Número Identificador

SEN2023________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL III

ARMANDO YADIEL 

GONZÁLEZ MEDINA

Parte Recurrente

vs.

SECRETARIO DEL 

TRABAJO Y RECURSOS 

HUMANOS

Parte Recurrida

KLRA202300169

Revisión de 

Decisión 

Administrativa

procedente del 

Departamento del 

Trabajo y Recursos 

Humanos

Caso núm.: 

M-03023-22A

Sobre: 

Sec. 4(B) (3) de la 

Ley de Seguridad de 

Empleo

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, la Juez 

Grana Martínez y el Juez Rodríguez Flores.

Rodríguez Flores, Juez Ponente.

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2023.

Comparece Armando Yadiel González Medina, (Recurrente o 

señor González Medina) mediante Recurso de Revisión 

Administrativa y nos solicita que revisemos y revoquemos una 

Decisión del Secretario del Trabajo y Recursos Humanos emitida el 7 

de febrero de 20231, que confirmó la Resolución que emitió la 

División de Apelaciones del Negociado de Seguridad de Empleo (NSE 

o Negociado) el 13 de septiembre de 20222. En el referido dictamen, 

el organismo administrativo confirmó una decisión previa que emitió

el Negociado el 9 de agosto de 2022, en la que denegó la solicitud 

del señor González Medina para recibir los beneficios por desempleo.

Evaluados los autos del caso a la luz del derecho aplicable, 

confirmamos la determinación del Secretario del Departamento del 

Trabajo y Recursos Humanos (Departamento).

1 La Decisión fue notificada y archivada el mismo 7 de febrero de 2023.

2 La Resolución fue notificada y archivada el 6 de octubre de 2022.
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I.

El señor González Medina es empleado en el Recinto 

Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico (UPR),

en donde ha trabajado alrededor de 29 años3. Entre agosto de 2017 

y noviembre de 2019, el Recurrente incurrió en alegada conducta 

incorrecta. Después de llevar a cabo una investigación, el Recinto 

Universitario de Mayagüez (RUM) suspendió de empleo y sueldo al 

señor González Medina desde el 1 de julio de 2022 hasta el 31 de 

diciembre del mismo año4. Según surge del expediente, el 

Recurrente no presentó querella contra la UPR, al amparo del 

Convenio Colectivo que lo cobija5. Tampoco presentó ninguna queja 

relacionada a la suspensión ante la oficina de Recursos Humanos 

del RUM6.

No obstante, el Recurrente decidió acudir al Negociado, para 

solicitar los beneficios de compensación del seguro por desempleo. 

El 9 de agosto de 2022, el Negociado le denegó los beneficios 

solicitados7. El NSE basó su determinación al amparo de la Sección 

4 (b) (3) de la Ley de Seguro por Desempleo de Puerto Rico8, por el 

hecho de que el Recurrente fue suspendido “al cometer conducta 

incorrecta relacionada con su trabajo”9. En desacuerdo con la 

determinación, el 18 de agosto de 2022, el señor González Medina 

solicitó una audiencia ante un árbitro de la División de Apelaciones 

del NSE.

Evaluada la solicitud presentada, la División de Apelaciones 

emitió una Orden y Señalamiento de Audiencia ante el Árbitro 

Audiencia Telefónica, en la que señaló la celebración de una 

3 Véase la Resolución emitida por la División de Apelaciones a la página 4 del 

Apéndice del Recurso de Revisión Administrativa.

4 Íd.

5 Íd.

6 Íd.

7 El señor González Medina no incluyó esta carta como parte del Apéndice del 

Recurso de Revisión Administrativa.

8 Ley Núm. 74 de 21 de junio de 1956, según enmendada, 29 LPRA sec. 704.

9 Véase la Resolución emitida por la División de Apelaciones a la página 4 del 

Apéndice del Recurso de Revisión Administrativa.
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audiencia telefónica para el 8 de septiembre de 202210. Asimismo, 

advirtió a las partes que, en caso de no estar de acuerdo con la 

celebración de la vista por vía telefónica, debían presentar una 

solicitud por escrito ante la División de Apelaciones cinco días antes 

de la fecha pautada para la audiencia11. El 1 de septiembre de 2022, 

el Recurrente, por conducto de su abogado, sometió una Moción 

Asumiendo Representación Legal y Solicitud de Vista Presencial12. En 

su escrito, solicitó la conversión de la audiencia telefónica señalada 

a una presencial. Argumentó que la celebración de la vista por 

teléfono resultaría impráctica, pues había que hacer referencia a 

una abundante prueba documental, tales como nóminas, 

memorandos, documentos de Horas y Salarios del Departamento del 

Trabajo Federal, el Convenio Colectivo y varios reglamentos del 

Recinto, entre otros13. No surge del expediente en autos que la 

División de Apelaciones haya respondido a la petición.

Tras celebrar la audiencia telefónica y luego de evaluar la 

totalidad del expediente y la prueba documental sometida, el 13 de 

septiembre de 2022, la División de Apelaciones emitió una 

Resolución en la que hizo las siguientes determinaciones de hechos:

1) La parte reclamante ha trabajado para el patrono, 

Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez, por 

alrededor de 29 años.

2) Fue suspendido de empleo y sueldo, por el periodo entre 

el 1 de julio de 2022 al 31 de diciembre de 2022. La 

suspensión se debió a hechos ocurridos entre agosto del 

2017 a noviembre de 2019.

3) Es miembro de una unidad apropiada. El convenio 

colectivo entre el patrono y la unidad apropiada provee 

un proceso para querellarse. El reclamante no presentó 

querella contra el patrono bajo dicho convenio colectivo 

por las situaciones que motivaron su suspensión de 

empleo y sueldo y en las que difería del patrono respecto 

a la interpretación de disposiciones del convenio o que 

hubiesen podido ser dilucidadas bajo el convenio.

4) El reclamante no presentó al área de Recursos Humanos 

queja alguna relacionada a las situaciones que motivaron 

su suspensión de empleo y sueldo.

5) Previo a los hechos que motivaron la suspensión, el 

reclamante se había quejado del patrono ante una 

10 Véase la página 20 en el Apéndice del Recurso de Revisión Administrativa.

11 Íd.

12 Véase la página 18 en el Apéndice del Recurso de Revisión Administrativa.

13 Íd.
KLRA202300169 4

agencia federal alegando incumplimiento con la 

legislación federal aplicable respecto a periodo de toma de 

alimentos.

6) Previo a los hechos que motivaron la suspensión, el 

reclamante se había quejado con el patrono respecto a las 

condiciones de seguridad de los vehículos que conducía 

en el desempeño de sus funciones.

7) El patrono le suspendió de empleo y sueldo por 6 meses 

porque entendió que había incurrido en varias 

conductas, incluyendo en insubordinación. Los ejemplos 

de insubordinación que consideró el patrono incluyeron: 

desacatar la instrucción de permanecer en su área de 

trabajo; desacatar la instrucción de agotar 

oportunamente tiempo compensatorio incurrido y 

negarse a firmar el recibo del balance de dicho tiempo 

compensatorio; desacatar la instrucción de completar el 

registro de compras de gasolina.

8) El reclamante incurrió en la conducta de desacatar la 

instrucción de permanecer en su área de trabajo. En el 

periodo en el que el reclamante no estaba viajando debía 

permanecer en su área de trabajo. El patrono reiteró por 

escrito dicha instrucción y posteriormente el reclamante 

desacató la misma. El patrono recibió quejas sobre este 

asunto.

9) El reclamante incurrió en la conducta [de] desacatar la 

instrucción de agotar oportunamente exceso de tiempo 

compensatorio. La supervisora del reclamante le requería 

que estableciera un plan para agotar el tiempo 

compensatorio dentro del período establecido en la 

reglamentación patronal pero el reclamante no firmaba el 

acuse de recibo ni establecía el plan solicitado. En lugar 

de cumplir con lo requerido, éste utilizaba el tiempo 

compensatorio para viajar para atender una situación de 

salud familiar. Como resultado, agotaba el tiempo 

compensatorio en su propio itinerario, no necesariamente 

cumpliendo con el término que establecía la 

reglamentación patronal.

10)El reclamante incurrió en la conducta de desacatar la 

instrucción de firmar su asistencia (“Tarjeta”). No la 

firmaba porque entendía que al firmarla estaba 

aceptando la corrección de la misma y ello podría 

constituir una renuncia a algún derecho a reclamar 

protección bajo la legislación federal. Previamente había 

sido instruido respecto a que debía firmar la misma y que 

si tenía una objeción debía incluirla. El formato no incluía 

un espacio para exponer la objeción.

11)El reclamante no incurrió en la conducta de desacatar la 

instrucción de completar el registro de uso de tarjeta 

corporativa para compras de gasolina. El patrono 

consideró como incidentes en los que no completó la 

tarjeta las asignaciones de vehículo dañados que el 

reclamante no utilizó por razón de estar dañados y no 

movió de las instalaciones patronales14.

Finalmente, la División de Apelaciones confirmó la 

determinación del Negociado del 9 de agosto de 2022, luego de 

concluir que el señor González Medina era inelegible para recibir los 

14 Véase la página 4 en el Apéndice del Recurso de Revisión Administrativa.
KLRA202300169 5

beneficios del seguro por desempleo, según se establece en la 

Sección 4 (b)(3) de la Ley de Seguridad de Empleo, supra15.

De esta decisión, el señor González Medina presentó una 

Apelación el 20 de octubre de 2022, ante el Secretario del 

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos16. En su escrito, 

expuso que el Negociado le violó su derecho a un debido proceso de 

ley al no acceder a su petición de celebrar una vista presencial. Alegó 

que el caso contenía un amplio volumen de documentos y que la 

controversia era una compleja, por lo que cumplía con los requisitos 

plasmados en el Artículo 6.2 (b) del Reglamento para Administrar el 

Programa de Seguro por Desempleo, Reglamento Núm. 9056 de 8 de 

noviembre de 2018, que permite que una de las partes pueda objetar 

la vista telefónica si cumple con los criterios enumerados en el 

referido inciso. Argumentó, además, que no se presentó un solo 

documento a los que se hizo referencia en la vista, como tampoco 

pudo confrontar a los testigos que emitieron declaraciones mediante 

los referidos documentos17.

El 7 de febrero de 2023, el Secretario del Departamento emitió 

una decisión en la que confirmó la Resolución apelada, después de 

adoptar por referencia las determinaciones de hechos formuladas 

por el árbitro en la Resolución de la División de Apelaciones.

En desacuerdo con lo decidido, el Recurrente presentó una 

Moción de Reconsideración ante el Departamento, mediante la cual 

reiteró los argumentos esbozados en su Apelación. El 16 de marzo 

de 2023, el Secretario del Departamento del Trabajo y Recursos 

Humanos declaró No Ha Lugar la solicitud.

15 Íd.

16 Véase la página 22 en el Apéndice del Recurso de Revisión Administrativa.

17 Íd.
KLRA202300169 6

Aún inconforme, el señor González Medina acudió ante este 

Tribunal mediante el recurso de epígrafe, en el que señaló como 

único error el siguiente:

AL APELANTE SE LE VIOLÓ SU DERECHO A UN DEBIDO PROCESO DE 

LEY AL NO CONCEDÉRSELE UNA VISTA PRESENCIAL DADAS LAS 

CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES DE SU CASO.

Sin el beneficio de la comparecencia del Secretario del 

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, resolvemos.

II.

A.

La Ley Núm. 74 del 21 de junio de 1956, según enmendada, 

conocida como Ley de Seguridad de Empleo de Puerto Rico (Ley de 

Seguridad de Empleo), 29 LPRA secs. 701, et seq., creó el Negociado 

de Seguridad de Empleo, cuyo propósito es “promover la seguridad 

de empleos facilitando las oportunidades de trabajo por medio del 

mantenimiento de un sistema de oficinas públicas de empleo y 

proveer para el pago de compensación a personas desempleadas por 

medio de la acumulación de reservas”. 29 LPRA sec. 701; Castillo v. 

Depto. del Trabajo, 152 DPR 91, 97-98 (2000). 

La Sección 3 de la Ley de Seguridad de Empleo, 29 LPRA sec. 

703(a), establece que “se pagarán beneficios del fondo a trabajadores 

que estén desempleados y sean elegibles a beneficios”. A esos fines, 

la sección 4 indica las condiciones de elegibilidad para recibir los 

beneficios de desempleo y las causas que descalifican a un 

reclamante de recibirlos. 29 LPRA sec. 704 (b). Así pues, si bien el 

carácter de la legislación es remedial, ello no significa que su 

interpretación liberal se extienda a tal extremo que se le reconozcan 

beneficios a quienes no cualifican. Castillo v. Depto. del Trabajo, 

supra, pág. 98.

En particular, la Sección 4 (b) dispone que:

(b) Descalificaciones- Un trabajador asegurado no será 

descalificado para recibir crédito por semana de espera 
KLRA202300169 7

o beneficios por cualquier semana de espera o 

beneficios por cualquier semana de desempleo a menos 

que, con respecto a dicha semana, el Director [del

Negociado de Seguridad de Empleo] determine que:

 . . . . . . .

(3) fue despedido o suspendido por conducta 

incorrecta en relación con su trabajo, (...).

. . . . . . . .

29 LPRA sec. 704(b)(3). (Énfasis suplido).

Cónsono con lo anterior, el despido o suspensión de un 

empleado por conducta indebida relacionada con el trabajo es 

motivo para su descalificación. Debido a ello, el patrono tiene 

potestad para adoptar las reglas de eficiencia o normas de conducta 

necesarias para salvaguardar el buen funcionamiento de su 

empresa, siempre que estas satisfagan el criterio de razonabilidad.

Rivera v. Pan Pepín, 161 DPR 681, 689- 690 (2004).

Si una parte no está de acuerdo con la determinación emitida 

por el Negociado, ésta puede apelar el dictamen que no le favoreció

ante un árbitro de la División de Apelaciones. El árbitro celebrará 

una audiencia que podrá ser presencial o vía telefónica u otro medio 

electrónico disponible. Sección 6, inciso c de la Ley de Seguridad de 

Empleo, 29 LPRA sec. 706 (c); Artículo 6.2 (b) del Reglamento Núm. 

9056. El Art. 6.2 (b) del Reglamento Núm. 9056, expone, además,

que:

Si alguna de las partes no está de acuerdo con el método 

dispuesto, deberá fundamentar por escrito sus objeciones 

ante el árbitro designado en un término no menor de cinco 

(5) días calendario previo a la fecha de la audiencia y 

notificará a la otra parte dentro de este mismo término. De 

no recibirse objeción, se entenderá que las partes han dado 

su anuencia para la celebración de la audiencia en los 

términos ordenados por la División de Apelaciones.

Al evaluar las objeciones para la celebración de una 

audiencia por teléfono u otro medio electrónico disponible, 

se podrán considerar los siguientes criterios:

1. La complejidad de la controversia planteada;

[...]

10. Si la evidencia documental es extensa o de 

naturaleza técnica;

[...]
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El árbitro contestará la solicitud en un término no mayor 

de diez (10) días contados a partir del recibo de la objeción. 

Si el árbitro no emite contestación se entenderá 

denegada. [...]. (Énfasis suplido).

Una vez el árbitro emita el dictamen, “[c]omo cuestión de 

derecho, se concederá una apelación por cualquier parte ante el 

Secretario si la decisión del árbitro hubiere revocado o modificado la 

determinación del Director, o si se presentare alguna cuestión 

basada en la Sección (6) o (7). En todos los demás casos se 

permitirán apelaciones subsiguientes solamente a discreción del 

Secretario. [...] El Secretario podrá confirmar, modificar o revocar 

las determinaciones o conclusiones del árbitro solamente a base de 

evidencia previamente sometida o a base de aquella evidencia 

que el Secretario ordene tomar”. (Énfasis suplido). Sección 6, 

inciso f de la Ley de Seguridad de Empleo, 29 LPRA sec. 706(f).

B.

Es norma firmemente establecida que los tribunales 

apelativos han de conceder gran consideración y deferencia a las 

decisiones de los organismos administrativos. Ello, dado que las 

agencias administrativas cuentan con vasta experiencia y 

conocimiento especializado en cuanto a los asuntos que les han sido 

encomendados. Moreno Lorenzo y otros v. Depto. Fam., 207 DPR 833, 

839 (2021), citando a OCS v. Universal, 187 DPR 164, 178 (2012); 

The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, 185 DPR 800 (2012); Pagán 

Santiago, et al. v. ASR, 185 DPR 341, 358 (2012). 

Como resultado, la decisión de una agencia administrativa 

gozará de una presunción de legalidad y corrección que será 

respetada, siempre que la parte que la impugna no produzca 

evidencia suficiente para rebatirla. Batista, Nobbe v. Jta. Directores, 

185 DPR 206, 215 (2012). Así, en cuanto a las determinaciones de 

hecho que realiza una agencia, el Tribunal Supremo ha resuelto que 

los tribunales revisores tienen que sostenerlas si se encuentran 
KLRA202300169 9

respaldadas por evidencia suficiente que surja del expediente 

administrativo al ser considerado en su totalidad. Pacheco v. 

Estancias, 160 DPR 409, 432 (2003). Véase, además, Sec. 4.5 de la 

LPAU, 3 LPRA sec. 9675. Por evidencia sustancial se entiende 

“aquella evidencia relevante que una mente razonable podría 

aceptar como adecuada para sostener una conclusión”. Rolón 

Martínez v. Superintendente, 201 DPR 26, 36 (2018); González 

Segarra et al. v. CFSE, 188 DPR 252, 277 (2013); Otero v. Toyota, 

163 DPR 716, 728-729 (2005). 

Por lo tanto, la parte afectada deberá reducir el valor de la 

evidencia impugnada o demostrar la existencia de otra prueba que 

sostenga que la actuación del ente administrativo no estuvo basada 

en evidencia sustancial. Otero v. Toyota, supra, pág. 728. En fin, el 

tribunal debe limitar su intervención a evaluar si la determinación 

de la agencia es razonable, ya que se persigue evitar que el tribunal 

revisor sustituya el criterio de la agencia por el suyo. Íd.

Por otro lado, respecto a las conclusiones de derecho, la Ley 

de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto 

Rico, Ley Núm. 38-2017, señala que éstas pueden ser revisadas en 

todos sus aspectos. Sec. 4.5 de la LPAU, 3 LPRA sec. 9675. Ahora 

bien, lo anterior “no implica que los tribunales revisores tienen la 

libertad absoluta de descartar libremente las conclusiones e 

interpretaciones de la agencia”. Otero v. Toyota, supra, pág. 729. 

Consecuentemente, cuando un tribunal llega a un resultado distinto 

al de la agencia, éste debe determinar si la divergencia es a 

consecuencia de un ejercicio razonable y fundamentado de la 

discreción administrativa, ya sea por la pericia, por consideraciones 

de política pública o en la apreciación de la prueba. Otero v. Toyota, 

supra, pág. 729. Dicho de otro modo, “[e]l tribunal podrá sustituir 

el criterio de la agencia por el propio solo cuando no pueda hallar 

una base racional para explicar la decisión administrativa”. Íd.
KLRA202300169 10

Por consiguiente, la deferencia concedida a las agencias 

administrativas únicamente cederá cuando: (1) la determinación 

administrativa no esté basada en evidencia sustancial; (2) el 

organismo administrativo haya errado en la aplicación o 

interpretación de las leyes o los reglamentos que se le ha 

encomendado administrar; (3) cuando el organismo administrativo 

actúe arbitraria, irrazonable o ilegalmente, al realizar 

determinaciones carentes de una base racional; o, (4) cuando la 

actuación administrativa lesione derechos constitucionales 

fundamentales. Super Asphalt v. AFI y otros, 206 DPR 803, 819 

(2021); Torres Rivera v. Policía de Puerto Rico, 196 DPR 606, 628 

(2016); IFCO Recycling v. Aut. Desp. Sólidos, 184 DPR 712, 744-745 

(2012).

III.

Mediante su recurso de Revisión Administrativa, el señor 

González Medina alega que la División de Apelaciones del Negociado

lo privó de su derecho a un debido proceso de ley, al no celebrar una 

vista presencial para dirimir la determinación que le denegó los 

beneficios por desempleo. Arguye que la División nunca contestó su 

petición de convertir la vista en una presencial y continuó con los 

procedimientos vía telefónica despojándolo de su derecho a 

confrontar la prueba en su contra y presentar evidencia a su favor.

Además, el Recurrente aduce que durante la audiencia el 

Recurrido declaró sobre el contenido de documentos que no obran 

en el expediente, porque nunca los sometió. Argumenta, además, 

que la parte recurrida hizo referencia a declaraciones de terceros 

que nunca testificaron en la vista, pero que estaban contenidas en 

los documentos. Asegura que el árbitro no pudo corroborar el 

contenido de los documentos mencionados en la vista. Igualmente, 

sostiene que no se utilizó la prueba documental en la que se amparó 

el Recurrido para suspenderlo de empleo y sueldo. Finalmente, 
KLRA202300169 11

subraya que el árbitro llegó a conclusiones sobre derechos bajo el 

Convenio Colectivo que no tuvo ante sí. 

Luego de revisar los hechos procesales y las leyes y 

reglamentos que aplican a la controversia ante nosotros, resolvemos 

que al Recurrente no le asiste la razón. De entrada, el señor 

González Medina cuestiona que el ente administrativo no respondió 

a su petición de convertir la audiencia por la vía telefónica a una 

presencial. Sin embargo, al revisar el Art. 6.2 (b) del Reglamento 

Núm. 9056, antes citado, advertimos que el árbitro no estaba 

obligado a emitir una respuesta al Recurrente, pues si éste no 

contestaba la solicitud en un término no mayor de 10 días, se 

entendía denegada la petición. Es decir, ante la falta de respuesta 

de la División en el referido plazo, la moción del señor González 

Medina se podía entender denegada.

Ahora bien, el Recurrente afirma que el árbitro no tuvo ante 

sí los documentos a los que hizo referencia la parte recurrida y las 

declaraciones de los testigos que surgen de los mismos. Sostuvo que 

estos documentos no obran en el expediente administrativo. En fin, 

éste asegura que el árbitro estuvo carente de la prueba documental 

pertinente para establecer las determinaciones de hechos que 

esbozó en la Resolución del 13 de septiembre de 2022. Sin embargo, 

el señor González Medina no pudo señalar documento alguno en el 

expediente que sostuviera tales alegaciones. Veamos.

Surge del Reglamento Núm. 9056, que, como parte del 

procedimiento previo a la audiencia telefónica, el árbitro está 

obligado a notificar a las partes que pueden examinar el expediente 

en la oficina local del Negociado. También, debe informar la forma 

en que las partes deberán presentar la evidencia. Artículo 6.2, inciso 

(c)(6)(iii), del Reglamento Núm. 9056. Una vez comienza la 

audiencia, el árbitro debe informar la prueba anunciada por las 

partes que no obre en el expediente administrativo. Artículo 6.2, 
KLRA202300169 12

inciso (d) del Reglamento Núm. 9056. Asimismo, el Reglamento 

establece que:

5. Las copias de los documentos que se marquen como 

evidencia de las partes serán proporcionadas por la parte 

proponente a la otra parte antes de la fecha de la 

audiencia. Si cualquier parte desea presentar evidencia 

escrita u otras pruebas físicas, esa parte debe hacer los 

arreglos para la entrega al árbitro y a las demás partes con 

al menos cinco (5) días de antelación a la fecha de la 

audiencia.

6. La evidencia documental del patrono y del apelante 

deberá estar disponible a las partes en la fecha y hora de 

la audiencia. No obstante, el árbitro concederá oportunidad 

a las partes, durante y posterior a la audiencia por teléfono 

o medios electrónicos, para presentar cualquier evidencia 

documental o de otra naturaleza que tuvieran en su 

posesión, siempre y cuando se le provea oportunidad a la 

otra parte de revisar dicha evidencia y presentar cualquier 

objeción. [...]. Íd. (Énfasis suplido).

Como vemos, el ente administrativo debe asegurarse que las 

partes tengan conocimiento de la prueba que va a desfilar en la 

audiencia. Aunque el Recurrente señala que ésta no estuvo 

disponible, éste no pudo identificar evidencia alguna que sostuviera 

sus alegaciones, como tampoco incluyó con su recurso una 

regrabación de los procesos que nos permitiera justipreciar su 

impugnación.

Ante la falta de señalamiento de alguna otra prueba contenida 

en el expediente administrativo que controvierta el procedimiento 

antes descrito y que, además, revele que la determinación del 

organismo administrativo no estuvo amparada en evidencia 

sustancial, resolvemos que el error señalado por el señor González 

Medina no fue cometido. Otero v. Toyota, supra.

En mérito de lo anterior, concluimos que el Recurrente no 

pudo rebatir la presunción de legalidad y corrección que cobija a las 

determinaciones administrativas, por lo que procede su 

confirmación.

IV.

Por los fundamentos que anteceden, confirmamos la Decisión 

del Secretario del Trabajo y Recursos Humanos que confirmó la 
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Resolución que emitió la División de Apelaciones del Negociado de 

Seguridad de Empleo el 13 de septiembre de 2022.

Notifíquese.

Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

 Secretaria del Tribunal de Apelaciones