Número Identificador:

RES2023________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL VIII

NICOLAS SGOUROS

Recurrido

v.

FÉLIX ORLANDO 

GONZÁLEZ FIGUEROA Y 

OTROS

Peticionario

KLCE202300321

Certiorari 

procedente del 

Tribunal de 

Primera Instancia, 

Sala de Fajardo

Caso Número:

CE2022CV00070

Sobre:

Cobro de dinero –

Ordinario y Otros

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Domínguez Irizarry, la 

Jueza Rivera Marchand y la Jueza Aldebol Mora 

Rivera Marchand, Jueza Ponente

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de abril de 2023.

Comparece ante esta Curia, Félix Orlando González Figueroa, 

(peticionario). Solicita que revoquemos la Resolución1 del Tribunal 

de Primera Instancia (TPI o foro primario) emitida y notificada el 21 

y 24 de enero de 2023, respectivamente. En ella, el foro primario 

denegó la solicitud de desestimación instada por el peticionario.

Por los fundamentos que expresamos a continuación, 

denegamos la expedición del auto de certiorari. Veamos.

I.

El 14 de julio de 2022, Nicolás Sgouros (Sr. Sgouros o 

recurrido) instó una Demanda2 sobre cobro de dinero y ejecución de 

hipoteca en contra del peticionario, de Rodorca María Astacio 

González y de la hoy extinta sociedad de gananciales por ellos 

compuesta, entre otros demandados desconocidos (demandados).

Según el Sr. Sgouros, los demandados le adeudan $18,862.02, por 

lo cual, solicitó la ejecución de la hipoteca que garantiza el pagaré. 

1 Apéndice, págs. 1-3.

2 Apéndice, págs. 20-29.
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Cabe indicar que, el Pagaré Hipotecario3 y la Escritura de Garantía 

Hipotecaria4 que obran en el expediente constan firmadas por Félix

González De Jesús, en representación de los demandados. Lo 

anterior, debido a que, los demandados estaban fuera de Puerto Rico 

a la fecha de su otorgamiento el 5 de noviembre de 2001 y, por virtud 

de un Poder General, el Sr. González De Jesús compareció como 

apoderado.

En lo pertinente, y toda vez que la última dirección conocida

de los demandados era 369 Hylan Boulevard Staten Island New York 

10305, el Sr. Sgouros solicitó autorización para emplazar a los 

demandados por edicto.

5 En respuesta, el foro primario emitió una 

Orden6 mediante la cual autorizó que los demandados fuesen 

emplazados por edicto. Cónsono con lo anterior, el Sr. Sgouros 

acreditó haber publicado el emplazamiento por edicto a favor de los 

demandados el 22 de julio de 2022, en el periódico The San Juan 

Star.

7 Además, solicitó la anotación de rebeldía de los demandados

y desistió con respecto a los codemandados de nombre 

desconocido.8 En respuesta, el foro primario dictó una Sentencia 

Parcial9 en la cual desestimó la causa de acción en contra de los 

codemandados de nombre desconocido.

Luego de varios incidentes procesales, el Sr. González 

Figueroa instó un petitorio de desestimación10 en el cual argumentó

que el emplazamiento fue deficiente y contrario a las Reglas de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. Arguyó que es un hecho falso

que la última dirección conocida de los demandados es 369 Hylan 

Boulevard Staten Island New York 10305. Alegó que el acreedor 

hipotecario tiene conocimiento de que el Sr. González Figueroa 

3 Apéndice, pág. 23.

4 Apéndice, págs. 24-29.

5 Apéndice, pág. 30.

6 Apéndice, págs. 31-32.

7 Apéndice, págs. 33-34.

8 Apéndice, págs. 33-34.

9 Apéndice, pág. 35.

10 Apéndice, págs. 42-47.
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reside en el Municipio de Ceiba desde hace aproximadamente veinte 

(20) años, y que posee una licencia de conducir y una tarjeta 

electoral de Puerto Rico. Detalló que, el Sr. Sgouros no acompañó

su solicitud de emplazamiento por edicto con una declaración 

jurada sobre emplazamiento negativo ni acreditó los esfuerzos 

dirigidos a emplazarlo personalmente.

En cumplimiento con el requerimiento del TPI, el 

representante legal del Sr. Sgouros compareció y expuso estar en 

conversaciones transaccionales con el abogado del Sr. González 

Figueroa.

11 Añadió que el abogado del Sr. González Figueroa le 

comunicó que ya no existe una sociedad legal de gananciales entre 

él y la Sra. Astacio González, a quien aseguró que no representa. El 

abogado del Sr. Sgouros informó lo siguiente sobre la Sra. Astacio

González:

a. Que ella reside en la dirección residencial que 

expresamos como su última dirección conocida en la 

demanda incoada. Específicamente en 369 Hylan 

Boulevard Staten Island New York 10305.

b. Que en esa misma dirección había recibido copia de la 

demanda incoada.

c. Que ella personalmente, en compañía de un familiar, dejó 

copia de la demanda al codemandado Félix Orlando 

González Figueroa en el buzón de la casa de su padre.

d. Que a ella le constaba que Félix Orlando González 

Figueroa conocía de la demanda.

e. Que Félix Orlando González Figueroa vivió en esa 

residencia por aproximadamente 30 años, todo el tiempo 

que el matrimonio duró.

f. Que ella reconocía la deuda que se alega en la demanda 

y que ella le había expresado a su exesposo que pagaran 

la deuda para no perder el terreno y poder dejárselo a su 

hijo.

g. Que Félix Orlando González Figueroa conocía que esa 

cantidad se adeudaba.

h. Que aceptaba una oferta transaccional donde se 

desestimaba la causa de acción en su contra a cambio de 

la firma de la estructura cediendo la propiedad que 

garantizaba la deuda.

En respuesta, el Sr. González Figueroa se reiteró en su 

petitorio de desestimación y solicitó la descalificación del abogado 

de la otra parte.

12 Junto a su petitorio anejó una copia de la 

sentencia de divorcio de los peticionarios fechada el 28 de agosto de 

11 Apéndice, págs. 55-64.

12 Apéndice, págs. 65-72.
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2014 y una copia de su tarjeta electoral expedida el 28 de agosto de 

2013.13

Por su parte, el Sr. Sgouros se opuso y aseguró que, al incoar 

la demanda de epígrafe, no tenía conocimiento de que los 

peticionarios se habían divorciado ni de que el Sr. González Figueroa

se había mudado de su residencia en Nueva York. Sin embargo,

expresó que, el Sr. González Figueroa no negó haber advenido en 

conocimiento del pleito incoado en su contra a través de la Sra. 

Astacio González.

Evaluado lo anterior, el TPI dictó la Resolución impugnada

mediante la cual denegó las solicitudes de desestimación y de 

descalificación que presentó el Sr. González Figueroa. Además le

concedió un término a dicha parte para contestar la demanda, so 

pena de anotarle la rebeldía. Fundamentó su denegatoria a la 

desestimación en que, según se desprende de la demanda 

presentada, así como lo establecido en la Regla 4.6 de las Reglas de 

Procedimiento Civil,14 32 LPRA Ap. V, R. 4.6, y lo resuelto en Rivera 

v. Jaume, 157 DPR 562 (2002) no requieren que la parte 

demandante acredite -mediante declaración jurada- las gestiones

realizadas para localizar a la parte demandada en circunstancias 

como las que nos ocupan. Entiéndase, al presentar la demanda de 

epígrafe, el Sr. Sgouros notificó que la última dirección conocida de 

13 Apéndice, págs. 73-75.

14 En lo pertinente, el inciso (a) de la Regla 4.6 de las Reglas de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 4.6, dispone:

(a) Cuando la persona a ser emplazada esté fuera de Puerto Rico, 

o que estando en Puerto Rico no pudo ser localizada después de 

realizadas las diligencias pertinentes, o se oculte para no ser 

emplazada, o si es una corporación extranjera sin agente residente, 

y así se compruebe a satisfacción del tribunal mediante 

declaración jurada que exprese dichas diligencias, y aparezca 

también de dicha declaración, o de la demanda presentada, que 

existe una reclamación que justifica la concesión de algún remedio 

contra la persona que ha de ser emplazada, o que dicha persona 

es parte apropiada en el pleito, el tribunal podrá dictar una orden 

para disponer que el emplazamiento se haga por un edicto. No se 

requerirá un diligenciamiento negativo como condición para dictar 

la orden que disponga que el emplazamiento se haga por edicto.
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los peticionarios era 369 Hylan Boulevard Staten Island New York 

10305.

En su dictamen, el TPI hizo constar que, según la demanda 

presentada por virtud de la citada Regla 4.6 y de lo resuelto en 

Rivera v. Jaume, supra, el deber del Sr. Sgouros era remitir por 

correo certificado con acuse de recibo copia de la demanda, de la 

orden para emplazar por edicto y del propio edicto, a la última 

residencia conocida de la parte demandada, lo cual hizo. Lo anterior, 

sin necesidad de comprobar las diligencias o esfuerzos realizados 

para citar a los demandados personalmente. A esos efectos, el foro 

primario citó al Tribunal Supremo quien estableció que:

[...] cuando el demandado se encuentra fuera de Puerto 

Rico, y al demandante le consta el lugar específico 

donde éste se encuentra y así lo informa al tribunal, no 

se requiere la comprobación de diligencias vigorosas y 

honesto esfuerzo para citarle personalmente, y es 

compulsorio el envío por correo certificado con acuse de 

recibo de la copia de la demanda, la orden para 

emplazar mediante edictos y el edicto mismo. (Nota 

omitida.) Rivera v. Jaume, supra, a la pág. 576. 

El TPI consideró además que, tanto el correo certificado como

la Sentencia Parcial fueron remitidos a la mencionada dirección en 

el estado de Nueva York y que ninguno fue devuelto por el correo 

postal, por lo cual se encontraba debidamente notificado. A lo 

anterior se añade que, el Sr. González Figueroa acreditó haberse 

enterado del pleito en su contra por conducto de la referida 

Sentencia Parcial, lo que confirma su recibo a la última dirección 

conocida. Por último, el TPI hizo constar que, el Sr. González 

Figueroa no ha expresado cuál es su presunta dirección residencial.

Sobre tales fundamentos se negó a desestimar.

En desacuerdo, el 7 de febrero de 2023, el Sr. González 

Figueroa presentó un petitorio de reconsideración ante el foro 

primario, acompañado de una declaración jurada suscrita ante la 

Secretaría del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Humacao. Surge de la misma que, el Sr. González Figueroa entregó 
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como medio de identificación una licencia de conducir número

34198234 del estado de Texas de los Estados Unidos.

Tras el TPI denegar su petitorio de reconsideración y aún 

inconforme, el Sr. González Figueroa presentó ante esta Curia el 

recurso de epígrafe en el cual impugnó la determinación del foro 

primario de asumir jurisdicción sobre él, sin previo diligenciamiento

de un emplazamiento personal y en ausencia de una declaración 

jurada sobre las gestiones realizadas para emplazarlo 

personalmente. En apoyo a su argumento citó a Sánchez Ruiz v. 

Higueras Pérez et al., 203 DPR 982 (2020).15

El 30 de marzo de 2023 notificamos una Resolución

concediéndole un término al recurrido para mostrar causa por la 

cual no debiéramos expedir el auto de certiorari. Ha transcurrido 

mayor término al otorgado sin que el Sr. Sgouros haya acreditado 

cumplimiento por lo que, según advertido, resolvemos sin el 

beneficio de su comparecencia. 

II.

A. Certiorari

El recurso de certiorari es un auto procesal extraordinario por 

el cual un peticionario solicita a un tribunal de mayor jerarquía que 

revise y corrija las determinaciones de un tribunal inferior. Torres 

González v. Zaragoza Meléndez, 2023 TSPR 46, resuelto el 12 de 

abril de 2023. Es norma reiterada que, una resolución u orden 

interlocutoria, contrario a una sentencia, es revisable ante el 

Tribunal de Apelaciones mediante auto de certiorari. JMG 

Investment, Inc. v. ELA et al., 203 DPR 708, 718 (2019). A diferencia 

del recurso de apelación, el tribunal revisor tiene la facultad de 

15 Cabe señalar que, en Sánchez Ruiz v. Higueras Pérez et al, supra, distinto al 

caso ante nuestra consideración, la parte demandante desconocía una dirección 

exacta en donde localizar a la parte demandada. Ante tales circunstancias, el 

Tribunal Supremo decretó que, hace falta una declaración jurada que acredite las 

diligencias efectuadas dirigidas a localizar a la parte demandada.
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expedir el auto de certiorari de manera discrecional. Torres González 

v. Zaragoza Meléndez, supra.

Por su parte, la Regla 52.1 de las Reglas de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, limita la facultad que tiene el foro 

apelativo intermedio para revisar las resoluciones u órdenes 

interlocutorias que emite el foro primario. Caribbean Orthopedics v. 

Medshape, et al., 207 DPR 994 (2021). Esa regla establece que el 

recurso de certiorari solo se expedirá cuando se recurra de una 

resolución u orden bajo remedios provisionales de la Regla 56, 

injunctions de la Regla 57 o de la denegatoria de una moción de 

carácter dispositivo. Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra.

No obstante, la citada la Regla 52.1, también dispone que el 

tribunal apelativo, en su ejercicio discrecional y por excepción, 

podrá expedir un recurso de certiorari cuando se recurra de 

decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos 

esenciales, en asuntos relacionados a privilegios evidenciarios, en 

casos de anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones de familia, 

en casos revestidos de interés público o en cualquier otra situación 

en la que esperar a una apelación constituiría un fracaso 

irremediable de la justicia. Íd. El delimitar la revisión a instancias 

específicas tiene como propósito evitar las “dilaciones innecesarias, 

el fraccionamiento de causas y las intervenciones a destiempo.” Íd.; 

Véase, además, Scotiabank v. ZAF Corp., et al., 202 DPR 478, 486-

487 (2019).

Por otro lado, el examen que hace este Tribunal previo a 

expedir un auto de certiorari no se da en el vacío ni en ausencia de 

otros parámetros. Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra. A 

esos efectos, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, señala los criterios que debemos tomar 

en consideración al evaluar si procede expedir el auto de certiorari. 

La citada Regla dispone:
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El Tribunal tomará en consideración los siguientes 

criterios al determinar la expedición de un auto de 

certiorari o de una orden de mostrar causa:

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho.

(B) Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema.

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia.

(D) Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 

caso es la más propicia para su consideración.

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito 

y una dilación indeseable en la solución final del litigio.

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia.

El foro apelativo debe ejercer su facultad revisora solamente 

en aquellos casos en que se demuestre que el dictamen emitido por 

el foro de instancia es arbitrario o constituye un exceso de 

discreción. Pueblo v. Rivera Montalvo, 205 DPR 352 (2020).

III.

En el presente caso, el peticionario solicita que ejerzamos 

nuestra función discrecional para dejar sin efecto el dictamen 

interlocutorio mediante el cual el foro primario denegó su petitorio 

de desestimación. Ante ello, nos corresponde resolver, en esta etapa

de los procedimientos, si el TPI actuó arbitrariamente o en exceso de 

su discreción al negarse a desestimar, al amparo de la Regla 10.2(4), 

32 LPRA Ap. V, R. 10.2. Solo así, habremos de expedir el auto de 

certiorari presentado por el Sr. González Figueroa, en aras de 

intervenir con dicho dictamen. 
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Puntualizamos que, los estándares de revisión antes 

esbozados establecen los parámetros para los tribunales apelativos 

revisar decisiones del foro primario. 

Luego de un examen sosegado del recurso ante nos, al amparo 

de los criterios establecidos para que esta Curia expida un auto de 

certiorari bajo la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, no 

hallamos indicio de que el TPI haya actuado de forma arbitraria, 

caprichosa, haya abusado al ejercer su discreción, o haya cometido 

algún error de Derecho. De nuestra evaluación sosegada concluimos 

que, el peticionario no nos ha puesto en posición para determinar lo 

contrario.

En virtud de lo anterior, resolvemos no intervenir con el 

dictamen recurrido en esta etapa de los procedimientos en cuanto a 

la denegatoria de la desestimación que presentó el Sr. González 

Figueroa. Por consiguiente, no procede la expedición del auto de 

certiorari, según presentado.

IV.

Por todo lo anterior, denegamos la expedición del auto de 

certiorari.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones