Número Identificador

RES2024 _______________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL ESPECIAL

MUNICIPIO DE 

BARCELONETA

Recurrido

v.

COMPAÑÍA A Y OTROS

Peticionarios 

KLCE202301374

CERTIORARI 

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 

Superior de Carolina

Caso número:

CA2023CV00560

Sobre:

Cobro de Dinero -

Ordinario

Panel integrado por su presidente, el juez Adames Soto, la juez Aldebol 

Mora y el juez Marrero Guerrero1.

Aldebol Mora, Juez Ponente

R E S O L U C I Ó N

En San Juan, Puerto Rico, a 8 de febrero de 2024.

Comparece la parte peticionaria, Sucesión de Jorge Rodríguez 

Nazario, mediante el recurso de epígrafe y nos solicita que revoquemos la 

Orden emitida y notificada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Carolina, el 3 de octubre de 2023. Mediante el referido 

dictamen, el foro primario declaró No Ha Lugar la solicitud de 

desestimación promovida por la parte peticionaria.

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se deniega 

la expedición del auto solicitado.

I

El 24 de febrero de 2023, el Municipio de Barceloneta (Municipio o 

recurrido) incoó una Demanda sobre cobro de dinero en contra de Cidra 

Excavation, Inc., Cidra Excavation, S.E. (Sociedad Especial), Cidra 

Excavation, LLC (Cidra), Fideicomiso Quintana Pérez (Fideicomiso) y la 

Sucesión de Jorge Rodríguez Nazario (Sucesión o peticionaria), en 

representación del causante Jorge Rodríguez Nazario (Rodríguez 

1 Mediante Orden Administrativa OATA-2024-017 de 25 de enero de 2024, se designó al 

Hon. Ricardo Marrero Guerrero en sustitución del Hon. Abelardo Bermúdez Torres, quien 

se inhibió en el recurso.
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Nazario), uno de los socios de la Sociedad Especial.

2 En síntesis, indicó 

que, el 20 de septiembre de 2011, la Sociedad Especial, por medio de su 

presidente y socio Israel Quintana Luciano (Quintana Luciano) y el 

Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) otorgaron un 

contrato de obras para el Municipio. Alegó que dicho contrato fue afectado 

por un soborno realizado por Quintana Luciano a un empleado del 

Municipio para influenciar y asegurar el referido contrato, así como los 

pagos correspondientes al cumplimiento de este. Señaló que, el 20 de 

febrero de 2013, otorgó un contrato sobre obras y mejoras públicas con la 

Sociedad Especial para finalizar la obra comenzada por el DTOP. Según 

adujo, dicho contrato, fue firmado por Quintana Luciano, quien –cinco días 

antes que venciera el contrato– realizó una alegación de culpabilidad ante 

la Corte Federal para el Distrito de Puerto Rico en un pleito sobre soborno. 

Arguyó que la Sociedad Especial y Quintana Luciano les causó daños por 

el incumplimiento con su deber contractual de informar de manera continua

si existía una investigación criminal en contra de Quintana Luciano, según 

exigía el referido contrato, así como otras leyes de anticorrupción. Sobre 

ese particular, argumentó que la cláusula trigésima sexta de dicho contrato 

establecía que la Sociedad Especial debía certificar en cada factura, bajo 

pena de nulidad absoluta, que se afectaría el contrato si fuera objeto de 

ciertos delitos, como el soborno en todas sus modalidades.

El Municipio alegó en la acción de epígrafe que, luego de la 

mencionada convicción, Quintana Luciano renunció a la Sociedad Especial 

y creó el Fideicomiso con su esposa, a favor de sus hijos, y traspasó su 

parte de los activos de la Sociedad Especial al Fideicomiso. Según planteó, 

dicho acto fue realizado por Quintana Luciano con el propósito de evadir la 

responsabilidad de restituir los fondos públicos afectados por sus actos de 

corrupción. Además, indicó que los demás socios disolvieron la Sociedad 

Especial y, por medio de familiares, crearon otra personalidad jurídica con 

un nombre similar (Cidra Excavation, LLC). En virtud de ello, en esencia, 

2 Apéndice IV del recurso, págs. 17-49.
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solicitó que se declarara la nulidad absoluta del contrato suscrito con la 

Sociedad Especial y se ordenara la devolución de la totalidad de los fondos 

públicos que le fueron desembolsados a la Sociedad Especial, 

equivalentes a $88,296.25.

Luego de varios trámites procesales, el 5 de junio de 2023, la

Sucesión instó una Moción en Solicitud de Desestimación, al amparo de la 

Regla 10.2(5) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2(5).3 En 

esencia, argumentó que en la acción de epígrafe no se realizó ninguna 

alegación en su contra, ni se le imputó acción u omisión alguna, pues en la 

demanda únicamente se alegó que Rodríguez Nazario era socio de la 

Sociedad Especial. Adujo que todas las alegaciones esbozadas en la 

demanda intentaban establecer una presunta nulidad de un contrato entre 

la Sociedad Especial y el Municipio. Sobre ese particular, arguyó que no 

había comparecido al referido contrato y que cuando este se suscribió la 

Sociedad Especial tenía personalidad distinta y separada a la Sucesión. 

Por ello, sostuvo que la única reclamación en su contra era por tener interés 

propietario en una entidad jurídica con personalidad propia. Argumentó 

que, en la acción de epígrafe, no había alegación alguna sobre descorrer 

el velo corporativo de la Sociedad Especial con relación a la Sucesión, por 

lo que procedía la desestimación del caso en cuanto a esta. Por otro lado, 

planteó que, de proceder la causa de acción en su contra, esta estaba 

prescrita, pues no existía relación contractual alguna entre las partes y 

había transcurrido más de diez (10) años desde que se conoció el alegado

incumplimiento que presuntamente le ocasionó daños al Municipio.

En respuesta, el 26 de junio de 2023, el Municipio se opuso.4

Sostuvo que, por tratarse de un acto de corrupción gubernamental, todos 

los socios incorporados de la Sociedad Especial, con su silencio, eran 

responsables de restituir los fondos públicos, independientemente de la 

personalidad jurídica de la Sociedad Especial. Alegó que Rodríguez 

3 Apéndice VI del recurso, págs. 129-135.

4 Apéndice VII del recurso, págs. 136-141.
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Nazario, como socio de la Sociedad Especial, debió conocer los actos 

fraudulentos de Quintana Luciano. Sobre ello, adujo que, al optar por 

guardar silencio, Rodríguez Nazario se convirtió en cómplice del acto 

fraudulento de su socio Quintana Luciano. Argumentó que se debía excluir 

a la Sucesión del mandato protector de la persona jurídica sobre las 

obligaciones de la Sociedad Especial. En cuanto al planteamiento de la 

Sucesión sobre prescripción, sostuvo que el acto de soborno por el cual se 

vio afectado el contrato en cuestión y los pagos realizados, constituía un 

incumplimiento contractual que resultaba en su nulidad absoluta, lo cual 

era imprescriptible.

Evaluadas las posturas de las partes, el 3 de octubre de 2023, el 

Tribunal de Primera Instancia emitió la Orden que nos ocupa.5 En esta, 

declaró No Ha Lugar la moción de desestimación presentada por la 

Sucesión.

En desacuerdo, el 16 de octubre de 2023, la Sucesión solicitó una 

reconsideración,6 a la cual el Municipio se opuso.7 Atendidos los escritos, 

el 9 de noviembre de 2023, notificada al día siguiente, el foro a quo declaró 

No Ha Lugar la referida moción de reconsideración.8

Inconforme con dicha determinación, el 6 de diciembre de 2023, la 

parte peticionaria acudió ante nos mediante el recurso de epígrafe y realizó 

los siguientes señalamientos de error:

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al proveer No 

Ha Lugar la solicitud de desestimación presentada por la 

Sucesión de don Jorge Rodríguez Nazario, cuando el señor 

Rodríguez Nazario ni ninguno de los miemb[r]os de la 

Sucesión fueron parte del contrato entre el Municipio de 

Barceloneta y Cidra Excavation[,] S.E.

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al proveer No 

Ha Lugar la solicitud de desestimación presentada por la 

Sucesión de don Jorge Rodríguez Nazario y[,] de esa forma[,] 

imputarle responsabilidad al señor Rodríguez Nazario por 

una deuda de la Sociedad.

Erró el Honorable [Tribunal] de Primera Instancia al proveer 

No Ha Lugar la solicitud de desestimación presentada por la 

5 Apéndice I del recurso, págs. 1-2.

6 Apéndice II del recurso, págs. 3-14.

7 Apéndice VIII del recurso, págs. 142-148.

8 Apéndice III del recurso, págs. 15-16.
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Sucesión de don Jorge Rodríguez Nazario, y de esa forma 

violentar la sección 4 de la Escritura de Sociedad Especial.

En cumplimiento con nuestra Resolución del 8 de diciembre de 

2023, la parte recurrida compareció mediante Moción Mostrando Causa 

Oponiéndose a Expedición de Certiorari el 20 de diciembre de 2023.

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, procedemos a 

resolver.

II

El certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un tribunal 

de jerarquía superior puede revisar discrecionalmente una decisión de un 

tribunal inferior. Rivera et al. v. Arcos Dorados et al., 2023 TSPR 65, 212 

DPR ___ (2023); Torres González v. Zaragoza Meléndez, 211 DPR 821 

(2023); Caribbean Orthopedics v. Medshape et al., 207 DPR 994, 1004 

(2021). Ahora bien, tal discreción no opera en lo abstracto. Con respecto a 

lo anterior y para revisar los dictámenes interlocutorios del Tribunal de 

Primera Instancia, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

52.1, dispone, en su parte pertinente, lo siguiente: 

El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes 

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, 

solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones 

cuando se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 

56 y 57 de este apéndice o de la denegatoria de una moción 

de carácter dispositivo. No obstante, y por excepción a lo 

dispuesto anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá 

revisar órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el 

Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de 

decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o 

peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios 

evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de 

relaciones de familia, en casos que revistan interés público o 

en cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación 

constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Al denegar 

la expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el 

Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su 

decisión.

[. . .]

Según se desprende de la citada Regla, este foro apelativo 

intermedio podrá revisar órdenes interlocutorias discrecionalmente, cuando 

se recurre de decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o 

peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciarios, 
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anotaciones de rebeldía o en casos de relaciones de familia o que revistan 

interés público, o en aquellas circunstancias en las que revisar el dictamen 

evitaría un irremediable fracaso de la justicia, entre otras contadas 

excepciones.

A esos efectos, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, dispone los criterios a considerar 

para ejercer sabia y prudentemente su decisión de atender o no las 

controversias ante sí. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 96-

97 (2008). Véase, además, Banco Popular de Puerto Rico v. Gómez Alayón 

y otros, 2023 TSPR 145, resuelto el 19 de diciembre de 2023; Rivera et al. 

v. Arcos Dorados et al., supra; Pueblo v. Rivera Montalvo, 205 DPR 352, 

372 (2020). Así, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

supra, funge como complemento a la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 

supra. Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra. La precitada Regla 

dispone lo siguiente:

El [T]ribunal tomará en consideración los siguientes criterios 

al determinar la expedición de un auto de certiorari o de una 

orden de mostrar causa:

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 

diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.

(B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada 

para el análisis del problema.

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de 

Primera Instancia.

(D) Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales deberán 

ser elevados, o de alegatos más elaborados.

(E) Si la etapa de los procedimientos en que se presenta el 

caso es la más propicia para su consideración.

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 

no causa un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación 

indeseable en la solución final del litigio.

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 

evita un fracaso de la justicia. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.

Sin embargo, ninguno de los mencionados criterios es determinante, 

por sí solo, para este ejercicio y no constituye una lista exhaustiva. García 
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v. Padró, 165 DPR 324, 335 esc. 15 (2005). Por lo que, de los factores 

esbozados “se deduce que el foro apelativo intermedio evaluará tanto la 

corrección de la decisión recurrida, así como la etapa del procedimiento en 

que es presentada; esto, para determinar si es la más apropiada para 

intervenir y no ocasionar un fraccionamiento indebido o una dilación 

injustificada del litigio”. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, pág. 97. 

(Énfasis omitido).

Nuestro Tribunal Supremo ha expresado también que, de ordinario, 

el tribunal revisor “no intervendrá con el ejercicio de la discreción de los 

tribunales de instancia, salvo que se demuestre que hubo un craso abuso 

de discreción, o que el tribunal actuó con prejuicio o parcialidad, o que se 

equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de 

derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará un 

perjuicio sustancial”. Zorniak Air Servs. v. Cessna Aircraft Co., 132 DPR 

170, 181 (1992), citando a Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 

(1986). Véase, además, Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 155

(2000).

Esbozada la norma jurídica, procedemos a aplicarla al recurso ante 

nos.

III

En síntesis, la parte peticionaria plantea en su primer señalamiento 

de error que el Tribunal de Primera Instancia erró al declarar No Ha Lugar 

su solicitud de desestimación, al amparo de la Regla 10.2(5) de 

Procedimiento Civil, supra. Argumenta que ni Rodríguez Nazario ni ninguno 

de los miembros de su Sucesión fueron parte del contrato suscrito entre el 

Municipio y la Sociedad Especial. Como segundo señalamiento de error, 

arguye que el foro primario incidió al imputarle responsabilidad a Rodríguez 

Nazario por una deuda de la Sociedad Especial. Por último, en su tercer 

señalamiento de error, sostiene que el proceder del foro a quo violentó la 

sección 4 de la Escritura de Sociedad Especial.
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Luego de un examen sosegado del expediente ante nos, 

determinamos que no existe criterio jurídico que amerite nuestra 

intervención con lo resuelto por el Tribunal de Primera Instancia. 

Considerando las alegaciones bien hechas de la demanda, interpretadas 

de la forma más liberal y favorable posible para la parte demandante –aquí 

recurrida–, colegimos que, en el caso de autos, no hay ausencia total de 

planteamientos que puedan justificar la concesión de un remedio en esta 

etapa de los procedimientos. Al entender sobre los planteamientos que la 

parte peticionaria propone ante este Foro, concluimos que la sala de origen, 

en lo pertinente, no incurrió en error de derecho ni en abuso de discreción 

al declarar No Ha Lugar la Moción en Solicitud de Desestimación, 

promovida por la parte peticionaria, ello a fin de que podamos soslayar la 

norma de abstención judicial que, en dictámenes como el de autos, regula 

el ejercicio de nuestras funciones.

Al evaluar los documentos que nos ocupan, concluimos que nuestra 

intervención, en esta etapa de los procedimientos, no resulta oportuna. 

Siendo así, y en ausencia de prueba que nos permita resolver en contrario, 

denegamos expedir el auto de certiorari que nos ocupa, al amparo de lo 

dispuesto en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, y la Regla 40 de 

nuestro Reglamento, supra.

IV

Por los fundamentos que anteceden, denegamos la expedición del

recurso de certiorari solicitado.

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones