# Diario Oficial C 269/4 de

| | ISSN 1725-244X |
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| Diario Oficial
  de la Unión Europea | C 269 |
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| Edición en lengua española | Comunicaciones e informaciones | 47o año4 de noviembre de 2004 |

ISSN 1725-244X

Diario Oficial

de la Unión Europea

C 269

Edición en lengua española

Comunicaciones e informaciones

47o año4 de noviembre de 2004

---

| Número de información | Sumario | Página |
| --- | --- | --- |
| | I   Comunicaciones |
| | Tribunal de Cuentas |
| 2004/C 269/1 | Informe Especial no 3/2004 sobre la recuperación de pagos irregulares en el marco de la política agrícola común, acompañado de las respuestas de la Comisión | 1 |

Número de información

Sumario

Página

I   Comunicaciones

Tribunal de Cuentas

2004/C 269/1

Informe Especial no 3/2004 sobre la recuperación de pagos irregulares en el marco de la política agrícola común, acompañado de las respuestas de la Comisión

o

1

| ES | |
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ES

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I Comunicaciones

Tribunal de Cuentas

| 4.11.2004 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 269/1 |
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4.11.2004

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 269/1

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INFORME ESPECIAL N
  o 3/2004

sobre la recuperación de pagos irregulares en el marco de la política agrícola común, acompañado de las respuestas de la Comisión

(presentado en virtud del segundo párrafo del apartado 4 del artículo 248 del Tratado CE)

(2004/C 269/01)

ÍNDICE

| I-IX | RESUMEN |
| --- | --- |

I-IX

| 1-8 | INTRODUCCIÓN |
| --- | --- |

1-8

| 9-68 | ANÁLISIS |
| --- | --- |

9-68

| 9-15 | Irregularidades notificadas |
| --- | --- |

9-15

| 16-20 | Notificación de irregularidades: ¿quién hace qué? |
| --- | --- |

16-20

| 21-27 | Notificación de irregularidades: retrasos, lagunas y faltas de coherencia |
| --- | --- |

21-27

| 28-29 | Control de datos: una situación insatisfactoria |
| --- | --- |

28-29

| 30-32 | Calidad insuficiente y desigual de la información sobre pagos irregulares |
| --- | --- |

30-32

| 33-39 | Recuperación y cancelación: responsabilidades de los Estados miembros y de la Comisión |
| --- | --- |

33-39

| 40-42 | Un porcentaje de recuperación reducido |
| --- | --- |

40-42

| 43-51 | Decisiones de la Comisión sobre quién debe asumir el coste de los pagos irregulares que no se han recuperado: falta de principios claros |
| --- | --- |

43-51

| 52-53 | Reparto de competencias en la Comisión |
| --- | --- |

52-53

| 54-60 | La Comisión apenas aprovecha su experiencia con las irregularidades |
| --- | --- |

54-60

| 61-62 | La lista negra |
| --- | --- |

61-62

| 63-68 | Registro de importes adeudados |
| --- | --- |

63-68

| 69-73 | CONCLUSIONES |
| --- | --- |

69-73

| 74-80 | RECOMENDACIONES |
| --- | --- |

74-80

Respuestas de la Comisión

RESUMEN

| I. | Los Estados miembros están obligados a informar a la Comisión cuando detectan pagos irregulares superiores a 4 000 euros efectuados en el marco de la política agrícola común (PAC) y a intentar recuperar dichos pagos. Cuando no es posible recuperarlos, los importes en cuestión se cancelan y las pérdidas las asume la Comunidad, a menos que la falta de recuperación se deba a la negligencia del Estado miembro afectado. Existe una «lista negra» para identificar a los beneficiarios de pagos irregulares superiores a 100 000 euros en un año determinado. Mediante distintos sistemas, los Estados miembros informan de todos los importes adeudados a la Comunidad en virtud de la PAC. |
| --- | --- |

I.

Los Estados miembros están obligados a informar a la Comisión cuando detectan pagos irregulares superiores a 4 000 euros efectuados en el marco de la política agrícola común (PAC) y a intentar recuperar dichos pagos. Cuando no es posible recuperarlos, los importes en cuestión se cancelan y las pérdidas las asume la Comunidad, a menos que la falta de recuperación se deba a la negligencia del Estado miembro afectado. Existe una «lista negra» para identificar a los beneficiarios de pagos irregulares superiores a 100 000 euros en un año determinado. Mediante distintos sistemas, los Estados miembros informan de todos los importes adeudados a la Comunidad en virtud de la PAC.

| II. | Al final de 2002, el total de los pagos irregulares notificados desde 1971 ascendía a 3 100 millones de euros. De este importe se recuperaron 537 millones de euros de los beneficiarios y se cancelaron 252 millones de euros a costa de la Comunidad o de los Estados miembros. El 75 % restante de dichos pagos irregulares seguía «pendiente», es decir, ni se había recuperado ni se había cancelado. La mayoría de los pagos irregulares notificados están relacionados con la intervención en los mercados: el gasto correspondiente al sector de las frutas y hortalizas y a las restituciones a la exportación constituye más de la mitad del total. |
| --- | --- |

II.

Al final de 2002, el total de los pagos irregulares notificados desde 1971 ascendía a 3 100 millones de euros. De este importe se recuperaron 537 millones de euros de los beneficiarios y se cancelaron 252 millones de euros a costa de la Comunidad o de los Estados miembros. El 75 % restante de dichos pagos irregulares seguía «pendiente», es decir, ni se había recuperado ni se había cancelado. La mayoría de los pagos irregulares notificados están relacionados con la intervención en los mercados: el gasto correspondiente al sector de las frutas y hortalizas y a las restituciones a la exportación constituye más de la mitad del total.

| III. | El Tribunal observó que los Estados miembros comunican la información pertinente sobre las irregularidades, pero incurriendo en retrasos de distinta duración. También se han detectado faltas de coherencia en los datos. Existen discrepancias entre la información comunicada por los Estados miembros y las cifras de la base de datos que se alimenta de ella. La base de datos de la Comisión sobre irregularidades notificadas no es exhaustiva y adolece de falta de precisión. |
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III.

El Tribunal observó que los Estados miembros comunican la información pertinente sobre las irregularidades, pero incurriendo en retrasos de distinta duración. También se han detectado faltas de coherencia en los datos. Existen discrepancias entre la información comunicada por los Estados miembros y las cifras de la base de datos que se alimenta de ella. La base de datos de la Comisión sobre irregularidades notificadas no es exhaustiva y adolece de falta de precisión.

| IV. | El reducido porcentaje de recuperación de los pagos irregulares (el porcentaje acumulado desde 1971 es de tan sólo el 17 %) se debe en parte a los retrasos y las prácticas de las administraciones nacionales (suspensión de la acción de recuperación hasta que concluyan las acciones judiciales asociadas al fraude, inexistencia de la categoría de acreedor preferente para las deudas de la PAC, falta de medidas que desincentiven los recursos sin fundamento) y a la reticencia de la Comisión a aceptar ofertas de liquidación parcial. |
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IV.

El reducido porcentaje de recuperación de los pagos irregulares (el porcentaje acumulado desde 1971 es de tan sólo el 17 %) se debe en parte a los retrasos y las prácticas de las administraciones nacionales (suspensión de la acción de recuperación hasta que concluyan las acciones judiciales asociadas al fraude, inexistencia de la categoría de acreedor preferente para las deudas de la PAC, falta de medidas que desincentiven los recursos sin fundamento) y a la reticencia de la Comisión a aceptar ofertas de liquidación parcial.

| V. | Sólo el 10 % de los pagos irregulares notificados ha sido cancelado, en parte porque los Estados miembros han presentado pocos casos como irrecuperables, en parte porque la Comisión ha tardado en adoptar medidas con respecto a antiguos pagos irregulares. Esta institución carecía de criterios adecuados para decidir si los importes cancelados se cobrarían a los Estados miembros o los asumiría la Comunidad, y la información en su poder sobre la correcta aplicación de las decisiones de cancelación era insuficiente. |
| --- | --- |

V.

Sólo el 10 % de los pagos irregulares notificados ha sido cancelado, en parte porque los Estados miembros han presentado pocos casos como irrecuperables, en parte porque la Comisión ha tardado en adoptar medidas con respecto a antiguos pagos irregulares. Esta institución carecía de criterios adecuados para decidir si los importes cancelados se cobrarían a los Estados miembros o los asumiría la Comunidad, y la información en su poder sobre la correcta aplicación de las decisiones de cancelación era insuficiente.

| VI. | Las competencias en relación con los pagos irregulares de la PAC se comparten entre la OLAF y la Dirección General de Agricultura: la responsabilidad nominal no coincide con la efectiva y se producen malentendidos. La Comisión no hace un uso sistemático de la información que obtiene sobre las irregularidades cuando aplica y propone cambios en la PAC. |
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VI.

Las competencias en relación con los pagos irregulares de la PAC se comparten entre la OLAF y la Dirección General de Agricultura: la responsabilidad nominal no coincide con la efectiva y se producen malentendidos. La Comisión no hace un uso sistemático de la información que obtiene sobre las irregularidades cuando aplica y propone cambios en la PAC.

| VII. | La «lista negra» no funciona. |
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VII.

La «lista negra» no funciona.

| VIII. | Los distintos sistemas a través de los cuales los Estados miembros notifican todos los importes adeudados a la Comunidad en virtud de la PAC han mejorado en los últimos años, pero siguen adoleciendo de una serie de deficiencias. No es posible conciliar los datos presentados con los pagos irregulares. |
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VIII.

Los distintos sistemas a través de los cuales los Estados miembros notifican todos los importes adeudados a la Comunidad en virtud de la PAC han mejorado en los últimos años, pero siguen adoleciendo de una serie de deficiencias. No es posible conciliar los datos presentados con los pagos irregulares.

| IX. | El Tribunal recomienda a la Comisión que estudie la posibilidad de modificar los sistemas de notificación, recuperación y cancelación de pagos irregulares de la PAC, a fin de subsanar las deficiencias antes mencionadas, así como el reparto de competencias entre la OLAF y la Dirección General de Agricultura, y que consulte a los Estados miembros sobre el futuro de la «lista negra». |
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IX.

El Tribunal recomienda a la Comisión que estudie la posibilidad de modificar los sistemas de notificación, recuperación y cancelación de pagos irregulares de la PAC, a fin de subsanar las deficiencias antes mencionadas, así como el reparto de competencias entre la OLAF y la Dirección General de Agricultura, y que consulte a los Estados miembros sobre el futuro de la «lista negra».

INTRODUCCIÓN

| 1. | La Unión Europea gasta más de 40 000 millones de euros todos los años en la política agrícola común (PAC). La responsabilidad de gestionar este gasto la comparten la Comisión y los Estados miembros. El presente Informe examina un aspecto de la gestión compartida: la notificación y recuperación de los importes pagados irregularmente a los operadores comerciales, agricultores y otros beneficiarios del gasto en el marco de la PAC. |
| --- | --- |

1.

La Unión Europea gasta más de 40 000 millones de euros todos los años en la política agrícola común (PAC). La responsabilidad de gestionar este gasto la comparten la Comisión y los Estados miembros. El presente Informe examina un aspecto de la gestión compartida: la notificación y recuperación de los importes pagados irregularmente a los operadores comerciales, agricultores y otros beneficiarios del gasto en el marco de la PAC.

| 2. | Casi todos los pagos efectuados en el marco de la PAC los efectúan organismos pagadores de los Estados miembros; estos últimos tienen la obligación de comprobar que los pagos se efectúan debidamente, de notificar a la Comisión los pagos irregulares realizados y los importes adeudados y de recuperar los importes indebidamente pagados. |
| --- | --- |

2.

Casi todos los pagos efectuados en el marco de la PAC los efectúan organismos pagadores de los Estados miembros; estos últimos tienen la obligación de comprobar que los pagos se efectúan debidamente, de notificar a la Comisión los pagos irregulares realizados y los importes adeudados y de recuperar los importes indebidamente pagados.

| 3. | El coste de los pagos irregulares que los Estados miembros no recuperan se imputa al presupuesto comunitario, a menos que esta falta de recuperación se deba a la negligencia del Estado miembro afectado, en cuyo caso, el coste de los pagos irregulares recae en él. El gráfico 1 ilustra el funcionamiento del sistema. |
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3.

El coste de los pagos irregulares que los Estados miembros no recuperan se imputa al presupuesto comunitario, a menos que esta falta de recuperación se deba a la negligencia del Estado miembro afectado, en cuyo caso, el coste de los pagos irregulares recae en él. El gráfico 1 ilustra el funcionamiento del sistema.

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| 4. | De acuerdo con la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) de la Comisión, al final de 2002 el total acumulado desde 1971 de pagos irregulares de la PAC notificados por los Estados miembros a la Comisión ascendía a 3 100 millones de euros. El cuadro 1 detalla la composición de este importe y del saldo pendiente de recuperación. |
| --- | --- |

4.

De acuerdo con la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) de la Comisión, al final de 2002 el total acumulado desde 1971 de pagos irregulares de la PAC notificados por los Estados miembros a la Comisión ascendía a 3 100 millones de euros. El cuadro 1 detalla la composición de este importe y del saldo pendiente de recuperación.

Cuadro 1

Análisis de las irregularidades notificadas a la Comisión desde 1971

| (en millones de euros) |
| --- |
| Irregularidades notificadas después del pago | 3 139 |
| Importes recuperados de los solicitantes | 538 |
| Importe imputado a los Estados miembros | 142 |
| Importe cancelado a costa del FEOGA | 110 |
| Importe pendiente de recuperación (1) | 2 349 |
| Situación a 31 de diciembre de 2002

  Fuente:Base de datos ECR de la OLAF. |

(en millones de euros)

Irregularidades notificadas después del pago

3 139

Importes recuperados de los solicitantes

538

Importe imputado a los Estados miembros

142

Importe cancelado a costa del FEOGA

110

Importe pendiente de recuperación (1)

2 349

Situación a 31 de diciembre de 2002

Fuente:Base de datos ECR de la OLAF.

| 5. | Asimismo, los Estados miembros tienen la obligación de informar a la Comisión (OLAF) de si algún beneficiario de los fondos de la PAC ha recibido pagos irregulares que ascienden a un total de 100 000 euros en un año (la llamada «lista negra») (2). |
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5.

Asimismo, los Estados miembros tienen la obligación de informar a la Comisión (OLAF) de si algún beneficiario de los fondos de la PAC ha recibido pagos irregulares que ascienden a un total de 100 000 euros en un año (la llamada «lista negra») (2).

| 6. | El objetivo de la presente fiscalización consistía en evaluar el cometido desempeñado por la Comisión y los Estados miembros en la gestión y supervisión de la recuperación de los pagos irregulares de la PAC. Para ello fue necesario examinar si, una vez detectados los fraudes y las irregularidades, los Estados miembros notificaban correctamente los casos a la Comisión, si establecían las deudas asociadas y adoptaban medidas de recuperación. Durante la fiscalización no se analizó hasta qué punto los organismos de los Estados miembros encargados de la investigación y control del fraude detectan éste y las irregularidades. |
| --- | --- |

6.

El objetivo de la presente fiscalización consistía en evaluar el cometido desempeñado por la Comisión y los Estados miembros en la gestión y supervisión de la recuperación de los pagos irregulares de la PAC. Para ello fue necesario examinar si, una vez detectados los fraudes y las irregularidades, los Estados miembros notificaban correctamente los casos a la Comisión, si establecían las deudas asociadas y adoptaban medidas de recuperación. Durante la fiscalización no se analizó hasta qué punto los organismos de los Estados miembros encargados de la investigación y control del fraude detectan éste y las irregularidades.

| 7. | El Tribunal examinó lo siguiente:






  a) | si la información facilitada refleja el alcance, la naturaleza y las causas de las irregularidades; |
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7.

El Tribunal examinó lo siguiente:

a)

si la información facilitada refleja el alcance, la naturaleza y las causas de las irregularidades;

| b) | si los Estados miembros y la Comisión adoptan las medidas apropiadas para recuperar o cancelar los pagos irregulares; |
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b)

si los Estados miembros y la Comisión adoptan las medidas apropiadas para recuperar o cancelar los pagos irregulares;

| c) | si los sistemas establecidos para comunicar información sobre las irregularidades son satisfactorios; |
| --- | --- |

c)

si los sistemas establecidos para comunicar información sobre las irregularidades son satisfactorios;

| d) | si la «lista negra» funciona efectivamente; |
| --- | --- |

d)

si la «lista negra» funciona efectivamente;

| e) | si la información sobre pagos irregulares coincide con la información relativa a las deudas. |
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e)

si la información sobre pagos irregulares coincide con la información relativa a las deudas.

| 8. | La fiscalización tuvo lugar en los servicios de la Comisión y en nueve Estados miembros: Dinamarca, Alemania, Grecia, España, Francia, Irlanda, Italia, Portugal y Reino Unido. |
| --- | --- |

8.

La fiscalización tuvo lugar en los servicios de la Comisión y en nueve Estados miembros: Dinamarca, Alemania, Grecia, España, Francia, Irlanda, Italia, Portugal y Reino Unido.

ANÁLISIS

Irregularidades notificadas

| 9. | Hasta el 31 de diciembre de 2002, los pagos irregulares notificados desde 1971 y registrados en la base de datos pertinente de la Comisión [Registro de Comunicaciones Externas (ECR)] ascendieron a 3 139 millones de euros (3). El importe inscrito en el epígrafe «pendiente de recuperación» en la misma fecha era de 2 394 millones de euros. En otras palabras, el 25 % de los pagos irregulares efectuados desde 1971 había sido recuperado, imputado a los Estados miembros o cancelado a expensas del presupuesto. |
| --- | --- |

9.

Hasta el 31 de diciembre de 2002, los pagos irregulares notificados desde 1971 y registrados en la base de datos pertinente de la Comisión [Registro de Comunicaciones Externas (ECR)] ascendieron a 3 139 millones de euros (3). El importe inscrito en el epígrafe «pendiente de recuperación» en la misma fecha era de 2 394 millones de euros. En otras palabras, el 25 % de los pagos irregulares efectuados desde 1971 había sido recuperado, imputado a los Estados miembros o cancelado a expensas del presupuesto.

| 10. | El cuadro 2 refleja el valor de los pagos irregulares notificados y el porentaje acumulado de recuperación por Estado miembro (4). En estas cifras dominan, con efecto distorsionador, las referentes a Italia, que:






  a) | ha notificado el 55 % de los pagos irregulares en cuestión (véase el apartado 24); |
| --- | --- | --- |

10.

El cuadro 2 refleja el valor de los pagos irregulares notificados y el porentaje acumulado de recuperación por Estado miembro (4). En estas cifras dominan, con efecto distorsionador, las referentes a Italia, que:

a)

ha notificado el 55 % de los pagos irregulares en cuestión (véase el apartado 24);

| b) | presenta el porcentaje acumulado de recuperación más bajo (el 10 % de pagos irregulares efectuados desde 1971). |
| --- | --- |

b)

presenta el porcentaje acumulado de recuperación más bajo (el 10 % de pagos irregulares efectuados desde 1971).

Cuadro 2

Irregularidades detectadas tras el pago y porcentaje de recuperación (1971-2002)

| EM | Importes dectados tras el pago | Importe recuperado | Porcentaje de recuperación acumulado
  % |
| --- | --- | --- | --- |
| IT | 1 735 | 173 | 10 |
| DE | 403 | 40 | 10 |
| ES | 264 | 35 | 13 |
| BE | 100 | 15 | 15 |
| AT | 8 | 2 | 22 |
| PT | 50 | 13 | 25 |
| SE | 1 | 0 | 36 |
| FR | 159 | 58 | 36 |
| UK | 122 | 49 | 40 |
| EL | 131 | 54 | 41 |
| NL | 84 | 47 | 56 |
| IE | 39 | 23 | 58 |
| DK | 40 | 28 | 71 |
| FI | 1 | 1 | 90 |
| LU | p.m. | p.m. | p.m. |
| Total | 3 139 | 537 | 17 |
| Situación a 31 de diciembre de 2002

  Nota:Cifras redondeadas a un 1 000 000 de euros.

  Fuente:Base de datos ECR de la OLAF. |

EM

Importes dectados tras el pago

Importe recuperado

Porcentaje de recuperación acumulado

%

IT

1 735

173

10

DE

403

40

10

ES

264

35

13

BE

100

15

15

AT

8

2

22

PT

50

13

25

SE

1

0

36

FR

159

58

36

UK

122

49

40

EL

131

54

41

NL

84

47

56

IE

39

23

58

DK

40

28

71

FI

1

1

90

LU

p.m.

p.m.

p.m.

Total

3 139

537

17

Situación a 31 de diciembre de 2002

Nota:Cifras redondeadas a un 1 000 000 de euros.

Fuente:Base de datos ECR de la OLAF.

| 11. | A 31 de diciembre de 2002, el 21 % de las deudas se remontaba a antes de 1994 (véase el gráfico 2). |
| --- | --- |

11.

A 31 de diciembre de 2002, el 21 % de las deudas se remontaba a antes de 1994 (véase el gráfico 2).

| 12. | El gráfico 3 muestra las principales líneas presupuestarias en que ha habido irregularidades. Aproximadamente una cuarta parte de éstas corresponde al sector de frutas y verduras y entre un cuarto y un tercio a las restituciones a la exportación. |
| --- | --- |

12.

El gráfico 3 muestra las principales líneas presupuestarias en que ha habido irregularidades. Aproximadamente una cuarta parte de éstas corresponde al sector de frutas y verduras y entre un cuarto y un tercio a las restituciones a la exportación.

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| 13. | En los ámbitos en que el gasto está sometido al Sistema Integrado de Gestión y Control (SIGC) (esencialmente ayudas por superficie y primas por animales), la frecuencia con que se notifican pagos irregulares es relativamente escasa a causa de lo siguiente:






  a) | las solicitudes dependientes del SIGC se controlan en su totalidad antes de efectuar los pagos, ya sea por medio de controles cruzados informáticos, ya sea de comparaciones con datos independientes y de controles por muestreo realizados sobre el terreno. Si se descubre una irregularidad, las solicitudes se bloquean por tanto antes del pago; |
| --- | --- | --- |

13.

En los ámbitos en que el gasto está sometido al Sistema Integrado de Gestión y Control (SIGC) (esencialmente ayudas por superficie y primas por animales), la frecuencia con que se notifican pagos irregulares es relativamente escasa a causa de lo siguiente:

a)

las solicitudes dependientes del SIGC se controlan en su totalidad antes de efectuar los pagos, ya sea por medio de controles cruzados informáticos, ya sea de comparaciones con datos independientes y de controles por muestreo realizados sobre el terreno. Si se descubre una irregularidad, las solicitudes se bloquean por tanto antes del pago;

| b) | cuando, excepcionalmente, se descubren irregularidades después del pago, los importes en juego son a menudo inferiores a 4 000 euros y los organismos pagadores pueden lograr la recuperación de los importes en muchos casos deduciéndolos de solicitudes posteriores; |
| --- | --- |

b)

cuando, excepcionalmente, se descubren irregularidades después del pago, los importes en juego son a menudo inferiores a 4 000 euros y los organismos pagadores pueden lograr la recuperación de los importes en muchos casos deduciéndolos de solicitudes posteriores;

| c) | se han incorporado sanciones administrativas en los reglamentos, permitiendo así a los organismos adoptar las medidas apropiadas cuando se identifican reclamaciones falsas, sin recurrir a los tribunales. |
| --- | --- |

c)

se han incorporado sanciones administrativas en los reglamentos, permitiendo así a los organismos adoptar las medidas apropiadas cuando se identifican reclamaciones falsas, sin recurrir a los tribunales.

| 14. | A 31 de diciembre de 2002, 29 de los casos de irregularidades notificadas constituían el 40 % del total pendiente de recuperación. En el anexo A figura una lista de dichos casos. |
| --- | --- |

14.

A 31 de diciembre de 2002, 29 de los casos de irregularidades notificadas constituían el 40 % del total pendiente de recuperación. En el anexo A figura una lista de dichos casos.

| 15. | Es imposible calcular con precisión el porcentaje de irregularidades que afectan a la PAC. Sin embargo, sobre la base de la información facilitada:






  a) | el valor de las irregularidades de 1994 a 2001 representa entre el 0,3 % y el 1,4 % del presupuesto agrícola de la Unión Europea para el año en que se notificaron; si se excluye Italia, representan el 0,5 % o menos (véase el cuadro 3); |
| --- | --- | --- |

15.

Es imposible calcular con precisión el porcentaje de irregularidades que afectan a la PAC. Sin embargo, sobre la base de la información facilitada:

a)

el valor de las irregularidades de 1994 a 2001 representa entre el 0,3 % y el 1,4 % del presupuesto agrícola de la Unión Europea para el año en que se notificaron; si se excluye Italia, representan el 0,5 % o menos (véase el cuadro 3);

| b) | las irregularidades de las líneas presupuestarias más gravemente afectadas (frutas y verduras y restituciones a la exportación, veáse el gráfico 3) representan el 1,7 % del gasto en estas líneas en el período de 1994 a 2001. |
| --- | --- |

b)

las irregularidades de las líneas presupuestarias más gravemente afectadas (frutas y verduras y restituciones a la exportación, veáse el gráfico 3) representan el 1,7 % del gasto en estas líneas en el período de 1994 a 2001.

Cuadro 3

Tendencia del valor de las irregularidades notificadas

| (en millones de euros) |
| --- |
| | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
| Gasto declarado al FEOGA-Garantía | 33 593 | 35 654 | 39 062 | 40 884 | 38 857 | 40 726 | 40 411 | 41 594 | 42 711 |
| Irregularidades notificadas | 461,2 | 227,6 | 251,7 | 154,6 | 263,1 | 224,0 | 467,3 | 104,1 | 198,0 |
| Porcentaje del presupuesto anual | 1,4 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,7 | 0,6 | 1,2 | 0,3 | 0,5 |
| Gasto del FEOGA declarado sin incluir a Italia | 30 000 | 31 285 | 34 631 | 35 559 | 34 708 | 35 709 | 35 874 | 36 124 | 37 022 |
| Irregularidades notificadas sin incluir a Italia | 136,6 | 139,5 | 86,6 | 124,1 | 100,4 | 163,9 | 166,6 | 65,3 | 134,1 |
| Porcentaje del presupuesto anual sin incluir a Italia | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,4 |
| Fuente:Cuadro 4.6 del Informe Anual del Tribunal de Cuentas relativo al ejercicio 2002 y base de datos ECR de la OLAFa 31 de diciembre de 2002 (que no es congruente con las cifras presentadas en el informe de la Comisión de lucha contra el fraude de 2002). |

(en millones de euros)

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Gasto declarado al FEOGA-Garantía

33 593

35 654

39 062

40 884

38 857

40 726

40 411

41 594

42 711

Irregularidades notificadas

461,2

227,6

251,7

154,6

263,1

224,0

467,3

104,1

198,0

Porcentaje del presupuesto anual

1,4

0,6

0,6

0,4

0,7

0,6

1,2

0,3

0,5

Gasto del FEOGA declarado sin incluir a Italia

30 000

31 285

34 631

35 559

34 708

35 709

35 874

36 124

37 022

Irregularidades notificadas sin incluir a Italia

136,6

139,5

86,6

124,1

100,4

163,9

166,6

65,3

134,1

Porcentaje del presupuesto anual sin incluir a Italia

0,5

0,4

0,3

0,3

0,3

0,5

0,5

0,2

0,4

Fuente:Cuadro 4.6 del Informe Anual del Tribunal de Cuentas relativo al ejercicio 2002 y base de datos ECR de la OLAFa 31 de diciembre de 2002 (que no es congruente con las cifras presentadas en el informe de la Comisión de lucha contra el fraude de 2002).

Notificación de irregularidades: ¿quién hace qué?

| 16. | Los Estados miembros tienen la obligación de notificar trimestralmente a la Comisión (5) todos los pagos irregulares que superen los 4 000 euros y que «hayan sido objeto de un primer acto de comprobación administrativa o judicial» (6). La notificación debería contener información cuantitativa y cualitativa sobre el fraude, por ejemplo los importes en cuestión, la línea presupuestaria, el tipo de fraude y el método de detección, etc. Toda esta información se ha introducido en el ECR. |
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16.

Los Estados miembros tienen la obligación de notificar trimestralmente a la Comisión (5) todos los pagos irregulares que superen los 4 000 euros y que «hayan sido objeto de un primer acto de comprobación administrativa o judicial» (6). La notificación debería contener información cuantitativa y cualitativa sobre el fraude, por ejemplo los importes en cuestión, la línea presupuestaria, el tipo de fraude y el método de detección, etc. Toda esta información se ha introducido en el ECR.

| 17. | La Comisión ha desarrollado el concepto de comprobación administrativa o judicial primaria en la normativa y los documentos de trabajo. Pese a ello, los Estados miembros atribuyen a esta exigencia interpretaciones divergentes. |
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17.

La Comisión ha desarrollado el concepto de comprobación administrativa o judicial primaria en la normativa y los documentos de trabajo. Pese a ello, los Estados miembros atribuyen a esta exigencia interpretaciones divergentes.

| 18. | Los Estados miembros también deben notificar trimestralmente a la Comisión las medidas que hayan adoptado tras la notificación de las irregularidades, incluidos los importes recuperados, los motivos de la renuncia a la recuperación, etc. (7). |
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18.

Los Estados miembros también deben notificar trimestralmente a la Comisión las medidas que hayan adoptado tras la notificación de las irregularidades, incluidos los importes recuperados, los motivos de la renuncia a la recuperación, etc. (7).

| 19. | Cuando un Estado miembro considera que un importe no puede recuperarse en su totalidad, ha de señalar a la Comisión quién debe asumir el gasto, si él mismo o bien la Unión Europea (8) y por qué. |
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19.

Cuando un Estado miembro considera que un importe no puede recuperarse en su totalidad, ha de señalar a la Comisión quién debe asumir el gasto, si él mismo o bien la Unión Europea (8) y por qué.

| 20. | La OLAF registra los datos sobre las notificaciones en el ECR, que ha sido gestionada sucesivamente por la Dirección General de Agricultura de la Comisión, la Unidad de Lucha contra el Fraude (UCLAF) de la Comisión y, desde 1995, la OLAF. |
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20.

La OLAF registra los datos sobre las notificaciones en el ECR, que ha sido gestionada sucesivamente por la Dirección General de Agricultura de la Comisión, la Unidad de Lucha contra el Fraude (UCLAF) de la Comisión y, desde 1995, la OLAF.

Notificación de irregularidades: retrasos, lagunas y faltas de coherencia

| 21. | Los Estados miembros tienen la obligación de notificar las irregularidades en un plazo de dos meses a partir del final de cada trimestre; sin embargo, en 2002, cerca de un 65 % (2 147 comunicaciones) no se notificaron a tiempo (9). |
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21.

Los Estados miembros tienen la obligación de notificar las irregularidades en un plazo de dos meses a partir del final de cada trimestre; sin embargo, en 2002, cerca de un 65 % (2 147 comunicaciones) no se notificaron a tiempo (9).

| 22. | Los Estados miembros, en promedio, han notificado a la Comisión las irregularidades más de un año después de su detección (10). La celeridad media de notificación de los distintos Estados miembros osciló entre ocho meses (Portugal) y 23 meses (Luxemburgo) (véase el gráfico 4). |
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22.

Los Estados miembros, en promedio, han notificado a la Comisión las irregularidades más de un año después de su detección (10). La celeridad media de notificación de los distintos Estados miembros osciló entre ocho meses (Portugal) y 23 meses (Luxemburgo) (véase el gráfico 4).

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| 23. | Alemania, España y Francia notificaron la mayoría de los casos en 2002, pero Italia registró el valor más elevado ese año, 80 millones de euros, seguido de España con 59 millones de euros (véase el gráfico 5). |
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23.

Alemania, España y Francia notificaron la mayoría de los casos en 2002, pero Italia registró el valor más elevado ese año, 80 millones de euros, seguido de España con 59 millones de euros (véase el gráfico 5).

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| 24. | Italia notifica los casos de irregularidad con arreglo al informe elaborado al respecto por el organismo de control o investigación. En algunos casos estos organismos no han verificado que se hayan efectuado los supuestos pagos irregulares, lo cual se ha traducido en una sobrestimación de los importes pendientes de recuperación en el ECR. |
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24.

Italia notifica los casos de irregularidad con arreglo al informe elaborado al respecto por el organismo de control o investigación. En algunos casos estos organismos no han verificado que se hayan efectuado los supuestos pagos irregulares, lo cual se ha traducido en una sobrestimación de los importes pendientes de recuperación en el ECR.

Un organismo de investigación italiano comunicó que una empresa había obtenido fraudulentamente subvenciones de la PAC para la transformación de tomates. El importe en cuestión es de 2,71 millones de euros. De hecho, se presentaron solicitudes pero nunca se pagó nada. Por lo tanto, no hay deuda.

| 25. | Los Estados miembros no habían facilitado información sobre los importes ligados a 91 casos del ECR, de los cuales un total de 37 fue notificado entre 1979 y 1998. En agosto de 2002, el Tribunal llamó la atención sobre estos casos a la OLAF, la cual, un año después, seguía sin solicitar a los Estados miembros la información actualizada que se requería. |
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25.

Los Estados miembros no habían facilitado información sobre los importes ligados a 91 casos del ECR, de los cuales un total de 37 fue notificado entre 1979 y 1998. En agosto de 2002, el Tribunal llamó la atención sobre estos casos a la OLAF, la cual, un año después, seguía sin solicitar a los Estados miembros la información actualizada que se requería.

| 26. | El ECR establece que las sanciones y los intereses se registren por separado (11). Sin embargo, algunos Estados miembros incluyeron ambos elementos en el principal (España, Irlanda). La información sobre las sanciones y los intereses se registró en menos del 4 % de los casos del ECR. Sólo el 5 % de los casos notificados o actualizados en 2002 contenía información sobre las sanciones. |
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26.

El ECR establece que las sanciones y los intereses se registren por separado (11). Sin embargo, algunos Estados miembros incluyeron ambos elementos en el principal (España, Irlanda). La información sobre las sanciones y los intereses se registró en menos del 4 % de los casos del ECR. Sólo el 5 % de los casos notificados o actualizados en 2002 contenía información sobre las sanciones.

| 27. | Además, hubo algunas faltas de coherencia significativas en lo relativo a la definición y la cobertura de la información comunicada. Por ejemplo, la descripción de los productos no se completó en aproximadamente el 47 % de los casos notificados en 2002 (12). En el 7 % de los casos el tipo de irregularidad no se había identificado y en el 4 % tampoco el método de detección. |
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27.

Además, hubo algunas faltas de coherencia significativas en lo relativo a la definición y la cobertura de la información comunicada. Por ejemplo, la descripción de los productos no se completó en aproximadamente el 47 % de los casos notificados en 2002 (12). En el 7 % de los casos el tipo de irregularidad no se había identificado y en el 4 % tampoco el método de detección.

Control de datos: una situación insatisfactoria

| 28. | Debido a que no existía ningún procedimiento para controlar sistemáticamente sobre el terreno la exhaustividad y precisión de la base de datos del ECR con respecto a la información sobre casos de irregularidades en poder de los Estados miembros, la OLAF pidió a éstos en 2002 y 2003 que verificaran si los datos del ECR eran precisos. La mayoría de los Estados miembros no abordaron las irregularidades notificadas antes de 2002. |
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28.

Debido a que no existía ningún procedimiento para controlar sistemáticamente sobre el terreno la exhaustividad y precisión de la base de datos del ECR con respecto a la información sobre casos de irregularidades en poder de los Estados miembros, la OLAF pidió a éstos en 2002 y 2003 que verificaran si los datos del ECR eran precisos. La mayoría de los Estados miembros no abordaron las irregularidades notificadas antes de 2002.

| 29. | La mayor parte de los Estados miembros llamaron la atención sobre las discrepancias entre sus datos y el ECR. La OLAF no dispone de ningún análisis de estas discrepancias, de los motivos por los que se produjeron, de las medidas correctoras ni de los cambios introducidos en el ECR; tampoco ha intentado comprobar si los Estados miembros han notificado todos los casos que deberían haber notificado, si han cerrado casos indebidamente y si han anulado totalmente el impacto de la irregularidad. |
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29.

La mayor parte de los Estados miembros llamaron la atención sobre las discrepancias entre sus datos y el ECR. La OLAF no dispone de ningún análisis de estas discrepancias, de los motivos por los que se produjeron, de las medidas correctoras ni de los cambios introducidos en el ECR; tampoco ha intentado comprobar si los Estados miembros han notificado todos los casos que deberían haber notificado, si han cerrado casos indebidamente y si han anulado totalmente el impacto de la irregularidad.

Calidad insuficiente y desigual de la información sobre pagos irregulares

| 30. | Por los motivos expuestos en los apartados 21 a 29, 31 y 32, la base de datos del ECR (y las cifras relativas a las irregularidades y deudas de la PAC publicadas en el informe de la Comisión sobre la lucha contra el fraude de 2002) no puede considerarse fiable, completa y precisa. |
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30.

Por los motivos expuestos en los apartados 21 a 29, 31 y 32, la base de datos del ECR (y las cifras relativas a las irregularidades y deudas de la PAC publicadas en el informe de la Comisión sobre la lucha contra el fraude de 2002) no puede considerarse fiable, completa y precisa.

| 31. | Además de los casos notificados a los Estados miembros, la propia OLAF emprende investigaciones sobre algunos casos de irregularidades cometidas en el ámbito de la PAC (y en otros del presupuesto comunitario) y mantiene una base de gestión de casos (Case Manegement System — CMS) para registrar la evolución de éstos. El CMS no muestra si el caso ha sido registrado en la ECR, ni si se ha imputado el importe en cuestión a los Estados miembros en virtud del procedimiento de liquidación de cuentas (véanse los apartados 34 a 37). De una muestra de 26 casos registrados en el CMS, solamente 13 pudieron rastrearse satisfactoriamente hasta remontarse al registro en el ECR o hasta el cierre del caso porque no se había detectado ninguna irregularidad. |
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31.

Además de los casos notificados a los Estados miembros, la propia OLAF emprende investigaciones sobre algunos casos de irregularidades cometidas en el ámbito de la PAC (y en otros del presupuesto comunitario) y mantiene una base de gestión de casos (Case Manegement System — CMS) para registrar la evolución de éstos. El CMS no muestra si el caso ha sido registrado en la ECR, ni si se ha imputado el importe en cuestión a los Estados miembros en virtud del procedimiento de liquidación de cuentas (véanse los apartados 34 a 37). De una muestra de 26 casos registrados en el CMS, solamente 13 pudieron rastrearse satisfactoriamente hasta remontarse al registro en el ECR o hasta el cierre del caso porque no se había detectado ninguna irregularidad.

| 32. | El informe de la Comisión sobre la lucha contra el fraude de 2002 sobrestima el total acumulado de las irregularidades notificadas en el marco de la PAC. Dicha sobrestimación se deriva de los siguientes datos:






  a) | 844 millones de euros correspondientes a irregularidades detectadas antes del pago, y notificados en liras italianas, que se habían registrado directamente en euros, sin conversión; |
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32.

El informe de la Comisión sobre la lucha contra el fraude de 2002 sobrestima el total acumulado de las irregularidades notificadas en el marco de la PAC. Dicha sobrestimación se deriva de los siguientes datos:

a)

844 millones de euros correspondientes a irregularidades detectadas antes del pago, y notificados en liras italianas, que se habían registrado directamente en euros, sin conversión;

| b) | 50 millones de euros, al menos, correspondientes a notificaciones, que se habían contabilizado dos veces porque en el ECR aparecía que se habían detectado antes y después del pago; |
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b)

50 millones de euros, al menos, correspondientes a notificaciones, que se habían contabilizado dos veces porque en el ECR aparecía que se habían detectado antes y después del pago;

| c) | 19 millones de euros, al menos, correspondientes a importes notificados en moneda nacional, que se habían registrado directamente en euros, sin conversión. |
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c)

19 millones de euros, al menos, correspondientes a importes notificados en moneda nacional, que se habían registrado directamente en euros, sin conversión.

Recuperación y cancelación: responsabilidades de los Estados miembros y de la Comisión

| 33. | Los Estados miembros están obligados a:






  a) | velar por que se efectúen y ejecuten correctamente las operaciones de la PAC; |
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33.

Los Estados miembros están obligados a:

a)

velar por que se efectúen y ejecuten correctamente las operaciones de la PAC;

| b) | prevenir y detectar las irregularidades; |
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b)

prevenir y detectar las irregularidades;

| c) | recuperar los importes perdidos a raíz de irregularidades o negligencias, en cuyo caso pueden retener el 20 % de los importes recuperados (13); |
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c)

recuperar los importes perdidos a raíz de irregularidades o negligencias, en cuyo caso pueden retener el 20 % de los importes recuperados (13);

| d) | notificar a la Comisión los importes pendientes de recuperación; |
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d)

notificar a la Comisión los importes pendientes de recuperación;

| e) | notificar los importes cuya recuperación no sea probable. |
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e)

notificar los importes cuya recuperación no sea probable.

| 34. | La Comisión decide si los importes que no pueden recuperarse han de imputarse a la Comunidad, o bien al Estado miembro afectado (si la imposibilidad de recuperación se debe a negligencia o irregularidad por parte de este último) (14). |
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34.

La Comisión decide si los importes que no pueden recuperarse han de imputarse a la Comunidad, o bien al Estado miembro afectado (si la imposibilidad de recuperación se debe a negligencia o irregularidad por parte de este último) (14).

| 35. | La decisión de que las consecuencias financieras de la imposibilidad de recuperación debe asumirlas el Estado miembro es adoptada por la Comisión conforme al procedimiento de «liquidación de cuentas». En este procedimiento la Comisión decide si el gasto asumido por los organismos pagadores se ha realizado de acuerdo con la normativa comunitaria y si ha de imputarse definitivamente al presupuesto de la Unión Europea. Si se establece que los importes han de imputarse a los Estados miembros, la Comisión los deduce de los pagos mensuales que efectúa al organismo pagador en cuestión para financiar la PAC. |
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35.

La decisión de que las consecuencias financieras de la imposibilidad de recuperación debe asumirlas el Estado miembro es adoptada por la Comisión conforme al procedimiento de «liquidación de cuentas». En este procedimiento la Comisión decide si el gasto asumido por los organismos pagadores se ha realizado de acuerdo con la normativa comunitaria y si ha de imputarse definitivamente al presupuesto de la Unión Europea. Si se establece que los importes han de imputarse a los Estados miembros, la Comisión los deduce de los pagos mensuales que efectúa al organismo pagador en cuestión para financiar la PAC.

| 36. | La OLAF (y antes la UCLAF) tiene asignada la función de recomendar si los importes deberían cancelarse, o bien imputarse al presupuesto (es decir, que los asuma el contribuyente comunitario) o bien, en caso de negligencia, a los Estados miembros. La Dirección General de Agricultura es la encargada de adoptar la decisión de la Comisión correspondiente. |
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36.

La OLAF (y antes la UCLAF) tiene asignada la función de recomendar si los importes deberían cancelarse, o bien imputarse al presupuesto (es decir, que los asuma el contribuyente comunitario) o bien, en caso de negligencia, a los Estados miembros. La Dirección General de Agricultura es la encargada de adoptar la decisión de la Comisión correspondiente.

| 37. | La normativa comunitaria deja en manos de la Comisión la tarea de determinar si la falta de recuperación en un caso concreto ha de atribuirse a la negligencia de un Estado miembro y si sus costes deben asumirlos los contribuyentes nacionales. Sin embargo, existe jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo en la materia. Esta institución sentenció en 1989 (15) que, al haber esperado de cuatro a diez años antes de incoar procedimientos para recuperar los importes indebidamente pagados, las autoridades italianas no habían actuado con la diligencia necesaria (16). |
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37.

La normativa comunitaria deja en manos de la Comisión la tarea de determinar si la falta de recuperación en un caso concreto ha de atribuirse a la negligencia de un Estado miembro y si sus costes deben asumirlos los contribuyentes nacionales. Sin embargo, existe jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo en la materia. Esta institución sentenció en 1989 (15) que, al haber esperado de cuatro a diez años antes de incoar procedimientos para recuperar los importes indebidamente pagados, las autoridades italianas no habían actuado con la diligencia necesaria (16).

| 38. | En un sistema que funciona bien:






  a) | los Estados miembros adoptan todas las medidas necesarias para recuperar los importes indebidamente pagados; |
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38.

En un sistema que funciona bien:

a)

los Estados miembros adoptan todas las medidas necesarias para recuperar los importes indebidamente pagados;

| b) | la Comisión alienta a los Estados miembros a actuar de manera eficaz; |
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b)

la Comisión alienta a los Estados miembros a actuar de manera eficaz;

| c) | la Comisión juzga adecuadamente si los importes indebidamente pagados y no recuperados se imputan al presupuesto comunitario o al Estado miembro afectado; |
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c)

la Comisión juzga adecuadamente si los importes indebidamente pagados y no recuperados se imputan al presupuesto comunitario o al Estado miembro afectado;

| d) | La Comisión utiliza la información sobre la incidencia de las irregularidades en la gestión de la PAC para mejorar los procedimientos de control. |
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d)

La Comisión utiliza la información sobre la incidencia de las irregularidades en la gestión de la PAC para mejorar los procedimientos de control.

| 39. | Los sistemas eran deficientes en los cuatro aspectos. |
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39.

Los sistemas eran deficientes en los cuatro aspectos.

Un porcentaje de recuperación reducido

| 40. | El cuadro 2 refleja que, al final de 2002, el porcentaje de recuperación acumulado era sólo del 17 %. |
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40.

El cuadro 2 refleja que, al final de 2002, el porcentaje de recuperación acumulado era sólo del 17 %.

| 41. | Los motivos principales de ese reducido porcentaje de recuperación son los siguientes:






  a) | los sistemas administrativos y judiciales de algunos Estados miembros son lentos, lo que compromete las posibilidades de recuperación porque los activos desaparecen, las empresas se liquidan, los beneficiarios individuales desaparecen o fallecen, etc.;
  Las solicitudes de ayuda falsas para la producción de vino han propiciado pagos irregulares por importe de 8,3 millones de euros.La irregularidad se notificó por primera vez al organismo pagador en 1990.El Ministerio de Agricultura griego no lo clasificó como irregularidad hasta diciembre de 1996.El caso, que ha sido remitido a los tribunales griegos, todavía no ha sido tramitado y no se ha recuperado ninguna cantidad de dinero. |
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41.

Los motivos principales de ese reducido porcentaje de recuperación son los siguientes:

a)

los sistemas administrativos y judiciales de algunos Estados miembros son lentos, lo que compromete las posibilidades de recuperación porque los activos desaparecen, las empresas se liquidan, los beneficiarios individuales desaparecen o fallecen, etc.;

| b) | la recuperación se retrasa todavía más cuando se suspenden los procedimientos de recuperación hasta que se decida el resultado del proceso correspondiente por fraude (por ejemplo, en Italia). Los casos de fraude requieren que se demuestre la intencionalidad del autor antes de poder considerarlo culpable, lo que no es necesario para la recuperación de un pago irregular de facto; |
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b)

la recuperación se retrasa todavía más cuando se suspenden los procedimientos de recuperación hasta que se decida el resultado del proceso correspondiente por fraude (por ejemplo, en Italia). Los casos de fraude requieren que se demuestre la intencionalidad del autor antes de poder considerarlo culpable, lo que no es necesario para la recuperación de un pago irregular de facto;

| c) | algunos Estados miembros no conceden a las deudas de la PAC la condición de preferente (la normativa comunitaria no lo exige expresamente);
  A principios de 1992, una investigación conjunta de la UCLAF y las autoridades alemanas demostró que la leche desnatada en polvo de las reservas de intervención, exportada con restituciones, no había sido comercializada fuera de la UE. Los pagos irregulares de las restituciones a la exportación en favor de una empresa alemana ascendían a 24,9 millones de euros y a 18,6 millones de euros los pagos a una empresa belga.Alemania no ordenó la recuperación hasta agosto de 1995, a pesar de la petición efectuada por la Comisión en este sentido en febrero de 1993.En agosto de 1996 se presentó una oferta de pagar 5,1 millones de euros (el valor de los activos disponibles de la empresa alemana), que fue rechazada por la Comisión en abril de 1997.En diciembre de 1999, el valor de los activos había disminuido a 1,5 millones de euros. No se ha recuperado ninguna de las subvenciones, que representaban un total de 43,5 millones de euros. |
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c)

algunos Estados miembros no conceden a las deudas de la PAC la condición de preferente (la normativa comunitaria no lo exige expresamente);

| d) | se hace un uso insuficiente de los procedimientos para compensar las deudas con otros pagos de la PAC que se adeudan. No se utilizan procedimientos de compensación entre los organismos pagadores (por ejemplo, en España, Francia, Italia y Portugal) o en el seno de un organismo pagador (por ejemplo, en Dinamarca), bien porque esta compensación queda excluida del Derecho nacional, bien porque los canales de comunicación son inadecuados; |
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d)

se hace un uso insuficiente de los procedimientos para compensar las deudas con otros pagos de la PAC que se adeudan. No se utilizan procedimientos de compensación entre los organismos pagadores (por ejemplo, en España, Francia, Italia y Portugal) o en el seno de un organismo pagador (por ejemplo, en Dinamarca), bien porque esta compensación queda excluida del Derecho nacional, bien porque los canales de comunicación son inadecuados;

| e) | la legislación nacional de algunos Estados miembros no exige que se constituya una garantía, equivalente al importe en litigio, antes de poder presentar un recurso [el Tribunal hizo esta observación en 2000 en el contexto de las irregularidades de la ayuda al consumo de aceite de oliva (17)]; |
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e)

la legislación nacional de algunos Estados miembros no exige que se constituya una garantía, equivalente al importe en litigio, antes de poder presentar un recurso [el Tribunal hizo esta observación en 2000 en el contexto de las irregularidades de la ayuda al consumo de aceite de oliva (17)];

| f) | la Comisión se ha negado hasta la fecha a aceptar las ofertas de liquidación de importes que le han remitido los Estados miembros. Los importes se calculan sobre la base de los activos de que dispone el deudor y son inferiores a la deuda. |
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f)

la Comisión se ha negado hasta la fecha a aceptar las ofertas de liquidación de importes que le han remitido los Estados miembros. Los importes se calculan sobre la base de los activos de que dispone el deudor y son inferiores a la deuda.

Sin embargo, aunque los procedimientos de recuperación fueran más rápidos y se utilizaron al máximo las posibilidades de recuperación, algunas deudas todavía tendrían que cancelarse por motivos de insolvencia, fallecimiento, error administrativo, equidad, rentabilidad, etc. No es posible calcular cuánto se cancelaría por estos motivos.

| 42. | La Comisión tiene una capacidad limitada de influir en el cumplimiento por parte de los Estados miembros de sus responsabilidades derivadas de la normativa. No puede intervenir en los procedimientos administrativos o judiciales de los Estados miembros para acelerarlos. Por otro lado:






  a) | la Comisión puede adoptar medidas para recuperar el importe de antiguas deudas de los Estados miembros sobre la base de la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo mencionada en el apartado 37; |
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42.

La Comisión tiene una capacidad limitada de influir en el cumplimiento por parte de los Estados miembros de sus responsabilidades derivadas de la normativa. No puede intervenir en los procedimientos administrativos o judiciales de los Estados miembros para acelerarlos. Por otro lado:

a)

la Comisión puede adoptar medidas para recuperar el importe de antiguas deudas de los Estados miembros sobre la base de la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo mencionada en el apartado 37;

| b) | la normativa comunitaria incentiva a los Estados miembros a recuperar los importes indebidamente pagados permitiéndoles retener el 20 % de los importes recuperados. A la vista de la tasa de recuperación acumulada del 17 %, no puede considerarse que este incentivo haya conseguido su objetivo. La OLAF no dispone de un registro fiable de importes retenidos. |
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b)

la normativa comunitaria incentiva a los Estados miembros a recuperar los importes indebidamente pagados permitiéndoles retener el 20 % de los importes recuperados. A la vista de la tasa de recuperación acumulada del 17 %, no puede considerarse que este incentivo haya conseguido su objetivo. La OLAF no dispone de un registro fiable de importes retenidos.

Decisiones de la Comisión sobre quién debe asumir el coste de los pagos irregulares que no se han recuperado: falta de principios claros

| 43. | De acuerdo con el ECR, desde 1971 se ha cancelado un total de 110 millones de euros con cargo al presupuesto de la Unión Europea y 142 millones de euros con cargo a los Estados miembros. Estos importes son reducidos (10 %) en relación con el total que debe recuperarse, en parte porque los Estados miembros han considerado pocos expedientes de cancelación irrecuperables y en parte porque las medidas adoptadas por la Comisión para liquidar las deudas antiguas no llegaron a tiempo. |
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43.

De acuerdo con el ECR, desde 1971 se ha cancelado un total de 110 millones de euros con cargo al presupuesto de la Unión Europea y 142 millones de euros con cargo a los Estados miembros. Estos importes son reducidos (10 %) en relación con el total que debe recuperarse, en parte porque los Estados miembros han considerado pocos expedientes de cancelación irrecuperables y en parte porque las medidas adoptadas por la Comisión para liquidar las deudas antiguas no llegaron a tiempo.

Una partida de ganado bovino vivo para sacrificar, que se exportó a Polonia con restituciones en 1990, fue declarada indebidamente como de pura raza, lo que dio lugar a pagos irregulares en tres casos por un total de 2,6 millones de euros.Estos casos quedaron excluidos de una corrección financiera de casos similares efectuada en 1994, conforme al procedimiento de liquidación de cuentas, a la espera del resultado de la acción de recuperación.En 1999, el Tribunal de Justicia confirmó la corrección financiera de la Comisión, pero ésta no ha realizado el seguimiento de los tres casos excluidos.

| 44. | La Comisión carecía de criterios adecuados para hacer recomendaciones de cancelación, ni tampoco con respecto al tipo de pruebas necesarias. Los expedientes no ofrecían ningún análisis sistemático de argumentos y pruebas en apoyo de las recomendaciones. |
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44.

La Comisión carecía de criterios adecuados para hacer recomendaciones de cancelación, ni tampoco con respecto al tipo de pruebas necesarias. Los expedientes no ofrecían ningún análisis sistemático de argumentos y pruebas en apoyo de las recomendaciones.

| 45. | Se realizaron controles de una muestra de 30 casos registrados en el ECR, en los cuales la Comisión había decidido que el coste se imputara a los Estados miembros. La muestra se ciñó a casos anteriores a 1996, pues desde ese año no había habido decisiones de liquidación de cuentas, excepto el ejercicio especial mencionado a continuación. De los 30 casos examinados, sólo tres contenían pruebas satisfactorias de que los importes se habían recuperado realmente de los Estados miembros (18). |
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45.

Se realizaron controles de una muestra de 30 casos registrados en el ECR, en los cuales la Comisión había decidido que el coste se imputara a los Estados miembros. La muestra se ciñó a casos anteriores a 1996, pues desde ese año no había habido decisiones de liquidación de cuentas, excepto el ejercicio especial mencionado a continuación. De los 30 casos examinados, sólo tres contenían pruebas satisfactorias de que los importes se habían recuperado realmente de los Estados miembros (18).

| 46. | También se examinaron 30 casos que según el registro habían sido imputados al presupuesto: en ocho no pudieron encontrarse los expedientes y en 15 no había pruebas suficientes (19) de que las cantidades fuesen irrecuperables. Pocos (20) de los expedientes examinados contenían argumentos razonados a favor de las decisiones. |
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46.

También se examinaron 30 casos que según el registro habían sido imputados al presupuesto: en ocho no pudieron encontrarse los expedientes y en 15 no había pruebas suficientes (19) de que las cantidades fuesen irrecuperables. Pocos (20) de los expedientes examinados contenían argumentos razonados a favor de las decisiones.

| 47. | Puede darse el supuesto de que las medidas de cancelación adoptadas por los Estados miembros interactúen con el procedimiento de liquidación de cuentas; en este último, la exclusión del gasto suele adoptar la forma de una «corrección a tanto alzado». La Comisión estima que un Estado miembro no ha gestionado bien ciertos gastos y excluye de la financiación comunitaria (es decir, imputa al Estado miembro) un porcentaje del gasto a título de sanción por mala gestión y de incentivo a la mejora. |
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47.

Puede darse el supuesto de que las medidas de cancelación adoptadas por los Estados miembros interactúen con el procedimiento de liquidación de cuentas; en este último, la exclusión del gasto suele adoptar la forma de una «corrección a tanto alzado». La Comisión estima que un Estado miembro no ha gestionado bien ciertos gastos y excluye de la financiación comunitaria (es decir, imputa al Estado miembro) un porcentaje del gasto a título de sanción por mala gestión y de incentivo a la mejora.

| 48. | Algunos Estados miembros han aprovechado la oportunidad de estas correcciones a tanto alzado para anular las deudas derivadas de las irregularidades cometidas en este mismo ámbito del gasto hasta el importe de la corrección, en lugar de proponer la cancelación en las condiciones comentadas en los apartados 33 a 37. La Comisión considera que esta práctica no se ajusta a la normativa relativa a la liquidación de cuentas. Ni la OLAF ni la Dirección General de Agricultura han mantenido registros de estas cancelaciones, ni las han conciliado con los importes de las correcciones correspondientes de la liquidación de cuentas. Ello hace que no se conozca el total cancelado de esta forma. |
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48.

Algunos Estados miembros han aprovechado la oportunidad de estas correcciones a tanto alzado para anular las deudas derivadas de las irregularidades cometidas en este mismo ámbito del gasto hasta el importe de la corrección, en lugar de proponer la cancelación en las condiciones comentadas en los apartados 33 a 37. La Comisión considera que esta práctica no se ajusta a la normativa relativa a la liquidación de cuentas. Ni la OLAF ni la Dirección General de Agricultura han mantenido registros de estas cancelaciones, ni las han conciliado con los importes de las correcciones correspondientes de la liquidación de cuentas. Ello hace que no se conozca el total cancelado de esta forma.

| 49. | La OLAF emprendió en marzo de 1999 un examen especial de los importes pendientes de recuperación con anterioridad a 1996. Los «casos antiguos» se definieron como aquellos en los que los retrasos administrativos superaban los cuatro años o los retrasos judiciales, más de ocho años (21). De estos casos, debían examinarse a fondo los importes pendientes superiores a 50 000 euros. Los importes inferiores a esta cifra debían someterse a un examen menos riguroso. |
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49.

La OLAF emprendió en marzo de 1999 un examen especial de los importes pendientes de recuperación con anterioridad a 1996. Los «casos antiguos» se definieron como aquellos en los que los retrasos administrativos superaban los cuatro años o los retrasos judiciales, más de ocho años (21). De estos casos, debían examinarse a fondo los importes pendientes superiores a 50 000 euros. Los importes inferiores a esta cifra debían someterse a un examen menos riguroso.

| 50. | La Decisión de la Comisión (22) sobre estos casos se publicó el 28 de junio de 2003: 69,4 millones de euros se cancelaron con cargo al presupuesto y 5,3 millones se imputaron a los Estados miembros. Los casos italianos, que representan el 66 % (750 millones de euros) del importe por recuperar de los casos anteriores a 1995, quedaron excluidos de las recomendaciones y de la decisión, sin que se adujera ningún motivo. También quedaron excluidos de toda consideración 95 casos anteriores a 1995 cuya cuantía total ascendía a 118,8 millones de euros. |
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50.

La Decisión de la Comisión (22) sobre estos casos se publicó el 28 de junio de 2003: 69,4 millones de euros se cancelaron con cargo al presupuesto y 5,3 millones se imputaron a los Estados miembros. Los casos italianos, que representan el 66 % (750 millones de euros) del importe por recuperar de los casos anteriores a 1995, quedaron excluidos de las recomendaciones y de la decisión, sin que se adujera ningún motivo. También quedaron excluidos de toda consideración 95 casos anteriores a 1995 cuya cuantía total ascendía a 118,8 millones de euros.

| 51. | Como ocurrió con las recomendaciones formuladas en el procedimiento normal, en los expedientes no había ningún análisis sistemático de los motivos que propiciaron las recomendaciones. La Comisión ha creado ahora un grupo de trabajo para examinar los casos anteriores a 1999 por importes superiores a 500 000 euros. |
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51.

Como ocurrió con las recomendaciones formuladas en el procedimiento normal, en los expedientes no había ningún análisis sistemático de los motivos que propiciaron las recomendaciones. La Comisión ha creado ahora un grupo de trabajo para examinar los casos anteriores a 1999 por importes superiores a 500 000 euros.

Reparto de competencias en la Comisión

| 52. | Tal y como se ha explicado antes, la OLAF gestiona la base de datos del ECR y la Dirección General de Agricultura tiene asignada la función de adoptar las decisiones de liquidación de cuentas. Hay casos en los que este reparto de competencias causa problemas de comunicación:






  a) | no estaba previsto que la Dirección General de Agricultura enviara sistemáticamente a la OLAF copia de todas las decisiones de liquidación por las cuales se imputan a los Estados miembros las consecuencias financieras de las irregularidades. Por tanto, no existen pruebas sistemáticas en los expedientes de la OLAF de que los importes que constan como imputados a los Estados miembros hayan sido realmente recuperados en el marco del procedimiento de liquidación de cuentas; |
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52.

Tal y como se ha explicado antes, la OLAF gestiona la base de datos del ECR y la Dirección General de Agricultura tiene asignada la función de adoptar las decisiones de liquidación de cuentas. Hay casos en los que este reparto de competencias causa problemas de comunicación:

a)

no estaba previsto que la Dirección General de Agricultura enviara sistemáticamente a la OLAF copia de todas las decisiones de liquidación por las cuales se imputan a los Estados miembros las consecuencias financieras de las irregularidades. Por tanto, no existen pruebas sistemáticas en los expedientes de la OLAF de que los importes que constan como imputados a los Estados miembros hayan sido realmente recuperados en el marco del procedimiento de liquidación de cuentas;

| b) | la decisión (23) de 1995 de cancelar importes con cargo al presupuesto no quedó reflejada en la base de datos del ECR. En consecuencia, en 2003 se examinaron de nuevo los casos y en algunas ocasiones la decisión fue la contraria a la adoptada en 1995; |
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b)

la decisión (23) de 1995 de cancelar importes con cargo al presupuesto no quedó reflejada en la base de datos del ECR. En consecuencia, en 2003 se examinaron de nuevo los casos y en algunas ocasiones la decisión fue la contraria a la adoptada en 1995;

| c) | algunos Estados miembros han cancelado importes sobre la base de las recomendaciones de la OLAF anticipándose a una decisión de la Comisión. |
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c)

algunos Estados miembros han cancelado importes sobre la base de las recomendaciones de la OLAF anticipándose a una decisión de la Comisión.

En el marco de la liquidación de cuentas para 1993, la Comisión propuso imputar 8,2 millones de euros correspondientes a 21 casos a Alemania al estimar que este país había cometido negligencia en sus acciones de recuperación. Sin embargo, la corrección financiera no se aplicó debido a una consulta bilateral insuficiente.En la decisión de 1995 se volvieron a estudiar todos los casos excepto dos y se imputaron al FEOGA.La Comisión no ha documentado los motivos que la llevaron a abandonar su propuesta inicial.

| 53. | En los sistemas actuales la responsabilidad nominal no coincide con la efectiva, hecho que tiene consecuencias negativas para la obligación de rendir cuentas respecto de este procedimiento. Recomendar la cancelación no es una función que encaje bien en el papel de un organismo de coordinación y de investigación del fraude. |
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53.

En los sistemas actuales la responsabilidad nominal no coincide con la efectiva, hecho que tiene consecuencias negativas para la obligación de rendir cuentas respecto de este procedimiento. Recomendar la cancelación no es una función que encaje bien en el papel de un organismo de coordinación y de investigación del fraude.

La Comisión apenas aprovecha su experiencia con las irregularidades

| 54. | Las notificaciones a la OLAF para su registro en el ECR estaban destinadas, entre otras cosas, a intensificar la campaña de lucha contra el fraude y las irregularidades. |
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54.

Las notificaciones a la OLAF para su registro en el ECR estaban destinadas, entre otras cosas, a intensificar la campaña de lucha contra el fraude y las irregularidades.

| 55. | En este contexto, el Consejo (24) pidió a la Comisión que desarrollara una política de investigación basada en análisis estratégicos y operativos de la información sobre el fraude, las irregularidades y las recuperaciones notificadas por los Estados miembros. El Parlamento (25) ha criticado que la deuda derivada de las irregularidades y del fraude haya alcanzado un nivel inaceptable y que los procedimientos de recuperación no funcionen, y ha exhortado a la Comisión a presentar un análisis pormenorizado de las causas de este problema y propuestas para solucionarlo. La Comisión (26) presentó en diciembre de 2002 una comunicación sobre la mejora de la recaudación de los créditos comunitarios. El Parlamento expresó sus dudas de que fuera posible mejorar los procedimientos al respecto sin aclarar el reparto de competencias entre la OLAF y la Dirección General de Agricultura. |
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55.

En este contexto, el Consejo (24) pidió a la Comisión que desarrollara una política de investigación basada en análisis estratégicos y operativos de la información sobre el fraude, las irregularidades y las recuperaciones notificadas por los Estados miembros. El Parlamento (25) ha criticado que la deuda derivada de las irregularidades y del fraude haya alcanzado un nivel inaceptable y que los procedimientos de recuperación no funcionen, y ha exhortado a la Comisión a presentar un análisis pormenorizado de las causas de este problema y propuestas para solucionarlo. La Comisión (26) presentó en diciembre de 2002 una comunicación sobre la mejora de la recaudación de los créditos comunitarios. El Parlamento expresó sus dudas de que fuera posible mejorar los procedimientos al respecto sin aclarar el reparto de competencias entre la OLAF y la Dirección General de Agricultura.

| 56. | La Comisión ha llamado la atención sobre la mala calidad de la información facilitada por los Estados miembros en su informe anual sobre la lucha contra el fraude de 2002. Cita el ejemplo de que en el 47 % de los casos notificados no se habían especificado los productos en cuestión, lo que no facilita el análisis de riesgos ni permite aprender de la experiencia. La idea es mejorar la calidad y puntualidad de las notificaciones mediante la introducción directa de datos en el ECR por parte de los Estados miembros, junto con un programa de formación y la distribución de un manual de usuario del ECR. |
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56.

La Comisión ha llamado la atención sobre la mala calidad de la información facilitada por los Estados miembros en su informe anual sobre la lucha contra el fraude de 2002. Cita el ejemplo de que en el 47 % de los casos notificados no se habían especificado los productos en cuestión, lo que no facilita el análisis de riesgos ni permite aprender de la experiencia. La idea es mejorar la calidad y puntualidad de las notificaciones mediante la introducción directa de datos en el ECR por parte de los Estados miembros, junto con un programa de formación y la distribución de un manual de usuario del ECR.

| 57. | Sin embargo, hay otras deficiencias que deben abordarse con respecto a la información del ECR. Hay demasiadas descripciones de tipos de fraude e irregularidades (79 en total), y algunas de ellas son ambiguas (véase el cuadro 4); las líneas presupuestarias no se han introducido en un formato homogéneo y existen 46 códigos diferentes para identificar los métodos de detección, algunos de los cuales también son ambiguos (véase el cuadro 5). La racionalización y la simplificación de estas descripciones facilitaría una interpretación racional. |
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57.

Sin embargo, hay otras deficiencias que deben abordarse con respecto a la información del ECR. Hay demasiadas descripciones de tipos de fraude e irregularidades (79 en total), y algunas de ellas son ambiguas (véase el cuadro 4); las líneas presupuestarias no se han introducido en un formato homogéneo y existen 46 códigos diferentes para identificar los métodos de detección, algunos de los cuales también son ambiguos (véase el cuadro 5). La racionalización y la simplificación de estas descripciones facilitaría una interpretación racional.

Cuadro 4

Tipos de irregularidad

| Tipo de irregularidad | Valor de las irregularidades notificadas
  (en millones de euros) | Porcentaje del valor total notificado | Porcentaje acumulado |
| --- | --- | --- | --- |
| Uso o transformación ficticios | 984 | 23 | 23 |
| Falsedad en documento mercantil | 379 | 9 | 32 |
| Cantidad inexacta | 270 | 6 | 38 |
| Falsedad en la solicitud de ayuda | 208 | 5 | 43 |
| Movimiento ficticio | 201 | 5 | 48 |
| Variación de la calidad o contenido | 169 | 4 | 52 |
| Otros casos de documentos irregulares | 148 | 3 | 55 |
| Otras irregularidades | 120 | 3 | 58 |
| Tráfico de productos retirados o almacenados | 97 | 2 | 60 |
| Falsedad en la documentación aduanera | 91 | 2 | 62 |
| Cambio de destino | 91 | 2 | 64 |
| Falta de llegada al destino final | 74 | 2 | 66 |
| Incumplimiento de otras condiciones | 71 | 2 | 68 |
| Situación a 31 de diciembre de 2002.

  Fuente:Base de datos ECR de la OLAF sobre irregularidades notificadas en virtud del Reglamento (CEE) no 595/91. |

Tipo de irregularidad

Valor de las irregularidades notificadas

(en millones de euros)

Porcentaje del valor total notificado

Porcentaje acumulado

Uso o transformación ficticios

984

23

23

Falsedad en documento mercantil

379

9

32

Cantidad inexacta

270

6

38

Falsedad en la solicitud de ayuda

208

5

43

Movimiento ficticio

201

5

48

Variación de la calidad o contenido

169

4

52

Otros casos de documentos irregulares

148

3

55

Otras irregularidades

120

3

58

Tráfico de productos retirados o almacenados

97

2

60

Falsedad en la documentación aduanera

91

2

62

Cambio de destino

91

2

64

Falta de llegada al destino final

74

2

66

Incumplimiento de otras condiciones

71

2

68

Situación a 31 de diciembre de 2002.

Fuente:Base de datos ECR de la OLAF sobre irregularidades notificadas en virtud del Reglamento (CEE) no 595/91.

Cuadro 5

Métodos de detección

| Método de detección | Valor de las irregularidades notificadas
  (en millones de euros) | Porcentaje del valor total notificado | Porcentaje acumulado |
| --- | --- | --- | --- |
| Controles documentales | 1 137 | 27 | 27 |
| Investigación judicial | 950 | 22 | 49 |
| Control del fisco nacional | 253 | 6 | 55 |
| Control rutinario | 237 | 6 | 60 |
| Control contable | 180 | 4 | 64 |
| Iniciativa de la UE | 153 | 4 | 68 |
| Investigación judicial | 126 | 3 | 71 |
| Colaboración entre servicios | 123 | 3 | 74 |
| Análisis de laboratorio de muestras | 92 | 2 | 76 |
| Control aduanero nacional | 90 | 2 | 78 |
| Control en los locales del beneficiario | 85 | 2 | 80 |
| Otros | 81 | 2 | 82 |
| Situación a 31 de diciembre de 2002.

  Fuente:Base de datos ECR de la OLAF sobre irregularidades notificadas en virtud del Reglamento (CEE) no 595/91. |

Método de detección

Valor de las irregularidades notificadas

(en millones de euros)

Porcentaje del valor total notificado

Porcentaje acumulado

Controles documentales

1 137

27

27

Investigación judicial

950

22

49

Control del fisco nacional

253

6

55

Control rutinario

237

6

60

Control contable

180

4

64

Iniciativa de la UE

153

4

68

Investigación judicial

126

3

71

Colaboración entre servicios

123

3

74

Análisis de laboratorio de muestras

92

2

76

Control aduanero nacional

90

2

78

Control en los locales del beneficiario

85

2

80

Otros

81

2

82

Situación a 31 de diciembre de 2002.

Fuente:Base de datos ECR de la OLAF sobre irregularidades notificadas en virtud del Reglamento (CEE) no 595/91.

| 58. | El Tribunal también observó que existían errores significativos en los datos registrados en el ECR e incluso advirtió la falta de todo tipo de información financiera en 91 casos (véase el apartado 25). |
| --- | --- |

58.

El Tribunal también observó que existían errores significativos en los datos registrados en el ECR e incluso advirtió la falta de todo tipo de información financiera en 91 casos (véase el apartado 25).

| 59. | El ECR registra la identidad de las personas que consultan la base de datos y el número de consultas. Desde octubre de 2001 hasta septiembre de 2002 se produjeron 11 consultas directas de las Direcciones Generales de la Comisión. Sin embargo, la OLAF no ha evaluado el uso de los datos contenidos en el ECR para determinar si ha facilitado o no información útil y, por tanto, si ha contribuido a la lucha contra el fraude. |
| --- | --- |

59.

El ECR registra la identidad de las personas que consultan la base de datos y el número de consultas. Desde octubre de 2001 hasta septiembre de 2002 se produjeron 11 consultas directas de las Direcciones Generales de la Comisión. Sin embargo, la OLAF no ha evaluado el uso de los datos contenidos en el ECR para determinar si ha facilitado o no información útil y, por tanto, si ha contribuido a la lucha contra el fraude.

| 60. | La Comisión debe estudiar la información que le ha sido notificada y comunicar a los representantes de los Estados miembros [que se reúnen en el Comité del FEOGA (27)] todas las conclusiones que pretende extraer de ella (28). Aunque se ha facilitado información al Grupo de Irregularidades (29), ni la OLAF ni su predecesora, la UCLAF, han informado al Comité del FEOGA (30). |
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60.

La Comisión debe estudiar la información que le ha sido notificada y comunicar a los representantes de los Estados miembros [que se reúnen en el Comité del FEOGA (27)] todas las conclusiones que pretende extraer de ella (28). Aunque se ha facilitado información al Grupo de Irregularidades (29), ni la OLAF ni su predecesora, la UCLAF, han informado al Comité del FEOGA (30).

La lista negra

| 61. | Los Estados miembros tienen la obligación de notificar a la Comisión la identidad de los operadores que han cometido irregularidades por un importe superior a los 100 000 euros en un año, así como las medidas adoptadas en contra de estos operadores. Los Estados miembros en general consideran imposible impedir eficazmente que las entidades que han participado en operaciones irregulares o fraudulentas sigan reclamando pagos (por ejemplo, la actividad empresarial puede transferirse a otra persona jurídica con los mismos accionistas, etc.). |
| --- | --- |

61.

Los Estados miembros tienen la obligación de notificar a la Comisión la identidad de los operadores que han cometido irregularidades por un importe superior a los 100 000 euros en un año, así como las medidas adoptadas en contra de estos operadores. Los Estados miembros en general consideran imposible impedir eficazmente que las entidades que han participado en operaciones irregulares o fraudulentas sigan reclamando pagos (por ejemplo, la actividad empresarial puede transferirse a otra persona jurídica con los mismos accionistas, etc.).

| 62. | Sólo seis Estados miembros han notificado alguna vez un caso así de una empresa o un particular [véase también el Informe Especial no 8/98, apartados 4.12 a 4.14 (31)]. Los comentarios recibidos de los Estados miembros visitados ponen de manifiesto de que el mayor obstáculo a la aplicación de la normativa es el hecho de que incluir a una empresa o a un particular en la lista negra les ofrece la posibilidad de acción judicial y resarcimiento. Hasta que se demuestre el fraude ante un órgano judicial (a menudo un proceso muy largo), no es seguro que un Estado miembro pueda notificar legalmente los nombres de empresas o particulares. |
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62.

Sólo seis Estados miembros han notificado alguna vez un caso así de una empresa o un particular [véase también el Informe Especial no 8/98, apartados 4.12 a 4.14 (31)]. Los comentarios recibidos de los Estados miembros visitados ponen de manifiesto de que el mayor obstáculo a la aplicación de la normativa es el hecho de que incluir a una empresa o a un particular en la lista negra les ofrece la posibilidad de acción judicial y resarcimiento. Hasta que se demuestre el fraude ante un órgano judicial (a menudo un proceso muy largo), no es seguro que un Estado miembro pueda notificar legalmente los nombres de empresas o particulares.

Registro de importes adeudados

| 63. | Desde 1996 los organismos pagadores de la PAC de los Estados miembros tienen una lista de importes (32) adeudados a la Comunidad en el marco de la PAC («libro de deudores»). Desde 2000 se viene exigiendo a los Estados miembros que informen a la Comisión (Dirección General de Agricultura) dos veces al año de la situación de las deudas y de los progresos en la recuperación, conforme al libro de deudores, mediante el denominado «Cuadro 105» (33). Los importes notificados mediante el cuadro 105 se incluyen en el balance general consolidado de la Comisión (34). |
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63.

Desde 1996 los organismos pagadores de la PAC de los Estados miembros tienen una lista de importes (32) adeudados a la Comunidad en el marco de la PAC («libro de deudores»). Desde 2000 se viene exigiendo a los Estados miembros que informen a la Comisión (Dirección General de Agricultura) dos veces al año de la situación de las deudas y de los progresos en la recuperación, conforme al libro de deudores, mediante el denominado «Cuadro 105» (33). Los importes notificados mediante el cuadro 105 se incluyen en el balance general consolidado de la Comisión (34).

| 64. | Desde 1996 los organismos certificadores (35) han de evaluar si el libro de deudores elaborado por los organismos pagadores de la PAC a los que auditan ofrece una imagen fiel y completa de los importes por recuperar, si los procedimientos de recuperación son eficaces y si los importes se abonan puntualmente en el presupuesto. |
| --- | --- |

64.

Desde 1996 los organismos certificadores (35) han de evaluar si el libro de deudores elaborado por los organismos pagadores de la PAC a los que auditan ofrece una imagen fiel y completa de los importes por recuperar, si los procedimientos de recuperación son eficaces y si los importes se abonan puntualmente en el presupuesto.

| 65. | En cuanto al contenido del cuadro 105, la Dirección General de Agricultura concluyó en 1999, sobre la base de las auditorías realizadas en los Estados miembros, que existían algunas dudas sobre la integridad y precisión de algunos libros de deudores de los organismos pagadores, y que no había garantías de que los Estados miembros abordaran el registro de las deudas siguiendo un enfoque homogéneo. El informe subsiguiente recomendó que los servicios de la Comisión, las unidades de auditoría interna de los organismos pagadores y los organismos certificadores se esforzaran más por mejorar la gestión de las deudas. Desde 2001 los organismos certificadores tienen la obligación de certificar la exactitud del cuadro 105. |
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65.

En cuanto al contenido del cuadro 105, la Dirección General de Agricultura concluyó en 1999, sobre la base de las auditorías realizadas en los Estados miembros, que existían algunas dudas sobre la integridad y precisión de algunos libros de deudores de los organismos pagadores, y que no había garantías de que los Estados miembros abordaran el registro de las deudas siguiendo un enfoque homogéneo. El informe subsiguiente recomendó que los servicios de la Comisión, las unidades de auditoría interna de los organismos pagadores y los organismos certificadores se esforzaran más por mejorar la gestión de las deudas. Desde 2001 los organismos certificadores tienen la obligación de certificar la exactitud del cuadro 105.

| 66. | Los organismos certificadores no utilizan la información en poder de los diferentes organismos de control e investigación de acciones fraudulentas para comprobar la integridad de los libros de deudores. Con arreglo a la información sobre deudores que tienen los organismos pagadores, tres organismos certificadores emitieron reservas en sus certificados y nueve de ellos advirtieron graves defectos en los procedimientos de registro y recuperación de las deudas (véase el anexo B). El Tribunal también observó de que, en nueve casos, el alcance de las auditorías de deudores por parte de los organismos certificadores no se ajustó a las directrices de la Comisión. |
| --- | --- |

66.

Los organismos certificadores no utilizan la información en poder de los diferentes organismos de control e investigación de acciones fraudulentas para comprobar la integridad de los libros de deudores. Con arreglo a la información sobre deudores que tienen los organismos pagadores, tres organismos certificadores emitieron reservas en sus certificados y nueve de ellos advirtieron graves defectos en los procedimientos de registro y recuperación de las deudas (véase el anexo B). El Tribunal también observó de que, en nueve casos, el alcance de las auditorías de deudores por parte de los organismos certificadores no se ajustó a las directrices de la Comisión.

| 67. | Todos los Estados miembros han creado libros de deudores, y desde 2000 han presentado un cuadro 105 a la Comisión que contiene la información requerida. La auditoría no revela ningún error significativo en el registro de las nuevas deudas. La obligación de llevar un libro de deudores entró en vigor en 1996. Sin embargo, algunos Estados miembros (Dinamarca, Alemania, Grecia y Reino Unido) todavía no han registrado en los libros de deudores todas las deudas surgidas antes de ese año. Algunos Estados miembros han cancelado también importes considerados irrecuperables sin que haya mediado ninguna decisión de la Comisión de que la deuda no puede recuperarse y sobre si el coste debe imputarse al presupuesto o al Estado miembro. Éste es el motivo de que la deuda total para 2002 se haya subestimado en 43,8 millones de euros (36). |
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67.

Todos los Estados miembros han creado libros de deudores, y desde 2000 han presentado un cuadro 105 a la Comisión que contiene la información requerida. La auditoría no revela ningún error significativo en el registro de las nuevas deudas. La obligación de llevar un libro de deudores entró en vigor en 1996. Sin embargo, algunos Estados miembros (Dinamarca, Alemania, Grecia y Reino Unido) todavía no han registrado en los libros de deudores todas las deudas surgidas antes de ese año. Algunos Estados miembros han cancelado también importes considerados irrecuperables sin que haya mediado ninguna decisión de la Comisión de que la deuda no puede recuperarse y sobre si el coste debe imputarse al presupuesto o al Estado miembro. Éste es el motivo de que la deuda total para 2002 se haya subestimado en 43,8 millones de euros (36).

| 68. | La información facilitada en el cuadro 105 distingue entre casos que deben notificarse al ECR y otros casos (que no se derivan de irregularidades o cuyo importe es inferior a 4 000 euros). Aunque las fechas de registro de las dos series de cifras son diferentes, debería ser posible conciliar, identificar y corregir las diferencias entre ellas (el ECR registró el 31 de diciembre de 2002 un total de 2 349 millones de euros: la cifra equivalente del cuadro 105 era de 2 093 millones de euros a 15 de octubre de 2002). Ahora bien, la Comisión es incapaz de hacerlo: la OLAF y la Dirección General de Agricultura trabajan sobre la base de diferentes series de datos y no las han conciliado. |
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68.

La información facilitada en el cuadro 105 distingue entre casos que deben notificarse al ECR y otros casos (que no se derivan de irregularidades o cuyo importe es inferior a 4 000 euros). Aunque las fechas de registro de las dos series de cifras son diferentes, debería ser posible conciliar, identificar y corregir las diferencias entre ellas (el ECR registró el 31 de diciembre de 2002 un total de 2 349 millones de euros: la cifra equivalente del cuadro 105 era de 2 093 millones de euros a 15 de octubre de 2002). Ahora bien, la Comisión es incapaz de hacerlo: la OLAF y la Dirección General de Agricultura trabajan sobre la base de diferentes series de datos y no las han conciliado.

CONCLUSIONES

| 69. | El sistema instaurado por la Unión Europea para notificar, recuperar y cancelar de pagos irregulares exige que se notifique la información pertinente (tipo de irregularidad, método de detección, etc.) y prevé, para alentar a los Estados miembros a adoptar medidas de recuperación, un incentivo (retención del 20 % de los importes recuperados) y una sanción (los importes no recuperados se imputan a los Estados miembros en caso de negligencia). |
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69.

El sistema instaurado por la Unión Europea para notificar, recuperar y cancelar de pagos irregulares exige que se notifique la información pertinente (tipo de irregularidad, método de detección, etc.) y prevé, para alentar a los Estados miembros a adoptar medidas de recuperación, un incentivo (retención del 20 % de los importes recuperados) y una sanción (los importes no recuperados se imputan a los Estados miembros en caso de negligencia).

| 70. | En la práctica, no obstante, de los pagos irregulares efectuados y notificados a la Comisión desde 1971 (un total de 3 100 millones de euros) a finales del año 2002 se habían recuperado de los beneficiarios de la PAC 537 millones de euros; 110 millones de euros habían sido cancelados con cargo al presupuesto comunitario, y 142 millones de euros, con cargo a los Estados miembros. Tres cuartas partes de los pagos irregulares notificados siguen estando «pendientes»: ni se han recuperado ni se han cancelado. |
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70.

En la práctica, no obstante, de los pagos irregulares efectuados y notificados a la Comisión desde 1971 (un total de 3 100 millones de euros) a finales del año 2002 se habían recuperado de los beneficiarios de la PAC 537 millones de euros; 110 millones de euros habían sido cancelados con cargo al presupuesto comunitario, y 142 millones de euros, con cargo a los Estados miembros. Tres cuartas partes de los pagos irregulares notificados siguen estando «pendientes»: ni se han recuperado ni se han cancelado.

| 71. | Ningún sistema logrará una recuperación del 100 % de los pagos irregulares y es inevitable cierto retraso en su tramitación. Ahora bien, la fiscalización del Tribunal puso de manifiesto una serie de defectos en la concepción de los sistemas de registro, recuperación y cancelación de pagos irregulares efectuados en el marco de la PAC y, en particular, en la forma en que la Comisión y los Estados miembros aplican dichos sistemas:






  a) | los Estados miembros atribuyen interpretaciones divergentes a la definición del momento en que deben notificar los pagos irregulares (véase el apartado 17). Algunos de los datos exigidos a los Estados miembros no están claros (véanse los apartados 56 y 57); |
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71.

Ningún sistema logrará una recuperación del 100 % de los pagos irregulares y es inevitable cierto retraso en su tramitación. Ahora bien, la fiscalización del Tribunal puso de manifiesto una serie de defectos en la concepción de los sistemas de registro, recuperación y cancelación de pagos irregulares efectuados en el marco de la PAC y, en particular, en la forma en que la Comisión y los Estados miembros aplican dichos sistemas:

a)

los Estados miembros atribuyen interpretaciones divergentes a la definición del momento en que deben notificar los pagos irregulares (véase el apartado 17). Algunos de los datos exigidos a los Estados miembros no están claros (véanse los apartados 56 y 57);

| b) | los Estados miembros han tardado —algunos mucho más que otros— en notificar pagos irregulares (véase el apartado 22). También existen lagunas y faltas de coherencia significativas en los datos que facilitan (véanse los apartados 24 a 27); |
| --- | --- |

b)

los Estados miembros han tardado —algunos mucho más que otros— en notificar pagos irregulares (véase el apartado 22). También existen lagunas y faltas de coherencia significativas en los datos que facilitan (véanse los apartados 24 a 27);

| c) | existen deficiencias significativas en los sistemas establecidos por los Estados miembros para recuperar los pagos irregulares de la PAC (véase el apartado 41); |
| --- | --- |

c)

existen deficiencias significativas en los sistemas establecidos por los Estados miembros para recuperar los pagos irregulares de la PAC (véase el apartado 41);

| d) | normalmente, las decisiones sobre si los pagos irregulares han de cancelarse y, en tal caso, si debe hacerse con cargo al presupuesto comunitario o nacional, tienen que esperar a una propuesta de cancelación por parte del Estado miembro. Las facultades de intervención de la Comisión en este procedimiento son limitadas. Por otro lado, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo sirve de apoyo a la actuación de la Comisión en caso de demora injustificable por parte de los Estados miembros. Este es el trasfondo de la creación del grupo de trabajo comentado en el apartado 51; |
| --- | --- |

d)

normalmente, las decisiones sobre si los pagos irregulares han de cancelarse y, en tal caso, si debe hacerse con cargo al presupuesto comunitario o nacional, tienen que esperar a una propuesta de cancelación por parte del Estado miembro. Las facultades de intervención de la Comisión en este procedimiento son limitadas. Por otro lado, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo sirve de apoyo a la actuación de la Comisión en caso de demora injustificable por parte de los Estados miembros. Este es el trasfondo de la creación del grupo de trabajo comentado en el apartado 51;

| e) | la Comisión carecía de criterios claros para decidir si los pagos irregulares irrecuperables deben imputarse a los Estados miembros en cuestión o al presupuesto comunitario (véanse los apartados 43 a 51); |
| --- | --- |

e)

la Comisión carecía de criterios claros para decidir si los pagos irregulares irrecuperables deben imputarse a los Estados miembros en cuestión o al presupuesto comunitario (véanse los apartados 43 a 51);

| f) | la participación de la OLAF y de la Dirección General de Agricultura en las decisiones de cancelación es fuente de confusión e ineficacia (véanse los apartados 52 a 55). |
| --- | --- |

f)

la participación de la OLAF y de la Dirección General de Agricultura en las decisiones de cancelación es fuente de confusión e ineficacia (véanse los apartados 52 a 55).

| 72. | El sistema paralelo de los libros de deudores aporta información a efectos del balance general en relación con una gama más amplia de deudas en el marco de la PAC. Todos los Estados miembros han creado libros de deudores y han presentado los datos exigidos. La Comisión también impartió directrices para que los organismos certificadores auditaran a los deudores. Sin embargo, el Tribunal advirtió en estos libros de deudores una serie de lagunas y, con respecto a las deudas derivadas de pagos irregulares, imprecisiones (véanse los apartados 63 a 68). |
| --- | --- |

72.

El sistema paralelo de los libros de deudores aporta información a efectos del balance general en relación con una gama más amplia de deudas en el marco de la PAC. Todos los Estados miembros han creado libros de deudores y han presentado los datos exigidos. La Comisión también impartió directrices para que los organismos certificadores auditaran a los deudores. Sin embargo, el Tribunal advirtió en estos libros de deudores una serie de lagunas y, con respecto a las deudas derivadas de pagos irregulares, imprecisiones (véanse los apartados 63 a 68).

| 73. | La «lista negra» ha resultado ser inviable. Sólo seis Estados miembros han comunicado alguna vez los nombres de particulares o empresas y ha resultado imposible aplicar con eficacia las sanciones previstas (véanse los apartados 61 y 62). |
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73.

La «lista negra» ha resultado ser inviable. Sólo seis Estados miembros han comunicado alguna vez los nombres de particulares o empresas y ha resultado imposible aplicar con eficacia las sanciones previstas (véanse los apartados 61 y 62).

RECOMENDACIONES

| 74. | El Tribunal recomienda a la Comisión que estudie la posibilidad de introducir una serie de cambios en los sistemas descritos, a fin de:






  — | mejorar la información de que dispone sobre los pagos irregulares y las deudas de la PAC, |
| --- | --- | --- |

74.

El Tribunal recomienda a la Comisión que estudie la posibilidad de introducir una serie de cambios en los sistemas descritos, a fin de:

—

mejorar la información de que dispone sobre los pagos irregulares y las deudas de la PAC,

| — | mejorar la recuperación por parte de los Estados miembros de los importes indebidamente pagados, |
| --- | --- |

—

mejorar la recuperación por parte de los Estados miembros de los importes indebidamente pagados,

| — | clarificar la base sobre la que decide la Comisión si los pagos irregulares cancelados deben imputarse a los Estados miembros o a la Comunidad, |
| --- | --- |

—

clarificar la base sobre la que decide la Comisión si los pagos irregulares cancelados deben imputarse a los Estados miembros o a la Comunidad,

| — | delimitar las competencias entre distintos servicios de la Comisión y mejorar la comunicación entre ellos, |
| --- | --- |

—

delimitar las competencias entre distintos servicios de la Comisión y mejorar la comunicación entre ellos,

| — | aprovechar mejor, en la gestión de la PAC, la información obtenida sobre los pagos irregulares. |
| --- | --- |

—

aprovechar mejor, en la gestión de la PAC, la información obtenida sobre los pagos irregulares.

Algunos de estos cambios precisarían instrumentos legislativos.

| 75. | Para mejorar la información y facilitar su uso, la Comisión debería estudiar las siguientes posibilidades:






  — | garantizar que los Estados miembros interpreten el concepto de comprobación administrativa o judicial primaria de forma armonizada y homogénea cuando notifican los pagos irregulares, |
| --- | --- | --- |

75.

Para mejorar la información y facilitar su uso, la Comisión debería estudiar las siguientes posibilidades:

—

garantizar que los Estados miembros interpreten el concepto de comprobación administrativa o judicial primaria de forma armonizada y homogénea cuando notifican los pagos irregulares,

| — | aumentar el umbral de 4 000 euros establecido para la notificación de casos al ECR, |
| --- | --- |

—

aumentar el umbral de 4 000 euros establecido para la notificación de casos al ECR,

| — | simplificar y reducir el número de definiciones de tipos de fraude y métodos de detección en los sistemas de notificación de pagos irregulares de la PAC, |
| --- | --- |

—

simplificar y reducir el número de definiciones de tipos de fraude y métodos de detección en los sistemas de notificación de pagos irregulares de la PAC,

| — | mejorar sus propios controles de los datos suministrados por los Estados miembros, |
| --- | --- |

—

mejorar sus propios controles de los datos suministrados por los Estados miembros,

| — | adoptar medidas para conciliar las cifras del ECR y los libros de deudores. |
| --- | --- |

—

adoptar medidas para conciliar las cifras del ECR y los libros de deudores.

| 76. | Para promover la recuperación por parte de los Estados miembros de los pagos irregulares en el marco de la PAC, la Comisión debería estudiar las siguientes posibilidades:






  — | imputar a los Estados miembros los pagos irregulares de la PAC que han estado pendientes durante un período superior a un espacio de tiempo determinado y con respecto a los cuales no se ha recibido ninguna propuesta de cancelación, |
| --- | --- | --- |

76.

Para promover la recuperación por parte de los Estados miembros de los pagos irregulares en el marco de la PAC, la Comisión debería estudiar las siguientes posibilidades:

—

imputar a los Estados miembros los pagos irregulares de la PAC que han estado pendientes durante un período superior a un espacio de tiempo determinado y con respecto a los cuales no se ha recibido ninguna propuesta de cancelación,

| — | garantizar que los pagos irregulares se compensarán con otros pagos comunitarios a que tenga derecho el beneficiario, |
| --- | --- |

—

garantizar que los pagos irregulares se compensarán con otros pagos comunitarios a que tenga derecho el beneficiario,

| — | pedir a los Estados miembros que den, como mínimo, la misma prioridad a la recuperación de las deudas de la PAC que a la recuperación de subvenciones nacionales. |
| --- | --- |

—

pedir a los Estados miembros que den, como mínimo, la misma prioridad a la recuperación de las deudas de la PAC que a la recuperación de subvenciones nacionales.

| 77. | La Comisión debería establecer criterios claros para decidir si los pagos irregulares cancelados deben imputarse a los Estados miembros o a la Comunidad e iniciar acciones contra los Estados miembros que hayan compensado los importes pendientes de recuperación con correcciones a tanto alzado. |
| --- | --- |

77.

La Comisión debería establecer criterios claros para decidir si los pagos irregulares cancelados deben imputarse a los Estados miembros o a la Comunidad e iniciar acciones contra los Estados miembros que hayan compensado los importes pendientes de recuperación con correcciones a tanto alzado.

| 78. | La Comisión debería plantearse si resulta apropiada el reparte actual de competencias en relación con las irregularidades de la PAC entre la OLAF y la Dirección General de Agricultura. |
| --- | --- |

78.

La Comisión debería plantearse si resulta apropiada el reparte actual de competencias en relación con las irregularidades de la PAC entre la OLAF y la Dirección General de Agricultura.

| 79. | Convendría que la Comisión informara todos los años de la experiencia obtenida gracias a los datos sobre irregularidades y de las conclusiones derivadas de la gestión de la PAC, extremos que podrían incluirse en el informe anual sobre la lucha contra el fraude o en el informe anual sobre la PAC. |
| --- | --- |

79.

Convendría que la Comisión informara todos los años de la experiencia obtenida gracias a los datos sobre irregularidades y de las conclusiones derivadas de la gestión de la PAC, extremos que podrían incluirse en el informe anual sobre la lucha contra el fraude o en el informe anual sobre la PAC.

| 80. | Además, la Comisión debería consultar con los Estados miembros sobre el futuro de la «lista negra». |
| --- | --- |

80.

Además, la Comisión debería consultar con los Estados miembros sobre el futuro de la «lista negra».

El presente Informe ha sido aprobado por el Tribunal de Cuentas en Luxemburgo, en su reunión del día 10 de junio de 2004.

Por el Tribunal de Cuentas

Juan Manuel FABRA VALLÉS

Presidente

---

(1)  Los Estados miembros estimaron que era realista esperar la recuperación del 46 % de este importe.

1

Fuente:Base de datos ECR de la OLAF.

Fuente:

(2)  Reglamento (CE) no 1469/95 del Consejo (DO L 145 de 29.6.1995, p. 1).

2

o

(3)  En el ECR también figuran otros 1 144 millones de euros detectados antes del pago (y sin pagar).

3

(4)  Estas cifras deberían tratarse con cautela por los motivos detallados en los apartados 21 a 32.

4

(5)  En la práctica, a la OLAF.

5

(6)  Artículo 3 del Reglamento (CEE) no 595/91 del Consejo (DO L 67 de 14.3.1991, p. 11).

6

o

(7)  Apartado 1 del artículo 5 del Reglamento (CEE) no 595/91.

7

o

(8)  Apartado 2 del artículo 5 del Reglamento (CEE) no 595/91.

8

o

(9)  Fuente:apartado 10.2 del Informe Anual de 2002 sobre la protección de los intereses financieros de las Comunidades y la lucha contra el fraude.

9

Fuente:

(10)  En 17 955 de los posibles 29 311 casos se puede establecer la celeridad con que los Estados miembros notificaron los pagos irregulares.

10

(11)  El artículo 3 del Reglamento (CEE) no 595/91 dispone que se informe de «las consecuencias financieras y las posibilidades de recuperación», y el artículo 5, que se informe de «los procedimientos judiciales y administrativos que se hayan incoado y [...] las sanciones impuestas».

11

o

(12)  Fuente: apartado 11.2 del Informe Anual de 2002 sobre la protección de los intereses financieros de las Comunidades y la lucha contra el fraude.

12

Fuente:

(13)  Apartado 1 del artículo 8 del Reglamento (CE) no 1258/1999 del Consejo (DO L 160 de 26.6.1999, p. 103).

13

o

(14)  Apartado 2 del artículo 5 del Reglamento (CEE) no 595/91.

14

o

(15)  El Tribunal de Justicia dictó en su sentencia que los Estados miembros debían respetar el deber de la diligencia, que implica la adopción pronta de medidas para rectificar las irregularidades, y añadió que, con el paso del tiempo, la recuperación de los importes indebidamente pagados puede complicarse o resultar imposible por motivos como el cese de la actividad comercial de las empresas o la pérdida de los documentos contables.

15

(16)  Sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de octubre de 1990 en el asunto C-34/89, República Italiana contra Comisión de las Comunidades Europeas.

16

(17)  Informe Especial no 11/2000, apartado 101 (DO C 215 de 27.7.2000).

17

o

(18)  No pudieron encontrarse cinco expedientes, cuatro casos se consideraron incluidos en las correcciones a tanto alzado y en un caso el importe se había imputado al presupuesto y no al Estado miembro.

18

(19)  Por ejemplo, declaraciones judiciales de quiebra o liquidación.

19

(20)  Había argumentos razonados en ocho de los 30 expedientes examinados.

20

(21)  Esta definición procede de la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-34/89.

21

(22)  Decisión 2003/481/CE de la Comisión (DO L 160 de 28.6.2003, p. 83).

22

(23)  Ésta fue la última de las decisiones anuales relativas a los casos cuya cancelación por parte de los Estados miembros se había recomendado.

23

(24)  Conclusiones del Consejo sobre la protección de los intereses financieros de las Comunidades y la lucha contra el fraude (13244/1/02 REV 1), de 6 de noviembre de 2002.

24

(25)  Informe de la Comisión de Control Presupuestario sobre el informe anual de la lucha contra el fraude de 2001 (PE 315.805), de 3 de marzo de 2003.

25

(26)  COM(2002) 671 final, de 3 de diciembre de 2002.

26

(27)  El Comité del FEOGA (Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola) y el Grupo «Irregularidades» son organismos asesores de la Comisión; están presididos por un funcionario de la Comisión y están formados por representantes de los Estados miembros.

27

(28)  Apartado 3 del artículo 2 del Reglamento (CEE) no 595/91.

28

o

(29)  Grupo «Irregularidades y asistencia mutua, productos agrícolas», Reglamento (CEE) no 595/91 y Reglamento (CE) no 515/97 del Consejo (DO L 82 de 22.3.1997, p. 1).

29

o

o

(30)  Grupo «Irregularidades y asistencia mutua, productos agrícolas», Reglamento (CEE) no 595/91 y Reglamento (CE) no 515/97.

30

o

o

(31)  DO C 230 de 22.7.1998, p. 16.

31

(32)  Con inclusión de las irregularidades y otros importes adeudados; por ejemplo, irregularidades inferiores a 4 000 euros, errores oficiales, etc.

32

(33)  Apartado 6 del artículo 3 del Reglamento (CE) no 296/96 de la Comisión (DO L 39 de 17.2.1996, p. 5), modificado por el Reglamento (CE) no 2761/1999 (DO L 331 de 23.12.1999, p. 57).

33

o

o

(34)  Bajo el epígrafe VII.B.2, en la letra a), «sección de Garantía del FEOGA».

34

(35)  Los organismos certificadores son designados por los Estados miembros en el marco de los procedimientos de liquidación de cuentas, auditan el gasto de la PAC declarado por los organismos pagadores de los Estados miembros y certifican (o califican) las cuentas de dicho gasto. La Comisión tiene en cuenta estos certificados a la hora de tomar su decisión financiera anual para liquidar el gasto de la PAC.

35

(36)  Como el cuadro 105 entró en vigor en 2000, los Estados miembros tendrán que establecer los importes incorrectamente cancelados en los libros de deudores en los ejercicios anteriores.

36

---

ANEXO A

LISTA DE CASOS CON LOS VALORES MÁS ELEVADOS

| (en euros) |
| --- |
| Estado miembro | Año | Medida | Deuda pendiente |
| IT | 2000 | Medidas de apoyo al sector de las oleaginosas | 170 936 471 |
| IT | 2000 | Restituciones a la exportación de cereales | 118 956 431 |
| IT | 1998 | Ayuda al consumo de aceite de oliva | 65 710 432 |
| IT | 1993 | Restituciones a la exportación de cereales | 63 933 593 |
| IT | 1994 | Restituciones a la exportación de cereales | 41 760 653 |
| IT | 1998 | Ayuda al consumo de aceite de oliva | 40 623 436 |
| ES | 1994 | Restituciones a la exportación de cereales | 32 896 221 |
| BE | 2000 | Restituciones a la exportación de mantequilla | 31 547 680 |
| IT | 1994 | Restituciones a la exportación de carne de vacuno | 29 851 835 |
| DE | 1995 | Restituciones a la exportación de mantequilla | 24 926 886 |
| IT | 1994 | Ayuda al consumo de aceite de oliva | 19 743 900 |
| IT | 1996 | Restituciones a la exportación de cereales | 19 054 353 |
| DE | 1995 | Restituciones a la exportación de mantequilla | 18 630 965 |
| IT | 1998 | Ayuda al consumo de aceite de oliva | 17 253 375 |
| IT | 1996 | Medidas de apoyo al sector de las oleaginosas | 17 196 270 |
| IT | 1988 | Transformación de frutas y verduras | 16 860 045 |
| IT | 1988 | Transformación de frutas y verduras | 16 296 644 |
| IT | 2002 | Transformación de frutas y verduras | 15 805 670 |
| IT | 1996 | Ayudas a los cereales | 15 774 830 |
| IT | 1994 | Restituciones a la exportación de carne de vacuno | 14 262 505 |
| DE | 1998 | Restituciones a la exportación de carne de vacuno | 14 023 242 |
| IT | 1988 | Transformación de frutas y verduras | 13 944 336 |
| ES | 1994 | Restituciones a la exportación de vino | 13 334 611 |
| IT | 1996 | Almacenamiento de cereales | 12 302 920 |
| IT | 2001 | Transformación de frutas y verduras | 11 784 714 |
| IT | 1994 | Ayuda al consumo de aceite de oliva | 11 445 839 |
| IT | 2002 | Medidas de apoyo a las frutas y verduras frescas | 11 012 392 |
| IT | 1996 | Almacenamiento de cereales | 10 949 622 |
| BE | 1994 | Restituciones a la exportación de carne de vacuno | 10 121 398 |

(en euros)

Estado miembro

Año

Medida

Deuda pendiente

IT

2000

Medidas de apoyo al sector de las oleaginosas

170 936 471

IT

2000

Restituciones a la exportación de cereales

118 956 431

IT

1998

Ayuda al consumo de aceite de oliva

65 710 432

IT

1993

Restituciones a la exportación de cereales

63 933 593

IT

1994

Restituciones a la exportación de cereales

41 760 653

IT

1998

Ayuda al consumo de aceite de oliva

40 623 436

ES

1994

Restituciones a la exportación de cereales

32 896 221

BE

2000

Restituciones a la exportación de mantequilla

31 547 680

IT

1994

Restituciones a la exportación de carne de vacuno

29 851 835

DE

1995

Restituciones a la exportación de mantequilla

24 926 886

IT

1994

Ayuda al consumo de aceite de oliva

19 743 900

IT

1996

Restituciones a la exportación de cereales

19 054 353

DE

1995

Restituciones a la exportación de mantequilla

18 630 965

IT

1998

Ayuda al consumo de aceite de oliva

17 253 375

IT

1996

Medidas de apoyo al sector de las oleaginosas

17 196 270

IT

1988

Transformación de frutas y verduras

16 860 045

IT

1988

Transformación de frutas y verduras

16 296 644

IT

2002

Transformación de frutas y verduras

15 805 670

IT

1996

Ayudas a los cereales

15 774 830

IT

1994

Restituciones a la exportación de carne de vacuno

14 262 505

DE

1998

Restituciones a la exportación de carne de vacuno

14 023 242

IT

1988

Transformación de frutas y verduras

13 944 336

ES

1994

Restituciones a la exportación de vino

13 334 611

IT

1996

Almacenamiento de cereales

12 302 920

IT

2001

Transformación de frutas y verduras

11 784 714

IT

1994

Ayuda al consumo de aceite de oliva

11 445 839

IT

2002

Medidas de apoyo a las frutas y verduras frescas

11 012 392

IT

1996

Almacenamiento de cereales

10 949 622

BE

1994

Restituciones a la exportación de carne de vacuno

10 121 398

---

ANEXO B

PUNTOS DÉBILES DE LOS PROCEDIMIENTOS DE REGISTRO Y RECUPERACIÓN DE LOS IMPORTES ADEUDADOS

| Reservas emitidas por los organismos de certificación | Motivos de las reservas |
| --- | --- |
| OPEKEPE (EL) | Problemas de exactitud/exhaustividad/identificación de los importes de dudosa recuperación. |
| Vlaamse Gemeenschap (BE) | Incapaz de certificar la exhaustividad del cuadro 105. |
| IFADAP (PT) | Incapaz de certificar la exhaustividad del cuadro 105. |
| Puntos débiles significativos constatados por los organismos de certificación | Razones de los puntos débiles |
| Bayern StMLU (DE) | Retrasos en la recuperación de los importes, sin cargo de intereses sobre el capital adeudado. |
| Brandenburgo (DE) | Problemas referentes a la exhaustividad y precisión del cuadro 105. |
| DFFE (DK) | Deudas atrasadas pendientes de recuperación. |
| Cataluña (ES) | Grandes retrasos en el registro y recuperación de deudas, falta de una estrategia coherente en materia de intereses. |
| AGEA (IT) | Dificultades en materia de recuperación de deudas. |
| SEERAD (UK) | Grandes retrasos en el registro y recuperación de deudas, falta de conciliación entre los registros contables y libro mayor de deudores. |
| SDE (FR) | La reserva se planteó el año pasado; este año se siguen observando dificultades en materia de recuperación de deudas. |
| DAF (ES) | Largos intervalos entre la notificación de irregularidades y su registro en el libro mayor de deudores. |
| INGA (PT) | Deudas subestimadas en un 3 %. |
| Trabajo insatisfactorio de los organismos de certificación en la sección de deudores
   (1) | Razones del trabajo insatisfactorio |
| FAGA (ES) | El alcance de la auditoría de los organismos de certificación no se ajustaba a los requisitos fijados en las directrices de la Comisión. |
| Castilla-La Mancha (ES) |
| OFIMER (FR) |
| OFIVAL (FR) |
| BLE (DE) |
| Baden-Wurttemberg (DE) |
| Dlg (NL) |
| HPA (NL) |
| PZ (NL) |
| PVVE (NL) |
| Fuente:Sección de deudores de los informes de los organismos de certificación en relación con el ejercicio FEOGA 2002. |

Reservas emitidas por los organismos de certificación

Motivos de las reservas

OPEKEPE (EL)

Problemas de exactitud/exhaustividad/identificación de los importes de dudosa recuperación.

Vlaamse Gemeenschap (BE)

Incapaz de certificar la exhaustividad del cuadro 105.

IFADAP (PT)

Incapaz de certificar la exhaustividad del cuadro 105.

Puntos débiles significativos constatados por los organismos de certificación

Razones de los puntos débiles

Bayern StMLU (DE)

Retrasos en la recuperación de los importes, sin cargo de intereses sobre el capital adeudado.

Brandenburgo (DE)

Problemas referentes a la exhaustividad y precisión del cuadro 105.

DFFE (DK)

Deudas atrasadas pendientes de recuperación.

Cataluña (ES)

Grandes retrasos en el registro y recuperación de deudas, falta de una estrategia coherente en materia de intereses.

AGEA (IT)

Dificultades en materia de recuperación de deudas.

SEERAD (UK)

Grandes retrasos en el registro y recuperación de deudas, falta de conciliación entre los registros contables y libro mayor de deudores.

SDE (FR)

La reserva se planteó el año pasado; este año se siguen observando dificultades en materia de recuperación de deudas.

DAF (ES)

Largos intervalos entre la notificación de irregularidades y su registro en el libro mayor de deudores.

INGA (PT)

Deudas subestimadas en un 3 %.

Trabajo insatisfactorio de los organismos de certificación en la sección de deudores
   (1)

Razones del trabajo insatisfactorio

FAGA (ES)

El alcance de la auditoría de los organismos de certificación no se ajustaba a los requisitos fijados en las directrices de la Comisión.

Castilla-La Mancha (ES)

OFIMER (FR)

OFIVAL (FR)

BLE (DE)

Baden-Wurttemberg (DE)

Dlg (NL)

HPA (NL)

PZ (NL)

PVVE (NL)

Fuente:Sección de deudores de los informes de los organismos de certificación en relación con el ejercicio FEOGA 2002.

---

(1)  Conclusiones basadas en la evaluación por el Tribunal de los informes de los organismos de certificación.

Fuente:Sección de deudores de los informes de los organismos de certificación en relación con el ejercicio FEOGA 2002.

---

RESPUESTAS DE LA COMISIÓN

RESUMEN

| I. | Para proteger sus intereses financieros, la legislación comunitaria establece requisitos de información sobre los ámbitos de actuación comunitarios (1). Los Estados miembros deben informar periódicamente de las irregularidades que hayan sido objeto de un primer acto de comprobación administrativa o judicial. El Reglamento (CEE) no 595/91 del Consejo establece el sistema de comunicación de irregularidades relacionadas con los gastos de la sección Garantía del FEOGA (Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola).
  Con objeto de facilitar a los servicios de la Comisión la utilización de los datos comunicados, la normativa comunitaria en cuestión contiene una lista detallada de los datos que han de suministrarse, entre los que cabe citar la disposición que se haya transgredido, los importes en juego, la práctica utilizada para cometer la irregularidad y la identificación de las personas físicas o jurídicas implicadas (2).
  Los Estados miembros tienen la obligación de prevenir y perseguir cualquier irregularidad y de recuperar las sumas perdidas como consecuencia de irregularidades o de negligencias (3). El Reglamento (CEE) no 595/91 exige que se comuniquen a la Comisión todas las irregularidades de un valor superior a 4 000 euros, de forma que cualquier comportamiento, sea intencionado o no, que de lugar a la infracción de una disposición comunitaria debe ser comunicado. La Comisión ha tomado diversas iniciativas para asegurarse de que estos casos consten como fraude o irregularidad.
  El sistema de comunicación e información mutua constituye la expresión concreta del deber de cooperación leal y recíproca derivado del artículo 10 del Tratado CE (4), en la que se basa la estrategia contra el fraude de la Comisión definida en julio de 2000 (5). Esta cooperación entre la Comisión y los Estados miembros también es el principio rector de las disposiciones del Derecho derivado.
  Como el Consejo lo ha subrayado en repetidas ocasiones, la calidad y homogeneidad de la información notificada resulta primordial para que los servicios de la Comisión puedan aprovecharla al máximo, reforzar la lucha contra el fraude y cerciorarse del adecuado seguimiento de los casos (6), tanto en el ámbito nacional como comunitario.
  La experiencia acumulada y los progresos conseguidos permitirán mejorar la eficacia del sistema de notificación y la fiabilidad de los datos. |
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I.

Para proteger sus intereses financieros, la legislación comunitaria establece requisitos de información sobre los ámbitos de actuación comunitarios (1). Los Estados miembros deben informar periódicamente de las irregularidades que hayan sido objeto de un primer acto de comprobación administrativa o judicial. El Reglamento (CEE) no 595/91 del Consejo establece el sistema de comunicación de irregularidades relacionadas con los gastos de la sección Garantía del FEOGA (Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola).

Con objeto de facilitar a los servicios de la Comisión la utilización de los datos comunicados, la normativa comunitaria en cuestión contiene una lista detallada de los datos que han de suministrarse, entre los que cabe citar la disposición que se haya transgredido, los importes en juego, la práctica utilizada para cometer la irregularidad y la identificación de las personas físicas o jurídicas implicadas (2).

Los Estados miembros tienen la obligación de prevenir y perseguir cualquier irregularidad y de recuperar las sumas perdidas como consecuencia de irregularidades o de negligencias (3). El Reglamento (CEE) no 595/91 exige que se comuniquen a la Comisión todas las irregularidades de un valor superior a 4 000 euros, de forma que cualquier comportamiento, sea intencionado o no, que de lugar a la infracción de una disposición comunitaria debe ser comunicado. La Comisión ha tomado diversas iniciativas para asegurarse de que estos casos consten como fraude o irregularidad.

El sistema de comunicación e información mutua constituye la expresión concreta del deber de cooperación leal y recíproca derivado del artículo 10 del Tratado CE (4), en la que se basa la estrategia contra el fraude de la Comisión definida en julio de 2000 (5). Esta cooperación entre la Comisión y los Estados miembros también es el principio rector de las disposiciones del Derecho derivado.

Como el Consejo lo ha subrayado en repetidas ocasiones, la calidad y homogeneidad de la información notificada resulta primordial para que los servicios de la Comisión puedan aprovecharla al máximo, reforzar la lucha contra el fraude y cerciorarse del adecuado seguimiento de los casos (6), tanto en el ámbito nacional como comunitario.

La experiencia acumulada y los progresos conseguidos permitirán mejorar la eficacia del sistema de notificación y la fiabilidad de los datos.

| II. | Según el informe anual de 2002 de la Comisión sobre la protección de los intereses financieros de las Comunidades y la lucha contra el fraude (en lo sucesivo denominado «Informe 2002 de la Comisión sobre la lucha contra el fraude»), las mayores cuantías objeto de irregularidades se detectaron en el sector de las frutas y hortalizas. Los Estados miembros han sido informados de esta tendencia en diversas reuniones, especialmente en el marco del grupo de trabajo «Artículo 280», el Comité consultivo para la coordinación de la lucha contra el fraude (Cocolaf), y el grupo de trabajo «Irregularidades y asistencia mutua, productos agrícolas».
  La base de datos electrónica que registra la mayor parte de las notificaciones de irregularidades transmitidas por los Estados miembros se sometió a un control de calidad exhaustivo en 2003 por parte de la Comisión, en el que participaron los Estados miembros, lo que permitió mejorar la coherencia interna de los datos y actualizar las cifras. Las cifras actualizadas (véase el apartado 30) pendientes de pago a 31 de diciembre de 2002 son las siguientes: el total de pagos irregulares notificados desde 1971 asciende a 2 983 millones de euros. De esta cantidad, se recuperaron 603 millones (un 20 %) y se cancelaron 297 millones (un 10 %). Los importes aún pendientes representan 2 083 millones de euros (un 70 %). Estas cifras incluyen también las actualizaciones que la Comisión recibió en el año 2003 y las repercusiones financieras de la Decisión 2003/481/CE de la Comisión (75 millones de euros). |
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II.

Según el informe anual de 2002 de la Comisión sobre la protección de los intereses financieros de las Comunidades y la lucha contra el fraude (en lo sucesivo denominado «Informe 2002 de la Comisión sobre la lucha contra el fraude»), las mayores cuantías objeto de irregularidades se detectaron en el sector de las frutas y hortalizas. Los Estados miembros han sido informados de esta tendencia en diversas reuniones, especialmente en el marco del grupo de trabajo «Artículo 280», el Comité consultivo para la coordinación de la lucha contra el fraude (Cocolaf), y el grupo de trabajo «Irregularidades y asistencia mutua, productos agrícolas».

La base de datos electrónica que registra la mayor parte de las notificaciones de irregularidades transmitidas por los Estados miembros se sometió a un control de calidad exhaustivo en 2003 por parte de la Comisión, en el que participaron los Estados miembros, lo que permitió mejorar la coherencia interna de los datos y actualizar las cifras. Las cifras actualizadas (véase el apartado 30) pendientes de pago a 31 de diciembre de 2002 son las siguientes: el total de pagos irregulares notificados desde 1971 asciende a 2 983 millones de euros. De esta cantidad, se recuperaron 603 millones (un 20 %) y se cancelaron 297 millones (un 10 %). Los importes aún pendientes representan 2 083 millones de euros (un 70 %). Estas cifras incluyen también las actualizaciones que la Comisión recibió en el año 2003 y las repercusiones financieras de la Decisión 2003/481/CE de la Comisión (75 millones de euros).

| III. | Algunos Estados miembros no cumplen su obligación de informar en el plazo de dos meses siguientes al final del trimestre en que se ha detectado una irregularidad o se ha tenido conocimiento de nueva información referente a una irregularidad [apartado 1 del artículo 3 y apartado 1 del artículo 5 del Reglamento (CEE) no 595/91]. Entre estos Estados miembros, Alemania y España suman más del 50 % de las irregularidades notificadas. La Comisión informó de este problema a los Estados miembros a través de su Informe de 2002 sobre la lucha contra el fraude (apartado 10.2.2) y abordando la cuestión en diversas reuniones celebradas en el marco del grupo de trabajo «Artículo 280», el Cocolaf, y el grupo de trabajo «Irregularidades y asistencia mutua, productos agrícolas».
  Por lo que se refiere a las incoherencias, han sido comunicadas a los Estados miembros pidiéndoles que remitieran las correspondientes actualizaciones de los casos en cuestión en soporte electrónico. En las reuniones del grupo de trabajo «Artículo 280», el Cocolaf, y el grupo de trabajo «Irregularidades y asistencia mutua, productos agrícolas», los Estados miembros recibieron explicaciones e instrucciones sobre la base de datos ECR (Electronic Case Registry). En general puede decirse que la notificación de irregularidades por parte de los Estados miembros ha experimentado una mejora, si bien no se cumplen aún íntegramente las obligaciones establecidas en el Reglamento (CEE) no 595/91.
  Por lo que se refiere a las discrepancias, la Comisión seguirá esforzándose por que los Estados miembros respeten todas las disposiciones del Reglamento (CEE) no 595/91 para recibir datos absolutamente fiables y homogéneos por parte de todos los Estados miembros en los plazos previstos. |
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III.

Algunos Estados miembros no cumplen su obligación de informar en el plazo de dos meses siguientes al final del trimestre en que se ha detectado una irregularidad o se ha tenido conocimiento de nueva información referente a una irregularidad [apartado 1 del artículo 3 y apartado 1 del artículo 5 del Reglamento (CEE) no 595/91]. Entre estos Estados miembros, Alemania y España suman más del 50 % de las irregularidades notificadas. La Comisión informó de este problema a los Estados miembros a través de su Informe de 2002 sobre la lucha contra el fraude (apartado 10.2.2) y abordando la cuestión en diversas reuniones celebradas en el marco del grupo de trabajo «Artículo 280», el Cocolaf, y el grupo de trabajo «Irregularidades y asistencia mutua, productos agrícolas».

Por lo que se refiere a las incoherencias, han sido comunicadas a los Estados miembros pidiéndoles que remitieran las correspondientes actualizaciones de los casos en cuestión en soporte electrónico. En las reuniones del grupo de trabajo «Artículo 280», el Cocolaf, y el grupo de trabajo «Irregularidades y asistencia mutua, productos agrícolas», los Estados miembros recibieron explicaciones e instrucciones sobre la base de datos ECR (Electronic Case Registry). En general puede decirse que la notificación de irregularidades por parte de los Estados miembros ha experimentado una mejora, si bien no se cumplen aún íntegramente las obligaciones establecidas en el Reglamento (CEE) no 595/91.

Por lo que se refiere a las discrepancias, la Comisión seguirá esforzándose por que los Estados miembros respeten todas las disposiciones del Reglamento (CEE) no 595/91 para recibir datos absolutamente fiables y homogéneos por parte de todos los Estados miembros en los plazos previstos.

| IV. | El porcentaje de recuperación actualizado se situaba en el 20,2 % en mayo de 2004 (véase el apartado 30).
  La Comisión es plenamente consciente de que esa tasa de recuperación en los Estados miembros no es adecuada y se ha comprometido a mejorarla, especialmente creando el grupo de trabajo «Recuperación» (véase también la respuesta al apartado V).
  Los organismos pagadores y los organismos administrativos responsables del proceso de recuperación de algunos Estados miembros (Italia y Grecia) siempre han sostenido que era preciso esperar a la conclusión de los procedimientos penales antes de proceder a la recuperación, cuando ésta es posible a veces por la vía civil o administrativa, sin que ello sea óbice para entablar un procedimiento penal paralelo.
  Por lo tanto, la elección inicial del Estado miembro (procedimiento administrativo, civil o penal) incidirá en el plazo de recuperación. En algunos Estados miembros, los procedimientos administrativos de recuperación solamente pueden ponerse en marcha una vez que ha recaído una resolución definitiva, en su caso, en el procedimiento penal, el cual puede prolongarse quince años o más.
  En Italia, el 46 % de los casos anteriores a 1995 fueron objeto de un procedimiento penal, reduciéndose ese porcentaje al 18 % de los casos posteriores a ese año, situación que quizá se deba a que el Estado miembro ha decidido tomar las disposiciones administrativas oportunas lo antes posible, en cuanto se le notifica una irregularidad.
  En el marco de la gestión compartida, el Estado miembro responsable está en contacto directo con los deudores. La Comisión no está en condiciones de cancelar deudas. De acuerdo con el Reglamento (CE) no 1258/1999 del Consejo, la Comisión está legalmente obligada a excluir de la financiación comunitaria cualquier gasto que no se haya ejecutado de conformidad con las normas comunitarias. La aceptación de compromisos o de liquidaciones parciales debe examinarse caso por caso, a la luz de la legislación nacional y de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 8 del Reglamento (CE) no 1258/1999. |
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IV.

El porcentaje de recuperación actualizado se situaba en el 20,2 % en mayo de 2004 (véase el apartado 30).

La Comisión es plenamente consciente de que esa tasa de recuperación en los Estados miembros no es adecuada y se ha comprometido a mejorarla, especialmente creando el grupo de trabajo «Recuperación» (véase también la respuesta al apartado V).

Los organismos pagadores y los organismos administrativos responsables del proceso de recuperación de algunos Estados miembros (Italia y Grecia) siempre han sostenido que era preciso esperar a la conclusión de los procedimientos penales antes de proceder a la recuperación, cuando ésta es posible a veces por la vía civil o administrativa, sin que ello sea óbice para entablar un procedimiento penal paralelo.

Por lo tanto, la elección inicial del Estado miembro (procedimiento administrativo, civil o penal) incidirá en el plazo de recuperación. En algunos Estados miembros, los procedimientos administrativos de recuperación solamente pueden ponerse en marcha una vez que ha recaído una resolución definitiva, en su caso, en el procedimiento penal, el cual puede prolongarse quince años o más.

En Italia, el 46 % de los casos anteriores a 1995 fueron objeto de un procedimiento penal, reduciéndose ese porcentaje al 18 % de los casos posteriores a ese año, situación que quizá se deba a que el Estado miembro ha decidido tomar las disposiciones administrativas oportunas lo antes posible, en cuanto se le notifica una irregularidad.

En el marco de la gestión compartida, el Estado miembro responsable está en contacto directo con los deudores. La Comisión no está en condiciones de cancelar deudas. De acuerdo con el Reglamento (CE) no 1258/1999 del Consejo, la Comisión está legalmente obligada a excluir de la financiación comunitaria cualquier gasto que no se haya ejecutado de conformidad con las normas comunitarias. La aceptación de compromisos o de liquidaciones parciales debe examinarse caso por caso, a la luz de la legislación nacional y de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 8 del Reglamento (CE) no 1258/1999.

| V. | A raíz de la Comunicación de la Comisión «Mejora de la recaudación de los créditos comunitarios derivados de la gestión directa y compartida de los gastos comunitarios», de 3 de diciembre de 2002 [COM(2002) 671 final], la Comisión decidió crear un grupo de trabajo de «Recuperación» conjunto entre la OLAF y la Dirección General de Agricultura para liquidar los casos antiguos, esto es, todos los casos de irregularidades anteriores a 1999 aún pendientes, con el fin de preparar una decisión para determinar si las consecuencias financieras correrían a cargo de la Comunidad o del Estado miembro correspondiente.
  Por lo que se refiere a la observación del Tribunal respecto a la ausencia de criterios adecuados para decidir si los importes cancelados se cobrarían a los Estados miembros o los asumiría la Comunidad, la Comisión recuerda que, aprovechando la experiencia adquirida con el tiempo, ha ido desarrollando y aplicando cuatro principios rectores y una serie criterios de procedimiento que presentó en diversos documentos en julio de 2002 (véase también el apartado 44).
  Desde que se creó el grupo de trabajo «Recuperación» en 2003, los servicios de la Comisión han elaborado una lista de criterios detallados con los que se auditan todos los casos, de forma que las sumas no recuperadas sean asumidas por la Comunidad o por el Estado miembro correspondiente. |
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V.

A raíz de la Comunicación de la Comisión «Mejora de la recaudación de los créditos comunitarios derivados de la gestión directa y compartida de los gastos comunitarios», de 3 de diciembre de 2002 [COM(2002) 671 final], la Comisión decidió crear un grupo de trabajo de «Recuperación» conjunto entre la OLAF y la Dirección General de Agricultura para liquidar los casos antiguos, esto es, todos los casos de irregularidades anteriores a 1999 aún pendientes, con el fin de preparar una decisión para determinar si las consecuencias financieras correrían a cargo de la Comunidad o del Estado miembro correspondiente.

Por lo que se refiere a la observación del Tribunal respecto a la ausencia de criterios adecuados para decidir si los importes cancelados se cobrarían a los Estados miembros o los asumiría la Comunidad, la Comisión recuerda que, aprovechando la experiencia adquirida con el tiempo, ha ido desarrollando y aplicando cuatro principios rectores y una serie criterios de procedimiento que presentó en diversos documentos en julio de 2002 (véase también el apartado 44).

Desde que se creó el grupo de trabajo «Recuperación» en 2003, los servicios de la Comisión han elaborado una lista de criterios detallados con los que se auditan todos los casos, de forma que las sumas no recuperadas sean asumidas por la Comunidad o por el Estado miembro correspondiente.

| VI. | De acuerdo con el reparto de responsabilidades establecido en el anexo 2 de la Comunicación SEC(95) 249 de la Comisión, de 10 de febrero de 1995, la UCLAF/OLAF debía recibir todas las comunicaciones notificadas por los Estados miembros en virtud del Reglamento (CEE) no 595/91 y hacerse cargo del examen y seguimiento de los casos en cuestión, incluida la introducción de los datos correspondientes en la base de datos de irregularidades.
  En los procedimientos de recuperación relacionados con casos de fraude, la OLAF tiene asimismo que redactar notas sumarias sobre cada caso, exponiendo brevemente los procedimientos seguidos y argumentando, en su caso, las propuestas de corrección financiera en el marco del procedimiento de liquidación de cuentas, del que se encarga la Dirección General de Agricultura en calidad de «ordenador». El procedimiento de liquidación compete a la Dirección General de Agricultura, pero en sus diferentes etapas ésta cuenta con la asistencia de la OLAF (véase también el apartado IX).
  La Comisión siempre tiene en cuenta las consecuencias jurídicas en materia de protección contra el fraude y capacidad de control que ofrece la normativa vigente de la PAC, y en especial las recomendaciones de la Oficina en lo referente al seguimiento.
  La Comisión considera que el reparto de responsabilidades entre la OLAF y la Dirección General de Agricultura está claramente definido: de acuerdo con el anexo 2 de la Comunicación SEC(95) 249, la OLAF es competente en materia de recuperación de pagos irregulares notificados. La cancelación de importes irrecuperables es una decisión que incumbe a la Comisión en el marco del procedimiento de liquidación de cuentas del FEOGA, del cual se encarga la Dirección General de Agricultura asistida por la OLAF en sus diferentes etapas. |
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VI.

De acuerdo con el reparto de responsabilidades establecido en el anexo 2 de la Comunicación SEC(95) 249 de la Comisión, de 10 de febrero de 1995, la UCLAF/OLAF debía recibir todas las comunicaciones notificadas por los Estados miembros en virtud del Reglamento (CEE) no 595/91 y hacerse cargo del examen y seguimiento de los casos en cuestión, incluida la introducción de los datos correspondientes en la base de datos de irregularidades.

En los procedimientos de recuperación relacionados con casos de fraude, la OLAF tiene asimismo que redactar notas sumarias sobre cada caso, exponiendo brevemente los procedimientos seguidos y argumentando, en su caso, las propuestas de corrección financiera en el marco del procedimiento de liquidación de cuentas, del que se encarga la Dirección General de Agricultura en calidad de «ordenador». El procedimiento de liquidación compete a la Dirección General de Agricultura, pero en sus diferentes etapas ésta cuenta con la asistencia de la OLAF (véase también el apartado IX).

La Comisión siempre tiene en cuenta las consecuencias jurídicas en materia de protección contra el fraude y capacidad de control que ofrece la normativa vigente de la PAC, y en especial las recomendaciones de la Oficina en lo referente al seguimiento.

La Comisión considera que el reparto de responsabilidades entre la OLAF y la Dirección General de Agricultura está claramente definido: de acuerdo con el anexo 2 de la Comunicación SEC(95) 249, la OLAF es competente en materia de recuperación de pagos irregulares notificados. La cancelación de importes irrecuperables es una decisión que incumbe a la Comisión en el marco del procedimiento de liquidación de cuentas del FEOGA, del cual se encarga la Dirección General de Agricultura asistida por la OLAF en sus diferentes etapas.

| VII. | En relación con la sección de Garantía del FEOGA, el Reglamento (CE) no 1469/95 del Consejo estableció un dispositivo que permite identificar a los operadores que presentan un riesgo elevado para el presupuesto comunitario a través de un sistema de comunicación vía la Comisión. Transcurridos ocho años de aplicación de dicho Reglamento, se observa que el número de comunicaciones es, cuando menos, bastante reducido.
  La Comisión ha discutido ampliamente este asunto en el grupo de trabajo «Irregularidades y asistencia mutua, productos agrícolas» y se ha comprometido a presentar un segundo informe al Parlamento Europeo y al Consejo que ofrecerá una evaluación integral del Reglamento relativo a la «lista negra» y sugerirá medidas. |
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VII.

En relación con la sección de Garantía del FEOGA, el Reglamento (CE) no 1469/95 del Consejo estableció un dispositivo que permite identificar a los operadores que presentan un riesgo elevado para el presupuesto comunitario a través de un sistema de comunicación vía la Comisión. Transcurridos ocho años de aplicación de dicho Reglamento, se observa que el número de comunicaciones es, cuando menos, bastante reducido.

La Comisión ha discutido ampliamente este asunto en el grupo de trabajo «Irregularidades y asistencia mutua, productos agrícolas» y se ha comprometido a presentar un segundo informe al Parlamento Europeo y al Consejo que ofrecerá una evaluación integral del Reglamento relativo a la «lista negra» y sugerirá medidas.

| VIII. | Existe una diferencia entre las cantidades que aparecen en el «cuadro 105» (deuda pendiente, comprobada y no sujeta a condiciones, deuda cuyo importe se ha determinado exactamente en efectivo, deuda inmediatamente exigible) para el ejercicio financiero del FEOGA y las cantidades recogidas en la base de datos ECR (importes de las irregularidades notificadas trimestralmente correspondientes a un determinado período y que, en esa fase, pueden ser meras estimaciones sujetas a posibles ajustes posteriores).
  La Comisión ha pedido a los Estados miembros que confronten los datos de la base ECR con los del «cuadro 105», teniendo en cuenta que ambas series de datos no pueden coincidir. Hasta ahora, se ha dado prioridad a la mejora de la calidad de los datos. Los datos incluidos en la base de datos ECR ofrecen ya un grado de fiabilidad que permitirá contrastarlos. |
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VIII.

Existe una diferencia entre las cantidades que aparecen en el «cuadro 105» (deuda pendiente, comprobada y no sujeta a condiciones, deuda cuyo importe se ha determinado exactamente en efectivo, deuda inmediatamente exigible) para el ejercicio financiero del FEOGA y las cantidades recogidas en la base de datos ECR (importes de las irregularidades notificadas trimestralmente correspondientes a un determinado período y que, en esa fase, pueden ser meras estimaciones sujetas a posibles ajustes posteriores).

La Comisión ha pedido a los Estados miembros que confronten los datos de la base ECR con los del «cuadro 105», teniendo en cuenta que ambas series de datos no pueden coincidir. Hasta ahora, se ha dado prioridad a la mejora de la calidad de los datos. Los datos incluidos en la base de datos ECR ofrecen ya un grado de fiabilidad que permitirá contrastarlos.

| IX. | Los Estados miembros empezarán en breve a notificar las irregularidades en formato electrónico. De esta manera, los datos serán más fiables, las notificaciones de irregularidades más puntuales y se evitarán malentendidos y problemas de interpretación.
  La Comisión está ayudando a los Estados miembros en este aspecto y se plantea la posibilidad de incrementar el umbral de 4 000 a 10 000 euros para reducir el flujo de datos y concentrarse en los casos más relevantes.
  La Comisión se ha comprometido a presentar propuestas de modificación de los Reglamentos (CEE) no 595/91 y (CE) no 1258/1999 para intentar subsanar las deficiencias en materia de notificación, recuperación y cancelación de pagos irregulares de la PAC.
  La Comisión considera que el reparto de responsabilidades entre la OLAF y la Dirección General de Agricultura está claramente definido: de acuerdo con el anexo 2 de la Comunicación SEC(95) 249, la OLAF es competente en materia de recuperación de pagos irregulares notificados. La cancelación de importes irrecuperables es una decisión que incumbe a la Comisión en el marco del procedimiento de liquidación de cuentas del FEOGA, del cual se encarga la Dirección General de Agricultura asistida por la OLAF en sus diferentes etapas.
  Por último, en lo que respecta a la propuesta de eliminar la «lista negra», y aunque comparte la opinión del Tribunal de que el sistema no funciona bien, la Comisión cree que todavía puede mejorar y que sería más conveniente intentar que los Estados miembros aplicaran mejor este dispositivo en lugar de suprimirlo simplemente. No cabe duda de que se puede mejorar el sistema y la mera existencia del Reglamento tiene una finalidad preventiva que, sin duda, se reduce si no se aplica correctamente. Cabe señalar al respecto que se ha empezado a incluir sistemáticamente aspectos relativos a la aplicación de la «lista negra» en las auditorías realizadas en el marco de la liquidación de cuentas. |
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IX.

Los Estados miembros empezarán en breve a notificar las irregularidades en formato electrónico. De esta manera, los datos serán más fiables, las notificaciones de irregularidades más puntuales y se evitarán malentendidos y problemas de interpretación.

La Comisión está ayudando a los Estados miembros en este aspecto y se plantea la posibilidad de incrementar el umbral de 4 000 a 10 000 euros para reducir el flujo de datos y concentrarse en los casos más relevantes.

La Comisión se ha comprometido a presentar propuestas de modificación de los Reglamentos (CEE) no 595/91 y (CE) no 1258/1999 para intentar subsanar las deficiencias en materia de notificación, recuperación y cancelación de pagos irregulares de la PAC.

La Comisión considera que el reparto de responsabilidades entre la OLAF y la Dirección General de Agricultura está claramente definido: de acuerdo con el anexo 2 de la Comunicación SEC(95) 249, la OLAF es competente en materia de recuperación de pagos irregulares notificados. La cancelación de importes irrecuperables es una decisión que incumbe a la Comisión en el marco del procedimiento de liquidación de cuentas del FEOGA, del cual se encarga la Dirección General de Agricultura asistida por la OLAF en sus diferentes etapas.

Por último, en lo que respecta a la propuesta de eliminar la «lista negra», y aunque comparte la opinión del Tribunal de que el sistema no funciona bien, la Comisión cree que todavía puede mejorar y que sería más conveniente intentar que los Estados miembros aplicaran mejor este dispositivo en lugar de suprimirlo simplemente. No cabe duda de que se puede mejorar el sistema y la mera existencia del Reglamento tiene una finalidad preventiva que, sin duda, se reduce si no se aplica correctamente. Cabe señalar al respecto que se ha empezado a incluir sistemáticamente aspectos relativos a la aplicación de la «lista negra» en las auditorías realizadas en el marco de la liquidación de cuentas.

INTRODUCCIÓN

| 4. | En 2003 la Comisión actualizó las cifras del total acumulado de pagos irregulares de la PAC. Las cifras actualizadas son las siguientes (véase el apartado 30):






  — | irregularidades notificadas después del pago: 2 983 millones de euros, |
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4.

En 2003 la Comisión actualizó las cifras del total acumulado de pagos irregulares de la PAC. Las cifras actualizadas son las siguientes (véase el apartado 30):

—

irregularidades notificadas después del pago: 2 983 millones de euros,

| — | importes recuperados de los solicitantes: 603 millones de euros, |
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—

importes recuperados de los solicitantes: 603 millones de euros,

| — | importe cancelado a costa del FEOGA: 153 millones de euros, |
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—

importe cancelado a costa del FEOGA: 153 millones de euros,

| — | importe imputado a los Estados miembros: 144 millones de euros, |
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importe imputado a los Estados miembros: 144 millones de euros,

| — | importe pendiente de recuperación: 2 083 millones de euros. |
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importe pendiente de recuperación: 2 083 millones de euros.

ANÁLISIS

| 9. | A principios de mayo de 2004 la cifra de pagos irregulares notificados desde 1971 se situaba en 2 983 millones de euros y la cantidad pendiente de recuperación era de 2 083 millones de euros, por lo que el porcentaje actualizado a que se refiere el Tribunal representaba un 30 % (mejora de la calidad y fiabilidad de los datos en 2003 gracias a los controles de calidad, las auditorías del grupo de trabajo «Recuperación» y a la información recibida de los Estados miembros). Esa cifra incluye todas las actualizaciones del año 2003 y el impacto financiero de la Decisión 2003/481/CE de la Comisión. |
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9.

A principios de mayo de 2004 la cifra de pagos irregulares notificados desde 1971 se situaba en 2 983 millones de euros y la cantidad pendiente de recuperación era de 2 083 millones de euros, por lo que el porcentaje actualizado a que se refiere el Tribunal representaba un 30 % (mejora de la calidad y fiabilidad de los datos en 2003 gracias a los controles de calidad, las auditorías del grupo de trabajo «Recuperación» y a la información recibida de los Estados miembros). Esa cifra incluye todas las actualizaciones del año 2003 y el impacto financiero de la Decisión 2003/481/CE de la Comisión.

| 11. | En 2003 la Comisión actualizó las cifras correspondientes a las deudas anteriores a 1994. El porcentaje actualizado es del 22,4 % (véase el apartado 30). |
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11.

En 2003 la Comisión actualizó las cifras correspondientes a las deudas anteriores a 1994. El porcentaje actualizado es del 22,4 % (véase el apartado 30).

| 13. | Las últimas reformas de la PAC se han llevado a cabo especialmente con objeto de reducir al mínimo el riesgo de fraude y otras irregularidades.
  El SIGC (Sistema Integrado de Gestión y Control) tiene, como el propio Tribunal lo ha reconocido, un efecto muy notable en la prevención de pagos irregulares y cubre en la actualidad, directa o indirectamente, el 80 % del gasto de la PAC. |
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13.

Las últimas reformas de la PAC se han llevado a cabo especialmente con objeto de reducir al mínimo el riesgo de fraude y otras irregularidades.

El SIGC (Sistema Integrado de Gestión y Control) tiene, como el propio Tribunal lo ha reconocido, un efecto muy notable en la prevención de pagos irregulares y cubre en la actualidad, directa o indirectamente, el 80 % del gasto de la PAC.

| 15.b) | Para más información, véase el Informe 2002 de la Comisión sobre la lucha contra el fraude. |
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15.b)

Para más información, véase el Informe 2002 de la Comisión sobre la lucha contra el fraude.

| 17. | La Comisión comparte la opinión de que existen diferentes interpretaciones del concepto de primer acto de comprobación administrativa o judicial entre los Estados miembros. Sin embargo, la Comisión ha aclarado en repetidas ocasiones, en diferentes documentos y notas interpretativas, lo que debe entenderse por ese concepto, y el apartado 2 del artículo 1 del Reglamento (CE) no 745/96 de la Comisión lo define en el contexto de la «lista negra» (7). |
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17.

La Comisión comparte la opinión de que existen diferentes interpretaciones del concepto de primer acto de comprobación administrativa o judicial entre los Estados miembros. Sin embargo, la Comisión ha aclarado en repetidas ocasiones, en diferentes documentos y notas interpretativas, lo que debe entenderse por ese concepto, y el apartado 2 del artículo 1 del Reglamento (CE) no 745/96 de la Comisión lo define en el contexto de la «lista negra» (7).

| 21. | Alemania y España suman más del 50 % de las irregularidades notificadas y rara vez notifican las irregularidades a tiempo. La Comisión ha informado a los Estados miembros discutiendo este problema en diversas reuniones, concretamente en el Cocolaf y el grupo de trabajo «Irregularidades y asistencia mutua, productos agrícolas», y publicando las cifras correspondientes en el Informe 2002 de la Comisión sobre la lucha contra el fraude (apartado 10.2.2). |
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21.

Alemania y España suman más del 50 % de las irregularidades notificadas y rara vez notifican las irregularidades a tiempo. La Comisión ha informado a los Estados miembros discutiendo este problema en diversas reuniones, concretamente en el Cocolaf y el grupo de trabajo «Irregularidades y asistencia mutua, productos agrícolas», y publicando las cifras correspondientes en el Informe 2002 de la Comisión sobre la lucha contra el fraude (apartado 10.2.2).

| 22. | La Comisión ha alertado a los Estados miembros sobre la excesiva demora entre el momento de la detección de una irregularidad y su notificación. Tanto en sus informes anuales como en las reuniones del Cocolaf, por ejemplo, se ha informado a los Estados miembros de que el plazo de notificación podía tener efectos en la posible calificación de negligencia por parte de un Estado miembro (véase el Informe 2002 de la Comisión sobre la lucha contra el fraude, apartado 10.5).
  Cerca del 90 % de las irregularidades se notifican en el plazo de dos años desde su detección. |
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22.

La Comisión ha alertado a los Estados miembros sobre la excesiva demora entre el momento de la detección de una irregularidad y su notificación. Tanto en sus informes anuales como en las reuniones del Cocolaf, por ejemplo, se ha informado a los Estados miembros de que el plazo de notificación podía tener efectos en la posible calificación de negligencia por parte de un Estado miembro (véase el Informe 2002 de la Comisión sobre la lucha contra el fraude, apartado 10.5).

Cerca del 90 % de las irregularidades se notifican en el plazo de dos años desde su detección.

| 24. | Al realizar su auditoría, el grupo de trabajo «Recuperación» (véase el apartado V) también descubrió que Italia aún no había notificado la cancelación de una serie de deudas, a pesar de que la justicia había resuelto que no se había cometido ningún fraude.
  Se realizaron las correcciones pertinentes en la base ECR después del mes de julio de 2003. |
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24.

Al realizar su auditoría, el grupo de trabajo «Recuperación» (véase el apartado V) también descubrió que Italia aún no había notificado la cancelación de una serie de deudas, a pesar de que la justicia había resuelto que no se había cometido ningún fraude.

Se realizaron las correcciones pertinentes en la base ECR después del mes de julio de 2003.

| 25. | La OLAF informó a los Estados miembros en diversas reuniones de que algunos casos seguían pendientes desde el punto de vista financiero, esto es, que aún estaban por determinar los importes. Se pidió a los Estados miembros que pusieran al día estos casos en cuanto dispusieran de (más) información (véase también el apartado 28). |
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25.

La OLAF informó a los Estados miembros en diversas reuniones de que algunos casos seguían pendientes desde el punto de vista financiero, esto es, que aún estaban por determinar los importes. Se pidió a los Estados miembros que pusieran al día estos casos en cuanto dispusieran de (más) información (véase también el apartado 28).

| 26. | La Comisión introdujo un sistema electrónico de información en 2001. Simultáneamente, se establecieron dos campos específicos de «intereses» y «sanciones». Algunos Estados miembros empezaron a utilizar este sistema a partir de 2002. En los datos correspondientes a 2003, el 30 % de los casos facilitan información sobre sanciones e intereses. |
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26.

La Comisión introdujo un sistema electrónico de información en 2001. Simultáneamente, se establecieron dos campos específicos de «intereses» y «sanciones». Algunos Estados miembros empezaron a utilizar este sistema a partir de 2002. En los datos correspondientes a 2003, el 30 % de los casos facilitan información sobre sanciones e intereses.

| 27. | La Comisión es consciente del problema de coherencia en lo relativo a la definición y cobertura de la información comunicada y ya ha formulado observaciones al respecto (véase el apartado 11.2 del Informe 2002 de la Comisión sobre la lucha contra el fraude). Además, la OLAF también comunicó a los Estados miembros en varias reuniones que la no comunicación del código NC (descripción del producto) dificultaría el análisis por parte de la Comisión. |
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27.

La Comisión es consciente del problema de coherencia en lo relativo a la definición y cobertura de la información comunicada y ya ha formulado observaciones al respecto (véase el apartado 11.2 del Informe 2002 de la Comisión sobre la lucha contra el fraude). Además, la OLAF también comunicó a los Estados miembros en varias reuniones que la no comunicación del código NC (descripción del producto) dificultaría el análisis por parte de la Comisión.

| 28. | La Comisión ha hecho un esfuerzo considerable para mejorar la calidad de la información suministrada por los Estados miembros en su comunicación inicial, así como en todas las actualizaciones sobre el impacto financiero. En el marco del grupo de trabajo «Recuperación» se ha hecho un primer intento para verificar la exhaustividad y fiabilidad de las comunicaciones realizadas por los Estados miembros y de sus actualizaciones. |
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28.

La Comisión ha hecho un esfuerzo considerable para mejorar la calidad de la información suministrada por los Estados miembros en su comunicación inicial, así como en todas las actualizaciones sobre el impacto financiero. En el marco del grupo de trabajo «Recuperación» se ha hecho un primer intento para verificar la exhaustividad y fiabilidad de las comunicaciones realizadas por los Estados miembros y de sus actualizaciones.

| 29. | Se ha hecho un esfuerzo para subsanar el problema de las discrepancias entre los datos de los Estados miembros y la base ECR. Dichas divergencias pueden deberse a una falta de recursos humanos para controlar regularmente el flujo de datos constante facilitados por los Estados miembros. Desde entonces se ha aumentado el personal, el módulo se ha traducido a todas las lenguas de la Unión Europea y se ha redactado un manual. |
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29.

Se ha hecho un esfuerzo para subsanar el problema de las discrepancias entre los datos de los Estados miembros y la base ECR. Dichas divergencias pueden deberse a una falta de recursos humanos para controlar regularmente el flujo de datos constante facilitados por los Estados miembros. Desde entonces se ha aumentado el personal, el módulo se ha traducido a todas las lenguas de la Unión Europea y se ha redactado un manual.

| 30. | La Comisión pidió a los Estados miembros que verificaran las cifras recogidas en el proyecto de Informe 2002 de la Comisión sobre la lucha contra el fraude. Las respuestas de los Estados miembros se tuvieron en cuenta antes de publicar la versión definitiva del Informe 2002 de la Comisión sobre la lucha contra el fraude. Por consiguiente, las cifras que se ofrecen en dicho informe cuentan con el visto bueno de los Estados miembros.
  Los casos y las notificaciones se actualizaron en el transcurso de 2003, teniendo en cuenta:






  — | los controles de calidad de la OLAF, |
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30.

La Comisión pidió a los Estados miembros que verificaran las cifras recogidas en el proyecto de Informe 2002 de la Comisión sobre la lucha contra el fraude. Las respuestas de los Estados miembros se tuvieron en cuenta antes de publicar la versión definitiva del Informe 2002 de la Comisión sobre la lucha contra el fraude. Por consiguiente, las cifras que se ofrecen en dicho informe cuentan con el visto bueno de los Estados miembros.

Los casos y las notificaciones se actualizaron en el transcurso de 2003, teniendo en cuenta:

—

los controles de calidad de la OLAF,

| — | las conclusiones de los Estados miembros sobre los datos de la base ECR, |
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—

las conclusiones de los Estados miembros sobre los datos de la base ECR,

| — | las actualizaciones de casos antiguos por parte de los Estados miembros, |
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las actualizaciones de casos antiguos por parte de los Estados miembros,

| — | la Decisión 2003/481/CE de la Comisión, |
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la Decisión 2003/481/CE de la Comisión,

| — | las conclusiones de la auditoría realizada por el grupo de trabajo «Recuperación», |
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las conclusiones de la auditoría realizada por el grupo de trabajo «Recuperación»,

| — | las conclusiones de la auditoría realizada por el Tribunal de Cuentas. |
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las conclusiones de la auditoría realizada por el Tribunal de Cuentas.

Las cifras basadas en los datos disponibles en la base ECR a 2 de mayo de 2004 coinciden con las cifras que aparecen en el Informe 2002 de la Comisión sobre la lucha contra el fraude. Sin embargo, ya se indicó en dicho informe que las cifras debían tomarse con suma precaución (página 41) al no tenerse la seguridad de que el número total de notificaciones recibidas representara el total de los fraudes e irregularidades detectados por los Estados miembros (página 44).

Se han tenido en cuenta los efectos de las actualizaciones realizadas en 2003 y de la Decisión 2003/481/CE (75 millones de euros).

| 31. | La Comisión admite que la correspondencia entre las bases ECR y CMS (Case Management System, base de gestión de casos) es deficiente. En septiembre de 2003 se solicitó un cambio en la base ECR. Se añadirá un nuevo campo en el módulo para conectar el CMS a la ECR, de forma que se pueda acceder también a la información sobre la recuperación financiera proporcionada por el Estado miembro pertinente. |
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31.

La Comisión admite que la correspondencia entre las bases ECR y CMS (Case Management System, base de gestión de casos) es deficiente. En septiembre de 2003 se solicitó un cambio en la base ECR. Se añadirá un nuevo campo en el módulo para conectar el CMS a la ECR, de forma que se pueda acceder también a la información sobre la recuperación financiera proporcionada por el Estado miembro pertinente.

| 32.b) y c) | Muchos de los casos estaban ya cerrados. |
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32.b) y c)

Muchos de los casos estaban ya cerrados.

| 36. | La Comisión considera que el reparto de responsabilidades entre la OLAF y la Dirección General de Agricultura está claramente definido: de acuerdo con el anexo 2 de la Comunicación SEC(95) 249, la OLAF es competente en materia de recuperación de pagos irregulares notificados. La cancelación de importes irrecuperables es una decisión que incumbe a la Comisión en el marco del procedimiento de liquidación de cuentas del FEOGA, del cual se encarga la Dirección General de Agricultura asistida por la OLAF en sus diferentes etapas. |
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36.

La Comisión considera que el reparto de responsabilidades entre la OLAF y la Dirección General de Agricultura está claramente definido: de acuerdo con el anexo 2 de la Comunicación SEC(95) 249, la OLAF es competente en materia de recuperación de pagos irregulares notificados. La cancelación de importes irrecuperables es una decisión que incumbe a la Comisión en el marco del procedimiento de liquidación de cuentas del FEOGA, del cual se encarga la Dirección General de Agricultura asistida por la OLAF en sus diferentes etapas.

| 37. | A falta de una recuperación total, las consecuencias financieras de las irregularidades son soportadas por el Estado miembro en caso de irregularidades o negligencia imputables a las administraciones u otros organismos de los Estados miembros. En los demás casos los importes se imputan al presupuesto comunitario. La Comisión estableció ya en 1996 (8) que el procedimiento de recuperación debía ponerse en marcha cuanto antes una vez detectada la irregularidad, y concluir en el plazo de cuatro años desde la fecha de la primera comunicación del fraude o irregularidad. En el caso contrario, se puede exigir al Estado miembro que demuestre que no se ha producido ninguna negligencia.
  El período de cuatro años se amplía a ocho en caso de procedimientos judiciales, a condición de que la Comisión sea plenamente informada del procedimiento de recuperación. |
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37.

A falta de una recuperación total, las consecuencias financieras de las irregularidades son soportadas por el Estado miembro en caso de irregularidades o negligencia imputables a las administraciones u otros organismos de los Estados miembros. En los demás casos los importes se imputan al presupuesto comunitario. La Comisión estableció ya en 1996 (8) que el procedimiento de recuperación debía ponerse en marcha cuanto antes una vez detectada la irregularidad, y concluir en el plazo de cuatro años desde la fecha de la primera comunicación del fraude o irregularidad. En el caso contrario, se puede exigir al Estado miembro que demuestre que no se ha producido ninguna negligencia.

El período de cuatro años se amplía a ocho en caso de procedimientos judiciales, a condición de que la Comisión sea plenamente informada del procedimiento de recuperación.

| 39. | A este respecto, la Comisión ha observado una serie de problemas. En su Comunicación COM(2002) 671 final, de 3 de diciembre de 2002, la Comisión recomendó la adopción de medidas correctivas, concretamente:






  — | la creación de grupo de trabajo «Recuperación» para agilizar el tratamiento de los casos atrasados, |
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39.

A este respecto, la Comisión ha observado una serie de problemas. En su Comunicación COM(2002) 671 final, de 3 de diciembre de 2002, la Comisión recomendó la adopción de medidas correctivas, concretamente:

—

la creación de grupo de trabajo «Recuperación» para agilizar el tratamiento de los casos atrasados,

| — | la modificación del Reglamento (CE) no 1258/1999 y, por tanto, del Reglamento (CEE) no 595/91, para evitar la acumulación de atrasos en el futuro. |
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—

la modificación del Reglamento (CE) no 1258/1999 y, por tanto, del Reglamento (CEE) no 595/91, para evitar la acumulación de atrasos en el futuro.

Estas disposiciones sobre la anulación de los créditos comunitarios incobrables sentarán la base reglamentaria para realizar esta operación de manera prudente, mediante criterios claros y específicos y procedimientos transparentes basados en:

| — | comunicaciones globales anuales de los Estados miembros sobre la fase en que se encuentren los procedimientos de recuperación nacionales, |
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—

comunicaciones globales anuales de los Estados miembros sobre la fase en que se encuentren los procedimientos de recuperación nacionales,

| — | un análisis minucioso de los casos examinados por el grupo de trabajo «Recuperación», |
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—

un análisis minucioso de los casos examinados por el grupo de trabajo «Recuperación»,

| — | criterios aprobados para determinar si las cantidades no recuperadas deben cargarse al presupuesto comunitario o al Estado miembro. |
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criterios aprobados para determinar si las cantidades no recuperadas deben cargarse al presupuesto comunitario o al Estado miembro.

| 40. | En 2003, la Comisión actualizó el porcentaje de recuperación acumulado con los datos correspondientes a finales de 2002, situándolo en el 20,2 % del impacto financiero global de los casos detectados después de efectuarse el pago (efectivamente recuperado por los Estados miembros).
  En el contexto del procedimiento de liquidación de cuentas, se han imputado otros 144 millones de euros (4,8 %) a los Estados miembros y 153 millones (5,1 %) al presupuesto del FEOGA (véase el apartado 4). |
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40.

En 2003, la Comisión actualizó el porcentaje de recuperación acumulado con los datos correspondientes a finales de 2002, situándolo en el 20,2 % del impacto financiero global de los casos detectados después de efectuarse el pago (efectivamente recuperado por los Estados miembros).

En el contexto del procedimiento de liquidación de cuentas, se han imputado otros 144 millones de euros (4,8 %) a los Estados miembros y 153 millones (5,1 %) al presupuesto del FEOGA (véase el apartado 4).

| 41. | La Comisión coincide en que el porcentaje de recuperación es bajo, pero esta apreciación puede explicarse por el hecho de que en los asuntos de gestión compartida, los procedimientos de recuperación no son uniformes ni están armonizados en los Estados miembros. Es éste un efecto inesperado del principio de asimilación recogido en el artículo 280 del Tratado CE que no facilita la aplicación uniforme de la legislación comunitaria al disponer que la recuperación de los fondos comunitarios se rige por las normas nacionales.
  Sin embargo, la Comisión se ha comprometido a presentar propuestas para modificar los Reglamentos (CE) no 1258/1999 y (CEE) no 595/91 con el fin de subsanar las deficiencias de la situación actual (véase el apartado 39).






  a) | A falta de una recuperación total, las consecuencias financieras de las irregularidades son soportadas por el Estado miembro en caso de irregularidades o negligencia imputables a las administraciones u otros organismos de los Estados miembros. En los demás casos los importes se imputan al presupuesto comunitario.
  El caso a que se refiere el Tribunal fue notificado el 29 de mayo de 1991 y actualizado en 1997. La Comisión quiere señalar que este caso no figuraba entre los que fiscalizó el grupo de trabajo «Recuperación» por ser incorrecto el importe recogido en la base ECR. |
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41.

La Comisión coincide en que el porcentaje de recuperación es bajo, pero esta apreciación puede explicarse por el hecho de que en los asuntos de gestión compartida, los procedimientos de recuperación no son uniformes ni están armonizados en los Estados miembros. Es éste un efecto inesperado del principio de asimilación recogido en el artículo 280 del Tratado CE que no facilita la aplicación uniforme de la legislación comunitaria al disponer que la recuperación de los fondos comunitarios se rige por las normas nacionales.

Sin embargo, la Comisión se ha comprometido a presentar propuestas para modificar los Reglamentos (CE) no 1258/1999 y (CEE) no 595/91 con el fin de subsanar las deficiencias de la situación actual (véase el apartado 39).

a)

A falta de una recuperación total, las consecuencias financieras de las irregularidades son soportadas por el Estado miembro en caso de irregularidades o negligencia imputables a las administraciones u otros organismos de los Estados miembros. En los demás casos los importes se imputan al presupuesto comunitario.

El caso a que se refiere el Tribunal fue notificado el 29 de mayo de 1991 y actualizado en 1997. La Comisión quiere señalar que este caso no figuraba entre los que fiscalizó el grupo de trabajo «Recuperación» por ser incorrecto el importe recogido en la base ECR.

| b) | La modificación de los Reglamentos (CE) no 1258/1999 y (CEE) no 595/91 tiene por objeto, entre otras cosas, corregir los fallos señalados por el Tribunal mediante una mayor responsabilidad de los Estados miembros y el establecimiento de controles a posteriori en el marco del procedimiento de liquidación de cuentas. |
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b)

La modificación de los Reglamentos (CE) no 1258/1999 y (CEE) no 595/91 tiene por objeto, entre otras cosas, corregir los fallos señalados por el Tribunal mediante una mayor responsabilidad de los Estados miembros y el establecimiento de controles a posteriori en el marco del procedimiento de liquidación de cuentas.

| c) | De acuerdo con el apartado 2 del artículo 280 del Tratado CE, «los Estados miembros adoptarán para combatir el fraude que afecte a los intereses financieros de la Comunidad las mismas medidas que para combatir el fraude que afecte a sus propios intereses financieros». La jurisprudencia constante del Tribunal de Justicia Europeo establece al respecto que las normas aplicables en caso de infracciones al Derecho comunitario no pueden ser menos favorables que las aplicables en caso de infracciones al Derecho nacional. Sin embargo ello no implica que las deudas de la PAC tengan una condición preferente. |
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c)

De acuerdo con el apartado 2 del artículo 280 del Tratado CE, «los Estados miembros adoptarán para combatir el fraude que afecte a los intereses financieros de la Comunidad las mismas medidas que para combatir el fraude que afecte a sus propios intereses financieros». La jurisprudencia constante del Tribunal de Justicia Europeo establece al respecto que las normas aplicables en caso de infracciones al Derecho comunitario no pueden ser menos favorables que las aplicables en caso de infracciones al Derecho nacional. Sin embargo ello no implica que las deudas de la PAC tengan una condición preferente.

| d) | Por lo que se refiere a los resultados de la investigación conjunta UCLAF/Alemania realizada en 1992, el caso se abordará en el procedimiento de liquidación de cuentas. |
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d)

Por lo que se refiere a los resultados de la investigación conjunta UCLAF/Alemania realizada en 1992, el caso se abordará en el procedimiento de liquidación de cuentas.

| f) | De acuerdo con el Reglamento (CE) no 1258/1999, la Comisión está legalmente obligada a excluir de la financiación comunitaria cualquier gasto que no se haya ejecutado de conformidad con las normas comunitarias. La aceptación de transacciones o pagos parciales debe examinarse caso por caso a tenor de la legislación nacional y de los criterios fijados en el artículo 8 del Reglamento (CE) no 1258/1999. |
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f)

De acuerdo con el Reglamento (CE) no 1258/1999, la Comisión está legalmente obligada a excluir de la financiación comunitaria cualquier gasto que no se haya ejecutado de conformidad con las normas comunitarias. La aceptación de transacciones o pagos parciales debe examinarse caso por caso a tenor de la legislación nacional y de los criterios fijados en el artículo 8 del Reglamento (CE) no 1258/1999.

| 42. | La Comisión se ha comprometido a presentar sendas propuestas de modificación de los Reglamentos (CE) no 1258/1999 y (CEE) no 595/91 con objeto, entre otras cosas, de corregir los fallos señalados por el Tribunal mediante una mayor responsabilidad de los Estados miembros y el establecimiento de controles a posteriori en el marco del procedimiento de liquidación de cuentas. |
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42.

La Comisión se ha comprometido a presentar sendas propuestas de modificación de los Reglamentos (CE) no 1258/1999 y (CEE) no 595/91 con objeto, entre otras cosas, de corregir los fallos señalados por el Tribunal mediante una mayor responsabilidad de los Estados miembros y el establecimiento de controles a posteriori en el marco del procedimiento de liquidación de cuentas.

| 43. | En 2003, la Comisión actualizó las cifras de los importes cancelados con los datos correspondientes a finales de 2002. Las cifras actualizadas son las siguientes:






  — | imputado a los Estados miembros: 144 millones de euros, |
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43.

En 2003, la Comisión actualizó las cifras de los importes cancelados con los datos correspondientes a finales de 2002. Las cifras actualizadas son las siguientes:

—

imputado a los Estados miembros: 144 millones de euros,

| — | imputado al FEOGA: 153 millones de euros. |
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—

imputado al FEOGA: 153 millones de euros.

La Comisión comparte la preocupación del Tribunal por la gestión y recuperación de la deuda del FEOGA, si bien quiere resaltar los esfuerzos realizados con la reforma de la liquidación de cuentas en 1996 y los progresos ya comentados en los apartados 39 y 41 de esta respuesta.

Estos casos se abordarán en el procedimiento de liquidación de cuentas.

| 44. | La Comisión ha aplicado cuatro principios rectores y una serie de criterios de procedimiento presentados en julio de 2002 en diversos documentos. Por lo que se refiere a los principios rectores:






  — | si la cantidad total no puede recuperarse por razones objetivas y el Estado miembro ha hecho lo posible por recuperar el importe en el plazo oportuno sin incurrir en negligencia, los importes no recuperados se imputan al presupuesto comunitario, |
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44.

La Comisión ha aplicado cuatro principios rectores y una serie de criterios de procedimiento presentados en julio de 2002 en diversos documentos. Por lo que se refiere a los principios rectores:

—

si la cantidad total no puede recuperarse por razones objetivas y el Estado miembro ha hecho lo posible por recuperar el importe en el plazo oportuno sin incurrir en negligencia, los importes no recuperados se imputan al presupuesto comunitario,

| — | en los demás casos, cuando la irregularidad es imputable al Estado miembro o cuando los procedimientos de recuperación no se han llevado a cabo con la debida diligencia, las cantidades en cuestión se cargan a los Estados miembros responsables, |
| --- | --- |

—

en los demás casos, cuando la irregularidad es imputable al Estado miembro o cuando los procedimientos de recuperación no se han llevado a cabo con la debida diligencia, las cantidades en cuestión se cargan a los Estados miembros responsables,

| — | el procedimiento de recuperación debe iniciarse cuanto antes una vez detectada la irregularidad y concluir en el plazo de cuatro años desde la primera notificación del fraude o irregularidad en cuestión; de lo contrario, el Estado miembro deberá demostrar que no ha incurrido en negligencia, |
| --- | --- |

—

el procedimiento de recuperación debe iniciarse cuanto antes una vez detectada la irregularidad y concluir en el plazo de cuatro años desde la primera notificación del fraude o irregularidad en cuestión; de lo contrario, el Estado miembro deberá demostrar que no ha incurrido en negligencia,

| — | el tratamiento de los casos particulares ha de discutirse detenidamente con todos los Estados miembros afectados. |
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—

el tratamiento de los casos particulares ha de discutirse detenidamente con todos los Estados miembros afectados.

En cuanto a los criterios de procedimiento, las preguntas que han de plantearse son las siguientes:

| — | ¿Se ha iniciado el procedimiento de recuperación? ¿Puede concluir éste en un plazo razonable? |
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—

¿Se ha iniciado el procedimiento de recuperación? ¿Puede concluir éste en un plazo razonable?

| — | ¿Por qué no ha concluido el procedimiento de recuperación? ¿Por razones de fuerza mayor o por alguna otra razón imperiosa? |
| --- | --- |

—

¿Por qué no ha concluido el procedimiento de recuperación? ¿Por razones de fuerza mayor o por alguna otra razón imperiosa?

| — | ¿Por qué no se ha iniciado el procedimiento de recuperación? ¿Por negligencia del Estado miembro o por no haber tomado éste las disposiciones pertinentes? |
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—

¿Por qué no se ha iniciado el procedimiento de recuperación? ¿Por negligencia del Estado miembro o por no haber tomado éste las disposiciones pertinentes?

Desde que se instituyó el grupo de trabajo «Recuperación», los servicios de la Comisión han afinado los criterios y elaborado una lista de los mismos sobre la que se basan la fiscalización de todos los casos para determinar si las cantidades en cuestión se imputan al presupuesto comunitario o al Estado miembro. Dicha fiscalización se aplica a todos los casos pendientes hasta el 31 de diciembre de 1998.

| 48. | No existe relación alguna entre las correcciones financieras basadas en análisis de sistemas y los casos individuales de fraude cuyos importes están aún pendientes de recuperación. El apartado 2 del artículo 8 del Reglamento (CE) no 1258/1999 y el apartado 2 del artículo 5 del Reglamento (CEE) no 595/91 establecen claramente las normas de procedimiento aplicables a los casos específicos de fraude e irregularidades. |
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48.

No existe relación alguna entre las correcciones financieras basadas en análisis de sistemas y los casos individuales de fraude cuyos importes están aún pendientes de recuperación. El apartado 2 del artículo 8 del Reglamento (CE) no 1258/1999 y el apartado 2 del artículo 5 del Reglamento (CEE) no 595/91 establecen claramente las normas de procedimiento aplicables a los casos específicos de fraude e irregularidades.

| 49. | Como ya indicó el Tribunal en un informe anterior (9), en 1999 la Comisión emprendió un examen de todos los casos pendientes anteriores a 1995 para determinar si éstos debían ser costeados por la Comunidad o por los Estados miembros. El ejercicio se limitó a seis Estados miembros (10), debido a la mala calidad de los datos disponibles y a la escasez de recursos humanos. |
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49.

Como ya indicó el Tribunal en un informe anterior (9), en 1999 la Comisión emprendió un examen de todos los casos pendientes anteriores a 1995 para determinar si éstos debían ser costeados por la Comunidad o por los Estados miembros. El ejercicio se limitó a seis Estados miembros (10), debido a la mala calidad de los datos disponibles y a la escasez de recursos humanos.

| 50. | A raíz de la decisión de la Comisión citada por el Tribunal, todos los casos examinados fueron actualizados en la base ECR. En ésta figuran ahora el número de la decisión de la Comisión, la autoridad que debe asumir el coste y los importes correspondientes.
  El reparto de los costes de las cancelaciones entre el presupuesto comunitario y los presupuestos de los Estados miembros establecido en la Decisión de junio de 2003 no debe sentar precedente para decisiones futuras. Por lo que se refiere a Italia, que resultó ser el mayor deudor, y habida cuenta del importante número de casos de este país y de la escasa cooperación de sus autoridades, en 1999 se decidió concentrarse en los casos de los otros Estados miembros y postergar el examen de los casos italianos. |
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50.

A raíz de la decisión de la Comisión citada por el Tribunal, todos los casos examinados fueron actualizados en la base ECR. En ésta figuran ahora el número de la decisión de la Comisión, la autoridad que debe asumir el coste y los importes correspondientes.

El reparto de los costes de las cancelaciones entre el presupuesto comunitario y los presupuestos de los Estados miembros establecido en la Decisión de junio de 2003 no debe sentar precedente para decisiones futuras. Por lo que se refiere a Italia, que resultó ser el mayor deudor, y habida cuenta del importante número de casos de este país y de la escasa cooperación de sus autoridades, en 1999 se decidió concentrarse en los casos de los otros Estados miembros y postergar el examen de los casos italianos.

| 51. | En 2003, la Comisión creó el grupo de trabajo «Recuperación» para liquidar todos los casos de irregularidades pendientes anteriores a 1999. En el marco de las auditorías realizadas por el grupo de trabajo «Recuperación» en 2003, se examinaron los casos restantes anteriores a 1995 que superaban el umbral de 500 000 euros en relación con nueve Estados miembros (11). Se revisaron en total 443 casos, 343 de los cuales concernientes a Italia. El correspondiente procedimiento de liquidación de cuentas de la mayor parte de estos casos está en curso. |
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51.

En 2003, la Comisión creó el grupo de trabajo «Recuperación» para liquidar todos los casos de irregularidades pendientes anteriores a 1999. En el marco de las auditorías realizadas por el grupo de trabajo «Recuperación» en 2003, se examinaron los casos restantes anteriores a 1995 que superaban el umbral de 500 000 euros en relación con nueve Estados miembros (11). Se revisaron en total 443 casos, 343 de los cuales concernientes a Italia. El correspondiente procedimiento de liquidación de cuentas de la mayor parte de estos casos está en curso.

| 52.a) y b) | La Comisión ha tomado las medidas pertinentes para remediar esa situación. Desde julio de 2003 el número de la decisión de la Comisión y las cantidades correspondientes constan en el archivo digital y se incluye una referencia a la decisión de la Comisión en la copia en papel. Se ha solicitado la creación de un nuevo campo en la base de datos ECR para poder incluir el número de la decisión de la Comisión. Desde marzo de 2004, la base de datos ECR contiene un campo específico en el que figuran las decisiones de la Comisión.
  La decisión de liquidación de cuentas de 1993 fue propuesta en 1997 y las correcciones propuestas por el seguimiento inadecuado de las irregularidades eran responsabilidad de la UCLAF. El antiguo procedimiento de liquidación de cuentas no permitía documentar los casos adecuadamente. No obstante, dichos procedimientos ya se han resuelto. |
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52.a) y b)

La Comisión ha tomado las medidas pertinentes para remediar esa situación. Desde julio de 2003 el número de la decisión de la Comisión y las cantidades correspondientes constan en el archivo digital y se incluye una referencia a la decisión de la Comisión en la copia en papel. Se ha solicitado la creación de un nuevo campo en la base de datos ECR para poder incluir el número de la decisión de la Comisión. Desde marzo de 2004, la base de datos ECR contiene un campo específico en el que figuran las decisiones de la Comisión.

La decisión de liquidación de cuentas de 1993 fue propuesta en 1997 y las correcciones propuestas por el seguimiento inadecuado de las irregularidades eran responsabilidad de la UCLAF. El antiguo procedimiento de liquidación de cuentas no permitía documentar los casos adecuadamente. No obstante, dichos procedimientos ya se han resuelto.

| c) | La Comisión informa a los Estados miembros de las recomendaciones de la OLAF, que en esa fase son simples propuestas ya que la decisión final corresponde al Colegio de Comisarios. No se descarta que algunos Estados miembros, «anticipándose» a la decisión de la Comisión, den por buenas esas recomendaciones. |
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c)

La Comisión informa a los Estados miembros de las recomendaciones de la OLAF, que en esa fase son simples propuestas ya que la decisión final corresponde al Colegio de Comisarios. No se descarta que algunos Estados miembros, «anticipándose» a la decisión de la Comisión, den por buenas esas recomendaciones.

| 53. | La Comisión considera que el reparto de responsabilidades entre la OLAF y la Dirección General de Agricultura está claramente definido: de acuerdo con el anexo 2 de la Comunicación SEC(95) 249, la OLAF es competente en materia de recuperación de pagos irregulares notificados. La cancelación de importes irrecuperables es una decisión que incumbe a la Comisión en el marco del procedimiento de liquidación de cuentas del FEOGA, del cual se encarga la Dirección General de Agricultura asistida por la OLAF en sus diferentes etapas. |
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53.

La Comisión considera que el reparto de responsabilidades entre la OLAF y la Dirección General de Agricultura está claramente definido: de acuerdo con el anexo 2 de la Comunicación SEC(95) 249, la OLAF es competente en materia de recuperación de pagos irregulares notificados. La cancelación de importes irrecuperables es una decisión que incumbe a la Comisión en el marco del procedimiento de liquidación de cuentas del FEOGA, del cual se encarga la Dirección General de Agricultura asistida por la OLAF en sus diferentes etapas.

| 55. | Los servicios competentes de la Comisión (unidades de información de la OLAF) tuvieron que mejorar la calidad de los datos antes de poder utilizarlos en análisis e investigaciones. Los primeros análisis basados en los datos de la base ECR se presentaron en 2003 a los Estados miembros en el marco del grupo de trabajo «Irregularidades y asistencia mutua, productos agrícolas».
  Las medidas comentadas en los apartados 39 y 41 de la presente respuesta deberían facilitar y agilizar el proceso de recuperación. |
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55.

Los servicios competentes de la Comisión (unidades de información de la OLAF) tuvieron que mejorar la calidad de los datos antes de poder utilizarlos en análisis e investigaciones. Los primeros análisis basados en los datos de la base ECR se presentaron en 2003 a los Estados miembros en el marco del grupo de trabajo «Irregularidades y asistencia mutua, productos agrícolas».

Las medidas comentadas en los apartados 39 y 41 de la presente respuesta deberían facilitar y agilizar el proceso de recuperación.

| 57. | La Comisión hace suya la declaración del Tribunal sobre las deficiencias del sistema ECR y ha realizado una serie de análisis para estudiar el uso y la frecuencia de los códigos. La Comisión ha iniciado un debate con los Estados miembros sobre la simplificación del sistema de notificación. |
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57.

La Comisión hace suya la declaración del Tribunal sobre las deficiencias del sistema ECR y ha realizado una serie de análisis para estudiar el uso y la frecuencia de los códigos. La Comisión ha iniciado un debate con los Estados miembros sobre la simplificación del sistema de notificación.

| 58. | La Comisión pidió a los Estados miembros que actualizaran dichos casos en la reunión del grupo de trabajo «Artículo 280», de 12 de marzo de 2003, y en la del grupo de trabajo «Irregularidades y asistencia mutua, productos agrícolas», celebrada el 11 de marzo de 2003 (véase el apartado 25). |
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58.

La Comisión pidió a los Estados miembros que actualizaran dichos casos en la reunión del grupo de trabajo «Artículo 280», de 12 de marzo de 2003, y en la del grupo de trabajo «Irregularidades y asistencia mutua, productos agrícolas», celebrada el 11 de marzo de 2003 (véase el apartado 25).

| 59. | La Comisión utiliza los datos con fines operativos, de seguimiento de los procedimientos de recuperación y de información estratégica. No obstante, son los analistas de la OLAF quienes realizan las consultas, de forma que no puede establecerse una relación directa entre el módulo ECR y los (otros) usuarios.
  En la mayoría de los casos es el personal de la OLAF el que prepara los datos para los usuarios que los solicitan, sean éstos de algún servicio institucional comunitario o de un Estado miembro, como Austria y Alemania que los utilizan para preparar los controles previstos en el Reglamento (CEE) no 4045/89. |
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59.

La Comisión utiliza los datos con fines operativos, de seguimiento de los procedimientos de recuperación y de información estratégica. No obstante, son los analistas de la OLAF quienes realizan las consultas, de forma que no puede establecerse una relación directa entre el módulo ECR y los (otros) usuarios.

En la mayoría de los casos es el personal de la OLAF el que prepara los datos para los usuarios que los solicitan, sean éstos de algún servicio institucional comunitario o de un Estado miembro, como Austria y Alemania que los utilizan para preparar los controles previstos en el Reglamento (CEE) no 4045/89.

| 60. | Los servicios de la Comisión han presentado cifras y análisis de los módulos de la base ECR en varias reuniones con los Estados miembros. |
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60.

Los servicios de la Comisión han presentado cifras y análisis de los módulos de la base ECR en varias reuniones con los Estados miembros.

| 62. | Las autoridades competentes de los Estados miembros se ven confrontadas a cuestiones de interpretación jurídica delicadas a pesar del asesoramiento que ofrece la Comisión para lograr una interpretación uniforme del instrumento de la «lista negra». Entre las dificultades aducidas por los Estados miembros cabe señalar las siguientes:






  — | el concepto de «negligencia grave» es un concepto jurídico desconocido en el Derecho civil de algunos Estados miembros y en ciertos Estados miembros se acerca más al ámbito penal, |
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62.

Las autoridades competentes de los Estados miembros se ven confrontadas a cuestiones de interpretación jurídica delicadas a pesar del asesoramiento que ofrece la Comisión para lograr una interpretación uniforme del instrumento de la «lista negra». Entre las dificultades aducidas por los Estados miembros cabe señalar las siguientes:

—

el concepto de «negligencia grave» es un concepto jurídico desconocido en el Derecho civil de algunos Estados miembros y en ciertos Estados miembros se acerca más al ámbito penal,

| — | la ausencia de una cláusula explícita que regule la cuestión de la responsabilidad en el caso de un consorcio o de operadores asociados, |
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la ausencia de una cláusula explícita que regule la cuestión de la responsabilidad en el caso de un consorcio o de operadores asociados,

| — | el riesgo de tener que pagar indemnizaciones por elaborar una «lista negra» que finalmente sea invalidada, dadas las importantes consecuencias financieras que ello puede suponer para el Estado miembro interesado. |
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—

el riesgo de tener que pagar indemnizaciones por elaborar una «lista negra» que finalmente sea invalidada, dadas las importantes consecuencias financieras que ello puede suponer para el Estado miembro interesado.

| 66 y 67. | Los organismos certificadores recibieron instrucciones detalladas durante una reunión especial de expertos celebrada en 2002 dedicada a las comprobaciones que deben realizarse en relación con el «cuadro 105». El «cuadro 105» tiene por objeto:






  — | ofrecer una visión global de las deudas de los Estados miembros y permitir un control de las mismas, |
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66 y 67.

Los organismos certificadores recibieron instrucciones detalladas durante una reunión especial de expertos celebrada en 2002 dedicada a las comprobaciones que deben realizarse en relación con el «cuadro 105». El «cuadro 105» tiene por objeto:

—

ofrecer una visión global de las deudas de los Estados miembros y permitir un control de las mismas,

| — | suscitar una reflexión sobre el nivel de las deudas, |
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—

suscitar una reflexión sobre el nivel de las deudas,

| — | disponer de una conciliación provisional entre los datos del «cuadro 105» y los libros de deudores de los organismos pagadores, y entre el «cuadro 104» y la base ECR gestionada por la OLAF. |
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—

disponer de una conciliación provisional entre los datos del «cuadro 105» y los libros de deudores de los organismos pagadores, y entre el «cuadro 104» y la base ECR gestionada por la OLAF.

Los servicios de la Comisión están prestando una atención creciente a esta cuestión y analizan detenidamente los informes anuales presentados por los organismos de certificación.

| 67. | La Comisión informa a los Estados miembros de las recomendaciones de la OLAF, que en esa fase son simples propuestas ya que la decisión final corresponde al Colegio de Comisarios. No se descarta que algunos Estados miembros, «anticipándose» a la decisión de la Comisión, den por buenas esas recomendaciones. Durante el procedimiento de liquidación de cuentas, la Comisión dispone de importantes poderes: en primer lugar, es la encargada de fiscalizar y evaluar la gestión del gasto de la sección de Garantía del FEOGA por parte del Estado miembro, y en segundo lugar, es la institución que decide unilateralmente las cantidades excluidas de la financiación. |
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67.

La Comisión informa a los Estados miembros de las recomendaciones de la OLAF, que en esa fase son simples propuestas ya que la decisión final corresponde al Colegio de Comisarios. No se descarta que algunos Estados miembros, «anticipándose» a la decisión de la Comisión, den por buenas esas recomendaciones. Durante el procedimiento de liquidación de cuentas, la Comisión dispone de importantes poderes: en primer lugar, es la encargada de fiscalizar y evaluar la gestión del gasto de la sección de Garantía del FEOGA por parte del Estado miembro, y en segundo lugar, es la institución que decide unilateralmente las cantidades excluidas de la financiación.

| 68. | Existe una diferencia entre las cantidades que aparecen en el «cuadro 105» (deuda pendiente, comprobada y no sujeta a condiciones, deuda cuyo importe se ha determinado exactamente en efectivo, deuda inmediatamente exigible) para el ejercicio financiero del FEOGA y las cantidades recogidas en la base de datos ECR (importes de las irregularidades notificadas trimestralmente correspondientes a un determinado período y que, en esa fase, pueden ser meras estimaciones sujetas a posibles ajustes posteriores).
  La Comisión ha pedido a los Estados miembros que confronten los datos de la base ECR con los del «cuadro 105», teniendo en cuenta que ambas series de datos no pueden coincidir. Hasta ahora, se ha dado prioridad a la mejora de la calidad de los datos. Los datos incluidos en la base de datos ECR ofrecen ya un grado de fiabilidad que permitirá contrastarlos. |
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68.

Existe una diferencia entre las cantidades que aparecen en el «cuadro 105» (deuda pendiente, comprobada y no sujeta a condiciones, deuda cuyo importe se ha determinado exactamente en efectivo, deuda inmediatamente exigible) para el ejercicio financiero del FEOGA y las cantidades recogidas en la base de datos ECR (importes de las irregularidades notificadas trimestralmente correspondientes a un determinado período y que, en esa fase, pueden ser meras estimaciones sujetas a posibles ajustes posteriores).

La Comisión ha pedido a los Estados miembros que confronten los datos de la base ECR con los del «cuadro 105», teniendo en cuenta que ambas series de datos no pueden coincidir. Hasta ahora, se ha dado prioridad a la mejora de la calidad de los datos. Los datos incluidos en la base de datos ECR ofrecen ya un grado de fiabilidad que permitirá contrastarlos.

CONCLUSIONES

| 70. | La Comisión comparte la preocupación del Tribunal por la gestión y recuperación de la deuda del FEOGA. En el año 2000, por iniciativa de la Comisión y sobre la base de las mismas observaciones que expresa el Tribunal, se discutieron varias propuestas con los Estados miembros para resolver los casos «pendientes». En 2003, una vez constituido el grupo de trabajo «Recuperación» a raíz de la Comunicación de la Comisión de 3 de diciembre de 2002, se examinaron los casos notificados antes del 1 de enero de 1999 que representaban importes superiores a 500 000 euros. Los demás casos se estudiarán próximamente.
  Véase, asimismo, la respuesta a los apartados II y 4 en relación con las cifras actualizadas. |
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70.

La Comisión comparte la preocupación del Tribunal por la gestión y recuperación de la deuda del FEOGA. En el año 2000, por iniciativa de la Comisión y sobre la base de las mismas observaciones que expresa el Tribunal, se discutieron varias propuestas con los Estados miembros para resolver los casos «pendientes». En 2003, una vez constituido el grupo de trabajo «Recuperación» a raíz de la Comunicación de la Comisión de 3 de diciembre de 2002, se examinaron los casos notificados antes del 1 de enero de 1999 que representaban importes superiores a 500 000 euros. Los demás casos se estudiarán próximamente.

Véase, asimismo, la respuesta a los apartados II y 4 en relación con las cifras actualizadas.

| 71.a) | Los Estados miembros conocen perfectamente los requisitos de los servicios de la Comisión, aunque éstos no se reflejan en la comunicación y actualización de las irregularidades, debido a problemas de comunicación y colaboración de los Estados miembros. |
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71.a)

Los Estados miembros conocen perfectamente los requisitos de los servicios de la Comisión, aunque éstos no se reflejan en la comunicación y actualización de las irregularidades, debido a problemas de comunicación y colaboración de los Estados miembros.

| b) | Véase la respuesta a los apartados 25 a 27. Con el fin de incentivar la comunicación de datos más precisos y actualizados, la Comisión está redoblando sus esfuerzos en materia de recopilación y análisis de los datos remitidos por los Estados miembros. |
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b)

Véase la respuesta a los apartados 25 a 27. Con el fin de incentivar la comunicación de datos más precisos y actualizados, la Comisión está redoblando sus esfuerzos en materia de recopilación y análisis de los datos remitidos por los Estados miembros.

| c) | La Comisión comparte la preocupación del Tribunal por la gestión y recuperación de la deuda del FEOGA, aunque cree que la situación está mejorando paulatinamente. |
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c)

La Comisión comparte la preocupación del Tribunal por la gestión y recuperación de la deuda del FEOGA, aunque cree que la situación está mejorando paulatinamente.

| d) | La creación del grupo de trabajo «Recuperación» en 2003 debería permitir a la Comisión liquidar los atrasos acumulados. La Comisión se ha comprometido a presentar propuestas para modificar los Reglamentos (CE) no 1258/1999 y (CEE) no 595/91 y evitar que se repita esta situación en el futuro. |
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d)

La creación del grupo de trabajo «Recuperación» en 2003 debería permitir a la Comisión liquidar los atrasos acumulados. La Comisión se ha comprometido a presentar propuestas para modificar los Reglamentos (CE) no 1258/1999 y (CEE) no 595/91 y evitar que se repita esta situación en el futuro.

| e) | La Comisión ha aplicado cuatro principios rectores y una serie de criterios de procedimiento presentados en julio de 2002 que se detallan en la respuesta al apartado 44. Desde que se instituyó el grupo de trabajo «Recuperación», los servicios de la Comisión han afinado los criterios en los que se basa la fiscalización de todos los casos para determinar si las cantidades en cuestión se imputan al presupuesto comunitario o al Estado miembro. Dicha fiscalización se aplica a todos los casos pendientes hasta el 31 de diciembre de 1998. |
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e)

La Comisión ha aplicado cuatro principios rectores y una serie de criterios de procedimiento presentados en julio de 2002 que se detallan en la respuesta al apartado 44. Desde que se instituyó el grupo de trabajo «Recuperación», los servicios de la Comisión han afinado los criterios en los que se basa la fiscalización de todos los casos para determinar si las cantidades en cuestión se imputan al presupuesto comunitario o al Estado miembro. Dicha fiscalización se aplica a todos los casos pendientes hasta el 31 de diciembre de 1998.

| f) | La Comisión considera que el reparto de responsabilidades entre la OLAF y la Dirección General de Agricultura está claramente definido: de acuerdo con el anexo 2 de la Comunicación SEC(95) 249, la OLAF es competente en materia de recuperación de pagos irregulares notificados. La cancelación de importes irrecuperables es una decisión que incumbe a la Comisión en el marco del procedimiento de liquidación de cuentas del FEOGA, del cual se encarga la Dirección General de Agricultura asistida por la OLAF en sus diferentes etapas. |
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f)

La Comisión considera que el reparto de responsabilidades entre la OLAF y la Dirección General de Agricultura está claramente definido: de acuerdo con el anexo 2 de la Comunicación SEC(95) 249, la OLAF es competente en materia de recuperación de pagos irregulares notificados. La cancelación de importes irrecuperables es una decisión que incumbe a la Comisión en el marco del procedimiento de liquidación de cuentas del FEOGA, del cual se encarga la Dirección General de Agricultura asistida por la OLAF en sus diferentes etapas.

| 72. | Los organismos certificadores recibieron instrucciones detalladas sobre la auditoría de los libros de deudores. La Comisión redoblará sus esfuerzos para lograr una mejor comprensión del problema. |
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72.

Los organismos certificadores recibieron instrucciones detalladas sobre la auditoría de los libros de deudores. La Comisión redoblará sus esfuerzos para lograr una mejor comprensión del problema.

| 73. | La Comisión ha discutido abundantemente la cuestión de la aplicación de la «lista negra» en el marco del grupo de trabajo «Irregularidades y asistencia mutua, productos agrícolas» y se ha comprometido a presentar un segundo informe al Parlamento Europeo y al Consejo que ofrecerá una evaluación completa del Reglamento relativo a la «lista negra» y posibles soluciones. |
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73.

La Comisión ha discutido abundantemente la cuestión de la aplicación de la «lista negra» en el marco del grupo de trabajo «Irregularidades y asistencia mutua, productos agrícolas» y se ha comprometido a presentar un segundo informe al Parlamento Europeo y al Consejo que ofrecerá una evaluación completa del Reglamento relativo a la «lista negra» y posibles soluciones.

RECOMENDACIONES

| 74. | La Comisión toma nota de las recomendaciones del Tribunal y considera que algunas de ellas van dirigidas fundamentalmente a los Estados miembros. Por otra parte, la Comisión estima que, en la realización de su cometido, debe concentrarse ante todo en valorar la eficiencia y adecuación de las medidas adoptadas y ejecutadas. Algunos de los cambios que el Tribunal acogió con satisfacción ya se han concretado.






  — | Es preciso mejorar la calidad de los datos disponibles relativos a los pagos irregulares de la PAC. |
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74.

La Comisión toma nota de las recomendaciones del Tribunal y considera que algunas de ellas van dirigidas fundamentalmente a los Estados miembros. Por otra parte, la Comisión estima que, en la realización de su cometido, debe concentrarse ante todo en valorar la eficiencia y adecuación de las medidas adoptadas y ejecutadas. Algunos de los cambios que el Tribunal acogió con satisfacción ya se han concretado.

—

Es preciso mejorar la calidad de los datos disponibles relativos a los pagos irregulares de la PAC.

| — | La recuperación de los pagos irregulares debe agilizarse mediante la adopción de medidas eficaces por parte de los Estados miembros. La Comisión se ha comprometido a presentar propuestas al efecto (véanse los apartados 39 y 41). |
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—

La recuperación de los pagos irregulares debe agilizarse mediante la adopción de medidas eficaces por parte de los Estados miembros. La Comisión se ha comprometido a presentar propuestas al efecto (véanse los apartados 39 y 41).

| — | La Comisión se ha comprometido a fijar criterios para determinar si las consecuencias financieras de las irregularidades deben correr a cargo del presupuesto comunitario o del Estado miembro. |
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—

La Comisión se ha comprometido a fijar criterios para determinar si las consecuencias financieras de las irregularidades deben correr a cargo del presupuesto comunitario o del Estado miembro.

| — | La Comisión considera que el reparto de responsabilidades entre la OLAF y la Dirección General de Agricultura está claramente definido: de acuerdo con el anexo 2 de la Comunicación SEC(95) 249, la OLAF es competente en materia de recuperación de pagos irregulares notificados. La cancelación de importes irrecuperables es una decisión que incumbe a la Comisión en el marco del procedimiento de liquidación de cuentas del FEOGA, del cual se encarga la Dirección General de Agricultura asistida por la OLAF en sus diferentes etapas. |
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La Comisión considera que el reparto de responsabilidades entre la OLAF y la Dirección General de Agricultura está claramente definido: de acuerdo con el anexo 2 de la Comunicación SEC(95) 249, la OLAF es competente en materia de recuperación de pagos irregulares notificados. La cancelación de importes irrecuperables es una decisión que incumbe a la Comisión en el marco del procedimiento de liquidación de cuentas del FEOGA, del cual se encarga la Dirección General de Agricultura asistida por la OLAF en sus diferentes etapas.

| — | La Comisión tiene en cuenta la cuestión de la lucha contra el fraude en todas y cada una de sus disposiciones normativas relativas a la PAC, examinando el grado de seguridad contra el fraude (el llamado «blindaje contra el fraude») de los proyectos reglamentarios. |
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—

La Comisión tiene en cuenta la cuestión de la lucha contra el fraude en todas y cada una de sus disposiciones normativas relativas a la PAC, examinando el grado de seguridad contra el fraude (el llamado «blindaje contra el fraude») de los proyectos reglamentarios.

| 75. | — | La cuestión del acto que genera la obligación de notificación («primer acto de recriminación administrativa o judicial») está definida en el apartado 2 del artículo 1 del Reglamento (CE) no 745/96 y ha sido ampliamente discutida con los Estados miembros (véase la respuesta al apartado 17). |
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75.

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La cuestión del acto que genera la obligación de notificación («primer acto de recriminación administrativa o judicial») está definida en el apartado 2 del artículo 1 del Reglamento (CE) no 745/96 y ha sido ampliamente discutida con los Estados miembros (véase la respuesta al apartado 17).

| — | La Comisión está examinando actualmente la posibilidad de aumentar el umbral a 10 000 euros. |
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La Comisión está examinando actualmente la posibilidad de aumentar el umbral a 10 000 euros.

| — | La Comisión ya ha analizado algunos casos estudiando el uso y la frecuencia de los códigos. Se ha redactado un documento sobre los tipos de irregularidad y su calificación por los Estados miembros que servirá de base para discutir la simplificación del número de códigos «t» con los Estados miembros. Se seguirá al mismo procedimiento para otros códigos. |
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—

La Comisión ya ha analizado algunos casos estudiando el uso y la frecuencia de los códigos. Se ha redactado un documento sobre los tipos de irregularidad y su calificación por los Estados miembros que servirá de base para discutir la simplificación del número de códigos «t» con los Estados miembros. Se seguirá al mismo procedimiento para otros códigos.

| — | Se ha hecho un esfuerzo para subsanar el problema de las divergencias entre los datos de los Estados miembros y la base ECR. |
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—

Se ha hecho un esfuerzo para subsanar el problema de las divergencias entre los datos de los Estados miembros y la base ECR.

| — | La Comisión ha invitado a los Estados miembros a confrontar los datos de la base ECR/595 de la OLAF con los de los libros de deudores. |
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—

La Comisión ha invitado a los Estados miembros a confrontar los datos de la base ECR/595 de la OLAF con los de los libros de deudores.

| 76. | — | La Comisión se ha comprometido a presentar una propuesta de modificación del Reglamento (CE) no 1258/1999 con vistas a mejorar el procedimiento de recuperación. |
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76.

—

La Comisión se ha comprometido a presentar una propuesta de modificación del Reglamento (CE) no 1258/1999 con vistas a mejorar el procedimiento de recuperación.

| — | La compensación de pagos irregulares con otros pagos del FEOGA es legal y corriente en muchos Estados miembros. La Comisión intentará promover esta práctica en todos los organismos pagadores. |
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—

La compensación de pagos irregulares con otros pagos del FEOGA es legal y corriente en muchos Estados miembros. La Comisión intentará promover esta práctica en todos los organismos pagadores.

| — | La Comisión desea recordar aquí el principio de asimilación recogido en el artículo 280 del Tratado CE. A este respecto, quiere señalar que existe una jurisprudencia constante del Tribunal de Justicia según la cual las normas aplicables en caso de infracciones al Derecho comunitario no pueden ser menos favorables que las aplicables en caso de infracciones al Derecho nacional. Sin embargo, ello no implica que las deudas de la PAC tengan carácter preferente. |
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La Comisión desea recordar aquí el principio de asimilación recogido en el artículo 280 del Tratado CE. A este respecto, quiere señalar que existe una jurisprudencia constante del Tribunal de Justicia según la cual las normas aplicables en caso de infracciones al Derecho comunitario no pueden ser menos favorables que las aplicables en caso de infracciones al Derecho nacional. Sin embargo, ello no implica que las deudas de la PAC tengan carácter preferente.

| 77. | La Comisión ha venido aplicando cuatro principios rectores y una serie de criterios de procedimiento, presentados en diversos documentos en julio de 2002, que se comentan en la respuesta al apartado 44. La Comisión tiene previsto tomar medidas en este ámbito. |
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77.

La Comisión ha venido aplicando cuatro principios rectores y una serie de criterios de procedimiento, presentados en diversos documentos en julio de 2002, que se comentan en la respuesta al apartado 44. La Comisión tiene previsto tomar medidas en este ámbito.

| 78. | La Comisión considera que el reparto de responsabilidades entre la OLAF y la Dirección General de Agricultura está claramente definido: de acuerdo con el anexo 2 de la Comunicación SEC(95) 249, la OLAF es competente en materia de recuperación de pagos irregulares notificados. La cancelación de importes irrecuperables es una decisión que incumbe a la Comisión en el marco del procedimiento de liquidación de cuentas del FEOGA, del cual se encarga la Dirección General de Agricultura asistida por la OLAF en sus diferentes etapas. |
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78.

La Comisión considera que el reparto de responsabilidades entre la OLAF y la Dirección General de Agricultura está claramente definido: de acuerdo con el anexo 2 de la Comunicación SEC(95) 249, la OLAF es competente en materia de recuperación de pagos irregulares notificados. La cancelación de importes irrecuperables es una decisión que incumbe a la Comisión en el marco del procedimiento de liquidación de cuentas del FEOGA, del cual se encarga la Dirección General de Agricultura asistida por la OLAF en sus diferentes etapas.

| 79. | La Comisión ya ha puesto en marcha este proceso. El Informe 2002 de la Comisión sobre la lucha contra el fraude puede considerarse como el primero en el que se extrajeron conclusiones concretas de las lecciones aprendidas. |
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79.

La Comisión ya ha puesto en marcha este proceso. El Informe 2002 de la Comisión sobre la lucha contra el fraude puede considerarse como el primero en el que se extrajeron conclusiones concretas de las lecciones aprendidas.

| 80. | La Comisión ha discutido abundantemente la cuestión de la aplicación de la «lista negra» en el marco del grupo de trabajo «Irregularidades y asistencia mutua, productos agrícolas» y se ha comprometido a presentar un segundo informe al Parlamento Europeo y al Consejo que ofrecerá una evaluación completa del Reglamento relativo a la «lista negra» así como posibles soluciones (véase también la respuesta al apartado IX). |
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80.

La Comisión ha discutido abundantemente la cuestión de la aplicación de la «lista negra» en el marco del grupo de trabajo «Irregularidades y asistencia mutua, productos agrícolas» y se ha comprometido a presentar un segundo informe al Parlamento Europeo y al Consejo que ofrecerá una evaluación completa del Reglamento relativo a la «lista negra» así como posibles soluciones (véase también la respuesta al apartado IX).

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(1)  Véanse, en particular, el apartado 1 del artículo 3 del Reglamento (CEE) no 595/91 del Consejo (DO L 67 de 7.3.1997) y los Reglamentos (CE) no 1681/94 DO L 191 de 27.7.1994 y no 1831/94 de la Comisión (DO L 191 de 27.7.1994), en lo relativo a los gastos, y el apartado 5 del artículo 6 del Reglamento (CE, Euratom) no 1150/2000 del Consejo (DO L 130 de 31.5.2000), por lo que respecta a los recursos propios tradicionales.

(2)  Salvo en el Reglamento (CE, Euratom) no 1150/2000 (DO L 130 de 31.5.2000,p. 1), por el que se aplica la Decisión 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema de recursos propios de las Comunidades, en el que esta información es opcional.

(3)  Véanse el artículo 8 del Reglamento (CE, Euratom) no 2988/95 del Consejo (DO L 312 de 23.12.1995) y el artículo 8 del Reglamento (CE) no 1258/1999 del Consejo (DO L 160 de 26.6.1999).

(4)  Tal como ha quedado plasmado en la jurisprudencia del Tribunal; véanse la sentencia de 13 de julio de 1990 en el asunto C-2/88, Zwartveld y maíz yugoslavo, Rec. 1990, p. I-3365, y la sentencia en el asunto C-68/88, Comisión/Grecia, Rec. 1989, p. 2965.

(5)  COM(2000) 358 final, de 28 de junio de2000, y plan de acción 2001-2003 [COM(2001) 254 final, de 15 de mayo de 2001].

(6)  Incluidos los aspectos contables y de recuperación.

(7)  «Se entenderá por “primer acto de recriminación administrativa o judicial” la primera evaluación por escrito, incluso interna, de una autoridad administrativa o judicial competente que confirme, sobre la base de hechos concretos, la existencia de una irregularidad cometida deliberadamente o por negligencia grave, sin perjuicio de que tal conclusión pueda ser revisada o retirada posteriormente en función del desarrollo del procedimiento administrativo o judicial.». Esta misma definición se ha recogido en diversos documentos de trabajo, entre éstos el documento titulado «Obligación de comunicar las irregularidades: aspectos prácticos», examinado con los Estados miembros en la XIXa reunión del Cocolaf, celebrada el 11 de abril de 2002.

(8)  Documento VI/5330/97.

(9)  Informe Especial no 22/2000 sobre la evaluación del procedimiento reformado de liquidación de cuentas (DO C 69 de 2.3.2001).

(10)  Bélgica, Grecia, España, Irlanda, Países Bajos, Portugal.

(11)  Bélgica, Alemania, Grecia, Francia, Italia, Países Bajos, España, Portugal, Reino Unido.

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