NÚMERO IDENTIFICADOR

SEN2023______________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

Panel XI

NELLY DURÁN DELGADO

Apelante

v.

JESÚS SOSA CARRASQUILLO

Apelado

KLAN202201034

Apelación

procedente del

Tribunal de

Primera Instancia

Sala de Fajardo

Caso Núm.

CA2021CV03440

Sobre:

Cobro de Dinero

Panel integrado por su presidenta, la Juez Lebrón Nieves, el Juez 

Adames Soto y la Jueza Martínez Cordero

Adames Soto, Juez Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de abril de 2023.

Comparece ante nosotros la señora Nelly Durán Delgado, (señora 

Durán Delgado o apelante), mediante recurso de apelación, solicitando 

que revoquemos una Sentencia emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Fajardo, (TPI), el 5 de agosto de 2022.1 En el contexto 

de una causa de acción presentada por la apelante a través del proceso 

sumario establecido en la Regla 60 de Procedimiento Civil, 32 L.PR.A. Ap. 

V, R. 60, referente al cobro de pensiones alimenticias presuntamente

vencidas o atrasadas, el TPI (i) la declaró Con Lugar, en lo atinente al 

reclamo por gastos incurridos de su propio peculio ante obligaciones que

correspondían ser asumidas por el señor Jesús Sosa Carrasquillo, 

(apelado o señor Sosa Carrasquillo); pero, (ii) la desestimó en lo atinente 

a las pensiones vencidas o atrasadas, determinando que no eran líquidas 

y exigibles, y el derecho a reclamarlas correspondía a la hija o hijo que 

advino a la mayoridad, no reconociéndole legitimación activa a la 

1 Notificada el 8 de agosto de 2022.
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apelante para ello. Insatisfecha la señora Durán Delgado con esta

segunda parte de la Sentencia apelada, nos solicita su revocación.

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

confirmamos la Sentencia recurrida. 

I. Resumen del tracto procesal 

El 16 de diciembre de 2021, la señora Durán Delgado presentó 

una Demanda sobre cobro de dinero bajo el procedimiento sumario de la 

Regla 60 de Procedimiento Civil, supra, en contra del señor Sosa 

Carrasquillo. Alegó que, el señor Sosa Carrasquillo le adeudaba 

$13,659.59 dólares por reembolso de pagos que esta cubrió totalmente, a 

pesar de ser responsabilidad del apelado. Adujo que, tal suma de dinero 

adeudado surgía de la Resolución del caso civil número F DI1996-0889, 

por lo que la deuda estaba vencida, líquida y exigible. Añadió que, los

hijos que las partes tenían en común, al advenir a la mayoridad, 

tampoco recibieron pagos por concepto de deuda de pensión alimentaria, 

ni costas y honorarios de abogados, que tuvo que cubrir la apelante.

Luego de varios trámites procesales, no pertinentes a la 

controversia que estamos dilucidando, el 15 de marzo de 2022, se 

celebró el juicio en su fondo mediante videoconferencia para dirimir la

reclamación planteada en la Demanda.

2 En la vista la apelante declaró 

que, en un caso de alimentos anterior entre las partes, atendido por la

Sala de Familia, se determinó que al señor Sosa Carrasquillo le 

correspondía la obligación de pagar el 29.28% de los gastos médicos, 

universitarios y de graduación de los hijos que tienen en común, aunque 

luego las partes estipularon que fuera el 30%.3 Sostuvo que, el apelado 

todavía estaba obligado a pagar la referida cantidad por pensión 

alimentaria, además de una pensión alimentaria a los hijos que aún eran 

2 Es de notar que, a pesar de haber sido debidamente emplazado, el apelado no 

compareció al juicio. Anejo VII del apéndice del recurso de apelación, págs. 62-64.

3 Anejo IV del apéndice del recurso de apelación, pág. 20. 
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menores. En específico, la apelante reclamó el 30% por los gastos en 

exceso a los que le correspondía asumir, por procesos de ortodoncia, 

graduación y universidad en los que incurrió para su hija Irelis Sosa 

Durán, que el apelado no costeó a pesar de corresponderle.

4

Por otro lado, la señora Durán Delgado solicitó el reembolso por las 

deudas de pensión alimentaria dejadas de pagar por el apelado. 

Específicamente reclamó las siguientes cantidades; (1) $7,305.40 por 

concepto de retroactivo establecido por el Tribunal; (2) $3,337.92 de 

gastos en la etapa apelativa; y (3) $1,500.00 de honorarios de abogado.

5

La apelante manifestó que en el proceso seguido en el caso del divorcio 

entre las partes el Tribunal había emitido Resolución el 4 de agosto de 

2020, estableciendo un plan de pago al padre no custodio, por concepto 

de pensión alimentaria, y una deuda por retroactivo.6 Asimismo, afirmó 

que el Tribunal adjudicó dichas partidas luego que Irelis Sosa Durán, 

hija de ambos, advino a la mayoría de edad. 

Visto lo anterior, el 5 de agosto de 2022,7 el TPI emitió Sentencia 

apelada, disponiendo que la apelante logró establecer la existencia de 

una deuda por los gastos en que incurrió para el tratamiento de 

ortodoncia, graduación, matrícula y gastos universitarios de su hija, ante 

el incumplimiento del pago que le correspondía asumir al apelado para 

dichas necesidades. En consonancia, condenó al señor Sosa Carrasquillo 

al pago de la suma correspondiente a tales gastos asumidos por la 

apelante, de $1,886.33, más el interés legal de 5.00%. 

No obstante, en cuanto a la reclamación de las cuantías

relacionadas a las pensiones alimentarias vencidas o atrasadas, el foro 

primario indicó que la única prueba que presentó la apelante a tales 

efectos fue la Resolución del caso civil número F DI1996-0889 (caso de 

4 Íd.

5 Íd.

6 Íd.

7 Notificada el 8 de agosto de 2022. 
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divorcio), donde se estableció un plan de pago que el apelado asumiría

junto a la pensión alimentaria vigente. A raíz de lo cual, el foro primario

determinó que la señora Durán Delgado no había logrado establecer que 

contara con una reclamación de cobro de dinero que fuera líquida y 

exigible, según se exige en la causa de acción iniciada bajo el 

procedimiento sumario provisto por Regla 60 de Procedimiento Civil, 

supra.

Por último, el TPI razonó que la señora Durán Delgado no tenía 

legitimación para representar o reclamar en nombre de sus hijos ya 

mayores, pensiones atrasadas o no pagadas por el apelado. En 

particular, el tribunal plasmó que, conforme a lo establecido en Ríos 

Rosario v. Vidal Ramos, 134 DPR 3 (1993), tal causa de acción le 

correspondía al hijo o hija que hubiese alcanzado la mayoría de edad, 

pues contaba con plena capacidad jurídica para exigirlo a nombre 

propio. 

Inconforme, el 22 de agosto de 2022, la apelante presentó Moción 

Solicitando Reconsideración. En lo pertinente, la señora Durán Delgado 

argumentó que en el caso de autos aplicaba la figura del pago por 

tercero, por cuanto su hija −mayor de edad− no quería recobrar la deuda 

de pensión alimentaria vencida. Así pues, solicitó que se le permitiera 

desfilar prueba, y se le reembolsara lo adeudado. Sin embargo, el TPI 

denegó la solicitud de reconsideración instada.

Es así que la parte apelante acude ante nosotros imputándole al 

TPI la comisión de los siguientes errores: 

Primer Error: Erró el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia y abusó de su discreción al determinar que la 

parte demandante-apelante no estableció que tiene una 

reclamación en cobro de dinero líquida y exigible, conforme 

lo establece el procedimiento de cobro de dinero con relación 

al reembolso por las deudas de pensión alimentarias dejadas 

de pagar por el demandado-apelado y que tuvo que 

satisfacer de su peculio la parte demandante-apelante. 
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Segundo Error: Erró el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia y abusó de su discreción al dictaminar que la parte 

demandante-apelante no pagó en exceso de lo que le 

correspondía o que desembolsó de su peculio cantidad 

alguna por gastos incurridos para cubrir las necesidades no 

satisfechas por el padre no custodio y en consecuencia 

dejando sin efecto el reclamo por la cantidad total de 

$13,659.99 por concepto de pagos, gastos y pagos de 

honorarios de abogado que cubrió totalmente la parte 

demandante-apelante y que era responsabilidad del 

demandado-apelado satisfacer como parte de la pensión 

alimentaria establecida a favor de la menor . 

Tercer Error: Erró el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia y abusó de su discreción al dictaminar que la parte 

demandante-apelante no tiene legitimación activa para 

reclamar el pago de pensiones no pagadas por el padre 

alimentante y que tuvo que satisfacer de su peculio la parte 

demandante-apelante.

De conformidad, el 13 de enero de 2021, emitimos una Resolución 

concediéndole treinta días al apelado para que presentara su escrito en 

oposición, pero este nunca compareció. En consecuencia, sin el beneficio 

de la comparecencia del señor Sosa Carrasquillo, procedemos a resolver.

II. Exposición de Derecho

A. Alimentos

En nuestro ordenamiento jurídico los menores tienen un derecho 

fundamental a recibir alimentos. Díaz Rodríguez v. García Neris, 208 DPR 

706, 717 (2022); Fonseca Zayas v. Rodríguez Meléndez, 180 DPR 623, 

632 (2011). Este derecho es inherente al derecho fundamental a la vida, 

consagrado en la Carta de Derechos de nuestra Constitución. Díaz 

Ramos v. Matta Irizarry, 198 DPR 916, 923 (2017); De León Ramos v. 

Navarro Acevedo, 195 DPR 157, 169 (2016); Santiago, Maisonet v. 

Maisonet Correa, 187 DPR 550, 559-560 (2012); Llorens Becerra v. Mora 

Monteserín, 178 DPR 1003, 1016 (2010); McConnell v. Palau, 161 DPR 

734, 745 (2004). Los casos sobre alimentos de menores están revestidos

del más alto interés público. Díaz Rodríguez v. García Neris, supra, pág. 

5; Fonseca Zayas v. Rodríguez Meléndez, ante, pág. 632; Argüello v. 

Argüello, 155 DPR 62, 70 (2001). Ello debido a que procurar el mejor 
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interés y bienestar de los menores “constituye un pilar fundamental de 

nuestra sociedad y se ha reconocido como parte integral de la política 

pública del Gobierno de Puerto Rico.” De León Ramos v. Navarro Acevedo, 

supra, pág. 169. 

El artículo 590 del Código Civil, 31 LPRA sec. 7242, establece que 

los progenitores tienen el deber de alimentar y proveerle lo necesario 

para el desarrollo y formación integral de sus hijos, sujetos a su patria 

potestad. Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el 

sustento, la vivienda, la vestimenta, la recreación y la asistencia médica 

de una persona, según la posición social de su familia. Artículo 653 de 

Código Civil, 31 LPRA 7531.

De esta manera, el Código Civil establece que ambos progenitores 

responden solidariamente de los alimentos de sus hijos. Si uno de ellos 

no cumple su obligación de pago íntegra y oportunamente, el otro puede 

iniciar la acción de cobro a nombre del alimentista, esté o no bajo su 

custodia, o a nombre propio como codeudor solidario. (Énfasis provisto).

Artículo 661 del Código Civil, 31 LPRA 7544. Cónsono con lo anterior, 

nuestro máximo foro ha reiterado que mientras los hijos sean menores 

de edad, no emancipados, son los padres quienes deben reclamar el pago 

de las pensiones alimentarias en nombre de sus hijos. Toro Sotomayor v. 

Colón Cruz, 176 DPR 528, 535 (2009). 

No obstante, una vez los hijos alcanzan la mayoría de edad, estos 

tienen la capacidad para representar sus propios intereses ante los 

tribunales, por lo que desde ese momento sus padres no pueden hacerlo. 

Íd. en la pág. 536; Key nieves v. Oyola Nieves, 116 DPR 261, 268 (1985). 

Conforme a lo cual, en el caso de las pensiones alimentarias vencidas o 

atrasadas, el progenitor carece de legitimación para representar a su 

hijo alimentista mayor de edad o para continuar la acción de cobro 

de las cuantías no satisfechas, aunque haya sido el progenitor quien 
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inició la acción originalmente. (Énfasis provisto). Toro Sotomayor v. 

Colón Cruz, supra. 

B. Acción de reembolso

Por otra parte, el Tribunal Supremo resolvió que cuando un padre 

alimentante paga en exceso de lo que le corresponde, tiene un crédito a 

favor por ese excedente. Íd; Calvo Mangas v. Aragonés Jiménez, 115 DPR 

219, 229 (1984). Asimismo, el alto foro determinó que el padre que ha 

pagado en exceso puede reclamar su crédito mediante una acción 

independiente que no configura una reclamación de alimentos. Figueroa 

Robledo v. Rivera Rosa, 149 DPR 565, 574 (1999). Es decir, tiene

disponible una acción personal para que se le reembolse lo que pagó en 

exceso. En dicha situación, aplica la figura del pago por tercero, regulada 

por el Artículo 1120 del Código Civil, 31 LPRA 9151, en donde se 

establece lo siguiente: 

Cualquier persona puede hacer el pago, tenga interés en el 

cumplimiento de la obligación o no, ya sea que lo conozca y 

lo apruebe el deudor, o ya que lo ignore. 

La persona que paga por cuenta de otra puede reclamar del 

deudor lo que ha pagado, excepto cuando lo ha hecho sin su 

consentimiento. En este último caso, si el tercero hace el 

pago de buena fe puede exigir al deudor que le restituya 

aquello en lo que le ha sido útil el pago. 

C. Legitimación Activa

Nuestro Tribunal Supremo ha reiterado que “[l]a legitimación

activa es uno de los requisitos del principio de justiciabilidad que los 

tribunales tienen que tomar en consideración antes de adjudicar una 

controversia en los méritos”. Asociación de Maestros v. Dept. de 

Educación, 200 DPR 974, 976 (2018); Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera 

Schatz, 180 DPR 920, 942 (2011). La legitimación activa se ha definido 

como “[l]a capacidad de una parte para realizar con eficacia actos 

procesales como parte litigante y comparece como demandante o 

demandado, o en representación de cualquiera de ellos”. Col. De Ópticos 

de P.R. v. Vani Visual Center, 124 DPR 559, 563 (1989). Asimismo, “es un 
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instrumento de autolimitación y de prudencia judicial que tiene su 

génesis en la doctrina de justiciabilidad de las controversias”. Íd. 

Para determinar si una parte tiene legitimación activa debe 

cumplir con los siguientes requisitos: (1) haber sufrido un daño claro y

palpable; (2) que el referido daño sea real, inmediato y preciso, y no 

abstracto o hipotético; (3) una conexión entre el daño sufrido y la causa 

de acción ejercitada, y (4) que la causa de acción surja bajo el palio de la 

Constitución o de una ley. Asociación de Maestros v. Dept. de Educación, 

supra; Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, supra, pág. 943; Lozada 

Tirado et al. v. Testigos Jehová, 177 DPR 893, 924 (2010). En nuestro 

ordenamiento, “[s]e ha reconocido que un caso no es justiciable cuando 

las partes no tienen legitimación activa”. Torres Montalvo v. Hon. 

Alejandro García Padilla, 194 DPR 760, 766-767 (2016); P.N.P. v. 

Carrasquillo, 166 DPR 70, 74 (2005). 

D. Procedimiento Sumario bajo la Regla 60

La Regla 60 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.60, establece 

un proceso sumario para resolver reclamaciones de deudas que no 

excedan los quince mil dólares ($15,000.00), excluyendo los intereses. La 

referida regla se creó con el propósito de agilizar y simplificar los 

procedimientos en reclamaciones por cuantías pequeñas, para facilitar el 

acceso a los tribunales y lograr una solución rápida, justa y económica. 

Asoc. Res. Colinas Metro v. S.L.G., 156 DPR 88, 97 (2002). 

Por otro lado, en una acción de cobro de dinero, el demandante 

tiene que probar ser el acreedor de una deuda vencida, líquida y

exigible. (Énfasis provisto). General Electric v. Concessionaires, Inc., 118 

DPR 32, 43 (1986). Respecto a ello, nuestro Tribunal Supremo expresó:

El vocablo "líquida'' en relación con una cuenta, en lenguaje 

corriente significa el saldo "o residuo de cuantía cierta que 

resulta de la comparación del cargo con la data''. Y la voz 

"exigible'' refiriéndose a una obligación, significa que puede 

demandarse su cumplimiento. Guadalupe v. Rodríguez, 70

DPR 958, 966-967 (1950).
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La deuda es "líquida" cuando la cuantía de dinero debida es 

"cierta" y "determinada". Ramos y otros v. Colón y otros, 153 DPR 534, 

546 (2001), citando a M.A. Del Arco Torres y M. Pons González, 

Diccionario de Derecho Civil, Navarra, Ed. Aranzadi, 1984, T. II, pág. 168 

y a Freeman v. Tribunal Superior, 92 DPR 1, 25 (1965). Por su parte, la 

deuda es "exigible" cuando la obligación no está sujeta a una causa de 

nulidad y puede demandarse su cumplimiento. Guadalupe v. Rodríguez, 

supra. 

III. Aplicación del Derecho a los hechos

Por estar íntimamente relacionados, se discutirán los errores 

señalados en conjunto. 

La apelante aduce que incidió el TPI al determinar que no logró

establecer que la reclamación en cobro de dinero fuera líquida y exigible. 

De igual forma, cuestiona la decisión del TPI al declararla sin 

legitimación para reclamar el pago de pensiones adeudadas a sus hijos.

Valga iniciar reiterando que el TPI sí reconoció y ordenó que el

apelado pagara a la parte apelante el reembolso del dinero que esta

asumió, en exceso del porciento que le correspondía en el pago de la

pensión alimentaria. Habiéndose probado en la vista evidenciaria 

celebrada el crédito en favor de la apelante surgido por las cantidades 

pagadas en pensión alimentaria, en exceso de lo que le correspondía, 

sólo procedía ordenar el pago de los debido, según así lo hizo el TPI.

Sobre esto, el foro a quo dejó constancia en la Sentencia apelada de que 

la apelante presentó evidencia de los recibos de los gastos de ortodoncia, 

matrícula y universidad, demostrando que tenía una deuda líquida y 

exigible, susceptible de ser reclamada a través del proceso que habilita la 

Regla 60 de Procedimiento Civil, supra. 

No obstante, fue con relación a la reclamación instada por la

apelante sobre la pensión alimentaria vencida y alegadamente adeudada
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por el apelado hacia los hijos en común, que el foro primario determinó

que no procedía ordenar el pago reclamado. Con referencia a este primer 

asunto, lo primero que llama la atención es que, a pesar de que en la

vista celebrada ante el TPI para dilucidar los asuntos allí planteados se

presentó prueba documental, pero también se desfiló prueba testifical, la 

parte apelante no incluyó junto a su escrito ante nos algún medio de 

reproducción de la prueba testifical, que nos pusiera en posición de 

verificar las determinaciones de hechos conducentes al resultado cuya 

revocación pretende, por lo que estamos atados a conceder deferencia a

las que realizara el foro apelado.

Llamada la atención sobre lo anterior, es de ver que, por una parte,

el TPI fundó la desestimación de la causa de acción de cobro de dinero

aludida, en su afirmación de que la señora Durán Delgado no estableció 

que tuviera una deuda de cobro de dinero que fuera líquida y exigible,

lo que es un requerimiento ineludible de los procesos iniciados al amparo

de la Regla 60 de Procedimiento Civil, supra. Según señalamos en la 

exposición de derecho, el promovente de la causa de acción instada bajo 

el proceso particular provisto por la regla citada tiene que probar ser el 

acreedor de una deuda vencida, líquida y exigible. General Electric v. 

Concessionaires, Inc., supra. (Énfasis provisto).

La alusión por la apelante a la Sentencia emitida en el proceso de 

divorcio seguido entre las partes de epígrafe, como base para establecer 

el derecho al recobro de pensiones alimentarias no pagadas por el 

apelado, falló en establecer que la presunta deuda reclamada fuera cierta 

y determinada. Aun a este nivel apelativo tampoco surgen tales 

elementos, para poder ordenar al apelado el pago de las pensiones 

alimentarias alegadas, es decir, no se logra establecer una deuda 

vencida, líquida y exigible. El plan de pago de la pensión alimentaria

establecido en el referido caso de divorcio, con el que tendría que cumplir
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el apelado, no precisa las cantidades pagadas y las debidas, de modo que 

imposibilitan el cumplimiento con el requerimiento de que la cantidad 

reclamada a través de la Regla 60, supra, sea líquida, y exigible. A pesar 

de lo explicado, en su recurso ante nosotros la apelante no ahondó sobre

este asunto, limitando su discusión al alegado error del TPI de no tomar 

conocimiento judicial de la Sentencia de divorcio entre las partes.

Por otra parte, el TPI también dispuso que la apelante no poseía

legitimación activa para reclamar la pensión alimentaria vencida y no 

pagada por el señor Sosa Carrasquillo que se debía a los hijos que ya 

habían advenido a la mayoridad. Es importante en este punto notar que 

la apelante reclamó la pensión alimentaria adeudada por el apelado a la

hija en común, ya mayor de edad. 

Conforme resaltamos en la exposición de derecho, la legitimación 

activa es uno de los requisitos del principio de justiciabilidad que los 

tribunales tenemos que tomar en consideración antes de adjudicar una 

controversia en los méritos. Asoc. De maestros v. Dept. de Educación, 

supra. Sobre tal tema, nuestro alto foro ha reiterado que, en los casos de 

pensiones alimentarias vencidas o atrasadas, el progenitor carece de 

legitimación para reclamar las cuantías no satisfechas en representación 

del hijo mayor de edad. Es decir, quién posee legitimación para reclamar 

la pensión alimentaria no satisfecha es el hijo mayor de edad, quien tiene 

la capacidad jurídica para representar sus propios intereses. Toro 

Sotomayor v. Colón Cruz, supra.

De lo anterior se sigue que, tal como lo determinó el TPI, la 

apelante no tenía legitimación para reclamar las cuantías 

correspondientes al pago de pensiones alimentarias, ante el hecho 

incontrovertido que tal causa de acción solo podía ser reclamada por la 

hija mayor de edad, quien ostentaba el derecho de iniciar causa judicial 

de conformidad. 
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Según se ha visto, el tribunal a quo se ajustó a derecho al emitir el 

dictamen apelado, no cometiendo los errores que se le imputaron, por lo 

que solo nos corresponde confirmar la Sentencia apelada. 

IV. Parte dispositiva

Por los fundamentos expuestos, confirmamos la Sentencia apelada. 

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica su Secretaria.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones