Número Identificador

SEN2024______________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL V

JOSEPH ACEVEDO 

MALDONADO

Recurrente

v.

ADMINISTRACIÓN DE 

CORRECCIÓN Y 

REHABILITACIÓN

Recurrida

KLRA202400276

Revisión 

procedente de la 

Administración de 

Corrección y 

Rehabilitación

Sobre:

Respuesta de 

Reconsideración 

B-13-24

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la 

Jueza Romero García y la Jueza Martínez Cordero. 

Martínez Cordero, jueza ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 9 de julio de 2024.

Comparece Joseph Acevedo Maldonado (en adelante, señor 

Acevedo Maldonado) mediante un recurso de revisión para que 

dejemos sin efecto la Respuesta emitida el 9 de enero de 2024, 

notificada el 18 del mismo mes y año, por la División de Remedios 

Administrativos del Departamento de Corrección y Rehabilitación

(en adelante, DCR).1 Mediante la respuesta recurrida, el DCR 

desestimó por fútil una Solicitud de Remedio presentada por el 

recurrente. Sobre dicha determinación, se presentó una solicitud de 

reconsideración en la cual se confirmó y modificó la aludida 

respuesta, mediante una Resolución emitida el 4 de abril de 2024, 

notificada el 22 del mismo año.2

Por los fundamentos que expondremos, se confirma la

determinación recurrida. 

I

El recurrente es miembro de la población correccional de la 

Institución Bayamón 501.3 Surge del expediente que, el 8 de enero 

1 Expediente administrativo, a la págs. 4-5. 

2 Íd., a las págs. 10-12.

3 Expediente administrativo, a la pág. 3. 
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de 2024, el señor Acevedo Maldonado presentó ante el DCR una 

Solicitud de Remedio Administrativo. En la misma, adujo que desde 

que fue ingresado a la institución carcelaria antes mencionada, allá 

para el 21 de diciembre de 2023, renovó su dieta alta en fibra y sin 

irritantes. Puntualizó que, aunque le estaba llegando la misma, no 

le estaban enviando el pan integral en la cena.

Al día siguiente de presentarse la referida solicitud, el DCR la 

desestimó “por fútil”, mediante Respuesta al Miembro de la Población 

Correccional, la cual fue notificada el 18 de enero de 2024.

4

En desacuerdo, el 29 de enero de 2024, el señor Acevedo 

Maldonado presentó una Solicitud de Reconsideración.

5 En el escrito, 

aseveró que fue muy claro en su Solicitud de Remedio en cuanto a 

que no estaba recibiendo su pan integral en la cena. 

Evaluado lo anterior, el 4 de abril de 2024, notificada el 22 del 

mismo año, el DCR emitió una Resolución mediante la cual confirmó 

y modificó la respuesta recurrida.6 En el referido dictamen, expuso 

lo siguiente: 

Corroboramos con el Sr. Cesar Lugo Ramírez, 

Supervisor de Alimentos, Institución Correccional 

Bayamón 501 el cual nos informó que no tienen referido 

para la dieta alta en fibra por parte del área médica. Es 

importante que verifique si se realizó la renovación de 

la dieta alta en fibra en el área médica para que 

procedan a realizar el protocolo y enviarla al área de 

cocina.7

Inconforme aun, el señor Acevedo Maldonado compareció 

ante nos para solicitarnos, en apretada síntesis, que se le ordenara

a la compañía Carolina Catering que informe a este Tribunal las 

razones por las cuales no le están enviando el pan integral como 

parte de su dieta y para que se oriente al personal de la referida 

compañía y a los empleados de Physician Correctional para que 

4 Íd., a las págs. 4-5.

5 Íd., a la pág. 6.

6

Íd., a las págs. 10-12.

7 Íd., a la pág. 11.
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supervisen las dietas, se aseguren de que no falte nada y lleguen 

completas. 

El 26 de junio de 2024, compareció el DCR, para presentar 

copia certificada del expediente administrativo, según requerido. Por 

su parte, el 27 de junio de 2024, el recurrente presentó solicitud 

para litigar en forma pauperis, conforme ordenado. Además, el 

Procurador General, compareció mediante Alegato en Oposición. Con 

el beneficio de la comparecencia de las partes, procederemos a 

disponer del recurso ante nos.

II

A. Revisión Administrativa

El Tribunal Supremo de Puerto Rico (en adelante, Tribunal 

Supremo) ha sostenido que, el derecho a cuestionar la 

determinación de una agencia mediante revisión judicial es parte del 

debido proceso de ley protegido por la Constitución de Puerto Rico.8

El artículo 4.006 (c) de la Ley de la Judicatura del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico9 otorga la competencia apelativa al Tribunal 

de Apelaciones para revisar las decisiones, órdenes y resoluciones 

finales de las agencias administrativas.10 La revisión judicial de las 

decisiones administrativas tiene como fin delimitar la discreción de 

los organismos administrativos, para asegurar que ejerzan sus 

funciones conforme la ley y de forma razonable.11 Esta doctrina 

dispone que corresponde a los tribunales examinar si las decisiones 

de las agencias administrativas fueron tomadas dentro de los 

poderes delegados y si son compatibles con la política pública que 

las origina.12 A esos efectos, la revisión judicial comprende tres (3) 

aspectos: (i) la concesión del remedio apropiado; (ii) la revisión de 

8 Asoc. Condómines v. Meadows Dev., 190 DPR 843, 847 (2014); Picorelli López v. 

Depto. de Hacienda, 179 DPR 720, 736 (2010).

9 Ley Núm. 201-2003 (4 LPRA sec. 24y(c)).

10 Asoc. Condómines v. Meadows Dev., supra.

11 Unlimited v. Mun. de Guaynabo, 183 DPR 947, 965 (2011); Empresas Ferré v. 

ARPe, 172 DPR 254, 264 (2007).

12 Rolón Martínez v. Caldero López, 201 DPR 26, 35 (2018).
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las determinaciones de hecho conforme al criterio de evidencia 

sustancial; y, (iii) la revisión completa de las conclusiones de 

derecho.13 El Alto Foro ha establecido que el derecho a una 

notificación adecuada concede a las partes la oportunidad de tomar 

conocimiento real de la acción tomada por la agencia. Además, 

otorga a las personas cuyos derechos pudieran quedar afectados, la 

oportunidad para decidir si ejercen los remedios que la ley les 

reserva para impugnar la determinación.14

Dentro de este marco, nuestro Tribunal Supremo ha reiterado 

que los tribunales apelativos, al ejercer su función revisora, deben 

conceder una gran deferencia a las decisiones emitidas por las 

agencias debido a la vasta experiencia y conocimiento especializado 

en los asuntos que les han sido encomendados.15 Por un lado, el 

Alto Foro ha enfatizado que los tribunales, aplicando el criterio 

de razonabilidad y deferencia, no alterarán las determinaciones de 

hechos de las agencias, siempre que surja del expediente 

administrativo evidencia sustancial que las sustente.16 Igualmente, 

las determinaciones de los entes administrativos tienen una 

presunción de legalidad y corrección que los tribunales deben 

respetar mientras la parte que las impugna no presente la evidencia 

suficiente para derrotarlas.17 A la luz de esto, los tribunales deben 

ser cautelosos al intervenir con las conclusiones e interpretaciones 

de los organismos administrativos especializados.18 Ahora bien, esta 

deferencia reconocida a las decisiones de las agencias 

administrativas cede en algunas situaciones: (i) cuando la decisión 

no esté basada en evidencia sustancial; (ii) cuando la agencia haya 

13 Batista, Nobre v. Jta. Directores, 185 DPR 206, 217 (2012), citando a Asoc. Fcias 

v. Caribe Specialty et al. II, 179 DPR 923, 940 (2010); Mun. de. San Juan v. JCA, 

149 DPR 263, 279-280 (1999).

14 Asoc. Vec. Altamesa Este v. Municipio de San Juan, 140 DPR 24 (1996).

15 Rolón Martínez v. Caldero López, supra; Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. 

II., supra.

16 Rolón Martínez v. Caldero López, Íd.; Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II., Íd.

17 García Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 DPR 870, 892 (2008).

18 Íd.
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errado en la aplicación de la ley; (iii) cuando su actuación resulte 

ser arbitraria, irrazonable o ilegal; y, (iv) cuando la actuación 

administrativa lesiona derechos constitucionales fundamentales.19

El Tribunal Supremo ha establecido que las determinaciones 

de hechos de las decisiones de las agencias serán sostenidas por el 

Tribunal, si se basan en evidencia sustancial que surja del 

expediente administrativo considerado en su totalidad.20 La 

evidencia sustancial es "aquella evidencia relevante que una mente 

razonable podría aceptar como adecuada para sostener una 

conclusión".21 Dicho análisis requiere que la evidencia sea 

considerada en su totalidad, esto es, tanto la que sostenga la 

decisión administrativa como la que menoscabe el peso que la 

agencia le haya conferido.22 Ello implica que, de existir un conflicto 

razonable en la prueba, debe respetarse la apreciación de la 

agencia.23 Además, la norma de prueba sustancial se sostiene en la 

premisa de que son las agencias las que producen y determinan los 

hechos en los procesos administrativos y no los tribunales.24

Debido a la presunción de regularidad y corrección de los 

procedimientos y las decisiones de las agencias administrativas, 

quien alegue ausencia de evidencia sustancial tendrá que presentar 

prueba suficiente para derrotar esta presunción, no pudiendo 

descansar en meras alegaciones.25 Para ello, deberá demostrar que 

existe otra prueba en el expediente, que reduzca o menoscabe el 

valor probatorio de la evidencia impugnada, hasta el punto de que 

19 The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, 185 DPR 800, 822 (2012), citando a 

Empresas Ferrer v. ARPe, supra.

20 Batista, Nobre v. Jta. Directores, supra, 216, citando a Pereira Suárez v. Jta. Dir. 

Cond., 182 DPR 485, 511-512 (2011); Domínguez v. Caguas Expressway Motors, 

148 DPR 387, 397-398 (1999).

21 Íd.; Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 728 (2005). 

22 Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R., 144 DPR 425, 437 (1997).

23 Hilton v. Junta de Salario Mínimo, 74 DPR 670, 687 (1953).

24 Fernández Quiñones, Derecho administrativo y Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme, 3ra ed., Colombia, Ed. Forum, 2013.

25 OEG v. Martínez Giraud, 210 DPR 79, 89 (2022); Graciani Rodríguez v. Garage 

Isla Verde, 202 DPR 117, 128 (2019); González Segarra v. CFSE, 188 DPR 252, 

277 (2013); Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409, 431 (2003).
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no se pueda concluir que la determinación de la agencia fue 

razonable de acuerdo con la totalidad de la prueba que tuvo ante su 

consideración.26 Si la parte afectada no demuestra la existencia de 

otra prueba que sostenga que la actuación de la agencia no está 

basada en evidencia sustancial o que reduzca o menoscabe el valor 

de la evidencia impugnada, el Tribunal respetará las 

determinaciones de hecho y no sustituirá el criterio de la agencia 

por el suyo.27 En cambio, las conclusiones de derecho son revisables 

en todos sus aspectos.28 De esta manera, los tribunales, al realizar 

su función revisora, están compelidos a considerar la 

especialización y la experiencia de la agencia con respecto a las leyes 

y reglamentos que administra.29 Así pues, si el punto de derecho no 

conlleva interpretación dentro del marco de la especialidad de la 

agencia, entonces el mismo es revisable sin limitación.30

Sin embargo, aun cuando el Tribunal tiene facultad para 

revisar en todos sus aspectos las conclusiones de derecho de una 

agencia, se ha establecido que ello no implica que los tribunales 

revisores tienen la libertad absoluta para descartarlas libremente.31

Si del análisis realizado se desprende que la interpretación que hace 

una agencia de su reglamento o de la ley que viene llamada a poner 

en vigor resulta razonable, el Tribunal debe abstenerse de 

intervenir.32

B. Solicitudes de Remedios Administrativos Radicadas por la 

Población Correccional

La División de Remedios Administrativos del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación se estableció con el propósito principal 

de proveerles a los miembros de la población correccional un 

26 Gutiérrez Vázquez v. Hernández, 172 DPR 232, 245 (2007).

27 Otero v. Toyota, supra.

28 García Reyes v. Cruz Auto Corp., supra, 894.

29 Asoc. Vec. de H. San Jorge v. U. Med. Corp., 150 DPR 70, 75-76 (2000).

30 Rivera v. A & C Development Corp., 144 DPR 450, 461 (1997).

31 Federation Des Ind. v. Ebel, 172 DPR 615, 648 (2007); López Borges v. Adm. 

Corrección, 185 DPR 603, 626 (2012).

32 Cruz v. Administración, 164 DPR 341, 357 (2005).
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organismo administrativo al que puedan recurrir en primera

instancia, y ante el cual puedan presentar una solicitud de remedio, 

para su atención. Ello, con el fin de minimizar las diferencias entre 

los miembros de la población correccional y el persona, y para evitar 

o reducir la presentación de pleitos en los Tribunales de Justicia.33

A tenor, la División se encarga, esencialmente, de atender quejas y 

agravios de los confinados en contra del DCR o sus funcionarios 

sobre cualquier asunto, incluyendo áreas tales como: agresiones 

físicas, verbales y sexuales; propiedad de confinados; plan de 

recreación, ejercicios y uso de biblioteca para fines recreativos; entre 

otros.34 Ahora bien, la División, asumirá jurisdicción sobre aquellas 

solicitudes de remedio presentadas por un miembro de la población 

correccional con el finde que se atienda cualquier asunto,

relacionado a su confinamiento, que lo afecte personalmente en su 

bienestar físico o mental, calidad de vida, seguridad o plan 

institucional.35 Se entenderá que una solicitud es fútil o insustancial 

cuando se radique sin méritos y no propicie la concesión de un 

remedio al amparo del Reglamento Núm. 8583.36 Habida cuenta de 

ello, los miembros de la población correccional serán responsables 

de presentar las solicitudes de remedio en forma clara, concisa y 

honesta.37

III

En el presente caso, el recurrente nos solicita que ordenemos 

a que nos informen las razones por las cuales no le están incluyendo 

pan integral en la cena, y que orientemos a las compañías 

encargadas de distribuir los alimentos en la institución carcelaria 

33 Introducción del Reglamento para Atender Solicitudes de Remedios 

Administrativos Radicados por los Miembros de la Población Correccional, 

Reglamento Núm. 8583 del 4 de mayo de 2015.

34 Introducción del Reglamento Núm. 8583, supra.

35 Íd., Reglas IV (24) y VI (1) (a); Vargas Serrano v. Inst. Correccional, 198 DPR 230, 

243 (2017). 

36 Regla IV (25) del Reglamento Núm. 8583, supra.

37 Íd. Regla VII (1).
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en la cual que se encuentra que supervisen las dietas de los 

confinados para que lleguen completas. 

Tras examinar el recurso ante nuestra consideración, así 

como el expediente administrativo y las posturas de las partes, 

colegimos que no amerita que intervengamos con la respuesta 

emitida por el DCR. 

Conforme esbozamos en nuestra previa exposición doctrinal,

al ejercer nuestra facultad revisora, debemos conceder una gran 

deferencia a las decisiones emitidas por los organismos 

administrativo, puesto que ostentan vasta experiencia y 

conocimiento en los asuntos que le han sido encomendados.38 Por 

ello, si del análisis realizado se desprende que la interpretación que 

hace una agencia resulta razonable, debemos abstenernos de 

intervenir.39 Ahora bien, se justificará nuestra intervención cuando: 

(i) la decisión no esté basada en evidencia sustancial; (ii) la agencia

haya errado en la aplicación de la ley; (iii) su actuación resulte ser 

arbitraria, irrazonable o ilegal, y cuando (iv) la actuación 

administrativa lesiona derechos constitucionales fundamentales.40

Puntualizamos que, el DCR, luego de evaluar la Solicitud de 

Remedio Administrativo presentada por el recurrente, determinó 

desestimarla por fútil. En reconsideración a su respuesta, el DCR 

explicó que el supervisor de alimentos de la institución correccional

no tenía el referido para la dieta alta en fibra y sin irritantes que se 

le había asignado al recurrente. De manera que remendó verificar 

con el área médica si en efecto se realizó la renovación de la dieta, 

para que procedieran a enviarla al área de la cocina. En vista de lo 

antes expuesto, coincidimos que la respuesta de la agencia fue una 

38 Rolón Martínez v. Caldero López, supra; Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. 

II., supra.

39 The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, supra, 822, citando a Empresas Ferrer v. 

ARPe, supra.

40 Cruz v. Administración, supra, 357.
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razonable, puesto que, según adelantamos, no intervendremos con 

la determinación emitida por la agencia. 

IV

Por los fundamentos que anteceden, se confirma la 

determinación recurrida.

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones