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II Actos cuya publicación no es una condición para su aplicabilidad

Comisión

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DECISIÓN DE LA COMISIÓN

de 15 de octubre de 2003

relativa a medidas puntuales aplicadas por Portugal en favor de RTP

[notificada con el número C(2003) 3526]

(El texto en lengua portuguesa es el único auténtico)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2005/406/CE)

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 88, apartado 2, párrafo primero,

Visto el acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y, en particular, su artículo 62, apartado 1, letra a),

Después de haber invitado a los interesados a presentar sus observaciones de conformidad con los mencionados artículos (1),

Considerando lo siguiente:

I.   PROCEDIMIENTO

II.   DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA DE LAS MEDIDAS

III.   OBSERVACIONES DE LOS INTERESADOS DIRECTOS

IV.   OBSERVACIONES DE LAS AUTORIDADES PORTUGUESAS

V.   VALORACIÓN DE LA MEDIDA/AYUDA

VI.   CONCLUSIÓN

Habida cuenta de las conclusiones anteriormente mencionadas, la Comisión.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

La ayuda estatal que Portugal concedió a RTP por un importe de 68 006 millones PTE en forma de un acuerdo con la seguridad social en 1993, de inyecciones de capital en 1994-1997 y de un préstamo en 1998, es compatible con el mercado común según lo dispuesto en el artículo 86, apartado 2, del Tratado, dado que no produjo una compensación excesiva de los costes netos de las funciones de servicio público confiadas a RTP.

Artículo 2

No constituyen ayuda estatal las medidas de exención de los gastos de notario y registro, el pago por la transferencia de la red de difusión de la señal televisiva, las facilidades concedidas para el pago del canon anual por la utilización de la red, el protocolo de apoyo al cine, la emisión de obligaciones y el plan de reestructuración para 1996-2000.

Artículo 3

El destinatario de la presente decisión será la República Portuguesa.

Hecho en Bruselas, el 15 de octubre de 2003.

Por la Comisión

Mario MONTI

Miembro de la Comisión

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(1)DO C 85 de 9.4.2002, p. 9.

(2)Ibidem.

(3)  Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE [actual artículo 88] (DO L 83 de 27.3.1999, p. 1). Reglamento modificado por el Acta de adhesión de 2003.

(4)  El artículo 5 dispone que «el cumplimiento de las obligaciones de servicio público encomendadas a RTP SA [...] confiere a esta sociedad el derecho a una indemnización compensatoria, cuyo importe exacto deberá corresponder al coste efectivo de la prestación del servicio público, determinado a partir de criterios objetivamente cuantificables y de acuerdo con el principio de buena gestión».

(5)  Artículo 3, apartados 2 y 3, de la Ley no 84/88, de 20 de julio de 1988.

(6)  Decreto-Ley no 404/90, de 21 de diciembre de 1990.

(7)  Decreto-Ley no 138/91, de 8 de abril de 1991.

(8)  Para el análisis del valor de la red, véase la Decisión de la Comisión de noviembre de 1996, en la que indicaba que el valor de la red correspondía a su valor en el mercado.

(9)  En 1991, RTP transfirió estos activos a TDP, recibiendo una participación en dicha empresa correspondiente al valor de los activos. Posteriormente, el Estado se convirtió en propietario único de TDP. No obstante, parece que el Estado no hizo efectivo el pago a RTP, convirtiéndose en deudor de dicha empresa por un importe de 5 400 millones PTE. En su caso, RTP compensó esta deuda con pérdidas anteriores. Por otro lado, teniendo en cuenta que RTP perdió algunos activos, el Estado decidió en 1993 proporcionarle recursos inyectando capital en la empresa. Esto se realizó por medio de una contribución de capital fijada en un importe equivalente a los activos cedidos por RTP.

(10)  Los principales accionistas son el grupo Banco Espírito Santo (9,3 %), Brandes Investments Partners (5,5 %), Telefónica (4,8 %), el grupo Caixa Geral de Depósitos (4,7 %) y el grupo BPI (2,9 %).

(11)  Artículo 13, apartado 1, letra f), de la Ley no 58/90, de 7 de septiembre de 1990, relativa al ejercicio de la actividad televisiva.

(12)  Artículo 5 del Decreto-Ley no 401/90, de 20 de diciembre de 1990, sustituido por el artículo 13 del Decreto-Ley no 40/95, de 15 de febrero de 1995.

(13)  Artículo 4, apartado 2, de la Ley no 401/90, de 20 de diciembre.

(14)  Los importes pagados fueron los siguientes: 3 650 millones PTE en 1992, 3 680 millones PTE en 1993, 3 101 millones PTE en 1994, 2 866 millones PTE en 1995 y 2 876 millones PTE en 1996.

(15)  En marzo de 1996 y diciembre de 1997.

(16)  Decreto-Ley no 40/95, de 15 de febrero, modificado por el Decreto-Ley no 458/99, de 5 de diciembre de 1999.

(17)  Cláusula 14 del antiguo Contrato de servicio público y cláusula 21 del nuevo Contrato de servicio público.

(18)  Ley no 7/98.

(19)  Artículo 1 del Decreto-Ley no 160/96.

(20)  El porcentaje aplicado fue del 3,54 % en 1999, 4,14 % en 2000, 5,05 % en 2001, 3,62 % en 2002 y 2,95 % en 2003.

(21)  Artículo 5 del contrato de préstamo modificado.

(22)  Decreto-Ley no 40 341, de 18 de octubre de 1955, en el que el Estado portugués promueve «la constitución de una sociedad anónima [...], con la que celebrará un contrato de concesión del servicio público de televisión en territorio portugués».

(23)  Puntos 11.4 y 11.5 de la Resolución del Consejo de Ministros no 49/90, de 31 de diciembre de 1990, y punto 3 de la Resolución del Consejo de Ministros no 6/92, de 22 de febrero de 1992.

(24)  Ley no 21/92, de 14 de Agosto de 1992.

(25)  El anexo de la Ley no 21/92 relativa a los estatutos de RTP estipula en su artículo 3, apartados 2 y 3, que la sociedad puede ejercer las siguientes actividades: i) explotación de la publicidad televisiva, ii) comercialización de productos, en especial programas y publicaciones relacionadas con sus actividades, iii) prestación de servicios de asesoramiento técnico y formación profesional, así como cooperación con otros organismos nacionales y extranjeros, iv) comercialización y alquiler de material televisivo, películas, cintas magnéticas, cintas de vídeo y productos similares, v) participación en otros grupos de empresas y grupos de interés económico europeos, así como participación en el capital social de otras sociedades en cualquiera de las formas previstas por la legislación comercial.

(26)  Deudas a corto, medio y largo plazo con las entidades de crédito y obligaciones.

Fuente: Cuentas financieras de RTP.

(27)  Ley no 58/90, de 7 de septiembre de 1990, que regula el ejercicio de la actividad televisiva.

(28)  El 17 de marzo de 1993 se firmó un contrato de servicio público (antiguo Contrato de servicio público) entre el Estado portugués y RTP. El 31 de diciembre de 1996, un nuevo Contrato de servicio público sustituyó al antiguo Contrato de servicio público de 1993.

(29)  RTP debe: a) respetar los principios de libertad, independencia, no discriminación y no concentración; b) preservar su independencia con relación a los poderes políticos; c) ordenar la programación en función de exigencias de calidad y variedad en interés del público.

(30)  RTP debe: a), c) contribuir al esclarecimiento, información y formación de la población; b) garantizar la cobertura informativa; d)-h) conceder tiempo de emisión para la difusión de mensajes, comunicados y notas oficiales a las confesiones religiosas, los partidos políticos, los sindicatos, la administración pública y el Gobierno; i) emitir dos programas de cobertura general, de los que al menos uno deberá cubrir las Regiones Autónomas de Azores y Madeira; j), m) emitir programas de carácter educativo, deportivo y cultural y programas formativos; l) apoyar y promover el cine; n) conservar los archivos audiovisuales; o) proporcionar los medios necesarios para intercambiar programas e información con las Regiones Autónomas de Azores y Madeira; p) producir y emitir programas para las comunidades portuguesas en el extranjero; q) cooperar con los países de habla portuguesa; r) garantizar la cobertura directa de los principales acontecimientos en el extranjero; s) mantener contactos con empresas que, en el espacio de las Comunidades Europeas, prestan servicio público de televisión; t) velar por la conformidad del ejercicio de la actividad televisiva con las orientaciones definidas por las instancias internacionales competentes.

(31)  Cláusula 4 del antiguo Contrato de servicio público y cláusulas 4 y 5 del nuevo Contrato de servicio público.

(32)  Cláusulas 5 a 8 y 10 del antiguo Contrato de servicio público y cláusulas 6 a 13 del nuevo Contrato de servicio público.

(33)  El artículo 1 del antiguo Contrato de servicio público indicaba que el objeto del contrato era establecer las condiciones de la prestación del servicio público de televisión por parte de RTP. El nuevo Contrato establece en su artículo 1 que RTP es el único prestador del servicio público de televisión según lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley no 58/90, de 7 de septiembre, y del artículo 4 de la Ley no 21/92, de 14 de agosto.

(34)  Cláusula 9 del antiguo Contrato de servicio público y cláusula 23 del nuevo Contrato de servicio público.

(35)  Cláusulas 15, 16, 18, 19 del antiguo Contrato de servicio público y cláusulas 18 y 25 del nuevo Contrato de servicio público.

(36)  Cláusula 19 del antiguo Contrato de servicio público, cláusula 25 del nuevo Contrato de servicio público y apartado 2 del artículo 47 de la Ley no 31-A/98.

(37)  Cláusula 13 del antiguo Contrato de servicio público y cláusula 20 del nuevo Contrato de servicio público.

(38)  Cláusula 14 del antiguo Contrato de servicio público y cláusula 21 del nuevo Contrato de servicio público.

(39)  La cláusula 12 del antiguo Contrato de servicio público expone con todo detalle qué coste puede ser objeto de una compensación y el método de cálculo: el diferencial de cobertura (la diferencia entre los costes soportados por RTP 1 y los costes soportados por el mayor operador privado de televisión), el déficit de explotación en las Regiones autónomas, el déficit de explotación del archivo audiovisual, el coste operativo de RTP-Internacional, el coste de funcionamiento de la estructura vinculada a la cooperación con los países africanos de lengua oficial portuguesa (PALOP), los gastos causados por la concesión de horas de emisión a algunas entidades, el coste de las delegaciones y corresponsales y el coste de la Fundación del Teatro San Carlos. La cláusula 15 del nuevo Contrato de servicio público expone con todo detalle qué coste puede ser objeto de una compensación y su método de cálculo. Las partidas cubiertas son: los costes de explotación de RTP 1 y RTP 2, las obligaciones de prestación de servicios específicos mencionados en la cláusula 7, letras a) a l), y el diferencial de cobertura.

(40)  Información facilitada por las autoridades portuguesas mediante carta de 31 de marzo de 1999.

(41)  Cláusula 14, apartado 2, del nuevo Contrato de servicio público.

(42)  Con exclusión del coste vinculado al diferencial de cobertura.

(43)  Cláusula 19, apartados 1 y 3, del nuevo Contrato de servicio público. El nuevo Contrato de servicio público estipula que los costes de explotación de RTP 2 podrían compensarse retroactivamente a partir del 1 de enero de 1996.

(44)  Aunque Sport TV no sea una actividad de servicio público seleccionable para recibir pagos compensatorios, RTP dedujo los beneficios de Sport TV del coste del servicio público. Lo hizo basándose en el artículo 47, apartado 4, de la Ley no 31-A/98, de 14 de julio de 1998, que dispone que los beneficios realizados por RTP en el marco de la explotación o la participación en otras cadenas deben transferirse para financiar iniciativas del servicio público.

Fuente: Información comunicada por las autoridades portuguesas y procedente de informes sobre el servicio público.

(45)  Sentencia del Tribunal de Primera instancia de 10 de mayo de 2000 en el asunto T-46/97 SIC/Comisión, Rec. 2000, p. II-2125.

(46)  NN 141/95, Financiación de la Radiotelevisión portuguesa, DO C 67 de 4.3.1997, p. 10.

(47)  El Decreto-Ley no 91/A/77 revocó los estatutos de RTP de 1976 y dispuso que RTP pasaría a ser gestionada por una Comisión administrativa.

(48)  En referencia a la sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de noviembre de 2001 en el asunto C-53/00, Ferring/Agencia central de los organismos de seguridad social (ACOSS), Rec. 2001, p. I-9067.

(49)  Cláusulas 3 y 4 del Contrato de servicio público de 31 de diciembre de 1996.

(50)  De acuerdo con la cláusula 14 del Contrato de servicio público de 1993 y de la cláusula 21, apartado 3, del Contrato de servicio público de 1996 «la participación en las inversiones mencionadas revestirá, preferiblemente, por parte del primer otorgante y, en calidad de accionista, la forma de ampliación de capital».

(51)  Punto 10 de la Comunicación de la Comisión sobre la aplicación de las normas relativas a las ayudas estatales a las medidas relativas a la fiscalidad directa de las empresas (DO C 384 de 10.12.1998, p. 3).

(52)  Véase, a este respecto, la definición de empresa pública que figura en el artículo 2, apartado 1, letra b), de la Directiva 2000/52/CE de la Comisión, de 26 de julio de 2000, por la que se modifica la Directiva 80/723/CEE relativa a la transparencia de las relaciones financieras entre los Estados miembros y las empresas públicas (DO L 193 de 29.7.2000, p. 75).

(53)  Véase la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 12 de diciembre de 1996 en el asunto T-358/94 de 12 de diciembre de 1996, Compagnie Nationale Air France/Comisión, Rec. 1996, p. II-2109.

(54)  Sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-342/96, España/Comisión, Rec. 1999, p. I-2459, apartado 46.

(55)  Ibídem, apartado 48.

(56)  Sentencia del tribunal de Justica de 16 de mayo de 2002 en el asunto C-482/99, Francia/Comisión, Rec. 2002, p. I-4397.

(57)  La Comisión pidió expresamente, mediante carta de 16 de junio de 2003, información relativa a los indicadores señalados por el Tribunal de Justicia en el asunto C-482/99.

(58)  Véase el asunto 70/85, sentencia del tribunal de Justicia de 2 de febrero de 1988 en los asuntos acumulados 67, 68 70/85, Van der Kooy/Comisión, Rec. 1988, p. 219, apartado 37.

(59)  Sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de febrero de 1993, en los asuntos acumulados C-159/1 y C-160/1, Christian Poucet/Assurances Générales de France y Caisse Mutuelle Regionale du Languedoc-Roussillon, Rec. 1993, p. I-637.

(60)  Sentenzia del Tribunal de justicia de 17 de junio de 1999 en el asunto C-295/97, Industrie Aeronautiche e Meccaniche Rinaldo Piaggio SpA/International Factors Italia SpA (Ifitalia), Dornier Luftfahrt GmbH y Ministero della Difesa, Rec. 1999, p. I-3735, apartado 35.

(61)  Artículo 1 del Decreto-Ley no 160/96.

(62)  Véase el punto 1.2 de la Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales en forma de garantías (DO C 71/2000, p. 7).

(63)  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4, apartado 3, letra l), de la Ley no 21/92, así como en la cláusula 5, apartado 1, letra j), del Contrato de servicio público de 1993 y en la cláusula 7, apartado 1, letra m), del Contrato de servicio público de 1996.

(64)  Artículo 5 de la Ley no 21/92.

(65)  Carta de las autoridades portuguesas de 14 de diciembre de 1995.

(66)  El Decreto-Ley no 91/A/77 estableció que RTP debía ser gestionada por una Comisión administrativa, debido a su crisis estructural.

(67)  Asunto C-342/96.

(68)  NN 141/95, Financiación de la Radiotelevisión Portuguesa (DO C 67 de 4.3.1997, p. 10).

(69)  Asunto T-46/97, apartado 50.

(70)  Comunicación de la Comisión a los Estados miembros sobre la aplicación de los artículos 92 y 93 del Tratado CEE y del artículo 5 de la Directiva 80/723/CEE de la Comisión a las empresas públicas del sector productivo (DO C 307 de 13.11.1993, p. 3).

(71)  El tipo de referencia se basa en el tipo interbancario para swaps a cinco años, más una prima (DO C 273 de 9.9.1997, p. 3). Los tipos de referencia para Portugal desde el 1 de enero de 1997 se encuentran en: http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/others/reference_rates.html.

(72)  Véase la sentencia del Tribunal de Primera Instancia en los asuntos acumulados T-85/00, T-216/00, T-299/00 y T-300/00, Métropole Télévision SA (M6), Antena 3 de Televisión, SA, Gestevisión Telecinco, SA y SIC - Sociedade Independente de Comunicação, SA/Comisión, Rec. 2002, p. II-3805.

(73)  De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, cuando una ayuda refuerza la posición de una empresa con relación a las demás empresas competidoras en los intercambios comerciales intracomunitarios, debe entenderse que estos últimos se ven influidos por la ayuda. Sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de septiembre de 1980 en el asunto 730/79, Philip Morris Holland/Comisión, Rec. 1980, p. 2671, apartado 11; sentencia del tribunal de Justicia de 21 de marzo de 1991 en el asunto C-303/88, Italia/Comisión, Rec. 1991, p. I-1433, apartado 17; sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de septiembre de 2000 en el asunto C-156/98, Alemania/Comisión, Rec. 2000, p. I-6857, apartado 33.

(74)  Sentencia del Tribunal de Justicia de 24 de julio de 2003 en el asunto C-280/00, Altmark Trans GMBH y Regierungspräsidium Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH (Rec. 2003, p. I-7747).

(75)  Puntos 101 a 109 de la decisión Altmark. En estos puntos, el Tribunal estudió si algunos pagos estatales a empresas de transportes, que fueron considerados como ayudas estatales, podrían considerarse compatibles con el mercado común con arreglo al artículo 77 del Tratado, como compensaciones por la prestación de obligaciones de servicio público. El Tribunal no excluyó esta posibilidad, siempre que se respetaran las condiciones vinculantes establecidas por el derecho derivado en el sector del transporte. Este razonamiento debe aplicarse, mutatis mutandis, a las empresas encargadas de la prestación de SIEG fuera del sector de los transportes y en relación con el artículo 86, apartado 2.

(76)DO C 320 de 15.11.2001, p. 5.

(77)  Véase el punto 29 de la Comunicación sobre la radiodifusión.

(78)  El Protocolo considera que la radiodifusión de servicio público está directamente vinculada a las necesidades democráticas, sociales y culturales de cada sociedad, así como a la necesidad de preservar el pluralismo en los medios de comunicación social. Más concretamente, los Estados miembros tienen «la facultad [...] de financiar el servicio público de radiodifusión en la medida en que la financiación se conceda a los organismos de radiodifusión para llevar a cabo la función de servicio público tal como haya sido atribuida, definida y organizada por cada Estado miembro, y en la medida en que dicha financiación no afecte a las condiciones del comercio y de la competencia en la Comunidad en un grado que sea contrario al interés común, debiendo tenerse en cuenta la realización de la función de dicho servicio público».

(79)  Punto 33 de la Comunicación.

(80)Ibidem.

(81)Ibidem.

(82)  Directiva no 89/55/CEE del Consejo, de 3 de octubre de 1989, relativa a la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva (DO L 298 de 17.10.1989, p. 23). Según su artículo 5: «Los Estados miembros velarán [...] para que los organismos de radiodifusión televisiva reserven, como mínimo, el 10 % de su tiempo de emisión [...] o, alternativamente [...] el 10 % como mínimo de su presupuesto de programación, a obras europeas de productores independientes de los organismos de radiodifusión».

Asimismo, de acuerdo con el considerando 45 de la Directiva 97/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de junio de 1997, por la que se modifica la Directiva 89/552/CEE del Consejo sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva (DO L 202 de 30.7.1997, p. 60), «el objetivo de apoyar a la producción audiovisual en Europa se puede llevar a cabo dentro de los Estados miembros [...] a través, entre otros medios, de la definición de una misión de interés público para algunos organismos de radiodifusión, incluida la obligación de contribuir sustancialmente a la inversión en la producción europea».

(83)  Cláusula 13 del antiguo Contrato de servicio público y cláusula 7, apartado 1, letra a), del nuevo Contrato de servicio público.

(84)  Carta de las autoridades portuguesas de 30 de junio de 1999.

(85)  Comunicación sobre la radiodifusión, punto 40.

(86)  Comunicación sobre la radiodifusión, puntos 57 y 58.

(87)  Los costes de explotación de la primera y segunda cadenas, según el antiguo Contrato de servicio público, corresponden a los costes de financiación y a los costes de correspondencia cuando se establecieron otros operadores.

(88)  Comunicación sobre la radiodifusión, punto 58.

(89)Ibidem.

(90)  Apartado 91 de la Decisión de apertura del procedimiento.

(91)  Hay que señalar que en 1993, la demandante, SIC, alegó también una infracción del artículo 86, apartado 1, del Tratado CE (antiguo artículo 90) con respecto a la estructura jurídica establecida por el Estado portugués en el mercado de la publicidad y la política de adquisición de programas de RTP [véase igualmente la Decisión 89/536/CEE de la Comisión (DO L 284 de 3.10.1989, p. 36)]. La Comisión apreció entonces estas alegaciones con arreglo al artículo 86, apartado 1.

(92)  Comunicación sobre la radiodifusión, punto 58.

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DECISIÓN DE LA COMISIÓN

de 22 de septiembre de 2004

sobre la ayuda estatal que el Reino Unido prevé ejecutar en favor de British Energy plc

[notificada con el número C(2004) 3474]

(El texto en lengua inglesa es el único auténtico)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2005/407/CE)

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 88, apartado 2, párrafo primero,

Visto el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y, en particular, su artículo 62, apartado 1, letra a),

Habiendo invitado a las partes interesadas a presentar sus observaciones de conformidad con dichas disposiciones (1) y vistas tales observaciones,

Considerando lo siguiente:

I.   PROCEDIMIENTO

II.   DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA AYUDA

1.   Beneficiario de la ayuda

a)   Grupo British Energy plc

b)   Últimos acontecimientos

2.   Plan de reestructuración

a)   Origen de las dificultades de BE

b)   Medidas de reestructuración

—   Asunción de las responsabilidades de BE de conformidad con los contratos históricos para combustible agotado

—   Compromiso de cubrir cualquier déficit en la financiación de NLF para las responsabilidades de cierre definitivo de la fase 1 y las responsabilidades para las que no existe contrato

—   Compromiso para cubrir el déficit de financiación NLF para responsabilidades de cierre definitivo de las fases 2 y 3

—   Exención fiscal específica

c)   Implicaciones financieras del paquete de reestructuración

3.   Razones para incoar el procedimiento

III.   COMENTARIOS DE PARTES INTERESADAS

IV.   COMENTARIOS DEL REINO UNIDO SOBRE LA INCOACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

V.   COMENTARIOS DEL REINO UNIDO SOBRE LAS OBSERVACIONES DE LAS PARTES INTERESADAS

VI.   EVALUACIÓN

1.   Tratado Euratom

2.   Ayuda en el sentido del artículo 87, apartado 1, del Tratado CE

a)   Existencia de ayuda en la medida G

b)   Existencia de ayuda en las medidas B y C

3.   Evaluación de la compatibilidad de conformidad con el Tratado CE

a)   Sobre la restauración de la viabilidad de BE

b)   Sobre la cuestión de si la ayuda es la mínima necesaria

c)   Evitar una distorsión indebida de la competencia

i)   Mercado de referencia

ii)   Situación de la capacidad en el mercado

iii)   Impacto de la ayuda en la competencia en el mercado pertinente

iv)   Medidas compensatorias que deben aplicarse

v)   Medidas compensatorias consideradas por la Comisión que fueron desestimadas

d)   Aplicación completa del plan de reestructuración

e)   Supervisión e informe anual

VII.   CONCLUSIÓN

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

La ayuda que el Reino Unido tiene previsto ejecutar con arreglo a la medida A del plan de reestructuración de British Energy plc (en lo sucesivo denominada «British Energy») notificado a la Comisión el 7 de marzo de 2003, que consiste en el compromiso del Gobierno del Reino Unido de financiar:

es compatible con el mercado común y con los objetivos del Tratado Euratom, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en los artículos 2 a 10.

Artículo 2

1.   El Reino Unido garantizará la aplicación completa del plan de reestructuración comunicado a la Comisión por el Reino Unido.

2.   El Reino Unido presentará un informe sobre la ejecución de la reestructuración a más tardar seis meses después de la presente Decisión y posteriormente cada año hasta que la Comisión considere que ya no es necesario.

Artículo 3

Tan pronto como los gastos correspondientes a las responsabilidades mencionadas en el artículo 1, letra b), sobrepasen 1 629 000 000 GBP a valor de diciembre de 2002, el Reino Unido presentará informes adicionales detallados a la Comisión demostrando que los pagos del Gobierno se limitan a cubrir las responsabilidades mencionadas en dicha letra, y que se han tomado las medidas apropiadas para limitar los gastos al mínimo necesario para cubrir esas responsabilidades. Estos informes se presentarán anualmente y se anexarán a los informes anuales mencionados en el artículo 2.

Artículo 4

A efectos de computar los importes a valor de diciembre de 2002 mencionados en los artículos 1 y 3, el Reino Unido utilizará el tipo de referencia y de descuento publicado por la Comisión para el Reino Unido, actualizándolo cada cinco años.

Artículo 5

1.   El Reino Unido requerirá a British Energy para que, a más tardar el 1 de abril de 2005, se comprometa a:

2.   En caso de que los compromisos citados en la letra c) no sean ejecutados mediante acuerdo de licencia, el Reino Unido presentará un informe anual a la Comisión que demuestre que no ha habido ninguna subvención cruzada desde el negocio de producción nuclear existente a cualquier otra actividad empresarial del grupo British Energy. Este informe se basará en un análisis efectuado por expertos contables independientes y podrá adjuntarse al citado en el artículo 2. Esto no debería impedir la posibilidad de que posteriormente se establezca una ejecución por licencia si llega a ser posible.

3.   El Reino Unido informará a la Comisión tan pronto como se ejecuten los compromisos citados en los apartados 1 y 2.

Artículo 6

El Reino Unido exigirá a British Energy que, durante un período de seis años desde la fecha de la presente Decisión, se comprometa a no poseer o tener derechos de control sobre:

(ambos tipos de capacidad serán denominados conjuntamente, en lo sucesivo, «capacidad restringida») cuya suma supere los 2 020 MW, siempre que:

Artículo 7

El Reino Unido requerirá a British Energy para que, durante un período de seis años desde la fecha de la presente Decisión y si para ello no cuenta con previo consentimiento escrito de la Comisión, no posea o tenga derechos de control sobre capacidad de producción nuclear operativa registrada en el Espacio Económico Europeo distinta de sus activos de generación o de contratos nucleares existentes de explotación y mantenimiento en los que British Energy no tiene ningún interés en la producción de electricidad.

Artículo 8

El Reino Unido designará, en un plazo de cuatro meses desde la presente Decisión y mediante un proceso abierto y transparente, a un experto independiente con el fin de supervisar el cumplimiento por BE de las condiciones establecidas en el artículo. Informará inmediatamente a la Comisión de esta designación.

Artículo 9

1.   El Reino Unido requerirá a British Energy para que:

2.   El experto independiente informará anualmente al Reino Unido sobre el cumplimiento por British Energy de estas condiciones. El Reino Unido pondrá los informes a disposición de la Comisión.

Artículo 10

1.   Las pruebas utilizadas para decidir si se dan las circunstancias de mercado excepcionales serán las siguientes:

2.   En caso de que se enfrente a circunstancias parecidas a estas y si considera que podría necesitar invocar las circunstancias de mercado excepcionales, British Energy informará primero al experto independiente, resumiendo su análisis de la situación y la posición en relación con las pruebas objetivas (la «comunicación de advertencia»).

3.   Si las circunstancias no mejoran tras la comunicación de advertencia y si se cumplen las condiciones citadas en las susodichas pruebas a), b) o c), British Energy notificará al experto independiente que va a responder a la competencia mediante precios inferiores al precio al por mayor y facilitando los datos recientes al respecto de que disponga. El experto independiente tendrá entonces no más de 24 horas para confirmar o no que se cumplen las condiciones de las pruebas a), b) o c) y declarar en consecuencia la existencia de circunstancias de mercado excepcionales.

4.   Si el experto independiente declara la existencia de circunstancias de mercado excepcionales, British Energy tendrá derecho, durante un período de [...] desde conocida la decisión del experto independiente, a hacer de buena fe ofertas de precios para hacer frente a la competencia en las ventas directas a empresas.

5.   El período de [...] podrá ser prorrogado por el experto independiente mientras se sigan dando las circunstancias de la prueba c).

6.   Al final del período, la restricción de precios establecida en el artículo 9 se aplicará de nuevo a British Energy.

7.   Después del período, British Energy entregará al experto independiente un informe que resuma sus actividades de ventas durante el período. Esta información se incorporará al informe anual del experto independiente.

8.   Finalizado el período de contrato durante el que se dieron las circunstancias de mercado excepcionales, el experto independiente hará pública su constatación de la existencia de tales circunstancias y su duración.

Artículo 11

El destinatario de la presente Decisión será el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

Hecho en Bruselas, el 22 de septiembre de 2004.

Por la Comisión

Mario MONTI

Miembro de la Comisión

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(1)DO C 180 de 31.7.2003, p. 5.

(2)DO C 39 de 18.2.2003, p. 15.

(3)  Véase la nota 1.

(4)  Es decir, costes que no pueden evitarse dejando de producir electricidad o cerrando centrales.

(5)  Es decir, los costes que pueden evitarse dejando de producir electricidad o cerrando centrales.

(6)  Datos originales: flujos de caja a marzo de 2003, a precios de diciembre de 2002. Proyecciones actuales: flujos de caja a marzo de 2004, a precios de marzo de 2004.

(7)  El tipo de descuento es del 5,4 % nominal, recomendado como índice de referencia a partir del 1 de enero de 2003 de conformidad con la Comunicación de la Comisión relativa al método de fijación de los tipos de referencia y de actualización (DO C 273 de 9.9.1997, p. 3).

Datos originales: Flujos de caja a marzo de 2003, a precios de diciembre de 2002.

Proyecciones actuales: Flujos de caja a marzo de 2004, a precios de 2004.

(8)  BE compra el combustible para su única central PWR a otro suministrador y no ha firmado ningún contrato para el combustible PWR agotado pues lo almacena en la central.

(9)  Este porcentaje corresponde al porcentaje de descuento del sector público.

(10)  La definición de estas tres situaciones se da en el considerando 111.

(11)  Asumiendo que la fecha efectiva de reestructuración es el 1 de abril de 2004. Valor actual neto a marzo de 2003.

(12)  El margen bruto se basa en los ingresos totales antes de intereses e impuestos menos el coste directo de suministro (incluidos los costes de la electricidad y de suministro). Fuente: BE.

(13)  Las «vulnerabilidades» son áreas en que BE y sus asesores consideran que existe un riesgo mayor de que no se alcancen los objetivos establecidos. Las «sensibilidades» se refieren a niveles de producción en las distintas hipótesis para reflejar el débil rendimiento histórico de las centrales.

(14)  Secreto comercial.

(15)DO C 368 de 23.12.1994, p. 12.

(16)  Rec. 1982, p. 2545.

(17)DO C 37 de 3.2.2001, p. 3.

(18)  TUSNE se describe como «una organización informal de sindicalistas que apoyan el uso civil de la energía nuclear como medio de generación de energía en el marco de una política energética equilibrada y un medio ambiente seguro y limpio».

(19)  Robert Freer es un asesor.

(20)  CIA es una asociación comercial formada por 180 empresas, entre ellas algunas de las mayores consumidoras de electricidad del Reino Unido.

(21)  JHA es una gran empresa británica que realiza análisis del mercado de la energía.

(22)  EIUG es una organización que representa a grandes consumidores de energía de la industria británica.

(23)  Terra Nitrogen produce nitrógeno, forma parte del grupo Terra y también produce metanol. Es un consumidor importante de electricidad en el Reino Unido.

(24)  Energywatch es un organismo público independiente que representa los intereses de los consumidores de gas y electricidad de Gran Bretaña.

(25)  TVO es un productor finlandés de electricidad y operador de centrales nucleares.

(26)  National Grid Transco es propietaria y operadora del sistema de transmisión de Inglaterra y el País de Gales. Es una empresa privada independiente de las empresas de generación y suministro.

(27)  La Academia fue fundada en 1976 con el fin para promover la excelencia en ingeniería.

(28)  EECL explota una turbina de gas de ciclo combinado de 396 MW al norte de Londres. Pertenece a la empresa americana Indeck Energy Services Inc.

(29)  EIC es una organización independiente cuyo objetivo es proporcionar apoyo e información de mercado a las empresas que utilizan energía en el Reino Unido.

(30)  Organismo que representa los intereses de aproximadamente 200 usuarios (grandes industrias, empresas comerciales y sector público) para los cuales el coste de la electricidad y el gas es un factor importante.

(31)  Asunto C-256/97, Rec. 1999, p. I-3913.

(32)  El artículo 305, apartado 2, del Tratado CE establece que «Las disposiciones del presente Tratado no afectarán a las estipulaciones del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica».

(33)  Decisión del Tribunal de Justicia de 10 de diciembre de 2002, asunto C-29/99.

(34)DO L 27 de 30.1.1997, p. 20.

(35)  Véase la sentencia del Tribunal de 29 de abril de 1999 en el asunto C-342/96, Reino de España contra Comisión de las Comunidades Europeas, Rec.[1999] I-2459.

(36)  Incluidas todas las responsabilidades de eliminación final del combustible histórico agotado.

(37)  Determinado sobre la base de que la eficacia de BE resulta en [...] GBP/MWh, equivalente a [...] GBP/kgU.

(38)  El precio de la electricidad producida refleja el valor de la electricidad básica negociado con arreglo al NETA.

(39)  Hasta hoy BE no ha eliminado definitivamente ninguno de su combustible agotado debido a que no se ha definido todavía la forma en que se realizará esta operación en el Reino Unido.

(40)  Informe disponible en el sitio internet de Greenpeace UK:http://www.greenpeace.org.uk/MultimediaFiles/Live/FullReport/6273.pdf.

(41)  Utilizando el mismo índice de conversión de 1 GBP = 1,82 USD que en el informe.

(42)  M. Bunn y otros: The Economics of Reprocessing vs. Direct Disposal of Spent Nuclear Fuel. Informe final, diciembre de 2003.

(43)  En julio de 2003, Argus informó sobre el contrato básico del invierno 2003/2004 en 20,96 GBP/MWh. El 7 de agosto de 2003, UKPX informó sobre precios de contratos futuros de carga básica para el mismo período de 22,55 GBP/MWh. Ese mismo día, UKPX, sobre contratos futuros de carga básica para el verano 2006 de 20,50 GBP/MWh y sobre el precio acordado para el invierno 2006, de 27,15 GBP/MWh. Fuente: Argus y UKPX citados en el informe Frontier Economics: Plant margins in the markets where BE operates in Great Britain, agosto de 2003, anexo a las alegaciones de BE.

(44)  Véase la sentencia del Tribunal de 16 de mayo de 2002 en el asunto C-482/99, República Francesa contra Comisión de las Comunidades Europeas, Rec. 2002], p. I-04397, apartado 24.

(45)DO L 195 de 29.7.1980, p. 35. Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 2000/52/CE (DO L 193 de 29.7.2000, p. 75).

(46)  Dictamen del Abogado General Jacobs en el asunto C-482/99, República Francesa contra Comisión, Rec. 2002, p. I-04397.

(47)  Utilizando un tipo de cambio de 1 GBP = 1,5 EUR.

(48)Fuente: sitio de Posiva Oy (www.posiva.fi). Este cálculo se basa en los costes por kg del combustible agotado. Traducir este valor en toneladas por uranio (cargado antes del uso) puede reducir muy ligeramente los costes reales puesto que los elementos combustibles agotados también incluyen una pequeña parte de material distinto del uranio en espaciadores y tubos.

(49)  Véase también la sección VI.1.

(50)  El precio de carga básico de la electricidad en el mercado al por mayor tiene un impacto en la estructura de costes de la central de BE, puesto que está relacionado con el precio que BE paga a BNFL por la gestión del combustible agotado.

(51)  Valor actual neto a diciembre de 2002 con un descuento del 5,4 % nominal.

(52)  Según el Organismo Internacional de la Energía Atómica, solamente se cerraron definitivamente seis centrales nucleares en todo el mundo en el año 2003. Fuente: OIEA, Nuclear Technology Review 2003.

(53)  Véase A European Perspective on the Funding of Decommissioning and Related Activities fo the End of the Nuclear Cycle, José A. Hoyos Pérez, «NEA International Seminar» sobre «Strategy Selection for the Decommissioning of Nuclear Facilities», Tarragona, España, 1 a 5 de septiembre de 2003.

(54)Radioactive Waste Management and Decommissioning in an Enlarged European Union, Derek M. Taylor, «19th Residential Summer School on Decommissioning and Radioactive Waste Management», Cambridge, Reino Unido, 30 de junio a 4 de julio de 2003.

(55)  Valor actual neto a diciembre de 2002 con un descuento del 5,4 % nominal.

(56)  Véase la Comunicación de la Comisión relativa al método de fijación de los tipos de referencia y de actualización (DO C 273 de 9.9.1997, p. 3) junto con la Comunicación de la Comisión relativa a una adaptación técnica del método de fijación de los tipos de referencia y de actualización (DO C 241 de 26.8.1999, p. 9), y el artículo 9 del Reglamento (CE) no 794/2004 de la Comisión, de 21 de abril de 2004, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (DO L 140 de 30.4.2004, p. 1).

(57)DO L 176 de 15.7.2003, p. 11.

(58)  Esta conclusión coincide además con la alcanzada por la Comisión en casos de concentración en que el mercado geográfico se consideró como nacional.

(59)  En julio de 2003, Argus informó sobre el contrato básico del invierno 2003/2004 en 20,96 GBP/MWh. El 7 de agosto de 2003, UKPX informó sobre precios de contratos futuros de carga básica para el mismo período de 22,55 GBP/MWh. Ese mismo día, UKPX, sobre contratos futuros de carga básica para el verano 2006 de 20,50 GBP/MWh y sobre el precio acordado para el invierno 2006, de 27,15 GBP/MWh. Fuente: Argus y UKPX, citados en el informe «Frontier Economics», «Plant margins in the markets where BE operates in Great Britain», agosto de 2003, anexo a las alegaciones de BE.

(60)  Informe PowerInk, «Survey of the markets served by British Energy», marzo de 2003, anexo a la notificación de las autoridades británicas cita los mejores precios entre 20 y 25 GBP/MWh. Las decisiones previas de la Comisión para el sector se basaron en los mejores nuevos costes de entrada de 35,5 EUR/MWh (alrededor de 23,7 GBP/MWh). Véase por ejemplo la decisión de la Comisión en el asunto N133/01, Régimen de compensaciones de costes de transición a la competencia en Grecia (DO C 9 de 15.1.2003, p. 6).

(61)  La demanda máxima instantánea en época de máximo frío es la situación de demanda invernal máxima que tiene un 50 % de probabilidades de ser sobrepasada únicamente por razones climatológicas. Esta definición es la utilizada por el operador de la red de Inglaterra y el País de Gales, National Grid Transco.

(62)  El 20 % en el informe «The closure of British Energy's UK Nuclear Power Plants» de John H. Large, de Large & Associates, abril de 2003, anexo a las alegaciones de Greenpeace. El 20 % en el informe «The closure of British Energy's UK nuclear power stations» por ILEX Energy Consulting, septiembre de 2002, anexo a las alegaciones de Greenpeace.

(63)  El informe puede encontrarse en la siguiente dirección:

http://www.nationalgrid.com/uk/library/documents/sys_04/default.asp?action=&sNode=SYS&Exp=Y.

(64)  57 000 MW es la media de la previsión de demanda máxima instantánea en época de máximo frío para esos tres años.

(65)  Disponible en: http://www.scottish-southern.co.uk/popups/7yearstatement.asp.

(66)  Disponible en: http://www.scottishpower.com/applications/publish/downloadPublicDocument.jsp?guid=2e0a12_fa5719a547_-7ff60a026463&folderPath=/root/ScottishPower Media Library/Documents and Reports/&downloadParameter=Attachment.

(67)  La demanda máxima ACS en cada zona puede diferir ligeramente del pico máximo previsto dependiendo de la severidad del tiempo esperado con respecto al tiempo ACS. La demanda máxima real ACS en Gran Bretaña puede también diferir ligeramente de la suma directa de los tres valores geográficos. Computando precisamente requeriría un análisis de las correlaciones entre demandas en las tres regiones, para las cuales ninguna cifra está disponible. Sin embargo, es razonable confiar que los picos están efectivamente correlacionados puesto que no hay ningún desfase significativo entre las áreas geográficas y las tres regiones están sujetas al mismo tipo de tiempo.

(68)  76 469 supera a 61 853 en un 23,6 %.

(69)  Esto puede seguir siendo beneficioso para el cliente puesto que no hay ningún intermediario entre el productor y él.

(70)  Excepto BNFL, ninguno de los competidores BE explota reactores nucleares en Gran Bretaña.

(71)  En el sentido de la «Renewable Obligation Order» de 2002.

(72)  Véase el considerando 186.

(73)  Véase al respecto «Energywatch Annual Report, April 2002-March 2003», disponible en http://www.energywatch.org.uk/uploads/20022003_Annual_Report.pdf.

(74)  Excluida la capacidad auxiliar procedente de combustibles fósiles generada en sus centrales nucleares.

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