Número Identificador

SEN2024_________________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL III

ANTHONY HERNÁNDEZ 

EDWARDS 

Recurrente

V.

DEPARTAMENTO DE 

CORRECCIÓN Y 

REHABILITACIÓN

Recurrido

KLRA202300651

Revisión 

Judicial

procedente del

Departamento de 

Corrección y 

Rehabilitación

Caso Núm.: 

GMA500-1049-23

Sobre: Custodia 

Protectiva

Panel integrado por su presidente, el juez Figueroa 

Cabán, el juez Bonilla Ortiz, la jueza Mateu Meléndez 

y la jueza Prats Palerm

Figueroa Cabán, Juez Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de febrero de 2024.

Comparece Anthony Hernández Edwards, en adelante 

el señor Hernández o el recurrente, y nos solicita que 

revisemos la Respuesta, emitida por el Departamento de 

Corrección y Rehabilitación, en adelante DCR o el 

recurrido, mediante la cual se le denegó el cambio de 

custodia de protectiva a población general. 

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se revoca la resolución recurrida y se 

devuelve el caso al DCR para que proceda conforme a lo 

solicitado en el Escrito en Cumplimiento de 

Resolución.

-IEl señor Hernández presentó la solicitud de 

remedio administrativo número GMA500—1049-23, mediante 
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la que peticionó ser removido de custodia protectiva a 

población general, por motivos de salud y seguridad.1

En su Respuesta, el DCR dispuso que “la Oficina 

de Clasificación de Confinados impartió instrucciones 

que una vez el MPC solicite custodia protectiva 

permanecerá en ese estatus durante el resto de la 

sentencia que le resta por cumplir”.2

Inconforme, el recurrente presentó una 

reconsideración3, que el DCR denegó.4

Aun insatisfecho, el señor Hernández presentó una 

Moción Solicitando Revisión Judicial en Base a 

Respuesta de División de Remedios Administrativos, 

mediante la cual adujo que desde febrero de 2018 se 

encuentra en custodia protectiva de manera voluntaria

y que en agosto de 2023 solicitó un cambio de su 

custodia a población general. Destacó, además, que

desde mayo de 2019 disfruta de una custodia mínima y 

que el Reglamento de Clasificación y Tratamiento

permite a los confinados pedir el traslado de una 

institución carcelaria a otra, por motivos de 

seguridad.

Examinados los escritos de las partes y la copia 

certificada del expediente administrativo, estamos en 

posición de resolver.

-IILa revisión judicial de las decisiones 

administrativas tiene como fin primordial delimitar la 

discreción de las agencias, para asegurar que ejerzan 

1 Copia certificada del expediente administrativo, caso Núm.: 

GMA500-1049-23, pág. 5.

2 Id., págs. 7-8.

3 Id., págs. 9-10.

4 Id., págs. 11-12.
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sus funciones conforme la ley y de forma razonable.5 A 

esos efectos, la revisión judicial comprende tres 

aspectos, a saber: (1) si el remedio concedido fue 

apropiado; (2) si las determinaciones de hecho están 

sostenidas por evidencia sustancial que obra en el

expediente administrativo visto en su totalidad, y (3) 

si se sostienen las conclusiones de derecho realizadas

por la agencia.

6

En lo aquí pertinente, la intervención judicial 

debe circunscribirse a determinar si las conclusiones 

de derecho del organismo administrativo son correctas.7

Ahora bien, ello no significa que el tribunal revisor 

tiene una facultad irrestricta para revisar las 

conclusiones de derecho del ente administrativo. Al 

contrario,8 los tribunales deben concederle gran peso 

y deferencia a las interpretaciones que los organismos 

administrativos realizan de las leyes y reglamentos

que administran, por lo que no pueden descartar 

libremente las conclusiones e interpretación de la 

agencia, sustituyendo el criterio de éstas por el 

propio. De este modo, si la interpretación de la ley o 

reglamento que realiza determinada agencia 

administrativa es razonable, aunque no sea la única 

razonable, los tribunales debemos concederle 

5 Hernández Feliciano v. Mun. Quebradillas, 211 DPR 99, 114-115

(2023); Fuentes Bonilla v. ELA et al., 200 DPR 364 (2018);

Unlimited v. Mun. de Guaynabo, 183 DPR 947, 965 (2011).

6 Hernández Feliciano v. Mun. Quebradillas, supra, pág. 115;

Moreno Lorenzo y otros v. Depto. Fam., 207 DPR 833, 839-840 

(2021); Capó Cruz v. Jta. Planificación et al., 204 DPR 581, 591 

(2020).

7 OEG v. Martínez Giraud, 210 DPR 79, 89 (2022). Véase, además,

Torres Rivera v. Policía de PR, 196 DPR 606, 627-628 (2016).

8 Hernández Feliciano v. Mun. Quebradillas, supra, págs. 115-116; 

Batista, Nobbe v. Jta. Directores, 185 DPR 206, 216 (2012); JP, 

Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 DPR 177, 187 (2009); 

Rivera Concepción v. ARPe, 152 DPR 116, 122 (2000).
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deferencia.9 Más aún, los tribunales podrán sustituir 

el criterio de la agencia por el suyo únicamente 

cuando no encuentren una base racional para explicar 

la determinación administrativa.10

-IIIPara efectos del resultado alcanzado, citaremos 

in extenso la posición del Departamento de Corrección

según expuesta en su Escrito en Cumplimiento de 

Resolución:

[E]l señor Hernández Edwards procura que se le 

saque de custodia protectiva. A tal efecto, 

solicitó ser trasladado a una institución del 

bando Ñeta por cuestiones de seguridad. A pesar 

de ello, en febrero de 2018, fue trasladado de 

Ponce Principal a Guayama 500, es decir, DCR lo 

trasladó a una institución de custodia

protectiva, cuando él nunca solicitó custodia 

protectiva, sino ser trasladado a una institución 

del bando Ñeta. Así pues, fue trasladado a una 

institución donde no hay confinados del bando 

Ñeta, bando al cual él pertenece; y a pesar de él 

haber solicitado expresamente ser trasladado a 

una institución Ñeta.

Además, llamamos a la atención que el traslado de 

febrero de 2018 no fue realizado por el CCT 

siguiendo el procedimiento de la sección 9 (VI) 

del reglamento Núm. 9151, supra, procedimiento 

que se sigue cuando un confinado solicita 

voluntariamente entrar a una Unidad Especial de 

Vivienda por custodia protectiva. No existen 

documentos acreditativos de que se siguió el 

proceso de la Sección 9(VI)(3) del reglamento 

Núm. 9151.

Ante el escenario antes descrito, procede que el 

caso sea devuelto a DCR de forma que el CCT

evalúe el caso conforme la Sección 9(VI)(2), y 

determine si el señor Hernández Edwards puede 

regresar a la población general. (Énfasis en el 

original y suplido)

En consideración a lo anterior, acogemos la 

interpretación que hace el recurrido de la normativa 

reglamentaria aplicable y del expediente 

administrativo, y adoptamos, además, la solución que 

propone a la controversia de autos. A esos efectos, es 

9 Torres Rivera v. Policía de PR, supra, pág. 628. Véase, además, 

OEG v. Martínez Giraud, supra, págs. 88-89.

10 Hernández Feliciano v. Mun. Quebradillas, supra, pág. 116.
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pertinente recordar que las decisiones de las agencias 

administrativas merecen deferencia11, más aún, en 

materia de clasificación del grado de custodia de un 

confinado12.

-IVPor los fundamentos previamente expuestos, se

revoca la resolución recurrida y se devuelve el caso 

al Departamento de Corrección y Rehabilitación para 

que el Comité de Clasificación y Tratamiento evalúe al 

señor Anthony Hernández Edwards conforme a la Sección 

9(VI) (2) del Manual para la Clasificación de los 

Confinados, Reglamento Núm. 9151 de 22 de enero de 

2020.

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica 

la Secretaria del Tribunal de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones

11 OEG v. Martínez Giraud, supra.

12 López Borges v. Administración de Corrección, 185 DPR 603 

(2012).