Número Identificador

SEN2024 ______________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL ESPECIAL

ERIC CAMPOS NIEVES

Apelante

v.

FAMCOOP RIO GRANDE

(GREEN FRESH, LLC)

ASEGURADORAS 

DESCONOCIDAS XYZ

Apelados

KLAN202300962

APELACIÓN

procedente del 

Tribunal de 

Primera 

Instancia, de 

Fajardo

Civil Núm.:

FA2022CV01191

Sobre:

Discrimen en el 

Empleo, Despido 

Injustificado, 

Represalias, 

Daňos y

Perjuicios 

Panel integrado por su presidente, el Juez Candelaria Rosa, la 

Jueza Álvarez Esnard, la Jueza Díaz Rivera y el Juez Campos Pérez1

Campos Pérez, Juez Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 9 de mayo de 2024.

Comparece la parte apelante, Sr. Eric Campos Nieves (señor 

Campos Nieves o apelante), quien nos solicita la revocación de la 

Sentencia dictada el 26 de septiembre de 2023, notificada al día 

siguiente, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Fajardo (TPI). En el referido dictamen, el TPI declaró HA LUGAR la 

Moción de Desestimación presentada por FamCoop Río Grande

(FamCoop) y las Aseguradoras desconocidas XYZ (en conjunto,

apeladas). En consecuencia, desestimó por prescripción las causas 

de acción al amparo de Ley Núm. 80 del 30 de mayo de 1976, según 

enmendada, infra, Ley Núm. 100-1991, según enmendada, infra, 

Ley Núm. 69 de 6 de julio de 1985, infra, Título VII de la Ley de 

Derechos Civiles de 1964, según enmendada, infra, la reclamación 

1 El Hon. José I. Campos Pérez sustituyó a la Juez Maritere Brignoni Mártir, por 

virtud de la Orden Administrativa TA-2023-212, emitida el 6 de diciembre 

de 2023.
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de daños y perjuicios contingentes acorde con el Artículo II, Sección 

16 de la Constitución del Estado Libre Asociado Puerto Rico en su 

Carta de Derechos, infra, y el Art. 1536 del Código Civil de Puerto 

Rico de 2020, infra. Además, desestimó la causa de acción bajo Ley 

Núm. 115 de 20 de diciembre de 1991, según enmendada, infra, por 

no cumplir con el estándar de plausibilidad dispuesto en la Regla 

6.1 de las Reglas de Procedimiento Civil, infra.

Anticipamos la modificación del pronunciamiento judicial 

impugnado.

I.

El 6 de diciembre de 2022, el señor Campos Nieves presentó 

una Querella en el TPI sobre discrimen en el empleo, despido 

injustificado, represalia y daños y perjuicios al amparo de la Ley 

Núm. 2 del 17 de octubre de 1961, 32 LPRA sec. 3118 et seq, 

conocida como Ley Sumaria de Reclamaciones Laborales (Ley 

Núm. 2).

2 Las referidas reclamaciones fueron radicadas bajo la Ley 

Núm. 80 del 30 de mayo de 1976, 29 LPRA sec. 185a et seq, conocida 

como Ley Sobre Despidos Injustificados (Ley Núm. 80); Ley Núm. 100

de 30 de junio de 1959, 29 LPRA sec. 146 et seq, conocida como Ley 

Antidiscrimen de Puerto Rico (Ley Núm. 100); Ley Núm. 115 de 20 de 

diciembre de 1991, 29 LPRA sec. 194 et seq, conocida como Ley de 

Represalias contra el Empleado por Ofrecer Testimonio (Ley Núm. 

115); Ley Núm. 69 de 6 de julio de 1985, 29 LPRA sec. 1321 et seq,

conocida como la Ley para Garantizar la Igualdad de Derecho al 

Empleo (Ley Núm. 69); estatutos federales análogos bajo el Título VII 

de la Ley de Derechos Civiles de 1964, 42 USC 2000e et seq; y la 

reclamación de daños y perjuicios contingentes acorde con el 

Artículo II, Sección 16 de la Constitución del Estado Libre Asociado 

2 Apéndice de la parte apelante, págs. 1-35.
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Puerto Rico en su Carta de Derechos, y el Artículo 1536 del Código 

Civil de Puerto Rico de 2020, 31 LPRA sec. 10801.

La Querella fue acompañada con los siguientes anejos: 

1) Descripción del puesto; 2) Querella de discrimen en la Unidad 

Antidiscrimen del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos 

de Puerto Rico (UAD); 3) Capturas de pantalla de teléfono de las 

llamadas que recibió el señor Campos Nieves del gerente general de 

FamCoop; 4) Certificación de cuidado médico y del Administrador

de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado; 5) Política del 

Lugar de Empleo Libre de Hostigamiento; 6) Documento; 7) Carta 

del 7 de diciembre de 2021 sobre autorización de la UAD para litigar 

el caso en el TPI.

En esencia, el señor Campos Nieves alegó que comenzó a 

trabajar para FamCoop el 19 de diciembre de 2019 como cajero y 

fue promovido en octubre de 2020 a la posición de Front End. 

Asimismo, adujo que el 4 de noviembre de 2020 se suscitó un 

altercado entre este y la señora Camillie Rivera, empleada de 

FamCoop, en donde ambos intercambiaron palabras soeces en el 

área de trabajo. A raíz de lo sucedido, la señora Ashley Ramos, 

consultora de Recursos Humanos, se comunicó con el 

señor Campos Nieves en la tarde del 7 de noviembre de 2020 para 

coordinar una reunión, la cual se llevó a cabo ese mismo día. En 

dicha reunión el señor Campos Nieves fue notificado de la 

determinación patronal de suspenderlo de empleo y sueldo por siete 

(7) días laborables, efectivo inmediatamente. Señaló, además, que 

sería removido de preparar los horarios de trabajo de los cajeros por 

una (1) a dos (2) semanas. No obstante, arguyó que la 

señora Camillie Rivera no fue notificada de alguna medida 

disciplinaria en su contra por los hechos ocurridos el 4 de noviembre 

de 2020. De este modo, el señor Campos Nieves expresó en la 

Querella presentada ante el TPI que, el 10 de noviembre de 2020,
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había radicado una Querella ante la UAD en la cual solicitó la 

investigación e intervención de la agencia ante el trato desigual por 

parte de FamCoop ante los hechos suscitados entre el Recurrente y 

la señora Camillie Rivera. De igual forma, alegó sentirse 

discriminado.

El señor Campos Nieves, arguyó además, que el 17 de 

noviembre de 2020 se reincorporó al trabajo. No obstante, señaló 

que se enfrentó con el hecho de que lo habían despojado de sus 

funciones y le habían reducido las horas de trabajo. Sostuvo que

comenzó a experimentar hostigamiento laboral debido a que el 

patrono luego de los hechos suscitados entre este y la señora 

Camillie Rivera continuó con acciones de represalias y discrimen en 

su contra. Así pues, alegó que debido a estas acciones adversas

tuvo que recibir tratamiento psicológico, por lo cual la Corporación 

del Fondo del Seguro del Estado lo declaró elegible para recibir 

tratamiento y descanso. En consecuencia, el señor Campos Nieves 

adujo que se vio en la obligación de renunciar a su empleo, efectivo 

el 10 de febrero de 2021. 

Por último, el 7 de diciembre de 2021, luego de haberse 

dilucidado las reclamaciones ante la UAD, dicha agencia autorizó 

litigar las controversias entre las partes ante el TPI. La autorización 

fue notificada el 10 de diciembre de 2021 y la acción judicial fue 

presentada el 6 de diciembre de 2022.

Por su parte, FamCoop presentó su Contestación a Querella el 

22 de diciembre de 2022.

3 Mediante esta negó las alegaciones en su 

contra y levantó ciertas defensas afirmativas. En lo pertinente, entre 

las defensas afirmativas presentadas, levantó la prescripción de las 

reclamaciones bajo la Ley Núm. 80, supra; Ley Núm. 100, supra; Ley

Núm. 69, supra; Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964,

3 Apéndice de la parte apelante, págs. 36-61.
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supra; y la reclamación de daños y perjuicios contingentes acorde 

con el Artículo II, Sección 16 de la Constitución del Estado Libre 

Asociado Puerto Rico en nuestra Carta de Derechos y el Art. 1536 

del Código Civil de Puerto Rico de 2020, supra.

El 23 de diciembre de 2022, FamCoop presentó una Moción 

Eliminatoria (In Limine) acorde con la Regla 10.5 de las Reglas de 

Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA AP. V, solicitando se 

eliminaran los anejos incluidos por el señor Campos Nieves en la 

Querella.

4 A su vez, el señor Campos Nieves se opuso a dicha 

solicitud.5 Así pues, el 20 de julio de 2023, el TPI emitió una orden 

declarando No Ha Lugar la solicitud de eliminación de los anejos 

acompañados a la Querella.

6

El 27 de diciembre de 2022, FamCoop presentó una moción 

solicitando que el pleito se convirtiera a uno ordinario.7 De otro

lado, el señor Campos Nieves se allanó a la conversión del pleito al 

procedimiento ordinario.8 Ante ello, el 27 de enero de 2023, el TPI 

emitió una orden convirtiendo el pleito al proceso ordinario.

9

Luego de varios trámites procesales, FamCoop presentó una 

Moción de Desestimación.10 En apretada síntesis, señaló que el plazo 

prescriptivo de la causa de acción bajo Ley Núm. 80, supra, comenzó 

a trascurrir desde el 10 de febrero de 2021, día de la renuncia del 

señor Campos Nieves. Además, subrayó que la presentación de la 

Querella ante la UAD, el 10 de noviembre de 2020, no tuvo el efecto 

de congelar el término prescriptivo, toda vez que no se cumplió con 

el requisito de identidad de propósitos entre el derecho reclamado y 

el afectado por la prescripción. Por tanto, la presentación de la 

Querella ante el TPI el 6 de diciembre de 2022, estaba prescrita. En 

4 SUMAC entrada 12.

5 SUMAC entrada 52.

6 SUMAC entrada 55.

7 Apéndice de la parte apelante, págs. 62-68.

8 Apéndice de la parte apelante, págs. 69-70.

9 Apéndice de la parte apelante, pág. 71.

10 Apéndice de la parte apelante, págs. 72-85.
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cuanto a la causa de acción bajo el Título VII de la Ley de Derechos 

Civiles de 1964, supra, apuntó que conforme establece dicho título,

el señor Campos Nieves tenía el término de noventa (90) días desde 

que recibió el notice of right to sue (autorización para demandar) por 

la UAD para presentar el pleito ante el TPI, el cual fue notificado el 

10 de diciembre de 2021. Por lo que alude que prescribió dicha 

causa de acción al presentar tardíamente recurso ante el TPI el 6 de 

diciembre de 2022. Sobre las causas de acción bajo la Ley Núm. 69, 

supra, y Ley Núm. 100, supra, también expresaron que habían 

prescrito debido a que se presentaron fuera del término de 

noventa (90) días desde que la UAD emitió la autorización para 

demandar en el TPI. Según señaló el patrono, este término de 

noventa (90) días surge al amparo de la Ley Núm. 4-2017, 29 LPRA 

sec. 121 et seq, conocida como Ley de Transformación y Flexibilidad 

Laboral (en adelante Ley Núm.4). Sostuvo, además, que la aludida 

Ley uniformó los plazos prescriptivos entre la legislación local y la 

federal. Por último, arguyó FamCoop que la causa de acción por 

daños y perjuicios también estaba prescrita por haberse instado

fuera del término de un año como requiere el Código Civil de 2020, 

supra, ya que la Querella presentada ante la UAD no interrumpió 

extrajudicialmente el término prescriptivo.

Así las cosas, FamCoop presentó una Moción Sometiendo 

Anejos.

11 En la referida moción incluyó cuatro anejos que no habían 

sido incluidos previamente en la Moción de Desestimación, y se 

solicitó que fueran considerados en apoyo a esta. Entre estos 

documentos anejados se encontraba el Contrato de Empleo del 

señor Campos Nieves, la Carta de Renuncia, la Querella presentada 

ante la UAD y la carta de la UAD autorizando la presentación del 

pleito en el TPI. 

11 Apéndice de la parte apelante, págs. 86-95.
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Posteriormente, el 4 de septiembre de 2023, el señor Campos 

Nieves ripostó con su Oposición a Moción de Desestimación 

(“Sentencia Sumaria”).12 Su discusión se centró en que la moción 

debía ser declarada no ha lugar, puesto que esta se acompañó con 

anejos, por lo cual se había convertido en una sentencia sumaria. 

De este modo, señaló que la moción incumplía con lo dispuesto en 

la Regla 36 de las Reglas de Procedimiento Civil, infra. Además, 

señaló que, en la alternativa, la querella presentada ante la UAD 

tuvo el efecto de suspender el término prescriptivo de un año hasta 

tanto finalizaran los procedimientos en dicha agencia. Por último, 

apuntó que el análisis sobre los términos prescriptivos realizado por 

el señor Campos Nieves solo eran aplican en la esfera federal.

Por su parte, FamCoop replicó el 4 de septiembre de 2023. En 

cuanto a la conversión de la Moción de Desestimación a una 

sentencia sumaria, expresó que la misma se limitaba a discutir 

específicamente las defensas legales de prescripción de las causas 

de acción del alegado despido injustificado, por lo que se trataba de 

una moción de desestimación y no una sentencia sumaria.13

Igualmente, reprodujo su análisis sobre los términos prescriptivos

de las causas de acción entabladas en el pleito. 

El 26 de septiembre de 2023, el foro primario dictó Sentencia, 

la cual fue notificada el siguiente día. El TPI determinó que la moción 

presentada por FamCoop se trataba de una moción de 

desestimación y no una moción de sentencia sumaria. Además, el 

TPI resolvió que las causas de acción contenidas en la Querella

estaban prescritas y que la causa de acción bajo la Ley Núm. 115,

supra, no cumplía con el estándar de plausibilidad dispuesto en la 

Regla 6.1 de las Reglas de Procedimiento Civil, infra. En

consecuencia, desestimó la referida Querella. 

12 Apéndice de la parte apelante, págs. 97-106.

13 Apéndice de la parte apelante, págs.107-115.
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Inconforme, con la determinación del TPI, el señor Campos 

Nieves acudió ante nos el 27 de octubre de 2023 mediante recurso 

de Apelación. Primeramente, el señor Campos Nieves reconoció que 

el TPI había desestimado correctamente las causas acción bajo la 

Ley Núm. 80, supra, y el Título VII del Civil Rights Act de 1964,

supra, por motivo de prescripción.14 Sin embargo, presentó los 

siguientes señalamientos de error:

PRIMER SEŇALAMIENTO DE ERROR

Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar con 

lugar la Moción de Desestimación al amparo de la 

Regla 10.2 de las Reglas de Procedimiento Civil.

SEGUNDO SEŇALAMIENTO DE ERROR

Erró el Tribunal de Primera Instancia al desestimar la 

causa de acción de represalia al amparo de la Ley 

Núm. 115.

TERCER SEŇALAMIENTO DE ERROR

Erró el Tribunal de Primera Instancia al concluir que 

[...] el Art. 2.13 de la Ley Núm. 4[-]2017, “Ley [de] 

Transformación y Flexibilidad Laboral”, tuvo el efecto de 

uniformar los plazos prescriptivos de las causas de 

acciones locales y federales para presentar las acciones 

judiciales de discrimen en el empleo en los tribunales a 

noventa (90) días desde que tanto la EEOC o la Unidad 

Antidiscrimen en el empleo del DTRH emitan su 

determinación final. Y en consecuencia, concluir que 

las reclamaciones del querellante al amparo de la Ley 

[Núm. 69 de 6 de julio de 1985], Ley para garantizar la 

igualdad de derechos en el empleo y la Ley Núm.100 [de 

30 de junio de 1959], Ley de discrimen en el empleo[,] 

estaban prescritas. 

El 27 de noviembre de 2023, la parte apelada presentó su 

Alegato en Oposición a Recurso de Apelación. Con el beneficio de la 

comparecencia de ambas partes, procedemos a resolver

II.

A.

Las alegaciones son los escritos que presentan al tribunal los 

hechos que dan base a las reclamaciones o defensas de una parte.

R. Hernández Colón, Derecho procesal civil, 6ta ed., San Juan, Ed. 

LexisNexis, 2017, pág. 283. Asimismo, la Regla 5.1 de Procedimiento 

14 Véase Apelación civil págs. 1-2
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Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 5.1, establece que “las alegaciones 

permitidas serán la demanda, la reconvención, la demanda contra 

coparte, la demanda contra tercero y sus respectivas 

contestaciones.”

Por su parte, la Regla 6.1 de Procedimiento Civil, supra, R. 

6.1, establece que las alegaciones deben contener: (1) una relación 

sucinta y sencilla de los hechos que demuestran que procede el 

remedio solicitado, y (2) la solicitud del remedio que se alega debe 

concederse. Véase Ashcroft v. Iqbal, 556 US 662 (2009). En cuanto 

a la parte contra quien se reclama, esta deberá presentar una 

alegación responsiva en la cual admita o niegue las aseveraciones 

en que descanse la parte contraria. Regla 6.2(a) de Procedimiento 

Civil, supra, R. 6.2; Conde Cruz v. Resto Rodríguez et al., 205 DPR 

1043, 1062 (2020). “Las aseveraciones contenidas en cualquier 

alegación que requiera una alegación responsiva y que no se refieran 

al monto de los daños, se considerarán admitidas si no fueron 

negadas en la alegación responsiva”. Regla 6.4 de Procedimiento 

Civil, supra, R. 6.4.

Además de negar o admitir las alegaciones presentadas en su 

contra, la parte contra quien se reclama deberá incluir “sus defensas 

contra cada reclamación interpuesta, junto con una relación de los 

hechos demostrativos de que le asisten tales defensas”. Regla 6.2(a) 

de Procedimiento Civil, supra. Entre las defensas que la parte contra 

quien se reclama puede levantar se encuentran las defensas 

afirmativas. Conde Cruz v. Resto Rodríguez et al., supra. “Una 

defensa afirmativa es la afirmación que hace el demandado con 

hechos o argumentos, que de ser ciertos, derrotan el reclamo del 

demandante, incluso si todas las alegaciones del demandante 

fueran aceptadas como correctas”. Hernández Colón, op. cit., pág. 

290. 
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La Regla 6.3 de Procedimiento Civil, supra, R. 6.3, enumera 

algunas defensas afirmativas que pueden ser levantadas por la parte 

contra quien se reclama. En su inciso (q) se encuentra la defensa 

afirmativa de prescripción adquisitiva o extintiva. Además, dicha 

regla dispone que las defensas afirmativas, “deberán plantearse en 

forma clara, expresa y específica al responder a una alegación o se 

tendrán por renunciadas, salvo la parte advenga en conocimiento de 

la existencia de la misma durante el descubrimiento de prueba, en 

cuyo caso deberá hacer la enmienda a la alegación pertinente.” Id. 

Así pues, si las defensas afirmativas no se platean en la contestación 

a la demanda, se renuncia a estas y no se podrán levantar en una 

etapa posterior del proceso judicial. Conde Cruz v. Resto Rodríguez

et al., supra; Díaz Ayala et al. v. E.L.A., 153 DPR 675, 696 (2001).

Sin embargo, pueden plantearse en una etapa posterior “si los 

hechos que la fundamentan se conocen con posterioridad a la 

presentación de la contestación y con motivo del descubrimiento de 

prueba [...]”. Hernández Colón, op. cit., pág. 291. 

B.

La desestimación es un pronunciamiento judicial que resuelve 

el pleito de forma desfavorable para el demandante sin celebrar un 

juicio en su fondo o en los méritos. S.L.G. Sierra v. Rodríguez, 163 

DPR 738, 745 (2005); R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de 

Puerto Rico Derecho Procesal Civil, Quinta Edición, San Juan, Michie 

de Puerto Rico, 2010, pág. 369. De este modo, nuestro ordenamiento 

procesal civil dispone de varios supuestos mediante los cuales una 

parte puede solicitar la desestimación de una acción en su contra 

antes de presentar la contestación a la demanda. Id., págs. 266-267. 

La Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra, R. 10.2, establece 

lo siguiente: 

Toda defensa de hechos o de derecho contra una 

reclamación responsiva excepto que, a opción de la parte que 
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alega, las siguientes defensas pueden hacerse mediante moción 

debidamente fundamentada: 

(1) falta de jurisdicción sobre la materia. 

(2) falta de jurisdicción sobre la persona. 

(3) insuficiencia del emplazamiento; 

(4) insuficiencia del diligenciamiento del emplazamiento; 

(5) dejar de exponer una reclamación que justifique la 

concesión de un remedio. 

(6) dejar de acumular una parte indispensable. 

Ninguna defensa u objeción se considerará renunciada 

por haberse formulado conjuntamente con otra u otras 

defensas u objeciones en una alegación responsiva o moción. 

Si en una alegación se formula una reclamación contra la cual 

la parte no está obligada a presentar una alegación responsiva, 

dicha parte podrá mantener en el juicio cualquier defensa de 

hechos o de derecho contra tal reclamación. Si en una moción 

en que se formula la defensa (5) se exponen materias no 

contenidas en la alegación impugnada, y éstas no son 

excluidas por el tribunal, la moción deberá ser considerada 

como una solicitud de sentencia sumaria y estará sujeta a 

todos los trámites ulteriores provistos en la Regla 36 hasta 

su resolución final, y todas las partes deberán tener una 

oportunidad razonable de presentar toda materia 

pertinente a tal moción bajo dicha regla. (Énfasis nuestro).

La citada regla establece los fundamentos para que una parte 

en un pleito pueda solicitar la desestimación de una demanda en su 

contra, mediante la presentación de una moción fundamentada en 

cualesquiera de los motivos en ella expuestos. El Día, Inc. v. Mun. de 

Guaynabo, 187 DPR 811, 820-821 (2013); Asoc. Fotoperiodistas v. 

Rivera Schatz, 180 DPR 920, 935 (2011).

A los fines de disponer de una moción de desestimación, el 

tribunal está obligado a dar por ciertas y buenas todas las 

alegaciones fácticas de la demanda radicada y que hayan sido 

aseveradas de manera clara. Torres Torres v. Torres et al., 179 DPR 

481, 501 (2010); Perfect Cleaning v. Cardiovascular, 172 DPR 139, 

149 (2007); Colón v. Lotería, 167 DPR 625, 649 (2006). De igual 

modo, la demanda no debe desestimarse a menos que se desprenda 

con toda claridad y certeza que el demandante no tiene derecho a 

remedio alguno bajo cualquier estado de hechos que puedan ser 

probados en apoyo a su reclamación. Rivera Sanfeliz et al. v. Jta. Dir. 

First Bank, 193 DPR 38 (2015).
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Conforme la Regla 10.7 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, la parte que presente una moción de desestimación al amparo de 

la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra, tiene que acumular en 

esa moción todas las defensas que la precitada Regla le permite 

presentar mediante moción. De no hacerlo, se entenderán 

renunciadas, salvo que la moción esté fundada en falta de 

jurisdicción sobre la materia. Regla 10.2(1) de Procedimiento Civil, 

supra. Tampoco se entenderán renunciadas las defensas 

privilegiadas contempladas en la Regla 10.8(b) de Procedimiento 

Civil, supra, R. 10.8 (b).

Cuando de las alegaciones de la demanda surja que la acción 

prescribió, la parte contra la cual se reclama puede presentar una 

moción de desestimación por prescripción al amparo de la Regla 

10.2(5) de Procedimiento Civil, supra, esto es, que la demanda deja 

de exponer una reclamación que justifique la concesión de un 

remedio. Conde Cruz v. Resto Rodríguez et al., supra; Sánchez v. Aut. 

de los Puertos, 153 DPR 559 (2001). Asimismo, la defensa de dejar 

de exponer una reclamación que justifique la concesión de un 

remedio no está sujeta a la regla general sobre acumulación y 

renuncia de defensas que instituye la Regla 10.7 de Procedimiento 

Civil, supra. Esta defensa —de ordinario— no se entiende 

renunciada, aun si no se acumula en una moción al amparo de la 

Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra, y puede plantearse en 

cualquier momento, incluso, luego de comenzado el juicio. Regla 

10.8(b) de Procedimiento Civil, supra. Sin embargo, cuando la

moción de desestimación al amparo de la Regla 10.2(5) de 

Procedimiento Civil, supra, se basa en una de las defensas 

afirmativas de la Regla 6.3 de Procedimiento Civil, supra, se 

entienden renunciadas si no se plantearon en la primera alegación 

responsiva.
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Por último, si en una moción de desestimación fundamentada 

en el inciso (5) de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra, “se 

exponen materias no contenidas en la alegación impugnada, y el 

tribunal no las excluye, la moción debe considerarse como una 

[solicitud] de sentencia sumaria”. Sánchez v. Aut. de los Puertos, 

supra, pág. 570. De este modo, la moción estará sujeta a todos los 

trámites provistos por la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, R. 

36, hasta su resolución final. Bonnelly Sagrado et al. v. United 

Surety, 207 DPR 715, 722–723 (2021).

Sobre lo anterior, nuestro Tribunal Supremo ha expresado:

La conversión de una moción de desestimación en 

una de sentencia sumaria, a tenor con esta regla, puede 

ocurrir cuando cualesquiera de las partes, el 

promovente o el promovido, someten materia que no 

formó parte de las alegaciones, tales como: 

deposiciones, admisiones, certificaciones y 

contestaciones a interrogatorios. El tribunal tiene plena 

discreción para aceptar o no la materia evidenciaria que 

se acompaña. Esta discreción normalmente la ejerce 

tomando en consideración si la materia ofrecida y la 

conversión subsiguiente facilitarían o no la disposición 

del asunto ante su consideración. Si de la materia 

ofrecida surge que el caso no se debería despachar 

sumariamente y que para su resolución se debería 

celebrar una vista en su fondo, el tribunal denegaría 

tanto la conversión de la moción de desestimación en 

una de sentencia sumaria, como la concesión de la 

desestimación. Torres Capeles v. Rivera Alejandro, 143 

DPR 300, 309 (1997) citando en Bonnelly Sagrado et al

v. United Surety, supra, pág. 723.

C.

La prescripción es una institución que extingue un derecho 

por la inacción de una parte que debió ejercerlo durante un periodo 

de tiempo determinado. Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, 186 

DPR 365, 372–373 (2012). El Artículo 1189 del Código Civil de 2020,

31 LPRA sec. 9481, define la figura de la prescripción como, “una 

defensa que se opone a quien no ejercita un derecho o acción dentro 

del plazo de tiempo que la ley fija para invocarlo. Las acciones 

prescriben por el mero lapso del tiempo fijado por ley.” Asimismo, 

nuestro más alto foro ha señalado que existen dos tipos de 
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prescripción: (1) la prescripción extintiva; y (2) la prescripción 

adquisitiva. Bravman, González v. Consejo Titulares, 183 DPR 827, 

877 (2011). En cuanto a la extintiva, dicha figura lo que persigue es

“evitar la incertidumbre y propiciar la estabilidad jurídica.” Arzuaga 

et als. v. Empresas Brunet et al., 211 DPR 803 (2023). Además, nos 

dice el Código Civil de 2020 que “[l]os plazos de prescripción 

comienzan a transcurrir cuando el legitimado activo conoce o debe

conocer la existencia del derecho a reclamar y la identidad de la 

persona contra quien puede actuar. El desconocimiento del nombre 

de la persona responsable no impide el ejercicio de la acción.” 31 

LPRA sec. 9482.

Existen tres maneras de interrumpir un término prescriptivo

de una acción: (1) mediante la vía judicial correspondiente, (2) una 

reclamación extrajudicial, y (3) el reconocimiento de la deuda por 

parte del deudor. Producida la interrupción, comienza nuevamente 

a transcurrir el cómputo del plazo prescriptivo. Artículo 1198 del 

Código Civil de 2020, 31 LPRA sec. 9490; Ross Valedón v. Hosp. Dr. 

Susoni et al., 2024 TSPR 10, 213 DPR __ (2024); Conde Cruz v. Resto 

Rodriguez et al, supra, pág. 1067.

Nuestro Tribunal Supremo ha establecido dos tipos de 

interrupción a la prescripción: (1) la interrupción simple, también 

conocida como interrupción de carácter instantáneo; y (2) la 

congelación o interrupción con carácter duradero. Díaz Santiago v. 

International Textiles, 195 DPR 862, 868–869, (2016). En cuanto a 

la primera, el acto interruptor inicia un nuevo término prescriptivo 

que comenzará a computarse inmediatamente desde que ocurre el 

acto interruptor. Id. En cuanto a la congelación, al igual que en la 

interrupción simple, el acto interruptor inicia un nuevo término 

prescriptivo, sin embargo, “este habrá de comenzar a computarse en 

un momento posterior.” Id.
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Por su lado, la reclamación judicial tiene el efecto de 

interrumpir y congelar el término prescriptivo si la acción se 

presentó oportuna y eficazmente, por lo que el nuevo término 

comenzará a correr cuando culmine el proceso judicial. Id.; Ross 

Valedón v. Hosp. Dr. Susoni et al., supra; Suárez Ruiz v. Figueroa 

Colón, 145 DPR 142, 151 (1998). Por otro lado, una reclamación 

extrajudicial podría tener el efecto de interrupción simple o podría 

producir un efecto congelador sobre el término prescriptivo que 

durará hasta que ocurra cierto evento posterior. Maldonado v. 

Russe, 153 DPR 342, 353 (2001). “Una reclamación extrajudicial que 

interrumpe el término prescriptivo se define como una 

manifestación inequívoca de quien, amenazado con la pérdida de su 

derecho, expresa su voluntad de no perderlo.” Díaz Santiago v. 

International Textiles, supra, pág. 870. Asimismo, el propósito de 

dicha reclamación extrajudicial es interrumpir el término 

prescriptivo de las acciones, fomentar las transacciones 

extrajudiciales, y notificar, a grandes rasgos, la naturaleza de la 

reclamación. Cacho González et al. v. Santarrosa et al., 203 DPR 215, 

228 (2019).

Sin embargo, a pesar de que no existen exigencias de forma 

para realizar una reclamación extrajudicial, nuestra alta curia ha 

reiterado que toda reclamación extrajudicial deberá cumplir con los 

siguientes requisitos para poder interrumpir el término prescriptivo: 

(1) debe ser oportuna, lo que exige que sea presentada dentro del 

término establecido; (2) el reclamante debe poseer legitimación, por 

lo que la reclamación debe ser ejercida por el titular del derecho o 

acción cuya prescripción pretende interrumpirse; (3) el medio 

utilizado para realizar la reclamación debe ser idóneo, y (4) debe 

existir identidad entre el derecho reclamado y aquel afectado por la 

prescripción. Birriel Colón v. Econo y otros, 2023 TSPR 120, 213 DPR 

__ (2023); Maldonado v. Russe, supra, pág. 353.
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Las reclamaciones ante las agencias administrativas deben 

ser examinadas a la luz de los requisitos de las reclamaciones 

extrajudiciales. Díaz Santiago v. International Textiles, supra. Sobre 

esto, el Tribunal Supremo ha expresado que una gestión ante 

agencias administrativas puede tener el efecto de congelar el término 

si “el trámite interno o administrativo guarda identidad de 

propósitos con la acción judicial, situaciones en las cuales el término 

queda congelado hasta tanto culmine todo el proceso”. Maldonado 

v. Russe, supra, pág. 353. No obstante, aunque no ocurra la 

congelación del término prescriptivo, la notificación de la querella 

puede tener el efecto de interrumpir el término prescriptivo si 

cumple con todos los requisitos de una reclamación extrajudicial.

Díaz Santiago v. International Textiles, supra, pág. 871. 

D.

La Ley Núm.100, supra, le brinda a la clase obrera del país 

una protección estatutaria contra diversos tipos de discrimen en el 

empleo. Mestres Dosal v. Dosal Escandón, 173 DPR 62, 67 (2008). 

Por su parte, la Ley Núm. 69, supra, prohíbe de forma específica el 

discrimen en el empleo por razón de sexo. Suárez Ruiz v. Figueroa 

Colón, supra, pág. 148.

El término prescriptivo bajo la Ley Núm. 100, supra, para 

presentar una reclamación judicial es de un (1) año. S.L.G. SerranoBáez v. Foot Locker, 182 DPR 824, 833 (2011). Dicho término 

quedará interrumpido cuando se notifique al patrono o querellado, 

la presentación de la querella ante la Unidad Antidiscrimen en el 

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. Id. Igualmente, el 

término prescriptivo estará suspendido mientras la querella 

continúe su trámite en la Unidad Antidiscrimen y no se haya 

notificado al querellado una determinación sobre la reclamación. Id.

Además, cabe señalar que el término prescriptivo puede ser 

interrumpido por la reclamación extrajudicial, la presentación de la 
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acción judicial correspondiente o por el reconocimiento de la deuda 

por parte del patrono o de su agente autorizado. Id.

En cuanto al término prescriptivo de la Ley Núm. 69, supra,

el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reconocido que, por su 

carácter indemnizatorio de naturaleza similar a las acciones 

instadas bajo de la Ley Núm. 100, supra, el término prescriptivo es 

el de un (1) año. Suárez Ruiz v. Figueroa Colón, supra. 

E.

La Ley Núm. 115, supra, provee protección a los empleados 

contra posibles represalias por parte de un patrono, por el 

ofrecimiento de algún testimonio o alguna información ante ciertos 

foros. Velázquez Ortiz v. Mun. de Humacao, 197 DPR 656, 668–669 

(2017). En específico, el Artículo 2 (a) dispone:

(a) Ningún patrono podrá despedir, amenazar o 

discriminar contra un empleado con relación a los 

términos, condiciones, compensación, ubicación, 

beneficios o privilegios del empleo porque el empleado 

ofrezca o intente ofrecer, verbalmente o por escrito, 

cualquier testimonio, expresión o información ante un 

foro legislativo, administrativo o judicial en Puerto Rico, 

así como el testimonio, expresión o información que 

ofrezca o intente ofrecer, en los procedimientos internos 

establecidos de la empresa, o ante cualquier empleado 

o representante en una posición de autoridad, cuando 

dichas expresiones no sean de carácter difamatorio ni 

constituyan divulgación de información privilegiada 

establecida por ley.

Además, la Ley. Núm. 115, supra, establece dos vías para que 

los empleados puedan establecer una causa de acción por 

represalias. En la primera, el empleado debe valerse de evidencia 

directa o circunstancial para probar una violación de la ley. Artículo 

2 (c) de la Ley Núm. 115, 29 LPRA sec. 194a(c). En la segunda, el 

empleado puede establecer un caso prima facie de represalias 

demostrando que participó en una actividad protegida y que fue 

subsiguientemente despedido, amenazado o discriminado. Id. 

Establecido un caso prima facie por parte del empleo, el patrono 

deberá alegar y fundamentar una razón legítima y no 
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discriminatoria para la acción adversa. S.L.G. Rivera Carrasquillo v. 

A.A.A. 177 DPR, 345, 362 (2009). “De alegar y fundamentar el 

patrono dicha razón, el empleado deberá demostrar que la razón 

alegada por el patrono era un mero pretexto para el despido.” 

Artículo 2 de Ley Núm. 115, supra.

En cuanto a la segunda vía, se ha establecido que la 

proximidad temporal entre la actividad protegida y la acción adversa 

debe ser cercana. Feliciano Martes v. Sheraton, 182 DPR 368, 397–

398 (2011). Es decir, una acción adversa tomada contra un 

empleado inmediatamente después de que este incurra en una 

actividad protegida constituirá prueba indirecta suficiente de la 

existencia de un nexo causal entre ambos acontecimientos. Id. No 

obstante, el elemento temporal no puede catalogarse como que

resulta insuficiente para probar el nexo causal, por lo que se 

requiere que el empleado constate elementos adicionales que 

comprueben la existencia de dicho nexo entre la actividad protegida 

y la acción disciplinaria adversa. Id. De este modo, el trabajador 

deberá presentar evidencia que establezca: (1) que fue tratado de 

forma distinta a otros empleados; (2) que existió un patrón de 

conducta antagónica en su contra; (3) que las razones articuladas 

por el patrono para fundamentar su acción adversa están plagadas 

de incongruencias, o (4) cualquier otra evidencia que obre en el 

expediente para establecer el elemento del nexo causal. Lo anterior 

implica, necesariamente, un acercamiento caso a caso. Id.

La Ley Núm. 115, supra, dispone que “[c]ualquier persona que 

alegue una violación a esta Ley podrá instar una acción civil

en contra del patrono dentro de tres (3) años de la fecha en que 

ocurrió dicha violación...” Artículo 2 (b), 29 LPRA sec. 194a

(Énfasis nuestro). Por otro lado, Ley Núm. 4, supra, en su Artículo 

2.18, 29 LPRA sec. 122q, establece que 

Las acciones derivadas de un contrato de empleo o los 

beneficios que surgen en virtud de un contrato de 

empleo, prescribirán al año, contado a partir del 
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momento en que se pueda ejercer la acción, a menos 

que se disponga expresamente de otra manera en 

una ley especial o en el contrato de empleo. No 

obstante, las causas de acción surgidas previo a la 

vigencia de esta Ley, tendrán el término prescriptivo 

bajo el ordenamiento jurídico anterior aplicable.

(Énfasis nuestro).

III.

De entrada, conviene comenzar por señalar que el 

señor Campos Nieves aceptó en su recurso apelativo que el TPI

correctamente desestimó por prescripción la causa de acción por 

despido injustificado bajo la Ley Núm. 80, supra, y la causa de 

acción al amparo del Título VII del Civil Right Act de 1964, supra.

Además, tampoco está ante nuestra consideración asunto alguno 

respecto a la causa de acción por daños y perjuicios bajo el Código 

Civil de Puerto Rico 2020. No obstante, le imputa en su recurso 

apelativo la comisión de tres errores al foro primario. En primer 

lugar, el señor Campos Nieves señala que erró el TPI al declarar con 

lugar la Moción de Desestimación al amparo de la Regla 10.2 de 

Procedimiento Civil, supra, presentada por FamCoop. En segundo 

lugar, señala que incidió el TPI al desestimar la causa de acción de 

represalia al amparo de la Ley Núm. 115, supra. Por último, arguye 

que erró el TPI al concluir que el Artículo 2.13 de la Ley Núm. 4, 

supra, tuvo el efecto de uniformar los términos prescriptivos de las 

causas de acción locales con las federales para presentar acciones 

judiciales de discrimen en el empleo en el TPI dentro de noventa (90) 

días desde que la EEOC o la UAD emiten su determinación final. 

En cuanto al primer error, si en una moción de desestimación 

fundamentada en la Regla 10.2(5) de Procedimiento Civil, “se 

exponen materias no contenidas en la alegación impugnada, y el 

tribunal no las excluye, la moción debe considerarse como una 

[solicitud] de sentencia sumaria”. Sánchez v. Aut. de los Puertos, 

supra, pág. 570. De este modo, la moción estará sujeta a todos los 

trámites provistos por la Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 
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Ap. V, hasta su resolución final. Bonnelly Sagrado et al. v. United 

Surety, supra. Así pues, cuando una parte somete alguna materia 

que no formó parte de las alegaciones, el tribunal tendrá plena 

discreción para aceptar o no la materia evidenciaria que se 

acompaña. Esta discreción normalmente la ejerce tomando en 

consideración si la materia que se ofrece y la conversión 

subsiguiente facilitará o no la disposición del caso. Si de la materia 

ofrecida surge que el caso no se debería disponer sumariamente y 

que para su resolución se debería celebrar una vista en su fondo, el 

tribunal debe negar la conversión de la moción de desestimación, 

como la conversión de esta en una sentencia sumaria. Bonnelly 

Sagrado et al v. United Surety, supra.

Surge del caso ante nuestra consideración que el 

señor Campos Nieves presentó su Querella acompañada de los 

siguientes documentos: 1) Descripción del puesto; 2) Querella de 

discrimen en la Unidad Antidiscrimen del Departamento del Trabajo 

y Recursos Humanos de Puerto Rico; 3) Capturas de pantalla de 

teléfono de las llamadas que recibió el señor Campos Nieves del 

gerente general de FamCoop; 4) Certificación de cuidado médico y 

del Administrador de la Corporación del Fondo del Seguro del 

Estado; 5) Política del Lugar de Empleo Libre de Hostigamiento; 

6) Documento; 7) Carta de Renuncia ;y 8) Carta del 7 de diciembre 

de 2021 sobre autorización de la UAD para litigar el caso en el TPI. 

Por su parte, FamCoop presentó una Moción de Desestimación y 

posteriormente presentó una moción donde anejó los siguientes 

documentos en apoyo a la Moción de Desestimación: 1) Contrato de 

Empleo del señor Campos Nieves; 2) Carta de Renuncia; 3) Querella 

presentada ante la UAD, y 4) carta de la UAD autorizando la 

presentación del pleito en el TPI.

El señor Campos Nieves apunta en su recurso apelativo que 

la Moción de Desestimación debía ser convertida a una sentencia 
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sumaria toda vez que se acompañó con documentación. Sin 

embargo, no se deprende del expediente que se haya presentado 

evidencia extrínseca sobre lo expuesto en las alegaciones de la 

Querella. En este caso, FamCoop presentó una Moción de 

Desestimación donde levantó defensas legales referente a la 

prescripción de causas de acción que ya habían sido alegadas en la 

Querella y que, además, acompañó dicha moción con documentos 

que habían sido presentados en la Querella por el señor Campos

Nieves.

Ahora bien, tomando como ciertas las alegaciones de la 

Querella, procedemos a aplicar el derecho al segundo y tercer error.

Sobre el segundo error, el TPI dispuso de la acción bajo la Ley 

Núm. 115, supra, por el fundamento de que las alegaciones de la 

Querella no cumplieron con el estándar de plausibilidad que dispone 

la Regla 6.1 de Procedimiento Civil, supra. Disentimos de esta 

apreciación del TPI.

Según discutido anteriormente, la Regla 6.1 de Procedimiento 

Civil, supra, establece que las alegaciones deben contener: (1) una 

relación sucinta y sencilla de los hechos que demuestran que 

procede el remedio solicitado, y (2) la solicitud del remedio que se 

alega debe concederse. Asimismo, la Ley Núm. 115, supra, establece 

que, para entablar una acción por represalias bajo el referido 

estatuto, se debe establecer un caso prima facie demostrando que: 

(1) participó de una actividad protegida según dispone la ley; y 

(2) que hubo una acción adversa en su contra posterior a ello. Por 

tanto, el señor Campos Nieves debía alegar que participó de una 

actividad protegida y que, subsiguientemente, FamCoop tomó una 

acción adversa en su contra.

Surge del expediente que el señor Campos Nieves fue 

suspendido el 7 de noviembre de 2020 por los sucesos ocurridos el 

4 de noviembre de 2020. Ante esto, el señor Campos Nieves 
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presentó el 10 de noviembre de 2021, una Querella en la UAD por 

discrimen por orientación sexual bajo la Ley Núm. 100, supra, y la 

Ley Núm. 69, supra. Asimismo, en la Querella presentada ante el 

TPI, el señor Campos Nieves alegó que cuando regresó de la 

suspensión -luego de haber sido notificada la querella de la UAD al 

patrono -se encontró con que alegadamente lo habían despojado de 

sus funciones administrativas, le redujeron su jornada laboral, 

sentía hostigamiento por parte de la gerencia de FamCoop y, 

además, se sentía discriminado. Incluso, alegó que, debido a esto, 

tuvo que recibir tratamiento psicológico, y posteriormente se vio 

obligado a renunciar. Así pues, surge de la Querella que el 

señor Campos Nieves presentó alegaciones sucintas y sencillas de 

los hechos que demuestran que procede el remedio solicitado. Por 

tanto, determinamos que las alegaciones incluidas en la Querella

resultan suficientes para establecer un caso prima facie por 

represalia. Sin prejuzgar los méritos del caso, la Querella

presentada enunciaba la presencia de actos de represalia bajo la Ley 

Núm. 115, supra.

Por último, en cuanto al tercer error, FamCoop arguye que la 

prescripción de las reclamaciones bajo la Ley Núm. 100, supra, y la 

Ley Núm. 69, supra, por estar relacionadas al discrimen en el 

empleo, son compatibles con el Título VII del Civil Right Act de 1964, 

por lo que deben ser interpretados consistentemente según 

establece el Artículo 2.13 de la Ley Núm. 4, supra. En ese sentido, 

una vez emitida la decisión final de la UAD, la parte tendrá noventa 

(90) días para instar la acción en el TPI. No nos persuade este 

argumento. 

Nuestro más alto foro ha resuelto que el término prescriptivo 

para presentar una acción judicial bajo la Ley Núm. 100, supra, y la 

Ley Núm. 69, supra, es de un año. S.L.G. Serrano-Báez v. Foot 

Locker, supra. Dicho término quedará interrumpido cuando se 
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notifique al patrono o querellado, la presentación de la querella ante 

la UAD. Id. Igualmente, el término prescriptivo estará suspendido 

mientras la querella continúe su trámite en dicha agencia y no se 

haya notificado al querellado una determinación sobre la 

reclamación. Id. Nada señala la Ley Núm. 100, supra, y la Ley 69, 

supra, referente al término de noventa días (90) una vez la agencia 

emite una determinación final.

Ciertamente, en el caso ante nuestra consideración se 

desprende que el 10 de noviembre de 2020 el señor Campos Nieves 

presentó la Querella sobre discrimen al amparo de la Ley Núm. 100, 

supra, y Ley Núm. 69, supra, ante la UAD. Así las cosas, desde ese 

momento el término prescriptivo quedó interrumpido 

extrajudicialmente. Además, dicho término quedó suspendido

hasta el 10 de diciembre de 2021, cuando la agencia notificó la carta 

para presentar el pleito en el TPI. Así pues, a partir de esta última 

fecha el señor Campos Nieves tenía un año para ejercitar su derecho 

ante el TPI, lo cual ocurrió en este caso. Es decir, el señor Campos 

Nieves tenía hasta el 10 de diciembre de 2022 para instar su caso 

en el foro primario y este fue presentado el 6 de diciembre de 2022.

Por tanto, la acciones bajo la Ley Núm. 100, supra, y Ley Núm. 69, 

supra, no estaban prescritas. 

En consecuencia, resolvemos que no se cometió el primer 

error. Sin embargo, se cometieron el segundo y tercer error toda vez 

que las alegaciones de la Querella cumplían con la Regla 6.1 de 

Procedimiento Civil, supra, y las causas de acción bajo la Ley 

Núm. 100 y 69, supra, no estaban prescritas. 

IV.

Por los fundamentos anteriormente expuestos, se modifica la 

Sentencia apelada y se ordena la continuación de los procedimientos 

según lo aquí resuelto.
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Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. La jueza Álvarez Esnard concurre sin voto

escrito.

 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones