Número Identificador

SEN2024____________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

Panel Especial

WILLIAM H. LÓPEZ 

GARCÉS Y GLADYS 

ÁLAMO RODRÍGUEZ

Apelantes

v. 

METRO AVANTI CORP. 

Y MUNICIPIO 

AUTÓNOMO DE 

GUAYNABO

Apelados

KLAN202300894

Apelación

Procedente de 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de 

Bayamón

Núm.:

GB2019CV00369

Sobre: Servidumbre 

de Paso; Daños y 

Perjuicios

Panel integrado por su presidente, el Juez Salgado Schwarz, el Juez 

Ronda Del Toro y la Jueza Prats Palerm

Prats Palerm, Jueza Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de abril de 2024.

Comparece la parte demandante-apelante William H. López 

Garcés (en adelante, “Sr. López Garcés”) y Gladys Álamo Rodríguez

(en adelante, “Sra. Álamo Rodríguez”) (en conjunto, “apelantes”)

mediante recurso de Apelación y solicitan que revoquemos una 

Sentencia emitida el 17 de julio de 2023 y notificada el 18 de julio 

de 2023 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón (en 

adelante, “TPI”). Mediante el referido dictamen, el TPI desestimó sin 

perjuicio por falta de parte indispensable una demanda instada por 

los apelantes.

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

Confirma la Sentencia apelada.

I.

El caso de marras tiene su génesis procesal en una Demanda 

presentada el 25 de marzo de 2019 por el Sr. López Garcés y su 

esposa, la Sra. Álamo Rodríguez contra Metro Avanti Properties Inc. 
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(en adelante, “Metro Avanti”) y el Municipio Autónomo de Guaynabo 

(en adelante, “Municipio”) (en conjunto, “apelados”).

El 20 de agosto de 2019, los demandantes presentaron una 

Primera Demanda Enmendada. En esta, adujeron que Metro Avanti 

y el Municipio cerraron y obstruyeron un camino- el que 

denominaron servidumbre de paso por signo aparente- que desde el 

año 1959 utilizan para acceder a una finca de su propiedad. Tal 

actuación, adujeron, les ha ocasionado una pérdida del disfrute 

pacífico de su propiedad. Además, ha causado graves daños 

emocionales, angustias mentales y pérdida de oportunidad de 

negocio y económicas, en la medida en que provocó la pérdida de 

interés de posibles compradores de su propiedad. La servidumbre 

de paso reclamada no constaba inscrita en el Registro de la 

Propiedad. Por todo lo cual, solicitaron ante el TPI que reconociera 

su existencia.

Luego de varios incidentes procesales, que no son necesarios 

pormenorizar para poder disponer del caso, el 23 de febrero de 2023,

Metro Avanti presentó una Moción de Desestimación por falta de 

parte indispensable. En la misma, alegó que la servidumbre de paso 

reclamada por los demandantes también discurre por las fincas de 

Manuel Resto Robles y Francisco Nieves Figueroa. Además, arguyó 

que el Dr. José López Álamo, hijo del demandante Sr. López Garcés, 

admitió durante su deposición que la servidumbre reclamada 

atraviesa las propiedades de los señores Resto Robles y Nieves

Figueroa. En consecuencia, Metro Avanti adujo que los titulares de 

las fincas eran partes indispensables, sin cuya presencia no se podía 

dictar una sentencia. Por lo tanto, solicitó la desestimación de la 

demanda, según dispone la Regla 10.2 (6) de Procedimiento Civil.

El 16 de marzo de 2023, los demandantes presentaron su 

oposición a la desestimación de la demanda. En apretada síntesis, 
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arguyeron que Metro Avanti no presentó prueba que evidenciara la 

titularidad de las fincas en controversia.

Posteriormente, el 20 de marzo de 2023, el Municipio estipuló 

que la finca que perteneció al Sr. Manuel Robles Resto le pertenece 

al Municipio, habiéndola adquirido mediante expropiación forzosa

en el caso Civil Núm. KEF2010-0217. Por otra parte, señaló que la 

finca 20,802 constaba inscrita en el Registro de la Propiedad a favor 

de Francisco Nieves Figueroa y su esposa, Amada Rivera Rodríguez

(en adelante, “Matrimonio Nieves-Rivera”). Asimismo, el Municipio

entendió que el Matrimonio Nieves-Rivera debían ser acumulados 

en el pleito y se unió a la moción de desestimación presentada por 

Metro Avanti.

El 15 de mayo de 2023, el TPI dictó una Resolución en la cual 

declaró No Ha Lugar la moción de desestimación. Sostuvo que, 

aunque el Municipio presentó una copia del asiento de la Finca 

20,802 del Registro de la Propiedad, donde constaba que en el año 

1972 se inscribió un predio de terreno del barrio Santa Rosa de 

Guaynabo, a favor del Matrimonio Nieves-Rivera, ello no era

suficiente para acreditar que seguían siendo los dueños de dicho 

predio hasta el presente.

Inconforme, ese mismo día, el Municipio solicitó 

reconsideración de la Resolución. El Municipio reiteró lo testificado 

por el Dr. López Álamo durante su deposición sobre los terrenos que 

atraviesa la alegada servidumbre. A su vez, presentó un Estudio de 

Título en el cual se dispuso que, al 22 de marzo de 2023, la finca 

20,280 aparecía inscrita en el Registro de la Propiedad a favor de 

Francisco Nieves Figueroa y Amada Rivera Rodríguez.

Durante esa misma fecha, los demandantes presentaron una 

Moción Informativa y de Sustitución de Parte mediante la cual 

informaron el fallecimiento del Sr. López Garcés. Debido a esto, 

solicitaron la sustitución de parte por los herederos del fenecido Sr. 
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López Garcés, entiéndase, su hijo, el Dr. López Álamo y su esposa, 

la Sra. Álamo Rodríguez. Así, el foro primario autorizó la sustitución 

mediante Orden dictada el 17 de mayo de 2023.

El 18 de mayo de 2023, Metro Avanti presentó una Moción

Suplementando y Uniéndose a Reconsideración en la cual se unió a 

la moción de reconsideración presentada por el Municipio. Además, 

presentó una Certificación Registral emitida por la Registradora de 

la Propiedad, sección de Guaynabo, donde certificó que, al 17 de 

mayo de 2023, la Propiedad 20,282 aún constaba inscrita a favor de 

Francisco Nieves Figueroa y Amada Rivera Rodríguez.

Así las cosas, el 2 de junio de 2023, los demandantes 

presentaron su Oposición a Moción de Reconsideración. Alegaron que 

la deposición del Dr. López Álamo fue impugnada y su transcripción 

no había sido confirmada o estipulada como correcta, ya que la parte 

había sufrido un percance de salud ocurrido durante o con 

anterioridad a la deposición que creó dudas sobre su capacidad y 

entendimiento del procedimiento. Además, arguyeron que, la 

servidumbre de paso era paralela a la propiedad del Matrimonio 

Nieves-Rivera y que no discurría dentro de esta.

El 17 de julio de 2023, el TPI emitió una Sentencia, notificada 

el 18 de julio de 2023. Mediante el referido dictamen, el foro primario

declaró Con Lugar la reconsideración y desestimó sin perjuicio el 

caso de autos por falta de partes indispensables, entiéndase 

Francisco Nieves Figueroa, Amada Rivera Rodríguez y la Sociedad 

Legal de Gananciales compuesta por ambos. En lo aquí pertinente, 

el Tribunal determinó:

El 15 de mayo de 2023 se emitió RESOLUCIÓN sobre 

controversia planteada de falta de parte indispensable. 

De la cual lo codemandados solicitan reconsideración. 

Con sus respectivos escritos los codemandados 

presentan Estudio de Título de la Finca 20,282 al igual 

que la Certificación Registral. De ambos documentos 

se desprende que tanto Francisco Nieves Figueroa 

como Amanda Rivera Rodríguez son parte 

indispensable en este caso ya que ambos figuran 
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como los dueños registrales del inmueble por donde 

se solicita se reconozca una servidumbre de paso.1

(Énfasis suplido).

El 1 de agosto de 2023, los demandantes solicitaron

reconsideración de la Sentencia o, en la alternativa, solicitaron

autorización para enmendar la demanda e incluir al Matrimonio 

Nieves-Rivera como parte. Adujeron que la servidumbre de paso no 

atraviesa la finca que presuntamente es propiedad del Matrimonio 

Nieves-Rivera y, por tanto, no han solicitado remedio alguno en 

contra de ellos. Aún así, arguyeron que la titularidad de las fincas 

no quedó evidenciada. No obstante, solicitaron del foro primario que, 

de sostener su determinación sobre parte indispensable, permitiera 

enmendar la demanda e incluir a las partes en el pleito.

Luego, el 10 de agosto de 2023, Metro Avanti presentó una 

Oposición a Reconsideración y a solicitud tardía para que se permita 

una segunda enmienda a la Demanda. Argumentó que los 

demandantes no presentaron documentos que sustanciaran su 

argumento respecto a la titularidad de las fincas. Además, sostuvo 

que es improcedente enmendar una demanda, luego de emitida una 

sentencia.

El 17 de agosto de 2023, el Municipio presentó una Moción en 

Oposición a Solicitud de Reconsideración y sostuvo que el Matrimonio 

Nieves-Rivera es parte indispensable, ya que la servidumbre de paso 

solicitada atravesaría una finca propiedad de estos.

Así, pues, el 18 de agosto de 2023, el TPI dictaminó una 

Resolución, notificada el 23 de agosto de 2023, en la cual declaró 

No Ha Lugar la moción de reconsideración y solicitud de enmienda 

presentada por la parte demandante.

Insatisfechos, el 6 de octubre de 2023, la Sra. Álamo 

Rodríguez y el Dr. López Álamo presentaron un recurso de Apelación 

1 Véase Apéndice de la Parte Apelante a las págs. 192-193 (Sentencia).
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ante esta Curia y solicitaron que revoquemos la Sentencia emitida el 

17 de julio de 2023 y notificada el día siguiente. Los apelantes 

realizaron los siguientes señalamientos de error:

Erró el TPI al resolver en su sentencia que Francisco 

Nieves Figueroa, Amanda Rivas Rodríguez y la 

Sociedad Legal de Gananciales compuesta por 

ambos son partes indispensables en el pleito de 

epígrafe sin cuya presencia no pueda adjudicarse la 

controversia.

Erró el TPI al resolver desestimar la demanda de 

epígrafe debido a que faltaban partes indispensables 

en el pleito, entiéndase Francisco Nieves Figueroa, 

Amanda Rivas Rodríguez y la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta por ambos.

Erró el TPI al denegar la autorización para enmendar 

la demanda y hacer parte y acumular en el pleito de 

epígrafe a Francisco Nieves Figueroa, Amanda Rivas

Rodríguez y la Sociedad Legal de Gananciales 

compuesta por ambos, tras resolver que eran parte 

indispensable, en vez de desestimar la demanda.

Los apelantes alegan que la servidumbre de paso reclamada 

resulta paralela a la finca 20,282, es decir, no transcurre por finca 

alguna perteneciente al Matrimonio Nieves-Rivera. En la alternativa, 

arguyen que, de transcurrir por la propiedad, la prueba documental 

presentada por los apelados no es suficiente para evidenciar la 

titularidad de la finca. Aún más, arguyen que, al determinar que el 

Matrimonio Nieves-Rivera era parte indispensable, le correspondía 

al foro primario autorizar la enmienda a la Demanda para traerlos

al pleito.

El 27 de noviembre de 2023, el Municipio presentó su 

Oposición a Apelación. Luego, el 4 de diciembre de 2023, Metro 

Avanti presentó su alegato en oposición.

Con el beneficio de la comparecencia de las partes y a la luz 

del derecho aplicable, procedemos a resolver.
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II.

-AEl Código Civil de Puerto Rico de 1930 define el derecho real 

de servidumbre como un gravamen impuesto sobre un bien 

inmueble, denominado predio sirviente, a beneficio de otro 

perteneciente a un dueño distinto, denominado predio dominante. 

Código Civil, Art. 465, 31 LPRA sec. 1631; Ciudad Real v. Municipio 

de Vega Baja, 161 DPR 160, 171 (2004). 

A su vez, el Código Civil clasifica las servidumbres según su 

naturaleza o características. Así, las servidumbres son legales o 

voluntarias, según las establezca una ley o la voluntad de los 

propietarios de los predios involucrados. Código Civil, Art. 472, 31 

LPRA sec. 1638; Ciudad Real v. Municipio de Vega Baja, 161 DPR, a 

las págs. 171-172. 

Además, pueden establecerse “en provecho de una o más 

personas o de una comunidad a quienes no le pertenezca la finca 

gravada”. Código Civil, Art. 466, 31 LPRA sec. 1632. 

Las servidumbres que disfruta el propietario de una finca y 

que están constituidas sobre otra propiedad vecina, para beneficio 

de la primera, se conocen como servidumbres reales o prediales. 

Código Civil, Art. 467, 31 LPRA sec. 1633. Cabe aclarar, sin 

embargo, que las obligaciones que surgen de este tipo 

de servidumbre se deben respecto a la propiedad y no respecto a la 

persona que sea dueño de ella. 

De otra parte, las servidumbres son inseparables de la finca a 

las que pertenecen activa o pasivamente. Código Civil, Art. 470, 31 

LPRA sec. 1636. Además, son indivisibles, lo que significa que, si el 

predio sirviente se divide entre dos o más, no se modifica 

la servidumbre, sino que cada uno de los predios tiene que tolerarla 

en la parte que le corresponda. De igual forma, si es el predio 

dominante el que se divide entre dos o más, cada uno de ellos puede 
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usar por entero la servidumbre, pero sin alterar el lugar de su uso 

ni gravar de otra manera. Código Civil, Art. 471, 31 LPRA sec. 

1637. 

Uno de los tipos de servidumbres prediales lo constituyen 

las servidumbres de paso, regidas en nuestro ordenamiento por los 

artículos 500 a 506 del Código Civil, 31 LPRA secs. 1731 y 1737. 

Específicamente, el artículo 500 define la servidumbre de paso como 

el derecho que tiene un propietario de exigir que se le permita el 

paso por las propiedades vecinas cuando su finca o heredad se 

encuentra enclavada entre otras ajenas y sin salida a camino 

público, previa la correspondiente indemnización. Las 

servidumbres de paso, siendo discontinuas y aparentes, solo 

pueden adquirirse mediante título y, por excepción, mediante signo 

aparente, si concurren los elementos establecidos en el Art. 477 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 1655, a saber: (1) la existencia del signo 

aparente de servidumbre entre dos fincas; (2) que el signo aparente 

de servidumbre lo haya constituido el dueño de ambas fincas; (3) 

que una de las fincas se enajene a un tercero; y, (4) que no se haya 

hecho desaparecer el signo aparente de servidumbre antes del 

otorgamiento de la escritura de enajenación, o que no se haya hecho 

una manifestación contraria a la subsistencia del signo en el título 

de enajenación de cualquiera de las fincas. 

-BLa Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2, 

permite a una parte que es demandada, mediante la presentación 

de una moción debidamente fundamentada a esos fines, solicitar la 

desestimación de la demanda instada en su contra. En particular, 

la referida regla establece que la parte demandada podrá solicitar la 

desestimación de la demanda en su contra por alguno de los 

siguientes fundamentos:

1) Falta de jurisdicción sobre la materia.
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2) Falta de jurisdicción sobre la persona.

3) Insuficiencia del emplazamiento.

4) Insuficiencia del diligenciamiento del emplazamiento.

5) Dejar de exponer una reclamación que justifique la concesión 

de un remedio.

6) Dejar de acumular una parte indispensable. Íd. (Énfasis 

suplido).

La acumulación indispensable de partes está gobernada por 

la Regla 16 de Procedimiento Civil. 32 LPRA, Ap. III, R. 16.

Específicamente, la Regla 16.1 de Procedimiento Civil, supra,

dispone:

Las personas que tuvieren un interés común sin cuya 

presencia no pueda adjudicarse la controversia, se 

harán partes y se acumularán como demandantes o 

demandadas según corresponda. Cuando una persona 

que deba unirse como demandante rehusare hacerlo, 

podrá unirse como demandada.

El interés de la parte en el litigio debe ser de “[...] tal orden que 

impida la confección de un derecho adecuado sin afectarle o destruirle 

radicalmente sus derechos”. Pérez Rosa v. Morales Rosado, 172 DPR 

216, 223 (2007).

Así pues, una parte indispensable es aquella persona cuyos 

derechos e intereses podrían quedar destruidos o inevitablemente 

afectados por una sentencia dictada en su ausencia. Pérez Ríos v. 

Luma Energy LLC., 2023 TSPR 136, 213 DPR __ (2023). Esta regla 

persigue el propósito de proteger a la persona ausente de los 

posibles efectos perjudiciales de un dictamen judicial y evitar la 

multiplicidad de pleitos. Íd. 

Al determinar si una persona es una parte indispensable en 

un pleito, se requiere un enfoque pragmático e individualizado, a 

tenor con las particularidades de cada caso. García Colón et al. v. 

Sucn. González, 178 DPR 527, 549 (2010). En ese sentido, el 

tribunal deberá evaluar los intereses envueltos y distinguir entre los 

diversos géneros de casos. Deliz et als. v. Igartúa et als., 158 DPR 

403, 434 (2003). Ello “exige una evaluación jurídica de factores tales 

como tiempo, lugar, modo, alegaciones, prueba, clase de derechos, 
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intereses en conflicto, resultado y formalidad”. Íd. citando a Sánchez 

v. Sánchez, 154 DPR 645, 678 (2001). Además, deberá examinar si 

el tribunal “podrá hacer justicia y conceder un remedio final y 

completo sin afectar los intereses del ausente”. Pérez Rosa v. Morales 

Rosado, supra.

Una vez se concluya que una parte es indispensable, el pleito 

no podrá adjudicarse sin su presencia. Pérez Ríos v. Luma Energy 

LLC., supra; Pérez Rosa v. Morales Rosado, supra. En tal caso, dicha 

persona tiene que hacerse formar parte en el pleito.

De tal arraigo es el interés de proteger a las partes 

indispensables, que la no inclusión en el pleito de una 

parte indispensable constituye una defensa 

irrenunciable, la cual puede presentarse en cualquier 

momento durante el proceso. Incluso, los tribunales 

apelativos deben levantar motu proprio la falta de parte 

indispensable, debido a que ésta incide sobre la 

jurisdicción del tribunal. De reconocerse que está 

ausente una parte indispensable, debe desestimarse la 

acción. Sin embargo, dicha desestimación no tendrá el 

efecto de una adjudicación en los méritos ni, por ende, 

de cosa juzgada. Pérez Rosa v. Morales Rosado, supra, 

págs. 223-224. (Citas omitidas).

El estándar que debe cumplir quien alega ser parte

indispensable en un pleito consiste en establecer un interés común 

con el que demuestre que sin su presencia no puede adjudicarse la 

controversia. Adviértase que no se trata de un mero interés en la 

controversia, sino de aquel de tal orden que impida la confección de 

un decreto adecuado sin afectarlo. Pérez Ríos v. Luma Energy LLC., 

supra; Deliz Muñoz v. Igartúa, 158 DPR 403 (2003); Sánchez 

Encarnación v. Sánchez Brunet, 154 DPR 645 (2001). Este debe ser, 

además, de índole real e inmediato. FCPR v. ELA et al., 211 DPR 521, 

531 (2023).

Ahora bien, “[l]a omisión de incluir a una parte indispensable 

incide sobre el debido proceso de ley que cobija al ausente”. Colón 

Negrón et al. v. Mun. Bayamón, 192 DPR 499, 511 (2015). Por tanto, 

el mecanismo establecido en la Regla 16.1 de Procedimiento

Civil, supra, parte de dos principios fundamentales: (1) garantizar la 
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protección constitucional de que una persona no sea privada de la 

libertad y propiedad sin un debido proceso de ley, y (2) la necesidad 

de que el decreto judicial emitido sea completo. López García v. 

López García, 200 DPR 50, 64 (2018). 

Por ello, nuestro Tribunal Supremo ha expresado que “[a]nte 

la ausencia de una parte indispensable, el tribunal carece de 

jurisdicción para resolver la controversia”. Bonilla Ramos v. Dávila 

Medina, 185 DPR 667, 677-678 (2012). Al incidir tal ausencia sobre 

la jurisdicción del tribunal, deberá entonces desestimarse la 

acción. Íd., a la pág. 678. No obstante, dicha desestimación no tiene 

el efecto de una adjudicación en los méritos ni de cosa 

juzgada. Pérez Rosa v. Morales Rosado, 172 DPR 216, 224 (2007). 

-CLa Regla 13.1 de Procedimiento Civil, dispone que “[c]ualquier

parte podrá enmendar sus alegaciones en cualquier momento antes 

de habérsele notificado una alegación responsiva”. 32 LPRA Ap. V, 

R. 13.1. No obstante, “[e]n cualquier otro caso, las partes podrán 

enmendar su alegación únicamente con el permiso del tribunal o 

mediante el consentimiento por escrito de la parte contraria”. Íd. En 

ese caso, “el permiso [del tribunal para enmendar las alegaciones] se 

concederá liberalmente cuando la justicia así lo requiera”. Íd. Véase, 

además, SLG Font Bardón v. Mini-Warehouse, 179 DPR 322, 334-

335 (2010). 

Establecido lo anterior, “la Regla 13.1 permite a una parte 

enmendar sus alegaciones cuando por alguna razón válida en 

derecho ha omitido algo en éstas”. Dist. Unidos Gas v. Sucn. Declet 

Jiménez, 196 DPR 96, 117 (2016) (Cita omitida); 32 LPRA Ap. V, R. 

13.1.

Aunque las Reglas de Procedimiento Civil favorecen un 

enfoque liberal al momento de autorizar alguna enmienda a las 

alegaciones, “esta liberalidad no es infinita”. Colón Rivera v. Wyeth 
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Pharm., 184 DPR 184, 199 (2012) (Cita omitida). En SLG Sierra v. 

Rodríguez, el Tribunal Supremo estableció cuatro criterios que 

deben regir la discreción de los tribunales al decidir si autorizan o 

no una enmienda: “(1) el impacto del tiempo transcurrido previo a la 

enmienda, (2) la razón de la demora, (3) el perjuicio a la otra parte, y 

(4) la procedencia de la enmienda solicitada”. 163 DPR 738, 748 

(2005). Estos criterios deben ser analizados conjuntamente, y 

ninguno de ellos, por sí solo, obliga a los tribunales a negar o 

autorizar enmiendas a las alegaciones. Véase SLG Font Bardón v. 

Mini-Warehouse, supra. 

III.

En el presente caso, la parte apelante solicita que revoquemos 

la Sentencia emitida el 17 de julio de 2023 y notificada el 18 del 

mismo mes y año, mediante la cual el TPI desestimó sin perjuicio la 

causa de acción en contra del Municipio y Metro Avanti por falta de 

parte indispensable. El Tribunal determinó que el Matrimonio 

Nieves-Rivera era parte indispensable, ya que los demandantes 

solicitaban que se reconociera una servidumbre de paso que 

presuntamente discurre por una finca propiedad del Matrimonio. La 

titularidad de la finca 20,280 quedó evidenciada mediante 

Certificación Registral expedida por la Registradora de la Propiedad, 

sección de Guaynabo, en la cual estipuló que la finca consta inscrita 

a favor de Francisco Nieves Figueroa y Amada Rivera Rodríguez.

Los apelantes le imputan al foro primario un total de tres (3) 

errores. En síntesis, los apelantes alegan que erró el foro a quo al 

concluir que el Matrimonio Nieves-Rivera es parte indispensable. 

Esbozan, además, que erró el foro primario al desestimar la causa 

de acción sin haberle concedido a los apelantes autorización para

enmendar la demanda y traer al pleito a la denominada parte 

indispensable. Los errores señalados serán discutidos en conjunto 
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por tratar sobre el mismo asunto, la acumulación de partes 

indispensables.

En primer lugar, los apelantes solicitan que se reconozca una 

servidumbre de paso que discurre por las fincas de los apelados. Por 

el contrario, los apelados alegan que la servidumbre de paso

reclamada no solo discurre por las fincas de estos, sino también por 

la finca del Matrimonio Nieves-Rivera. Por tal razón, los apelados 

arguyen que, evidenciada la titularidad de la finca, el Matrimonio 

Nieves-Rivera es una parte indispensable, sin cuya presencia no se 

puede dictar una sentencia.

Los apelantes argumentan que la prueba documental 

presentada, incluyendo la Certificación Registral, no fue suficiente 

para evidenciar la titularidad de la finca.

El principio de la fe pública registral se fundamenta en la idea 

de que el contenido del Registro de la Propiedad se considera exacto 

a los fines de la seguridad en el tráfico jurídico. Luis Rafael Rivera 

Rivera, Derecho Registral Inmobiliario Puertorriqueño, 2da Edición, 

Jurídica Editores, 2002, a la pág. 96. Bajo este principio, se 

presume que los asientos del Registro son ciertos y correctos. Ante 

la ausencia de prueba que rebatiera la presunción de corrección de 

los asientos del Registro, la titularidad de la finca quedó evidenciada 

como perteneciente al Matrimonio Nieves-Rivera.

En segundo lugar, los apelantes sostienen que, aun cuando 

la servidumbre de paso discurra por la finca del Matrimonio NievesRivera, en la Primera Demanda Enmendada no se presentó 

reclamación alguna en su contra.

El propósito de acumular a todas las partes es proteger los 

derechos de terceros ausentes. Así, independiente de que los 

apelantes levanten alguna reclamación en contra del Matrimonio 

Nieves-Rivera, la realidad es que el reconocimiento de una 

servidumbre de paso que discurre a través de su finca afectaría sus 
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derechos y crearía un gravamen sobre su propiedad. Ante la 

posibilidad de reconocer una servidumbre de paso que atraviesa una 

finca ajena a la de los apelados, el deber de los apelantes era traer 

al pleito a los titulares de las otras fincas que podrían verse 

afectadas. Por todo lo cual, evidenciada la titularidad del Matrimonio 

Nieves-Rivera sobre la finca 20,280, estos deberían ser acumulados 

en el pleito como partes indispensables, de manera oportuna. 

Por otro lado, la parte apelante advino en conocimiento de la 

posibilidad de que la servidumbre atravesara la finca del Matrimonio 

Nieves-Rivera luego de que su titularidad quedara probada mediante 

Certificación Registral. Aun así, no solicitaron autorización para 

enmendar la demanda e incluirlos como parte indispensable hasta 

después de dictada la Sentencia. Enmendar una causa de acción, 

luego de emitido un fallo resolutorio, es improcedente en Derecho. 

Debido a esto, la solicitud de los apelantes fue tardía e inoportuna. 

Resulta forzoso concluir que el foro primario no erró al no permitir 

la enmienda a la demanda.

Finalmente, entendemos meritorio aclarar que, una 

desestimación sin perjuicio no significa una adjudicación en sus 

méritos. Por todo lo cual, la parte afectada no está imposibilitada de 

presentar una nueva causa de acción. 

IV.

Por los fundamentos antes expuestos, se Confirma la 

Sentencia apelada.

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones