Número Identificador

SEN2023 _______________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL ESPECIAL

TATIANA 

VALLESCORBO 

CUEVAS

Apelante

v.

IVÁN E. RIVERA 

LABRADOR

Apelado

KLAN202300199

Apelación 

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 

Superior de San Juan

Sobre: Custodia

Caso Núm. 

KCU2019-0066

(701)

Panel integrado por su presidente, el juez Rodríguez Casillas, la 

jueza Mateu Meléndez y el juez Marrero Guerrero.

Rodríguez Casillas, juez ponente.

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de diciembre de 2023.

Comparece ante nos la señora Tatiana Vallescorbo Cuevas

(Vallescorbo Cuevas o apelante) para que revisemos la Sentencia

dictada y notificada el 29 de diciembre de 2022, por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de San Juan (TPI), en la que 

sostuvo los hallazgos y las recomendaciones del Informe Social 

Forense emitido por la trabajadora social, Elizabeth Litsky Collazo. 

Por lo que, entre otros asuntos, ordenó continuar con la custodia 

compartida del menor N.E.R.V.

El 13 de enero de 2023, la apelante solicitó reconsideración y 

el 6 de febrero de 2023 el TPI la declaró No Ha Lugar.

1

Examinados los escritos de las partes y con el beneficio de la 

transcripción de la prueba oral, resolvemos confirmar el dictamen 

apelado. Veamos los fundamentos.

1 Notificada el mismo día.
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-IEl 22 de febrero de 2019 la señora Vallescorbo Cuevas incoó 

una demanda contra el señor Iván Enrique Rivera Labrador (Rivera 

Labrador o apelado) solicitando la custodia monoparental de su hijo 

N.E.R.V. (NERV o menor),

2 producto de una relación que culminó en 

verano de 2018, por lo que acordaron compartir la custodia del 

menor. Sin embargo, ante la existencia de un ambiente de alta 

conflictividad entre ambos progenitores, la señora Vallescorbo 

Cuevas solicitó la concesión de una custodia monoparental.

Ante tal solicitud, el TPI ordenó a la Unidad Social la 

realización de un informe social. Por lo cual, el 9 de junio de 2019

la trabajadora social Elizabeth Litsky Collazo (TS Litsky Collazo), 

rindió un Informe Social Forense (Informe Social I) recomendando la 

custodia compartida.3 Recibido el Informe Social I, se les informó a 

las partes el trámite a seguir de no estar conformes.

4 Por ello, la 

apelante decidió impugnar el mismo.5

Luego de varios incidentes, el TPI entendió que era necesario 

reevaluar el caso,

6 por lo cual, el 12 de mayo de 2021 ordenó a la 

Unidad Social la reevaluación. En lo pertinente, expresó:

Se refiere el asunto a la Unidad Social para revaluación 

debido a que han transcurrido casi dos años desde que se 

presentó el Informe Social original sin que se haya 

determinado si el Tribunal acoge las recomendaciones. 

Además, porque con posterioridad a la presentación del 

Informe han ocurrido incidentes entre las partes que están 

íntimamente relacionados con los requisitos que el Tribunal 

debe evaluar al momento de adjudicar los casos de Custodia, 

a tenor con la Ley 223 de 2011. A estos efectos, se ordena a 

la unidad Social evaluar los eventos relacionados con las 

alegaciones sobre eventos de Ley 54; los acuerdos alcanzados 

por las partes en ocasión de un caso de Ley 54; las 

alegaciones sobre agresión sexual al menor; y, la intención de 

los profesionales de la salud que han evaluado y/o tratado en 

este periodo a este núcleo familiar y sus componentes. [...].7

2 Anejo I de la Apelante, págs. 1 – 5.

3 Anejo CXXV de la Apelante, págs. 494 – 507.

4 Anejo VIII de la Apelante, págs. 35 – 36.

5 Anejo IX de la Apelante, págs. 43 – 45.

6 Anejo LXX de la Apelante, págs. 254 – 257.; Véase, además, Anejo LXXI de la 

Apelante, págs. 258 – 259.

7 Id., en la pág. 255.
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En cumplimiento con lo ordenado, el 16 de septiembre de 

2021 la TS Litsky Collazo sometió un Informe Social Forense

(Informe Social II).

8 Reiteró su recomendación de que ambos 

progenitores ostentaran la custodia compartida de NERV.

1. Que la Custodia del menor continúe Compartida entre las 

partes de la siguiente forma;

- Semanas alternas de lunes a lunes, entregando y 

recogiendo el menor en su colegio y cuando no haya 

clases en la caseta del guardia de la Urbanización 

Monteclaro, donde reside la madre y los abuelos 

maternos.

- El señor Rivera podrá hacer arreglos de cuido con el Sr. 

Mario Rivera, abuelo paterno, y el Sr. Xavier Rivera 

cuando esté de turno y tenga que salir a atender un caso. 

De éstos no poder ayudarlo, le madre será la opción.

- Cada padre se comunicará con el menor miércoles y 

sábados entre 5:00 y 6:00 p.m. de la semana que no lo 

tenga bajo su cuidado. De no responder la llamada, el 

padre que lo tiene bajo su cuidado, se encargará de 

devolver le llamada.

- Durante el periodo navideño se alternarán entre las 

partes las siguientes fechas cada año:

- Del 24 de diciembre a las 3:00 p.m. al 31 de diciembre 

a las 3:00 p.m.

- Del 31 de diciembre a las 3:00 p.m. al 7 de enero a las 

3:00 p.m.

- En el 2021-2022 el menor estará con el padre del 24 al 

31 de diciembre y del 31 de diciembre al 7 de enero con 

la madre.

- El fin de semana que se celebra el Día de los Padres, el 

menor permanecerá con el padre de viernes a domingo, 

independientemente a quien le corresponda. De igual 

forma será el fin de semana que se celebra el Día de las 

Madres.

2. Que se le prohíba a las partes, sus familiares y a cualquier 

otra persona relacionada a ellos hacer comentarios sobre las 

partes en presencia del menor.

3. Que se le prohíba al Sr. Imanol Caballero, compañero de la 

madre, realizar comentarios alusivos al caso de las partes y 

sobre el Sr. Iván E. Rivera Labrador y sus familiares, en las 

redes sociales y en los medios de comunicación para los que 

escribe. De igual forma, el Sr. Iván E. Rivera Labrador no 

deberá hacer comentarios sobre el señor Caballero y sus 

familiares en las redes sociales.

4. Las partes se notificarán todos los asuntos relacionados al 

menor. Cada padre será responsable da las citas médicas, 

terapias y otros asuntos cuando lo tenga bajo su custodia.

5. Las partes continuaran participando del proceso de 

Coordinación de Parentabilidad con la Dra. María del Mar 

Torres Suria. Estos cumplirán con las condiciones y reglas 

establecidas por la doctora. Que la Dra. Torres someta un 

Informe al Tribunal del Progreso del proceso de 

parentabilidad.

8. El menor continuará participando de terapia psicológica con 

la Psicóloga que recomiende la Dra. Francés Seda, Psicóloga.9

8 Anejo CXXVII de la Apelante, págs. 534 – 560.

9 Id., en las págs. 559 – 560.
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En desacuerdo, el 13 de octubre de 2021 la señora 

Vallescorbo Cuevas anunció su intención de impugnar el referido 

informe.10 En resumen, señaló las siguientes razones para 

impugnar el Informe Social II:

• No refleja haber puesto al menor como la estrella polar del 

caso que nos ocupa;

• Carece de información esencial e indispensable para la 

adjudicación de un caso de custodia;

• Da visos de parcialidad al basarse en las recomendaciones 

de una profesional de la salud que tuvo y ocultó a una de 

las partes el conflicto de interés que existía y que incidía 

directamente con su recomendación;

• No hace referencia al efecto que tuvo sobre el menor en el 

ámbito escolar el ejercicio de la custodia compartida 

provisional por los pasados años que, de haberse 

considerado utilizando los estándares de la profesión del 

trabajo social, no llevarían a concluir de la misma forma;

• Tiene visos de parcialidad, por omitirse toda la información 

que resultaba adversa a una de las partes;

• Omite información sumamente importante certificada por la 

escuela del menor sobre cuál ha sido el rendimiento escolar 

desde que la custodia ha sido provisionalmente compartida;

• Se minimizan los incidentes de violencia doméstica y de 

maltrato de menores al dejar de incluir los relatos sobre todo 

incidentes graves ocurridos en presencia del menor;

• Erróneamente concluye que ambos padres están en 

igualdad de condiciones para custodiar al menor durante 

los periodos de turno que resultan tan amplias que no 

atienden adecuadamente las necesidades del menor;

• Ignora la prueba pertinente al atender, discutir y evaluar 

todos los elementos reconocidos por nuestro Tribunal 

Supremo al momento de adjudicar una custodia compartida, 

aunque los discuta uno a uno.11

Luego de varios trámites procesales, se celebró el Juicio en su 

fondo en los días del 5 al 9 de diciembre de 2022.

12 Ambas partes 

comparecieron personalmente, y testificaron en la vista.13

Evaluados los testimonios ofrecidos en el Juicio y el expediente del 

caso, el TPI emitió una Sentencia el 29 de diciembre de 2022,

14 con

las siguientes determinaciones de hechos:

1. Las partes en el presente asunto son los padres del menor 

Nicolás Enrique Rivera Vallescorbo, nacido el 8 de mayo de 

2013.

2. Las partes sostuvieron una relación consensual que finalizó 

en el año 2018.

10 Anejo LXXXVII de la Apelante, págs. 327 – 335.

11 Id., en las págs. 333 – 334.

12 Transcripción de Vista de Impugnación de Informe Social (TPO). 

13 Además de las partes, comparecieron en calidad de testigo: la TS Litsky Collazo

(Perito del tribunal); el Sr. Imanol Caballero Valentín (esposo de la señora 

Vallescorbo Cuevas); la Dra. Iris M. Rosales Concepción (Perito de la señora 

Vallescorbo Cuevas); y, el Dr. Emil Alicea Rodríguez (perito del señor Rivera 

Labrador). 

14 Anejo CXX de la Apelante, págs. 442 – 460.
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3. Cuando finalizaron su relación las partes acordaron, 

extrajudicialmente, compartir la custodia de su hijo Nicolás.

4. Desde e1 2018 al presente las partes han compartido la 

custodia del menor.

5. La Custodia Compartida se interrumpió por un periodo 

durante los meses de junio a agosto de 2020, cuando se 

suspendieron las relaciones entre el menor y el señor Rivera 

por la expedición de una Orden de Protección Ex Parte en 

contra del padre.

6. El plan de Custodia Compartida se reanudo el 30 de agosto 

de 2020.

7. La Trabajadora Social Litsky Collazo tiene 33 años y 8 

meses de experiencia como Trabajadora Social, todos ellos en 

la Unidad de Trabajo Social del Tribunal de San Juan.

8. La Trabajadora Social Litsky Collazo ha rendido dos 

Informes en el presente asunto, por lo que conoce a este núcleo 

familiar desde el 2019.

9. En la sección II de su Informe, sobre Motivo del Referido, la 

Trabajadora Social Litsky Collazo indicó lo siguiente:

La Sra. Tatiana Vallescorbo Cuevas, madre del menor, 

interesa la custodia monoparental. Considera que el 

bienestar emocional y físico al igual que la seguridad del 

menor están bajo su custodia. El Sr. Iván Rivera 

Labrador, padre del menor, se opone a la solicitud de 

ésta. Considera que no hay razones para cambiar el 

arreglo de custodia compartida existente.

10. En la sección sobre Motivo del Referido la Trabajadora 

Social incluyó las posturas de cada parte sobre el asunto en 

controversia que, en este caso, es la Custodia del menor.

11. La Orden de Referido del Tribunal, fechada 12 de mayo 

de 2021, es una Orden de Reevaluación de Custodia y 

Custodia Compartida y responde, precisamente, al motivo 

indicado por la Trabajadora Social en su Informe; a saber, la 

demandante interesa la custodia monoparental y el 

demandando la custodia compartida.

12. Se ordenó la reevaluación del caso porque habían 

transcurrido casi dos años desde que se rindiera el Informe 

original y porque se alegaba habían ocurrido eventos que 

incidían sobre los criterios que dispone la Ley 223 de 2011.

13. Las instrucciones impartidas en la Resolución y Orden de 

12 de mayo de 2021 eran sobre asuntos a ser evaluados como 

parte del Estudio Social sobre Custodia, pero no constituían el 

motivo del referido.

14. El 23 de mayo de 2020 se expidió una Orden de Protección 

Ex Parte al amparo de la Ley 54, a favor de la señora 

Vallescorbo Cuevas y en contra del señor Rivera Labrador, en 

el caso OPA-2020-003545.

15. La vista en el referido caso OPA-2020-003545, fue 

pautada para el 22 de julio de 2020.

16. El 22 de julio de 2020, previo al comienzo de la vista, las 

partes llegaron a una Estipulación, bajo juramento, en la que 

acordaron lo siguiente:

a. Las partes no tendrían ninguna comunicación ni 

contacto, excepto bajo las condiciones 

específicamente establecidas en el referido acuerdo.

b. La única comunicación que tendrían las partes sería 

la relacionada al recogido y entrega del menor.

c. De reestablecerse las relaciones paternofiliales en el 

presente caso de Custodia, el recogido y entrega del 

menor sería en la entrada-caseta de la Urbanización 

Monteclaro en Bayamón.

d. En caso de que el señor Rivera Labrador no pudiera 

llegar a tiempo debería enviar mensaje a la señora 

Vallescorbo Cuevas, informándole en un periodo de 
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dos horas o menos antes del recogido o entrega. En 

ese caso, la señora Vallescorbo Cuevas llevaría al 

menor a la casa de su hermana para que el señor 

Rivera Labrador pudiera recogerlo.

e. Ninguna de las partes podría enviar mensaje a 

través de terceros.

f. El acuerdo estaría vigente por un año, o hasta que 

un foro con jurisdicción dispusiera otra cosa.

g. El acuerdo se haría formar parte del presente litigio.

h. Si el señor Rivera Labrador tuviese que ir a la 

legislatura, notificaría a la señora Vallescorbo 

Cuevas con antelación por mensaje de texto.

17. Con posterioridad a alcanzar la referida Estipulación no 

hubo querellas adicionales entre las partes por violencia 

doméstica.

18. Cuando la Trabajadora Social Litsky Collazo condujo el 

estudio social no había un caso sobre Violencia Domestica 

pendiente y la Perito entendió que las partes habían 

alcanzado un acuerdo sobre el asunto antes de que las 

alegaciones de la señora Vallescorbo Cuevas fuesen 

adjudicadas por un tribunal con competencia.

19. La Trabajadora Social Litsky Collazo identificó el acuerdo 

entre las partes como un "Acuerdo de Comunicación", porque 

en ese documento se establecía la forma en la que las partes 

se comunicarían, aunque fuese de manera limitada, para 

coordinar la entrega y recogido del menor.

20. El referido acuerdo es esencialmente un acuerdo de 

comunicación porque regula la forma en la que se daría la 

comunicación entre las partes.

21. Como parte del Protocolo de Evaluación la Trabajadora 

Social Litsky Collazo entrevistó a la señora Vallescorbo 

Cuevas en las siguientes ocasiones:

a. 10 de junio de 2021 - por videoconferencia

b. 5 de agosto de 2021- por videoconferencia

c. 24 de agosto de 2021-de manera presencial

22. Durante alguna de esas entrevistas la señora Vallescorbo 

Cuevas entregó a la Trabajadora Social varios documentos 

sobre asuntos que ella entendía debían ser considerados por 

ser pertinentes a la controversia entre las partes.

23. La Trabajadora Social no incluyó los documentos que le 

fueron entregados por la señora Vallescorbo Cuevas en el 

listado de documentos incluidos en la sección IV, inciso C del 

Informe Social, sobre Revisión de Documentos.

24. Los documentos entregados por la señora Vallescorbo 

Cuevas a la Trabajadora Social Litsky Collazo no fueron 

sometidos en evidencia durante el juicio en su fondo, lo que 

nos impide conocer su contenido y evaluar si los mismos 

pudieron afectar los hallazgos y las recomendaciones de la

Trabajadora Social Litsky Collazo.

25. Las alegaciones de las partes relacionadas al 

funcionamiento escolar de Nicolás fueron evaluadas por la 

Trabajadora Social Litsky Collazo mediante entrevista a la 

Directora de la Escuela Josefita Monserrate de Selles, donde 

estudia el menor.

26. La Trabajadora Social Litsky Collazo se comunicó con la 

escuela del menor y fue la institución educativa la que 

determinó cual sería el funcionario que pondrían a disposición 

de la Trabajadora Social Litsky Collazo para ser entrevistado.

27. Durante la entrevista con la Directora de la escuela del 

menor no surgió información de que el menor confrontara 

problemas de tardanzas ni de falta de pagos.

28. De las entrevistas realizadas por la Trabajadora Social 

Litsky Collazo al menor no surgieron indicios de que el menor 

percibiera la situación de hostilidad y confrontación entre las 

partes, aunque sí sabe que no se hablan y desconoce la razón 

para ello.
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29. Del Informe Social se desprende que el menor sí percibe 

que el señor Rivera Labrador y el señor Caballero Valentín no 

se agradan.

30. La Trabajadora Social Litsky Collazo no visitó la 

Urbanización Monteclaro para corroborar las alegaciones de 

la señora Vallescorbo Cuevas sobre uno de los eventos que dio 

pie a que ella solicitara una Orden de Protección Ex Parte.

31. Del estudio social realizado, la Trabajadora Social Litsky 

Collazo confirmó que el menor fue dejado solo en el vehículo 

por el señor Rivera Labrador en dos ocasiones.

32. Ante el antes mencionado hallazgo, la Trabajadora Social 

optó por orientar al padre de que no podía dejar solo al menor; 

orientación a la que el señor Rivera Labrador se mostró 

receptivo.

33. A pesar de tener la discreción de referir al Rivera Labrador 

a alguna agencia ante sus hallazgos, la Trabajadora Social no 

lo consideró necesario porque entendió que con la orientación 

provista era suficiente para que el hecho no volviera a ocurrir, 

considerando la receptividad del demandado a las directrices 

impartidas.

34. En nuestra Resolución de 27 de septiembre de 2021, 

establecimos que se prohibía a las partes dejar solo, sin 

supervisión, al menor en cualquier momento o circunstancia, 

por breve que pudiera parecer.

35. La Trabajadora Social Litsky Collazo fue notificada de la 

Resolución y Orden de 12 de mayo de 2021, tomó 

conocimiento de las instrucciones impartidas respecto a los 

asuntos que debía considerar en su evaluación.

36. La Trabajadora Social Litsky Collazo cumplió la 

encomienda de evaluar las alegaciones de Ley 54; los 

acuerdos alcanzados por las partes en ocasión del caso de 

Ley 54; las alegaciones sobre agresión sexual al menor; y, la 

intervención de los profesionales de la salud que habían 

evaluado y/o tratado al menor y al núcleo familiar.

37. Con respecto a las alegaciones de Ley 54, la Trabajadora 

Social Litsky Collazo entendió que, habiendo las partes 

alcanzado un acuerdo sin que un foro con competencia 

adjudicara las alegaciones, el asunto había quedado resuelto 

entre ellos.

38. La señora Vallescorbo Cuevas no denunció incidentes o 

eventos adicionales a los ocurridos con anterioridad al 

acuerdo alcanzado por las partes.

39. Con respecto a los acuerdos alcanzados por las partes en 

ocasión del caso de Ley 54, la Trabajadora Social Litsky 

Collazo tomó conocimiento de estos y los detalló en su Informe 

Social.

40. Con respecto a las alegaciones sobre agresión sexual al 

menor y la intervención de los profesionales de la salud que 

habían evaluado y/o tratado al menor y al núcleo familiar, la 

Trabajadora Social Litsky Collazo, la Trabajadora Social 

obtuvo la información al respecto de parte de la Dra. Frances 

Seda quien en ese momento era la psicóloga del menor.

41. La Trabajadora Social Litsky Collazo no evaluó el Informe 

de la Dra. Judith Mercado ni entrevistó a la profesional, sino 

que obtuvo el insumo de su intervención de parte de la Dra. 

Frances Seda.

42. Al momento del estudio social la doctora Mercado ya no 

estaba interviniendo con el menor.

43. La Dra. Frances Seda fue seleccionada como psicóloga del 

menor por recomendación de la Trabajadora Socia Litsky 

Collazo en el primer Informe Social.

44. El demandado, señor Rivera Labrador, es Fiscal Auxiliar 

y trabaja para el Departamento de Justicia.

45. El abuelo del menor también es Fiscal y trabaja para el 

Departamento de Justicia.
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46. El 15 de julio de 2021, cuando la Trabajadora Social 

Litsky Collazo discutió el caso con la Dra. Frances Seda, ésta 

informó que estaba próxima a suscribir contratos de servicios 

profesionales con el Departamento de Justicia, lo que le 

generaba un conflicto para continuar tratando a Nicolás.

47. La Trabajadora Social Litsky Collazo desconocía que, 

previo a su intervención en este caso, la Dra. Frances Seda 

había tenido contratos previos con el Departamento de 

Justicia.

48. A solicitud de la parte demandante, tomamos 

conocimiento judicial de que la Dra. Frances Seda tuvo los 

siguientes contratos previos con el Departamento de Justicia:

a. 2015-000047

b. 2016-000057

e. 2017-000062

49. Para los referidos años la señora Vallescorbo Cuevas 

también trabajaba para el Departamento de Justicia.

50. La Dra. Frances Seda intervino con Nicolás y con este 

núcleo familiar durante el periodo del 2020 al 2021.

51. No tenemos elementos para concluir que la Dra. Frances 

Seda tuviese conflictos de intereses al momento en que 

proveyó tratamiento a Nicolás o que su juicio profesional 

estuviese comprometido.

52. La señora Vallescorbo Cuevas no ha presentado una 

querella profesional por conflicto de intereses en contra de la 

Dra. Frances Seda.

53. De la entrevista de la Trabajadora Social Litsky Collazo a 

la Dra. Frances Seda se desprende que la que fue la psicóloga 

del menor opina lo siguiente con respecto a los asuntos en 

controversia en este caso:

a. No ve impedimento o dificultad para que el menor se 

pueda relacionar con su abuelo y tío paterno.

b. El menor se siente muy bien con su mamá y su papá.

c. El señor Rivera Labrador sigue sus 

recomendaciones con respecto al menor.

d. Ambas partes son excelentes padres y adoran a 

Nicolás.

54. La Dra. Frances Seda no recomienda que se retome la 

relación entre el menor y su abuela y tía paterna.

55. De la Evaluación Psicométrica del menor realizada por la 

Dra. Frances Seda el 10 de marzo de 2021, se desprende que 

la profesional hizo las siguientes recomendaciones, entre 

otras:

a. Menor necesita terapia psicológica para manejo de 

emociones y desarrollo de autocontrol.

b. Terapia educativa dirigida al desarrollo de 

destrezas de comprensión verbal y lectoescritura.

c. Evaluaciones en las áreas de Terapia del Habla y 

Lenguaje.

56. Al presente, transcurridos casi dos años desde que se 

emitieran estas recomendaciones, las partes no han 

coordinado los servicios recomendados para el menor.

57. No nos persuade la explicación provista por la señora 

Vallescorbo Cuevas en términos de que no ha coordinado los 

servicios recomendados para el menor porque desconoce la 

dirección actual del señor Rivera Labrador y, por tanto, no 

sabe si los potenciales proveedores de estos servicios le 

quedan distantes.

58. En diciembre de 2017, Nicolás fue sometido a otra 

evaluación psicométrica, por parte del Dr. Alberto Pérez 

González, Psicólogo Clínico. Esa evaluación, copia de la cual 

fue admitida en evidencia, es anterior a que el menor 

ingresara al sistema educativo.

59. La evaluación del doctor Pérez González, a diferencia de 

la de la doctora Seda, no contiene recomendaciones de 

servicios específicos para el menor.
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60. Es razonable entender que la doctora Seda tenía 

elementos adicionales para emitir recomendaciones sobre 

servicios para el menor porque se trata de un niño que llevaba 

ya varios años en el escenario escolar, a diferencia de cuando 

fue evaluado por el doctor Pérez González.

61. Como parte de su Protocolo de Evaluación la Trabajadora 

Social Litsky Collazo no visitó el hogar del señor Rivera 

Labrador porque lo había visitado en ocasión del primer 

estudio social y, al momento de la segunda evaluación, el 

demandado vivía en la misma propiedad.

62. Durante las entrevistas realizadas por la Trabajadora 

Social Litsky Collazo la señora Vallescorbo Cuevas no levantó 

ningún planteamiento o alegación con respecto a la vivienda 

del señor Rivera Labrador que sugiriera a la Perito la 

necesidad de visitar nuevamente el hogar del demandado.

63. Como Fiscal, el señor Rivera Labrador realiza turnos.

64. Cuando el señor Rivera Labrador tiene turnos, el menor 

se queda con la señora Vallescorbo Cuevas, coordinación que 

se realiza por conducto del abuelo materno.

65. La Trabajadora Social Litsky Collazo no indagó en este

estudio sobre las condiciones de salud del señor Rivera 

Labrador que provocan que sea paciente de Cannabis 

medicinal porque eso fue cubierto en el primer estudio social 

realizado.

66. Durante las entrevistas de la Trabajadora Social Litsky 

Collazo a la señora Vallescorbo Cuevas no hubo alegaciones 

o planteamientos relacionados con las condiciones de salud 

mental del demandado que sugirieran que era un asunto 

sobre el que se debía auscultar más allá de lo que ya surgía 

del primer estudio social.

67. La Trabajadora Social Litsky Collazo entrevistó a Nicolás 

en tres ocasiones. En todas las ocasiones el menor reiteró su 

deseo de estar tiempo igual con ambos progenitores.

68. Las entrevistas de la Trabajadora Social Litsky Collazo 

con el menor reflejan que Nicolás tiene fuertes vínculos y 

apego con ambos progenitores.

69. En el periodo evaluado Nicolás obtuvo promedio de A.

70. La Trabajadora Social Litsky Collazo no identifica 

impedimentos para que las partes continúen ejerciendo la 

Custodia Compartida de Nicolás.

71. Surge de los autos del caso que, en el 2019, la señora 

Vallescorbo Cuevas acudió al Tribunal en solicitud de 

remedios porque, según eventos que le había narrado Nicolás, 

ella entendía que el menor había sido agredido sexualmente 

por un primo paterno. En atención a las alegaciones 

presentadas, con la intervención de este Tribunal, se llevó a 

cabo un proceso de validación de abuso sexual, realizado por 

la Dra. Judith Mercado Colón, Psicóloga Clínica.

72. Del Informe sobre Evaluación Forense de la doctora 

Mercado Colón se desprenden los siguientes hallazgos y/o 

recomendaciones que son pertinentes a la controversia ante 

nuestra consideración:

a. La profesional concluyó que el primo de Nicolás en 

efecto, "manifestó conductas sexualmente 

inapropiadas hacia él".

b. La profesional concluyó que ello representaba una 

carga emocional para Nicolas y un conflicto con decir 

la verdad y mentir.

c. La profesional concluyó que la abuela paterna de 

Nicolás, la Sra. Myrna I. Labrador Nazario, no dio 

credibilidad a las expresiones del niño sobre lo 

ocurrido.

d. La profesional estableció que "es necesario que 

ambos padres le crean al menor para ayudarlo a 

superar esta experiencia".
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e. La profesional recomendó que "en el momento en que 

el Tribunal determine reanudar las relaciones del 

menor con la familia paterna, éstas deberán darse 

inicialmente dentro de un contexto de relaciones 

terapéuticas, para trabajar con la secuela emocional 

de la situación".

73. La Perito de la parte demandante, Dra. Isis M. Rosales 

Concepción, tiene un contrato de 160 horas mensuales con la 

compañía privada Physician Correctional, que provee los 

servicios de salud a los confinados.

74. La doctora Rosales Concepción es, además, la directora 

del Help Me Center Skills and Learning Center, centro 

interdisciplinario en el que atiende a menores con dificultad 

de aprendizaje, desarrollo, conducta y emociones.

75. El testimonio de la doctora Rosales Concepción de que, 

además de su contrato de 160 horas mensuales con Physician 

Correctional, atiende entre 80 y 120 pacientes o casos15

semanales en Help Me Center no nos mereció credibilidad.

76. Aunque la doctora Rosales Concepción declaró que ha 

sido perito en 5 a 7 casos de Custodia, no pudo identificar 

casos específicos en los que ha sido cualificada en tal calidad.

77. La doctora Rosales Concepción es cliente del abogado de 

la demandante, Lcdo. Dennis Seilhamer Andon, quien la 

representa legalmente en el caso número AG2020RF00267, 

del que tomamos conocimiento judicial a solicitud de la parte 

demandada.

78. Contrario a lo declarado por la doctora Rosales 

Concepción en términos de que se trataba de un caso que 

inició hacía unos cinco años, el referido caso inició en junio de 

2020 y terminó hace menos de dos meses, mediante 

Sentencia de 31 de octubre de 2022. Es decir, que cuando la 

doctora Rosales fue contratada como Perito y cuando rindió su 

Informe el 23 de febrero de 2022, su caso personal estaba 

activo y el abogado de la demandante era también su 

abogado.

79. Para realizar su función como Perito Revisor, la doctora 

Rosales Concepción entrevistó en cuatro ocasiones a la 

demandante, señora Vallescorbo Cuevas, y en dos ocasiones 

a la pareja de la demandante, el señor Caballero Valentín. 

Además, realizó una vista ocular al hogar de la demandante.

80. La doctora Rosales Concepción no entrevistó al 

demandado, a ningún familiar de éste ni a otro colateral que 

no fuese la pareja de la demandante.

81. La doctora Rosales Concepción no entrevistó a Nicolás.

82. Según su Informe, el que fue admitido en evidencia, la 

doctora Rosales Concepción revisó varias mociones 

presentadas por las partes y una resolución del Tribunal. No 

obstante, al ser interrogada sobre la forma en la que tuvo 

acceso a dichos documentos, alegó que no los revisó, sino que 

su conocimiento sobre el contenido de estos provino del 

Informe de la Trabajadora Social Litsky Collazo. Las 

contradicciones de la Perito en este asunto minaron 

efectivamente su credibilidad.

83. El Informe Pericial de la doctora Rosales Concepción no 

detalla la literatura científica en la que sustenta su análisis, 

hallazgos y recomendaciones.

84. La doctora Rosales Concepción emite recomendaciones 

que incluyen mantener un acuerdo de comunicación entre dos 

partes que tienen un hijo en común de apenas 9 años.

85. Ocurrieron dos eventos que dieron lugar a que la señora 

Vallescorbo Cuevas solicitara una Orden de Protección Ex 

parte. Además, la señora Vallescorbo Cuevas se sentía 

humillada por el tono hostil de los mensajes del señor Rivera 

Labrador.

15 Inicialmente declaró que eran pacientes; luego indicó que son casos. [Nota de 

la Sentencia, Véase: Anejo CXX de la Apelante, pág. 448A.]
KLAN202300199 11

86. El primer evento ocurrió durante el proceso de entrega y 

recogido del menor. Luego de que el menor se montara al carro 

del señor Rivera Labrador, las partes tuvieron una discusión 

relacionada con su participación sobre el inmueble que 

poseían en comunidad.

87. El otro evento ocurrió el 20 de mayo de 2020. Ese día al 

señor Rivera Labrador le correspondía recoger al menor en la 

casa del abuelo materno. La señora Vallescorbo Cuevas le 

solicitó recogiera al menor en la entrada de la Urbanización 

Monteclaro y el señor Rivera Labrador insistía en recogerlo 

dentro de la urbanización, en la casa del abuelo materno.

88. La seguridad de la urbanización le negó la entrada al 

señor Rivera Labrador y éste insistió en entrar en un momento 

en el que el portón de la urbanización permanecía 

parcialmente abierto, dejando su carro en frente al sistema de 

intercomunicación en el carril de visitantes, provocando con 

ello un tapón en la entrada de la urbanización.

89. Por este incidente la administración de la urbanización 

llamo a la Policía, quienes intervinieron con el señor Rivera 

Labrador.

90. Mientras ocurría este evento, la señora Vallescorbo estaba 

junto al señor Caballero Valentín y Nicolás, en su vehículo, en 

la entrada de la urbanización presenciando todo.

91. La señora Vallescorbo Cuevas y/o el señor Caballero 

Valentín optaron por bajarse del vehículo y tomar fotos del 

incidente.

92. La señora Vallescorbo Cuevas pudo haber optado por 

llevarse al menor del lugar para no exponerlo a ese evento 

mientras la situación pasaba.

93. Nicolás expresó a la señora Vallescorbo Cuevas que le da 

miedo cuando lo dejan solo.

94. El documento identificado como Resumen de 

Documentos, admitido como Exhibit 3, fue preparado por la 

señora Vallescorbo Cuevas, entregado a la Trabajadora Social 

Litsky Collazo y contiene el desglose de los otros documentos 

entregados a la Trabajadora Social con su versión respecto a 

la pertinencia de los mismos para el estudio social en curso.

95. La señora Vallescorbo Cuevas desconocía que el señor 

Rivera Labrador utilizara los servicios de una babysitter para 

cuidar a Nicolas hasta que leyó el Informe Social.

96. La Trabajadora Social Litsky Collazo no evaluó la 

distancia entre el hogar del señor Rivera Labrador y las del 

abuelo y tío paterno.

97. La señora Vallescorbo Cuevas entiende que el acuerdo 

logrado con el señor Rivera Labrador en ocasión de la solicitad 

de Orden de Protección presentada por ella es una medida que 

ha resultado muy beneficiosa para ella para retomar otros 

asuntos de su vida.

98. La señora Vallescorbo Cuevas le ha hecho preguntas al 

menor para indagar donde es la residencia actual del 

demandado.

99. La señora Vallescorbo es quien cuida al menor cuando el 

señor Rivera Labrador tiene turnos y cuando el menor no tiene 

clases, pero el demandado trabaja.

100. La señora Vallescorbo Cuevas ha optado por seleccionar 

alternativas de empleos que le den flexibilidad para atender 

al menor.

101. El abuelo materno sirve de intermediario para la 

coordinación y entrega del menor.

102. Desde mayo de 2020, no han ocurrido eventos 

adicionales durante la entrega y recogido del menor.

103. Desde su nacimiento, Nicolás ha estado bajo la custodia 

de ambos progenitores.

104. El Perito de la parte demandada, Dr. Larry Alicea 

Rodríguez fue cualificado como Perito sin objeción de la parte 
KLAN202300199 12

demandante, luego de que las partes estipularan sus 

credenciales.

105. Es la opinión del doctor Alicea Rodríguez que el rol del 

perito revisor es contestar 23 preguntas de investigación, las 

que detalló y contestó en su Informe Pericial.

106. Es la impresión del doctor Alicea Rodríguez que la 

Trabajadora Social Litsky Collazo atendió de forma específica 

el asunto referido por el Tribunal en términos de si conviene al 

bienestar óptimo de Nicolás mantener la Custodia Compartida 

o cambiar a Custodia Monoparental y la respuesta fue 

recomendar mantener la Custodia Compartida.

107. Es la impresión del doctor Alicea Rodríguez que la 

Trabajadora Social Litsky Collazo sí recopiló datos que 

apoyan su recomendación y los corroboró (trianguló).

108. Es la impresión del doctor Alicea Rodríguez que la 

Trabajadora Social Litsky Collazo no levantó preocupaciones 

relacionadas a ética profesional.

109. Es la impresión del doctor Alicea Rodríguez que la 

Trabajadora Social Litsky Collazo evaluó datos suficientes 

para en el alcance y profundidad con relación a documentos 

revisados y colaterales.

110. Es la impresión del doctor Alicea Rodríguez que la 

Trabajadora Social Litsky Collazo no evidenció ningún sesgo 

confirmatorio.

111. Es la impresión del doctor Alicea Rodríguez que la 

Trabajadora Social Litsky Collazo utilizó modelos forenses 

apropiados o acercamientos conceptuales para acercarse a los 

asuntos objeto de estudio.

112. Es la impresión del doctor Alicea Rodríguez que la 

Trabajadora Social Litsky Collazo demuestra conocimiento 

suficiente y apropiado de las leyes y reglas que aplican al 

caso.

113. Es la impresión del doctor Alicea Rodríguez que la 

Trabajadora Social Litsky Collazo debió mejorar ciertos 

aspectos como la triangulación con la literatura y el 

establecimiento de hipótesis, pero que, a pesar de esas 

debilidades, el Informe Social atiende y contesta de forma 

adecuada la pregunta del Tribunal y fue realizado de forma 

competente. Es decir, son fallas, pero su gravedad no tiene el 

efecto de invalidar el Informe de la Trabajadora Social Litsky 

Collazo.

114. Es la impresión del doctor Alicea Rodríguez que la 

Trabajadora Social Litsky Collazo en su Informe corroboró las 

alegaciones de seguridad y descartó riesgo a la seguridad, 

luego de orientar al demandado; corroboró que el menor tiene 

apego a ambas partes; y, corroboró que no existe una 

amenaza fundamentada al bienestar del menor por parte del 

padre.

115. Con respecto a la intervención de la Perito de la parte 

demandante, doctora Rosales Concepción, el doctor Alicea 

Rodríguez señaló las siguientes irregularidades:

a. La profesional realizó cuatro entrevistas con la 

demandante;

b. La profesional hace referencia a documentos que 

fueron presentados por las partes con posterioridad 

a la fecha del Informe Pericial objeto de revisión.

c. Tiene información selectiva y parcializada;

d. Existe sesgo confirmatorio. La profesional escogió 

información que apoya su posición sin considerar

otra;

e. Carece de objetividad;

f. No es balanceado;

g. No contiene literatura sobre Custodia para 

establecer si la literatura apoya las conclusiones;
KLAN202300199 13

h. Sustenta sus conclusiones en la Teoría de Apego a 

pesar de que éticamente no se puede hacer una 

conclusión sobre Apego sin realizar una evaluación.

i. Un Perito Revisor puede levantar impresiones, más 

no conclusiones sin haber evaluado el caso.

116. Según la opinión profesional del doctor Alicea Rodríguez, 

el Informe de la doctora Rosales Concepción no refuta en 

cantidad ni en calidad el Informe de la Trabajadora Social 

Litsky Collazo.

117. Según la opinión profesional del doctor Alicea Rodríguez, 

el Informe de la doctora Rosales Concepción carece de 

utilidad, validez científica y no cumple con los criterios de un 

Informe de un Perito Revisor.

118. Según la opinión profesional del doctor Alicea Rodríguez, 

cuando existen problemas de comunicación entre los 

progenitores el menor resultará afectado, independientemente 

de la modalidad de Custodia, sea monoparental o compartida.

119. Según la opinión profesional del doctor Alicea Rodríguez, 

el Coordinador de Parentalidad es un recurso que sería de 

beneficio en este caso para que ayude a las partes a 

establecer parámetros en situaciones de alta conflictividad, a 

resolver oportunamente sus disputas y a implementar el plan 

de parentalidad que se establezca.

120. Según la opinión profesional del doctor Alicea Rodríguez, 

Nicolás debe ser visualizado como una persona que es sujeto 

de derecho y que tiene derecho a opinar.

121. El hecho de que la señora Vallescorbo Cuevas y el señor 

Rivera Labrador no hablen directamente no implica que no 

exista comunicación alguna entre ellos.

122. La Terapia de Coparentalidad se puede realizar de 

manera paralela, trabajando con las partes por separado.

123. Cuando la señora Vallescorbo Cuevas y el señor Rivera 

Labrador decidieron separarse, procuraron los servicios del 

Dr. Alberto Pérez González para ayudar al menor en el 

proceso, evitar que se sintiera abandonado y ayudarlos a ellos 

a establecer estructuras y métodos de disciplina uniformes 

para su hijo.

124. El señor Rivera Labrador entendía que era muy 

prematuro para exponer al menor a una tercera persona, el 

señor Caballero Valentín, y quiso abordar al doctor Pérez 

González al respecto, pero en privado, sin la presencia de la 

señora Vallescorbo Cuevas.

125. Ese acercamiento afectó la forma y la confianza en la 

que las partes habían venido trabajando con el doctor Pérez 

González y el profesional entendió que no podía continuar 

proveyéndoles el servicio.

126. La señora Vallescorbo Cuevas y el señor Rivera 

Labrador han estado inmersos en otra litigación por la división 

de la comunidad de bienes constituida entre ellos y han tenido 

múltiples controversias por el inmueble de Valparaíso.

127. El señor Rivera Labrador reconoce que no debió dejar 

solo al menor, por breve que le pareciera o por extraordinarias 

que fueran las circunstancia.

128. El señor Rivera Labrador debió optar por echar gasolina 

en otro momento o por encargar comida a domicilio, pero no 

debió dejar solo al menor en ningún momento, en ninguna 

circunstancia.

129. El señor Rivera Labrador no informó al Tribunal sobre su 

cambio de dirección. Es irrazonable su planteamiento de que 

su derecho a la intimidad le faculte a omitir brindar esa 

información, la que debe proveer ya que es parte en el caso y, 

además, por tratarse de la dirección de Nicolás cuando está 

bajo su custodia.

130. El señor Rivera Labrador no ha provisto regularmente la 

información sobre sus turnos como Fiscal. No nos persuade su 
KLAN202300199 14

alegación de que proveer esa información le represente un 

problema de seguridad.

131. Las partes han cambiado de dirección, residiendo en 

Condado, Bayamón, Viejo San Juan, Cataño y Carolina, sin 

que ello haya interrumpido o afectado la Custodia Compartida 

de Nicolás.

132. El señor Rivera Labrador realiza turnos nocturnos por 

dos semanas, cada dos tres meses, con dos días libres cada 

semana.

133. El señor Caballero Valentín es la pareja sentimental de 

la señora Vallescorbo Cuevas.

134. Durante el evento ocurrido el 20 de mayo de 2020, en 

ningún momento el señor Rivera Labrador se acercó al 

vehículo del señor Caballero Valentín y de la señora 

Vallescorbo Cuevas ni tuvo comunicación con ellos.

135. El señor Caballero Valentín tiene cuenta de Twitter y en 

la misma ha escrito sobre el señor Rivera Labrador, 

imputando que el Fiscal tiene orden de protección, que la ha 

violado en múltiples ocasiones y que el Juez a cargo no hizo 

nada porque el demandado es hijo de otro Fiscal.

136. Ese tipo de publicación en las redes sociales por parte 

del señor Caballero Valentín resultan inflamatorios y agravan 

aún más la ya lacerada relación entre el señor Rivera 

Labrador y la señora Vallescorbo Cuevas, en menoscabo del 

bienestar óptimo de Nicolás.

137. Mediante Orden de 25 de mayo de 2021, designamos a 

la Dra. María del Mar Torres Suria como Coordinadora de 

Parentalidad en este caso, con la encomienda de ayudar a 

mejorar la comunicación entre las partes y promover que 

lograran acuerdos en búsqueda del mejor bienestar de 

Nicolás. 

138. El 23 de agosto de 2022, la doctora Torres Suris rindió 

un Informe sobre su intervención en el caso.

139. Del referido Informe surge que la señora Vallescorbo 

Cuevas acudió a cita con la doctora Torres Suria en las 

siguientes fechas: 3 de agosto de 2021, 3 de septiembre de 

2021, 8 de octubre de 2021, 3 de diciembre de 2021, 10 de 

enero de 2022 y 25 de febrero de 2022. El señor Rivera 

Labrador acudió a terapia con la doctora Torres Suria en las 

siguientes fechas: 13 de agosto de 2021, 3 de septiembre de

2021, 8 de octubre de 2021, 13 de diciembre de 2021 y 24 de 

febrero de 2022.

140. Surge del Informe que como parte de los esfuerzos de la 

doctora Torres Suria se intentó alcanzar un acuerdo con 

relación a la comunicación del menor con el progenitor no 

custodio en semanas alternas. A pesar de ser uno de los 

asuntos dentro del ámbito de acción de la Coordinadora de 

Parentalidad, las partes se resisten a implementar el acuerdo 

y quieren involucrar a sus respectivos representantes legales 

en todos los asuntos.

141. Del Informe de la doctora Torres Suria también se 

deprende que, por situaciones vividas, a la señora Vallescorbo 

Cuevas no le interesa tener comunicación directa con el señor 

Rivera Labrador por no confiar en él ni en su palabra.

142. Del Informe de la doctora Torres Suria surge que, aunque 

el señor Rivera Labrador manifiesta que su interés no es 

seguir litigando, los medios que emplea para resolver 

conflictos no son los más adecuados.

143. En su Informe la doctora Torres Suria indicó que en el 

presente caso no se cumplieron los objetivos del proceso de 

coparentalidad.16

16 Id., en las págs. 443 – 453.
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En la referida sentencia, el TPI concluyó: “que la señora 

Vallescorbo Cuevas no logró impugnar efectivamente los hallazgos y 

las recomendaciones de la Trabajadora Social...”.

17 En lo pertinente, 

fundamentó:

• Omisión de evaluar y considerar documentos producidos por 

la demandante – La señora Vallescorbo ha planteado 

reiteradamente que la Trabajadora Social omitió considerar 

los documentos que ella le produjo que son pertinentes a los 

criterios que establece la Ley 223 de 2011 y que evidencian 

que el demandado no ha ejercido su rol custodio de manera 

responsable. Sin embargo, del testimonio de la Trabajadora 

Social bajo juramento, el que nos mereció credibilidad, surge 

que ella sí consideró los documentos para su análisis, aunque 

no los haya desglosado, lo que debió hacer. Por otro lado, la 

parte demandante omitió someter los referidos documentos en 

evidencia, lo que nos impide conocer su contenido y evaluar si 

en efecto, los mismos pudieron haber afectado los hallazgos y 

recomendaciones del Informe Social.

• Carencia de Valor Probatorio del Informe Pericial de la parte 

demandante – Como surge de varias determinaciones de 

hechos, entendemos que la doctora Rosales Concepción entró 

en contradicciones sobre varios asuntos, lo que minó 

gravemente la credibilidad que nos mereció su testimonio. 

Para tratar de establecer que tiene experiencia en casos de 

Custodia de niños y que su experiencia no se limita o enfoca 

en casos de adultos transgresores, la doctora Rosales declaró 

que, además de tener un empleo a tiempo completo en el 

escenario correccional, atiende entre 80 y 120 casos 

semanales, lo que nos parece poco probable. Por otro lado, la 

Perito ofreció información incorrecta respecto su relación 

abogado-cliente con el representante legal de la parte 

demandante lo que, además de afectar su credibilidad, pone 

en entredicho su imparcialidad. De otra parte, la doctora 

Rosales Concepción trascendió su rol como perito revisor y se 

abrogó la facultad de realizar su propia evaluación, con el 

agravante de que, para ello, solamente consideró la posición 

de la parte demandante, lo que impide tener un análisis 

objetivo, balanceado e imparcial

Sobre este asunto, nos persuade la opinión del doctor Alicea 

Rodríguez de que hubo sesgo confirmatorio y que el Informe 

de la doctora Rosales Concepción carece de validez.

• Seguridad del menor - La señora Vallescorbo Cuevas ha 

planteado, con toda razón, preocupaciones por la seguridad 

de su hijo ya que fue dejado solo en dos ocasiones por el padre 

y fue expuesto a situaciones de índole sexual por un primo 

paterno mientras estaba bajo el cuidado de la abuela paterna. 

Sobre ambos asuntos y su gravedad nos hemos expresado y 

tomado medidas. El señor Rivera Labrador conoce que no 

puede dejar al menor solo en ningún momento y ha sido 

receptivo a ello. Con respecto a la exposición a la conducta 

sexualizada, hemos determinado que el menor no puede 

relacionarse con la abuela y tía paterna y que corresponde a 

las partes siempre creerle a su hijo para que puedan ayudarlo.

17 Id., en la pág. 457.
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• Violencia doméstica - Aunque no nos corresponde adjudicar si 

hubo en este caso eventos que constituyeron violencia 

doméstica, si podemos concluir que hubo situaciones entre las 

partes que presenció el menor y que las partes debieron 

ejercer un mejor juicio para evitar exponer a Nicolás a esos 

eventos. Es claro para el Tribunal que las discusiones entre 

las partes no necesariamente han sido provocadas por 

asuntos relacionados con la Custodia de Nicolás, sino con 

otras situaciones entre ellos, como lo es la división del bien 

ganancial que tenían en común. En el incidente del 20 de 

mayo de 2020, el señor Rivera Labrador ejerció, cuanto 

menos, un pobre juicio y la señora Vallescorbo debió llevarse 

al menor del área para que no presenciara el incidente. Ambas 

partes faltaron en anteponer el bienestar del menor a sus 

conflictos.

• Capacidades para satisfacer las necesidades del menor – La 

parte demandante no logró convencernos de que el señor 

Rivera Labrador desatienta o esté incapacitado de suplir las 

necesidades médicas y educativas del menor y que sea ella la 

única que se encargue. Lo que surge de la prueba desfilada es 

que los problemas de comunicación les impiden a ambos

atender y coordinar asertivamente las necesidades de salud 

y educativas del menor, lo que se evidencia en el hecho de 

que, al día de hoy, no han implementado las recomendaciones 

provistas hace casi dos años por la Trabajadora Social, lo que 

deben hacer de inmediato.

• Comunicación – La falta de disposición a identificar canales 

de comunicación, aunque sean alternos, no puede ser avalada 

por el Tribunal y es un asunto que trasciende la modalidad de 

Custodia, que se establezca. Las partes en este caso tienen 

un hijo en común y es menester identificar formas de 

comunicarse lo que es indispensable y necesario para 

garantizar su bienestar al menos hasta que Nicolás tenga 21 

años, cuando cese la Patria Potestad que ambos ejercen.18

Ante las determinaciones de hechos y conclusiones antes 

dicha, el TPI acogió las recomendaciones del Informe Social II, 

excepto las relacionadas al cuido nocturno por parte del abuelo y tío 

paterno. Por lo cual, dispuso:

1. La Custodia del menor continuará siendo Compartida y 

ejercida por las partes de la siguiente forma:

- Semanas alternas: de lunes a lunes, entregando y 

recogiendo al menor en su colegio y cuando no haya 

clases en la caseta del guardia de la Urbanización 

Monteclaro, donde reside la madre y los abuelos 

maternos.

- Cuando el señor Rivera Labrador tenga turnos 

nocturnos la madre será la primera opción. Se le 

conceden 20 días al señor Rivera Labrador para 

informar la frecuencia con la que se le informan los 

turnos que se le asignan y para informar el próximo turno 

nocturno programado.

- Cada padre se comunicará con el menor miércoles y 

sábados entre 5:00 y 6:00 p.m. de la semana que no lo 

18 Id., en las págs. 457 – 459.
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tenga bajo su cuidado. De no responder la llamada, el 

padre que lo tiene bajo su cuidado se encargará de 

devolver la llamada.

2. Durante el período navideño se alternarán entre las partes 

las siguientes fechas cada año:

- Del 24 de diciembre a las 3:00 p.m. al 31 de diciembre 

a las 3:00 p.m.

- Del 31 de diciembre a las 3:00p.m. al 7 de enero a las 

3:00 p.m.

- En el 2022-2023 el menor estará con la madre del 24 

al 31 de diciembre y del 31 de diciembre al 7 de enero 

con el padre.

3. El fin de semana que se celebra el Día de los Padres, el 

menor permanecerá con el padre de viernes a domingo, 

independientemente a quien le corresponda. De igual forma 

será el fin de semana que se celebra el día de las Madres.

4. Se prohíbe a las partes, sus familiares y a cualquier otra 

persona relacionada a ellos hacer comentarios sobre las 

partes en presencia del menor.

5. Se prohíbe al Sr. Imanol Caballero, compañero de la madre, 

realizar comentarios alusivos al caso de las partes y sobre el 

Sr. Iván E. Rivera Labrador y sus familiares, en las redes 

sociales y en los medios de comunicación para los que escribe. 

De igual forma, el Sr. Iván E. Rivera Labrador no deberá hacer 

comentarios sobre el señor Caballero y sus familiares en las 

redes sociales.

6. Las partes se notificarán todos los asuntos relacionados al 

menor. Cada padre será responsable de las citas médicas, 

terapias y otros asuntos cuando lo tenga bajo su custodia.

7. Las partes continuarán participando del proceso de 

Coordinación de Parentalidad. Se les concede término de 

veinte (20) días para informar si existe conflicto para que ese 

servicio lo continúe proveyendo la Dra. María del Mar Torres 

Surja. Una vez designado el Coordinador de Parentalidad, el 

Tribunal emitirá Resolución definiendo el alcance específico de 

la intervención de dicho profesional.

8. El menor continuará participando de terapia psicológica. Se 

les concede a las partes término de veinte (20) días para 

informar el nombre del profesional que le dará tratamiento a

Nicolás y la fecha de la siguiente cita.

9. Se les concede a las partes término de veinte (20) días para 

presentar moción conjunta informando la coordinación de 

todos los servicios recomendados por la Dra. Frances Seda.

10. Se le concede al señor Rivera Labrador término de diez 

(10) días para informar su dirección actual.19

Inconforme, la señora Vallescorbo Cuevas el 13 de enero de 

2023 presentó una Moción en Solicitud de Reconsideración.

20 Adujo, 

que la Sentencia dictada va en detrimento de la vida, la seguridad y 

la dignidad del menor. Señaló, que el foro primario no atendió los 

asuntos medulares, como exige la Ley Núm. 223–2011.21

19 Id., en la págs. 459 – 460.

20 Anejo CXXI de la Apelante, págs. 461 – 487.

21 Ley Núm. 223 de 21 de noviembre de 2011, según enmendada, conocida como 

Ley Protectora de los Derechos de los Menores en el Proceso de Adjudicación de 

Custodia, 32 LPRA sec. 3181 et seq.
KLAN202300199 18

En oposición, el apelado sometió su posición el 2 de febrero 

de 2023.

22

Atendida las mociones de las partes, el TPI declaró No Ha 

Lugar la solicitud de reconsideración el 3 de febrero de 2023.

23

Aún inconforme, el 8 de marzo de 2023 la señora Vallescorbo 

Cuevas recurrió ante este foro intermedio y señaló la comisión de 

cinco (5) errores:

Primero, erró y abusó de su discreción el honorable Tribunal 

de Primer Instancia al haber concluido que no se impugnó el 

Informe Social rendido por la Trabajadora Social Elizabeth 

Litsky, tras a haber descartado en lo absoluto la prueba 

pericial rendida por el perito de la parte Demandante lo que 

en la práctica tiene el efecto de una descalificación subsiliente. 

[sic].

Segundo, erró y abusó de su discreción el honorable tribunal 

de Primera Instancia al haber concluido que no se impugnó el 

informe Social rendido por la Trabajadora Social Elizabeth 

Litsky, y acoger sus recomendaciones -sin ningún tipo de 

protección- a pesar de que estas no propenden al menor 

bienestar del menor ante hechos probados de maltrato por 

negligencia, según consta de las propias determinaciones de 

hecho del tribunal. [sic].

Tercero, erró y abusó de su discreción el Honorable Tribunal 

de Primera Instancia al haber concluido que no se impugnó el 

Informe Social rendido por la Trabajadora Social Elizabeth 

Litsky al negarse a pasar juicio sobre los incidentes de 

violencia doméstica que además no fueron atendidos en el 

Informe y los cuales inciden al momento de otorgar una 

custodia al amparo de la Ley Núm. 223-2011. [sic].

Cuarto, erró y abusó de su discreción el honorable Tribunal de 

Primera Instancia al haber concluido que no se impugnó el 

Informe Social rendido por la Trabajadora Social Elizabeth 

Litsky, al descartar la prueba presentada por la madre 

durante su testimonio y habida en el expediente del Tribunal, 

determinando que la única manera de probar el contenido de 

los documentos presentados a la Trabajadora Social y los 

cuales esta testificó haber recibido eran exclusivamente 

entrándolos como Exhibits de la parte Demandante, durante 

el proceso ante la Unidad Social. [sic].

Quinto, erró y abusó de su discreción el Honorable Tribunal de 

Primera Instancia al emitir órdenes de censura previa en un 

proceso de custodia en contra terceros que son parte de la 

Demanda. [sic].

Tras varias incidencias procesales, el señor Rivera Labrador 

sometió su oposición a la presente apelación el 10 de abril de 2023. 

Sometida la Transcripción de la Prueba Oral (TPO) de la Vista de 

22 Anejo CXXII de la Apelante, págs. 488 – 490.

23 Notificada el 6 de febrero de 2023.; Anejo CXXIII de la Apelante, págs. 491 –

491-A.
KLAN202300199 19

Impugnación de Informe Social, la apelante sometió el 10 de julio 

de 2023 un Escrito Suplementario. De igual forma, el 10 de 

noviembre de 2023 el apelado presentó el escrito intitulado: 

ESCRITO SUPLEMENTARIO REITERANDO OPOSICIÓN A 

APELACIÓN. 

Habiendo comparecido las partes, damos por sometido el 

asunto.

-IIExaminado el tracto procesal, pasemos ahora a exponer el 

derecho aplicable.

-AAl revisar una determinación de un tribunal de menor 

jerarquía, los tribunales tenemos la tarea principal de auscultar si 

se aplicó correctamente el derecho a los hechos particulares del 

caso.24 Como regla general, los foros apelativos no debemos 

intervenir con las determinaciones de hechos de los tribunales de 

primera instancia, su apreciación sobre la credibilidad de los 

testigos y el valor probatorio conferido a la prueba presentada en 

sala, pues solo contamos con “récords mudos e inexpresivos”.

25 Lo 

anterior, se fundamenta en la premisa de que el foro primario es 

quien tiene la oportunidad de escuchar a los testigos declarar y 

apreciar su “demeanor”.

26

Sin embargo, la norma de deferencia antes esbozada 

encuentra su excepción y cede cuando la parte promovente 

demuestra que:

[h]ubo un craso abuso de discreción o que el tribunal actuó con 

prejuicio y parcialidad, o que se equivocó en la interpretación 

o aplicación de cualquier norma procesal o de derecho 

sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará un 

perjuicio sustancial.27

24 Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 770 (2013).

25 Id., págs. 770-771.; SLG Rivera Carrasquillo v. AAA, 177 DPR 345, 356 (2009).

26 Colón v. Lotería, 167 DPR 625, 659 (2006).

27 Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986).; Trans-Oceanic Life Ins. 

v. Oracle Corp., 184 DPR 689,709 (2012).
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Por discreción se entiende el “tener poder para decidir en una 

forma u otra, esto es, para escoger entre uno o varios cursos de 

acción”.

28 No obstante, “el adecuado ejercicio de la discreción está 

inexorable e indefectiblemente atado al concepto de la 

razonabilidad”.

29 A esos efectos, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ha enumerado situaciones que constituyen un abuso de discreción:

[c]uando el juez, en la decisión que emite, no toma en cuenta 

e ignora, sin fundamento para ello, un hecho material 

importante que no podía ser pasado por alto; cuando por el 

contrario el juez, sin justificación y fundamento alguno para 

ello, le concede gran peso y valor a un hecho irrelevante e 

inmaterial y basa su decisión exclusivamente en el mismo; o 

cuando, no obstante considerar y tomar en cuenta todos los 

hechos materiales e importantes y descartar los irrelevantes, 

el juez livianamente sopesa y calibra los mismos.30

En cambio, si la actuación del tribunal no está desprovista de 

base razonable, ni perjudica los derechos sustanciales de una parte, 

debe prevalecer el criterio del juez de instancia a quien corresponde 

la dirección del proceso.31 En ese sentido, las conclusiones de 

derecho son revisables en su totalidad por los tribunales 

apelativos.32

Ahora bien, la norma de deferencia antes esbozada no es de 

aplicación a la evaluación de la prueba pericial y documental. En lo 

que respecta a las conclusiones de hecho basadas en prueba pericial 

o documental, los foros revisores nos encontramos en igual posición 

que los tribunales sentenciadores para apreciarla y adoptar nuestro 

propio criterio.33 Incluso, podemos descartarla, aunque sea 

técnicamente correcta.34

-BLa jurisprudencia ha dispuesto que para tomar una 

determinación en que se proteja el mejor interés del menor debe 

28 García v. Asociación, 165 DPR 311, 321 (2005).

29 Id.

30 Ramírez v. Policía de PR, 158 DPR 320, 340-341 (2002).

31 SLG Zapata-Rivera v. JF Montalvo, 189 DPR 414, 434-435 (2013).

32 Dávila Nieves v. Meléndez Marín, supra, pág. 770.

33 González Hernández v. González Hernández, 181 DPR 746, 777 (2011).

34 Id.
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considerarse una serie de factores que individualmente no son 

determinantes de por sí. 

Algunos de los aspectos que deben tomarse en cuenta son: la 

preferencia del menor; su sexo, edad, salud mental y física; el cariño 

que puede brindársele por las partes en controversia; la habilidad 

de las partes para satisfacer debidamente las necesidades afectivas, 

morales y económicas del menor; el grado de ajuste del menor al 

hogar, la escuela y la comunidad en que vive; la interrelación del 

menor con las partes, sus hermanos y otros miembros de la familia; 

y la salud psíquica de todas las partes.35

La Ley Núm. 223-201136 establece como política pública del 

Estado que los tribunales, aun contra la voluntad de alguno de los 

progenitores que interese se le otorgue la custodia monoparental, 

evalúen y consideren la custodia compartida como primera opción.37

En ese sentido, el Artículo 7 del estatuto dispone que al considerarse 

una solicitud de custodia en la que surjan controversias entre los 

progenitores, el tribunal referirá el caso al trabajador social de 

Relaciones de Familia, para que realice una evaluación y rinda un 

informe con recomendaciones al Tribunal.38 Tanto el trabajador 

social, como el tribunal, tomarán en consideración los siguientes 

criterios: 

1) La salud mental de ambos progenitores, así como la del 

hijo(a) o hijos(as) cuya custodia se va a adjudicar.

2) El nivel de responsabilidad o integridad moral exhibido 

por cada uno de los progenitores y si ha habido un 

historial de violencia doméstica entre los integrantes 

del núcleo familiar.

3) La capacidad de cada progenitor para satisfacer las 

necesidades afectivas, económicas y morales del 

menor, tanto presentes como futuras. 

4) El historial de cada progenitor en la relación con sus 

hijos, tanto antes del divorcio, separación o disolución 

de la relación consensual, como después del mismo. 

35 Marrero Reyes v. García Ramírez, 105 DPR 90, 105 (1976).

36 Ley Núm. 223 de 21 de noviembre de 2011, según enmendada, conocida como 

Ley Protectora de los Derechos de los Menores en el Proceso de Adjudicación de 

Custodia, 32 LPRA sec. 3181 et seq.

37 Arts. 2 y 4 de la Ley Núm. 223-2011, supra. 32 LPRA secs. 3181 y 3182.

38 32 LPRA sec. 3185.
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5) Las necesidades específicas de cada uno de los

menores cuya custodia está en controversia.

6) La interrelación de cada menor, con sus progenitores, 

sus hermanos y demás miembros de la familia.

7) Que la decisión no sea producto de la irreflexión o 

coacción.

8) Si los progenitores poseen la capacidad, disponibilidad 

y firme propósito de asumir la responsabilidad de criar 

los hijos conjuntamente.

9) Los verdaderos motivos y objetivos por los cuales los 

progenitores han solicitado la patria potestad y 

custodia compartida.

10) Si la profesión, ocupación u oficio que realizan los 

progenitores impedirá que funcione el acuerdo 

efectivamente.

11) Si la ubicación y distancia de ambos hogares perjudica 

la educación del menor.

12) La comunicación que existe entre los progenitores y la 

capacidad para comunicarse mediante comunicación 

directa o utilizando mecanismos alternos.

13) Analizará la presencia de la enajenación parental, o 

cualesquiera otras razones que pudieran ocasionar la 

resistencia del menor para relacionarse con sus 

padres.

[. . .].

14) Cualquier otro criterio válido o pertinente que pueda 

considerarse para garantizar el mejor bienestar del 

menor.39

Por su parte, el Artículo 9 de la Ley Núm. 223-2011, supra, 

señala las instancias en que la custodia compartida no debe ser

considerada como beneficiosa y favorable para los mejores intereses 

de los menores.40 A saber:

1) Cuando uno de los progenitores manifiesta que no le 

interesa tener la custodia de los menores, a base de un 

plan de custodia compartida. Se entenderá que la 

renuncia es a favor del otro progenitor.

2) Si uno de los progenitores sufre de una incapacidad o 

deficiencia mental, según determinada por un 

profesional de la salud, y la misma es de naturaleza 

irreversible y de tal magnitud que le impide atender 

adecuadamente a los hijos/as y garantizar la 

seguridad e integridad física, mental, emocional y/o 

sexual de éstos. 

3) Cuando los actos u omisiones de uno de los 

progenitores resulte perjudicial a los hijos o constituya 

un patrón de ejemplos corruptores. 

4) Cuando uno de los progenitores o su cónyuge o 

compañero o compañera consensual haya sido convicto 

por actos constitutivos de maltrato de menores. 

5) Cuando uno de los progenitores se encuentre confinado 

en una institución carcelaria. 

6) Cuando uno de los progenitores ha sido convicto por 

actos constitutivos de violencia doméstica, según lo 

39 Id.

40 32 LPRA sec. 3187.
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dispuesto en la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, 

según enmendada. 

7) Situaciones donde el padre o la madre haya cometido 

abuso sexual, o cualquiera de los delitos sexuales, 

según tipificados en el Código Penal de Puerto Rico, 

hacia algún menor. 

8) Cuando uno de los progenitores o su cónyuge o 

compañero o compañero consensual, si hubiera, sea 

adicto a drogas ilegales o alcohol.41

Por último, cabe señalar que, “[e]l Tribunal siempre tendrá 

discreción judicial para la determinación y adjudicación de custodia, 

protegiendo siempre los mejores intereses y el bienestar de los 

menores a la luz de todas las circunstancias existentes”.

42

-IIIEn el presente caso la apelante arguye que el TPI incidió al 

concluir que no se impugnó el Informe Social II rendido por la 

TS Litsky Collazo, lo cual desembocó en la formulación de 

determinaciones de hechos erróneas y, en consecuencia, en un 

dictamen desfavorecedor.

Particularmente, la apelante nos señala que el TPI erró al 

acoger las recomendaciones de la TS Litsky Collazo sin considerar 

los hechos de maltrato probados; omitir las alegaciones de violencia 

doméstica; además, le concedió poco o ningún valor probatorio a la 

prueba documental y pericial vertida por la parte apelante. También, 

aduce que incidió al censurar previamente a una persona que no es 

parte en el pleito, y sobre el cual, el aludido foro no adquirió 

jurisdicción. No tiene razón. Veamos.

Primeramente, debemos señalar que el TPI no descartó la 

prueba pericial rendida por la Dra. Rosales Concepción, perito de la 

parte demandante-apelante. Por el contrario, el juzgador evaluó y 

adjudicó el valor probatorio correspondiente a la prueba presentada:

[A] la doctora Isis Rosales, como perito en este caso, el 

Tribunal la va a declarar Con Lugar. Cualquier asunto 

relacionado al valor probatorio que se le provea al testimonio 

de la doctora, pues, ya será materia de adjudicación en el 

momento de... de eso mismo, de determinar valor probatorio.43

41 Id.

42 32 LPRA sec. 3186.

43 TPO del 6 de diciembre de 2022, pág. 44.
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Algo muy diferente a descartar la prueba, es determinar que

la misma carecía de valor probatorio. Ciertamente, el TPI determinó 

que el testimonio de la Dra. Rosales Concepción, al igual que su 

informe, carecían de valor probatorio y fundamentó sus razones.

Ello lo hizo al escuchar el testimonio, examinar el informe y observar

el demeanor de la perito. Nada en el expediente nos mueve a tomar 

una determinación en contrario, por lo cual merece nuestra 

deferencia.

En segundo orden —y en cuanto a la falta de protección del 

TPI ante los alegados hechos de maltrato por negligencia—, tampoco 

tiene razón. Contrario a lo argumentado por la apelante, debemos 

indicar que el foro primario dispuso medidas para asegurar el mejor 

bienestar del menor. Surge del expediente, que hubo unos 

incidentes donde NERV fue dejado solo mientras se encontraba bajo 

la responsabilidad del señor Rivera Labrador, sin embargo, en su 

momento y reiterado en varias ocasiones, éste fue advertido de que 

no podía dejar solo al menor. En cuanto a la situación donde el 

menor fue expuesto a una conducta sexualizada, el juzgador

estableció las restricciones que entendió correctas, y aún en la 

sentencia apelada reiteró ciertas prohibiciones en relación a dicho 

asunto. 

En tercer orden —y relación a la negativa del TPI a pasar juicio 

sobre los incidentes de violencia doméstica—, no tiene razón. El 

Artículo 9 de la Ley Núm. 223-2011 dispone que no se considerará 

una solicitud de custodia compartida cuando uno de los 

progenitores haya sido convicto por un caso de Ley Núm. 54–1989, 

no obstante, en el presente caso no surge que los progenitores hayan

sido convictos por Ley Núm. 54–1989.

44 Ciertamente, los 

44 De los autos ante nos, surge que el 23 de mayo de 2020 mediante el caso OPA2020-003545 se expidió una Orden de Protección Ex Parte a favor de la señora 

Vallescorbo Cuevas. Sin embargo, dicha orden fue archivada ante el desistimiento 

de la parte peticionaria (señora Vallescorbo Cuevas). Véase: Anejos XL & XLV de 

la Apelante, págs. 139 – 148, 171 – 173. 
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progenitores han tenido controversias abrasivas y totalmente 

reprochables, pero el juzgador apreció que no constituyen un 

impedimento para que los padres compartieran la custodia del 

menor NERV.

En cuarto lugar —y concerniente a los documentos que la 

apelante le entregó a la TS Litsky Collazo y no los incluyó en el 

informe—, no tiene razón. La apelante no colocó al TPI en posición 

de poder evaluar la información que contenía los mismos:

[S]in embargo, del testimonio de la Trabajadora Social bajo 

juramento, el que nos mereció credibilidad, surge que ella sí 

consideró los documentos para su análisis, aunque no los 

haya desglosado, lo que debió hacer. Por otro lado, la parte 

demandante omitió someter los referidos documentos en 

evidencia, lo que nos impide conocer su contenido y 

evaluar si en efecto, los mismos pudieron haber afectado los 

hallazgos y recomendaciones del Informe Social.

Ciertamente, para que el juzgador tuviera la oportunidad de 

examinar el contenido de cada documento, la apelante no cumplió 

con las condiciones básicas que establecen las Reglas de Evidencia 

de Puerto Rico. Luego de examinar la TPO,45 sin lugar a duda, fue 

la propia apelante quien no puso al TPI en la posición de evaluar 

dichos documentos. 

Por último, —en cuanto al planteamiento de censura previa al 

señor Imanol Caballero Valentín—, indicamos que la orden del TPI 

está dirigida a velar por el mejor bienestar del menor. Nótese, que la 

orden expresamente dispuso: 

“Se prohíbe al Sr. Imanol Caballero, compañero de la 

madre, realizar comentarios alusivos al caso de las 

partes y sobre el Sr. Iván E. Rivera Labrador y sus 

familiares, en las redes sociales y en los medios de 

comunicación para los que escribe”.

46

Es decir, lo que se busca prohibir son los comentarios alusivos 

a este caso y los conflictos habidos entre las partes y sus familiares. 

Visto lo anterior, concluimos que contrario a lo argüido por la 

parte apelante, las determinaciones de hechos del TPI sí hallan 

45 Véase, TPO del 7 de diciembre de 2022, págs. 40 – 81.

46 Véase, la Sentencia apelada, a la pág. 460 del apéndice.
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fundamento en la prueba desfilada, tanto testifical como 

documental. Por lo que, en la ausencia de prejuicio, parcialidad o 

error manifiesto del juzgador de los hechos en la apreciación de la 

prueba, confirmamos la Sentencia apelada.

-IVPor los fundamentos antes expuestos, se confirma la

Sentencia apelada.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la secretaria del Tribunal 

de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones