Número Identificador

SEN2024 _______________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL XI

RADAMÉS JORDÁN 

ORTIZ

Peticionario

v.

CONSEJO DE 

TITULARES DEL 

CONDOMINIO DOS 

MARINAS I IN SERVICIO 

LLC., LAS 

CORPORACIONES 

DESCONICODAS A, B, C 

Y LAS ASEGURADORAS 

DESCONOCIDAS

Recurridos

KLCE202400410

CERTIORARI 

procedente del 

Tribunal de 

Primera Instancia, 

Sala Superior de

FAJARDO

Caso número:

FAC2022CV00605 

Sobre: DAÑOS Y 

PERJUICIOS

Panel integrado por su presidenta, la Juez Brignoni Mártir, el Juez 

Candelaria Rosa, la Jueza Álvarez Esnard y la Jueza Díaz Rivera.

Díaz Rivera, Jueza Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de mayo de 2024.

Comparece ante nos In-Servicio, LLC (peticionario) mediante 

el recurso de Certiorari. Nos solicita la revocación de una Orden

emitida el 19 de marzo de 2024, por el Tribunal de Primera Instancia 

(TPI), Sala Superior de Fajardo. Mediante el referido dictamen, el 

foro primario dejó sin efecto una Orden que concedía una prórroga 

a favor de la parte peticionaria bajo el fundamento de que existe una 

anotación de rebeldía dictada en su contra. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

expedimos el auto de certiorari, y confirmamos el dictamen recurrido. 

I.

La génesis de este caso se remonta a la presentación una 

Demanda de daños y perjuicios instada por el señor Radamés 

Jordán Ortiz (recurrido) en contra de In-Servicio L.L.C (In-Servicio) 

y el Consejo de Titulares del Condominio Dos Marinas I (Consejo), 
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entre otros.

1 En esencia, el demandante alegó que su apartamento

presenta múltiples estructuras destrozadas por las actuaciones 

ocasionadas por la parte demandada durante un proceso de 

reparación de la tubería central del Condominio. En vista de los 

anterior, solicitó $250,000.00 por los daños a la propiedad y las 

angustias mentales experimentadas.

Posteriormente, el 9 de agosto de 2022, la parte recurrida 

emplazó a la parte peticionaria.2 Sin embargo, ante su

incomparecencia, el TPI le anotó la rebeldía a solicitud de la parte 

demandante.

3 El 23 de febrero de 2023, el foro primario emitió una 

Sentencia en rebeldía en la cual condenó a la parte peticionaria al 

pago de $250,000.00 en concepto de daños y angustias mentales 

por la privación de la propiedad y el destrozo de su estructura.

4

Tras varios acontecimientos procesales, el 31 de octubre de 

2023, In-Servicio acudió ante nos mediante un recurso de apelación. 

Evaluados sus argumentos, el 20 de diciembre de 2023, emitimos 

una Sentencia consolidada con el recurso apelativo presentado por 

el Consejo.5 Mediante la referida determinación, revocamos el 

dictamen apelado al amparo de la Regla 49.2 de Procedimiento 

Civil.

6 En síntesis, decretamos que la Sentencia apelada es nula por 

no haberse diligenciado el emplazamiento del Consejo. 

Ante tales circunstancias, el 15 de febrero de 2024, el señor 

Jordán Ortiz presentó una Demanda Enmendada con idénticas 

alegaciones a la reclamación judicial instada con anterioridad.

7

1 Surge del expediente apelativo que la aludida demanda se presentó el 16 de junio 

de 2022. Véase Apéndice de peticionario, págs. 1-4.

2 Apéndice del recurrido, págs. 1-3.

3 Apéndice del recurrido, págs. 4-5.

4 Apéndice de peticionario, pág. 5-8.

5 La asignación alfanumérica de la mencionada determinación apelativa es

KLAN2023-00971 y KLAN2023-01004. 

6 Véase Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones el 20 de diciembre de 

2023 correspondiente a la designación alfanumérica de los casos consolidados 

KLAN2023-00971 y KLAN2023-01004.

7 Apéndice de peticionario, págs. 61-64.
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Así las cosas, In-Servicio presentó una Moción Informativa y 

en Solicitud de Prórroga.8 En este escrito, solicitó un término de 

treinta (30) días para contestar la Demanda o presentar cualquier 

tipo de moción dispositiva. Evaluada su petición, el TPI dictaminó 

una Orden, notificada el 27 de febrero de 2024, en la cual concedió 

la prórroga.9 No obstante, al día siguiente, la parte recurrida 

presentó una Moción en Oposición a Prórroga e Informativa y Solicitud 

de Reconsideración.

10 En esta, arguyó que a pesar de que el tribunal 

intermedio declaró nula la Sentencia, nunca se dejó sin efecto la 

rebeldía impuesta contra la parte peticionaria. 

Ante tales planteamientos, In-Servicio sometió una Breve 

Moción sobre Réplica a Moción de Desglose.

11 En este escrito, 

argumentó que tras el foro apelativo decretar nulidad de la

determinación apelada, le corresponde al demandante volver a 

emplazar y acoger los términos aplicables a la contestación de 

demanda y descubrimiento de prueba. Señaló, además, que el 

demandante erra al interpretar que el dictamen apelativo no le

concedió remedio alguno a In-Servicio. Por su parte, el demandante 

presentó una Dúplica a Réplica a Oposición a Moción de Prórroga e 

Informativa y Solicitud de Reconsideración. En esta, reiteró que 

forzosamente la anotación de rebeldía se mantiene al no ser objeto 

de la determinación del Tribunal de Apelaciones. 

Evaluadas las múltiples mociones presentadas en torno a esta 

controversia,12 19 de marzo de 2024, el foro a quo emitió una Orden

en la cual declaró Ha Lugar la solicitud del señor Jordán Ortiz.

13

8 Apéndice de peticionario, pág. 66.

9 Apéndice de peticionario, pág. 67.

10 Apéndice de peticionario, págs., 68-72.

11 Apéndice de peticionario, págs., 73-75.

12 Apéndice de peticionario, págs., 76-83.

13 Apéndice de peticionario, pág. 84.
KLCE202400410 4

Inconforme con dicha determinación, el 10 de abril de 2024,

In-Servicio acudió ante nos mediante un recurso de Certiorari y 

señaló la comisión del siguiente error:

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL MANTENER LA REBELDÍA CONTRA 

LA PARTE COMPARECIENTE, A PESAR DEL FORO 

APELATIVO HABER DECLARADO NULA LA 

SENTENCIA DE INSTANCIA, TENIENDO LA 

COMPARECIENTE DEFENSAS VÁLIDAS Y NO 

CAUSANDO PERJUICIO ALGUNO A LA PARTE 

DEMANDANTE. 

En el ínterin, el 24 de abril de 2024, el tribunal recurrido 

emitió una Orden Emendada, notificada el 29 de abril de 2024, con 

el siguiente pronunciamiento:

Se enmienda la Orden del 19 de marzo de 2024 para 

que exprese que se declaro Ha Lugar la reconsideración 

presentada por la parte demandante y se deja sin efecto 

la Orden concediéndole una prórroga a la demandada 

In Servicio, LLC para contestar la demanda enmendada. 

A la demandada In Servicios, LLC se le anotó la rebeldía 

el 14 de octubre de 2022. Aun cuando el Tribunal de 

Apelaciones revocó la sentencia en rebeldía emitida por 

este Tribunal, no resolvió ni determinó nada sobre la 

anotación de rebeldía de la codemandada In Servicios, 

LLC.14

El 6 de mayo de 2024, este Tribunal emitió una Resolución en 

la cual ordenó a la parte recurrida a presentar su posición. En 

cumplimiento con lo ordenado, el señor Jordán Ortiz sometió su 

Oposición a Expedición de Certiorari.

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

procedemos a discutir el marco legal aplicable a la controversia ante 

nuestra consideración.

II.

A. Recurso de certiorari

Como es sabido, el certiorari es un recurso extraordinario 

mediante el cual un tribunal de jerarquía superior puede revisar a 

su discreción una determinación de un tribunal inferior. 

14 Apéndice del recurrido, pág. 76.
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Orthopedics Prod. Of Puerto Rico, LLC v. Medshape, Inc., 207 DPR 

994, 1004 (2021). Véase, también, Artículo 670 del Código de 

Enjuiciamiento Civil de 1933, conocido como Ley de Recursos 

Extraordinarios, 32 LPRA sec. 3491. La característica distintiva de 

este recurso “se asienta en la discreción encomendada al tribunal 

revisor para autorizar su expedición y adjudicar sus méritos”. Rivera 

Gómez v. Arcos Dorados Puerto Rico, 2023 TSPR 65; IG Builders et 

al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012). 

No obstante, el ejercicio de esta discreción no es absoluto. A 

esos fines, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

52.1, preceptúa las instancias que activan nuestras facultades 

revisoras ante resoluciones u órdenes interlocutorias: 

El recurso de certiorari para revisar resoluciones u 

órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de 

Primera Instancia, solamente será expedido por el 

Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una 

resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la 

denegatoria de una moción de carácter dispositivo. No 

obstante, y por excepción a lo dispuesto anteriormente, 

el Tribunal de Apelaciones podrá revisar órdenes o 

resoluciones interlocutorias dictadas por el Tribunal de 

Primera Instancia cuando se recurra de decisiones 

sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos 

esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciarios, 

anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones de 

familia, en casos que revistan interés público o en 

cualquier otra situación en la cual esperar a la 

apelación constituiría un fracaso irremediable de la 

justicia. Al denegar la expedición de un recurso de 

certiorari en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no 

tiene que fundamentar su decisión. Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, supra. (Énfasis suplido). 

En lo pertinente, en Rivera Figueroa v. Joe's European Shop, 

183 DPR 580, 597 (2011), el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

resolvió que los foros apelativos tienen jurisdicción para revisar 

interlocutoriamente las anotaciones de rebeldía:

Ante un error cometido por el tribunal al anotar la 

rebeldía, la parte afectada tiene el derecho de 

solicitar que se levante tal rebeldía por no haberse 

cumplido con la citada Regla 45.1 de Procedimiento 

Civil. Una denegatoria a esa solicitud conllevaría, 

conforme al texto de la referida regla, el que se revise en 

certiorari e interlocutoriamente la denegatoria del 
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tribunal de levantar tal anotación de rebeldía. Por otro 

lado, la inacción o denegatoria del tribunal para anotar 

la rebeldía equivaldría a su incumplimiento con lo 

dispuesto en la Regla 45.1. Por lo tanto, y 

nuevamente según el texto de la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, supra, la parte tendría el 

derecho a que discrecionalmente el Tribunal de 

Apelaciones revisara interlocutoriamente tal error o 

inacción. (Énfasis suplido). 

Ahora bien, aun cuando al amparo de la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, supra, ostentamos jurisdicción sobre 

determinaciones interlocutorias, “la expedición del auto y la 

adjudicación en sus méritos es discrecional”. Torres Martínez v. 

Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 96 (2008).

De manera similar, la Regla 40 del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B, delimita los criterios para la expedición de un auto 

de certiorari:

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho.

(B) Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema.

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia. 

(D) Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 

caso es la más propicia para su consideración.

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito 

y una dilación indeseable en la solución final del litigio.

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia.

Estas consideraciones orientan la función del foro apelativo 

para ejercer sabiamente su facultad discrecional. Rivera Gómez v. 

Arcos Dorados Puerto Rico, supra. A su vez, la precitada disposición 

reglamentaria permite que el análisis revisorio no se efectúe en el 

vacío ni se aparte de otros parámetros al momento de considerar los 
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asuntos planteados. Rivera Gómez v. Arcos Dorados Puerto Rico, 

supra; 800 Ponce de León v. American International, 205 DPR 163, 

176 (2020). 

A la luz de tales preceptos, los tribunales revisores no 

debemos intervenir en las determinaciones de hechos del tribunal 

de instancia, “salvo que se pruebe que dicho foro actuó con prejuicio 

o parcialidad o incurrió en craso abuso de discreción o en error 

manifiesto”. Citibank v. ACBI, 200 DPR 724, 736 (2018). Véase, 

además, Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 771 (2013). 

B. La anotación de rebeldía

La anotación de rebeldía es un mecanismo procesal que 

procura “disuadir a aquellos que recurran a la dilación de los 

procedimientos como una estrategia de litigación”. González Pagán 

v. Moret Guevara, 202 DPR 1062, 1069 (2019); Rivera Figueroa v. 

Joe's European Shop, supra, pág. 587. A esos fines, la Regla 45.1 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 45.1, delimita los escenarios

que permiten imponer la anotación de rebeldía:

Cuando una parte contra la cual se solicite una 

sentencia que concede un remedio afirmativo haya 

dejado de presentar alegaciones o de defenderse en otra 

forma según se dispone en estas reglas, y este hecho se 

pruebe mediante una declaración jurada o de otro 

modo, el Secretario o Secretaria anotará su rebeldía. 

En tales instancias, el tribunal puede ordenar la anotación 

cuando la parte demandada: (1) no comparece después de haber 

sido emplazado, (2) no se defiende mediante moción (3) ni 

presenta oportunamente la contestación a la demanda. 

Mitsubishi Motor Sales of Caribbean, Inc. v. Lunor, Inc., 2023 TSPR 

110; Rivera Figueroa v. Joe's European Shop, supra, pág. 589. 

(Énfasis suplido). Asimismo, la imposición de rebeldía ocurre 

cuando “una de las partes en el pleito ha incumplido con algún 

mandato del tribunal, lo que motiva a éste a imponerle la rebeldía 
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como sanción”. Álamo v. Supermercado Grande, Inc., 158 DPR 93, 

100 (2002).

Anotada la rebeldía, se dan por admitidos todos los hechos 

bien alegados en la demanda o la alegación que se haya formulado 

en contra del rebelde, y se autoriza al tribunal a dictar sentencia, si 

esta procede como cuestión de derecho. Mitsubishi Motor Sales of 

Caribbean, Inc. v. Lunor, Inc., supra; Rivera Figueroa v. Joe's 

European Shop, supra, pág. 590. Este proceder brinda un remedio 

coercitivo contra una parte adversaria a la cual, habiéndosele 

concedido la oportunidad de refutar la reclamación, por su 

pasividad o temeridad opta por no defenderse. Ocasio v. Kelly Servs., 

163 DPR 653, 671 (2005). 

Ahora bien, los tribunales no son meros autómatas obligados 

a conceder indemnizaciones por estar dilucidándose un caso en 

rebeldía. Álamo v. Supermercado Grande, Inc., supra, pág. 102. La 

anotación de rebeldía se debe dar dentro del marco de lo que es 

justo, y la ausencia de tal justicia equivaldría a un abuso de 

discreción. Rivera Figueroa v. Joe's European Shop, supra, pág. 590. 

Pese a que la rebeldía constituye un mecanismo procesal 

discrecional, ésta no se sostendrá ante el ejercicio burdo o injusto.

Íd. 

A esos fines, nuestro esquema procesal provee diversas 

alternativas para dejar sin efecto una anotación de rebeldía dictada 

erróneamente. En primer lugar, la parte interesada puede solicitar 

el levantamiento de la anotación al amparo de la Regla 45.1 de 

Procedimiento Civil, supra. En Rivera Figueroa v. Joe's European 

Shop, supra, pág. 592, el Máximo Foro delineó la siguiente 

interpretación en torno a la aludida regla:

[S]i un codemandado a quien se le anota la rebeldía 

por alegadamente no haber contestado en el 

término, puede probar que sí había contestado y que 

la anotación de la rebeldía en su contra obedeció a 
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una confusión por parte del Secretario o la 

Secretaria ante los múltiples codemandados en el 

expediente, su remedio es, de igual manera, solicitar 

que se levante la rebeldía por error en la 

implementación de la Regla 45.1 de Procedimiento 

Civil, supra. Esto es, la parte no dejó de presentar 

alegaciones o de defenderse, sino que la anotación 

obedeció a un error del tribunal. 

En tal circunstancia, el “fundamento en derecho para lograr 

tal levantamiento sería el incumplimiento por parte del promovente 

con la Regla 45.1 de Procedimiento Civil, supra”. Íd. Esta disposición 

procesal no requiere demostrar la existencia de causa justificada. 

De no aplicar el análisis anterior, corresponde identificar si 

media justa causa para levantar la anotación de conformidad con la 

Regla 45.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 45.3. Esta regla 

establece que “[e]l tribunal podrá dejar sin efecto una anotación de 

rebeldía por causa justificada, y cuando se haya dictado sentencia 

en rebeldía, podrá asimismo dejarla sin efecto de acuerdo con la 

Regla 49.2”. Regla 45.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

45.3. 

C. Relevo de sentencia en el contexto de la anotación de 

rebeldía 

La Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.49.2, 

provee un mecanismo procesal para solicitar al foro primario el 

relevo de los efectos de una sentencia, orden o procedimiento 

siempre y cuando medien los fundamentos legales. García Colón v. 

Sucn. González, 178 DPR 527, 539 (2010). Véase, también, De Jesús 

Viñas v. González Lugo, 170 DPR 499, 509 (2007). A esos fines, la 

precitada regla delimita las circunstancias que motivan la concesión 

de este remedio:

(a) error, inadvertencia, sorpresa o negligencia 

excusable;

(b) descubrimiento de evidencia esencial que, a pesar de 

una debida diligencia, no pudo haber sido descubierta 

a tiempo para solicitar un nuevo juicio de acuerdo con 

la Regla 48;
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(c) fraude (incluso el que hasta ahora se ha denominado 

“intrínseco” y el también llamado “extrínseco”), falsa 

representación u otra conducta impropia de una parte 

adversa;

(d) nulidad de la sentencia; 

(e) la sentencia ha sido satisfecha, renunciada o se ha 

cumplido con ella, o la sentencia anterior en que se 

fundaba ha sido revocada o de otro modo dejada sin 

efecto, o no sería equitativo que la sentencia continúe 

en vigor, o

(f) cualquier otra razón que justifique la concesión de 

un remedio contra los efectos de una sentencia. 32 

LPRA Ap. V, R.49.2. 

Esta regla permite al tribunal (a) conocer de un pleito 

independiente con el propósito de relevar a una parte de una 

sentencia, orden o procedimiento; (b) conceder un remedio a 

una parte que en realidad no hubiere sido emplazada, y (c) dejar 

sin efecto una sentencia por motivo de fraude al tribunal. De 

Jesús Viñas v. González Lugo, supra, pág. 510. (Énfasis suplido).

En Neptune Packing Corp. v. Wackenhut Corp., supra, pág.

294, el Tribunal Supremo de Puerto Rico extendió los criterios de la 

Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra, a aquellos casos 

relacionados con la anotación de rebeldía:

Expresamente sostenemos que los criterios inherentes 

a la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra, tales como 

si el peticionario tiene una buena defensa en sus 

méritos, el tiempo que media entre la sentencia y la 

solicitud de relevo, y el grado de perjuicio que pueda 

ocasionar a la otra parte la concesión del relevo de 

sentencia, son igualmente aplicables cuando se solicita 

que una sentencia dictada en rebeldía sea dejada sin 

efecto. 

Ante tales escenarios, la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 

supra, debe “ser interpretada liberalmente y cualquier duda debe 

ser resuelta a favor de la parte que solicita que se deje sin efecto la 

sentencia”. Náter v. Ramos, 162 DPR 616, 625 (2004). Véase, 

también, Díaz v. Tribunal Superior, 93 DPR 79 (1966). El aludido

precepto reglamentario provee un justo balance entre dos intereses 
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conflictivos de nuestro ordenamiento jurídico. Por una parte, aspira 

a “que todo caso se resuelva justamente, mientras que por otro lado 

se encuentra el interés de que los litigios concluyan.” HRS Erase v. 

CMT, 205 DPR 689, 698 (2020) (citando a García Colón et al. v. Sucn. 

González, supra, pág. 540). 

Ahora bien, el reconocimiento de esta acción no es una llave 

maestra para dejar sin efecto sentencias válidamente dictadas. 

García Colón v. Sucn. González, supra, pág. 541; Rivera v. Jaume, 57 

DPR 562, 574 (2002). La concesión del relevo de sentencia es un

asunto altamente discrecional, por lo que es necesario demostrar 

que existen razones que justifican el remedio solicitado. Reyes v. 

ELA et al., 155 DPR 799, 812 (2001). En tales casos, se requiere del 

promovente una demostración por preponderancia de la prueba de 

hechos justifican la moción. a J. A. Cuevas Segarra, Tratado de 

derecho procesal civil, 2da ed., San Juan, Pubs. JTS, 2011, T. III, 

pág. 1409. Por tanto, este remedio no está disponible para 

corregir errores de derecho o errores de apreciación o 

valoración de la prueba que debieron presentarse a través de un 

recurso de revisión apelativa o reconsideración. Peña Lacern v. 

Martínez Hernández, 210 DPR 425, 439 (2022); García Colón v. Sucn. 

González, supra, pág. 542. (Énfasis suplido).

El promovente de la solicitud de relevo de sentencia deberá 

presentarla “dentro de un término razonable, pero en ningún caso 

después de transcurridos seis (6) meses de haberse registrado la 

sentencia”. Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra. No obstante, 

“si una sentencia es nula, la parte promovedora de una moción de 

relevo de sentencia no está limitada por el término de seis meses 

expuesto”. HRS Erase v. CMT, supra, pág. 699

En ese sentido, una sentencia reviste nulidad cuando se ha 

dictado sin jurisdicción o cuando al dictarla se ha quebrantado el 
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debido proceso de ley. García Colón v. Sucn. González, supra, pág. 

543; Figueroa v. Banco de San Juan, supra, pág. 688. En torno al 

debido proceso de ley, el profesor Rafael Hernández Colón explica

que “pueden haber tantas manifestaciones del mismo como 

principios del debido proceso existen y que se hayan quebrantado 

en un caso en especial”. García Colón et al. v. Sucn. González, pág. 

544 (citando a R. Hernández Colón, Práctica jurídica de Puerto Rico: 

derecho procesal civil, 4ta ed., San Juan, Ed. LexisNexis, 2007, Sec. 

4803, pág. 355). A manera de ilustración, la ausencia de una parte 

indispensable constituye una violación al debido proceso de ley, que 

conlleva obligatoriamente el relevo de la sentencia. HRS Erase v. 

CMT, supra, pág. 699; García Colón et al. v. Sucn. González, supra, 

pág. 561. Ante circunstancias de tal naturaleza, la sentencia “se 

tiene por inexistente, por lo que no surte efecto alguno”. López 

García v. López García, 200 DPR 50, 62 (2018).

Por otro lado, el mecanismo de reapertura dispuesto en la 

Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra, no configura un remedio

“para reabrir a capricho el pleito ya adjudicado”. Piazza Vélez v. Isla 

del Rio, Inc., supra, pág. 448. Por tanto, el relevo de sentencia no 

debe emplearse a los fines de extender indirectamente el término

para recurrir al foro apelativo, toda vez que tal proceder “atenta 

contra la estabilidad y certeza de los procedimientos judiciales”. 

Pagán v. Alcalde Mun. de Cataño, 143 DPR 314, 328 (1997).

D. La doctrina de la ley del caso

La doctrina de la ley del caso postula que, como norma 

general, un tribunal debe seguir sus decisiones en casos posteriores. 

Pueblo v. Serrano Chang, 201 DPR 643, 653 (2018). Lo anterior 

implica que los derechos y las obligaciones adjudicados en el ámbito 

judicial, mediante dictamen firme, constituyen la ley del caso. Mgmt. 

Adm. Servs, Corp. v. E. L. A., 152 DPR 599, 606 (2000). Además, “los 
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planteamientos que han sido objeto de adjudicación por el foro de 

instancia o por este Tribunal no pueden reexaminarse”. Félix v. Las 

Haciendas, 165 DPR 832, 843 (2005).

Así pues, una determinación judicial adquiere el carácter de 

ley del caso al advenir una decisión final en los méritos de la 

cuestión considerada y decidida. Berkan v. Mead Johnson Nutrition 

Puerto Rico, Inc., 204 DPR 183, 201 (2020). Por tanto, esa 

determinación obliga tanto al tribunal de instancia como a que las 

dictó, si el caso vuelve ante su consideración. Cacho Pérez v. Hatton 

Gotay, 195 DPR 1, 10 (2016).

Ahora bien, la doctrina de la ley del caso opera al servicio de 

la justicia, por lo que, “no es férrea ni de aplicación absoluta”. Mgmt. 

Adm. Servs, Corp. v. E. L. A., supra, pág. 608. Véase, también, 

Noriega v. Gobernador, 130 DPR 919, 931 (1992). En efecto, si el 

caso retorna al tribunal mediante los mecanismos apropiados, y este 

entiende que sus determinaciones previas son erróneas y que 

podrían causar una grave injusticia, puede aplicar una norma de 

derecho distinta y así resolver de forma justa. Berkan v. Mead 

Johnson Nutrition Puerto Rico, Inc., supra, pág. 201. 

Por consiguiente, cuando se presenta un atentado contra los 

principios básicos de la justicia, los tribunales pueden descartar la 

aplicabilidad de la doctrina de la ley del caso. Cacho Pérez v. Hatton 

Gotay, supra, pág. 10. De lo contrario, nos corresponde resistirnos 

a reexaminar asuntos ya considerados dentro de un mismo caso en 

aras de salvaguardar el trámite ordenado y expedito de los litigios, 

así como promover la estabilidad y la certeza de derechos. Berkan v. 

Mead Johnson Nutrition Puerto Rico, Inc., supra, pág. 201. Véase, 

también, Mgmt. Adm. Servs, Corp. v. E. L. A., supra, pág. 608.
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III.

En el caso presente, In-Servicio alega que incidió el Tribunal 

de Primera Instancia al mantener la anotación de rebeldía, a pesar 

de que el dictamen emitido el 20 de diciembre de 2023 por el 

Tribunal de Apelaciones decretó la nulidad de Sentencia de 

conformidad a la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra. En 

particular, contiende que a raíz de la aludida determinación 

apelativa le correspondía al demandante presentar un nuevo caso

contra todas las partes. Argumenta, además, que es imposible que 

In-Servicio responda a la demanda, pues al momento de los hechos

objeto de la reclamación, la entidad compareciente no había sido 

formalizada ante el Departamento de Estado. 

Por su parte, el señor Jordán Ortiz argumentó la Sentencia del 

emitida por el Tribunal de Apelaciones no dejó sin efecto la 

anotación de rebeldía impuesta contra In-Servicio. Aseveró que el 

dictamen apelativo resolvió únicamente que el Consejo no fue 

emplazado conforme a derecho. No obstante, alegó que la parte 

peticionaria sí fue debidamente emplazada, pero nunca contestó la 

demanda ni mostró interés en el pleito hasta después de emitida la 

Sentencia original. Advirtió, a su vez, que nunca solicitó el 

levantamiento de rebeldía. En vista de ello, razonó que la Orden de 

anotación de rebeldía constituye ley del caso.

Tras evaluar detenidamente el expediente ante nuestra 

consideración, así como el marco legal aplicable a la controversia,

resulta forzoso concluir que la determinación de anotación de 

rebeldía es una determinación final y firme, y por consiguiente, 

procede confirmar el dictamen recurrido. Veamos.

Una mirada sosegada del tracto procesal nos permite 

corroborar que In-Servicio no compareció dentro del término exigido 

para someter su contestación a la demanda original o presentar una 
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moción dispositiva. Cabe destacar que, acogió tal proceder, a pesar 

de haber sido emplazado oportunamente. En vista de ello, el 13 de 

octubre de 2022, el tribunal recurrido le impuso una anotación de 

rebeldía. Sin embargo, no surge del expediente que haya impugnado 

tal anotación al amparo de la Regla 45.1 de Procedimiento Civil,

supra, la Regla 45.3 de Procedimiento Civil, supra, o la Regla 49.2

de Procedimiento Civil, supra. 

Eventualmente, el 23 de febrero de 2023, el foro primario 

dictaminó Sentencia en contra de In-Servicio y Consejo, notificada 

el 27 de febrero de 2023, en la cual determinó la imposición de

responsabilidad extracontractual por los daños producidos durante 

la remodelación del apartamento del señor Jordán Rivera. En 

desacuerdo, la parte peticionaria presentó una Moción Urgente de 

Reconsideración y/o Solicitando Relevo de Sentencia u Órdenes y 

Otros Asuntos. El tribunal sentenciador declaró No Ha Lugar dicha 

solicitud. Por tanto, In-Servicio solicitó revisión apelativa. 

Consolidado su recurso con el caso del Consejo, el 20 de diciembre 

de 2023, esta Curia emitió el siguiente pronunciamiento:

Es evidente, por tanto, que la declaración jurada del 

emplazador, más bien demostró la deficiencia del 

diligenciamiento, por lo que no ameritaba un 

emplazamiento por edicto. En consecuencia, por el 

Consejo de Titulares no haber sido emplazado según es 

su derecho, la Sentencia dictada por el Tribunal de 

Primera Instancia es inválida, ergo nula, con la 

consecuencia de no tener efecto jurídico alguno con

respecto a los afectados por la misma que surgen de los 

casos KLAN202300971 y KLAN202301004.

Nótese que el precitado dictamen apelativo conllevó que se 

dejara sin efecto la Sentencia dictada en rebeldía, cuya disposición 

imponía responsabilidad extracontractual contra los 

codemandados. Sin embargo, la aludida determinación no 

implicó el automático levantamiento de los procedimientos

previos relacionados con In-Servicio. (Énfasis suplido).
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Conviene señalar que la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 

supra, provee un mecanismo para relevar de los efectos tanto de 

sentencias como de órdenes y procedimientos siempre y cuando 

existan los fundamentos legales. Véase, García Colón v. Sucn. 

González, pág. 539. De igual modo, la precitada regla permite 

conocer de un pleito independiente con el propósito de relevar a una 

parte de una sentencia, orden o procedimiento, o conceder un 

remedio a una parte que en realidad no hubiere sido emplazada. De 

Jesús Viñas v. González Lugo, supra, pág. 510. No obstante, el relevo 

de sentencia no constituye un mecanismo irrestricto. A la luz de lo 

anterior, puntualizamos que el relevo concedido en virtud de

nuestra anterior sentencia apelativa no equivale a un relevo 

automático de todo procedimiento dictado con anterioridad a la

Sentencia del TPI. 

Ciertamente, el efecto del dictamen apelativo emitido el 20 de 

diciembre de 2023 resulta aplicable a In-Servicio. Sin embargo, ello 

no implica que todo dictamen previo a nuestra Sentencia apelativa 

sea inexistente o nulo. En particular, enfatizamos que la anotación 

de rebeldía emitida el 13 octubre de 2022 y notificada al día 

siguiente, constituye una decisión final debidamente considerada y 

adjudicada. 

A su vez, destacamos que evaluamos los argumentos de la 

parte peticionaria, sin embargo, no identificamos fundamentos 

jurídicos para levantar la anotación de rebeldía al amparo de la 

Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra. Nuestras facultades 

revisoras no se extienden a tal grado que nos permitan dejar sin 

efecto la Orden de anotación de rebeldía impuesta en su contra sin 

que medie fundamento jurídico meritorio a tales fines. In-Servicio 

no puede litigar lo adjudicado o presentar señalamientos que debió 

exponer en su escrito reconsideración o revisión apelativa. 
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Recordemos, pues, que este indicó que fue emplazado el 9 de agosto 

de 2022. Por tanto, le correspondía atender oportunamente la 

reclamación instada en su contra para evitar que el foro primario le 

impusiera la anotación de rebeldía. Ante tales circunstancias, le 

compete diligentemente presentar la contestación a la demanda 

enmendada. 

Por último, advertimos que el trámite ordinario a los fines

iniciar el caso solo resulta aplicable para Consejo, quien no fue 

debidamente emplazado tal como resolvimos en la Sentencia

consolidada. Ante la falta de jurisdicción de esta parte, todo trámite 

dictado en su contra es inexistente. Sin embargo, resaltamos que en 

cuanto a In-Servicio, consta en el expediente apelativo el proyecto 

de emplazamiento debidamente diligenciado. En tal escenario, no 

advertimos espacio para requerirle al demandante volver a emplazar 

a In-Servicio. Tal exigencia contravendría con nuestro principio

procesal que favorece la solución justa, rápida y económica de todo 

procedimiento. Véase, Regla 1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 1.

En vista de lo anterior, resolvemos que el tribunal recurrido 

actuó conforme a derecho al mantener la anotación de rebeldía y 

exigirle a la parte peticionaria presentar su contestación a la 

demanda enmendada sin admitir prórroga. La determinación 

recurrida descansa en la discreción judicial, por lo que, merece 

nuestra deferencia. Ante la ausencia de error manifiesto, abuso de

discreción, prejuicio o parcialidad, nos abstenemos de intervenir en 

la determinación recurrida.

IV.

Por los fundamentos que anteceden, expedimos el auto de 

certiorari y confirmamos el dictamen recurrido. 
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Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones