuesta, porque un nivel armonizado de seguridad es un instrumento importante para aumentar la confianza, tanto la del interesado como entre las autoridades de los Estados miembros.

| 28. | En su dictamen de diciembre de 2005, el SEPD recomendó que se instauraran garantías específicas respecto del tratamiento de ciertas categorías especiales de datos, como los datos biométricos y los perfiles de ADN. El empleo de este tipo de datos, que entraña riesgos específicos para el interesado, está adquiriendo cada vez mayor importancia en la actuación policial. Son necesarias normas comunes. El SEPD lamenta que el Consejo no haya hecho suya esta recomendación, al menos de forma visible. El SEPD insta al Consejo y a la Comisión a que adopten una propuesta a este respecto, ya sea en el marco del principio de disponibilidad o en otro contexto. |
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28.

En su dictamen de diciembre de 2005, el SEPD recomendó que se instauraran garantías específicas respecto del tratamiento de ciertas categorías especiales de datos, como los datos biométricos y los perfiles de ADN. El empleo de este tipo de datos, que entraña riesgos específicos para el interesado, está adquiriendo cada vez mayor importancia en la actuación policial. Son necesarias normas comunes. El SEPD lamenta que el Consejo no haya hecho suya esta recomendación, al menos de forma visible. El SEPD insta al Consejo y a la Comisión a que adopten una propuesta a este respecto, ya sea en el marco del principio de disponibilidad o en otro contexto.

Conclusión

| 29. | El SEPD recomienda que el Consejo prevea más tiempo para las negociaciones, de modo que pueda alcanzarse un resultado que garantice un nivel de protección suficiente. Aunque reconoce la importancia de que la Decisión marco se adopte en breve, advierte de que la rapidez del proceso de decisión no debe dar lugar a una merma de los niveles de protección. |
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29.

El SEPD recomienda que el Consejo prevea más tiempo para las negociaciones, de modo que pueda alcanzarse un resultado que garantice un nivel de protección suficiente. Aunque reconoce la importancia de que la Decisión marco se adopte en breve, advierte de que la rapidez del proceso de decisión no debe dar lugar a una merma de los niveles de protección.

| 30. | Es indispensable garantizar la coherencia de la protección, con independencia del lugar en el que tenga lugar el tratamiento de datos, el ente que lo realice o el fin para el cual lo haga. El SEPD exhorta al Consejo a que establezca un nivel de protección que no sea inferior al garantizado por la Directiva 95/46/CE o incluso por un texto de formulación más general como el Convenio no 108 del Consejo de Europa, que es vinculante para los Estados miembros. |
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30.

Es indispensable garantizar la coherencia de la protección, con independencia del lugar en el que tenga lugar el tratamiento de datos, el ente que lo realice o el fin para el cual lo haga. El SEPD exhorta al Consejo a que establezca un nivel de protección que no sea inferior al garantizado por la Directiva 95/46/CE o incluso por un texto de formulación más general como el Convenio no 108 del Consejo de Europa, que es vinculante para los Estados miembros.

| 31. | Las normas comunes de protección de datos deben aplicarse a todos los datos relacionados con la cooperación policial y judicial, y no limitarse a los intercambios entre Estados miembros. El presente dictamen contiene argumentos que muestran que un ámbito de aplicación más limitado sería inviable y que, de ser establecido, aumentaría el coste y la complejidad de la labor de las autoridades, además de menoscabar la seguridad jurídica de las personas. |
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31.

Las normas comunes de protección de datos deben aplicarse a todos los datos relacionados con la cooperación policial y judicial, y no limitarse a los intercambios entre Estados miembros. El presente dictamen contiene argumentos que muestran que un ámbito de aplicación más limitado sería inviable y que, de ser establecido, aumentaría el coste y la complejidad de la labor de las autoridades, además de menoscabar la seguridad jurídica de las personas.

| 32. | El SEPD también considera importantes las siguientes cuestiones:






  — | Las disposiciones específicas de la propuesta de la Comisión relativas a la calidad de los datos no deben suprimirse ni hacerse optativas. |
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32.

El SEPD también considera importantes las siguientes cuestiones:

—

Las disposiciones específicas de la propuesta de la Comisión relativas a la calidad de los datos no deben suprimirse ni hacerse optativas.

| — | Las disposiciones relativas a la utilización ulterior de los datos y a las categorías especiales de datos deben ser coherentes con la Directiva 95/46/CE y acordes con el Convenio no 108 del Consejo de Europa. |
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Las disposiciones relativas a la utilización ulterior de los datos y a las categorías especiales de datos deben ser coherentes con la Directiva 95/46/CE y acordes con el Convenio no 108 del Consejo de Europa.

| — | Las disposiciones específicas sobre el intercambio de datos en la UE con otras partes, además de las autoridades policiales y judiciales, no deben suprimirse de la propuesta, ni ver limitado su ámbito de aplicación. En cuanto al intercambio de datos con terceros países, habría que establecer, como mínimo, mecanismos que garanticen la aplicación de normas comunes y de decisiones coordinadas sobre la idoneidad del nivel de protección, a fin de cumplir el Convenio no 108 del Consejo de Europa. Esos mecanismos deberían establecerse en el texto de la Decisión marco. |
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—

Las disposiciones específicas sobre el intercambio de datos en la UE con otras partes, además de las autoridades policiales y judiciales, no deben suprimirse de la propuesta, ni ver limitado su ámbito de aplicación. En cuanto al intercambio de datos con terceros países, habría que establecer, como mínimo, mecanismos que garanticen la aplicación de normas comunes y de decisiones coordinadas sobre la idoneidad del nivel de protección, a fin de cumplir el Convenio no 108 del Consejo de Europa. Esos mecanismos deberían establecerse en el texto de la Decisión marco.

| — | Las soluciones que supediten el derecho de información del interesado a la condición de que éste presente una solicitud no son aceptables ni compatibles con el Convenio no 108 del Consejo de Europa. |
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—

Las soluciones que supediten el derecho de información del interesado a la condición de que éste presente una solicitud no son aceptables ni compatibles con el Convenio no 108 del Consejo de Europa.

| — | La posición de las autoridades de protección de datos debe ser coherente con la que se les asigna en la Directiva 95/46/CE. |
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—

La posición de las autoridades de protección de datos debe ser coherente con la que se les asigna en la Directiva 95/46/CE.

| — | No deben suprimirse las normas detalladas sobre seguridad contenidas en la propuesta, similares a las del Convenio Europol. |
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No deben suprimirse las normas detalladas sobre seguridad contenidas en la propuesta, similares a las del Convenio Europol.

| — | La Comisión y el Consejo deberían adoptar una propuesta relativa al tratamiento de categorías especiales de datos como los datos biométricos y los perfiles de ADN, ya sea en relación con el principio de disponibilidad o en otro contexto. |
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La Comisión y el Consejo deberían adoptar una propuesta relativa al tratamiento de categorías especiales de datos como los datos biométricos y los perfiles de ADN, ya sea en relación con el principio de disponibilidad o en otro contexto.

Hecho en Bruselas, a 29 de noviembre de 2006.

Peter HUSTINX

Supervisor Europeo de Protección de Datos.

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(1)  DO L 281 de 23.11.1995, p. 31.

1

(2)  DO L 8 de 12.1.2001, p. 1.

2

(3)  DO C 47 de 25.2.2006, p. 27.

3

(4)  Convenio para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal (Consejo de Europa, 28 de enero de 1981).

4

(5)  No se dispone de documentos públicos oficiales, y el SEPD no participa directamente en los trabajos del grupo del Consejo. En el sitio web de la organización Statewatch hay documentos que reflejan la situación de los trabajos del Consejo (www.statewatch.org).

5

(6)  Acuerdo entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América sobre el tratamiento y la transferencia de datos del registro de nombres de los pasajeros (PNR) por las compañías aéreas al Departamento de Seguridad del Territorio Nacional de los Estados Unidos (DO L 298 de 27.10.2006, p. 29).

6

(7)  Referencias: artículo 13, en conjunción con el artículo 6.1.b) de la Directiva 95/46/CE, y artículo 9, en conjunción con el artículo 5.b) del Convenio no 108.

7

o

(8)  Véanse el artículo 8 de la Directiva 95/46/CE y el artículo 6 del Convenio no 108.

8

o

(9)  Directiva 2006/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, sobre la conservación de datos generados o tratados en relación con la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas de acceso público o de redes públicas de comunicaciones y por la que se modifica la Directiva 2002/58/CE (DO L 105 de 13.4.2006, p. 54).

9

(10)  Véase el dictamen 10/2006 del Grupo de Trabajo el Artículo 29 sobre el tratamiento de datos personales por parte de la Sociedad de Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales (Worldwide Interbank Financial Telecommunication — SWIFT).

10

(11)  Sentencia del Tribunal de Justicia de 30 de mayo de 2006 en los asuntos acumulados C-317/04 y C-318/04, Rec. 2006, p. I-4721.

11

(12)  Véase sobre todo el artículo 2 del Protocolo adicional (ratificado por varios Estados miembros), que concuerda con los artículos 25 y 26 de la Directiva 95/46/CE.

12

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| 26.4.2007 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 91/15 |
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26.4.2007

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 91/15

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Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se adoptan las normas de aplicación del Reglamento (CE) no 883/2004 sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social (COM(2006)16 final)

(2007/C 91/03)

EL SUPERVISOR EUROPEO DE PROTECCIÓN DE DATOS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 286,

Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y, en particular, su artículo 8,

Vista la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (1),

Visto el Reglamento (CE) no 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos (2) y, en particular, su artículo 41,

Vista la petición de dictamen, de conformidad con el artículo 28, apartado 2, del Reglamento (CE) no 45/2001, recibida de la Comisión Europea el 7 de diciembre de 2006;

HA ADOPTADO EL SIGUIENT DICTAMEN:

I.   INTRODUCCIÓN

Consulta al SEPD

| 1. | La Comisión envió al SEPD la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se adoptan las normas de aplicación del Reglamento (CE) no 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004 sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social (3) (en lo sucesivo «la Propuesta») para consulta, de conformidad con el artículo 28, apartado 2, del Reglamento (CE) no 45/2001. El SEPD considera que el presente dictamen debe mencionarse en el preámbulo del Reglamento. |
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1.

La Comisión envió al SEPD la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se adoptan las normas de aplicación del Reglamento (CE) no 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004 sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social (3) (en lo sucesivo «la Propuesta») para consulta, de conformidad con el artículo 28, apartado 2, del Reglamento (CE) no 45/2001. El SEPD considera que el presente dictamen debe mencionarse en el preámbulo del Reglamento.

| 2. | La consulta formal de la Comisión sigue a los contactos que se mantuvieron entre la Secretaría del SEPD y los servicios de la Dirección General pertinente de la Comisión (DG EMPL) en el marco de la elaboración del inventario de 2007 por el SEPD (4). De hecho, esta Propuesta es una de las que presentan un gran interés para el SEPD, de entre las que forman la «cartera »de la DG EMPL. Es más, el SEPD participó en una audiencia organizada por el Parlamento Europeo el 23 de noviembre de 2006 haciendo algunas observaciones preliminares sobre la Propuesta. En vista de ello, el SEPD se congratula de esta consulta y espera que en el futuro se le consulte con tiempo en relación con otras propuestas de la Comisión que estén relacionadas con la protección de datos personales en los ámbitos de la seguridad social y del empleo, en particular en los ámbitos mencionados en su inventario. |
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2.

La consulta formal de la Comisión sigue a los contactos que se mantuvieron entre la Secretaría del SEPD y los servicios de la Dirección General pertinente de la Comisión (DG EMPL) en el marco de la elaboración del inventario de 2007 por el SEPD (4). De hecho, esta Propuesta es una de las que presentan un gran interés para el SEPD, de entre las que forman la «cartera »de la DG EMPL. Es más, el SEPD participó en una audiencia organizada por el Parlamento Europeo el 23 de noviembre de 2006 haciendo algunas observaciones preliminares sobre la Propuesta. En vista de ello, el SEPD se congratula de esta consulta y espera que en el futuro se le consulte con tiempo en relación con otras propuestas de la Comisión que estén relacionadas con la protección de datos personales en los ámbitos de la seguridad social y del empleo, en particular en los ámbitos mencionados en su inventario.

La Propuesta en su contexto

| 3. | La Propuesta establece el procedimiento para aplicar el Reglamento (CE) no 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre coordinación de los sistemas de seguridad social. En efecto, las nuevas normas de coordinación establecidas por dicho Reglamento no pueden aplicarse hasta que se haya adoptado la presente Propuesta, que establece las correspondientes normas de aplicación (5). Por tanto, se examinará la Propuesta en conjunción con el Reglamento de base al que se refiere. En relación con este punto, cabe advertir que el SEPD no emitió dictamen sobre el Reglamento 883/2004, ya que la correspondiente propuesta de la Comisión se adoptó el 12 de febrero de 1999 (6), antes de la entrada en vigor del Reglamento (CE) no 45/2001. |
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3.

La Propuesta establece el procedimiento para aplicar el Reglamento (CE) no 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre coordinación de los sistemas de seguridad social. En efecto, las nuevas normas de coordinación establecidas por dicho Reglamento no pueden aplicarse hasta que se haya adoptado la presente Propuesta, que establece las correspondientes normas de aplicación (5). Por tanto, se examinará la Propuesta en conjunción con el Reglamento de base al que se refiere. En relación con este punto, cabe advertir que el SEPD no emitió dictamen sobre el Reglamento 883/2004, ya que la correspondiente propuesta de la Comisión se adoptó el 12 de febrero de 1999 (6), antes de la entrada en vigor del Reglamento (CE) no 45/2001.

| 4. | El objetivo de la Propuesta es modernizar y simplificar normas vigentes reforzando la cooperación entre las instituciones de seguridad social y mejorando los métodos de intercambio de datos entre ellas. |
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4.

El objetivo de la Propuesta es modernizar y simplificar normas vigentes reforzando la cooperación entre las instituciones de seguridad social y mejorando los métodos de intercambio de datos entre ellas.

| 5. | La Propuesta tiene un amplio alcance, tanto respecto de los ciudadanos a los que afecta como de los aspectos que abarca. Por una parte, afecta a todos los ciudadanos de la UE que se encuentren cubiertos por la seguridad social en virtud de la legislación nacional (lo que incluye, por tanto, a los no activos), siempre que existan elementos transfronterizos. Por otra parte, es aplicable a una amplia variedad de ramas de la seguridad social: prestaciones por enfermedad, de maternidad y de paternidad asimiladas, prestaciones de invalidez, pensiones de vejez, pensiones de supérstites, prestaciones por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, subsidios de defunción, prestaciones de desempleo, pensiones de jubilación anticipada, prestaciones familiares. |
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5.

La Propuesta tiene un amplio alcance, tanto respecto de los ciudadanos a los que afecta como de los aspectos que abarca. Por una parte, afecta a todos los ciudadanos de la UE que se encuentren cubiertos por la seguridad social en virtud de la legislación nacional (lo que incluye, por tanto, a los no activos), siempre que existan elementos transfronterizos. Por otra parte, es aplicable a una amplia variedad de ramas de la seguridad social: prestaciones por enfermedad, de maternidad y de paternidad asimiladas, prestaciones de invalidez, pensiones de vejez, pensiones de supérstites, prestaciones por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, subsidios de defunción, prestaciones de desempleo, pensiones de jubilación anticipada, prestaciones familiares.

| 6. | El SEPD acoge positivamente esta Propuesta en la medida en que aspira a favorecer la libre circulación de los ciudadanos y a mejorar el nivel de vida y las condiciones de trabajo de los ciudadanos de la UE que se desplazan dentro de la Unión. |
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6.

El SEPD acoge positivamente esta Propuesta en la medida en que aspira a favorecer la libre circulación de los ciudadanos y a mejorar el nivel de vida y las condiciones de trabajo de los ciudadanos de la UE que se desplazan dentro de la Unión.

| 7. | Las disposiciones sobre intercambio de datos personales entre administraciones nacionales competentes en materia de seguridad social constituyen una parte primordial de la Propuesta. En efecto, la seguridad social no podría existir sin el tratamiento de distintos tipos de datos personales, en muchos casos de naturaleza muy delicada. Es más, el intercambio de datos personales relativos a la seguridad social entre distintos Estados miembros es una consecuencia lógica de la Unión Europea, en la que los ciudadanos ejercen cada vez con mayor frecuencia su derecho a la libertad de circulación. |
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7.

Las disposiciones sobre intercambio de datos personales entre administraciones nacionales competentes en materia de seguridad social constituyen una parte primordial de la Propuesta. En efecto, la seguridad social no podría existir sin el tratamiento de distintos tipos de datos personales, en muchos casos de naturaleza muy delicada. Es más, el intercambio de datos personales relativos a la seguridad social entre distintos Estados miembros es una consecuencia lógica de la Unión Europea, en la que los ciudadanos ejercen cada vez con mayor frecuencia su derecho a la libertad de circulación.

| 8. | Sin embargo, es también esencial que este creciente intercambio de datos personales entre las administraciones nacionales de los Estados miembros garantice, al mismo tiempo que mejores condiciones para la libre circulación de las personas, un elevado grado de protección de los datos personales, preservando así uno de los derechos fundamentales de la UE. En este contexto, el SEPD se alegra de observar que también el Comité Económico y Social Europeo (CESE), en su dictamen de 26 de octubre de 2006 sobre la Propuesta, indicó la necesidad de velar por una adecuada protección de los datos personales, en particular por tratarse, en ocasiones, de datos de naturaleza sensible (7). |
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8.

Sin embargo, es también esencial que este creciente intercambio de datos personales entre las administraciones nacionales de los Estados miembros garantice, al mismo tiempo que mejores condiciones para la libre circulación de las personas, un elevado grado de protección de los datos personales, preservando así uno de los derechos fundamentales de la UE. En este contexto, el SEPD se alegra de observar que también el Comité Económico y Social Europeo (CESE), en su dictamen de 26 de octubre de 2006 sobre la Propuesta, indicó la necesidad de velar por una adecuada protección de los datos personales, en particular por tratarse, en ocasiones, de datos de naturaleza sensible (7).

Centro de atención del dictamen

| 9. | Se ha consultado al SEPD sobre la propuesta de Reglamento de aplicación. Sin embargo, como ya se ha dicho, el Reglamento de aplicación no puede analizarse independientemente del Reglamento (CE) no 883/2004, que es el que establece el principio fundamental de la coordinación de los sistemas de la seguridad social, también respecto de la protección de los datos personales. Por tanto, el SEPD tomará en consideración en su dictamen el marco que establece este último Reglamento. No obstante, el SEPD centrará su asesoramiento en las cuestiones para las cuales el legislador del Reglamento de aplicación cuenta todavía con margen de maniobra. |
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9.

Se ha consultado al SEPD sobre la propuesta de Reglamento de aplicación. Sin embargo, como ya se ha dicho, el Reglamento de aplicación no puede analizarse independientemente del Reglamento (CE) no 883/2004, que es el que establece el principio fundamental de la coordinación de los sistemas de la seguridad social, también respecto de la protección de los datos personales. Por tanto, el SEPD tomará en consideración en su dictamen el marco que establece este último Reglamento. No obstante, el SEPD centrará su asesoramiento en las cuestiones para las cuales el legislador del Reglamento de aplicación cuenta todavía con margen de maniobra.

| 10. | Además, el SEPD advierte que la Propuesta, además de tener amplio alcance, es muy compleja, puesto que establece disposiciones muy detalladas, incluso a veces técnicas, sobre las distintas circunstancias, mecanismos y limitaciones de la coordinación de los sistemas de seguridad social. Por ello, al analizar la Propuesta, el SEPD no se ocupará de todas las disposiciones, una por una, sino que adoptará un enfoque horizontal, centrándose en los principios de protección de datos que son particularmente pertinentes para la Propuesta. |
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10.

Además, el SEPD advierte que la Propuesta, además de tener amplio alcance, es muy compleja, puesto que establece disposiciones muy detalladas, incluso a veces técnicas, sobre las distintas circunstancias, mecanismos y limitaciones de la coordinación de los sistemas de seguridad social. Por ello, al analizar la Propuesta, el SEPD no se ocupará de todas las disposiciones, una por una, sino que adoptará un enfoque horizontal, centrándose en los principios de protección de datos que son particularmente pertinentes para la Propuesta.

| 11. | Con este enfoque, este dictamen pretende obtener la observancia de la legislación de protección de datos, pero también la eficacia de las medidas propuestas, adelantándose y abordando cuestiones que pueden plantearse en los sistemas judiciales nacionales en el momento de poner el Reglamento en vigor. En su dictamen, el SEPD definirá primero el marco jurídico de protección de datos pertinente y luego se ocupará de la aplicación a la Propuesta de los principios pertinentes de protección de datos. En las conclusiones, el SEPD pondrá de relieve sus principales conclusiones y recomendaciones. |
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11.

Con este enfoque, este dictamen pretende obtener la observancia de la legislación de protección de datos, pero también la eficacia de las medidas propuestas, adelantándose y abordando cuestiones que pueden plantearse en los sistemas judiciales nacionales en el momento de poner el Reglamento en vigor. En su dictamen, el SEPD definirá primero el marco jurídico de protección de datos pertinente y luego se ocupará de la aplicación a la Propuesta de los principios pertinentes de protección de datos. En las conclusiones, el SEPD pondrá de relieve sus principales conclusiones y recomendaciones.

II.   MARCO JURÍDICO DE PROTECCIÓN DE DATOS PERTINENTE

| 12. | En el contexto de la Propuesta, los datos personales de los asegurados serán tratados, en general, por los órganos nacionales competentes y, por tanto, caerán dentro del ámbito de aplicación de las leyes nacionales que incorporan la Directiva 95/46/CE, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos («la Directiva»). En los casos, menos numerosos, en que los datos personales de los asegurados deban ser tratados por las instituciones de la Comunidad, estarán sujetos al Reglamento 45/2001, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos (8). Este sería el caso, por ejemplo, cuando se tratasen datos personales del personal de la UE (9). Por ello, el marco jurídico actual sobre protección de datos dispone un nivel de protección armonizado en toda la UE. |
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12.

En el contexto de la Propuesta, los datos personales de los asegurados serán tratados, en general, por los órganos nacionales competentes y, por tanto, caerán dentro del ámbito de aplicación de las leyes nacionales que incorporan la Directiva 95/46/CE, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos («la Directiva»). En los casos, menos numerosos, en que los datos personales de los asegurados deban ser tratados por las instituciones de la Comunidad, estarán sujetos al Reglamento 45/2001, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos (8). Este sería el caso, por ejemplo, cuando se tratasen datos personales del personal de la UE (9). Por ello, el marco jurídico actual sobre protección de datos dispone un nivel de protección armonizado en toda la UE.

| 13. | La actual Propuesta se basará en este marco armonizado. Sin embargo, las legislaciones nacionales por las que se da cumplimiento a la Directiva no son completamente uniformes, por lo que pueden persistir divergencias entre las leyes nacionales de protección de los datos personales. Por ello, reviste la mayor importancia que el legislador lo tenga en cuenta, con el fin de velar por que las medidas propuestas cumplan plenamente este marco y afronten esas posibles divergencias. |
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13.

La actual Propuesta se basará en este marco armonizado. Sin embargo, las legislaciones nacionales por las que se da cumplimiento a la Directiva no son completamente uniformes, por lo que pueden persistir divergencias entre las leyes nacionales de protección de los datos personales. Por ello, reviste la mayor importancia que el legislador lo tenga en cuenta, con el fin de velar por que las medidas propuestas cumplan plenamente este marco y afronten esas posibles divergencias.

| 14. | Aún más, el mayor intercambio transfronterizo de datos exigirá una mejor coordinación de las disposiciones nacionales de protección de los datos personales. A este respecto, el SEPD se congratula por el artículo 77 del Reglamento (CE) no 883/2004. Esta disposición dice expresamente que los datos que se traten en virtud del Reglamento y de sus disposiciones de aplicación, deberán transmitirse respetando las disposiciones comunitarias en materia de protección de datos personales. |
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14.

Aún más, el mayor intercambio transfronterizo de datos exigirá una mejor coordinación de las disposiciones nacionales de protección de los datos personales. A este respecto, el SEPD se congratula por el artículo 77 del Reglamento (CE) no 883/2004. Esta disposición dice expresamente que los datos que se traten en virtud del Reglamento y de sus disposiciones de aplicación, deberán transmitirse respetando las disposiciones comunitarias en materia de protección de datos personales.

| 15. | El artículo 77 del Reglamento (CE) no 883/2004 determina también la ley nacional de protección de datos aplicable en las transmisiones de datos entre organismos competentes de distintos Estados miembros, disponiendo que la comunicación de datos personales de un Estado miembro a otro se atendrá a la legislación en materia de protección de datos del primero, el Estado miembro que los transmite. Por el contrario, cualquier comunicación por parte del Estado miembro que reciba los datos, así como el almacenamiento, la modificación y la supresión de datos por parte de dicho Estado estará sujeta a la legislación en materia de protección de datos del Estado miembro que los reciba. Esta disposición está en consonancia con lo dispuesto en el artículo 4 de la Directiva sobre la ley nacional aplicable. |
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15.

El artículo 77 del Reglamento (CE) no 883/2004 determina también la ley nacional de protección de datos aplicable en las transmisiones de datos entre organismos competentes de distintos Estados miembros, disponiendo que la comunicación de datos personales de un Estado miembro a otro se atendrá a la legislación en materia de protección de datos del primero, el Estado miembro que los transmite. Por el contrario, cualquier comunicación por parte del Estado miembro que reciba los datos, así como el almacenamiento, la modificación y la supresión de datos por parte de dicho Estado estará sujeta a la legislación en materia de protección de datos del Estado miembro que los reciba. Esta disposición está en consonancia con lo dispuesto en el artículo 4 de la Directiva sobre la ley nacional aplicable.

| 16. | La Propuesta hace referencia a las disposiciones comunitarias sobre protección de datos personales en el considerando 3 y en el artículo 3.2. Mientras que el considerando 3 afirma de modo general que los afectados deben beneficiarse de todas las garantías que brindan las disposiciones comunitarias de protección de datos, el artículo 3.2 se refiere específicamente al ejercicio de los derechos de acceso y de rectificación de los propios datos personales. |
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16.

La Propuesta hace referencia a las disposiciones comunitarias sobre protección de datos personales en el considerando 3 y en el artículo 3.2. Mientras que el considerando 3 afirma de modo general que los afectados deben beneficiarse de todas las garantías que brindan las disposiciones comunitarias de protección de datos, el artículo 3.2 se refiere específicamente al ejercicio de los derechos de acceso y de rectificación de los propios datos personales.

| 17. | El SEPD está de acuerdo en que –tratándose de un instrumento jurídico de aplicación de procedimientos mejorados de tratamiento y transmisión de datos personales– es necesario recordar clara y explícitamente el marco de protección de datos aplicable. Con esta perspectiva, el SEPD recomienda que no sólo se haga una referencia general a las disposiciones comunitarias en materia de protección de datos personales en los considerandos, sino que se haga también explícitamente en la parte dispositiva (por ejemplo, en el artículo 3). Esta disposición general no excluye que otras disposiciones, como las actualmente establecidas en el artículo 3.2, puedan abordar cuestiones más específicas relativas a la aplicación concreta de los principios de protección de datos en el marco de la coordinación de los sistemas de seguridad social (véanse los apartados 36-38). |
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17.

El SEPD está de acuerdo en que –tratándose de un instrumento jurídico de aplicación de procedimientos mejorados de tratamiento y transmisión de datos personales– es necesario recordar clara y explícitamente el marco de protección de datos aplicable. Con esta perspectiva, el SEPD recomienda que no sólo se haga una referencia general a las disposiciones comunitarias en materia de protección de datos personales en los considerandos, sino que se haga también explícitamente en la parte dispositiva (por ejemplo, en el artículo 3). Esta disposición general no excluye que otras disposiciones, como las actualmente establecidas en el artículo 3.2, puedan abordar cuestiones más específicas relativas a la aplicación concreta de los principios de protección de datos en el marco de la coordinación de los sistemas de seguridad social (véanse los apartados 36-38).

III.   APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS PERTINENTES DE PROTECCIÓN DE DATOS

Limitación del uso de los datos para los fines para los que se recogieron

| 18. | Uno de los principios básicos de la legislación sobre protección de datos es que los datos personales sólo sean tratados para los fines para los que se recogieron o para un fin compatible (artículo 6.1.b) de la Directiva). La Propuesta no contiene ninguna disposición general sobre limitación del uso (10). Sin embargo, el enfoque general de la Propuesta es que los datos personales recogidos para uno de los fines de la seguridad social (pensión, prestación de invalidez, desempleo, etc.) serán tratados y transmitidos a los organismos de otros Estados miembros para el mismo fin. Por tanto, la mayor parte de las operaciones de tratamiento recogidas en la Propuesta afectarán a datos personales tratados para el mismo fin o para un fin compatible con él. Lo mismo ocurrirá con el tratamiento de datos personales en el marco de la transmisión de datos personales para el cobro de créditos o de prestaciones indebidas (artículo 73). |
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18.

Uno de los principios básicos de la legislación sobre protección de datos es que los datos personales sólo sean tratados para los fines para los que se recogieron o para un fin compatible (artículo 6.1.b) de la Directiva). La Propuesta no contiene ninguna disposición general sobre limitación del uso (10). Sin embargo, el enfoque general de la Propuesta es que los datos personales recogidos para uno de los fines de la seguridad social (pensión, prestación de invalidez, desempleo, etc.) serán tratados y transmitidos a los organismos de otros Estados miembros para el mismo fin. Por tanto, la mayor parte de las operaciones de tratamiento recogidas en la Propuesta afectarán a datos personales tratados para el mismo fin o para un fin compatible con él. Lo mismo ocurrirá con el tratamiento de datos personales en el marco de la transmisión de datos personales para el cobro de créditos o de prestaciones indebidas (artículo 73).

| 19. | No obstante, en otras circunstancias, tales como en caso de cooperación entre administraciones fiscales (considerando 14), los datos relativos a la seguridad social podrían ser necesarios también para fines distintos de los relacionados con la seguridad social. En ese caso, las excepciones al principio de limitación del uso podrían justificarse en virtud del artículo 13 de la Directiva, en circunstancias específicas y siempre que sean necesarias y se basen en medidas legislativas, ya sean nacionales o comunitarias. A este respecto, el legislador podría considerar la posibilidad de referirse específicamente en la Propuesta a las condiciones en las que los datos relativos a la seguridad social pueden ser tratados con distinto fin. |
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19.

No obstante, en otras circunstancias, tales como en caso de cooperación entre administraciones fiscales (considerando 14), los datos relativos a la seguridad social podrían ser necesarios también para fines distintos de los relacionados con la seguridad social. En ese caso, las excepciones al principio de limitación del uso podrían justificarse en virtud del artículo 13 de la Directiva, en circunstancias específicas y siempre que sean necesarias y se basen en medidas legislativas, ya sean nacionales o comunitarias. A este respecto, el legislador podría considerar la posibilidad de referirse específicamente en la Propuesta a las condiciones en las que los datos relativos a la seguridad social pueden ser tratados con distinto fin.

| 20. | Con estos antecedentes, el SEPD considera que la Propuesta respeta las disposiciones básicas de protección de datos en cuanto a la limitación del uso de los datos a los fines para los que se recogieron. Es más, el SEPD advierte que la prohibición de utilizar datos personales para fines distintos de los relativos a la seguridad social emana de la legislación sobre protección de datos aplicable, que únicamente permite excepciones a este principio general en condiciones específicas y estrictas. |
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20.

Con estos antecedentes, el SEPD considera que la Propuesta respeta las disposiciones básicas de protección de datos en cuanto a la limitación del uso de los datos a los fines para los que se recogieron. Es más, el SEPD advierte que la prohibición de utilizar datos personales para fines distintos de los relativos a la seguridad social emana de la legislación sobre protección de datos aplicable, que únicamente permite excepciones a este principio general en condiciones específicas y estrictas.

Proporcionalidad de los datos tratados, organismos competentes y periodos de almacenamiento

| 21. | Según los principios de protección de datos, los datos personales serán adecuados, pertinentes y no excesivos con relación a los fines para los que se recaben y para los que se traten posteriormente (artículo 6.1.c) de la Directiva). En el contexto de los sistemas de la seguridad social, esto significa que sólo un conjunto de datos proporcionado y necesario puede transmitirse en cada circunstancia. |
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21.

Según los principios de protección de datos, los datos personales serán adecuados, pertinentes y no excesivos con relación a los fines para los que se recaben y para los que se traten posteriormente (artículo 6.1.c) de la Directiva). En el contexto de los sistemas de la seguridad social, esto significa que sólo un conjunto de datos proporcionado y necesario puede transmitirse en cada circunstancia.

| 22. | Este principio está correctamente consagrado en el artículo 2.1 de la Propuesta, que establece la obligación de las instituciones de los Estados miembros de comunicarse todos los datos necesarios para establecer y determinar los derechos y obligaciones de los asegurados. A este respecto, el SEPD destaca que la valoración de qué constituye un conjunto necesario de datos personales puede diferir ligeramente según el tipo de prestación de que se trate. Por ejemplo, el tipo de información personal que se necesita para las prestaciones por enfermedad será distinto del necesario para una pensión de vejez. La información transmitida por los organismos de los Estados miembros no debe ir más allá de lo necesario para el ejercicio de los derechos y obligaciones del asegurado atinentes al caso concreto. |
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22.

Este principio está correctamente consagrado en el artículo 2.1 de la Propuesta, que establece la obligación de las instituciones de los Estados miembros de comunicarse todos los datos necesarios para establecer y determinar los derechos y obligaciones de los asegurados. A este respecto, el SEPD destaca que la valoración de qué constituye un conjunto necesario de datos personales puede diferir ligeramente según el tipo de prestación de que se trate. Por ejemplo, el tipo de información personal que se necesita para las prestaciones por enfermedad será distinto del necesario para una pensión de vejez. La información transmitida por los organismos de los Estados miembros no debe ir más allá de lo necesario para el ejercicio de los derechos y obligaciones del asegurado atinentes al caso concreto.

| 23. | La proporcionalidad debe aplicarse también en lo que respecta al número de organismos competentes con acceso a los datos, así como a las formas de almacenamiento y a la duración de éste. Sólo las autoridades e instituciones pertinentes tendrán acceso a los datos relativos a la seguridad social y esos datos serán conservados –en una forma que permita la identificación de los interesados– durante un periodo no superior al necesario para los fines para los que fueron recogidos (artículo 6.1.e) de la Directiva). |
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23.

La proporcionalidad debe aplicarse también en lo que respecta al número de organismos competentes con acceso a los datos, así como a las formas de almacenamiento y a la duración de éste. Sólo las autoridades e instituciones pertinentes tendrán acceso a los datos relativos a la seguridad social y esos datos serán conservados –en una forma que permita la identificación de los interesados– durante un periodo no superior al necesario para los fines para los que fueron recogidos (artículo 6.1.e) de la Directiva).

| 24. | Respecto del número de autoridades e instituciones con acceso a los datos personales de los asegurados, en virtud del artículo 83 de la Propuesta se creará una base de datos accesible al público en la que figurarán las entidades pertinentes de cada Estado miembro. Cabe advertir igualmente que la Propuesta es flexible, permitiendo a los Estados miembros decidir si los datos personales se transmitirán a través de un punto de acceso central en un Estado miembro o directamente a la autoridad o institución que corresponda (artículo 2.3). Además, en cada Estado miembro podrán designarse muchos organismos, algunos de los cuales podrán ser de ámbito regional. |
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24.

Respecto del número de autoridades e instituciones con acceso a los datos personales de los asegurados, en virtud del artículo 83 de la Propuesta se creará una base de datos accesible al público en la que figurarán las entidades pertinentes de cada Estado miembro. Cabe advertir igualmente que la Propuesta es flexible, permitiendo a los Estados miembros decidir si los datos personales se transmitirán a través de un punto de acceso central en un Estado miembro o directamente a la autoridad o institución que corresponda (artículo 2.3). Además, en cada Estado miembro podrán designarse muchos organismos, algunos de los cuales podrán ser de ámbito regional.

| 25. | En cuanto al período de almacenamiento de los datos personales, el SEPD observa que en el contexto de la seguridad social, la prueba de la proporcionalidad puede llevar a resultados muy distintos, según la rama de la seguridad social de que se trate. Por ejemplo, el tratamiento de datos personales relativos a prestaciones por enfermedad será necesario, normalmente, durante un plazo más corto que el de los datos relativos a las pensiones, que son prestaciones que suelen durar más tiempo. El plazo de almacenamiento de datos personales dependerá también del tipo de organismo que haga el tratamiento. Por ejemplo, en el caso de los puntos centrales de acceso, esto significaría que los datos personales se borrarían en cuanto se hubieran remitido al organismo competente. En todo caso, debe quedar claro que los datos personales se suprimirán, o que de ellos se eliminarán todos los elementos capaces de identificar al interesado, en cuanto dejen de ser necesarios para el fin para el que fueron recogidos o tratados. |
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25.

En cuanto al período de almacenamiento de los datos personales, el SEPD observa que en el contexto de la seguridad social, la prueba de la proporcionalidad puede llevar a resultados muy distintos, según la rama de la seguridad social de que se trate. Por ejemplo, el tratamiento de datos personales relativos a prestaciones por enfermedad será necesario, normalmente, durante un plazo más corto que el de los datos relativos a las pensiones, que son prestaciones que suelen durar más tiempo. El plazo de almacenamiento de datos personales dependerá también del tipo de organismo que haga el tratamiento. Por ejemplo, en el caso de los puntos centrales de acceso, esto significaría que los datos personales se borrarían en cuanto se hubieran remitido al organismo competente. En todo caso, debe quedar claro que los datos personales se suprimirán, o que de ellos se eliminarán todos los elementos capaces de identificar al interesado, en cuanto dejen de ser necesarios para el fin para el que fueron recogidos o tratados.

| 26. | En vista de las consideraciones que anteceden, el SEPD resalta que en un sistema tan complejo, en que los datos personales son tratados y transmitidos sucesivamente por una red asimétrica de organismos, debe prestarse especial atención para garantizar que los datos personales sean tratados por los organismos competentes, durante un plazo proporcionado y que se eviten las duplicaciones de bases de datos. El SEPD cree que la base de datos a que se refiere el artículo 83 contribuirá a asegurar que los datos personales necesarios se transmitan únicamente a los organismos pertinentes en cada caso concreto. Sin embargo, podrían añadirse a la Propuesta actual mayores aclaraciones sobre la forma de transmitir y almacenar los datos, como ya ha hecho la Comisión en otras propuestas (11). En este sentido, el SEPD cree que una cierta armonización de los plazos de almacenamiento no sólo protegería el derecho de los ciudadanos a la protección de sus datos personales, sino que aumentaría la eficacia de la coordinación entre las administraciones de los distintos Estados miembros. |
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26.

En vista de las consideraciones que anteceden, el SEPD resalta que en un sistema tan complejo, en que los datos personales son tratados y transmitidos sucesivamente por una red asimétrica de organismos, debe prestarse especial atención para garantizar que los datos personales sean tratados por los organismos competentes, durante un plazo proporcionado y que se eviten las duplicaciones de bases de datos. El SEPD cree que la base de datos a que se refiere el artículo 83 contribuirá a asegurar que los datos personales necesarios se transmitan únicamente a los organismos pertinentes en cada caso concreto. Sin embargo, podrían añadirse a la Propuesta actual mayores aclaraciones sobre la forma de transmitir y almacenar los datos, como ya ha hecho la Comisión en otras propuestas (11). En este sentido, el SEPD cree que una cierta armonización de los plazos de almacenamiento no sólo protegería el derecho de los ciudadanos a la protección de sus datos personales, sino que aumentaría la eficacia de la coordinación entre las administraciones de los distintos Estados miembros.

Fundamentos jurídicos para el tratamiento de datos personales

| 27. | La Propuesta establece una variedad de mecanismos por los que los datos personales de los asegurados se transmiten entre los organismos competentes de distintos Estados miembros. Esos intercambios de datos personales pueden dividirse en dos amplias categorías: los efectuados a petición del interesado y los efectuados de oficio, normalmente entre terceros (organismos competentes, empleadores) sin petición específica del interesado. En muchos casos, los organismos pertinentes tratarán y transmitirán datos delicados, en particular datos relativos al estado de salud. |
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27.

La Propuesta establece una variedad de mecanismos por los que los datos personales de los asegurados se transmiten entre los organismos competentes de distintos Estados miembros. Esos intercambios de datos personales pueden dividirse en dos amplias categorías: los efectuados a petición del interesado y los efectuados de oficio, normalmente entre terceros (organismos competentes, empleadores) sin petición específica del interesado. En muchos casos, los organismos pertinentes tratarán y transmitirán datos delicados, en particular datos relativos al estado de salud.

| 28. | Todas esas actividades de tratamiento deberán cumplir las condiciones para el tratamiento de datos personales establecidas en la Directiva: los organismos nacionales competentes y los empleadores pueden tratar los datos únicamente con el consentimiento del interesado o con otro fundamento legítimo, tal como la observancia de una obligación legal o el desempeño de una función de interés público o en el ejercicio del poder público (artículo 7, apartados a), c) y e) de la Directiva). Se aplican unas condiciones más estrictas a los datos sensibles, es decir, a los datos personales que revelen el origen racial o étnico, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, la salud o la sexualidad (artículo 8 de la Directiva). |
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28.

Todas esas actividades de tratamiento deberán cumplir las condiciones para el tratamiento de datos personales establecidas en la Directiva: los organismos nacionales competentes y los empleadores pueden tratar los datos únicamente con el consentimiento del interesado o con otro fundamento legítimo, tal como la observancia de una obligación legal o el desempeño de una función de interés público o en el ejercicio del poder público (artículo 7, apartados a), c) y e) de la Directiva). Se aplican unas condiciones más estrictas a los datos sensibles, es decir, a los datos personales que revelen el origen racial o étnico, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, la salud o la sexualidad (artículo 8 de la Directiva).

| 29. | Con estos antecedentes, el SEPD señala que puede muy bien considerarse que las disposiciones de la Propuesta establecen la obligación legal –de conformidad con el artículo 7.c) de la Directiva– de tratar y transmitir datos relativos a la seguridad social, en la medida en que esta obligación es específica. Por ello, cuando la Propuesta establece una obligación clara de tratar datos personales, las operaciones de tratamiento por los organismos nacionales competentes y por los empleadores podrían basarse en el artículo 7.c) de la Directiva. Por el contrario, cuando la Propuesta no establece directamente esta obligación legal, el tratamiento de datos personales se fundará bien en una obligación legal nacional (no armonizada) específica o en un fundamento jurídico diferente. |
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29.

Con estos antecedentes, el SEPD señala que puede muy bien considerarse que las disposiciones de la Propuesta establecen la obligación legal –de conformidad con el artículo 7.c) de la Directiva– de tratar y transmitir datos relativos a la seguridad social, en la medida en que esta obligación es específica. Por ello, cuando la Propuesta establece una obligación clara de tratar datos personales, las operaciones de tratamiento por los organismos nacionales competentes y por los empleadores podrían basarse en el artículo 7.c) de la Directiva. Por el contrario, cuando la Propuesta no establece directamente esta obligación legal, el tratamiento de datos personales se fundará bien en una obligación legal nacional (no armonizada) específica o en un fundamento jurídico diferente.

| 30. | El artículo 7.e) de la Directiva permite el tratamiento de datos cuando es necesario para el cumplimiento de una misión de interés público o inherente al ejercicio del poder público conferido al responsable del tratamiento o a un tercero a quien se comuniquen los datos. Eso es lo que ocurre cuando el organismo pertinente trata los datos en el ejercicio de sus funciones o del poder público fundándose en una disposición legal general –nacional o comunitaria– en vez de fundarse en una obligación legal específica. En este caso, es aplicable el derecho de oposición, de conformidad con el artículo 14. a) de la Directiva. |
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30.

El artículo 7.e) de la Directiva permite el tratamiento de datos cuando es necesario para el cumplimiento de una misión de interés público o inherente al ejercicio del poder público conferido al responsable del tratamiento o a un tercero a quien se comuniquen los datos. Eso es lo que ocurre cuando el organismo pertinente trata los datos en el ejercicio de sus funciones o del poder público fundándose en una disposición legal general –nacional o comunitaria– en vez de fundarse en una obligación legal específica. En este caso, es aplicable el derecho de oposición, de conformidad con el artículo 14. a) de la Directiva.

| 31. | El uso del consentimiento como legitimación, de conformidad con el artículo 7.a) de la Directiva, tiene un alcance más limitado respecto del tratamiento de datos personales por los organismos públicos o en las relaciones laborales, ya que el consentimiento que exige el artículo 2.h) de la Directiva únicamente puede considerarse libre si existen alternativas viables para el interesado. |
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31.

El uso del consentimiento como legitimación, de conformidad con el artículo 7.a) de la Directiva, tiene un alcance más limitado respecto del tratamiento de datos personales por los organismos públicos o en las relaciones laborales, ya que el consentimiento que exige el artículo 2.h) de la Directiva únicamente puede considerarse libre si existen alternativas viables para el interesado.

| 32. | En cuanto al tratamiento de datos sensibles (artículo 8 de la Directiva), se aplicarán consideraciones similares a las de los apartados anteriores. El SEPD considera que las obligaciones que dimanan del Derecho laboral (artículo 8.2.b) de la Directiva), otras excepciones (artículo 8.4) o el consentimiento (artículo 8.2.a)) podrían constituir fundamentos jurídicos para el tratamiento de datos delicados relativos a la seguridad social. En ese caso, podría ser necesario establecer salvaguardias específicas, tales como medidas técnicas de compartimentación. |
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32.

En cuanto al tratamiento de datos sensibles (artículo 8 de la Directiva), se aplicarán consideraciones similares a las de los apartados anteriores. El SEPD considera que las obligaciones que dimanan del Derecho laboral (artículo 8.2.b) de la Directiva), otras excepciones (artículo 8.4) o el consentimiento (artículo 8.2.a)) podrían constituir fundamentos jurídicos para el tratamiento de datos delicados relativos a la seguridad social. En ese caso, podría ser necesario establecer salvaguardias específicas, tales como medidas técnicas de compartimentación.

| 33. | En vista de las consideraciones mencionadas, el SEPD señala que cuanto más claramente establezca esta Propuesta obligaciones legales específicas para los organismos competentes y los empleadores que traten datos personales, más fácil y eficaz será su aplicación en los Estados miembros, en lo que respecta a la observancia de las leyes nacionales de protección de datos derivadas de la Directiva. Por esta razón, el SEPD, sin entrar en los detalles de los diversos mecanismos específicos que establece la Propuesta, recomienda al legislador comunitario que vele por que cada uno de los mecanismos propuestos para el tratamiento y la transmisión de datos personales se base claramente bien en una obligación legal específica establecida directamente por la Propuesta o bien en otros fundamentos legítimos para el tratamiento, de conformidad con los artículos 7 y 8 de la Directiva. |
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33.

En vista de las consideraciones mencionadas, el SEPD señala que cuanto más claramente establezca esta Propuesta obligaciones legales específicas para los organismos competentes y los empleadores que traten datos personales, más fácil y eficaz será su aplicación en los Estados miembros, en lo que respecta a la observancia de las leyes nacionales de protección de datos derivadas de la Directiva. Por esta razón, el SEPD, sin entrar en los detalles de los diversos mecanismos específicos que establece la Propuesta, recomienda al legislador comunitario que vele por que cada uno de los mecanismos propuestos para el tratamiento y la transmisión de datos personales se base claramente bien en una obligación legal específica establecida directamente por la Propuesta o bien en otros fundamentos legítimos para el tratamiento, de conformidad con los artículos 7 y 8 de la Directiva.

Información a los asegurados

| 34. | Es esencial dar una información adecuada a los interesados sobre el tratamiento de sus datos personales y sobre los derechos que los asisten, tal como dispone la Sección IV de la Directiva 95/46. Esto es aún más importante cuando tratan los datos muchos organismos en distintos Estados miembros y, por tanto, los interesados corren el riesgo de perder de vista quién está tratando sus datos personales y con qué fines, y cómo obligarlos a respetar sus derechos. |
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34.

Es esencial dar una información adecuada a los interesados sobre el tratamiento de sus datos personales y sobre los derechos que los asisten, tal como dispone la Sección IV de la Directiva 95/46. Esto es aún más importante cuando tratan los datos muchos organismos en distintos Estados miembros y, por tanto, los interesados corren el riesgo de perder de vista quién está tratando sus datos personales y con qué fines, y cómo obligarlos a respetar sus derechos.

| 35. | En esta cuestión, el SEPD está firmemente a favor de adelantarse a los acontecimientos: proporcionar a los interesados información exhaustiva en el momento oportuno, a fin de aclarar tanto el uso de la información recabada como sus derechos. A este respecto, el SEPD no sólo respalda la petición del CESE (12) de informar a fondo a todos los posibles usuarios del Reglamento, sino que, además, pide al legislador que añada en la Propuesta una referencia específica a la necesidad de proporcionar a los interesados información explícita y adecuada sobre el tratamiento de sus datos personales. Para ello podría modificarse el artículo 19 (Información de las personas aseguradas), garantizándose así a los asegurados la información necesaria. |
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35.

En esta cuestión, el SEPD está firmemente a favor de adelantarse a los acontecimientos: proporcionar a los interesados información exhaustiva en el momento oportuno, a fin de aclarar tanto el uso de la información recabada como sus derechos. A este respecto, el SEPD no sólo respalda la petición del CESE (12) de informar a fondo a todos los posibles usuarios del Reglamento, sino que, además, pide al legislador que añada en la Propuesta una referencia específica a la necesidad de proporcionar a los interesados información explícita y adecuada sobre el tratamiento de sus datos personales. Para ello podría modificarse el artículo 19 (Información de las personas aseguradas), garantizándose así a los asegurados la información necesaria.

Derechos de los interesados

| 36. | Los derechos de los interesados son particularmente relevantes en el contexto de los sistemas de seguridad social, puesto que permiten a los interesados mantener el control sobre sus datos (sensibles), asegurarse de su exactitud y comprobar información sobre cuya base se toman decisiones importantes y se conceden prestaciones. Esto es especialmente importante en un contexto transfronterizo, en que es probable que el margen de error en la transmisión de datos personales sea mayor, dada la necesidad de traducir la información. También merece la pena mencionar que una mayor exactitud de la información, resultante de la observancia de los derechos de los interesados, beneficia no sólo a estos sino también a los organismos de la seguridad social afectados. |
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36.

Los derechos de los interesados son particularmente relevantes en el contexto de los sistemas de seguridad social, puesto que permiten a los interesados mantener el control sobre sus datos (sensibles), asegurarse de su exactitud y comprobar información sobre cuya base se toman decisiones importantes y se conceden prestaciones. Esto es especialmente importante en un contexto transfronterizo, en que es probable que el margen de error en la transmisión de datos personales sea mayor, dada la necesidad de traducir la información. También merece la pena mencionar que una mayor exactitud de la información, resultante de la observancia de los derechos de los interesados, beneficia no sólo a estos sino también a los organismos de la seguridad social afectados.

| 37. | El SEPD acoge muy favorablemente el artículo 3.2 de la Propuesta, que dispone que los Estados miembros garantizarán a las personas interesadas el derecho de acceso y de rectificación de sus datos personales, respetando las disposiciones comunitarias de protección de de datos personales. No obstante, el SEPD sugiere que se complemente esta disposición con una referencia más amplia a todos los derechos de los interesados, incluido el derecho de oposición (artículo 14 de la Directiva 95/46) y las salvaguardias relativas a las decisiones individuales automatizadas (artículo 15 de la Directiva 95/46). |
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37.

El SEPD acoge muy favorablemente el artículo 3.2 de la Propuesta, que dispone que los Estados miembros garantizarán a las personas interesadas el derecho de acceso y de rectificación de sus datos personales, respetando las disposiciones comunitarias de protección de de datos personales. No obstante, el SEPD sugiere que se complemente esta disposición con una referencia más amplia a todos los derechos de los interesados, incluido el derecho de oposición (artículo 14 de la Directiva 95/46) y las salvaguardias relativas a las decisiones individuales automatizadas (artículo 15 de la Directiva 95/46).

| 38. | Además, el SEPD recomienda que la Propuesta tenga debidamente en cuenta la necesidad de facilitar a los interesados el ejercicio efectivo de sus derechos en un contexto transfronterizo. En efecto, los afectados tendrán que hacer respetar sus derechos en una situación en que sus datos personales procederán de distintos organismos de dos o más países. Por ello, sería de desear que en esos casos, los derechos de los interesados pudieran ejercerse también directamente a través del organismo que recibe los datos procedentes de otros Estados miembros. Eso significaría que el organismo competente que se encuentra en contacto directo con el asegurado estaría obligado a actuar como «ventanilla única »no sólo respecto de las prestaciones de la seguridad social, sino también respecto de todos los datos personales tratados en relación con esas prestaciones. El asegurado podría entonces ejercer sus derechos respecto de sus datos personales por medio del organismo competente, con independencia del origen de los datos. Por consiguiente, el SEPD invita al legislador a considerar esta posibilidad, también a la luz de los ejemplos que ya se encuentran en otras propuestas de la Comisión (13). |
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38.

Además, el SEPD recomienda que la Propuesta tenga debidamente en cuenta la necesidad de facilitar a los interesados el ejercicio efectivo de sus derechos en un contexto transfronterizo. En efecto, los afectados tendrán que hacer respetar sus derechos en una situación en que sus datos personales procederán de distintos organismos de dos o más países. Por ello, sería de desear que en esos casos, los derechos de los interesados pudieran ejercerse también directamente a través del organismo que recibe los datos procedentes de otros Estados miembros. Eso significaría que el organismo competente que se encuentra en contacto directo con el asegurado estaría obligado a actuar como «ventanilla única »no sólo respecto de las prestaciones de la seguridad social, sino también respecto de todos los datos personales tratados en relación con esas prestaciones. El asegurado podría entonces ejercer sus derechos respecto de sus datos personales por medio del organismo competente, con independencia del origen de los datos. Por consiguiente, el SEPD invita al legislador a considerar esta posibilidad, también a la luz de los ejemplos que ya se encuentran en otras propuestas de la Comisión (13).

Medidas de seguridad

| 39. | En la Propuesta, la seguridad en el tratamiento de los datos es específicamente pertinente habida cuenta del uso generalizado de herramientas electrónicas en las administraciones públicas de los distintos Estados miembros. Asimismo, en la mayor parte de los casos la transmisión afectará a datos sensibles y, como también señala en CESE, es por ello incluso más importante «garantizar plenamente que estos datos están asegurados adecuadamente y no pueden caer en manos ajenas» (14). |
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39.

En la Propuesta, la seguridad en el tratamiento de los datos es específicamente pertinente habida cuenta del uso generalizado de herramientas electrónicas en las administraciones públicas de los distintos Estados miembros. Asimismo, en la mayor parte de los casos la transmisión afectará a datos sensibles y, como también señala en CESE, es por ello incluso más importante «garantizar plenamente que estos datos están asegurados adecuadamente y no pueden caer en manos ajenas» (14).

| 40. | A este respecto, el SEPD se congratula del artículo 4 de la Propuesta, que dispone que la transmisión de datos entre los organismos pertinentes «se efectuará por vía electrónica en un entorno seguro común que garantice la confidencialidad y protección de los intercambios de datos». Sin embargo, el SEPD insiste en que este «entorno seguro común», que deberá definir la Comisión administrativa de coordinación de los sistemas de seguridad social (15), tenga debidamente en cuenta las recomendaciones del programa IDABC (16) (prestación interoperable de servicios paneuropeos de administración electrónica al sector público, las empresas y los ciudadanos) en relación con las disposiciones comunitarias de protección de datos y, en particular, con las relativas a la seguridad del tratamiento (artículo 17 de la Directiva). Con esta perspectiva, el SEPD recomienda también que en los trabajos de esta Comisión administrativa en que proceda, participen asesores expertos en la seguridad y protección de los datos. |
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40.

A este respecto, el SEPD se congratula del artículo 4 de la Propuesta, que dispone que la transmisión de datos entre los organismos pertinentes «se efectuará por vía electrónica en un entorno seguro común que garantice la confidencialidad y protección de los intercambios de datos». Sin embargo, el SEPD insiste en que este «entorno seguro común», que deberá definir la Comisión administrativa de coordinación de los sistemas de seguridad social (15), tenga debidamente en cuenta las recomendaciones del programa IDABC (16) (prestación interoperable de servicios paneuropeos de administración electrónica al sector público, las empresas y los ciudadanos) en relación con las disposiciones comunitarias de protección de datos y, en particular, con las relativas a la seguridad del tratamiento (artículo 17 de la Directiva). Con esta perspectiva, el SEPD recomienda también que en los trabajos de esta Comisión administrativa en que proceda, participen asesores expertos en la seguridad y protección de los datos.

IV.   CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

| 41. | El SEPD acoge positivamente esta propuesta en la medida en que pretende favorecer la libre circulación de los ciudadanos y mejorar el nivel de vida y las condiciones de trabajo de los ciudadanos que se desplazan dentro de la Unión. En efecto, la coordinación de los sistemas de seguridad social no podría darse sin el tratamiento y la transmisión de distintos tipos de datos personales, en muchos casos de carácter sensible. |
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41.

El SEPD acoge positivamente esta propuesta en la medida en que pretende favorecer la libre circulación de los ciudadanos y mejorar el nivel de vida y las condiciones de trabajo de los ciudadanos que se desplazan dentro de la Unión. En efecto, la coordinación de los sistemas de seguridad social no podría darse sin el tratamiento y la transmisión de distintos tipos de datos personales, en muchos casos de carácter sensible.

| 42. | Sin embargo, también es esencial que este mayor intercambio de datos personales entre las administraciones nacionales de los Estados miembros garantice, al mismo tiempo que proporciona mejores condiciones a la libre circulación de las personas, un elevado grado de protección de los datos personales, preservando con ello uno de los derechos fundamentales de la UE. |
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42.

Sin embargo, también es esencial que este mayor intercambio de datos personales entre las administraciones nacionales de los Estados miembros garantice, al mismo tiempo que proporciona mejores condiciones a la libre circulación de las personas, un elevado grado de protección de los datos personales, preservando con ello uno de los derechos fundamentales de la UE.

| 43. | La Propuesta se basará en el marco armonizado de protección de datos formado por las disposiciones comunitarias de protección de los datos personales y, en particular, por la Directiva 95/46/EC y las leyes por las que se incorpora a los ordenamientos nacionales. El SEPD se alegra de que la aplicabilidad de este marco de protección de datos se invoque tanto en el Reglamento de base como en la Propuesta. No obstante, deben abordarse más a fondo y de forma más explícita cuestiones específicas relativas a la aplicación de los principios de la protección de datos en el marco de la coordinación de los sistemas de seguridad social. |
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43.

La Propuesta se basará en el marco armonizado de protección de datos formado por las disposiciones comunitarias de protección de los datos personales y, en particular, por la Directiva 95/46/EC y las leyes por las que se incorpora a los ordenamientos nacionales. El SEPD se alegra de que la aplicabilidad de este marco de protección de datos se invoque tanto en el Reglamento de base como en la Propuesta. No obstante, deben abordarse más a fondo y de forma más explícita cuestiones específicas relativas a la aplicación de los principios de la protección de datos en el marco de la coordinación de los sistemas de seguridad social.

| 44. | Respecto del principio de limitación del uso de los datos para los fines para los que se recogieron, el SEPD considera que la Propuesta respeta las disposiciones básicas de protección de los datos a este respecto. Asimismo, el SEPD observa que, aunque la prohibición de usar datos personales para fines distintos de los relacionados con la seguridad social no figura explícitamente en la Propuesta, dimana de la legislación aplicable sobre protección de datos, lo que permitiría excepciones a este principio general sólo en circunstancias precisas y en condiciones estrictas. A este respecto, el legislador podría pensar en referirse específicamente en la Propuesta a las condiciones en que los datos recogidos a efectos de la seguridad social pueden tratarse con un fin diferente. |
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44.

Respecto del principio de limitación del uso de los datos para los fines para los que se recogieron, el SEPD considera que la Propuesta respeta las disposiciones básicas de protección de los datos a este respecto. Asimismo, el SEPD observa que, aunque la prohibición de usar datos personales para fines distintos de los relacionados con la seguridad social no figura explícitamente en la Propuesta, dimana de la legislación aplicable sobre protección de datos, lo que permitiría excepciones a este principio general sólo en circunstancias precisas y en condiciones estrictas. A este respecto, el legislador podría pensar en referirse específicamente en la Propuesta a las condiciones en que los datos recogidos a efectos de la seguridad social pueden tratarse con un fin diferente.

| 45. | En cuanto a la proporcionalidad de los datos tratados, organismos competentes y periodos de almacenamiento, el SEPD destaca que en un sistema de tamaña complejidad, en que los datos personales se tratan y transmiten sucesivamente a través de una red asimétrica de organismos, debe prestarse especial atención a velar por que efectúen el tratamiento de los datos los organismos competentes, se almacenen los datos durante un plazo proporcionado y se eviten las duplicaciones de bases de datos. A este respecto, podrían añadirse a la Propuesta otras aclaraciones sobre las formas de transmitir y almacenar los datos. |
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45.

En cuanto a la proporcionalidad de los datos tratados, organismos competentes y periodos de almacenamiento, el SEPD destaca que en un sistema de tamaña complejidad, en que los datos personales se tratan y transmiten sucesivamente a través de una red asimétrica de organismos, debe prestarse especial atención a velar por que efectúen el tratamiento de los datos los organismos competentes, se almacenen los datos durante un plazo proporcionado y se eviten las duplicaciones de bases de datos. A este respecto, podrían añadirse a la Propuesta otras aclaraciones sobre las formas de transmitir y almacenar los datos.

| 46. | Por lo que hace a los fundamentos jurídicos para el tratamiento de datos personales, el SEPD, sin entrar en los detalles de los diversos mecanismos específicos que establece la Propuesta, recomienda al legislador de la UE que vele por que cada uno de los mecanismos propuestos para el tratamiento y la transmisión de los datos personales se base claramente en una obligación legal establecida directamente por la Propuesta o en otros fundamentos legítimos para el tratamiento, de conformidad con los artículos 7 y 8 de la Directiva. |
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46.

Por lo que hace a los fundamentos jurídicos para el tratamiento de datos personales, el SEPD, sin entrar en los detalles de los diversos mecanismos específicos que establece la Propuesta, recomienda al legislador de la UE que vele por que cada uno de los mecanismos propuestos para el tratamiento y la transmisión de los datos personales se base claramente en una obligación legal establecida directamente por la Propuesta o en otros fundamentos legítimos para el tratamiento, de conformidad con los artículos 7 y 8 de la Directiva.

| 47. | En lo relativo a la información a los asegurados, el SEPD recomienda que se añada en la Propuesta una referencia específica a la necesidad de proporcionar a los interesados información específica y adecuada sobre el tratamiento de sus datos personales. |
| --- | --- |

47.

En lo relativo a la información a los asegurados, el SEPD recomienda que se añada en la Propuesta una referencia específica a la necesidad de proporcionar a los interesados información específica y adecuada sobre el tratamiento de sus datos personales.

| 48. | Respecto de los derechos de los interesados, el SEPD acoge muy positivamente el artículo 3.2 de la Propuesta y sugiere que se complemente esta disposición con una referencia más amplia a todos los derechos de los interesados, incluido el derecho de oposición y las salvaguardias relativas a las decisiones individuales automatizadas. Además, el SEPD invita al legislador a facilitar el ejercicio efectivo de los derechos de los interesados en un contexto transfronterizo disponiendo que el organismo competente que se encuentre en contacto directo con el asegurado actúe como «ventanilla única »no sólo respecto de las prestaciones de la seguridad social, sino también respecto de todos los datos tratados en relación con dichas prestaciones. |
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48.

Respecto de los derechos de los interesados, el SEPD acoge muy positivamente el artículo 3.2 de la Propuesta y sugiere que se complemente esta disposición con una referencia más amplia a todos los derechos de los interesados, incluido el derecho de oposición y las salvaguardias relativas a las decisiones individuales automatizadas. Además, el SEPD invita al legislador a facilitar el ejercicio efectivo de los derechos de los interesados en un contexto transfronterizo disponiendo que el organismo competente que se encuentre en contacto directo con el asegurado actúe como «ventanilla única »no sólo respecto de las prestaciones de la seguridad social, sino también respecto de todos los datos tratados en relación con dichas prestaciones.

| 49. | En cuanto a las medidas de seguridad, el SEPD recomienda que el «entorno seguro común »para la transmisión de datos a que se refiere el artículo 4 de la Propuesta tenga debidamente en cuenta las recomendaciones pertinentes sobre protección de datos y seguridad del tratamiento. A este respecto, en los trabajos pertinentes de la Comisión administrativa competente deben participar asesores expertos en seguridad y protección de los datos. |
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49.

En cuanto a las medidas de seguridad, el SEPD recomienda que el «entorno seguro común »para la transmisión de datos a que se refiere el artículo 4 de la Propuesta tenga debidamente en cuenta las recomendaciones pertinentes sobre protección de datos y seguridad del tratamiento. A este respecto, en los trabajos pertinentes de la Comisión administrativa competente deben participar asesores expertos en seguridad y protección de los datos.

Hecho en Bruselas el 6 de marzo de 2007.

Peter HUSTINX

Supervisor Europeo de Protección de Datos

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(1)  JO L 281 de 23.11.1995, p. 31.

1

(2)  JO L 8 de 12.1.2001, p. 1.

2

(3)  JO L 166 de 30.4.2004, p. 1.

3

(4)  Todos los años, en diciembre, el SEPD publica un inventario de sus prioridades de asesoramiento para el año siguiente. En él enumera las propuestas más importantes de la Comisión que pueden requerir una reacción pública del SEPD. Se da la mayor prioridad a las propuestas de las que se espera que tengan efectos considerables sobre la protección de datos. El inventario de 2007 se encuentra en el sitio web del SEPD, www.edps.europa.eu

4

(5)  Actualmente, las normas de aplicación se establecen en el Reglamento (CEE) n.o 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena y a sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, DO L 149 de 5.7.1971, p. 2, y en su Reglamento de aplicación, Reglamento (CEE) no 574/72 del Consejo DO L 74 de 27.3.1972, p. 1.

5

o

o

(6)  DO C 38 de 12.2.1999, p. 10.

6

(7)  Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se adoptan las normas de aplicación del Reglamento (CE) no 883/2004 sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social», DO C 324 de 30.12.2006, p. 59.

7

o

(8)  Puesto que las disposiciones del Reglamento (CE) no 45/2001 reflejan las de la Directiva 95/46, para mayor comodidad del lector, el presente dictamen hará referencia únicamente a los artículos pertinentes de la Directiva y no a las disposiciones análogas del Reglamento.

8

o

(9)  Por ejemplo, el artículo 15 del Reglamento (CE) no 883/2004 y el artículo 18 de la propuesta actual se refieren a la transmisión de datos personales relativos a los agentes auxiliares.

9

o

(10)  El CESE indicaba esto en su dictamen, lamentando la falta de una disposición «que [prohíba] expresamente utilizar los datos con otros objetivos ajenos a los de la seguridad social», como el actual artículo 84.5.b) del Reglamento (CEE) no 1408/71. Dictamen del CESE, apartado 4.10.2.

10

o

(11)  Un ejemplo reciente de esas disposiciones puede verse en la Propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos (COM(2005) 649 final). En particular, el artículo 46 de dicha propuesta establece la obligación de las autoridades centrales nacionales de destruir la información que hayan recibido de otro Estado miembro en cuanto la hayan remitido al organismo nacional competente. Además, el apartado 3 establece la prohibición explícita de almacenar la información comunicada en virtud del Reglamento por un plazo superior al necesario para el objetivo para el que se comunicó y en todo caso, por un plazo superior a un año. Véase también el dictamen del SEPD sobre esta propuesta, DO C 242 de 7.10.2006, apartados 45-49.

11

(12)  Dictamen del CESE, apartado 1.11.

12

(13)  Constituye un ejemplo reciente la Propuesta de Decisión marco del Consejo relativa a la organización y al contenido del intercambio de información de los registros de antecedentes penales entre los Estados miembros (COM (2005) 690 final). Su artículo 6 permite al interesado ejercer el derecho de acceso a sus datos personales no sólo a través del organismo que controla los datos, sino también a través del organismo del Estado en que reside. Pueden encontrarse otros ejemplos en el Sistema de Información de Schengen.

13

(14)  Dictamen del CESE, apartado 4.10.

14

(15)  Creada en virtud del artículo 71 del Reglamento (CE) no 883/2004. El artículo 4 de la Propuesta dispone que esta Comisión administrativa determinará el formato y el modo de los intercambio de datos.

15

o

(16)  http://ec.europa.eu/idabc/en/home

16

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II Comunicaciones

COMUNICACIONES PROCEDENTES DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA

Comisión

| 26.4.2007 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 91/24 |
| --- | --- | --- | --- |

26.4.2007

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 91/24

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No oposición a una concentración notificada

[Asunto no COMP/M.4577 — Blackstone/Cardinal Health (PTS Division)]

(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2007/C 91/04)

El 3 de abril de 2007, la Comisión decidió no oponerse a la concentración notificada citada en el encabezamiento y declararla compatible con el mercado común. Esta Decisión se basa en la letra b) del apartado 1 del artículo 6 del Reglamento (CE) no 139/2004 del Consejo. El texto íntegro de la Decisión solamente está disponible en inglés y se hará público una vez suprimidos los secretos comerciales que pueda contener. Estará disponible:

| — | en el sitio web de la DG Competencia del servidor Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Este sitio web proporciona diversos métodos de búsqueda de las decisiones sobre concentraciones, en particular por nombre de la empresa, número de asunto, fecha de la decisión e índices sectoriales. |
| --- | --- |

—

en el sitio web de la DG Competencia del servidor Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Este sitio web proporciona diversos métodos de búsqueda de las decisiones sobre concentraciones, en particular por nombre de la empresa, número de asunto, fecha de la decisión e índices sectoriales.

| — | en formato electrónico en el sitio web EUR-Lex por número de documento 32007M4577. CELEX es el sistema de acceso informático a la legislación comunitaria. (http://eur-lex.europa.eu) |
| --- | --- |

—

en formato electrónico en el sitio web EUR-Lex por número de documento 32007M4577. CELEX es el sistema de acceso informático a la legislación comunitaria. (http://eur-lex.europa.eu)

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| 26.4.2007 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 91/24 |
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26.4.2007

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 91/24

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No oposición a una concentración notificada

(Asunto no COMP/M.4594 — OEP/Arvinmeritor Emissions Technologies Business)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2007/C 91/05)

El 10 de abril de 2007, la Comisión decidió no oponerse a la concentración notificada citada en el encabezamiento y declararla compatible con el mercado común. Esta Decisión se basa en la letra b) del apartado 1 del artículo 6 del Reglamento (CE) no 139/2004 del Consejo. El texto íntegro de la Decisión solamente está disponible en inglés y se hará público una vez suprimidos los secretos comerciales que pueda contener. Estará disponible:

| — | en el sitio web de la DG Competencia del servidor Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Este sitio web proporciona diversos métodos de búsqueda de las decisiones sobre concentraciones, en particular por nombre de la empresa, número de asunto, fecha de la decisión e índices sectoriales. |
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—

en el sitio web de la DG Competencia del servidor Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Este sitio web proporciona diversos métodos de búsqueda de las decisiones sobre concentraciones, en particular por nombre de la empresa, número de asunto, fecha de la decisión e índices sectoriales.

| — | en formato electrónico en el sitio web EUR-Lex por número de documento 32007M4594. CELEX es el sistema de acceso informático a la legislación comunitaria. (http://eur-lex.europa.eu) |
| --- | --- |

—

en formato electrónico en el sitio web EUR-Lex por número de documento 32007M4594. CELEX es el sistema de acceso informático a la legislación comunitaria. (http://eur-lex.europa.eu)

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IV Informaciones

INFORMACIONES PROCEDENTES DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA

Comisión

| 26.4.2007 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 91/25 |
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26.4.2007

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 91/25

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Tipo de cambio del euro (1)

25 de abril de 2007

(2007/C 91/06)

1 euro=

| | Moneda | Tipo de cambio |
| --- | --- | --- |
| USD | dólar estadounidense | 1,3649 |
| JPY | yen japonés | 161,95 |
| DKK | corona danesa | 7,4511 |
| GBP | libra esterlina | 0,68100 |
| SEK | corona sueca | 9,1746 |
| CHF | franco suizo | 1,6416 |
| ISK | corona islandesa | 87,34 |
| NOK | corona noruega | 8,1640 |
| BGN | lev búlgaro | 1,9558 |
| CYP | libra chipriota | 0,5820 |
| CZK | corona checa | 28,106 |
| EEK | corona estonia | 15,6466 |
| HUF | forint húngaro | 246,30 |
| LTL | litas lituana | 3,4528 |
| LVL | lats letón | 0,7000 |
| MTL | lira maltesa | 0,4293 |
| PLN | zloty polaco | 3,7864 |
| RON | leu rumano | 3,3315 |
| SKK | corona eslovaca | 33,655 |
| TRY | lira turca | 1,8168 |
| AUD | dólar australiano | 1,6405 |
| CAD | dólar canadiense | 1,5298 |
| HKD | dólar de Hong Kong | 10,6702 |
| NZD | dólar neozelandés | 1,8321 |
| SGD | dólar de Singapur | 2,0629 |
| KRW | won de Corea del Sur | 1 264,92 |
| ZAR | rand sudafricano | 9,5817 |
| CNY | yuan renminbi | 10,5317 |
| HRK | kuna croata | 7,3745 |
| IDR | rupia indonesia | 12 396,02 |
| MYR | ringgit malayo | 4,6686 |
| PHP | peso filipino | 64,498 |
| RUB | rublo ruso | 35,0650 |
| THB | baht tailandés | 44,200 |

Moneda

Tipo de cambio

USD

dólar estadounidense

1,3649

JPY

yen japonés

161,95

DKK

corona danesa

7,4511

GBP

libra esterlina

0,68100

SEK

corona sueca

9,1746

CHF

franco suizo

1,6416

ISK

corona islandesa

87,34

NOK

corona noruega

8,1640

BGN

lev búlgaro

1,9558

CYP

libra chipriota

0,5820

CZK

corona checa

28,106

EEK

corona estonia

15,6466

HUF

forint húngaro

246,30

LTL

litas lituana

3,4528

LVL

lats letón

0,7000

MTL

lira maltesa

0,4293

PLN

zloty polaco

3,7864

RON

leu rumano

3,3315

SKK

corona eslovaca

33,655

TRY

lira turca

1,8168

AUD

dólar australiano

1,6405

CAD

dólar canadiense

1,5298

HKD

dólar de Hong Kong

10,6702

NZD

dólar neozelandés

1,8321

SGD

dólar de Singapur

2,0629

KRW

won de Corea del Sur

1 264,92

ZAR

rand sudafricano

9,5817

CNY

yuan renminbi

10,5317

HRK

kuna croata

7,3745

IDR

rupia indonesia

12 396,02

MYR

ringgit malayo

4,6686

PHP

peso filipino

64,498

RUB

rublo ruso

35,0650

THB

baht tailandés

44,200

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(1)

Fuente: tipo de cambio de referencia publicado por el Banco Central Europeo.

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INFORMACIONES PROCEDENTES DE LOS ESTADOS MIEMBROS

| 26.4.2007 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 91/26 |
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26.4.2007

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 91/26

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DÍAS FESTIVOS EN 2007

(2007/C 91/07)

| BELGIQUE/BELGIË | 1.1, 9.4, 30.4, 1.5, 17.5, 18.5, 28.5, 21.7, 15.8, 1.11, 2.11, 11.11, 15.11, 16.11, 24.12, 25.12, 26.12, 27.12, 28.12, 29.12, 30.12, 31.12 |
| --- | --- |
| БЪЛГАРИЯ | 1.1, 3.3, 9.4, 1.5, 6.5, 24.5, 6.9, 22.9, 24.12, 25.12, 26.12; 31.12 |
| ČESKÁ REPUBLIKA | 1.1, 9.4, 1.5, 8.5, 5.7, 6.7, 28.9, 28.10, 17.11, 24.12, 25.12, 26.12 |
| DANMARK | 1.1, 5.4, 6.4, 9.4, 4.5, 17.5, 28.5, 5.6, 24.12, 25.12, 26.12 |
| DEUTSCHLAND | 1.1, 6.4, 9.4, 1.5, 17.5, 28.5, 15.8, 3.10, 1.11, 24.12, 25.12, 26.12, 31.12 |
| EESTI | 1.1, 24.2, 6.4, 8.4, 1.5, 27.5, 23.6, 24.6, 20.8, 24.12, 25.12, 26.12 |
| ÉIRE/IRELAND | 1.1, 17.3, 9.4, 7.5, 4.6, 6.8, 29.10, 25.12, 26.12 |
| ΕΛΛΑΔΑ | 1.1, 6.1, 19.2, 25.3, 6.4, 9.4, 1.5, 28.5, 15.8, 28.10, 25.12, 26.12 |
| ESPAÑA | 1.1, 6.1, 6.4, 1.5, 15.8, 12.10, 6.12, 8.12, 25.12 |
| FRANCE | 1.1, 9.4, 1.5, 8.5, 17.5, 14.7, 15.8, 1.11, 11.11, 25.12 |
| ITALIA | 1.1, 6.1, 9.4, 25.4, 1.5, 2.6, 15.8, 1.11, 8.12, 25.12, 26.12 |
| ΚΥΠΡΟΣ/KIBRIS | 1.1, 6.1, 19.2, 25.3, 1.4, 6.4, 9.4, 1.5, 28.5, 15.8, 28.10, 24.12, 25.12, 26.12 |
| LATVIJA | 1.1, 6.4, 8.4, 9.4, 1.5, 4.5, 13.5, 27.5, 23.6, 24.6, 18.11, 25.12, 26.12, 31.12 |
| LIETUVA | 1.1, 16.2, 11.3, 8.4, 9.4, 1.5, 6.5, 24.6, 6.7, 15.8, 1.11, 25.12, 26.12 |
| LUXEMBOURG | 1.1, 19.2, 9.4, 1.5, 17.5, 28.5, 23.6, 15.8, 3.9, 1.11, 25.12, 26.12 |
| MAGYARORSZÁG | 1.1, 15.3, 9.4, 1.5, 28.5, 20.8, 23.10, 1.11, 25.12, 26.12 |
| MALTA | 1.1, 10.2, 19.3, 31.3, 6.4, 1.5, 7.6, 29.6, 15.8, 8.9, 21.9, 8.12, 13.12, 25.12 |
| NEDERLAND | 1.1, 9.4, 30.4, 5.5, 17.5, 28.5, 25.12, 26.12 |
| ÖSTERREICH | 1.1, 6.1, 9.4, 1.5, 17.5, 28.5, 7.6, 15.8, 26.10, 1.11, 8.12, 25.12, 26.12 |
| POLSKA | 1.1, 8.4, 9.4, 1.5, 3.5, 27.5, 7.6, 15.8, 1.11, 11.11, 25.12, 26.12 |
| PORTUGAL | 1.1, 6.4, 25.4, 1.5, 7.6, 10.6, 15.8, 5.10, 1.11, 1.12, 8.12, 25.12 |
| ROMÂNIA | 1.1, 2.1, 9.4, 1.5, 25.12, 26.12 |
| SLOVENIJA | 1.1, 2.1, 8.2, 8.4, 9.4, 27.4, 1.5, 2.5, 27.5, 25.6, 15.8, 31.10, 1.11, 25.12, 26.12 |
| SLOVENSKO | 1.1, 6.1, 6.4, 9.4, 1.5, 8.5, 5.7, 29.8, 1.9, 15.9, 1.11, 11.11, 24.12, 25.12, 26.12 |
| SUOMI/FINLAND | 1.1, 6.1, 6.4, 8.4, 9.4, 1.5, 17.5, 23.6, 3.11, 6.12, 25.12, 26.12 |
| SVERIGE | 1.1, 6.1, 6.4, 8.4, 9.4, 1.5, 17.5, 27.5, 6.6, 23.6, 3.11, 25.12, 26.12 |
| UNITED KINGDOM | Wales and England: 1.1, 6.4, 9.4, 7.5, 28.5, 27.8, 25.12, 26.12
  Northern Ireland: 1.1, 19.3, 6.4, 9.4, 7.5, 28.5, 12.7, 27.8, 25.12, 26.12
  Scotland: 1.1, 2.1, 6.4, 7.5, 28.5, 6.8, 25.12, 26.12 |

BELGIQUE/BELGIË

1.1, 9.4, 30.4, 1.5, 17.5, 18.5, 28.5, 21.7, 15.8, 1.11, 2.11, 11.11, 15.11, 16.11, 24.12, 25.12, 26.12, 27.12, 28.12, 29.12, 30.12, 31.12

БЪЛГАРИЯ

1.1, 3.3, 9.4, 1.5, 6.5, 24.5, 6.9, 22.9, 24.12, 25.12, 26.12; 31.12

ČESKÁ REPUBLIKA

1.1, 9.4, 1.5, 8.5, 5.7, 6.7, 28.9, 28.10, 17.11, 24.12, 25.12, 26.12

DANMARK

1.1, 5.4, 6.4, 9.4, 4.5, 17.5, 28.5, 5.6, 24.12, 25.12, 26.12

DEUTSCHLAND

1.1, 6.4, 9.4, 1.5, 17.5, 28.5, 15.8, 3.10, 1.11, 24.12, 25.12, 26.12, 31.12

EESTI

1.1, 24.2, 6.4, 8.4, 1.5, 27.5, 23.6, 24.6, 20.8, 24.12, 25.12, 26.12

ÉIRE/IRELAND

1.1, 17.3, 9.4, 7.5, 4.6, 6.8, 29.10, 25.12, 26.12

ΕΛΛΑΔΑ

1.1, 6.1, 19.2, 25.3, 6.4, 9.4, 1.5, 28.5, 15.8, 28.10, 25.12, 26.12

ESPAÑA

1.1, 6.1, 6.4, 1.5, 15.8, 12.10, 6.12, 8.12, 25.12

FRANCE

1.1, 9.4, 1.5, 8.5, 17.5, 14.7, 15.8, 1.11, 11.11, 25.12

ITALIA

1.1, 6.1, 9.4, 25.4, 1.5, 2.6, 15.8, 1.11, 8.12, 25.12, 26.12

ΚΥΠΡΟΣ/KIBRIS

1.1, 6.1, 19.2, 25.3, 1.4, 6.4, 9.4, 1.5, 28.5, 15.8, 28.10, 24.12, 25.12, 26.12

LATVIJA

1.1, 6.4, 8.4, 9.4, 1.5, 4.5, 13.5, 27.5, 23.6, 24.6, 18.11, 25.12, 26.12, 31.12

LIETUVA

1.1, 16.2, 11.3, 8.4, 9.4, 1.5, 6.5, 24.6, 6.7, 15.8, 1.11, 25.12, 26.12

LUXEMBOURG

1.1, 19.2, 9.4, 1.5, 17.5, 28.5, 23.6, 15.8, 3.9, 1.11, 25.12, 26.12

MAGYARORSZÁG

1.1, 15.3, 9.4, 1.5, 28.5, 20.8, 23.10, 1.11, 25.12, 26.12

MALTA

1.1, 10.2, 19.3, 31.3, 6.4, 1.5, 7.6, 29.6, 15.8, 8.9, 21.9, 8.12, 13.12, 25.12

NEDERLAND

1.1, 9.4, 30.4, 5.5, 17.5, 28.5, 25.12, 26.12

ÖSTERREICH

1.1, 6.1, 9.4, 1.5, 17.5, 28.5, 7.6, 15.8, 26.10, 1.11, 8.12, 25.12, 26.12

POLSKA

1.1, 8.4, 9.4, 1.5, 3.5, 27.5, 7.6, 15.8, 1.11, 11.11, 25.12, 26.12

PORTUGAL

1.1, 6.4, 25.4, 1.5, 7.6, 10.6, 15.8, 5.10, 1.11, 1.12, 8.12, 25.12

ROMÂNIA

1.1, 2.1, 9.4, 1.5, 25.12, 26.12

SLOVENIJA

1.1, 2.1, 8.2, 8.4, 9.4, 27.4, 1.5, 2.5, 27.5, 25.6, 15.8, 31.10, 1.11, 25.12, 26.12

SLOVENSKO

1.1, 6.1, 6.4, 9.4, 1.5, 8.5, 5.7, 29.8, 1.9, 15.9, 1.11, 11.11, 24.12, 25.12, 26.12

SUOMI/FINLAND

1.1, 6.1, 6.4, 8.4, 9.4, 1.5, 17.5, 23.6, 3.11, 6.12, 25.12, 26.12

SVERIGE

1.1, 6.1, 6.4, 8.4, 9.4, 1.5, 17.5, 27.5, 6.6, 23.6, 3.11, 25.12, 26.12

UNITED KINGDOM

Wales and England: 1.1, 6.4, 9.4, 7.5, 28.5, 27.8, 25.12, 26.12

Northern Ireland: 1.1, 19.3, 6.4, 9.4, 7.5, 28.5, 12.7, 27.8, 25.12, 26.12

Scotland: 1.1, 2.1, 6.4, 7.5, 28.5, 6.8, 25.12, 26.12

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| 26.4.2007 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 91/27 |
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26.4.2007

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 91/27

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Información resumida comunicada por los Estados miembros acerca de las ayudas estatales concedidas de conformidad con el Reglamento (CE) no 1/2004 de la Comisión, de 23 de diciembre de 2003, sobre la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales para las pequeñas y medianas empresas dedicadas a la producción, transformación y comercialización de productos agrarios

(2007/C 91/08)

Ayuda no: XA 2/07

Estado miembro: República Federal de Alemania.

Región: Todos los Estados Federados en su condición de organismos que conceden la ayuda.

Denominación del régimen de ayudas o nombre de la empresa que recibe la ayuda individual: Principios para el fomento de medidas destinadas a mejorar la calidad genética del ganado.

Base jurídica:

Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“

Gasto anual previsto en virtud del régimen o cuantía global de la ayuda individual concedida a la empresa: 20 millones de EUR al año.

Intensidad máxima de la ayuda: 60 %, como máximo, de los costes derivados de la aplicación de las medidas descritas como objetivo de la ayuda. La cuantía de la subvención se limita, además, a los siguientes importes máximos:

10,23 EUR por vaca y año

0,69 EUR por cerdo de engorde para todos los cerdos controlados hasta el fin del engorde y vendidos durante el ejercicio correspondiente

2,76 EUR por camada para todas las camadas de cerdas controladas durante el ejercicio correspondiente

0,28 euros mensuales por cada vacuno de engorde controlado hasta el fin del engorde

0,61 EUR por animal para todos los corderos de engorde controlados hasta el fin del engorde y vendidos durante el ejercicio correspondiente.

Fecha de aplicación: 1 de enero de 2007.

Duración del régimen o de la ayuda indivudual: Diciembre de 2010.

Objetivo de la ayuda: Recogida y análisis de datos para la conservación y la mejora de la calidad genética del ganado en el marco de programas de cría. Para ello, el prestador de servicios realiza pruebas, recoge datos y los analiza, recibiendo a cambio una retribución en condiciones de mercado equivalente a la suma de la ayuda y los costes a cargo del agricultor. No se incluyen los costes derivados de los controles habituales de la calidad de la leche

La medida se basa en el artículo 15 del Reglamento (Ayudas al sector ganadero).

Sector o sectores afectados: Explotaciones de ganado vacuno, porcino y ovino.

Nombre y dirección del organismo que concede la ayuda: La concesión de la ayuda es competencia de las autoridades regionales.

Dirección web: www.bmelv.de > Landwirtschaft > Förderung > GAK

Otros datos: —

Ayuda no: XA 8/07

Estado miembro: República Federal de Alemania

Región: Todos los Estados Federados en su condición de organismos que conceden la ayuda.

Denominación del régimen de ayudas: Programa marco del proyecto de interés común «Mejora de las estructuras agrarias y de la protección del litoral»

Base jurídica: Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“

Gasto anual previsto en el régimen: Importe aproximado de 1 000 millones de EUR para todas las medidas del Programa marco del proyecto de interés común, destinado en su mayor parte a la cofinanciación del Programa marco nacional, de conformidad con el artículo 15, apartado 3, del Reglamento (CE) no 1698/2005

Intensidad máxima de la ayuda para:

| — | Inversiones en explotaciones agrarias: máximo del 40 % y 400 000 EUR durante tres campañas. |
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Inversiones en explotaciones agrarias: máximo del 40 % y 400 000 EUR durante tres campañas.

| — | Fomento del asesoramiento individual sobre sistemas de gestión: máximo del 80 % y 2 000 EUR |
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Fomento del asesoramiento individual sobre sistemas de gestión: máximo del 80 % y 2 000 EUR

| — | Concentración parcelaria: máximo del 90 % |
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Concentración parcelaria: máximo del 90 %

| — | Gastos de instalación de las agrupaciones de productores: máximo del 60 % y un importe total de 400 000 EUR por agrupación durante cinco años. |
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Gastos de instalación de las agrupaciones de productores: máximo del 60 % y un importe total de 400 000 EUR por agrupación durante cinco años.

Fecha de aplicación:

Duración del régimen o de la ayuda individual:

Objetivo de la ayuda:

| — | Inversiones en explotaciones agrarias (Programa de fomento de las inversiones agrarias — Agrarinvestitionsförderungsprogramm, AFP)
  Para promover una agricultura competitiva, sostenible y ecológica, que tenga en cuenta el bienestar animal y sea multifuncional, se podrá estimular la inversión por parte de las explotaciones agrarias en producción primaria de productos agrícolas. Asimismo, se deberán tomar en consideración los intereses de los consumidores, el desarrollo rural y la protección de la biodiversidad, así como la mejora de las condiciones de vida, trabajo y producción
  La medida se basa en el artículo 4 del Reglamento (Inversiones en explotaciones agrarias) |
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Inversiones en explotaciones agrarias (Programa de fomento de las inversiones agrarias — Agrarinvestitionsförderungsprogramm, AFP)

Para promover una agricultura competitiva, sostenible y ecológica, que tenga en cuenta el bienestar animal y sea multifuncional, se podrá estimular la inversión por parte de las explotaciones agrarias en producción primaria de productos agrícolas. Asimismo, se deberán tomar en consideración los intereses de los consumidores, el desarrollo rural y la protección de la biodiversidad, así como la mejora de las condiciones de vida, trabajo y producción

La medida se basa en el artículo 4 del Reglamento (Inversiones en explotaciones agrarias)

| — | Fomento del asesoramiento individual sobre sistemas de gestión (AFP)
  Independientemente del asesoramiento normal, se fomentará el asesoramiento individual en lo relativo a la aplicación de sistemas de documentación. El objetivo de la medida es ayudar a los agricultores a cumplir las normas propias de una agricultura moderna y de calidad, y, sobre todo, las condiciones enunciadas en los artículos 4 y 5, y los anexos III y IV del Reglamento (CE) no 1782/2003 (ecocondicionalidad). Las prestaciones serán realizadas por servicios públicos y privados de asesoría reconocidos por los Estados Federados. La base del asesoramiento a las explotaciones serán los registros de los sistemas de documentación. La medida está destinada, en principio, a todos los beneficiarios de ayudas y se abonará en forma de subvenciones a los servicios de asesoría.
  La medida se basa en el artículo 15 del Reglamento (Asistencia técnica al sector agrario) |
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Fomento del asesoramiento individual sobre sistemas de gestión (AFP)

Independientemente del asesoramiento normal, se fomentará el asesoramiento individual en lo relativo a la aplicación de sistemas de documentación. El objetivo de la medida es ayudar a los agricultores a cumplir las normas propias de una agricultura moderna y de calidad, y, sobre todo, las condiciones enunciadas en los artículos 4 y 5, y los anexos III y IV del Reglamento (CE) no 1782/2003 (ecocondicionalidad). Las prestaciones serán realizadas por servicios públicos y privados de asesoría reconocidos por los Estados Federados. La base del asesoramiento a las explotaciones serán los registros de los sistemas de documentación. La medida está destinada, en principio, a todos los beneficiarios de ayudas y se abonará en forma de subvenciones a los servicios de asesoría.

La medida se basa en el artículo 15 del Reglamento (Asistencia técnica al sector agrario)

| — | Concentración parcelaria (principios para el fomento del desarrollo rural integrado; fomento de la reordenación del suelo rústico)
  El objetivo de la ayuda es la reordenación del suelo rústico y la estructuración del espacio rural, para mejorar las estructuras agrarias según los procedimientos previstos por la Ley de Concentración Parcelaria (Flurbereinigungsgesetz) y por la Ley de Adaptación de la Agricultura (Landwirtschaftsanpassungsgesetz), incluyendo las medidas destinadas a asegurar un equilibrio natural sostenible y productivo, y los planes de cambio voluntario de uso del suelo. Son subvencionables los costes derivados de estos procedimientos
  La medida se basa en el artículo 13 del Reglamento (Ayudas para concentración parcelaria) |
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Concentración parcelaria (principios para el fomento del desarrollo rural integrado; fomento de la reordenación del suelo rústico)

El objetivo de la ayuda es la reordenación del suelo rústico y la estructuración del espacio rural, para mejorar las estructuras agrarias según los procedimientos previstos por la Ley de Concentración Parcelaria (Flurbereinigungsgesetz) y por la Ley de Adaptación de la Agricultura (Landwirtschaftsanpassungsgesetz), incluyendo las medidas destinadas a asegurar un equilibrio natural sostenible y productivo, y los planes de cambio voluntario de uso del suelo. Son subvencionables los costes derivados de estos procedimientos

La medida se basa en el artículo 13 del Reglamento (Ayudas para concentración parcelaria)

| — | Gastos de creación de las agrupaciones de productores (principios para propiciar la mejora de las estructuras de mercado; creación de agrupaciones)
  El objetivo de la ayuda es el fomento de la creación y la puesta en marcha de las agrupaciones de productores, así como la mejora de la competitividad de las empresas de transformación y comercialización de productos agrarios, a fin de asegurar las ventas o propiciar un aumento de los ingresos de los productores
  La ayuda contribuirá a adaptar el registro, la transformación y la comercialización de los productos agrarios a las condiciones del mercado en cuanto al tipo, la cuantía y la calidad de la oferta
  El fomento de las agrupaciones se basa en el artículo 9 del Reglamento (Ayudas a las agrupaciones de productores). |
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Gastos de creación de las agrupaciones de productores (principios para propiciar la mejora de las estructuras de mercado; creación de agrupaciones)

El objetivo de la ayuda es el fomento de la creación y la puesta en marcha de las agrupaciones de productores, así como la mejora de la competitividad de las empresas de transformación y comercialización de productos agrarios, a fin de asegurar las ventas o propiciar un aumento de los ingresos de los productores

La ayuda contribuirá a adaptar el registro, la transformación y la comercialización de los productos agrarios a las condiciones del mercado en cuanto al tipo, la cuantía y la calidad de la oferta

El fomento de las agrupaciones se basa en el artículo 9 del Reglamento (Ayudas a las agrupaciones de productores).

Sector o sectores afectados: Agricultura

Nombre y dirección del organismo que concede la ayuda: La concesión de la ayuda es competencia de las autoridades regionales.

Dirección web: www.bmelv.de > Landwirtschaft > Förderung > GAK > Rahmenplan 2007

Grundsätze für die einzelbetriebliche Förderung landwirtschaftlicher Unternehmen

Grundsätze für die Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung (Förderung der Neuordnung des ländlichen Grundbesitzes)

Grundsätze für die Förderung zur Marktstrukturverbesserung (Zusammenschlüsse)

http://www.bmelv.de/cln_044/nn_751002/DE/04-Landwirtschaft/Foerderung/GAK/Rahmenplan/Rahmenplan2007.html__nnn=true

Otros datos: —

Ayuda no: XA 9/07

Estado miembro: Países Bajos

Región: Provincia de Brabante Septentrional

Denominación del régimen de ayudas o nombre de la empresa que recibe la ayuda individual:

Base jurídica: Volgens AWB (art. 4:23 lid 3 sub d) en provinciale ASV (art. 33) aangemerkt als incidentele subsidie

Gasto anual previsto en virtud del régimen o cuantía global de la ayuda individual concedida a la empresa: 38 000 EUR en 2007

Intensidad máxima de la ayuda: 40 %

Fecha de aplicación: Febrero/marzo de 2007

Duración del régimen o de la ayuda individual: Diciembre de 2007

Objetivo de la ayuda: Aplicación en 2007 de una nueva generación de purificadores de aire que reducen de forma considerable las emisiones de olores, amoniaco y partículas finas. Los purificadores estarán en fase de demostración, prueba y estudio durante tres años. Se trata de una ayuda a las inversiones en medidas medioambientales para la mejora de la calidad del aire que sobrepasan las disposiciones vigentes.

Indíquense el artículo o artículos, del 4 al 12, utilizados y los costes subvencionables regulados por el régimen o la ayuda individual: Artículo 4, apartado 2, letra b), apartado 3, letra d), y apartado 4, letra a)

Sector o sectores afectados: Sector ganadero, concretamente la cría de porcino.

Nombre y dirección del organismo que concede la ayuda:

| Provincie Noord-Brabant |
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| Brabantlaan 1 |
| Postbus 90151 |
| 5200 MC 's-Hertogenbosch |
| Nederland |

Provincie Noord-Brabant

Brabantlaan 1

Postbus 90151

5200 MC 's-Hertogenbosch

Nederland

Dirección de Internet de la base jurídica: http://wettenbank.sdu.nl/wettenbank.sdu.nl/demo/awb_main.html

http://www.brabant.nl/Beleid/Regels%20en%20kaders/Algemene%20subsidieverordening.aspx?docindexid={6E5EE4A7-1D3F-480A-900D-975DD48879C6}

Otros datos: —

Ayuda no: XA 11/07

Estado miembro: Países Bajos

Región: Provincia de Limburgo

Denominación del régimen de ayudas o nombre de la empresa que recibe la ayuda individual: Subsidieverordening Inrichting Landelijk Gebied Limburg (Reglamento sobre Subvenciones a la Ordenación Rural de la Provincia de Limburgo)

Apartado 1.1: reparcelación e intercambio mediante acuerdo de parcelas para la mejora de las estructuras en la agricultura (gastos notariales y catastrales)

Apartado 6.4: fomento de usos del suelo favorables a las aguas freáticas (parte de la reparcelación; gastos notariales y catastrales)

Base jurídica: Artikel 11, lid 3 Wet Inrichting Landelijk Gebied, juncto Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg

Gasto anual previsto en virtud del régimen o cuantía global de la ayuda individual concedida a la empresa: Alrededor de 10 millones de EUR para el periodo 2007-2013

Intensidad máxima de la ayuda: El 100 % de los costes notariales y catastrales (costes de agrimensura y registro)

Fecha de aplicación: La concesión de subvenciones tendrá lugar tras la aprobación del Subsidieverordening Inrichting Landelijk Gebied Limburg por el Ministerio de Agricultura, Naturaleza y Calidad Alimentaria con arreglo al artículo 11, apartado 3, de la Wet Inrichting Landelijk Gebied y no antes de que el Reglamento sobre subvenciones haya sido notificado con arreglo al Reglamento (CE) no 1857/2006.

Duración del régimen o de la ayuda individual: Desde 2007 hasta el 31 de diciembre de 2013

Objetivo de la ayuda: Ayuda al intercambio de parcelas mediante la cobertura de los gastos jurídicos y administrativos con arreglo al artículo 13

Sector o sectores afectados: La ayuda es aplicable a las pequeñas y medianas empresas agrarias activas en la producción primaria de productos agrícolas.

Nombre y dirección del organismo que concede la ayuda:

| Provincie Limburg |
| --- |
| Limburglaan 10 |
| Postbus 5700 |
| 6202 MA Maastricht |
| Nederland |

Provincie Limburg

Limburglaan 10

Postbus 5700

6202 MA Maastricht

Nederland

Dirección web: www.limburg.nl

Otros datos: —

Ayuda no: XA 12/07

Estado miembro: Países Bajos

Región: Provincia de Limburgo

Denominación del régimen de ayudas o nombre de la empresa que recibe la ayuda individual: Subsidieverordening Inrichting Landelijk Gebied Limburg (Reglamento sobre Subvenciones a la ordenación Rural de la Provincia de Limburgo)

Apartado 1.2: Proyectos de implantación de ganadería intensiva

Apartado 1.4: Fusión de zonas de explotación de ganadería intensiva en zonas sostenibles

Apartado 1.5: Mejora de los conocimientos e innovación de la agricultura (Greenport)

Apartado 1.9: Extensificación de las explotaciones lecheras

Apartado 6.1: Restauración de zonas naturales desecadas

Apartado 6.4: Fomento de usos del suelo favorables a las aguas freáticas.

Base jurídica: Artikel 11, lid 3 Wet Inrichting Landelijk Gebied, juncto Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg

Gasto anual previsto en virtud del régimen o cuantía global de la ayuda individual concedida a la empresa:

| — | Apartado 1.2: 3 000 000 de EUR para el periodo 2007-2013 |
| --- | --- |

—

Apartado 1.2: 3 000 000 de EUR para el periodo 2007-2013

| — | Apartado 1.4: 60 000 EUR para el periodo 2007-2013 |
| --- | --- |

—

Apartado 1.4: 60 000 EUR para el periodo 2007-2013

| — | Apartado 1.5: 1 250 000 EURs para el periodo 2007-2013 |
| --- | --- |

—

Apartado 1.5: 1 250 000 EURs para el periodo 2007-2013

| — | Apartado 1.9: 4 500 000 EUR para el periodo 2007-2013 |
| --- | --- |

—

Apartado 1.9: 4 500 000 EUR para el periodo 2007-2013

| — | Apartado 6.1: 3 000 000 de EUR para el periodo 2007-2013 |
| --- | --- |

—

Apartado 6.1: 3 000 000 de EUR para el periodo 2007-2013

| — | Apartado 6.4: 1 200 000 EUR para el periodo 2007-2013 |
| --- | --- |

—

Apartado 6.4: 1 200 000 EUR para el periodo 2007-2013

(Estas cantidades son una estimación de los importes máximos que los agricultores pueden recibir de los medios disponibles. Los no empresarios también serán subvencionados según estos apartados.

Intensidad máxima de la ayuda:

| — | Apartado 1.2: Máximo de un 60 % de los costes subvencionables con un techo de 1 200 000 EUR por proyecto de implantación, con arreglo al artículo 4, apartado 2, letra e), y al apartado 4, letras a) y c). |
| --- | --- |

—

Apartado 1.2: Máximo de un 60 % de los costes subvencionables con un techo de 1 200 000 EUR por proyecto de implantación, con arreglo al artículo 4, apartado 2, letra e), y al apartado 4, letras a) y c).

| — | Apartado 1.9: Máximo de un 60 % de los costes subvencionables, con arreglo al artículo 4, apartado 2, letra e), y al apartado 4, letras a) y c). |
| --- | --- |

—

Apartado 1.9: Máximo de un 60 % de los costes subvencionables, con arreglo al artículo 4, apartado 2, letra e), y al apartado 4, letras a) y c).

| — | Apartado 6.1: Máximo de un 60 % de los costes subvencionables, con arreglo al artículo 4, apartado 2, letra e), y al apartado 4, letras a) y c). |
| --- | --- |

—

Apartado 6.1: Máximo de un 60 % de los costes subvencionables, con arreglo al artículo 4, apartado 2, letra e), y al apartado 4, letras a) y c).

| — | Apartado 1.4: Máximo de un 50 % de los costes subvencionables con un techo de 20 000 EUR por proyecto, con arreglo al artículo 4, apartado 2, letra e), y al apartado 4, letras a) y c). |
| --- | --- |

—

Apartado 1.4: Máximo de un 50 % de los costes subvencionables con un techo de 20 000 EUR por proyecto, con arreglo al artículo 4, apartado 2, letra e), y al apartado 4, letras a) y c).

| — | Apartado 1.5: Máximo de un 50 % de los costes subvencionables con un techo de 1 250 000 EUR, con arreglo al artículo 4, apartado 2, letra e), y al apartado 4, letras a) y c). |
| --- | --- |

—

Apartado 1.5: Máximo de un 50 % de los costes subvencionables con un techo de 1 250 000 EUR, con arreglo al artículo 4, apartado 2, letra e), y al apartado 4, letras a) y c).

| — | Apartado 6.4: Máximo de un 50 % de los costes subvencionables con un techo de 50 000 EUR por proyecto, con arreglo al artículo 4, apartado 2, letra e), y al apartado 4, letras a) y c). |
| --- | --- |

—

Apartado 6.4: Máximo de un 50 % de los costes subvencionables con un techo de 50 000 EUR por proyecto, con arreglo al artículo 4, apartado 2, letra e), y al apartado 4, letras a) y c).

(Sólo los agricultores; los no empresarios también serán subvencionados según estos apartados.)

Fecha de aplicación: La concesión de subvenciones tendrá lugar tras la aprobación del Subsidieverordening Inrichting Landelijk Gebied Limburg por el Ministerio de Agricultura, Naturaleza y Calidad Alimentaria con arreglo al artículo 11, apartado 3, de la Wet Inrichting Landelijk Gebied y no antes de que el Reglamento sobre subvenciones haya sido notificado con arreglo al Reglamento (CE) no 1857/2006.

Duración del régimen o de la ayuda individual: Desde 2007 hasta el 31 de diciembre de 2013

Objetivo de la ayuda:

| — | Apartado 1.2: La ayuda se refiere a los costes de los estudios de viabilidad y los planes de empresa, así como de la construcción y mejora de bienes inmuebles, conforme a los objetivos mencionados en el artículo 4, apartado 3, letras a) a d). |
| --- | --- |

—

Apartado 1.2: La ayuda se refiere a los costes de los estudios de viabilidad y los planes de empresa, así como de la construcción y mejora de bienes inmuebles, conforme a los objetivos mencionados en el artículo 4, apartado 3, letras a) a d).

| — | Apartado 1.9: La ayuda se refiere a los costes de la construcción y mejora de bienes inmuebles conforme a los objetivos mencionados en el artículo 4, apartado 3, letras a) a d). |
| --- | --- |

—

Apartado 1.9: La ayuda se refiere a los costes de la construcción y mejora de bienes inmuebles conforme a los objetivos mencionados en el artículo 4, apartado 3, letras a) a d).

| — | Apartado 6.1: La ayuda se refiere a los costes de la construcción y mejora de bienes inmuebles conforme a los objetivos mencionados en el artículo 4, apartado 3, letras a) a d). |
| --- | --- |

—

Apartado 6.1: La ayuda se refiere a los costes de la construcción y mejora de bienes inmuebles conforme a los objetivos mencionados en el artículo 4, apartado 3, letras a) a d).

| — | Apartado 1.4: La ayuda se refiere a los costes de los estudios de viabilidad y los planes de empresa centrados en la construcción y la mejora de bienes inmuebles conforme a los objetivos mencionados en el artículo 4, apartado 3, letras a) a d). |
| --- | --- |

—

Apartado 1.4: La ayuda se refiere a los costes de los estudios de viabilidad y los planes de empresa centrados en la construcción y la mejora de bienes inmuebles conforme a los objetivos mencionados en el artículo 4, apartado 3, letras a) a d).

| — | Apartado 1.5: La ayuda se refiere a los costes de los estudios de viabilidad y los planes de empresa así como de la construcción y mejora de bienes inmuebles conforme a los objetivos mencionados en el artículo 4, apartado 3, letras a) a d). |
| --- | --- |

—

Apartado 1.5: La ayuda se refiere a los costes de los estudios de viabilidad y los planes de empresa así como de la construcción y mejora de bienes inmuebles conforme a los objetivos mencionados en el artículo 4, apartado 3, letras a) a d).

| — | Apartado 6.4: La ayuda se refiere a los costes de los estudios de viabilidad y los planes de empresa centrados en la mejora de bienes inmuebles conforme a los objetivos mencionados en el artículo 4, apartado 3, letras a) a d). |
| --- | --- |

—

Apartado 6.4: La ayuda se refiere a los costes de los estudios de viabilidad y los planes de empresa centrados en la mejora de bienes inmuebles conforme a los objetivos mencionados en el artículo 4, apartado 3, letras a) a d).

Sector o sectores afectados: La ayuda es aplicable a las pequeñas y medianas empresas agrarias activas en la producción primaria de productos agrícolas.

Nombre y dirección del organismo que concede la ayuda:

| Provincie Limburg |
| --- |
| Limburglaan 10 |
| Postbus 5700 |
| 6202 MA Maastricht |
| Nederland |

Provincie Limburg

Limburglaan 10

Postbus 5700

6202 MA Maastricht

Nederland

Dirección web: www.limburg.nl

Otros datos: —

Ayuda no: XA 14/07

Estado miembro: Países Bajos

Región: Provincia de Limburgo

Denominación del régimen de ayudas o nombre de la empresa que recibe la ayuda individual: Subsidieverordening Inrichting Landelijk Gebied Limburg (Reglamento sobre Subvenciones a la Ordenación Rural de la Provincia de Limburgo),

Apartado 5.1: creación, restauración y mantenimiento de elementos naturales, seminaturales y patrimoniales del paisaje.

Base jurídica: Artikel 11, lid 3 Wet Inrichting Landelijk Gebied, juncto Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg

Gasto anual previsto en virtud del régimen o cuantía global de la ayuda individual concedida a la empresa: 400 000 EUR para el periodo 2007-2013

(Esta cantidad es una estimación de las cifras máximas que los agricultores pueden recibir de los medios disponibles. Los no empresarios también serán subvencionados según este apartado.)

Intensidad máxima de la ayuda: Máximo del 100 % de los costes subvencionables para los elementos paisajísticos no productivos y máximo del 60 % para los elementos paisajísticos (en parte) productivos. La subvención garantiza una asignación máxima de 10 000 EUR anuales para actividades del propio agricultor o de sus trabajadores (sólo los agricultores; los no empresarios también serán subvencionados según este apartado).

Fecha de aplicación: La concesión de subvenciones tendrá lugar tras la aprobación del Subsidieverordening Inrichting Landelijk Gebied Limburg por el Ministerio de Agricultura, Naturaleza y Calidad Alimentaria con arreglo al artículo 11, apartado 3, de la Wet Inrichting Landelijk Gebied y no antes de que el Reglamento sobre subvenciones haya notificado con arreglo al Reglamento (CE) no 1857/2006.

Duración del régimen o de la ayuda individual: Desde 2007 hasta el 31 de diciembre de 2013

Objetivo de la ayuda: El objetivo de la ayuda es la conservación de los paisajes tradicionales, subvencionando los costes de creación y restauración de elementos paisajísticos tradicionales como arboledas altas, setos, hileras de árboles podados, canales, ramblas y charcas, con arreglo al artículo 5.

Sector o sectores afectados: La ayuda es aplicable a las pequeñas y medianas empresas agrarias activas en la producción primaria de productos agrícolas.

Nombre y dirección del organismo que concede la ayuda:

| Provincie Limburg |
| --- |
| Limburglaan 10 |
| Postbus 5700 |
| 6202 MA Maastricht |
| Nederland |

Provincie Limburg

Limburglaan 10

Postbus 5700

6202 MA Maastricht

Nederland

Dirección web: www.limburg.nl

Otros datos: —

Ayuda no: XA 15/07

Estado miembro: Países Bajos

Región: Provincia de Limburgo

Denominación del régimen de ayudas o nombre de la empresa que recibe la ayuda individual: Subsidieverordening Inrichting Landelijk Gebied Limburg (Reglamento sobre Subvenciones a la Ordenación Rural de la Provincia de Limburgo)

Apartado 1.14: Traslado de explotación lechera

Base jurídica: Artikel 11, lid 3 Wet Inrichting Landelijk Gebied, juncto Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg

Gasto anual previsto en virtud del régimen o cuantía global de la ayuda individual concedida a la empresa: Apartado 1.14: 700 000 EUR para el periodo 2007-2013

Intensidad máxima de la ayuda: Apartado 1.14: Máximo del 40 % de los costes de demolición del antiguo emplazamiento, traslado y construcción en el nuevo emplazamiento con un techo de 100 000 EUR por traslado de explotación.

Fecha de aplicación: La concesión de subvenciones tendrá lugar tras la aprobación del Subsidieverordening Inrichting Landelijk Gebied Limburg por el Ministerio de Agricultura, Naturaleza y Calidad Alimentaria con arreglo al artículo 11, apartado 3, de la Wet Inrichting Landelijk Gebied y no antes de que el Reglamento sobre subvenciones haya sido notificado con arreglo al Reglamento (CE) no 1857/2006.

Duración del régimen o de la ayuda individual: Desde 2007 hasta el 31 de diciembre de 2013

Objetivo de la ayuda: Traslado y cese de actividades de empresas agrarias en aras del interés general, dirigidos especialmente a la mejora de la calidad paisajística y medioambiental conforme al artículo 6.

Sector o sectores afectados: La ayuda es aplicable a las pequeñas y medianas empresas agrarias activas en la producción primaria de productos agrícolas.

Nombre y dirección del organismo que concede la ayuda:

| Provincie Limburg |
| --- |
| Limburglaan 10 |
| Postbus 5700 |
| 6202 MA Maastricht |
| Nederland |

Provincie Limburg

Limburglaan 10

Postbus 5700

6202 MA Maastricht

Nederland

Dirección web: www.limburg.nl

Otros datos: —

Número XA: XA 16/07

Estado miembro: República Checa.

Región: —

Denominación del régimen de ayudas o nombre de la empresa que recibe la ayuda individual: Podpora poradenství v zemědělství – Metodická činnost k podpoře zemědělského poradenského systému

Base jurídica: Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství

Gasto anual previsto en virtud del régimen o cuantía global de la ayuda individual concedida a la empresa: Hasta 15,0 millones de CZK

Intensidad máxima de la ayuda: Hasta un 100 % de los gastos que puedan demostrarse, con un límite máximo de 500 000 CZK por cada herramienta didáctica.

Fecha de aplicación: A partir del 16 de febrero de 2007

Duración del régimen o de la ayuda individual: Hasta el 31 de diciembre de 2013

Objetivo de la ayuda: La ayuda se concede en virtud del artículo 15 («Asistencia técnica al sector agrario») del Reglamento (CE) no 1857/2006 de la Comisión

Su objetivo es contribuir a cubrir los costes de las actividades didácticas del sistema de servicios de asesoría agraria y crear instrumentos didácticos para la aplicación práctica de conocimientos de los sectores de la ciencia y la investigación, especialmente en relación con las disposiciones legales y las buenas prácticas agrícolas

Los solicitantes de la ayuda deberán presentar proyectos de aplicación de herramientas didácticas destinadas a las empresas agrarias y de asesoría. Se escogerán los proyectos que mejor respondan a los requisitos establecidos. La selección correrá a cargo de un comité del Servicio de Investigación, Formación y Creación de Actividad del Ministerio de Agricultura de la República Checa, asistido por un representante del sector agrario, a propuesta del Comité Consultivo Nacional de Agricultura y Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura de la República Checa. Tras su evaluación, los proyectos recibirán una nota que permitirá establecer una prelación. Las ayudas se concederán a los solicitantes en función de dicha clasificación y dentro de los límites de los recursos disponibles.

Sector o sectores afectados: Producción primaria de productos agrícolas

Nombre y dirección del organismo que concede la ayuda:

| Ministerstvo zemědělství ČR |
| --- |
| Těšnov 17 |
| CZ-117 05 Praha 1 |

Ministerstvo zemědělství ČR

Těšnov 17

CZ-117 05 Praha 1

Dirección web: http://www.mze.cz/Index.aspx?deploy=1802&typ=2&ch=74&ids=1802&val=1802

Otros datos: El Ministerio de Agricultura de la República Checa declara que se cumplirán las condiciones establecidas en el Reglamento (CE) no 1857/2006 de la Comisión, es decir, que la ayuda se destinará a las pequeñas y medianas empresas activas en la producción primaria de productos agrícolas, y, especialmente, los requisitos establecidos en el artículo 15 del citado Reglamento

Los solicitantes son esencialmente centros de investigación y universidades públicos, amén de otros organismos con actividades de investigación. El objetivo de la medida es llevar a la práctica los resultados de la investigación en el sector agrario. Los proyectos tienen por objeto la concepción y la difusión de instrumentos de gestión de la empresas agrarias. Los criterios de selección de los proyectos figuran en las reglas de atribución de las ayudas que han sido publicadas.

Número XA: XA 17/07

Estado miembro: República Checa

Región: —

Denominación del régimen de ayudas o nombre de la empresa que recibe la ayuda individual: Podpora poradenství v zemědělství – Regionální přenos informací o realizaci společné zemědělské politiky, zejména požadavků na plnění cross compliance, zajišťovaný prostřednictvím Krajských informačních středisek pro rozvoj zemědělství a venkova (KIS)

Base jurídica: Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství

Gasto anual previsto en virtud del régimen o cuantía global de la ayuda individual concedida a la empresa: Hasta 10,0 millones de CZK

Intensidad máxima de la ayuda: Hasta un 100 % de los gastos subvencionables, con un límite de 500 000 CZK por cada centro regional de información sobre agricultura y desarrollo rural que preste sus servicios a los beneficiarios finales, es decir los destinatarios de la asistencia técnica

Fecha de aplicación: A partir del 16 de febrero de 2007

Duración del régimen o de la ayuda individual: Hasta el 31 de diciembre de 2013

Objetivo de la ayuda: La ayuda se concede en virtud del artículo 15 («Asistencia técnica al sector agrario») del Reglamento (CE) no 1857/2006 de la Comisión

Su objetivo es cubrir los costes de los servicios de asesoría prestados a las empresas agrarias por consultores acreditados y facilitar la difusión regional de información sobre la política agrícola común y las buenas prácticas agrarias, así como sobre los programas de desarrollo rural y la protección de los consumidores (seguridad alimentaria)

La información se facilitará de forma gratuita y a través de distintos soportes entre los que destacan los medios de comunicación electrónicos (Internet, correo electrónico, SMS), pero también por escrito (cartas, prospectos informativos, etc.) y mediante contactos personales (en seminarios y consultas); además, se distribuirá de forma no discriminatoria a todos los grupos destinatarios de la región y hará especial énfasis en los problemas de la agricultura y el desarrollo rural de la zona

Los costes subvencionables son los siguientes:

costes reales de la organización de los servicios de información;

gastos de viajes;

honorarios por los servicios de asesoría que no representen una actividad continua o periódica ni formen parte de los gastos de funcionamiento habituales de la empresa.

Sector o sectores afectados: Producción primaria de productos agrícolas

Nombre y dirección del organismo que concede la ayuda:

| Ministerstvo zemědělství ČR |
| --- |
| Těšnov 17 |
| CZ-117 05 Praha 1 |

Ministerstvo zemědělství ČR

Těšnov 17

CZ-117 05 Praha 1

Dirección web: http://www.mze.cz/Index.aspx?deploy=1802&typ=2&ch=74&ids=1802&val=1802

Otros datos: El Ministerio de Agricultura de la República Checa declara que se cumplirán las condiciones establecidas en el Reglamento (CE) no 1857/2006 de la Comisión, es decir, que la ayuda se destinará a las pequeñas y medianas empresas activas en la producción primaria de productos agrícolas, y, especialmente, los requisitos fijados en el artículo 15 del citado Reglamento («Asistencia técnica al sector agrario»).

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INFORMACIONES RELATIVAS AL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO

Órgano de Vigilancia de la AELC

| 26.4.2007 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 91/33 |
| --- | --- | --- | --- |

26.4.2007

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 91/33

---

Días festivos en 2007: Estados AELC del EEE e instituciones del EEE

(2007/C 91/09)

| 2007 | Islandia | Liechtenstein | Noruega | Órgano de Vigilancia de la AELC | Tribunal de la AELC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 de enero | X | X | X | X | X |
| 2 de enero | | X | | | |
| 6 de enero | | X | | | |
| 2 de febrero | | X | | | |
| 20 de febrero | | X | | | |
| 19 de marzo | | X | | | |
| 5 de abril | X | | X | | |
| 6 de abril | X | X | X | X | |
| 9 de abril | X | X | X | X | X |
| 19 de abril | X | | | | |
| 1 de mayo | X | X | X | X | X |
| 17 de mayo | X | X | X | X | X |
| 18 de mayo | | | | X | |
| 28 de mayo | X | X | X | X | X |
| 7 de junio | | X | | | |
| 17 de junio | X | | | | |
| 23 de junio | | | | | X |
| 6 de agosto | X | | | | |
| 15 de agosto | | X | | | X |
| 8 de septiembre | | X | | | |
| 1 de noviembre | | X | | X | X |
| 8 de diciembre | | X | | | |
| 24 de diciembre | | X | | | |
| 25 de diciembre | X | X | X | X | X |
| 26 de diciembre | X | X | X | X | X |
| 31 de diciembre | | X | | | |

2007

Islandia

Liechtenstein

Noruega

Órgano de Vigilancia de la AELC

Tribunal de la AELC

1 de enero

X

X

X

X

X

2 de enero

X

6 de enero

X

2 de febrero

X

20 de febrero

X

19 de marzo

X

5 de abril

X

X

6 de abril

X

X

X

X

9 de abril

X

X

X

X

X

19 de abril

X

1 de mayo

X

X

X

X

X

17 de mayo

X

X

X

X

X

18 de mayo

X

28 de mayo

X

X

X

X

X

7 de junio

X

17 de junio

X

23 de junio

X

6 de agosto

X

15 de agosto

X

X

8 de septiembre

X

1 de noviembre

X

X

X

8 de diciembre

X

24 de diciembre

X

25 de diciembre

X

X

X

X

X

26 de diciembre

X

X

X

X

X

31 de diciembre

X

---

V Dictámenes

PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A LA APLICACIÓN DE LA POLÍTICA DE COMPETENCIA

Comisión

| 26.4.2007 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 91/34 |
| --- | --- | --- | --- |

26.4.2007

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 91/34

---

AYUDA ESTATAL — REINO UNIDO

Ayuda estatal no C 7/07 (ex NN 82/06 y NN 83/06) — Presunta ayuda a Royal Mail y POL

Invitación a presentar observaciones en aplicación del artículo 88, apartado 2, del Tratado CE

(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2007/C 91/10)

Por carta de 21 de febrero de 2007 reproducida en la versión lingüística auténtica en las páginas siguientes al presente resumen, la Comisión notificó al Reino Unido su decisión de incoar el procedimiento previsto en el artículo 88, apartado 2, del Tratado CE en relación con ciertas medidas.

La Comisión decidió no formular objeciones con respecto a otras medidas, descritas en la carta que sigue al presente resumen.

Los interesados podrán presentar sus observaciones sobre las medidas respecto de las cuales la Comisión ha incoado el procedimiento en un plazo de un mes a partir de la fecha de publicación del presente resumen y de la carta siguiente, enviándolas a:

| Comisión Europea |
| --- |
| Dirección General de Competencia |
| Registro de Ayudas Estatales |
| SPA 3 6/5 |
| B-1049 Bruselas |
| Fax: (32-2) 296.12.42 |

Comisión Europea

Dirección General de Competencia

Registro de Ayudas Estatales

SPA 3 6/5

B-1049 Bruselas

Fax: (32-2) 296.12.42

Dichas observaciones serán comunicadas al Reino Unido. Los interesados que presenten observaciones podrán solicitar por escrito, exponiendo los motivos de su solicitud, que su identidad sea tratada de forma confidencial.

TEXTO DEL RESUMEN

PROCEDIMIENTO

Las medidas respecto de las cuales la Comisión ha incoado el procedimiento previsto en el artículo 88, apartado 2, se pusieron en conocimiento de la Comisión mediante denuncias o en correspondencia con las autoridades del Reino Unido tras tales denuncias. Ninguna de estas medidas ha sido notificada a la Comisión.

LAS MEDIDAS RESPECTO DE LAS CUALES LA COMISIÓN HA INCOADO EL PROCEDIMIENTO

Beneficiario

El beneficiario de la presunta ayuda estatal es Royal Mail Group plc (RM) que es (a través de una sociedad holding, Royal Mail Holdings plc) propiedad del Estado al 100 %. RM es el principal operador postal británico y tenía un monopolio legal sobre la mayor parte de los servicios básicos de correos hasta finales de 2005. POL, que es una filial de RM, opera la red de oficinas de correos. RM tiene una división de paquetería separada llamada Parcelforce. Parcelforce acumuló pérdidas desde 1991 y aparte de un pequeño beneficio comercial en 1995/1996 y a pesar de numerosos esfuerzos de reestructuración, registró pérdidas hasta que volvió a ser rentable en 2005.

El préstamo de 2001

En febrero de 2001, las autoridades británicas concedieron un préstamo de 500 millones de GBP a RM para financiar adquisiciones en el extranjero para las actividades de correos y paquetería. El préstamo es reembolsable entre 2021 y 2025 a un tipo de interés medio de alrededor del 5,8 %. Las autoridades británicas han declarado en su correspondencia con la Comisión que este préstamo se concedía en condiciones comerciales y que siguieron los consejos de una consultoría para asegurarse de que así fuera. Además, han declarado que el préstamo no se destinaba a una reestructuración de Parcelforce, que sus condiciones no estaban vinculadas a dicha reestructuración y que solamente se destinaba a financiar adquisiciones en el extranjero.

Los instrumentos de crédito

En 2003, las autoridades británicas pusieron a disposición de RM varios instrumentos de crédito para financiar su 'plan de renovación'. Estos instrumentos consistieron en un préstamo de 544 millones GBP del Fondo nacional de préstamos (National Loans Fund — NLF) garantizado con el saldo de caja acumulado de RM y con la adquisición por las autoridades de dos bonos emitidos por RM (uno de 300 millones GBP y otro de 200 millones GBP). También en este caso, las autoridades británicas han declarado en su correspondencia con la Comisión que estos instrumentos de crédito se concedieron en condiciones comerciales y que siguieron los consejos de una consultoría para asegurarse de que así fuera. En octubre de 2006 estos instrumentos de crédito no se habían utilizado, y el instrumento de 200 millones GBP había expirado para entonces. No obstante, RM había pagado unas comisiones de compromiso. En mayo de 2006, las autoridades británicas anunciaron su intención de prorrogar los instrumentos de crédito restantes y de aumentar su nivel de 844 millones GBP a 900 millones GBP.

Cuenta de garantía bloqueada de pensiones

En 2006, las autoridades británicas decidieron crear una «cuenta de garantía bloqueada »con saldos de caja de las reservas de RM sobre los que las autoridades británicas tienen un control específico conforme al artículo 72 de la Ley 2000 de Servicios Postales. El Royal Mail Pension Plan (RMPP) podía intervenir en la cuenta en determinadas circunstancias, en caso de incumplimiento de RM. Los antecedentes eran que los diversos planes de pensión de RM, de los que RMPP es con mucho el mayor, arrojaron un déficit total de 5.600 millones en sus cuentas de 2005/6. La cuenta permite a RM acordar con los administradores fiduciarios del RMPP un período más largo para solucionar el déficit, reduciendo su contribución a las pensiones en los próximos años. Las autoridades británicas han declarado que creen que el uso de las reservas con este fin favorece el interés comercial de RM, y que al permitir a RM ultimar su plan estratégico aumentarán el valor de la participación de las autoridades británicas. La Comisión entiende que esta medida se ha aplicado plenamente, que de ella se han derivado consecuencias y, por tanto, considera que ha entrado en vigor.

El préstamo participativo de 300 millones GBP

El 8 de febrero de 2007, las autoridades del Reino Unido hicieron un anuncio relativo a la medida sobre pensiones, al préstamo de 900 millones GBP y también a un nuevo préstamo de 300 millones GBP a Royal Mail.

EVALUACIÓN DE LA MEDIDA

Existencia de una ayuda

El préstamo de 2001 deberá reembolsarse entre 2021 y 2025 y tiene un tipo de interés medio inferior al índice de referencia aplicable al Reino Unido en el momento en que el Reino Unido informó a la Comisión de que se había concedido el préstamo, es decir, del 7,06 %. Las autoridades británicas han proporcionado pruebas de que en aquel momento, los tipos de interés de un préstamo a tan largo plazo podían estar por debajo del índice de referencia (que se basa en índices quinquenales) sin contravenir el principio del inversor en una economía de mercado. Sin embargo, estas pruebas también parecen indicar que parte del préstamo se concedió en 1999 y 2000. Esto no sólo contradice la información anterior, sino que afecta a un período en que el índice de referencia era incluso más alto (7,64 % en 2000).

Las facilidades crediticias concedidas en 2003 no se utilizaron. Sin embargo, de este punto no puede concluirse que las facilidades crediticias no supusieron ninguna ventaja, puesto que la disponibilidad de dichas facilidades tiene un «valor de opción »para la empresa. En 2003 no podía saberse que no se utilizarían. Las facilidades crediticias de 2003 aún existentes en octubre de 2006 deberán ampliarse, una vez revisadas. Las autoridades británicas informaron a la Comisión el 31 de octubre de que todavía se estaban negociando las condiciones. Sobre la base de la información de que dispone la Comisión, no puede excluirse que exista un elemento de ayuda.

Un efecto de la cuenta de garantía bloqueada de pensiones, que es claramente selectivo respecto a RM, es reducir las cotizaciones a las pensiones que RM tiene que realizar al RMPP para superar su déficit actual. Esto es un indicio de que la medida puede proporcionar una ventaja a RM y constituir por tanto una ayuda estatal. Las autoridades británicas alegan que la medida puede justificarse como la intervención de un inversor en una economía de mercado, porque permite a RM modernizar su actividad mediante su actual plan estratégico. Sin embargo, la Comisión tiene dudas sobre este argumento, que no se ve respaldado por proyecciones o por análisis financieros, y no está en condiciones de solventar sus dudas respecto a la posible existencia de la ayuda.

Las condiciones del préstamo de 300 millones GBP no se han comunicado a la Comisión. Dado que el préstamo forma parte del paquete de medidas respecto del cual la Comisión no ha disipado sus dudas de que pueda existir ayuda estatal, las condiciones del préstamo no podrían en ningún caso evaluarse de forma independiente.

Compatibilidad de la ayuda

En el caso de estas medidas, la base jurídica del artículo 86, apartado 2, no parece aplicable. El préstamo de 2001 y las facilidades de préstamo han sido explícitamente vinculadas por las autoridades británicas a proyectos distintos de servicios de interés económico general, a saber, las adquisiciones en el extranjero de RM y el plan de renovación adoptado en 2003. La cuenta de garantía bloqueada de pensiones y el préstamo participativo de 300 millones GBP tampoco se han vinculado a un servicio de interés económico general realizado por RM.

La única base para la compatibilidad de estas medidas, en el caso de contener una ayuda estatal, la constituiría, en esta fase, lo dispuesto en el artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado. Sin embargo, las medidas no parecen cumplir ninguna de las normas de aplicación de dicha disposición aprobadas por la Comisión hasta ahora. Por tanto, en el caso de tratarse de una ayuda estatal, la Comisión pone en duda que las medidas en cuestión sean compatibles con el mercado común.

De conformidad con el artículo 14 del Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, toda ayuda concedida ilegalmente podrá ser recuperada de su beneficiario.

TEXTO DE LA CARTA

«The Commission wishes to inform the United Kingdom that, having examined the information supplied by your authorities on the aid/measure referred to above, it has decided to initiate the procedure laid down in Article 88(2) of the EC Treaty. The Commission decided not to raise any objections to certain other measures, as described in this letter.

1.   PROCEDURAL ASPECTS

| (1) | On 3 December 2002, Deutsche Post (DP) lodged a complaint against alleged cross-subsidies granted to the parcel activities of Royal Mail Group (RM). |
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(1)

On 3 December 2002, Deutsche Post (DP) lodged a complaint against alleged cross-subsidies granted to the parcel activities of Royal Mail Group (RM).

| (2) | In response to Commission requests for information, the UK authorities provided information relevant to the matters raised in the complaint by letters of 25 February 2003 and 13 February 2004, and by email dated 17 December 2003. This information included certain other Government measures in relation to Royal Mail. |
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(2)

In response to Commission requests for information, the UK authorities provided information relevant to the matters raised in the complaint by letters of 25 February 2003 and 13 February 2004, and by email dated 17 December 2003. This information included certain other Government measures in relation to Royal Mail.

| (3) | On 27 May 2003, the Commission approved a series of measures in favour of Post Office Limited (“POL”) which is a subsidiary of RM (case N 784/02) (1). Under these measures, compensation was granted to POL, financed through a reserve constituted from surplus cash generated by RM. On 22 February 2006 the Commission raised no objection to continuation of one of these measures (rural network support) for a further period (case N 166/05). |
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(3)

On 27 May 2003, the Commission approved a series of measures in favour of Post Office Limited (“POL”) which is a subsidiary of RM (case N 784/02) (1). Under these measures, compensation was granted to POL, financed through a reserve constituted from surplus cash generated by RM. On 22 February 2006 the Commission raised no objection to continuation of one of these measures (rural network support) for a further period (case N 166/05).

| (4) | On 8 October 2003, DP lodged an action for annulment (T-343/03) against the N 784/02 Commission Decision, arguing that this decision had implicitly rejected its CP 206/02 complaint. On 16 November 2005, the Court of First Instance rejected the action of DP saying that the N 784/02 Decision did not imply the rejection of the complaint and that the Commission was carrying on investigations (as demonstrated by the correspondence presented before the Court). |
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(4)

On 8 October 2003, DP lodged an action for annulment (T-343/03) against the N 784/02 Commission Decision, arguing that this decision had implicitly rejected its CP 206/02 complaint. On 16 November 2005, the Court of First Instance rejected the action of DP saying that the N 784/02 Decision did not imply the rejection of the complaint and that the Commission was carrying on investigations (as demonstrated by the correspondence presented before the Court).

| (5) | On 10 August 2006, DP sent a letter which invited the Commission to take a position on its complaint of 2002 within the period of two months, on the basis of Article 232 of the Treaty. The same letter contained information concerning a series of alleged new State aid measures. These measures are distinct from those which were the subject of the complaint of 2002 and the complaint against them was therefore treated as a separate complaint which was attributed the reference CP 221/06, subsequently NN 83/06. The alleged measures were as follows:






  — | a transfer of GBP 850 million to a special account dedicated to finance RM's pensions, |
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(5)

On 10 August 2006, DP sent a letter which invited the Commission to take a position on its complaint of 2002 within the period of two months, on the basis of Article 232 of the Treaty. The same letter contained information concerning a series of alleged new State aid measures. These measures are distinct from those which were the subject of the complaint of 2002 and the complaint against them was therefore treated as a separate complaint which was attributed the reference CP 221/06, subsequently NN 83/06. The alleged measures were as follows:

—

a transfer of GBP 850 million to a special account dedicated to finance RM's pensions,

| — | decision of Department of Trade and Industry to increase the amount of a loan granted to RM from GBP 844 million to GBP 900 million, |
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—

decision of Department of Trade and Industry to increase the amount of a loan granted to RM from GBP 844 million to GBP 900 million,

| — | violation of DG Comp's N 166/05 Decision concerning support for POL's rural network, since GBP 150 million was transferred to POL directly from the State budget and not, as approved by the Decision, from a special, ring-fenced reserve. |
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—

violation of DG Comp's N 166/05 Decision concerning support for POL's rural network, since GBP 150 million was transferred to POL directly from the State budget and not, as approved by the Decision, from a special, ring-fenced reserve.

| (6) | In response to Commission requests for information, the UK authorities provided information relevant to the matters raised in the two complaints by letters of 6 October and 31 October 2006. By letter of 5 December 2006 they supplemented this information with respect to one of the other measures mentioned at paragraph (3) above. |
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(6)

In response to Commission requests for information, the UK authorities provided information relevant to the matters raised in the two complaints by letters of 6 October and 31 October 2006. By letter of 5 December 2006 they supplemented this information with respect to one of the other measures mentioned at paragraph (3) above.

| (7) | By letter of 27 October 2006, the Mail Competition Forum (MCF), a body representing entrants to the postal market in the UK, submitted a complaint about the special account dedicated to finance RM's pensions also covered by DP's second complaint. The complaint of MCF was attributed the reference CP 164/06, subsequently NN 82/06. A non-confidential version of the complaint was sent to the UK authorities on 20 November 2006. The UK authorities supplied some comments on the complaint by letter of 19 December 2006. |
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(7)

By letter of 27 October 2006, the Mail Competition Forum (MCF), a body representing entrants to the postal market in the UK, submitted a complaint about the special account dedicated to finance RM's pensions also covered by DP's second complaint. The complaint of MCF was attributed the reference CP 164/06, subsequently NN 82/06. A non-confidential version of the complaint was sent to the UK authorities on 20 November 2006. The UK authorities supplied some comments on the complaint by letter of 19 December 2006.

| (8) | By letter of 7 December 2006 the Commission informed DP that it did not see sufficient grounds for continuing the investigation concerning complaint CP 206/02, and that if it did not hear from DP within 20 working days, the complaint would be considered withdrawn. No response was received within the deadline. That complaint is therefore considered withdrawn and the specific allegations made in it are not treated in this decision. |
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(8)

By letter of 7 December 2006 the Commission informed DP that it did not see sufficient grounds for continuing the investigation concerning complaint CP 206/02, and that if it did not hear from DP within 20 working days, the complaint would be considered withdrawn. No response was received within the deadline. That complaint is therefore considered withdrawn and the specific allegations made in it are not treated in this decision.

| (9) | On 7 December 2006 the United Kingdom notified the proposed extension of another of the measures in favour of POL (debt payment funding) covered by N 784/02 which was otherwise due to expire in 2007. The Commission is treating this notification (N 822/06) in a separate decision. |
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(9)

On 7 December 2006 the United Kingdom notified the proposed extension of another of the measures in favour of POL (debt payment funding) covered by N 784/02 which was otherwise due to expire in 2007. The Commission is treating this notification (N 822/06) in a separate decision.

| (10) | On 8 February 2007 the UK authorities communicated to the Commission the terms of an announcement concerning the pensions measure, the GBP 900 million loan facility and also a new loan of GBP 300 million to Royal Mail. |
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(10)

On 8 February 2007 the UK authorities communicated to the Commission the terms of an announcement concerning the pensions measure, the GBP 900 million loan facility and also a new loan of GBP 300 million to Royal Mail.

2.   DESCRIPTION OF THE MEASURES

2.1.   The beneficiary of the alleged State aid

| (11) | The beneficiary of the alleged State aid is Royal Mail Group plc (RM) which (through a holding company, Royal Mail Holdings plc) is a 100 % State-owned company. RM is the UK's main postal operator and had a legal monopoly over most basic letter services until the end of 2005. The post office network is operated by POL, which is a subsidiary of RM. |
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(11)

The beneficiary of the alleged State aid is Royal Mail Group plc (RM) which (through a holding company, Royal Mail Holdings plc) is a 100 % State-owned company. RM is the UK's main postal operator and had a legal monopoly over most basic letter services until the end of 2005. The post office network is operated by POL, which is a subsidiary of RM.

| (12) | Before 2001, the postal activities in the UK were carried out by The Post Office Corporation, a statutory body created by the Post Office Act 1969. The assets and liabilities of The Post Office Corporation were transferred to Consignia Holdings (now renamed Royal Mail Holdings plc) and to its subsidiary, Consignia plc (now RM) on 26 March 2001, under the terms of the Postal Services Act 2000. |
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(12)

Before 2001, the postal activities in the UK were carried out by The Post Office Corporation, a statutory body created by the Post Office Act 1969. The assets and liabilities of The Post Office Corporation were transferred to Consignia Holdings (now renamed Royal Mail Holdings plc) and to its subsidiary, Consignia plc (now RM) on 26 March 2001, under the terms of the Postal Services Act 2000.

| (13) | RM has a separate parcels business division, Parcelforce, which was cited as the particular beneficiary in DP's complaint of 2002. Parcelforce has its own separate hub and spoke infrastructure. In 2003 a part of parcels activity (including the provision of a universal service for parcels handed in at post offices) was transferred from Parcelforce to RM and is now operated through RM's infrastructure. Today Parcelforce is focused only on time critical parcels. |
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(13)

RM has a separate parcels business division, Parcelforce, which was cited as the particular beneficiary in DP's complaint of 2002. Parcelforce has its own separate hub and spoke infrastructure. In 2003 a part of parcels activity (including the provision of a universal service for parcels handed in at post offices) was transferred from Parcelforce to RM and is now operated through RM's infrastructure. Today Parcelforce is focused only on time critical parcels.

2.2.   Financial regime of the beneficiary and relationship with the State

| (14) | Under the regime in existence before the incorporation and transfers of 2001, there was no requirement for The Post Office Corporation to pay any dividends to the UK authorities and it did not do so. It was however obliged to invest a proportion of the profits it generated each year in Government securities or National Loan Fund deposits. These investments, classed as current assets and often referred to as the “gilts”, remained with RM following the 2001 transfers and amounted to GBP 1,8 billion at 31 March 2002. Following directions of the UK authorities under section 72 of the Post Office Act 2000 dated 30 January 2003, RM placed these assets in a special reserve (“the mails reserve”) to be used to finance specific measures as directed. |
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(14)

Under the regime in existence before the incorporation and transfers of 2001, there was no requirement for The Post Office Corporation to pay any dividends to the UK authorities and it did not do so. It was however obliged to invest a proportion of the profits it generated each year in Government securities or National Loan Fund deposits. These investments, classed as current assets and often referred to as the “gilts”, remained with RM following the 2001 transfers and amounted to GBP 1,8 billion at 31 March 2002. Following directions of the UK authorities under section 72 of the Post Office Act 2000 dated 30 January 2003, RM placed these assets in a special reserve (“the mails reserve”) to be used to finance specific measures as directed.

| (15) | Following the incorporation and transfers of 2001, the possibility exists for RM Holdings plc to pay a dividend to its shareholder the UK Government. It has not however done so having made losses for most of the subsequent years. |
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(15)

Following the incorporation and transfers of 2001, the possibility exists for RM Holdings plc to pay a dividend to its shareholder the UK Government. It has not however done so having made losses for most of the subsequent years.

| (16) | Beginning in 2001, the UK authorities have made certain loans or loan facilities available to RM. These are described in section 2.4 below. |
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(16)

Beginning in 2001, the UK authorities have made certain loans or loan facilities available to RM. These are described in section 2.4 below.

| (17) | Through directions dated 30 January 2003, 25 May 2006 and 11 July 2006, the UK authorities directed RM to use the mails reserve to fund measures in favour of POL. The Commission had raised no objection to these measures by decisions of 27 May 2003 (2) (case N 784/02) and 22 February 2006 (N 166/05). By means of an agreement dated 9 August 2006 and through directions dated the same day and 28 September 2006, the UK authorities made arrangements to end the use of the mails reserve to fund these measures and to fund them instead directly from the State budget. The UK authorities informed the Commission of this change by means of a letter dated 6 October 2006. |
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(17)

Through directions dated 30 January 2003, 25 May 2006 and 11 July 2006, the UK authorities directed RM to use the mails reserve to fund measures in favour of POL. The Commission had raised no objection to these measures by decisions of 27 May 2003 (2) (case N 784/02) and 22 February 2006 (N 166/05). By means of an agreement dated 9 August 2006 and through directions dated the same day and 28 September 2006, the UK authorities made arrangements to end the use of the mails reserve to fund these measures and to fund them instead directly from the State budget. The UK authorities informed the Commission of this change by means of a letter dated 6 October 2006.

| (18) | Parcelforce had accumulated losses since 1991. Before 1996 Parcelforce underwent a restructuring with the effect of containing its losses and Parcelforce made a small trading profit in 1995/1996. Since that date, despite numerous restructuring efforts, including the closure of five sort-centres, the elimination of some 5 000 jobs and the closure of 50 out of 102 depots in 2002, Parcelforce generated further losses until the implementation of a far-reaching restructuring plan starting in 2003. After a successful implementation of this plan, Parcelforce became profitable again in 2005. |
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(18)

Parcelforce had accumulated losses since 1991. Before 1996 Parcelforce underwent a restructuring with the effect of containing its losses and Parcelforce made a small trading profit in 1995/1996. Since that date, despite numerous restructuring efforts, including the closure of five sort-centres, the elimination of some 5 000 jobs and the closure of 50 out of 102 depots in 2002, Parcelforce generated further losses until the implementation of a far-reaching restructuring plan starting in 2003. After a successful implementation of this plan, Parcelforce became profitable again in 2005.

2.3.   State financing measures in favour of RM

2.3.1.   The 2001 loan

| (19) | In February 2001, the UK authorities made a loan of GBP 500 million to RM to finance overseas acquisitions for the mails and parcels business. The loan is repayable between 2021 and 2025 and carries an average interest rate of around 5,8 %. The UK authorities have stated in correspondence with the Commission that this loan was on commercial terms, and that they followed advice from consultants designed to ensure that this was so. In addition, they have stated that the loan was not for any Parcelforce restructuring, that its terms were not linked to such restructuring, and that it was made solely to finance overseas acquisitions. The loan was secured on RM's shareholding in General Logistics Systems International Holdings BV and certain other RM assets. The loan was not notified to the Commission. |
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(19)

In February 2001, the UK authorities made a loan of GBP 500 million to RM to finance overseas acquisitions for the mails and parcels business. The loan is repayable between 2021 and 2025 and carries an average interest rate of around 5,8 %. The UK authorities have stated in correspondence with the Commission that this loan was on commercial terms, and that they followed advice from consultants designed to ensure that this was so. In addition, they have stated that the loan was not for any Parcelforce restructuring, that its terms were not linked to such restructuring, and that it was made solely to finance overseas acquisitions. The loan was secured on RM's shareholding in General Logistics Systems International Holdings BV and certain other RM assets. The loan was not notified to the Commission.

2.3.2.   The measures in favour of POL

| (20) | By letter dated 3 December 2002 the UK authorities notified the measures in favour of POL referred to at paragraph (4) above. These measures were approved by the Commission in May 2003. The decision noted the funding mechanism from the mails reserve. |
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(20)

By letter dated 3 December 2002 the UK authorities notified the measures in favour of POL referred to at paragraph (4) above. These measures were approved by the Commission in May 2003. The decision noted the funding mechanism from the mails reserve.

| (21) | By letter of 18 March 2005 the UK authorities notified the extension of one of these measures, Rural Network Support, which had been authorised for three years up to 31 March 2006. This extension was approved by the Commission on 22 February 2006. By letter of 6 October 2006 the UK authorities informed the Commission that they were now funding the two continuing measures, namely Rural Network Support and Debt Funding Mechanism, directly from the State budget and indeed had begun to make payments on that basis. In that letter the UK authorities noted that the mails reserve represented State resources and that therefore the UK believed the change in funding arrangements had any bearing on the previous clearance decisions. In the case of one payment, the State made a capital injection to RM for an amount (GBP 145 million) that RM had loaned to POL. |
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(21)

By letter of 18 March 2005 the UK authorities notified the extension of one of these measures, Rural Network Support, which had been authorised for three years up to 31 March 2006. This extension was approved by the Commission on 22 February 2006. By letter of 6 October 2006 the UK authorities informed the Commission that they were now funding the two continuing measures, namely Rural Network Support and Debt Funding Mechanism, directly from the State budget and indeed had begun to make payments on that basis. In that letter the UK authorities noted that the mails reserve represented State resources and that therefore the UK believed the change in funding arrangements had any bearing on the previous clearance decisions. In the case of one payment, the State made a capital injection to RM for an amount (GBP 145 million) that RM had loaned to POL.

2.3.3.   The loan facilities

| (22) | In 2003 the UK authorities made available to RM various loan facilities to finance its “renewal plan ”(including the restructuring of Parcelforce described at paragraph (19) above). These facilities, described by the UK authorities as “a commercial package ”were negotiated between RM and the Government and consisted of a loan facility of GBP 544 million from the National Loans Fund (NLF) secured on RM's accumulated cash balances (in particular the funds allocated to the mails reserve) and the acquisition by the authorities of two bonds issued by RM (one of GBP 300 million and one of GBP 200 million). Again, the UK authorities have stated in correspondence with the Commission that these loan facilities were on commercial terms, and that they followed advice from consultants designed to ensure that this was so. They also informed the Commission that as of October 2006 these loan facilities had not been drawn down, apart from a GBP 50 million testing of the draw down process which was repaid in 7 days, and that the GBP 200 million facility had by then expired. Commitment fees of some GBP [...] (3) had nonetheless been paid by RM. These loan facilities were not notified to the Commission. |
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(22)

In 2003 the UK authorities made available to RM various loan facilities to finance its “renewal plan ”(including the restructuring of Parcelforce described at paragraph (19) above). These facilities, described by the UK authorities as “a commercial package ”were negotiated between RM and the Government and consisted of a loan facility of GBP 544 million from the National Loans Fund (NLF) secured on RM's accumulated cash balances (in particular the funds allocated to the mails reserve) and the acquisition by the authorities of two bonds issued by RM (one of GBP 300 million and one of GBP 200 million). Again, the UK authorities have stated in correspondence with the Commission that these loan facilities were on commercial terms, and that they followed advice from consultants designed to ensure that this was so. They also informed the Commission that as of October 2006 these loan facilities had not been drawn down, apart from a GBP 50 million testing of the draw down process which was repaid in 7 days, and that the GBP 200 million facility had by then expired. Commitment fees of some GBP [...] (3) had nonetheless been paid by RM. These loan facilities were not notified to the Commission.

| (23) | In May 2006 the UK authorities announced their intention to extend the remaining loan facilities and to increase their level from GBP 844 million to GBP 900 million. The UK authorities indicated on 31 October 2006 that the precise terms of this extension were still being finalised but the intention was that it would be on commercial terms and that the lending would not constitute State aid. They did not therefore intend to notify the extended loan facilities to the Commission. On 8 February 2007 the UK authorities announced that the terms of the extended facilities had been agreed. |
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(23)

In May 2006 the UK authorities announced their intention to extend the remaining loan facilities and to increase their level from GBP 844 million to GBP 900 million. The UK authorities indicated on 31 October 2006 that the precise terms of this extension were still being finalised but the intention was that it would be on commercial terms and that the lending would not constitute State aid. They did not therefore intend to notify the extended loan facilities to the Commission. On 8 February 2007 the UK authorities announced that the terms of the extended facilities had been agreed.

2.3.4.   The pensions escrow account

| (24) | In 2006 the UK authorities decided to release GBP 850 million of the cash balances remaining in the mails reserve within RM to set up an “escrow account”, which could be drawn on by the Royal Mail Pension Plan (RMPP) in certain circumstances if RM were to fail as a business. The background to this measure was that the various RM pension schemes, of which the RMPP is by far the largest, showed a total deficit (excess of projected liabilities over assets, on certain prudential assumptions) of GBP 5,6 billion in its 2005/6 accounts, where for the first time this deficit was included in RM's balance sheet. The RMPP, like other UK occupational pension schemes, is a funded scheme which is required to hold assets in respect of its liabilities. According to the UK authorities, RM would not be able to pay off this deficit quickly and modernise the business at the same time, given projected cash flows. The account therefore allows RM to agree with the trustees of the RMPP a longer period for addressing the deficit thereby reducing its pension contributions in the next years. The UK authorities have stated that they believe the use of the mails reserve for this purpose is in RM's best commercial interests, and that by enabling RM to complete its strategic plan they will bring about an increase in the value of the UK authorities' shareholding. Without the escrow account and the extended loan facilities, the UK authorities claim there is a possibility that shareholder value would be destroyed not enhanced, and therefore that they are acting in a commercial manner and notification is not necessary. |
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(24)

In 2006 the UK authorities decided to release GBP 850 million of the cash balances remaining in the mails reserve within RM to set up an “escrow account”, which could be drawn on by the Royal Mail Pension Plan (RMPP) in certain circumstances if RM were to fail as a business. The background to this measure was that the various RM pension schemes, of which the RMPP is by far the largest, showed a total deficit (excess of projected liabilities over assets, on certain prudential assumptions) of GBP 5,6 billion in its 2005/6 accounts, where for the first time this deficit was included in RM's balance sheet. The RMPP, like other UK occupational pension schemes, is a funded scheme which is required to hold assets in respect of its liabilities. According to the UK authorities, RM would not be able to pay off this deficit quickly and modernise the business at the same time, given projected cash flows. The account therefore allows RM to agree with the trustees of the RMPP a longer period for addressing the deficit thereby reducing its pension contributions in the next years. The UK authorities have stated that they believe the use of the mails reserve for this purpose is in RM's best commercial interests, and that by enabling RM to complete its strategic plan they will bring about an increase in the value of the UK authorities' shareholding. Without the escrow account and the extended loan facilities, the UK authorities claim there is a possibility that shareholder value would be destroyed not enhanced, and therefore that they are acting in a commercial manner and notification is not necessary.

| (25) | The Commission understands that the UK authorities have fully committed themselves to this measure including in statements to Parliament. They have informed the Commission that the measures in favour of POL are being financed from the State budget because the mails reserve has been allocated for this other purpose. The intention to implement the escrow account is referred to both in the accounts of the Department of Trade and Industry and in the recital to a legal act directing RM under s.72 of the Postal Services Act which ends the use of the mails reserve to fund the POL measures. The Commission therefore considers that this measure has been put into effect. It has therefore placed this measure on the register of non-notified aid, under the reference NN 82/06 (in relation to the complaint by the MCF) and NN 83/06 (in relation to the complaint by DP). |
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(25)

The Commission understands that the UK authorities have fully committed themselves to this measure including in statements to Parliament. They have informed the Commission that the measures in favour of POL are being financed from the State budget because the mails reserve has been allocated for this other purpose. The intention to implement the escrow account is referred to both in the accounts of the Department of Trade and Industry and in the recital to a legal act directing RM under s.72 of the Postal Services Act which ends the use of the mails reserve to fund the POL measures. The Commission therefore considers that this measure has been put into effect. It has therefore placed this measure on the register of non-notified aid, under the reference NN 82/06 (in relation to the complaint by the MCF) and NN 83/06 (in relation to the complaint by DP).

2.3.5.   The new GBP 300 million shareholder loan

| (26) | On 8 February 2007 the UK authorities announced their agreement to provide RM with a GBP 300 million shareholder loan. This loan has not been notified to the Commission, nor have the UK authorities indicated their intention to do so. It is clear from the terms of the announcement that this loan is part of a package of measures with the pensions escrow account and loan facility. |
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(26)

On 8 February 2007 the UK authorities announced their agreement to provide RM with a GBP 300 million shareholder loan. This loan has not been notified to the Commission, nor have the UK authorities indicated their intention to do so. It is clear from the terms of the announcement that this loan is part of a package of measures with the pensions escrow account and loan facility.

3.   ANALYSIS

3.1.   Qualification of the measures as State aid

| (27) | Article 87(1) of the EC Treaty states:

  Save as otherwise provided in this Treaty, any aid granted by a Member State or through State resources in any form whatsoever which distorts or threatens to distort competition by favouring certain undertakings or the production of certain goods shall, in so far as it affects trade between Member States, be incompatible with the common market.

  In order for aid in the sense of Article 87(1) to be present, there needs to be an aid measure imputable to the State which is granted by State resources, affects trade between Member States and distort competition in the common markets, and confers a selective advantage to undertakings. |
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(27)

Article 87(1) of the EC Treaty states:

Save as otherwise provided in this Treaty, any aid granted by a Member State or through State resources in any form whatsoever which distorts or threatens to distort competition by favouring certain undertakings or the production of certain goods shall, in so far as it affects trade between Member States, be incompatible with the common market.

In order for aid in the sense of Article 87(1) to be present, there needs to be an aid measure imputable to the State which is granted by State resources, affects trade between Member States and distort competition in the common markets, and confers a selective advantage to undertakings.

| (28) | The business of letters and parcels delivery is an international one, and the Commission believes that a selective advantage in favour of RM or Parcelforce would distort competition and affect trade between Member States. |
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(28)

The business of letters and parcels delivery is an international one, and the Commission believes that a selective advantage in favour of RM or Parcelforce would distort competition and affect trade between Member States.

3.1.1.   The 2001 loan

| (29) | The 2001 loan was granted from State funds, and was selective in that it was granted only to RM. |
| --- | --- |

(29)

The 2001 loan was granted from State funds, and was selective in that it was granted only to RM.

| (30) | In order to determine whether the loan provided an advantage to RM, it is necessary to examine its terms so as to assess whether a private lender, acting in a market economy, would have been prepared to lend on the same terms. For these purposes the Commission has equipped itself with reference interest rates (4) by which the terms of loans may be assessed. These reference rates are based on the five-year interbank swap rate, plus a premium of 0,75 percentage points. As it has made clear in its 1993 Communication on the Application of Articles 92 and 93 of the EEC Treaty and of Article 5 of Commission Directive 80/723/EEC to public undertakings in the manufacturing sector, “where the public authority controls an individual public undertaking ... the Commission will take account of the nature of the public authorities' holding in comparing their behaviour with the benchmark of the equivalent market economy investor” (5), both for calls for funds to financially restructure a company and to finance specific projects. In the case of a company which “has underperformed”, the owner called upon to provide the extra finance to such undertaking will normally examine “more sceptically ”a call for finance. Where the call for finance “is necessary to protect the value of the whole investment the public authority like a private investor can be expected to take account of this wider context when examining whether the commitment of new funds is commercially justified ”and where a decision is made “to abandon a line of activity because of its lack of medium/long term commercial viability, a public group, like a private group, can be expected to decide the timing and scale of its run down in the light of the impact on the overall credibility and structure of the group”. |
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(30)

In order to determine whether the loan provided an advantage to RM, it is necessary to examine its terms so as to assess whether a private lender, acting in a market economy, would have been prepared to lend on the same terms. For these purposes the Commission has equipped itself with reference interest rates (4) by which the terms of loans may be assessed. These reference rates are based on the five-year interbank swap rate, plus a premium of 0,75 percentage points. As it has made clear in its 1993 Communication on the Application of Articles 92 and 93 of the EEC Treaty and of Article 5 of Commission Directive 80/723/EEC to public undertakings in the manufacturing sector, “where the public authority controls an individual public undertaking ... the Commission will take account of the nature of the public authorities' holding in comparing their behaviour with the benchmark of the equivalent market economy investor” (5), both for calls for funds to financially restructure a company and to finance specific projects. In the case of a company which “has underperformed”, the owner called upon to provide the extra finance to such undertaking will normally examine “more sceptically ”a call for finance. Where the call for finance “is necessary to protect the value of the whole investment the public authority like a private investor can be expected to take account of this wider context when examining whether the commitment of new funds is commercially justified ”and where a decision is made “to abandon a line of activity because of its lack of medium/long term commercial viability, a public group, like a private group, can be expected to decide the timing and scale of its run down in the light of the impact on the overall credibility and structure of the group”.

| (31) | As noted above, the 2001 loan is repayable between 2021 and 2025 and carries an average interest rate of around 5,8 %. This is significantly below the reference rate applicable to the UK at the time the UK previously informed the Commission that the loan was granted, which was 7,06 %. The UK authorities have provided certain evidence that at that time the yield curve in the UK was downward sloping and that therefore the interest rates for such a long term loan could be below the reference rate (which is based on five year rates) without contravening the market economy investor principle. However, this evidence also appears to indicate that part of the loan was granted in 1999 and 2000. Not only does this contradict earlier information, but it involves a period when the reference rate was even higher (7,64 % in 2000). The Commission has also noted that, at least in 2001, the decline in Royal Mail's financial performance was beginning. This would normally be reflected in the terms of any loan. For this reason, when assessing a loan to a company in financial difficulties, the Commission may use as a point of comparison a rate higher than the reference rate. |
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(31)

As noted above, the 2001 loan is repayable between 2021 and 2025 and carries an average interest rate of around 5,8 %. This is significantly below the reference rate applicable to the UK at the time the UK previously informed the Commission that the loan was granted, which was 7,06 %. The UK authorities have provided certain evidence that at that time the yield curve in the UK was downward sloping and that therefore the interest rates for such a long term loan could be below the reference rate (which is based on five year rates) without contravening the market economy investor principle. However, this evidence also appears to indicate that part of the loan was granted in 1999 and 2000. Not only does this contradict earlier information, but it involves a period when the reference rate was even higher (7,64 % in 2000). The Commission has also noted that, at least in 2001, the decline in Royal Mail's financial performance was beginning. This would normally be reflected in the terms of any loan. For this reason, when assessing a loan to a company in financial difficulties, the Commission may use as a point of comparison a rate higher than the reference rate.

| (32) | The Commission also notes that the purpose of the loan was not linked to restructuring, and that it was made solely to finance overseas acquisitions. The UK authorities have not argued that the loan was necessary to protect the value of the whole investment in RM. |
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(32)

The Commission also notes that the purpose of the loan was not linked to restructuring, and that it was made solely to finance overseas acquisitions. The UK authorities have not argued that the loan was necessary to protect the value of the whole investment in RM.

| (33) | The Commission therefore has doubts concerning the aid character of this loan and cannot exclude a priori that aid is involved. The Commission wishes to examine, within the context of the Article 88(2) procedure, whether the 2001 loan provided an advantage to RM. |
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(33)

The Commission therefore has doubts concerning the aid character of this loan and cannot exclude a priori that aid is involved. The Commission wishes to examine, within the context of the Article 88(2) procedure, whether the 2001 loan provided an advantage to RM.

3.1.2.   The measures in favour of POL

| (34) | The Commission has already assessed the aid character of the measures in favour of POL in cases reference N 784/02 and N 166/05. In the case of N 784/02 it should be noted that the Commission considered that the measures did not constitute State aid in the sense of Article 87(1), given the absence of overcompensation for the provision of a service of general economic interest, in accordance with the Community jurisprudence at the time. In the alternative, were they to be considered State aid, they were compatible under Article 86(2) of the Treaty. |
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(34)

The Commission has already assessed the aid character of the measures in favour of POL in cases reference N 784/02 and N 166/05. In the case of N 784/02 it should be noted that the Commission considered that the measures did not constitute State aid in the sense of Article 87(1), given the absence of overcompensation for the provision of a service of general economic interest, in accordance with the Community jurisprudence at the time. In the alternative, were they to be considered State aid, they were compatible under Article 86(2) of the Treaty.

| (35) | As it has already stated in case N 166/05 in respect of one measure, the Commission believes that in the light of subsequent jurisprudence (6) these measures do constitute State aid because they do not meet the four criteria under which compensation for provision of services of general economic interest falls outside the definition in Article 87(1) of the Treaty. These conditions are that, first, the recipient undertaking must actually have public service obligations to discharge, and the obligations must be clearly defined. Second, the parameters on the basis of which the compensation is calculated must be established in advance in an objective and transparent manner. Third, the compensation cannot exceed what is necessary to cover all or part of the costs incurred in the discharge of the public service obligations, taking into account the relevant receipts and a reasonable profit. Finally, where the undertaking which is to discharge public service obligations, in a specific case, is not chosen pursuant to a public procurement procedure which would allow for the selection of the tenderer capable of providing those services at the least cost to the community, the level of compensation needed must be determined on the basis of an analysis of the costs which a typical undertaking, well run and adequately provided with means of transport, would have incurred. The Commission considers that the fourth condition is not met by the measures in favour of POL. |
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(35)

As it has already stated in case N 166/05 in respect of one measure, the Commission believes that in the light of subsequent jurisprudence (6) these measures do constitute State aid because they do not meet the four criteria under which compensation for provision of services of general economic interest falls outside the definition in Article 87(1) of the Treaty. These conditions are that, first, the recipient undertaking must actually have public service obligations to discharge, and the obligations must be clearly defined. Second, the parameters on the basis of which the compensation is calculated must be established in advance in an objective and transparent manner. Third, the compensation cannot exceed what is necessary to cover all or part of the costs incurred in the discharge of the public service obligations, taking into account the relevant receipts and a reasonable profit. Finally, where the undertaking which is to discharge public service obligations, in a specific case, is not chosen pursuant to a public procurement procedure which would allow for the selection of the tenderer capable of providing those services at the least cost to the community, the level of compensation needed must be determined on the basis of an analysis of the costs which a typical undertaking, well run and adequately provided with means of transport, would have incurred. The Commission considers that the fourth condition is not met by the measures in favour of POL.

| (36) | The qualification of these measures as State aid is not at all changed by the information provided by the UK in its letter of 6 October, that the two continuing measures, namely Rural Network Support and Debt Funding Mechanism, would now be funded directly from the State budget. |
| --- | --- |

(36)

The qualification of these measures as State aid is not at all changed by the information provided by the UK in its letter of 6 October, that the two continuing measures, namely Rural Network Support and Debt Funding Mechanism, would now be funded directly from the State budget.

| (37) | These measures therefore constitute State aid. In so far as they respect the terms on which they have already been authorised by the Commission, they constitute existing aid in the sense of Article 1(b)(ii) of Council Regulation (EC) No 659/1999. |
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(37)

These measures therefore constitute State aid. In so far as they respect the terms on which they have already been authorised by the Commission, they constitute existing aid in the sense of Article 1(b)(ii) of Council Regulation (EC) No 659/1999.

3.1.3.   The loan facilities

| (38) | The UK authorities have informed the Commission that as at October 2006 the loan facilities granted in 2003 had not been drawn down. However, it cannot be concluded from this point alone that the loan facilities provided no advantage, since the availability of the loan facilities has an “option value ”to the company. It could not have been known in 2003 that they would not be drawn down. The terms of the loan facilities therefore need to be assessed in the same way as the 2001 loan. The 1993 Commission communication mentioned and quoted at paragraph (31) above is also relevant to this assessment. It can be noted that these loan facilities were linked to RM's “renewal plan”. |
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(38)

The UK authorities have informed the Commission that as at October 2006 the loan facilities granted in 2003 had not been drawn down. However, it cannot be concluded from this point alone that the loan facilities provided no advantage, since the availability of the loan facilities has an “option value ”to the company. It could not have been known in 2003 that they would not be drawn down. The terms of the loan facilities therefore need to be assessed in the same way as the 2001 loan. The 1993 Commission communication mentioned and quoted at paragraph (31) above is also relevant to this assessment. It can be noted that these loan facilities were linked to RM's “renewal plan”.

| (39) | The GBP 544 million NLF loan was granted at “[...] basis points above Libor or relevant gilt”. It should be noted that the reference rate is set at 75 points above an interbank swap rate. The UK authorities have justified the low margin by reference to the security provided, namely the cash reserves of RM. However, the Commission notes that these reserves constitute State resources over which the UK authorities had control through specific legislation. The Commission therefore questions whether their use as security could necessarily dispel its doubts as to the aid character of the measure. It notes that if the loan had been drawn down a saving of [...] basis points would outweigh the value of the commitment fees which have been paid by RM. |
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(39)

The GBP 544 million NLF loan was granted at “[...] basis points above Libor or relevant gilt”. It should be noted that the reference rate is set at 75 points above an interbank swap rate. The UK authorities have justified the low margin by reference to the security provided, namely the cash reserves of RM. However, the Commission notes that these reserves constitute State resources over which the UK authorities had control through specific legislation. The Commission therefore questions whether their use as security could necessarily dispel its doubts as to the aid character of the measure. It notes that if the loan had been drawn down a saving of [...] basis points would outweigh the value of the commitment fees which have been paid by RM.

| (40) | The bonds of GBP 300 million and of GBP 200 million were issued at rates of [...] and [...] basis points above the “relevant gilt”. The larger bond was secured by a floating charge over all assets of RM while the smaller one had lower security. The margin of [...] basis points above a rate based on Government securities (which are typically below interbank rates) implies the GBP 300 million loan may have been at a rate below the Commission's reference rate. |
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(40)

The bonds of GBP 300 million and of GBP 200 million were issued at rates of [...] and [...] basis points above the “relevant gilt”. The larger bond was secured by a floating charge over all assets of RM while the smaller one had lower security. The margin of [...] basis points above a rate based on Government securities (which are typically below interbank rates) implies the GBP 300 million loan may have been at a rate below the Commission's reference rate.

| (41) | In order to assess whether the terms of these loan facilities contained an aid element, one test to be applied would be whether the commitment fees paid by RM covered the value of the option. If the loan facilities themselves contain an aid element (ie if the available loan was below a market economy investor rate) then it would be necessary to assess what account should be taken of this in assessing the value of the option. |
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(41)

In order to assess whether the terms of these loan facilities contained an aid element, one test to be applied would be whether the commitment fees paid by RM covered the value of the option. If the loan facilities themselves contain an aid element (ie if the available loan was below a market economy investor rate) then it would be necessary to assess what account should be taken of this in assessing the value of the option.

| (42) | The UK authorities have informed the Commission, in response to questions, that the 2003 loan facilities still existing in October 2006 (namely the GBP 544 million National Loan Fund loan and the GBP 300 million bond) are to be extended, on revised terms. The UK authorities informed the Commission on 31 October that the terms were still being negotiated but that they were taking advice from consultants to ensure that the terms were commercial. |
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(42)

The UK authorities have informed the Commission, in response to questions, that the 2003 loan facilities still existing in October 2006 (namely the GBP 544 million National Loan Fund loan and the GBP 300 million bond) are to be extended, on revised terms. The UK authorities informed the Commission on 31 October that the terms were still being negotiated but that they were taking advice from consultants to ensure that the terms were commercial.

| (43) | On the basis of the information available to the Commission it cannot be ruled out that an aid element is involved. |
| --- | --- |

(43)

On the basis of the information available to the Commission it cannot be ruled out that an aid element is involved.

| (44) | In the light of all the above information the Commission is unable to allay its doubts that the loan facilities made available to RM may contain State aid. It therefore invites the UK to provide full details to the Commission within the context of the Article 88(2) procedure so that it can be assessed whether the past and proposed extended facilities provide any aid element. |
| --- | --- |

(44)

In the light of all the above information the Commission is unable to allay its doubts that the loan facilities made available to RM may contain State aid. It therefore invites the UK to provide full details to the Commission within the context of the Article 88(2) procedure so that it can be assessed whether the past and proposed extended facilities provide any aid element.

3.1.4.   The pensions escrow account

| (45) | It is established case law that measures of State intervention need to be assessed under Article 87(1) not by reference to their causes or their aims but in relation to their effects (7). The UK authorities have made clear that one clear effect of the escrow account, which is clearly selective towards RM, is to reduce the pensions contributions that RM has to make to the RMPP to address its current deficit. This is an indication that the measure may provide an advantage to RM and therefore be State aid. |
| --- | --- |

(45)

It is established case law that measures of State intervention need to be assessed under Article 87(1) not by reference to their causes or their aims but in relation to their effects (7). The UK authorities have made clear that one clear effect of the escrow account, which is clearly selective towards RM, is to reduce the pensions contributions that RM has to make to the RMPP to address its current deficit. This is an indication that the measure may provide an advantage to RM and therefore be State aid.

| (46) | As already noted the UK authorities have argued that the measure can be justified as the intervention of a market economy investor, which would imply that it does not provide any advantage and is therefore not State aid, because it allows RM to modernise its business through its current strategic plan. However, the Commission has doubts about this argument, which has not been backed up by projections or by financial analysis, and is not in a position to allay its doubts that aid may be involved. It therefore wishes to open the Article 88(2) procedure on this point. |
| --- | --- |

(46)

As already noted the UK authorities have argued that the measure can be justified as the intervention of a market economy investor, which would imply that it does not provide any advantage and is therefore not State aid, because it allows RM to modernise its business through its current strategic plan. However, the Commission has doubts about this argument, which has not been backed up by projections or by financial analysis, and is not in a position to allay its doubts that aid may be involved. It therefore wishes to open the Article 88(2) procedure on this point.

| (47) | In examining this question the Commission will be considering three aspects, given the particular nature of the funds being allocated to the escrow account. Given that the reserve funds within the reserve are already held within Royal Mail and on its balance sheet, one issue is whether the creation of the escrow account can be regarded as a commercial decision by RM in spite of the involvement of the UK authorities, which arises through the particular legal regime applicable. A second issue, given the particular powers taken by the UK authorities over these reserves, is whether a shareholder acting commercially would agree to this use of shareholders' equity. A third issue, given that the use of the reserves for the pensions measure requires the authorities to fund the POL measures from the State budget, is whether a shareholder would agree to bring new equity to fund an escrow account of this type. |
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(47)

In examining this question the Commission will be considering three aspects, given the particular nature of the funds being allocated to the escrow account. Given that the reserve funds within the reserve are already held within Royal Mail and on its balance sheet, one issue is whether the creation of the escrow account can be regarded as a commercial decision by RM in spite of the involvement of the UK authorities, which arises through the particular legal regime applicable. A second issue, given the particular powers taken by the UK authorities over these reserves, is whether a shareholder acting commercially would agree to this use of shareholders' equity. A third issue, given that the use of the reserves for the pensions measure requires the authorities to fund the POL measures from the State budget, is whether a shareholder would agree to bring new equity to fund an escrow account of this type.

3.1.5.   The new GBP 300 million shareholder loan

| (48) | The terms of the loan have not been communicated to the Commission. The Commission has therefore been unable to assess whether its terms include aid. Given the fact that the loan is part of package of measures where the Commission has not allayed its doubts that State aid may be involved, the terms of the loan could not in any case be assessed independently. The Commission therefore wishes to assess the terms of this loan within the 88(2) procedure it is opening. |
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(48)

The terms of the loan have not been communicated to the Commission. The Commission has therefore been unable to assess whether its terms include aid. Given the fact that the loan is part of package of measures where the Commission has not allayed its doubts that State aid may be involved, the terms of the loan could not in any case be assessed independently. The Commission therefore wishes to assess the terms of this loan within the 88(2) procedure it is opening.

3.2.   Assessment of compatibility of the measures if State aid is present

| (49) | RM carries out certain services of general economic interest. Aid destined to meet the extra costs of providing such services could, under appropriate conditions, be authorised on the basis of Article 86(2) of the EC Treaty. Indeed, the measures in favour of POL referred to in section 3.1.3 above were authorised on this basis. The Commission believes that this authorisation is not put into question by the change of funding arrangements under which the measures are financed direct from the State budget and therefore raises no objection to this change. |
| --- | --- |

(49)

RM carries out certain services of general economic interest. Aid destined to meet the extra costs of providing such services could, under appropriate conditions, be authorised on the basis of Article 86(2) of the EC Treaty. Indeed, the measures in favour of POL referred to in section 3.1.3 above were authorised on this basis. The Commission believes that this authorisation is not put into question by the change of funding arrangements under which the measures are financed direct from the State budget and therefore raises no objection to this change.

| (50) | However, in the case of the other measures referred to above for which the Commission has not been able to allay its doubts that State aid may be involved, namely the 2001 loan, the loan facilities and the pensions escrow account, the legal basis of Article 86(2) does not seem to be available. The 2001 loan and loan facilities have been explicitly linked by the UK authorities to other projects, namely the overseas acquisitions of RM and the renewal plan adopted in 2003. The pensions escrow account and GBP 300 million shareholder loan have similarly not been linked to any service of general economic interest performed by RM. |
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(50)

However, in the case of the other measures referred to above for which the Commission has not been able to allay its doubts that State aid may be involved, namely the 2001 loan, the loan facilities and the pensions escrow account, the legal basis of Article 86(2) does not seem to be available. The 2001 loan and loan facilities have been explicitly linked by the UK authorities to other projects, namely the overseas acquisitions of RM and the renewal plan adopted in 2003. The pensions escrow account and GBP 300 million shareholder loan have similarly not been linked to any service of general economic interest performed by RM.

| (51) | The only basis for compatibility for these measures, if they contain State aid, would at this stage appear to be Article 87(3)(c) of the Treaty. However, the measures do not appear to conform with any of the rules concerning the application of that sub-paragraph that the Commission has promulgated to date. If therefore State aid is involved, the Commission doubts whether these measures are compatible with the common market. |
| --- | --- |

(51)

The only basis for compatibility for these measures, if they contain State aid, would at this stage appear to be Article 87(3)(c) of the Treaty. However, the measures do not appear to conform with any of the rules concerning the application of that sub-paragraph that the Commission has promulgated to date. If therefore State aid is involved, the Commission doubts whether these measures are compatible with the common market.

4.   DECISION

| (52) | In the light of the foregoing considerations, the Commission, acting under the procedure laid down in Article 88(2) of the EC Treaty, requests the United Kingdom to submit its comments and to provide all such information as may help to assess the 2001 loan, the loan facilities and the pensions escrow account within one month of the date of receipt of this letter. |
| --- | --- |

(52)

In the light of the foregoing considerations, the Commission, acting under the procedure laid down in Article 88(2) of the EC Treaty, requests the United Kingdom to submit its comments and to provide all such information as may help to assess the 2001 loan, the loan facilities and the pensions escrow account within one month of the date of receipt of this letter.

| (53) | In particular, the Commission requests the UK to provide:






  — | clarification of the details and timing of the 2001 loan and any further considerations concerning its conformity to the market economy investor principle, |
| --- | --- | --- |

(53)

In particular, the Commission requests the UK to provide:

—

clarification of the details and timing of the 2001 loan and any further considerations concerning its conformity to the market economy investor principle,

| — | clarification of the details of the loan facilities issued in 2003, any further considerations concerning their conformity to the market economy investor principle including concerning the market conformity of the commitment fees paid, and full details of the extended loan facility negotiated with Royal Mail, |
| --- | --- |

—

clarification of the details of the loan facilities issued in 2003, any further considerations concerning their conformity to the market economy investor principle including concerning the market conformity of the commitment fees paid, and full details of the extended loan facility negotiated with Royal Mail,

| — | full details of the pensions escrow account, including the terms on which it may be called upon by the RMPP, the legal instruments establishing it, the effect of its creation on the pensions contributions to be paid by RM, and any further considerations concerning its assessment under Article 87(1) of the Treaty, |
| --- | --- |

—

full details of the pensions escrow account, including the terms on which it may be called upon by the RMPP, the legal instruments establishing it, the effect of its creation on the pensions contributions to be paid by RM, and any further considerations concerning its assessment under Article 87(1) of the Treaty,

| — | full details of the GBP 300 million shareholder loan announced on 8 February 2007. |
| --- | --- |

—

full details of the GBP 300 million shareholder loan announced on 8 February 2007.

| (54) | The Commission raises no objection to the change of funding arrangements for the measures in favour of POL of which the United Kingdom informed the Commission on 6 October 2006. |
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(54)

The Commission raises no objection to the change of funding arrangements for the measures in favour of POL of which the United Kingdom informed the Commission on 6 October 2006.

| (55) | The Commission requests your authorities to forward a copy of this letter to the potential recipient of the aid immediately. |
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(55)

The Commission requests your authorities to forward a copy of this letter to the potential recipient of the aid immediately.

| (56) | The Commission wishes to remind the United Kingdom that Article 88(3) of the EC Treaty has suspensory effect, and would draw your attention to Article 14 of Regulation (EC) No 659/1999, which provides that all unlawful aid may be recovered from the recipient. |
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(56)

The Commission wishes to remind the United Kingdom that Article 88(3) of the EC Treaty has suspensory effect, and would draw your attention to Article 14 of Regulation (EC) No 659/1999, which provides that all unlawful aid may be recovered from the recipient.

| (57) | The Commission warns the United Kingdom that it will inform interested parties by publishing this letter and a meaningful summary of it in the Official Journal of the European Union. It will also inform interested parties in the EFTA countries which are signatories to the EEA Agreement, by publication of a notice in the EEA Supplement to the Official Journal of the European Union and will inform the EFTA Surveillance Authority by sending a copy of this letter. All such interested parties will be invited to submit their comments within one month of the date of such publication.» |
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(57)

The Commission warns the United Kingdom that it will inform interested parties by publishing this letter and a meaningful summary of it in the Official Journal of the European Union. It will also inform interested parties in the EFTA countries which are signatories to the EEA Agreement, by publication of a notice in the EEA Supplement to the Official Journal of the European Union and will inform the EFTA Surveillance Authority by sending a copy of this letter. All such interested parties will be invited to submit their comments within one month of the date of such publication.»

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(1)  These measures complement earlier measures the Commission approved in 2002. On 12 March 2002 the Commission approved the funding of a basic postal account to credit social benefits and from which cash can be withdrawn at post office counters for those benefits holders who do not want to open an account with a bank. On 18 September 2002 the Commission approved minimum funding necessary for POL to close 3 000 urban counters no longer required under the 2000 UK Postal Services Act (2000).

1

| — | an annual compensation of GBP 150 million granted to POL for the net public service cost of rural counter coverage (“rural network support”), |
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—

an annual compensation of GBP 150 million granted to POL for the net public service cost of rural counter coverage (“rural network support”),

| — | an aid devoted to back POL's debt to Royal Mail Group plc which had financed POL's balance-sheet deficits up to 31 March 2002 (“debt payment funding”), |
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—

an aid devoted to back POL's debt to Royal Mail Group plc which had financed POL's balance-sheet deficits up to 31 March 2002 (“debt payment funding”),

| — | a rolling working capital loan to POL for over-the-counter cash payments meant to fund the basic postal account. |
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—

a rolling working capital loan to POL for over-the-counter cash payments meant to fund the basic postal account.

(2)  It should be noted that this decision stated the measures not to be State aid given the jurisprudence existent at the time, but in the alternative to be compatible with the common market if they were considered to be aid. When one measure (rural network support funding) was reassessed in case N 166/05 in the light of the subsequent jurisprudence, it was considered to be State aid.

2

(3)  Business secret.

3

(4)  Commission notice on the method for setting the reference and discount rates (OJ C 273, 9.9.1997, p. 3).

4

(5)  OJ C 307, 13.11.1993, p. 3, paragraph 30.

5

(6)  Judgment of the Court of 24 July 2003, Altmark Trans GmbH and Regierungspräsidium Magdeburg v Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, Case C-280-00, [2003] ECR I-7747.

6

(7)  Judgment of the Court of 2 July 1974, Italian Republic v Commission of the European Communities — Family allowances in the textile industry, Case 173-73, [1974] ECR 709.

7

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| 26.4.2007 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 91/42 |
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26.4.2007

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 91/42

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Notificación previa de una operación de concentración

[Caso no COMP/M.4654 — IPR/MITSUI (UK Electricity generation business)]

Caso susceptible de ser tratado por procedimiento simplificado

(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2007/C 91/11)

| 1. | Con fecha 19 de abril de 2007 y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 139/2004 del Consejo (1) la Comisión recibió notificación de un proyecto de concentración por el que las empresas International Power plc («IPR», Gran Bretaña) y Mitsui & Co., Ltd. («Mitsui», Japón) adquieren el control conjunto, a efectos de lo dispuesto en la letra b) del apartado 1 del artículo 3 del citado Reglamento, de las empresas Deeside Power Development Company Limited («Deeside», Gran Bretaña), Rugeley Power Limited («Rugeley», Gran Bretaña), International Power IQ Limited («Indian Queens», Gran Bretaña) e International Power Fuel Company Limited («IPFC», Gran Bretaña), actualmente bajo el control exclusivo de IPR, a través de adquisición de acciones en una empresa común de nueva creación. |
| --- | --- |

1.

Con fecha 19 de abril de 2007 y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 139/2004 del Consejo (1) la Comisión recibió notificación de un proyecto de concentración por el que las empresas International Power plc («IPR», Gran Bretaña) y Mitsui & Co., Ltd. («Mitsui», Japón) adquieren el control conjunto, a efectos de lo dispuesto en la letra b) del apartado 1 del artículo 3 del citado Reglamento, de las empresas Deeside Power Development Company Limited («Deeside», Gran Bretaña), Rugeley Power Limited («Rugeley», Gran Bretaña), International Power IQ Limited («Indian Queens», Gran Bretaña) e International Power Fuel Company Limited («IPFC», Gran Bretaña), actualmente bajo el control exclusivo de IPR, a través de adquisición de acciones en una empresa común de nueva creación.

| 2. | Ámbito de actividad de las empresas afectadas:






  — | IPR: generación de energía eléctrica en el Reino Unido y en países fuera de la Unión Europea; |
| --- | --- | --- |

2.

Ámbito de actividad de las empresas afectadas:

—

IPR: generación de energía eléctrica en el Reino Unido y en países fuera de la Unión Europea;

| — | Mitsui: varios negocios de comercio de materias primas a nivel mundial; |
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—

Mitsui: varios negocios de comercio de materias primas a nivel mundial;

| — | Deeside, Rugeley y Indian Queens: generación de energía eléctrica en el Reino Unido; |
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—

Deeside, Rugeley y Indian Queens: generación de energía eléctrica en el Reino Unido;

| — | IPFC: compra de carbón y biomasa. |
| --- | --- |

—

IPFC: compra de carbón y biomasa.

| 3. | Tras haber realizado un examen preliminar, la Comisión considera que la transacción notificada podría entrar en el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) no 139/2004. No obstante, se reserva la posibilidad de tomar una decisión definitiva sobre este punto. De conformidad con la Comunicación de la Comisión sobre el procedimiento simplificado para tramitar determinadas operaciones de concentración con arreglo al Reglamento (CE) no 139/2004 del Consejo (2) se hace notar que este caso es susceptible de ser tratado por el procedimiento establecido en dicha Comunicación. |
| --- | --- |

3.

Tras haber realizado un examen preliminar, la Comisión considera que la transacción notificada podría entrar en el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) no 139/2004. No obstante, se reserva la posibilidad de tomar una decisión definitiva sobre este punto. De conformidad con la Comunicación de la Comisión sobre el procedimiento simplificado para tramitar determinadas operaciones de concentración con arreglo al Reglamento (CE) no 139/2004 del Consejo (2) se hace notar que este caso es susceptible de ser tratado por el procedimiento establecido en dicha Comunicación.

| 4. | La Comisión insta a terceros interesados a que le presenten sus observaciones eventuales con respecto a la propuesta de concentración.
  Las observaciones deberán obrar en poder de la Comisión en un plazo máximo de diez días naturales a contar desde el día siguiente a la fecha de esta publicación. Las observaciones pueden ser enviadas a la Comisión por fax [(32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o por correo, referencia no COMP/M.4654 — IPR/MITSUI (UK Electricity generation business)), a la siguiente dirección:





  Comisión Europea |
| --- | --- |
| Dirección General de Competencia |
| Registro de operaciones de concentración |
| J-70 |
| B-1049 Bruxelles/Brussel |

4.

La Comisión insta a terceros interesados a que le presenten sus observaciones eventuales con respecto a la propuesta de concentración.

Las observaciones deberán obrar en poder de la Comisión en un plazo máximo de diez días naturales a contar desde el día siguiente a la fecha de esta publicación. Las observaciones pueden ser enviadas a la Comisión por fax [(32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o por correo, referencia no COMP/M.4654 — IPR/MITSUI (UK Electricity generation business)), a la siguiente dirección:

Comisión Europea

Dirección General de Competencia

Registro de operaciones de concentración

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel

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(1)  DO L 24 de 29.1.2004, p. 1.

(2)  DO C 56 de 5.3.2005, p. 32.

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| 26.4.2007 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 91/43 |
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26.4.2007

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 91/43

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Notificación previa de una operación de concentración

(Asunto no COMP/M.4658 — Bridgepoint Capital/Wolters Kluwer Educational Division)

Asunto que podría ser tramitado conforme al procedimiento simplificado

(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2007/C 91/12)

| 1. | El 19 de abril de 2007, la Comisión recibió la notificación, de conformidad con el artículo 4 del Reglamento (CE) no 139/2004 del Consejo (1), de un proyecto de concentración por el cual la empresa/las empresas Bridgepoint Capital Group Ltd. («Bridgepoint», Reino Unido) adquiere/n el control conjunto, a tenor de lo dispuesto en la letra b) del apartado 1 del artículo 3 del citado Reglamento, de Wolters Kluwer N.V. («WKE», Paises Bajos) mediante la adquisición de sus acciones. |
| --- | --- |

1.

El 19 de abril de 2007, la Comisión recibió la notificación, de conformidad con el artículo 4 del Reglamento (CE) no 139/2004 del Consejo (1), de un proyecto de concentración por el cual la empresa/las empresas Bridgepoint Capital Group Ltd. («Bridgepoint», Reino Unido) adquiere/n el control conjunto, a tenor de lo dispuesto en la letra b) del apartado 1 del artículo 3 del citado Reglamento, de Wolters Kluwer N.V. («WKE», Paises Bajos) mediante la adquisición de sus acciones.

| 2. | Las actividades comerciales de las empresas en cuestión son las siguientes:






  — | Bridgepoint: gestor de capital riesgo privado; |
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2.

Las actividades comerciales de las empresas en cuestión son las siguientes:

—

Bridgepoint: gestor de capital riesgo privado;

| — | WKE: proveedor de contenido educativo. |
| --- | --- |

—

WKE: proveedor de contenido educativo.

| 3. | Tras un examen preliminar, la Comisión considera que la operación notificada podría entrar en el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) no 139/2004. No obstante, se reserva su decisión definitiva al respecto. En virtud de la Comunicación de la Comisión sobre el procedimiento simplificado para tramitar determinadas operaciones de concentración con arreglo al Reglamento (CE) no 139/2004 del Consejo (2), este asunto podría ser tramitado conforme al procedimiento simplificado establecido en dicha Comunicación. |
| --- | --- |

3.

Tras un examen preliminar, la Comisión considera que la operación notificada podría entrar en el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) no 139/2004. No obstante, se reserva su decisión definitiva al respecto. En virtud de la Comunicación de la Comisión sobre el procedimiento simplificado para tramitar determinadas operaciones de concentración con arreglo al Reglamento (CE) no 139/2004 del Consejo (2), este asunto podría ser tramitado conforme al procedimiento simplificado establecido en dicha Comunicación.

| 4. | La Comisión invita a los interesados a que le presenten sus posibles observaciones sobre el proyecto de concentración.
  Las observaciones deberán obrar en poder de la Comisión en el plazo de diez días a partir de la fecha de la presente publicación. Podrán enviarse por fax [(32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o por correo, con indicación del número de referencia COMP/M.4658 — Bridgepoint Capital/Wolters Kluwer Educational Division, a la siguiente dirección:





  Comisión Europea |
| --- | --- |
| Dirección General de Competencia |
| Registro de Concentraciones |
| J-70 |
| B-1049 Bruselas |

4.

La Comisión invita a los interesados a que le presenten sus posibles observaciones sobre el proyecto de concentración.

Las observaciones deberán obrar en poder de la Comisión en el plazo de diez días a partir de la fecha de la presente publicación. Podrán enviarse por fax [(32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o por correo, con indicación del número de referencia COMP/M.4658 — Bridgepoint Capital/Wolters Kluwer Educational Division, a la siguiente dirección:

Comisión Europea

Dirección General de Competencia

Registro de Concentraciones

J-70

B-1049 Bruselas

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(1)  DO L 24 de 29.1.2004, p. 1.

(2)  DO C 56 de 5.3.2005, p. 32.

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| 26.4.2007 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 91/44 |
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26.4.2007

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 91/44

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Notificación previa de una operación de concentración

(Asunto no COMP/M.4498 — HgCapital/Denton)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2007/C 91/13)

| 1. | El 18 de abril de 2007, la Comisión recibió la notificación, de conformidad con el artículo 4 del Reglamento (CE) no 139/2004 del Consejo (1), de un proyecto de concentración por el cual la empresa HgCapital Investments Managers Ltd, Reino Unido («HgCapital»), adquiere el control, a tenor de lo dispuesto en la letra b) del apartado 1 del artículo 3 del citado Reglamento, de la totalidad de Denton ATD, Inc., EE.UU., Robert Denton, Inc., EE.UU. y Denton COE GmbH, Alemania (conjuntamente «Denton»), mediante la adquisición de sus acciones. |
| --- | --- |

1.

El 18 de abril de 2007, la Comisión recibió la notificación, de conformidad con el artículo 4 del Reglamento (CE) no 139/2004 del Consejo (1), de un proyecto de concentración por el cual la empresa HgCapital Investments Managers Ltd, Reino Unido («HgCapital»), adquiere el control, a tenor de lo dispuesto en la letra b) del apartado 1 del artículo 3 del citado Reglamento, de la totalidad de Denton ATD, Inc., EE.UU., Robert Denton, Inc., EE.UU. y Denton COE GmbH, Alemania (conjuntamente «Denton»), mediante la adquisición de sus acciones.

| 2. | Las actividades comerciales de las empresas en cuestión son las siguientes:






  — | HgCapital (FTSS): Fabricación y suministro de aparatos de verificación de la seguridad y servicios relacionados; |
| --- | --- | --- |

2.

Las actividades comerciales de las empresas en cuestión son las siguientes:

—

HgCapital (FTSS): Fabricación y suministro de aparatos de verificación de la seguridad y servicios relacionados;

| — | Denton: Fabricación y suministro de aparatos de verificación de la seguridad y servicios relacionados. |
| --- | --- |

—

Denton: Fabricación y suministro de aparatos de verificación de la seguridad y servicios relacionados.

| 3. | Tras un examen preliminar, la Comisión considera que la operación notificada podría entrar en el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) no 139/2004. No obstante, se reserva su decisión definitiva al respecto. |
| --- | --- |

3.

Tras un examen preliminar, la Comisión considera que la operación notificada podría entrar en el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) no 139/2004. No obstante, se reserva su decisión definitiva al respecto.

| 4. | La Comisión invita a los interesados a que le presenten sus posibles observaciones sobre el proyecto de concentración.
  Las observaciones deberán obrar en poder de la Comisión en el plazo de diez días a partir de la fecha de la presente publicación. Podrán enviarse por fax [(32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o por correo, con indicación del número de referencia COMP/M.4498 — HgCapital/Denton, a la siguiente dirección:





  Comisión Europea |
| --- | --- |
| Dirección General de Competencia |
| Registro de Concentraciones |
| J-70 |
| B-1049 Bruxelles/Brussel |

4.

La Comisión invita a los interesados a que le presenten sus posibles observaciones sobre el proyecto de concentración.

Las observaciones deberán obrar en poder de la Comisión en el plazo de diez días a partir de la fecha de la presente publicación. Podrán enviarse por fax [(32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o por correo, con indicación del número de referencia COMP/M.4498 — HgCapital/Denton, a la siguiente dirección:

Comisión Europea

Dirección General de Competencia

Registro de Concentraciones

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel

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(1)  DO L 24 de 29.1.2004, p. 1.

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