Número Identificador

SEN2024 _______________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL XI

DR. JUAN CRISTIAN 

PÉREZ OLMOS

Recurrido

v.

MAYAGÜEZ MEDICAL 

CENTER, DR. RAMÓN 

EMETERIO BETANCES, 

INC.

Peticionario

KLCE202400431

CERTIORARI 

procedente del 

Tribunal de 

Primera Instancia, 

Sala Superior de

Mayagüez

Caso número:

MY2022CV000709

Sobre: DISCRIMEN 

POR 

ORIENTACIÓN 

SEXUAL, ORIGEN 

NACIONAL Y RAZA 

DESPIDO 

INJUSTIFICADO 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Brignoni Mártir, el Juez 

Candelaria Rosa, la Jueza Álvarez Esnard y la Jueza Díaz Rivera

Díaz Rivera, Jueza Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de mayo de 2024.

 Comparece ante nos, Mayagüez Medical Center Dr. Ramón 

Emeterio Betances, Inc. (Mayagüez Medical Center o peticionario) y 

nos solicita que revisemos y revoquemos la Resolución emitida el 11 

de marzo de 2024, notificada el 15 de marzo de 2024, por el Tribunal 

de Primera Instancia (TPI), Sala Superior de Mayagüez. Mediante el 

referido dictamen, el TPI declaró No Ha Lugar la solicitud de 

descubrimiento de prueba de los estados bancarios del Dr. Juan C. 

Pérez Olmos (Dr. Pérez Olmos o recurrido). 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

expedimos el recurso de certiorari y revocamos la Resolución

recurrida. 

I.

Surge del expediente ante nos que, el 17 de mayo de 2022, el 

Dr. Pérez Olmos presentó una Demanda sobre discrimen por 

orientación sexual, origen nacional y raza, despido injustificado, 
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represalias, acoso laboral, daños físicos, daños, sufrimientos y 

angustias mentales en contra del Mayagüez Medical Center. 

Posteriormente, el 17 de mayo de 2022, el Dr. Pérez Olmos presentó 

una Demanda Enmendada. Oportunamente, el 17 de julio de 2022, 

la parte peticionaria presentó una Contestación a Demanda 

Enmendada. 

Luego de varios incidentes procesales, innecesarios 

pormenorizar, el 29 de noviembre de 2023, la parte recurrida 

presentó una Moción Solicitando Se Autorice Enmendar la Demanda. 

Dicha solicitud para enmendar la demanda se basó en asuntos 

concernientes a la presunta condición económica de la parte 

recurrida. Así las cosas, el 4 de diciembre de 2023, el TPI emitió una 

Resolución mediante la cual permitió la segunda enmienda a la 

demanda. Ese mismo día, el recurrido presentó una segunda 

Demanda Enmendada. El 26 de diciembre de 2023, la parte 

peticionaria presentó una segunda Contestación a Demanda 

Enmendada. 

Así, el 16 de enero de 2024, el Mayagüez Medical Center 

presentó una Moción Informativa y para que se Ordene a Descubrir 

lo Solicitado Tras Haber Agotado los Esfuerzos Requeridos por la 

Regla 34.1 de Procedimiento Civil. En ajustada síntesis, la parte 

peticionaria solicitó que se le ordenara al Dr. Pérez Olmos a producir 

sus cuentas bancarias. Arguyó que la reclamación amerita el 

descubrimiento de prueba de los estados bancarios, porque la 

condición económica del recurrido está en controversia. 

Consecuentemente, el 17 de enero de 2024, la parte recurrida 

presentó una Moción para que se Deniegue de Plano la Solicitud de 

Orden. El 18 de enero de 2024, la parte peticionaria presentó una 

Réplica a Moción para que se Deniegue de Plano la Solicitud de Orden. 

Más adelante, el 24 de enero de 2024, el TPI emitió una Orden
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mediante la cual ordenó, al Dr. Pérez Olmos, entre otras cosas, a 

producir sus estados bancarios para los años 2021, 2022 y 2023. 

Acto seguido, el 29 de enero de 2024, el recurrido presentó una 

Moción de Reconsideración [...].

El 12 de febrero de 2024, la parte peticionaria presentó una 

Moción en Cumplimiento de Orden y en Oposición a Reconsideración 

[...]. Luego de que las partes presentaran varios escritos en 

oposición, el 11 de marzo de 2024, el TPI emitió una Resolución, 

notificada el 15 de marzo de 2024, mediante la cual reconsideró la 

Orden emitida el 24 de enero de 2024 y, en consecuencia, declaró 

No Ha Lugar la producción de los estados bancarios del Dr. Pérez 

Olmos. 

En desacuerdo, el 15 de abril de 2024, la parte peticionaria 

compareció ante nos mediante un recurso de certiorari y alegó la 

comisión del siguiente error: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 

revertir en reconsideración su dictamen del 24 de 

enero de 2024 mediante el cual había ordenado la 

producción de los estados bancarios del Dr. Pérez 

Olmos para los años 2021, 2022 y 2023. 

Examinado el recurso ante nuestra consideración, el 18 de 

abril de 2024 emitimos una Resolución concediéndole un término de 

veinte (20) días a la parte recurrida para que presentara su posición 

al recurso. El 6 de mayo de 2024, la parte recurrida presentó una 

Moción en Cumplimiento de Orden. Contando con el beneficio de la 

comparecencia de todas las partes, procedemos a resolver. 

II.

A. Certiorari 

El auto de certiorari es el recurso extraordinario mediante el 

cual un tribunal de jerarquía superior puede revisar, a su 

discreción, una decisión de un tribunal inferior. Rivera Gómez y 

otros v. Arcos Dorados Puerto Rico, Inc. y otros, 2023 TSPR 65, 212 
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DPR ___ (2023). Véase, además, Torres González v. Zaragoza 

Meléndez, 211 DPR 821 (2023); 800 Ponce de León Corp. v. AIG, 205 

DPR 163, 174 (2020); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917 

(2009). En particular, es un recurso mediante el cual se solicita la 

corrección de un error cometido por un foro inferior. Torres González 

v. Zaragoza Meléndez, supra. Así pues, la determinación de expedir 

o denegar un recurso de certiorari está enmarcada en la discreción 

judicial. 800 Ponce de León Corp. v. AIG, supra. Es decir, la 

característica distintiva de este recurso se asienta en la discreción 

encomendada al tribunal revisor para autorizar su expedición y 

adjudicar sus méritos. Banco Popular v. Gómez Alayón y otros, 2023 

TSPR 145, 213 DPR __ (2023). No obstante, la discreción judicial 

para expedir o no el auto de certiorari solicitado no ocurre en un 

vacío ni en ausencia de unos parámetros. Torres González v. 

Zaragoza Meléndez, supra.

A esos efectos, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil (32 LPRA 

Ap. V) limita la autoridad de este Tribunal de Apelaciones para 

revisar las órdenes y resoluciones interlocutorias que dictan los 

tribunales de instancia por medio del recurso discrecional del 

certiorari. Véase, Scotiabank of PR v. ZAF Corp., 202 DPR 478, 486-

487 (2019). En lo pertinente, la precitada disposición reglamentaria, 

supra, dispone que:

El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes 

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, 

solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones 

cuando se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 

56 y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo. No obstante, y por excepción a lo dispuesto 

anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá revisar 

órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el 

Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de 

decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o 

peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios 

evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de 

relaciones de familia, en casos que revistan interés público o 

en cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación 

constituiría un fracaso irremediable de la justicia, al denegar 

la expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el 

Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su 

decisión. 
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Si ninguno de esos elementos está presente en la petición ante 

la consideración del Tribunal, procede abstenerse de expedir el auto, 

de manera que se continúen los procedimientos del caso, sin mayor 

dilación, ante el Tribunal de Primera Instancia. García v. Asociación, 

165 DPR 311, 322 (2005); Meléndez Vega v. Caribbean Intl. News, 

151 DPR 649, 664 (2000); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 

729, 745 (1986). 

Con el fin de que podamos ejercer de una manera sensata 

nuestra facultad discrecional de entender o no en los méritos de los 

asuntos que son planteados mediante el recurso, la Regla 40 de 

nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, señala los criterios que 

debemos considerar al atender una solicitud de expedición de un 

auto de certiorari. Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra. En 

lo pertinente, la precitada disposición reglamentaria dispone lo 

siguiente: 

El Tribunal tomará en consideración los siguientes criterios 

al determinar la expedición de un auto de certiorari, o de una 

orden de mostrar causa: 

A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida a 

diferencia de sus fundamentos son contrarios a derecho.

 

B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada 

para el análisis del problema. 

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de 

Primera Instancia. 

D. Si el asunto planteado exige consideración más detenida 

a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser 

elevados, o de alegatos más elaborados. 

E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso 

es la más propicia para su consideración. 

F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 

no causa un fraccionamiento indebido del pleito y una 

dilación indeseable en la solución final del litigio. 

 

G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 

evita un fracaso de la justicia. 

Nótese que, distinto al recurso de apelación, el auto de 

certiorari, por ser un recurso discrecional, debemos utilizarlo con 
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cautela y por razones de peso. Pueblo v. Díaz de León, supra, pág. 

918. 

Ahora bien, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

reiteradamente ha indicado que la discreción significa tener poder 

para decidir en una u otra forma, esto es, para escoger entre uno o 

varios cursos de acción. Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 

580 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). El adecuado 

ejercicio de la discreción judicial está “inexorable e 

indefectiblemente atado al concepto de la razonabilidad”. Pueblo v. 

Ortega Santiago, 125 DPR 203, 211 (1990). Así pues, un tribunal 

apelativo no intervendrá con las determinaciones discrecionales de 

un tribunal sentenciador, a no ser que las decisiones emitidas por 

este último sean arbitrarias o en abuso de su discreción. Banco 

Popular v. Gómez Alayón y otros, supra. Véase, además, Pueblo v. 

Rivera Santiago, supra, pág. 581; S.L.G. Flores, Jiménez v. Colberg, 

173 DPR 843 (2008).

B. Descubrimiento de Prueba 

Las Reglas de Procedimiento Civil establecen varios 

mecanismos para permitir a las partes “descubrir, obtener o 

perpetuar la prueba necesaria para sustanciar sus alegaciones en el 

acto del juicio”. Rivera Durán v. Banco Popular de P.R., 152 DPR 140, 

151-152 (2000). El fin práctico de esos mecanismos, es que las 

partes tengan derecho a descubrir toda la información relacionada 

con su caso, independientemente de quién la posea. Así pues, el 

esquema adoptado por nuestras reglas deja en manos de los 

abogados y abogadas el trámite del descubrimiento, para así 

fomentar una mayor flexibilidad y cooperación entre las partes. 

Lluch v. España Service Sta., supra. 

Asimismo, las normas de descubrimiento de prueba persiguen 

los siguientes propósitos: (1) precisar los asuntos en controversia,
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(2) obtener evidencia para ser utilizada en juicio, evitando así 

sorpresa en esta etapa de los procedimientos, (3) facilitar la 

búsqueda de la verdad y (4) perpetuar la evidencia. Véase, Rivera 

Gómez y otros v. Arcos Dorados Puerto Rico, Inc. y otros, supra. En 

otras palabras, lo que se busca es permitir que las partes puedan 

prepararse para el juicio, de forma que tengan la oportunidad de 

obtener evidencia necesaria para evaluar y resolver las controversias 

de su caso. 

Es importante señalar que, si bien es cierto que nuestro 

máximo Foro ha interpretado que el mecanismo de descubrimiento 

de prueba debe ser amplio y liberal, también ha reconocido que éste 

no es ilimitado o irrestricto. Rivera Gómez y otros v. Arcos Dorados 

Puerto Rico, Inc. y otros, supra. Véase, además, Cruz Flores et al. v. 

Hosp. Ryder et al., 210 DPR 465 (2022); McNeil Healthcare v. Mun. 

Las Piedras II, 206 DPR 391 (2021). Sobre el particular, la Regla 23.1 

de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V) dispone lo siguiente: 

El alcance del descubrimiento de prueba, a menos que sea 

limitado de algún modo por el tribunal, en conformidad con 

las disposiciones de estas reglas, será como sigue:

(a) En general. Las partes podrán hacer descubrimiento 

sobre cualquier materia, no privilegiada, que sea 

pertinente al asunto en controversia en el pleito 

pendiente, ya se refiera a la reclamación o defensa de 

cualquier otra parte, incluso la existencia, descripción, 

naturaleza, custodia, condición y localización de 

cualesquiera libros, información almacenada 

electrónicamente, documentos u otros objetos tangibles, 

y la identidad y dirección de personas que conozcan 

hechos pertinentes. No constituirá objeción el que la 

información solicitada sea inadmisible en el juicio, 

siempre que exista una probabilidad razonable de que 

dicha información conduzca al descubrimiento de 

evidencia admisible [...]. 

Cónsono con lo anterior, nuestra última instancia judicial ha 

reconocido dos limitaciones al descubrimiento de prueba. Estos son, 

que la información objeto del descubrimiento de prueba no sea 

privilegiada y que la misma sea pertinente a la controversia. Rivera 

Durán v. Banco Popular de P.R., supra. Véase, además, Medina v. 

M.S. & D. Química P.R., Inc., 135 DPR 716, 730-731 (1994); Ortiz 
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Rivera v. E.L.A., National Ins. Co, 125 DPR 65, 70 (1989); General 

Electric v. Concessionaires, Inc., 118 DPR 32, 38-39 (1986).

En sintonía con esto, el concepto de pertinencia para 

propósitos del descubrimiento de prueba, aunque impreciso, debe 

ser interpretado en términos amplios. General Electric v. 

Concessionaires, Inc., supra. Así pues, para que una materia pueda 

ser objeto de descubrimiento, basta con que exista una posibilidad 

razonable de relación con el asunto en controversia. Íd. No obstante, 

esto no significa que el ámbito del descubrimiento de prueba sea 

ilimitado. 

El concepto de pertinencia tiene que interpretarse de manera 

cónsona con el principio rector de las reglas procesales: lograr la 

solución de las controversias de forma justa, rápida y económica. 

General Electric v. Concessionaires, Inc., supra. A tono con lo 

anterior, se ha resuelto que no procede el descubrimiento de 

información relacionada con la condición económica de los 

demandados en casos de daños y perjuicios. Íd., citando a Rupe v. 

Fourman, 532 F. Supp. 344 (D.C. Ohio 1981); Johnson v. W.H. 

Stewart Co., 75 F.R.D. 541 (D.C. Okla. 1976). 

Además, se ha resuelto que cuando la condición económica 

de la parte no es un elemento de la reclamación o se estipuló la 

suficiencia de dicha situación económica, tampoco procede ese 

descubrimiento. General Electric v. Concessionaires, Inc., supra, pág. 

706, citando a Calderwood v. Calderwood, 327 A.2d 704, 706 (N.H. 

1974).

En Rodríguez v. Scotiabank de P.R., 113 DPR 210 (1982), 

nuestro Tribunal Supremo estableció que, aunque exista la 

requerida pertinencia, el derecho a la intimidad que nuestra 

Constitución reconoce, exige que se proteja al promovido, en 

palabras de la Regla 23.2 de Procedimiento Civil, contra la opresión, 
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el hostigamiento, la perturbación, las molestias o los gastos 

indebidos. Es decir, solo se debe hacer disponible la información 

estrictamente pertinente. General Electric v. Concessionaires, Inc., 

supra. El método de descubrimiento puede alterarse. Íd. Aun puede 

prohibirse el descubrimiento cuando los fines de la justicia 

claramente lo requieran. Íd. Así pues, la acción a tomar dependerá 

de las circunstancias particulares de cada caso. Íd. 

No obstante, lo anterior, el descubrimiento de prueba 

relacionado con la condición económica de alguna de las partes no 

deberá permitirse, excepto cuando dicha condición este en 

controversia y aun en esas circunstancias el tribunal podrá limitarlo 

a aquello que sea estrictamente necesario. General Electric v. 

Concessionaires, Inc., supra.

Así, debemos recordar que los foros primarios gozan de amplia 

discreción para regular el descubrimiento de prueba, pues es su 

obligación garantizar una solución justa, rápida y económica del 

caso, sin ventajas para ninguna de las partes. Rivera Gómez y otros 

v. Arcos Dorados Puerto Rico, Inc. y otros, supra; Cruz Flores et al. v. 

Hosp. Ryder et al., supra. Por esa razón, este Tribunal de 

Apelaciones no debe intervenir con dicha discreción; salvo que 

medie prejuicio, parcialidad o error manifiesto en la aplicación de 

una norma procesal o sustantiva. Rivera Durán v. Banco Popular de 

P.R., supra, págs. 154-155.

III.

En síntesis, la parte peticionaria aduce que erró el foro a quo

al revertir en reconsideración su dictamen del 24 de enero de 2024, 

mediante el cual había ordenado la producción de los estados 

bancarios del Dr. Pérez Olmos para los años 2021, 2022 y 2023. 

Indicó, además, que las alegaciones presentadas por la parte 

recurrida ponen su condición económica en controversia, pues este 
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sostiene que se atrasó en el pago de sus préstamos estudiantiles 

cuando el Mayagüez Medical Center no le renovó el contrato como 

médico residente en junio de 2020, provocándole que el interés 

aumentara a un 17%. Añadió que, aun cuando el recurrido haya 

producido sus planillas de contribución sobre ingresos, ello resulta 

insuficiente puesto que las planillas se limitan a ilustrar los ingresos 

de cada año, más no así su flujo de efectivo y la habilidad o 

inhabilidad del Dr. Pérez Olmos en efectuar los pagos de su 

préstamo estudiantil.

Por su parte, el recurrido adujo que no se justifica una 

intromisión en su intimidad debido a que la parte peticionaria ya 

tiene la información de su condición económica y de la presunta 

falta de mitigación de daños, mediante otra documentación provista 

en el caso. Agregó que, el TPI actuó correctamente al denegar la 

solicitud de descubrir sus estados bancarios. 

Según el derecho que antecede, nuestro máximo Foro ha 

reconocido dos limitaciones al descubrimiento de prueba y estas 

son, que la información objeto del descubrimiento de prueba no sea 

privilegiada y que la misma sea pertinente a la controversia. Rivera 

Durán v. Banco Popular de P.R., supra. Así, para que una materia 

pueda ser objeto de descubrimiento, basta con que exista una 

posibilidad razonable de relación con el asunto en controversia. 

General Electric v. Concessionaires, Inc., supra. Sin embargo, esto 

no significa que el ámbito del descubrimiento de prueba sea 

ilimitado. Íd. 

Con relación a la controversia que nos atañe, el Tribunal 

Supremo ha establecido que el descubrimiento de prueba 

relacionado con la condición económica de alguna de las partes no 

deberá permitirse, excepto cuando dicha condición este en 

controversia y aun en esas circunstancias el tribunal podrá limitarlo 
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a aquello que sea estrictamente necesario. General Electric v. 

Concessionaires, Inc., supra.

En las circunstancias particulares del caso ante nos, lo 

prudente es inclinar la balanza en favor del descubrimiento de 

prueba solicitado por la parte peticionaria. Esto, pues según surge 

de las alegaciones de la segunda Demanda Enmendada debido a las

presuntas acciones de la parte peticionaria, el Dr. Pérez Olmos se 

atrasó en el pago de sus préstamos estudiantiles lo que causó que 

los intereses del préstamo aumentaran aproximadamente a un 17% 

de interés. Es decir, surge de la causa de acción presentada que el 

recurrido puso en controversia su condición económica. 

Por lo tanto, tomando en consideración que la solicitud de 

descubrimiento de prueba que presentó la parte peticionaria está 

relacionada con la materia que es objeto del pleito y que no 

constituye materia privilegiada, procede su descubrimiento. No 

debemos pasar desapercibido que, fue el propio Dr. Pérez Olmos 

quien puso su condición económica en controversia y dicha 

solicitud, no constituye una violación a su derecho a la intimidad. 

Ese descubrimiento, además de ser pertinente y no privilegiado, no 

constituye hostigamiento, perturbación, ni molestias indebidas.

Sin embargo, tomando en consideración que en la Moción 

Informativa y para que se Ordene a Descubrir lo Solicitado Tras Haber 

Agotado los Esfuerzos Requeridos por la Regla 34.1 de Procedimiento 

Civil, que presentó la parte peticionaria ante el TPI no especificó 

cuáles estados bancarios deseaba descubrir, se ordena al Mayagüez 

Medical Center a que ponga en posición al foro a quo de cuales 

estados bancarios específicamente desea descubrir para que el TPI 

tenga la oportunidad de evaluarlo y de ser requerido, pueda limitarlo 

a aquello que sea estrictamente necesario.
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IV.

Por los fundamentos antes expuestos, expedimos el auto de 

certiorari y revocamos la Resolución emitida por el TPI el 11 de marzo 

de 2024. 

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones