Número Identificador: 

SEN2024___________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL X

EDWARD BERRÍOS GREEN

QUERELLANTE(S)-RECURRIDA(S)

V.

PEPE ABAD, INC.

QUERELLADA(S)-PETICIONARIA(S)

KLCE202301028

Certiorari

procedente del Tribunal de 

Primera Instancia, Sala 

Superior de CAGUAS

Caso Núm. 

CY2021CV00250 (802)

Sobre:

Despido Injustificado

Panel integrado por su presidenta, la Juez Lebrón Nieves, la Juez Barresi 

Ramos y la Jueza Santiago Calderón

Barresi Ramos, juez ponente

S E N T E N C I A

En San Juan, Puerto Rico, hoy día 31 de enero de024.

Comparece ante nos, PEPE ABAD KIA, INC. (PEPE ABAD) mediante 

Petición de Certiorari incoada el 18 de septiembre de 2023. En su recurso, nos 

solicita que revisemos la Resolución dictada el 6 de septiembre de 2023 por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Caguas.

1 Mediante dicho 

dictamen, el foro a quo declaró no ha lugar la Moción de Sentencia Sumaria

presentada el 26 de julio de 2022 por PEPE ABAD.

Exponemos el trasfondo fáctico y procesal que acompaña a la presente 

controversia.

- I -

El 12 de julio de 2021, el señor EDWARD BERRÍOS GREEN (señor BERRÍOS 

GREEN) entabló una Querella sobre despido injustificado.

2 Expuso que, fue 

1 Esta determinación judicial fue notificada y archivada en autos el 7 de septiembre de 2023. 

Véase Apéndice de la Petición de Certiorari, págs. 301- 312.

2

Íd., págs. 1– 4. 
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empleado mediante contrato sin tiempo determinado por un (1) año antes de 

ser despedido; su empleo era uno a tiempo completo; laboraba cuarenta (40) 

horas semanales; y su salario más alto devengado fue de $1,531.88 semanal.

Reclamó la cuantía de $21,446.32 por concepto de mesada en contra de PEPE 

ABAD, ello, al amparo de la Ley Núm. 2 de 1961, según enmendada. 

Tiempo después, el 8 de septiembre de 2021, PEPE ABAD presentó su 

Contestación a Querella.

3 En síntesis, arguyó que el 9 de enero de 2018, el 

señor BERRÍOS GREEN comenzó a laborar como ejecutivo de ventas; y fue 

despedido por justa causa, a tenor con las disposiciones de la Ley Núm. 80 de 

1976, según enmendada; la Ley Núm. 4 de 2017, así como la jurisprudencia 

interpretativa aplicable. Señaló que se reunieron con el señor BERRÍOS GREEN

para notificarle la decisión de la empresa de despedirlo, ello, en 

consideración a los hallazgos de una investigación.

Luego de varios incidentes procesales, y de haber finalizado el 

descubrimiento de prueba, el 26 de julio de 2022, PEPE ABAD presentó una 

Moción de Sentencia Sumaria.

4 Sostuvo que no existe controversia de hechos 

materiales que impidan resolver el caso por la vía sumaria. El 2 de agosto 

de 2022, se dictaminó Orden en la cual se le requirió al señor BERRIOS GREEN

exponer su posición en torno a la moción de sentencia sumaria al señor 

BERRÍOS GREEN.

5

Así las cosas, el 23 de agosto de 2022, PEPE ABAD presentó su Moción 

para que se Dé por Sometida Sin Oposición la Moción de Sentencia Sumaria 

Presentada por la Parte Querellada.6 Solicitó que se diera por sometida la 

moción de sentencia sumaria sin oposición.

3 Véase Apéndice de la Petición de Certiorari, págs. 5– 14. 

4

Íd., págs. 16- 234. Dicho petitorio está acompañado de los siguientes documentos: (i) Anejo 

1(A)- fragmentos de la Deposición efectuada el 19 de enero de 2022 al señor Edward Berrios 

Green; (ii) Anejo 1(B)- fragmentos de la Deposición efectuada el 12 de abril de 2022 al señor 

Berrios Green; (iii) Anejo 2– Manual del Empleado (Guía sobre los Estándares, Normas, 

Conducta, Procedimientos, Valores, Licencias y Beneficios de la Organización); (iv) Anejo 3–

Acuse de Recibo del Manual de Empleado firmado por el señor Edward Berrios Green; (v)

Anejo 4– manuscrito suscrito por el señor Jonathan Rivera Rivera (empleado de PEPE ABAD); 

y Anejo (v) – Declaración Jurada suscrita por la señora Miren Lydia Ayerdi Santiago, gerente 

de Recursos Humanos de PEPE ABAD.

5 Véase Apéndice de la Petición de Certiorari, pág. 235.

6

Íd., págs. 237– 238. 
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Ese mismo día, el señor BERRÍOS GREEN presentó una Moción de 

Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria y Otros Extremos.

7 En su escrito, 

el señor BERRÍOS GREEN manifestó:

[Pepe Abad] [n]o tiene razón en ninguno de sus argumentos, 

existe controversia sobre el hecho material, sustancial de la 

querella [esto] es si es o no justificado el despido y, como 

cuestión de derecho no procede el remedio sumario. Por ello 

se solicita a esta Curia declare no ha lugar la solicitud de la 

querellada.

En horas de la tarde, PEPE ABAD presentó Moción para Que No se 

Considere “Moción de Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria y Otros 

Extremos” de la Parte Querellante y, en la Alternativa, Solicitud de Término 

para Presentar Replica.

8

El 12 de septiembre de 2022, PEPE ABAD presentó su Réplica a 

Oposición a Moción de Sentencia Sumaria en la cual argumentó que no existe 

controversia de hechos; su petitorio permanece incontrovertido; y procede 

dictar sentencia sumaria a su favor.

9 Consiguientemente, el 25 de octubre de

2022, el tribunal de instancia decretó Orden considerando por sometida la 

adjudicación de la solicitud de sentencia sumaria. 

Finalmente, el 6 de septiembre de 2023, el tribunal a quo dictaminó la 

Resolución impugnada. El foro primario formuló trece (13) hechos que, a su 

juicio, no están en controversia; precisó seis (6) hechos en controversia o 

arrojan dudas al juzgador; y pautó la Conferencia con Antelación al Juicio

pautada para el 1 de febrero de 2024 a las 2:30 de la tarde mediante 

videoconferencia.

10

El tribunal de instancia determinó que los siguientes hechos no están 

en controversia:

1. Berríos fue empleado de Pepe Abad desde el 9 de enero de 

2018 hasta el 7 de junio de 2019 como Ejecutivo de Cuentas. 

2. El 1 de junio de 2019 un cliente acudió a Pepe Abad para que, 

como parte de los servicios adquiridos, se le diera un tratamiento de 

Cilajet a su vehículo Kia Río Quinto.

3. El referido vehículo tenía un balance de $25,000.00.

7

Íd., págs. 241- 247.

8 Véase Apéndice de la Petición de Certiorari, págs. 249- 251.

9

Íd., págs. 255- 293.

10 Íd., pág. 310- 312. 
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4. El cliente manifestó estar interesado en adquirir una unidad 

más grande.

5. Berríos le explicó que, al vehículo Kia Río Quinto ser una 

unidad nueva con un balance alto, no podía darse en “trade-in”, pero 

que tenía dos (2) alternativas: entregar el referido vehículo Kia Río 

Quinto al banco o, venderlo por su cuenta para liberar su crédito.

6. El cliente optó por incluir a su esposa en la compra de la 

nueva unidad y el banco le dio su aprobación. 

7. El cliente y su esposa se retiraron de Pepe Abad en la nueva 

unidad.

8. La unidad Kia Río Quinto permaneció en los predios de Pepe 

Abad sin haberse entrado a ninguno de los inventarios.

9. El referido vehículo estuvo en posesión de Berríos hasta el 5 

de junio de 2019.

10. El 5 de junio de 2019, se celebró una reunión entre Berríos y 

personal gerencial de Pepe Abad y, como resultado, el primero fue 

suspendido hasta tanto se realizar[a] una investigación del asunto.

11. El 7 de junio de 2019 Berríos fue despedido.

Entre los hechos que, a juicio del foro de instancia, están en 

controversia se encuentran: 

1. La razón por la que los compradores del vehículo en 

controversia dejaron la unidad Kia Río Quinto en los 

predios de PEPE ABAD. 

2. Acuerdo, si alguno, entre Berríos y los compradores con 

relación a qué iban a hacer con el referido vehículo. 

3. Expediente de personal de Berríos y si existían quejas 

previas por situaciones similares. 

4. Investigación que realizó PEPE ABAD y que motivó el despido 

de Berríos.

5. Investigación realizada por el Negociado de Normas y 

Trabajo cuyos resultados los hicieron concluir que se le 

adeudaban a Berríos $21,446.32 por alegado despido 

injustificado. 

6. Reclamaciones realizadas a PEPE ABAD por parte del 

Negociado de Normas y Trabajo. 

En desacuerdo, el 18 de septiembre de 2023, PEPE ABAD instó ante este 

Tribunal de Apelaciones una Petición de Certiorari. En su escrito, señala 

el(los) siguiente(s) error(es):

Primer Error: El TPI cometió prejuicio, parcialidad y error 

craso y manifiesto en la apreciación de la prueba 

documental al determinar que existía controversia de 

hechos sobre el historial de conducta previa del Recurrido 

y la investigación realizada por Pepe Abad a pesar de que el 

Peticionario presentó evidencia sustancial que no fue

controvertida.

Segundo Error: Erró el TPI y abusó de su discreción al no 

dar deferencia a la investigación interna ni a la adjudicación 

de credibilidad realizada por Pepe Abad, a pesar de que el 

proceso de investigación no fue impugnado de forma 

alguna por el Recurrido ni existe evidencia de perjuicio, 
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irrazonabilidad o arbitrariedad en el proceso que justifique 

inmiscuirse con la prerrogativa gerencial en este caso.

Tercer Error: Erró y abusó de su discreción el TPI como 

cuestión de derecho procesal bajo la Regla 36 de 

Procedimiento Civil al establecer nuevas determinaciones 

de hechos que son totalmente inmateriales, que surgen de 

la oposición que -recordemos- el TPI previamente 

determinó que no iba a considerar y sobre los cuales no hay 

evidencia. 

Cuarto Error: La Resolución del TPI es contraria a derecho 

toda vez que las determinaciones de hechos realizadas por 

el TPI, por sí solas, justifican la terminación de empleo del 

Recurrido a la luz de la Ley 80- 1976, Ley 4-2017 y la 

jurisprudencia interpretativa aplicable.

El 22 de septiembre de 2023, este foro revisor emitió Resolución en la 

cual, entre otras cosas, le concedimos un plazo perentorio de diez (10) días al 

señor BERRÍOS GREEN para mostrar causa por la cual no debemos expedir el 

auto de certiorari y revocar el dictamen impugnado. Al día de hoy, el señor 

BERRÍOS GREEN no ha presentado contención alguna.

Evaluado concienzudamente el expediente del caso, nos encontramos 

en posición de adjudicar. Puntualizamos las normas de derecho pertinentes 

a la(s) controversia(s) planteada(s). 

- II -

- A -

El recurso de certiorari permite a un tribunal de mayor jerarquía 

revisar discrecionalmente las órdenes o resoluciones interlocutorias emitidas 

por una corte de inferior instancia judicial.11 Por ello, la determinación de 

expedir o denegar este tipo de recurso se encuentra enmarcada dentro de la 

discreción judicial.12

De ordinario, la discreción consiste en “una forma de razonabilidad 

aplicada al discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera”.13

11 Rivera Gómez v. Arcos Dorados Puerto Rico Inc., 2023 TSPR 65; 212 DPR ___ (2023); Torres 

González v. Zaragoza Meléndez, 2023 TSPR 46; 211 DPR ___ (2023); McNeil Healthcare v. Mun. 

Las Piedras I, 206 DPR 391, 403 (2021). 

12 Íd. 

13 Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 729 (2016).
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Empero, el ejercicio de la discreción concedida “no implica la potestad de 

actuar arbitrariamente, en una u otra forma, haciendo abstracción del resto 

del derecho”.14

Ahora bien, en los procesos civiles, la expedición de un auto de 

certiorari se encuentra delimitada a las instancias y excepciones contenidas 

en la Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil de 2009.15 La mencionada Regla 

dispone que solo se expedirá un recurso de certiorari cuando, “se recurra de 

una resolución u orden bajo remedios provisionales de la Regla 56, 

injunctions de la Regla 57 o de la denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo”.16

En ese sentido, y a manera de excepción, se podrá expedir este auto 

discrecional cuando: 

(1) se recurra de decisiones sobre la admisibilidad de testigos de 

hechos o peritos esenciales;

(2) en asuntos relacionados a privilegios evidenciarios;

(3) en casos de anotaciones de rebeldía;

(4) en casos de relaciones de familia; 

(5) en casos revestidos de interés público; o 

(6) en cualquier situación en la que esperar a una apelación 

constituiría un fracaso irremediable de la justicia.17

Lo anterior constituye tan solo la primera parte de nuestro análisis 

sobre la procedencia de un recurso de certiorari para revisar un dictamen del 

Tribunal de Primera Instancia. De modo que, aun cuando un asunto esté 

comprendido entre las materias que las Reglas de Procedimiento Civil de 

2009 nos autorizan a revisar, el ejercicio prudente de esta facultad nos 

requiere tomar en consideración, además, los criterios dispuestos en la Regla 

40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones.18 

El examen de los [recursos] discrecionales no se da en el vacío o en 

ausencia de otros parámetros.19 Para ello, la Regla 40 de nuestro Reglamento 

14 Íd. 

15 32 LPRA Ap. V, R. 52.1; Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra.

16 Caribbean Orthopedics v. Medshape et al., 207 DPR 994, 1004 (2021).

17 4 LPRA Ap. XXII – B, R. 40; IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 339– 340 (2012). 

18 McNeil Healthcare v. Mun. Las Piedras I, supra, pág. 404; 800 Ponce de León v. AIG, 205 

DPR 163 (2020).

19 McNeil Healthcare v. Mun. Las Piedras I, supra, pág. 404; 800 Ponce de León v. AIG, supra.
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instituye los indicadores a considerar al evaluar si se debe o no expedir un 

recurso de certiorari. A saber: 

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a diferencia 

de sus fundamentos, son contrarios a derecho;

(B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada para el 

análisis del problema; 

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto en 

la apreciación de la prueba por el Tribunal de Primera Instancia;

(D) Si el asunto planteado exige una consideración más detenida a la 

luz de los autos originales, los cuales deberán ser elevados, o de 

alegatos más elaborados;

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es la más 

propicia para su consideración; 

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no causan 

un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación indeseable en 

la solución final del litigio; y 

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa evita un 

fracaso de la justicia.20

Es preciso aclarar, que la anterior no constituye una lista exhaustiva, 

y ninguno de estos criterios es determinante, por sí solo, para justificar el 

ejercicio de nuestra jurisdicción.21 En otras palabras, los anteriores criterios 

nos sirven de guía para poder determinar de la forma más sabia y prudente si 

se justifica nuestra intervención en la etapa del procedimiento en que se 

encuentra el caso.22 Ello, pues distinto al recurso de apelación, este Tribunal 

posee discreción para expedir el auto de certiorari.

23 La delimitación que 

imponen estas disposiciones reglamentarias tiene “como propósito evitar la 

dilación que causaría la revisión judicial de controversias que pueden esperar 

a ser planteadas a través del recurso de apelación.”24 

Finalmente, este Tribunal solo intervendrá con las determinaciones 

interlocutorias discrecionales procesales del tribunal sentenciador cuando 

este último haya incurrido en un craso abuso de discreción.25 Esto es, “que el 

tribunal actuó con prejuicio o parcialidad, o que se equivocó en la 

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de derecho 

20 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40; Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra; Rivera Figueroa v. 

Joe ́s European Shop, 183 DPR 580 (2011). 

21 García v. Padró, 165 DPR 324, 335 esc. 15 (2005).

22 Mun. de Caguas v. JRO Construction, Inc., 201 DPR 703, 712 (2019). 

23 Feliberty v. Soc. de Gananciales, 147 DPR 834, 837 (1999).

24 Scotiabank v. ZAF Corp. et al., 202 DPR 478, 486– 487 (2019); Mun. de Caguas v. JRO 

Construction, Inc., supra.

25 García v. Asociación, 165 DPR 311, 322 (2005).
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sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará un perjuicio 

sustancial”.26

- B -

La Ley de Procedimiento Sumario de Relaciones Laborales, conocida 

como la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, según enmendada, fue 

promulgada como un mecanismo procesal, de naturaleza sumaria, cuyo 

objetivo es lograr la rápida consideración y adjudicación de las reclamaciones 

laborales por empleados en contra de sus patronos.27 En esa dirección, sabido 

es que las reclamaciones laborales ameritan ser resueltas con celeridad de 

forma tal que se pueda implantar la política pública del Estado, de proteger 

los empleos, desalentar el despido sin justa causa y proveer al obrero que 

resulte despedido los medios económicos para su subsistencia mientras 

consigue un nuevo empleo.28

Es menester señalar que, con la finalidad de continuar promoviendo 

el carácter sumario de la ley, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm. 133 

de 2014 en la cual manifestó su intención de extender el carácter sumario del 

estatuto a la etapa apelativa para cumplir con el propósito rector de la misma, 

de proveer al obrero un remedio rápido y eficaz.29 En armonía con lo antes 

expuesto, nuestro Máximo Foro ha resuelto que la revisión de resoluciones 

interlocutorias es contrario al carácter sumario que, precisamente, busca 

adelantar el procedimiento. En virtud de ello, los tribunales revisores 

debemos autolimitar nuestra facultad al efecto.30

En ese sentido, la parte que pretenda impugnar las resoluciones 

interlocutorias deberá esperar hasta la sentencia final e instar contra ella el 

recurso pertinente a base del alegado error cometido.31 Asimismo, el Tribunal 

26 Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986). 

27 32 LPRA sec. 3118. Véase también Patino Chirino v. Parador Villa Antonio, 196 DPR 439, 446 

(2016); Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 728 (2016).

28 Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc., 200 DPR 254, 265 (2018).

29 Véase Exposición de Motivos, Ley Número 133 de 2014. Véase, además Patino Chirino v. 

Parador Villa Antonio, supra, págs. 446– 447. 

30 Dávila Rivera v. Antilles Shipping, Inc., 147 DPR 483, 496 (1999). 

31 Íd., pág. 497. 
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Supremo ha reconocido que lo anterior no sería absoluto, y, por tanto, 

cedería en aquellos casos en que alguna resolución sea dictada sin 

jurisdicción por el Tribunal de Primera Instancia; o en los cuales los fines 

de la justicia requieran la intervención del foro apelativo.32

De este modo, a manera de excepción los tribunales apelativos deben 

mantener y ejercer su facultad para revisar mediante certiorari aquellas 

resoluciones interlocutorias dictadas en un procedimiento sumario a tenor 

con la Ley Núm. 2 de 1961, en aquellos casos extremos en que la revisión 

inmediata disponga del caso en forma definitiva; o cuando dicha revisión 

inmediata tenga el efecto de evitar una grave injusticia.33

Esto es, de manera excepcional, los foros revisores deben mantener y 

ejercer su facultad revisora mediante certiorari en aquellas resoluciones 

interlocutorias dictadas en un procedimiento sumario (querellas laborales), 

en las siguientes instancias: (1) cuando el tribunal primario haya actuado 

sin jurisdicción; (2) en situaciones en las que la revisión inmediata 

dispone del caso por completo; o (3) cuando la revisión tenga el efecto 

de evitar una grave injusticia.

34

- C -

La sentencia sumaria es un mecanismo procesal extraordinario 

disponible para adjudicar controversias cuando no se requiere la celebración 

de un juicio.35 Su propósito o finalidad es propiciar la solución justa, rápida y 

económica de los litigios civiles que no presentan controversias genuinas de 

hechos materiales, y en los cuales solo resta dirimir una controversia de 

derecho.36

32 Medina Nazario v. McNeil Healthcare, supra, pág. 730. (Énfasis nuestro); Díaz Santiago 

v. PUCPR et al., 207 DPR 339, 349 (2021). 

33 Íd. 

34 Díaz Santiago v. PUCPR et al., supra. 

35 Birriel Colón v. Supermercado Los Colobos, 2023 TSPR 120; 213 DPR ___; Ramos Pérez v. 

Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010).

36 Birriel Colón v. Supermercado Los Colobos, supra; SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 

DPR 414, 430; Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 331 (2004). 
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Este mecanismo se encuentra instituido por la Regla 36 de las de 

Procedimiento Civil de 2009.37 Esta prescribe que cualquiera de las partes 

“podrá presentar [...] una moción fundamentada en declaraciones juradas o 

en aquella evidencia que demuestre la inexistencia de una controversia 

sustancial de hechos esenciales y pertinentes, para que el tribunal dicte 

sentencia sumariamente a su favor sobre la totalidad o cualquier parte de la 

reclamación solicitada”.38

Lo anterior implica que, la parte promovente debe demostrar que no 

existe controversia sustancial sobre algún hecho material, pues la sentencia 

sumaria solo debe dictarse en casos claros, cuando el tribunal tenga ante sí 

la verdad sobre todos los hechos pertinentes.39 Para ello, debe desglosar en 

párrafos debidamente numerados y, para cada uno de ellos, debe especificar 

la página o el párrafo de la declaración jurada u otra prueba admisible en 

evidencia que lo apoya.40 La jurisprudencia interpretativa ha definido que 

“[u]n hecho material es aquel que puede afectar el resultado de la 

reclamación de acuerdo con el derecho sustantivo aplicable”.41

Por su parte, quien se opone a que se dicte sentencia sumaria está

obligado a controvertir la prueba presentada, contestando de forma detallada 

y específica aquellos hechos pertinentes para demostrar que existe una 

controversia real y sustancial que debe dilucidarse en juicio.42 Es decir, no 

basta con presentar meras afirmaciones. Resulta insuficiente para derrotar 

una solicitud de sentencia sumaria una declaración jurada que meramente 

exponga conclusiones reiteradas de las alegaciones de la demanda y hechas 

sin conocimiento personal de los hechos.43 Empero, será el análisis del 

37 32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (a); SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 432.

38 Acevedo y otros v. Dpto. de Hacienda, 2023 TSPR 80, 212 DPR ___ (2023). 

39 Oriental Bank v. Caballero García, 2023 TSPR 118; 213 DPR ____; Ramos Pérez v. Univisión, 

supra, pág. 213. 

40 Regla 36.3(a) de las de Procedimiento Civil de 2009, supra; SLG Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, supra.

41 Serrano Picón v. Multinational Life Insurance Company, 2023 TSPR 118; 213 DPR ___; Mejías

et al. v. Carrasquillo et al., 185 DPR 288, 299 (2012); Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 213. 

42 Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 214. 

43 Íd., págs. 215- 216. 
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derecho aplicable y de la existencia de alguna controversia sustancial de 

hechos materiales lo que determinará si procede dictar sentencia 

sumariamente, y no el que la parte contraria deje de oponerse a la solicitud, 

o lo haga defectuosamente.44

Al evaluar la procedencia de la solicitud de sentencia sumaria el 

tribunal analizará los documentos que acompañan la moción de 

sentencia sumaria, los documentos incluidos con la moción en 

oposición y aquellos que obren en el expediente del tribunal.

45 Por ello, 

“[t]oda inferencia que se haga a base de los hechos y documentos que obren 

en los autos, debe tomarse desde el punto de vista más favorable al que se 

opone a la solicitud de sentencia sumaria”.46

No obstante, “cualquier duda no es suficiente para derrotar una 

moción de sentencia sumaria; por el contrario, tiene que ser una duda que 

permita concluir que existe una controversia real y sustancial sobre hechos 

relevantes y pertinentes”.47 Por tanto, “[existe] una controversia real cuando 

la prueba ante el tribunal es de tal naturaleza que un juzgador racional de los 

hechos podría resolver a favor de la parte promovida”.48

La parte promovente puede prevalecer por la vía sumaria si presenta 

prueba incontrovertible sobre todos los elementos indispensables de su causa 

de acción. En cambio, la parte promovida puede derrotar la moción de tres 

(3) maneras diferentes: (1) si establece una controversia real de hechos sobre 

uno de los elementos de la causa de acción de la parte promovente; (2) si 

presenta prueba que apoye una defensa afirmativa, o (3) si presenta prueba 

que establezca una controversia sobre la credibilidad de los testimonios 

jurados que presentó la parte promovente.

44 Ortiz v. Holsum, 190 DPR 511, 525 (2014). 

45 PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 DPR 881, 913 (1994). (énfasis nuestro).

46 Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., 152 DPR 599, 610- 611 (2000). 

47 Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 214. 

48 Íd. 
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Por otro lado, la parte promovida puede prevalecer por la vía sumaria 

en escenarios diversos. A modo de ejemplo, puede establecer que no hay 

controversia real de hechos relevantes sobre, al menos, uno de los elementos

de la causa de acción de la parte promovente. También puede establecer la 

existencia incontrovertible de prueba que sustente una defensa afirmativa.49

Ahora bien, este Tribunal de Apelaciones se encuentra en la misma 

posición que el Tribunal de Primera Instancia al momento de revisar 

[denegaciones] o concesiones de mociones de sentencia sumaria.

50 Esto 

significa que, al evaluar la solicitud de sentencia sumaria, al igual que el foro 

primario, debemos aplicar los criterios de la Regla 36 de las de Procedimiento 

Civil de 2009 y su jurisprudencia interpretativa. Ello supone examinar el

expediente de la manera más favorable hacia la parte que se opuso a la 

solicitud de sentencia sumaria, llevando a cabo todas las inferencias 

permisibles a su favor. Como resultado, tenemos el deber de revisar que tanto 

la moción de sentencia sumaria como su oposición cumplan con los 

requisitos de forma instituidos en la Regla 36 de las de Procedimiento Civil 

de 2009.51

En esencia, si el foro primario acogió la moción y dictó sentencia 

sumariamente, nos corresponderá revisar que, efectivamente no existan 

hechos materiales en controversia.52 De no existir, procederemos entonces a 

revisar de novo si el Tribunal de Primera Instancia adjudicó correctamente el 

derecho. Por el contrario, si el foro primario denegó la moción de 

sentencia sumaria por entender que existían hechos materiales en 

controversia, “el tribunal apelativo solo revisa si el foro primario abusó 

de su discreción”.53 En palabras sencillas, los tribunales revisores estamos 

limitados a: (1) considerar los documentos que se presentaron ante el foro de 

49 Íd., pág. 217. 

50 Rosado Reyes v. Global Healthcare, 205 DPR 796, 809 (2020); Meléndez González et al. v. 

M. Cuebas, 193 DPR 100, 118 (2015).

51 Birriel Colón v. Supermercado Los Colobos, supra. 

52 Rivera Matos et al. v. Triple S et al., 204 DPR 1010, 1025 (2020). 

53 Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 116. (énfasis nuestro). 
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instancia; (2) determinar si existe o no alguna controversia genuina de hechos 

materiales y esenciales; y (3) comprobar si el derecho se aplicó de forma 

correcta.54

- III -

En el caso de marras, PEPE ABAD acudió ante este tribunal intermedio 

solicitando nuestra intervención para revisar la Resolución determinada el 6 

de septiembre de 2023 mediante la cual se denegó su solicitud de sentencia 

sumaria. PEPE ABAD arguyó que el foro primario cometió cuatro (4) errores. 

La totalidad de los errores señalados van dirigidos a impugnar la legitimidad 

del dictamen, pues, entiende que el tribunal de instancia incurrió en 

prejuicio, parcialidad, error craso y abuso de discreción. Esencialmente, 

esbozó que el foro primario formuló determinaciones de hechos contrarias a 

la apreciación de la prueba documental, puesto que la trascripción de la 

deposición tomada, bajo juramento, al señor BERRÍOS GREEN, así como la 

evidencia admisible, demuestran la ausencia de controversia, dado que como 

patrono realizaron una investigación completa, oportuna y sin ánimo 

prevenido. Argumentó, que el despido del señor BERRÍOS GREEN fue con justa 

causa y, este foro apelativo ostenta jurisdicción para revisar la Resolución

recurrida.

Como cuestión de umbral, precisa señalar que, a tenor con la 

normativa atinente a la revisión de sentencia sumaria, y luego de evaluar 

concienzudamente los respectivos escritos presentados, hallamos que la 

Moción de Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria y Otros Extremos 

presentada por el señor BERRÍOS GREEN no cumple con los requisitos de 

forma estatuidos en la Regla 36 de las de Procedimiento Civil de 2009, supra. 

Esto es, aun cuando el señor BERRÍOS GREEN incluyó una relación en párrafos 

enumerados de los hechos esenciales que consideraban incontrovertidos, en 

ninguno de ellos hicieron referencia a los párrafos o las páginas de las 

54 Birriel Colón v. Supermercado Los Colobos, supra, pág. 5; Meléndez González et al. v. M. 

Cuebas, supra, págs. 114 – 116.
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declaraciones juradas o cualquier otra prueba admisible en evidencia que 

estableciera tales hechos, tal y como lo exige la Regla 36.3 de las de 

Procedimiento Civil de 2009, supra. Ello, sin embargo, no dispone sin más de 

la controversia ante nuestra consideración. 

Al revisar la totalidad del expediente judicial, este revela que el foro

recurrido aplicó correctamente la Regla 36 de las de Procedimiento Civil de 

2009. En ese sentido, determinó los hechos esenciales y pertinentes sobre los 

cuales no hay controversia sustancial, y aquellos que están en disputa. En 

consecuencia, acogemos los hechos no controvertidos. Empero, tras un 

examen ponderado de los documentos del legajo, se limitan y modifican las 

controversias de derecho pendientes. De las seis (6) controversias que están 

pendientes a dilucidarse en sus méritos, según el tribunal primario, 

solamente entendemos que subsisten las siguientes: 

3. Expediente de personal de Berríos y si existían quejas 

previas por situaciones similares. 

4. Investigación que realizó PEPE ABAD y qué motivó el 

despido de Berríos.

Es nuestro deber revisar si el foro de instancia aplicó correctamente el 

derecho al asunto que nos ocupa. Resolvemos en la afirmativa. Lo cierto es 

que sí existen dudas en torno a la investigación realizada por PEPE ABAD

concerniente al señor BERRÍOS GREEN. En definitiva, colegimos que el 

tribunal primario no erró ni abusó de su discreción, cometió perjuicio o error 

manifiesto al declarar no ha lugar la Moción de Sentencia Sumaria presentada 

por PEPE ABAD, toda vez que, su determinación es esencialmente correcta y 

está fundamentada en los documentos que obran en el expediente judicial.

En conclusión, no se cometieron los errores señalados.

- IV -

Por los fundamentos antes expuestos, expedimos el auto de Certiorari

a los fines de modificar la determinación judicial para eliminar las 

controversias números 1, 2, 5 y 6. Así modificada, confirmamos la Resolución
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dictaminada el 6 de septiembre de 2022 por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de Caguas, en todos sus demás extremos. 

Notifíquese inmediatamente.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaría del Tribunal de 

Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones