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I Comunicaciones

Tribunal de Justicia

TRIBUNAL DE JUSTICIA

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TRIBUNAL DE JUSTICIA

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

(Sala Segunda)

de 10 de junio de 2004

en el asunto C-454/01: Comisión de las Comunidades Europeas contra República Federal de Alemania (1)

(«Directiva 96/59/CE - Gestión de los residuos - Eliminación de los policlorobifenilos y de los policloroterfenilos»)

(2004/C 190/01)

Lengua de procedimiento: alemán

En el asunto C-454/01, Comisión de las Comunidades Europeas (agente: Sr. G. zur Hausen), contra República Federal de Alemania (agentes: Sres. W.-D. Plessing y R. Stüwe), que tiene por objeto que se declare que la República Federal de Alemania ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado CE, al no haber elaborado o comunicado a la Comisión, dentro de los plazos señalados, el plan previsto en el artículo 11, apartado 1, primer guión, de la Directiva 96/59/CE del Consejo, de 16 de septiembre de 1996, relativa a la eliminación de los policlorobifenilos y de los policloroterfenilos (PCB/PCT) (DO L 243, p. 31), el Tribunal de Justicia (Sala Segunda), integrado por el Sr. C.W.A. Timmermans (Ponente), Presidente de Sala, y los Sres. C. Gulmann y R. Schintgen y las Sras. F. Macken y N. Colneric, Jueces; Abogado General: Sra. C. Stix-Hackl; Secretaria: Sra. M.-F. Contet, administradora principal, ha dictado el 10 de junio de 2004 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:

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(1)DO C 17 de 19.1.2002.

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SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

(Sala Primera)

de 10 de junio de 2004

en el asunto C-87/02: Comisión de las Comunidades Europeas contra República Italiana (1)

(Incumplimiento de Estado - Medio ambiente - Directiva 85/337/CEE - Evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos o privados - Proyecto «Lotto zero»)

(2004/C 190/02)

Lengua de procedimiento: italiano

En el asunto C-87/02, Comisión de las Comunidades Europeas (agentes: Sres. M. van Beek y R. Amorosi) contra República Italiana (agente: Sr. M. Massella Ducci Teri), que tiene por objeto que se declare que la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 4, apartado 2, de la Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (DO L 175, p. 40; EE 15/06, p. 9), al no haber comprobado la región de los Abruzos si el proyecto de construcción de una vía periférica no urbana en Teramo (proyecto conocido con el nombre de «Lotto zero – Variante, tra Teramo e Giulianova, alla strada statale SS 80»), perteneciente a los enumerados en el anexo II de la citada Directiva, requería una evaluación del impacto ambiental, de conformidad con los artículos 5 a 10 de dicha Directiva, el Tribunal de Justicia (Sala Primera), integrado por el Sr. P. Jann, Presidente de Sala, y los Sres. A. Rosas (Ponente) y A. La Pergola, la Sra. R. Silva de Lapuerta y el Sr. K. Lenaerts, Jueces; Abogado General: Sr. D. Ruiz-Jarabo Colomer; Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado el 10 de junio de 2004 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:

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(1)DO C 109 de 4.5.2002.

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SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

(Sala Segunda)

de 10 de junio de 2004

en el asunto C-168/02 (petición de decisión prejudicial planteada por el Oberster Gerichtshof): Rudolf Kronhofer contra Marianne Maier, Christian Möller, Wirich Hofius, Zeki Karan (1)

(«Convenio de Bruselas - Artículo 5, número 3 - Competencia en materia delictual o cuasidelictual - Lugar donde se hubiere producido el hecho dañoso - Perjuicio patrimonial sufrido como consecuencia de inversiones de capital realizadas en otro Estado contratante»)

(2004/C 190/03)

Lengua de procedimiento: alemán

En el asunto C-168/02, que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al Protocolo de 3 de junio de 1971 relativo a la interpretación por el Tribunal de Justicia del Convenio de 27 de septiembre de 1968 sobre la competencia judicial y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, por el Oberster Gerichtshof (Austria), destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre Rudolf Kronhofer y Marianne Maier, Christian Möller, Wirich Hofius, Zeki Karan, una decisión prejudicial sobre la interpretación del artículo 5, número 3, del Convenio de 27 de septiembre de 1968, antes citado (DO 1972, L 299, p. 32; texto consolidado en español en DO 1998, C 27, p. 1), en su versión modificada por el Convenio de 9 de octubre de 1978 relativo a la adhesión del Reino de Dinamarca, de Irlanda y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (DO L 304, p. 1, y —texto modificado— p. 77; texto en español en DO 1989, L 285, p. 41), por el Convenio de 25 de octubre de 1982 relativo a la adhesión de la República Helénica (DO L 388, p. 1; texto en español en DO 1989, L 285, p. 54), por el Convenio de 26 de mayo de 1989 relativo a la adhesión del Reino de España y de la República Portuguesa (DO L 285, p. 1) y por el Convenio de 29 de noviembre de 1996 relativo a la adhesión de la República de Austria, de la República de Finlandia y del Reino de Suecia (DO 1997, C 15, p.1), el Tribunal de Justicia (Sala Segunda), integrado por el Sr. C.W.A. Timmermans, Presidente de Sala, y los Sres. J.-P. Puissochet, J.N. Cunha Rodrigues (Ponente) y R. Schintgen y la Sra. N. Colneric, Jueces; Abogado General: Sr. P. Léger; Secretario: Sr. H. von Holstein, Secretario adjunto, ha dictado el 10 de junio de 2004 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:

El artículo 5, número 3, del Convenio de 27 de septiembre de 1968 relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, en su versión modificada por el Convenio de 9 de octubre de 1978 relativo a la adhesión del Reino de Dinamarca, de Irlanda y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por el Convenio de 25 de octubre de 1982 relativo a la adhesión de la República Helénica, por el Convenio de 26 de mayo de 1989 relativo a la adhesión del Reino de España y de la República Portuguesa y por el Convenio de 29 de noviembre de 1996 relativo a la adhesión de la República de Austria, de la República de Finlandia y del Reino de Suecia, debe ser interpretado en el sentido de que la expresión «lugar donde se hubiere producido el hecho dañoso» no comprende el lugar del domicilio del demandante en el que se localice el «centro de su patrimonio», sólo por el hecho de que el demandante haya sufrido en ese lugar un perjuicio económico como consecuencia de la pérdida de una parte de su patrimonio acaecida y sufrida en otro Estado contratante.

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(1)DO C 169 de 13.7.2002.

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SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

(Gran Sala)

de 8 de junio de 2004

en el asunto C-220/02 (petición de decisión prejudicial planteada por el Oberster Gerichtshof): Österreichischer Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft der Privatangestellten contra Wirtschaftskammer Österreich (1)

(«Principio de igualdad de retribución entre trabajadores masculinos y femeninos - Concepto de retribución - Cómputo, para el cálculo de la indemnización por despido, de los períodos cumplidos en el marco del servicio militar - Posibilidad de comparar los trabajadores que prestan el servicio militar con los trabajadores femeninos que, una vez finalizada su baja por maternidad, se acogen a una excedencia por cuidado de hijos sin que se compute el período de dicha excedencia a efectos del cálculo de la indemnización por despido»)

(2004/C 190/04)

Lengua de procedimiento: alemán

En el asunto C-220/02, que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 234 CE, por el Oberster Gerichtshof (Austria), destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre Österreichischer Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft der Privatangestellten, y Wirtschaftskammer Österreich, una decisión prejudicial sobre la interpretación del artículo 141 CE y el artículo 1 de la Directiva 75/117/CEE del Consejo, de 10 de febrero de 1975, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a la aplicación del principio de igualdad de retribución entre los trabajadores masculinos y femeninos (DO L 45, p. 19; EE 05/02, p. 52), el Tribunal de Justicia (Gran Sala), integrado por el Sr. V. Skouris, Presidente, los Sres. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas, J.-P. Puissochet (Ponente) y J.N. Cunha Rodrigues, Presidentes de Sala, y el Sr. R. Schintgen, las Sras. F. Macken y N. Colneric, el Sr. S. von Bahr y la Sra. R. Silva de Lapuerta, Jueces; Abogado General: Sra. J. Kokott; Secretario: Sr. H. von Holstein, Secretario adjunto, ha dictado el 8 de junio de 2004 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:

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(1)DO C 202 de 24.8.2002.

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SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

(Sala Tercera)

de 10 de junio de 2004

en el asunto C-333/03: Comisión de las Comunidades Europeas contra Gran Ducado de Luxemburgo (1)

(Incumplimiento de Estado - No adaptación del ordenamiento jurídico interno a la Directiva 98/50/CE - Transmisión de empresas - Mantenimiento de los derechos de los trabajadores)

(2004/C 190/05)

Lengua de procedimiento: francés

En el asunto C-333/03, Comisión de las Comunidades Europeas (agente: Sra. M.-J. Jonczy) contra Gran Ducado de Luxemburgo (agente: Sr. S. Schreiner), que tiene por objeto que se declare que el Gran Ducado de Luxemburgo ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 98/50/CE del Consejo, de 29 de junio de 1998, por la que se modifica la Directiva 77/187/CEE sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspaso de empresas, de centros de actividad o de partes de centros de actividad (DO L 201, p. 88), al no haber adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para atenerse a la citada Directiva o, en todo caso, al no haber comunicado tales disposiciones a la Comisión, el Tribunal de Justicia (Sala Tercera), integrado por el Sr. A. Rosas, en funciones de Presidente de la Sala Tercera, el Sr. R. Schintgen y la Sra. N. Colneric (Ponente), Jueces; Abogado General: Sr. L.A. Geelhoed; Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado el 10 de junio de 2004 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:

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(1)DO C 213 de 6.9.2003.

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Recurso interpuesto el 23 de marzo de 2004 contra el Reino de Dinamarca por la Comisión de las Comunidades Europeas

(Asunto C-150/04)

(2004/C 190/06)

En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 23 de marzo de 2004 un recurso contra el Reino de Dinamarca formulado por la Comisión de las Comunidades Europeas, representada por el Sr. R. Lyal y la Sra. S. Tams, en calidad de agentes, que designa domicilio en Luxemburgo.

La demandante solicita al Tribunal de Justicia que:

Motivos y principales alegaciones

La normativa danesa referente, entre otras cosas, al derecho de desgravación por aportaciones a planes de seguros de vida y planes de pensiones de jubilación es contraria a las disposiciones del Tratado CE relativas a la libre prestación de servicios, a la libre circulación de los trabajadores, a la libertad de establecimiento y a la libre circulación de capitales, y no puede justificarse por razones imperiosas de interés general, con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.

Libre prestación de servicios (artículo 49 CE)

La denegación de un derecho a la desgravación o la exención fiscal por aportaciones a planes de pensiones de jubilación extranjeros disuade a los asegurados residentes en Dinamarca de suscribir planes de pensiones con instituciones establecidas en un Estado miembro distinto de Dinamarca. Esto impide de hecho que las instituciones de pensiones extranjeras ofrezcan sus servicios en el mercado danés. El requisito de establecimiento en Dinamarca constituye por consiguiente una restricción a la libre prestación de servicios desde los demás Estados miembros.

Libre circulación de los trabajadores y libertad de establecimiento (artículos 39 CE y 43 CE)

La legislación danesa que no reconoce el derecho a desgravación por aportaciones a planes de pensiones de jubilación extranjeros, afecta principalmente a trabajadores migrantes y trabajadores por cuenta propia de otros Estados miembros. Los trabajadores por cuenta propia o ajena que trasladan su residencia a Dinamarca y que hubieran suscrito ya planes de pensiones en otro Estado miembro, deberán contratar nuevos planes con instituciones de pensiones establecidas en Dinamarca para lograr las mismas ventajas fiscales que los trabajadores que los han suscrito en Dinamarca.

Libre circulación de capitales (artículo 56 CE)

La condición de que las instituciones de pensiones estén establecidas en Dinamarca para que los asegurados puedan beneficiarse de las ventajas fiscales les disuade a éstos de suscribir planes de pensiones de jubilación con entidades establecidas en otros Estados miembros. En consecuencia, la normativa danesa tiene por efecto restringir la libre circulación de capitales, en forma de aportaciones realizadas a planes de pensiones y de percepción de las prestaciones abonadas en virtud de dichos planes.

Razones imperiosas de interés general

La necesidad de garantizar la eficacia de la inspección tributaria, invocada por el Gobierno danés, no puede justificar que las disposiciones danesas en materia de desgravación fiscal restrinjan las libertades antes mencionadas. Dicha legislación es contraria al principio de proporcionalidad, dado que la eficacia de la inspección tributaria y la prevención del fraude fiscal pueden conseguirse adoptando medidas menos restrictivas que las normas danesas, como, por ejemplo, la obligación de los contribuyentes de aportar documentos justificativos para tener derecho a la deducción fiscal o la de cooperar con las autoridades fiscales de otros Estados miembros, de conformidad con la Directiva 77/799/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1977, relativa a la asistencia mutua entre las autoridades competentes de los Estados miembros en el ámbito de los impuestos directos (1).

Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la coherencia del régimen tributario supone que un Estado miembro, en la medida en que reconoce el derecho a desgravar las aportaciones a planes de pensiones abonadas en otro Estado miembro, debe poder gravar las cantidades pagadas con cargo a dichos planes.

Sin embargo, es preciso que exista una coherencia a nivel de un mismo contribuyente y un vínculo estrecho entre el derecho a desgravar las aportaciones a planes de pensiones y la obligación de tributar por las prestaciones recibidas.

La Comisión opina que la simetría entre el tratamiento fiscal de las cantidades abonadas a planes nacionales y extranjeros y el de las pensiones pagadas por éstos resulta insuficiente, por cuanto los planes nacionales generan el derecho a una desgravación o exención fiscal por las cotizaciones y el gravamen de las prestaciones de pensiones, mientras que para los planos extranjeros no se reconoce el derecho a desgravar las aportaciones, si bien tampoco existe la obligación de tributar por las pensiones percibidas.

La ventaja fiscal concedida a los planes de pensiones de jubilación suscritos con instituciones de pensiones nacionales consiste principalmente en un aplazamiento del devengo del impuesto correspondiente a las cantidades aportadas a estos planes. Dicho aplazamiento tiene por efecto que los planes de pensiones nacionales resulten particularmente atractivos, a pesar de que en una fase ulterior las prestaciones de jubilación estén gravadas. El hecho de que los planes extranjeros tengan una «simetría» tributaria, no compensa en absoluto la inexistencia de aquella ventaja fiscal.

Dinamarca tiene que reconocer que los planes de pensiones de jubilación suscritos con instituciones de pensiones establecidas en otros Estados miembros deben poder beneficiarse de las mismas ventajas fiscales que los planes nacionales. Únicamente en los supuestos en que Dinamarca no tiene derecho a gravar las prestaciones procede considerar la coherencia del régimen tributario. Sin embargo, Dinamarca puede gravar todas las pensiones abonadas a asegurados residentes en este país, con independencia de que el plan de pensiones se haya suscrito o no en Dinamarca. Sólo pierde este derecho si el asegurado traslada su residencia al extranjero.

Asimismo, la Comisión considera que la necesaria coherencia del sistema fiscal danés no ha quedado demostrada en la medida en que Dinamarca ha celebrado varios convenios destinados a evitar la doble imposición, lo que significa que la coherencia del régimen tributario a nivel de un mismo contribuyente no se logra estableciendo un vínculo estrecho entre el derecho a desgravar las aportaciones abonadas y la obligación de tributar por las prestaciones recibidas.

Los convenios destinados a evitar la doble imposición, redactados según el modelo de la OCDE, garantizan que las cantidades percibidas con cargo a planes de pensiones no sean gravadas a la vez en el país donde resida el asegurado y en el país donde la institución de pensiones tenga su establecimiento. Dichos convenios establecen que las prestaciones correspondientes a un plan de pensiones sólo pueden estar sujetas a impuesto en el país de residencia del beneficiario. Estos acuerdos implican que Dinamarca ha renunciado a su derecho a gravar los importes abonados por las instituciones de pensiones establecidas en su país, y ello con independencia de que las aportaciones a los planes de pensiones de jubilación hayan dado lugar o no a una desgravación fiscal. Por otra parte, Dinamarca puede someter a gravamen cualquier pensión pagada a asegurados residentes en este país, a pesar de que las cotizaciones se hayan abonado en uno de los Estados parte del convenio correspondiente.

Otros convenios destinados a evitar la doble imposición prevén que los asegurados pueden deducir las aportaciones a planes de pensiones extranjeros. Por consiguiente, quienes trasladan su residencia a Dinamarca, procedentes de uno de los países contratantes, pueden seguir cotizando a los planes de pensiones en su país de origen y deducir las aportaciones de su renta imponible en Dinamarca. Las disposiciones de estos convenios relativas al derecho de desgravación demuestran la incoherencia de la normativa danesa que no contempla el derecho de desgravación por las aportaciones realizadas a planes de pensiones extranjeros.

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(1)  DO L 336, p. 15; EE 09/01, p. 94.

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Petición de decisión prejudicial planteada mediante resolución del Bundesfinanzhof, de fecha 18 de marzo de 2004, en el asunto entre Finanzamt Heidelberg e iSt internationale Sprach- und Studienreisen GmbH

(Asunto C-200/04)

(2004/C 190/07)

Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante resolución del Bundedfinanzhof, dictada el 18 de marzo de 2004, en el asunto entre Finanzamt Heidelberg e iSt internationale Sprach- und Studienreisen GmbH, y recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 5 de mayo de 2004.

El Bundesfinanzhof solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre la siguiente cuestión:

El régimen especial de las agencias de viajes del artículo 26 de la Directiva 77/388/CEE (1), ¿se aplica también a las operaciones de un organizador de los denominados «High-School-Programme» (programas de enseñanza secundaria) y «College-Programme» (programas de estudios universitarios), que incluyen una estancia en el extranjero de entre tres y diez meses, ofrecidos a los participantes en su propio nombre y para cuya realización se utilizan entregas de bienes y prestaciones de servicios de otros sujetos pasivos?

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(1)  DO L 145, p. 1.

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Petición de decisión prejudicial planteada mediante resolución del Landgericht Frankfurt am Main, de fecha 28 de abril de 2004, en el asunto entre Gebrüder Stolle GmbH & Co. KG y Heidegold Geflügelspezialitäten GmbH

(Asunto C-203/04)

(2004/C 190/08)

Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante resolución del Landgericht Frankfurt am Main, dictada el 28 de abril de 2004, en el asunto entre Gebrüder Stolle GmbH & Co. KG y Heidegold Geflügelspezialitäten GmbH, y recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 7 de mayo de 2004.

El Landgericht Frankfurt am Main solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre la siguiente cuestión prejudicial:

¿Debe interpretarse el artículo 10, apartado 1, del Reglamento (CEE) no 1538/91 de la Comisión, de 5 de junio de 1991 (normas de comercialización aplicables a las aves de corral) (1) en el sentido de que en un etiquetado de conformidad con el artículo 1, apartado 3, letra a), de la Directiva 79/112/CEE, la denominación «cría controlada» (kontrollierte Aufzucht) constituye una indicación del sistema de cría (Haltungsform) a efectos del artículo 10, apartado 1, del Reglamento (CEE) no 1538/91?

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(1)  DO L 143, p. 11.

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Petición de decisión prejudicial planteada mediante resolución de la Corte Suprema di Cassazione, Sala Quinta de lo Civil, de fecha 18 de febrero de 2004, en el asunto Ministero dell'Economia e delle Finanze y Agenzia delle Entrate contra FCE Bank plc.

(Asunto C-210/04)

(2004/C 190/09)

Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante resolución de la Corte Suprema di Cassazione, Sala Quinta de lo Civil, dictada el 18 de febrero de 2004, en el asunto entre Ministero dell'Economia e delle Finanze y Agencia delle Entrate contra FCE Bank plc., y recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 12 de mayo de 2004.

La Corte Suprema di Cassazione solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre las siguientes cuestiones:

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Petición de decisión prejudicial planteada mediante resolución del Oberster Gerichtshof, de fecha 29 de abril de 2004, en el asunto entre Erwald Burtscher y Josef Stauderer

(Asunto C-213/04)

(2004/C 190/10)

Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante resolución del Oberster Gerichtshof, dictada el 29 de abril de 2004 en el asunto entre Erwald Burtscher y Josef Stauderer, y recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 19 de mayo de 2004.

El Oberster Gerichtshof solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre la siguiente cuestión:

El artículo 56 CE, ¿debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional (Vorarlberger Grundverkehrsgesetz; Ley de transmisión de bienes inmuebles de Vorarlberg) con arreglo a la cual, en el caso de un negocio jurídico de adquisición de un bien inmueble que no requiere de autorización de las autoridades competentes en materia de transacciones inmobiliarias, el hecho de no presentar dentro del plazo establecido al efecto una declaración del adquirente en el sentido de que el terreno se encuentra edificado, la adquisición no tiene por objeto establecer una residencia secundaria y es nacional austriaco o debe equipararse a un nacional austriaco, supone la nulidad retroactiva de pleno Derecho del negocio jurídico?

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Recurso interpuesto el 19 de mayo de 2004 contra la República Italiana por la Comisión de las Comunidades Europeas

(Asunto C-214/04)

(2004/C 190/11)

En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 19 de mayo de 2004 un recurso contra la República Italiana formulado por la Comisión de las Comunidades Europeas, representada por los Sres. Ulrich Wölker y Antonio Aresu, en calidad de agentes.

La demandante solicita al Tribunal de Justicia que:

Motivos y principales alegaciones

La Comisión sostiene que las excepciones que contempla el Decreto de 3 de octubre de 2001 del Ministro de Medio Ambiente y de Protección del Territorio se aplican a varios casos que no están comprendidos en la excepción prevista en el Reglamento (CE) no 2037/2000 y que, por tanto, el ámbito de aplicación de tales excepciones es considerablemente más amplio que lo que permite el propio Reglamento. En la medida en que autoriza el uso de hidroclorofluorocarburos (HCFC) en los sistemas para la extinción de incendios en casos no permitidos por el Reglamento (CE) no 2037/2000, la normativa italiana no se atiene al Derecho comunitario.

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(1)DO L 244 de 29.09.2000, p. 1.

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Petición de decisión prejudicial planteada mediante resolución del Østre Landsret, de fecha 14 de mayo de 2004, en el asunto entre Marius Pedersen A/S y Miljøstyrelsen

(Asunto C-215/04)

(2004/C 190/12)

Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante resolución del Østre Landsret, dictada el 14 de mayo de 2004, en el asunto entre Marius Pedersen A/S y Miljøstyrelsen, y recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 21 de mayo de 2004.

El Østre Landsret solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre las siguientes cuestiones:

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(1)  Reglamento (CEE) no 259/93 del Consejo, de 1 de febrero de 1993, relativo a la vigilancia y al control de los traslados de residuos en el interior, a la entrada y a la salida de la Comunidad Europea (DO L 30, p. 1).

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Petición de decisión prejudicial planteada mediante resolución del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, de fecha 27 de enero de 2004, en el asunto SABA Italia spa contra Comune di Bolzano y SEAB spa.

(Asunto C-216/04)

(2004/C 190/13)

Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante resolución del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, dictada el 27 de enero de 2004, en el asunto SABA Italia spa contra Comune di Bolzano y SEAB spa, y recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 24 de mayo de 2004.

El Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre la siguiente cuestión:

¿Es compatible con el Derecho comunitario, y en particular con la libre prestación de servicios, la prohibición de toda discriminación y la obligación de igualdad de trato, transparencia y libre competencia, a las que se hace referencia en los artículos 12, 45, 46, 49 y 86 del Tratado, la adjudicación directa, es decir, como excepción a los métodos de selección del contratista a los que se refiere la Directiva 92/50 CEE (1), de la gestión de aparcamientos públicos de pago, a una sociedad anónima, de capital totalmente público, en el sentido del artículo 44, apartado 6, letra b), de la Ley de la Regione Trentino-Alto Adige no 1, de 4 de enero de 1993, modificado por el artículo 11 de la Ley regional no 10, de 23 de enero de 1998?

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(1)DO L 209 de 24.7.1992, p. 1.

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Petición de decisión prejudicial planteada mediante resolución de la Corte Suprema di Cassazione (Italia), de fecha 23 de marzo de 2004, en el asunto entre Ministero dell'Economia e delle Finanze y Cassa di Risparmio di Firenze S.p.a., Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato y Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.a.

(Asunto C-222/04)

(2004/C 190/14)

Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante resolución de la Corte Suprema di Cassazione (Italia), dictada el 23 de marzo de 2004 en el asunto entre Ministero dell'Economia e delle Finanze y Cassa di Risparmio di Firenze S.p.a., Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato y Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.a., y recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 28 de mayo de 2004.

La Corte Suprema di Cassazione solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre las siguientes cuestiones:

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(1)DO L 55 de 1.3.2003, p. 56.

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Recurso interpuesto el 1 de junio de 2004 contra la República de Finlandia por la Comisión de las Comunidades Europeas

(Asunto C-225/04)

(2004/C 190/15)

En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 1 de junio de 2004 un recurso contra la República de Finlandia formulado por la Comisión de las Comunidades Europeas, representada por M. Huttunen y K. Simonsson, que designa domicilio en Luxemburgo.

La demandante solicita al Tribunal de Justicia que:

Motivos y principales alegaciones

El plazo establecido para la adaptación del Derecho interno a la Directiva expiró el 22 de julio de 2003.

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(1)DO L 19 de 22.1.2002, p. 17.

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Petición de decisión prejudicial planteada mediante resolución del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio —Sala 1 bis—, de fecha 22 de abril de 2004, en el asunto entre la sociedad «La Cascina Coop s.r.l.» y Zilch s.r.l., por un lado, y el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Economía y Hacienda, Pedus Service P. Dussmann S.r.l. y otros, por otro

(Asunto C-226/04)

(2004/C 190/16)

Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante resolución del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio —Sala 1 bis—, dictada el 22 de abril de 2004 en el asunto entre la sociedad «La Cascina Coop s.r.l.» y Zilch s.r.l., por un lado, y el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Economía y Hacienda, Pedus Service P. Dussmann S.r.l. y otros, por otro, y recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 2 de junio de 2004.

El Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio —Sala 1 bis— solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre las siguientes cuestiones:

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(1)DO L 209 de 24.7.1992, p. 1.

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Recurso de casación interpuesto el 2 de junio de 2004 por Marie-Luise Lindorfer contra la sentencia dictada el 18 de marzo de 2004 por el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (Sala Quinta) en el asunto T-204/01, M.-L. Lindorfer contra Consejo de la Unión Europea

(Asunto C-227/04 P)

(2004/C 190/17)

En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 2 de junio de 2004 un recurso de casación formulado por Marie-Luise Lindorfer, representada por los Sres. G. Vandersanden y L. Levi, contra la sentencia dictada el 18 de marzo de 2004 por el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (Sala Quinta) en el asunto T-204/01, M.-L. Lindorfer contra Consejo de la Unión Europea.

La recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:

Motivos y principales alegaciones

El Tribunal de Primera Instancia infringió el artículo 141 CE y el artículo 10, apartado 4, letra b), de las Disposiciones Generales de Ejecución (1), vulneró el principio de no discriminación e incumplió el deber de motivación.

En efecto, al considerar que el Consejo podía, fundadamente, tener en cuenta, en la fórmula de conversión, factores actuariales relacionados con la edad y el sexo del interesado, el Tribunal de Primera Instancia vulneró el principio de no discriminación, en particular en su expresión de la igualdad de trato entre hombres y mujeres. Con respecto a una fórmula de conversión de los derechos adquiridos en un primer régimen —nacional— de pensiones al régimen comunitario, el Tribunal de Primera Instancia convalidó la toma en consideración de un factor que distingue el sexo del trabajador y trata de forma menos favorable a la trabajadora y justificó dicha fórmula por motivos de orden presupuestario. Por otra parte, el Tribunal de Primera Instancia incumplió su deber de motivación al no contestar a la argumentación de la demandante dirigida a demostrar que el equilibrio presupuestario no puede alcanzarse mediante la toma en consideración de un factor actuarial en el momento de la conversión de las anualidades al régimen de pensiones comunitario.

El Tribunal de Primera Instancia no se pronunció sobre la validez de la existencia de dos variantes, ambas destinadas a ejecutar el artículo 11, apartado 2, del anexo VIII del Estatuto, pero de distinta forma, tomando en consideración, en un caso, la fecha de transferencia de los derechos a pensión y, en el otro, la fecha de nombramiento definitivo del funcionario. Por otra parte, al concentrarse únicamente en el sueldo base del funcionario en el momento de su jubilación sin examinar además el número de anualidades, el Tribunal de Primera Instancia no respondió al argumento de la demandante e incumplió su deber de motivación.

El Tribunal de Primera Instancia saca conclusiones jurídicas erróneas de los antecedentes de hecho y, en particular, de los ejemplos expuestos por la demandante. Suponiendo que las fluctuaciones de las distintas monedas nacionales se deriven de circunstancias externas a las Comunidades, ello no exime en modo alguno a éstas de velar, en particular en lo que respecta a su personal, por el respeto del principio de no discriminación y, en el caso de autos, de definir, con arreglo a dicho principio, reglas para trasladar al régimen de pensiones comunitario los derechos a pensión adquiridos frente a un organismo nacional. Ello significa, en particular, que el Consejo no puede aceptar fórmulas de conversión que no respeten el principio de no discriminación. Ahora bien, se ha demostrado que así ha ocurrido. En efecto, las cantidades transferidas procedentes de un organismo de pensiones nacional no son distintas a la luz del principio de no discriminación por el hecho de que procedan de un país de los denominados «de moneda débil» o de un país de los denominados «de moneda fuerte». Por otra parte, el Tribunal de Primera Instancia comprobó que el trato dispensado a dichas cantidades variaba según la cualidad del país de que se tratara, al recibir un trato más favorable las transferencias procedentes de los países «de moneda débil». Por último, el Tribunal de Primera Instancia no examinó ni, a fortiori, demostró, qué es lo que puede justificar objetivamente dicha diferencia de trato. El hecho de que, según él, se derive de circunstancias externas a la actuación de las Comunidades no puede constituir tal justificación, puesto que es el Consejo quien decidió que existiesen dos variantes y es también él quien determina a quién deben aplicarse.

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(1)  Decisión del Consejo de 13 de julio de 1992, por la que se adoptan las disposiciones generales de ejecución relativas a la aplicación del artículo 11, apartados 1 y 2, del anexo VIII del Estatuto de Funcionarios y por la que se derogan los Capítulos IV y V de la Decisión del Consejo de 26 de enero de 1970, modificada por la Decisión del Consejo de 19 de diciembre de 1994.

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Petición de decisión prejudicial planteada mediante resolución del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio —Sala 1 bis—, de fecha 22 de abril de 2004, en el asunto entre Consorcio G.f.M. y el Ministerio de Defensa, sociedad «La Cascina Coop s.r.l.» y Zilch s.r.l.

(Asunto C-228/04)

(2004/C 190/18)

Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante resolución del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio —Sala 1 bis—, dictada el 22 de abril de 2004, en el asunto entre Consorcio G.f.M. y el Ministerio de Defensa, sociedad «La Cascina Coop s.r.l.» y Zilch s.r.l., y recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 2 de junio de 2004.

El Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio —Sala 1 bis— solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre las siguientes cuestiones:

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(1)DO L 209 de 24.7.1992, p. 1.

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Recurso interpuesto el 7 de junio de 2004 contra el Gran Ducado de Luxemburgo por la Comisión de las Comunidades Europeas

(Asunto C-236/04)

(2004/C 190/19)

En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 7 de junio de 2004 un recurso contra el Gran Ducado de Luxemburgo formulado por la Comisión de las Comunidades Europeas, representada por el Sr. M. Shotter, en calidad de agente, que designa domicilio en Luxemburgo.

La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:

Motivos y principales alegaciones

El plazo señalado para adaptar el Derecho interno a las Directivas expiró el 24 de julio de 2003.

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(1)DO L 108 de 24.04.2002, p. 7.

(2)DO L 108 de 24.04.2002, p. 21.

(3)DO L 108 de 24.04.2002, p. 33.

(4)DO L 108 de 24.04.2002, p. 51.

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Recurso interpuesto el 7 de junio de 2004 contra la República Francesa por la Comisión de las Comunidades Europeas

(Asunto C-238/04)

(2004/C 190/20)

En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 7 de junio de 2004 un recurso contra la República Francesa formulado por la Comisión de las Comunidades Europeas, representada por la Sra. O. Beynet y el Sr. A. Whelan, en calidad de agentes, que designa domicilio en Luxemburgo.

La Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tribunal de Justicia que:

Motivos y principales alegaciones

El régimen jurídico francés plantea un problema de compatibilidad con el Derecho comunitario, relativo a los requisitos para la autorización de la prestación de servicios de telecomunicaciones por los distribuidores de televisión por cable.

En efecto, en lo que a la prestación del servicio de telefonía se refiere, la normativa francesa establece la obligación de consultar a los ayuntamientos o a sus agrupaciones antes de expedir la autorización para la prestación de un servicio telefónico a través de las redes de televisión por cable. Esta obligación plantea varios problemas, en virtud del artículo 2, apartado 3, de la Directiva 90/388/CEE, modificada por la Directiva 96/19/CE, a saber, la falta de transparencia del procedimiento de consulta, la facultad discrecional desproporcionada de los ayuntamientos en la emisión de su dictamen, la inseguridad relativa a la objetividad del procedimiento debido a los vínculos existentes entre algunos ayuntamientos y operadores, el aspecto discriminatorio de un procedimiento que no se aplica a los demás prestadores de servicios de telecomunicación y el riesgo de discriminación entre los distintos operadores de televisión por cable.

El régimen según el cual los operadores de televisión por cable deben informar sistemáticamente a todos los ayuntamientos de la implantación de sus redes supone para ellos una obligación adicional con respecto al régimen general de libertad de prestación, aplicable a los demás operadores de servicios de telecomunicaciones. Dado que ningún elemento objetivo justifica esta diferencia de trato, el régimen francés resulta al respecto discriminatorio e infringe lo dispuesto en el artículo 1, en relación con el artículo 2, apartado 3, de la Directiva 90/388/CEE, en su redacción dada por las Directivas 95/51/CE y 96/19/CE.

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(1)DO L 192 de 24.7.1990, p. 10.

(2)  Directiva 95/51/CE de la Comisión, de 18 de octubre de 1995, por la que se modifica la Directiva 90/388/CEE con respecto a la supresión de las restricciones a la utilización de las redes de televisión por cable para la prestación de servicios de telecomunicaciones ya liberalizados (DO L 256 de 26.10.1995, p. 49).

(3)  Directiva 96/19/CE de la Comisión, de 13 de marzo de 1996, por la que se modifica la Directiva 90/388/CEE en lo relativo a la instauración de la plena competencia en los mercados de telecomunicaciones.

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Recurso interpuesto el 8 de junio de 2004 contra el Reino de Bélgica por la Comisión de las Comunidades Europeas

(Asunto C-240/04)

(2004/C 190/21)

En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 8 de junio de 2004 un recurso contra el Reino de Bélgica, formulado por la Comisión de las Comunidades Europeas, representada por el Sr. M. Shotter, en calidad de agente, que designa domicilio en Luxemburgo.

La Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tribunal de Justicia que:

Motivos y principales alegaciones

El plazo señalado para la adaptación del Derecho interno a lo dispuesto en las Directivas mencionadas expiró el 24 de julio de 2003.

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(1)DO L 108 de 24.4.2002, p. 7.

(2)DO L 108 de 24.4.2002, p. 21.

(3)DO L 108 de 24.4.2002, p. 33.

(4)DO L 108 de 24.4.2002, p. 51.

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Recurso de casación interpuesto el 9 de junio de 2004 por M. contra la sentencia dictada el 21 de abril de 2004 por la Sala Primera del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas en el asunto T-172/01, promovido por M. contra el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas

(Asunto C-243/04 P)

(2004/C 190/22)

En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 9 de junio de 2004 un recurso de casación formulado por M., representada por Me H. Tagaras, abogado, contra la sentencia dictada el 21 de abril de 2004 por la Sala Primera del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas en el asunto T-172/01, promovido por M. contra el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:

Motivos y principales alegaciones

La sentencia impugnada adolece tanto de las «irregularidades de procedimiento» contempladas en el artículo 58 del Estatuto del Tribunal de Justicia como de la «violación del Derecho comunitario» contemplada en dicho artículo. La recurrente invoca igualmente el Convenio Europeo de Derechos Humanos, y en particular el derecho a un juicio justo.

El motivo relativo a las irregularidades de procedimiento se refiere a cuestiones de prueba, y consta de dos partes. La primera irregularidad consiste en la decisión del Tribunal de Primera Instancia de rechazar por extemporáneas dos declaraciones ante notario presentadas tras el cierre de la fase escrita del procedimiento, pero a fin de responder a una nueva documentación y a una nueva argumentación presentadas en el escrito de dúplica. La segunda reside en el hecho de que el Tribunal de Primera Instancia no tuvo en absoluto en cuenta otras dos declaraciones ante notario anexas a la solicitud inicial, así como al escrito de demanda.

El motivo relativo a la violación del Derecho comunitario invoca el error de Derecho cometido por el Tribunal de Primera Instancia en la aplicación del artículo 27 del anexo VIII del Estatuto, al dar una calificación jurídica errónea al acuerdo alcanzado en la primavera de 1999 entre la recurrente y su antiguo esposo. El recurso de casación critica en particular el hecho de que la sentencia impugnada no reconozca de que el acuerdo de 1999 constituye un convenio de pago de alimentos, calificándolo en cambio, de modo arbitrario y erróneo, de acto «de mera cortesía».

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Petición de decisión prejudicial planteada mediante resolución de la Cour du travail de Liège, section de Neufchâteau, de fecha 9 de junio de 2004, en el asunto entre José Allard e Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI)

(Asunto C-249/04)

(2004/C 190/23)

Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante resolución de la Cour du travail de Liège, section de Neufchâteau, dictada el 9 de junio de 2004, en el asunto entre José Allard e Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI), y recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 11 de junio de 2004.

La Cour du travail de Liège, section de Neufchâteau, solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre las siguientes cuestiones:

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(1)  En su versión modificada y actualizada por el Reglamento (CEE) no 2001/83 del Consejo, de 2 de junio de 1983 (DO L 230, p. 6; EE 05/03, p. 53; anexo I).

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TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA

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TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA

de 25 de mayo de 2004

en el asunto T-154/01, Distilleria F. Palma SpA contra Comisión de las Comunidades Europeas (1)

(Reglamento (CEE) no 822/87 - Organización común del mercado vitivinícola - Reglamento (CEE) no 1780/89 - Reglamento (CEE) no 2710/93 - Reglamento (CE) no 416/96 - Salida al mercado de los alcoholes obtenidos por destilación - Reglamento (CEE) no 3390/90 - Licitación para la utilización en el sector de los combustibles - Negativa de la Comisión a modificar algunas condiciones de la licitación - Fuerza mayor - Responsabilidad extracontractual de la Comunidad - Admisibilidad)

(2004/C 190/24)

Lengua de procedimiento: italiano

En el asunto T-154/01, Distilliria F. Palma SpA, en liquidación, con domicilio social en Nápoles (Italia), representada por el Sr. F. Caruso, abogado, contra Comisión de las Comunidades Europeas (agentes: Sr. L. Visaggio y Sra. C. Cattabriga, asistidos por Sr. A. Dal Ferro), que tiene por objeto una demanda basada en el artículo 235 CE y el artículo 288 CE, párrafo segundo, destinada a obtener la reparación del perjuicio supuestamente sufrido como consecuencia de la presunta ilegalidad del comportamiento de la Comisión que se desprende del escrito remitido por esta institución a las autoridades italianas, con fecha de 11 de noviembre de 1996, el Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda), integrado por el Sr. J. Pirrung, Presidente, y por los Sres. A.W.H. Meij y N.J. Forwood, Jueces; Secretario: Sr. J. Palacio González, administrador principal, ha dictado el 25 de mayo de 2004 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:

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(1)DO C 259 de 15.9.2001.

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SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA

de 12 de mayo de 2004

en el asunto T-191/01, André Hecq contra Comisión de las Comunidades Europeas (1)

(Funcionarios - Seguridad social - Artículo 72, apartado 1, del Estatuto - Reembolso de gastos médicos - Enfermedad grave - Denegación del reembolso al 100 % de determinadas prestaciones médicas)

(2004/C 190/25)

Lengua de procedimiento: francés

En el asunto T-191/01, André Hecq, funcionario de la Comisión de las Comunidades Europeas, con domicilio en Mondercange (Luxemburgo), representado por el Sr. C. Mourato, abogado, que designa domicilio en Luxemburgo, contra Comisión de las Comunidades Europeas (agente: Sr. J. Currall), que tiene por objeto una demanda de anulación de dos decisiones adoptadas, respectivamente, el 13 de octubre de 2000 y el 6 de noviembre de 2000, por la Oficina Liquidadora en virtud de las cuales se deniega el reembolso al 100 % de determinadas prestaciones médicas recibidas por la esposa del demandante, el Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera), integrado por los Sr. J. Azizi, Presidente, y los Sres. M. Jaeger y F. Dehousse, Jueces; Secretario: Sr. I. Natsinas, administrador, ha dictado el 12 de mayo de 2004 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:

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(1)DO C 317 de 10.11.2001.

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Recurso interpuesto el 28 de enero de 2004 por Eurodrive Services and Distribution N.V. contra la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI)

(Asunto T-31/04)

(2004/C 190/26)

Lengua de procedimiento: español

En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades europeas se ha presentado el 28 de enero de 2004 un recurso contra la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) formulado por Eurodrive Services and Distribution N.V., con domicilio en Amsterdam (Holanda), representada por los letrados en ejercicio D. Enrique Armijo Chávarri y D. Antonio Castán Pérez-Gómez.

La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

Motivos y principales alegaciones:

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Recurso interpuesto el 8 de abril de 2004 por GfK Aktiengesellschaft contra la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos)

(Asunto T-135/04)

(2004/C 190/27)

La lengua de procedimiento se determinará con arreglo al artículo 131, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento — Lengua en la que se presentó el recurso: alemán

En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 8 de abril de 2004 un recurso contra la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) formulado por GfK Aktiengesellschaft, con domicilio en Nürmberg (Alemania), representada por U. Brückmann y R. Lange, abogados.

BUS-Betreuungs- und Unternehmensberatung-GmbH, con domicilio en Munich (Alemania), fue asimismo parte en el procedimiento seguido ante la Sala de Recurso.

La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

Motivos y principales alegaciones

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Recurso interpuesto el 8 de abril de 2004 por Domäne Vorderriss, Rasso Freiherr von Cramer-Klett y el Rechtlerverband de Pfronten contra la Comisión de las Comunidades Europeas

(Asunto T-136/04)

(2004/C 190/28)

Lengua de procedimiento: alemán

En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 8 de abril de 2004 un recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado por Domäne Vorderriss, Lenggries (Alemania), el Sr. Rasso Freiherr von Cramer-Klett, con domicilio en Aschau i. Chiemgau (Alemania) y el Rechtlerverband de Pfronten, Pfronten (Alemania), representados por el Sr. Th. Schönfeld, abogado.

Las partes demandantes solicitan al Tribunal de Primera Instancia que:

Motivos y principales alegaciones

Los demandantes son propietarios de bosques, explotados en el marco de una explotación forestal que dirige uno de los respectivos demandantes y que, en lo sucesivo, han sido declarados lugares de interés comunitario (LIC) de la región biogeográfica alpina, conforme a la Decisión impugnada.

Los demandantes alegan que la Decisión impugnada vulnera sus derechos fundamentales, garantizados por los principios generales del ordenamiento jurídico comunitario. Esta injerencia en sus derechos fundamentales es formalmente ilegal, puesto que con la adopción de la Decisión impugnada (y la aplicación de la Directiva 92/43/CEE (2)), no se salvaguardaron los derechos de participación de los propietarios rústicos.

Por otro lado, los demandantes aducen que la Decisión impugnada también vulnera su derecho a la de propiedad desde el punto de vista material, puesto que al determinar los LIC no tuvo en cuenta en absoluto el derecho a la propiedad privada de los demandantes (y de los demás afectados) y, por este motivo, tampoco se ponderaron los intereses relativos a la adopción de la lista de lugares de interés comunitario y los intereses privados opuestos de los demandantes. Además, según los demandantes, la Decisión impugnada es contraria a la propia Directiva 92/43/CEE, puesto que la cuestión de la compensación económica que ha de otorgarse se dejó completamente abierta y sin regular.

Los demandantes añaden que la Decisión impugnada es desproporcionada, dado que no puede, por sí misma, crear una red ecológica europea coherente y una «lista única» adoptada para una sola región biogeográfica no es adecuada para alcanzar el objetivo de protección de la Directiva. Según los demandantes, la Decisión impugnada es también inadecuada porque no se realizó la armonización global necesaria para todo el territorio comunitario.

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(1)DO L 14 de 21.1.2004, p. 21.

(2)  Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (DO L 206 de 22.7.1992, p. 7).

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Recurso interpuesto el 13 de abril de 2004 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por Antonietta Camurato Carfagno

(Asunto T-143/04)

(2004/C 190/29)

La lengua de procedimiento: francés

En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 13 de abril de 2004 un recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas, formulado por Antonietta Camurato Carfagno, con domicilio en Braine-L'Alleud (Bélgica), representada por el Sr. Carlos Mourato, abogado.

La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

Motivos y principales alegaciones

La demandante impugna su informe de evolución de carrera («IEC») correspondiente al período comprendido entre el 1 de julio de 2001 y el 31 de diciembre de 2002.

En apoyo de sus pretensiones, la demandante alega que las apreciaciones de su IEC son manifiestamente erróneas habida cuenta de diversos hechos que se produjeron durante y después del período de referencia y de determinados comentarios formulados por el evaluador y el ratificador que no corresponden a la nota atribuida y a su significado. La demandante considera, además, que el IEC infringe el artículo 43 del Estatuto y que el nuevo sistema de evaluación puede conducir a que se infravalore a los funcionarios, lo que, a su juicio, le ha sucedido a ella, teniendo en cuenta especialmente la obligación de respetar una media de 14/20.

La demandante alega, además:

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Recurso interpuesto el 10 de mayo de 2004 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por Patricia Wauthier y Viviane Deveen

(Asunto T-164/04)

(2004/C 190/30)

Lengua de procedimiento: francés

En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 10 de mayo de 2004 un recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado por Patricia Wauthier y Viviane Deveen, con domicilio en Bélgica, representadas por los Sres. Gilles Bounéou y Frédéric Frabetti, abogados, que designan domicilio en Luxemburgo.

Las demandantes solicitan al Tribunal de Primera Instancia que:

Motivos y principales alegaciones

Los motivos y las principales alegaciones que formulan las demandantes en el presente asunto son idénticos a los invocados por los demandantes en los asuntos T-43/04 y T-47/04.

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Recurso interpuesto el 17 de mayo de 2004 contra el Consejo de la Unión Europea y la Comisión de las Comunidades Europeas por Daniel Surget

(Asunto T-171/04)

(2004/C 190/31)

Lengua de procedimiento: francés

En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 17 de mayo de 2004 un recurso contra el Consejo de la Unión Europea y la Comisión de las Comunidades Europeas, formulado por Daniel Surget, con domicilio en Cherburgo (Francia), representado por Me Jean-François Péricaud, abogado.

El demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

Motivos y principales alegaciones

Los motivos y principales alegaciones coinciden con los invocados en el asunto T-440/03 Arizmendi y otros contra Consejo y Comisión (1).

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(1)DO C 59 de 6.3.2004, p. 31.

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Recurso interpuesto el 17 de mayo de 2004 por Nathalie Heinen contra la Comisión de las Comunidades Europeas

(Asunto T-181/04)

(2004/C 190/32)

Lengua de procedimiento: francés

En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 17 de mayo de 2004 un recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado por la Sra. Nathalie Heinen, con domicilio en Ottignies (Bélgica), representada por Me Sébastien Orlandi, Me Albert Coolen, Me Jean-Noël Louis y Me Étienne Marchal, abogados, que designa domicilio en Luxemburgo.

La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

Motivos y principales alegaciones

La demandante, que había tomado parte en las pruebas del concurso interno COM/PB/02 para el acceso de la categoría C a la categoría B, se opone a la decisión del tribunal calificador de no incluirla en la lista de reserva del referido concurso a raíz de los resultados que había obtenido en la prueba oral, los cuales, no obstante ser superiores a los que se exigían en principio, resultaban insuficientes.

En apoyo de sus pretensiones, la demandante alega el incumplimiento de la convocatoria del concurso así como la violación de los principios de igualdad de trato y de no discriminación.

Sobre este particular, la demandante aclara que, aun cuando la convocatoria del concurso establece que los candidatos deberán indicar en su impreso de candidatura la lengua que eligen para los tests de preselección y para la prueba oral, con la posibilidad de elegir una lengua distinta para la prueba oral, y al tener la citada opción un carácter definitivo, determinados candidatos hubieran podido cambiar de lengua después de la presentación de su impreso de candidatura y algunos de ellos, el mismo día de la prueba oral.

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III Informaciones

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(2004/C 190/33)

Última publicación del Tribunal de Justicia en el Diario Oficial de la Unión Europea

DO C 179 de 10.7.2004

Recopilación de las publicaciones anteriores

DO C 168 de 26.6.2004

DO C 156 de 12.6.2004

DO C 146 de 29.5.2004

DO C 106 de 30.4.2004

DO C 94 de 17.4.2004

DO C 85 de 3.4.2004

Estos textos se encuentran disponibles en:

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