Número Identificador

SEN2024________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL ESPECIAL

CLEMENCEAU 2, LLC; 

ADRIEL LONGO RAVELO

Apelantes

Vs.

LIZZIE ROSSO ET ALS

Apelados

KLAN202301081

Apelación

Procedente del 

Tribunal de 

Primera Instancia, 

Sala de San Juan

Caso Núm.:

SJ2019CV06716 

(804)

Sobre: Daños, 

Libelo, Calumnia y 

Difamación

Panel integrado por su presidente, el juez Rodríguez Casillas, la juez 

Rivera Pérez y la juez Díaz Rivera.

1

Rodríguez Casillas, juez ponente.

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de mayo de 2024.

Comparecen ante nos la parte apelante compuesta por el 

Sr. Adriel Longo Ravelo (en adelante, “señor Longo Ravelo”) y 

Clemenceau 2, LLC (en adelante, “Clemenceau”), para que 

revoquemos la Sentencia emitida el 13 de octubre de 2023 y 

notificada el 16 de octubre de 2023, por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de San Juan (en adelante, “TPI”). En dicho 

dictamen, se declaró No Ha Lugar la demanda en su totalidad y 

ordenó el archivo con perjuicio.

Perfeccionado el recurso de apelación, procedemos a 

confirmar la Sentencia apelada. Veamos.

-IEl 27 de junio de 2019, el señor Longo Ravelo 

y la entidad Clemenceau, conjuntamente los apelantes,

presentaron una Demanda en daños por libelo, calumnia y 

1 Panel Especial conforme a la OATA-2023-207 del 4 de diciembre de 2023 que 

designa a la juez Karilyn M. Díaz Rivera para entender y votar en el presente 

recurso.
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difamación,

2 contra: la Sra. Lizzie Rosso (en adelante, “señora 

Rosso”); el Sr. Ángel Román Más (en adelante, “señor Román Más”);

su esposa, la Sra. Aurora Martínez Orraca (en adelante, “Martínez 

Orraca”); la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos 

(en adelante, “SLG”); Román-Más Foundation, Corp. (en adelante, 

“Román-Más Foundation”); el Sr. John Visco Acha (en adelante, 

“señor Visco Acha”) y Antilles Enterprises, Inc., (en adelante, 

“Antilles”), conjuntamente los apelados.

En resumen, alegaron que los apelados realizaron expresiones 

en común acuerdo de índole falsa y a sabiendas contra el proyecto 

desarrollado por la entidad Clemenceau en la construcción del 

Condominio Condado Blú, en el área del Condado, consistente en 

que: (1) carecía de permisos requeridos por ley; (2) los permisos 

otorgados les fueron revocados; y (3) ocasionó daños al ambiente y 

a la infraestructura de la comunidad. Dichas expresiones fueron 

hechas: 

• El 19 de abril de 2019 a través del reportaje noticiario del 

Canal 2 de Telemundo; 

• El 29 de abril de 2019 en el programa radial de Rubén 

Sánchez en la emisora WKAQ 580 AM; y 

• Dos (2) publicaciones escritas, el 17 de junio de 2019 en el 

periódico El Nuevo Día; y 

• El 29 de junio de 2019 en el diario El Vocero.

Así, el señor Longo Ravelo adujo que esas expresiones 

afectaron su reputación y buen nombre; además de lesionar la 

credibilidad del proyecto, ocasionando daños por una suma no 

menor de $5,000,000 por la dilación del mismo.

El 29 de marzo de 2021, los apelados: el señor Visco Acha;

Antilles; Román-Más Foundation, Corp.; el señor Román Más, su 

esposa, la señora Martínez Orraca y la SLG compuesta por ambos 

sometieron una contestación conjunta a la demanda enmendada 

2 El 25 de noviembre de 2020 se presentó una demanda enmendada para incluir 

una causa de acción de abuso del derecho. Además, el 21 de enero de 2021 se 

enmendó por segunda ocasión la acción instada. Véanse, los Anejos 3 y 4 de la 

Apelación, a las págs. 75 – 116.
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para negar las imputaciones en su contra.

3 Por su parte, el 5 de 

abril de 2021 la señora Rosso también sometió su contestación.4

Oportunamente, Antilles presentó una demanda contra 

tercero dirigida a su aseguradora MAPFRE PRAICO INS. CO., (en 

adelante, “MAPFRE”), en la que reclamó cubierta por los hechos 

alegados en su contra.5 Ante la solicitud de sentencia sumaria 

sometida por MAPFRE y Antilles, el TPI emitió Sentencia Sumaria 

Parcial denegando el reclamo de Antilles hacia MAPFRE el 4 de 

junio de 2021.

6

Tras varios trámites, los apelados solicitaron la desestimación 

de la demanda,7 pero les fue denegado mediante una Resolución

emitida el 2 de febrero de 2022.

8

El 3 de febrero de 2022, se celebró la Conferencia con 

Antelación al Juicio,

9 aprobándose el informe presentado el 27 de 

enero de 2022, como Acta que regiría los procedimientos del juicio.

El 26 de enero de 2023, los apelantes presentaron una 

Moción para que se den por Admitidas las Alegaciones no Negadas 

Conforme a la Regla 6.2 de Procedimiento Civil.

10 Además, el 27 de 

enero de 2023 presentaron una Moción Sometiendo Documentos 

Judiciales.11

Así las cosas, el juicio en su fondo fue celebrado en los días 

30 y 31 de enero, 1 de febrero, 2 de febrero y 3 de febrero de 

3 Anejo 5 de la Apelación, a las págs. 122 – 129.

4 Id., a las págs. 133 – 135.

5 Anejo 6 de la Apelación, a las págs. 136 – 138.

6 Anejo 7 de la Apelación, a las págs. 140 – 148. Como parte de los hechos 

incontrovertidos estableció:

2. Antilles Enterprises, Inc., presentó dos solicitudes de Injunction contra 

Clemenceau 2, LLC. En el segundo de dichos procesos, entre otras cosas, 

las partes estipularon los permisos con los que cuenta Clemenceau 2, LLC., 

para construir los cimientos de la propiedad. 

3. En la propiedad de Clemenceau 2, LLC., donde se presta a realizarse el 

proyecto, existe un letrero instalado que identifica la entidad proponente 

del desarrollo, del arquitecto del proyecto e identifica el permiso de 

construcción en virtud del cual se realizan los trabajos.

Véase, Anejo 7 de la Apelación, págs. 141 – 142.

7 Anejos 11 de la Apelación, a las págs. 195 – 280.

8 Anejos13 de la Apelación, a las págs. 343 – 362.

9 Anejo 17 de la Apelación, a las págs. 476 – 482.

10 Anejo 18 de la Apelación, a las págs. 483 – 491.

11 Anejo 20 de la Apelación, a las págs. 494 – 640.
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2023.

12 Surge del expediente que la prueba desfilada fue la 

siguiente:

[L]a prueba testifical de la parte demandante-apelante consistió 

en el testimonio del codemandante, Ing. Adriel Longo Ravelo, Ing. 

Jorge Guerrero Miranda, y el perito económico, Antonio 

Fernández Pelegrina, CPA. Véase Minutas, Sumac 304, 308, 

313, 314 y 315 y sus correspondientes anejos.

Presentada la prueba de la parte demandante-apelante, 

los demandados-apelados argumentaron una moción de 

desestimación non suit al amparo de la Regla 39.2 (c) de 

Procedimiento Civil. Evaluadas las argumentaciones de las 

partes, el Tribunal se reservó el fallo y ordenó a las 

codemandadas a presentar su prueba.

Las partes codemandadas-apeladas presentaron los 

testimonios del Ing. Juan Vázquez Muñoz, perito, John Visco, 

Ángel Román Mas y Lizzie Rosso.

En relación con la prueba estipulada, se admitió lo 

siguiente, véase Minuta del juicio, Sumac 313, 314 y 315:

• Exhibit 1, Resolución de consulta de construcción de la 

Oficina de Gerencia de Permisos, caso número 2019-268486-

CCO-003768 del 17 de julio de 2020.

• Exhibit 2 A-L, Totalidad del expediente certificado del 

Anteproyecto Número090P-02803AA-C ante la Oficina de 

Permisos del Municipio Autónomo de San Juan. (Sumac 301 

antes Exhibit 3 de la parte codemandada, John Visco y 

Antilles Enterprises Inc.) (Sumac 301).

• Exhibit 3 A-L, Totalidad del expediente certificado de Permiso 

de Construcción de Cimientos número 170P-337-331 -CX-SA 

ante la Oficina de Permisos del Municipio Autónomo de San 

Juan. (Sumac 301 antes Exhibit 4 de la parte codemandada, 

John Visco y Antilles Enterprises Inc.) (Sumac 301).

• Exhibit 4 A-K, Totalidad del expediente certificado del 

Permiso de Construcción de Cimientos Número 170P-337-331 

-CX-SA-E-01 ante la Oficina de Permisos del Municipio 

Autónomo de San Juan. (Sumac 301 antes Exhibit 5 de la 

parte codemandada, John Visco y Antilles Enterprises Inc.) 

(Sumac 301).

• Exhibit 5 A-DD, Totalidad del expediente certificado del 

Permiso de Construcción de Cimientos número I7OP-337-331 

-CX-SA-E-02 ante la Oficina de Permisos del Municipio 

Autónomo de San Juan. (Sumac 302 antes Exhibit 6 de la 

parte codemandada, John Visco y Antilles Enterprises Inc.) 

(Sumac 302).

• Exhibit 6 A-H, Totalidad de expediente certificado de la 

solicitud número 180P50233AA-SA ante la Oficina de 

Permisos del Municipio Autónomo de San Juan. (Sumac 302 

antes Exhibit 7 de la parte codemandada, John Visco y 

Antilles Enterprises Inc.) (Sumac 302)

En relación con la prueba de la parte demandanteapelante, se admitió lo siguiente, véase Minuta del juicio, 

Sumac 304, 313 y 315:

• Exhibit 1, Resolución de la Oficina de Permisos del Municipio 

Autónomo de San Juan, caso número 090P-02803AA-CO 20 

de diciembre de 2012. (Sin objeción de los codemandados) 

(Sumac 289).

• Exhibit 2, Permiso de construcción de cimientos 170P37331CS-SA 11 de enero de 2018. (Sin objeción de los 

codemandados). (Sumac 289).

12 Anejos 21, 22, 23, 24 y 25 de la Apelación, a las págs. 641 – 645, 646 – 650, 

651 – 652, 653 – 656 y 657 – 658.
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• Exhibit 3, Permiso de construcción de cimientos enmendado 

17OP-37331CXSA-E-01 9 de agosto de 2018. (Sin objeción de 

los codemandados). (Sumac 289).

• Exhibit 4, Permiso de construcción de estructura Condado Blú 

16 de marzo de 2021. (Sin objeción de los codemandados). 

(Sumac 289).

• Exhibit 5, Publicación de Periódico El Nuevo Día de 17 de junio 

de 2019. (Sin objeción de los codemandados). (Sumac 289).

• Exhibit 6, Publicación de Periódico El Vocero de 19 de junio 

de 2019. (Sin objeción de los codemandados). (Sumac 289).

• Exhibit 7, Transcripción de reportaje en programa radial de 

Rubén Sánchez en WKAQ 580AM 29 de abril de 2019. (Sin 

objeción de los codemandados). (Sumac 289).

• Exhibit 8, Reportaje en Telemundo de 19 de abril de 2019, 

(video). (Sumac 289).

• Exhibit 9, Recurso de revisión administrativa procedente de 

la Oficina de Gerencia de Permisos ante el tribunal de 

Apelaciones para el caso número 2019-268486-CCO-003768 

(número KLRA202000272). (Sumac 289).

• Exhibit 10 (a), Sentencia dictada el 14 de diciembre de 2020 

por el Tribunal de Apelaciones en el recurso de revisión 

judicial para el caso número 2019- 268486-CCO-003768 

(número KLRA202000272). (Sumac 289).

• Exhibit 10 (b), Resolución dictada el 19 de marzo de 2021 por 

el Tribunal Supremo de Puerto Rico en la petición de Certiorari 

para el caso número 2019-268486-CCO-003768 (número 

KLRA202000272). (Sumac 289).

• Exhibit 10 (c), Resolución dictada el 21 de mayo de 2021 por 

el Tribunal Supremo de Puerto Rico en la solicitud de 

reconsideración para el caso número 2019-268486-CCO003768 (número KLRA202000272). (Sumac 289).

• Exhibit 11 (a), Querella número 180P-50297QC-SA ante la 

Oficina de Permisos del Municipio de San Juan. (Sumac 289).

• Exhibit 11(b), Carta de 27 de diciembre de 2018 de la Oficina 

de Permisos del Municipio Autónomo de San Juan archivando 

la querella presentada por el Sr. John Visco y/o Antilles 

Enterprises Inc. (Sumac 289).

• Exhibit 11(c), Recurso de Revisión Judicial de determinación 

emitida por la oficina de permisos del Municipio Autónomo de 

San Juan en la Querella número I 8OP-50297QC-SA (número 

KLRA2O 1900609). (Sumac 289).

• Exhibit 11(d), Sentencia dictada el 31 de agosto de 2020 por 

el Tribunal de Apelaciones en el Recurso de Revisión 

Administrativa para la querella número I 8OP-50297QC-SA 

(número KLRA2OI 900609). (Sumac 289).

• Exhibit 12, Publicación en página de Facebook de Lizzie 

Rosso de 20 de junio de 2019. (Sumac 289).

• Exhibit 13, Expediente producido por el periódico El Vocero. 

(Sumac 289).

• Exhibit 14, Expediente producido por el periódico El Nuevo 

Día. (Sumac 289).

• Exhibit 15, Correo electrónico de Román Más al Departamento 

de Recursos Naturales de 7 de abril de 2019. (Sumac 289).

• Exhibit 16, Escritura número 25 de compraventa otorgada el 

29 de junio de 2012 ante el notario público Christian 

Bernaschina Bobadilla entre Delcasse 14 Corp. y 

Clemenceau 2, LLC. (Sumac 289).

• Exhibit 17, Foto Área del Proyecto Condado Blú de 4 de mayo 

de 2019. (Sumac 289).

• Exhibit 18, Curriculum vitae CPA Alberto Fernández 

Pelegrina, (antes identificación 5-A) (Sumac 289).

• Exhibit 19, Informe pericial CPA Alberto Fernández Pelegrina, 

(antes identificación 5-B) (Sumac 289).
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En relación con la prueba de la parte demandadaapelada, Lizzie Rosso, se admitió lo siguiente, véase 

Minuta de continuación de juicio, Sumac 308:

• Exhibit 1, Carta de Condado Lagoon Residents in Action 

dirigida a Hon. Carmen Yulín Cruz, alcaldesa de San Juan 

con fecha de 13 de marzo de 2018, (antes identificación 2). 

(Sumac 290).

En relación con la prueba de la parte codemandadaapelada, Román Más Foundation Corp. y los esposos Mas 

y Martínez Orraca, se admitió lo siguiente, véase Minuta 

de continuación de juicio, Sumac 308:

• Exhibit 1, Orden de Paralización emitida por el Departamento 

de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) el 9 de abril de 

2019 por no contar con franquicia de extracción de agua para 

llevar a cabo la extracción de agua en los predios del 

proyecto. (Sumac 288).

• Exhibit 2, Acuerdo transaccional número AT-19 002 A, 

suscrito entre Clemenceau 2, LLC y el DRNA de 17 de abril 

de 2019. (Sumac 288).

• Exhibit 3, Curriculum vitae del hidrólogo ARM (antes 

identificación número 4 (Sumac 288).

• Exhibit 4, Franquicia de Agua del 17 de abril de 2019, 

Autorización número OFA-FAID6-SJ-00240-08042019 (antes 

identificación 2). (Sumac 288).

• Exhibit 5, Notificación y Orden del DRNA, caso número 19-

090-A. (antes identificación 3). (Sumac 288).

En relación con la prueba de la parte codemandadaapelada, John Visco y Antilles Enterprises Inc., se admitió 

lo siguiente:

• Exhibit 1, Resolución de Revisión Administrativa Expedita 

número 2018-245949-SDR-002776 emitida por la División de 

Revisiones Administrativas de la OGPe. (Sumac 287).

• Exhibit 2, Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de San Juan en el caso número SJ2019CV04627 

sobre Mandamus. (Sumac 287).13

A solicitud del TPI, el 24 de marzo de 2023 las partes 

presentaron sendos memorandos de derecho;

14 y así, quedó 

sometido el caso. 

El 13 de octubre de 2023,

15 el TPI emitió una Sentencia,16 en 

la cual, determinó que los apelados no difamaron a los apelantes, ni 

incurrieron en abuso del derecho al imponer múltiples reclamos y 

demandas. En específico, hizo ciento veintiséis (126) 

determinaciones de hechos,

17 que citamos in extenso:

18

1. Clemenceau 2, LLC, es una compañía privada de 

responsabilidad limitada organizada bajo las leyes del Estado 

13 Anejo 1 de la Apelación, a las págs. 3 – 6.

14 Anejos 26, 27, 28 y 29 de la Apelación, a las págs. 659 – 667, 668 – 704, 705 –

725 y 726 – 755.

15 Notificada el 16 de octubre de 2023.

16 Anejo 1 de la Apelación, a las págs. 1 – 49.

17 Id., a las págs. 6 – 32.

18 Las Determinaciones de Hechos número 1-33 son las Estipulaciones a las 

que llegaron las partes y que surgen del Informe de Conferencia con 

Antelación al Juicio. Nota original.
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Libre Asociado de Puerto Rico localizada en San Juan, Puerto 

Rico. Su dirección física y postal es la siguiente: Urb. Industrial 

Víctor Fernández, #340 Calle 3, Suite 1, San Juan, PR 00926-

4257. 

2. El codemandante, Ing. Adriel Longo Ravelo, es mayor de edad, 

ingeniero de profesión y vecino de San Juan, Puerto Rico. 

3. La Sra. Lizzie Rosso, es una persona natural casada bajo el 

régimen de capitulaciones matrimoniales con Miguel Figarella. 

La dirección conocida de la Sra. Rosso es la siguiente: 

Condominio Laguna Terrace, Apt. 11-E, 6 Calle Ramírez Baiges, 

San Juan, PR, 00907. 

4. Antilles Enterprises, Inc. es una corporación con fines de lucro 

organizada bajo las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico que, para la fecha de radicada la demanda se dedicaba, 

entre otros negocios, a la operación del “El Canario by the 

Lagoon Hotel”, propiedad que fue vendida a un tercero el 28 de 

7 octubre de 2021. La dirección postal de Antilles es la 

siguiente: PO Box 16026, San Juan, PR, 00908.

5. El Sr. John Visco es mayor de edad y soltero. El Sr. Visco actúa 

por sí y en representación de Antilles Enterprises, Inc. y, 

además, es el presidente de Antilles Enterprises, Inc. 

6. El Sr. Ángel Román Más es mayor de edad, hidrólogo de 

profesión y está casado con Aurora Martínez Orraca, con quien 

mantiene una sociedad legal de gananciales. La dirección física 

y postal del codemandado Román es: Calle Yunque #573, Urb. 

Summit Hills, San Juan, PR, 00920.

7. Román-Más Foundation, Corp. es una corporación sin fines de 

lucro, debidamente organizada y creada bajo las leyes del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico con dirección física en la 

Calle Yunque #573, Urb. Summit Hills, San Juan, PR 00920. La 

dirección postal del Román-Más Foundation es PO Box 11850, 

MSC 582, San Juan, PR, 00922-1850. 

8. Para el periodo objeto de las alegaciones de la demanda 

enmendada, Clemenceau 2, LLC era la dueña de un predio de 

terreno localizado en el número 14 de la Calle Delcasse y en el 

número 2 de la Calle Clemenceau del sector El Condado, Barrio 

Santurce del Municipio Autónomo de San Juan. 

9. El 22 de febrero de 2007, Delcasse 14, Corp. presentó ante la 

extinta Administración de Reglamentos y Permisos (“ARPe”) el 

anteproyecto 07AA2-CET00-01576 para la construcción de un 

edificio residencial multifamiliar de 23 apartamentos a erigirse 

en la Propiedad. 

10.El 16 de junio de 2008, la ARPe emitió una Resolución 

autorizando el anteproyecto 07AA2-CET00-01576 a Delcasse 

14, Corp. 

11.El 5 de noviembre de 2009, Delcasse 14, Corp. presentó ante 

la Oficina de Permisos del Municipio Autónomo de San Juan (en 

adelante “OP-MSJ”) la solicitud 09OP-02803-AA-CO para 

enmendar el anteproyecto 07AA2-CET00- 01576 y aumentar el 

número de unidades de apartamento de 23 a 56. 

12.El 29 de junio de 2012 Clemenceau 2, LLC adquirió mediante 

la Escritura de Compraventa número 25 ante el notario Cristian 

Bernaschina Bobadilla el inmueble donde hoy ubica la 

construcción del proyecto Condado Blú. 

13.El 20 de diciembre de 2016, Clemenceau 2, LLC presentó ante 

la OP-MSJ la solicitud 170P-37331-CX-SA para construir los 

cimientos del edificio propuesto en el anteproyecto 09OP02803-AA-CO. 

14.El 11 de enero de 2018, la OP-MSJ le expidió a Clemenceau 2, 

LLC el Permiso de Construcción de Cimientos 17OP-37331-CXSA. 

15.El 15 de mayo de 2018, la Oficina de Gerencia de Permisos (en 

adelante la “OGPe”) emitió el “Permiso de Extracción Incidental 

a una Obra Autorizada por la Oficina de Gerencia de Permisos 

(OGPe)” 2018-215682-PCT-002632. Sujeto a la presentación 

del documento en evidencia. 
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16.El Sr. John Visco y Antilles Enterprises, Inc., presentaron el 18 

de junio de 2018 ante el Tribunal de Primera Instancia de San 

Juan una Petición de Injunction, Caso Civil Núm. 

SJ2018CV04459. 

17.El 9 de agosto de 2018, a solicitud de Clemenceau 2, LLC la 

OP-MSJ enmendó el Permiso de Construcción de Cimientos 

17OP-37331CX-SA-E-01. Sujeto a la presentación del 

documento en evidencia. 

18.Mediante Sentencia emitida el 27 de agosto de 2018, el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan desestimó la 

Petición de Injunction, objeto del caso SJ2018CV04459, por no 

haberse agotado los procedimientos administrativos ante la 

pendencia de la Solicitud de Auditoría presentada ante la Junta 

de Planificación quien no había aun resuelto el asunto. 

19.El 6 de septiembre de 2018 el Sr. John Visco y Antilles 

Enterprises, Inc., presentó un recurso de apelación ante el 

Tribunal de Apelaciones (Caso Núm. KLAN2018-00986) 

solicitando que revisara la sentencia del Tribunal de Primera 

Instancia que había desestimado la demanda. 

20.El 7 de noviembre de 2018, el Tribunal de Apelaciones dictó 

Sentencia en el caso KLAN2018-00986 confirmando la 

sentencia del Tribunal de Primera Instancia y concluyendo que 

Antilles Enterprises, Inc., no había agotado los remedios 

administrativos que iniciaron con la presentación de la solicitud 

de auditoría ante la Junta de Planificación. 

21.El 4 de diciembre de 2018 Clemenceau 2, LLC presentó ante la 

Oficina de Permisos del Municipio de San Juan una enmienda 

al anteproyecto 090P02803AA-Co para reducir el número de 

apartamentos propuestos de 46 a 28. 

22.El 5 de diciembre de 2018 Antilles Enterprises, Inc. presentó 

una “Solicitud de Intervención” ante la Oficina de Permisos del 

Municipio de San Juan. 

23.El 27 de diciembre de 2018, la Oficina de Permisos del 

Municipio de San Juan archivó la Solicitud de Intervención. 

24.Antilles Enterprises, Inc., presentó el 5 de diciembre de 2018 

una petición de Injunction ante el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de San Juan, Caso Núm. 

SJ2018CV10480. 

25.El 17 de enero de 2019, notificada el 18 de enero de 2019, el 

Tribunal de Primera Instancia (Caso Núm. SJ2018CV10480) 

dictó Sentencia desestimando la petición de interdicto 

(“injunction”). 

26.El 31 de enero de 2019, los demandados Visco y Antilles 

presentaron una apelación ante el Tribunal de Apelaciones 

(Caso Núm. KLAN2019-00113) solicitando que revocara la 

Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia en el 

caso SJ2018CV10480. 

27.El 14 de febrero de 2019, el Tribunal de Apelaciones dictó 

Sentencia en el caso KLAN2019-00113. 

28.El 22 de noviembre de 2019, el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de San Juan, Caso Núm. SJ2018CV10480, dictó 

Sentencia Parcial. 

29.El 9 de enero de 2020, el codemandado Antilles presentó otra 

apelación ante el Tribunal de Apelaciones (Caso Núm. 

KLRA0200015), cuestionando la Sentencia Parcial dictada por 

el Tribunal de Primera Instancia, y la misma fue confirmada el 

29 de noviembre de 2021. 

30.Los codemandados Antilles presentaron el 2 de octubre de 

2019, una solicitud de revisión judicial de la determinación de 

la Oficina de Permisos del Municipio de San Juan en la Querella 

Núm. 180P-50297QC-SA ante el Tribunal de Apelaciones (Caso 

número KLRA201900609), la cual también fue desestimada 

por ese foro por falta de jurisdicción mediante Sentencia 

fechada 31 de agosto de 2020. 

31.El 29 de abril de 2019 las partes codemandadas, el Sr. Visco, 

Sra. Rosso y Sr. Román-Mas participaron del programa radial 
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de Rubén Sánchez en la emisora WKAQ 580AM. Se estipula 

autenticidad de la transcripción de la entrevista radial. 

32.Se estipulan las publicaciones realizadas el 17 de junio de 

2019 y 19 de junio de 2019 en los periódicos El Nuevo Día y El 

Vocero, respectivamente (“las Publicaciones”). 

33.El Sr. Visco y/o Antilles pagaron el costo de las Publicaciones.

Además de las Estipulaciones presentadas por las partes, se 

determinan los siguientes hechos conforme a la prueba: 

34.El ingeniero Jorge Guerrero Miranda es ingeniero civil y se 

dedica al desarrollo de proyectos de construcción tanto 

residenciales como comerciales. Tiene experiencia en la 

conceptualización de desarrollo y gerencia de proyectos de 

proyectos. Es el vicepresidente de la parte codemandante, 

Clemenceau 2 LLC. Entre sus deberes y funciones se encuentra 

el desarrollo de proyectos, gerencia de contratos y diseño. En 

relación con el proyecto Condado Blú expuso que visitaba el 

mismo una o dos veces por semana. Mensualmente se tomaban 

fotos aéreas. Identificó el predio de terreno donde ubica 

Condado Blú y el edificio del lado izquierdo, como el Hotel El

Canario. Exhibit 1 (n), demandante. 

35.Conforme el testimonio del Ing. Guerrero Miranda, el proyecto 

se desarrolló en dos fases: la Fase I de construcción de 

cimientos y la Fase II de construcción de la torre de 

apartamentos y estacionamiento. Para la Fase I de 

construcción de cimientos, Clemenceau contó con un Permiso de 

Construcción aprobado y expedido el 11 de enero de 2018 por 

la Oficina de Permisos del Municipio Autónomo de San Juan 

(Núm. 17OP-37331CX-SA). Exhibit 2, parte demandante. 

36.Posteriormente, fue enmendado por el Permiso de Construcción 

Núm. 17OP37331CX-SA-E-01 aprobado y expedido el 9 de 

agosto de 2018 para sustituir el sistema de pilotes por un “mat 

foundation”. Exhibit 3, parte demandante. 

37.Para la Fase II de construcción del edificio, Clemenceau contó 

con un Permiso de Construcción aprobado y expedido el 16 de 

marzo de 2021 por la Oficina de Permisos del Municipio 

Autónomo de San Juan (Núm. 17OP-37331CX-SAE-02). Exhibit 

4, parte demandante. Para la fecha de juicio esa segunda fase 

no se había culminado. 

38.Para las fechas en que los demandados hacen las expresiones 

públicas que se alega son difamatorias, Clemenceau tenía un 

permiso de construcción para la Fase 1, no así para la Fase 2. 

No obstante, durante ese periodo de la Fase 1, el permiso de

cimientos era para 46 apartamentos y no para 26. 

39.El Ing. Adriel Longo Ravelo, es el principal oficial de 

Clemenceau, y desde el comienzo de su carrera profesional en 

el año 1961, se ha desempeñado como ingeniero y 

desarrollador de proyectos de construcción hasta el presente. 

El Ing. Longo es el fundador de la firma de ingenieros eléctricos 

de Puerto Rico, Bermúdez, Longo & Díaz-Massó, así como de 

diversas compañías dedicadas al desarrollo y construcción de 

viviendas y fábricas de materiales, contando así con una 

reconocida y larga trayectoria profesional en la industria de la 

construcción en Puerto Rico. 

40.Guerrero Miranda indicó que, para el 4 de mayo de 2019, el 

proyecto Condado Blú se encontraba en la etapa de 

construcción de cimientos, la cual consistió en el mejoramiento 

de suelos, que a su vez consistió en barrenar para establecer 

los pilotes. Para esa fecha, ese era el único trabajo que se 

realizaba pues era la primera fase de construcción de 

cimientos. Para esa fecha, tenían aprobado el permiso de 

construcción de cimientos, mas no tenían el permiso de 

construcción de la torre. 

41.Para el mes de marzo de 2018, el Ing. Guerrero Miranda conoció 

a la codemandada Lizzie Rosso. El 21 de marzo de 2018 la 

codemandada Lizzie Rosso, acompañada de la licenciada 
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Marisol Jiménez, se reunieron con el Ing. Guerrero Miranda, la 

corredora de bienes raíces Shylene Cox y el codemandante, Ing. 

Longo en la Oficina de Ventas. En esa cita, la codemandada 

Rosso participó como representante de la comunidad y expuso 

a los ingenieros su preocupación con el desarrollo del proyecto 

en relación con el impacto que esto tendría para la comunidad, 

en particular en cuanto al tránsito y el sistema sanitario. 

Además, según admitido por el Ing. Longo, preguntó si el 

proyecto contaba con todos los endosos necesarios y permisos. 

Luego caminaron por el área aledaña para atender la 

preocupación de Rosso. Según el testimonio de Guerrero 

Miranda, luego de caminar el área, no identificaron ninguna de 

las situaciones expresadas por Rosso. En la reunión, el Ing. 

Guerrero Miranda expuso también el interés del desarrollador 

en mejorar el entorno del área, en particular se expuso la idea 

de mejorar el sistema de cables eléctricos y tendido telefónico 

para aunar esfuerzos y soterrarlos. 

42.Conforme el testimonio del Ing. Guerrero Miranda, la señora 

Rosso no solicitó ver permiso alguno de la construcción en dicha 

reunión a pesar de que se le indicó que tenían los permisos 

necesarios para los trabajos que se estaban realizando en ese 

momento. La reunión duró alrededor de hora y media y fue una 

cordial. 

43.Sobre la reunión, el Ing. Longo expuso que se le indicó a Rosso 

que tenían los permisos, unos preliminares y otros finales y se 

les informó que el proyecto sería de solo 26 apartamentos. Sin 

embargo, según surge de la prueba, el permiso aprobado a esa 

fecha era uno de cimientos para 48 apartamentos. 

44.Luego de la reunión, Longo expresó en su testimonio que trató 

de comunicarse con Rosso en varias ocasiones sin éxito, por lo 

que la relación con la comunidad se terminó. 

45.El Exhibit 1, estipulado, Resolución de Consulta de 

Construcción de la Oficina de Gerencia de Permisos, el cual 

autoriza la construcción de la segunda fase, contiene un detalle 

de los permisos y procesos administrativos, así como las 

enmiendas al proyecto desde su concepción. 

46.El 4 de abril de 2018 se presentó una querella ante la Junta de 

Planificación por Antilles Enterprises h/n/c El Canario Hotel By 

The Lagoon, el condominio Le Rivage y el Condominio Laguna 

Terrace, en la cual se solicitó la revocación de la aprobación del 

anteproyecto 09OP-02803-AA-CO y del Permiso de 

Construcción de Cimientos.17 OP-37331-CX-SA-E-01. 

47.Los codemandados Visco, Más y Martínez Orraca, Más 

Foundation y Rosso no forman parte como querellantes en 

dicho procedimiento administrativo. 

48.Para el Ing. Guerrero Miranda fue una sorpresa, toda vez que 

dos semanas antes había tenido la reunión con la 

codemandada Rosso. Sin completarse dicho proceso, el 18 de 

junio de 2018, Antilles Enterprises h/n/c El Canario Hotel By 

The Lagoon, el condominio Le Rivage, condominio Del Mar, 

Condominio Chateau Lagoon y el Condominio Laguna Terrace 

presentaron un recurso de Injunction ante el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, 

SJ2018CV04459, en la cual se solicitó la paralización del 

proyecto. Dicho caso fue archivado por no haberse agotado los 

procedimientos administrativos. Véase Exhibit 11(a), parte 

demandante, Querella 18 OP-50297QC-SA ante la Oficina de 

Permisos del Municipio Autónomo de San Juan, presentada el 

5 de diciembre de 2018. El proyecto no fue paralizado. 

49.El único codemandado que fue parte en dicha demanda es 

Antilles Enterprises. 

50.Para agosto de 2018 se había comenzado los trabajos de la 

primera fase. La única enmienda que se solicitó al permiso 

tenía que ver con un cambio en la fundación para cambiarla de 

pilotes a mat foundation. 
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51.El 28 de septiembre de 2018, Clemenceau presentó ante la OPMSJ la solicitud de permiso de construcción 17OP-37331CXSA-E-02 para construir el edificio residencial aprobado en el 

anteproyecto 09OP-02803-AA-CO, pero reduciendo el número 

de apartamentos de 46 a 28. No obstante, el 3 de octubre de 

2018, la OP-MSJ requirió a Clemenceau someter evidencia del 

anteproyecto que le autorizaba a reducir el número de 

apartamentos a 28. 

52.El 5 de diciembre de 2018, Antilles Enterprises Inc. h/n/n El 

Canario by the Lagoon Hotel presentó ante la OP-MSJ la 

querella 18 OP-50297QC-SA. En la querella se marcó como 

“violación”: “uso no autorizado de permiso” y “violación en 

permiso de construcción autorizado”. En la parte descriptiva se 

expuso: 

Se solicita que se investiguen los hechos que a 

continuación se exponen: 

Por motivo de la ejecución de la obra de construcción de 

realizada para el proyecto Condado Blú, se comenzó la 

extracción y movimiento de terrenos en los solares 

colindantes a la parte demandante. La obra llevada a 

cabo ha eliminado toda estructura de soporte en los 

predios donde se está construyendo. La ejecución de la 

obra ha provocado que una pared ubicada dentro de los 

predios de los querellantes corra inminente peligro de 

derrumbe. Los querellantes en aras de mitigar los daños 

autorizaron a que se colocaran unos soportes dentro de su 

propiedad. El constante movimiento de los terrenos en los 

solares de los querellantes está causando los siguientes 

daños: a. Inminente riesgo de colapso de la verja de los 

querellantes; b. Se están socavando los cimientos de la 

propiedad de los querellantes; c. Se está causando daño 

estructural en el portal delantero de la propiedad de los 

querellantes; se ha inutilizado el acceso vehicular al 

predio de los querellantes que sirve de estacionamiento y 

área de carga de la propiedad. En estos momentos no se 

pueden entrar vehículos al solar; d. No se llevó a cabo un 

“Risk Management Report” al estar llevándose a cabo 

construcción en plena colindancia; e. Los solares donde 

se realizan las obras están constantemente inundados. A 

pesar de tener operando varias bombas de extracción de 

agua, el terreno sigue inundado y esto provoca que los 

cimientos de la propiedad de los querellantes se sigan 

socavando. Los hechos antes descritos están causando 

ruina en el solar de los querellantes. Está causando daños 

a la propiedad de los querellantes. 

Exhibit 11(a), parte demandante. 

53.El 17 de abril de 2019 ante los reporteros Jorge Rivera Nieves 

y Luis Guardiola se transmitió un reportaje televisivo en la 

cadena Telemundo, canal 2, Telenoticias. Véase Exhibit 8, 

parte demandante. (Sumac 299). En esta fueron entrevistados, 

la codemandada Lizzie Rosso, como residente del Condominio 

Laguna Terrace, la Sra. María Jiménez, residente del Condado 

(quien no es parte en este pleito) y el codemandado John Visco 

como propietario del Hotel Canario Lagoon. 

54.A continuación, la transcripción del reportaje de Telenoticias: 

Sr. Jorge Rivera Nieves

Vecinos de un lujoso proyecto de apartamentos en el 

Condado reclamaron hoy la paralización de la obra, que, 

según ellos, amenaza la estabilidad social de la zona, más 

las estructuras existentes. Hoy Telenoticias constató los 

daños en varios edificios aledaños causados por la 
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extracción de agua del subsuelo. Luis Guardiola con las 

imágenes que verás en este reportaje solo en Telenoticias. 

Sr. Luis Guardiola 

Desde un inicio hace más de dos años vecinos del 

Condominio Condado Blú se oponen a la obra, que, en su 

versión más reciente, tendrá 14 pisos y 28 apartamentos, 

ubicados en un predio de apenas 750 metros cuadrados. 

Sra. Lissy Rosso 

Hay una densidad enorme aquí en este pequeño pedazo y 

esta infraestructura es bien antigua. 

Sr. Luis Guardiola 

La construcción del multipisos agravaría, entre otros, el 

servicio de alcantarillados y el tránsito. Ellos alegan que 

aún sin poner un bloque aquí, la obra desarrollada por la 

empresa Clemenceau 2, presenta serias amenazas. 

Sra. Lissy Rosso 

Desde el primer día que ellos empezaron a excavar en el 

área, empezó a salir agua. 

Sr. Luis Guardiola 

El agua salobre, que brota a través del subsuelo, comenzó 

a llenar hace unos días la enorme fosa de los cimientos del 

edificio. Extraerla y depositarla en la laguna, también 

causa estragos. 

Sra. María Jiménez 

Se está teniendo también un efecto negativo estructurar en 

las calles y en las propiedades aledañas. 

Sr. Luis Guardiola 

Una de ellas es El Canario Lagoon, un pequeño hotel 

propiedad de John Visco, que se está hundiendo. 

Sr. John Visco 

Todos los expertos, inclusive los expertos de ellos han, 

han... han indicado que esto es peligroso en esta área, 

porque estos son la arena de Santurce, que es 

exclusivamente arena y agua. 

Sr. Luis Guardiola 

¿Si le saca el agua? 

Sr. John Visco 

Se colapsa.

Sr. Luis Guardiola 

El suelo, algunas paredes y esta verja que separa su 

propiedad del predio a construirse comenzaron a agrietarse 

al mes de iniciar la excavación. 

El efecto de la construcción en este edificio es fácilmente 

perceptible. Esa grieta circunvala todo el hotel. En algunos 

puntos puede llegar a ser hasta de una pulgada. Por aquí 

transcurren tuberías de todo tipo, incluso, de gas. 
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Visco demandó al desarrollador por los daños al hotel. El 

pleito está pendiente en el Tribunal de San Juan. 

Sr. John Visco

No hemos visto permiso de construcción. No tenían permiso 

de, del... de sacar el agua. 

Sr. Luis Guardiola 

En tanto, un grupo de vecinos cuestionó los permisos 

otorgados y solicitó la paralización del proyecto. 

El Tribunal les instruyó a agotar primero los procesos ante 

la Junta de Planificación. 

Sra. María Jiménez 

No les importa verdaderamente qué es lo que está 

sucediendo en esta área. 

Sr. Luis Guardiola 

En un comunicado enviado a nuestra redacción, el 

ingeniero Adriel Longo, Presidente de la empresa 

desarrolladora, aseguró que el proyecto cuenta con todos 

los permisos y endosos municipales y estatales. Para 

Telenoticias, Luis Guardiola.

Véase Exhibit 8, parte demandante. 

55.El 29 de abril de 2019 se transmitió una entrevista con Rubén 

Sánchez en su programa radial. Las partes codemandadas, Sr. 

John Visco y su empresa Antilles Enterprises, Inc., la Sra. Lizzie 

Rosso, Marisol Jiménez19 y el Sr. Angel Román-Más, como 

representantes y portavoces de la comunidad y de la 

Fundación Román-Más, Inc. y de lo que denominaron como “Los 

Vecinos de la Laguna del Condado”, expresaron lo siguiente:

Sr. Sánchez

Seguro. Bienvenidos. Ustedes están aquí por una razón 

muy particular de una construcción que se sale de 

proporción a lo que resiste la zona donde ustedes viven.

Lizzie Rosso

Es correcto. Nosotros somos un grupo que nos 

organizamos hace ya más de un año, que estamos 

trabajando con varios asuntos en la comunidad, entre 

ellos las inundaciones que tenemos continuamente en las 

Calles Delcasse, Mariano Ramírez y, pues estamos 

bregando con toda la problemática y para empeorar la 

situación tenemos esta construcción de un condominio que 

no cuenta con los permisos y que...

No cuenta con los permisos. Se han otorgado unos 

permisos que después se han revocado. Nosotros estamos 

en el Tribunal, porque este proyecto no cumple con la 

densidad que requiere el área. Nosotros... Este es un 

proyecto donde es un solar de 750 metros y pretenden 

construir un condominio de catorce pisos... 

Lo que permite la densidad, como esto, cosas técnicas, y 

aquí tenemos al ingeniero Ángel Román, que es el perito 

19 La señora Marisol Jiménez no fue demandada. Nota original.
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que está trabajando con nosotros, lo que permite este tipo 

de solar es una construcción de 350 por ciento del área 

del solar y el proyecto que ellos están proponiendo es de 

753 por ciento del área del solar. En un área que está 

completamente, la infraestructura está comprometida...

[...]

Sr. Sánchez

Aledañas a la laguna, que en un periodo del año aquello 

sube el nivel del mar y se llena aquello allí de agua. Yo lo 

he visto mil veces.

Sra. Rosso

Mira, esto es increíble...Lo más increíble de todo es que 

nosotros pusimos una querella en Recursos Naturales, 

porque estaban extrayendo agua y echándola en la 

laguna y tardaron cuatro meses en contestar la querella y 

en nueve días le dieron el permiso, en Semana Santa, al 

desarrollador. 

Y yo quisiera saber cómo es que Recursos Naturales, para 

atender una querella de esta naturaleza, donde están 

llevando agua a la laguna, que están extrayendo, tardan 

cuatro meses para responder una querella y en nueve 

días dan un permiso.

[...]

Y también hay un ‘injunction’ que está pendiente, que 

radicó El Canario By The Lagoon por los daños 

estructurales que le está causando la obra en su 

ejecución.

Expresiones Sr. Visco:

El Canario es un pequeño hotel en la Calle Clemenceau, 

que existe desde los 1960. Tan pronto empezó la 

extracción de agua, al final de septiembre del año pasado, 

ya para mediados de octubre habían grietas en todo el 

perímetro del hotel y se ha continuado desplazando y 

hundiéndose. Donde las grietas ya llegan al punto donde 

se le puede introducir la mano a la grieta. 

Tenemos peritos estructurales monitoreando...

Expresiones de Román Mas:

Nuestra, nuestra área de, de “expertise” es el área de la 

hidrología y hemos estado asistiendo a los vecinos en 

estos asuntos de inundabilidad y, en particular, en este 

caso resulta que este condominio cuando se van a hacer 

los cimientos se encuentra en un nivel freático muy alto y 

tienen que empezar a bombear para poder drenar el lugar 

y crear los cimientos.

[...]

O sea, el área ya tiene un uso densificado que no aguanta 

más, pero este caso en particular, estas extracciones de 

aguas subterráneas que se dieron sin permiso, que se 

empezaron a comenzar en el año 2018 sin obtener un 

permiso del Departamento de Recursos Naturales.

El propósito de esas extracciones es bajar el nivel freático, 

al bajar el nivel freático, no solamente en su espacio, sino 

en las estructuras aledañas, tanto públicas, o sea, 

carreteras, etcétera, como los edificios que hay, ha 

causado una subsidencia de los suelos, lo cual a su vez 

crea que todos los edificios y todas las demás estructuras 

se empiecen a tener agrietamientos, empiecen a tener 

problemas estructurales. Como bien mencionaran, esto 

por espacio de ocho meses ocurre sin un permiso del 
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Departamento de Recursos Naturales, lo traemos a la 

atención del departamento, el departamento tarda casi 

cuatro meses o más en reaccionar al asunto. 

Más aún, el permiso que se le otorga es un permiso para 

36 galones por minuto, por ocho horas de extracción. 

Ahora mismo ese permiso también se está violando. Las 

extracciones ocurren a una tasa mucho más alta que los 

36 galones por minuto y las extracciones ocurren 24 horas 

al día, siete días a la semana. Así que, estas personas no 

solamente no tenían permiso en un principio, violan el 

permiso que incorrectamente el Departamento de 

Recursos Naturales y Ambientales le otorga.

[...]

La situación más crítica es el asunto este de las 

extracciones de aguas subterráneas que se están dando 

allí, porque esas extracciones están provocando serios 

defectos estructurales en todas las estructuras, valga la 

redundancia, aledañas e incluyendo la carretera, uno 

puede ver los hundimientos en el asfalto. 

Así que, el departamento realmente, pues el 

Departamento de Recursos Naturales actuó viendo 

solamente una parte, supuestamente hay unos 

procedimientos que ellos van a implementar, pero esos 

procedimientos no se han implementado y no son 

procedimientos que vayan a ser hábil en términos de 

poder resolver los problemas que tenemos o de paralizar 

los problemas que tenemos en las estructuras aledañas.

Así que, de primera instancia y más importante aún, la 

actuación del Departamento de Recursos Naturales sobre 

estas extracciones de aguas subterráneas, que al final del 

día están siendo descargadas 

Condado, lo cual también implica una violación a las leyes 

y reglas existentes.

Exhibit 7, parte demandante.

56.En dicha entrevista se identificó al proponente del proyecto 

como Clemenceau LLC, siendo el proyecto Condado Blú y se 

informó que los entrevistados esperaban la respuesta de 

Recursos Naturales y la Junta de Planificación.

57.Posteriormente, el codemandado Antilles y John Visco 

presentaron un segundo recurso judicial sobre Injunction. En 

dicho caso solicitaron la paralización del proyecto por alegados 

daños causados a la propiedad de Antilles. Luego de una vista 

ocular, se determinó que las grietas del edificio donde ubica el 

Hotel El Canario eran preexistentes. El caso se archivó. 

Estipulación de Hechos, núm. 20.

58.El 17 de junio de 2019, hubo una publicación de un anuncio en 

el periódico el Nuevo Día y otra de 19 de junio de 2019 en el 

periódico El Vocero. Del mismo surge que el anuncio fue pagado 

por Vecinos Laguna de Condado, Exhibit 5 y 6, parte 

demandante. De la prueba admitida, surge que el Sr. Visco 

pagó por ambas publicaciones. Román Más en representación 

de la Fundación Román Más autorizó las publicaciones. La Sra. 

Rosso testificó que estuvo de acuerdo con éstas. 

59.Del Exhibit 5, parte demandante surge que la publicación se 

titula “La comunidad del Condado y Fundación Protectora del 

Medio Ambiente Denuncian al Proyecto condado Blú y Piden a 

la OGPe Celebración de Vistas Públicas”. En síntesis, la 

publicación indica se trata de vecinos del Condado que 

“...somos víctimas de la negligencia de las agencias del 

Gobierno, el Tribunal y el Municipio de San Juan; los cuales han 

permitido que el desarrollador Clemenceau II, LLC (Adriel 

Longo), construya el edificio Condado Blú, sin permisos, 

causando daños irreparables a la infraestructura de la 

comunidad y al medio ambiente. A pesar de que hemos llevado 
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nuestros reclamos a los tribunales, agencias gubernamentales 

y al Municipio de San Juan, los mismos han sido ignorados, 

mientras que la construcción de Condado Blú sigue adelante 

afectando cientos de familias, turistas que se hospedan en 

hoteles colindantes y la flora y fauna de la Laguna del 

Condado.” La publicación expone que el proyecto fue aprobado 

sin autoridad del Municipio de San Juan y que era para 46 

apartamentos y no 26 como se propone construir, entre otras 

quejas que incluye la insatisfacción del grupo con las 

determinaciones administrativas y judiciales.

60.El Exhibit 6, parte demandante surge la publicación en el 

periódico El Vocero, la cual el contenido es prácticamente igual 

y el título es “AVISO IMPORTANTE, La Comunidad del Condado 

y Fundación Protectora del Medio Ambiente, Denuncian al 

Proyecto Condado Blú y Piden a la OGPe Celebración de Vistas 

Públicas”.

61.El 11 de diciembre de 2019, se emitió Sentencia Nunc Pro Tunc 

en el caso SJ2018CV10480. En la misma, luego de una 

inspección celebrada el 19 de julio de 2019, se desestimó la 

demanda presentada por Antilles. Todas las expresiones de los 

demandados fueron previas a dicha determinación judicial.

62.En el contrainterrogatorio, Guerrero Miranda admitió que en 

abril de 2019 las obras fueron paralizadas por el Departamento 

de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA). Dicha 

paralización se debió a que faltaba el permiso de 

extracción, una franquicia de agua para extraer agua 

subterránea. Esta situación provocó la imposición de una 

multa por el DRNA a Clemenceau. A su vez, dicha 

determinación final sobre la multa constituyó un 

acuerdo transaccional entre Clemenceau y el ente 

administrativo. Clemenceau tuvo que solicitar el permiso 

de franquicias de agua el 9 de abril de 2019, otorgado el 

17 de abril de 2019.

20

63.Guerrero Miranda admitió que, para agosto de 2018, cuando 

se comenzaron los trabajos de la primera fase, no tenía 

permiso de extracción de agua. Indicó que no era requisito, 

aunque admitió que el DRNA paralizó la obra en abril de 2019 

debido a ello. Indicó que cuando se comenzaron los trabajos 

para agosto a octubre de 2018, comenzó a salir mucha agua y 

el inspector de la obra constató que cuando se excavaba se 

volvía a llenar de agua. Explicó que ello es así en toda el área 

aledaña a la Laguna de Condado, pero que esto no implica que 

requiriera un permiso de extracción de agua puesto que eso no 

era lo que se estaba realizando. No obstante, el DRNA 

requirió el permiso.

21

64.Para el 2012, Condado Blú era el único proyecto que tenía 

Clemenceau. En el 2016 se solicitó por primera vez el permiso 

de cimientos y en enero de 2018 se emite el primer permiso de 

apartamentos para 46 apartamentos. 

65.Para diciembre de 2018, Clemenceau obtuvo el primer permiso 

basado en 46 apartamentos. Es el permiso de cimientos. El 20 

de marzo de 2018, se comenzó a hacer un esfuerzo de 

ventas. Para esa fecha no tenían el permiso para 

construir la torre, ni tampoco se estaba construyendo la 

misma.

22

66.El 22 de abril de 2019, el Municipio de San Juan le informó a 

Clemenceau que no tenía jurisdicción para evaluar el 

Anteproyecto de 28 apartamentos. Además, le indicó que el 

proyecto no cumplía con la densidad. Para esa fecha ya se 

había dictado Sentencia en el primer caso de Injunction.

67.En relación con el proceso administrativo ante la OGPe, Exhibit 

1 estipulado, Guerrero Miranda admitió que la codemandada 

Rosso no declaró ni fue parte. Indicó que fue un procedimiento 

20 Énfasis nuestro.

21 Id.

22 Id.
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en el cual se presentó prueba pericial por parte de Román Más 

y Clemenceau.

68.Shylene Cox es la corredora de bienes raíces que la parte 

demandante contrató para las ventas del proyecto. Para 

febrero de 2018 ya existía una oficina de ventas, tenían 

maqueta y anuncios de ventas. Existía un permiso para los 

cimientos y se colocó en el proyecto el letrero correspondiente 

con el número de proyecto y permisos. A esa fecha no había 

ninguna oferta por futuros compradores. Shylene Cox fue 

anunciada como testigo de la parte demandante, pero 

renunciada. No se presentó evidencia alguna de pérdida de 

prospectos compradores por las actuaciones de los 

demandados.

69.La primera fase de cimientos se finalizó cerca del 13 o 14 de 

julio de 2019. A esa fecha no podían comenzar con la segunda 

fase pues aún no tenían el permiso de construcción de la torre. 

La parte demandante no había comenzado con la construcción 

de la segunda fase. En enero de 2021, luego de la presentación 

de esta demanda, fue que se presentó el permiso para la torre 

de 26 apartamentos.

70.Al momento de las expresiones de los demandados objeto de 

este caso por alegada difamación, existía el permiso de 

cimientos que era lo que se estaba construyendo. Sin 

embargo, ese permiso era para 46 apartamentos y no 26 

como era la intención del desarrollador, Clemenceau. 

Conforme el Exhibit 1, conjunto, la OGPe autorizó el 17 de julio 

de 2020 la construcción de la torre.23

71.El codemandante, Ing. Longo, tiene más de 60 años de 

experiencia en la industria de construcción en Puerto Rico. 

Desde el 2012 está retirado como ingeniero, pero continua 

activo en desarrollo de proyectos. Ha recibido reconocimientos 

en su ejecutoria profesional. Según su testimonio, previo a los 

incidentes que motivan esta demanda, nunca había tenido que 

recurrir al Tribunal por oposición a sus proyectos. 

72.El proyecto Condado Blú se concibió originalmente en el año 

2012, pero no fue hasta el 2018 que comenzaron con la obra de 

cimientos. Se había proyectado que la construcción terminaría 

en dos años y medio, alrededor del año 2021.

73.Longo testificó, al igual que Guerrero, que el proyecto estaba 

concebido en dos fases. La primera de los cimientos y la 

segunda, la construcción de la torre. Expuso que la construcción 

de cimentación tomaba tiempo, dado la calidad del suelo, por 

lo que había que hacerla en pilotes. 

74.El proyecto fue financiado por Clemenceau 2, LLC y 

aportaciones de capital de sus socios de alrededor de 1.6 

millones de dólares, más el costo de la inversión en la compra 

de la propiedad de $2 millones, para un total de $4.6 millones.

75.Longo expresó que el permiso de construcción original era para 

un edificio de 46 apartamentos. Sin embargo, estuvieron 

observando el mercado para demostrar al banco la viabilidad 

del proyecto y lograr su financiamiento. En ese momento 

decidieron modificar y cambiar el proyecto para uno de menos 

unidades, de 46 a 26 unidades. Explicó que 46 unidades para 

efectos de densidad pueden ser igual a un proyecto de 26 

apartamentos, puesto que la densidad depende del tamaño del 

solar. Expuso que desde que obtuvieron el permiso preliminar, 

no hubo variaciones en cuanto al edificio, solo en cuanto a su 

división interna.

76.Sobre las publicaciones, Longo expresó que fue una sorpresa 

desagradable, un evento traumático y un ataque personal que 

ponía en entredicho su nombre y reputación. Por tanto, eso fue 

“la gota que colmó la copa” y ese día “...decidí demandar 

por difamación porque era la única manera de 

detenerlos”, refiriéndose a los demandados. Expuso que tuvo 

23 Énfasis nuestro.
KLAN202301081 18

que dar explicaciones a colegas que le preguntaron sobre si 

tenía o no permisos para la obra y que nunca había estado 

expuesto a algo así. Longo no expresó a quiénes tuvo que dar 

explicaciones, ni presentó prueba sobre daños a su reputación 

personal o como representante de Clemenceau 2.24

77.En el interrogatorio directo, Longo expuso que las dilaciones 

en la obra entre julio de 2019 a marzo de 2021 fueron 

ocasionadas por los trámites ante la OGPe, las vistas 

públicas y la oposición de los demandados. Estos 

procedimientos tuvieron un efecto de dilatar la conclusión de la 

obra y encarecer la misma ante el alza en los materiales y 

costos de construcción.25

78.En el contrainterrogatorio, Longo admitió que para el 2017 el 

anteproyecto aprobado era de 46 apartamentos y no de 26 que 

era lo que estaban construyendo en su etapa de cimientos. En 

enero de 2018 había un preliminar aprobado para 48 

apartamentos, 18.4 unidades de vivienda básica, lo que 

cambió fue la distribución interior de los pisos. Admitió que 

solicitó al Municipio de San Juan un nuevo anteproyecto para 

construir una torre de apartamentos en un expediente nuevo, lo 

cual fue denegado y, por tanto, acudió en un recurso de 

Mandamus al Tribunal. 

79.Longo admitió que no conoce a todos los integrantes del grupo 

“Vecinos de la Laguna de Condado”. 

80.Longo admitió que en ninguno de los procedimientos 

administrativos y/o judiciales se expidió una Orden de 

Paralización del proyecto, a excepción de la orden 

emitida por el DRNA, la cual paralizó el proyecto por 10 

días y en la cual se llegó a un acuerdo con un pago de 

multa.

26

81.Finalmente, la Fase 2 del Proyecto fue aprobado por la OGPe.

82.Longo admitió que envió una carta a la Junta de Supervisión 

Fiscal, entonces lugar en el que trabajaba la codemandada 

Rosso, en la que solicitó una investigación contra ésta por 

posibles interferencias de Rosso en cuanto a la otorgación de 

los permisos. Desconoce el resultado.

83.Para el 2017, el proyecto Condado Blú contaba con un equipo 

de trabajo que consistía en el Ing. Guerrero, Fiddler & Frías 

como arquitectos del proyecto, Ing. Allan Cromley como 

consultor de suelo, Ing. Carlos Quiñones, ingeniero estructural 

y el Sr. Alejandro Longo.

84.En diciembre de 2017 se tomó la decisión de comenzar la venta 

del proyecto y se mercadeó como uno de 26 apartamentos, 

aunque era para un proyecto de 48 apartamentos. La obra 

comenzó en agosto de 2018 y contaba con el permiso de 

cimientos para un edificio de 48 apartamentos. En septiembre 

de 2018, es por primera vez que informa que quiere 

cambiar el proyecto a uno de 26 apartamentos.

27

85.El 3 de octubre de 2018, el Municipio de San Juan le 

solicitó evidencia para que someta que tiene el 

anteproyecto aprobado. Longo admitió que, para 

noviembre de 2018, el Municipio de San Juan tenía 

objeción a autorizar el anteproyecto.

28

86.Longo admitió que había variaciones al proyecto original 

y por lo tanto se requería como parte del proceso de 

permisos la celebración de vistas públicas y la 

notificación a colindantes.

29

87.La parte demandante presentó el testimonio pericial del CPA, 

Alberto Fernández Pelegrina. Se estipuló su pericia como perito 

financiero en evaluación de daños y pérdidas económicas. 

24 Énfasis nuestro.

25 Id.

26 Id.

27 Id.

28 Id.

29 Id.
KLAN202301081 19

Véase Curriculum Vitae, Exhibit 18, parte demandante. Sumac 

289. Fernández Pelegrina fue contratado por la parte 

demandante para determinar en este caso, conforme las 

alegaciones de las partes, los daños en pérdidas económicas 

sufridos por la parte demandante. Como resultado de su 

evaluación rindió un Informe Pericial el 30 de diciembre de 

2021. Véase Exhibit 19, parte demandante. Sumac 289. 

88.Fernández Pelegrina testificó que analizó la información 

suministrada por la parte demandante en cuanto al proyecto 

Condado Blú y qué fue lo que se proyectó y cómo culminó. 

Expuso que se basó en la premisa de que hubo una interrupción 

en la consecución del proyecto provocada por los demandados 

que causó retraso en la obra y por tanto daños económicos. 

Para ello, utilizó proyecciones a diciembre de 2022, fecha 

revisada para la entrega del proyecto, aunque originalmente el 

proyecto estaba visualizado para culminar el 20 de diciembre 

de 2020. Estimó los daños económicos en $ 4,729,668.22. 

Consideró los costos de construcción, compra del terreno, la 

construcción de la zapata, servicios profesionales de 

arquitectos e ingenieros, administración y supervisión del 

proyecto.

89.En la parte de Resumen y Conclusiones del informe del perito, 

se dispone: 

En base al análisis de la información provista y lo 

discutido anteriormente, a través de mi Informe es mi 

opinión que existe daño económico por la interferencia 

causado por los demandantes en este caso. Resumo los 

daños computados como sigue:

1. Hay costos incurridos por la cantidad de 

$4,729,668.22 los que se difirió su recuperación acorde 

a lo proyectado originalmente por lo que he determinado 

un costo del dinero hasta su realización amortizada entre 

diciembre 2022 y abril 2023 por la cantidad de 

$543,911.85. Aparte de ello, de hacerse necesario 

extender las fechas, el interés adicional por día sería de 

$745.08.

2. Que por el diferimiento causado de la realización de los 

beneficios originalmente proyectados en la cantidad de 

$3,735,103.10, he determinado un costo del dinero 

hasta su realización amortizada entre diciembre 2022 y 

abril 2023 por la cantidad de $429,536.86. Aparte de 

ello, de hacerse necesario extender las fechas, el interés 

adicional por día sería de $588.41.

3. Que por causa de los actos de los demandados se ha 

hecho necesario incurrir en gastos legales y profesionales 

a la fecha del 31 de diciembre de 2021 por la cantidad de 

$529,346.63.

4. Que por el uso de capital en los costos legales y 

profesionales por $529,346.63 he determinado un costo 

del dinero al 31 de diciembre de 2021 por la cantidad de 

$62,319.33. Aparte de ello, de hacerse necesario 

extender las fechas, el interés adicional por día sería de 

$83.39.

5. Que como parte del proceso y de continuar la 

interferencia y afectación en la obra del proyecto de 

Clemenceau 2, los costos y gastos pertinentes habría que 

determinarlos y computar daño adicional 

pertinentemente. En la medida que información adicional 

o diferente me sea provista, la misma podría cambiar el 

resultado de los cómputos, ajustes y opiniones aquí 

determinadas.

90.El perito no pudo determinar que el incremento en el 

costo del proyecto se deba a las acciones de los 

demandados. Este expuso que asumió ese hecho y que no 
KLAN202301081 20

puede determinar categóricamente que esa sea la causa y/o 

existan otras causas, ya que no fueron consideradas.30

91.Expuso que actualizó el día antes del juicio los cálculos de 

daños económicos y determinó que pueden llegar a un 

aproximado de 1.3 millones de dólares sin considerar la 

pérdida adicional del costo. Considerando que no se ha podido 

culminar el proyecto ello crea una merma en los beneficios, 

puesto que no se puede vender los apartamentos según 

proyectado, por tanto, ello no es determinable hasta que se 

concluya la obra. El perito admitió que no tomó en cuenta 

otras causas para el retraso, como lo fue la expedición 

de permisos, los cambios en el proyecto, la pandemia, 

entre otros.

31

92.El perito admitió que en la Fase 1 del proyecto, no hubo 

retrasos. Sin embargo, la Fase 2 estaba proyectada para 

comenzar en julio de 2019 y no pudo comenzarse. Admitió 

además que para esa fecha no se tenía el permiso de 

construcción para la fase 2 y que se obtuvo en marzo de 

2021. Según los documentos ambas fases debían completarse 

en 621 días. Sin embargo, el perito no calculó cuántos días 

correspondían a la Fase 1 y cuantos a la Fase 2.32

93.Fernández Pelegrina ha sido perito previamente en asuntos 

relacionados a la industria de la construcción y admitió que en 

ocasiones surgen elementos de cambio de costos y cambio de 

órdenes que afectan el costo proyectado originalmente del 

proyecto. El perito desconoce cuándo Clemenceau sometió 

finalmente los planos para el permiso de construcción. Tampoco 

consideró que la obtención de permisos y el procedimiento ante 

los entes administrativos toma tiempo. 

94.El perito no calculó para efectos de la suma en daños el costo 

de construcción, sino el costo del préstamo de construcción. Por 

tanto, el análisis del perito se circunscribió a cuál es el costo 

para Clemenceau de recuperar la inversión. 

95.El ingeniero Juan Miguel Vázquez Muñoz tiene licencia de 

ingeniero civil número 21845 y es abogado licenciado con el 

número 22501. Es profesional autorizado conforme la Ley 161-

2009, según enmendada, lo cual le da la facultad para emitir 

permisos de construcción, uso y negocios como sustituto o brazo 

operacional de OGPe. Obtuvo dicha credencial en el 2021. Tiene 

experiencia con contratistas como inspector de obra, gerente y 

supervisor de proyectos. Testificó que el codemandado, Sr. 

Visco le contrató desde julio de 2019 para que rindiera una 

evaluación sobre el trámite de permisos de Clemenceau 2 ante 

la OGPe y el Municipio de San Juan. Expresó que cuando la 

agencia emite una Resolución aprobando un anteproyecto, eso 

lo que implica es que el proponente puede proceder al plano 

final. Por lo regular, se aprueba el plano con todos sus endosos 

lo cual incluye los siguientes planos: “site”, arquitectónico, 

estructural, eléctrico, plomería, diseño interior, planos 

mecánicos y las “notas”.

96.Vázquez Muñoz testificó que pudo observar el permiso de 

construcción de cimientos de Condado Blú, Exhibit 3 (h), Sumac 

301, Permiso del Municipio de San Juan 17 OP-37331-CX-SA. 

Sin embargo, expuso que los “cimientos” no son una obra de 

construcción per se, si no parte del proyecto completo. Por ello 

la Resolución del Municipio dice que hay que presentar los 

planos completos de la fase de construcción. Los planos de 

todos los componentes de la obra de una edificación.

97.Según su análisis de los documentos y permisos ante las 

agencias gubernamentales, Vázquez Muñoz expresó que 

asesoró al Sr. Visco y según su análisis corroboró que 

esos endosos finales no existían, según surgía del Sistema 

Unificado de Información de la Oficina de Permisos. Expuso que 

30 Énfasis nuestro.

31 Énfasis nuestro.

32 Id.
KLAN202301081 21

pudo constatar que el proyecto tenía aprobado un plano de 

cimientos en pilotes, el cual fue posteriormente enmendado a 

uno de “mat foudation”. Según su evaluación, el proyecto en 

relación a los permisos estaba fraccionado y ello no cumplía con 

las reglamentaciones. Eso fue lo que le informó al Sr. Visco.33

98.Vázquez Muñoz testificó en las vistas públicas de 8 de octubre 

de 2019 relativas a la consulta de construcción de Clemenceau 

como perito de la codemandada Antilles Enterprises. En dicho 

proceso se descartó su testimonio. 

99.La posición de Vázquez Muñoz es que el demandante no 

podía continuar con la construcción de los cimientos, 

puesto que el permiso original era para 48 apartamentos 

y no 26 y que habiéndose presentado un “anteproyecto” 

con unas variaciones, el desarrollador no podía 

continuar la obra hasta tanto fuera aprobado. Por tanto, 

su opinión profesional era que se estaba construyendo 

una obra sin los permisos correspondientes.

34

100.Vázquez Muñoz admitió en el contrainterrogatorio que fue 

suspendido mientras trabajaba en la Oficina de Permisos de 

ARPe. Sin embargo, en el redirecto expresó que dicha 

investigación conllevó una auditoría y finalmente no hubo 

ningún señalamiento en su contra. Esto ocurrió en el 2010.

101.El codemandado John Visco Acha es piloto retirado desde 

2017. Desde el 2001 trabaja en las empresas familiares. Para 

la fecha de los hechos estaba a cargo de la administración del 

Hotel Canario bajo Antilles Corp., colindante al proyecto 

Condado Blú. La construcción comenzó en septiembre de 2018 

y para el 16 de octubre de 2018 comenzó a notar ciertas grietas 

en su edificio. Procedió a contratar peritos para la evaluación 

de lo que él entendía eran daños a la propiedad causados por 

la construcción de Condado Blú. Entre ellos, contrató a un 

experto en tránsito y al codemandado Angel Román Más como 

hidrólogo para fines de 2018. Consultó con la licenciada Porrata 

Doria quien le recomendó dichos peritos. Román Más le expresó 

que esa área se llama “las arenas de Santurce” y que cuando 

se extrae agua, se crea socavación, lo que a su vez puede 

ocasionar grietas en los edificios colindantes. También consultó 

al ingeniero Lavergne, experto en suelos, al ingeniero Roberto 

Marte, perito estructural y al ingeniero Juan Vázquez, experto 

en permisología. Todos esos peritos fueron recomendados por 

su abogada, la Lcda. Porrata Doria, que era quien le asistía en 

los casos y procedimientos administrativos ante las agencias 

de permisos. Expuso que sus declaraciones en cuanto a 

que el proyecto no tenía permisos o los endosos 

necesarios, al igual que su declaración en cuanto a los 

daños al edificio, estuvo basada en las opiniones de los 

peritos antes consultados. Por ello, reiteró que tales 

declaraciones eran su entendimiento al momento de hacer las 

mismas por lo que las consideraba correctas y fundamentadas 

en las consultas que había hecho con expertos, incluyendo 

consulta legal.35

102.La opinión del ingeniero Vázquez fue que “...el anteproyecto 

que había no tenía los endosos que eran necesarios”.

36

103.Visco testificó que conocía al Ing. Longo y que todas las 

reuniones que sostuvieron fueron cordiales. 

104.Admitió que participó en las publicaciones de abril de 2019 en 

dos periódicos. Incluso indicó que las publicaciones “...fueron 

ideas mías”. Aunque la publicación dice pagadas por “Vecinos 

del Condado”, Visco admitió que fueron pagadas por él. En ese 

momento, ante las recomendaciones de los expertos 

consultados entendía que se estaba construyendo sin los 

33 Énfasis nuestro.

34 Id.

35 Id.

36 Id.
KLAN202301081 22

permisos. Admitió que el proyecto sí tenía los permisos de 

cimientos. 

105.El codemandado Angel Román Más es hidrólogo con vasta 

experiencia y presidente de Román Más Foundation Corp. y 

está casado con Aurora Martínez Orraca, codemandada.

106.Román Más Foundation Corp., no fue parte en ningún proceso 

administrativo o judicial presentado contra Clemenceau. 

107.Román Más participó como perito de Antilles Enterprises en el 

segundo injunction presentado por dicha parte ante el Tribunal 

de Primera Instancia de San Juan.

108.En su tiempo libre, Román Más asiste seis días a la semana 

a la Laguna de Condado para actividades deportivas. Además, 

participa de actividades para la protección de la Reserva 

Natural de la Laguna de Condado. Entre las actividades que 

realiza toma muestras de la calidad del agua, hace siembras 

de ostras, entre otras. Pertenece al Grupo Amigos de la Laguna.

109.Román Mas testificó que, en una de las ocasiones que visitó 

la laguna, observó que al final de la calle Decalsse, allá para 

octubre de 2018, había un descargue de aguas por el sistema 

pluvial. Se trataba de aguas claras y salubres. Procedió a 

caminar el área y encontró la construcción de Condado Blú. 

Observó a través de los paneles, aditamentos para extraer 

aguas subterráneas, lo cual le causó preocupación, pues podría 

haber descargue de dichas aguas a la laguna. Procedió al 

DRNA, División de Franquicias de Agua, Secretaría Auxiliar de 

Endosos de Permisos, ante el señor Nelson Velázquez y 

preguntó si estaban conscientes del proyecto y de la extracción. 

Luego de esa comunicación se radicó una querella en la Oficina 

del Cuerpo de Vigilantes. Le enseñaron el permiso de extracción 

de agua y reiteró su intención en que se gestionara el permiso 

de franquicia de agua. Explicó que cualquier extracción de 

aguas públicas requiere un permiso para la utilización y 

remoción de aguas públicas. Dicha oficina realizó una visita al 

proyecto.

110.El DRNA hizo una investigación y determinó el 9 de abril de 

2019 que hacía falta dicho permiso por lo que paralizó la obra. 

Exhibit 1, codemandado Román Más. Sumac 288.

111.El 17 de abril de 2019 por acuerdo entre el DRNA y 

Clemenceau se impuso el pago de una multa a Clemenceau y 

se expidió el permiso. Exhibit 2, codemandado Román Más. 

Sumac 288.

112.El permiso otorgado a Clemenceau fue para extracción de 

aguas públicas número OFA-FAID 6-SJ-00240-08-042019, 

radicado el 8 de abril de 2019. Exhibit 4, codemandado Román 

Más. Sumac 288.

113.Ni la Fundación Román Más, ni Román Más y su esposa y 

sociedad legal de gananciales ha sido parte en ningún proceso 

judicial o administrativo a excepción de la querella que presentó 

ante el DRNA y que culminó con la imposición de una multa.

114.Román Más participó como perito en el caso administrativo 

para oposición del permiso de franquicias. Román Más no 

participó en forma alguna ante los procedimientos 

administrativos de permisos ante el Municipio de San Juan. 

115.Román Más participó como perito contratado por el Sr. Visco 

en el caso ante el Tribunal de San Juan, Injunction, 

SJ2018CV0480.

116.Román Más admitió que fue consultado por la Lcda. Porrata 

Doria. 

117.En relación con las publicaciones de los periódicos 

indicó que las autorizó y que se reitera que para esa 

fecha no tenía permisos de extracción de aguas.

37

118.La codemandada Lizzie Rosso Tridas tiene un bachillerato en 

Administración de Empresas con concentración en 

contabilidad. Ha trabajado como consultora de negocios en la 

37 Énfasis nuestro.
KLAN202301081 23

industria de la banca. En octubre de 2019 comenzó a trabajar 

en la Junta de Supervisión Fiscal en evaluación de procesos de 

permisos de construcción. 

119.Rosso es residente del edificio Laguna Terrace desde 

diciembre de 2007 y preside la Junta de Titulares desde el 

2012. Como miembro de la comunidad adyacente a la laguna 

de Condado, ha participado de reuniones que afectan a la 

comunidad. En particular, sobre asuntos que impactan el 

tráfico, inundaciones, descargas de aguas negras, entre otros. 

En dichas reuniones han participado diversos representantes 

de condominios aledaños, así como personal de los hoteles 

cercanos. Antes de la construcción del proyecto de Condado 

Blú, ya la comunidad estaba preocupada por el problema de 

alcantarillas tapadas, inundaciones, desborde de aguas de la 

laguna y tránsito. 

120.Las inquietudes del grupo fueron recogidas en una 

comunicación que le dirigieron a la Alcaldesa de San Juan con 

fecha del 13 de marzo de 2018. Sumac 290, Exhibit 1, 

codemandada Lizzie Rosso. Entre las distintas preocupaciones 

del grupo, se le identificó a la Alcaldesa la construcción de 

Clemenceau 2, LLC. La preocupación principal del grupo de 

vecinos incluía la capacidad de la infraestructura del área para 

recibir el desarrollo de Clemenceau 2, LLC. Expresó la Sra. 

Rosso que uno de los asuntos tomados en consideración, fue el 

hecho de construcciones que habían sido publicadas en la 

prensa que afectaban las comunidades, tales como Paseo 

Caribe. 

121.En relación con el proyecto Condado Blú, la comunidad 

pidió asesoramiento legal y de expertos y según fueron 

informados, los permisos no eran correctos ni válidos. El 

propósito era asegurarse que lo que se iba a construir constara 

con toda la infraestructura necesaria, pues entendían que la 

construcción amenazaba su entorno. La comunidad se unió y 

contrataron a la Lcda. Leonor Porrata Doria para investigar el 

cumplimiento del proyecto de Clemenceau 2, LLC con los 

requerimientos de ley. En este proceso, y por la asesoría de la 

Lcda. Porrata y su grupo de trabajo, el Hotel El Canario by the 

Lagoon, Condominio Le Rivage y Condominio Laguna Terrace 

presentaron la Solicitud de Auditoría ante el Municipio de San 

Juan el 4 de abril de 2018, así como el día 18 de junio de 2018, 

el Hotel El Canario by the Lagoon, Condominio Le Rivage, 

Condominio Laguna Terrace, Condominio Condado del Mar y 

Condominio Chateau Lagoon presentaron un “Injunction”.38

122.Rosso no fue parte de los procesos judiciales. En relación con 

los procesos administrativos, en particular ante la querella 

presentada por Román Mas, “habló” por la comunidad. En 

cuanto a los procesos ante la OGPe, compareció como oyente. 

123.En relación con las publicaciones en el periódico expuso que 

supo de éstas a través de la Lcda. Porrata Doria y Marisol 

Jiménez. Expuso que no vio la publicación hasta tanto salió en 

el periódico y en relación con el contenido de la misma, ella 

descansó en lo que le había dicho los expertos. Indicó que en su 

opinión no debían incluir el nombre del Ing. Longo. Sin embargo, 

admitió en el contrainterrogatorio que reprodujo dicha 

publicación en su página de Facebook. 

124.En relación a la publicación de la página de Facebook, no hay 

prueba en autos relacionada a que por dicha publicación se 

haya causado daño a los demandantes.

125.En su trabajo ante la Junta de Supervisión Fiscal, Rosso se 

reunía con el Director de la OGPe al menos mensualmente. 

Tenía a su cargo la gestión de “ease of doing business” por lo 

que interactuaba con la OGPe. Sus funciones eran como gerente 

designada por la Junta para estructurar la agilización de 

procesos de permisos. Sobre la solicitud de investigación que 

38 Énfasis nuestro.
KLAN202301081 24

presentó Longo contra Rosso ante la Junta de Supervisión 

Fiscal, luego de una investigación se determinó que la Sra. 

Rosso no había actuado incorrectamente. A su mejor entender, 

la acción del Ing. Longo contra ella fue una manera de acallar 

la comunidad.

126.En su testimonio, Rosso reiteró que conforme su 

entendimiento y basado en los peritos contratados por Visco, 

entendía que el proyecto no tenía los permisos. Expuso además 

que como miembro de la comunidad era su derecho asegurarse 

que la construcción contara con todos los permisos.39

Inconformes, el 31 de octubre de 2023, los apelantes

sometieron una Moción de Reconsideración y Solicitud de Enmiendas 

y Determinaciones de Hechos Adicionales.

40 Al día siguiente, el TPI 

denegó dichas solicitudes.

41

Inconformes aún, el 1 de diciembre de 2023, el señor Longo 

Ravelo y Clemenceau acudieron ante esta Curia e imputaron la 

comisión de los siguientes errores:

PRIMER ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL NO TOMAR EN CUENTA EN SU SENTENCIA LA 

MOCIÓN PARA QUE SE DEN POR ADMITIDAS LAS 

ALEGACIONES NO NEGADAS CONFORME LA REGLA 6.2 DE 

PROCEDIMIENTO CIVIL PRESENTADA POR LA PARTE 

DEMANDANTE. [SIC.]

SEGUNDO ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL NEGARSE, PROPIAMENTE, A TOMAR 

CONOCIMIENTO JUDICIAL SEGÚN SOLICITADO POR LA 

PARTE DEMANDANTE Y CON ELLO NO TOMAR EN 

CONSIDERACIÓN HECHOS ESENCIALES E IMPORTANTES 

COMO PARTE DE SU SENTENCIA. [SIC.]

TERCER ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL, SORPRESIVAMENTE Y MOTU PROPRIO, 

APLICAR LA DEFENSA DE INMUNIDAD EN LA EXPRESIÓN 

DIFAMATORIA CUANDO TAL DEFENSA FUE RENUNCIADA 

POR LOS DEMANDADOS AL NO SER PLANTEARLA [SIC.]

OPORTUNAMENTE EN SUS RESPECTIVAS 

CONTESTACIONES A LA DEMANDA. [SIC.]

CUARTO ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL NO TOMAR EN CUENTA EL INEQUÍVOCO 

HECHO DE QUE EN TODO MOMENTO CLEMENCEAU CONTÓ 

CON UN PERMISO VIGENTE PARA DESARROLLAR Y 

CONSTRUIR, LO QUE RESULTA CONTRARIO A LAS 

AFIRMACIONES FALSAS Y NEGLIGENTES DE LOS 

APELADOS. [SIC.]

QUINTO ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL NO TOMAR EN CONSIDERACIÓN LA 

CRONOLOGÍA DE LOS EVENTOS DE DIFAMACIÓN Y EL 

HECHO DE QUE CLEMENCEAU SIEMPRE TUVO UN PERMISO 

VIGENTE PARA DESARROLLAR Y CONSTRUIR. [SIC.]

39 Anejo 1 de la Apelación, a las págs. 6 – 32.

40 Anejo 2 de la Apelación, a las págs. 50 – 73.

41 Id., a la pág. 74.
KLAN202301081 25

SEXTO ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL INMUNIZAR ABSOLUTAMENTE A LOS 

APELADOS DE LAS EXPRESIONES DIFAMATORIAS BAJO EL 

ENTENDIDO DE QUE LAS EXPRESIONES SE REALIZARON 

CON EL CONSEJO DE PERITOS Y DE UNA ABOGADA, 

DETERMINACIÓN QUE ADEMÁS ES CONTRARIA A LA 

NORMA ESTABLECIDA EN MELÉNDEZ VEG V. EL VOCERO 

DE PR, 189 DPR 123 (2013). [SIC.]

SÉPTIMO ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL NEGARSE A VALORAR LOS DAÑOS 

OCASIONADOS POR LOS DISTINTOS EVENTOS DE 

DIFAMACIÓN E INSTANCIAS DE ABUSO DEL DERECHO 

PROMOVIDOS POR LOS APELADOS Y AL NO SOPESAR EL 

INFORME PERICIAL QUE NO FUE CONTRADICHO POR LOS 

APELADOS. [SIC.]

OCTAVO ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL DESCARTAR EL RECLAMO DE ABUSO DEL 

DERECHO Y NO TOMAR EN CUENTA LAS MÚLTIPLES 

INSTANCIAS PROMOVIDAS A ESOS EFECTOS POR LOS 

COAPELADOS JOHN VISCO Y ANTILLES. [SIC.]

El 16 de enero de 2024, el señor Visco Acha, en su carácter 

personal, y Antilles presentaron Oposición a Recurso de Apelación. 

En la misma fecha, Román-Más Foundation; el señor Román Más, 

la señora Martínez Orraca y la SLG compuesta por ambos

sometieron su Alegato en Oposición. De igual modo, el 23 de enero 

de 2024 la señora Rosso presentó Alegato en Oposición de la Parte 

Apelada Lizzie Rosso; además, el día 25 de enero de 2024,

acompañó junto a una Moción Informativa el Apéndice e Índice de su 

alegato.

Por otra parte, la Asociación de Constructores de Puerto Rico

presentó el 1 de febrero de 2024 una Solicitud de Intervención como 

Amicus Curiae de la Asociación de Constructores de Puerto Rico. La 

cual, declaramos No Ha Lugar el 6 de febrero de 2024. Así, dimos 

por perfeccionado el recurso de epígrafe.

-IIExaminado el tracto procesal, veamos el derecho aplicable.

-AAl revisar una determinación de un tribunal de menor 

jerarquía, los tribunales tenemos la tarea principal de auscultar si 

se aplicó correctamente el derecho a los hechos particulares del 
KLAN202301081 26

caso.42 Como regla general, los foros apelativos no debemos 

intervenir con las determinaciones de hechos de los tribunales de 

primera instancia, su apreciación sobre la credibilidad de los 

testigos y el valor probatorio conferido a la prueba presentada en 

sala, pues solo contamos con “récords mudos e inexpresivos”.

43 Lo 

anterior, se fundamenta en la premisa de que el foro primario es 

quien tiene la oportunidad de escuchar a los testigos declarar y 

apreciar su “demeanor”.

44

Sin embargo, la norma de deferencia antes esbozada 

encuentra su excepción y cede cuando la parte promovente 

demuestra que:

[h]ubo un craso abuso de discreción o que el tribunal actuó con 

prejuicio y parcialidad, o que se equivocó en la interpretación 

o aplicación de cualquier norma procesal o de derecho 

sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará un 

perjuicio sustancial.45

Por discreción se entiende el “tener poder para decidir en una 

forma u otra, esto es, para escoger entre uno o varios cursos de 

acción”.

46 No obstante, “el adecuado ejercicio de la discreción está 

inexorable e indefectiblemente atado al concepto de la 

razonabilidad”.

47

A esos efectos, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

enumerado situaciones que constituyen un abuso de discreción:

[c]uando el juez, en la decisión que emite, no toma en cuenta 

e ignora, sin fundamento para ello, un hecho material 

importante que no podía ser pasado por alto; cuando por el 

contrario el juez, sin justificación y fundamento alguno para 

ello, le concede gran peso y valor a un hecho irrelevante e 

inmaterial y basa su decisión exclusivamente en el mismo; o 

cuando, no obstante considerar y tomar en cuenta todos los 

hechos materiales e importantes y descartar los irrelevantes, 

el juez livianamente sopesa y calibra los mismos.48

42 Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 770 (2013).

43 Id., a las págs. 770-771.; SLG Rivera Carrasquillo v. AAA, 177 DPR 345, 356 

(2009).

44 Colón v. Lotería, 167 DPR 625, 659 (2006).

45 Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986).; Trans-Oceanic Life Ins. 

v. Oracle Corp., 184 DPR 689,709 (2012).

46 García v. Asociación, 165 DPR 311, 321 (2005).

47 Id.

48 Ramírez v. Policía de PR, 158 DPR 320, 340-341 (2002).
KLAN202301081 27

En cambio, si la actuación del tribunal no está desprovista de 

base razonable, ni perjudica los derechos sustanciales de una 

parte, debe prevalecer el criterio del juez de instancia a quien 

corresponde la dirección del proceso.49 En ese sentido, las 

conclusiones de derecho son revisables en su totalidad por los 

tribunales apelativos.50

Ahora bien, la norma de deferencia antes esbozada no es de 

aplicación a la evaluación de la prueba pericial y documental. En lo 

que respecta a las conclusiones de hecho basadas en prueba pericial 

o documental, los foros revisores nos encontramos en igual posición 

que los tribunales sentenciadores para apreciarla y adoptar nuestro 

propio criterio.51 Incluso, podemos descartarla, aunque sea 

técnicamente correcta.52

-BLa protección contra ataques abusivos a la honra y reputación 

emana del Artículo II, Sección 8, de la Constitución de Puerto Rico,53

además de lo establecido por el Artículo 1802 del Código Civil de 

Puerto Rico (1930).

54

Bien sabemos que el objeto del derecho en la acción por 

difamación es la reputación personal y el buen nombre del sujeto 

públicamente. Por lo que el propósito de una acción por difamación 

es compensar al que sufre un daño en su reputación. Por lo tanto, 

la reclamación por difamación puede estar contenida o inmersa 

dentro de una acción general de daños, pero ello no agota la 

totalidad de los remedios provistos.55

La acción civil de daños y perjuicios ocasionados por 

49 SLG Zapata-Rivera v. JF Montalvo, 189 DPR 414, 434-435 (2013).

50 Dávila Nieves v. Meléndez Marín, supra, a la pág. 770.

51 González Hernández v. González Hernández, 181 DPR 746, 777 (2011).

52 Id.

53 Art. II, Sec.8, Const. ELA, LPRA, Tomo 1.

54 Conforme a la fecha de este caso, es de aplicación el derogado Artículo 1802 del 

Código Civil de Puerto Rico (1930), 31 LPRA ant. sec. 5141. 

55 Meléndez Vega v. El Vocero de PR, 189 DPR 123 (2013).; Colón, Ramírez v. 

Televicentro de PR, 175 DPR 690, 705-706, 726 (2009).
KLAN202301081 28

difamación está estatuida en la Ley de Libelo y Calumnia.

56 En lo 

referente al libelo, se requiere la existencia de un récord permanente 

de la expresión difamatoria, además de los otros elementos de la 

acción.57 Por su parte, la calumnia se configura cuando se hace una 

expresión oral difamatoria, junto con los otros elementos de la 

acción.58

Así, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, ha resuelto que 

cuando se hagan expresiones o publicaciones difamatorias que 

produzcan un daño sin que mediare malicia o alguno de los 

elementos para que procediera la acción de daños por difamación, 

siempre procedería una acción de daños y perjuicios bajo el Artículo 

1802 del Código Civil (1930). Mediante esta causa de acción se 

tendrían que probar todos los elementos indispensables de dicha 

causa.59

De esta forma, la acción por difamación se ha convertido en 

una híbrida, pues depende de la categoría de los sujetos 

perjudicados. Esta continúa siendo una acción torticera intencional 

en cuanto a funcionarios y figuras públicas, y en una acción de 

daños y perjuicios basada en negligencia cuando el supuesto 

perjudicado es una persona privada.

60

El daño como consecuencia de la difamación es el menoscabo 

de la opinión que tienen los demás sobre el valor de una persona en 

particular. Para que se configure, es imprescindible que la persona 

se entere que su honor ha sido perjudicado. La publicación de la 

expresión falsa y difamatoria es un elemento esencial para esta 

causa de acción.61

56 Ley de Libelo y Calumnia de Puerto Rico del 19 de febrero de 1902, 32 LPRA 

secs. 3141-3149.

57 Ojeda v. El Vocero de PR, 137 DPR 315, 325-326 (1994).

58 Id., a la pág. 326.

59 Torres Silva v. El Mundo, Inc., 106 DPR 415, 424 (1977).; Romany v. El Mundo, 

Inc., 89 DPR 604, 618 (1963).

60 Colón, Ramírez v. Televicentro de PR, supra, a la pág. 713.; Ojeda v. El Vocero 

de PR, supra, a las págs. 326-327.

61 Id.
KLAN202301081 29

En otras palabras, para prevalecer en una acción por 

difamación, el demandante no solo debe probar que cierta 

información publicada era de contenido difamatorio, sino que debe 

poder hacer la identificación de sí mismo como la persona difamada. 

Sobre este requisito particular, se ha dicho: 

En el ámbito de las acciones por difamación en el derecho 

común se ha elaborado la doctrina conocida como of and 

concerning the plaintiff, la cual requiere que en toda acción por 

difamación el demandante pruebe que las expresiones 

difamatorias se refieren a su persona de modo particular. El 

requisito de referencia específica o declaración "sobre el 

demandante y relativa al mismo" limita el derecho a 

demandar por falsedad injuriosa, ya que concede dicho 

derecho a aquellos que son objeto directo de críticas, y se lo 

niega a aquellos que meramente se quejan por 

manifestaciones no específicas que estiman que los 

perjudican. 

Esta doctrina impide las reclamaciones por difamación vicaria

y las reclamaciones por difamaciones hechas contra grupos 

de personas cuando el demandante no pueda probar que él 

fue señalado de forma individual, es decir, que se hizo una 

referencia específica contra él o ella de forma particular y 

singularizada. (Énfasis nuestro).62

Por otro lado, la acción al amparo del Artículo 1802 es más 

abarcadora que la acción por difamación, debido a que permite que 

el perjudicado —además de ser compensado por la lesión causada a 

su reputación y sus relaciones a la comunidad— pueda ser resarcido 

por otros daños como las angustias mentales y morales.63

Para que una persona privada pueda ser indemnizada por los 

daños sufridos a causa de una manifestación difamatoria tiene que 

demostrar que el demandado fue negligente —conforme a la 

definición establecida en los casos resueltos al amparo del Artículo 

1802—. El citado artículo le impone el deber a toda persona de no 

causar daño a otra mediante un acto u omisión culposo o negligente. 

En caso de así hacerlo, la persona que produce el daño viene 

obligada a repararlo. En lo pertinente, el referido estatuto dispone:

62 Soc. de Gananciales v. El Vocero de PR, 135 DPR 122, 128-129 (1994).

Citas omitidas. Énfasis nuestro.

63 Colón, Ramírez v. Televicentro de PR, supra, a las págs. 712, 714.
KLAN202301081 30

“[e]l que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa 

o negligencia, está obligado a reparar el daño causado”.

64 

Según la doctrina de daños y perjuicios, todo menoscabo 

material o moral conlleva su reparación si concurren tres elementos 

básicos: (1) un acto u omisión culposo o negligente del demandado; 

(2) la presencia de un daño físico o emocional en el demandante y 

(3) que exista un nexo causal entre el daño sufrido y el acto u 

omisión.65 La jurisprudencia ha definido el acto culposo o negligente 

como la falta de debido cuidado a base de la figura de la persona de 

prudencia común y ordinaria. La culpa consiste en no anticipar las 

consecuencias racionales de un acto u omisión. 66

Con ello en mente, el Tribunal Supremo de P.R., dispuso que 

los criterios a considerarse para determinar negligencia en la 

publicación de información difamatoria respecto a una persona 

privada son: (i) la naturaleza de la información publicada, la 

importancia del asunto de que se trata y especialmente si ésta es 

difamatoria de su propia faz y puede preverse el riesgo de daños; (ii)

origen de la información y confiabilidad de su fuente; y (iii)

razonabilidad del cotejo de la veracidad de la información tomando 

en consideración el costo en términos de dinero, tiempo, personal, 

urgencia de la publicación, carácter de la noticia y cualquier otro 

factor pertinente.67

A su vez, la persona que alega que ha sido lesionada en su 

honor debe establecer que el demandado publicó una expresión 

falsa y difamatoria sobre su persona que ha ocasionado daños. Se 

requiere que la conducta del demandado haya violado el estándar 

legal de conducta aplicable a las circunstancias particulares del 

64 31 LPRA ant. sec. 5141.

65 Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820 (2010).

66 López v. Porrata Doria, 169 DPR 135, 150-151 (2006).

67 Pérez v. El Vocero de PR, 149 DPR 427, 448 (1999).; Torres Silva v. El Mundo, 

Inc., supra.
KLAN202301081 31

caso, ya sea malicia real o negligencia.68 En síntesis, para que una 

persona privada pueda prevalecer en una acción de libelo tiene que 

establecer que: (1) la información es difamatoria y falsa, (2) dicha 

publicación se hizo de forma negligente, y (3) que le ha causado 

daños reales.69

-CLa doctrina del abuso del derecho que permea todo nuestro 

ordenamiento, así como el principio general de la buena fe, persiguen 

como finalidad impedir que el texto de una ley sea utilizado para 

amparar actos contrarios a la realización de la justicia y que frente 

al contenido ético y al espíritu objetivo de la norma legal, no 

prevalezcan las maniobras tendentes a lograr un resultado distinto 

al perseguido con ella.70

Es por ello que, en nuestra jurisdicción rige el principio de que 

una parte debe ejercer sus derechos de conformidad con las 

exigencias del debido proceso de ley.71 De lo contrario, nuestro 

ordenamiento sanciona “el abuso del derecho o su ejercicio 

antisocial”.

72 El Tribunal Supremo de Puerto Rico acogió la doctrina 

del derecho civil sobre el abuso del derecho en Soriano Tavárez vs. 

Rivera Anaya,

73 allí afirmó que:

[e]l abuso del derecho, la mala fe y el fraude a la ley ... 

persiguen ... impedir que el texto de la ley sea utilizado para 

amparar actos contrarios a la realización de la justicia; que 

frente al contenido ético y al espíritu objetivo de la norma legal 

no prevalezcan las maniobras tendentes a lograr un resultado 

distinto al perseguido con ella.

74

-IIIA la luz de la normativa antes expuesta, procedemos a evaluar 

los errores señalados en el recurso ante nuestra consideración. 

68 Colón, Ramírez v. Televicentro de PR, supra, a la pág. 726.

69 Pérez v. El Vocero de P.R., supra, a la pág. 442.

70 Soriano Tavárez v. Rivera Anaya, 108 DPR 663, 673-674 (1979).

71 Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, 186 DPR 365, 409 (2012). Véase, 

además; Soriano Tavárez v. Rivera Anaya, supra, 670; El Vocero de PR v. 

Hernández Agosto, 133 DPR 413, 415 (1993).

72 Soriano Tavárez v. Rivera Anaya, supra.

73 Id.

74 Soriano Tavárez v. Rivera Anaya, supra, a las págs. 673 – 674.
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En el primer señalamiento de error, los apelantes alegan

que erró el TPI al no tomar en cuenta en la Sentencia apelada su

Moción para que se den por Admitidas las Alegaciones no Negadas 

Conforme a la Regla 6.2 de Procedimiento Civil. No tienen razón.

Surge del expediente que los apelantes no se opusieron a las 

enmiendas a las alegaciones en ninguna parte del Informe de 

Conferencia con Antelación a Juicio, que fue aprobado el 3 de febrero 

de 2022. Todavía más, dicho Informe se aprobó como Acta que 

regiría los procedimientos del juicio. Es decir, los apelados 

enmendaron aquellas alegaciones que fueron negadas por falta de 

información para que, entonces, fueran negadas en su totalidad.

Tampoco nos convence que los hechos omitidos hubieran cambiado 

el resultado desestimatorio de la demanda. En ese sentido, las 

enmiendas a las alegaciones no les ocasionó un perjuicio indebido, 

ni una injusticia manifiesta al admitirse por el TPI. Correctamente, 

el foro a quo no le dio paso a las pretensiones de los apelantes de 

discutir en el juicio la moción presentada a menos de cinco (5) días 

del mismo. 

En el segundo señalamiento de error, los apelantes arguyen 

que erró el TPI al no tomar conocimiento judicial, según solicitado 

por estos en el juicio, y con ello, obvió hechos esenciales e 

importantes que, como parte de la Sentencia, hubiese cambiado el 

resultado. No les asiste la razón. 

Surge de la Minuta del 3 de febrero de 2023 que el TPI tomó 

conocimiento judicial de los casos SJ-2018-CV-10480 y SJ-2018-

CV-04459 y sus procesos apelativos.75 También surge de la minuta

que el foro a quo le dio la oportunidad a las partes para presentar 

cualquier documento que interesen que el tribunal tenga 

conocimiento.76 En su Moción de Reconsideración y Solicitud de 

75 Anejo 17 de la Apelación, a la pág. 479.

76 Id.
KLAN202301081 33

Enmiendas y Determinaciones de Hechos Adicionales, los apelantes 

solicitaron que se tomara hechos específicos de esos documentos y 

los hiciera formar parte de su decisión. En ese sentido —alegan en 

su recurso de apelación ante nos— que ello hubiera cambiado el 

resultado del caso. No obstante, no argumentan en qué o cómo 

cambiaría. Tampoco contamos con una transcripción de la prueba 

oral que nos permita examinar las peticiones hechas por estos y los 

fundamentos esbozados.

En el tercer y sexto señalamiento de error, los apelantes 

aducen, en síntesis, que erró el TPI al aplicar la defensa de 

inmunidad en la expresión difamatoria y bajo el entendido de que 

las expresiones se realizaron con el consejo de peritos y de una 

abogada. Tampoco tienen razón.

De entrada, no surge de la Sentencia que se haya aplicado 

prima facie la defensa de inmunidad al desestimar la acción por 

difamación. Según esbozado, uno de los criterios a considerarse 

para determinar negligencia en la publicación de información 

difamatoria —respecto a una persona privada— es el origen de la 

información y confiabilidad de su fuente. Nótese al respecto, que el 

TPI desestimó la demanda, ya que, en primer orden, los apelantes 

no pudieron probar que las expresiones fueron hechas de manera 

negligente. En ese sentido —la prueba presentada y creída por la 

juez— demostró que las expresiones fueron hechas luego de 

consultar con abogados experimentados en permisos; además de

expertos en suelo, estructura e hidrología. Ello ocurrió en un 

contexto de preocupación genuina que los apelados tenían como 

vecinos impactados por dicha construcción. 

En el cuarto y quinto señalamiento de error, los apelantes 

arguyen, en síntesis, que erró el TPI al no tomar en cuenta el hecho 

de que Clemenceau siempre tuvo un permiso vigente para construir, 
KLAN202301081 34

por lo que se demostró que las expresiones de los apelados eran 

falsas, difamatoria y libelosas. No tiene razón.

En primer orden, el TPI sí reconoció que —al momento (19, 29 

de abril de 2019 y 17, 29 de junio de 2019) en que los apelados 

hicieron sus expresiones en televisión, radio y prensa— los apelantes 

tenían un permiso vigente de construcción para el cimiento del

edificio de 48 apartamentos, y no para 26 apartamentos, como lo 

estaban mercadeando. Razón por la cual, estaban construyendo sin 

haber presentado un anteproyecto para enmendar dicho permiso. 

Ello quedó evidenciado cuando el 17 de julio de 2021 la Oficina de 

Gerencia de Permisos (OGPe) notificó la Resolución en la que avaló 

el permiso de construcción para la construcción de 26 

apartamentos.

En segundo orden —y como indicamos antes— el TPI estimó

que los apelantes no demostraron que las expresiones hechas por 

los apelados —en tv, radio y prensa— fueran negligentes, ya que 

estaban fundadas en consultas previas con expertos sobre este tema 

y, sus manifestaciones, eran producto de una preocupación genuina 

al estar afectados por dicha construcción. Nótese que surge del 

expediente que, durante los trabajos para el cimiento del edificio, 

comenzó a brotar y escapar una cantidad enorme de agua, lo que 

provocó que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales 

(DRNA) ordenara la paralización de las obras en el proyecto, ya que 

no se contaba con un permiso de extracción de agua emitido por 

dicho DRNA. Dicha paralización produjo la obtención del 

mencionado permiso y el pago de una multa. 

En el séptimo señalamiento de error, los apelantes arguyen 

que erró el TPI al no valorar los daños ocasionados por los alegados 

eventos de difamación. No le asiste la razón. 

En la medida en que los apelantes no prosperaron en la causa 

de acción sobre difamación, no procedía considerar los alegados 
KLAN202301081 35

daños. Todavía más —tanto el testimonio del perito CPA Fernández 

Pelegrina como del señor Longo Ravelo— no lograron establecer los 

daños monetarios sufridos en el proyecto, ni al honor y perdida de 

reputación del señor Longo. Nada surge del expediente que 

demuestre lo contrario.

Por último, en el octavo señalamiento de error, los 

apelantes aducen que erró el TPI al descartar el reclamo de abuso 

del derecho contra el señor Visco Acha y Antilles. Tampoco tienen 

razón.

Surge de la prueba presentada que los apelados —en su 

carácter de vecinos— se opusieron al proyecto colindante del 

Condominio Condado Blú, en los medios administrativos y judiciales 

disponibles. No obstante, los apelantes no lograron demostrar que 

el señor Visco Acha y Antilles pretendían que la ley fuera utilizada

para amparar actos contrarios a la realización de la justicia.

Por todo lo antes expuesto, los ocho (8) señalamientos de error 

no fueron cometidos, ya que los apelantes no demostraron que el 

TPI actuó con pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto. Así, 

la Sentencia apelada es una razonable y procedemos a confirmarla.

-IVPor los fundamentos antes expuestos, resolvemos confirmar 

la Sentencia apelada.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones