Número identificador 

 SEN2024_________________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL V

ASOCIACIÓN DE 

RESIDENTES DE 

ESTANCIAS DE YAUCO, 

INC.,

Apelada,

v.

DESARROLLOS GJOM, 

INC.,

Apelante.

KLAN202400215

APELACIÓN

procedente del Tribunal de 

Primera Instancia, 

Sala Superior de Ponce.

Civil núm.:

PO2022CV03027.

Sobre:

injunction (entredicho 

provisional, injunction

preliminar y permanente).

Panel integrado por su presidente, el juez Hernández Sánchez, la jueza 

Romero García y la jueza Martínez Cordero.

Romero García, jueza ponente.

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de junio de 2024.

El 5 de marzo de 2024, la parte apelante, Desarrollos GJOM, Inc. 

(Desarrollos), instó este recurso con el fin de que este Tribunal revoque la 

Sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Ponce, el 25 de enero de 20241, notificada en esa misma fecha. En su 

determinación, el foro primario declaró con lugar la demanda y, en su 

consecuencia, ordenó la paralización de ciertas obras llevadas a cabo por 

Desarrollos, por esta no contar con la totalidad de las autorizaciones y 

permisos correspondientes.

Evaluado el escrito y su apéndice y la oposición de la parte apelada, 

confirmamos la Sentencia apelada.

I

Este caso inició con la presentación de una demanda de interdicto 

presentada por la Asociación de Residentes de Estancias de Yauco, Inc.

(Asociación), el 2 de noviembre de 20222. En ella, la Asociación adujo que 

Desarrollos era la dueña de un predio de terreno colindante con la 

1 Véase, apéndice del recurso, a las págs. 581-611.

2

Íd., a las págs. 1-21.
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urbanización Estancias de Yauco3, que ubica en ese municipio. Planteó 

que Desarrollos, sin contar con los permisos correspondientes, llevaba a 

cabo trabajos en el predio colindante, que afectaban a los miembros de la 

Asociación. Adicionalmente, alegó que Desarrollos había informado que 

proyectaba construir siete (7) residencias en su predio, cuyo acceso sería 

a través de la urbanización Estancias de Yauco.

La Asociación solicitó que el foro primario emitiera una orden de 

cese y desista, así como un entredicho provisional, un injunction preliminar 

y permanente en contra de Desarrollos. También, solicitó que el tribunal 

ordenara que Desarrollos construyera un muro de contención en su predio, 

con el fin de que se evitara y previniera la erosión del terreno.

El 3 de noviembre de 2022, a las 4:00 pm, el tribunal emitió una 

Orden de Entredicho Provisional4, en la que dispuso para el cese y desista 

de toda obra de remoción de terreno o de tierra en la colindancia entre el 

predio de Desarrollos y la urbanización5. Citó a la vista del injunction 

preliminar para el 14 de noviembre de 2022. A solicitud de la Asociación, la 

vista fue transferida para el 18 de noviembre de 20226.

Mientras, el 11 de noviembre de 2022, Desarrollos presentó su 

contestación a la demanda7. Entre los hechos admitidos, reconoció que 

contaba con un permiso para la construcción de un muro de contención y 

que cualquier movimiento de terreno que se hubiera llevado a cabo estaba 

relacionado con la construcción de dicho muro. Afirmó que el muro de 

contención se había ideado para la protección de la urbanización. Admitió,

además, que tenía proyectado construir varias viviendas en su predio.

3 Conforme a las alegaciones de la demanda, el predio de Desarrollos ubica en el lado sur 

de la Calle 13 de la urbanización. 

4 Véase, apéndice del recurso, a las págs. 24-29. 

5

Íd., a las págs. 30-33.

6

Íd., a la pág. 52.

7

Íd., a las págs. 45-47.
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El 18 de noviembre de 2022, el tribunal celebró la vista8. Discutidos 

varios aspectos del caso, el tribunal concluyó que el remedio adecuado en 

derecho era el recurso interdictal contemplado en el Art. 14.1 de la Ley de 

Permisos, infra. Por tanto, le concedió un breve término a la Asociación 

para enmendar su demanda; ello, so pena de la desestimación del pleito.

El 22 de noviembre de 2022, la Asociación presentó su demanda 

enmendada9. Esta vez se amparó en el injunction estatutario reconocido

en el Art. 14.1 de la Ley de Permisos.

El 7 de diciembre de 2022, Desarrollos presentó su contestación a 

la demanda enmendada10. En síntesis, adujo que contaba con el permiso 

de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) para construir el muro de 

contención entre las fincas, y que cualquier molestia sufrida por la 

Asociación, cualquier movimiento de terreno o polvo que se hubiera 

generado era parte de la preparación de su terreno para la construcción del 

muro. Es decir, el argumento en que Desarrollos basó sus defensas y su 

postura en el caso fue que la construcción del muro de contención, según 

aprobado por la OGPe, conllevaba la “preparación del terreno” y que sus 

acciones – aun cuando generasen ciertas molestias a los vecinos - siempre 

estuvieron cobijadas por el permiso otorgado. 

Más adelante en el pleito, el foro primario emitió una orden el 21 de 

agosto de 202311, que leía como sigue:

A fines de aclarar cualquier duda con la orden del tribunal en 

la vista del 18 de noviembre de 2022, se prohíbe el acceso, 

ya sea de personas, equipo o maquinaria de la parte 

demandada [Desarrollos], a los predios de la urbanización 

Estancias de Yauco, lo cual incluye todas sus calles, 

incluyendo la Calle 13. La parte demandada podrá continuar 

realizando las labores para la cual obtuvo el permiso de 

construcción desde sus predios y mediante su propio acceso 

al mismo, el cual informó en la vista que no estaba enclavado. 

Se apercibe a la parte demandada que cualquier violación a 

esta orden y/o la orden del 18 de noviembre de 2022 se le 

impondrá sanciones económicas y/o desacato.

8 Véase, minuta de la vista, a las págs. 104-106 del apéndice del recurso.

9 Véase, apéndice del recurso, a las págs. 107-114. Posteriormente, el 23 de noviembre 

de 2022, la demanda enmendada fue presentada nuevamente para incluir la declaración 

jurada de la presidenta de la Asociación. Íd., a las págs. 115-123.

10 Íd., a las págs. 126-129. 

11 Íd., a las págs. 583-584.
KLAN202400215 4

El 8 de septiembre de 2023, Desarrollos presentó su contestación a 

la demanda enmendada12, en la cual negó la mayoría de las alegaciones.

En síntesis, adujo que contaba con autorización para clausurar la Calle 13

y que las vallas que colocó tuvieron el propósito de proteger la propiedad 

de la Asociación. Alegó que la Asociación no fue quien tomó las medidas 

para evitar las descargas de agua13.

El 27 de noviembre de 2023, se celebró la vista de injunction14. La 

Asociación presentó el testimonio del Ing. Julio González Fortuño, quien 

fue cualificado como perito en ingeniería ambiental y sobre asuntos 

relacionados a permisos ante la OGPe. Además, se admitió su curriculum 

vitae y, durante el interrogatorio directo, se admitió el informe pericial 

suscrito por él. Por su parte, el representante legal de Desarrollos tuvo 

oportunidad de contrainterrogar al ingeniero González Fortuño.

La vista de injunction continuó el 8 de diciembre de 202315.

Recibida y aquilatada la prueba, el foro primario emitió su Sentencia

el 25 de enero de 202416. En ella, declaró con lugar la demanda, emitió 

una orden de paralización y decretó el cese y desista de las obras iniciadas 

por Desarrollos en la finca en controversia, toda vez que no contaba con la 

totalidad de los permisos correspondientes, conforme a las leyes y los 

12 Véase, apéndice del recurso, a las págs. 348-349. 

13 Íd., a las págs. 260-278. El 6 de septiembre de 2023, la Asociación notificó el informe 

pericial del Ing. Julio González Fortuño. 

14 Véase, apéndice del recurso, a las págs. 554-565. En la vista, las partes estipularon la 

siguiente prueba documental: Exhibit I – Permiso de Construcción (6 folios); Exhibit II –

Certificación de cumplimiento ambiental por exclusión categórica (4 folios); Exhibit III –

Plano del muro de contención; Exhibit IV – Escritura número 31 sobre rectificación de 

cabida ante el notario Gamaliel Troche Albarrán (4 folios); Exhibit V – Escritura 32 sobre 

segregación, compraventa y agrupación ante el notario Gamaliel Troche Albarrán (11 

folios); Exhibit VI – Escritura 33 sobre compraventa ante el notario Gamaliel Troche 

Albarrán (11 folios); Exhibit VII – Notificación de cierre parcial calle 13-8 Estancias de 

Yauco, 17 de agosto de 2023 (1 folio); Exhibit VIII – Notificación de cierre parcial calle 13-

8 Estancias de Yauco, 10 de julio de 2023. (1 folio); Exhibit IX – Escritura de condiciones 

restrictivas (8 folios). 

15 Véase, apéndice del recurso, a las págs. 570-573. En la continuación de la vista, las 

partes litigantes añadieron como prueba estipulada la siguiente prueba documental: 

Exhibit X - foto de camión en la finca 13,876, descargando tierra (1 folio); Exhibit XI - foto 

de máquina trabajando en la finca 13,876 (1 folio); Exhibit XIII - foto del terreno de caminos 

hechos en el terreno; Exhibit XIII - foto de movimiento del terreno y relleno; Exhibit XIV -

foto de terreno con vegetación; Exhibit XV - foto de terreno bajo lluvia y los dos caminos 

abiertos por Desarrollos para dar acceso a la Calle 13 de la urbanización Estancias de 

Yauco (2 folios); Exhibit XVI - foto del terreno cortado por el sur de la Calle 13; Exhibit XVII 

- foto del terreno marcado desde la carretera núm. 3334. 

16 Véase, apéndice del recurso, a las págs. 581-611. 
KLAN202400215 5

reglamentos aplicables. Además, consignó los hechos que entendió 

probados: 

1. Se incorporan las estipulaciones de hechos previamente 

expresadas y presentadas por las partes el 6 de noviembre 

de 2023, mediante MOCIÓN CONJUNTA; se hacen constar 

como determinaciones de hechos de la presente 

SENTENCIA.

Testimonio del ingeniero Julio González Fortuño, perito de la 

parte demandante:

2. El perito de la parte demandante, el ingeniero Julio González 

Fortuño, es ingeniero ambiental y un Profesional Autorizado 

conforme lo dispone la Ley 161. Entre los documentos que 

está autorizado a expedir se incluye el documento de 

cumplimiento ambiental por exclusión categóricas.

3. El ingeniero González obtuvo copia del trámite en OGPe 

relacionado a la controversia del caso, accedió a los sistemas 

de la Junta de Planificación para obtener información general 

de las parcelas relacionadas al caso, evaluó los estudios de 

título y visitó en 3 ocasiones los predios en controversia.

4. Indicó que la finca está ubicada en el Barrio Barinas en Yauco 

en la carretera 3334, finca segregada de la 13860 y que, 

conforme a los estudios de títulos examinados, la finca donde 

se realiza la construcción esta denominada como área 

comercial.

5. El ingeniero González declaró que una exclusión categórica 

es que la Junta de Planificación conoce de antemano los 

impactos que puede causar una acción a llevase a cabo. 

Cuando en el listado se encuentra la acción y cumple con las 

descripciones generales de la exclusión categórica, se le 

puede otorgar la exclusión. Es un proceso bastante sencillo y 

en el que se permite proceder con el permiso de construcción 

ya que se conoce cuál puede ser el impacto al 

medioambiente.

6. El perito opinó que, con la exclusión categórica, según 

concedida para la construcción en controversia, lo que está 

haciendo la parte demandada [Desarrollos] es fragmentar el 

proyecto y desarrollo que va a llevar a cabo.

7. Indicó que la finca 13876 donde se realiza el proyecto de la 

parte demandada no pertenece al proyecto Estancias de 

Yauco, ni es un remanente de dicha urbanización.

8. El ingeniero González explicó que cuando utiliza la expresión 

fragmentar se refiere a que, dentro de la evaluación que 

hicieron del caso, fue al sistema de la Junta de Planificación 

y buscaron la parcela y vio todos los casos que habían 

radicados para esa parcela. Encontró que había varios casos 

radicados, unos cerrados y varios aprobados, entre ellos, la 

exclusión categórica en controversia y el permiso de 

construcción, pero que anterior a ello habían hecho unas 

recomendaciones por la Autoridad de Carreteras, en la cual 

se había solicitado las recomendaciones para la construcción 

de 7 unidades de viviendas en primer lugar, y luego la 

solicitud fue enmendada a una solicitud de consulta de 5 
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unidades de viviendas. El perito expresó que entre las 

recomendaciones realizadas por la agencia pertinente fue 

que había que realizar un diseño de las entradas y de cómo 

iba a quedar geométricamente la urbanización. La entrada de 

dicho desarrollo sería por la carretera 3334, por el lado sur de 

la propiedad en controversia. El norte, oeste y este de la 

propiedad de la parte demandada colinda con la propiedad 

de la parte demandante [Asociación].

9. El ingeniero González declaró que cuando ven que la 

intensión del desarrollador es hacer unidades de viviendas, el 

método de permisología cambia totalmente, porque ya 

entonces se tiene que entrar en lo que son las 

recomendaciones ambientales; hay que hacer una 

evaluación ambiental del predio, luego evaluar los 

parámetros de cada vivienda y los parámetros de cómo 

queda la urbanización.

10.El perito declaró que el permiso obtenido por la parte 

demandante es un permiso de exclusión categórica para la 

construcción de un muro de contención.

11.El ingeniero González indicó que no se podía otorgar la 

exclusión categórica para únicamente la construcción del 

muro de contención. Expresó que por lo que pudo observar 

en la propiedad en controversia, allí se desarrolla un proyecto 

fragmentado, para el cual se debe ir a OGPe con el proyecto 

completo con la información de todo lo que se quiere hacer o 

desarrollar dentro de la parcela conforme al Reglamento de 

Evaluación y Trámite de Documentos Ambientales de la 

Junta de Calidad Ambiental el cual dispone que no se 

fraccionará o segmentará obra o acción alguna con el fin de 

evitar llevar a cabo un proceso de planificación ambiental 

completo.

12.El perito opinó que la parte demandada fraccionó la actividad 

que iba a llevar a cabo y que procedieron con una exclusión 

categórica para un muro de contención primero.

13.En ingeniero González opinó que la parte demandada realiza 

actos de urbanización y no de un muro de contención. En su 

visita al lugar en controversia pudo observar que estaban

haciendo una entrada a través de la calle vecinal de Estancias 

de Yauco e hicieron un corte de corteza terrestre sin permiso. 

También observó que el terreno estaba siendo marcado 

como usualmente se realiza en las obras de construcción.

14.El ingeniero González declaró que el corte de terreno 

realizado desestabilizó las aguas de escorrentías sin haberse 

evaluado hacia dónde iban a discurrir dichas aguas durante 

la construcción y luego durante el desarrollo.

15.El perito declaró que en el área hubo un desmonte de 

vegetación. Manifestó que se desprende de la prueba 

documental que en el lugar en controversia había árboles 

flamboyán, típicos del área, que fueron desmontados sin 

hacer una certificación de habitat que indicara si había flora o 

fauna en peligro de extinción.

16.El ingeniero González declaró que la parte demandante no 

obtuvo el permiso general consolidado, el cual incluye el plan 

de control de erosión y sedimentación que se requiere 
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cuando se desmonta la corteza terrestre. Indicó que dicho 

permiso también requiere un plan para la disposición de 

desperdicios sólidos o DS3 que se generan como producto 

del desmonte de la vegetación. Indicó que de las fotos se 

desprende que toda la vegetación desmontada fue dejada en 

el predio. Manifestó que también era necesario el Permiso de 

Fuente de Emisión que incluye el plan para mitigar los polvos 

que levantan las máquinas, entre otras.

17.El perito expresó que las obras que realiza la parte 

demandada no cuentan con el Permiso Único Incidental o 

PUI, el cual incluye la autorización para el movimiento de 

terreno y la autorización para el corte, trasplante y siembra de 

árboles. Expresó que el PUI debe ser solicitado siempre que 

haya una limpieza de una propiedad de más de 900 metros 

cuadrados. Indicó que el DS3 es necesario si se va a disponer 

de más de 15 yardas cúbicas, si se va a perturbar más de 900 

metros de corteza terrestre que va a generar polvo fugitivo.

18.El ingeniero González declaró que se debió redactar y 

evaluar una Recomendación de Evaluación Ambiental o REA, 

la cual definió como una redacción de un documento donde 

se describe “a la saciedad” todas las actividades que se van 

a llevar a cabo en un predio antes de desarrollarlo. A tal grado 

que se estudia todo lo que es la fauna y la flora del área y se 

estudia la mitigación que se tuviese que llevar a cabo por las 

actividades de construcción. Expreso que ese documento se 

radica ante la OGPe y todas las agencias gubernamentales 

lo evalúan y dan las recomendaciones a la OGPe. A su vez, 

esta oficina provee esas recomendaciones de evaluación 

ambiental para entonces revisar el documento ambiental 

radicado e incluir todas las recomendaciones que dan las 

agencias como requisito para ser aprobados los permisos.

19.El perito opinó que la parte demandante utilizó una exclusión 

categórica para evitar el proceso del PUI y REA. Manifestó 

que la exclusión categórica se expide por certificado en 

aproximadamente uno o dos días. Por el contrario, la 

recomendación ambiental tiene 30 días mínimo y luego la 

declaración ambiental 30 adicionales, lo que sumaría un 

periodo mínimo de 60 días.

20.El ingeniero González declaró que para la preparación de un 

muro de contención no es necesario remover la corteza 

terrestre ni preparar los solares como lo está realizando la 

parte demandada. Indicó que la parte demandante no tenía 

permitido marcar solares porque no tenía permiso de 

urbanización.

21.Expresó que la intención de fragmentar un proyecto es 

agilizar los permisos y es una determinación que hace la parte 

interesada cuando va a desarrollar un proyecto. Básicamente 

le van proveyendo información a la OGPe como “a cuenta 

gota, poco a poco”. Indicó que la parte demandada, en algún 

momento, iba a encontrarse “con la pared” porque “de 

ninguna manera” en el reglamento se puede desarrollar 5 

unidades en un predio sin pasar por una consulta de 

construcción o una consulta de ubicación.

22.El perito declaró que no tenía los datos totales para poder 

llevar a cabo la evaluación de los parámetros de las obras de 

construcción realizadas por la parte demandada, pero indicó 
KLAN202400215 8

que el reglamento es claro e indica que no se puede 

fragmentar la información hacia las agencias.

23.Conforme al testimonio del perito, el permiso de construcción 

otorgado incluye la certificación de exclusión categórica y 

esta, a su vez, dispone de unas condiciones generales, las

cuales indican que no se fragmentara o segmentara la acción 

propuesta en diferentes etapas con el fin de evadir los 

requisitos de un documento ambiental.

24.El perito opinó que cuando se fragmentan las obras de 

desarrollo de una propiedad y no se evalúan todos los 

elementos ambientales como la flora, la fauna y la 

vegetación, entre otras como la infraestructura, el permio 

quedaría nulo.

25.El ingeniero González opinó que el plano del muro de 

contención presentado por la parte demandada es un plano 

simple de un muro de contención que presenta una entrada y 

haciendo un predio para un desarrollo. Declaró que en dicho 

plano faltan las especificaciones técnicas de la obra de 

construcción del muro de contención a construirse en la finca 

13876 propiedad de la parte demandada.

26.Conforme a la observación realizada por el perito en la finca 

en controversia la parte demandada ha realizado 2 caminos, 

uno en el área que se marca en el plano del muro y otro en lo 

que aparenta ser un área de acceso.

27.El ingeniero González declaró que la parte demandada no 

tenía permiso para romper la corteza terrestre para un acceso 

adicional al presentado en el plano del muro de contención.

28.El ingeniero González, quien es un Profesional Autorizado 

conforme la Ley 161, declaró que la parte demandada está 

en incumplimiento con el Estado en cuanto a la permisología, 

por realizar gestiones distintas a las que están autorizadas. 

El incumplimiento está basado en la fragmentación del caso 

en OGPe. Indicó que la información que proveyó la 

demandada fue información segmentada para un muro de 

contención, pero no para la otra parte de las obras. Manifestó 

que la parte demandada tenía que, desde un principio,

proveer e informar la totalidad de las obras en desarrollo.

29.Indicó que el permiso de construcción en controversia fue 

solicitado bajo el renglón de uso residencial cuando debió de 

ser bajo urbanización.

30. El perito declaró que la fragmentación ocurrida en este caso 

no es en cuanto a la construcción del muro de contención, 

sino de la totalidad de las obras que se están realizando en 

el predio de terreno en controversia.

31.El ingeniero González manifestó que la parte demandada

limpió 3,786 metros cuadrados de superficie cuando el muro 

de contención en controversia es para ser construido en el 

perímetro del área norte de la finca, lo que indicó es un 

movimiento de corteza terrestre sin permisos.

32.El perito indicó que el movimiento de corteza terrestre 

realizado por la parte demandada es compatible con la 
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construcción de una urbanización y no con la construcción de 

un muro de contención.

A la luz de los hechos que el foro primario concluyó que habían sido 

probados, determinó que en la finca se había iniciado una obra sin contar 

con los debidos permisos y que dichas actividades estaban impactando la 

totalidad de la finca. En específico, apuntó que las obras adicionales 

sobrepasaban el permiso obtenido para la construcción del muro de 

contención. Enfatizó que Desarrollos llevó a cabo movimientos de la 

corteza terrestre en más de 3,000 metros cuadrados sin los permisos

correspondientes, así como corte de árboles y remoción de vegetación sin 

autorización. De igual forma, el foro primario destacó que Desarrollos 

realizó marcado de terreno y habilitó accesos que no estaban aprobados. 

Conforme a la prueba documental presentada y el testimonio pericial

del ingeniero González Fortuño, al cual le adjudicó entera credibilidad, el 

foro primario coligió que la construcción del muro de contención era,

únicamente, una parte de la obra que se desarrollaba en la finca. Además, 

resaltó que la OGPe no había emitido el permiso para la totalidad de la obra 

que se llevaba a cabo. Así pues, razonó que el permiso concedido por la 

OGPe no podía interpretarse como una autorización para realizar cualquier 

movimiento de tierra u obra que Desarrollos entendiera necesario. 

Por último, el tribunal concluyó que, indistintamente de cuál fuera la 

obra que realizaba Desarrollos, esta no podía iniciar o realizar una obra que 

pudiera tener algún impacto ambiental sin antes haber cumplido con las 

disposiciones legales correspondientes. Tampoco le estaba permitido 

fraccionar o segmentar la obra con el fin de evadir llevar a cabo un proceso 

de planificación ambiental completo. 

Inconforme con la determinación del foro primario, el 5 de febrero de 

2024, Desarrollos presentó su moción de reconsideración17. Además, 

solicitó enmiendas o determinaciones iniciales o adicionales de hechos y 

conclusiones de derecho. En esencia, adujo que no se podía fragmentar 

17 Véase, apéndice del recurso, a las págs. 624-636. 
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un proyecto si no existía evidencia alguna de cuál era dicho proyecto.

Sostuvo que el ingeniero González Fortuño contestó en la negativa con 

relación a si se estaban construyendo carreteras, aceras, alcantarillados, 

segregando solares, entre otros. Por último, planteó que era consciente de 

que tenía que solicitar los permisos a OGpe, si deseaba realizar otros 

proyectos. Por todo lo anterior, solicitó la reconsideración de la sentencia. 

El 6 de enero de 2024, el foro primario emitió una Resolución18, 

notificada en esa misma fecha, en la cual declaró sin lugar la moción de 

reconsideración. 

Inconforme aún, Desarrollos instó este recurso el 5 de marzo de 

2024, y adujo la comisión de los siguientes errores:

Erró el Tribunal de Primera Instancia al no aplicar la 

disposición del referido Artículo 14.1 de la Ley 161-2009 que 

expresamente le prohíbe al Tribunal ordenar la paralización 

de una obra para la cual exista un permiso debidamente 

expedido y al aplicar en forma incorrecta dicho Artículo 14.1. 

El citado Artículo 14.1 específicamente indica que el Tribunal 

podrá emitir un Injuction [sic], Mandamus, Sentencia 

Declaratoria o cualquier acción adecuada para: 1. la 

revocación de un permiso otorgado cuya solicitud se haya 

hecho utilizando información incorrecta o falsa, 2. [l]a 

paralización de una obra iniciada sin contar con las 

autorizaciones y permisos correspondientes, o incumpliendo 

con las disposiciones y condiciones del permiso otorgado, 3.

[l]a paralización de un uso no autorizado y 4. [l]a demolición 

de obras construidas, que al momento de la presentación del 

recurso y al momento de adjudicar el mismo no cuenten con 

permiso de construcción, ya sea porque nunca se obtuvo o 

porque el mismo ha sido revocado.

Erró el Tribunal de Primera Instancia al llegar a 32 

determinaciones de hechos, en adición [sic] a las 11 

estipulaciones de hechos que sometieron las partes, todas 

las cuales se refieren a la opinión del perito y único testigo de 

la parte demandante, Ingeniero Julio González Fortuño, 

muchas de las cuales no estaban sostenidas por el testimonio 

de dicho perito. Como consecuencia de lo anterior[,] las 

determinaciones de hechos del Tribunal de Primera Instancia 

no están sustentadas por la prueba desfilada ante el foro 

primario, o sea, este incurrió en error manifiesto al aquilatar 

la prueba[,] la cual se distancia de la realidad fáctica de los 

hechos.

Erró el Tribunal de Primera Instancia al denegar la moción de 

reconsideración, solicitud de determinaciones de derecho y 

de hechos adicionales, aun cuando en la misma se señaló 

que el perito González Fortuño, en el contrainterrogatorio 

admitió hechos que contradecían su testimonio anterior.

18 Véase, apéndice del recurso, a las págs. 636-637.
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(Énfasis en el original).

En síntesis, la parte apelante sostiene que la prueba desfilada en el 

juicio en su fondo no configuraba una violación al Art. 14.1 de la Ley de

Permisos, infra, por lo que el foro primario estaba impedido de conceder el 

injunction estatutario allí dispuesto. Además, aduce que el perito de la 

Asociación se contradijo en su testimonio en sala y, por tanto, el tribunal 

erró al adjudicarle credibilidad al mismo.

Por su parte, la Asociación planteó que había logrado probar que el 

permiso con el que contaba Desarrollos se limitaba a la construcción de un 

muro de contención. No obstante, mediante sus actuaciones, Desarrollos 

lo que hizo fue fragmentar indebidamente la obra, por lo que los trabajos 

que se realizaron en su predio no resultaban afines con el permiso otorgado 

por la OGPe. Además, adujo que la prueba desfilada había demostrado 

que la información sometida a la OGPe para la obtención del permiso de 

construcción del muro era falsa; en particular, la información sometida para 

conseguir que su obra se beneficiara de una exclusión categórica, que le 

eximía de cumplir con los criterios de cumplimiento ambiental.

II

A

La Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm. 161 de 1 de diciembre 

de 2009, Ley para la reforma del proceso de permisos de Puerto Rico,

según enmendada, 3 LPRA sec. 9011, et seq. (Ley de Permisos), con miras 

a establecer el marco legal y administrativo integrado que regiría los 

procesos de solicitud, evaluación, concesión y denegatoria de permisos de 

uso, construcción y desarrollo de terrenos en Puerto Rico. Exposición de 

Motivos, Ley de Permisos; Horizon v. Jta. Revisora, RA Holdings, 191 DPR 

228, 236 (2014).

El estatuto fue promulgado con el fin de facilitar y propiciar el 

desarrollo integral, económico, social y físico de Puerto Rico. Exposición 

de Motivos, Ley de Permisos. Por virtud de la legislación, se crearon varios 

organismos destinados a atender los diversos aspectos del proceso de 
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permisos, entre los cuales está la Oficina de Gerencia de Permisos 

(OGPe). La OGPe es la entidad encargada de la evaluación, concesión o 

denegatoria de determinaciones finales y permisos relativos al desarrollo y 

el uso de terrenos, así como de las consultas de ubicación. 23 LPRA sec. 

9012d.

En lo atinente a la controversia ante nuestra consideración, el Art. 

14.1 de la Ley de Permisos, establece:

La [Junta de Planificación], así como cualquier Entidad 

Gubernamental Concernida, Municipio Autónomo con 

Jerarquía de la I a la V o cualquier otra dependencia o 

instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico en 

representación del interés público o una persona privada, 

natural o jurídica, que tenga un interés propietario o 

personal que podría verse adversamente afectado, podrá 

presentar una acción de injunction [...] o cualquier otra 

acción adecuada para solicitar: 1) la revocación de un 

permiso otorgado, cuya solicitud se haya hecho 

utilizando información incorrecta o falsa; 2) la 

paralización de una obra iniciada sin contar con las 

autorizaciones y permisos correspondientes, o 

incumpliendo con las disposiciones y condiciones del 

permiso otorgado; 3) la paralización de un uso no 

autorizado [...] Indistintamente de haberse presentado 

una querella administrativa ante la Junta de 

Planificación, Entidad Gubernamental Concernida, 

Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V o 

cualquier otra dependencia o instrumentalidad del 

Gobierno de Puerto Rico, alegando los mismos hechos, una 

parte adversamente afectada podrá presentar un recurso 

extraordinario en el Tribunal de Primera Instancia. 

23 LPRA sec. 9024. (Énfasis nuestro).

Uno de los remedios disponible conforme a este artículo es el

interdicto estatutario. A pesar de que la jurisprudencia no ha analizado la 

figura del interdicto estatutario de la Ley de Permisos, sí la ha definido en 

el contexto de otras legislaciones19. Por ejemplo, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico, al analizar la figura del interdicto estatutario de la Ley Núm. 76 

de 24 de junio de 1975, conocida como Ley Orgánica de la Administración 

de Reglamentos y Permisos, 23 LPRA sec. 71, et seq.20, establece las 

19 Véase, sin embargo, la opinión disidente del juez asociado, señor Estrella Martínez, en 

B. Billboard BG, LLC v. Out of Home Media, LLC, res. de 22 de mayo de 2024, 2024 TSPR 

51. El juez Estrella Martínez analiza la figura del injunction estatutario consignada en el 

Art. 14.1 de la Ley de Permisos vis à vis la del injunction tradicional consignada en la Regla 

57 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, y en el Art. 675 del Código de 

Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 3521.

20 A pesar de que dicho estatuto se derogó, la jurisprudencia atinente al interdicto 

estatutario se sostiene.
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instancias en las que se puede conceder un interdicto estatutario, a saber, 

que: (1) exista una ley o reglamento que regula dicho uso o actividad; y, (2) 

la persona o personas señaladas se encuentren realizando un uso o 

actividad en violación a esa ley o reglamento. A.R.Pe. v. Rivera, 159 DPR 

429, 444-445 (2003).

B

La Regla 702 de las de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, establece lo 

relativo al testimonio pericial. En específico, dispone que, “cuando 

conocimiento científico, técnico o especializado sea de ayuda para la 

juzgadora o el juzgador poder entender la prueba o determinar un hecho 

en controversia, una persona testigo capacitada como perita -conforme a 

la Regla 703- podrá testificar en forma de opiniones o de otra manera”. 

Es decir, es suficiente con que el testigo tenga el conocimiento, 

destreza, experiencia, entrenamiento o educación formal, en relación con 

la materia o el asunto sobre el cual habrá de prestar testimonio, de modo 

que este sea de ayuda al juzgador. Regla 703(A) de las de Evidencia, 32 

LPRA Ap. VI. Así pues, el conocimiento del perito, en el contexto de la 

solución de controversias jurídicas, constituye “uno de los medios de 

prueba personales auxiliadores al desempeño judicial”. San Lorenzo Trad., 

Inc. v. Hernández, 114 DPR 704, 709 (1983). 

Por otra parte, el valor probatorio del testimonio pericial depende de 

varios factores, entre ellos, “si el testimonio está basado en hechos o 

información suficiente; si el testimonio es el producto de principios y 

métodos confiables; [...] las calificaciones o credenciales de la persona 

testigo, [...]”. Regla 702 de las de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI. 

Consecuentemente, la especialización de un perito en un área determinada 

es decisiva en lo que respecta al valor probatorio que el juzgador de los 

hechos le adjudicará a su testimonio. Por tanto, la falta de especialidad 

incide sobre el peso de la prueba, mas no en la cualificación de un testigo 

como perito. Dye-Tex P.R., Inc. v. Royal Ins. Co., 150 DPR 658, 664 (2000). 
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Por otra parte, el juzgador no está obligado a aceptar las 

conclusiones de un perito, si luego de evaluar su testimonio concluye que 

no merece credibilidad, tiene la facultad de rechazarlo. S.L.G. Font Bardón 

v. Mini-Warehouse, 179 DPR 322, 346 (2010). Además, sobre la evaluación 

y suficiencia de la prueba, la evidencia directa de un testigo que merezca 

entero crédito es prueba suficiente de cualquier hecho, salvo que otra cosa 

se disponga por ley. Regla 110(d) de las de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI. 

C

La Regla 42.2 de Procedimiento Civil, dispone que:

[...] Las determinaciones de hechos basadas en testimonio 

oral no se dejarán sin efecto a menos que sean 

claramente erróneas, y se dará la debida consideración a la 

oportunidad que tuvo el tribunal sentenciador para juzgar la 

credibilidad de los testigos. [...]

32 LPRA Ap. V. (Énfasis nuestro).

Cónsono con ello, es norma reiterada que, en ausencia de pasión, 

prejuicio, parcialidad o error manifiesto, los tribunales apelativos no 

debemos intervenir con la apreciación de la prueba de los tribunales de 

primera instancia. Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717, 741 

(2007); Rodríguez v. Urban Brands, 167 DPR 509, 522 (2006). Al definir lo 

que constituye pasión, prejuicio o parcialidad, el Tribunal Supremo ha 

expresado que:

Incurre en “pasión, prejuicio o parcialidad” aquel juzgador que 

actúe movido por inclinaciones personales de tal intensidad 

que adopta posiciones, preferencias o rechazos con respecto 

a las partes o sus causas que no admiten cuestionamiento, 

sin importar la prueba recibida en sala e incluso antes de que 

se someta prueba alguna.

Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 782 (2013).

La deferencia hacia el foro primario responde a que es el juez 

sentenciador quien tiene la oportunidad de recibir y apreciar toda la prueba 

testifical presentada, de escuchar la declaración de los testigos y evaluar 

su comportamiento. Suárez Cáceres v. Com. Estatal Elecciones, 176 DPR 

31, 67 (2009). Sin embargo, la doctrina de deferencia judicial no es de 

carácter absoluto; se podrá intervenir “cuando la apreciación de la

prueba no representare el balance más racional, justiciero y jurídico de la 
KLAN202400215 15

totalidad de la prueba”. González Hernández v. González Hernández, 181 

DPR 746, 777 (2011).

III

En cuanto al primer señalamiento de error, Desarrollos sostiene que 

el foro primario erró al no aplicar la disposición del Art. 14.1 de la Ley de 

Permisos, la cual prohíbe al tribunal ordenar la paralización de una obra 

para la cual exista un permiso debidamente expedido. 

El expediente ante nuestra consideración revela que, el 22 de 

octubre de 2022, la OGPe otorgó un permiso de construcción, únicamente 

a los fines de construir un muro de contención en el solar perteneciente a

Desarrollos. No obstante, dicho permiso apercibe a quien lo ostenta que

llevar a cabo una construcción no autorizada conllevará que se presenten 

recursos extraordinarios para la demolición o paralización de las obras no 

autorizadas o la revocación del permiso. Además, establece que el permiso 

no legaliza ni autoriza la construcción de obras, ni autoriza aquellas ya 

construidas y que estén sujetas a un permiso. Por último, dispone que, de 

identificarse que alguna información ofrecida resulte falsa, suministre 

hechos o información falsa u ocultare información, entre otros, se 

procederá con las medidas correctivas establecidas en la Ley de Permisos, 

así como en otras leyes correspondientes.

Como parte del otorgamiento del permiso para la construcción del 

muro de contención, el 12 de octubre de 2022, la OPGe expidió una 

certificación de cumplimiento ambiental por exclusión categórica. Entre sus 

condiciones generales, la certificación disponía que la operación de la 

actividad no podía afectar áreas residenciales o zonas de tranquilidad por 

contaminación sónica. Cónsono con lo anterior, el Art. 14.1 de la Ley de 

Permisos provee para que una persona afectada pueda presentar un 

injunction para solicitar la paralización de una obra iniciada sin contar con 

las autorizaciones y permisos correspondientes, o la paralización de un uso 

no autorizado, entre otros. 
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Ciertamente, Desarrollos contaba con el permiso para construir un 

muro de contención. Ahora bien, coincidimos con la determinación del foro 

primario a los efectos de que las acciones llevadas a cabo por Desarrollos 

demostraban su intención de desarrollar unas obras adicionales, las cuales 

iban excedían el permiso otorgado por la OGPe. Así lo demuestran las 

fotografías que presentó la Asociación, y así lo determinó el foro a quo,

quien señaló que Desarrollos llevó a cabo movimientos de corteza terrestre 

en más de 3,000 metros cuadrados sin los permisos correspondientes, así 

como corte de árboles y remoción de vegetación sin autorización. Ello, 

afectó a los miembros de la Asociación. 

Adicionalmente, no podemos obviar que la propia parte apelante, en 

su contestación a la demanda, afirmó que la construcción del muro de 

contención conllevaba la preparación del terreno y que sus acciones – aun 

cuando generasen ciertas molestias a la Asociación - siempre estuvieron 

cobijadas por el permiso otorgado. Tal afirmación no está sostenida por la 

prueba desfilada en el juicio.

Concluimos que la construcción del muro de contención constituyó 

solo una parte de la obra total de la finca. No obstante, la OGPe no ha 

emitido un permiso para la totalidad de la obra que se estuvo realizando. 

Como bien señaló el foro primario, evidentemente, se trata de una obra 

fragmentada. Nótese, además, que el permiso obtenido por Desarrollos no 

incluía llevar a cabo movimientos de tierra ni intervención con la corteza 

terrestre. Conforme a ello, no albergamos duda alguna respecto a que el 

foro primario ostenta jurisdicción para atender y adjudicar el injunction 

estatuido en el Art. 14.1 de la Ley de Permisos. También, para ordenar la 

paralización de una obra iniciada sin contar con los permisos 

correspondientes, como es el caso ante nos. De igual forma, la Asociación, 

quien se vio afectada por las actuaciones de la parte apelante, contaba con 

legitimación activa para impugnar el permiso y la obra que se estaba 

llevando a cabo. 
KLAN202400215 17

Mediante el segundo señalamiento de error, Desarrollos plantea que 

las determinaciones de hechos del foro primario se circunscribieron a la 

opinión del perito, las cuales no estaban sostenidas por dicho testimonio. 

Según el derecho previamente expuesto, el juzgador no está 

obligado a aceptar las conclusiones de un perito, si luego de evaluar su 

testimonio concluye que no merecen credibilidad. A su vez, la evidencia 

directa de un testigo que merezca entero crédito es prueba suficiente de 

cualquier hecho. Del expediente ante nuestra consideración surge que el 

ingeniero González Fortuño fue el perito que presentó la Asociación. Este 

fue calificado como perito en ingeniería ambiental y sobre asuntos 

relacionados a permisos ante la OGPe. Luego de visitar el lugar donde se 

construía el muro de contención, este declaró que observó indicios de 

construcción adicionales al muro de contención. 

Por su parte, Desarrollos tuvo la oportunidad de contrainterrogar

ampliamente al ingeniero. Nótese, además, que Desarrollos tuvo la 

oportunidad de presentar un perito para controvertir el testimonio del perito

de la Asociación; ello, a los fines de restarle credibilidad. No lo hizo. Así 

pues, al foro primario le mereció entera credibilidad el testimonio pericial 

del ingeniero González Fortuño. No podemos olvidar que las 

determinaciones de hechos basadas en testimonio oral no se dejarán sin 

efecto a menos que sean claramente erróneas. Cónsono con lo anterior, 

en ausencia de pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto, no 

debemos intervenir con la apreciación de la prueba del foro primario. 

En el último señalamiento de error, la parte apelante aduce que el 

foro primario erró al denegar la moción de reconsideración, solicitud de

determinaciones de derecho y de hechos adicionales, aun cuando en la 

misma señaló que el perito se había contradicho. No obstante, aun en el 

caso de que el testimonio del ingeniero González no fuera perfecto, no cabe 

duda de que este contaba con la pericia para concluir que, en efecto, lo que 

intentaba la parte apelante era fraccionar los trabajos que realizaba en su 

predio, bajo el manto de un permiso para la construcción de un muro de 
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contención. Tanto su testimonio como las fotos que fueron sometidas en

evidencia reflejan el alcance de los trabajos que llevó a cabo Desarrollos y 

cómo estos excedieron el permiso otorgado. En fin, la decisión del foro 

primario merece nuestra deferencia, por lo que no intervendremos con las 

determinaciones de hechos realizadas por dicho foro.

IV

Por las razones antes expuestas, confirmamos la Sentencia

emitida y notificada el 25 de enero de 2024, por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Ponce. 

Notifíquese.

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la secretaria del Tribunal 

de Apelaciones.

 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones