Número Identificador

SEN2024 _______________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL II

NORTH SIGHT 

COMMUNICATIONS, LLC

Recurrente

v.

MUNICIPIO AUTÓNOMO DE 

CIDRA; JUNTA DE 

SUBASTAS DEL MUNICIPIO 

AUTÓNOMO DE CIDRA

Recurridos

MOUNTING 

COMMUNICATION, INC.

Proponente Seleccionado

SKYTEC, INC.

Otro Proponente

KLRA202400043

consolidado con

RECURSO 

ADMINISTRATIVO

procedente de la 

Junta de Subastas 

del Municipio 

Autónomo de Cidra

Subasta número:

2023-2024-19

Sobre:

Impugnación de 

Adjudicación de 

Subasta Núm. 2023-

2024-19 sobre

“Renglón Núm. 4 

Adquisición de Equipo 

Radiofrecuencia para 

Sistema de 

Emergencias”

SKYTEC, INC.

Recurrente

v.

MUNICIPIO AUTONOMO DE 

CIDRA HON. ANGEL D. 

CONCEPCIÓN GONZÁLEZ; 

HON. JUNTA DE SUBASTAS 

DEL MUNICIPIO AUTONOMO 

DE CIDRA

Recurrido

MOUNTING 

COMMUNICATION, INC.

Proponente SeleccionadoParte interesada

NORTH SIGHT 

COMMUNICATIONS, LLC.

KLRA202400053

REVISIÓN 

ADMINISTRATIVA 

procedente de la 

Junta de Subasta del 

Municipio Autónomo 

de Cidra

Subasta Núm.: 19, 

Serie 2023-2024

Sobre: 

Impugnación de 

Adjudicación y de 

Notificación de 

Adjudicación de 

Subasta Núm. 19, 

Serie 4, para la 

Adquisición de 

Equipo de 

Radiofrecuencia para 

Sistema de 

Emergencia

Panel integrado por su presidente, el juez Bermúdez Torres, el juez 

Adames Soto y la juez Aldebol Mora.

Aldebol Mora, Juez Ponente

S E N T E N C I A

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2024.
KLRA202400043 cons. con KLRA202400053 2

Comparece la parte recurrente, North Sight Communications, LLC y 

Skytec, Inc., mediante los recursos KLRA202400043 y KLRA202400053, 

posteriormente consolidados, y nos solicitan la revisión de la notificación 

emitida por la Junta de Subastas del Municipio Autónomo de Cidra el 22 de 

enero de 2024. Mediante la misma, el referido organismo notificó la 

adjudicación de subasta a favor de Mounting Communication, Inc.

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

desestiman los presentes recursos de revisión judicial por academicidad.

I

El 14 de noviembre de 2023, la Junta de Subastas del Municipio 

Autónomo de Cidra (Junta o recurrida) publicó un Aviso de Subasta en un 

periódico de circulación general, en el cual se solicitó propuestas para la 

adquisición de equipo de radiofrecuencia para sistema de emergencias.1

Conforme surge de los documentos de autos, hasta el 13 de diciembre de 

2023, la Junta recibió propuestas por Skytec, Inc. (Skytec), North Sight 

Communications, LLC (NSC) (recurrentes) y Mounting Communication, Inc. 

(MC) en calidad de licitadores. Evaluadas las propuestas, el 22 de enero 

de 2024, la Junta emitió y notificó la Notificación de Adjudicación que nos 

ocupa, a favor de MC.

2

Inconforme, el 29 de enero de 2024, NSC acudió ante esta Curia, 

mediante el recurso KLRA202400043, señalando el siguiente error:

Erró la Junta de Subastas del Municipio al adjudicar la buena 

pro de la [s]ubasta a Mounting, debido a que Mounting no 

cumplió con someter la fianza (Bid Bond) por la cantidad 

requerida en los documentos de la [s]ubasta y, por ende, 

debió ser descalificado.

En específico, NSC planteó que MC incumplió con el requisito de 

proveer una fianza por el cinco por ciento (5%) del total de su oferta, por lo 

que procedía descalificarlo. Asimismo, sostuvo que Skytec también 

incumplió con varios requisitos y especificaciones de la subasta en 

cuestión. Alegó que procedía rechazar la oferta de este último porque 

1 Apéndice 1 del recurso, pág. 1.

2 Apéndice 9 del recurso, págs. 478-481.
KLRA202400043 cons. con KLRA202400053 3

incumplió con completar y suministrar toda la información requerida en los

documentos y anejos de su oferta, según requerido por la Junta.

Igualmente insatisfecho, el 1 de febrero de 2024, Skytec acudió ante 

nos, mediante el recurso KLRA202400053, señalando los siguientes 

errores:

Erró la Junta de Subastas al adjudicarle la buena pro a 

Mounting aunque este no cumplió con los requisitos 

mandatorios, por lo que procedía su descalificación.

Erró la Junta de Subastas al emitir una Notificación de 

Adjudicación que no fundamentó la determinación ni cómo los 

licitadores cumplieron o incumplieron con los requisitos y 

condiciones impuestas en el aviso y los pliegos.

En particular, Skytec argumentó que la Junta no podía adjudicarle la 

subasta a MC, toda vez que este no proveyó la fianza requerida, sino una 

cantidad menor al cinco por ciento (5%) solicitado. A su vez, arguyó que 

MC tampoco produjo las declaraciones juradas sobre litigios pendientes y 

la certificación de que no había radicado quiebras. Por otro lado, adujo que 

NSC no incluyó en su propuesta la carta sobre línea de crédito o evidencia 

de fondos requeridos, ni los estados financieros intermedios, por lo que no 

fue responsivo.

En cumplimiento con nuestras Resoluciones del 1 y 9 de febrero de 

2024, NSC compareció al recurso KLRA202400053, mediante Alegato en 

Oposición de North Sight Communications, LLC, el 28 de febrero de 2024. 

Por su parte, Skytec compareció al recurso KLRA202400043, mediante 

Alegato en Oposición de Skytec[,] Inc., el 6 de marzo de 2024.

Así las cosas, luego de la extensión de los términos concedidos para 

ello, el 25 de marzo de 2024, el Municipio Autónomo de Cidra compareció 

mediante Moción en Cumplimiento de Orden y Posición en Cuanto al 

Recurso Instado y presentó junto a esta una copia certificada del 

expediente administrativo. En esencia, indicó que, el 21 de marzo de 2024, 

emitió y notificó un Aviso de Cancelación de Adjudicación, mediante el cual 

canceló la otorgación de la subasta en cuestión. Sostuvo que dicha 

cancelación fue en sus mejores intereses, toda vez que no tenía la 

necesidad de los servicios según propuestos en el pliego de la subasta y 
KLRA202400043 cons. con KLRA202400053 4

no contaba con la totalidad de los fondos propuestos. En virtud de ello, 

solicitó que se declararan No Ha Lugar los recursos por academicidad, ya 

que la subasta había sido cancelada conforme a derecho.

El 17 de abril de 2024, emitimos una Resolución mediante la cual le 

otorgamos un término a la parte recurrente para mostrar causa por la cual 

no debíamos desestimar los recursos por academicidad ante la 

cancelación de la subasta.

Luego de varios trámites procesales, el 26 del abril de 2024, Skytec 

presentó una Moción en Cumplimiento de Orden. Indicó no tener objeción 

en contra de la desestimación de los recursos por academicidad. Por su 

parte, el mismo día, NSC presentó una Moción para que se Ordene a los 

Recurridos la Notificación de la Moción de Desestimación. En síntesis, 

reiteró los argumentos planteados en un escrito previo, en el que solicitó la 

aclaración de nuestra orden de mostrar causa, la cual aclaramos mediante 

Resolución del 22 de abril de 2024. En esencia, NSC erróneamente 

entendía que la desestimación por academicidad fue a petición de una 

parte, sin tomar en consideración que el Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones expresamente provee para que esta Curia desestime motu 

proprio por varias instancias, entre ellas, por academicidad. Véase, Regla 

83 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83.

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, así como con la 

copia certificada del expediente administrativo, procedemos a resolver.

II

A

La jurisdicción es el poder o autoridad de un tribunal para considerar 

y decidir casos y controversias. R&B Power, Inc. v. Junta de Subastas de 

la Administración de Servicios Generales de Puerto Rico, 2024 TSPR 24, 

resuelto el 13 de marzo de 2024; FCPR v. ELA et al., 211 DPR 521 (2023); 

MCS Advantage v. Fossas Blanco et al., 211 DPR 135 (2023); Cobra 

Acquisitions v. Mun. Yabucoa et al., 210 DPR 384 (2022). Es por ello que, 

la falta de jurisdicción de un tribunal incide directamente sobre el poder 
KLRA202400043 cons. con KLRA202400053 5

mismo para adjudicar una controversia. Allied Mgmt. Group v. Oriental 

Bank, 204 DPR 374, 386 (2020). Por tal razón, es norma reiterada que los 

tribunales son celosos guardianes de su jurisdicción y que tienen el deber 

ineludible de auscultar dicho asunto con preferencia a cualesquiera otros.

R&B Power, Inc. v. Junta de Subastas de la Administración de Servicios 

Generales de Puerto Rico, supra; Pueblo v. Torres Medina, 211 DPR 950 

(2023).

De ese modo, la ausencia de jurisdicción trae varias consecuencias, 

tales como: (1) que no sea susceptible de ser subsanada; (2) las partes no 

puedan conferírsela voluntariamente a un tribunal como tampoco puede 

este arrogársela; (3) conlleva la nulidad de los dictámenes emitidos; 

(4) impone a los tribunales el ineludible deber de auscultar su propia 

jurisdicción; (5) obliga a los tribunales apelativos a examinar la jurisdicción 

del foro de donde procede el recurso; y (6) puede presentarse en cualquier 

etapa del procedimiento, a instancia de las partes o por el tribunal motu 

proprio. Allied Mgmt. Group v. Oriental Bank, supra.

En ese sentido, en reiteradas ocasiones el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico ha expresado que los tribunales tenemos el deber de proteger 

nuestra jurisdicción sin poseer discreción para asumirla donde no la hay.

Pueblo v. Ríos Nieves, 209 DPR 264 (2022). Por tanto, si un tribunal carece 

de jurisdicción, solo resta así declararlo y desestimar la reclamación sin 

entrar en los méritos de la controversia. R&B Power, Inc. v. Junta de 

Subastas de la Administración de Servicios Generales de Puerto Rico, 

supra; Mun. de San Sebastián v. QMC Telecom, 190 DPR 652, 660 (2014).

A esos efectos, las cuestiones de jurisdicción son de índole privilegiada y 

deben ser resueltas con preferencia. Pueblo v. Ríos Nieves, supra; FCPR 

v. ELA et al., supra.

B

Sabido es que los tribunales solo pueden resolver casos que sean 

justiciables. Bhatia Gautier v. Gobernador, 199 DPR 59, 68 (2017); Asoc. 

Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 DPR 920, 931 (2011). El principio de 
KLRA202400043 cons. con KLRA202400053 6

la justiciabilidad gobierna el ejercicio de la función revisora de los 

tribunales, fijando la jurisdicción de estos. Conforme a dicho principio, los 

tribunales limitan su intervención a resolver controversias reales y definidas 

que afectan las relaciones jurídicas de partes antagónicas u opuestas. 

Super Asphalt v. AFI y otro, 206 DPR 803, 815 (2021); U.P.R. v. Laborde 

Torres y otros I, 180 DPR 253, 279-280 (2010); E.L.A. v. Aguayo, 80 DPR 

552, 583-584 (1958). 

La doctrina de la academicidad constituye una de las 

manifestaciones de la justiciabilidad. Super Asphalt v. AFI y otro, supra. 

Una controversia es académica cuando los acontecimientos y cambios 

fácticos tornan en ficticia su solución, de tal modo que un fallo del tribunal 

no tendría efectos prácticos. Amador Roberts et als. v. ELA, 191 DPR 268, 

283 (2010), citando a Com. de la Mujer v. Srio. de Justicia, 109 DPR 715, 

724-725 (1980). Por tal razón, se debe evaluar los eventos anteriores, 

próximos y futuros, a fines de determinar si la controversia entre las partes 

sigue viva y subsiste con el tiempo. Super Asphalt v. AFI y otro, supra, pág. 

816; Pres. del Senado, 148 DPR 737, 759 (1999). Cuando un tribunal 

determine que un caso es académico, su deber es abstenerse de 

considerar los méritos de ese caso, pues deja de ser justiciable y, en su 

consecuencia, no es apto para la intervención judicial. Íd. Con esta 

limitación sobre el poder de los tribunales, se persigue evitar el uso 

innecesario de los recursos judiciales y obviar pronunciamientos 

autoritativos de los tribunales que resulten superfluos. C.E.E. v. Depto. de 

Estado, 134 DPR 927, 935-936 (1993).

Ahora bien, la doctrina de academicidad admite excepciones que 

operan cuando: (1) se plantea una cuestión recurrente que tienda a evadir 

la revisión judicial; (2) la situación de hechos ha sido modificada por el 

demandado, pero el cambio no aparenta ser permanente; y (3) subsisten 

consecuencias colaterales vigentes. Bhatia Gautier v. Gobernador, supra, 

págs. 74-75; Torres Santiago v. Depto. Justicia, 181 DPR 969, 983 (2011).
KLRA202400043 cons. con KLRA202400053 7

Por otro lado, la Regla 83 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83, provee para solicitar la 

desestimación de todo recurso que haya advenido académico, así como 

para la desestimación motu proprio por esta Curia. En lo pertinente, la 

referida regla establece lo siguiente:

[...] 

(B) Una parte podrá solicitar en cualquier momento la 

desestimación de un recurso por los motivos siguientes: 

 

(1) Que el Tribunal de Apelaciones carece de 

jurisdicción.

(2) Que el recurso fue presentado fuera del término 

de cumplimiento estricto dispuesto por ley sin 

que exista justa causa para ello.

(3) Que no se ha presentado o proseguido con 

diligencia o de buena fe.

(4) Que el recurso es frívolo y surge claramente 

que no se ha presentado controversia 

sustancial o que ha sido interpuesto para 

demorar los procedimientos.

(5) Que el recurso se ha convertido en 

académico. 

(C) El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa propia, podrá 

desestimar un recurso de apelación o denegar un auto 

discrecional por cualesquiera de los motivos consignados en 

el inciso (B) de esta regla. 

 

[...] (Énfasis nuestro).

Esbozada la norma jurídica, procedemos a aplicarla al recurso ante 

nos.

III

Sabido es que los tribunales deben ser celosos guardianes de su 

jurisdicción y que no poseen discreción para asumirla donde no la tienen.

Allied Mgmt. Group v. Oriental Bank, supra. Por consiguiente, los asuntos 

relacionados a la jurisdicción de un tribunal son privilegiados y deben

atenderse con primicia. Íd. Por tratarse de un asunto de índole 

jurisdiccional, procedemos a evaluar la aplicabilidad de la doctrina de 

academicidad a los casos de autos. Veamos.

Conforme surge de los expedientes de autos, esta Curia carece de 

autoridad para entender sobre los méritos de la cuestión que la parte 

recurrente propone en sus señalamientos de error, toda vez que la misma 
KLRA202400043 cons. con KLRA202400053 8

no es de carácter justiciable. De los documentos sometidos ante nuestra 

consideración, se desprende que la parte recurrente solicitó la revisión 

judicial de la Notificación de Adjudicación emitida por la Junta el 22 de 

enero de 2024. Al revisar la Moción en Cumplimiento de Orden y Posición 

en Cuanto al Recurso Instado, así como el expediente administrativo 

certificado, presentado por la parte recurrida, tomamos conocimiento del 

Aviso de Cancelación de Adjudicación emitido por la Junta el 21 de marzo

de 2024, mediante el cual canceló la otorgación de la subasta objeto de la 

revisión judicial de epígrafe. Tomando en consideración los asuntos 

presentados por los licitadores aquí recurrentes, así como la totalidad de 

los documentos a nuestro haber, colegimos que entre los comparecientes 

ya no existe una controversia real que amerite el ejercicio de nuestras 

funciones judiciales. Por consiguiente, resulta forzoso resolver que la 

controversia de autos se tornó académica, ello por no existir intereses 

antagónicos entre las partes que ameriten la intervención de la maquinaria 

judicial.

A tenor con lo antes expuesto, en ausencia de disputa legítima entre 

los aquí comparecientes, así como la inaplicabilidad de las excepciones a 

la doctrina de academicidad, resulta improcedente emitir una expresión 

sobre los errores señalados, toda vez que no ha de incidir sobre sus 

derechos.

IV

Por los fundamentos que anteceden, desestimamos los presentes

recursos de revisión judicial por academicidad.

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones