Número identificador 

 SEN2024_________________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL V

LEMUEL VELILLA 

REYES,

Apelada,

v.

HUMBERTO REYES 

PÉREZ, HERMELINDA 

CABRERA RIVERA y la 

sociedad de gananciales 

compuesta por ambos, y 

ENCARNACIÓN 

ORTEGA NIEVES y 

FULANO DE TAL, 

MENGANO MÁS CUAL, 

sus sucesores o personas 

desconocidas con interés,

Apelante.

KLAN202400065

APELACIÓN

procedente del Tribunal 

de Primera Instancia, 

Sala Superior de 

Bayamón.

Civil núm.:

BY2021CV03215.

Sobre:

acción civil; Art. 183 y 185 

de la Ley del Registro de 

la Propiedad Inmobiliaria.

Panel integrado por su presidente, el juez Hernández Sánchez, la jueza 

Romero García y la jueza Martínez Cordero.

Romero García, jueza ponente. 

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de marzo de 2024.

Comparece la parte apelante, señora Hermelinda Cabrera Rivera, y 

nos solicita que revisemos y revoquemos la Sentencia en rebeldía emitida

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón, el 9 de 

noviembre de 2023, notificada a las partes el 14 de noviembre de 2023. En 

ella, el foro primario determinó que la parte apelada, señor Lemuel Velilla 

Reyes, había adquirido por usucapión o prescripción adquisitiva 

extraordinaria la titularidad de la proporción indefinida equivalente a un 50% 

de la propiedad inmueble objeto del caso del título1. En consecuencia,

ordenó al Registrador de la Propiedad Inmobiliaria que, previo el pago de 

$45,000.00, inscribiera las referidas circunstancias a favor del apelado. 

1 La antedicha propiedad inmueble está inscrita en el Registro de la Propiedad de 

Bayamón, Sección 1, en el folio veintiuno (21), tomo mil trescientos diez (1,310), finca 

número cincuenta y ocho mil novecientos sesenta y uno (58,961), catastro número: 15-

142-061-30-12-000. El inmueble ubica en el Barrio Buena Vista del Municipio de Bayamón. 

Véase, apéndice del recurso, a la pág. 198. 
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Por los fundamentos que expondremos a continuación, ordenamos 

al Tribunal de Primera Instancia que celebre una vista evidenciara a los 

efectos de dilucidar si las alegaciones respecto a la negligencia crasa de la 

representación legal de la señora Cabrera son ciertas. La anotación de 

rebeldía, así como la sentencia dictada de conformidad, estarán sujetas a 

los resultados de la referida vista de modo que, si las alegaciones fueran 

probadas, las mismas serán dejadas sin efecto.

I 

La controversia planteada tuvo su origen el 13 de agosto de 2021, 

cuando el señor Velilla presentó una demanda contra la apelante2. En esta, 

solicitó al Tribunal de Primera Instancia que ordenara al Registrador de la 

Sección Primera de Bayamón que inscribiera a su favor un inmueble que

alegó fue adquirido mediante usucapión. 

El 29 de octubre de 2021, el señor Velilla informó al tribunal que la 

señora Cabrera había sido emplazada personalmente el 24 de octubre de 

2021, de conformidad a la Regla 4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V3.

Tras varias incidencias procesales, el 7 de septiembre de 2022, se 

celebró el juicio en rebeldía en el cual la parte apelada desfiló prueba y dio 

por sometido su caso4. 

Previo a que el foro primario dictara su sentencia en rebeldía, el 2 

de noviembre de 2023, la apelante señora Cabrera compareció por 

derecho propio, mediante la moción intitulada Solicitud de nuevo juicio por 

falta de notificación5. En su moción juramentada adujo que no se le había 

anotado formalmente su rebeldía y que no había sido notificada de la vista, 

por lo que solicitó un nuevo juicio.

En respuesta, el tribunal concedió un término al señor Velilla para 

que se expresara. Así, el 8 de noviembre de 2023, el apelado presentó una 

2 Véase, apéndice del recurso, a las págs. 197-203.

3

Íd., a las págs. 139-144.

4

Íd., a las págs. 63-64. 

5

Íd., a las págs. 44-46.
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moción en la que arguyó que el escrito de la señora Cabrera no cumplía

con la Regla 48 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V6.

El 9 de noviembre de 2023, notificada el 14 de noviembre, el foro 

primario emitió una Resolución, que declaró sin lugar la solicitud de nuevo 

juicio de la señora Cabrera7. Consignó que la apelante no había justificado 

adecuadamente su incomparecencia en el pleito, ni había planteado algún 

derecho o defensa en contra de la parte apelada.

Adicionalmente, el 9 de noviembre de 2023, notificada también el 

14 de noviembre siguiente, el tribunal dictó la Sentencia en rebeldía en el 

caso8.

El 29 de noviembre de 2023, el Lcdo. Corona Muñoz presentó su 

solicitud para asumir la representación legal de la señora Cabrera9, la cual 

fue declarada con lugar el 29 de noviembre, notificada el 1 de diciembre de 

202310. 

También el 29 de noviembre de 2023, la señora Cabrera, por 

conducto de su representante legal, presentó una moción de

reconsideración de la sentencia y de la resolución que denegó el nuevo 

juicio11. En ella expuso que la señora Cabrera, tan pronto fue emplazada 

allá para el 24 de octubre de 2021, contrató los servicios profesionales de 

la Lcda. Enid Gisela Martinez-Padilla, con despacho en Cataño, PR, para 

que le representase en este pleito. Adujo que pagó a la abogada la cantidad 

de honorarios solicitada por esta. También, que cada vez que la veía, le 

preguntaba el estatus del caso y la abogada le informaba que todo iba bien.

Sin embargo, la abogada nunca compareció y mintió a la señora Cabrera.

En lo pertinente, añadió que la moción de solicitud de nuevo juicio, 

a pesar de que había sido suscrita y juramentada por la señora Cabrera, 

6 Véase, apéndice del recurso, a las págs. 41-42.

7

Íd., a las págs. 13-14.

8

Íd., a las págs. 3-12.

9

Íd., a la pág. 39.

10 Íd., a la pág. 38.

11 Íd., a las págs. 15-17. 
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fue redactada por la Lcda. Martínez-Padilla. A la luz de la negligencia 

exhibida por la abogada, la señora Cabrera solicitó que el tribunal dejara 

sin efecto su resolución y su sentencia del 9 de noviembre de 202312.

El 14 de diciembre de 2023, el apelado señor Velilla presentó su 

oposición a la solicitud de reconsideración13. En síntesis, adujo que la 

señora Cabrera fue debidamente emplazada y que había omitido adjuntar 

a su solicitud documento alguno en apoyo de sus afirmaciones.

El 22 de diciembre de 2023, el tribunal emitió y notificó su 

denegatoria de la reconsideración presentada por la señora Cabrera14. 

Inconforme con la referida determinación, la señora Cabrera 

presentó su recurso ante nos el 19 de enero de 2024, y formuló los 

siguientes señalamientos de error:

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al no reabrir, 

reconsiderar y relevar de la sentencia en rebeldía a la parte 

apelante tomando en cuenta que contrató representación 

legal que nunca compareció, violándose así su derecho al 

debido proceso de ley. 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al no permitir 

a la apelante contestar la demanda, establecer sus defensas, 

y refutar las alegaciones de usucapión adquisitiva sobre su 

propiedad. 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al no ordenar 

la comparecencia de la licenciada Enid G. Martinez Padilla a 

justificar su incomparecencia al proceso. 

(Énfasis omitido).

El 27 de febrero de 2024, el señor Velilla presentó su oposición.

Con el beneficio de la comparecencia de las partes litigantes, 

resolvemos. 

II 

En cuanto a la anotación de rebeldía, la Regla 45.1 de las de 

Procedimiento Civil dispone como sigue:

12 El Tribunal de Primera Instancia no tuvo el beneficio, en ese momento, de revisar la 

Querella juramentada presentada el 12 de enero de 2024, ante el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico, por la señora Cabrera en contra de la Lcda. Martínez-Padilla. Véase,

apéndice del recurso, a las págs. 243-247. En ella, la señora Cabrera detalla todas las 

gestiones realizadas por ella desde el 27 de octubre de 2021, y cómo la abogada le mintió 

y le hizo pensar que estaba debidamente representada en este caso.

13 Véase, apéndice del recurso, a las págs. 18-21.

14 Íd., a las págs. 1-2. 
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Cuando una parte contra la cual se solicite una sentencia que 

concede un remedio afirmativo haya dejado de presentar 

alegaciones o de defenderse en otra forma según se dispone 

en estas reglas, y este hecho se pruebe mediante una 

declaración jurada o de otro modo, el Secretario o Secretaria 

anotará su rebeldía.

El tribunal a iniciativa propia o a moción de parte, podrá anotar 

la rebeldía a cualquier parte conforme a la Regla 34.3(b)(3) de 

este apéndice.

Dicha anotación tendrá el efecto de que se den por admitidas 

las aseveraciones de las alegaciones afirmativas, sujeto a lo 

dispuesto en la Regla 45.2(b) de este apéndice.

La omisión de anotar la rebeldía no afectará la validez de una 

sentencia dictada en rebeldía.

32 LPRA Ap. V, R. 45.1. 

Con relación a dicha regla, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

expresado que, “[e]l propósito del mecanismo de la rebeldía es desalentar 

el uso de la dilación como estrategia de litigación”. Rivera Figueroa v. Joe’s 

European Shop, 183 DPR 580, 587 (2011). A su vez, ha afirmado que “la 

rebeldía ‘es la posición procesal en que se coloca la parte que ha dejado 

de ejercitar su derecho a defenderse o de cumplir con su deber procesal’”. 

Íd.

De otra parte, la anotación de rebeldía es un remedio que opera para 

dos tipos de situaciones. Íd., a la pág. 589. La primera, cuando el 

demandado no cumple con el requisito de comparecer a contestar la 

demanda o a defenderse en otra forma prescrita por ley; es decir, cuando 

no presenta alegación alguna contra el remedio solicitado. Íd. La segunda, 

para situaciones en las que una de las partes en el pleito ha incumplido con 

algún mandato del tribunal, lo que motiva a este a imponerle la rebeldía

como sanción. Íd.

Los efectos de la anotación de rebeldía “se resumen en que se dan 

por admitidos todos los hechos bien alegados en la demanda o la alegación 

que se haya formulado en contra del rebelde”. Íd., a la pág. 590. Asimismo, 

“se autoriza al tribunal para que dicte sentencia, si esta procede como 

cuestión de derecho”. Íd., a la pág. 589.
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De otra parte, la Regla 45.3 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, provee para que un tribunal deje sin efecto la anotación de la 

rebeldía de una parte.

El tribunal podrá dejar sin efecto una anotación de rebeldía 

por causa justificada, y cuando se haya dictado sentencia en 

rebeldía, podrá asimismo dejarla sin efecto de acuerdo con la 

Regla 49.2 de este apéndice.

En Neptune Packing Corp. v. Wackenhut Corp., 120 DPR 283 

(1988), el Tribunal Supremo comparó los criterios necesarios para dejar sin 

efecto una anotación de rebeldía y los necesarios para conceder un relevo 

de sentencia, conforme a la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V. Así pues, dispuso como sigue:

[...] Expresamente sostenemos que los criterios inherentes a 

la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra, tales como si el 

peticionario tiene una buena defensa en sus méritos, el 

tiempo que media entre la sentencia y la solicitud de 

relevo, y el grado de perjuicio que pueda ocasionar a la 

otra parte la concesión del relevo de sentencia, son 

igualmente aplicables cuando se solicita que una sentencia

dictada en rebeldía sea dejada sin efecto.

Neptune Packing Corp. v. Wackenhut Corp., 120 DPR, a la pág. 294. 

(Énfasis nuestro; bastardillas en el original).

De hecho, en dicha opinión, el Tribunal Supremo alude a ese “fino 

balance” entre la deseabilidad de dar por terminados los pleitos y que estos 

se resuelvan en sus méritos. Íd. Evidentemente, se trata del ejercicio 

ponderado de la discreción del foro primario, el cual, ante la ausencia del 

perjuicio que pudiera ocasionar a la otra parte, debe inclinarse y propiciar 

la adjudicación de los pleitos en sus méritos. Íd.; véase, además, J.R.T. v. 

Missy Mfg. Corp., 99 DPR 805, 811 (1971); Román Cruz v. Díaz Rifas, 113 

DPR 500, 506-507 (1982). 

Cual planteado en J.R.T. v. Missy Mfg. Corp., con relación a la Regla 

45 de Procedimiento Civil, 

[e]l objeto de estas disposiciones procesales no es conferir 

una ventaja a los demandantes o querellantes para obtener 

una sentencia sin una vista en los méritos. Son normas 

procesales en beneficio de una buena administración de la 

función adjudicativa, dirigidas a estimular la tramitación 

diligente de los casos. [...]. Por eso, y por lo oneroso y 

drástico que resulta sobre las partes demandadas o 

querelladas una sentencia en rebeldía, es que se ha 

establecido la norma de interpretación liberal, debiendo 
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resolverse cualquier duda a favor del que solicita que se 

deje sin efecto la anotación de rebeldía, a fin de que el 

caso pueda verse en los méritos. [...].

Cuando, como en este caso, se aduce una buena defensa y 

la reapertura no ocasiona perjuicio alguno, constituye un 

claro abuso de discreción el denegarla. Como regla 

general, una buena defensa debe siempre inclinar la 

balanza a favor de una vista en los méritos, a menos que 

las circunstancias del caso sean de tal naturaleza que revelen 

un ánimo contumaz o temerario por parte del querellado. [...].

J.R.T. v. Missy Mfg. Corp., 99 DPR, a la pág. 911. (Énfasis nuestro; citas 

omitidas).

Una buena defensa en los méritos; el perjuicio, sin alguno que podría 

sufrir la parte contraria; y, el momento en el tiempo en que se solicita, 

constituyen los criterios a ser ponderados por el tribunal al adjudicar una 

solicitud para que se deje sin efecto una anotación de rebeldía. Si bien se 

trata de un ejercicio de discreción judicial, este debe operar a base de 

dichos criterios, tomando en consideración que se trata de una norma de 

interpretación liberal, cuyo fin último debe ser la adjudicación en sus 

méritos de los casos.

III 

Por estar estrechamente relacionados entre sí discutiremos en 

conjunto los señalamientos de error esbozados por la parte apelante. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha consignado en repetidas 

ocasiones que, en nuestra misión de hacer justicia, la discreción es el más 

poderoso instrumento reservado a los jueces. Banco Metropolitano v. 

Berríos, 110 DPR 721, 725 (1981); Rodríguez v. Pérez, 161 DPR 637, 651 

(2004). Cuando aludimos a la discreción, nos referimos a la facultad que 

tenemos para resolver de una forma u otra, o de escoger entre varios 

cursos de acción; por ello, la discreción ha sido definida como “una forma 

de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una 

conclusión justiciera.” Citibank et al. v. ACBI et al., 200 DPR 735 (2018); 

HIETel v. PRTC, 182 DPR 451, 459 (2011).

Analizados los hechos que surgen del expediente, colegimos que no 

estamos en posición de sustituir el criterio del foro primario en cuanto a 

dejar sin efecto la anotación en rebeldía en este momento. No obstante, 
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llamamos la atención a que las alegaciones expuestas por la señora 

Cabrera en la moción de reconsideración presentada el 29 de noviembre 

de 2024, y en su escrito de apelación son de tal naturaleza y gravedad que,

en el mejor interés de la justicia, ameritan la oportunidad de presentar

evidencia. 

El foro primario no tuvo la oportunidad de examinar la Querella

juramentada presentada por la señora Cabrera ante el Tribunal Supremo. 

En ella, se expuso detalladamente las alegaciones de la apelante en contra 

de la Lcda. Martínez-Padilla, y la conducta desplegada por esta, que 

conllevó la anotación de rebeldía de la señora Cabrera. Esas alegaciones 

se traducen en una conducta profesional inaceptable y punible, que tendrán 

que ser probadas por la señora Cabrera.

Por otro lado, la parte apelada sostiene que, independientemente de 

los señalamientos de la señora Cabrera, a este foro intermedio solo le 

corresponde dilucidar si procedía o no anotar la rebeldía. Postula que las 

alegaciones que surgían tanto de la solicitud de nuevo juicio como de la 

solicitud de reconsideración presentadas por la apelante debieron estar 

sustentadas en prueba documental, que avalara las gestiones realizadas 

por la señora Cabrera o la justa causa para no comparecer. No le asiste la 

razón.

En primer lugar, tanto el foro primario como la parte apelada obvian 

lo dispuesto en la Regla 9 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, a 

los efectos de que no es necesario juramentar una petición al tribunal 

(siempre que no se requiera por ley) y que la firma del abogado en un 

escrito constituye una certificación de que lo allí consignado está 

fundamentado en los hechos y el derecho pertinentes, y que no se ha 

presentado con el fin de causar una injusticia, una dilación u opresión 

innecesarias, o para aumentar los gastos del litigio. 

Es decir, aun sin una declaración jurada de la señora Cabrera y sin 

el beneficio de la querella instada por esta ante el Tribunal Supremo o de 

los documentos que le fueran adjuntados, el foro primario contaba con 
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suficientes garantías de que la presunta negligencia de la Lcda. MartínezPadilla podía haber provocado la incomparecencia de la señora Cabrera. 

Reconocemos que al foro primario le cobija una amplia discreción, 

sin embargo, al momento de analizar los criterios para dejar sin efecto una 

anotación de rebeldía, la balanza discrecional puede y debe inclinarse 

hacia la adjudicación en sus méritos de los casos. Por tanto, ante las graves 

imputaciones de la señora Cabrera contra la abogada que contrató, nuestra 

postura se fundamenta en que, si estas alegaciones fueran probadas, el 

foro primario estaría en la obligación de dejar sin efecto la anotación de 

rebeldía y la sentencia dictada, y atender el caso en sus méritos. 

Para ello, resulta necesaria la celebración de una vista evidenciaria 

en la que la señora Cabrera descargue el peso de establecer que fue 

víctima de la negligencia de la Lcda. Martínez-Padilla, lo que le impidió 

comparecer oportunamente ante el foro primario a defenderse. 

IV 

Por los fundamentos expuestos, ordenamos al Tribunal de Primera

Instancia, Sala Superior de Bayamón, que celebre una vista evidenciaria a 

los efectos de dilucidar si las alegaciones respecto a la representación legal 

previa de la señora Cabrera son ciertas. La anotación de rebeldía, así como 

la sentencia dictada de conformidad, estarán sujetas a los resultados de la 

referida vista, de modo que, si las alegaciones fueran probadas a 

satisfacción del tribunal, las mismas sean dejadas sin efecto. 

Notifíquese.

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la secretaria del Tribunal 

de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones