Número Identificador

RES 2024____________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL VI

KAREN LUGO RUÍZ

Peticionaria

v.

RAÚL SANTIAGO 

MARTÍNEZ, RAÚL 

SANTIAGO ORTÍZ, SU 

ESPOSA NORMA 

MARTÍNEZ MUÑIZ Y LA 

SOCIEDAD LEGAL DE 

BIENES GANANCIALES 

COMPUESTA POR 

AMBOS, PANADERÍA SAN 

MIGUEL DE LOS 

SANTIAGO, INC., 

FRANCISCO RAMOS 

ROBLES Y SU ESPOSA 

NORA ROMÁN TORRES Y 

LA SOCIEDAD LEGAL DE 

BIENES GANANCIALES 

COMPUESTA POR 

AMBOS; ENTIDAD 

JURÍDICA FNJCC 

CORPORATION 

Recurridos

KLCE202400030

Apelación acogida 

como CERTIORARI

Procedente del 

Tribunal de 

Primera Instancia, 

Sala Superior de

Ponce

Caso Civil Núm.:

JAC2014-0052

(Sala 602)

Sobre:

Liquidación de 

Masa PostGanancial, 

Nulidad de Negocio 

Jurídico y Daños

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Ortiz Flores, el Juez 

Rivera Torres, la Jueza Rivera Pérez y el Juez Campos Pérez.

Rivera Pérez, Jueza Ponente

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2024.

Comparece la parte peticionaria Sra. Karen Lugo Ruíz (“en 

adelante, Sra. Lugo Ruíz”) y solicita nuestra intervención para 

revisar la Sentencia de Paralización por Quiebra1 dictada por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce (TPI), el 8 de 

noviembre de 2023, notificada el 9 de noviembre de 2023. En el 

1 Apéndice del recurso, págs. 2-3.
KLCE202400030 2

dictamen aludido, el TPI ordenó la paralización de los 

procedimientos en el presente caso y el archivo sin perjuicio debido 

a que una de las partes demandadas, el Sr. Raúl Santiago Martínez

(en adelante, “Sr. Santiago Martínez”), presentó una petición de 

quiebra ante el foro federal competente. El TPI se reservó la 

jurisdicción para decretar la reapertura del pleito, en caso de que la 

paralización se dejara sin efecto.2

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

desestima el presente recurso de Certiorari por falta de jurisdicción 

al haberse presentado tardíamente. 

I

El 24 de enero de 2014, la Sra. Lugo Ruíz presentó una 

Demanda3 sobre liquidación de la masa post-ganancial contra el Sr. 

Santiago Martínez. En síntesis, solicitó que se hiciera un inventario, 

avalúo, adjudicación y liquidación de la masa post-ganancial. 

Posteriormente, el 27 de junio de 2016, se presentó una 

Demanda Enmendada4 con el fin de añadir como parte 

codemandada a la entidad jurídica Panadería San Miguel de los 

Santiago, Inc.

El 2 de abril de 2018, se presentó una Segunda Demanda 

Enmendada5 con el fin de añadir como codemandados al Sr. Raúl 

Santiago Ortiz (en adelante, “Sr. Santiago Ortiz”), su esposa, la Sra. 

Norma Martínez Muñiz (en adelante, “Sra. Martínez Muñiz”) y la 

Sociedad Legal de Gananciales Compuesta por Ambos, y al Sr. 

Francisco Ramos Robles (en adelante, “Sr. Ramos Robles”), a su 

2 Se toma conocimiento judicial de que el 20 de enero de 2023, en el caso In re: 

Raul Santiago aka Raul Santiago Martínez, Case No. 6:21-bk-01307-GER (Chapter 

7) la United Sates Bankruptcy Court, Middle District of Florida, Orlando División 

emitió el Order Approving Account, Discharging Trustee, Canceling Bond, and 

Closing Estates.

3 Apéndice del recurso, págs. 142-147.

4 Apéndice del recurso, págs. 135-141.

5 Apéndice del recurso, págs. 122-131.
KLCE202400030 3

esposa, Sra. Nora Román Torres (en adelante, “Sra. Román Torres”)

y la sociedad legal de gananciales compuesta por ambos.

Una Tercera Demanda Enmendada6 se presentó el 3 de agosto 

de 2020 con el fin de añadir como codemandada a la entidad 

jurídica, JNJCC Corporation (en adelante, “Corporación”).

Así las cosas, el 1 de febrero de 2021, los codemandados, Sr. 

Santiago Ortiz, su esposa, la Sra. Martínez Muñiz y la sociedad legal 

de gananciales compuesta por ambos, presentaron Contestación a 

Tercera Demanda Enmendada y Reconvención7. En resumen,

expusieron sus defensas afirmativas y una reclamación contra la 

parte peticionaria.

El 3 de febrero de 2021, se celebró la Conferencia Sobre el 

Estado de los Procedimientos y de la Orden Minuta8 en la cual surge 

que, en la vista se llegaron a unos acuerdos, entre ellos: la anotación 

de rebeldía del codemandado, Sr. Santiago Martínez, y de la 

Panadería San Miguel de los Santiago, Inc. Además, se le levantó la 

rebeldía al Sr. Santiago Ortiz y a la Sra. Martínez Muñiz. Por otro 

lado, el represente legal del Sr. Ramos Robles y de la Sra. Román 

Torres informó que la Corporación estaría compareciendo mediante 

otra representación legal. Por último, se destacó que la Corporación 

todavía estaba en término para contestar la demanda. 

En efecto, el 3 de marzo de 2021, la Corporación presentó su

Contestación a Tercera Demanda Enmendada9. En síntesis, negó 

varias de las alegaciones en su contra y levantó varias defensas 

afirmativas, así como también presentó una reconvención. 

Luego de varios trámites procesales, el 13 de septiembre de 

2022, el Sr. Santiago Ortiz, su esposa, la Sra. Martínez Muñiz y la 

sociedad legal de gananciales compuesta por ambos presentaron 

6 Apéndice del recurso, págs. 108-120.

7 Apéndice del recurso, págs .99-107.

8 Apéndice del recurso, págs. 23-24.

9 Autos Originales, págs. 544-546.
KLCE202400030 4

ante el TPI un escrito titulado Moción10. Entre otras cosas, alegaron 

que el Sr. Santiago Martínez les había hecho llegar un documento 

de la Corte de Quiebras y había recibido un “discharge” bajo el 

Capítulo 7, 11 USC sec. 727. De igual forma, solicitaron que se 

paralizaran los procedimientos por entender que el dictamen de la 

Corte de Quiebras impedía proseguir con el reclamo contra el Sr. 

Santiago Martínez y los demás codemandados. 

En respuesta, el 8 de noviembre de 2023, el TPI dictó la 

Sentencia de Paralización por Quiebra11 aquí recurrida. En síntesis, 

ordenó la paralización de los procedimientos y el archivo sin 

perjuicio del caso reservándose expresamente la jurisdicción para 

decretar su reapertura si procediese, una vez la Corte de Quiebras 

resolviera.

No obstante, la Sra. Lugo Ruíz mediante una Solicitud de 

Reconsideración12 presentada el 27 de noviembre de 2023, solicitó 

la continuación de los procedimientos ante el TPI. Debemos destacar 

que, la notificación de la solicitud solo fue enviada al Lcdo. Octavio 

J. Capó Pérez, representante legal del Sr. Santiago Ortiz, la Sra. 

Martínez Muñiz, y a la Sociedad Legal de Gananciales Compuesta 

por Ambos; y al Lcdo. Edwin Santiago, representante legal del Sr. 

Ramos Robles, la Sra. Román Torres y a la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta por ambos. Sin embargo, no fueron 

notificados el Sr. Santiago Martínez, la Panadería San Miguel de los 

Santiago, Inc., ni la Corporación. 

Así las cosas, el 5 de diciembre de 2023 el TPI declaró No Ha 

Lugar la Solicitud de Reconsideración presentada por la Sra. Lugo 

Ruíz.

10 Apéndice del recurso, págs. 91-93.

11 Apéndice del recurso, págs. 2-3.

12 Apéndice del recurso, págs. 4-5.
KLCE202400030 5

Ante su inconformidad, el 8 de enero de 2024, la Sra. Lugo 

Ruíz acudió ante nos y esbozó los siguientes señalamientos de 

errores:

Primer error: Erró el Tribunal de Primera Instancia al 

paralizar los procedimientos ante sí, ya que la quiebra 

del codemandado en rebeldía Raúl Santiago Martínez 

solo era extensiva a bienes de consumo y el caso ante el 

TPI no se trataba de bienes de consumo.

Segundo error: Erró el Tribunal de Primera Instancia 

al paralizar los procedimientos ante sí, ya que se trataba 

de una división de masa post ganancial, por lo que la 

mitad de los bienes en el caso no forman parte del 

capital del quebrado.

Este tribunal le concedió hasta el 12 de febrero de 2024 a la 

parte recurrida para que presentara su oposición. Oportunamente,

el 8 de febrero de 2024 comparecieron el Sr. Santiago Ortiz, la Sra. 

Martínez Muñiz y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por 

ambos y mediante su representación legal solicitaron la 

desestimación del recurso por falta de jurisdicción. Entre otras 

cosas, alegan que partes indispensables no fueron notificadas de la 

Moción de Reconsideración presentada por la Sra. Lugo Ruíz ante el 

TPI. 

El 20 de febrero de 2024, la parte peticionaria presentó una 

Réplica a Solicitud de Desestimación.

Contando con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procedemos a resolver.

II

A.

La jurisdicción se refiere al poder o autoridad de un tribunal 

para considerar y decidir casos, por lo que su ausencia priva a un 

foro judicial del poder necesario para adjudicar una controversia. 

Metro Senior v. AFV, 209 DPR 203, 208 (2022); Allied Mgmt. Group, 

v. Oriental Bank, 204 DPR 374, 385-386 (2020). En múltiples y 

variadas ocasiones, el Tribunal Supremo ha expresado que los 

tribunales debemos ser celosos guardianes de esa jurisdicción que 
KLCE202400030 6

nos ha sido concedida, examinando tal aspecto en primer 

orden, incluso cuando no haya sido planteado por ninguna de las 

partes. Horizon v. Jta. Revisora, RA Holdings, 191 DPR 228, 234 

(2014). Además, se ha señalado que los tribunales no tienen 

discreción para asumir jurisdicción donde no la hay. Mun. 

de San Sebastián v. QMC Telecom, 190 DPR 652 (2014); S.L.G. SoláMorreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 682 (2011); González v. 

Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 856 (2009).

Un recurso tardío es aquel que se presenta pasado el término 

provisto para recurrir. Yumac Home v. Empresas Massó, 194 DPR 

96, 107 (2015). Por otra parte, un recurso prematuro es aquel que 

se presenta con relación a una determinación que está pendiente 

ante la consideración del tribunal apelado, es decir, que aún no ha 

sido finalmente resuelta. Íd. Un recurso prematuro, al igual que 

uno tardío, priva de jurisdicción al tribunal al cual se 

recurre. Íd. No obstante, existe una importante diferencia en las 

consecuencias que acarrea cada una de estas desestimaciones. Íd. 

La desestimación de un recurso por ser tardío priva fatalmente a la 

parte de presentarlo nuevamente, ante ese mismo foro, o ante 

cualquier otro. Íd. 

La Regla 83(C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 83(C), autoriza al Tribunal de Apelaciones a 

desestimar un recurso, a iniciativa propia o solicitud de parte, 

cuando carezca de jurisdicción para atenderlo.

B.

En términos generales, una moción de reconsideración

permite que la parte afectada por un dictamen judicial pueda 

solicitar al tribunal que considere nuevamente su decisión, antes de 

recurrir en alzada a un tribunal de mayor jerarquía. División de 

Empleados Públicos de la Unión Gen. de Trabajadores v. Cuerpo de 

Emergencias Médicas de P.R., 2023 TSPR 107, 212 DPR ____
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(2023); Simons y otros v. Leaf Petroleum Corp., 209 DPR 216 

(2022); Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 731 

(2016); Constructora Estelar v. Aut. Edif. Púb., 183 DPR 1, 24 

(2011); Castro v. Sergio Estrada Auto Sales, Inc., 149 DPR 213, 217 

(1999). Al respecto, la Regla 47 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 47, dispone lo siguiente:

“La parte adversamente afectada por una orden o 

resolución del Tribunal de Primera Instancia podrá, 

dentro del término de cumplimiento estricto de quince 

(15) días desde la fecha de la notificación de la orden o 

resolución, presentar una moción de reconsideración de 

la orden o resolución.

La parte adversamente afectada por una sentencia del 

Tribunal de Primera Instancia podrá, dentro del término 

jurisdiccional de quince (15) días desde la fecha de 

archivo en autos de copia de la notificación de la 

sentencia, presentar una moción de reconsideración de 

la sentencia.

La moción de reconsideración debe exponer con 

suficiente particularidad y especificidad los hechos y el 

derecho que la parte promovente estima que deben 

reconsiderarse y fundarse en cuestiones sustanciales 

relacionadas con las determinaciones de hechos 

pertinentes o conclusiones de derecho materiales.

La moción de reconsideración que no cumpla con las 

especificidades de esta regla será declarada “sin lugar” 

y se entenderá que no ha interrumpido el término para 

recurrir.

Una vez presentada la moción de reconsideración 

quedarán interrumpidos los términos para recurrir en 

alzada para todas las partes. Estos términos 

comenzarán a correr nuevamente desde la fecha en que 

se archiva en autos copia de la notificación de la 

resolución resolviendo la moción de reconsideración.

La moción de reconsideración se notificará a las 

demás partes en el pleito dentro de los quince (15) 

días establecidos por esta regla para presentarla 

ante el tribunal de manera simultánea. El término 

para notificar será de cumplimiento estricto.”

De conformidad con la Regla 47 de Procedimiento Civil, supra, 

una vez se presenta al TPI y notifica a todas las partes una moción 

de reconsideración de manera oportuna y fundamentada, se 

interrumpe el término para recurrir en alzada. Ese término

comenzará a contarse de nuevo desde la fecha en que se archiva en 

autos copia de la notificación de la resolución resolviendo la moción 
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de reconsideración. Regla 52.2(e)(2) de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 52.2(e)(2). Véase, además, Plan Salud Unión v. Seaboard 

Sur. Co., 182 DPR 714, 719 (2011); Insular Highway v. A.I.I. Co., 174 

DPR 793, 805 (2008); Lagares v. E.L.A., 144 DPR 601, 613 (1997).

Ese término quedará automáticamente interrumpido al 

presentarse la moción de reconsideración, siempre que se cumpla 

con los requisitos de forma expuestos en la Regla 47 de 

Procedimiento Civil, supra.

III

Como cuestión de umbral, nos corresponde determinar si 

tenemos jurisdicción para atender el recurso de certiorari

presentado por la Sra. Lugo Ruíz. 

Según reseñamos, el 27 de noviembre de 2023, la Sra. Lugo 

Ruíz, presentó una Solicitud de Reconsideración, la cual fue 

declarada No Ha Lugar por el TPI mediante la Resolución emitida el 

5 de diciembre de 2023. Examinada esta solicitud, encontramos que

la Corporación no fue notificada de su presentación a pesar de que 

no se encontraba en rebeldía. Únicamente se notificó con copia de 

esta moción a la representación legal del Sr. Santiago Ortiz, a la Sra. 

Martínez Muñiz y a la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por 

ambos, y a la representación legal del Sr. Ramos Robles, la Sra. 

Román Torres y a la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por 

ambos. Del expediente del presente caso surge que la Corporación 

compareció en el pleito mediante una Moción Asumiendo 

Representación Legal.

13 Además, esta parte presentó 

oportunamente su Contestación a Tercera Demanda Enmendada14, 

en la cual incluyó una reconvención.

No habiendo sido notificada a todas las partes del pleito, 

resolvemos que la presentación de la solicitud de reconsideración 

13 Autos Originales, págs 536-539.

14 Autos Originales, págs 544-546.
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no tuvo el efecto de interrumpir el término legal para presentar un 

recurso de Certiorari. Este término comenzó a cursar a partir del 9 

de noviembre de 2023, fecha en que se notificó la Sentencia de 

Paralización por Quiebra. Por lo tanto, habiéndose presentado este 

recurso de Certiorari el 8 de febrero de 2024, el mismo resulta tardío

y, en consecuencia, no tenemos jurisdicción para atenderlo.

IV

Por los fundamentos anteriormente expuestos, se desestima 

el presente recurso de Certiorari por falta de jurisdicción al haberse 

presentado tardíamente. 

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones