N ÚMERO IDENTIFICADOR SEN 2 02 3

______________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico TRIBUNAL DE APELACIONES

Panel XI

NELLY DURÁN DELGADO

Apel a nte

v.
JESÚS SOSA CARRASQUILLO

Apela do KL AN 202 2 0 10 34 Apelación

procedente del Tribunal de Primera Instancia Sala de Fajardo
Caso Núm. CA2021CV0344 0
Sobre: Cobro de Dinero Panel integrado por su president a , la Juez Lebrón Nieves , el Juez Adames Soto y la Jueza Martínez Cordero Adames Soto, Juez Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de abril de 20 2 3

. Comparece ante nosotros l a señora Nelly Dur á n Delgad o , (señora
Dur á n Delgado o apelante) , mediante recurso de apelación, solicitando

que revoquemos una Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Fajardo , (TPI), el 5 de agosto de 2022. 1 En el contexto
de una ca u s a de acción presentada por la ap elante a través del proceso
sumari o establecido en la Re gla 6 0 de Proce dimiento Civil , 32 L

. PR

. A . Ap. V, R. 60, referente al co bro de pensiones ali ment icias presu ntamente vencidas o atrasadas, el TPI ( i ) la declaró Con Lu g a r , e n lo atinente a l

rec lamo por gastos incurridos de su propio peculio ante obligaciones que correspondían ser asumidas por el señor Jesús Sosa Carrasquillo, ( apelado o señor Sosa Carrasquillo ) ; pero , ( ii ) la desestimó en lo atinente
a las pens iones venc i d as o atr a sadas, determina ndo que no eran líquidas y exigibles, y el derecho a reclamarlas correspon día a la hija o hijo que advino a la mayoridad, no reconociéndole le gi ti mación act iva a la

1 Notificada el 8 de agosto de 2022.KL AN 20220 1034 2
apelante para ello. Ins a tisfecha la señora Durán Delgado con est a segunda p arte de la Sentencia apelada, nos solicit a su revocación.
Por los funda mentos que expond remos a continuación, confirmamos la Sentencia recurrida.
I. Resu men del tracto procesal
El 16 de diciembre de 2021, la señora Durán Delgado present ó

una D e manda so b re cobro de dinero bajo el procedimiento sumario de la Regla 60 de Proced imiento Civil, supra , en contra del señor Sosa
C arrasquillo. A legó que , el señor Sosa Carrasquillo le adeudaba $13,659.59 dólares por reembolso de pagos que esta cubrió tota l mente, a

p esar de ser respon sabilidad del apelado. Adujo que , tal suma de din ero
ad eudado surgía de la Resolución del caso civil número F DI1996

- 0889 , por lo que la deuda estaba venci da, líquida y exig ible

. Añadió q ue , los hijos que las partes tenían en c o m ún, al adv e nir a la mayoridad, tampoco recibieron pagos por concepto de deuda de pensión alimentaria, ni costas y honorar ios de ab ogados, que tuvo que cubrir la apela nte

. Luego de varios trámites procesales, no p ertinentes a la controversia que esta m o s dilucida n do, e l 15 de marzo de 2022, se celebró el juicio en su fondo mediante videoconferencia para dirimir la reclamación planteada en la D emanda

. 2 En la vis t a la apelante declaró

que, en un ca so de alimentos anterior entre las partes , aten dido por l a
Sala de Fa m ilia, se determ inó que al señor Sosa Carrasqu illo le correspond ía la obligación de pag ar el 2 9.28% de los gastos médicos, universitarios y de graduación de los hijos que tienen en común , aunque luego l as p artes estipula ron que fuera el 30%. 3 S o s tuvo que , e l apelado
todavía estaba obligado a pagar la referida cantidad por pensión alimentaria, además de una pe nsión alim entaria a los hijo s que aún eran

2 Es de notar que, a pesar d e haber sido debidamente emplazado, e l apelado no com pareció al juicio

. Anejo VII del apéndice del recurso de apelación, págs. 62

- 64. 3 Anejo IV del ap éndice del recurso de apelaci ó n, pág

. 20.KL AN2 0 220 1034 3
menores. En específico , la a pelante reclam ó el 30 % por los gastos en

ex ceso a los que le corre sp o nd ía asumir , p or procesos de ortodoncia, graduación y universidad en los que incurrió para su hija Irelis Sosa
Durán , que el apel ado no coste ó a pesar de corresponderle

. 4
P or otro lado, la señora Durán Delgado solicitó el reembolso por la s deudas de pen s ió n alimenta r ia dejadas de pagar por el apelado. Específicamente reclamó las siguientes cantidades; (1) $7,305.40 por

c oncepto de retroactivo establecido por el Tribunal; (2) $3 ,3 37.92 de gastos en la etapa apelativa ; y (3) $ 1,500.00 de honorarios de abog a do

. 5 La apel a nte manifestó que en el proceso s eguido en el caso del divor c io entre las part es el T ribunal había emiti do Resolució n el 4 de agosto de 2020, estableci endo un plan de pago a l p a dre no custodio , por concepto de pensión alimentaria , y una deuda po r retroact i vo. 6 Asimismo, afirmó que el Tribunal adjudicó dichas partidas luego que Ire lis Sosa Durá n , h ija de ambos, advino a la mayoría de edad.
Vi sto lo anterior , el 5 de agosto de 2022, 7 el TPI emitió Sentencia apelada, d i sp oniendo que la apela n te logró est a blec er la existencia de una deuda por los gastos en que incurrió para el tratamiento de

o rto doncia, graduación, matrícula y gastos universitarios de su hija, ante el incumplimiento del pago que le correspondía asumir al apelado para
dichas ne c es ida des

. En consonancia, condenó al señor Sosa Carrasquillo al pago de la suma correspond iente a tales gas tos asumi dos por la apelante , de $1,886.33 , más el interés legal de 5.00%. No obstante, en cuanto a la reclamaci ón de la s cuantía s

re lacionadas a la s pensi one s alimentarias vencidas o atrasada s , el foro primar io indicó que la única prueba que present ó la a pelante a t ales
efectos fue la Resolución del caso civil número F D I 1996

- 0889 ( caso de

4 Íd. 5 Íd.
6 Íd.
7 Notificada el 8 de agosto de 2022

.KL AN 20220 1034 4

divorcio ) , donde se es tableció un plan de pago que el apel a do asumi ría junto a la pensi ón alimentari a vigente. A raíz de lo cual, el foro prima r i o determinó que la señor a Durán Del ga do no había logrado establec er que
cont ara con una reclamaci ó n de cobro de dinero que fuera líquida y exigible , según se exige en la ca usa de acción iniciada baj o e l procedimiento sumari o provisto por Regla 60 de Procedimiento Civil , supra
. Por último, el TPI razonó que la señora Durán Delgado no tenía legitimaci ón para representar o reclamar en nombre de s us hijos ya
mayores, pens i on es atr asada s o no pagadas por el apelado. E n parti cular , el tribunal plasm ó que, confor me a lo establecido en Ríos
Rosario v. Vidal R amos, 134 DPR 3 (1993), tal causa de acción le

c orrespond ía al hijo o hija qu e h u bi e se alcanzado la mayoría de edad , pue s c ontaba con ple na capacidad jurídica para exigirlo a nombre propio. Inconforme, el 22 de agosto de 2022, la apelante presentó Moción
Solicitando Re conside ración. En lo pe rtinente, la señora D urán Delga do argumentó que en el caso de autos aplicaba la f i gu ra del pago por
tercero , p or cuanto su hija

− mayor de edad

− no qu ería recobrar la deuda de pensión alimenta ria ven cida . Así pues , solicitó que se le permitiera
desfilar prueba , y se le reembols ara lo adeudado. Sin embargo, e l TPI denegó la solicitud de r ec ons ideración instada

. Es así que la parte apelante acude ante nosotros impu t ándole al TPI la comisión de los siguientes errores :
Pri mer E rror: Erró el Honorable Tribunal de P rimera Instancia y abusó de su discreción al determinar que la parte dema n da nte

- apelante no estableció que tiene un a reclamación en cobro de dinero líquida y exigible, conforme lo establece el procedi miento de co bro de dinero con rel ación al reembolso por las deudas de pensión alimentaria s dejadas de pagar por el demand ado

- apel a do y que tuvo que satisfacer de su peculi o la parte demandante

- apelante.KL AN2 0 220 1034 5
Segundo Error : Erró el Honorable Tr ibunal de Primera Instancia y abusó de s u discreción al dictaminar que la parte demandante

- apelante no pagó en exceso de lo que le corres pondía o qu e d esembolsó de su peculio cantidad alg una por gastos incurridos para cubrir las necesidades no s atisfechas por el padre no custodi o y en consecuencia dejando sin efecto el reclamo por la cantidad total de $13,659.99 por concepto de pagos, gastos y pago s d e h onora rios de abogado qu e cubrió tota lmente la parte demandante

- apelante y que era responsabilidad del demandado

- apelado satisfacer como parte de la pensión alimenta ria establecida a favor de la meno r .
Tercer Error: Erró el Honorable Tribunal de Pr i me ra Instancia y abus ó de su discreción a l dictaminar que la parte demandante

- apelante no tiene legitimación activa para reclamar el pago de pensiones no pagadas por el padre alimentante y que tuvo que satisfacer de su peculio la parte deman dante

- apelante

. D e conformidad, el 13 d e enero de 2021 , emitimos una Reso lución
concediéndole treinta días al apelado para que presentara su escrito en oposición , pero este nunca compareció . En consecuencia, sin el beneficio de la comparec enci a del señor Sosa Carras q ui llo , procedemos a resolver

. II. E xposición de Derecho
A. Alimentos En nuestro ordenamiento jurídico los menores tienen un derecho
fundamental a recibir alimentos. Díaz Rodríguez v. García Neris, 208 DPR 706, 717 (2022); Fonseca Zayas v. Rodrí guez Meléndez , 1 80 D PR 623, 632 (2011). Es te derecho es inherente al derecho fundamental a la vida, consagrado en la Carta de Derechos de nuestra Constitución. Díaz Ramos v. Matta Irizarry , 198 DPR 916, 923 (2017); De León Ramos v.
Navarro Acevedo , 195 DPR 157, 169 (20 1 6) ; Sa ntiago, Maisonet v.
Ma isonet Correa , 187 DPR 550, 559

- 560 (2012); Llorens Becerra v. Mora
Monteserín , 178 DPR 1003, 1016 (2010); McConnell v. Palau , 161 DPR 734, 745 (2004). Los casos sobre aliment os de menores están revestidos
del más alto interés p úb lico

. Díaz Rodríguez v. Ga rcía Neris, supra, pág. 5; Fonseca Zayas v. Rodríguez Meléndez , ante, pág. 632; Argüello v. Argüello, 155 DPR 62, 70 (2001). Ello debido a que procurar el mejorKL AN 20220 1034 6
interés y bienestar de los menore s “constitu ye un pilar fundamenta l d e

nu estra sociedad y se ha reconocido como parte integral de la política pública del Gobierno de Puerto Rico.” De León Ramos v. Navarro Acevedo , supra, pág. 169.
El artículo 590 del Código Civil , 31 LPRA sec. 7242, establece qu e los progenitores tie n en el deber de alimentar y p roveerle lo necesario para el desarrollo y formación integral de sus hijos, sujetos a su patria potestad. Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el

sus tento, la vivienda, la vestimenta , la recreación y la a s is tenc ia médica de una perso na, según la posición social de su familia. Artículo 653 de Código Civil, 31 LPRA 7531. De esta manera, el Códi go Civil establece que ambos progenitores responden solidariamente de los alimentos de sus h ijos. Si uno de ello s

n o cu mp le su obli gación de pa go ín tegra y oportunamente, el otro puede
iniciar la acción de cobro a nombre del alimentista , esté o no bajo su
custod ia, o a nombre propio como codeudor solidari o
. ( Énfasis provisto )

. Artículo 6 61 del Código Civil , 31 LPRA 75 4 4. Cón sono con lo anterior, nuestro máximo foro ha reiterado que mientras los hijos sean menores de edad, no emancipados, son los padres quie nes deben reclamar el pago de las pensiones alimentarias en nombre de sus hijos. Toro Sotomayo r v.
Colón Cruz

, 176 DP R 52 8, 535 (2009).
N o o bstante, una vez los hijos alcanzan la mayoría de edad, esto s
tiene n la capacidad par a representar s us propios intereses ante los
tribuna les, por lo que desde ese momento sus pa dres no pueden hacerlo. Íd

. en la pág. 536

; Key ni e ve s v. Oyola Ni eves, 116 DPR 261, 268 (1985 ). Conforme a lo cual, en el caso de las pen siones alimentarias venci das o atrasadas, el progenito r carece de legitimación para representar a su hijo alimentista mayor de edad o para continuar la acción de co bro
d e las cuantías no satisfecha s , aunque haya sido el progenito r quienKL AN2 0 220 1034 7
inició la acción originalmente. ( Énfasis provisto )

. Toro Sotomayor v.
Colón Cruz

, sup ra
. B. Acci ón de reembolso
Por otra parte, e l Tribunal Supremo resolvi ó q ue cuando un padre
alim entant e p a ga en exceso de lo q ue le corre spo nde , ti ene un crédito a favor por ese excedente. Íd ; Calvo Mangas v. Aragonés Jiménez , 115 DPR
219 , 229 (1984). Asimismo, el a lto foro determin ó que el padre que ha pagado en ex ceso puede reclamar su crédito mediante u n a acci ón independiente que n o configura una reclamaci ón de a limentos. Figueroa
Robledo v. River a Rosa, 149 DPR 565 , 574 (199 9)

. Es decir, tiene disponible una acció n p ersona l para que se le reembols e lo que pag ó en

exceso . En dicha situ ación , aplica la fi g ur a de l pago por tercero, re gulada por el Artí culo 1120 del Código Civil, 31 LPRA 9151, en donde se establece lo siguiente: Cualquier persona puede hace r el pa go, tenga inter és en el cumplimiento de la obligación o no, ya sea que lo co no zca y lo a pruebe e l deud o r, o ya que lo ignore

. La persona que paga por cuenta de otra puede reclamar del deudor lo que ha pagado , excepto cuando lo ha hecho sin su consentimiento. En este último caso , si el t ercero hace el pago de buena fe puede exigir al deudor que le r e st ituy a aquello en lo que le ha sido útil el pago.
C. Legitimación Activa
Nuestro Tribunal Supremo ha reiterado que “[l]a legitimación activa es uno de los requisitos del principio de justiciabilidad que los tribunales tienen que tomar e n consideración ant e s de a djudicar una

controve r sia en los méritos”. Asociación de Maestros v. Dept. de Educación, 200 DPR 974, 976 (2018); Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 DPR 920, 942 (2011). La legitimación activa se ha definido como “[l]a c a pacidad de una part e p ara realizar con eficacia actos procesales como parte litigante y comparece como demandante o demandado, o en representación de cualquiera de ellos”. Col. De Ópticos de P.R. v. Vani Visual Center, 124 DPR 559, 563 (1989). Asimismo, “ e s unKL AN 20220 1034 8

instrumento de au toli mitación y de prudenc i a judicial que tiene su génesis en la doctrina de justiciabilidad de las controversias”. Íd

. Para determinar si una parte tiene leg itimación activa debe cumplir con los siguientes requisitos: (1) haber suf r ido un daño claro y

pa lpab le; (2) que el refer id o daño sea real, inmediato y preciso, y no abstracto o hipotético; (3) una conexión entre el daño sufrido y la causa de acción ejercitada, y (4) que la causa de acción surja bajo el palio de la
Constitución o de una ley. Asocia c ió n de Maestros v. Dept. de Educación , supra; Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, supra, pág. 943; Lozada Tirado et al. v. Testigos Jehová , 177 DPR 893, 924 (2010). En nuestro ordenamiento, “[s]e ha reconocido que un caso no es jus t iciable cuand o
las p ar tes no tienen legitimación activa”. Torres Montalvo v. Hon. Alejandro García Padilla, 194 DPR 760, 766

- 767 (2016); P.N.P. v. Carrasquillo , 166 DPR 70, 74 (2005).
D. Procedimiento Sumario bajo la Regla 60 La Regla 60 de Procedimiento Civ il, 32 LPRA Ap. V, R .6 0, e stablece

un proceso su mario para resolver reclamaciones de deudas que no excedan los q uince m il dólares ( $15,000 .00 ), exclu yendo lo s intereses

. La
referida regla se creó con el propósito de agilizar y simplificar los procedimiento s en reclamaciones p or cua ntías pequeñas, para f acilitar el acceso a los tribunales y lograr una solución rápida, justa y económica.
Asoc . Res. Colinas Metro v. S.L.G ., 156 DPR 88, 97 (2 002).
Por otro lado , e n una acción de cobro de dinero , el demand ante tiene que probar se r e l ac reedor de una deuda ve ncida , líquida y exigible

. ( Énfasis provisto )

. General Electric v. Concessionaires, Inc., 118 DPR 32, 43 (1986)

. Respecto a ello, nuestro Tribunal Supremo expresó :
El vocablo " líquida '' en relación con una cue nta, en lengu aje c or rien te significa el saldo "o residuo de cuantía cierta que resulta de la comparación del cargo con la data''. Y la voz

" exigible '' refiriéndose a una obligación, significa que puede demand arse su cumplimiento. Guadalupe v. Rodr í guez , 70 DPR 958, 966

- 967 (1 950)

.KL AN2 0 220 1034 9

La deuda es " líquid a " cuando la cuantía de dinero debida es "cierta" y "determinada". Ramos y otros v. Col ó n y otros , 153 DPR 534, 546 (2001), citando a M.A. Del Arco Torres y M. Po ns González,
Diccionario de Derecho Civil , Navar ra, Ed. Aranz adi, 19 84, T. II, pág. 168

y a Fr eeman v. Tribunal Superior , 92 DPR 1, 25 (1965). Por su part e , la
deuda es " exigible " cuando la obligación no está sujeta a una causa de nulidad y puede demandar se su cumplimiento. Guadalupe v. Rodríguez , supra
. III. A plicación del De rech o a los hechos
Por est ar íntimam ente relacionados, se discut i r án los errores señalados en conjunto. La apelante aduce que incidió el TPI al determinar que no logró
establec er que la reclamación en cobro de dinero fuera líquida y exigib l e
. De i g ua l f

or ma, cuestiona la decisión del TPI al dec lara rla s in legitimación para reclamar el pago de pensiones adeudadas a sus hijos

. Valga iniciar reiterando que el TPI sí reconoció y orden ó que e l apela do pagar a a la parte apel ante el re embolso del dinero que e s ta

asu mi ó, en exceso de l por ciento que le correspondía en el pago de la pensión alimentari a
. Habiéndose probado e n la vista evidenciaria
celebrada e l crédito en favor de l a apelante surgido por las cantidades pagadas en pensión alimentaria, en exceso de l o q ue l e correspondía, sólo p rocedía ordenar el pago de los debido, segú n así lo hizo el TPI. Sobre esto, el foro a quo dejó const ancia en la Sentencia apelada de que
la apela nte present ó e videncia de los recibos de los gastos de ortodoncia, matrícula y un i ve rsid ad , demost rando que te nía una deuda líquida y exigible , susceptible de ser reclamada a través del pro c eso que habilita la Regla 60 de Procedimiento Civil, supra

. No o bstante , fue con relación a la re clamaci ón instada por la apelante sobre la pensió n a lime ntaria vencida y alega damente adeudadaKL AN 20220 1034 10
por el apelado hacia los hijos en común , que el foro primario de terminó

que no pro cedía ordenar el pago reclamado

. Con referencia a este primer

asunto , lo primero que llama la atención es que, a pesar de que en la
vis ta celebrada ante el T PI para dilucidar los asuntos allí planteados se presentó pr ueba document al, pero también se desfiló prueba testi f ical, la parte apelante no i ncluyó junto a su escrito ante nos algún medio de reproduc ción de la prueba tes tifica l , que nos pusi era en posició n de
verificar las determinaciones de hechos conduc entes al resultado cuya

re vocación pr etende , por lo que estamos atados a conceder deferencia a las que realizara el foro apelado

. Llamada la atención sobre lo anterior , e s de v er que , por una parte,
el TP I fundó la desestimación de la causa de acción de cobro de dinero
aludida , en su afirmación de que la señor a Durán Delgado n o establ eció que t uviera una deuda de cobro de dinero que fuera líquida y exigible , lo que es un requer i mi ento ineludible d e los pro cesos iniciados al amparo de la Regla 60 de Procedimiento Civil, supra

. Según señalamos en la exposición d e derecho , e l promovente de la causa de acción instada bajo el proceso particular provisto por la reg la citada tiene que p ro bar ser el
acreedor de una deuda vencida , líquida y exigible

. General Electric v. Concessionaires, Inc., supra. ( Énfasis provisto )

. L a alusión por la apelante a la Sentencia emitida en el proceso de
divorcio seguido entre las partes de epígrafe, como b as e pa r a establecer
el derec ho a l recobro de pensiones a limentarias no pagadas por el apelado, falló en establecer que la presunta deuda reclamada fuera cie rta y determinada . Aun a este nivel apelativo tampoco surgen tales
elemen tos , para p oder ordenar al ap elad o el pago de l as pensi ones
alimentarias alegadas , es decir, no se logra establecer una deuda vencida, lí quida y exigi ble. El plan de pago de la pensión alimentaria
establecido en el referido caso de di vorcio, con el que tendría que cu mplirKL AN2 0 220 1034 11
el apelad o , no p r ecisa la s cantidades pagadas y las debidas, de modo que
im posibilitan el cumplimiento con el requerimiento de que la cantidad reclamada a través de la Regla 6 0, supra, sea líqui da, y exigible

. A pesar
de lo ex plicado, en su recurso ante nosotros la ap elan t e no a hon d ó sobre

est e asunto, limitando su discusión a l a legado error del TPI de no tomar conocimiento ju dicial de la Se ntencia de divorcio entre las partes. Por otra parte , el TPI también d ispuso que la a pelante no poseía legitimación activa pa r a recl a mar la pensión alimen taria venci da y no pagada por el señor Sosa Carrasqu illo que se debía a los hijos que y a habían advenido a la mayoridad

. Es import ante en este punto notar que
l a apelante reclam ó la pensión alimentaria adeudada por el apelado a la hij a en común , ya mayor d e edad.
Conform e resaltamos en la exposición de derecho , la legitimación activa es uno de los requisitos del principio de justiciab ilidad que los
tribunales t enemos que tomar en consideración antes de adjudicar una
controversi a e n lo s méritos. Asoc

. D e ma estros v. Dept. de Educación , supra. So bre tal tema, nuestro alto f oro ha reiterado que , en los casos de pensiones alimentarias vencidas o atrasada s , el progenitor carece de legitimación para reclamar l as cuant ías no satisfecha s e n re p resentación
de l hijo mayor de edad. Es decir, qui én po see legitimación para reclamar la p ensión alimentari a no satisfecha es el hijo mayor de edad , quien tiene la capacidad ju rídica para representar sus propios intereses. To ro Sotomayor v. Colón Cr u z , sup r a.
De lo anterior se sigue que, tal como lo determinó el TPI, la apelante no t enía legitimación para reclamar las cuantía s correspondientes al pago de pensiones alimentarias , an te el hecho
incontrovertid o que tal causa de acción solo p odía ser rec l am ada p or la
h ija mayor de e dad , quien ostenta ba el derecho de iniciar causa judicial
de conformidad

.KL AN 20220 1034 12
Seg ún se ha visto, el tribunal a quo se ajustó a derecho al emitir el dictamen apelado, no cometi e ndo los errores que se le imputaron, por lo

que solo n o s corr e sponde confirmar la S entencia apelada

. IV. Parte dispositiva Por los fundamentos expuestos, confirmamos la Sen tencia apelada.

L o pro nunció y manda el Tribunal y lo cer tifica su Secretaria.

Lcda. Lilia M. Oqu endo Solís Secretaria del Tribunal de Ape l a c ione s